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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 24/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 26
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 25
celebrada el martes, 24 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre consideración como cotizado
a la Seguridad Social del período de reserva de puesto de trabajo por
cuidado de hijo menor de tres años. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 33.1, de 31 de mayo de 1996 (número de
expediente 122/000021) (Página 1060)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección de
los intereses españoles frente a actuaciones extraterritoriales de otros
Estados y en particular por actuaciones derivadas de la aplicación por
Estados Unidos de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity», conocida
también como Ley Helms-Burton. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 42, de 17 de septiembre de 1996 (número de expediente
162/000039) (Página 1065)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
realización de pruebas y ensayos nucleares por parte de China. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 42, de 17 de septiembre
de 1996 (número de expediente 162/000043) (Página 1073)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política general sanitaria que
va adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de
universalidad y gratuidad del sistema sanitario (número de expediente
173/000012) (Página 1076)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
materia de inmigración (número de expediente 173/000013) (Página 1085)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 27, de 25 de
septiembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1060)
El señor Presidente informa que ha sido retirada la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la supresión de los gobiernos civiles y de
regulación de la figura del Delegado del Gobierno.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre consideración como cotizado a la
Seguridad Social del período de reserva de puesto de trabajo por cuidado
de hijo menor de tres años (Página 1060)
La señora Calleja de Pablo defiende, en nombre del Grupo Socialista, la
toma en consideración de la proposición de ley que tiene por objeto
considerar como cotizado todo el tiempo que los trabajadores se hallen en
la situación de excedencia por el cuidado de los hijos. Considera casi
innecesario exponer los argumentos que abonan la justicia y la
conveniencia de esta propuesta, que no es más que un eslabón en el ya
dilatado proceso de innovaciones legislativas relativas a la protección a
la familia, al acceso y reincorporación de la mujer al mundo laboral y al
reparto de responsabilidades en el cuidado de los hijos. No considera que
esta proposición de ley ni sus antecedentes legislativos sean los únicos
instrumentos para la superación real de las dificultades que aún
encuentran los padres para conciliar la vida familiar y la vida
profesional y enumera otro tipo de ayudas como subvenciones,
desgravaciones, flexibilidad horaria, aumento del concepto de familia
numerosa, reducción de jornada con atención a hijos menores de seis años
o discapacitados, guarderías, etcétera, necesarias para configurar el
estado del bienestar en una sociedad compleja y plural.
A continuación, manifiesta que la proposición de ley del Grupo Socialista
responde a otra razón específica, que es la igualdad de trato entre
funcionarios públicos y trabajadores acogidos al sistema de Seguridad
Social. Basa su argumentación en que la Ley 30/1984, reguladora de la
Función Pública, prevé ya en su actual redacción que el tiempo de
excedencia por cuidado de hijo que el funcionario o funcionaria utilice
compute a efectos de derechos pasivos, no estableciéndolo así el artículo
180 b) del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social.
Para terminar expone que aquellos que habrán de cargar con la pequeña
onerosidad de esta proposición se sentirán orgullosos de la decisión
positiva de esta Cámara, primero, porque van a ser hoy los verdaderos
beneficiarios, al recibir el cuidado directo de sus padres y, segundo,
porque va a ser una generación crecida y formada en los valores de
igualdad y solidaridad.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; y las señoras Aguirre Uribe, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Urán González, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Montseny Masip, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista por 158 votos en contra y 141 a
favor.
Proposiciones no de ley (Página 1065)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección de los
intereses españoles frente a actuaciones extraterritoriales de otros
estados y, en particular, por actuaciones derivadas de la aplicación por
Estados Unidos de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity», conocida
también como Ley Helms-Burton (Página 1065)
El señor Robles Fraga defiende la proposición no de ley del Grupo
Popular, aludiendo en primer lugar a la aprobación por esta Cámara, el
pasado 18 de junio, de la proposición no de ley del Grupo Popular,
enmendada por el Grupo Parlamentario Catalán, sobre la definición de la
política española hacia Cuba y la correcta defensa de los intereses
españoles, amenazados por la Ley Helms-Burton. Añade que la proposición
no de ley que hoy presenta intenta ratificar el apoyo a la decisión en el
seno de la Unión Europea de someter este contencioso entre los Estados
Unidos y la Unión Europea a un grupo especial de resolución de
controversias en el marco de la Organización Mundial de Comercio y, al
mismo tiempo, solicita al Gobierno que adopte, con carácter urgente,
medidas legislativas que neutralicen las repercusiones de dicha Ley que
afectan a intereses legítimos españoles y europeos.
Considera en primer lugar que esta proposición no de ley refleja la
preocupación de muchos particulares y empresas españolas y europeas, que
es coherente con la actitud del Gobierno español y con la de la Unión
Europea y que da impulso político y otorga los instrumentos legislativos
necesarios que permitan neutralizar los efectos nocivos para los
intereses españoles y europeos. Manifiesta que hay que tener en cuenta la
suspensión de la adopción de medidas comunes por la Unión Europea, la
paralización de los procedimientos en curso hasta conocer el resultado,
el programa y las primeras medidas del nuevo gobierno de los Estados
Unidos y, también, en la medida en que esto puede ser relevante, la
suspensión hasta enero de la aplicación del Título III de la Ley
Helms-Burton.
Asimismo, estima necesaria una legislación nacional que actúe en
coordinación con las iniciativas legislativas comunitarias, porque no se
pretende contradecirla, sino complementarla, proceso que considera
complicado, puesto que hay que ocuparse de asuntos que tienen
dificultades de competencias e incluso discrepancias políticas. Agrega
que no solamente se debe actuar en el marco de la política comercial
comunitaria, sino también en otros terrenos, como en el judicial, en el
de la cooperación intergubernamental o en el de visados, que constituye
uno de los elementos más hirientes para los ciudadanos y la opinión
pública española.
Entiende que la posición de su Grupo ha sido suficientemente comprendida
por esta Cámara en dos ocasiones y que una cosa es la política hacia
Cuba, en la que se manifiestan inequívocamente en apoyo de la libertad y
la democracia, y, otra, la defensa de los intereses españoles, porque es
evidente que la Ley Helms-Burton dificulta el desarrollo de una adecuada
concertación internacional y pone obstáculos a la articulación de una
acción coherente y conjunta más eficaz para promover la transición en
Cuba. Agrega que convendría evitar este tipo de disputas entre socios y
aliados, pero como éstas existen, hay que darles el cauce correspondiente
en el seno de las instancias pertinentes. Por otra parte, su Grupo no
encuentra contradicción en defender, por un lado, la libertad política
para el pueblo de Cuba y, por otro lado, los principios básicos de la
libertad económica y comercial.
En referencia a las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista,
manifiesta su posición favorable a las enmiendas primera y segunda, no
así a la tercera y cuarta, porque considera que no se ajustan a la
necesidad de coherencia entre la posición política y la decisión adoptada
en el seno de la Unión Europea de esperar a conocer el futuro de la Ley
Helms-Burton y porque entiende que es un error fundamental el señalar que
entre las medidas de protección se deberán incluir las medidas
legislativas adoptadas por el Gobierno, en ese plazo perentorio de 30
días, con independencia de las medidas que deban ser adoptadas en el seno
de la Unión Europea. Reconoce positivas algunas de las consideraciones de
la enmienda socialista, que, sin duda, discutirá el Gobierno, pero
encuentra algunos efectos perversos, como puede ser el papel de los
jueces a la hora de aceptar o no determinadas sentencias extranjeras, por
lo que convendría adecuar la acción y la propuesta legislativa del
Gobierno y esperar a próximas reuniones de los comités de Ministros de
Justicia e Interior.
A continuación se refiere a algunos aspectos de las enmiendas que
considera obviedades, como que la Administración deberá negar la
cooperación a las autoridades extranjeras que aplican normas que, desde
el punto de vista del Derecho español y del Derecho internacional, no
sólo son injustas, sino ilegítimas, o que se recuerde la obligación de
ejercitar la efectiva protección diplomática a las personas físicas o
jurídicas que se vean afectadas, así como que en la Cumbre Iberoamericana
de Chile la
Cámara marque la agenda que deberá fijarse en relación con este tema.
Está convencido de la coherencia de esta proposición no de ley con la
voluntad expresada claramente por el Parlamento, consistente en reforzar
nuestro ordenamiento interno, en cooperar con los demás países de la
Unión Europea y en expresar con firmeza lo que es una correcta defensa de
intereses nacionales en relación con la Ley Helms-Burton.
El señor Yáñez-Barnuevo García defiende las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones respecto a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular y a las enmiendas que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista, hacen uso de la palabra los señores
Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Burballa i Campabadal, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), y Saura Laporta, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la Proposición no de Ley, con las dos enmiendas
socialistas aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por
179 votos a favor, 121 en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre realización
de pruebas y ensayos nucleares por parte de China (Página 1073)
El señor Recoder i Miralles defiende la proposición no de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), refiriéndose a que hace ahora un año este
Pleno aprobó una proposición no de ley sobre no proliferación de armas
nucleares que establecía una posición clara y consensuada entre las
fuerzas políticas en materia de armamento atómico. Con posterioridad a la
aprobación de dicho texto, la Conferencia de Desarme continuó los
esfuerzos dirigidos a concluir las negociaciones del Tratado de
Prohibición Total de Pruebas Nucleares, siendo, tras el cese de las
pruebas nucleares llevadas a cabo por Francia, el Gobierno chino el que
siguió con su programa de pruebas nucleares. La proposición no de ley del
Grupo Catalán se basa precisamente en esa no conclusión del Tratado y la
pervivencia de ensayos nucleares, puesto que mientras que el Tratado de
Prohibición Total de Pruebas Nucleares no entre en vigor, no existe
ninguna disposición internacional que, con carácter general, prohíba la
realización de ensayos nucleares. Agrega a continuación que el pasado 30
de julio China anunció una moratoria nuclear, convirtiéndose así en la
última potencia nuclear que aceptó la suspensión de sus ensayos, después
de que lo hicieran el Reino Unido, Rusia y Francia, por lo que es obvio
que el segundo punto de la proposición no de ley queda invalidado, pero
continua vigente el objetivo de conseguir la firma y entrada en vigor del
Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. Por esta razón, el
Grupo Catalán ha considerado oportuno someter a la consideración de esta
Cámara la adopción de una proposición no de ley instando al Gobierno al
impulso de la firma y ratificación del mismo por parte de la comunidad
internacional con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que ha comenzado recientemente.
A continuación se refiere a las enmiendas presentadas por los Grupos
Popular y Socialista, que van en la misma dirección, por lo que han
acordado presentar un texto consensuado y así poder expresar una posición
clara y unánime del Congreso de los Diputados.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores
García-Santesmases Martí-Tesorero, del Grupo Socialista, y Landeta
Alvarez-Valdés, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones, hace uso de la palabra la señora
Maestro Martín, del Grupo de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba por 299 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1076)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política general sanitaria que
va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de
universalidad y gratuidad del sistema sanitario (Página 1076)
La señora Maestro Martín presenta la moción en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, recordando el proceso tortuoso sobre la
creación de una ponencia parlamentaria acerca de las reformas a
introducir en la sanidad pública. Manifiesta que su Grupo dio su
conformidad a formar parte de la Ponencia sólo después de que el Grupo
Popular aceptara una enmienda del Grupo Socialista delimitando claramente
los objetivos. Agrega que, posteriormente, se produjo la aprobación del
Real Decreto 10/1996, que introducía la posibilidad
de la gestión de centros sanitarios del Insalud por empresas privadas, y
la confusión creada por la introducción de tasas, por la ampliación de
los medicamentos excluidos de la Seguridad Social y por un largo etcétera
de declaraciones y contradeclaraciones, que han dado lugar a la alarma
social. Manifiesta que su Grupo Parlamentario pretende con esta moción
que esta Cámara inste al Gobierno, como condición «sine qua non» para que
la Ponencia parlamentaria pueda actuar, a renunciar a cualquier medida
regresiva sobre las condiciones actuales de acceso a prestaciones
sanitarias y farmacéuticas y a que haga una declaración concreta de
voluntad de consenso parlamentario en torno a un tema básico para la
legitimación del Estado social y democrático de Derecho, como es la
sanidad. Considera que un servicio público como es la sanidad es
incompatible con los criterios de mercado y que el debate económico que
está latiendo detrás de las medidas de restricción del gasto público en
servicios sociales es una carrera hacia la desfiscalización de las rentas
de capital, hacia la disminución de los ingresos del Estado provenientes
de aquellos sectores con mayor capacidad económica, para concluir después
que los servicios sanitarios públicos no son financiables.
A continuación hace mención de once conclusiones de un estudio realizado
sobre los cinco años de aplicación del Sistema Nacional de Salud inglés,
efectuado por la National Health Service Consultants Asociation y la
National Health Service Support Federation, que considera negativas para
el sistema público de salud. Desearía que el debate en la Ponencia sobre
reformas a introducir para la consolidación y mejora del sistema
sanitario público fuera abordado en profundidad y con sinceridad por los
grupos parlamentarios, por lo que la moción pretende retrotraer el debate
sanitario a la situación planteada en el momento de la creación de la
Ponencia, paralizándose la puesta en marcha de medidas restrictivas en el
acceso a las prestaciones sanitarias y el Real Decreto-ley en el que
todas SS. SS. que hicieron uso de la palabra, exclusión hecha del Grupo
Parlamentario Popular, entendieron que no había justificación de ningún
tipo.
Añade que, aunque su Grupo, como todos los demás, tiene una visión propia
de las necesidades de reforma del Sistema Nacional de Salud, intentará un
consenso en la Ponencia para llegar a acuerdos básicos en la
consolidación y mejora del sistema sanitario público que, eso sí,
consideran esencialmente incompatible con la introducción de criterios de
mercado. Termina solicitando el voto favorable de todos los grupos
parlamentarios.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición
Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y
los señores Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Blanco García, del Grupo Socialista, y Zambrano Vázquez, del Grupo
Popular.
Sometido a votación el punto 1 de la moción, se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación el punto 2 de la moción, se rechaza por 161 votos en
contra, 145 a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso sobre la política del Gobierno en
materia de inmigración (Página 1085)
La señora Fernández Sanz defiende la moción en nombre del Grupo
Socialista, manifestando que ellos siempre buscarán que en el Parlamento
se cristalicen espacios de encuentro, máxime cuando esos espacios se
refieren a políticas que van dirigidas a las personas en riesgo de
exclusión social, mostrándose asimismo dispuestos a mejorar y a
desarrollar los acuerdos alcanzados en esta Cámara en 1991, a analizar
sus defectos para corregirlos y, también, a exigir al Gobierno actual que
los siga cumpliendo.
Considera que los puntos de la moción que presenta el Grupo Socialista
son un esfuerzo por dejar claro a los inmigrantes que están en nuestro
país, regular o irregularmente, a los profesionales del bienestar que
trabajan con ellos, a los profesionales de la seguridad del Estado y a
las organizaciones no gubernamentales las prioridades de actuación en el
corto plazo.
A continuación, hace mención del proceso seguido por la moción en cuanto
a la incorporación de enmiendas de otros grupos y a la refundición de dos
apartados de la moción socialista en un punto de la moción del Partido
Popular, sin que esto suponga un olvido de la operación Melilla, pidiendo
que el Gobierno exija responsabilidades en los departamentos que tuvieron
que ver con los fallos cometidos en aquella expulsión de 103 inmigrantes.
Explica que la moción consta de 16 puntos y pasa a hacer un resumen de
sus peticiones: que se mejoren las pocas oficinas de extranjería que
existen y se creen unas nuevas, donde se integren las unidades
específicas de asilo y refugio; que se dediquen más recursos a la
formación de todos los funcionarios de los cuerpos de las
administraciones del Estado;
que estas oficinas de extranjería se coordinen con las ONG que colaboran
con los gobiernos; que se potencien y mejoren los centros de extranjeros
de aquellas ciudades donde la afluencia de inmigrantes es mayor; que se
informe al Defensor del Pueblo cada seis meses de los expedientes de
devolución, de inadmisión a trámite o de inadmisión a fronteras; que se
fijen anualmente contingentes y que se haga en función de la realidad
laboral; que se siga trabajando en aflorar los irregulares y se haga una
evaluación de la última resolución que pretendía hacerlo durante este
año, analizándose a fondo los aspectos positivos y negativos de ésta; que
se potencie el plan integral con recursos económicos y humanos y el foro
como lugar de encuentro y de diálogo entre el movimiento asociativo, los
inmigrantes y las administraciones; que se incrementen los recursos de
forma evolutiva, teniendo en cuenta el pacto que la Plataforma del 0,7
por ciento consiguió con los grupos políticos, así como que este
Parlamento se comprometa a que el año 1997 sea el año contra el racismo y
la xenofobia. Termina su intervención recordando una cita de Confucio
sobre la opresión de los gobiernos, que considera más terrible que los
tigres.
Para manifestarse sobre las enmiendas presentadas, hacen uso de la
palabra los señores Gil Lázaro, del Grupo Popular, y Campuzano i Canadés,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra la señora Uría
Echevarría, del Grupo Vasco (PNV); y los señores Castellano
Cardalliaguet, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Gil Lázaro, del Grupo Popular.
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad.
Se suspende al sesión a las ocho de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzando el orden del día que tienen a su disposición y que les ha
convocado, quiero anunciar al Pleno que ha sido retirada la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la supresión de la figura de los gobernadores
civiles y de regulación de la figura del delegado del Gobierno, que
estaba prevista como punto primero.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONSIDERACION COMO COTIZADO A
LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO DE RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO POR
CUIDADO DE HIJO MENOR DE TRES AÑOS (Número de expediente 122/000021)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, dentro de las proposiciones de ley,
pasamos al debate de la del Grupo Socialista del Congreso, sobre
consideración como cotizado a la Seguridad Social del período de reserva
de puesto de trabajo por cuidado de hijo menor de tres años.
Para la defensa de la proposición, en nombre del Grupo Socialista, tiene
la palabra la señora Calleja.
La señora CALLEJA DE PABLO: Señor Presidente, señorías, tengo el honor de
subir a esta tribuna para defender la toma en consideración de una
proposición de ley, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que
tiene por objeto considerar como cotizado todo el tiempo que los
trabajadores se hallen en la situación de excedencia por cuidado de hijo.
Quisiera decir preliminarmente que el honor a que antes aludía es
particularmente sentido por quien les habla, no sólo por tratarse de la
primera vez que me dirijo a la Cámara desde la tribuna, sino por el
contenido mismo de la proposición de ley, cuya exposición tengo el
privilegio de efectuar por encargo de mi grupo parlamentario.
Como jurista, la participación en el iter legislativo de cualquier norma
que finalmente, como así espero, integre el ordenamiento jurídico,
produce una especial emoción. Pero tengo que confesarles, señorías, que,
sin duda, en la gestación de ninguna disposición legislativa me
complacería tanto colaborar como en aquellas que tiendan a promover la
igualdad y la solidaridad. Señorías, aun bajo la veste de un cierto
tecnicismo referido al sistema de la Seguridad Social, de igualdad y de
solidaridad se trata con esta iniciativa.
Ocurre, sin embargo, que casi se me antoja innecesario explicitar ante
SS. SS. los argumentos que abonan la justicia y la conveniencia de esta
propuesta, porque estoy ante una Cámara que ha dado reiteradas muestras
de su sensibilidad acerca del asunto sobre el que la proposición de ley
versa. Esta medida que hoy somete el Grupo Parlamentario Socialista a la
consideración de SS. SS. no es sino un eslabón más de un ya dilatado
proceso de innovaciones legislativas, que toda la Cámara compartió, en
orden a la protección de la familia y, singularmente, de sus elementos
más vulnerables, los menores; facilitar el acceso y la reincorporación de
las mujeres al mundo laboral y a promover
el reparto de responsabilidades en el cuidado de los hijos.
No será necesario recordar a SS. SS. pero sí de justicia con esta Cámara
rememorar la serie de medidas que, derivadas muy directamente de los dos
planes de igualdad de oportunidad para las mujeres, se han ido
incorporando a nuestro ordenamiento jurídico: la ampliación del permiso
de maternidad, la ampliación de hasta tres años de la excedencia con el
régimen privilegiado de la forzosa para el cuidado de hijo, la
utilización de ambos instrumentos tanto por la mujer como por el hombre,
la elevación al cien por cien de la base reguladora del subsidio por
maternidad, la supresión del requisito de la afiliación con nueve meses
de antelación para recibir la protección por maternidad, la ampliación de
cinco años del período para acreditar las cotizaciones para acceder a la
protección, la consideración como cotizado del primer año de excedencia,
con lo que el brazo no contributivo del sistema alcanza también a nuestro
tema, y un largo etcétera que, por largo, les ahorro. Eso no debe
hacernos omitir, señorías, la piedra angular del nuevo planteamiento, el
punto de inflexión que abre las puertas, sin contradicciones
conceptuales, al hombre para compartir con la mujer la asunción de
responsabilidades familiares, la consideración de la maternidad como una
contingencia específica, desligada, por tanto, de la incapacidad temporal
de la enfermedad.
A partir de aquí, en efecto, hablar de maternidad es, como ha señalado
algún autor, una mera convención lexicológica, porque la maternidad o, si
prefieren, la natalidad y el cuidado de los hijos es ya, sin duda alguna,
una función social y, por ello, merecedora de la solidaridad colectiva;
es también un asunto de interés y responsabilidad de mujeres y de
hombres.
Esta Cámara ha sido sensible, efectivamente, y con justicia generosa en
el tratamiento legislativo del cuidado de los hijos. No sin razón se
afirma por los expertos que nuestro ordenamiento jurídico contempla ya
anticipadamente todas las previsiones del acuerdo-marco de los
interlocutores sociales sobre conciliación de la vida profesional y
familiar, suscrito por empleadores, empresas públicas y sindicatos a
instancias de la Comisión Europea no hace mucho.
Esta proposición de ley, como los antecedentes legislativos que pretende
completar, da un paso más para esta conciliación entre vida familiar y
vida profesional. Las razones de déficit demográfico, sobre cuya
persistencia, por cierto, nos ilustraba cumplidamente el pasado domingo
un medio de comunicación escrito, y de eliminar la colisión de intereses
entre atención a los hijos por sus propios padres y el desarrollo de la
carrera profesional y de seguro de éstos, particularmente, señorías, de
las mujeres, que siguen siendo el 87 por ciento de quienes utilizan la
excedencia para el cuidado de hijo, son razones también predicables de
esta proposición de ley.
Naturalmente que ni esta proposición de ley ni los antecedentes
legislativos que les invoco son los únicos instrumentos para la
superación real y no sólo teórica de las dificultades que aún encuentran
los padres para conciliar vida familiar y vida profesional. Hay ya un
amplio panel de ayudas, sin duda potencialmente mejorables: subvenciones,
desgravaciones, aumento del concepto de familia numerosa, reducción de
jornada por atención a hijos menores de seis años o discapacitados,
flexibilidad horaria por lactancia, guarderías, etcétera. Y aún habremos
de incorporar más en el futuro: flexibilidad en la organización y en el
tiempo de trabajo, modulación de horarios en todos los ámbitos sociales,
nuevo pacto o contrato social entre hombres y mujeres, entre otras cosas.
El Estado del bienestar, en una sociedad compleja y plural, habrá de
quedar compuesto de una serie de elementos micro que configuren un menú a
la carta capaz de satisfacer las opciones que ciudadanos y ciudadanas
libres adopten.
Además de las razones hasta aquí expuestas, señorías, comunes al resto de
medidas que pretende completar, debo añadir que la proposición de ley que
mi grupo parlamentario presenta responde a una específica, pero no por
ello menos atendible: la igualdad de trato entre funcionarios públicos y
trabajadores acogidos al sistema de Seguridad Social.
Como SS. SS. saben, la Ley 30/1984, reguladora de la Función pública,
prevé ya en su actual redacción que el tiempo de excedencia por cuidado
de hijo que el funcionario o funcionaria utilice compute a efectos de
derechos pasivos. El artículo 180 b) del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, cuya modificación instamos, no. Si se
rechaza esta proposición de ley, señorías, ¿podremos explicar a los
trabajadores acogidos al sistema de Seguridad Social que ellos van a
seguir teniendo menos facilidades que los funcionarios públicos para
cuidar a sus hijos? Señorías, entendemos de estricta justicia la igualdad
de trato entre funcionarios y trabajadores que la proposición de ley
significa.
Permítanme, señor Presidente, señorías, que, para terminar, haga una
última reflexión en voz alta. Los futuros activos, aquellos que habrán de
cargar con la pequeña onerosidad que esta proposición de ley significará
en su día, por la rotura del sinalagma que sin duda opera entre
cotización y prestación, esos futuros activos se sentirán orgullosos de
la decisión que ahora tome esta Cámara si resulta positiva, y lo harán
por un doble motivo. Primero, porque ellos van a ser hoy, de aprobarse la
proposición, los verdaderos beneficiarios, al recibir el cuidado directo
de sus padres, así facilitado. Segundo, porque será una generación
crecida y formada en los valores de igualdad y de solidaridad, los que
esta Cámara hoy ejerce si aprueba la iniciativa, esta Cámara que SS. SS.
integran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Calleja.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Este es un tema que Coalición Canaria contempla con sumo interés y
afecto, porque creemos que todo avance que en nuestro Estado social de
Derecho se haga en atenciones al tipo de prestaciones que recoge la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista merece nuestra mejor
consideración. Qué duda cabe que, ante el fuerte descenso de las tasas de
natalidad en España, hay que fomentar una política tendente al
mantenimiento de unas líneas que no conlleven la reducción de dichas
tasas, porque en el futuro inmediato van a ser perjudiciales incluso para
el propio sistema contributivo.
En 1990, ya tuvimos ocasión de debatir la Ley número 26, que establecía
las prestaciones no contributivas en la Seguridad Social; debates que
aproximaban ya un interés de la Cámara y de los grupos políticos a esta
materia. Pero tengo que recordar a la portavoz del Grupo Socialista que
cuando este tema se llevó al Senado, después de los debates que tuvimos
en el Congreso, el propio Grupo Socialista en el Senado mostró oposición
a determinadas líneas que se sugerían por parte de las iniciativas de
otros grupos parlamentarios. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Es importante, señor Presidente, que recordemos el debate que tuvimos en
la pasada legislatura con motivo de la Ley 4/1995, de regulación del
permiso parental y por maternidad. Fue una proposición de ley que
presentó el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que nosotros apoyamos en
aquella ocasión, pero no recuerdo que entre las mejoras que proponía el
Grupo Catalán, con el acuerdo de toda la Cámara, se contemplara ninguna
ampliación para considerar como cotizado a la Seguridad Social el período
de reserva del puesto de trabajo por cuidado de hijo.
Llegado el momento procesal actual, señor Presidente, señorías, nosotros
entendemos que esto forma parte del cuerpo doctrinal y de consenso, al
menos mayoritario, de los grupos, salvo el Grupo Socialista, que
propusimos la creación de una subcomisión en la Comisión de Presupuestos
para el seguimiento de los pactos de Toledo, y no se ha hecho ninguna
otra salvedad.
Lo que nosotros no consideramos oportuno es que, de la filosofía, de la
política que encierra el compromiso de seguimiento y control de los
Pactos de Toledo, y de la exigencia de los grupos parlamentarios que
firmamos aquella iniciativa para exigir también al Gobierno, junto a su
control, el desarrollo de los Pactos de Toledo, vayamos deslavazando y
desglosando aspectos que a nuestro juicio deben contemplarse dentro del
marco de los Pactos de Toledo. Este es uno de ellos, y lo vamos a apoyar
dentro de los Pactos de Toledo, pero no fuera de ellos, porque, si no,
estamos, como digo yo, podando, desbrozando, haciendo salidas de temas
que se contemplan, como se discutió aquí, vuelvo a recordar, en la pasada
legislatura, en 1995, la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), para que esto esté incluido allí. Estamos hablando de pensiones
contributivas o no contributivas; estamos hablando del derecho de la
madre, que nosotros, en el fondo, suscribimos y lo vamos a apoyar, pero
sin desvirtuar la política y la filosofía que hemos abierto con respecto
a los Pactos de Toledo, en cuyo marco es donde se tienen que discutir
esos asuntos.
Por estas razones, señor Presidente, nosotros no podemos prestar nuestro
voto de apoyo, estando de acuerdo en el fondo y en lo que se pretende.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Deseo anunciar el voto positivo de nuestro Grupo a la toma en
consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista.
No voy a repetir los argumentos que ha expresado perfectamente hace unos
momentos la Diputada que ha expuesto la proposición de ley a la Cámara,
pero sí me gustaría, por lo menos, defender nuestra posición, resaltando
dos aspectos que recoge la proposición en su exposición de motivos.
Primero, porque, al ampliarse el derecho de reserva de puesto de trabajo
a tres años, resulta lógico ampliar el período de cotización a la
Seguridad Social a los efectos de la acción protectora del sistema. Y,
segundo, porque yo creo que es el momento de corregir situaciones de
discriminación de los trabajadores incluidos en la Seguridad Social con
relación a los funcionarios.
Por estas dos razones fundamentales, vamos a votar a favor de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
hemos presentado ante esta Cámara numerosas iniciativas que tenían como
finalidad evitar la discriminación indirecta a la que demasiado a menudo
se ven sometidas las mujeres por causa de la maternidad.
En esta línea de acción, recordaré que, entre otras, en el año 1991,
presentamos en el Senado una propuesta de exoneración de las empresas de
las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes a las
trabajadoras en situación de permiso por maternidad, propuesta que no fue
aceptada por el Gobierno socialista de aquel momento y que ahora es el
que, precisamente, señorías, presenta esta proposición.
Posteriormente, en el año 1993, presentamos otra propuesta encaminada a
abolir el concepto de incapacidad laboral transitoria en el tratamiento
del permiso por maternidad. Solicitamos también una revisión de los
períodos de cotización exigidos para poder ser beneficiarias de dicho
permiso. El tratamiento específico del permiso por maternidad como algo
separado de las incapacidades laborales fue recogido posteriormente en la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
de orden social.
En el mes de diciembre de 1993, presentamos una proposición de ley de
regulación del permiso parental y por maternidad, que derivó en la actual
Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por
maternidad.
En todas estas propuestas, se insistía en la necesidad de conceptualizar
la maternidad como algo que trasciende lo puramente individual para ser
un bien social. Por tanto, como bien social que es, no debe ser
penalizada sino asumida como inversión colectiva, si se me permite la
expresión. Las mujeres tienen derecho al trabajo y a vivir plenamente la
maternidad. Es obligación de la sociedad hacer compatible ambas facetas.
Esta es hoy una premisa aceptada por todos los organismos
internacionales: la Unión Europea a través de los programas de acción
comunitarios; Naciones Unidas, que lo recogió en la Plataforma de acción
de Pekín, y OCDE, que lo plasmó en su informe Conducir el cambio
estructural. El papel de las mujeres. Es preciso proteger la maternidad y
proteger el derecho de las mujeres a una vida profesional con plena
igualdad de oportunidades. Es preciso, en suma, hacer compatible el
binomio producción-reproducción, pero no hay que olvidar que para que
esta compatibilidad sea real hay que llevar a cabo acciones que propicien
lo que se ha denominado cambio estructural; hay que llevar a cabo medidas
de sensibilización para que no sean sólo las mujeres las que se acojan a
los permisos y a las excedencias, puesto que ello redundaría
negativamente en sus posibilidades de mantenimiento y promoción
profesional. Es preciso sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades
de que hombres y mujeres compartan responsabilidades, públicas y también
privadas, tendiendo hacia un cambio de estructuras que haga real la
paridad.
Señorías, Convergència i Unió no rechaza el contenido de esta
proposición, pero considera que precisamente por su incidencia en el
futuro del sistema público de pensiones ha de ser considerada en el marco
del Pacto de Toledo y en la Ponencia de la familia. La aplicación de una
proposición tan importante sin un estudio detallado sobre todas sus
consecuencias podría repercutir negativamente en la promoción laboral de
las mismas mujeres, y es por ello por lo que decimos que debe ser
tratada, por un lado, dentro de la Ponencia de la familia. Por otro lado,
la aplicación de una normativa laboral de esta envergadura no puede
hacerse al margen del consenso de todos los agentes sociales. Es por ello
por lo que decimos que debe estudiarse en el marco del Pacto de Toledo.
Esta iniciativa es un paso más hacia la despenalización social a la que
está sometida la maternidad, e insisto en que será preciso adoptar
medidas para que no redunde en nuevas discriminaciones de la mujer. Hay
que tratar este tema dentro del marco del Pacto de Toledo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, subo a esta tribuna a fijar la posición
sobre la proposición de ley que nos plantea el Grupo Socialista para que
la excedencia por maternidad sea computada a efectos de Seguridad Social.
He de decirles, señorías, para empezar mi intervención, que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a
apoyar esta iniciativa porque considera que es justa y que además esta
modificación la teníamos que haber realizado ya cuando se discutió la Ley
4/1995, que ampliaba el derecho a la excedencia por maternidad o
paternidad de uno a tres años con reserva de puesto de trabajo.
Señorías, no podemos hablar de solidaridad, no podemos exigir a la
sociedad solidaridad si esta Cámara se pronuncia en contra de que esta
ampliación se lleve a cabo, de que esta proposición sea tomada en
consideración. La solidaridad es algo que se practica, y con las mujeres
habitualmente se dice, pero no se practica. Se vienen elaborando
iniciativas, se vienen aprobando leyes que mejoran sus condiciones. Desde
hace unos años para acá, en el tema laboral las mujeres legislativamente
hemos avanzado, pero realmente, a la hora de la puesta
en práctica, las mujeres seguimos estando en el mismo sitio de siempre:
en la discriminación, en los obstáculos para poder compatibilizar la vida
familiar con la carrera profesional, en los obstáculos de la sociedad y,
por qué no decirlo, señorías, con toda la tranquilidad del mundo, en la
hipocresía que esta sociedad tiene a la hora de defender los derechos de
las mujeres para mantener y compatibilizar la vida familiar y la carrera
profesional.
Si hoy aquí no tomamos en consideración la proposición no de ley,
seguiremos manteniendo esta hipocresía, no solamente de cara a la
sociedad, sino también de cara a este mismo Parlamento que ha estado
defendiendo y reivindicando los derechos de las mujeres de una manera
bastante consensuada por todas las fuerzas políticas.
Señorías, esto tiene incidencia en toda la vida de las mujeres y de la
sociedad, porque, por desgracia, aún falta mucho para conseguir que los
varones se hagan corresponsables de la vida familiar y que realmente sean
capaces de utilizar las excedencias por paternidad.
Por tanto, señorías, seguiremos siendo injustos, si esta Cámara no lo
aprueba; seguiremos teniendo a los funcionarios con unos derechos que los
trabajadores inscritos en la Seguridad Social no tienen y, por tanto,
seguiremos dificultando el acceso al mercado laboral de las mujeres que
están en peores condiciones para hacerlo, y eso es mucho más
discriminatorio, mucho más vejante y humillante.
Señorías, por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, vamos a decir que sí porque creemos que es justo y que,
además, es una omisión, que ya creo que no es así, que hizo esta Cámara
cuando aprobó la Ley 4/1995, que se decía era para mejorar la posibilidad
de acceso de las mujeres al mercado laboral. Con algunas intervenciones,
aquí se demuestra todo lo contrario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la verdad es que cuando se presentan iniciativas como ésta, una
proposición de ley para modificar el contenido del artículo 180 de la
vigente Ley General de Seguridad Social, a uno le pediría el cuerpo, le
gustaría, que se pudieran reconocer absolutos todos los derechos más
amplios que en el derecho contemplado se pueda llegar a pensar, para que
nuestro sistema de protección social fuera el más solidario posible. Pero
también hay que reconocer que las cosas son como son, y que en este
momento, quizá, haya prioridades que deban acometerse de forma inmediata.
He escuchado las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios y
tengo que decir que he oído hablar de generosidad, de dar un paso más en
favor de la familia, de que supone un agravio comparativo con las
expectativas de derechos de los funcionarios civiles del Estado, de
solidaridad, de igualdad de la mujer y más y más solidaridad. Mi grupo
está totalmente de acuerdo en que nuestra sociedad debe ser totalmente
solidaria; pero se me ocurren una serie de argumentaciones, tanto
técnicas como políticas, para decir que el grupo parlamentario al que
represento no va a poder respaldar esta proposición de ley, porque
supondría una diferencia de trato para las situaciones contempladas en la
vigente ley de Seguridad Social en relación a la incapacidad temporal y a
la maternidad. Porque las dificultades financieras del sistema, y luego
me referiré más ampliamente a ello, y las dudas que existen para
garantizar y consolidar, de forma amplia y solidaria un sistema futuro de
pensiones, hacen inviable que vayamos planteando continuamente más y más
modificaciones al Pacto de Toledo, que supondría poner en peligro ese
futuro de protección social. Porque supondría discriminación para los
funcionarios civiles del Estado, pues si bien ellos tienen contemplada en
la legislación vigente la expectativa de derechos pasivos, también es
cierto que en los dos años que exceden al año que se contempla como
cotizado, cotizan a la mutualidad de sus propios bolsillos. Reconocerlos
como cotizados para los trabajadores o afiliados en el campo de
aplicación de la Seguridad Social, sería hacer una discriminación en
favor de dichos afiliados, en perjuicio de los funcionarios civiles del
Estado.
El Gobierno, en el discurso de investidura, dijo que había que garantizar
el sistema de Seguridad Social acometiendo el desarrollo de todas las
recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo. Eso es lo que el
Gobierno quiere hacer. Lo que no se puede es retrasar la separación de
las fuentes de financiación, incurrir en una contradicción de alargar los
años de promedio de la base reguladora, para luego reconocer derechos que
hoy no están contemplados en el Pacto de Toledo. Hay que constituir un
gran fondo de reserva que garantice posibles momentos de dificultad para
el pago de pensiones.
Yo, que quería ser breve, tengo que terminar diciendo que no sólo no es
aconsejable que se planteen continuamente reformas a las recomendaciones
contenidas en el Pacto, sino que, en todo caso, cualquier planteamiento
nuevo se puede hacer o bien en la Ponencia que estudia el desarrollo del
Pacto de Toledo o bien en la recientemente constituida Ponencia sobre la
familia, pero no vayamos a distorsionar más el puro contenido del Pacto
de Toledo, que no sólo es bueno porque tuvo el respaldo de todas las
fuerzas políticas. Mi grupo considera que se debió haber constituido
mucho antes esa Ponencia, porque quizá así se hubiera podido mejorar la
gestión en el sistema de Seguridad Social; hacer inversiones
inmobiliarias más racionales; haber efectuado con anterioridad la
separación
de las fuentes de financiación; haber constituido, en momentos en que
había más posibilidad de reservas, ese fondo para garantizar el pago de
las pensiones. Con todo ello hubiéramos contribuido posiblemente a tener
uno de los sistemas de protección social más viables de toda Europa.
Por todo ello, señorías, el grupo parlamentario al que represento va a
votar no a la presente proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Calleja de Pablo pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Calleja sabe que en los
debates de las proposiciones de ley cabe un turno a favor, un turno en
contra y fijación de posiciones. Realmente no hay posibilidad de
intervenir después, pero dado que no se ha utilizado el turno en contra,
y que la fijación de posiciones del Grupo Popular se puede considerar
como un turno en contra, la señora Calleja tiene la palabra por cinco
minutos.
La señora CALLEJA DE PABLO: Muchas gracias, señor Presidente.
No quería violentar el Reglamento. Simplemente quería dar las gracias a
las intervenciones de los Diputados y Diputadas que han hecho uso de la
palabra.
Quería manifestar mi desilusión y desagrado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Calleja, la Presidencia
entiende que lo que equivaldría a un turno en contra, porque la oposición
ha sido más radical, es la intervención de la portavoz del Grupo Popular.
Por tanto, le ruega que haga referencia exclusivamente a eso.
La señora CALLEJA DE PABLO: De acuerdo. Fundamentalmente me dirigía a
ello, Presidente.
Sencillamente quiero decirle a la portavoz del Grupo Popular que la
onerosidad a la que se alude creo que sería diferida, porque estamos
hablando de derechos, digamos, pasivos, en terminología de Función
pública. Lamento que el acuerdo sobre el fondo de esta proposición
decaiga ante el obsequio metodológico del tratamiento de estos temas en
el ámbito bien del Pacto de Toledo o de la Ponencia sobre la familia.
Creo que no es casualidad que estemos tratando con esta proposición de
ley de igualdad entre hombres y mujeres, aunque también de cuidado de los
hijos. Tal vez, si estuviéramos ante otra materia no seríamos tan
escrupulosos con el método.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Calleja.
La señora Montseny tiene la palabra.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Quizá he enfatizado mucho mi respuesta al grupo proponente, pero quería
poner de manifiesto que en anteriores legislaturas, en la IV y en la V,
fueron presentadas en ese sentido algunas proposiciones de ley por el
Grupo Mixto y por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y fueron
rechazadas por el grupo que ahora propone dicha iniciativa. Me gustaría
que tuviéramos todos un poco de sentido común.
Todos queremos lo mejor para la ciudadanía española, pero proponer
medidas incoherentes cuando se han rechazado de antemano, supone de algún
modo querer enfatizar esta Cámara. Por ello propondría que fuéramos más
serios y más consecuentes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación
correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición de
ley, presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre consideración
como cotizado a la Seguridad Social del período de reserva de puesto de
trabajo por cuidado de hijo menor de tres años.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor 141, en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PROTECCION DE LOS
INTERESES ESPAÑOLES FRENTE A ACTUACIONES EXTRATERRITORIALES DE OTROS
ESTADOS Y EN PARTICULAR POR ACTUACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION POR
ESTADOS UNIDOS DE LA «CUBAN LIBERTY AND DEMOCRATIC SOLIDARITY», CONOCIDA
TAMBIEN COMO LEY HELMS-BURTON (Número de expediente 162/000039)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular sobre protección de los
intereses españoles frente a actuaciones extraterritoriales de otros
estados, y, en particular, por actuaciones derivadas de la aplicación por
Estados Unidos de la «Cuban
Liberty and Democratic Solidarity», conocida también como Ley
Helms-Burton.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 18 de junio aprobó esta Cámara una proposición no de
ley del Grupo Popular enmendada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que se refería a la definición de la política
española hacia Cuba y la correcta defensa de los intereses españoles
puestos en tela de juicio y amenazados por la Ley Helms-Burton, la
llamada Ley de la libertad cubana y de la solidaridad democrática.
En esa proposición no de ley establecíamos como puntos de una política de
gobierno respecto a Cuba el apoyo al tránsito pacífico a una democracia
plena en Cuba, con respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, y pedíamos al Gobierno mantener aquella cooperación que
beneficiaba y beneficia directamente al pueblo cubano, que es quien más
sufre las consecuencias de la política y de la naturaleza misma del
régimen negador y represor de las libertades de Fidel Castro.
Pero además, especialmente, pedíamos que el Gobierno se opusiera en los
foros y organismos europeos internacionales a la aplicación de la Ley
Helms-Burton y que el Gobierno desarrollase las medidas adecuadas para
defender y proteger los intereses e inversiones españoles en Cuba.
(Rumores.) Por eso, hoy presentamos esta proposición no de ley que
ratifica el apoyo a la decisión en el seno de la Unión Europea de someter
este diferendo entre los Estados Unidos y la Unión Europea y sus países
miembros a un grupo especial de resolución de controversias en el marco
de la Organización Mundial de Comercio y, al mismo tiempo, pedimos al
Gobierno que adopte con carácter urgente medidas legislativas que
neutralicen las repercusiones de la Ley Helms-Burton en las personas
físicas y jurídicas afectadas... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías,
solicito silencio.
El señor ROBLES FRAGA:... que neutralicen, como intenta hacer el señor
Presidente con los rumores de esta Cámara, las repercusiones de la Ley
Helms-Burton que afectan a intereses legítimos españoles y europeos, en
coordinación con las medidas decididas y puestas en marcha o que podrán
decidirse y ponerse en marcha en el futuro en el seno de la Unión Europea
y que establezca --y esto nos parece de especial relevancia-- un
procedimiento de identificación de aquellas sociedades, de aquellas
personas físicas y jurídicas, de aquellos ciudadanos, de aquellas
compañías extranjeras que pudieran atacar a los intereses españoles en
uso de una norma que nos parece no solamente contraria a lo que
entendemos es un legítimo interés nacional, sino también contraria a
principios básicos de Derecho internacional, contraria a la posición
establecida en el seno de la Unión Europea y contraria a los principios
básicos sobre los que se fundamenta la libertad de comercio.
Permítanme hacer tres observaciones, señorías. En primer lugar, creemos
que esta proposición no de ley refleja la preocupación de muchos
particulares y muchas empresas españolas y europeas. Esa preocupación ya
ha sido trasladada a la política del Gobierno en cuantas entrevistas ha
sido posible, así como en notas verbales y encuentros --desde el
Presidente del Gobierno al Ministro de Asuntos Exteriores-- de nuestros
representantes ante la Unión Europea o ante el Gobierno de la República
norteamericana.
Esta proposición no de ley es coherente con la actitud del Gobierno
español y aquella de la Unión Europea. Me refiero al Consejo de Florencia
del 21 y 22 de junio, al Consejo de Asuntos Generales de 16 de julio y a
las propuestas de la Comisión de 24 de julio.
Esta proposición no de ley, además, da impulso político y otorga los
bagajes y los pertrechos legislativos necesarios que, en el caso
oportuno, pueden permitirnos neutralizar los efectos de la Ley
Helms-Burton y proteger los intereses españoles y europeos.
Entendemos que hay dos factores que obligan a matizar y a modular la
acción del Gobierno en este terreno, a unir a una decisión política y a
una voluntad de Gobierno claramente expresada ante esta Cámara y ante la
opinión pública española ese elemento de sentido común y de
administración del tiempo sin el cual no podría entenderse una buena
defensa de los intereses españoles. En primer lugar, hay que tener en
cuenta la suspensión de la adopción de medidas comunes por la Unión
Europea, la paralización de alguna manera de los procedimientos en curso,
hasta conocer el resultado, el programa y las primeras medidas del nuevo
Gobierno de los Estados Unidos que saldrá de las elecciones
presidenciales de noviembre. Y hay que tener en cuenta también, en la
medida en que esto puede ser relevante, la suspensión por el Presidente
actual de los Estados Unidos, señor Clinton, hasta enero de la aplicación
del Título III de la Ley Helms-Burton.
Por eso, en nuestra proposición no de ley, el Grupo Popular pretende
impulsar algo que ya estaba en la primera enmienda que presentamos en
esta Cámara a la proposición no de ley socialista y comunista sobre este
tema, que se refiere a la utilización de los mecanismos existentes en la
Organización Mundial de Comercio, y creemos que existe base jurídica,
tanto por lo que se refiere al Título IV de la Ley Helms-Burton, como
incluso en el Título III de esta Ley, actualmente suspendido, para
impulsar la
creación de este grupo especial de resolución de controversias.
En segundo lugar, creemos que es necesaria una legislación nacional que
complemente, que actúe en coordinación con las iniciativas y la
legislación comunitaria, para contrarrestar, para frenar los efectos
perjudiciales de la Ley Helms-Burton. Y eso es lo que actualmente estamos
discutiendo.
Nosotros pretendemos, en primer lugar, apoyarnos, ampararnos y
complementar la iniciativa comunitaria, no contradecirla. Y comprendemos,
además, que esto es un proceso, como sin duda comprenderán y conocerán
algunos de los Diputados socialistas que han tenido alguna
responsabilidad en los asuntos exteriores en los últimos años, que es un
proceso complicado en el que hay que ocuparse de asuntos que tienen
dificultades de competencias, incluso discrepancias políticas y que, por
lo tanto, tienen una cierta lentitud. Consecuentemente, necesitamos
dotarnos de medidas propias, de medidas nacionales que complementen y que
al mismo tiempo afirmen esta acción española en el seno de la Unión
Europea. Además, hay que tener en cuenta --y ya lo dice el proyecto de
reglamento presentado por la Comisión-- que las medidas comunitarias en
cualquier caso requieren medidas nacionales de desarrollo, por ejemplo, a
la hora de fijar sanciones a las empresas extranjeras que actúan contra
legítimos intereses españoles.
No solamente podemos y debemos actuar en el marco de esa política
comunitaria, como podría ser la política comercial, sino que también
tenemos que actuar en otros terrenos, en el terreno judicial, en el
terreno de la cooperación intergubernamental, en los asuntos de justicia
e interior, en materia de visados que, sin duda, constituye uno de los
elementos más hirientes para los ciudadanos y la opinión pública española
de la Ley Helms-Burton.
Por eso pretendemos guiar al Gobierno proponiendo que se establezca un
procedimiento nacional, español, de identificación; procedimiento que ya
está previsto en las iniciativas comunitarias, pero entendemos que debe
ser el Estado español quien reciba la denuncia, la información de las
empresas afectadas, pues sólo así podremos tener desde el primer momento
información exacta y podremos actuar rápidamente para defender intereses
legítimos de personas jurídicas o físicas españolas.
La nuestra es una posición ya explicada y creo que suficientemente
entendida por esta Cámara, que en dos ocasiones ha dado su apoyo a las
posiciones manifestadas por el Grupo Popular y nuestros socios en la
mayoría que sustenta al Gobierno. Entendemos que hay dos cosas distintas.
Una, la política hacia Cuba en la que manifestamos un inequívoco apoyo a
la libertad y la democracia. Otra, la defensa de los intereses españoles
y la Ley Helms-Burton, porque es evidente que la citada ley dificulta el
desarrollo de lo que para nosotros es fundamental, que es una correcta y
adecuada concertación internacional, y pone obstáculos a la articulación
de una acción coherente y conjunta más eficaz para promover la transición
en Cuba.
Eso es así en Iberoamérica, en el seno de la Unión Europea y en nuestra
relación bilateral con los Estados Unidos. Y éste es, sin duda, un grave
efecto, un efecto perverso de la Ley Helms-Burton, firmada por el
Presidente de los Estados Unidos.
Convendría evitar este tipo de disputas entre socios y aliados, pero esta
disputa existe y vamos a darle el cauce correspondiente en el seno de las
instancias pertinentes. No obstante, lo que no me parece correcto --y
esto se ha hecho en esta Cámara-- es buscar en la Ley Helms-Burton
argumentos para justificar un régimen que niega la libertad y la palabra
a su pueblo y, desde luego, les niega la libertad y la palabra económica
y comercial que, por otra parte, dice defender. Para mi grupo no hay una
contradicción en defender, por una parte, la libertad política para el
pueblo de Cuba y, por otra, los principios básicos de la libertad
económica, de la libertad comercial, que es la única base sobre la que
entendemos que puede construirse una comunidad mundial, abierta y
próspera que dé oportunidades a todos sus miembros.
El Grupo Socialista ha presentado una serie de enmiendas que merecen
algún comentario. Si el señor Presidente me permite, podemos estar de
acuerdo fácilmente en la primera enmienda, que reproduce casi
literalmente la posición expresada ya en la anterior proposición no de
ley en la que, por cierto, el Grupo Socialista votó en contra. Estamos de
acuerdo en la segunda de las enmiendas que pide que se apoye con carácter
urgente la creación de este grupo de resolución de controversias en el
seno de la Organización Mundial de Comercio, propuesta que ya figuraba en
la primera discusión en esta Cámara y que también fue rechazada por el
Grupo Socialista. Pero como verá el señor Yáñez, no nos importa darle la
razón al Grupo Socialista cuando el Grupo Socialista nos la da a
nosotros.
Sin embargo, no podemos aceptar la tercera enmienda, que es larga e
importante y que, sin duda, ha merecido un gran esfuerzo de reflexión al
Grupo Socialista y a su portavoz, señor Yáñez, por una serie de razones.
En primer lugar, consideramos que no se ajusta a esta voluntad y a esta
necesidad de articular la coherencia en la posición política con la
administración del tiempo y, por tanto, con la decisión adoptada en el
seno de la Unión Europea de esperar a conocer el futuro de la Ley
Helms-Burton, teniendo también en cuenta el futuro de la Administración
norteamericana, y que ese plazo de 30 días significa sin duda una
limitación excesiva que coarta las posibilidades de acción, de
negociación y de actuación del Gobierno español dentro de la Unión
Europea y cara a los Estados Unidos.
Además, consideramos que hay un error fundamental en esta enmienda que
presenta el Grupo Socialista,
que, repito, es muy meritoria pero creo que desacertada, por cuanto
señala que las medidas de protección que deberán incluir --y que luego
enumera con carácter exhaustivo-- las medidas legislativas adoptadas por
el Gobierno, en ese plazo perentorio de 30 días, deberán hacerse con
independencia de las medidas que deban ser adoptadas en el seno de la
Unión Europea. Conviene señalar, y por eso lo decimos expresamente en
nuestro texto, que esas medidas deberán ser tomadas en consideración,
discutidas, aplicadas y puestas en marcha en coordinación con lo que haga
la Unión Europea. En una enmienda de tanto calado y fuste jurídico y
político señalar que España, en cualquier caso, con independencia de lo
que hagan los demás y en un plazo perentorio, debe adoptar una larga
serie de medidas, no parece lo más adecuado para trabajar en el marco
comunitario.
Es verdad que algunas de las consideraciones de la enmienda socialista
podrían figurar en las medidas que sin duda discutirá el Gobierno, pero
nos parece que podemos encontrar algunos efectos perversos. Estamos
tocando asuntos delicados, incluso en el seno del propio ordenamiento
jurídico español, como puede ser el papel de los jueces a la hora de
aceptar o no determinadas sentencias extranjeras. Por tanto, convendría
adecuar la acción y la propuesta legislativa del Gobierno y esperar a
próximas reuniones de los comités de ministros de Justicia e Interior,
que están trabajando con gran empeñó en este asunto.
Por otra parte, contiene algunos elementos que me parecen de una obviedad
rayana en la ingenuidad, lo que, conociendo la fineza jurídica del Grupo
Socialista, no me resisto a destacar. En primer lugar, señala que la
Administración deberá negar la cooperación a las autoridades extranjeras
que aplican normas que, desde el punto de vista del Derecho español e
internacional, son no sólo injustas sino ilegítimas. Eso me parece una
gran obviedad, como también me parece una gran obviedad que se recuerde
la obligación de ejercitar la efectiva protección diplomática a las
personas físicas o jurídicas que se vean afectadas, etcétera. Sin duda,
eso lo hace este Gobierno, lo mismo que lo han hecho los gobiernos
anteriores en éste y en otros casos. Por la intención socialista de fijar
un plazo perentorio o incluso de impulsar al Gobierno por vías
independientes de las que marca la Unión Europea, como por todas las
demás razones que he señalado, no podemos aceptar esa tercera enmienda
del Grupo Socialista.
Por último, señor Presidente, el Grupo Socialista propone que en la
cumbre iberoamericana de Chile la Cámara marque la agenda que deberá
fijarse con relación a este asunto. No me cabe la menor duda de que éste
y otros temas, que también tienen que ver con éste, serán tratados en la
cumbre iberoamericana de Chile. Y estoy seguro de que ahí se reiterará lo
que es una posición conocida de España. Sin embargo, me parece que en el
actual momento de las negociaciones, del trabajo de los grupos
preparatorios de la cumbre, no sería coherente con la actitud del
Gobierno fijar la agenda de esta manera, teniendo en cuenta la especial
naturaleza de esas cumbres, que el señor Yáñez conoce muy bien, la
presencia de jefes de Estado y de Gobierno y, naturalmente, la voluntad
de que esa cumbre no solamente consiga adoptar acuerdos comunes sino que
no se produzcan situaciones que, sin duda, afectarán negativamente a su
desarrollo.
Señorías, estoy convencido de que lo que hacemos ahora es desarrollar con
coherencia y sentido del rigor lo que ha sido una posición mayoritaria de
la Cámara en los pasados meses. La voluntad expresada claramente por el
Parlamento de reforzar nuestro ordenamiento interno, de cooperar con los
demás países de la Unión Europea y de expresar con firmeza lo que es una
correcta defensa de intereses nacionales en relación con la Ley
Helms-Burton, ha quedado clara y quedará mucho más clara después de este
debate y de esta votación.
Para algunos grupos que en el pasado intentaron no solamente ganar
votaciones a contrapelo sino, además, poner en duda la firmeza del
Gobierno español en defensa de lo que consideramos legítimos intereses
españoles, europeos y principios sanos y básicos del Derecho
internacional, ha quedado perfectamente demostrada una vez más y queda
ratificada en este momento.
El Gobierno español, su Presidente, su Ministro de Asuntos Exteriores,
sus portavoces, sus ministros, desde las elecciones, en que este punto
figuraba concretamente en el programa del Partido Popular, se han opuesto
a la Ley Helms-Burton y a sus consecuencias para los intereses de las
personas físicas y jurídicas españolas, y, además, siempre hemos
considerado que esta defensa de intereses españoles no era contradictoria
con la defensa de la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.
Quienes pensaron que existía una contradicción entre una libertad para lo
comercial y una libertad para pensar, para hablar y para votar, sin duda
se han equivocado, y hoy no podrán sino estar de acuerdo conmigo en que
el Gobierno ha mantenido una actitud coherente, una actitud positiva, una
actitud europea, una actitud firme con los Estados Unidos y con nuestros
demás socios y aliados.
Por ello, señorías, estoy convencido de que esta Cámara ratificará o
votará favorablemente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Robles.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado distintas enmiendas de
adición a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Para su exposición y defensa, tiene la palabra el Diputado señor
Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Robles, si su Gobierno hubiera mostrado tanta firmeza, tanta
claridad, tanta contundencia con esta famosa Ley Helms-Burton desde el
primer día, no estaríamos debatiendo en septiembre sobre una proposición
no de ley, sino sobre un proyecto de ley antídoto, anti-Helms-Burton, que
ya debería haber estado en esta Cámara hace dos, tres meses, y podríamos
estar avanzando en su debate, en su mejora y en la aprobación del texto
enviado por el Gobierno. Es más, usted nos ha citado que el Ministro,
señor Matutes, a finales de junio, en una rueda de prensa en Bruselas
después de una reunión comunitaria, había dicho que esa misma semana (y
añadió: «a más tardar, la próxima») el proyecto de ley sería aprobado por
el Consejo de Ministros y sería remitido a las Cortes. Hace tres meses y
en estas Cortes no se tiene noticia de ese proyecto de ley.
En esa misma reunión de Bruselas, como en otras, el Comisario conservador
británico, señor León Brittan, no se cuidaba en comentar a todo el mundo
que era la primera vez que veía a un Gobierno español ir a remolque de
iniciativas de otros países o de la propia Comisión en un tema
relacionado con América Latina. Ojalá hubiera sido la posición que usted
describe la que realmente hubiera tenido el Grupo Popular y el Gobierno
en relación con esta ley. Y digo que ojalá no por el prurito de haber
tenido razón desde el 8 de mayo, fecha en la que se presenta nuestra
proposición no de ley, sino porque se hubieran evitado muchos males a las
empresas, a los operadores, a los inversores españoles en Cuba, a las
empresas españolas que han sufrido las consecuencias de esa duda, de esa
inacción, de esas contradicciones por parte del Gobierno.
Una Ley como la Helms-Burton, tan tajante, tan radical, con una redacción
tan increíble, aprobada por el país más poderoso de la tierra y firmada
por su propio Presidente, como usted sabe muy bien, tiene efectos sobre
la economía y sobre los operadores económicos aun ante de su propia
aplicación. Por tanto, era nuestra obligación, la de España, la del
Gobierno fundamentalmente que tiene esa responsabilidad, salir al paso de
esa ley pronto y rápido para evitar los males irreparables que ya se han
producido.
Ahora hablaremos porque estamos a tiempo de que se produzcan males
mayores, pero se podía haber evitado alguno de los que ya se han
producido si no hubiera sido por esa actitud tibia del propio Presidente
del Gobierno en la famosa rueda de prensa con el Vicepresidente Gore,
diciendo que esperaba que a España no se le aplicase la ley con excesivo
rigor. Todavía no se utilizaba la palabra condena, salvo por el Ministro
de Asuntos Exteriores. Es el único que la utilizó y no quiero
perjudicarle con muchos elogios. El Grupo Popular y el propio Presidente
del Gobierno, obcecados y cegados por Fidel Castro, por el castrismo, por
esa mentalidad mascanosista de que lo primero es derribar al castrismo,
no deben desviar la atención. Luchemos todos por la evolución
democrática, por los derechos humanos, por las libertades. Tengamos la
mano abierta y el diálogo flexible con todos los sectores que quieran esa
democracia. Además, esta ley está afectando de manera muy importante a
intereses españoles como son el turismo, la agricultura, la banca, los
servicios, a un volumen importante.
Precisamente por ir a remolque de los acontecimientos hoy nos encontramos
debatiendo una proposición no de ley del 18 de julio que a todas luces se
ha quedado antigua, se ha quedado desfasada. Usted dice que eso es lo que
manifestaron. Pero ahora hay que decir otra cosa. Ahora se tenía que
haber debatido el articulado de un proyecto de ley. Por eso --y ahora me
referiré a ello-- hemos presentado enmiendas en el sentido de que el
Parlamento, que es el depositario de la soberanía popular, indique al
Gobierno por dónde debe ir esa ley en sus objetivos y en sus medidas.
Porque el Gobierno --yo sé que tiene el borrador del proyecto de ley en
un cajón-- no termina de enviarlo aquí. Dicen que por las elecciones
norteamericanas. Es curioso utilizar el argumento, en un Parlamento
nacional representante de la soberanía del pueblo, de una campaña
electoral de otro país, por poderoso que sea. Explicitar eso incluso es
violento.
Si entra en la Cámara un proyecto de ley en el mes de julio, usted sabe
que tarda un mínimo de seis meses en ser aprobado debido al plazo de
presentación de enmiendas y al paso tanto por Comisión como por el Pleno
del Congreso y del Senado. Por mucha prisa que nos hubiéramos dado, la
ley no estaría aprobada antes del 5 de noviembre, fecha de las elecciones
norteamericanas. De modo que ése no es argumento para no haber traído ya
desde hace tres meses, ni hoy mismo tampoco, el proyecto de ley.
Por eso, tratando de mejorar esa proposición no de ley, con ánimo
constructivo, hemos presentado esas cuatro enmiendas, de las cuales usted
acepta las dos primeras: la condena de la Ley Helms-Burton, que ya
presentamos en la primera proposición no de ley que se debatió aquí, que
fue del Grupo Socialista, y el carácter urgente de la remisión a la
Organización Mundial de Comercio, pero no la tercera. No porque no esté
de acuerdo en el fondo de esas medidas, porque incluso en aras de futuros
debates ha dicho usted que alguna de ellas aparecerán en la ley. !Claro,
casi todas! Nos vemos abocados aquí a un debate donde esas medidas que ha
rechazado las aceptará dentro de dos, de tres o de cuatro meses, cuando
venga ese proyecto de ley.
Hay otras cosas que son obvias. Usted conoce muy bien --sabe más de
Derecho que yo porque soy médico-- que nunca es mal año por mucho trigo;
es decir, que abundar a veces en las cosas obvias es necesario. En fin,
si votáramos en contra de la proposición, no
diga usted que es porque estamos en desacuerdo con el primero y segundo
puntos. Sin embargo, si es en su conjunto tenemos que hacerlo en contra
porque ese punto segundo de su proposición, a la que hemos presentado
nuestra tercera enmienda, queda insuficiente y desfasado para el momento
del debate en el que nos encontramos.
En cuanto a la enmienda número 4, que propone que el Gobierno impulse una
resolución en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos en
Santiago de Chile en el próximo mes de noviembre, no veo por qué eso
supone marcar o fijar la agenda al Gobierno. Usted sabe que, con mucha
frecuencia, en éste y en todos los parlamentos --en la Unión Europea es
frecuentísimo--, el conjunto de los grupos parlamentarios, muchas veces
por unanimidad, aprueba una serie de resoluciones que son mandatos, no
digo imperativos pero sí indicativos, a un Gobierno democrático que surge
de ese Parlamento para que haga determinadas cosas.
Si su grupo sabe que la condena a la Ley Helms-Burton se va a producir en
Chile y que el Gobierno español probablemente, por lo que usted ha dicho,
va a estar a favor, va a estar en el consenso de Santiago de Chile, ¿por
qué evitar que el Parlamento apruebe una resolución en esa misma
dirección? No lo entiendo. Es posible que usted haya tenido poco tiempo
para estudiar serena y pausadamente las enmiendas, que han tenido, y
tienen, un carácter constructivo, colaborador, de tratar de buscar el
consenso en la votación, no solamente de una mayoría sino del conjunto de
la Cámara, en un tema tan sensible y tan importante donde todo cuidado es
necesario.
Señor Presidente, voy terminando. Sólo le ruego que, como ha habido poco
tiempo de reflexión por su parte sobre esas enmiendas, en lo poco que nos
queda para terminar el debate se lo piense mejor, podamos tener una
votación unánime y no nos encontremos dentro de pocas semanas con que
usted, una vez más, se viene a nuestras posiciones y dice que ése es el
momento de hacer lo que había que haber hecho en la fecha de hoy.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Yáñez-Barnuevo.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular o de las enmiendas que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, una vez más tenemos que
posicionarnos respecto de las consecuencias de la Ley Helms-Burton. Lo
hacemos porque consideramos que tiene una importancia fundamental conocer
tanto la postura del Gobierno español como la de los grupos
parlamentarios de esta Cámara. La ocasión es importante porque demuestra
hasta qué extremo la política internacional del Gobierno español es
errática, y después diré por qué.
Nos gustaría aclarar previamente unas cinco cuestiones descritas en la
exposición de motivos de la proposición no de ley que presenta el Partido
Popular y, cuando menos desde la posición del Bloque Nacionalista Galego,
nos gustaría que quedaran perfectamente explícitas.
La primera es que nos causa estupor que se hable de la evolución de Cuba
en cuanto al respeto de los Derechos Humanos en relación con una ley que
promulga el Estado de la tierra que más los viola continuamente, no sólo
dentro de su territorio sino también inmiscuyéndose en asuntos que no son
de su incumbencia.
En segundo lugar, cuando se habla del carácter extraterritorial de la
ley, señorías, me parece que debemos de coincidir todos en que es una
prueba palpable de que existe una superpotencia que ejerce de imperio en
este momento crucial de la humanidad y que nos va la vida en que se acabe
este tipo de política de injerencia en los asuntos internos de otras
naciones.
En tercer lugar, es curioso que la proposición no de ley del Partido
Popular reconozca que hay, a nivel europeo, un rechazo generalizado, pero
nos gustaría recordarles que, a su debido momento, esta ley no fue
contundentemente rechazada, cuando menos por la mayoría parlamentaria que
sustenta al Gobierno.
Por último, quiero aclararles que argüir ahora el seguimiento o el
seguidismo respecto de la política oficial de la Unión Europea, es un
parche que no va a solucionar los principales problemas con que se
encuentra en concreto el Estado español y los intereses económicos en la
isla.
Cuando en la proposición se habla de dejar pendiente a una resolución de
la Organización Mundial del Comercio el litigio con Estados Unidos, o que
se deben contemplar medidas legislativas necesarias, pensamos que se está
cayendo, en primer lugar, en un tema pendiente de resolución que no
sabemos cómo puede resultar y, en segundo lugar, en la inconcreción.
Pensamos que existen ya pruebas suficientes como para considerar que la
política del avestruz, subsumiéndonos en la defensa que pueda hacer la
Unión Europa de los intereses del Estado español, es una política muy
poco esperanzadora porque ya vemos el resultado que da en todos los temas
económicos. No les voy a hablar en estos momentos de la defensa que hizo
la Unión Europea de los intereses pesqueros españoles. Pero es mucho más
grave que no se concreten cuáles van a ser esas medidas legislativas. A
falta de concreción, deberían ser elaboradas por este Congreso de
los Diputados, imputando la responsabilidad, naturalmente, al Gobierno.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego piensa que hay que
rechazar contundentemente la ley y moverse en todas las plataformas
internacionales, no solamente como Unión Europea sino también como Estado
español, para que la ley resulte de imposible aplicación.
Quiero decirles, para acabar, que la política internacional de los
Estados Unidos, y específicamente la Ley Helms-Burton --pero también la
ley que se aplica contra Irak o Irán--, es contraria a los intereses del
Estado español, al Derecho internacional y a la convivencia pacífica de
los pueblos. Además, nos enfrenta radicalmente al mundo más próximo
culturalmente o desde el punto de vista de los intereses económicos, que
es el mundo latinoamericano y el mundo árabe.
Por lo tanto, nuestra posición es contraria a esta proposición no de ley
errática que intenta subsanar, cubriéndose las espaldas ante una opinión
pública y ante unos intereses internos del Estado español, lo que no se
hizo a su debido tiempo y lo que ahora no se va a hacer sino que se va,
simplemente, a postergar o dejar a resoluciones que no están en nuestra
mano.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Coalición Canaria fijo mi posición ante esta proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular. Lo hago también en relación con las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, porque,
vista la predisposición que ha mostrado el portavoz del Grupo Popular de
aceptación de la primera y segunda enmiendas, me parece que contribuye a
un acercamiento de consenso y a un enriquecimiento del tema.
Visto lo que hemos hecho y dicho aquí en anteriores debates de estos
meses pasados ante iniciativas tanto de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya como del Grupo Socialista, nosotros queremos racionalizar
nuestra postura diciendo que ahora España tiene que meter en el marco de
la Unión Europea esta polémica, así como de cualquier otro foro
internacional. Me estoy refiriendo a la anunciada cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de países iberoamericanos, a celebrar en Chile en el
mes de noviembre, que es otro foro donde seguramente va a salir este
asunto.
En cuanto al texto de la proposición no de ley del Grupo Popular,
nosotros consideramos positivo que se enmarque en el seno de la Unión
Europea, y que sean también recurrentes las actuaciones que se hagan en
el marco europeo, por una razón: la Ley Helms-Burton no afecta sólo a
empresas españolas, afecta a toda empresa que comercialice o tenga las
involucraciones que esa ley señala para aquellas empresas que hayan
tenido en su haber intereses cubanos o norteamericanos radicados en el
suelo de la isla caribeña. Por tanto, nosotros queremos apartarnos ahora
de un debate puramente político sobre el régimen cubano y
circunscribirlo, en el marco del Derecho internacional, a lo que
consideramos inadmisible, por la extraterritorialidad, es decir, a que es
una ley que trata de salirse del territorio de los Estados Unidos y que
España, como miembro de la comunidad internacional, tiene que denunciar
como conculcación del Congreso de los Estados Unidos y del Gobierno del
Presidente Clinton al Derecho internacional. Ese es nuestro terreno, para
no caer en otro debate distinto de la relación política con Cuba, por la
ley del precedente, porque a esta Ley Helms-Burton le ha seguido la Ley
D'Amato, que es del mismo corte y naturaleza, y si nos oponemos a una,
hemos de oponernos también a la otra.
Fundamentalmente nosotros entendemos aquí que es necesario reforzar los
mecanismos generales que adopte la Unión Europea. Saben, señorías, que el
Presidente Clinton los pasados meses designó un representante que vino a
dialogar, a conocer la opinión de los socios europeos y a
tranquilizarles. Me quiero referir a cuál es el ambiente de análisis
político que hay en los Estados Unidos. Señores Diputados, un órgano de
opinión tan prestigioso e importante como el periódico The New York Times
viene a decir en su editorial del 2 de julio, titulado «Penalizar a los
aliados», que el segundo boicoteo, el de la Ley D'Amato, que afecta
directamente a los aliados norteamericanos de Europa para penalizar
indirectamente a sus enemigos, es una mala idea que ofende a la soberanía
de los aliados más cercanos, incita a la revancha y puede violar tratados
internacionales comerciales, como el Tratado de Libre Comercio y de la
Organización Mundial de Comercio. Esto es cierto y nos congratula la
reacción del Consejo de la Comisión Europea de sacar un reglamento
antiboicoteo, un reglamento, señorías, al que España tiene que sumarse
con todas sus iniciativas en los dos puntos con los que la Comisión
Europea ha empezado a estructurar el reglamento. El primero de estos
puntos va encaminado a proteger a las empresas europeas que reciban
apercibimiento de las autoridades norteamericanas que entienden que
conculcan su Ley Helms-Burton. Es decir, estas empresas, no solamente
españolas sino de todos los países implicados de la Unión Europea, tienen
que tener un reglamento de protección jurídica, política y administrativa
a nivel de toda la Unión Europea, dirigido después hacia los respectivos
gobiernos que la constituyen. Al mismo tiempo nos ha parecido una feliz
idea la que la Comisión Europea señaló a finales de julio de este año, en
el sentido de decir que sancionará a las empresas europeas que se presten
al juego norteamericano de la Ley Helms-Burton.
Esto es muy importante, porque los esquiroles, las empresas que tengan
una actuación de esquirol frente a esta defensa europea nos pueden
perjudicar mucho. Yo desde aquí pediría al Gobierno español que apoye que
en el reglamento de la Unión Europea se incluya esta segunda cláusula de
penalización y de sanción a las empresas europeas que se presten y
acepten las prohibiciones de la ley Helms-Burton, porque hacen un flaco
servicio al principio de unidad.
Terminando, señor Presidente, diría que nosotros nos sumamos a las dos
enmiendas que se han aceptado por parte del Grupo Popular. Creemos que es
importante el apartado 2 de la proposición no de ley, que indica que se
garanticen las medidas legislativas necesarias para neutralizar, en la
línea que se ha señalado en la Comisión Europea, las repercusiones
extraterritoriales que contempla la inadmisible legislación
estadounidense, porque lo que no podemos tolerar es que el Congreso de
los Estados Unidos se extralimite en sus competencias; no le discutimos
las nacionales, por supuesto, pero sí las extraterritoriales.
Con respecto a la enmienda número 3, nosotros creemos que lo que propone
tiene que recogerse fundamentalmente en el reglamento que haga la Unión
Europea, esto es muy importante, porque si lo que se dice en la enmienda
número 3 --que lo compartimos, señor Yáñez-- no se dice en el reglamento
de la Unión Europea, no servirá para nada. Eso debería ser letra del
mismo reglamento de la Unión Europea, después tocada con la música de
cada país. Por lo tanto, nosotros estaremos a lo que acepte el Grupo
Parlamentario Popular.
Por lo que se refiere a la enmienda número 4 del Grupo Socialista,
queremos recomendar al Grupo Parlamentario Popular que tenga en cuenta
que esto se le puede presentar no voy a decir que al Jefe del Estado,
pero sí al Presidente del Gobierno y a nuestro Ministro de Asuntos
Exteriores en la Conferencia de Chile de los Estados iberoamericanos.
¿Por qué? Porque en la reunión de Panamá de la OEA, de junio pasado, se
acordó por sus 32 Estados encomendar al Comité jurídico interamericano de
dicha Organización que hiciera un estudio jurídico sobre la Ley
Helms-Burton, y, precisamente, el dictamen presentado en Méjico hace
escasamente dos meses condena la ley Helms-Burton. Y no sería de
extrañar, porque sería una secuencia lógica, que en la reunión de Chile,
los 32 países que componen la Organización de Estados Americanos,
haciéndose eco de lo que le ha dicho su propio Comité jurídico
interamericano, denunciaran en ese foro, precisamente, la Ley
Helms-Burton, porque la consideran totalmente inaceptable en el Derecho
internacional por cuestiones de extraterritorialidad, y son precisamente
los países que están en el ámbito geográfico del país implicado, Cuba.
Para Coalición Canaria constituye una cuestión de principio y, en esta
línea, apoyaremos, con las enmiendas que se puedan aceptar del Grupo
Parlamentario Socialista, esta iniciativa, que, vuelvo a decir, tiene que
ser considerada, dinamizada y enmarcada en las medidas del reglamento que
adopte la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, solamente
intervengo para manifestar el voto favorable de nuestro grupo a la
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Burballa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, quiero manifestar que nos
alegramos de que el Grupo Popular haya modificado sus posiciones
iniciales en relación a este tema, que haya reconocido que podía haber
intereses españoles afectados negativamente por las medidas que se han
acordado en Estados Unidos, y, en ese sentido, anuncio que votaremos
favorablemente a esta iniciativa parlamentaria y también a las enmiendas
del Grupo Socialista.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Saura.
Esta Presidencia entiende que las dos primeras enmiendas, señor Robles,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, son aceptadas por su
grupo, no así la tercera ni la cuarta. ¿Es así, señor Robles?
El señor ROBLES FRAGA: Entiendo que debo ejercer mi turno para fijar la
posición en relación con las enmiendas.
Efectivamente, aceptamos la primera y la segunda enmienda y no admitimos,
por las razones ya explicadas, la tercera y la cuarta.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Robles.
La proposición no de ley se someterá a votación de la forma que ha
indicado el propio señor Robles al mencionar la aceptación y la no
aceptación de las enmiendas. (El señor Yáñez-Barnuevo García pide la
palabra.)
Señor Yáñez, ¿a qué efectos desea intervenir?
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: A efectos, señor Presidente, de que, de
acuerdo con el Reglamento, como en las proposiciones no de ley no se
puede votar cada punto separadamente, y dado que el grupo proponente ha
aceptado dos enmiendas pero otras dos no, nos pone en un dilema: o bien
retiramos todas las enmiendas y, entonces, votamos en contra, o, si no,
se produciría una situación de difícil definición, porque estaremos de
acuerdo en los dos primeros puntos que han sido aceptados por el grupo
proponente y no en los dos segundos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Tiene razón, señor
Yáñez. (El señor Robles Fraga pide la palabra.)
Señor Robles, tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, siento no contribuir a despejar
el caos mental del portavoz socialista. Han presentado cuatro enmiendas,
mi grupo ha aceptado dos, y, por lo tanto, se votará sobre el texto de la
proposición no de ley del Grupo Popular con las enmiendas aceptadas por
mi grupo y presentadas por el Grupo Socialista, que deberá aclararse,
despejar la mente y venir a este Pleno con las ideas un poco más precisas
y mejor establecidas de lo que parece expresar el portavoz del Grupo
Socialista. (Rumores.) Señor Presidente, me parece que nuestro grupo ha
aceptado el 50 por ciento de las enmiendas del Grupo Socialista y dicho
grupo debe decidir si debe contribuir al consenso mayoritario y casi
unánime de esta Cámara o debe quedar en solitario y votar en contra de la
proposición del Grupo Popular. (Rumores.--El señor Yáñez-Barnuevo García
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vamos a finalizar.
Señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, acudo a su amparo
porque yo he consultado a la Presidencia y no es objeto de intervención
por parte del grupo proponente, y más cuando lo hace con evidente mala
educación y faltando al respeto que merecen los Diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Se va a someter a
votación la proposición no de ley, con las dos enmiendas aceptadas por el
Grupo Parlamentario Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre protección de los intereses
españoles frente a actuaciones extraterritoriales de otros Estados y en
particular por actuaciones derivadas de la aplicación por Estados Unidos
de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity», conocida también como
Ley Helms-Burton, en los términos resultantes de la aceptación por el
grupo proponente de las dos enmiendas a lo largo del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 179; en contra, 121; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley debatida.
Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con las medidas de política
general sanitaria que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de universalidad... (El señor Recoder i Miralles pide la
palabra.)
El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, creo que el siguiente
punto del orden del día es una proposición no de ley de este grupo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En efecto, señor Recoder, perdón. Señorías, ha
habido un error en la documentación. Vuelvo a pedir disculpas.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS NUCLEARES POR PARTE DE CHINA (Número de
expediente 162/000043)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre realización de pruebas y ensayos
nucleares por parte de China.
Para la exposición, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, hace ahora un
año que este Pleno aprobó una proposición no de ley sobre no
proliferación de armas nucleares, que establecía una posición clara y
consensuada entre las fuerzas políticas en materia de armamento atómico.
Dicha proposición fijaba de una forma amplia y detallada la postura de la
Cámara, favorable, en primer lugar, a conseguir la universalización del
Tratado de No Proliferación Nuclear; en segundo lugar, a intensificar los
esfuerzos de desarme nuclear, con el objetivo de alcanzar el ideal de
eliminación total de las armas nucleares; favorable, asimismo,
a impulsar la conclusión del tratado relativo a la interrupción de la
producción de material fisible para uso nuclear y militar; a reforzar los
sistemas de control y verificación del uso de la energía atómica, dotando
al efecto de mayores medios a la Organización Internacional de la Energía
Atómica y a impulsar la conclusión del Tratado de Prohibición Total de
Pruebas Nucleares. Por último, dicho texto condenaba las pruebas y
ensayos nucleares realizados por Francia y la República Popular China e
instaba al Gobierno a dirigirse a las autoridades francesas, con el fin
de que dicho Estado cancelara su programa de pruebas nucleares. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Con posterioridad a la aprobación de dicho texto, la Conferencia de
Desarme continuó los esfuerzos dirigidos a concluir las negociaciones del
Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, pero el consenso
básico alcanzado se vio obstaculizado por la posición de la India,
potencia nuclear, que reclamaba y reclama la inclusión en el mismo de la
prohibición de la experimentación con ordenador y en laboratorio.
Asimismo, y tras el cese de las pruebas nucleares llevadas a cabo por
Francia en la Polinesia, duramente criticadas por la comunidad
internacional y especialmente desde Europa, fue el Gobierno chino el que
continuó con su también criticado programa de pruebas nucleares. Pues
bien, es precisamente esta doble situación, la no conclusión del tratado
y la pervivencia de ensayos nucleares, la que constituía la preocupación
de este grupo parlamentario y la que está, por tanto, en la base de esta
proposición no de ley.
Mientras el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares no entre en
vigor, no existe ninguna disposición internacional que con carácter
general prohíba la realización de ensayos nucleares, por lo que no hay
más remedio que continuar apelando a la responsabilidad de los Estados,
que, como ha quedado en evidencia muy recientemente, a menudo ceden ante
miopes intereses considerados estratégicos, que llevan a impulsar la
carrera del armamento nuclear, comprometiendo seriamente el futuro de la
humanidad, además de causar gravísimos daños medioambientales de forma
inmediata y, muy a menudo, irreversibles.
El pasado día 30 de julio, China anunció una moratoria nuclear a partir
de la fecha, convirtiéndose así en la última potencia nuclear que aceptó
la suspensión de sus ensayos después de que lo hicieran el Reino Unido,
Estados Unidos, Rusia y Francia. Esta decisión del Gobierno chino llegaba
tras la realización por parte de este país de 45 pruebas nucleares y
después de haberse contabilizado un total de 2.047 ensayos de este tipo
en todo el mundo desde la explosión de la primera bomba A en el desierto
de Nuevo Méjico el 16 de julio del año 1945. Con la declaración se dio un
paso importante para reemprender con éxito las conversaciones relativas
al Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, y es obvio que el
celebrado anuncio del Gobierno chino invalidaba el segundo punto de
nuestra proposición no de ley, que precisamente condenaba dichas pruebas
e instaba al Gobierno español a dirigirse a las autoridades de aquel país
para que cancelaran de forma definitiva su programa de ensayos nucleares.
A pesar de ello, aún continúa vigente el objetivo de conseguir la firma y
entrada en vigor del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, y
por ello nos ha parecido oportuno someter a la consideración de esta
Cámara la adopción de una proposición no de ley instando al Gobierno al
impulso de la firma y ratificación del mismo por parte de la comunidad
internacional con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que ha comenzado recientemente. De ahí nuestra enmienda de sustitución,
que pretende fijar una vez más la posición clara y contundente, a poder
ser unánime, de este Parlamento, favorable a la progresiva desaparición
de la amenaza del uso bélico de la energía nuclear.
En el mismo sentido que la enmienda planteada a nuestra propia
proposición no de ley por este mismo grupo parlamentario se han
presentado dos enmiendas por parte del Grupo Popular y por parte del
Grupo Socialista, que van exactamente, entendemos nosotros, en la misma
dirección que nuestra proposición no de ley, y después de breves
conversaciones, porque ha sido muy sencillo llegar a un acuerdo, hemos
convenido en presentar un texto consensuado que refunde las enmiendas del
Grupo Socialista, del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).
La enmienda que plantearíamos como transaccional diría lo siguiente: El
Congreso de los Diputados ratifica el acuerdo adoptado el 12 de
septiembre de 1995 condenando las pruebas y ensayos nucleares e insta al
Gobierno a impulsar la firma y ratificación por todos los Estados, con
ocasión de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del
Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares y a remitirlo a las
Cortes Generales para su correspondiente debate y ratificación
parlamentaria.
Este es el texto que, si no tiene inconveniente el resto de grupos
proponentes de la enmienda, someteríamos a la consideración de la Cámara,
con el objetivo de poder sumar el voto de todos los grupos presentes y
así expresar una posición nítida, clara y unánime del Congreso de los
Diputados en contra de la reiteración de ensayos nucleares y a favor de
la firma y ratificación del Tratado de No Proliferación de Ensayos
Nucleares.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Efectivamente se han planteado tres enmiendas, con la presentada por el
propio grupo proponente, y el señor Recoder pone de manifiesto la
posibilidad de considerar
la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como
una transaccional, con un texto que ha leído y que conocen. Yo propondría
a los grupos enmendantes, si efectivamente fuese a ser aceptada la
enmienda de Convergència i Unió, lo pusiesen de manifiesto en el momento
del trámite y renunciasen --es una propuesta que hago, sobre la que
pueden obviamente decidir los señores portavoces de los grupos-- al
trámite de defensa formal de ambas enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García-Santesmases.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición de mi grupo y para decir que aceptamos
la enmienda transaccional que ha defendido el señor Recoder.
Nos parece que el texto que se propone confirma el debate que se ha
tenido en este Parlamento. Nuestro grupo parlamentario había presentado
con fecha 26 de junio una proposición no de ley para la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre este tema. Nos ha ocurrido lo mismo que al señor
Recoder, y es que en aquel momento no se había producido la declaración
del Gobierno chino del 30 de julio, aceptando la moratoria de pruebas
nucleares, y tampoco en ese momento se había producido lo que se contenía
en el otro punto de nuestra proposición no de ley, en este caso un punto
positivo, que es el que la Asamblea de Naciones Unidas ha logrado
consensuar y acordar un tratado que prohíba las pruebas nucleares. Nos
parece que este es el punto esencial y, por tanto, creemos que la
enmienda transaccional recoge las dos cosas más importantes: por un lado,
el acuerdo de todo este Parlamento, el 12 de septiembre de 1995, donde ya
se condenaban expresamente las pruebas nucleares de Francia y de China;
por otro, la voluntad de que el conjunto de Naciones Unidas alcanzara un
acuerdo. Ese acuerdo se ha producido y, por tanto, sólo falta remitirlo a
las Cortes para su correspondiente debate y ratificación. Por tanto, la
posición de nuestro grupo es favorable a esta enmienda transaccional.
Para terminar, señor Presidente, señorías, quiero decir que este debate
que hoy tenemos, en el que hay un gran consenso, no nos debe hacer
olvidar el que se ha dado en la sociedad europea y en la sociedad
internacional sobre este tema: el peligro que durante mucho tiempo se
tuvo de que, si no había un tratado de no proliferación nuclear, se
podría producir un incremento en la carrera de armamentos, y vaya el
reconocimiento modesto de este portavoz parlamentario a favor de todos
aquellos que lucharon en contra de esa carrera de armamentos y de los que
anunciaron esos peligros, entre otros, los propios representantes del
Movimiento por la Paz.
Quiero mostrar nuestra satisfacción por este acuerdo, y apoyar la
enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Santesmases.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señorías, me
corresponde fijar la posición, en nombre del Grupo Popular, en la
proposición no de ley que debatimos en este momento.
Nosotros somos conscientes de que la nueva enmienda transaccional,
presentada por Convergència i Unió, recoge las aspiraciones de todos los
grupos. Inicialmente, cuando se presentó la proposición no de ley, se
ponía de relieve y se instaba principalmente a que el Gobierno impulsara
la conclusión del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. El
12 de septiembre de 1995, en esta Cámara, por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios, se aprobó precisamente una condena de todas las
pruebas y ensayos nucleares, condena que sigue vigente en el momento
actual.
Yo tengo que decir que indiscutiblemente desde aquella fecha, el 12 de
septiembre de 1995, se ha trabajado enormemente por parte de los
organismos internacionales que deben de velar precisamente por la
prohibición total de armas nucleares y aunque en el mes de junio no se
había podido llegar precisamente al acuerdo en la Conferencia de Desarme
del Tratado de No Proliferación, no obstante, eso no ha supuesto en modo
alguno un proceso de paralización de estas ideas. Sabemos perfectamente
que se había alcanzado un texto que no satisfacía plenamente a ninguno de
los participantes, pero era un texto equilibrado que contaba con la
aprobación de los cinco Estados nucleares reconocidos como tales en el
Tratado de No Proliferación: Estados Unidos, Federación Rusa, China,
Francia y Reino Unido. Sabemos perfectamente que la India puso una
excepción por cuestiones de fondo y que Irán alegó una cuestión de
procedimiento. Pero el trabajo realizado precisamente a partir de ese
momento por Australia --que solicitó en todo momento y obtuvo del
Gobierno español no sólo el apoyo sino también el copatrocinio de este
proyecto de resolución-- dio lugar a que en Nueva York, el pasado 29 de
agosto, y enmarcado dentro de la Unión Europea, se diera un paso muy
importante para esta aprobación. Esta iniciativa de Australia ha tenido
el éxito que se esperaba y ha sido aprobada por la Resolución 50/245, con
una votación francamente masiva. El excelente resultado alcanzado en la
votación entendemos que ha propuesto a las Naciones Unidas que se lleve
adelante este acuerdo.
A partir del día 24 de septiembre, indiscutiblemente, el Tratado de
Prohibición Total de Pruebas Nucleares ha tenido un gran avance. Por este
motivo, y dado que España en todo momento viene impulsando el Tratado de
Prohibición Total de Pruebas Nucleares, aun antes de su ingreso como
miembro de pleno derecho
en la Conferencia de Desarme, entendemos que esta proposición no de ley,
con el texto consensuado por todos los grupos, viene precisamente a
impulsar la firma y ratificación de todos los Estados. Yo tengo que
decir, y esto es importante, que con ello estamos contribuyendo a
asegurar la paz mundial de los próximos años.
En cuanto a China, los últimos actos que se están llevando a cabo por
esta nación ponen de relieve una voluntad de desnuclearización, y esto se
ve de forma clara cuando ha votado favorablemente la proposición
australiana y cuando se ha ratificado en anteriores actuaciones
reiterando la Declaración de 1993, en la que propugnaba la suscripción no
más allá de 1996 de un tratado justo, razonable, verificable, con
participación universal y perenne vigencia que prohíba la realización
total de pruebas nucleares. Por otra parte, China ha manifestado
públicamente que se compromete a aplicar una moratoria unilateral a
partir del mes de septiembre. Por ello, podemos llegar a la conclusión de
que estamos en vías de alcanzar esa prohibición total de armas nucleares
por la que se lleva luchando durante muchos años.
Tenemos que manifestar que el nuevo texto de la enmienda de modificación,
consensuado por los grupos proponentes de las enmiendas, resume el
espíritu defendido por nuestro grupo, por lo que en este acto retiramos
la enmienda que habíamos presentado y votaremos favorablemente el nuevo
texto consensuado de la proposición no de ley. Estamos ante un grave
problema, un problema de solidaridad internacional, que podrá resolverse
indiscutiblemente con generosidad por parte de todos, en nombre de algo
tan serio como la supervivencia internacional, por lo que espero el voto
favorable de todos los grupos de la Cámara a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Landeta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a intervenir con toda brevedad para
reafirmar la posición política de Izquierda Unida en uno de los aspectos
fundamentales de un tema que preocupa a toda la humanidad, como es la
carrera de armamentos y la posibilidad de que determinados países puedan
tener acceso a las armas nucleares, y que en este caso aborda un aspecto
parcial de las mismas; es decir, no se habla de la desaparición de la
posibilidad de tener armamento nuclear por determinados países, con todo
lo que supone de hipoteca para el mundo, sino de la ratificación del
Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. No obstante, nuestro
grupo parlamentario manifiesta su apoyo tanto a la enmienda transaccional
como a la proposición inicial y, por lo tanto, anuncia el voto positivo a
la misma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Finalizado el turno de debate, vamos a proceder a la votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre realización de pruebas
y ensayos nucleares por parte de China, en los términos resultantes de la
enmienda que el propio grupo proponente ha presentado y algunos grupos
enmendantes han aceptado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición en los términos
resultantes de la enmienda propuesta por el propio grupo proponente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL SANITARIA QUE
VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVOS LOS PRINCIPIOS DE
UNIVERSALIDAD Y GRATUIDAD DEL SISTEMA SANITARIO (Número de expediente
173/000012)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con las medidas
de política general sanitaria que va a adoptar el Gobierno para hacer
efectivos los principios de universalidad y gratuidad del sistema
sanitario.
Para la defensa de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la
palabra la señora Maestro. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Puede comenzar, señora Maestro. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para presentar ante
el Pleno del Congreso la moción consecuencia de la interpelación acerca
de las medidas que el Gobierno pensaba tomar en relación con el conjunto
del sistema sanitario.
Señoras y señores Diputados, hace una semana en esta Cámara, como ustedes
recordarán, se evocaba un proceso tortuoso seguido de la intervención del
señor Presidente del Gobierno en el debate de investidura, que proponía
la creación de una ponencia parlamentaria acerca de las reformas a
introducir en la sanidad pública. En el debate que se produjo sobre este
tema días después mi grupo parlamentario formó parte de la unanimidad de
los grupos parlamentarios de la Cámara solamente después de que se
aceptara... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
guarden silencio.
La señora MAESTRO MARTIN: Formó parte de esa unanimidad después de que el
Grupo Popular aceptara una enmienda del Grupo Socialista delimitando
claramente los objetivos... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, un
momento, por favor. (Pausa.)
Puede continuar, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Concretando los objetivos de dicha ponencia a la consolidación y mejora
del sistema sanitario público, evidentemente no de cualquier sistema
sanitario público en abstracto, sino del sistema sanitario público
existente hoy en nuestro país.
Posteriormente se produjo la aprobación del Real Decreto-ley 10/1996,
que, sin mencionar la titularidad de los servicios sanitarios públicos,
introducía la posibilidad de que los centros sanitarios del Insalud, es
decir, centros de salud, hospitales y otras instituciones
socio-sanitarias, fueran gestionados por fundaciones, empresas privadas o
cualquier otro tipo de entidad con personalidad jurídica. A esto ha
seguido la confusión creada acerca de la introducción de tasas, de
ampliación del número de medicamentos excluidos de la financiación de la
Seguridad Social y un largo etcétera de declaraciones y
contradeclaraciones que han llevado a una situación de alarma social
grave en nuestra población.
Señorías, mi grupo parlamentario pretende que esta Cámara inste al
Gobierno, como condición sine qua non para que la ponencia parlamentaria
pueda actuar en todo el ámbito de sus posibilidades, a adoptar dos
medidas: una de ellas, la renuncia a introducir cualquier medida
regresiva sobre las condiciones actuales de acceso a prestaciones
sanitarias y farmacéuticas. La segunda, una declaración concreta de
voluntad de consenso, de voluntad de acuerdo parlamentario en torno a un
tema básico como la sanidad para la legitimación del Estado social y
democrático de Derecho y, por lo tanto, renunciando, hasta tanto la
ponencia no termine sus deliberaciones y emita sus conclusiones, a poner
en marcha una medida auténticamente estructural para el funcionamiento de
la sanidad pública. Un servicio público como el de la sanidad, que se
financia con una parte muy importante de los Presupuestos Generales del
Estado, señoras y señores Diputados, es incompatible con los criterios de
mercado, de rentabilidad económica en su gestión. Véanse elementos como
la burocratización del sistema sanitario, hechos que se han producido en
otros países como la selección negativa de enfermos, cosas que se han
demostrado con toda claridad, salvo que nos queramos tapar los ojos, en
comunidades autónomas con transferencias que han introducido medidas de
gestión privada, un aumento del gasto público en manos privadas, con la
evidente consecuencia de una disminución del gasto público destinado a
servicios sanitarios públicos gestionados por la propia Administración.
En las intervenciones parlamentarias yo siempre he introducido criterios
económicos, no porque mi grupo parta de criterios economicistas a la hora
de analizar los objetivos de un servicio sanitario público, sino
entendiendo que es imposible extraer o sustraer del debate sanitario el
debate económico. Y el debate económico que está latiendo detrás de las
medidas de restricción del gasto público en servicios sociales es una
carrera loca hacia la desfiscalización de las rentas del capital, con
diferentes pretextos: tratados internacionales, medidas de aplicación
flexible de impuestos en determinadas comunidades autónomas. El objetivo
es el mismo: desfiscalizar las rentas del capital y, por tanto, disminuir
la parte de ingresos del Estado de aquellos sectores con mayor capacidad
económica, para cerrar después un círculo obsesivo que, partiendo de la
consecución de cifras muy bajas, tendentes a cero, de déficit público,
concluye que la sanidad pública, que los servicios sanitarios públicos
son infinanciables.
Me voy a permitir, señorías, leerles una parte de las conclusiones de un
estudio realizado sobre los cinco años de aplicación en el paradigma de
los servicios sanitarios públicos europeos como es el sistema nacional de
salud inglés. Este estudio ha sido hecho por la National Health Service
Consultants Asociation y la National Health Service Support Federation.
Las conclusiones son las siguientes y son así de abrumadoras: Primera,
aumento de los costes burocráticos después de cinco años de introducir
medidas de mercado. Segunda,
incompatibilidad entre los planes estratégicos de salud y de mercado.
Tercera, aparición de competición y confidencialidad comercial y ruptura
de la cooperación. Cuarta, establecimiento de distintos tipos de
servicios según grupos de población. Quinta, la crisis económica presiona
al cierre de centros y a la reducción de prestaciones. Sexta, presiones
financieras para la reducción en la cantidad y calidad de los servicios y
para disminuir la investigación clínica. Séptima, desmoralización de la
plantilla. Octava, el mercado introduce de manera insidiosa la noción de
que la provisión sanitaria pública es extravagante y poco práctica.
Novena, industrialización de los cuidados, es decir, incremento de la
dependencia tecnológica injustificada, condicionando las decisiones de
los profesionales. Décima, la erosión de la salud pública. Y undécima, el
déficit democrático.
Señorías, nosotros desearíamos que un elemento de legitimidad, insisto,
como es el sistema sanitario fuese un elemento de consenso para todos los
grupos parlamentarios. Desearíamos que se produjera un debate en
profundidad en la ponencia sobre reformas a introducir para la
consolidación y mejora del sistema sanitario público --sin restricciones
mentales y no solamente mentales, sino normativas--, un debate sincero de
los grupos parlamentarios sobre este tema. Estamos a punto de
conseguirlo.
La moción que mi grupo plantea pretende retrotraer el debate sanitario
estrictamente a la situación planteada en el momento de la creación de la
ponencia. Lo que mi grupo parlamentario ofrece es una voluntad de
consenso en la paralización de la puesta en marcha de medidas
restrictivas en el acceso a las prestaciones sanitarias y en la
paralización de un real decreto en el cual --creo recordar-- todas las
SS. SS. que hicieron uso de la palabra en nombre de los diferentes grupos
parlamentarios, exclusión hecha del Grupo Parlamentario Popular,
entendieron que no había justificación de ningún tipo, no había ni lógica
sanitaria ni lógica de ninguna otra clase que explicara la urgencia de la
utilización del real decreto.
Transcurridos varios meses, se sigue sin observar que haya ningún tipo de
urgencia para introducir la gestión privada de fundaciones, de empresas
con entidad jurídica de cualquier tipo, ya que evidentemente son medidas
estructurales que condicionan, que determinan, que orientan, por encima
de la voluntad política de los grupos parlamentarios, el sentido de la
ponencia.
Nosotros tenemos, como todos ustedes, señoras y señores Diputados,
política sanitaria propia, visión propia de las necesidades de reforma
del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. Vamos a intentar ese
debate, ese consenso en la ponencia. Ya veremos si es posible conciliar y
llegar a acuerdos básicos en la consolidación y mejora del sistema
sanitario público que nosotros entendemos, de raíz --y ahí no podemos
engañarnos-- incompatible, esencialmente incompatible, con la
introducción de criterios de mercado en la sanidad pública. Porque, más
allá de hermosas declaraciones de principios --como la universalidad, la
equidad, la gratuidad del sistema--, introducen los determinantes
fundamentales para acabar con la eficacia práctica, con la percepción
real de la población de algo que constituye uno de los elementos
fundamentales para intentar que los desequilibrios sociales, que las
desigualdades sociales, que las desigualdades económicas repercutan al
mínimo sobre la salud de la población.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy terminando, señor Presidente.
Pido para esta moción, con los dos puntos planteados por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
voto favorable de todos los grupos parlamentarios, volviendo al objetivo
de resituar exactamente el momento político y la confianza parlamentaria
en el punto en que esta ponencia se constituyó. Que la ponencia pueda
debatir, que la ponencia pueda llegar a conclusiones --¡ojalá!-- con un
acuerdo básico de todos los grupos en el desarrollo y mejora del actual
sistema sanitario público, solicitando al Gobierno que paralice, que
congele, que renuncie a la implantación de medidas regresivas o bien de
medidas normativas que, desde ningún punto de vista, pueden haber
justificado la utilización del real decreto para llevarlo a cabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Recuerdo a SS. SS. que, si bien está en tramitación como proyecto de ley,
entró en vigor, como es bien sabido, desde el mismo momento de su
aplicación. Por tanto, se trata de que la voluntad política del Gobierno
renuncie a utilizar las facultades que el real decreto le permite,
restituyendo así la confianza y las condiciones de diálogo con el
conjunto de los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo con brevedad para fijar la
posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de la moción que presenta
el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Una moción que
pretende que el Gobierno no adopte medida restrictiva alguna para los
derechos de la población en materia sanitaria hasta que la subcomisión
correspondiente concluya sus trabajos, y desde nuestro punto de vista
parece oportuno que sea así.
Esperemos que esta subcomisión concluya sus trabajos en un sentido
positivo para la defensa del modelo sanitario público. En todo caso,
nosotros vamos a apoyar esta moción porque las primeras medidas que
comenzó a adoptar el Gobierno del Partido Popular nos parecen muy
preocupantes desde el punto de vista de la existencia de un modelo
sanitario público y gratuito que garantice el acceso del ciudadano a la
sanidad en igualdad de condiciones y que actúe como mecanismo
redistribuidor de la riqueza.
Pienso que el Ministerio de Sanidad tiene clara la política a seguir,
persigue básicamente dos objetivos. Uno, que la iniciativa privada tenga
cada vez más participación en la prestación de la asistencia sanitaria a
los ciudadanos, por eso el Ministerio introduce mecanismos para dar pasos
en la privatización del sistema por mucho que lo negara más de tres
veces. El otro objetivo que pretende es hacer recaer sobre el conjunto de
los ciudadanos cada vez una mayor parte del coste de la asistencia
sanitaria. También es un objetivo coherente con la filosofía del Gobierno
del Partido Popular porque sí encaja con la política propugnada en los
acuerdos de Maastricht de disminución del gasto público, política que,
como digo, con tanto ardor defiende el Gobierno.
Yo creo que el problema que tiene el Gobierno es cómo llevar a la
práctica estas ideas e intenciones sin que haya una contestación social
importante o sin que haya una contestación social que le suponga un coste
elevado. Por tanto, nos encontramos con la política que practica el
Ministerio, y también otros, de amagar y de momento no dar o dar menos de
lo que se pretende. Así, se está recurriendo constantemente al
subterfugio de la introducción de medidas de gestión por la puerta falsa
o al anuncio de sucesivas medidas de las que luego se desdicen una y otra
vez. Es obvio que buscan ver qué reacción hay en la sociedad, pero,
aparte de esto, creo que también tiene otro fin, ir acostumbrando a la
sociedad a que esas medidas que se anuncian son las únicas posibles, ir
quebrando de alguna manera su resistencia, ir lanzando andanadas
constantes para luego retrotraerse y decir aquello de que no era tanto
como se proponía. Se trata de ir minando la resistencia social a la
adopción de esas medidas. Porque si esto no fuese así, aún sería peor en
el sentido de que entonces nos encontraríamos con un gobierno incapaz,
sin política, que no sabe cómo abordar los problemas de la sanidad
pública.
Insisto en que las primeras medidas --y ya lo hemos expresado en esta
Cámara-- son muy preocupantes precisamente para la defensa de un modelo
sanitario público. Insisto en que el Real Decreto 10/1996, de nuevas
formas de gestión del Insalud, lo único que pretende es poner las
primeras piedras de una futura privatización de una parte del sistema
sanitario, y ahí sí que tienen prisa en hacerlo, no hay que demorarse
mucho, quieren hacerlo con rapidez y por eso se proponen las cosas.
Además de eso, con este tipo de medidas se quiere repercutir la
disminución de los costes de la asistencia sanitaria fundamentalmente
sobre los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, que
de eso se trata. Lo único que van a provocar estas fórmulas va a ser un
aumento de la descoordinación del sistema y de la burocracia y, desde
luego, aumentará su ineficiencia; fórmulas de gestión que, por cierto, ya
fueron ensayadas en algunos lugares --en Galicia tenemos conocimiento de
estos ensayos-- y no supusieron una mejor calidad en la asistencia que se
presta a los usuarios.
Los demás anuncios van en la dirección que apuntábamos, anuncios de
cobrar tasas por recetas, por consultas y por otras prestaciones que de
momento parecen descartadas, pero yo insisto en decir que a ver cuánto
tiempo van a tardar en reaparecer. Desde nuestro punto de vista serían
medidas muy negativas para los usuarios porque gravarían fundamentalmente
a los sectores sociales más desfavorecidos.
Decir que el modelo sanitario público tiene problemas es un lugar común.
La cuestión es cómo resolver esos problemas para seguir manteniendo un
sistema que sea público, desde nuestro punto de vista el único capaz de
garantizar una asistencia digna en igualdad de condiciones para el
ciudadano. Hasta ahora, las medidas apuntadas por el Gobierno caminan en
sentido contrario.
Por último, quiero decir lo siguiente. Yo creo que los gobiernos están
para gobernar y deben tener seguridad en las medidas que proponen. Se
presentan con un programa electoral y no deben tener miedo a decir a los
ciudadanos qué es lo que pretenden conseguir. Sería muy interesante y
bueno para todos, favorecería la discusión, el conocimiento de la
ciudadanía, en fin, favorecería el debate en general sobre el sistema
sanitario que el Gobierno contase claramente a la sociedad qué modelo
sanitario pretende conseguir --si quiere un modelo público, un modelo
privado o cómo lo quiere-- y qué medidas concretas piensa adoptar para
llegar a ese modelo. Insisto en que nos favorecería a todos, nos ayudaría
a caminar en defensa de un modelo sanitario y a los ciudadanos les daría
una gran alegría.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para señalar la posición del Grupo de Coalición
Canaria en esta moción que presenta doña Angeles Maestro Martín, Diputada
de Izquierda Unida.
Voy a ser breve. Solamente quiero recordar que hace pocos días, durante
la sesión constitutiva de la Ponencia de Sanidad aprobada en este
hemiciclo por unanimidad, cuando la portavoz de Izquierda Unida y la del
PSOE presentaron la cuestión de posibles interferencias entre los
trabajos de la Ponencia y la acción ministerial lógica, este portavoz --y
no, como dije esta mañana, porque me llamara Jesús-- apoyó decididamente
a las dos Angeles (a la excelentísima doña Angeles Amador y a la
excelentísima doña Angeles Maestro) porque estaba convencido de sus
razones, de la necesaria eficacia para que el trabajo de la subcomisión
fuera presentable.
El portavoz del PP, don César Villalón, recogió el mensaje y lo
transmitió al Gobierno.
Señorías, hemos visto en estos días cómo se ha cambiado de talante. Las
declaraciones del Vicepresidente Segundo, señor Rato, las declaraciones
del propio Ministro y al mismo tiempo la comparecencia voluntaria que ha
hecho esta mañana en la Comisión de Sanidad, manifestando y ratificando
su espíritu de diálogo y de máximo respeto a los trabajos de la Ponencia,
es buena muestra de ello. Ante este cambio de actitud comprensiva y sin
renunciar a la acción ministerial que le corresponde por la Constitución,
nosotros decimos que al César --y no porque sea don César Villalón-- lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Nosotros vamos a apoyar esta moción en el apartado primero, siempre que
se permita la votación separada del segundo punto. En caso contrario
votaríamos negativamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
La votación separada la podrá pedir S. S. si lo considera apropiado en el
momento oportuno, puesto que no ha habido enmiendas presentadas ni
debatidas.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco con relación a la moción que
presenta en esta Cámara el Grupo de Izquierda Unida. Vamos a votar a
favor del primer punto de la moción y en contra del segundo punto.
Para nosotros la moción conlleva el mandato implícito de que el Gobierno,
durante el período comprendido entre la aprobación de esta moción y la
culminación de los trabajos de la Ponencia, renuncie a modificar en
sentido restrictivo las condiciones de acceso de la población a servicios
y prestaciones sanitarias y farmacéuticas de la sanidad pública, no
introduciendo, por tanto, ningún tipo de tasa ni exclusión de la
financiación, ni cualquier otra norma que pueda suponer menoscabo
respecto a la situación actual. En aras del consenso que solicitaba hace
unos momentos la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, nuestro grupo va
a votar a favor.
Con relación al segundo punto de la moción quiero indicar, como es
conocido por la Cámara, que ya se convalidó la tramitación del Real
Decreto 10/1996 como proyecto de ley y, aunque en su día mi compañero
señor Olabarría indicó que empezaba a cansarse de que se utilizase este
trámite de forma tan exhaustiva, creo que la Cámara no debe volverse
contra sus propios actos. Por otro lado, desde el punto de vista del
Grupo Vasco, la paralización de estas medidas organizativas previstas en
el real decreto podría comportar problemas para la ley de ordenación
sanitaria de Euskadi que en este momento se está tramitando. También
quiero indicar que las enmiendas al proyecto de ley pueden y deben
mejorarlo, garantizando el derecho a la protección de la salud de todos
los ciudadanos.
Por todo ello, repito que votaremos a favor del primer punto de la
moción y en contra del segundo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
El contenido de esa moción trata de un tema sin duda muy importante, pues
esta legislatura va a afrontar con mucha trascendencia política todo lo
relativo a los problemas de la sanidad, no por su incidencia económica
sino también por la preocupación de afrontar la reforma de todo el
sistema sanitario de España hoy, lo que vemos en la interpelación de esta
tarde y también en la subcomisión que hemos constituido a tal efecto.
Aunque éste va a ser sin duda un tema muy importante --lo sabe Izquierda
Unida--, antes de entrar a anunciar la posición de nuestro grupo en
cuanto a los dos puntos de la moción, quisiera transmitir al portavoz de
Izquierda Unida dos observaciones que se me han suscitado a raíz de su
intervención.
Convergència i Unió no tiene ninguna intención de restringir el gasto
sanitario. Quiero dejar constancia de esa voluntad. No perseguimos ni nos
motiva en ningún momento plantear ninguna iniciativa que conlleve reducir
el gasto sanitario en España, no porque no creamos que esto pueda ser
positivo para una buena marcha de la economía en general, sino porque
somos conscientes de que es absolutamente imposible someter
hoy las necesidades asistenciales de la población española a una
restricción del gasto en el uso de los servicios sanitarios. Imposible.
La tendencia que vamos a experimentar en los próximos años va a ser la
contraria. Por tanto, queremos tomar conciencia de la realidad, queremos
ser muy pragmáticos, lo que nos viene en los próximos años será mayores
necesidades de asistencia sanitaria, por consiguiente mayores necesidades
de financiación de ese gasto que se va a producir. Convergència i Unió,
repito, no se propone reducir el gasto sanitario ni el ámbito de la
sanidad pública en España. Queremos, y lo reitero, consolidar el modelo
hoy existente y garantizarlo en el futuro. Y lo digo con una cierta
solemnidad porque no quiero entrar más en el debate de que algunos grupos
políticos persiguen unas finalidades que por supuesto nosotros no
perseguimos. Queremos consolidar lo existente y darle garantía de
desarrollo en un futuro.
Segunda cuestión. No saque ninguna conclusión Izquierda Unida antes de
que los grupos parlamentarios hayamos formulado propuestas concretas en
la subcomisión. No se nos anticipe nadie ni hagamos juicios de valor en
torno a posibles medidas e iniciativas que no se han formulado ni se han
planteado en ninguna instancia de esta Cámara, ni se hagan prejuicios ni
valoraciones previas cuando realmente no tenemos sobre la mesa ninguna
posición política. Esto ayudaría a no tensionar posiciones. No nos
proponemos hacer reformas que abran vías como las que usted ha enunciado
haciendo referencia al modelo inglés. No aspiramos a imitar el modelo
inglés. No tenemos ninguna aspiración de trasladar el modelo inglés a
España. Es más, creo que a Inglaterra le iría muy bien copiar nuestro
modelo. Nos gustaría profundizar y consolidar nuestro modelo y, si es
posible, que nos imiten en Europa en cuanto al modelo que tenemos en
España.
Hechas estas observaciones, quiero retrotraer el debate al contenido de
la moción. Nos parece bien aceptar el propósito que nos plantea Izquierda
Unida de retrotraer todo lo relativo al debate sobre la reforma de la
sanidad a la subcomisión y llegar esta tarde a un compromiso político. La
moción es un compromiso político; compromiso político que afecta e
influye en el Gobierno en cuanto a todo lo que podía ser el desarrollo de
las funciones y las competencias que hoy tiene en el ámbito sanitario.
Pero quiero que todos los señores Diputados sepan que aunque esta Cámara
vote el primer punto, en toda su literalidad, de la moción propuesta por
Izquierda Unida, el Gobierno jamás podrá renunciar a sus legítimas
funciones constitucionales. Jamás podrá hacerlo, aunque lo votemos en
esta Cámara en estos momentos. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces con la
moción que nos presenta Izquierda Unida? Adoptamos el compromiso político
--la voluntad política la expresamos votando ese primer punto-- de que en
lo sucesivo nos retrotraemos a la subcomisión que hemos constituido para
todo lo relativo a afrontar reformas en el ámbito de la sanidad. Esto nos
parece muy bien.
Lo digo con una cierta contundencia porque creo que sería positivo que,
por unanimidad, este primer punto se pudiera aprobar y pudiéramos
suscitar un acuerdo que creo que nos abriría el buen clima hacia un
futuro consenso.
Tengo ganas también de transmitirle a Izquierda Unida, en cuanto a lo que
vamos a hacer en la subcomisión, que sólo hubo consenso para constituirla
y no para el resultado final. Pero no tensionemos ese espíritu de
voluntad de consenso. Me consta que Izquierda Unida tiene la voluntad de
consenso, pero tenemos que ser conscientes de que no vamos a ser todos
plenamente coincidentes en nuestros planteamientos. En todo no vamos a
estar todos de acuerdo. Eso es lógico. Ni podemos estar todos de acuerdo
con lo que diga la señora Maestro. Por lo tanto, no tensionemos el
espíritu de consenso que creo que la moción de esta tarde abriría para el
futuro desarrollo de la subcomisión. Seamos conscientes de que vamos a
trabajar con voluntad de concluir unas recomendaciones que tengan el
mayor apoyo político y tendremos posibilidad de matizar y discrepar al
final, pero hagámoslo al final. No tensionemos el problema al comienzo.
En ese sentido, apoyo la iniciativa de Izquierda Unida en cuanto a
sacralizar esta tarde la voluntad política de que, a partir de estos
momentos, la subcomisión sea el foro de debate y de reflexión donde se
tomen todas las medidas a afrontar en cuanto a la reforma del ámbito de
la sanidad.
Señor Presidente, quiero expresar finalmente que el segundo punto nos
puede traer algunos problemas que quisiera transmitir al Grupo de
Izquierda Unida, con todos los respetos. Entiendo la motivación, pero
sepan ustedes que si votáramos favorablemente este segundo punto
causaríamos el problema de una profunda contradicción institucional en
esta Cámara. El Congreso de los Diputados ya tomó en consideración el
real decreto-ley y aceptó tramitarlo como proyecto de ley. Lo tenemos en
trámite parlamentario. Si hoy aprobáramos el segundo punto, no estaríamos
aplicando el Congreso de los Diputados una disposición que hemos aceptado
tramitar como proyecto de ley. Sería, repito, una profunda contradicción.
No podríamos suspender la tramitación como consecuencia de la votación
del segundo punto. Por otra parte, sabe usted, señora Maestro, que el
trámite parlamentario de este proyecto de ley no concluirá hasta dentro
de cuatro, cinco o seis meses --que es la duración media que tienen los
trámites de los proyectos de ley-- con lo cual, cuando finalice, habrán
terminado probablemente los trabajos de la subcomisión. Mientras tanto,
el Gobierno no tiene en aplicación ese contenido porque está a la espera
de cómo termine el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
Por todo ello les invito a que no nos fuercen a ir en contra en un punto,
que no quisiera que tuviera lectura
política, y nos ayudaran ustedes a aceptar el primer punto, que es el
positivo, que es alcanzar un consenso y retrotraernos a la subcomisión de
sanidad para que en ella podamos afrontar las decisiones. Invito al Grupo
de Izquierda Unida a que tenga conciencia, en cuanto a esa paralización
de los efectos derivados del segundo punto, que hay comunidades autónomas
--como se ha expresado-- que ya lo están aplicando, que ya han hecho
desarrollo legislativo, que hay normas de aplicación en el sentido que se
contiene en ese texto, con lo cual tampoco podemos someter a la tensión
de que el Congreso de los Diputados insta a una paralización del
desarrollo de un texto normativo cuando en unas comunidades autónomas ya
se está desarrollando, ya es hoy norma legal. Por tanto, ahí habría
también una cierta contradicción. El espíritu de la moción lo
suscribimos. Apoyamos la buena iniciativa de forzar un consenso y
facilitar el diálogo político en torno a la reforma de la sanidad. Creo
que sería una muy positiva decisión de esta Cámara esta tarde. Invito a
Izquierda Unida a que nos ayude a dar más solemnidad a ese consenso y nos
retire el segundo punto, en aras a que causaría unas disfunciones y unas
autocontradicciones a la propia Cámara si se aprobase.
Esta es, señor Presidente, en síntesis, la posición de nuestro grupo.
Estamos predispuestos a votar favorablemente el primer punto. Nos
gustaría que este primer punto fuera concluyente de todo el espíritu de
la moción que nos presenta Izquierda Unida. No deseamos poner en una
contradicción a la Cámara, someterla a tener que decidir sí o no en
cuanto al segundo punto cuando hace unas semanas ya nos pronunciamos
sobre la toma en consideración de ese real decreto-ley. Se tomó en
consideración y se decidió tramitarlo como proyecto de ley. Por tanto,
invito al Grupo de Izquierda Unida a que nos facilite ese consenso que
intuyo que todos los grupos aspiramos a concluir y a consumar, y en ese
sentido creo que el resultado final políticamente sería muy importante.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Blanco García.
El señor BLANCO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, y para hacer algunas consideraciones, sin ánimo
de ser exhaustivas porque para eso está la subcomisión, lo que creo que
es bueno a las alturas del debate, no solamente parlamentario sino
nacional, sobre este tema. Mi grupo entiende que se deberían lanzar
mensajes positivos a la población, que se les tranquilizase y no se
sintiesen con una cierta resignación ante un futuro incierto del Sistema
Nacional de Salud, futuro sobre el que se les ha venido a decir: Miren
ustedes, el sistema es insostenible financieramente y, por tanto, lo
quieran o no, sea hoy, mañana o a lo más tardar dentro de un año, va a
haber que imponer tasas o va a haber que aumentar el ticket moderador en
los medicamentos.
Por consiguiente, mi grupo entiende que lo que hay que decir a los
ciudadanos es, primero, que el Sistema Nacional de Salud ha funcionado
hasta ahora y puede seguir funcionando preservando las características
que lo definen en la Ley General de Sanidad. Naturalmente hay que
introducir reformas, pero reformas que consoliden el sistema, que lo
consoliden y que lo modernicen. En ese sentido creemos que estaremos
haciendo un servicio de futuro a todos los ciudadanos y al país en
general.
Ha funcionado el sistema con un crecimiento del gasto en torno a un seis
por ciento del PIB, como se fijó en los acuerdos de 1994. Por lo tanto,
estamos de acuerdo con las últimas palabras que ha pronunciado, con el
criterio que ha expresado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), señor Homs, de que no hay por qué rebajar el gasto sanitario en
nuestro país, pero tampoco hay que extralimitar ese gasto y lo que hay
que ver es de dónde surge la financiación. Creemos que la financiación
debe ser pública y gratuita, y estas características las vamos a seguir
defendiendo desde el Grupo Socialista porque son las que vienen marcando
el Sistema Nacional de Salud. Todo esto se puede hacer, señorías,
trabajando para reducir el déficit público y cumplir los objetivos de
Maastricht. El Gobierno socialista así lo ha venido haciendo en los años
anteriores, y yo creo que este Gobierno no puede poner como disculpa que
hay que rebajar el déficit e ir sus políticas en detrimento del Estado
del bienestar. Por tanto, el segundo mensaje dirigido a los ciudadanos,
también en positivo, es que mi grupo entiende que es perfectamente
compatible reducir el déficit público y a la vez consolidar el Estado de
bienestar en España, que es muy incipiente. Naturalmente hay que hacer
una consideración añadida, y es que una prestación sanitaria con las
características de universal y gratuita requiere, qué duda cabe, un
sistema fiscal progresivo y adecuado. Y esta legislatura ha empezado mal;
ha empezado mal puesto que el Gobierno ha comenzado bajando la presión
fiscal a las rentas del capital y ahora se lamenta de dificultades
financieras para poder cubrir los gastos sanitarios.
En tercer lugar, es verdad y compartimos las palabras tanto del
Presidente del Gobierno como del señor Ministro y de la mayoría de los
grupos cuando se han referido en la Cámara a que el gasto sanitario es el
quid de la cuestión, es la piedra de toque que hace que el sistema tenga
que estar en una permanente revisión financiera. Yo quiero decir que el
sector farmacéutico --me he referido a él, que es la piedra de toque,
porque supone el gasto del 20 por ciento del sistema-- está
en manos privadas. Desde la producción hasta la comercialización y la
dispensación son privadas. Por tanto, tiene que intervenir el Estado,
tiene que intervenir el Gobierno --ya lo ha hecho-- en la industria
farmacéutica. Nosotros aplaudimos y avalamos ese acuerdo al que ha
llegado el Gobierno porque, en definitiva, es la continuidad de pautas
que se han venido adoptando en años anteriores con el otro Gobierno y,
por tanto, urgimos al Gobierno a que modere el gasto farmacéutico, pero
llegando a acuerdos con esos agentes, no con el agente pasivo que es el
enfermo, el ciudadano que acude al servicio sanitario para curar su
enfermedad. Este es un agente pasivo que no tiene la culpa de estar
enfermo y, desde luego, bastante desgracia tiene con padecer una
enfermedad. Por consiguiente, no se puede hacer recaer sobre el agente
pasivo, que es el caso de las tasas, sino sobre los agentes activos, el
incremento de la financiación para cubrir los gastos del sistema
sanitario.
Haciendo estas consideraciones --y ya digo que no exhaustivas porque para
eso está la subcomisión-- en tono positivo para intentar quitar
crispación a la situación que viven hoy los españoles de preocupación por
este debate que se ha introducido, mi grupo anuncia que va a votar a
favor de la moción presentada por Izquierda Unida. Y va a votar a favor
porque nos parece oportuna en la medida en que se ha creado por este
Pleno, como ya se ha dicho, una subcomisión que tratará los problemas que
afectan al sistema de salud. No parece lógico, señorías --ya se ha dicho
aquí-- que mientras esa subcomisión se reúne y comienza a trabajar se
estén tomando medidas por parte del Gobierno o de esta Cámara que puedan
alterar los trabajos. Esa posición la hemos mantenido tanto en el debate
del Real Decreto-ley 10/1996 como en la subcomisión. Mi grupo ha
manifestado este criterio en esta Cámara con motivo del debate de
convalidación del Real Decreto-ley 10/1996 y en la subcomisión. Además,
parece mucho más coherente, señorías, puesto que el plazo de los trabajos
de esta subcomisión se ha fijado en seis meses. Se podrá esperar seis
meses para no tomar medidas que alteren las características fundamentales
que hoy tiene nuestro sistema de salud.
Pedimos el voto a favor y vamos a votar favorablemente esta moción porque
entendemos que cualquier otra posición rompería el consenso habido para
la creación de esa subcomisión y porque las medidas que se han anunciado
nos parecen absolutamente injustas, ya que la introducción de tasas, el
aumento de tickets moderadores supone que fundamentalmente tengan que
pagar aquellas personas que padecen una enfermedad, que son personas
mayores de edad y que por este motivo les afectan más las enfermedades o
tienen más debilidad ante las agresiones al cuerpo humano, y precisamente
casi todas ellas están viviendo de una pensión. De ahí que se haya
introducido en el debate nacional si la medida afectaría a los
pensionistas que cobraban más de 50.000 pesetas, menos de 50.000 pesetas
de pensión, etcétera.
Nos parece que la introducción de tasas en un servicio público de estas
características es regresivo, que no se puede hacer de esta manera, que
hay que hacerlo mediante impuestos y que pague más el que más tiene. Esto
sería lo más justo.
Por estos motivos, creemos que hay que apoyar --y vamos a hacerlo-- la
moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Zambrano.
El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a hacer uso de la palabra para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como
consecuencia de la interpelación urgente que se debatió el pasado día 17
de los corrientes, en relación con las medidas de política general
sanitaria que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de universalidad y gratuidad del sistema sanitario y, en
concreto, con la política del medicamento.
Comenzaré señalando que su moción nos parece innecesaria a partir del
discurso de investidura del Presidente del Gobierno, pronunciado el día 3
de mayo en esta Cámara, en el que expresó con rotundidad su compromiso de
mantener los beneficios del aseguramiento universal y el principio básico
de equidad en el acceso, potenciando y modernizando el Sistema Nacional
de Salud, ofreciendo en su discurso la constitución de una ponencia para
buscar el acuerdo sobre las reformas a realizar para garantizar la
eficiencia y financiación del sistema sanitario público en España. Dicho
ofrecimiento fue acogido favorablemente por todos los grupos políticos y
se constituyó por unanimidad, el día 11 de junio pasado, una ponencia
para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema
sanitario, manteniendo los principios de universalidad y equidad en el
acceso, etcétera. Asimismo, el señor Ministro de Sanidad, en su
comparecencia en la Comisión de Sanidad, el día 12 de junio, fijó las
líneas básicas de su departamento y señaló como principal objetivo la
consolidación del Sistema Nacional de Salud.
A partir de estos hechos puntuales, todas las comparecencias del Gobierno
al respecto han seguido ratificando una y otra vez estas garantías, así
como la voluntad de consenso, ocurriendo otra vez el miércoles 18 del
corriente, en sendas contestaciones del Presidente del Gobierno y del
señor Ministro de Sanidad,
este último replicando a la interpelación urgente que ha originado esta
moción, y esta mañana, en su comparecencia en la citada ponencia
parlamentaria.
Conviene señalar, sobre todo en lo referente a la solicitud de concreción
sobre la política del medicamento que S. S. planteaba y con la que
justificaba su interpelación, basándose en la existencia de una supuesta
alarma social por unas medidas que el Gobierno no había tomado y que
habían aparecido en los medios de comunicación debido a la elaboración de
un documento técnico encargado por el mismo para estudiar los problemas
del sistema sanitario y sus desviaciones, así como las posibles medidas a
tomar para corregirlas, que el señor Ministro de Sanidad le respondió,
tanto sobre las tasas como sobre las nuevas incorporaciones referidas al
Decreto de financiación selectiva del medicamento, claramente en sentido
negativo, tal y como aparece reflejado en el «Diario de Sesiones» del
Congreso de los Diputados. Indicaba: No vamos a tomar ninguna medida que
restrinja el acceso de la población a los servicios sanitarios.
Y más concretamente, sobre las tasas por las prestaciones farmacéuticas,
precisó: La aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica
justifica una reflexión y una consideración de este problema que
preferimos llevar con serenidad y ponderación y remitir su consideración
y estudio en profundidad a los debates del Congreso. Es evidente, por
tanto, la voluntad del Gobierno de que este asunto sea tratado en el foro
de la Ponencia, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados, dado que se trata de una decisión
política de gran importancia que requiere la meditación, el trabajo y, a
ser posible, el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Por todo lo expresado anteriormente, creemos que esta moción es hoy, a
todas luces, innecesaria.
Además, también nos parece poco admisible que
S. S. utilice, de forma, a nuestro juicio, oportunista, una supuesta
alarma social para tratar de impedir que el Gobierno pueda tomar medidas
en esta materia, aunque sea en sentido restrictivo, ya que podría suponer
una injerencia o invasión de las competencias ejecutivas que nuestra
Constitución otorga al Gobierno por parte del Poder legislativo, pudiendo
incurrir en una situación anómala y posiblemente inconstitucional.
No obstante, y en aras de la voluntad de consenso expresada en esta
Cámara en repetidas ocasiones sobre esto, estamos dispuestos a aceptar el
punto primero de su moción si S. S. se aviene a retirar el punto segundo,
o bien a admitir la votación de los dos puntos por separado. Y créame que
lo hacemos, vuelvo a repetirlo, en aras del consenso parlamentario en una
materia tan trascendental que, como muy bien ha dicho esta mañana el
señor Ministro de Sanidad y Consumo, consideramos una cuestión de Estado,
eso sí, aun a riesgo de recibir, de forma demagógica, acusaciones, como
que nos atrincheramos en la ponencia del consenso utilizando el
Parlamento como colchón de seguridad, cuando, en realidad, señoría, lo
único que hacemos es contribuir a la solución de un problema de todos, el
sistema sanitario público, en lo relativo a su financiación, mejora y
mantenimiento. Y lo hacemos hoy que estamos en el Gobierno y sin
demagogias, lo mismo que lo hicimos, cuando estábamos en la oposición,
con las pensiones, con lealtad, lealtad que esperamos tengan ahora el
resto de los grupos; lo hacemos siempre desde el convencimiento de que
estos grandes temas deben solucionarse con el consenso y participación de
todos, porque mantienen, como dijo el Presidente del Gobierno, la
cohesión social.
Por último, quiero decirle que su moción nos parece inadecuada en cuanto
a su punto segundo, que dice: Paralizar la puesta en marcha de las
medidas contempladas en el Real Decreto 10/1996 hasta tanto dicha
ponencia no emita las conclusiones a las que se alude en el punto
primero. Como debe saber S. S., el Real Decreto 10/1996 fue presentado
para la convalidación o derogación, el 27 de junio, en el Pleno de este
Congreso de los Diputados, siendo aprobado por mayoría de la Cámara la
convalidación, así como su tramitación como proyecto de ley por vía de
urgencia, cuando es evidente que con anterioridad ya había sido aprobada
la constitución de la ponencia de consenso que se referencia.
No parece procedente, por tanto, proponer la paralización de la puesta en
marcha de las medidas contempladas en este real-decreto que ha sido
convalidado y que está siendo tramitado como proyecto de ley en este
Parlamento.
Quiero recordar, además, las palabras pronunciadas en esta Cámara por
otros portavoces parlamentarios el pasado miércoles, con motivo de la
interpelación urgente que originó esta moción. El señor Homs i Ferret
dijo: A pesar de la seriedad e importancia que se reconoce y concede a la
ponencia de consenso, el Gobierno debe tomar medidas.... Y lo ha vuelto a
repetir hoy. Recordaba después que deben elaborarse unos presupuestos. Y
las todavía más contundentes palabras de la portavoz socialista, señora
Amador, cuando decía: Es evidente que la ponencia parlamentaria no va a
suplir la acción de gobierno, ni lo pretende, ni tendría fundamento, ni
podría hacerlo. Ambas intervenciones creo que justifican la existencia de
este real-decreto para introducir mejoras en la gestión del Instituto
Nacional de la Salud.
Para finalizar y sobre este segundo punto, he de señalar que, por más que
S. S. trate de demonizar este decreto con la palabra preferida de su
repertorio, privatizar o privatización, no hay nada escondido en él, ya
que su objetivo es intentar defender, consolidar y modernizar nuestro
sistema sanitario público, introduciendo nuevas normas de gestión ya
iniciadas con
éxito en países con sistemas afines, para hacerlo más ágil, eficaz y
eficiente.
A este respecto, quiero recordar también las palabras de otro portavoz
parlamentario de esta Cámara, el señor Mauricio, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que en el debate celebrado el mencionado 27 de
junio sobre el real-decreto decía: Para defender el sistema sanitario
público es necesario introducir reformas. Atrincherarse frente a los
temores de la privatización en los sistemas centralizados, burocráticos,
desfasados y excesivamente costosos e ineficientes produce la destrucción
de esos sistemas públicos. Y estará conmigo S. S. en que esto no lo
queremos ninguno de los grupos de esta Cámara. Por eso le reitero
nuevamente nuestro ofrecimiento, en pos de mantener el consenso expresado
en la constitución de la ponencia de Sanidad, de que S. S. se avenga a
retirar el segundo punto de su moción o bien a permitir que se voten
ambos puntos por separado. De esta forma podríamos aceptar la parte
contenida en el primer punto de la moción que ha presentado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zambrano.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Maestro pide la palabra.)
Señora Maestro, sabe que en los debates sin la presentación de enmiendas
no hay posibilidad de ningún tipo de réplica por parte del grupo
proponente.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, no es para hacer ningún tipo
de réplica, sino simplemente para manifestarme, en virtud de la petición
que han hecho varios grupos parlamentarios, y poder acceder o no a la
votación separada de ambos puntos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, la
votación separada se podría producir en cualquier caso desde el momento
en que, al no haber enmiendas presentadas, no hay enmiendas aceptadas.
Reglamentariamente es posible la votación separada, siempre y cuando lo
solicite algún grupo parlamentario.
La señora MAESTRO MARTIN: En cualquier caso, señor Presidente, si me lo
permite, quiero manifestar, aparte de que sea posible reglamentariamente,
el acuerdo de mi grupo por la votación separada, y simplemente expresar
cierta perplejidad por el hecho de que, si bien...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
dejemos la perplejidad, porque podemos abrir un turno que no es deseable.
Gracias, señora Maestro. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con las
medidas de política general sanitaria que va a adoptar el Gobierno para
hacer efectivos los principios de universalidad y gratuidad del sistema
sanitario. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Si me lo permite, quiero dejar constancia de que
se ha solicitado votación separada de esta moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Efectivamente. Vamos a proceder a la votación separada de los puntos 1 y
2 de la moción.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación sobre el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 145; en contra, 161; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el punto 2 de la
moción.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE INMIGRACION (Número de expediente 173/000013)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso sobre la
política del Gobierno en materia de inmigración.
Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra la señora
Fernández para su defensa.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista
siempre buscará que en el Parlamento se cristalicen espacios de
encuentro, y más cuando estos espacios se refieren a políticas que van
dirigidas hacia las personas más desiguales, hacia las personas en riesgo
de exclusión social. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) Queremos poner en valor la negociación y el acuerdo desde
los proyectos diferenciados que cada grupo político tiene.
Estamos dispuestos a mejorar y a desarrollar los acuerdos y compromisos
alcanzados en esta Cámara en 1991, a analizar sus defectos para
corregirlos, y, desde luego, también, a exigir al Gobierno actual que los
siga cumpliendo.
Los puntos de la moción que presentó el Grupo Socialista son un esfuerzo
para dejar claro a los inmigrantes que están en nuestro país, regular,
legal, o irregularmente, a los profesionales del bienestar que trabajan
con ellos, a los profesionales de la seguridad del Estado y a las
organizaciones no gubernamentales, las prioridades de actuación en el
corto plazo.
Se ha producido, señorías, realmente, un mestizaje en la moción con la
moción alternativa que presentaba el Grupo Popular, con las enmiendas que
presentaba Convergència i Unió y con una participación muy activa desde
el primer momento, aunque sin enmiendas por escrito, del Partido
Nacionalista Vasco.
Al final, tenemos 16 puntos, después de haberse retirado uno por parte
del Grupo Socialista, de haberse incorporado dos nuevos --uno, del Grupo
Popular y otro, del Grupo de Convergència i Unió-- y de haberse refundido
dos apartados de la moción socialista en un punto de la moción del
Partido Popular.
Nuestra renuncia al apartado primero de la moción socialista no es un
abandono; quiero que lo sepa el Grupo Popular, quiero que lo sepa el
Gobierno. No queremos olvidar la operación Melilla, la expulsión de los
103 ciudadanos. Seguiremos en esta Cámara, y por otras vías --algunas
llevándolas conjuntamente con organizaciones no gubernamentales--,
pidiendo al Gobierno que exija responsabilidades en sus departamentos a
las personas que ordenaron, planificaron y coordinaron, para que no se
vuelva a repetir. Pedimos esas responsabilidades y lo vamos a seguir
haciendo aquí y por otras vías, repito, para que no se vuelva a repetir,
para que no tenga nadie la tentación de volver a repetir la operación
Melilla.
Cuando se habla de este tema, muchas personas pueden estar pensando en un
único Ministerio. Parece ser que todo lo que tiene que ver con la Ley de
Extranjería se piensa que es responsabilidad del Ministerio de Interior.
No. Hay otros ministerios, algunos que tienen fama de ir siempre con
guantes blancos, que tienen mucha responsabilidad en fallos cometidos en
aquella expulsión de finales de junio.
La moción mestiza, la moción consensuada, empieza pidiendo al Gobierno
que continúen --porque nos han dicho que están en ello-- las gestiones
diplomáticas, en orden a resolver la situación, no ya de 50, ni de 49,
sino de 45 ciudadanos que se encuentran en Guinea Bissau.
La moción continúa con otros quince puntos que persiguen que el Gobierno
priorice, a propuesta de este Parlamento, lo que deben ser sus
actuaciones urgentes en el momento actual. Porque quiero volver a
recordar que, en políticas a medio y largo plazo, hablamos de trabajar
conjuntamente con la voluntad del máximo consenso en la ponencia que se
acaba de constituir.
Estamos ante un esfuerzo de responsabilidad colectiva, para favorecer y
dar un poco más de seguridad a los inmigrantes legales o irregulares que
están en nuestro país o a sus puertas, en la frontera. Por eso, y siendo
conscientes de nuestro trabajo heterodoxo, porque hemos estado dialogando
y negociando hasta el final, vamos a entregar al Presidente el texto a
mano de la moción que hemos consensuado. A sugerencia del Presidente, no
voy a leer los 16 puntos, salvo que se estime necesario por algún grupo,
pero sí me voy a permitir resumir lo que en esa moción, consensuada por
las tres propuestas, decimos al Gobierno.
Le pedimos que mejore las oficinas de extranjería que existen, las pocas
que existen, y que cree unas nuevas donde, a la vez, se integren las
unidades específicas de asilo y refugio. Pedimos al Gobierno que dedique
más recursos a la formación de todos los funcionarios de todos los
cuerpos de las administraciones del Estado. De todos, no sólo de los
administrativos, no sólo de la policía, no sólo de los profesionales
jurídicos; también del campo de la diplomacia, de nuestros consulados, de
los funcionarios y diplomáticos de nuestras embajadas, de nuestros
consulados, de nuestras agregadurías. Que se coordinen estas oficinas de
extranjería con las ONG que colaboran con los gobiernos y con las
administraciones en la solución de estos problemas. Que se potencie y
mejoren los centros de extranjeros, empezando por aquellas ciudades, sea
Ceuta, Melilla, Madrid, Valencia o Barcelona, donde se están encontrando
más ciudadanos y ciudadanas que necesitan de esos centros de extranjería.
Que se informe al Defensor del Pueblo cada seis meses de los expedientes
de devolución de inadmisión a trámite o de inadmisión a fronteras, para
que así pueda ser perfectamente analizado en la memoria anual y en el
diálogo constante que cada grupo de esta Cámara tengamos con el Defensor
del Pueblo. Que se fijen anualmente contingentes.
El Grupo Socialista da mucho valor a este tema, porque es la forma de
introducir una pedagogía a otros países y a otros gobiernos para que
lleguen a España las personas con su visado, con sus documentos previos
que les den acceso a un puesto de trabajo. Y que ese contingente se fije
en función de propuestas y matices de Convergència y del Grupo Popular,
que tiene que ver con la realidad laboral, con las posibilidades de
trabajo y con las posibilidades del conjunto de las administraciones del
país, para conseguir la integración de estas personas. Que se siga
trabajando en aflorar los irregulares y que se haga una evaluación, un
estudio, un análisis de la última resolución que pretendía durante este
año aflorar irregulares; que se analicen
a fondo los aspectos positivos y negativos de esta resolución y que se
siga trabajando en aflorar a las personas irregulares. Que se potencie el
plan integral con recursos económicos y humanos y también que se potencie
el foro como lugar de encuentro y de diálogo entre el movimiento
asociativo, los inmigrantes y las administraciones. Que crezcan los
recursos de forma evolutiva, teniendo en cuenta el pacto que la
Plataforma del 0,7 consiguió con los grupos políticos, desde luego con el
Partido Popular, también con el Partido Socialista, para seguir
impulsando la ayuda al desarrollo y que se traslade a la Unión Europea el
problema que España tiene con la frontera sur, pero con la frontera sur
del conjunto de los países de la Unión Europea; así como que se
comprometa con este Parlamento, con todos los grupos políticos, con la
sociedad en su conjunto, en el año 1997, como año contra el racismo y la
xenofobia, que se comprometa, digo, en actuaciones de todo tipo, tal como
recomienda la resolución de la Comunidad.
Hay una última propuesta, que es de Convergència i Unió, que dice que lo
importante es seguir impulsando la política integral de inmigración
basada en la voluntad de integrar a estos nuevos ciudadanos, y que esta
política se siga resolviendo con el máximo consenso parlamentario,
institucional y social.
Este es el contenido enunciativo, salvo que la Cámara desee que se haga
su lectura, de la moción consensuada y mestiza que hemos planteado, que
entregamos de momento escrita a mano.
Terminaría, señorías, recordando una cita de un hombre importante,
anterior a la era actual, un siglo antes, de Confucio, que fue uno de los
dos o tres hombres que fueron capaces de hacer planteamientos de lucha
por las libertades y de lucha por la igualdad. Hay una cita que habla de
Confucio paseando por un bosque, o algo parecido, y encuentra a una
señora que está llorando. Los discípulos de Confucio se acercan a la
señora y le preguntan por qué llora tanto, y la señora le dice que porque
su suegro, su esposo y su hijo han sido devorados en esa zona del bosque
por los tigres. Entonces, le pregunta Confucio a la señora: ¿Por qué no
deja usted este lugar? Y la señora contesta: porque aquí habrá tigres,
pero no hay un gobierno opresor. Confucio se dirige a sus discípulos y
les dice: Tomemos nota. El gobierno opresor es más terrible que los
tigres.
Europa esta siendo tigres para ciudadanos que tienen gobiernos opresores.
Al menos, sabemos que se prefiere a los tigres que a los opresores, pero
desde luego en Europa y también en España tenemos que hacer un esfuerzo
muy serio por intentar no ser tigres frente a ciudadanos que huyen de
opresores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Fernández.
A pesar de lo expuesto por la señora Fernández de que hay un acuerdo
sobre un texto, voy a dar la palabra a los grupos que han presentado
enmiendas, para que se manifiesten en el sentido que crean oportuno.
En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, porque, como muy bien señalaba la señora Fernández,
afortunadamente --quiero subrayar ese calificativo--, afortunadamente,
habida cuenta de la naturaleza de la cuestión que nos ocupa, todos los
grupos parlamentarios que habían presentado enmiendas al texto original
de la moción y algún otro grupo, como el Grupo Vasco, que ha tenido
también una participación muy activa en este proceso, en definitiva el
conjunto de los grupos de esta Cámara, vamos a poder abordar el trámite
final de este debate iniciado la pasada semana con una importante
resolución del consenso.
Tengo que manifestar la absoluta concordancia con la expresión que ha
abierto la intervención de la señora Fernández. Ha dicho con acierto, y
con acierto que comparte este portavoz y el conjunto del Grupo
Parlamentario Popular que, cuando abordamos cuestiones de esta
naturaleza, es preciso ahondar en espacios de encuentro, precisamente
porque cuando se habla de personas sometidas a situaciones de marginación
o a riesgo de exclusión social no cabe otra alternativa. Y celebramos
especialmente que ese haya sido el prólogo de las valoraciones realizadas
por la señora Fernández porque, en definitiva, viene a ser la síntesis
del compromiso que desde el año 1991 todos los grupos de esta Cámara
abordamos en relación con este tema. Compromiso que efectivamente es
posible y necesario tener que revisar en sus diagnósticos, en sus
análisis, en las propuestas de resolución precisamente para
perfeccionarlo, para avanzar en él, para dar respuesta desde ese
compromiso de consenso a las nuevas expresiones que este problema
plantea. Sin lugar a duda, el Grupo Parlamentario Popular está convencido
de ello, con el gran consenso alcanzado en la sesión de hoy, paralelo a
ese instrumento importante que va a ser, sin lugar a duda, la recién
creada subcomisión que tiene que abordar, en el espacio de los próximos
meses, un detallado estudio sobre esas cuestiones. Tomando como
referencia el consenso de hoy y los trabajos futuros de esa subcomisión,
estamos en la mejor predisposición para avanzar en esa actualización del
consenso-marco, del consenso inicial del año 1991.
Este texto de consenso que hoy vamos a someter a votación de la Cámara,
como bien señalaba la señora Fernández, viene a ser una señalización de
prioridades, una fijación de objetivos que hay que abordar.
Créame, señora Fernández, que celebro muy especialmente el término
utilizado por S. S., en la medida
en que sé que no es casual y que viene perfectamente casado con la
naturaleza de este debate. Ha calificado usted bien, y muy bien, esta
síntesis, este consenso de un mestizaje de posiciones y desde luego de un
mestizaje de posiciones intelectuales y políticas que pueden en un
momento determinado ser diferentes en sus matices pero que están
firmemente unidas en la voluntad de resolver, desde el diálogo y desde el
mayor grado de consenso social, político e institucional, la cuestión que
nos afecta. Porque estamos hablando de razones de Estado, pero porque
estamos hablando, sobre todo y ante todo, de razones humanas, de razones
de solidaridad, de razones de tolerancia y, por tanto, de razones
indiscutibles de perfeccionamiento y de avance democrático.
Y celebramos en ese contexto que S. S. haya advertido, porque compartimos
también esa posición, que la renuncia de su grupo al contenido de los
puntos iniciales 1 y parte del 2 de esta moción no significa por parte de
su grupo renuncia alguna al ejercicio de una tarea de control sobre los
puntos objeto de esa redacción. Ya tuve ocasión de manifestar en el
debate de la interpelación que esa legítima, necesaria e imprescindible
tarea de control de ustedes como grupo mayoritario de la oposición
respecto de los actos del Gobierno constituye y constituirá siempre para
el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Popular un acicate, y desde
luego contribuirá sin lugar a dudas a ese perfeccionamiento del clima de
diálogo y de cooperación que deseamos, especialmente, insisto, en una
cuestión de esta naturaleza.
Creo que el texto que finalmente vamos a abordar de consenso está
construido sobre el valor del realismo, pero también sobre el valor de la
solidaridad, orientado a intentar equilibrar estos compromisos de
realismo y de solidaridad, en orden a hacer de España tierra de acogida
en la medida de nuestras posibilidades reales, en orden a fomentar los
valores de integración, propios de cualquier sociedad democrática
avanzada, traducción también, como alguien señalaba en el trámite de la
interpelación, de lo que supone el Estado social y democrático de
Derecho, de manera que no se quiera hacer --y ya lo advertí en la
discusión de la semana pasada-- en modo alguno literatura constitucional,
sino que con esta actitud de consenso, que hoy todos acreditamos,
avanzamos en hacer compromiso constitucional.
Este texto de hoy, sin lugar a dudas, va a servir para construir el
futuro desde la tolerancia y va a ser, en su desarrollo posterior, un
elemento útil para romper de una manera decidida cualquier expresión o
brote xenófobo que pueda producirse en el contexto de la sociedad
española. Hoy, al abordar, al haber sido capaces de alcanzar este
importante consenso, acreditamos todos los grupos que somos conscientes
de que detrás de cada inmigrante no hay sólo un número, sólo una cifra,
sólo una estadística, sino que hay una historia humana, a veces traducida
en drama humano que no se puede desconocer.
Concluyo, señor Presidente, reafirmando la actitud de mi grupo al apoyar
ese texto de consenso al que hemos llegado finalmente, incidiendo en
nuestra valoración de satisfacción y de reconocimiento, satisfacción por
haber podido sentar una buena base para que todos podamos seguir
trabajando juntos sin menoscabo de las legítimas posiciones de nadie, y
sin menoscabo de la función política y parlamentaria que a cada cual
corresponde en esta Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Popular reconocemos el esfuerzo realizado
por todos los grupos y el del Grupo Parlamentario Socialista para que
este consenso sea posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Para comenzar, nuestro grupo también quiere manifestar su satisfacción
por el resultado final del debate previo a estos momentos y quiere
agradecer la actitud favorable que desde el primer momento manifestó la
ponente del Grupo Socialista, doña Matilde Fernández, hacia nuestras
enmiendas y su actitud flexible en los minutos previos al Pleno para
llegar a esta moción.
Es de agradecer, asimismo, la posición del señor Gil Lázaro que ha
permitido que tanto las siete enmiendas que nuestro grupo ha planteado
como el texto que el Grupo Popular presentó, pudiesen llegar a esta
confluencia con el texto del Grupo Socialista. Por tanto, creo que este
primer resultado es positivo, contando además con la participación, como
se ha hecho notar, de la compañera Diputada del Grupo Vasco en las
reuniones.
Esta moción nos permite situar y plantear hoy las líneas básicas del
trabajo que va a orientar la acción del Ejecutivo en materia de
inmigración. Existe una subcomisión en el seno de la Comisión de Política
Social y Empleo que deberá abordar los grandes problemas, las grandes
diferencias que pueden existir en esta materia. Pero hoy la Cámara ha
marcado ya las grandes líneas de trabajo y eso nos parece bueno porque
estas líneas de trabajo permiten orientar la acción del Ejecutivo, que se
va a basar en una serie de posiciones que van a compartir la mayoría de
los grupos de la Cámara.
No obstante, algunas cuestiones complejas, que son de interés para la
opinión pública, que necesitaban respuesta de manera más o menos
inmediata, también se abordan en esta moción, grandes líneas y temas que
afectan a lo inmediato, dejando aquellos temas donde existen más
discrepancias para el trabajo que debe realizar
la Comisión. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió ha habido algunas enmiendas que se han asumido y que tienen
especial significación.
De manera muy particular quiero destacar y llamar la atención de esta
Cámara sobre los incidentes que han sucedido hace escasas horas en Guinea
Bissau. Es importante que la Cámara muestre su sensibilidad en una
situación lamentable y triste. Creo que nos debe preocupar a todos los
grupos políticos lo que ha sucedido en este país africano, porque de una
manera u otra tenemos algún tipo de responsabilidad.
Hay que resaltar que se haya asumido la necesidad de revisar la norma que
ha permitido llevar a cabo el último proceso de regularización. Nos
parece que es una reflexión que se debe plantear. Nuestra posición
política --y lo hemos manifestado en la enmienda que hemos presentado al
respecto, pero en aras del acuerdo hemos renunciado-- es la de plantear
una prórroga de la misma. Nos parece que existen suficientes elementos
para cuestionar que el Real Decreto de 13 de abril de 1995 sea eficaz
para resolver ese problema, pero entendemos que ese deberá ser un tema a
discutir en el seno de la subcomisión.
También nos parece importante ver reafirmada --y creemos que el último
punto que se incorpora como enmienda de nuestro grupo males alivia-- la
voluntad de que esta sea la política global del conjunto del Gobierno,
del conjunto de las Administraciones, y que tenga como paradigma la
integración. Estas enmiendas, además del texto inicial del Grupo
Socialista y la enmienda del Grupo Popular, nos permiten haber llegado a
este consenso.
Ahora bien, este consenso tampoco puede caer en la satisfacción absoluta
respecto a las políticas que el conjunto de fuerzas políticas hemos
desarrollado en esta materia. Aún estamos muy lejos de haber creado un
entramado competente de políticas públicas eficaces, con el objetivo de
integración de los inmigrantes. Los recursos aún son insuficientes, la
coordinación aún es débil, el carácter rutinario de muchas actuaciones es
persistente y, sobre todo, amplios sectores de nuestra población, amplios
sectores de la opinión pública, seguro que no coinciden con muchos de los
planteamientos que se producen en esta Cámara.
Estos días, leyendo algunos de los artículos que se recogen en un libro
que ha publicado el profesor Izquierdo, estudiando las encuestas que
intentan analizar los problemas de racismo en el Estado español, encontré
una doble contradicción: por una parte, la mayoría de las encuestas que
se han realizado respecto a la inmigración demuestran que a los
ciudadanos del Estado español les parece correcto que lleguen ciudadanos
de otras partes del mundo para trabajar aquí, pero que no se queden para
siempre, que se queden por un cierto tiempo. En paralelo, todos los
estudios que se realizan en relación a la voluntad de estos inmigrantes
nos indican que, en su inmensa mayoría, son ciudadanos que se quieren
quedar a residir en el Estado español. Ahí existe una contradicción. Unos
ciudadanos, los del Estado español, contemplan la inmigración como un
fenómeno pasajero; otros ciudadanos, los inmigrantes, contemplan su
presencia en el Estado español con voluntad de permanencia. Eso está ahí,
y cuando analizamos y desarrollamos discursos en relación a estas
cuestiones debemos tener en cuenta que esa realidad puede condicionar
nuestras políticas en un sentido que no es el que queremos la mayoría de
los grupos de esta Cámara.
Por eso es importante el consenso; porque en esta materia el consenso es
pedagogía política. Y si la política en buena parte es pedagogía, en
estas materias lo es de forma fundamental. La claridad, la visión global,
la visión con perspectiva, la ambición política a la hora de afrontar
esta materia son elementos básicos.
La señora Fernández nos ha ilustrado con palabras de Confucio un
sentimiento que creo que toda la Cámara comparte: Europa no puede ser una
fortaleza cerrada y sus ciudadanos no deben tener conciencia de fortaleza
cerrada. Y seguro que hoy nuestra población, mayoritariamente, contempla
los problemas derivados de la inmigración como tales problemas, ni mucho
menos como oportunidades. En ese sentido, debemos procurar mantener, a lo
largo de esta legislatura, un terreno de amplísimas coincidencias, porque
desde esas amplísimas coincidencias podemos ser eficaces en la generación
de una conciencia ciudadana que sea capaz de resolver los problemas y las
oportunidades que esta nueva situación nos va aportar. Esperemos que lo
sepamos mantener.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Campuzano.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Sólo dos palabras para felicitar al grupo
proponente de esta moción por la iniciativa que le honra, así como al
Partido Popular y a Convergència i Unió por las aportaciones efectuadas
en la redacción de este documento que, escrito a mano, hemos presentado
finalmente a la Mesa. Redacción que ha hecho que mi grupo se sume de
manera entusiasta a lo que se propone en la moción. La moción, entiendo,
es un compromiso político del Gobierno, una vez que resulte aprobada, y
es también un compromiso de la Cámara. Es un compromiso de todos en orden
a evitar las políticas antiinmigración que tienen en la sociedad el
efecto perverso de socavar los cimientos democráticos del país que las
aplica, dando,
además, apariencia de legitimidad a lo que es xenofobia y racismo.
Coincido con el representante del Grupo Popular al señalar el valor de
realismo que tiene el texto que se somete a la aprobación de la Cámara,
pero, sobre todo, insisto en el valor de solidaridad, que es lo que hace
a nuestro grupo dar el apoyo entusiasta a lo que se va a someter a
votación a continuación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con esta moción consecuencia
de la interpelación en materia de inmigración que tuvimos la satisfacción
de tramitar la pasada semana.
En primer lugar, este portavoz querría celebrar, igual que todos los
demás, el acuerdo a que se ha llegado por los grupos de la Cámara,
teniendo en cuenta que la celebración de ese acuerdo por parte de este
portavoz tiene una significación mucho más cualificada que la de ninguno
de los demás porque no lo conoce. Quiere decirse que como se ha hecho por
escrito, lógicamente ya es importante que se celebre el acuerdo poniendo
encima de la mesa una auténtica actitud de confianza en lo que ustedes
hayan decidido al fin redactar, teniendo en cuenta que la redacción puede
ser en un momento determinado lo suficientemente hábil como para que este
acuerdo sea objeto de celebración y alegría, satisfacción y alharaca
pero, a lo mejor, no sea suficiente. A lo mejor, puede ocurrir que se
quede en un flatus vocis o se quede en pura retórica, porque es evidente,
señor Ministro de Interior, que el hecho de que se llegue a un consenso
en esta moción, de la que supongo que usted ya tendrá conocimiento,
obliga desde el momento mismo en que lo acordemos, y no tendría ninguna
lógica que poniendo de manifiesto la filosofía que inspira en todas y
cada una de las posiciones, me parece que son dieciséis, que contiene
esta moción, a lo mejor desde este mismo momento se esté procediendo por
parte de sus colaboradores de modo tal que lo haga absolutamente
inoperante o absolutamente ineficaz.
Quiere nuestro grupo, a lo mejor porque todavía tiene sobre sí un
importante margen de ingenuidad, entender que esta moción es un paso muy
importante, que también debe ser tenido en cuenta por la subcomisión para
ir pasando de la filosofía de la consideración de la inmigración como un
azote que, no nos engañemos, es la que late todavía en muchas de las
legislaciones, a la filosofía de la facilitación de la inmigración como
la forma humanitaria, la forma digna de solución de los problemas
personales de millones de personas que están ni más ni menos que
perseguidas por la desgracia.
Cree nuestro grupo, y por eso va a dar apoyo a esta moción, que pasamos
del punto de vista represivo a encontrar un punto cautelar, un punto
equidistante o equilibrado entre la actitud cautelar y la actitud
proteccionista y tuteladora, y cree por tanto que, en base a ello, se
tomarán las inmediatas medidas para que desaparezca de nuestro
vocabulario lo que llamamos situaciones irregulares, porque las
situaciones irregulares no son la situación normal de quien huye de la
desgracia, la irregularidad nace de quien frente a esa desgracia contesta
de una forma que no debe, creando dificultades.
Nos gustaría que siempre que se trate de este tema, además del Tratado de
Schengen, que suele salir a relucir con mucha frecuencia, se tuviera en
cuenta, porque nuestra Constitución también alude a ello, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de los
ciudadanos de cualquier parte del mundo a cambiar de domicilio y a tratar
de realizarse como seres humanos en cualquier punto del globo.
Por tanto, nos gustaría que si es esta la filosofía, y en esa confianza
vamos a apoyar esta moción, desde mañana mismo --valga la expresión,
señor Ministro de Interior-- se note de forma inmediata que hemos
cambiado de actitud porque, repito, no tendría la menor gracia que
estuviéramos haciendo aquí celebraciones entusiásticas y a lo mejor esta
misma noche hay alguien que es objeto de expulsión, esta misma noche hay
alguien que teniendo derecho a ganarse la vida, por una aplicación
mecánica de nadie sabe qué otras consideraciones, sinceramente se le
niega ese derecho.
Vamos a estar muy vigilantes, vamos a estar muy vigilantes para que,
efectivamente, esta moción no sea pura retórica y esta moción, de verdad,
tal como hoy acuerda esta Cámara, inspire la acción del Gobierno, la
inspire desde el momento mismo en que se acuerde.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
¿Con qué objeto pide la palabra, señor Gil Lázaro?
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente.
Para una cuestión de orden, que en este caso es de cortesía, a los
efectos de explicar al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida que la búsqueda de ese trabajo...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gil Lázaro, no se trata
de entablar ningún diálogo ni ninguna controversia.
El señor GIL LAZARO: En todo caso, premuras de tiempo nos han impedido,
como hubiéramos deseado, poner previamente en su conocimiento esa
cuestión. Es a lo único que me quería referir y, por tanto, no lo tome
como descortesía.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil
Lázaro.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre la
política del Gobierno en materia de inmigración, en los términos
resultantes del texto transaccional presentado por el grupo proponente y
aceptado por los dos grupos enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 303.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción (Aplausos.)
Se suspende la sesión.
Eran las ocho de la noche.