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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 28, de 26/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 28
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 27
celebrada el jueves, 26 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Página 1153)
Tramitación directa y en lectura única de Propuestas de reforma del
Reglamento de la Cámara:
--Propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica
el artículo 46.1 (número de expediente 410/000001) (Página 1153)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado. «B. O. C. G., Serie A, número 3.1 de 21 de junio de
1996» (número de expediente 121/000001) (Página 1153)
--Proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio.) «B. O. C. G.,
Serie A, número 5.1, de 4 de julio de 1996» (número de expediente
121/000003) (Página 1172)
Avocación por el Pleno de proyectos de ley.
--Proyecto de Ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la
doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas. (Procedente del Real Decreto-Ley
8/1996, de 7 de junio.) «B. O. C. G., Serie A, número 6.1, de 4 de julio
de 1996» (número de expediente 121/000004) (Página 1187)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Tramitación directa y en lectura única de propuestas de reforma del
Reglamento de la Cámara (Página 1153)
Propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica
el ar-tículo 46.1 (Página 1153)
Habiendo sido retirada la enmienda del Grupo Popular, se somete a
votación la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que
se modifica el artículo 46.1, que es aprobada por unanimidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1153)
Proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado (Página 1153)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de
Administraciones Públicas, basándose en el compromiso del Grupo Popular
con la reforma y mejora de la organización y funcionamiento de la
Administración, puesto que una parte importante de la normativa que
regula la Administración hoy en día es preconstitucional y el desarrollo
del Estado de las autonomías ha puesto de manifiesto que el
funcionamiento de la Administración central y periférica es inadecuado.
Expone que esta Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
del Estado es complementaria de otra que se enviará a la Cámara antes de
que finalice el presente período de sesiones y que regulará todo lo
referente al Gobierno y su Presidente.
Presenta como aspectos más importantes de este proyecto de ley, en primer
lugar, una regulación global de la Administración general del Estado, que
se inspira en los principios de racionalización y eficiencia. Por otra
parte, el proyecto ofrece un diseño radicalmente nuevo de la organización
territorial del Estado, de acuerdo con el principio de Administración
única, evitando duplicidades entre las estructuras organizativas de la
Administración general del Estado y las distintas administraciones
públicas. Asimismo, prevé la integración de servicios periféricos de los
ministerios. Se refiere en especial a los delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas, a los subdelegados del Gobierno en las provincias
e islas y, particularmente, a la desaparición de los gobernadores
civiles. Considera que con esta iniciativa el Gobierno da un paso más en
la concreción del modelo constitucional que establece la figura del
delegado del Gobierno como pieza clave de la Administración general del
Estado en el territorio.
Por otra parte, señala que otra de las preocupaciones del Gobierno al
elaborar el proyecto ha sido lograr una simplificación de la tipología de
organismos públicos, reduciéndola a dos categorías: organismos autónomos
y entidades públicas empresariales. Asimismo, hace mención a la
Administración general del Estado en el exterior, subrayando que en este
terreno se están adoptando ya medidas reglamentarias para acomodar la
acción exterior del Estado al grado de desarrollo autonómico alcanzado.
Finalmente señala que en una ley de estas características los mecanismos
transitorios cobran una especial importancia para garantizar la efectiva
transformación de las estructuras existentes y para que esta
transformación se realice sin vacíos normativos y sin pérdida de la
eficacia. Considera que mientras no se transfieran, por ejemplo, las
competencias de educación y sanidad, dado el volumen de recursos que
gestionan, se seguirá teniendo una dependencia clara del ministerio de
que se trate, pero habrá que ir trabajando para, gradualmente, llegar a
una mayor reducción de la administración periférica.
Termina su intervención manifestando que el proyecto de ley da solución a
un conjunto de problemas que hoy tiene nuestra Administración.
En turno en contra del proyecto de ley y en defensa de su enmienda de
totalidad, interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Considera que el proyecto de ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado se apoya en distintos artículos de la
Constitución, unos de carácter eminentemente político, como los artículos
9.2, 10.1 y 150.2, y otros que tienen un matiz más claramente burocrático
y administrativo, como pueden ser los artículos 103, 97 y 31.2.
A continuación señala los motivos que le llevan a pedir la devolución al
Gobierno de este proyecto de ley. En primer lugar, porque considera que
profesionalizar la Administración del Estado recurriendo a funcionarios
del tipo A o con título superior no es la mejor manera; en segundo lugar,
porque no está de acuerdo con que la economía del gasto público se deba
centrar específicamente en convertir toda la economía pública en
subsidiaria de la privada y, en tercer lugar, porque con adaptar la
Administración periférica del Estado al modelo autonómico no se consigue
acabar con las duplicidades y, sobre todo, con las tutelas que el Estado,
el Gobierno, la Administración general ejercen sobre las comunidades
autónomas y las corporaciones locales.
Votará en contra porque considera que el proyecto es continuista,
limitado, incluso contradictorio con la protección del derecho de todos
los ciudadanos a participar en las tareas directivas del Gobierno y con
otros aspectos de la Constitución, y no supera las contradicciones
inherentes al Título VIII de la Constitución Española.
En defensa de la enmienda de totalidad al proyecto de ley presentada por
Eusko Alkartasuna, interviene la señora Lasagabaster Olazábal. Expone que
su enmienda se dirige en especial al espíritu que rige este proyecto de
ley en las cuestiones relativas a la Administración central y,
especialmente, a la periférica, no estando de acuerdo con los mismos y
solicitando por ello la devolución del proyecto de ley. El núcleo central
de su enmienda hace referencia al incumplimiento por parte del Gobierno
de las expectativas suscitadas de reforma de la Administración general
para ajustarse al verdadero espíritu del Estado autonómico. A
continuación hace una crítica de la exposición de motivos y del
articulado, y finaliza su intervención manifestando que el tan cacareado
reajuste que se esperaba desde el establecimiento del Estado autonómico
no llega con este proyecto de ley, puesto que la organización de la
Administración recogida en el mismo no responde ni a la necesidad de
modernización ni a la economía del gasto público ni a la tan deseada
organización de la Administración única.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Ríos
Martínez. Considera que los cambios que se han introducido obedecen, en
primer lugar, a una voluntad decidida y manifiesta del señor Ministro y
del Gobierno de simplificar y reducir la Administración periférica del
Estado y, en segundo lugar, a que ese cambio sea lo suficientemente
grande hacia fuera para que todo continúe aparentemente como estaba por
dentro. Sin embargo, considera que esta ley, dentro de poco, será una
pieza fundamental en el Derecho público, porque modifica o adecua el
régimen jurídico de las administraciones públicas, porque las entidades
estatales autónomas de la Ley de 1958 también se actualizan y porque va a
actuar con una nueva dinámica de la Administración dentro de la propia
realidad, pero considera que esos objetivos de la exposición de motivos
no se concretan suficientemente en su articulado.
A continuación pasa a hacer una crítica pormenorizada de los diferentes
artículos del proyecto y finaliza manifestando que el objetivo de su
enmienda a la totalidad es hacer una reflexión sobre los elementos
diferentes y fundamentales que han encontrado en el estudio del proyecto
de ley, y se ofrece para que, en un proceso de diálogo, se pueda
concretar y modificar, dándole una evolución distinta.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario
Vasco (PNV), y Gil i Miró, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); y los
señores Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, y López-Medel Bascones,
del Grupo Popular.
Hace uso de la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad del proyecto de ley, se
rechazan por 285 votos en contra, 22 a favor y dos abstenciones.
Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones (Página 1172)
En defensa de la enmienda de totalidad al proyecto de ley de
liberalización de las telecomunicaciones, interviene el señor
García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista, deseando que una
historia que ha comenzado mal tenga un buen final. Considera que ha
empezado mal porque los reglamentos ya están hechos, mientras que las
Cortes Generales están iniciando el trabajo parlamentario que debe
producir una ley. Reconoce que el decreto del que trae origen el actual
proyecto se encuentra en vigor desde su convalidación por esta Cámara y
ello faculta al Gobierno al desarrollo reglamentario que ha efectuado,
pero esta facultad jurídica, en su opinión, no debe tener una
interpretación tan expansiva que exima al Gobierno de la grave
responsabilidad política en la que ha incurrido por su intolerable
descortesía con esta Cámara.
Expone que el objeto del texto alternativo que defiende en nombre de su
grupo no es otro que el de ayudar al Gobierno a conseguir unos objetivos
sectoriales que comparten en gran medida con el Grupo Popular, pero que
consideran están insuficientemente definidos y mal priorizados. Estima
que su texto alternativo nace de una percepción de la sociedad de la
información no sólo diferente de la que contiene el proyecto de ley sino
más avanzada, desde el punto de vista tecnológico, y más próxima al
conocimiento de los grandes cambios sociales. Expone que la propuesta del
Gobierno de creación de una Comisión del mercado debe ser ampliada con la
propuesta del Grupo Socialista, en el sentido de aumentar sus contenidos
y competencias en todo lo referente a tecnologías de la información y
audiovisuales, a fin de que dicha comisión no tenga como objetivo
exclusivo el de vigilar el respeto de las leyes de la competencia, sino
otro más ambicioso, como es el de regular todo lo referente al
macrosector de la información multimedia, en beneficio del usuario y no
solamente de la competencia. Entre las competencias de que dota a la
Comisión hace especial mención a la participación activa de la Cámara en
el proceso de nombramiento de consejeros, facultad que se reserva al
Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento.
Sin embargo, en contra de lo que dice el proyecto de ley, consideran que
el proceso de venta del 51 por ciento, al menos, de las acciones de esa
nueva sociedad deberá ser mediante concurso convocado y resuelto por el
Ministerio, en lugar de realizarse por el trámite confuso e impreciso de
adjudicación restringida por la propia entidad que lo convoca. Asimismo,
considera necesario el segundo operador, que podría llevar ya un año
funcionando si el Grupo Popular no hubiera rechazado un real decreto del
Gobierno anterior.
Otra de las diferencias que mantienen con el proyecto de ley del Gobierno
es la referente a las modificaciones que el Real Decreto-ley ha
introducido en la denominada Ley del Cable, que fue apoyada por todos los
grupos de la Cámara, excepto por el Grupo Popular. Propone al resto de
los grupos de esta Cámara recuperar el texto pactado entre todos hace
escasamente diez meses para poder establecer el plazo de los nueve meses
posteriores a la resolución de los concursos, que permitía a Telefónica
operar antes de los nueve meses si el operador de cable entraba en
funcionamiento en ese plazo. Insiste en la supresión de la disposición
transitoria del Real Decreto-ley, que legaliza los concursos de cable
convocados por instancias de la Administración. Propone también que los
agentes que ganen los concursos puedan ofrecer la telefonía básica como
uno de los servicios.
Por último, reitera que, a pesar de la presentación de un texto
alternativo, la intención de su grupo es la de encarar el debate
posterior de las enmiendas sin prejuicios y desde la responsabilidad,
porque son conscientes de la incertidumbre que produciría en el sector un
texto que no contase con apoyos muy cualificados dentro de la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Alcaraz
Masats, manifestando que, a juicio de su grupo, el Partido Popular y su
Gobierno no tienen un programa de telecomunicaciones; sólo hay una
especie de posición radical. Considera antidemocrático el que acaben de
publicar tanto el reglamento concerniente al cable como el referido al
funcionamiento y los objetivos de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones cuando aún no se ha empezado a discutir el proyecto en
la Cámara.
Considera que en el proyecto de ley subyacen dos temas fundamentales: una
superliberalización del mercado de las telecomunicaciones y un cambio
sustancial en la filosofía de la Ley de Telecomunicaciones por Cable en
aspectos puntuales de enorme importancia, en los que se obtuvo el
consenso de todos, excepto del Grupo Popular. Añade que su texto
alternativo parte de la base de que el proyecto de ley del Gobierno crea
un duopolio de manera engañosa, teniendo en cuenta previsiones que
responden a intereses particulares españoles de cara al futuro y a
intereses de multinacionales. Sin embargo, opina que el texto alternativo
de Izquierda Unida responde al consenso previo, a la racionalidad y a los
intereses nacionales. En este texto se restablece todo lo que se aprobó
en este Pleno de la Cámara con una inmensa mayoría y se plantea la
creación de un segundo operador con capacidad para entrar en el mercado
de las telecomunicaciones, nacional e internacional, desde los intereses
nacionales.
En cuanto a la estructura de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, considera que el presidente y el vicepresidente
pueden ser elegidos y ratificados a propuesta del Gobierno, pero cuatro
integrantes de dicha Comisión deberían ser elegidos por los grupos de la
Cámara y tres por los sectores sociales afectados.
Considera que el Grupo Popular no sólo ha roto un consenso político
ocasional, sino que ha roto el principio de un pacto de Estado con
respecto a las telecomunicaciones, con una apuesta no sólo neoliberal,
sino a favor de ciertos grupos de presión nacionales e internacionales.
Por lo tanto, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
introduce de manera clara, sin ambigüedad alguna, la interconexión y la
interoperatividad de las redes y la capacidad de concesión por la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de nuevas licencias en
condiciones de justicia, de transparencia y de equidad.
En contra de las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas
por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, interviene, en nombre del Gobierno, la señora Mato Adrover,
que recuerda a los señores portavoces de dichos grupos que lo que se está
debatiendo hoy en la Cámara es un proyecto de ley que proviene de un Real
Decreto-ley convalidado por la mayoría de la Cámara hace escasas semanas.
A continuación manifiesta que están dispuestos a conseguir un consenso
entre todas las fuerzas políticas porque consideran que la política de
telecomunicaciones es un asunto de Estado. Añade que el Real Decreto-ley
está basado en la Ley de Telecomunicaciones por Cable que presentó en
esta Cámara el Gobierno socialista y que se aprobó con la mayoría de la
misma, sin tener en consideración al grupo mayoritario de la oposición,
en víspera de unas elecciones generales. Asimismo recuerda al portavoz
del Grupo Socialista que el Grupo Popular presentó hace tres años una
proposición de ley de televisión por cable, porque creía que era
imprescindible para el desarrollo económico del país, que ni siquiera fue
tomada en consideración, a pesar de ofrecer el máximo diálogo para
modificar el texto y mejorarlo. Sin embargo, en esta ocasión, aunque el
voto del Grupo Popular a las enmiendas que han sido presentadas va a ser
negativo, no rechazan su totalidad ni las descalifican en su globalidad,
estando dispuestos a analizar en detalle cada una de ellas, para lograr
un texto que cuente con el consenso de la mayoría de esta Cámara.
A continuación expone los tres objetivos que, a su juicio, hay que
afrontar con urgencia: en primer lugar, la eliminación de las trabas que
perjudican a la inversión; en segundo lugar, sentar las bases para el
inicio de una competencia efectiva y, en tercer lugar, potenciar el
sector español de las telecomunicaciones. Añade que este proyecto de ley
es un paso que el Gobierno se ha visto obligado a dar por la premura de
la situación para hacer frente al obligado trámite de liberalización.
Estima que en lo que su grupo no puede estar de acuerdo es en plantear la
reforma global en este proyecto de ley, que sólo persigue adoptar medidas
que permitan salir de la situación y sentar las bases para plantear un
modelo de telecomunicaciones que nos permita alcanzar la primera
velocidad de Europa también en dicha materia. Expone que este proyecto
abarca cuatro aspectos diferentes, dos de ellos referentes a la
modificación de algunos aspectos de las actuales leyes vigentes,
propuestas por el Gobierno socialista y aprobadas por esta Cámara en la
anterior legislatura, y otros dos referentes a la creación de organismos
imprescindibles, como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones,
exigida por Bruselas, y la puesta en marcha de un segundo operador
nacional que pueda ser competitivo antes de la fecha de liberalización
plena de las telecomunicaciones.
Replican los señores García-Arreciado Batanero y Alcaraz Masats,
duplicando la señora Mato Adrover.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Socialista, se rechaza por 165 votos en contra y 137 a favor.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 172
votos en contra, 17 a favor y 113 abstenciones.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 1187)
El señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149
del Reglamento, somete al Pleno de
la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto
de ley de liberalización de las telecomunicaciones, que se aprueba por
asentimiento.
Proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble
imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas (Página 1187)
En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo, interviene
el señor Martínez Noval, en nombre del Grupo Socialista. Considera que no
han cambiado mucho las cosas desde que tuvo lugar la discusión del Real
Decreto-ley que ahora se tramita como proyecto de ley y ya, entonces,
expuso las importantes discrepancias que había entre el Gobierno que
había redactado el decreto y los grupos parlamentarios que lo apoyaban y
los grupos de la oposición, entre ellos el Socialista. Recuerda que una
de las cuestiones que más controversia causó en aquellos momentos fue si
la modificación que se producía en algunos apartados del artículo 28 de
la Ley 43/1995 podría dar lugar a la existencia de unas operaciones
bursátiles conocidas como lavado de cupón, operaciones que la ley que
aprobó el anterior Gobierno impedía. Considera que la redacción que
propone el Gobierno en este Real Decreto-ley para el artículo 28 no ha
impedido estas operaciones y, por lo tanto, considera necesario hacer un
esfuerzo entre todos para que el proyecto de ley que salga de esta Cámara
no siga permitiendo esas prácticas fraudulentas y elusivas de la
fiscalidad.
Confiesa, por otra parte, que su enmienda con texto alternativo no es más
que la redacción literal e íntegra en el caso de los artículos 28, 29 y
30 bis de la Ley 43/1995.
A continuación expone ante la Cámara que la presentación de estas
enmiendas de totalidad y el cierre del plazo de enmiendas, no sólo de
totalidad, sino también parciales, ha permitido conocer que el Grupo
Parlamentario Popular presenta enmiendas a esta ley, con las que trata de
corregir algunos aspectos no baladíes ni triviales del Decreto 7/1996, lo
que considera una burla para la Cámara, pues se está intentando corregir
por la puerta trasera situaciones que no se aceptó corregir en su
momento, y pide a los grupos de la Cámara que no incurran en esa
indignidad parlamentaria.
En turno en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo del
Grupo Socialista, interviene el señor Martínez-Pujalte López. Manifiesta
que esta es la tercera vez que se celebra este debate en la Cámara y
meses antes ya se había celebrado cuando se discutió el Impuesto sobre
Sociedades, en el que el Grupo Popular dejó clara su postura respecto a
modificarlo cuando accediera al Gobierno. Añade que el texto alternativo
que proponen ahora los socialistas contiene los mismos errores que
contenía el texto anterior, que hizo que la ley no consiguiera los
efectos deseados: ni era neutral ni favorecía la internacionalización de
la empresa española, situándola en un entorno competitivo. Por ello, al
Gobierno le pareció necesario plantear, por vía de urgencia, una
modificación del Impuesto sobre Sociedades en los artículos que hacen
referencia a la doble imposición de dividendos y beneficios no
distribuidos, lo que plasmó en el Real Decreto-Ley 8/1996, que fue
convalidado en esta Cámara. Expone a continuación que el Grupo Popular
apoyó la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley porque
deseaban buscar el mayor consenso posible y no entiende cómo el señor
Martínez Noval considera que plantear una enmienda para que se debata en
un trámite parlamentario sea una burla al Parlamento; por el contrario,
estima que es prueba de la voluntad amplia de llegar a los mayores
consensos posibles.
Pregunta a continuación al señor Martínez Noval si de verdad está de
acuerdo en que se corrija totalmente la doble imposición, tanto interna
como externa, y en que se consiga mejorar la internacionalización de la
empresa española. Cree, sinceramente, que el Grupo Socialista no ha
estudiado en profundidad el texto que proviene del Real Decreto-ley,
porque éste impide totalmente el lavado de dividendos.
A continuación expone los criterios del Grupo Popular que difieren del
texto alternativo presentado por el Grupo Socialista y acaba su
intervención manifestando que su grupo ha presentado enmiendas porque
están dispuestos a mejorar el texto.
Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor Martínez-Pujalte.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Zabalía
Lezámiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo del
Grupo Socialista, se rechaza por 156 votos en contra y 132 a favor.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL
REGLAMENTO DE LA CAMARA:
-- PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA POR LA QUE SE
MODIFICA EL ARTICULO 46.1. (Número de expediente 410/000001.)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, tramitación directa
y en lectura única de la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara
por la que se modifica el artículo 46.1.
Se ha presentado una sola enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que
ha sido retirada. En consecuencia, ¿grupos que desean fijar su posición
en el Pleno sobre este punto? (Pausa.) Vamos, por tanto, a proceder a la
votación.
Votación sobre la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara,
artículo 46.1
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a
favor, 245.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000001.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Debates de totalidad
de iniciativa legislativas.
En primer lugar, del proyecto de ley de organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el Ministro de
Administraciones Públicas, en nombre del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tomo la palabra en este Pleno para presentar
el primer proyecto de ley relativo a la organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado, que el Gobierno formado tras las
últimas elecciones generales ha remitido a las Cortes.
Este hecho no es casual, ya que el Partido Popular tenía, como es sabido,
un claro compromiso con la reforma, con la mejora de la organización y
funcionamiento de la Administración. Este compromiso obedecía, y obedece
básicamente, a la apreciación de dos circunstancias de especial
relevancia en las que estoy seguro que SS.SS. coincidirán conmigo. En
primer lugar, a que una parte importante de la normativa que regula hoy
la organización y funcionamiento de nuestra Administración es
preconstitucional.
Ciertamente, desde el año 1978 se han producido algunas normas de
adaptación, pero el grueso de la misma es anterior a nuestra
Constitución, y casi 20 años después de la promulgación de ésta resultaba
imperioso adaptarse a los principios constitucionales, a las nuevas
funciones que corresponden a la Administración General del Estado en su
relación con los ciudadanos, y todo ello en el contexto de construcción
de la Unión Europea. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, a que el grado de
desarrollo alcanzado por el Estado autonómico y la formulación del
objetivo de Administración única, tras los traspasos de funciones y
servicios a las comunidades autónomas, habían puesto claramente de
manifiesto que la estructura, el volumen y el funcionamiento de nuestra
Administración central y periférica resultan absolutamente inadecuados.
Han sido, pues, señoras y señores Diputados, estas dos circunstancias las
que han exigido sin más demora la elaboración de este primer proyecto de
ley que hoy se somete a debate y cuyos aspectos más importantes voy a
señalarles a continuación.
En cualquier caso, antes quisiera hacer constar que el Gobierno entiende
esta ley de organización y funcionamiento de la Administración General
del Estado como estrechamente unida y complementaria de otra que se
enviará a la Cámara antes de que finalice el presente período de sesiones
y que regulará la composición del Gobierno, sus funciones, su Presidente,
el Consejo de Ministros, los ministros, la potestad reglamentaria, el
estatuto de incompatibilidades del Gobierno,
su nombramiento, su cese, los regímenes de suplencia, derechos y deberes,
etcétera.
Creo, pues, que el debate y el estudio de este proyecto de ley deben
hacerse teniendo en cuenta ese próximo envío que el Gobierno va a
realizar.
Veamos cuáles son los aspectos y novedades más importantes del proyecto
de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado.
En primer término, el proyecto establece --y esto creo que es muy
importante-- una regulación global de la Administración General del
Estado. Se trata de una regulación completa en la que los distintos
ámbitos de actuación administrativa del Estado están contemplados de
forma conjunta y homogénea. Ello constituye una novedad en nuestro
ordenamiento jurídico y tiene la ventaja de ofrecer una visión de
conjunto para articular, de la forma más eficiente, las piezas que
integran la organización administrativa.
Una vez que este proyecto logre la aprobación de las Cámaras, y si se
mantiene su estructura, se dispondrá en un mismo texto de la regulación
específica relativa a organización ministerial, organización territorial,
administración en el exterior y organismos públicos. Este será un logro
importante, ya que en el momento actual la situación adolece, además de
la preconstitucionalidad a que se ha hecho referencia inicialmente, del
defecto de la dispersión normativa.
En segundo lugar, la regulación que el proyecto establece se inspira en
los principios de racionalización y eficiencia en la organización de la
Administración, y ello se manifiesta en la simplificación de la
estructura de los ministerios. Se establece claramente cuáles son los
órganos superiores de los departamentos ministeriales con carácter
netamente político: ministros y secretarios de Estado, y cuáles son los
órganos directivos de carácter profesional: subsecretarios,
excepcionalmente secretarios generales, directores generales, secretarios
generales técnicos, que son regulados específicamente, y subdirectores
generales, que constituyen el comienzo del estrato directivo profesional
de la Administración.
Esta simplificación y racionalización ya fue parcialmente adelantada por
los reales decretos de estructuración ministerial aprobados recientemente
por el Gobierno.
En cuanto a los órganos de carácter político hay que subrayar la
consolidación legislativa de la figura del Secretario de Estado, creada
por Decreto de 1977. Las competencias que se le atribuyen en el proyecto
le permiten actuar como el máximo responsable de un sector de actividad
al que se quiera otorgar una particular relevancia política.
El papel de los subsecretarios ha sido objeto de debate en la pasada
legislatura, existiendo diversas posiciones al respecto. El proyecto que
el Gobierno ha presentado opta por su reforzamiento, al considerarlos
esenciales en el mantenimiento y desarrollo de los servicios comunes
concernientes a la asistencia jurídica, al control de la gestión y a la
correcta asignación de recursos, tanto humanos como materiales, todo lo
cual será de su responsabilidad directa.
Quisiera destacarles que hemos apostado decididamente por la
profesionalización de los directivos públicos, reservando, en
consecuencia, los puestos de subsecretario, secretario general técnico y
director general, salvo excepciones, y subdirector general, para su
desempeño por funcionarios públicos a los que se exija, al tratarse de
nivel directivo, titulación superior para su ingreso en la
Administración.
En tercer lugar, el proyecto ofrece un diseño radicalmente nuevo de la
organización territorial de la Administración General del Estado de
acuerdo con el principio de la Administración única. Este principio
doctrinal de Administración única se plasma en el texto del proyecto en
su vertiente organizativa. Se establece claramente la necesidad de evitar
duplicidades entre las estructuras organizativas de la Administración
General del Estado, así como entre las distintas administraciones
públicas, a la vista de las transferencias o delegaciones --se menciona
expresamente este mecanismo-- efectuadas en favor de las comunidades
autónomas o las corporaciones locales.
Actualmente, la situación de nuestra Administración periférica adolece de
un exceso de unidades de distinto rango, en numerosas ocasiones con
exiguas cargas de trabajo y deficiencias en su coordinación. A tal
efecto, se atribuyen específicamente competencias a los delegados del
Gobierno para la simplificación de estructuras, proponiendo las medidas
precisas a los ministerios y participando en los planes de empleo y, en
general, en las medidas de optimización de los recursos humanos.
Este proyecto potencia los delegados del Gobierno que, dependiendo de la
Presidencia del Gobierno, serán los únicos representantes de éste en el
territorio de la comunidad autónoma, y los configura como los jefes de la
Administración General del Estado que asumirán las competencias que hasta
el momento corresponden a los gobernadores Caviles cuando éstos
desaparezcan.
De acuerdo con el nuevo perfil del delegado, se le hace depender
orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas, al tener, por
una parte, que relacionarse con los entes territoriales y, por otra, que
promover la racionalización de las estructuras administrativas.
Por otra parte, los delegados del Gobierno ejercerán las competencias que
corresponden al Estado en materia de libertades públicas y seguridad
ciudadana, ostentando la jefatura de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El proyecto prevé, asimismo, la integración de los servicios periféricos
de los ministerios, salvo excepciones,
en las delegaciones del Gobierno que se adscriben orgánicamente al
Ministerio de Administraciones Públicas y respecto de las cuales
corresponden a los delegados las competencias propias de los ministerios
en el territorio y la gestión de los recursos asignados a los servicios
que se integren. Y se crea una nueva figura, la de los subdelegados del
Gobierno en las provincias e islas dependientes jerárquicamente del
delegado y nombrados por él entre funcionarios.
Llegados a este punto, quisiera detenerme, siquiera sea brevemente, para
subrayar algunas cuestiones relativas a los delegados del Gobierno en las
comunidades autónomas, a los subdelegados del Gobierno en las provincias
e islas y particularmente a la desaparición de los gobernadores civiles.
Con esta decisión de suprimir los gobernadores civiles se supera una
regulación que data ya del año 1980, con su antecedente inmediato en el
año 1958, y que no había sufrido la imprescindible evolución exigida por
la nueva distribución territorial del poder que se ha ido construyendo
durante la presente y la pasada década. De hecho, hoy no podíamos ya sino
constatar la absoluta obsolescencia de la regulación existente y la
necesidad de introducir cambios de nueva planta , que es lo que el
Gobierno ha hecho con este proyecto.
En la iniciativa de proponer estos cambios, el Gobierno da un paso más en
la concreción del modelo constitucional que establece la figura del
delegado del Gobierno como pieza clave de la Administración General del
Estado en el territorio. Significativamente, la Constitución no prevé la
existencia de gobernadores civiles en las provincias, intuyendo ya que
con los años la figura no iba a resultar necesaria. Como consecuencia de
ello, el proyecto mantiene y refuerza el papel del delegado del Gobierno
en el conjunto del territorio de cada comunidad autónoma, atribuyéndole
la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración
General del Estado, y crea la nueva figura del subdelegado del Gobierno
en las provincias e islas. Este subdelegado del Gobierno, de carácter
absolutamente profesional, cuyo nombramiento está abierto a funcionarios
pertenecientes a cualquiera de las administraciones públicas, dependerá
de forma directa, orgánica y funcionalmente del delegado del Gobierno en
la comunidad, a quien corresponde su nombramiento, y dirigirá, bajo la
dependencia de éste, los servicios de la Administración del Estado en la
provincia.
En cuarto lugar, hay que señalar que otra de las preocupaciones del
Gobierno al elaborar el proyecto ha sido lograr una simplificación de la
tipología de organismos públicos reduciéndola a dos categorías:
organismos autónomos y entidades públicas empresariales, ya que se había
detectado la aparición de un exceso de figurar en este ámbito (organismos
autónomos administrativos, organismos autónomos comerciales, entes
públicos del artículo 6.1.b) de la Ley General Presupuestaria y entes
públicos no clasificables, reconocidos en el artículos 6.5 de la misma
ley), así como una pérdida de eficiencia en relación con los objetivos
que motivaron su creación y, desde luego, un descenso acusado del grado
de control de su actividad.
A los organismos públicos se les reconoce personalidad jurídica
diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía en la gestión.
Como contrapartida, se establece que los organismos habrán de crearse por
ley y que sus estatutos, cuyo contenido se regula detalladamente, deberán
ser aprobados mediante real decreto del Consejo de Ministros, que
asimismo conocerá previamente un avance del plan de actuación inicial.
Con estas medidas se pretende garantizar que la creación de organismos
solamente se lleve a cabo en casos de absoluta y justificada necesidad y
que, desde el primer momento, su actividad estará perfectamente
planificada y organizada para la consecución de sus fines.
Los organismos autónomos se moverán en el ámbito administrativo y las
entidades públicas empresariales, cuya actividad consistirá por regla
general en la producción de bienes o servicios sujetos a contraprestación
económica, podrán desarrollar una parte de la misma de acuerdo con las
reglas del derecho privado. Con esta simplificación se pretende promover
una mejora de la gestión de estos organismos, especialmente importante en
el caso de las entidades públicas empresariales, en relación con las
cuales se regula expresamente el ejercicio del control de su actividad y
resultados por parte del ministerio de adscripción. En cualquier caso, el
propio proyecto prevé que algunos organismos de los existentes
actualmente, dada sus peculiaridades, deban seguir rigiéndose por su
legislación específica.
La regulación de la Administración General del Estado en el exterior
constituye otra novedad. En el proyecto se establece el marco general y
se señala cuáles son los órganos que integran dicha Administración en el
exterior y, asimismo, se establecen las competencias de los embajadores y
representantes permanentes.
En este punto hay que señalar que también en este terreno se están
adoptando ya medidas reglamentarias para acomodar la acción exterior del
Estado al grado de desarrollo autonómico alcanzado. El Gobierno, a
instancias de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas, acaba de aprobar una modificación en la estructura
de la representación permanente ante la Unión Europea, con el fin de
garantizar y mejorar el grado de conocimiento que las comunidades
autónomas tienen en lo que concierne a los asuntos que son de su interés.
Finalmente, hay que señalar que en una ley de estas características los
mecanismos transitorios cobran una especial importancia para garantizar
la efectiva transformación de las estructuras existentes actualmente y,
asimismo, para garantizar que esta transformación
se realiza sin vacíos normativos, sin pérdida de la eficacia y que se
lleva a cabo de una manera natural, sin generar tensiones adicionales.
Por todo ello, el proyecto gradúa la transformación de las estructuras
actualmente existentes.
En primer lugar, se dispondrá de seis meses para fijar la nueva
estructura de las delegaciones del Gobierno, lo que incluirá la
determinación de cuáles son los servicios periféricos que se integran en
ellas. En este sentido, es de destacar que el proyecto opta por una
integración general, salvo en aquellos casos en que, bien por la
peculiaridad de la gestión, bien por el volumen de la misma, resulte
aconsejable no proceder a la integración en aras de un mayor nivel de
eficacia.
El Ministerio ya está trabajando en la forma de llevar a cabo esta
integración, valorando distintos criterios complementarios, como es,
entre otros, el grado de incidencia de los traspasos a las comunidades
autónomas, la previsión de nuevos traspasos, la existencia de procesos
previos de reestructuración o simplificación, o la incidencia de la
construcción del mercado interior de la Unión Europea. Unicamente las
delegaciones del Ministerio de Defensa estarían a priori excluidas por la
propia ley de la posibilidad de integración en este proceso de
aproximación paulatina a la Administración única.
En este momento, el criterio del Gobierno es que mientras no se
transfieran, por ejemplo, las competencias de educación y sanidad, dado
el volumen de recursos que gestionan, parece lógico que sigan teniendo
una dependencia clara del ministerio de que se trate, pero habrá que ir
trabajando ya en la incorporación de los servicios procedentes de todos
los ministerios. A medida en que vaya avanzando el proceso de traspasos
se irá procediendo a una mayor reducción de la Administración periférica
del Estado y a la integración de los servicios residuales que puedan ser
necesarios para el ejercicio de las funciones de la Administración del
Estado en las comunidades autónomas, en las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno.
En segundo lugar, se establece un plazo de dos años para llevar a cabo el
más complejo proceso de adaptación de los organismos autónomos de
distinto tipo hoy existentes y de entes públicos a la nueva y más
reducida tipología establecida en el proyecto.
En síntesis --y ya termino, señor Presidente--, el proyecto de ley de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado da
solución --naturalmente, en mi opinión-- a un conjunto de problemas que
hoy tiene nuestra Administración, entre los que destaca, como ya se ha
señalado, la inadecuación de la Administración estatal al grado de
desarrollo alcanzado por el Estado autonómico. Con el proyecto que el
Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados se establece el marco de
organización y funcionamiento que nuestra Administración necesita para
hacer frente a los retos de la sociedad española del siglo XXI en el
marco de un Estado autonómico e integrado en la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Han sido presentadas tres enmiendas a la totalidad al presente proyecto
de ley.
Para la defensa de la primera de ellas, presentada por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores
Diputados, el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado se apoya en distintos artículos de la
Constitución que en sí misma mantiene un carácter híbrido. Son artículos
de fuste y de carácter eminentemente político especialmente los artículos
9.2, 10.1 y 150.2, teniendo un matiz más claramente burocrático y
administrativo artículos como el 103, el 97 y el 31.2.
La ley de organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado tiene básicamente un carácter burocrático-administrativo, y es
evidente que cuando se alude a don Javier de Burgos se está recordando el
tufo centralista en que se asentó el Estado español y que
desgraciadamente esta ley no supera por las propias contradicciones de la
Constitución española, y de forma especial por las propias
contradicciones --pensamos-- y las intenciones del Gobierno que la ha
redactado.
En ese sentido y desde nuestra posición queremos señalar los motivos que
nos llevan a pedir la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Entendemos la intención de profesionalizar la Administración del Estado,
pero consideramos que pensar que se profesionaliza la Administración del
Estado recurriendo a funcionarios del tipo A o con título superior no es
la mejor manera. Hay casos como el de los secretarios generales técnicos
que es evidente que deben ser figuras administrativas claramente
cualificadas e incluso de titulación superior, pero no vemos por qué hay
que generalizar esto a otro tipo de cargos de responsabilidad política
nombrados por el Gobierno. No se va a ahuyentar así el carácter
confesional de estos cargos, sino que solamente se va a hacer
confesional, político y corporativo.
En segundo lugar, pensamos que el Gobierno tiene obsesión con hacer
hincapié en que la economía del gasto público se debe centrar
específicamente en convertir toda la economía pública en subsidiaria de
la privada, y hay un apartado en la exposición de motivos, el XI, que
parece ser que es el marco en que se va a incardinar todo el proceso de
reforma.
En tercer lugar, y de forma fundamental para nosotros, cuando se habla de
adaptar la Administración periférica del Estado al modelo autonómico no
se consigue acabar con las duplicidades y, sobre todo, con las tutelas
que el Estado, el Gobierno, la Administración general ejercen sobre las
comunidades autónomas y las corporaciones locales. No hay aquí un salto
cualitativo en relación con la Ley 10/1983, de la Organización de la
Administración Central del Estado, y nos preguntamos por qué razón este
tipo de departamentos no se podían convertir plenamente en oficinas de
gestión dependientes de los delegados del Gobierno, porque esto sí sería
un cambio administrativo, no radicalmente político, pero en una línea de
simplificación y de intencionalidad política manifiesta en relación con
un posible cambio del Título VIII de la Constitución española que tendrá
que llegar tarde o temprano. Por tanto, las competencias autonómicas
plenas van a seguir siendo, en cierta manera, tuteladas. De esta forma,
el total protagonismo de las comunidades autónomas realmente queda
mermado, y son evidentes los miedos a que la voluntad conjunta del Estado
español se establezca en función de la opinión de todas las comunidades
autónomas cuando se es tan pacato y tan restrictivo a la hora de
establecer la representación diplomática del Estado en el exterior.
Por tanto, señorías, pensamos que el proyecto es continuista, limitado,
incluso contradictorio desde el punto de vista de la protección del
derecho de todos los ciudadanos a participar eficazmente y con plenos
derechos en las tareas directivas de gobierno y de la Administración
pública. Es contradictorio con otros aspectos de la Constitución, por
ejemplo, con la afirmación de que estamos en un Estado social y
democrático de Derecho, y pensamos que no supera las contradicciones
inherentes al Título VIII de la Constitución española. En definitiva, se
anunció un animal maravilloso, un monstruo cualitativamente diferente, y
prácticamente nos encontramos ante un ratón.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Para la defensa de la segunda enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Ministro de Administraciones Públicas, intervengo en
nombre de Eusko Alkartasuna para defender la enmienda a la totalidad
presentada al proyecto de ley sobre organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. La presente enmienda se dirige en
especial a los principios y espíritu que rigen este proyecto de ley en
las cuestiones relativas a la Administración central y especialmente a la
Administración periférica, no estando de acuerdo con los mismos y
solicitando por ello la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
El núcleo central de nuestra enmienda hace referencia al incumplimiento
por parte del Gobierno de las expectativas suscitadas de reforma de la
Administración general para ajustarse al verdadero espíritu del Estado
autonómico. Por el contrario, esta pretendida reforma se limita a ser una
mera recopilación legislativa, siendo, por tanto, las pocas reformas
contenidas en el mismo reformas de mero detalle; en resumen, no
adecuándose este proyecto ni al verdadero espíritu del Estado autonómico
ni, por supuesto, dando respuesta a la solicitud de Administración única
reclamada por una gran parte de la sociedad.
La primera cuestión, aun cuando sólo sea simbólica, se refiere al propio
título del proyecto de ley. La utilización del término Estado --un
término anfibológico--, aludiendo a la Administración general del mismo,
induce a una cierta confusión, por cuanto el término Estado en su sentido
integral obligaría a considerar otras administraciones que obviamente no
podrían ser reguladas por el Gobierno central ni por este foro. La
exposición de motivos recoge los principios básicos que deben presidir la
Administración hoy aquí objeto de debate: servicio, objetividad,
generalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación. Entendemos que no se recoge uno de los grandes principios
que debe regir este proyecto de ley, principio básico en un Estado
autonómico, cual es el principio competencial. La regulación de las
relaciones de la Administración general del Estado --según denominación
de este proyecto-- con otras administraciones públicas, como las
administraciones autonómicas, no puede estar regida ni por el principio
de jerarquía ni por el principio de descentralización, sino única y
exclusivamente por el principio competencial o, lo que es lo mismo: no
existe sumisión de una Administración autonómica a una Administración o
Gobierno del Estado, sino una mera división o distribución de
competencias entre unas y otras. La no alusión clara a este principio ya
desde su exposición de motivos conlleva una visión total a lo largo del
proyecto de cierta jerarquía y predominio en las competencias
correspondientes a los órganos de Gobierno central y periféricos hoy
objeto de debate, todo ello en relación con los órganos de las
administraciones autonómicas.
En la exposición de motivos, igualmente, se alude esencialmente al gran
objetivo de simplificación administrativa. Ciertamente es un gran
objetivo pero, a nuestro entender, el mismo queda como mero enunciado no
advirtiéndose en toda su regulación --regulación concreta y específica de
los órganos-- ninguna mención concreta que permita determinar que
realmente se ha producido una simplificación administrativa. En los
órganos del Gobierno central se vuelven a
reproducir los mismos cargos y esquemas, llegando a utilizar la misma
terminología añeja. Lo mismo ocurre en la Administración periférica, en
la cual no se recoge el espíritu de Administración única que meramente
aparece mencionado en la exposición de motivos. Ni tan siquiera se alude
a la verdadera existencia de comunidades autónomas, verdadero
funcionamiento, verdaderas competencias, adecuando en ese sentido la
Administración periférica a la existencia de esas comunidades autónomas.
Siguiendo con la exposición de motivos, se hace referencia a la
modificación de la figura de los gobernadores civiles. A entender de esta
formación política, Eusko Alkartasuna, no existe cambio alguno,
limitándose a ser un mero cambio de nombre, de gobernadores civiles a
subdelegados. En cualquier caso, mantienen las mismas funciones y
competencias, ya fueran representativas, de orden público u
organizativas.
Entrando muy brevemente a analizar el articulado del proyecto, resaltamos
las siguientes cuestiones. Entendemos que el artículo 3, cuando habla de
Administración general del Estado, tiene que hacer referencia
exclusivamente al Gobierno del Estado. Los principios de coordinación,
funcionamiento y organización son de aplicación en el ámbito interno del
Gobierno del Estado, no en su relación con las administraciones
autonómicas. En lo que se refiere a la Administración general, órganos
centrales, aun cuando éste no es el punto principal de la presente
enmienda porque la naturaleza y vocación del partido al que represento no
tiene especial interés en la autoorganización del Gobierno central, no es
menos cierto que ofrecemos sugerencias en el presente momento
legislativo, como las siguientes.
No se advierte modificación alguna en las determinadas categorías o
cargos de esos órganos centrales. A nuestro entender, la delimitación de
los mismos debiera remitirse a ministros, secretarios de Estado y
directores generales. ¿Por qué? Porque la misma respondería a la
necesaria modificación que requiere la austeridad del momento y, además,
porque requeriría una reforma clave para conseguir un Gobierno moderno y
funcional a la altura de los retos actuales.
Las responsabilidades de los subsecretarios en la organización de
servicios bien pudieran ser realizadas por los secretarios de Estado. Lo
mismo decimos de los subdirectores generales, porque entendemos que sus
responsabilidades podrían ser aunadas en las funciones de los directores
generales. Lo anterior no sólo supondría un ahorro en el gasto público,
tan necesario y recordado continuamente por todos, sino que igualmente
respondería a las modernas organizaciones de otras administraciones
públicas que, aunque recién creadas, ya han demostrado sus positivos
resultados en orden al ahorro y modernidad funcional.
Centrándonos en el artículo 12.2, en las competencias de los ministros,
tenemos ciertas discrepancias respecto de alguna de ellas, entendido el
espíritu de estas discrepancias en la medida en que no se adecuan al
espíritu del Estado autonómico. No se puede hablar de modo genérico de la
competencia de los ministros de mantener relaciones con las comunidades
autónomas entendidas las mismas en sentido institucional. A nuestro
entender, los ministros deben mantener relaciones con los órganos de las
comunidades autónomas que por razón de materia correspondan o, lo que es
lo mismo, con el consejero titular del correspondiente departamento por
razón de materia. Tampoco entendemos correcta la mención a la posibilidad
exclusiva de convocar conferencias sectoriales. No debe ser ésta
competencia exclusiva o, cuando menos, debiera existir la obligatoria
consulta previa a los órganos correspondientes de las comunidades
autónomas. Se plasma así, en estas regulaciones, una visión o principio
de jerarquía en lugar del debido principio competencial. Los ministros no
son órganos superiores a los consejeros de las correspondientes
comunidades autónomas. No hay ni jerarquía ni sumisión, sólo distribución
de competencias y funciones.
En aras a la brevedad, lo mismo señalamos de los secretarios de Estado en
relación a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, o
sea viceconsejeros. En esta cuestión, y como reflexión general, además de
la regulación teórica creemos que es necesario tener en cuenta en la
práctica la distribución competencial a la hora de organizar los
ministerios, por cuanto que no es el mismo caso el de aquellos
ministerios que, al menos hoy por hoy, mantienen todas sus competencias
que el de aquellos ministerios que lógicamente debieran regularse de otra
manera por tener transferidas sus competencias a las comunidades
autónomas.
En relación a la Administración territorial, manifestamos nuestra
disconformidad con la regulación de la figura del delegado del Gobierno
en la comunidad autónoma y subdelegado en las provincias, término que,
déjenme señalar, hubiéramos deseado hubiera sido otro, concretamente
territorios, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La primera figura, aunque constitucional, es, a nuestro entender,
obsoleta y sus competencias debieran quedar reducidas a la mínima
expresión, cosa que, por el contrario, se refuerza en este proyecto.
Según el proyecto, esta figura la podríamos resumir en la llamada figura
del pontífice, en el sentido etimológico del término de hacer de puente;
es decir, hace de puente entre el Gobierno autonómico y el Gobierno
central. Nuestra pregunta clave es: ¿necesitan el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos un puente? Entendemos que no. En las relaciones
entre los órganos de las administraciones central y autonómicas debe
prevalecer el principio de comunicación directa por razón de eficacia,
austeridad, seguridad y agilidad. Al otorgar las competencias
de coordinar, velar, comunicar, se está potenciando esta figura,
imprimiendo otra vez una situación de preferencia de la Administración
central sobre la autonómica y dotando a esta figura de un gran
significado político, que entendemos no debe tener.
Se alude a cuestiones tan confusas como la competencia de velar por el
libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos o garantizar
su seguridad, como si la misma fuera exclusiva del Gobierno central. No
nos olvidemos de que en determinadas comunidades autónomas la misma
corresponde de manera genérica y clara a los órganos de las comunidades
autónomas. Se confunde en muchos casos Gobierno del Estado con Estado,
llegando incluso a inducir a errores, considerando que la máxima
representación del Estado en la comunidad autónoma es la del delegado,
cuando ésta la ostenta el presidente de la misma.
Es curiosa la absoluta ausencia del respeto al libre ejercicio de los
derechos y deberes de los ciudadanos del delegado del Gobierno y de la
Administración periférica en materia lingüística en las comunidades
autónomas. Para Eusko Alkartasuna esta figura debiera quedar
exclusivamente como mero jefe de servicios de aquellas competencias que
aún sigan correspondiendo al Gobierno del Estado y sin significación
política alguna.
Resulta igualmente anómala la incorporación del delegado del Gobierno a
la Comisión Mixta de Transferencias y comisiones bilaterales de
cooperación. No se había hecho hasta ahora, y aunque entendemos la
potestad autoorganizativa de la Administración central, en ningún caso
debe romper el carácter paritario de las comisiones mixtas de
transferencias.
En relación a los subdelegados, que sustituyen a los gobernadores
civiles, como ya he dicho, sólo es un cambio de nombre; su nombramiento,
aunque depende del delegado del Gobierno, requiere la previa aprobación
del Ministro del Interior y del Ministro de Administraciones Públicas.
Conservan las mismas competencias: orden público, representación y/u
organizativas. La reorganización o reestructuración de los servicios
periféricos se queda para un futuro incierto, sin control o limitación
alguna.
En resumen, que el tan cacareado reajuste que se esperaba desde el
establecimiento del Estado autonómico no llega con este proyecto de ley;
la organización de la Administración recogida en el mismo no responde ni
a la necesidad de modernización ni a la economía del gasto público ni a
la tan deseada organización de la Administración única, sólo son
recopilaciones de leyes, reformas de estilo, detalle o mero maquillaje,
quedando la verdadera reforma ad kalendas graecas.
Por todo ello, presentamos esta enmienda solicitando la devolución del
proyecto al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Lasagabaster.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías. La verdad es, señor
Ministro, que a usted se le podrán decir muchas cosas, pero no se le
puede decir que no sea trabajador y constante.
Permítame que le haga dos comentarios antes de precisar el contenido de
nuestra enmienda a la totalidad. Ayer debatíamos sobre el agua, y el
Gobierno actual ha recogido un plan hidrológico con una serie de
estudios, con una serie de datos, pero dice: vamos a hacer un libro
blanco, vamos a preparar una propuesta buena y para 1998 la traeremos a
la Cámara. La verdad es que en este caso concreto ha sido al revés.
Ustedes se encontraron un borrador, le han adecuado las cosas que tenían
que adecuarle y lo han traído aquí, pero con mucha rapidez. Yo propondría
(por ponerle un adjetivo para que esta ley no pase a la historia como la
que quitó a los gobernadores civiles) otro título para la ley: la ley de
acompañamiento del pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular.
Porque solamente ha introducido en el texto de la ley anterior lo que
Convergència i Unió le propuso al PSOE, al señor Saavedra, en la pasada
legislatura: quiten la expresión gobernadores civiles y pongan en su
lugar subdelegado del Gobierno, y que éstos dependan del delegado del
Gobierno. Ese era el objetivo.
Yo creo que los cambios que se han introducido obedecen a dos cosas. En
primer lugar, una voluntad decidida y manifiesta suya y del Gobierno en
el que usted ahora mismo está trabajando de simplificar y reducir la
Administración periférica del Estado, que es la diferencia fundamental
que tiene con la anterior ley. En segundo lugar, que ese cambio sea lo
suficientemente grande hacia fuera para que todo continúe aparentemente
como estaba dentro.
Yo creo que es una ley importante por contra de lo que pueda parecer la
discusión que estamos teniendo aquí. Va a ser esta ley, a la vuelta de la
esquina, una pieza fundamental en el Derecho público: primero, porque
modifica o adecua el régimen jurídico de las administraciones públicas;
segundo, porque las entidades estatales autonómas de la Ley de 1958
también se actualizan; tercero, porque va a actuar sobre una nueva
dinámica de Administración dentro de la propia realidad. Es decir, es una
ley importante. Por eso nuestra enmienda a la totalidad pretende, con la
devolución al Gobierno, este nuevo impulso que significa un cambio
sustantivo, según lo que ha declarado usted aquí cuando ha subido antes a
la tribuna, aunque, en realidad, lo que hace es no concretar. Porque si
usted y yo discutiésemos cómo va a quedar al final del proceso
esta Administración que hoy simplificamos y reducimos tanto en organismos
públicos --comerciales o entidades de empresas u organismos públicos
administrativos anteriores-- como en Administración periférica, dónde
queremos ir, dónde estaremos al final, usted me podría reconocer que no
sabe dónde estaremos al final o que ya veremos cómo evoluciona, que ya
veremos la realidad administrativa de cada comunidad. Es decir,
simplemente manifiesta una voluntad, pero no ha medido determinados
elementos. Por eso yo creo que sería bueno que el Gobierno, recogiendo
toda la discusión que puede haber y todos los elementos que son proclives
y midiendo el resultado que afecta a esa ley, trajera una propuesta con
más datos y más concreción que de verdad produjese eso que usted ha
dicho. Porque permítame que le diga que lo de Administración única está
muy bien, eso lo ha dicho usted y lo han añadido en la exposición de
motivos; ahora bien, no hay ni un solo artículo que diga cuál va a ser
esa Administración única. No hay ningún artículo que regule su evolución;
simplemente hay una declaración, pero no hay una concreción. Esa es la
voluntad que tenemos nosotros a la hora de presentar la enmienda a la
totalidad, el divorcio que existe entre una exposición de motivos que
declara once, doce o trece objetivos o principios de la ley y un
articulado que no va respondiendo a eso. Reconociéndole, porque yo se lo
tengo que reconocer a usted, que la ley puede ser positiva y que la ley
era necesaria y que la ley puede terminar con duplicidades
administrativas --yo tengo que reconocérselo--, y con lo que es poner en
una misma ley todo el cuerpo administrativo del Estado. Son voluntades
positivas de la ley.
Por utilizar lo que está siendo el centro de la discusión, ¿cuál es la
modificación sobre los delegados del Gobierno? Las delegaciones van a
depender de un ministerio, las delegaciones del Gobierno en las
comunidades autónomas van a depender de su ministerio, los delegados van
a depender de Presidencia, orgánicamente de un lado, funcionalmente de
otro. Usted va a hacer instrucciones administrativas y el de Interior,
también.
Ya sabemos que hay tres ministerios que echan un pulso por ver cómo se
hace la Administración periférica, pero es que eso era lo mismo que había
antes, era lo mismo que teníamos en la discusión anterior. Han buscado un
camino: el presidente propone a los delegados del Gobierno al Consejo de
Ministros y previamente tiene que haber un acuerdo conjunto entre el
ministro Fulano y el ministro Mengano, y además, los delegados del
Gobierno nombrarán a los subdelegados de acuerdo con el Ministro de
Interior. Usted me ha nombrado delegado de Gobierno en Andalucía y yo le
digo que quiero nombrar a éste en Córdoba, pero el Ministro de Interior
dice que no, que aquél. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo el delegado del
Gobierno y el Ministro de Interior? En suma, ustedes han mantenido las
mismas dificultades que había antes, no han planteado una ubicación
única. Nosotros queremos situarlo en un solo ministerio, hacerle depender
de Presidencia del Gobierno para todo, y administrativamente que funcione
como la relación que tiene usted con cualquier ministerio, organización o
administración. Lo podíamos poner en Administraciones Públicas. Pues en
Administraciones Públicas. Un ministerio, una relación con el Consejo de
Ministros. Eso es lo que nosotros creemos que se podría corregir.
Los subdelegados. Cambian de nombre a los gobernadores civiles, y a mí me
parece bueno, pero fíjese usted: en esta Cámara, por recordarle un
poquitín de historia, que es importante, cada vez que hemos discutido
este proyecto --que lo hemos discutido-- o una proposición de ley de mi
grupo sobre delegados del Gobierno u otras propuestas, precisamente los
que ponían pegas eran ustedes al cambio de la expresión de gobernador
civil.Tengo que reconocer que en aquella ocasión era otro portavoz, no
era usted.
Por tanto, la pregunta que hacemos es qué diferencia hay entre el
gobernador civil --qué mala denominación-- y el subdelegado del Gobierno.
Hay varios cambios, no se puede decir que no hay ninguno. Lo nombra el
delegado del Gobierno, salvo que el Ministro de Interior le diga otra
cosa.
Le eligen ustedes entre funcionarios titulados superiores. Esto también
es importante. Dicen ustedes que así despolitizan al gobernador civil.
Ponen un funcionario al frente de la subdelegación del Gobierno. Con
todos mis respetos, voy a poner un ejemplo como argumentación. Un
veterinario municipal que es titulado superior es un buen subdelegado del
Gobierno; un médico es un buen subdelegado del Gobierno. Pero otra
persona que no sea titulado superior, por muy funcionario que sea y por
mucho que conozca la Administración pública, ese no es un buen
subdelegado del Gobierno. Por tanto, la innovación que introducen ustedes
es que despolitizan porque nombran funcionarios del Cuerpo Superior , y
los nombran ustedes, por tanto de su ascendencia política. ¿Qué ha
cambiado? Que ya no puede ser una persona que conozca de política, que
conozca de la Administración, que forme parte de un proyecto político. Es
como si la política y la Administración fuesen cosas antagónicas o malas.
Es, señor Ministro, como si le dijera que mi profesión es ser funcionario
del Ministerio de Educación y Ciencia, pero mi misión es también tener
una coherencia y un proyecto político y aplicarlo en los puestos que
tenga que desempeñar. No se politiza la Administración porque haya un
delegado del Gobierno que no sea titulado superior.
Otra gran modificación que ustedes introducen se refiere a la
simplificación de la Administración. Toda la Administración periférica
actual va a ser competencia
de las delegaciones del Gobierno. Hasta en ese tema ustedes han dejado
una puerta abierta, no quiero decir que sea innecesaria, es necesaria
debido a la realidad competencial existente, pero mantiene una realidad
dentro de la propia Administración muy amplia. En el proyecto se dice que
se integran en las delegaciones del Gobierno todos los servicios
territoriales de la Administración general del Estado y organismos
públicos. Hasta ahí es fabuloso, estoy de acuerdo. Pero continúa
diciendo: en aquellos casos que, por las singularidades de sus funciones
o por el volumen de gestión, resulte aconsejable, se le hará depender de
la Administración central. Dígame, señor Ministro, si esto no es una
puerta para decir: todos o ninguno, tres o cuatro. Por ejemplo, si
tenemos competencias en educación en las administraciones del 143,
seguirá al frente un director provincial de educación; si tenemos
competencias en sanidad, tendrá un director de sanidad. Si esto va a ser
así, establézcanse las precisiones y la temporalidad, que se especifique
que esa situación será así mientras se alcanza el techo competencial o se
realiza otra actuación.
Respecto a la simplificación que ustedes proponen, me gustaría que
ustedes nos aportaran una especie de memoria o resumen. Creo que todas
las leyes deberían venir acompañadas de una memoria que cuantifique las
decisiones y deberían haber presentado una relación de competencias, que
ustedes saben que hay en la Administración periférica, que son proclives
de transferir a las comunidades autónomas, que tienen tantos funcionarios
y tantas dependencias administrativas y cuáles se podrán transferir a los
ayuntamientos, para hacernos una idea. De esta forma se evitaría lo que
también ustedes proponen en el artículo 29, en el que se dice que se
suprimirán, refundirán y reestructurarán los órganos cuya subsistencia
resulte innecesaria a la vista de las competencias transferidas o
delegadas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y a
los medios y servicios traspasados a las mismas. Pero yo me pregunto:
¿cuáles, cuánto, cómo? Creo, señorías, que tienen una buena pronunciación
pero no hay una concreción. Me hubiese gustado que ustedes hubieran
acompañado esa relación o memoria, competencia por competencia, con
recursos proclives a ser transferidos, para saber qué volumen de poder
van a dejar de tener en la Administración periférica, qué volumen de ese
poder pasa a manos de las comunidades autónomas y qué volumen de poder
van a tener las administraciones locales que, por cierto, se citan poco;
en la descentralización y simplificación administrativa se cita poco la
vida municipal como parte de este proceso, y creo que es importante.
Por tanto, el objetivo de nuestra enmienda a la totalidad es hacer una
reflexión sobre los elementos diferentes y fundamentales que hemos
encontrado. ¿Quiere esto decir que la evolución de la discusión en
ponencia y en Comisión no puede modificar la ley y variar alguna de las
argumentaciones? Puede. Hay un proceso que, si ustedes abren, dialogan,
concretan y modifican, puede llevar a una evolución distinta. Pero
permítame que no compartamos las cuatro grandes declaraciones que han
hecho, además de la simplificación administrativa y de los delegados y
subdelegados.
Creemos que el aplazamiento fundamental que obtienen con esta ley es
discutir, de una vez por todas, cuál es el papel de la provincia dentro
de la Administración del Estado. Nosotros somos partidarios de que la
provincia no sea un centro administrativo, que cada comunidad evolucione
administrativamente según su realidad histórica, que exista una
delegación del Gobierno con plenos poderes y la realidad administrativa
con la comunidad autónoma que hay allá. No hay por qué mantener esa
relación provincial. Ustedes llegan incluso a la posibilidad de que haya
delegados y subdelegados en comunidades autónomas uniprovinciales,
conforme está el texto de la ley. Nos dicen que no lo habrá, ahora no lo
hay, ustedes no los están nombrando en este momento, pero esta ley no lo
hace imposible. Lo que no abordan ustedes es si estamos en condiciones
hoy de una nueva administración pivotada sobre tres pilares: municipios,
comunidades autónomas y Administración central, utilizando la provincia
en la evolución que cada comunidad autónoma le dé en su desarrollo y su
capacidad normativa de base local, pero no poniendo y manteniendo esa
propia estructura provincial. Ese sí que es el fondo de la discusión del
proceso electoral. Y como en eso no hay acuerdo entre Convergència y el
Partido Popular, no se aborda, se aplaza. Pues lo aplazamos y lo
discutimos después.
Segunda seña que me gustaría precisar para explicar por qué mantenemos la
enmienda a la totalidad. No compartimos esa idea que tienen ustedes en su
propuesta de que la Administración no es la que tiene el poder sobre el
servicio público, de que la Administración debe cumplir una actuación
subsidiaria de la iniciativa privada, de la iniciativa de la sociedad. La
sensación de que lo público no es bueno, que actúe sólo cuando lo privado
no haya actuado, no la compartimos, con independencia de que al final se
terminen privatizando determinados servicios públicos que, por cierto,
ustedes no han empezado. Hoy en la Administración los estudios técnicos,
la elaboración de proyectos y la ejecución de determinados estudios y
asesorías de la misma se hacen con empresas. Es decir, hay parte de la
actuación administrativa que se hace residir en una realidad privada o
semiprivada.
Creemos que hay que hacer un diseño de cuál es el aparato administrativo
que necesitan los servicios que demandamos constitucionalmente y, en
función de ello, cumplirlo. Y quien lo garantiza es la Administración
pública. Si la Administración pública no es la dueña del servicio
público, el Gobierno tampoco, porque
el Gobierno es la máxima representación de la Administración pública. Es
otra cosa que no queda clara aquí. El máximo órgano administrativo es el
Consejo de Ministros y los ministros cumplen una serie de actuaciones.
Pues bien, nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso rápido,
generalizado de poner en cuestión lo público: vamos a ver primero lo que
puede hacer lo privado y después veremos lo que hace lo público. Eso
luego tiene conclusiones en la parte administrativa. Tengo que
reconocerles a ustedes que no lo dicen como nosotros lo planteamos ahora
mismo. Cuando ustedes dicen: Simplificaremos organismos públicos, veremos
qué entidades empresariales van a ser las que queden al final, ustedes no
dicen: Unas las privatizaremos, otras no, otras las ofreceremos, otras
simplemente las anularemos para que lo hagan servicios administrativos.
Incluso ustedes pueden decir: Este organismo público deja de serlo y pasa
a ser servicio de la Administración. No explican aquí si lo harán o no.
Por tanto, esa indefinición nos lleva a plantear un problema de
globalidad a su propuesta.
Hay una discusión que creemos que podríamos compartir todos: la voluntad
de que haya una Administración pública neutral en su adscripción a la
ejecución de las actividades, pero comprometida con las líneas políticas
que le marca un Gobierno. Es decir, que cuando usted llega al Gobierno no
tenga que cambiar de arriba a abajo hasta el jefe de negociado, porque
resulta que puede ser amigo de éste o del otro. Que cuando vea usted un
funcionario, sea del PSOE, de Izquierda Unida o del P.P., lo vea como una
persona capaz de hacer una tarea determinada, aunque no sea de su propia
ideología. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, lo único que han sido
capaces de concretar con la profesionalización de la Administración ha
sido: Son cuerpos políticos que marcan los objetivos políticos los
secretarios de Estado y los ministros; y son carrera directiva de la
Administración, subsecretarios, secretarios generales, secretarios
generales técnicos, toda la evolución de la propia Administración, que
por cierto no reducen, ni siquiera los secretarios generales que habían
anunciado que reducirían. Es verdad que dicen «en los casos precisos», no
delimitan cuáles, pero podrá haberlos. Permítame que le diga que la
Administración que hoy tenemos no funciona por la planificación
presupuestaria por programas y objetivos. Funciona administrativamente.
Hay una estructuración funcional muy grande, pero no hay un desarrollo,
un funcionamiento de la propia Administración por lo que significa
presupuestación por programas y por objetivos. No lo hay.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
La profesionalización no se puede limitar a que ustedes puedan elegir por
libre designación al subsecretario o al secretario general, eso sí, entre
funcionarios del nivel 10 de las distintas administraciones, local,
regional y central. Este es el proceso de profesionalización que ustedes
nos proponen, pero no es suficiente para, de verdad, obtener esa
Administración que, sea quién sea quien gobierne, obedezca al que
gobierna, no se resista, no le ponga piedrecillas, no impida lo que es la
voluntad política libremente elegida por un pueblo. Eso lo vivimos hace
mucho tiempo y lo podríamos volver a vivir ahora.
Resumiendo, señor Presidente, señorías, además de estos comentarios,
ustedes, que introducen la idea de la participación para ver si se puede
privatizar, no estructuran, no organizan dentro de la propia ley la
posibilidad de participación en los asuntos públicos de los ciudadanos,
cuáles son los órganos de participación, cómo van a poder llevar las
propuestas, etcétera. Esto no se estructura en la ley. No se estructura
aquí lo que son los órganos de algo que va a ser vital: la
Administración, el Estado. Algunas incongruencias hay, que luego se
corregirán en la discusión del articulado. El Estado no es la
Administración central. El Estado es la Administración central, las
comunidades autónomas y los propios municipios. Ese concepto de Estado
que ustedes tienen creemos que habrá que modificarlo. Pues bien, hay unos
órganos que son de coordinación y funcionamiento cooperativo. Si algo
define a la moderna Administración del futuro es que será una
administración cooperativa de todos los entes que compone el Estado. Esos
órganos de coordinación, comisiones sectoriales, conferencias
sectoriales, etcétera, van a representar el compromiso de actuar de todas
las administraciones en los temas que son comunes, así como los que son
colaterales a todas esas administraciones, pero eso no se recogen aquí.
No se recogen aquí, pero tengo que reconocerles que ustedes han optado
por una vía que puede ser buena, que es separar la ley de gobierno, por
un lado, de la ley de funcionamiento de la administración por otro. Y tal
vez en la ley de gobierno podrían ir las comisiones delegadas, los
gabinetes, etcétera, más, por otro lado, estas comisiones mixtas. Yo se
lo acepto. Siempre hay una discusión --me imagino que ustedes la habrán
tenido en el seno del Gobierno y dentro de su propio equipo-- sobre si es
mejor una ley o es mejor que sean dos. De cualquier modo, veremos cómo se
acompasa esta ley cuando tengamos la otra y se vea cómo se hace esa
distribución.
Resumiendo, señor Presidente, hay elementos y voluntades positivas en la
propuesta de esta ley, por utilizar una frase no combativa, no de
confrontación . El informe que han hecho los servicios jurídicos de esta
Cámara, del Congreso de los Diputados, que nada tiene que ver con los
grupos parlamentarios, dice: «El proyecto ofrece una buena dosis de
coincidencia con el
presentado en la pasada legislatura con la misma denominación y que fue
publicado el 6 de noviembre de 1995. Solamente en relación con la
Administración periférica cabe apreciar diferencias.» Eso es lo que dicen
los servicios jurídicos de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente.
En lo positivo estamos dispuestos a discutir y a mejorar, pero creemos
que sería preferible una reelaboración que concretara todos los elementos
que he dicho y separara lo que es teoría de lo que es concreción
articulada, y en ese sentido estaríamos dispuestos a comprometernos. Si
eso no se produce con la velocidad o en las condiciones adecuadas
tendremos una posición diferenciada. Nuestra voluntad hoy aquí no es
decir: No vale nada, todo hay que cambiarlo. No es ese el objetivo, sino
mejorar y precisar lo que el Gobierno no ha hecho y eliminar lo que no
corresponde a esta ley, lo que son declaraciones de objetivos que no
corresponden al articulado de la ley.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
en nombre de Coalición Canaria voy a fijar nuestra posición ante las
enmiendas que nos han presentado aquí tanto el Grupo Mixto como el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Englobo, salvo
algunas especificaciones que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida,
argumentos que también están contenidos en las enmiendas que por parte
del Grupo Mixto, de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego,
se han expresado aquí. Coalición Canaria está plenamente de acuerdo y
conforme con algunas de ellas, pero creemos y entendemos que más que
justificar una enmienda de totalidad y de devolución al Gobierno de un
proyecto, que empiezo a decir que es necesario y, diría más,
imprescindible, pueden ser asumidas plenamente en enmiendas al
articulado. Así, Coalición Canaria presentará una amplia serie de
enmiendas al articulado que entendemos que conducen al perfeccionamiento
de un texto que vuelvo a calificar de necesario para que la
Administración general del Estado, sobre todo en su reflejo en los
órganos periféricos de las comunidades autónomas a través de las
delegaciones del Gobierno y de los subdelegados, cumpla principios
constitucionales.
Qué duda cabe que en un proyecto de esta complejidad, y no me extraña, el
Gobierno actual ha recogido todo el trabajo realizado por el Gobierno
anterior, porque se trata de una administración propia del Estado, de la
Administración del gobierno de la nación, y por un cambio de gobierno no
va a haber conceptos revolucionarios en un esquema que tiene que
constreñirse a la Constitución Española y a lo que es una evolución
lógica de determinados cargos y representaciones administrativas. Esto es
una continuidad, recordando aquel principio que se sentó en la
transición, de la ley a la ley, con esa naturalidad.
Qué duda cabe también que hay unos avances en cuanto a compromisos
políticos de profesionalización de la Administración pública que nosotros
suscribimos en el proyecto del Gobierno, y nos parece un procedimiento
lógico, sensato y responsable el que cada vez que se hace un avance de
profesionalización de la Administración general del Estado las personas
para ocupar cargos de subsecretarios, de directores generales y de
subdirectores sean extraídas de los propios cuerpos de la Administración
del Estado. Porque si ahora se dice que porque exigimos que el
subdirector general o el director general o el subsecretario sea de un
cuerpo de la Administración eso es politizar la Administración, entonces
¿cuál es la solución a ese problema? ¿Exigir por ley la apoliticidad de
los funcionarios como se pueden exigir a los jueces determinadas
circunstancias en razón de su peculiar actividad? Lo que es admisible,
que sería discutible pero está en la ley, a los jueces y a los
magistrados no se puede extender a todos los cuerpos de funcionarios
técnicos del Estado, cuando el propio proyecto contempla la
pluriparticipación de todos los cuerpos de funcionarios en cualquiera de
los cargos que se ofrecen. No se dice que para ser Director General de
Agricultura haya que ser ingeniero agrónomo; no se dice que para ser
Director General de Industrias Eléctricas haya que ser ingeniero
industrial en la especialidad eléctrica. Se dice que cualquier cuerpo de
la Administración del Estado tiene acceso, incluso en los órganos
periféricos los subdelegados, pues se dice que el delegado del Gobierno
nombrará a los subdelegados en las provincias respectivas de su comunidad
autónoma.
Hay un principio muy interesante que ha planteado el portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, creo que también el
representante del Bloque Nacionalista Galego, en cuanto a esa especie de
abandono de la titularidad del Estado de la cosa pública. Nuestro grupo
no ha hecho esa lectura. Podía hacerse, pero yo entiendo que subyace en
el resto del proyecto, frente a lo que dice la enmienda de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que el Estado no renuncia a esa
titularidad de la cosa pública. Le obliga la propia Constitución. Otra
cosa es que deseemos que haya una participación de otras entidades
sociales en este aspecto. Por eso Coalición Canaria presentará una
enmienda al artículo 1º sobre lo que nosotros llamamos los principios de
organización de la Administración del Estado.A nuestro juicio es una
enmienda enriquecedora del proyecto del Gobierno, que coincide con algo
que también se ha dicho aquí. Nosotros recogemos ese principio de
complementariedad en el texto de las enmiendas de totalidad presentadas,
pero lo llevamos como enmienda al articulado. El proyecto del Gobierno en
su artículo 3º.1 habla de los principios de organización y nosotros los
ponemos como jerarquía, supremacía, descentralización, descentralización
funcional, desconcentración, simplicidad, claridad y proximidad a los
ciudadanos y coordinación. Porque qué duda cabe también que este proyecto
de ley será una pieza para articular con los estatutos de autonomía de
las comunidades autónomas, en base constitucional de las transferencias
que hay, porque en Canarias pensamos que por qué se va a quedar esto sólo
entre Administración central del Estado, la comunidad autónoma y el
municipio si en Canarias tenemos la figura de los cabildos insulares, que
tienen unas competencias por estatuto de autonomía y por la Constitución
en la Administración general de muchos servicios en la propia demarcación
territorial de la isla.
Por tanto, señorías, nosotros entendemos que el proyecto no es merecedor
de enmiendas de totalidad y de devolución, sí de enmiendas al articulado,
por supuesto. Desde Coalición Canaria hemos observado un vacío que es el
tema de los delegados o subdelegados o representantes del Gobierno en las
islas periféricas. En Canarias se da un fenómeno singular. Es una
comunidad autónoma biprovincial, habrá un delegado del Gobierno, como lo
hay, que está en una de las islas, que el Estatuto ya señaló que fuera la
de Gran Canaria, por tanto el subdelegado del Gobierno estará en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros no perdemos, como no pierde
el proyecto, la óptica de la Constitución de la existencia de la
provincia. Pero ocurre en Canarias, como puede ocurrir también en el caso
de Baleares, aunque ahora estoy refiriéndome a Canarias, que una
provincia como la de Santa Cruz de Tenerife tiene cuatro islas. Se
supone, si bien nosotros queremos que el proyecto lo aclare, que en la
isla capitalina reside el subdelegado del Gobierno y en las islas
periféricas o menores, como se habitúa a llamarlas allí, la figura que
hay hoy --que venía existiendo desde muy antiguo-- del delegado del
gobierno en las islas menores, al haber ahora un delegado del gobierno,
para evitar confusionismo, nosotros proponemos que se llame el
representante del Gobierno o el vicedelegado o el delegado del
subdelegado, como quiera el Gobierno en sus enmiendas transaccionales
aceptarlo, para que no queden estas islas menores carentes de una
representación de la autoridad de la representación del Gobierno general
del Estado y esto siga funcionando armónicamente.
Coalición Canaria lo que desea en el fondo es que, coincidiendo con el
espíritu del proyecto del Gobierno, la Administración general del Estado
garantice algo que exige la Constitución: la gobernabilidad y la
representación de los órganos administrativos, por supuesto en
coordinación con los otros poderes, pero aquí no estamos modificando ni
los estatutos de las comunidades autónomas ni la Ley de Bases de Régimen
Local. ¿Que habrá que adecuarlas y armonizarlas? Por supuesto. Por estas
razones, señorías, nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de
totalidad y de devolución y apoyaremos el texto del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Vasco votará en contra de las enmiendas a la
totalidad, y ello pese a que es cierto que, como argumentan las
enmiendas, el proyecto no concreta el significado real del concepto de la
Administración única ni, desde luego, se establecen sus consecuencias
prácticas. Es verdad igualmente que tampoco se vislumbra en su articulado
en qué va a quedar la descentralización a la que teóricamente conduciría
ese concepto ni cómo se abordará la consiguiente reorganización de la
Administración periférica del Estado. Existe coincidencia también en la
apreciación de que este proyecto es una versión simplificada del
presentado por el Gobierno del Partido Socialista en la pasada
legislatura. Ahora bien, pese a que se trata de un texto reescrito sobre
el anterior, tiene una menor significación política que aquel y, además,
parece situar en un segundo plano --se invoca de pasada en la exposición
de motivos-- un principio tan fundamental para un Estado de Derecho como
es el de legalidad. La línea que ahora se sigue es marcadamente
tecnocrática y se escora en exceso hacia la eficiencia como meta aséptica
y hacia una preferencia acrítica de lo privado sobre lo público. En este
punto, que es objetivado por Izquierda Unida, el proyecto parte de un
prejuicio bastante simplista hacia la Administración, basado más en la
dimensión de ésta que en su razón de ser en un Estado democrático
moderno, pero tampoco es de recibo la tesis contraria que santifica lo
público y reniega de lo privado sin cuestionar los motivos de esa
calificación.
De lo dicho hasta aquí se deduce claramente que el texto del Gobierno no
nos satisface del todo, y no sólo por las razones expuestas sino también
por otros motivos
que comentaré. Sin embargo, pese a todo, nos parece que tampoco merece
una enmienda a la totalidad como las presentadas. Lo acertado sería que
todos hiciéramos un esfuerzo para, a través del trámite parlamentario,
paliar las deficiencias de las que en este momento adolece, unas
deficiencias que creo que son en su mayoría el fruto de una cierta
precipitación en la reelaboración del proyecto por parte del Gobierno y
en la falta de atención a la dimensión política y no sólo técnica de la
regulación. Hay que insistir, por tanto, en la necesidad de dar un nuevo
enfoque a la orientación del proyecto en un sentido menos tecnocrático y
eficientista y darle una mayor profundidad política acorde con los
requerimientos del Estado de bienestar, al que no podemos en absoluto
renunciar.
Desde esta perspectiva, creemos que la crítica, en este caso de Izquierda
Unida, es perfectamente compatible, por no decir que es imprescindible
que lo sea, con la utilización en esta materia de cuantas técnicas y
modelos de organización y gestión se han ideado y se utilizan por otras
grandes organizaciones modernas y competitivas, sean públicas o privadas.
Esto es elemental, pues no olvidemos que la gestión pública, las
políticas de bienestar, el compromiso social de los poderes públicos
demandan una Administración más eficiente y menos costosa. Si ello exige
flexibilidad en los instrumentos, dejando un mayor campo de acción a la
iniciativa social o a fórmulas mixtas, habrá que acudir a ellas sin
complejos. Lo que no es lícito ni democrático es sacralizar lo
público y el modelo burocrático tradicional para defender la posición de
esta generación, hipotecando el futuro de las que vengan detrás y se
enfrenten a la quiebra, no hipotética sino real, del Estado social por
agotamiento de los recursos disponibles para las prestaciones sociales
básicas.
Así pues, teniendo en cuenta que, hoy más que nunca, la Administración no
es un absoluto uniforme en todos sus sectores y que la heterogeneidad de
las funciones y servicios públicos es su principal característica,
adaptémonos a esta realidad. Estas son las premisas que nosotros hemos
defendido y estamos intentando hacer efectivas en nuestras instituciones,
las vascas, mediante un ambicioso proceso de racionalización y
modernización administrativa, que no obedece sólo al objetivo del control
del gasto sino que se orienta fundamentalmente hacia la mejor atención a
los ciudadanos a los que la Administración sirve.
En otro orden de cosas he de decir que nuestra postura, favorable a la
tramitación del proyecto o, si se prefiere, no contraria al mismo, no
descansa en el hecho, testimonial para algunos pero para nosotros muy
relevante, de la desaparición de los gobernadores civiles y la promesa de
solución práctica de esta problemática existente en torno a ellos. Desde
luego, esta cuestión constituyó uno de los motivos de la enmienda a la
totalidad que en su día presentamos contra el proyecto del Partido
Socialista, del que éste trae causa. Ahora parece que se aborda de una
mejor manera. Y lo digo en el entendimiento de que cuanto se regula en
materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, es respecto de la
competencia de la Administración del Estado y no de las competencias que
ya no tiene, como ocurre en el caso vasco, en el que el propio Estatuto y
la Ley de Seguridad Ciudadana han desapoderado al Estado en este ámbito.
Esta mejor manera de abordar los problemas, unido a la confianza en que
los escollos principales que presenta de indefinición del concepto y
consecuencias prácticas de lo que sea la Administración única, de la no
articulación de la presencia de las comunidades autónomas en el sector
público empresarial radicado en ellas, si lo prevén sus estatutos, o el
no facilitar, en la organización exterior del Estado, la presencia de las
comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias propias o
que, finalmente, no se haya aprovechado para excepcionar de la
organización militar, en la disposición adicional primera, al Centro
Superior de Investigación de la Defensa, estos escollos, digo, podrán ir
solventándose en el curso de la discusión parlamentaria del articulado,
lo cual nos lleva a apostar por posibilitar la tramitación del proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) , tiene la palabra la
señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas y señores Diputados, el proyecto de ley de organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado --de ahora en
adelante, coloquialmente, Lofage--, que el Gobierno del Estado español ha
presentado, es, a nuestro parecer, una propuesta política que intenta
convertir la Administración general proveniente de un Estado uniformador
y centralista en una administración adecuada a la nueva estructura del
Estado compuesto autonómico. Sus autores han mantenido el criterio de
política legislativa del anterior Gobierno de separar en dos textos
legislativos diferentes la ordenación del Gobierno y de la
Administración. Esta elección tiene, indudablemente, ventajas e
inconvenientes. A nosotros nos parece que quizá hubiera sido aconsejable
conocer ambos proyectos simultáneamente, para poder realizar una
valoración global más adecuada de la reforma que se aborda del aparato
administrativo del Estado.
El análisis de este proyecto puede tener dos lecturas, la jurídica y la
política simbólica. Es sobre esta última lectura sobre la que el Grup
Català hace su valoración para fundamentar la posición al respecto de las
enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto.
El proyecto gubernamental persigue, a nuestro parecer, el objetivo de
organizar la Administración general modernizando la estructura ya
conocida en una síntesis de perspectiva interna, o sea, la de la propia
Administración actuante, y de perspectiva externa, aquella que tiene la
ciudadanía usuaria de aquélla, y lo hace apoyándose en una formulación de
principios clásica, casi diría yo proverbial, en que en algunos puntos es
contradictoria, como ha apuntado la señora Diputada Lasagabaster, cuando
se intenta armonizar los principios de jerarquía y de descentralización.
En esa perspectiva externa, la del cliente o usuario administrado, el
proyecto sitúa el camino hacia la Administración única, ignorando en
ocasiones la verdadera causa que origina esta necesidad, que es la propia
estructura plural del Estado, una realidad que debería impregnar todas
las actuaciones de la Administración.
Ciertamente, como ha dicho el señor Ministro, el proceso de reforma
política y construcción institucional del Estado español no se ha visto
acompañado por la transformación paralela en las estructuras
administrativas, y la concurrencia de la Administración periférica y de
la Administración de las comunidades autónomas origina conflictos que a
veces anulan sus propias actuaciones, mientras que conducen a que el
aparato administrativo del Estado mantenga su preeminencia y el centro de
decisión bajo el sucedáneo de control técnico. Nosotros creemos que la
Lofage es una consecuencia y a la vez un ejemplo de la crisis que sufre
la Administración y que no definiríamos como una crisis de eficacia, sino
de identidad. La realidad de un Estado compuesto y plurinacional, con
gobiernos de signo distinto y de culturas públicas distintas, ha puesto
en crisis, que quiere decir en situación de cambio, el cometido de la
Administración general del Estado como actuante protagonista de la
voluntad centralizadora de decisiones y como imagen y representación
única de ese mismo Estado.
Pero el Estado español tiene colores diversos, como diversos son los
pueblos, las acciones y las regiones que en él coexisten, y por ello es
un Estado poliédrico. Por eso creemos que debe articularse
administrativamente la coexistencia de las dos esferas, la Administración
general del Estado y la de las comunidades autónomas, dando preeminencia
en éstas a su territorio. Esta sería la Administración única, que además
sería la única garante para suprimir duplicidades y estructuras y reducir
el gasto público. Un cambio como el que inicia y pretende el proyecto de
la Lofage necesita también asomarse al pasado y atacar de raíz los
símbolos más emblemáticos del universo ceremonial superviviente de la
antigua Administración triunfal.
Señor Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, este es un
punto de concurrencia entre su grupo y el nuestro. Ustedes presentaron,
como usted mismo ha recordado, una proposición no de ley al respecto.
Para la sociedad catalana, para Cataluña y para nuestro grupo en
particular este símbolo de la antigua Administración se identifica con la
figura del gobernador civil. El gobernador civil forma parte de la
iconografía, del aparato ideológico de un sistema político centralista,
uniformizador y negador de las diferencias, y creemos que respondió en su
génesis y desarrollo y en su supervivencia a las palabras de Althusser
cuando dice que detrás de todo aparato ideológico del Estado se perfila
el aparato represivo de este Estado. Así pues, la desaparición de la
figura del gobernador civil, la pérdida de contenido político, así como
la funcionarización del delegado del gobierno merecen nuestra valoración
positiva, ya que dan respuesta a una reivindicación permanente y legítima
desde el siglo XVIII en Cataluña.
Hay en el proyecto de la Lofage otros puntos favorables respecto a
proyectos anteriores que merecen nuestra aprobación: la simplificación y
eliminación de contenidos prescindibles y la regulación de la estructura
de la Administración de manera más adecuada y respetuosa con el Estado
autonómico.
El proyecto es una propuesta moderna, razonable y, como todo lo humano y
en especial lo gubernamental, perfectible, y especialmente en aquellos
aspectos relacionados con las excesivas competencias de los subdelegados
del Gobierno, la dependencia, la previa aprobación doble del
nombramiento, y también en aquellos aspectos relacionados con las
empresas públicas, las relaciones exteriores y los mecanismos de relación
con las corporaciones locales. Creemos que debería corregirse su timidez
para hacer más evidente la estructura plurimorfa y las culturas y
aspiraciones públicas diferentes del Estado en las actuaciones y
servicios de la Administración general de aquél. Las Administraciones
autonómicas son ya adultas y son también Administración del Estado.
Creemos que este es el escenario para la reflexión y que no debería haber
otro posible.
Confiamos que el proyecto que se propone hoy aquí devolver al Gobierno
responderá a mayores exigencias técnicas y políticas, con el trabajo
responsable de todos los grupos parlamentarios durante el trámite de
enmiendas a su articulado. Por esta razón, creemos y defendemos que no
merece ser devuelto a sus autores, porque tiene indudables y suficientes
aciertos que mantener; tiene suficientes defectos que corregir y
suficientes vacíos que llenar para que, después del proceso de enmiendas,
el proyecto de hoy sea la ley moderna y abierta que satisfaga a toda la
sociedad.
Por todo ello, votaremos desfavorablemente la intención de las enmiendas
sometidas ahora a debate.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en este debate de totalidad,
en relación con el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado.
Ciertamente, en opinión del Grupo Socialista, la virtualidad máxima que
tienen las tres enmiendas a la totalidad que se han presentado es
facilitar este debate de carácter general ante el Pleno de la Cámara. Más
allá de esa consideración he de confesar que, en nuestra opinión, no son
compatibles buena parte de los argumentos que aparecen formulados, es
verdad que de forma bastante vaga, en las tres enmiendas que provocan
este debate de totalidad.
Hay algunas de las objeciones, que aparecen en la enmienda de Izquierda
Unida, que están más cerca de las posiciones del Grupo Socialista;
también aparecen algunas referencias en las otras dos enmiendas, y es ese
tono de fondo de desconfianza que aparece en el nuevo proyecto de este
Gobierno hacia el sector público.
Curiosamente este debate nos permite hoy hacer algo que prácticamente,
desde la aprobación de la Constitución, no se había producido en esta
Cámara, y es un debate sobre la Administración general del Estado. La
vorágine histórica, lo que suponía la aprobación de la Constitución y su
Título VIII, ha hecho que haya habido innumerables debates sobre las
otras Administraciones que integran el Estado, pero muy poco debate sobre
la propia Administración del Estado, y esto no deja de ser una paradoja.
Es más, al Grupo Socialista nos preocupa que el tono del propio contenido
de la ley, sobre todo los desafortunados cambios en la exposición de
motivos, e incluso la propia intervención del Ministro, han dejado un
poso de desconfianza, de imagen negativa de la Administración general del
Estado.
Yo creo que habría que hacer un acto de reivindicación del buen hacer y
del buen funcionamiento, en términos generales, de la Administración
general del Estado; del buen funcionamiento de la prestación de los
servicios públicos que hace la Administración general del Estado, la que
se ha configurado fundamentalmente a través de la aprobación de la
Constitución, y la que hoy funciona . Y nos hubiera gustado, hubiera
sido, incluso, más lógico, que eso lo hubiera hecho el actual Gobierno de
la nación, que ciertamente tiene que empezar a sentirse como tal
Gobierno. Sabe que cuenta con una buena Administración general del
Estado, independientemente de que represente al Estado,
independientemente de que represente al Gobierno de la nación, que parece
que en esta Cámara hacer una posición de defensa de lo que es el Gobierno
del Estado y, en definitiva, de lo que es la representación global del
Estado en su sentido estricto, es difícil, o cuesta, o está en contra de
los vientos de la historia. Pero ciertamente esos vientos de la historia
son cíclicos y cambiantes, y nunca debemos dejarnos llevar por un
oportunismo coyuntural.
Por tanto, el Grupo Socialista va a articular, lógicamente, un conjunto
de enmiendas destinadas a mejorar el texto que ha presentado el Gobierno;
un texto que, como se ha dicho aquí, reproduce en buena medida el texto
presentado por el Gobierno anterior, pero que ha introducido cambios,
algunos de ellos a nuestro juicio bastante negativos.
En primer lugar, nos gustaría afirmar que hubiera sido bueno que esta ley
se acompañara de la ley de Gobierno y que el debate hubiera sido
conjunto. En segundo lugar, creemos sinceramente que el principio que
intenta instaurar como teóricamente novedoso la ley de profesionalización
de la Administración, que es plasmado en la pretendida funcionarización
de determinados altos cargos, con sus excepciones, es un principio que
está falsamente planteado. Lo que determina qué grado de
profesionalización tiene una Administración, cuando se produce un cambio
de Gobierno, es hasta qué niveles alcanza lo que históricamente se
conocía como el botín de la representación política, lo que en Estados
Unidos alcanza unos niveles casi absolutamente alarmantes.
Pues bien, señorías, si ustedes quieren trasladar ese principio, desde
luego sus actuaciones en la práctica han sido bastante llamativas.
Ustedes han llevado los cambios más allá de cualquier consideración de la
profesionalidad, más allá de cualquier consideración de la gestión de
muchos de los responsables en distintos niveles de la Administración
general del Estado. Si no, habría que explicar --tendremos tiempo de
debatir sobre ello-- muchos de los cambios que se han producido, de los
ceses en masa en el Boletín Oficial del Estado, incluso de gestores de
entidades o de direcciones provinciales que tienen acreditado unos
resultados magníficos. Quizá objetivamente se puede afirmar que no ha
habido, desde la aprobación de la Constitución, un cambio de Gobierno que
haya aparejado un nivel de politización tan grande a la hora del relevo
en la Administración.
Sin duda alguna el tema nuclear, aparentemente, del proyecto de ley que
hoy empezamos a debatir, es el cambio relativo a la Administración
periférica del Estado. Yo creo que el Gobierno y, en su caso, el Grupo
Popular, en esta materia ha tenido un marco muy condicionante, porque en
buena medida --alguien lo decía con cierta gracia-- estamos, en parte, en
una ley de acompañamiento de los pactos que dieron lugar a la
investidura, pero yo estoy plenamente convencido de que el modelo que se
ha plasmado de Administración
periférica es equívoco, un modelo que avanza escasamente hacia lo que
debería de ser una real simplificación y, al mismo tiempo, camina en una
dirección preocupante, a juicio del Grupo Socialista, plagada de
contradicciones, y donde parece que el que el Gobierno de la nación tenga
una representación política en todo el territorio nacional es un tabú de
poca consistencia democrática, o que va contra el Estado autonómico o el
Estado compuesto.
Pues bien, desde la perspectiva del Grupo Socialista no es así. El Grupo
Socialista cree que el Gobierno de la nación tiene que tener
representación política en todo el territorio nacional, y esto es
especialmente importante en aquellas comunidades autónomas que están
integradas por muchas provincias, y es importante para los ciudadanos,
para que sientan quién representa, en términos políticos, al Gobierno,
quién explica sus políticas públicas y que haya esa cercanía y esa
inmediación que la Constitución trae.
Se ha dicho que con esta ley desaparece o va a desaparecer esa figura tan
controvertida, tan discutida, de los gobernadores, que se asimila al
régimen anterior. En rigor los gobernadores habían desaparecido ya, no de
nombre pero sí en su contenido y en su función, porque en nada se ha
parecido el papel que representaban bajo el Estado democrático, y a
medida que se ha ido construyendo el Estado autonómico, con el papel que
representaron en el Estado centralista.
El proyecto camina por un territorio laberíntico en relación con esa
definición del nuevo representante, no ya del Gobierno, sino del delegado
del Gobierno , que es el subdelegado. Siempre se ha dicho que una
delegación de la delegación es algo bastante malo, pero cuando a esa
delegación de la delegación se le atribuye todavía un papel que supone,
como ha reconocido el Ministro y está en el proyecto de ley, nada más y
nada menos que ser el responsable de la garantía de los derechos y
libertades públicas, de la seguridad ciudadana y el ejercicio de la
dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada
provincia, salvando allí donde las comunidades autónomas tienen atribuida
esta competencia, que eso se atribuya por delegación de la delegación es
poco sostenible. Igual que es poco sostenible que ese papel lo desempeñe
alguien que tenga un rango de subdirector general, que va a tener la
responsabilidad de dirigir a funcionarios seguramente con más rango
orgánico y con más nivel en la propia Administración periférica, en sus
organismos o en las delegaciones de Defensa, etcétera. Es una
incoherencia, fruto de la incapacidad del Gobierno de tener un modelo
serio, y es tributario en este caso de la necesidad de garantizar una
investidura y un pacto de gobernabilidad.
Nos ha sorprendido que ese modelo se plasme de una forma tan
contradictoria y tan poco positiva, cuando además, y el Grupo Socialista
anuncia que ha presentado alguna enmienda en esa dirección, no parece que
haya una simplificación real de la Administración periférica. Hay que
comprometerse políticamente a decir en qué tiempo van a desaparecer las
direcciones provinciales, en función de la duplicidad de la que ustedes
han hablado. Siempre han hablado de que existe una duplicidad , el texto
lo deja por escrito y lo reitera en muchas ocasiones, y no hay un
compromiso claro. Igual que es contradictorio que en la figura del
delegado del Gobierno hayan recortado su papel político fundamental en
relación con el texto que remitió a la Cámara el anterior Gobierno. El
Grupo Socialista va a trabajar también en esa dirección.
Igualmente nos parece que hay una contradicción en algún otro aspecto en
la exposición de motivos . Si todos estamos por la simplificación de la
Administración general del Estado, igual que deberíamos de estar por la
simplificación de las Administraciones de las comunidades autónomas,
algunas de las cuales no renuncian a tener su representación territorial
de una manera política en cada una de las provincias que integran su
comunidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego vaya concluyendo.
EL señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Algunas no renuncian a tener un número significativo de altos cargos.
Nosotros vamos a proponer una reducción de la tipología de órganos
superiores y directivos proponiendo la desaparición de las secretarías
generales y de las secretarías generales técnicas, que vienen siendo
figuras que encajan de manera anómala en lo que es la estructura de la
Administración del Estado.
En definitiva, nos hubiera gustado, porque creemos que estamos ante un
proyecto importante --aunque no diseñe en este caso el desarrollo del
Título VIII--, que el Gobierno en su presentación hubiera hecho una
oferta de diálogo y de consenso. Ha estado ausente en su presentación.
Lamentamos que el Gobierno actual , como ha demostrado ya en el pacto de
financiación autonómica, no ponga como primer elemento en su estrategia
política llegar a acuerdos en temas que afectan a cuestiones esenciales
de la organización territorial del Estado. Y señor Ministro, desde
nuestra perspectiva, esta ley afecta a cuestiones esenciales de la
organización del Estado. La representación del Gobierno en el territorio
es una cuestión esencial, el modelo de Administración que después de
tantos años vamos a discutir es una cuestión esencial.
El Grupo Socialista, participando en este turno y anunciando que va a
votar en contra de las enmiendas a la totalidad, pone de manifiesto su
claro y sincero interés
porque se produzca ese diálogo y porque se pueda mejorar el texto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, normalmente cuando se presenta una enmienda a la totalidad se
produce como consecuencia de que tras un estudio detenido de lo que es un
proyecto de ley se observan discrepancias de fondo en los temas
esenciales que contiene ese proyecto.
En este caso, dadas las argumentaciones expuestas por los enmendantes a
la totalidad, he de decir que la impresión que tenemos es que el
procedimiento ha sido a la inversa. Primero se ha decidido presentar
enmienda a la totalidad y luego se ha intentado buscar justificaciones.
Digo esto por la debilidad de los argumentos utilizados por los
enmendantes, porque reflejan una lectura superficial, llena de
desconfianza y apresurada de lo que es el proyecto de ley.
Aparte de estas consideraciones también diré algo que ha sido apuntado
por otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, cual es
que muchas de las justificaciones empleadas en la enmienda a la totalidad
son, sin duda, más propias de enmiendas al articulado, por lo que ésta
habría sido la vía más correcta, lo cual deseo que se lleve a cabo para
mejorar un texto que el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha calificado como oportuno y necesario. Muchas gracias, señor
Ríos.
Y en ese sentido, aun cuando este último grupo no haya presentado, por lo
menos hasta la fecha de ayer, enmiendas al articulado, sí lo han hecho
los otros dos enmendantes, concretamente el señor Rodríguez y la señora
Lasagabaster. El primero ha presentado 15 enmiendas y la segunda siete. Y
les doy las gracias en nombre del Grupo Popular porque para eso estamos,
para entre todos mejorar los textos y hacer las mejores leyes posibles.
Pero también he de decirles con firmeza que las enmiendas que ustedes
presentan al articulado, que por cierto carecen todas ellas de
motivación, son, en una gran mayoría, mejoras puntuales que no afectan a
lo que es el núcleo esencial o a la filosofía del proyecto de ley.
Igualmente resulta llamativo que algunas de las justificaciones
utilizadas en la enmienda a la totalidad luego no se hayan traducido en
enmiendas al articulado en esos puntos concretos.
En cualquier caso, quisiera dar una respuesta conjunta a los argumentos
básicos utilizados por los enmendantes. Así, en primer lugar, se quiere
ver una pretendida reducción de lo que es el sector público. Sobre todo a
ustedes, señores representantes de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, les pediría que no vieran fantasmas donde no los hay, porque
desde luego llegar a ver que en el proyecto de ley, tal y como ustedes
manifiestan en su escrito de enmienda a la totalidad, subyace que no hay
ya interés público sino una serie de intereses privados a compaginar, o
llegar a decir que los gestores públicos renuncian al poder decisorio
sobre la satisfacción de los intereses públicos, me parece digno de una
antología del disparate.
Nosotros no renunciamos en modo alguno al sector público, pero lo que sí
queremos es que éste sea racional y eficaz. Ustedes prefieren lo público
aun cuando sea malo. Nosotros queremos un sector público --le decía-- que
sea eficaz y que dé respuesta a las diversas necesidades de los
contribuyentes de la forma menos costosa. En efecto, en la exposición de
motivos se afirma lo que es el principio de subsidiariedad y la
progresiva simplificación del sector público y no hay que extrañarse por
ello, porque además ésta es la posición dominante en el mundo más
desarrollado.
En cualquier caso, es importante señalar que este proyecto de ley no
pretende en modo alguno diseñar lo que es la dimensión de la
Administración del Estado, sino más bien determinar lo que es el modelo
organizativo y funcional que promueva una Administración más sencilla,
mejor ordenada, más eficaz y, desde luego, más preparada para el siglo
XXI. Entendemos que el proyecto de ley de la Lofage cumple perfectamente
este objetivo, porque nosotros no compartimos el criterio de ande o no
ande, caballo grande, que ustedes aplican a la Administración.
En segundo lugar, tengo que decir que, sorprendentemente, se ha criticado
la profesionalización de los cargos directivos, y digo sorprendentemente
porque, sensu contrario, podría deducirse que los enmendantes preferirían
que estos puestos fueran ocupados por políticos, tal y como sucedió en el
anterior gobierno socialista. (Rumores.) Nosotros entendemos que las
funciones de dirección en el seno de la Administración...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un instante, señor
López-Medel.
Señorías, ruego silencio. Señor Sanjuán. (Pausa.)
Señor Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Martínez Sanjuán.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Sanjuán, le ruego que no ocupe el pasillo ni mantenga conversaciones que
interrumpen la normalidad del debate. Muchas gracias, señorías.
Continúe, señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Decía que nosotros entendemos que las
funciones de dirección en el seno de la Administración requieren una
cualificación técnica, porque, en definitiva, lo que los ciudadanos
demandan a la Administración es, ante todo, buenos gestores, de ahí que
se requiera la condición de funcionario con titulación superior. Pero,
además, en el artículo 10 del proyecto de ley se exige que estas personas
cumplan con los requisitos de competencia profesional y experiencia en la
gestión. Y les pediría que, por favor, en ningún momento confundan lo que
es la exigencia de titulación con las posibilidades de promoción, que es
una materia que debe ser objeto de tratamiento específico en el futuro
estatuto de la Función pública.
En tercer lugar, se afirma que es escasa la modificación en la estructura
superior de la Administración general del Estado. Yo les diría que es la
primera vez que se lleva a cabo una delimitación clara entre lo que son
los órganos políticos, ministros y secretarios de Estado, y lo que son
los órganos directivos y profesionales, siendo esto absolutamente
novedoso en el Derecho español.
En cuanto al mantenimiento de figuras como la de subsecretario o
secretario general técnico, diría que nosotros consideramos importantes
las labores horizontales en los ministerios. No entendemos que un
departamento esté dividido en áreas estancas o totalmente separadas,
sino, por contra, que deben existir unos servicios comunes, que son muy
importantes y requieren una organización básica y una coordinación.
En cuarto lugar, se ha afirmado por los enmendantes que existe una
simplificación muy reducida de la Administración periférica del Estado.
Sin duda alguna éste es uno de los aspectos más sorprendentes de sus
enmiendas. He de recordar que, a poco de iniciar esta legislatura, el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una
proposición de ley que iba a ser objeto de debate y votación el pasado
martes y que fue retirada horas antes. En esa proposición de ley el grupo
enmendante proponía que se suprimieran los gobiernos civiles y que se
regulase la figura del delegado del Gobierno. He de decir que si el tema
de principal calado político que contiene el proyecto de ley remitido por
el Gobierno es precisamente la supresión de los gobiernos civiles y una
importante simplificación de la Administración periférica, me resulta
inconcebible que hayan presentado una enmienda a la totalidad. Confieso
que no les entiendo.
Además, quiero decirles que ustedes tienen una visión absolutamente
fragmentaria de lo que es la Administración periférica del Estado.
Nosotros, tal y como hace el proyecto de ley del Gobierno, consideramos
mucho más acertado hacer una regulación más global de lo que es la
Administración general del Estado, en la cual se inserta, pero no se
separa, la Administración periférica, la cual ha de estar coordinada con
lo que es la Administración central; de ahí la coordinación con los
distintos departamentos ministeriales.
Por otra parte, pretender minimizar la reforma de la Administración
periférica es algo incierto. Yo afirmo con total rotundidad que la
envergadura de la reforma diseñada en el proyecto de ley es histórica, y
sólo destacaré tres aspectos.
En primer lugar, la figura del delegado cambia sustancialmente: se
refuerzan sus competencias en materia de seguridad ciudadana y muchas de
las funciones que los gobernadores ejercen actualmente; realmente va a
dirigir los servicios periféricos que van a quedar integrados en las
delegaciones; se refuerza notablemente su posición de superioridad sobre
los subdelegados; se promueve una mejor relación con las comunidades
autónomas, etcétera.
En segundo lugar, se suprimen los gobiernos civiles, gobiernos civiles
que no habían desaparecido y habían seguido actuando en el sentido más
propio y tradicional de este término. En ese sentido, también queremos
suprimir los gobiernos civiles por las connotaciones que ello tiene, por
lo cual resulta sorprendente que por el representante del Grupo
Socialista se pretenda mantener la existencia en las provincias de lo que
son auténticamente agentes políticos. Pues bien, esta supresión de
gobiernos civiles decía que es clara y rotunda, y no puede ser confundida
esta figura con la nueva que se crea de los subdelegados del Gobierno. Es
una figura absolutamente nueva por su diferente perfil profesional y no
político; es nueva por su forma de nombramiento; es nueva por las
competencias mucho más reducidas, que son esencialmente gestores, y es
nueva por la clara subordinación al delegado del Gobierno.
En tercer lugar, la reforma que se pretende es de tal envergadura que,
cuando la planta de la Administración periférica esté instalada en la
Lofage, nada va a tener que ver con la existente en la actualidad,
produciéndose la desaparición de direcciones territoriales y
provinciales.
Por último, en este punto permítame, señor Ríos, que le diga que ustedes
a pesar de que dicen querer --y yo creo que son sinceros-- la reforma de
la Administración periférica, sin embargo parece que no tienen mucha
prisa en que eso se lleve a cabo. Y si no se ha apercibido le quiero
llamar la atención sólo sobre dos preceptos de la proposición de ley que
ustedes presentaron en esta Cámara y su comparación con lo que dice el
proyecto de ley del Gobierno. En primer lugar, en cuanto a la supresión
de los gobiernos civiles, ustedes proponían que se llevase a cabo en el
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la proposición de ley, y
nosotros queremos que esto se lleve a cabo en el mismo día de su completa
publicación o en el plazo de veinte días. Pero es que además la segunda
contradicción es más palmaria, porque en sus disposiciones transitorias
ustedes concedían al Gobierno el plazo de dos años para llevar a cabo una
adaptación de la Administración periférica. Pues bien, el plazo que el
Gobierno se concede a sí mismo en este proyecto de ley no es de dos años,
es tan sólo de seis meses, con lo cual revela que nosotros tenemos unas
grandes ganas de llevar a cabo esa Administración periférica.
También se han señalado competencias u observaciones en materia de
seguridad ciudadana, concretamente de la señora Lasagabaster. Quisiera
decirle muy brevemente que la Lofage se está refiriendo solamente a lo
que es la Administración general del Estado y, por tanto, a lo largo de
todo su articulado hace siempre referencia a las competencias de lo que
según el ordenamiento constitucional le corresponde, sin necesidad de
detallar o repetir en cada caso que son competencias que corresponden a
la Administración del Estado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Medel,
le ruego vaya concluyendo.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, señor Presidente, voy concluyendo.
En todo caso, señora Lasagabaster, le anuncio que el Grupo Parlamentario
Popular está abierto a buscar alguna fórmula para que haciendo un
reconocimiento evidente de las competencias que el Estado tiene en
materia de seguridad, también exista un cierto reconocimiento de las
competencias que algunas comunidades autónomas puedan tener en esta
materia.
Por otra parte, y de una manera muy breve, las críticas que se hacen en
el sentido de que no hay referencia alguna a los consejos de ministros y
comisiones delegadas, como ha dicho anteriormente el Ministro pronto se
presentará un proyecto de ley y nosotros hemos optado por esta solución,
que usted la ve positiva y que, no obstante, el representante del Grupo
Socialista la ve negativa. Nosotros queremos hacer una clara delimitación
entre los órganos políticos y los órganos profesionales.
Por último, dejando a un lado otros aspectos que quisiera en otro momento
señalar, quiero decir también que, desde luego, el proyecto de ley de la
Lofage contiene importantes menciones a las corporaciones locales, como
consecuencia de las transferencias que se produzcan a éstas, pero
queremos respetar siempre lógicamente las competencias autonómicas que
existen en materia local. La participación ciudadana es un punto
importante que usted hoy no ha señalado, y quiero recordarle que en los
artículos 4 y 37 son aspectos muy novedosos, ya que se permite la
participación de organizaciones representativas en los órganos
colegiados.
Concluyo ya. En cualquier caso, les emplazo a todos los grupos a que en
el trabajo en Comisión, de una manera coherente, responsable y con
actitud abierta, como nosotros vamos a tener, logremos la mejor ley
posible, efectuando el cumplimiento de un compromiso que en el debate de
investidura esta Cámara otorgó con la confianza al nuevo Presidente del
Gobierno, José María Aznar, por la cual va a existir en esta legislatura
una ley que lleve a cabo una profunda reestructuración de la
Administración general del Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel. Vamos a proceder a la votación. (El señor Ministro de
Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.) Perdón, señor
Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
No es una intervención para debatir con ninguno de los intervinientes
anteriores; simplemente para agradecer el tono en el que se ha producido
el debate.
Manifestar que estoy absolutamente convencido de que va a majorarse a lo
largo de todo el trámite, porque realmente, como ha dicho el señor
López-Medel en su intervención, no he visto dificultades insuperables en
las enmiendas de totalidad que han presentado los portavoces de los
grupos que han decidido hacerlo.
Sí quiero señalar dos cosas. Primero, que este proyecto de ley supone el
inicio de la refoma de la Administración periférica del Estado. desde
luego, supone la reforma más importante que se ha planteado en España en
muchos años y quiero que esto conste en el «Diario de Sesiones».
En segundo lugar, quisiera hacer un comentario sobre alguna afirmación
que se ha hecho en el sentido de que este proyecto de ley es continuación
de otro proyecto de ley que en su día presentó aquí el anterior Gobierno
con algunas modificaciones; incluso se ha esgrimido como argumento de que
así lo es un informe presentado por los servicios jurídicos de esta
Cámara. No sé si eso es la constatación de un hecho, es una crítica hacia
el Gobierno o es un elogio; yo lo tomo como un elogio. A mí me parecería
mucho más preocupante que este Gobierno, en un asunto de estas
características, presentase un proyecto absoluta y radicalmente diferente
del que presentó en su día el anterior Gobierno. Desde luego, siempre que
tenga que presentar un asunto de estas características procuraré
aprovechar todo lo que, en mi opinión, haya de bueno en los servicios
correspondientes de los ministerios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas de totalidad, de
devolución del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 22; en contra, 285; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
devolución del proyecto debatido.
--PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO.) (Número de
expediente 121/000003.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones. Al proyecto se han presentado dos enmiendas de
totalidad con texto alternativo.
Para la defensa de la presentada por el Grupo Socialista del Congreso,
tiene la palabra el señor García-Arreciado Batanero. (Rumores.--Varios
señores Diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, guarden silencio. Les ruego que si han de abandonar el
hemiciclo lo hagan con la máxima celeridad. (Pausa.) Saben SS.SS. que a
este proyecto de ley se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En
consecuencia, el debate se presume largo y aún hemos de entrar a debatir
otro proyecto de ley. Por tanto, en beneficio de todos les ruego que
abandonen rápidamente el hemiciclo, si desean hacerlo, y, en caso
contrario, guarden silencio, señorías, para que pueda comenzar su
intervención el señor García-Arreciado.
Cuando quiera, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, es mi intención, y la de mi grupo, que una
historia que ha comenzado mal tenga un buen final. Ha comenzado mal,
porque al igual que en la mejor época caciquil del Conde de Romanones, el
Gobierno de la nación ha decidido dejarnos hacer la ley mientras él se
dedicaba a hacer los reglamentos. Quiero añadir que la igualdad es
meramente formal y en ningún caso la considero de fondo; pero la conocida
máxima, ciertamente cínica, del Conde de hagan ustedes la ley, que yo ya
haré los reglamentos, ha sido perfeccionada y mejorada por el Gobierno
invirtiendo los términos del proceso, porque los reglamentos ya están
hechos, mientras que las Cortes Generales, hoy el Congreso, mañana el
Senado, están iniciando el trabajo parlamentario que debe producir una
ley ya reglamentada.
Deben saber SS.SS. que para vergüenza de esta Cámara --no me atrevo a
decir para mofa y escarnio--, los boletines oficiales de ayer y de hoy
mismo recogen el reglamento de la comisión del mercado que pretende crear
la ley y el reglamento de la denominada Ley del cable, algunos de cuyos
aspectos sustanciales, sobre todo el papel de la Compañía Telefónica, se
pretenden modificar en la ley cuyo debate formal iniciamos hoy. Las cosas
se hacen como se hacen y los reglamentos han recibido el rechazo de todos
los sectores afectados, exceptuando el de un grupo multimedia ligado
íntimamente a un grupo financiero muy próximo a las áreas económicas y
mediáticas de este Gobierno.
El decreto del que trae origen el actual proyecto se encuentra
naturalmente en vigor desde su convalidación por esta Cámara y ello
faculta indiscutiblemente al Gobierno para proceder al desarrollo
reglamentario que ha efectuado; pero esta facultad jurídica no debe tener
una interpretación tan expansiva que exima al Gobierno de la grave
responsabilidad política en que ha incurrido por su intolerable
descortesía con esta Cámara.
En política las cosas son lo que parecen y, en este caso, lo que parece
es que el Gobierno prefiere actuar por la vía de hechos consumados y
rehuir del debate parlamentario en sus actuaciones más desafortunadas.
Este es, pues, señor Presidente, señorías, un debate que ha sido rebajado
por el Gobierno, que ha sido completamente invalidado por el Gobierno,
motivo por el cual he de agradecer muy sinceramente la presencia en la
Cámara de aquellos miembros de la misma que nos acompañan en este acto.
Ante ellos quiero excusarme por la completa inutilidad de cuanto yo pueda
decir en nombre de mi grupo y les pido disculpas por ocupar su tiempo y
atención con asuntos que el Gobierno ha resuelto ya, en muchos casos de
manera irreversible.
El objeto del texto alternativo que presento y defiendo en nombre de mi
grupo no es otro que ayudar al Gobierno a conseguir unos objetivos
sectoriales en materias que compartimos en gran medida pero que por la
forma impensada y urgente con que el Gobierno procedió a redactar el
decreto-ley esos objetivos, a nuestro criterio, están insuficientemente
definidos, mal priorizados y formulados de forma imprecisa e incoherente.
No procede ni me permitiría el señor Presidente volver a relatar las
razones que llevaron a mi grupo parlamentario a votar en contra de la
convalidación del real decreto, por lo que procede presentar
resumidamente ante la Cámara los contenidos básicos del texto
alternativo;
texto que nace de una percepción de la sociedad de la información no sólo
diferente de la que contiene el proyecto de ley sino más avanzada desde
el punto de vista tecnológico y más próxima al conocimiento de los
grandes cambios, sociales fundamentalmente, que, como consecuencia del
nacimiento de la sociedad de la información, se anuncian a pasos muy
acelerados.
Nos encaminamos hacia una nueva etapa de desarrollo en la que el uso y el
acceso a la formidable fuente de riqueza que representa la información
constituyen unos elementos claves para el aumento de la calidad de vida
en los años venideros. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa
la Presidencia.)
Esa sociedad de la información tiene para nosotros el objetivo básico de
alcanzar el acceso universal a la información y se fundamenta en una
infraestructura que conecte en una sola red todos los servicios
relacionados con la información, ya sea a través del ordenador, la
televisión, el teléfono o cualquier otro soporte. Dicho en otras palabras
más comprensivas. en el horizonte de la sociedad de la información se
viene produciendo un solape incontenible entre tres sectores cuyo
funcionamiento ha sido hasta hace muy pocos años, por no decir muy pocos
meses, específico y diferenciado y ese solape está creando un hipersector
de la información --el multimedia--, en el que cada vez tiene menos
sentido hablar de las tecnologías de la información, de las
telecomunicaciones, de la informática o el audiovisual en términos
disconexos. Por ello la propuesta del Gobierno de creación de una
comisión del mercado debe ser ampliada con nuestras propuestas en el
sentido de aumentar sus contenidos y competencias con todo lo referido a
tecnologías de la información y audiovisual, de forma tal, que el
objetivo de dicha comisión no sea exclusivamente vigilar el respeto de
las leyes de la competencia en el mercado, sino otro más ambicioso:
regular todo lo referente al macrosector de la información multimedia en
beneficio del usuario y no solamente en beneficio de la competencia.
Entre los nuevos medios o capacidades de las que dotamos a la comisión,
debería merecer especial consideración por los grupos parlamentarios el
referido a la participación activa de la Cámara en el proceso de
nombramiento de consejeros, facultad que reservamos al Gobierno, a
propuesta del Ministro de Fomento, y en la que incluimos la participación
de la Cámara, mediante votación por mayoría cualificada, para aceptación
de los consejeros que nos sean indicados por el Gobierno.
El gran poder que estamos dispuestos a ceder a esta comisión y la
excepcional importancia de la realidad económica, social y política que
debe gestionar en nombre y por cuenta del Estado justifica, a nuestro
criterio, la intervención decisiva que proponemos del Congreso de los
Diputados en la designación de los consejeros. Decíamos que una de las
funciones de esta comisión, entre otras, será velar por el respeto de la
competencia en el sector, y para materializar esa competencia apoyamos la
necesidad de crear un segundo agente que tenga la facultad de operar las
telecomunicaciones, tanto en los servicios finales como en los
portadores, una sociedad creada sobre la base de la actual Retevisión.
Sólo diferimos del proyecto en lo siguiente. El proceso de venta del 51
por ciento, al menos, de las acciones de esa nueva sociedad deberá ser, a
nuestro criterio, mediante un concurso convocado y resuelto por el
Ministerio, en lugar de realizarse por el trámite, confuso e impreciso,
de adjudicación restringida por la propia entidad que lo convoca. La ley
debe incorporar también algunos criterios técnicos y económicos --y en
ellos nos extendemos-- que orienten la resolución del concurso, así como
recoger en los pliegos de condiciones de bases algunas de aquellas que se
les impongan a las personas jurídicas que participen en el proceso
concursal.
El segundo operador es, por tanto, preciso y sólo quiero añadir al
respecto que podría llevar un año funcionando si el grupo que apoya a
este Gobierno no hubiera rechazado un real decreto del Gobierno anterior
que a la postre, y con un año de retraso, han terminado por copiar de
mala manera.
Llevaríamos ya un año de anticipación en la introducción de los sistemas
de competencia y no tendríamos que soportar algunas impertinencias de
Miert por la propuesta del Gobierno de España de utilizar, en todo o en
parte, el período transitorio que en derecho nos corresponde.
Termino con el último contenido de nuestro texto alternativo que
representa diferencias importantes con el proyecto de ley del Gobierno.
Me refiero a las modificaciones que el real decreto ha introducido en la
denominada Ley del cable, que fue una ley apoyada por todos los grupos de
la Cámara, incluso con una intervención muy importante en una redacción
final que fue responsabilidad de todos los grupos --insisto-- menos del
grupo que apoya al Gobierno que entonces, de forma involuntaria y aún sin
explicar, se apartó de un esfuerzo de consenso que hoy desde el Gobierno
quiere desvirtuar sin ninguna justificación.
Nuestra postura en relación con las modificaciones introducidas por el
real decreto en el cable se sustancian en lo siguiente: Como norma
general se propone al resto de grupos de esta Cámara recuperar el texto
pactado entre todos hace escasamente diez meses; de manera muy especial
queremos recuperar el plazo de nueve meses posteriores a la resolución de
los concursos para que Telefónica pueda actuar, pues carece de sentido
mantener ociosas infraestructuras que han costado cientos de miles de
millones de pesetas y, sobre todo, resulta incomprensible que se prive a
los
usuarios de los servicios que dichas infraestructuras les pueden ofrecer
en un plazo breve.
Se propone, igualmente, recuperar la norma que permitía a Telefónica
operar antes de los nueve meses si el operador de cable entraba en
funcionamiento antes de nueve meses, norma incomprensiblemente suprimida
en el real decreto del que trae causa el actual proyecto de ley.
Queremos insistir enfáticamente en la supresión de la disposición
transitoria del real decreto que legaliza los concursos de cable
convocados por instancias de la Administración, que no tienen competencia
para ello con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley del cable.
Aquellos que fueron convocados o adjudicados antes están lógicamente
amparados por una sentencia que establecía que en ausencia de legislación
los municipios tenían la facultad de otorgar licencia para ciertos
servicios, pero una vez que esa norma se promulga, todos los concursos
convocados, resueltos o no, con fecha posterior a la entrada en vigor de
la ley, son a nuestro juicio no sólo ilegales, sino inconstitucionales.
También deseamos que los agentes que operen el cable y que ganen los
concursos puedan ofrecer la telefonía básica como uno de sus servicios.
Queremos que eso sea así porque la introducción real de competencias va a
venir por el cable antes que por Retevisión que tardará bastante tiempo
en madurar su proyecto, en ejecutar las inversiones que son precisas y,
por tanto, en plantear una alternativa de competencias al actual agente
operador. Quiero dejar muy claro ante la Cámara que, a pesar de la
presentación de un texto alternativo, nada más lejos de nuestra intención
que encarar el debate posterior de las enmiendas desde el prejuicio ni
desde la responsabilidad y, desde luego, no desde la ciega pasión de
oponernos a este Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
García-Arreciado, por favor.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Somos conscientes de la necesidad de
producir un texto con vocación de duración; porque sabemos de la
incertidumbre que produciría en el sector un texto que no contase con
apoyos muy cualificados dentro de esta Cámara, y porque estamos
convencidos de la trascendencia económica, cultural y social que se puede
derivar del trabajo que tenemos encomendado, quiero insistir y subrayar
que en el debate posterior de esta ley no nos guiará sino el interés
general de España. El Gobierno y los grupos que le dan su apoyo tienen la
última palabra para encauzar un proceso de convergencia y de consenso,
como fuimos capaces de hacer hace unos meses, o mantener desde el
Gobierno la ciega posición que impidió el acuerdo con su grupo en la
anterior legislatura.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
García-Arreciado.
Enmienda de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A juicio del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el Partido Popular y, consecuentemente, el Gobierno
sustentado por él no tienen un programa de telecomunicaciones; no hay una
concepción global de a dónde se quiere ir. En todo caso --y perdóneme que
se lo diga así-- hay una especie de posición radical, una especie de
exabrupto jurídico y reglamentario que no tiene mucha justificación en el
ritmo democrático y legal que deben llevar los distintos pasos a la hora
de una aprobación en el Pleno del Congreso y previamente por el Gobierno
de la nación.
Ustedes acaban de publicar tanto el reglamento concerniente al cable
cuanto --y esto es todavía más escandaloso-- el reglamento referido al
funcionamiento y los objetivos, en la parte que corresponda, de la
Comisión del mercado de telecomunicaciones, cuando aún no hemos empezado
aquí a discutir el proyecto de ley, que lo hacemos en este momento; desde
hoy ya está publicado este último reglamento y desde ayer el que se
refiere al tema del cable. No entendemos ese forma de funcionar y lo
mínimo que podemos decir es que tal forma es antidemocrática. ¿Qué
significa, que no se va a cambiar la ley en absoluto, que este debate que
hacemos es una pantomima, que es un debate de cartón piedra, que no van
tener sentido alguno la Ponencia, la Comisión ni el Pleno, cuando se ha
pedido incluso la avocación para Pleno? ¿A qué estamos jugando, señor
Ministro?
Comprendemos la forma de funcionar de don Miguel Angel Rodríguez que
entró como una especie de vaca en un tejado en el tema de las
telecomunicaciones, con la convocatoria de concursos en los ayuntamientos
respecto al cable, a través de una lectura absolutamente infiel de la
sentencia del Tribunal Constitucional. Una cosa es que se permitieran
situaciones de hecho y otra cosa es que se hiciera esa interpretación
para los ayuntamientos, y figuraba así después en el texto de la ley del
Partido Popular, diciendo que no era posible, repito, que los
ayuntamientos tuvieran capacidad para conceder licencias.
Nos encontramos hoy en un debate ridículo, absolutamente ridículo. Hoy
acaba de publicarse la estructura y la realidad reglamentaria de la
comisión del mercado de telecomunicaciones. No entiendo, permítame que se
lo repita, la forma de funcionar de este Gobierno y la forma de asumir
las presiones lógicas que se deben cruzar; no entiendo la forma de asumir
estas
presiones, de tal manera que están dejando fuera de juego a este Congreso
de los Diputados. Repito, lo mínimo que puedo decir es que se trata de
una forma antidemocrática de funcionar, porque parten de la base de que
este Congreso no va a cambiar ni una coma, o cosas que pueden afectar al
reglamento o a la composición de la comisión del mercado de
telecomunicaciones.
Pues bien, en el marco esperpéntico en el que nos situamos en este
debate, nos encontramos ante un proyecto de ley en el que subyacen dos
temas fundamentalmente: una superliberalización del mercado de las
telecomunicaciones, y en el seno de esta extraliberalización aparecía la
instauración, la creación del segundo operador y, al mismo tiempo, se
hace referencia a alguna modificación de la LOT. El segundo tema del que
trata este Real Decreto, hoy convertido en proyecto de ley, es un cambio
sustancial en la filosofía de fondo de la ley de telecomunicaciones por
cable y en aspectos puntuales de enorme importancia. Pero no sólo se
tocan puntos de índole jurídica o de índole textual aludiendo a la ley
que aprobamos, sino que se rompía un consenso que acababa de fraguarse en
los meses inmediatamente anteriores, un consenso de todos, excepto del
Partido Popular, que no es que rompiera el consenso, sino que ni siquiera
entró en la posibilidad de participar en él, en función del giro drástico
que en ese momento le dio a la supuesta política de telecomunicaciones
don Miguel Angel Rodríguez.
Por tanto, políticamente se ha roto un consenso de enorme importancia que
extrajo de su debate una ley sintética de cara a las telecomunicaciones,
abortando la posibilidad de que esto se convirtiera en una ley de la
jungla, la ley del más fuerte, y me da la impresión de que, si el
Gobierno se atreve a publicar los reglamentos, es que ya hay un acuerdo
previo como mínimo con Convergència i Unió sobre el cambio de la ley del
cable y la ruptura del consenso. Porque si no --y se me dice que no con
la cabeza desde las filas de Convergència i Unió--, todavía entiendo
menos que se haya aprobado y publicado el reglamento. Ya no lo entiendo,
ya no lo puedo entender, a menos que se nos intente imponer un reglamento
contra la ley que pueda aprobarse aquí, si logramos restablecer el
consenso, con respecto a puntos esenciales (y parece ser que el PNV
también puede estar en esa dirección) en relación con la ley del cable
que se aprobó aquí al final de la legislatura.
Señores del Gobierno, en este momento yo tendría que irme a pensar a un
desierto a ver qué es lo que está pasando aquí. En todo caso, nosotros ya
lo dijimos, se trata de un proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones muy desequilibrado, que mostraba en su interior una
cierta inquina respecto al papel de Telefónica, que podía afectar a la
forma de plantear la estructura y el funcionamiento del segundo operador,
lo cual podría dar lugar a consecuencias serias en el mercado de las
telecomunicaciones y consecuencias muy serias también en la estructura
laboral de lo que es Retevisión o los distintos componentes de este
segundo operador, y que, al mismo tiempo, rompía el consenso político al
que he aludido anteriormente, creando, ya lo dijimos, una comisión
supuestamente independiente del mercado de las telecomunicaciones, que, a
la hora de leer realmente el texto, la independencia no aparecía por
ningún lado. Eran siete componentes y los siete a propuesta del Gobierno,
del Ministerio de Fomento correspondiente. No había ni uno solo a
propuesta de grupos parlamentarios, ni uno solo a propuesta de grupos
sociales o de las correspondientes organizaciones. Por tanto, de
independiente, absolutamente nada. Y no sólo eso, sino que, quizá
siguiendo el modelo británico en este caso, se le daba todo el poder al
presidente de una manera omnímoda de cara a hacer un mercado opaco, en
absoluto transparente, y de cara a dirigir esta selva de las
telecomunicaciones que ustedes están agudizando. De ahí la presentación
de nuestro texto alternativo.
Nuestro texto alternativo parte de la base de que ustedes crean un
duopolio de manera engañosa, teniendo en cuenta previsiones que responden
a intereses particulares españoles de cara al futuro y a intereses de
multinacionales.
El segundo operador que ustedes crean, con el amparo de ampliar la etapa
de la liberalización, que la pasan del 1 de enero de 1998 a finales de
diciembre de 1999, con ese amparo, ustedes van a engordar con dinero
público un segundo operador (dicen que es para proteger al mismo tiempo a
Telefónica; no señor, a Telefónica se le irá gradualmente debilitando),
para, en un momento determinado, a finales de 1999, vender a esos grupos
de presión que ya denunciamos aquí anteriormente y convertir a ese
segundo operador en una especie de caballo de Troya, a través del cual
entraría la multinacional correspondiente, rompiendo, enrareciendo
profundamente la transparencia y la libertad real del mercado de las
telecomunicaciones en este país.
Por tanto, a partir de ahí, esa propuesta no es en absoluto aceptable y
mucho menos cuando se compagina con una comisión del mercado de las
telecomunicaciones que no responde, en ningún criterio, ni a la
transparencia, ni a la democracia, ni a la independencia con la que
muchas veces se le ha caracterizado o bautizado.
Al mismo tiempo, señores del Grupo Popular, señores del Gobierno, señor
Ministro, ustedes rompen de manera profunda, no sólo temas esenciales que
caracterizaron de manera progresista la Ley del Cable, como el tema del
límite cara a que no hubiera tentaciones de concentración de un millón y
medio de abonados para cada una de las empresas que participaran en el
sector, sino que también amplían el período de carencia de
Telefónica con respecto a su funcionamiento de cara a la segunda licencia
de nueve a veinticuatro meses y al mismo tiempo rompen una de las partes
filosóficas que estuvo en la base de conceder a Telefónica el papel que
tiene, primer título habilitante, y que está en la base del sentido
progresista auténtico de este proyecto, que es el servicio público
universal. Eso lo rompen ustedes con la forma de crear este segundo
operador, con la forma de modificar la Ley del Cable y con las
actuaciones posteriores y aledañas que están teniendo en este asunto.
Por tanto, señores del Gobierno, el texto alternativo de Izquierda Unida
es un texto que responde al consenso previo, a la racionalidad y a los
intereses nacionales. Ustedes están legislando contra los intereses
nacionales en este proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones; ustedes están creando un caballo de Troya, para que
entren multinacionales frente a Telefónica y empresas nacionales y frente
a los intereses de este país, por unas razones o por otras, por presiones
de todo tipo, dándole la parte del soporte nacional a esos grupos de
presión que no entraron en el núcleo duro de los accionistas de
Telefónica, estableciendo ahí las contraprestaciones que todos conocemos
que se van a dar a ciertos sectores bancarios que, repito, crearán esa
plataforma para que entre la multinacional correspondiente enrareciendo,
rompiendo la libertad del mercado nacional y los intereses nacionales de
este país.
Desde ese punto de vista, nosotros incluso cambiamos el título de la ley,
en el sentido de que no se llame liberalización de las
telecomunicaciones, y, en su seno, lo que es real, puesto que se le ha
dado un título ampuloso que no responde a la verdad textual, en la
creación del segundo operador, que es la parte sustancial; por tanto,
nosotros denominados nuestro texto alternativo: ley de creación del
segundo operador de telecomunicaciones. En este texto, al no recoger
ninguna de las enmiendas que ustedes asumen contra la Ley del Cable,
consensuada aquí, naturalmente restablecemos todo el texto que se aprobó
en el Pleno del Parlamento con una inmensa mayoría, excepto los votos del
Partido Popular.
Nosotros planteamos la creación de un segundo operador con capacidad para
entrar en el mercado de las telecomunicaciones nacionales e
internacionales desde los intereses nacionales. Desde ese punto de vista,
el 51 por ciento de las acciones serían acciones de capital público, y no
llegarían, por tanto, más allá del 49 por ciento las acciones de capital
privado, procedieran o no de multinacionales, e, indudablemente,
superamos la estructura esperpéntica de la comisión del mercado que
ustedes nos plantean.
A nuestro juicio, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente pueden
ser elegidos y ratificados a propuesta del Gobierno, pero luego habría
que ir a una estructura democrática: cuatro integrantes de la comisión
del mercado de telecomunicaciones deberían ser elegidos por los grupos
parlamentarios de la Cámara (en el proyecto aparece un error; habla de
grupos políticos; serían, repito, grupos parlamentarios) y tres miembros
de la comisión elegidos por los sectores sociales afectados, o sea, del
mundo de los sindicatos o del mundo empresarial. Todos ellos con
funciones indudablemente diferentes; funciones fundamentalmente de cara a
lo que alumbró el proyecto del cable y a lo que alumbraba la política de
telecomunicaciones como auténtico pacto de Estado.
Realmente, ustedes no sólo han roto un consenso político ocasional: han
roto el principio de un pacto de Estado con respecto a las
telecomunicaciones. Ese es el fondo de la cuestión, eso es lo que han
roto ustedes: el principio que alumbraba ese pacto de Estado, la
prioridad de la cohesión social y territorial de este país de cara a lo
que va a ser el núcleo fundamental de la información y de la educación en
el siglo XXI, que son los telecomunicaciones. Eso es lo que ustedes han
roto, con una apuesta neoliberal, pero no sólo neoliberal, sino a favor
de ciertos grupos de presión nacionales e internacionales.
Por tanto, nosotros también introducimos de manera clara, sin ambigüedad
alguna, la interconexión e interoperatividad de las redes y la capacidad
de concesión, por la comisión del mercado de telecomunicaciones, de
nuevas licencias en condiciones de justicia, de transparencia y de
equidad.
A diferencia del Gobierno, repito, seguimos manteniendo el consenso
político, que tenía ciertos visos de consenso de Estado en un tema de
enorme importancia como son las telecomunicaciones, que aunó la fuerza y
la argumentación positiva de PSOE, Convergència i Unió, PNV e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Respecto a la creación del segundo operador, creemos que hay una
infraestructura pública de enorme importancia en este país;
infraestructura pública, por cierto, que ya ha invertido mucho en el
alimento a televisión, etcétera, que está ahí y que no sabemos si esta
inversión va a correr peligro, pero, en todo caso, no sabemos tampoco
cómo se va a emplear, de hecho, esta infraestructura de enorme
importancia, que debiera sustentar este segundo operador con mayoría de
capital público. Me refiero a Retevisión, a toda la infraestructura a
este nivel de Correos y Telégrafos, a la fibra óptica de Renfe y,
naturalmente, a la red eléctrica española. Todo eso podría componer, de
hecho, de manera lógica, en función de los intereses de este país y de
los intereses de un mercado transparente, el segundo operador que
nosotros estamos planteando.
Termino, señor Presidente, diciendo que, frente a la operación
especulativa que encubre el texto; ante la presión de intereses
económicos que no lograron participar
en el núcleo duro de Telefónica y que ahora quieren una contraprestación
de este Gobierno; frente al caballo de Troya que se crea para la entrada
de las multinacionales que ya están pendientes de ver quién se lleva, a
partir de finales de 1999, el segundo operador, en compañía de este
capital español; frente a la ruptura de la filosofía del servicio pùblico
universal, porque entonces aparecen, naturalmente, la captación del
mercado más cercano y del mercado con mayor rentabilidad económica y no
aparece la necesidad (por eso se le había dado a Telefónica el título
habilitante, primero) de cubrir todo el territorio nacional y que no se
empezara a instaurar una telecomunicación para ricos y otra para pobres;
frente a todo ello, nosotros planteamos este texto alternativo y les
decimos, señores del Partido Popular, señor Ministro, que no entendemos
la forma de actuar que están teniendo. Parece que no parte ni siquiera de
un consenso político; no parte de la lógica parlamentaria; no parte de la
lógica jurídica; no tiene el ritmo democrático adecuado (acaban de
publicar algo que ya estamos discutiendo aquí, a otro nivel, y que no
tiene ningún sentido) y supone lo que ustedes están haciendo, en
definitiva, aunque esto no se perciba en la calle, puesto que no es un
tema como el del recetazo u otros, el mayor golpe que dan a la
posibilidad de un pacto de Estado con respecto a las telecomunicaciones;
el mayor golpe que se da a la posibilidad de un futuro en el que
territorios y personas no se distancien en función de este tema esencial
que son las telecomunicaciones y la información en general.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, intervengo, en nombre
del grupo mayoritario de esta Cámara, para mostrar en principio nuestro
desacuerdo con las enmiendas de totalidad con texto alternativo
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida.
Con el permiso de la Presidencia y previamente quería recordar a los
señores portavoces de dichos grupos que estamos debatiendo hoy en esta
Cámara un proyecto de ley que proviene de un Real Decreto-ley convalidado
por la mayoría de esta Cámara hace escasas semanas, y digo esto porque
comprendo la dificultad que tienen algunos grupos parlamentarios, que han
practicado el rodillo durante años y que siempre han dado su apoyo a un
Gobierno que a veces ha actuado al margen de la ley, para respetar las
decisiones mayoritarias de esta Cámara y también, cómo no, las
actuaciones de un Gobierno basadas en ellas. En cualquier caso, le pido a
don Jenaro García-Arreciado respeto por esta Cámara y, sobre todo,
respeto a las posibilidades de legislar que tiene esta Cámara.
Lo que quiero decir es que durante la tramitación de este proyecto de ley
nosotros --veníamos dispuestos a ello y lo voy a seguir diciendo hoy--
estamos dispuestos a que podamos conseguir un consenso entre todas las
fuerzas políticas, porque creemos que la política de telecomunicaciones
es un asunto de Estado, un asunto de todos, y por tanto consideramos que
sería importante llegar a un acuerdo con la mayoría de las fuerzas
políticas de esta Cámara. En esa dirección quiero anunciar de nuevo,
porque ya lo hemos hecho más veces aquí, nuestra máxima disposición al
diálogo en esta materia.
En cualquier caso, y en relación con el Real Decreto, que, como le digo,
está convalidado, en base al cual el Gobierno está actuando en estos
momentos, sí le quiero decir que tiene usted que recordar que está basado
en una ley, la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que presentó en esta
Cámara el Gobierno socialista y que se aprobó con la mayoría de la misma.
Por tanto, esa ley sí que se aprobó sin tener en consideración al grupo
mayoritario de esta Cámara en vísperas de unas elecciones generales que,
previsiblemente, iban a cambiar el Gobierno, como así sucedió a
continuación. En cualquier caso, es cierto que esa ley sí contó con la
oposición de mi grupo, minoritario en la Cámara, pero mayoritario en la
oposición, y de la mayoría del sector, que se opuso a la tramitación y
aprobación de ese proyecto de ley de telecomunicaciones por cable que
luego fue aprobado por la Cámara.
En cualquier caso, en los últimos años, mientras el Gobierno socialista
fue anunciando múltiples medidas en materia de telecomunicaciones, fue
constante el empeño de nuestro grupo parlamentario por llegar a acuerdos
con las distintas fuerzas políticas, acuerdos que contaran con el
consenso de la mayoría, y cito un ejemplo: hace tres años el Grupo
Popular, nuestro grupo, presentaba en esta Cámara una proposición de ley
de televisión por cable. Nosotros creíamos que esa ley era imprescindible
para el desarrollo económico de nuestro país, para ir avanzando y no
encontrarnos en la situación de urgencia en que nos encontramos hoy, en
que hay que dar los pasos adecuados porque, lamentablemente, el tiempo
que nos queda es escaso, y hemos perdido tanto tiempo que ahora es
necesario que lo recuperemos a marchas forzadas. En ese momento, como
digo, el Grupo Socialista ni siquiera tomó en consideración esa
proposición de ley, a pesar de que ofrecimos el máximo consenso, el
máximo diálogo y la posibilidad de modificar el texto para mejorarlo.
Entonces como ahora apostábamos por superar la dinámica partidista y
propiciar un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas para
establecer un sistema aceptable por todos para hacer una España
competitiva en lo que se refiere a telecomunicaciones.
En esta ocasión, nuestro voto a las enmiendas que han presentado los
Grupos Socialista y de Izquierda Unida tiene que ser necesariamente
negativo, pero no rechazamos su totalidad, no las descalificamos en su
globalidad. Estamos dispuestos a analizar en detalle cada una de sus
propuestas, y tenemos el objetivo de lograr, al finalizar los trabajos en
Comisión, un texto que cuente con el consenso de la mayoría de esta
Cámara.
El proyecto al que se presentan las enmiendas contempla los tres
objetivos que con urgencia es necesario afrontar: en primer lugar, la
eliminación de las trabas que perjudican a la inversión; en segundo
lugar, sentar las bases para el inicio de una competencia efectiva y, en
tercer lugar, potenciar el sector español de las telecomunicaciones.
Este proyecto de ley que estamos debatiendo es un paso imprescindible que
el Gobierno se ha visto obligado a dar por vía de urgencia, por la
premura de la situación. Y lo ha hecho, como digo, porque los plazos
apremian y para hacer frente al obligado trámite de liberalización.
Asistimos a un proceso gradual, a un proceso controlado, haciendo
desaparecer los impedimentos para que se pueda establecer, de una vez por
todas, la competencia en telefonía; para que se puedan construir redes y
utilizar las ya existentes; para que se pueda crear un segundo operador
en el que puedan participar todos los que están interesados en invertir
en este sector prioritario para España.
Como verán SS.SS., se trata de un proceso gradual que nos llevará a la
liberalización total en un plazo de tiempo razonable. Finalidad ésta que
creo es compartida por todos los miembros de esta Cámara.
Señorías, una vez iniciado el camino y despejadas las incógnitas
heredadas, es el momento de plantear globalmente lo que debe ser el
modelo de telecomunicaciones que España necesita. No es que sea
conveniente, es que nosotros creemos que es imprescindible que este país
cuente con una ley general de telecomunicaciones y de lo audiovisual;
reivindicación ésta que venimos sosteniendo desde hace muchos años. En
eso estamos todos de acuerdo.
En lo que nuestro Grupo no puede estar de acuerdo es en plantear esa
reforma global en este proyecto de ley que sólo persigue adoptar medidas
que permitan salir de la situación, sentar las bases para plantear un
modelo de telecomunicaciones viable para España, que nos permita alcanzar
la primera velocidad de Europa también en materia de telecomunicaciones.
Este proyecto abarca cuatro aspectos diferentes: dos de ellos referentes
a modificación de algunos aspectos de las actuales leyes vigentes,
propuestas por el Gobierno socialista y aprobadas por esta Cámara en la
anterior legislatura, para introducir la liberalización de servicios
finales y portadores, rompiendo, por tanto, el monopolio existente y
facilitando el desarrollo de la competencia y de la inversión.
Los otros dos aspectos suponen la creación de organismos imprescindibles:
el primero, la comisión del mercado de telecomunicaciones, instado por
Bruselas, órgano de arbitraje y consultivo, y, en segundo lugar, la
puesta en marcha de un segundo operador nacional que pueda ser
competitivo antes de la fecha de liberalización plena de las
telecomunicaciones.
Es nuestro deseo, y lo reitero, una vez analizadas las enmiendas, abrir
el diálogo en Comisión para que la mayoría de los grupos de esta Cámara
podamos votar favorablemente un texto que sirva de punto de partida para
dibujar un panorama futuro de telecomunicaciones, basado en la libre
competencia y en la transparencia. Qué importante sería que nos
pusiéramos todos de acuerdo en el punto de salida, porque ello permitiría
facilitar el acuerdo en la línea de llegada.
La comisión del mercado de las telecomunicaciones tendrá algunas de las
competencias que hoy son propias de la Administración del Estado y que,
en ningún caso, podrán ser la totalidad de las mismas. A medida que pase
el tiempo y que se ponga en funcionamiento el sector, y con ello su
liberalización, la comisión deberá asumir nuevas competencias.
Competencias que pueden fijarse en la futura ley general de
telecomunicaciones que cierre el modelo definitivo para España.
Hoy mismo, a la vista de algunas propuestas contenidas en el texto
alternativo presentado por el Grupo Socialista, podemos afirmar que, en
el curso del propio debate, se podrán incrementar algunas de sus
atribuciones y podremos, en consecuencia, aceptar o transaccionar algunas
enmiendas.
Nuestro grupo siempre ha apostado por la existencia de una comisión que
vigile los contenidos y actúe de árbitro en los conflictos audiovisuales,
y bien pudiera ser que esta comisión fuese la del mercado de las
telecomunicaciones. Es probable que el procedimiento adecuado no sea
crear dos comisiones con un solo presidente, pero, en cualquier caso, son
cuestiones a debatir entre los grupos en las próximas semanas.
La comisión del mercado de telecomunicaciones, señorías, debe ser, y es
importante que todos estemos de acuerdo en ello, un órgano independiente
que vele por la aplicación de los principios generales que ya mencioné
anteriormente: la libre competencia, la transparencia y la igualdad de
trato, a la vez que pueda actuar de árbitro en los conflictos y servir
como vehículo de asesoramiento en otras ocasiones.
El nombramiento de sus miembros y las fuentes de financiación también
pueden ser objeto de análisis compartido, y, sin perjuicio de que la
designación de los miembros, sin duda personas de reconocido prestigio,
representativos de los distintos sectores, corresponda al Gobierno, se
podrían estudiar fórmulas intermedias,
teniendo en cuenta las propuestas de los textos del Partido Socialista y
de Izquierda Unida.
En cuanto a la creación de un segundo operador, no tengo la menor duda de
la posibilidad de que el Grupo Socialista se sume a nuestra propuesta. No
es viable el acuerdo en el caso de Izquierda Unida, que pretende que ese
segundo operador sea un operador público.
Ya a principios de este año, como ha recordado el portavoz socialista, el
Gobierno, entonces, del PSOE presentó una propuesta para la creación de
este segundo operador. Propuesta que fue rechazada por nuestro grupo,
tanto por el momento de su presentación, que llegaba con varios años de
retraso y en vísperas de una inminente convocatoria electoral que, como
SS.SS. saben, ha producido un cambio de Gobierno, como por la ausencia de
un modelo transparente en el proceso de adjudicación del segundo
operador; proceso de adjudicación que contara con todas las garantías
jurídicas que ya entonces propuso el Grupo Popular y que hoy están
recogidas en este proyecto de ley.
En lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones (LOT), hablamos de una ley anticuada, cuya
modificación es imprescindible para permitir la entrada inmediata en el
mercado de servicios que hasta ahora se prestaban en régimen de monopolio
y permitir que entre un segundo operador y, posteriormente, otros
operadores, posibilitando la competencia leal y efectiva en el mercado de
servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, se modifican los límites de inversión de capital extranjero en
estos servicios, materia que está vinculada con el resultado de la ronda
negociadora de la Organización Mundial de Comercio y con la
liberalización en el seno de la Unión Europea.
Por último, se garantiza la posibilidad de interconexión de las redes,
reforzada la garantía de esta posibilidad a través de la segunda enmienda
presentada por nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley, que
recoge en parte también la propuesta de los grupos enmendantes, en un
intento de plasmar adecuadamente la normativa comunitaria.
Las diferencias, pues, de fondo en cuanto a estas modificaciones de la
LOT con los textos presentados por los Grupos Socialista e Izquierda
Unida son mínimas.
Por el contrario, al analizar las modificaciones que se introducen en la
Ley de Telecomunicaciones por Cable, sí se aprecian diferencias entre los
textos. Sin embargo, hemos intentado acercarnos con la tercera de
nuestras enmiendas, a la que luego me referiré.
Asimismo, se pretende dar una solución global e integral a la
problemática surgida por la situación de alegalidad, y repito alegalidad,
en la que han empezado a desarrollarse los operadores de cable.
Las enmiendas presentadas pretenden básicamente suprimir estas
modificaciones en la Ley del Cable volviendo al texto inicial. Sus
discrepancias --en este caso discrepancias de fondo-- son relativas al
inicio de servicio por parte de Telefónica, modificación con la que el
Gobierno pretende posibilitar la competencia efectiva de todos los
operadores de cable.
Les recuerdo que en países como Estados Unidos o en Gran Bretaña los
plazos de prohibición a los operadores ya establecidos han sido mucho
mayores. Se trata de crear unas condiciones más favorables para la
entrada de capital y siempre, como hemos dicho más veces, suponen plazos
máximos. Si no existiera esta limitación temporal, no sería posible la
aparición de competencia, una competencia necesaria para ofrecer una
mayor calidad de servicios y unos mejores precios.
Otras diferencias se refieren a las competencias de los ayuntamientos y a
los concursos convocados por ellos, que fueron la respuesta, en una época
de alegalidad, a la creación de una situación monopolística inaceptable,
rechazada o juzgada negativamente tanto por el Tribunal de Defensa de la
Competencia como por la jurisdicción ordinaria y por la Comisión Europea.
Por último, en cuanto al derecho a prestar servicios portadores y
finales, incluido telefónico, por estas redes, se ha recogido en nuestra
tercera enmienda que se garantiza que los operadores de cable puedan
ofrecer estos servicios a partir de 1998.
Señorías, como han podido comprobar a lo largo de mi intervención,
estamos intentando, y he intentado, acercar posiciones. Y es que nuestro
grupo es consciente de que, respetando las propuestas realizadas por el
Presidente del Gobierno en esta Cámara en el debate de investidura,
respetando el contenido de los pactos de Gobierno, que siempre los vamos
a respetar, se pueden buscar fórmulas de acercamiento para llegar a
acuerdos mayoritarios entre las distintas fuerzas políticas sobre un
sector tan importante para España como es el de las telecomunicaciones.
Señoras y señores Diputados, recapitulo. No se pretende con esta ley
regular lo que deben ser las telecomunicaciones en el futuro; no se
pretende hacer un planteamiento global sobre el modelo de
telecomunicaciones que para España tiene el proyecto popular, sino que en
este momento preciso pretendemos dar los pasos adecuados que nos permitan
comenzar, y digo bien, comenzar a situarnos para ser competitivos con
Europa y con el resto del mundo.
Si no lo hiciésemos así, llegaríamos tarde y nunca podríamos hablar de un
mercado español de telecomunicaciones. Estaríamos supeditados a las
ofertas y a las influencias de otros países.
Siempre he dicho que, en materia de comunicación, el legislador va por
detrás de la realidad. Nuestro grupo va a intentar que, una vez puestas
en marcha estas medidas que hoy debatimos y que impulsarán el sector,
podamos contar con una legislación que, partiendo de la realidad
presente, mire hacia el futuro, y
de esa manera podamos afrontar los retos que en materia de
telecomunicaciones todavía tienen que llegar.
Señorías, finalizo reiterando que si bien en este trámite parlamentario
vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas, estamos dispuestos
a estudiar una a una las propuestas de todos los grupos, tanto en el
debate de los asuntos que conciernen a este proyecto, como en el futuro,
cuando debatamos la ley general de telecomunicaciones y de audiovisual.
Siempre, siempre, en materia de telecomunicaciones, el Grupo Popular y el
Gobierno al que respalda van a estar más que abiertos a oir opiniones
ajenas, porque para el desarrollo del sector unas reglas de juego
aprobadas por amplia mayoría en esta Cámara son en sí una garantía de
éxito.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero agradecer el tono de la intervención
de la señora Mato, ya que, si se traduce en actitudes concordes con el
mismo, puede facilitar el trabajo de esta Cámara. La oferta de consenso
que nos hace --yo la he hecho anteriormente-- tendrá una respuesta
absolutamente leal por nuestra parte, centrada en temas concretos de este
proyecto de ley. No lo vamos a mezclar, como ustedes hicieron, con el
Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hablar de las
telecomunicaciones y del proyecto de ley.
En aras de ese consenso, no me hagan recordarles por qué no estuvieron
ustedes en el consenso anterior, ni por qué tuvimos que rechazar el texto
que nos habían presentado, que era exclusivamente para uno de los
servicios, televisión. Ustedes hablaban exclusivamente de ese servicio y
se olvidaban del conjunto de los servicios que se deben regular. Pero, en
fin, eso es agua pasada. Hay aguas futuras que nos interesan más.
Anuncian un proyecto de ley general. Es necesario. Desde hace mucho
tiempo la LOT tiene rotas las costuras por todas partes, y ya lo sabemos.
Unicamente les pedimos que no nos sorprendan con ese proyecto de ley. Ya
sabe lo que le quiero decir. Que no nos le encontremos hecho, puesto
encima de la mesa, con el reglamento incluso pactado, sino que hablen con
nosotros, que algo sabemos de esto.
Mantenemos buenas relaciones con algunos sectores, y hay muchos de ellos
en el entorno de las telecomunicaciones sensu stricto que debieran dar su
opinión a la hora de redactar una nueva ley general. Y no insisto sobre
el asunto. No la hagan sorprendentemente ni sorpresivamente. Intenten
contar con nosotros porque es muy importante lo que estamos decidiendo
para el futuro del país.
El resto de su intervención me ha resultado difícil seguirla, porque ha
mezclado la crítica legítima al proyecto que he defendido de una manera
breve, con una segunda defensa del real decreto y del texto que presenta
su Gobierno como alternativa. No me voy a referir a ello. Tomo buena nota
de que reconocen que hay ciertas insuficiencias en la comisión que
ustedes definen, y que ese es un primer punto de encuentro que estamos
dispuestos a recorrer con ustedes. Quiero decir que no creamos dos
comisiones, sino una sola comisión con dos consejos. No creamos dos
estructuras, sino una única con una cabeza. El presidente lo es de la
comisión en pleno y de los dos consejos.
Agradezco también su ofrecimiento de encontrar fórmulas de participación
de la Cámara en la designación de los consejeros. Mi satisfacción sería
plena si las fórmulas de participación que encontrásemos fuesen con
carácter retroactivo, es decir, si pudiesen entrar en vigor ahora y no
tener que esperar a que dentro de seis años se renueve esta comisión,
porque entonces la fórmula sería un fraude de voluntad de consenso.
No me contesta a nuestra sugerencia sobre el segundo operador. Nos parece
tan evidente que es el Ministro de Fomento y no Retevisión quien tiene
que convocar y resolver el concurso, nos parece tan evidente que la ley
tiene que definir los criterios básicos de resolución del concurso y nos
parece tan claro que los pliegos de condiciones deben recoger alguna
especificación establecida en la ley sobre las exigencias de las personas
jurídicas que participen en el proceso del concurso, que supongo que será
un olvido en su intervención y no ningún motivo de discrepancia con algo
que se nos ocurre también un punto de encuentro y de consenso fácil.
Sobre las modificaciones de la LOT no tenemos nada que decir. El texto
nuestro coincide sustancialmente con el de ustedes, aunque creo que lo
hacemos mejor, que lo hacemos con mejor técnica jurídica, que lo hacemos
con mejor sistemática, que lo hacemos con unos conceptos más precisos y
con mayor rigor en la técnica, pero eso es opinable, es un tema menor y
estoy seguro que el buen sentido de todos nos ayudará a encontrar un
acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Concluyo.
Sobre el cable las diferencias son mayores. Ustedes presentan lo que
llama una tercera enmienda en la que me viene a contar algo que no
comprendo. Dice que el que obtenga la licencia de operador de cable podrá
dar la telefonía básica. No, señora mato. Podrá dar la telefonía
que ustedes dividen en tres concepciones distintas (telefonía local,
interurbana e internacional) sobre sus propias estructuras. Dicho en
otras palabras, no puede utilizar la infraestructura existente la
Compañía Telefónica o cualquier otra para ofrecer los servicios. Eso
tiene un grave problema El primero con su propio real decreto-ley y, el
segundo, con la ley del cable. Su propio real decreto-ley, en el punto
tres del artículo dos establece que las entidades que sean explotadoras
de servicios portadores, infraestructura, están obligadas a proveer éstos
con sujeción a los principios de neutralidad, publicidad y no
discriminación, en las condiciones de uso de tarifa y plazos de entrega
en la prestación de dichos servicios.
Lo de la ley del cable es todavía más grave.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor García-Arreciado, le
ruego concluya, por favor.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy concluyendo.
El artículo siete de la ley del cable, que ustedes enmiendan, dice que
una vez adjudicada la concesión, el concesionario tiene el derecho de
establecer su propia red o utilizar las existentes. Su política, señora
Mato, nos lleva a algo que no compartimos de manera radical. Ustedes, con
su enmienda, diseñan una política de duplicación de redes. En tanto en
cuanto que la segunda licencia solamente se la van a dar a aquellos que
tengan red propia, ustedes están obligando a hacer una red paralela a la
existente ya en el país. Nos parece un error conceptual. Telefónica tiene
un uso de su red de nueve minutos por abonado y día. Mire usted si tiene
capacidad suficiente como para ofrecérsela a un segundo operador sin
necesidad de meter a éste en una inversión que es ineficaz. Pero estoy
seguro de que la convenceré de ello en la ponencia.
Le reitero las gracias en nombre de mi grupo, no sólo por el tono sino
por el contenido de sus palabras y, como decía al principio de mi
anterior intervención, aunque habíamos empezado mal el día creo que
estamos en el camino de poder terminarlo bien y de poder acordar
realmente por lo menos los aspectos sustantivos de una política de
extraordinaria trascendencia para el futuro económico, cultural y social
del país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señora Mato, reconozco que ha utilizado un tono que no me esperaba. Creí
que iba a entrar en el debate desde la defensa a ultranza de sus
posiciones, teniendo en cuenta que hace tres días --quiero decir tres
días políticos-- que aprobaron el texto del real decreto. Por tanto, lo
que aparece de nuevo es lo que yo dije al principio de mi intervención:
que ustedes no tienen claro el proyecto de telecomunicaciones, que no
aparece una concepción global, sino que lo que aparecen constantemente
son improvisaciones encadenadas, un parche tras otro. Ha hablado usted de
la LOT y de algunas rectificaciones que confusamente hemos podido
aprehender a lo largo de su intervención, y digo confusamente porque éste
no es el momento ni el sitio --lo será la ponencia cuando empiece a
funcionar-- de ver las posibilidades de acuerdo respecto a enmiendas
parciales. Usted ha intentado cambiar lo que es un debate de totalidad,
de filosofía, de contenidos políticos, por un debate de cambio, de
trueque, pero desde el punto de vista de una plataforma confusa, puesto
que no ha aclarado totalmente de qué modo, con qué profundidad y cómo
afectarán las rectificaciones que acaba de iniciar.
Respecto a la LOT, le diré que nosotros sólo introducimos una serie de
medidas en el texto alternativo para garantizar la equidad de todos los
operadores y para que los servicios finales se adapten al mercado
comunitario, pero, indudablemente --nosotros lo hemos dicho siempre--,
hay que ir a una nueva ley general de ordenación de las
telecomunicaciones porque la que tenemos vigente no sirve. Usted nos
habla de la posibilidad de un consenso. De acuerdo, discutamos cuando
llegue ese momento, aunque, según se ha filtrado en ciertos medios de
comunicación, parece ser que para ustedes, en plan personal, en plan
individual, ya ha llegado ese momento; es decir, que están realizando un
texto que después nos pueden traer aquí, pero que será ya muy difícil de
enmendar, muy difícil de matizar. Eso ya no será un consenso, sino lo que
estamos empezando a hacer aquí a partir de la ruptura: un debate
exclusiva y rigurosamente parlamentario. Por tanto, de conseguirse, lo
que haríamos es, sobre las cenizas del anterior consenso político,
intentar restablecer un consenso parlamentario, que con respecto a la LOT
está todo en el aire y con respecto a algunas matizaciones de la ley del
cable está todo absolutamente confuso.
En todo caso, señora Mato, este debate, si de verdad queremos hacerlo
limpiamente, sin ninguna espada de Damocles sobre nuestra cabeza,
exigiría que ustedes retiraran los reglamentos publicados hoy y ayer,
porque, si no, no es creíble que este debate sea serio y tenga una
voluntad de síntesis. Ustedes tienen los reglamentos publicados --como la
carne de oveja: si la quieres, la tomas y, si no, la dejas-- y establecen
el marco de un debate confuso, muy limitado, que no sabemos a dónde puede
conducir, y que si ustedes, a pesar del tono que ha utilizado hoy aquí,
se mantienen en sus posiciones, puede conducirnos a los mismos
reglamentos, con lo cual estaríamos en una situación perteneciente al
teatro del absurdo.
Por tanto, señora Mato, yo le pido que ahora, en su intervención, anuncie
si van a retirar o no los reglamentos publicados ayer y hoy relativos al
cable y al mercado de las telecomunicaciones. Si es verdad lo que usted
ha dicho de elegir a los integrantes de esa comisión de forma que se dé
participación a este Congreso, a los grupos políticos, si es verdad lo
que ha dicho a la hora de aclarar y ampliar las funciones de esta
comisión en relación con el mercado de las telecomunicaciones; si todo
eso es verdad, lo que corresponde política y jurídicamente es que anuncie
la retirada de los reglamentos, que reconozca que ahí hay un error.
Quizá, y con esto término, señor Presidente, el tono que usted ha
utilizado derive más de la constatación de ese error, de la constatación
de que esos reglamentos no se han publicado en su momento, de la
constatación de que vamos a un debate con el pie forzado y sin un marco
democrático adecuado, que de la posibilidad de llegar a acuerdos serios y
ciertos, por lo menos con respecto a Izquierda Unida.
En consecuencia, señora Mato, le pido que nos aclare si esos reglamentos
operan a partir de hoy con respecto al cable y a la comisión del mercado
de las telecomunicaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señor Alcaraz, tengo que decirle que es cierto que usted
tiene razón en un tema: vamos con el pie forzado, y vamos con el pie
forzado porque la situación en la que nos hemos encontrado las
telecomunicaciones hace preciso adoptar una serie de medidas que tenían
que haberse tomado hace ya tres o cuatro años y que nuestro grupo había
reivindicado durante todo este tiempo a través de distintas proposiciones
y proyectos de ley.
Ciertamente, en estos momentos nos encontramos en una situación diríamos
de emergencia, que hace preciso que para llegar a la liberalización
--que, como usted sabe, nos viene impuesta también por la normativa
comunitaria y por la Unión Europea-- necesitemos tomar unas medidas
inmediatamente, que no pueden esperar a que esta Cámara debata un
proyecto de ley durante tres meses, luego se ponga en práctica y se hagan
los reglamentos. Por esa razón se presentó en esta Cámara un real
decreto, por vía de urgencia, para empezar a dar los pasos necesarios y
poner en marcha las telecomunicaciones mientras la Cámara aprueba un
proyecto de ley que se convierta en una ley general de
telecomunicaciones. Ese real decreto, insisto, fue convalidado por la
mayoría de esta Cámara, lo que quiere decir que está en estos momento en
vigor. Con esto quiero decir que los reglamentos que se han aprobado en
virtud de dicho real decreto tienen que estar funcionando mientras la
Cámara aprueba este proyecto de ley. Cuando este proyecto de ley sea
aprobado, como digo, no será un modelo definitivo de telecomunicaciones,
porque no se trata de crear y de fijar el modelo definitivo de las
telecomunicaciones para España, se trata de dar unos pasos adecuados para
poder acercarnos al objetivo de liberalización que pretendemos. Por
tanto, señor Alcaraz, por supuesto que debatiremos un modelo de
telecomunicaciones que el Grupo Popular tiene, que el Grupo Popular ha
propuesto en algunas ocasiones en esta Cámara, y que el Gobierno, sin
ninguna duda, presentará ante este Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, quiero reiterar, como he dicho antes, y también al
señor García-Arreciado, que me alegro mucho que hoy se haya levantado un
poco más optimista, porque ayer estaba, como decía la Ministra de Medio
Ambiente, un poco agorero con todos los asuntos, y me alegra que piense
que la ley de telecomunicaciones por cable podrá salir y lo hará con el
consenso de toda la Cámara. También me alegro de que el día haya
terminado bien.
Solamente quería aclarar una serie de puntos. Nosotros tenemos un modelo
de telecomunicaciones que vamos a presentar en un futuro. En esta ley,
como decía antes, lo único que se pretende es dar unos pasos adecuados
para poner en marcha lo que es la liberalización de las
telecomunicaciones. En nuestro proyecto, señor Alcaraz, el que estamos
defendiendo hoy, por supuesto que vamos a mantener los aspectos
necesarios para hacer frente al trámite obligado de liberalización en un
proceso gradual controlado para potenciar el sector español de operadores
y para favorecer la creación de un entorno de competencias. Eso no tiene
ninguna discusión; vamos a dar los pasos adecuados para llegar a buen
término. Lo único que tenemos que fijar es si es posible entre todos los
grupos llegar a unos acuerdos para lograr los objetivos de una u otra
determinada manera. Pero los objetivos son esos y se van a cumplir a
través de la aprobación de este proyecto de ley.
Por último, señor García-Arreciado, en cuanto al tema del segundo
operador, usted sabe bien que nuestra propuesta es más avanzada que la
anterior que presentó el Partido Socialista cuando estaba en la
oposición. Usted sabe bien que en el artículo 4.9 el procedimiento básico
de adjudicación está perfectamente reflejado, independientemente de
quienes vayan a ser o de quienes pudieran ser los que conformaran o
tuvieran la base accionarial en el segundo operador. Por tanto, no tengo
nada más que decirle en el tema del segundo operador que los concursos se
realizarán en base a la legislación.
Por último, sólo reiterarles la disposición del Grupo Popular, que he
manifestado esta mañana, para que logremos un consenso no solamente en
este proyecto de ley, que, como digo, es un paso previo, sino en lo que
debe ser el modelo de telecomunicaciones, que al final creo que es lo
importante. Y tenga usted la seguridad de que el proyecto que venga a
esta Cámara no será un proyecto que esté cerrado, porque siempre habrá la
posibilidad de modificarlo cuando llegue. Esa es la esencia de la
democracia y por eso estamos todos aquí trabajando.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieren participar en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera comenzar mi intervención para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Vasco en relación a este proyecto de ley de la
liberalización de las telecomunicaciones anunciando, sobre todo a la
portavoz del Grupo Popular, la sorpresa de nuestro Grupo Parlamentario en
relación al impasse que está conociendo este sector. En su intervención,
señora Mato, ha hecho ciertas alusiones a cómo se ha encontrado el
Gobierno popular el sector de las telecomunicaciones y a partir de qué
bases --se ha hablado de cenizas también-- se ha tenido que empezar a
legislar, etcétera. Lo que es un dato cierto, señora Mato, es que
asistimos a un impasse real durante bastantes meses. Usted recordará que
este portavoz, en esta misma tribuna, indicaba, cuando se convalidó el
real decreto-ley en esta Cámara, que no era razonable que se tramitara
como proyecto de ley, dadas las urgencias del tema y dado el calendario
de liberalización ante el que nos encontramos, y convendrá conmigo,
señora Mato, que el tiempo nos está dando la razón: estamos exactamente
igual que en julio con una novedad, que el Gobierno por sorpresa también
ha puesto en vigor un reglamento que desconocemos qué apoyos tiene. En
principio --quiero anunciarlo a esta Cámara ante las intervenciones de
otros portavoces-- no la del Grupo Parlamentario Vasco, que presentó en
su día las observaciones oportunas al Gobierno y ha visto cómo el Consejo
de Ministros ha aprobado un reglamento que arregla los problemas que
tradicionalmente ha tenido el Grupo Popular en esta Cámara, las
posiciones clásicas, legítimas que el Grupo Popular ha mantenido en esta
Cámara, pero no ciertamente las del consenso, no ciertamente las
opiniones mayoritarias. Así lo dijimos cuando se convalidó el real
decreto-ley e insisto en que estamos exactamente igual que en el mes de
julio.
Pero la sorpresa puede avanzar aún más allá cuando observamos que el
Grupo Popular ha solicitado la avocación de este proyecto al Pleno, luego
muchas prisas no deben tener, señora Mato, o faltan diseños, faltan
estrategias, faltan mayorías suficientes, o tendrá que justificar usted
de alguna manera por qué el Grupo Popular, en su legítimo derecho, avoca
este trámite parlamentario a Pleno, que indudablemente tiene un efecto, y
es que se dilata en el tiempo la aprobación de estas medidas, y en un
sector estratégico como el de las telecomunicaciones no hay que tener
especial sensibilidad para indicar que el tiempo es oro y que nos
encontramos en una inseguridad estratégica, tanto desde el punto vista
jurídico como desde el punto de vista económico. Si de lo que se trata es
de generar riqueza, de generar empleo, de desatascar, en definitiva, este
tema, no parece que sea la estrategia más razonable.
Indicamos en nuestra intervención en el Pleno de julio que nosotros
compartimos los tres grandes vectores sobre los que se sustenta este real
decreto-ley: que haya una comisión del mercado de telecomunicaciones; que
se constituya un segundo operador; que se hagan modificaciones legales de
la LOT y de la Ley de Telecomunicaciones, que son los grandes vectores
del real decreto-ley, sobre principios de libre concurrencia, de
transparencia, de igualdad de trato a agentes y operadores; ahí no hay
problema. Indudablemente, de lo que se trata de avanzar sobre esa
situación real.
Entendemos, desde el Grupo Parlamentario Vasco, que hay que liberalizar,
que hay que impulsar la competencia, que haya más operadores, que se
ofrezcan mejores servicios a costos más ajustados, pero, indudablemente,
a partir de esos grandes principios entendemos que ha llegado la hora de
la concreción para que haya un desarrollo armónico de ese sector de las
telecomunicaciones y para que esos grandes principios del servicio
universal, de la cohesión social, de la cohesión territorial sean
efectivos en un plan concreto. Creo que se ha superado ya, a estas
alturas del debate, ese planteamiento a través del cual hay que abordar
el tema de las telecomunicaciones desde los grandes principios. Ese
debate está ya más que realizado, más que superado, y hay que avanzar en
otra línea.
Por ello indicamos, señor Presidente, que es la hora de despejar
incógnitas, y es lo que no vemos; a estas alturas seguimos viendo todavía
la ecuación de segundo grado en sus propios términos. Y porque no se
despejan las incógnitas, el impasse está ahí. Nos sorprenden
terriblemente estos dos datos que tenemos de los últimos meses. Por una
parte, que el Gobierno apruebe el reglamento, parece que sin el menor
consenso en la Cámara, o al menos le preguntaríamos, ¿con qué consenso,
señora Mato? Y, en segundo lugar, que el Grupo Popular haya solicitado la
avocación de este debate al Pleno. Quisiéramos también conocer las
razones para
que estas dos cuestiones se hayan producido en el tiempo que va desde
julio hasta aquí.
Por eso indicamos que desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que
es la hora de despejar las incógnitas. ¿Qué incógnitas? Los plazos, cuál
es la fecha de liberalización de la telefonía vasca. Alguna vez lo
tendremos que conocer. En el debate de julio el señor Ministro indicó en
esta Cámara que en unas semanas se nos iba a indicar. Algunas semanas es
indeterminado, pero desde julio hasta aquí también han pasado meses.
Tendremos que conocer, en esta labor de despejar incógnitas, cómo y
cuándo vamos a cumplir la normativa europea; es decir, cuándo, en qué
medida vamos a acomodar la legislación del Estado a los contenidos de esa
normativa europea, con un objetivo claro, que parece que no se discute
porque es del nivel de los principios, que se pueda prestar desde ya en
cada demarcación los servicios portadores y finales de telecomunicación,
incluido el del servicio telefónico básico.
¿Que este real decreto-ley, ahora proyecto de ley, que convalidamos y
estamos tramitando es un totum revolutum? De la propia lectura del real
decreto, hoy proyecto de ley, se puede derivar, no parece que a partir de
ahí se puedan establecer excesivas controversias. En el Grupo
Parlamentario Vasco hemos analizado las enmiendas a la totalidad que han
presentado los grupos Socialista y Federal de Izquierda Unida, y creemos
que una vez manifestadas las posiciones conocidas y clásicas de los
distintos grupos parlamentarios, en un sector estratégico como es el de
las telecomunicaciones, sería conveniente despejar estas incógnitas para
que no haya inseguridad jurídica, para que haya un marco económico y
fiscal adecuado, de forma que el sector de las comunicaciones conozca el
desarrollo que debe conocer en una sociedad moderna.
Nosotros, señor Presidente, vamos a rechazar estas dos enmiendas que se
nos presentan hoy por parte del Grupo Socialista y por parte de Izquierda
Unida, en el convencimiento de que son complementarias, en el
convencimiento de que a partir de las enmiendas al articulado, a partir
de dichos textos, a partir de las enmiendas del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y de las que nosotros mismos, como Grupo
Parlamentario Vasco, presentamos, se puede llegar a un acuerdo. No
podemos estar discutiendo si el consenso anterior era el necesario o si
el consenso de ahora es el suficiente; entendemos que el de las
telecomunicaciones es un sector estratégico en el que se genera empleo,
en el que se genera riqueza, en el que se sientan las bases para una
sociedad moderna, y no podemos estar en el prurito de quién se lleva el
gato al agua y que a partir de ese momento uno pueda decir: ¿ves como yo
tenía las bases sensatas sobre las cuales este proyecto se podía
sustentar? No creemos que esa sea la discusión, nos parece que sería
completamente estéril.
En todo caso, quisiéramos hacer una anotación genérica en relación tanto
al texto del Gobierno como a los textos presentados por Izquierda Unida y
por el Grupo Socialista, en el sentido de que nos llama la atención el
exceso de intervencionismo que destilan los tres en sus contenidos.
Creemos que hablando de liberalización estar permanentemente leyendo
controles, resquicios para poder entrar intervencionistamente en el
sector, llama la atención, y llama mucho más la atención en un Grupo como
el suyo, señora Mato, que ha estado predicando la liberalización.
Liberalización ya, ahora, con telefonía básica, de forma que pueda ser un
buen proyecto.
No nos parece razonable que un Gobierno como el suyo, señora Mato, pueda
manifestar tanto recelo, tanto control, tanta cautela para con un sector,
y menos para con un sector inversor. No es esa la tónica que se está
sustentando en los últimos meses desde la Vicepresidencia económica en
otros proyectos de ley.
Nosotros creemos, señor Presidente, que este sector necesita aire para
respirar, necesita aire para tener seguridad y necesita despejar
incógnitas de forma que podamos contar con una red de telecomunicaciones
y con unos contenidos y unos servicios propios de una sociedad moderna.
Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado
ya 26 enmiendas tendentes a mejorar tanto el aspecto técnico como el
aspecto político de este proyecto de ley. Entendemos que superando el
monopolio no es razonable pasar a un duopolio, que hay que tender a la
liberalización y que hay que hacer análisis realistas de inversión.
Parece que el Gobierno quiere jugar a todas las cartas en planes
extensivos, como si este país pudiera permitirse en las
telecomunicaciones todo tipo de alternativas. Nosotros entendemos, señor
Presidente, que hay que optar por unos proyectos liberalizadores, por
unos proyectos de telecomunicaciones que sean reales y que se acoplen a
las inversiones que se puedan realizar. Nosotros, señora Mato, no vivimos
en el Sultanato de Brunei. Vivimos con unos condicionantes y están ahí, y
es básicamente el Gobierno el que tiene que aceptarlos y el que tiene que
hacer los proyectos de telecomunicaciones debidos.
Capitulo, señor Presidente, como se ha dicho anteriormente:
liberalización ya, incluida la telefonía básica; ámbitos competenciales
bien definidos; superación no sólo del monopolio sino también del
duopolio que se propone en el proyecto de ley; eliminar intervencionismos
obstruccionistas, que se recogen curiosamente en las dos enmiendas a la
totalidad y en proyecto de ley, y apostar por la generación de riqueza y
empleo y por las tecnologías de una sociedad moderna. Esas son las bases
de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Entendemos que sería razonable, al igual que en la legislatura pasada
todos los grupos menos el Popular conseguimos ponernos
de acuerdo en relación al proyecto de ley, hoy Ley de Telecomunicaciones,
que hoy fuéramos capaces de despejar las incógnitas que he planteado, de
forma que estos sectores inversores pudieran entrar en tiempo y con la
suficiente seguridad jurídica como para realizar los proyectos que ellos
quieren efectuar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, hoy
reemprendemos el debate de la liberalización de las telecomunicaciones,
que es la continuación del que ya mantuvimos hace tres meses con ocasión
de la convalidación del real decreto-ley del que este proyecto de ley
proviene. Y es un debate, y creo que no nos equivocamos, que no es una
invención del Gobierno, que no es una invención de este Parlamento ni es
fruto de la imaginación de algún Diputado o de algún grupo parlamentario.
Entendemos nosotros, y estamos convencidos de ello, que este debate es
una imposición de la evolución vial y es obviamente también una
imposición, una exigencia de la Unión Europea. Pero esta exigencia de la
Unión Europea, esta imposición de la evolución mundial debo decir también
que nuestro grupo parlamentario la recibe con suma satisfacción.
La liberalización es competencia, lo que en este sector equivale a una
mejor calidad del servicio, al incremento y a la diversificación de la
oferta y al descenso de los precios. En definitiva, la liberalización
comporta y comportará beneficios notables para nuestros ciudadanos,
receptores y usuarios de unos servicios que tradicionalmente han sido
sumamente deficientes, y la liberalización comportará notables beneficios
para nuestra competitividad, para nuestra economía. Por tanto,
bienvenido sea el camino que despeja un poco más esa norma, aunque no de
una forma tan clara como este grupo parlamentario quisiera.
El pasado mes de junio, y con ocasión del debate del real decreto-ley, ya
pudimos exponer nuestro punto de vista. En aquel momento ya puse de
manifiesto una serie de coincidencias, así como una serie de
discrepancias con su texto, discrepancias que nos llevaron a coincidir
con otros grupos parlamentarios de la Cámara en la necesidad de que aquel
real decreto-ley fuera tramitado como proyecto de ley. De hecho, es lo
que estamos iniciando con el debate de hoy.
Hoy nuestra posición, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
sigue siendo la misma que la que mantuvimos en el mes de junio, si cabe
un poco más matizada, porque, obviamente, hemos tenido más tiempo para
estudiar con detalle el contenido del real decreto-ley --hoy proyecto de
ley--, y por ello obviaré reiterar lo que puse de manifiesto en aquel
momento e intentaré no extenderme excesivamente.
Coherentemente con el voto favorable que mantuvimos en la convalidación
del real decreto-ley anuncio --y a nadie le va a sorprender-- que este
grupo parlamentario no va a votar favorablemente las enmiendas de
totalidad planteadas tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Ello no
significa --y no quisiéramos confundir-- que en este momento hayan
desaparecido las objeciones que el 25 de junio este portavoz ponía de
manifiesto. Debo decir --con toda la claridad que convenga-- que
continuamos sin compartir algunas de las propuestas del real decreto-ley,
y algunas de las desavenencias consideramos que tienen una importancia de
cierto calado.
A este grupo parlamentario le gustaría, en primer lugar, que la comisión
del mercado de las telecomunicaciones que se crea con este proyecto de
ley viera reforzado ya su papel, porque no creo que sea imprescindible
esperar al futuro proyecto de ley que ha de refundir toda la legislación
existente en materia de telecomunicaciones. Nos gustaría que mediante
este proyecto de ley la comisión viera reforzado ya su papel y apareciera
ante los operadores como un regulador sólido, y a ello contribuiría el
hecho no sólo de reforzar directamente, por ejemplo, sus potestades
sancionadoras, sino también que este Parlamento tuviera una participación
directa en el proceso de designación de los siete miembros de dicha
comisión.
Nuestro grupo parlamentario quisiera, en segundo lugar, compartir el
modelo de segundo operador que diseña el proyecto y deshacer --durante la
tramitación de este proyecto de ley-- las contradicciones del modelo del
proyecto en relación al modelo que diseñó la Ley de Telecomunicaciones
por Cable. Este tema lo puse de manifiesto en su momento pero quiero
reiterarlo. Mi grupo parlamentario participó en un amplio --no amplísimo,
lamentablemente-- consenso en la Cámara acerca de aquella Ley de
Telecomunicaciones por Cable y, por tanto, nos sentimos responsables, con
una parte alícuota obviamente, del texto final de esa ley.
Nos gustaría ver despejado el camino de la liberalización de todos los
servicios de telecomunicación, especialmente el de telefonía básica y aún
con mayor interés en su vinculación a las concesiones de cable, porque
son muchas las sombras de duda e incertidumbres que planean sobre el
futuro y ello desmotiva a los inversores. Recordarán SS.SS. que la Ley de
Telecomunicaciones por Cable establecía que los concesionarios de cable
tendrían derecho a prestar el servicio de telefonía básica el 1 de enero
de 1998, aunque en el texto se añadía después que previa obtención del
correspondiente título habilitante.
En el conjunto normativo que forma este proyecto de ley --derivado del
real decreto-- con el reglamento de desarrollo de la Ley del Cable --que
ya ha sido aprobado--, resulta que esa previsión legislativa, o lo que
nosotros interpretamos que quería decir la Ley de Telecomunicaciones por
Cable cuando otorgaba licencia a los operadores de cable para poder
prestar el servicio de telefonía básica a partir de enero de 1998, eso en
cierta forma se diluye. Y lo que nos preocupa más no es precisamente el
retraso que se pueda producir en la obtención de esa licencia por parte
de los operadores de cable, sino la incertidumbre que se genera por
cuanto no saben cuándo van a poder prestar ese servicio. Y deshacer las
incertidumbres y las incógnitas --y en eso coincido totalmente con lo que
ha manifestado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-- es
absolutamente fundamental para poder acometer la liberalización y para
poder tranquilizar a todas aquellas empresas que se pueden sentir
interesadas en entrar en nuestro mercado de telecomunicaciones, pero que
a la vez deberán acometer cuantiosas inversiones que son en cierta medida
disipadas o ahuyentadas por las incógnitas que todavía permanecen.
Debo decir también --y en ese sentido lo valoro-- que el Partido Popular
ha presentado una enmienda que intenta deshacer esta incógnita y
establece la posibilidad de prestar el servicio de telefonía básica a los
operadores de cable el 1 de enero de 1998. Digo que la despeja solamente
en parte, porque hay dos cuestiones que preocupan a nuestro grupo
parlamentario. En primer lugar, cuando se establece que ese servicio se
podrá prestar, única y exclusivamente, sobre la propia red --y en ese
sentido coincido con las manifestaciones del señor García-Arreciado,
portavoz socialista-- y, en segundo lugar, cuando se remite a las
condiciones que reglamentariamente se exijan al respecto. Por tanto,
continúa viva la incógnita.
En cuarto lugar, no podía ser de otra forma, seguimos sin compartir el
trato de privilegio que el proyecto de ley otorga a los concesionarios
del servicio de telecomunicaciones por cable que obtuvieron su licencia
en unas operaciones, para decirlo suavemente, urdidas en contra de la ley
que se encontraba en tramitación en esta Cámara. En ese sentido van las
tres enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley.
Quiero decir otra cosa, antes de terminar, que me parece importante.
Nuestro planteamiento favorable a la rápida liberalización no pierde y no
puede perder de vista dos cuestiones que son fundamentales en este
momento. En primer término, la negociación que nuestro Gobierno está
llevando a cabo con la Unión Europea y las contrapartidas que puede
obtener España con la apertura de sus mercados al resto de inversores
europeos. Que nadie se piense que las medidas liberalizadoras que propone
este grupo parlamentario, en cierta forma contundentes, pierden esto de
vista.
En segundo lugar, tampoco perdemos de vista, y las tenemos en cuenta, las
negociaciones que en paralelo se llevan por parte de la Comisión Europea
con el Gobierno de los Estados Unidos en el seno de la Organización
Mundial de Comercio de cara a la apertura recíproca de los mercados. Es
otra cuestión que obviamente no podemos olvidar.
Vamos a hablar de todo ello en las próximas semanas y estoy seguro de que
lo vamos a hacer con serenidad, con tiempo y, sobre todo, con la voluntad
de encontrar lógicos puntos de acuerdo, amplios puntos de acuerdo. Estoy
convencido, como lo estaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, de
que existen suficientes puntos de aproximación entre los grupos de esta
Cámara para que se pueda repetir en este proyecto de ley, si no la
mayoría que se produjo con la Ley de Telecomunicaciones por Cable, sí una
mayoría aún mayor. Ello nos parecería absolutamente positivo.
Ahora bien, para ello es necesario que acometamos el diálogo con
convicción y con la clarividencia de que la negociación política implica
a menudo renunciar en parte a los propios puntos de vista en aras al
consenso o, en todo caso, en aras a obtener una mayoría que permita al
proyecto convertirse en ley.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Recorder.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a
este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre las enmiendas de totalidad de texto
alternativo presentadas por el Grupo Socialista del Congreso y el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al
proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Votaremos, en primer lugar, el texto alternativo propuesto por el Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 137; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el texto
alternativo.
Sometemos a votación el texto alternativo propuesto por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 17; en contra, 172; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también rechazado el texto
alternativo propuesto por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY.
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149
del Reglamento, someto al Pleno de la Cámara la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de liberalización de
las telecomunicaciones por haberse solicitado así. ¿Lo acuerda el Pleno?
(Asentimiento.) Así se entiende por asentimiento.
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE CORRECCION DE LA
DOBLE IMPOSICION INTERNA INTERSOCIETARIA Y SOBRE INCENTIVOS A LA
INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
8/1996, DE 7 DE JUNIO.) (Número de expediente 121/000004.) El señor
PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección
de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas, al que se ha presentado una
enmienda de totalidad con texto alternativo por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, para cuya presentación y defensa tiene la
palabra el señor Martínez Noval. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (Rumores.) Señora Montseny, señora Balletbó, silencio, por
favor.
Su señoría puede comenzar.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley procedente de un decreto-ley que la
Cámara decidió tramitar como proyecto de ley para corregir la doble
imposición intersocietaria y para incentivar la internacionalización de
las empresas es, sin ninguna duda, una de esas cuestiones que entre
nosotros denominamos abstrusas. Fíjense lo abstrusa que será que la
discusión sobre esta cuestión no le interesa ni al señor Ministro de
Economía. Además, estamos en una circunstancia que es preciso aclarar. No
han cambiado mucho las cosas desde que hace pocas semanas, no muchas,
tuvo lugar la discusión del decreto-ley sobre una materia que ya entonces
puso de relieve unas importantes discrepancias entre el Gobierno que
había redactado el decreto y los grupos parlamentarios que apoyaban ese
decreto, y algunos otros grupos en la oposición, entre ellos el Grupo
Parlamentario Socialista. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Martínez Noval. Señorías, les ruego silencio.
Continúe, por favor.
El señor MARTINEZ NOVAL: Les quiero recordar que una de las cuestiones
que más controversia causó en aquellos momentos era el hecho de si la
modificación que se producía en el decreto de algunos apartados del
artículo 28 de la Ley 43/1995 podría dar lugar a la existencia de unas
operaciones bursátiles conocidas como lavado de cupón o lavado de
dividendo que todos tratábamos de impedir por la vía de la norma, por la
vía de la legislación.
Entiendo que la ley que aprobó el anterior Gobierno y una mayoría
distinta en esta Cámara en el mes de diciembre del año 1995 impedía esas
operaciones, y el Grupo Popular se empeñó entonces, cuando discutimos ese
decreto-ley, en que las modificaciones que se habían producido iban
también en la dirección de seguir impidiendo, sólo que de manera más
efectiva, la operación de elusión fiscal conocida como lavado de cupón o
lavado de dividendo. Pues bien, señorías, en términos objetivos, algo
tendremos que hacer en el trámite de este proyecto de ley porque la
redacción que le ha dado el Gobierno en ese decreto-ley al artículo 28 no
ha corregido, no ha impedido ni muchos menos estas operaciones bursátiles
denominadas lavado de cupón o lavado de dividendo.
La mejor prueba, señorías, es que yo tengo aquí una información de un
diario económico, del domingo 30 de junio de 1996 --llevaba ya un tiempo
en vigor el citado decreto-ley--, y en uno de los análisis de la
evolución de las cotizaciones de la semana, precisamente en el sector de
las comunicaciones, el titular de la semana es el de: «Lavado de cupón».
En él se describe brevemente que, a lo largo de la semana anterior, que
se resume en este diario de los domingos, habían tenido lugar una serie
de operaciones, de aplicaciones bursátiles que el periódico denomina
--creo que felizmente--, como denominamos todos, con esa terminología de
lavado de cupón.
Lo que en su momento aseguró aquí el Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de Economía de que este decreto-ley iba a impedir esas
operaciones elusivas no es correcto; desgraciada y lamentablemente no es
verdad, no ha servido la nueva regulación para impedir este tipo de
operaciones. Por lo tanto, señorías, estamos ante una circunstancia, una
tesitura en
la que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos por corregir ese peligro,
el riesgo de que el proyecto de ley que salga de esta Cámara siga
permitiendo la existencia de esas operaciones fraudulentas y elusivas de
la fiscalidad.
Quiero decir también, señorías, que la nuestra es una enmienda con texto
alternativo, y tampoco quiero esconder que el texto alternativo no es
otro que la redacción literal e íntegra, en el caso de los artículos 28,
29 ó 30 bis, de la Ley 43/1995; no podía ser de otra manera. En esta
materia, que ya dije anteriormente que era un poco abstrusa, tampoco hay
imaginación suficiente para andar cambiando las redacciones de un mes
para otro, ya que tengan en cuenta que estamos hablando de una
proposición del mes de diciembre en la que basamos nuestras posiciones y,
además, del día 27 de diciembre de 1995. Luego con tal cercanía
cronológica se entenderá fácilmente que nuestra enmienda de texto
alternativo sea justamente la reproducción literal del texto de esa ley
del año 1995.
Quiero exponer, antes de dejar esta tribuna, señorías, con toda claridad,
una cuestión que espero sea bien acogida por parte del Grupo
Parlamentario Popular. La presentación de estas enmiendas de totalidad y
el cierre del plazo de enmiendas, no sólo de totalidad sino también
parciales, ha dado lugar a que podamos conocer, señorías, que el Grupo
Parlamentario Popular presenta enmiendas a esta ley en las que trata de
corregir algunos aspectos, y no aspectos baladíes o triviales, del
Decreto 7/1996. Señorías, para nosotros esto es una burla de la Cámara,
dicho lisa y llanamente.
El Real Decreto 7/1996 --del que estamos hablando hoy es el 8/1996--, les
recuerdo, se refierre a las plusvalías en el IRPF, a la introducción de
ese nuevo impuesto del 3 por ciento en la revalorización de los balances
de las empresas, y el Grupo Parlamentario Socialista presenta un recurso
de inconstitucionalidad basado fundamentalmente en esas cuestiones.
Cuando les dije desde esta tribuna: ¿Por qué aceptan tramitar como
proposición de ley el decreto 8 y no el decreto 7?, su respuesta fue
tajante: Porque sí. Pues ahora, señorías, presentan ustedes una enmienda,
la enmienda número 16, en la que tratan de modificar el decreto 7 --algo
ha debido de pasar después de la presentación del recurso de
inconstitucionalidad por parte de los socialistas-- en esta proposición
de ley.
Señorías, para nosotros, lo digo con claridad, es una cuestión que
significa, ni más ni menos, la burla de esta Cámara, y vamos a hacer el
trabajo político necesario para que si no el Grupo Parlamentario Popular
, que está decidido a ello en la medida en la que ha presentado esta
enmienda, al menos los grupos que le dan la mayoría en esta Cámara no
incurran en esa indignidad parlamentaria que significa que por la puerta
trasera se esté tratando de corregir situaciones que no se aceptaron
corregir en su momento.
En consecuencia, señorías, esto es todo lo que tengo que decir, a estas
horas de la mañana, sobre una cuestión --vuelvo a incidir-- compleja y
difícil de discutir, en que además se da la circunstancia de que en pocas
semanas la discutimos por segunda vez.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, mi grupo, como no podía ser de otra manera, conociendo la
enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado el Grupo
Socialista va a votar en contra.
Ya manifestamos que esta es la tercera vez que este debate se celebra en
esta Cámara. Hace pocos días se discutió este mismo texto, en la
presentación del Real Decreto-ley 8/1996, en la que el Vicepresidente
Segundo y Ministro de Economía y Hacienda no sólo presentó el texto sino
que participó activamente en un largo debate también con el señor
Martínez Noval. Pero es que, además, este debate ya se había celebrado
meses antes, cuando discutimos el Impuesto sobre Sociedades. Ya dijimos
entonces que era uno de los puntos que no veíamos claro en la redacción
del Impuesto sobre Sociedades y que pretendíamos modificarlo cuando
accediéramos al Gobierno. Ustedes, como muy bien ha dicho, han traído un
texto alternativo cuya redacción es similar al texto del Impuesto sobre
Sociedades en los artículos 28, 130. 131 y en la supresión del artículo
30 bis. Yo creo, señor Martínez Noval, que podrían haber hecho el
esfuerzo de mejorar la redacción del impuesto. Han traído el texto
antiguo y, además, parece que lo hacen con el orgullo del artista que
cree que la obra que ha realizado no es mejorable. El articulado, que
hace referencia a la deducción por doble imposición en el Impuesto sobre
Sociedades -- qué duda cabe que es un tema más técnico que político--, ya
se debatió con ocasión del impuesto y nosotros manifestamos nuestra
posición negativa --y ustedes ahora lo reproducen-- porque contiene
errores importantes que hacen que la ley no consiga los efectos deseados:
ni era neutral ni favorecía la internacionalización de la empresa
española situándola en un entorno competitivo. Por ello al Gobierno le
pareció que era necesario plantear por vía de urgencia una modificación
del Impuesto sobre Sociedades en los artículos que hacen referencia a la
doble imposición de dividendos y beneficios no distribuidos, lo que se
plasmó en el Real Decreto 8/1996, que fue convalidado en esta Cámara con
una mayoría muy sólida de la que ustedes no formaban parte.
Nosotros --se lo digo sinceramente-- apoyamos la tramitación de este real
decreto-ley como proyecto de ley --y por eso estamos debatiendo hoy la
enmienda de totalidad-- porque queríamos buscar el mayor consenso
posible. Usted hace hoy un alegato de que son una burla las enmiendas
planteadas. Yo le quiero decir que si plantear una enmienda para que se
debata en un trámite parlamentario es una puerta trasera, no sé el
concepto que tiene usted de la vía parlamentaria. A nosotros nos parece
que hemos ofrecido una voluntad amplia de llegar a los mayores consensos
posibles, porque nos importa que el texto de este articulado sea el mejor
posible. Cuando estuvimos hablando del real decreto desde esta tribuna le
ofrecí nuestra voluntad de llegar a consensos, de negociar las enmiendas,
pero parece que ustedes han presentado este texto alternativo, similar al
anterior, no en busca de un mayor consenso sino de nuevos titulares.
Yo le quiero plantear lo siguiente, señor Martínez Noval: ¿Usted está de
acuerdo en que se corrija totalmente la doble imposición, tanto interna
como externa? ¿Usted está de acuerdo en que consigamos mejorar la
internacionalización de la empresa española? ¿Usted está de acuerdo en
que la situemos en un entorno competitivo, similar al que tienen el resto
de las empresas? Desde luego nosotros estamos en esa tarea, y hemos
presentado este real decreto-ley que ahora estamos tramitando como
proyecto de ley porque creemos que son objetivos que no se pueden
conculcar.
En el debate del Impuesto sobre Sociedades se puso de manifiesto que era
un objetivo compartido por todos corregir la doble imposición, y yo así
lo creo, pero ni el texto del Impuesto sobre Sociedades lo conseguía ni
el mecanismo elegido contribuía a alcanzar eficazmente ese objetivo. De
hecho, es opinión compartida no sólo por nuestro grupo y por otros grupos
de la Cámara que apoyaron el real decreto-ley, sino por técnicos y
asesores fiscales, que la regulación tenía deficiencias, que había que
plantear modificaciones y que las modificaciones planteadas actualmente
mejoran el contenido anterior.
Ustedes presentan un texto del artículo 28, similar al del Impuesto sobre
Sociedades, como usted ha reconocido, donde pretenden conceder la
deducción por doble imposición de dividendos al tenedor de las acciones,
cosa que nosotros respetamos y que nos parece el objetivo a conseguir,
pero la deducción por doble imposición de beneficios no distribuidos se
la conceden al último tenedor y se la niegan al transmitente de las
acciones, aunque esos beneficios se hayan producido durante el tiempo en
que el transmitente tenía en su poder las acciones. Manifiestan en la
exposición de motivos --y usted lo ha vuelto a reiterar aquí-- que lo
hacen para establecer cautelas en relación al lavado de dividendos.
Yo creo sinceramente, sñor Martínez Noval,que no han estudiado en
profundidad el texto, porque el texto actualmente vigente, que parte del
real decreto-ley, impide absolutamente lo que usted ha denominado lavado
de dividendos, porque la expectativa de aplicarse la deducción no se
transmite, permanece siempre en el vendedor, y si éste no se la aplica se
pierde. No hay posibilidad de transmitir las acciones y que el comprador
se aplique una deducción. Ni siquiera se puede aplicar la deducción el
comprador de las acciones de una sociedad con beneficios por distribuir y
que se distribuyen con posterioridad a la compraventa. Eso queda
perfectísimamente claro en el apartado 4.e).
También alegan ustedes en la exposición de motivos que no debería
concederse la deducción en el caso de transmisión de las acciones o
participación. Yo creo, señor Martínez Noval, que ustedes no tienen en
cuenta que la plusvalía obtenida --y esa es nuestra voluntad al hacer
este decreto ley-- refleja el incremento de los fondos propios que
proceden de beneficios gravados anteriormente y que, por tanto, en caso
de transmisión le corresponde aplicársela al vendedor de las acciones. El
sistema que nosotros planteamos es más neutral. La deducción se la debe
aplicar el poseedor de las acciones durante el período en que la sociedad
ha generado los beneficios no distribuidos pero que sí han sido gravados.
Usted nos ha hablado de la supresión del artículo 30 bis. Nosotros no
podemos estar de acuerdo con la supresión del artículo 30 bis que ustedes
plantean en su enmienda de totalidad porque supone una traba, un
inconveniente, una dificultad añadida a la internacionalización de las
empresas españolas. Como muy bien expuso aquí el Ministro, y debatió con
usted en la presentación del real decreto-ley, sitúa a las empresas
españolas con un déficit de competitividad respecto a las empresas de los
países donde se han instalado filiales de empresas española. Ustedes
proponen volver al sistema anterior, eliminar el sistema de exención y
pasar a un sistema de deducción parcial, lo que dificulta enormemente la
instalación de empresas en el exterior, y en el caso de la implantación
de empresas en el exterior conduce a la no repatriación de los
dividendos.
Es opinión de mi grupo --y usted no se ha referido a este tema que
nosotros consideramos esencial en este real decreto-ley-- que en un
momento en que se están abriendo las fronteras, que caminamos hacia una
globalización de los mercados, hay que ayudar a la competitividad de las
empresas en el exterior. No podemos cerrar las fronteras. Hay que
conseguir que las empresas españolas tengan una presencia activa en los
mercados de destino. Hay que procurar un régimen que no dificulte esa
competitividad, que no penalice la inversión española en el exterior. Por
eso nosotros presentamos ese añadido al Impuesto sobre Sociedades, ese
artículo 30 bis que ustedes suprimen actualmente. Nosotros no estamos de
acuerdo con eso porque nos parece retroceder.
Acabo diciéndole, señor Martínez Noval, que nosotros estamos dispuestos a
negociar. Se han presentado enmiendas. Quisimos tramitar este real
decreto-ley como proyecto de ley porque queríamos que los grupos, y
también el nuestro, presentaran enmiendas; enmiendas conducentes a
mejorar el texto porque queremos el mejor texto posible, porque no
estamos hablando de un tema político, estamos hablando de competitividad
y de mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior. Le
ofrezco desde esta tribuna hablar de las enmiendas para mejorar el
mecanismo.
Mi grupo cree, señor Martínez Noval, que el proyecto en vigor, que sin
duda mejorará en el trámite parlamentario, está ayudando a dotar de mayor
neutralidad al sistema fiscal y también a la internacionalización de las
empresas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Yo acepto el ofrecimiento del señor Martínez-Pujalte respecto a la buena
disposición para discutir las enmiendas, excepto la número 16. Para
nosotros es una cuestión de principio que, si ustedes se han negado en su
momento a que ese decreto-ley se tramitase como proyecto de ley, utilicen
ahora otro proyecto de ley para regular (porque usted conocerá la
enmienda, que es una regulación en toda regla) de un nuevo impuesto que,
señor Martínez-Pujalte, ha sido la base de la presentación de un recurso
de inconstitucionalidad. ¿Cómo me puede usted decir que eso forma parte
de la experiencia parlamentaria normal? No, señor Martínez-Pujalte. No
pase la esponja por encima con esa facilidad, porque no lo vamos a
aceptar. De ninguna manera. Yo estoy dispuesto a discutir con usted todas
las enmiendas, excepto la número 16.
Le digo más. Haremos todo lo que sea necesario para convencer al resto de
los grupos parlamentarios de que este es un procedimiento que convierte
esta Cámara en un lugar poco digno, porque se respeta poco... (Rumores.)
Sí, señorías. Yo pregunté --insistí antes y lo reitero ahora-- que por
qué no se tramita el decreto como un proyecto de ley y se me contestó:
Porque no. Y como había tantos argumentos, hace falta que se explique
ahora qué argumentos hay para regular, de nueva planta, un nuevo impuesto
en una disposición adicional nueva de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades. Explíquenoslo. Y, desde luego, si esto no es una indignidad
para la Cámara, es una burla de la Cámara. Insisto en ese término.
Señor Martínez-Pujalte, si el decreto-ley impedía todo por la vía de
hacer residir en el transmitente, etcétera, qué pasa, por qué entonces
este medio de comunicación, después de estar unas semanas en vigor, habla
de lavado de cupón en una sociedad a la que no me quiero referir. ¿Por
qué? Será por algo. Supongo que porque el periodista que transmite la
noticia se ha informado bien de que se había producido esa figura del
lavado de cupón. Yo no estoy diciendo que ustedes la quieran proteger y
no tengan voluntad de combatirla. La tienen igual que nosotros. Tendremos
que ponernos de acuerdo en cuál es el mejor procedimiento para impedirlo,
pero no me niegue usted los hechos, que son a los que yo estaba haciendo
referencia hace un momento.
Yo no le puedo aceptar, señor Martínez-Pujalte, que no hayamos estudiado
el texto. Puede acusarnos de ser obcecados o de malentender el texto,
pero decir en esta Cámara que no lo hemos estudiado es un argumento que
siempre se trae por los pelos. Haga el favor de utilizar otros argumentos
porque ese no es de recibo en la discusión parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Martínez Noval, en la primera parte de esta intervención suya no ha
hablado de lo sustantivo, sino de una enmienda que no hace referencia a
este real decreto-ley y que yo había obviado porque mi grupo ha entendido
que la presentación de esa enmienda era importante para mejorar el
mecanismo de la revalorización de los activos, el mecanismo para aplicar
esa medida tan importante que era lo que se llama la actualización de los
balances. Hemos presentado una enmienda, es verdad. Está en el Registro
de la Cámara. Tan poca puerta trasera es la presentación de la enmienda
que está registrada en la Cámara. Es una enmienda que nosotros entendemos
que mejora el texto. Y, desde luego, los recursos de inconstitucionalidad
que presente cualquier grupo no van a marcar nuestro respeto a la Cámara
y no van a marcar el camino que nosotros creemos que se debe seguir con
los trámites parlamentarios. Entendemos que esa enmienda era necesaria
para mejorar el mecanismo y la hemos presentado. Si ustedes no están
dispuestos a hablar de ella, será su problema el no buscar el consenso en
todos los puntos.
Además, señor Martínez Noval, nunca mi grupo parlamentario y de ninguna
manera el Vicepresidente y Ministro de Economía le dió la respuesta de
que no se lo queríamos decir. Explicamos por qué entendíamos que el Real
Decreto-ley 7/1996 no debía tramitarse como proyecto de ley, porque esas
medidas no debían
levantar expectativas, sino que debían ser aplicadas inmediatamente
porque era importante que fuera así. Sin embargo, el Real Decreto 8/1996
nos pareció que era correcto que se tramitara como proyecto de ley porque
en el trámite parlamentario, con el mayor respeto posible a esta Cámara,
se conseguiría un mejor texto añadiendo las sugerencias y las enmiendas
de los otros grupos parlamentarios.
Respecto a lo sustantivo de la ley, señor Martínez Noval, vuelve usted al
lavado de cupón y dice usted que sí, que se ha estudiado el texto. No me
cabe ninguna duda. Prueba de ello es que nos trae como argumento de
autoridad una nota pequeña en un periódico que no hace referencia al real
decreto-ley sino a un lavado de dividendos de una sociedad, nota que sale
dos semanas después. No sabemos si es por el real decreto-ley. Ese es el
gran argumento de autoridad.
Señor Martínez Noval, vuelvo a repetirle que esté usted tranquilo, el
lavado de dividendo no cabe en ningún caso. Nos podemos sentar en una
mesa y se lo explico detalladamente. Y vuelve a omitir lo más sustantivo
de esta ley, que es apoyar a las empresas en su implantación en los
mercados de destino de las mercancias. Eso justifica este real
decreto-ley de una manera esencial, y usted lo omite, señor Martínez
Noval. Por todo ello,no podemos estar de acuerdo en su enmienda de
totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el texto alternativo que presenta el Grupo Socialista al
proyecto de ley de medidas urgentes sobre la corrección de la doble
imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas tiene como objeto mantener la
regulación que en esta materia se establecía en el Impuesto sobre
Sociedades anterior al Real Decreto-ley 8/96, del 7 de junio, aprobado
por el Gobierno y convalidado por esta Cámara con trámite de proyecto de
ley. Nuestro grupo parlamentario, en el debate sobre la toma en
consideración de este real decreto, dejó expuestas en su día las razones
por las que apoyaba su convalidación. Estas razones son las mismas que,
en consecuencia, nos sirven para rechazar la enmienda a la totalidad con
texto alternativo que ha presentado el Grupo Socialista.
Tengan en cuenta, señorías, que la corrección de la doble imposición,
tanto en renta de las personas físicas como en renta de sociedades, ha
sido una de las tradicionales propuestas que hemos hecho en todas las
ocasiones en que se ha presentado la oportunidad a nuestro grupo
parlamentario, y en particular en las leyes de presupuestos, pero sobre
todo en la reforma del Impuesto sobre Sociedades que debatimos y
aprobamos en la legislatura anterior. Por tanto, cuando el Gobierno
presentó el real decreto-ley sobre la corrección de la doble imposición
no dudamos en apoyarlo. Como digo, en la reforma última del Impuesto
sobre Sociedades, a pesar de significar un paso importante en la
actualización de la tributación de la renta de sociedades, quedaban
aspectos que no pudieron ser contemplados y otros que sí lo fueron pero
con criterios en cierto modo muy conservadores, desde nuestro punto de
vista, incluso restrictivos y, desde luego, no adecuados a las
necesidades que el mercado impone y que obligan a dotar a nuestras
empresas de instrumentos para equiparar al menos su nivel de
competitividad al de las empresas con las que tiene que competir.
El real decreto-ley, hoy proyecto de ley, modifica sustancialmente, o por
lo menos desde nuestro punto de vista suficientemente, la doble
imposición interna de dividendos, incorporando al sistema la corrección
de las rentas obtenidas en las transmisiones de valores representativos
de capital --y este es quizá el aspecto más destacado con respecto a la
situación anterior--, lográndose una mayor neutralidad en el impuesto al
aplicarse la deducción la entidad que lo hubiese hecho de haberse
repartido los dividendos. Es, como digo, uno de los aspectos más
importantes, aunque ello puede comportar a la Administración una mayor
dificultad en la comprobación de estas operaciones, pero esto
indudablemente es un problema de la Administración.
Otra de las mejoras en este apartado es la eliminación de las
restricciones en lo relativo a determinadas operaciones de lavado de
dividendo, que ha sido motivo hace unos momentos de un cierto debate en
el que no vamos a entrar por el hecho de que consideramos que el que se
haya establecido también la corrección de las rentas obtenidas en las
transmisiones mejora lo relativo a las operaciones de lavado de
dividendo.
Otro de los aspectos que entendemos ha mejorado es la modificación en el
tratamiento de los dividendos y plusvalías de fuente extranjera,
ampliándose la deducción por doble imposición económica internacional,
eso sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas la
existencia de un convenio de doble imposición o la existencia de una
tributación similar por el Impuesto sobre Sociedades en el país origen de
las rentas.
Finalmente, se mejora el régimen especial de las entidades de tenencia de
valores extranjeros al eliminarse la exclusión de dicho régimen a las
entidades que obtuvieron rentas sometidas al régimen especial de
transparencia fiscal internacional.
Estábamos de acuerdo en su día con el real decreto-ley, hoy lo estamos
con el proyecto de ley, y no podemos
estar de acuerdo, por tanto, con la enmienda a la totalidad con texto
alternativo que ha presentado el Grupo Socialista. Podríamos discutir si
técnicamente está mejor el sistema de imputación o el sistema de
exención, que es el que nosotros aplicamos en el País Vasco, pero creo
que en este momento no merece la pena entrar en este debate porque,
además, en el fondo el sistema de imputación establecido viene a
significar las mismas consecuencias que el sistema de exención.
Estamos, como digo, por tanto, en sintonía con esta reforma o, mejor
dicho, nos congratulamos de que la Administración tributaria y el
Gobierno central, en definitiva, esté en sintonía con nosotros, puesto
que la corrección de la doble imposición interna e internacional ya había
sido contemplada en el Impuesto sobre Sociedades en las normas forales
vascas. Este es un botón de muestra de cómo en la medida de sus
posibilidades la Administración central va caminando por la misma senda
que las administraciones vascas en materia tributaria. Hoy es la
corrección de la doble imposición, ayer fue la actualización de balances
o el mejor tratamiento en las deducciones por creación de empleo, por
gastos en investigación y desarrollo, por formación o por ayudas a la
internacionalización de las empresas y mañana será, así lo espero, por
revisar el tipo impositivo, por mejorar la autofinanciación empresarial y
por establecer un sistema tributario adecuado a la pequeña y mediana
empresa.
Es decir, la Administración central, señorías, seguirá avanzando en el
camino que nosotros estamos recorriendo, porque es lo que necesitan
nuestras empresas, simplemente por eso. Y cuando digo las empresas me
refiero a todas las empresas: las vascas, las gallegas, las andaluzas,
las catalanas, las de Cantabria, las de La Rioja, las de Burgos,
absolutamente todas, porque es lo que se está haciendo en Europa, punto
de referencia tan utilizado para todo, en especial cuando queremos
justificar nuestras actuaciones, propuestas o decisiones; siempre
recurrimos al referente europeo. Y lo que hacemos también es en apoyo del
sistema productivo y de la empresa, y lo proponemos para que se regule
también en el resto del Estado. Señorías, ustedes son testigos de que
medidas tributarias establecidas por las diputaciones forales vascas han
sido propuestas todos los años, a través de enmiendas, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado; repito, todos los años se han
propuesto medidas que ya estaban establecidas en el País Vasco, al margen
de que también lo hemos hecho en las ocasiones que se han presentado,
como, por ejemplo, en la reciente reforma del Impuesto sobre Sociedades.
Sé que en el fondo están de acuerdo conmigo, o al menos así me gustaría
que fuese, señores del Gobierno. Sé que reconocen que si queremos hacer
un Estado competitivo, una economía competitiva, necesitamos empresas
competitivas, para ello tenemos que proporcionarles las herramientas
necesarias y, desde luego, la fiscalidad empresarial es una de estas
herramientas.
Por tanto, yo les animo a que sigan copiando nuestras normas fiscales, y
no sólo eso, sino que ojalá se adelanten a nosotros con una fiscalidad
más agresiva, más moderna, adecuada a las necesidades de la economía.
Ojalá lo hagan; eso denotará el dinamismo que necesita un sistema fiscal
del siglo XXI en un Estado que quiere estar en Europa entre los primeros.
Eso sí, señorías, señores del Gobierno, en este caso, en caso de que
ustedes opten por esta forma de actuar y de establecer normas fiscales
incluso más adelantadas que las nuestras, yo les puedo asegurar que vamos
a intentar copiarlas; intentaremos copiar sus normas tributarias y, desde
luego, en ningún caso vamos a recurrirlas ante los tribunales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar nuestro voto afirmativo a la enmienda a
la totalidad a este real decreto-ley.
Votaremos a favor de la enmienda a la totalidad porque, tal y como
dijimos en el debate de convalidación, este real decreto-ley está
enmarcado en un paquete de medidas económicas y fiscales que nuestro
grupo parlamentario ha calificado de fiscalmente regresivas y socialmente
injustas. En el debate de convalidación ya dijimos que nuestros
argumentos en relación a esta calificación de fiscalmente regresivas y
socialmente injustas se basaba fundamentalmente en tres ideas: primero,
que estas medidas no van a crear empleo; en segundo lugar, que estas
medidas van a significar una redistribución de la renta en favor de los
sectores de rentas más elevadas y, tercero, que estas medidas evidencian
una cierta hipocresía política del Gobierno en relación al tratamiento
del déficit público. Hoy no queremos volver a repetir con detalle todos
los argumentos que ya dimos en el anterior debate, pero sí insistir en
esta idea de que este paquete de medidas no va a crear ocupación y que
esta línea de política económica ya se ha experimentado y no ha dado
resultado.
Entrando en el contenido del real decreto-ley, simplemente quiero señalar
dos ideas que motivan nuestro rechazo al mismo y nuestro apoyo a la
enmienda a la totalidad. La primera hace referencia a la modificación que
se introduce en el artículo 28 de la Ley de Sociedades, artículo que,
como SS.SS. saben, habla sobre la deducción por doble imposición interna
y dice que la modificación que se introduce es una modificación que abre
el camino para que esta deducción pueda duplicarse;
es decir, con la modificación que el Gobierno nos propone se hacen
posible operaciones de ingeniería financiera. La segunda hace referencia
a que, por otra parte, este real decreto-ley modifica el artículo 30 de
la Ley de Sociedades, artículo que se refiere a la deducción para evitar
la doble imposición internacional. La innovación que plantea el real
decreto es que, a partir de ahora, esta deducción se realice mediante el
método de exención, según el cual los dividendos y las participaciones en
beneficios procedentes del extranjero sencillamente no se computarán en
la base imponible del impuesto español; es decir, que esta medida va a
significar, seguro, la deslocalización industrial de parte del sector
productivo español.
Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
nuestro grupo votará a favor de la enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la enmienda de totalidad con texto
alternativo presentada y defendida por el Grupo Socialista del Congreso,
al proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la
doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a
favor, 132; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de
texto alternativo.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.