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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 25, de 19/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 25
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 24
celebrada el jueves, 19 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales. (Procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de
junio). «B. O. C. G., Serie A, número 4.1, de 29 de junio de 1996» (Núm.
exp. 121/000002.) (Página 1042)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1042)
Proyecto de ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales. (Procedente del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de
junio) (Página 1042)
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Socialista interviene la
señora Narbona Ruiz, manifestando su satisfacción porque tenga lugar la
tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley, aunque lamenta
que el Gobierno adopte durante esta tramitación medidas de desarrollo del
texto que se va a debatir en la Cámara. Desean que en el caso de la Ley
del Suelo no se aprueben medidas de desarrollo que, a través del debate
en esta Cámara, puede cambiar de orientación. Manifiesta que el Grupo
Parlamentario Socialista está en las antípodas, tanto en materia de suelo
como de colegios profesionales, respecto al texto aprobado en su momento
por el Gobierno del señor Aznar, porque no comparte lo que se entiende
por liberalización ni están de acuerdo con el concepto de lo público que
se traduce de las modificaciones de la legislación urbanística hasta
ahora en vigor. En consecuencia, presentan una enmienda a la totalidad
desde un enfoque alternativo claramente diferenciado en todos y cada uno
de los elementos que componen el texto del proyecto de ley.
En cuanto a la supuesta liberalización de los colegios profesionales,
reitera los argumentos que dieron en el debate del Real Decreto-ley, y es
que con este Real Decreto-ley no se modifica de manera significativa la
actuación de los colegios profesionales en nuestro país, puesto que
incluso la colegiación única aparece en el texto del Gobierno sujeta a
las condiciones de carácter económico que los colegios profesionales
puedan establecer en su caso, ni desaparece la función actual del visado
y, ni siquiera, se modifica de manera correcta el papel que juegan las
tarifas existentes en determinados colegios.
De mayor calado considera las medidas que se refieren al suelo, donde ni
existe verdadero avance en cuanto a liberalización de ese mercado ni un
entendimiento correcto y social de lo que son los patrimonios públicos
del suelo. El proyecto de ley, al eliminar la categoría de suelo
urbanizable no programado, produce un incremento del control por parte de
los propietarios de dicho suelo en cuanto al desarrollo urbanístico de
los mismos. Esto significa eliminar en los suelos no programados la
posibilidad de competencia con terceros, que está prevista en la
legislación de la Ley del Suelo de 1990, por lo que se incide en un
sentido inflacionista de los precios del suelo y de los precios
posteriores de la vivienda. Añade que esa eliminación de la distinción
entre programado y no programado no contribuirá en nada a resolver los
problemas de escasez de suelo urbanizado --que no urbanizable-- que tiene
nuestro país. Por lo que se refiere a la disminución de las cesiones
obligatorias del 15 por ciento al 10 por ciento del aprovechamiento
medio, entiende que sólo beneficia a las relaciones entre el Gobierno del
señor Aznar y Convergència i Unió, resolviendo un antiguo conflicto en
cuanto a los precios de la vivienda en Cataluña.
En base a todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad que significa un auténtico avance en la línea de
la liberalización en materia de suelo y de colegios profesionales, en la
medida en que no establece condicionantes a la colegiación única para
todo el territorio nacional, y propone, en materia de suelo, un auténtico
incremento de la competencia, permitiendo que en todo el suelo
urbanizable se pueda actuar vía concurso, compitiendo las empresas
urbanizadoras con la voluntad, en su caso, de los propietarios del suelo,
con el objetivo de que haya más suelo urbanizado al menor coste posible
que permita la construcción de viviendas de protección oficial. Entienden
que todo el patrimonio público de suelo de toda entidad, incluso de
empresas con mayoría de capital público, debe seguir siendo de naturaleza
pública, estableciéndose de esta manera unas garantías mínimas en lo que
va a ser un proceso de privatización acelerada.
En lo que se refiere a la agilización de los trámites de planeamiento,
expone que su texto alternativo contiene medidas análogas a las que
incorpora el texto del Gobierno, pero eliminando aquellos elementos que
significan dar mayor capacidad de decisión a los alcaldes en solitario,
hurtando al debate en los plenos el control democrático, y añaden, por el
contrario, otras medidas de agilización en las fases de ejecución, como
por ejemplo, una mayor reducción de plazos de desarrollo del
planeamiento. Asimismo instan al Gobierno a que, con carácter inmediato
se establezca un programa estratégico de suelo entre las distintas
administraciones, con objetivos cuantificados y con asignaciones
presupuestarias para 1997.
Finaliza su intervención manifestando que el conjunto de medidas que
propone el Partido Socialista
son coherentes con un modelo de mayor competencia en el mercado del suelo
y en la actividad de los colegios profesionales, pero sobre todo
significa una concepción de la relación entre lo público y privado que no
coincide en absoluto con la del Gobierno del señor Aznar.
En turno en contra a la enmienda a la totalidad, compartido con el señor
Ortíz, interviene el señor Fernández-Miranda y Lozana, manifestando que
no le sorprende el planteamiento que hace el Grupo Socialista con
respecto a los colegios profesionales, y lo califica de contumaz al
presentar el mismo texto que, como proyecto de ley, presentaron en 1993,
reiterando en el mismo los errores que, desde su punto de vista,
justificaron entonces dos enmiendas a la totalidad y justifican en este
momento el turno en contra, colocándose efectivamente en las antípodas de
la concepción que el Grupo Socialista tiene sobre los colegios
profesionales. El Grupo Popular considera que los colegios profesionales
son imprescindibles para que, por delegación expresa del Estado,
controlen la actividad profesional y protejan, por tanto, los derechos
fundamentales de los ciudadanos que pueden ser vulnerados a través de la
mala práctica. Considera que el Grupo Socialista pasa de puntillas por
los conceptos de modernización y liberalización y solo se acuerda de la
Constitución en aquellos artículos que justifican su propio
planteamiento, pero se olvida del artículo 36, donde los colegios
profesionales cobran carta de naturaleza y sentido dentro de nuestra
sociedad.
Muestra su conformidad con la señora Narbona en cuanto a que es necesario
adecuar la legislación en las profesiones colegiadas a las nuevas reglas
de funcionamiento económico que existen en España, que se basan en un
sistema de libertad y competencia. Sin embargo, considera que la razón de
ser de los colegios es la vigilancia del ejercicio profesional y no la
naturaleza del contrato ni el contratante. Aconseja al Grupo Socialista
que si efectivamente no creen en los colegios profesionales planteen su
desaparición y no su modificación, porque no tiene sentido que exoneren
de la colegiación obligatoria a unos y, sin embargo, mantengan una serie
de funciones de los colegios, como las de procurar la armonía y
colaboración entre los colegiados, velar por el intrusismo profesional o
establecer la posibilidad de visar los trabajos profesionales. En
definitiva, estima que el texto de la enmienda de totalidad es peor que
el intento de modificación del Grupo Socialista en 1993, por lo que
votarán en contra de la enmienda de totalidad.
Asimismo, interviene en el turno en contra el señor Ortiz González,
reiterando los objetivos y los propósitos del Real Decreto-ley porque
considera que son las mismas razones que abonan el voto en contra de
texto alternativo. Manifiesta que los tres objetivos que persigue este
primer paquete de medidas que es el Real Decreto-ley se orientan a
ampliar el mercado de suelo --para ello la unificación del régimen del
suelo urbanizable programado y no programado--, a reducir las cargas y
los costes de urbanización --para ello la reducción de las cesiones-- y a
agilizar la tramitación de los instrumentos urbanísticos --para ello las
medidas de acortamiento de plazos y de simplificación de trámites de los
artículos 3º y 4º del Decreto.
Desde una valoración positiva del Real Decreto-ley, no comparten de
ninguna manera algunas de las afirmaciones que ha hecho la portavoz
socialista en cuanto a la unificación del suelo urbanizable, programado y
no programado, o en cuanto a que las cesiones no van a tener impacto en
los precios finales. Sin embargo, le parece positivo todo cuanto se haga
en beneficio de los patrimonios municipales de suelo. A continuación
manifiesta su deseo de que fuera cierto que la reducción de trámites que
propone el Grupo Socialista supusiera una duplicación del acortamiento de
los plazos y considera dicha propuesta digna de tener en consideración en
el trámite ulterior de este proyecto. Sin embargo, manifiesta su total
rechazo al texto alternativo, tanto en términos globales como en los
términos específicos de cada artículo, con excepción de la medida
orientada a la mencionada simplificación de plazos y el artículo 4º sobre
el programa estratégico de suelo en colaboración y cooperación las
comunidades autónomas y la Administración central del Estado, propuesta
que podría ser útil como elemento importante en la elaboración del
próximo plan cuatrienal de viviendas.
Replica la señora Narbona Ruiz, duplicando los señores Fernández-Miranda
y Lozana y Ortiz González .
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Recoder Miralles,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Sánchez, del Grupo
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo, se
rechaza por 166 votos en contra, 143 a favor y una abstención.
Se levanta la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE
COLEGIOS PROFESIONALES. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1996, DE 7 DE
JUNIO). (Número de expediente 121/000002.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Se reanuda la sesión con el punto sexto del orden del día, conforme al
cual debatiremos a continuación el proyecto de ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales,
procedente del Real Decreto-ley de 5/1996, de 7 de junio. A dicho
proyecto se ha presentado una enmienda de totalidad de texto alternativo,
para cuya defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, la
señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para explicar la presentación, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, de una enmienda a la totalidad al proyecto de
ley derivado del Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
Quiero, en primer lugar, manifestar mi satisfacción porque tenga lugar la
tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley. Una tramitación que
no estaba, en absoluto, en el ánimo del Gobierno, pero que
afortunadamente va a ser posible por la voluntad de la mayoría de los
grupos de esta Cámara, que el pasado 20 de junio impulsaron la votación a
favor de la tramitación del texto como proyecto de ley. Es verdad que
esto no evita, en absoluto, que el Gobierno pueda adoptar durante esta
tramitación medidas de desarrollo del texto que vamos a debatir en la
Cámara. Esa actitud sería coherente con la opinión que le merece al
Ministro de Fomento, según explicó ayer mismo por la tarde, el hecho de
que el Gobierno, estando en tramitación el proyecto de ley sobre el
cable, haya aprobado el pasado viernes, en Consejo de Ministros, el
decreto por el que se desarrolla reglamentariamente este texto de ley.
Parece que al Gobierno del señor Aznar esta Cámara no le merece gran
respeto y, ateniéndose a la capacidad formal de aprobar un decreto cuando
todavía está en tramitación un texto de ley procedente de un decreto-ley
convalidado, se realiza este tipo de aprobación, este tipo de avance
reglamentario que, sinceramente, nos parece una burla al Parlamento,
aunque desde el punto de vista formal eso sea posible.
Por tanto, deseamos que en el caso de la Ley del Suelo no nos encontremos
con que se aprueban medidas de desarrollo de un texto que esperamos que a
través del debate en esta Cámara cambie de orientación, porque si hemos
presentado una enmienda a la totalidad es porque como grupo parlamentario
no podemos vernos satisfechos sólo con mejoras técnicas o con enmiendas
parciales a este texto.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad porque el Grupo
Parlamentario Socialista está en las antípodas en cuanto al enfoque,tanto
en materia de suelo como de colegios profesionales, respecto al texto
aprobado en su momento por el Gobierno Aznar. Estamos en las antípodas
porque no compartimos lo que el Gobierno Aznar entiende por
liberalización. Se habla de medidas de liberalización en este decreto-ley
pero, en realidad, no solamente no se liberaliza nada, sino que incluso
el contenido de las medidas sobre suelo supone un retroceso respecto de
una mayor competencia en ese mercado. Por tanto, creemos que no hay
ningún avance significativo en materia de liberalización en el contenido
del proyecto de ley y, por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con el
concepto de lo público que se traduce de las modificaciones de la
legislación urbanística hasta ahora en vigor que introduce el texto del
proyecto de ley en tramitación.
No es extraño que el Grupo Parlamentario Socialista no esté de acuerdo
con el concepto de lo público que tiene el Gobierno del señor Aznar. Es
evidente que no podemos estar de acuerdo con un gobierno que considera,
como dijo el otro día aquí mismo la Ministra de Educación, legítimo el
negocio de la enseñanza o, como nos explica el Ministro de Sanidad, que
el avance en la calidad de la sanidad tiene que venir necesariamente por
un impulso en la privatización de ese servicio, o cuando nos dice la
Ministra de Medio Ambiente que lo importante para resolver los problemas
del agua en este país es que haya un mercado del agua. Respecto de
cualquier política sectorial es cierto que el Partido Socialista tiene
una visión bien diferente del Partido Popular en cuanto a la finalidad y
a la utilización de lo público, y en el texto del proyecto de ley que
vamos a debatir el concepto de lo público es un concepto tremendamente
desvirtuado. De hecho, se trata de reducir la superficie de suelo público
existente a partir de las cesiones obligatorias al Patrimonio Municipal
de Suelo y, con ello, impedir en parte el desarrollo de una política de
vivienda destinada a cubrir las necesidades de los más desfavorecidos.
En consecuencia, nuestra enmienda a la totalidad se plantea desde la
existencia de un enfoque alternativo, claramente diferenciado en todos y
cada uno de los elementos que componen el texto del proyecto de ley.
Me referiré, en primer lugar, a la supuesta liberalización de los
colegios profesionales que en el texto del
Decreto-ley 5/1996 se pretendía resolver. Ya tuvimos ocasión de decir en
esta Cámara que con ese decreto-ley no se modificaba de manera
significativa la situación de actuación de los colegios profesionales en
nuestro país, incluso la colegiación única aparece en el texto del
Gobierno sujeta a las condiciones de carácter económico que los colegios
profesionales puedan establecer en su caso. Tampoco desaparece la función
actual del visado y ni siquiera se modifica de manera correcta el papel
que juegan las tarifas existentes en determinados colegios. Pero eso no
lo decimos en estos momentos como Grupo Parlamentario Socialista; esto ha
tenido ocasión de decirlo el propio Presidente del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos, que en una circular a todos los colegios
profesionales de España ha transmitido, con carácter inmediato a la
publicación del decreto ley en el mes de junio, un mensaje de
tranquilidad a los colegios, y literalmente se explica a este sector
profesional que con la norma que aprueba el Gobierno no se ven en
absoluto alterados elementos básicos como son, en el caso de los colegios
de arquitectos, el visado o las tarifas correspondientes a los
honorarios.
Esa es la gran reforma que el Partido Popular, a través del Decreto-ley
5/1996, pretendía para los colegios profesionales. Por tanto, en ese
aspecto poco tenemos que decir que no hayamos señalado ya en la sesión
del 20 de junio. Aquí no hay liberalización. Se mantienen las cosas
prácticamente como están y, por lo tanto, se trata de una norma de
escasísimo contenido.
De mayor calado, desde el punto de vista de las diferencias y del enfoque
que está detrás de su diseño, son las medidas que se refieren al suelo
donde, como he dicho ya, ni existe verdadero avance en la liberalización
de este mercado ni existe tampoco un entendimiento correcto y social de
lo que son los patrimonios públicos de suelo. En este sentido, al
eliminarse del texto del proyecto de ley que inicia su tramitación la
categoría de suelo urbanizable no programado, lo que se produce es un
incremento del control por parte de los propietarios de dicho suelo sobre
el desarrollo urbanístico de los mismos. Pasan a situarse en la condición
en la cual se encuentran los propietarios de suelo hasta ahora calificado
como suelo programado. Por tanto, para desarrollar esos suelos hace falta
ser titular, hace falta ser propietario del conjunto íntegro de la
actuación. Esto significa eliminar en los suelos hasta ahora clasificados
como no programados la posibilidad de competencia con terceros, que está
prevista en la legislación de la Ley del Suelo de 1990. No solamente se
incrementa el control de los propietarios de suelo no programado, sino
que, además, se aumenta la expectativa de beneficio y, por lo tanto, se
incide en un sentido inflacionista en los precios del suelo y en los
precios posteriores de la vivienda al aumentar en una proporción de 1 a
10 el valor legal de suelos que, en la medida que eran considerados como
no programados, tenían un valor legal rústico y pasan de forma
automática, por obra y gracia de este proyecto de ley, a tener un valor
legal diez veces superior. Por tanto, esa eliminación de la distinción
entre programado y no programado no contribuirá para nada a resolver los
problemas de escasez de suelo urbanizado, que no de suelo urbanizable,
que tiene nuestro país y pueden, incluso, impulsar un aumento de los
precios del suelo. Pero esto ya lo sabía el Ministro de Fomento el día 20
de junio cuando se debatió en esta Cámara, y él mismo reconoció que no
esperaba en absoluto que hubiera un efecto de disminución de los precios
de la vivienda derivado del texto del actual proyecto de ley. No existía
esa confianza por parte del Ministro de Fomento --lo cual le honra--,
pero en la exposición de motivos del texto que en ese día se convalidó sí
aparecía claramente la reducción del precio de la vivienda como uno de
los elementos básicos que justificaban el decreto ley.
Por lo que se refiere a la disminución de las cesiones obligatorias del
15 por ciento al 10 por ciento del aprovechamiento medio, esta
disminución --lo dijimos entonces y lo repetimos-- tiene sólo el efecto
positivo de mejorar las relaciones entre el Gobierno del señor Aznar y
Convergència i Unió, resolviendo un conflicto antiguo, en la medida en
que la ley autonómica en Cataluña prevé cesiones del 10 por ciento y no
del 15 por ciento, con consecuencias, en lo que se refiere a los precios
de la vivienda en Cataluña, que en absoluto son significativas. No hay
precios más bajos del suelo en Cataluña porque la cesión sea del 10 por
ciento en lugar del 15 por ciento.
En cambio, con esa disminución de las cesiones obligatorias se reduce en
un tercio lo que puede ser la aportación a actuaciones de política de
vivienda a través de los patrimonios públicos de suelo.
En lo que ser refiere a suelo, el resto del decreto-ley incorporaba una
serie de medidas de agilización en los trámites del planeamiento y
también un cambio en las competencias de los alcaldes restando a los
plenos una serie de capacidades de decisión que tampoco creemos
correctas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda a la totalidad que parte de un enfoque, como decía antes,
absolutamente diferente tanto en materia de suelo como de colegios
profesionales, y que, por tanto, difícilmente podrá ser resuelta con
meras enmiendas parciales al texto del proyecto de ley.
Por lo que se refiere a los colegios profesionales, la propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista en esta enmienda a la totalidad significa
un auténtico avance en la liberalización de los mismos en la medida en
que no establece condicionantes, por ejemplo, a la colegiación única para
todo el territorio nacional --al contrario que el texto del Gobierno--.
En lo que concierne al
visado, establece que éste nunca podrá incorporar ninguna satisfacción de
honorarios ni de condiciones económicas entre las partes, que deben ser
establecidas desde la libre voluntad de las mismas, y establece también
que el colegio solamente podrá cobrar los honorarios de los colegiados en
la medida que éstos así lo decidan; por lo que esa actuación de los
colegios tendrá un carácter voluntario a partir de la iniciativa de los
colegiados y en ningún caso con carácter general. Se trata, como digo, de
adaptar los colegios profesionales a las leyes en vigor sobre
competencia, sobre publicidad, pero haciéndolo de una forma más perfecta
que la que utiliza el texto del proyecto de ley en tramitación.
En cuanto a las medidas sobre suelo, proponemos un enfoque de auténtico
incremento de la competencia permitiendo que en todo el suelo urbanizable
se pueda actuar vía concurso y, por tanto, que la iniciativa de las
empresas urbanizadoras compita, en su caso, con la voluntad de los
propietarios de suelo. En resumen, que en todo el suelo urbanizable se
estimule la actividad empresarial, porque nuestro objetivo es que haya
más suelo urbanizado y, en la medida de lo posible, a los menores costes
que permitan la construcción de viviendas de protección oficial.
De hecho, en otro artículo de nuestro texto alternativo indicamos cómo
puede reforzarse la finalidad no sólo de los patrimonios municipales de
suelo, sino, en general, de todo patrimonio público de suelo de forma que
su utilización preferente sea estrictamente la construcción de viviendas
de protección oficial o, en su caso, la utilización con fines de interés
social establecida con carácter reglamentario. Y esto tanto si se trata
de suelo como de su equivalente en metálico. En ese sentido, entendemos
que todo patrimonio público de suelo de toda entidad, incluso de empresas
con mayoría de capital público, debe seguir siendo de naturaleza pública,
por tanto, para usos de la colectividad y que sólo con carácter
excepcional, si no van a darse esos usos de carácter social, al menos un
50 por ciento de la utilización, en términos de edificabilidad, de esos
suelos quede reservada para las mismas finalidades que los patrimonios
municipales de suelo. Esto permitiría en estos momentos establecer
garantías mínimas en lo que va a ser un proceso de privatización
acelerada, un proceso de desmantelamiento de los patrimonios públicos de
suelo en nuestro país. Creemos que éste es precisamente el momento de
establecer la garantía de que esos patrimonios públicos se reserven en un
porcentaje significativo para atender las necesidades de vivienda que hay
en nuestro país y que no creemos que interesen gran cosa al Gobierno del
señor Aznar, si hay que deducir ese interés del texto del proyecto de ley
que en estos momentos inicia su tramitación.
Por lo que se refiere a la agilización de los trámites de planeamiento,
nosotros contemplamos en nuestro texto alternativo medidas análogas a las
que incorpora el texto del Gobierno, pero eliminamos de esas medidas
aquellos elementos que significan dar mayor capacidad de decisión a los
alcaldes en solitario, hurtando al debate en los plenos el control
democrático que creemos que es necesario cuando se desarrolla el
planeamiento. Por tanto, no incorporamos en nuestro texto esas
modificaciones propuestas en el proyecto de ley del Gobierno y, por el
contrario, añadimos otras medidas de agilización en las fases de
ejecución del planeamiento que significan, en síntesis, aumentar la
reducción de plazos de desarrollo del planeamiento. Con el texto del
proyecto de ley del Gobierno pueden ahorrarse, aproximadamente, ocho
meses de trámite en el desarrollo del planeamiento. Con el texto que
plantea el Partido Socialista se pueden ahorrar, aproximadamente,
dieciséis meses. Por tanto, creemos que también en este sentido aportamos
una mejora en esa línea de reducción de tiempos de tramitación del
planeamiento urbanístico.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, señor Presidente.
Por último, introducimos una disposición adicional por la cual se insta
al Gobierno a que, con carácter inmediato, establezca un programa
estratégico de suelo entre las distintas administraciones, un programa
concertado con objetivos cuantificados y con asignaciones presupuestarias
para 1997 que permitan un auténtico avance en materia de suelos
destinados a la producción de viviendas asequibles.
Creemos que el conjunto de medidas que propone el Grupo Socialista en su
enmienda a la totalidad son coherentes, se engarzan en un modelo de
verdadero avance hacia una mayor competencia en el mercado del suelo y
también hacia una mayor competencia en lo que se refiere a la actividad
de los colegios profesionales, pero, sobre todo, significa una concepción
de la relación entre lo público y privado que, como he dicho antes,
sabemos que no coincide en absoluto con la concepción que tiene el
Gobierno del señor Aznar y que, por tanto, será claramente rechazada por
el Partido en el Gobierno y por los socios que lo apoyan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Fernández-Miranda tiene la palabra. (Pausa.) Me comunica el portavoz del
Grupo Popular que su turno será compartido con el señor Ortiz.
Tiene, en primer lugar, la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo, efectivamente, utilizando parcialmente el tiempo
que corresponde al Grupo Parlamentario Popular en este turno en contra a
la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista con texto alternativo al Real Decreto que nos ocupa.
En la parte que corresponde al planteamiento que hace el Grupo Socialista
con respecto a los colegios profesionales no hemos encontrado,
obviamente, ninguna sorpresa. Vienen, con un planteamiento que
calificaría de contumaz, a presentar el mismo texto que como proyecto de
ley presentaron en 1993, texto que quiero recordar a SS.SS. que mereció
la presentación de dos enmiendas a la totalidad, tanto por parte del
Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Y, como es lógico, este texto viene a reiterar los
errores que, desde nuestro punto de vista, justificaron aquella enmienda,
justifican este turno en contra y en definitiva alejan, respecto a lo que
concreta en su real decreto-ley el Gobierno, la intención de modernizar,
de liberalizar, de agilizar la vida de los colegios profesionales desde
un principio que, obviamente --y estoy de acuerdo con la señora
Narbona--, nos coloca en las antípodas, creyendo en los colegios
profesionales, pensando que los colegios profesionales son
imprescindibles para que, por delegación expresa del Estado, la propia
sociedad civil controle la actividad profesional, proteja, por tanto, los
derechos fundamentales de los ciudadanos que pueden ser vulnerados a
través de la mala práctica.
De todas formas, la confianza en su propio texto yo creo que ha sido
puesta de manifiesto por la señora Narbona dándole la ínfima importancia
que le ha dado a lo largo de toda su exposición, pasando de puntillas y
viendo cómo en el título alternativo que plantea el Grupo Socialista el
concepto liberalización, el concepto modernización ha desaparecido para
utilizar los términos adecuar, agilizar, potenciar, favorecer, en la
parte que corresponde a suelo. Por lo tanto, intenciones bien distintas
mueven al Gobierno, mueven al Grupo Parlamentario Popular para
respaldarlo, que al Grupo Socialista.
De nuevo en la exposición de motivos, como ya sucedió en 1993, el Grupo
Socialista se acuerda de la Constitución solamente en aquellos artículos
que vienen a justificar su propio planteamiento. Se olvidan del artículo
36 de la Constitución española, donde los colegios profesionales cobran
carta de naturaleza, cobran sentido dentro de nuestra sociedad.
Sí estoy de acuerdo con la señora Narbona, con el Grupo Parlamentario
Socialista, en algo que dicen en la exposición de motivos, donde vienen a
reconocer, en el párrafo segundo de la página 4, que ahora se hace
preciso adecuar la legislación en las profesiones colegiadas a las nuevas
reglas de funcionamiento económico que existen en España, que ha pasado
de un sistema económico fuertemente intervenido y regulado --es decir,
aquel que hizo realidad el Gobierno socialista a lo largo de los últimos
años-- a un sistema de libertad y competencia, que es precisamente el que
persigue el Gobierno actual, que actúa a través del real decreto-ley en
un bloque, en un conjunto de medidas y no como un hecho aislado e
independiente.
Pero desde el planteamiento que el Gobierno, apoyado por el Grupo
Socialista, hizo explícito en 1993 en numerosas intervenciones públicas,
en la propia Cámara y a través de los medios de comunicación, ha habido
un cambio sustancial. Han introducido algo que no quisieron, no pudieron,
no se atrevieron a plantear en aquel entonces. Aparece dentro del
artículo 5º un apartado 5 en donde la colegiación obligatoria, a efectos
prácticos, viene a desaparecer. Dice: «Quedan exonerados del requisito de
la colegiación obligatoria los titulados que ejerzan sus funciones con
exclusividad como personal al servicio de las Administraciones
Públicas...». Esto hasta ahora no lo habían planteado. En definitiva, y
además en sus manifestaciones recientes en los medios de comunicación lo
han dicho, vienen a poner como ejemplo nada menos que a las profesiones
sanitarias, es decir, prácticamente al 90 por ciento de los profesionales
españoles, olvidándose que la razón de la colegiación no es la naturaleza
del contrato ni el contratante. La razón de ser de los colegios es la
vigilancia del ejercicio profesional, de aquellos principios
deontológicos que deben regir la buena práctica, que, sin llegar a
incurrir en delitos --se lo dije en mi intervención anterior--, pueden
vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. Y si esos
profesionales que trabajan con la función pública, para la función
pública, quedan fuera del control, aquellos ciudadanos españoles que sean
víctima de su mala práctica quedarán también, como dije en alguna
ocasión, sin posibilidad de defensa. Por lo tanto, es un paso más.
Proponen ustedes un avance, un auténtico avance, como decía la señora
Narbona, para la liberalización de los colegios, pero en realidad es un
auténtico avance para el desmantelamiento de los colegios profesionales.
Reclaman una modificación significativa cuando deberían plantear, si
efectivamente creen en ello, la desaparición de los colegios
profesionales. Existen por voluntad explícita del legislador. Si
efectivamente no creen en ellos, planteen ustedes la desaparición de los
colegios profesionales. No tiene sentido que exoneren de la colegiación
obligatoria a unos y, sin embargo, mantengan en los puntos 7, 8 y 11, que
corresponden respectivamente a las letras k, l y q del artículo 5º, una
serie de funciones de los colegios como es procurar la armonía y
colaboración entre los colegiados, velar por el intrusismo profesional o
establecer la posibilidad de visar los trabajos profesionales. Pero ¿con
qué profesionales? ¿Con unos sí y otros no? ¿Con los que están colegiados
sí y con los que ustedes eximen de esa colegiación no?
En definitiva, texto de enmienda de totalidad peor, si cabe, que su
intento de modificación de 1993 que, sorprendentemente también, en
intervención de rueda de prensa del señor Eguiagaray, ustedes
descalifican rotundamente por una razón: porque los colegios
profesionales no se han quejado de su promulgación, de lo cual se deduce
que ustedes han estado legislando --y así les ha ido-- en contra de la
sociedad y no interpretando, en definitiva, el interés común y la
necesidad de su modernización.
Todo ello nos llevará a votar en contra de esta enmienda de totalidad en
el trámite correspondiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Tiene la palabra el señor Ortiz .
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, en lo que concierne
a las medidas liberalizadoras en materia de suelo en este turno en
contra, entiendo que comportan una doble valoración: una valoración del
decreto-ley, que ha hecho la señora Narbona y que es punto obligado de
referencia de la enmienda de texto alternativo, y la valoración de esta
misma. No es el momento --ya tuvo su oportunidad en el debate de
convalidación-- de insistir en las razones que mi grupo tuvo para apoyar
la convalidación del decreto-ley, pero sí quiero, en relación con la
intervención de la señora Narbona, reiterar muy telegráficamente los
objetivos y los propósitos del real decreto-ley, porque estas son las
mismas razones que abonan el voto en contra de la enmienda de texto
alternativo.
En primer lugar, la necesidad imperiosa y urgente, compartida por los
grupos de la Cámara, bien que en sentido y en línea distinta --la señora
Narbona ha hablado de que estamos en las antípodas--, de reformar el
ordenamiento jurídico del suelo para afrontar un nuevo modelo distinto de
suelo. Y digo el ordenamiento jurídico porque, a diferencia de la
Comisión de expertos designada por el Gobierno socialista, que produjo un
voluminoso informe, los problemas de suelo no son sólo, como dice el
informe, problemas de gestión, sino problemas de normativa, problemas de
ordenamiento jurídico. Era y es, por tanto, urgente la derogación total o
parcial de la Ley 8/1990 y del texto refundido de 1992, que trae su causa
de dicha ley; texto refundido de 1992 al que, por cierto, con humor un
ilustre comentarista califica de «el breve», y lo llama así no ya por su
extensión, que es de trescientos y pico artículos, sino por su corta
vigencia, porque no se ha aplicado y el propio Gobierno socialista tuvo
que nombrar una Comisión de expertos para modificarlo.
En definitiva, los tres objetivos que persigue este primer paquete de
medidas que es el decreto-ley --por cierto, sólo un paquete, no un
paquete-bomba, como dijo la señora Narbona en el debate de convalidación,
el paquete-bomba de verdad sería el texto alternativo si entrara en
vigor-- se orientan a: ampliar el mercado de suelo, para ello la
unificación del régimen del suelo urbanizable programado y no programado;
reducir las cargas y los costes de urbanización, para ello la reducción
de las cesiones; y agilizar la tramitación de los instrumentos
urbanísticos, para ello las medidas de acortamiento de plazos y de
simplificación de trámites de los artículos 3º y 4º del decreto.
La unificación del régimen del suelo urbanizable programado y no
programado permitirá la actuación mediante planes parciales, la supresión
de los programas de actuación urbanística como instrumento de
planeamiento previo a la finalización del proceso de maduración
urbanística, y hay que decir que de ninguna manera tendrá los defectos
espantosos que ha anunciado la señora Narbona. Por cierto, quiero
recordar a la señora Narbona y a los portavoces socialistas que esta
unificación de los regímenes del suelo urbanizable programado y no
programado no es una originalidad del Partido Popular. En el informe de
la Comisión de expertos --y me remito, señora Narbona, a la página 200--,
en el capítulo «Recomendaciones de avance normativo», se propone la
unificación del régimen y de las determinaciones de los suelos
clasificados como urbanizables, diferenciando dentro de ellos las zonas
de desarrollo preferente de aquellas otras en las que ocasionalmente
puedan admitirse nuevas iniciativas de desarrollo urbano. Desaparecen,
consecuentemente, los programas de actuación urbanística como paso previo
intermedio al desarrollo de los suelos urbanizables no programados.
Señorías socialistas, por tanto, no se entiende cómo ahora se rasgan las
vestiduras ante una medida que estaba ya, parece, en el pensamiento del
Gobierno anterior.
Desde esta valoración positiva del decreto-ley y de las medidas que
incorpora, no podemos compartir de ninguna manera algunas de las
afirmaciones que ha hecho la portavoz socialista. No es verdad que la
unificación del suelo urbanizable programado y no programado se haga en
beneficio exclusivo de los propietarios, que sean los únicos que puedan
acometer el desarrollo urbanístico; antes al contrario, sigue viva la
posibilidad de iniciativa pública, como no podía ser menos. Lo que sucede
es que ustedes, en una vieja --y presente en muchas de sus iniciativas--
demonización de la propiedad privada --si me lo permite y no es ofensiva
la expresión--, entienden que la única iniciativa válida es la pública,
olvidando que en los modelos urbanísticos del mundo entero el doble juego
de la iniciativa pública y privada conduce al óptimo. Este doble juego es
el que hay que seguir manteniendo.
No es cierto que las cesiones no vayan a tener impacto en los precios
finales, y fundamentalmente en los precios de las viviendas. Puede que no
haya una relación causa-efecto, dadas las peculiaridades del mercado del
suelo. Evidentemente es un mercado muy peculiar, donde inciden otros
factores como el mercado financiero, las infraestructuras, las propias
dificultades estructurales de la Administración y la lentitud de la
actuación de la Administración. Pero no cabe duda, no me podrá negar que
en una economía de mercado, en un mercado tan peculiar como el suelo, la
reducción de los costes de urbanización, sobre todo en un mercado de
oferta --y este es el objetivo que perseguimos: aumentar la oferta de
suelo--, conducirá inexorablemente a reducir los precios de la vivienda;
es cuestión de tiempo. Eso fue lo que negó el Ministro, que se vaya a
producir la baja de los precios de la vivienda como consecuencia de la
reducción de las cesiones de modo inmediato. Pero esta reducción de los
costes de urbanización --ahora las cesiones, pero habrá que actuar sobre
otras-- acabará generando una baja en los precios de la vivienda.
Nos parece bien cuanto se haga en beneficio de los patrimonios
municipales de suelo, pero no podemos estar de acuerdo en que la
reducción de las cesiones los va a afectar gravísimamente, produciendo lo
que ha calificado la señora Narbona de desmantelamiento de los
patrimonios municipales de suelo; ello con independencia de que son
legión los ayuntamientos que no han utilizado, o lo han hecho en muy
pequeña medida, los patrimonios municipales de suelo para la política de
vivienda de protección oficial. Y, desde luego, me gustaría que fuera
cierto, señora Narbona, que con la reducción de trámites que proponen
--que es digna de tener en consideración en el trámite ulterior de este
proyecto-- se va a producir una duplicación del acortamiento de plazos,
pasando de los ocho meses de acortamiento de tramitación que comportan
nuestras medidas a los dieciséis que dice la señora Narbona que van a
suponer las nuevas que proponen. Me agradaría que tuviera razón.
En cuanto al texto alternativo --al que tampoco ha dedicado demasiado
tiempo la señora Narbona--, quiero decir que estamos en total desacuerdo
y que nuestra valoración es absolutamente negativa tanto en términos
globales como en los términos específicos de cada artículo, con alguna
excepción a la que me referiré. En definitiva, estamos en desacuerdo no
sólo en el espíritu sino también en la letra.
El artículo 1º comporta el trasplante del modelo valenciano, y así lo
anunció la señora Narbona, según he tenido ocasión de leer en los medios
de comunicación. Este precepto, como el conjunto del proyecto, lo que
pretende es proseguir en un modelo intervencionista, que ha fracasado
después de 40 años de la Ley del año 1956, desconociendo el impulso
liberalizador que se da en el mundo entero; en España, en el informe del
Tribunal de Defensa de la Competencia, y en el mundo, en el último
informe del Banco Mundial, que pone en evidencia que en aquellos países
en los que las medidas en materia de urbanismo y de suelo son
liberalizadoras se registra de verdad un aumento en una ratio
importantísima, que es la accesibilidad a la vivienda.
Pues bien, el modelo valenciano y el artículo 1º de la enmienda de texto
alternativo que pretende incorporarlo, que por cierto es un precepto de
redacción farragosa y confusa que acusa el trasplante, es una norma, como
sabe S.S., de dudosa constitucionalidad, porque se apoya en el axioma de
que el derecho a urbanizar no pertenece al propietario sino a la
comunidad y establece un mecanismo de concurso que ignora, desconoce o
posterga al propietario, llevando a cabo algo parecido a una verdadera
nacionalización del suelo. Sería para un debate monográfico, pero los
problemas que provocaría la generalización a todo el territorio nacional
del modelo valenciano serían del siguiente tenor: estaríamos en presencia
de decisiones administrativas caso por caso; se produce una eliminación o
postergación del propietario; una segmentación del mercado, con la
creación de múltiples minimercados creados a golpe de acto
administrativo; se producirían múltiples bolsas de especulación; se
aumentaría desmesuradamente la discrecionalidad y, sobre todo, se
obligaría a los propietarios a ser empresarios a su pesar. Mejor fórmula
que ésta, señora Narbona, si conoce la Ley del Suelo, la tiene en la
propia ley vigente, en la utilización del mecanismo de expropiación con
beneficiario, que sigue siendo perfectamente aplicable.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, le ruego que concluya.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo, señor Presidente.
El artículo 2º, que tiene que ver con las cesiones, hay que valorarlo más
por lo que no dice que por lo que dice. Lo que no dice es evidentemente
que se reducen las cesiones; lo que sí dice es que hay que fomentar
cuantas medidas sean posibles para el incremento de los patrimonios
municipales de suelo. Compartiendo este propósito en lo que tiene de
fundamental, no podemos estar de acuerdo en la redacción concreta, porque
supone un atentado a la autonomía municipal y puede crear situaciones
verdaderamente curiosas, obligando a los ayuntamientos a emplazar
viviendas de protección oficial en suelos que ha recibido como fruto de
la cesión, cuando a todas luces puede ser inadecuado el emplazamiento en
esos terrenos de viviendas de protección oficial, porque, aunque plantea
la posibilidad de un pago en metálico en términos de equivalencia, esta
fórmula tiene carácter especial.
La medida orientada a la simplificación de plazos nos parece bien; la
consideraremos en Comisión. No podemos estar de acuerdo en esa defensa
ardorosa que ha hecho de que el alcalde no pueda adoptar decisiones
unipersonales, pero, en todo caso, tiempo habrá de discutirlo. En un país
donde realmente se ha estimado que el plazo medio de tramitación de un
plan parcial es de cuatro años, cualesquiera medidas de simplificación y
de reducción de trámites serán contempladas con simpatía por el Partido
Popular y seguro que también por el Gobierno.
Finalmente, el mayor interés del artículo 4º está en el programa
estratégico de suelo, en colaboración y cooperación de las comunidades
autónomas y de la Administración central del Estado, que ustedes
incorporaron a la Ley de acompañamiento y que estoy seguro de que el
Gobierno tomará en consideración en lo que tenga de efectiva utilidad, y
pienso que podría ser útil como base o punto de partida, como elemento
importante de la elaboración del próximo plan cuatrienal de viviendas.
En definitiva --y acabo, ahora sí, de verdad, señor Presidente--, la
razón de nuestro voto negativo a la enmienda de texto alternativo es
clara: su persistencia, su pertinacia en un modelo intervencionista que
ha fracasado y que con las propuestas que se formulan en el texto
alternativo no serviría sino para acentuar el intervencionismo. Permítame
que le diga, sobre esa distinta noción de lo público y lo privado de que
nos acusa, que no tiene demasiada autoridad moral para formularla cuando
en materia de corrupción han podido ustedes demostrar cuál es su noción
de lo público y cuál es su noción de lo privado.
Gracias. (El señor Núñez Pérez: ¡Muy bien, Luis!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, por lo que se refiere a las observaciones que se han formulado
en relación con nuestras propuestas relativas a colegios profesionales,
no quisiera tener que recordar al señor Alvarez de Miranda (Rumores.) su
extremada fe en la liberalización de los colegios, que tuve ocasión de
exponer en mi intervención del día 20 de junio, y que consta en el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara, en un debate según el cual S.S. no
concedía en ese momento a la liberalización ningún efecto positivo en lo
que se refería a la mejora de la situación económica. En cualquier caso,
pediría al señor Alvarez de Miranda (Rumores.) que antes de descalificar
la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista compruebe
que, efectivamente, no es un texto idéntico al que se presentó con motivo
de la Ley de acompañamiento porque hay algunas cuestiones que han sido
modificadas en un sentido que creemos positivo. Por tanto, le rogaría que
lo tomara en cuenta no sólo para llamar la atención sobre eso que tanto
le sorprende y le molesta, en lo que se refiere a exonerar a los
titulares que ejerzan sus funciones para alguna administración pública, y
que compruebe que esto es conforme a la Constitución, según han señalado
dos sentencias del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de 1989 y de 17
de julio de 1989. Por tanto, ese elemento de exoneración, que es el único
que le ha valido la pena presentar al señor Alvarez de Miranda (Rumores.)
en relación con la Ley de acompañamiento, desde luego, nada tiene que ver
con un retroceso respecto de lo que se pretende. Hay otra serie de
modificaciones en nuestro texto respecto de la Ley de acompañamiento, en
lo que se refiere, por ejemplo, a introducir la vinculación, la
supeditación a la Ley General de Publicidad en lo que concierne a las
actuaciones de los colegios; existe también una modificación en lo que se
refiere a la colegiación de los procuradores; y existe, como digo, una
serie de mejoras en relación a una auténtica liberalización, en la que
naturalmente creemos, desde luego más que ustedes, como ha sido
manifestado en boca del propio Presidente del Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Ortiz en materia de
suelo, en la que se nos vuelve a acusar de intervencionistas, le
preguntaría por qué el Partido Popular en Valencia no ha impulsado la más
mínima modificación de ese modelo en el que nos hemos basado para la
propuesta concreta en cuanto a unificación de los suelos urbanizables,
pero no en el sentido genérico que se apuntaba en el informe de la
Comisión de expertos, sino de una forma concreta, de acuerdo con esa
experiencia valenciana a la cual ustedes no están oponiéndose en
absoluto, porque a los empresarios valencianos les va muy bien y en el
territorio valenciano no se están dando esos efectos perversos que usted
dice que tendría ese modelo valenciano si se extiende a todo el
territorio. Porque si usted creyera eso ya intentaría que el Partido
Popular en Valencia modificara la legislación urbanística en vigor con la
que se han encontrado y que ha supuesto la posibilidad de poner en marcha
140 operaciones de suelo en concertación con la iniciativa privada. Nada
tiene que ver el modelo valenciano, señor Ortiz, con un intervencionismo
feroz, sino con todo lo contrario, con la concertación positiva entre la
iniciativa pública y la iniciativa privada para que se urbanice más
suelo. Y eso es lo que queremos. Estoy segura de que cuando ustedes
tengan ocasión, si no lo han hecho, de ver lo que propone el Gobierno
balear, Gobierno del Partido Popular, que está trabajando sobre un texto
que recuerda de forma bastante exacta a la legislación urbanística en
vigor en la Comunidad Autónoma de Valencia, verán que en el contexto del
Partido Popular hay
opiniones bien diferentes en materia de desarrollo urbanístico en estos
momentos previos a lo que será la gran discusión que ustedes vivirán en
sus carnes respecto de la reforma en profundidad de la Ley del Suelo de
1990. Ustedes no son coherentes con lo que hacen en determinadas partes
del territorio y lo que deciden a nivel nacional. Pero eso,
evidentemente, no nos sorprende.
Como no me sorprende que no le guste que explicitemos, de una forma más
clara, que los suelos de patrimonio municipal tienen que ser para lo que
tienen que ser. Y si ha habido alcaldes que lo han hecho mal, han sido
alcaldes de distintas formaciones políticas. No se trata de que, en
función de su adscripción política, unos lo hayan hecho mejor que otros.
Ha habido alcaldes del Partido Popular que lo han hecho bien, y ha habido
alcaldes del Partido Socialista y de Convergència y Unió que también lo
han hecho bien. Por tanto, lo que estamos diciendo es exclusivamente que
el patrimonio municipal de suelo se utilice al servicio de la
colectividad, y que no se empleen los ingresos que de él se derivan para
financiar cuestiones que no son prioritarias para la comunidad. Estoy
segura de que el señor Ortiz estará de acuerdo conmigo en que es
prioritario para la colectividad que haya viviendas asequibles. Por
tanto, no veo por qué se siente incómodo o le parece rígida una propuesta
en la cual lo que se hace es dejar suficientemente claro que el
patrimonio municipal de suelo y una parte sustancial de los patrimonios
públicos de suelo deben estar al servicio de la colectividad en una
materia tan fundamental como la política de vivienda.
Que ustedes no creen en la política de vivienda, ya lo sabemos. Ahí está
lo que están haciendo o, mejor dicho, lo que no están haciendo con el
plan de vivienda que se encontraron concertado. Ustedes han conseguido
que se ralentice de una forma extraordinaria la aplicación del plan de
vivienda durante este ejercicio. El señor Ministro de Fomento, en su
comparecencia el otro día en el Senado, ni siquiera se atrevió a dar las
cifras de cómo va el plan, porque el plan no va demasiado bien, porque
ustedes no están cumpliendo la promesa electoral que hicieron a los
promotores y constructores privados de que en cuanto empezaran a gobernar
aumentarían en 300.000 millones la financiación convenida con las
entidades de crédito, ni están cumpliendo el compromiso que asumieron de
mejorar la fiscalidad de la vivienda, impulsando la construcción ulterior
de viviendas de protección oficial. Ustedes no están cumpliendo con lo
que dijeron en política de vivienda, como no están cumpliendo, en
general, con lo que dijeron en otros ámbitos de la política.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Por tanto, no me extraña que con este proyecto de
ley en materia de suelo, como ya dije antes, no estemos de acuerdo. Me
sentiría sumamente incómoda si los estuviéramos. Y al menos sí me agrada
que en lo que se refiere a la agilización no cuestione usted las cifras
que le doy.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego que concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Termino enseguida, señor Presidente.
No cuestione usted, repito, las cifras que he dado de reducción de plazo,
porque si estudia usted con detenimiento lo que proponemos verá que son
ciertas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Utilizando parcialmente el tiempo de réplica de mi grupo, en primer lugar
quiero decir a la señora Narbona que la veo distraída esta mañana, porque
el Defensor del Pueblo, el señor Alvarez de Miranda, no ha participado en
el debate.
En cuanto a su afirmación de que el texto no es idéntico, obviamente no
es idéntico, sólo faltaba eso. Pero es que no han debido de darse cuenta
ustedes que al introducir el artículo 5º.5 cambian completamente el
sentido y se atreven ahora a lo que no se atrevieron en 1993.
Por último, con respecto a esto que usted ha dicho que me molesta, señora
Narbona, en política desde hace mucho tiempo no me molesta absolutamente
nada, incluso no me molesta que la persona con la que esté debatiendo no
sepa ni cómo me apellido.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, seré muy rápido,
casi telegráfico.
La señora Narbona en lo que concierne al suelo fundamentalmente ha tocado
tres puntos: la incoherencia del Partido Popular en su política de suelo
porque en alguna autonomía están encantados con algo que, desde esta
tribuna, acabo de censurar, de criticar; la bondad de los patrimonios
municipales de suelo y lo mal que va el plan de vivienda en el momento
actual.
Respecto al primer punto quiero decirle que las comunidades autónomas
donde gobierna el Partido Popular han tenido que hacer política de suelo
y de vivienda con el desdichado texto refundido de 1992, que trae su
causa de la Ley 8/1990. Cuando el Partido Popular
--y espero que los estudios que está llevando a cabo el Gobierno
cristalicen en un proyecto-- traiga su propia ley del suelo,
evidentemente se resolverán muchísimos de los problemas de incoherencia
que deriva fundamentalmente de tener que hacer política de suelo y
vivienda en su territorio en contra de la propia filosofía, pero de
acuerdo con un proyecto de ley que tiene otro espíritu y desde luego
tiene otra letra.
En todo caso, y con referencia específica al modelo valenciano, quiero
informar a la señora Narbona --y será bueno que ella ratifique esta
información-- que el Partido Popular de Valencia está tramitando, en
estos momentos, en las Cortes Valencianas me parece que son dos proyectos
de ley de modificación de la ley valenciana, a la que abreviadamente
llamamos aquí el modelo valenciano. Es decir, el Partido Popular de
Valencia ya ha tomado las iniciativas legislativas precisas para
modificar el llamado modelo valenciano que tantos elogios merece y que
tanto interés ha despertado en el Grupo Socialista como para intentar
generalizarlo a todo el territorio nacional.
Respecto a los patrimonios municipales de suelo, reitero que el partido
al que yo represento en estos momentos comparte el interés de los mismos,
pero la redacción concreta de su artículo 2º no podemos asumirla por
varias razones. La primera, porque no respeta la autonomía municipal.
Deben ser los ayuntamientos los que en el uso de su autonomía, y en
concreto en las determinaciones del planeamiento urbanístico, digan dónde
y en qué condiciones deben emplazarse las viviendas de protección
oficial. La posibilidad del equivalente económico que ustedes plantean
tiene un carácter excepcional. En segundo lugar, y en lo que concierne ya
a otros entes públicos e incluso a las empresas públicas, esta
adscripción forzada, deseable pero forzada en su precepto a la política
de viviendas de protección oficial puede estar en contra de otro tipo de
conveniencias del proceso de privatización. No siempre será prioritario
el emplazamiento de viviendas de protección oficial.
Y un argumento si quiere muy pequeño y muy del momento. Me parece que
usted ha dicho en alguna ocasión que con los suelos públicos se podrían
construir hasta hasta un millón de viviendas de protección oficial. Y yo
me pregunto: ¿Con qué recursos presupuestarios se podrían financiar las
subsidiaciones de intereses de un millón de viviendas de protección
oficial?
Finalmente, respecto al plan de vivienda en el momento presente, quiero
decirle que está en plena ejecución, que se ha producido ya la
adjudicación por entidades financieras y por comunidades autónomas de los
últimos 183.000 millones de pesetas de recursos financieros, que
completan los 680.000 millones de pesetas, y que se tiene en estudio una
ampliación de 200.000 millones de pesetas más de recursos financieros que
se posibilitarán, en términos de recursos presupuestarios, con la baja
del tipo de interés del 9 por ciento, que sabe bien que era el tipo de
convenio, al 7,75.
Por tanto, señora Narbona, ni incoherencia sino coherencia, ni fracaso
del plan de vivienda sino cumplimiento del mismo. Y en lo que se refiere
a las políticas de patrimonio municipal del suelo hablaremos en el
trámite subsiguiente de este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente. (Un señor Diputado: ¡Muy mal!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, de nuevo
debatimos el Real Decreto-ley de medidas liberalizadoras en materia de
suelo y colegios profesionales, y hoy lo hacemos con ocasión de la
enmienda de totalidad con texto alternativo que nos plantea el Grupo
Socialista. Pero como estamos reiterando un debate que tuvimos ocasión de
mantener el pasado mes de junio, nuestro grupo parlamentario intentará no
reiterar excesivamente los argumentos que ya tuvimos ocasión de exponer
en aquella reciente ocasión. Aunque sea brevemente, sí quiero decir algo
en relación a cuál es nuestra posición respecto de la enmienda del Grupo
Socialista.
En lo que se refiere a la liberalización del suelo, este real decreto-ley
supone pocos cambios en relación al marco jurídico que en relación, valga
la redundancia, al urbanismo diseñó la incumplida Ley del Suelo del año
l956, como tampoco supuso grandes cambios en relación a la misma ley de
l975. Desde el Grupo Socialista en alguna ocasión han intentado demostrar
lo contrario, pero es lo cierto, repito, que la ley que se aprobó en el
año l990 dejaba intacta la arquitectura de la incumplida Ley del Suelo de
l956. Digo esto porque este es un real decreto-ley que no viene a
subvertir nada de nada ni tampoco viene a agitar el orden urbanístico
establecido. Nuestro grupo parlamentario no ve las sombras de amenaza a
lo público que nos intentaba hacer ver la señora Narbona en su primera
intervención. Si fuera así, si coincidiéramos en este planteamiento, a
veces apocalíptico, expuesto por la portavoz socialista, el sentido de
nuestro voto quizá hubiera sido distinto, pero, repito, no tenemos esa
sensación.
En la enmienda del Grupo Socialista se mantiene el suelo urbanizable no
programado y el programa de actuación urbanística como instrumento
inicial de planeamiento de dicha clase de suelo, marcando un camino
novedoso. Personalmente creo que la medida del real decreto-ley es
acertada y, por tanto, desacertada la propuesta de la enmienda a la
totalidad.
La poca fe doctrinal y práctica de los planes a largo plazo demandaba
hacía tiempo esta medida. El programa de actuación urbanística constituía
un enojo burocrático que realmente no era garantía de nada. Las garantías
del interés público y de la propiedad privada se encuentran realmente
cuando se trata del desarrollo del suelo urbanizable en el plan parcial.
La reflexión no es mía, es de un prestigioso urbanista, especialmente
apreciado en el ámbito del poder local socialista, y extraída de la
revista de la Federación de Municipios de Cataluña, reflexión que
suscribo totalmente.
Asimismo, vuelven en su enmienda al régimen de cesiones de la Ley de l990
y del texto refundido de l992, ley y texto que nosotros siempre hemos
considerado invasor de las competencias autonómicas en la materia y que,
como todo el mundo sabe, está pendiente de una eterna sentencia del
Tribunal Constitucional que no se acaba de producir. Un régimen de
cesiones que no puede ser exhibido, lo hemos dicho muchas veces, como
panacea de nada, puesto que se ha demostrado del todo ineficaz en
relación a lo que era su objetivo, que no era otro que conseguir el
abaratamiento del precio final del suelo. Por tanto, tampoco podemos
coincidir con el Grupo Socialista cuando se obstinan en defender, supongo
que como el autor que defiende su obra, algo que muy pocos gestores de
las políticas públicas de suelo se atreven hoy en día a defender. Señora
Narbona, si el precio del suelo en Cataluña es hoy en día el que es, no
lo es porque tengamos un régimen de menores cesiones. Entiendo que lo es
por el entramado del suelo urbano. Es más, si comparamos núcleos de
población de Cataluña con núcleos de población del resto de España con
una densidad similar, los suelos son netamente inferiores en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Por tanto, no creo que sea una afirmación válida la
que realizaba la señora Narbona en relación a la repercusión que tenía el
menor régimen de cesiones en Cataluña respecto del precio final del
suelo. De hecho, la que ha constituido, y todavía constituye, nuestra
principal preocupación frente a este real decreto-ley, y que es la
contradicción que supone el punto 2 del artículo segundo, es decir, el
régimen de cesiones en suelo urbano que tiene carácter de básico y que es
un régimen que, como es conocido, es contradictorio con el régimen de
cesiones que está vigente en Cataluña después del texto refundido
aprobado por el Parlamento de Cataluña en el año 1990, es un tema que no
queda resuelto tampoco en la enmienda del Grupo Socialista.
Por lo que se refiere a los colegios profesionales --muy brevemente,
señor Presidente--, entendemos que la ley que lo regulaba exigía una
reforma a la que este real decreto-ley viene a dar una respuesta inicial,
reconociendo de forma expresa la libre competencia en el ejercicio de las
profesiones colegiadas, estableciendo la colegiación única y determinando
el carácter meramente orientativo y referencial de los honorarios
aprobados por los colegios. Sin duda, estas medidas deberán ser
implementadas con ulteriores decisiones del Ejecutivo. En eso puedo
coincidir con el planteamiento del Grupo Socialista. Pero también hemos
de reconocer que este real decreto-ley constituye un paso importante, y
no me cabe ninguna duda de que las propuestas que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista en su enmienda de totalidad son perfectamente
defendibles como enmiendas al articulado, sin que en este caso, por su
calado de conjunto, justifiquen la presentación de esta enmienda de
totalidad con texto alternativo.
Es por ello, señor Presidente, señorías, que reitero que nuestro grupo
parlamentario no va a poder votar favorablemente la enmienda de totalidad
que nos plantea el Grupo Socialista y que ha defendido la señora Narbona.
Nada más y Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recorder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, nuevamente hoy
tenemos la oportunidad de debatir las medidas adoptadas por el Gobierno
en el Real Decreto-ley 5/1996 y también la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, yo creo que se hace necesario recordar el camino un tanto
tortuoso que ha seguido el decreto-ley del Gobierno; decreto que a los
pocos días tuvo que ser modificado en una corrección de errores, y la
corrección de errores supuso prácticamente modificar la base del propio
decreto.
Creo que el Gobierno debe estar agradecido a los grupos que en esta
Cámara pedimos la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley
de 7 de junio, y digo esto por el abuso que supone utilizar los reales
decretos sin justificar el carácter urgente de los mismos, según está
establecido en la Constitución. La tramitación como proyecto de ley
legitima una actuación bastante dudosa o carente de rigor, y yo les
recomendaría que, de vez en cuando, leyesen el texto constitucional para
salir de algunas dudas.
Del texto del real decreto-ley se deduce que hay dos finalidades
esenciales: primera, incrementar la oferta de suelo con la intención de
abaratar el suelo disponible y, segunda, simplificar los procedimientos y
acortar los plazos vigentes. El primer punto suprime la distinción entre
suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado. El deseo
de aumentar la oferta de suelo choca frontalmente con su disposición
transitoria que dice: A los procedimientos ya iniciados
no les será de aplicación el presente real decreto-ley. Si hubiesen
mantenido la literalidad del artículo 1.3, sí habrían cumplido su
objetivo de incorporar más suelo al mercado. Así yo creo que no van a
aumentar la oferta de suelo de forma inmediata; tardarán varios años en
conseguir que esta medida sea efectiva. En el futuro lo que sí van a
conseguir es que el entramado urbano crezca de manera desordenada e
inconexa, sin que tenga nada que ver con la racionalidad de los
municipios y las ciudades.
Se pretende simplificar y acortar los plazos vigentes. Yo creo que
tampoco les va a ser posible, porque, por lo mismo que decía en el
artículo anterior, en los procedimientos ya iniciados no es de
aplicación. Por tanto, se les cae la teoría de la urgente y
extraordinaria necesidad de actuar sobre la Ley del Suelo para mejorar el
mercado de la vivienda y el precio de la misma.
Creo que el planteamiento de reducción de plazos que propone la presente
ley nace con algunos vicios: uno, mermar la capacidad de participación
durante la exposición pública, y, dos, imponer a los ayuntamientos plazos
más cortos que pueden significar saturación en los entes locales. Esta es
una cuestión que depende bastante de la capacidad de gestión de los
ayuntamientos y el tiempo yo creo que debe variar también en función del
tamaño del municipio, guardando la proporcionalidad entre sí en los
distintos plazos.
En mi opinión, la medida más importante del decreto-ley --y creo que es
la finalidad esencial para la cual se ha hecho este decreto-- es la
disminución del aprovechamiento del suelo por parte de los ayuntamientos,
reducción que significa el 33 por ciento y que va a tener consecuencias
muy negativas en los municipios: una menor posibilidad de abordar
política de promoción pública de viviendas o hacer frente a la ejecución
de infraestructuras o equipamientos y diversas intervenciones de interés
social.
La aplicación del artículo 2 del decreto-ley desde su publicación a
procedimientos de ejecución y gestión ya iniciados, va a retrasar
considerablemente los procesos de parcelación o compensación en trámite,
además de constituir una aplicación de carácter retroactivo del
decreto-ley, ya que la cuantificación de los derechos de valoración de
superficie, edificación, etcétera, se refiere siempre al inicio de los
expedientes de parcelación, compensación, etcétera. En definitiva, van a
complicar enormemente la situación, favoreciendo claramente a promotores
y propietarios en detrimento de la administración actuante en las
plusvalías generadas por la acción urbanística.
No podemos estar de acuerdo con la modificación de la Ley de Bases de
Régimen Local. Atribuirle nuevas facultades a los alcaldes para aprobar
instrumentos de desarrollo del plan general y los proyectos de
urbanizaciones en su fase inicial equivale a disminuir las competencias
del pleno de la corporación y no ayuda a consolidar los mecanismos
democráticos en la gestión municipal, desvirtuando la participación
corporativa en asuntos de trascendencia para los municipios.
Quiero hacer referencia a la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo Socialista, que introduce elementos de distinto signo. En algunos
casos plantea alternativas al proyecto del Gobierno y en otros son
coincidentes. Este texto alternativo nosotros entendemos que podría
servir de base en caso de que pase el trámite parlamentario de hoy.
Nosotros entendemos que tampoco aborda en profundidad la problemática del
suelo, pero es coincidente con alguna de las enmiendas que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado y que se tratarán
próximamente.
Coincidimos en el mantenimiento del 15 por ciento de aprovechamiento
municipal --aunque yo creo que ustedes hacen una defensa más ligera que
nosotros en este aspecto--, y también compartimos solicitar al Ministerio
de Fomento que diseñe un programa estratégico de suelo en colaboración
con las comunidades autónomas y las administraciones locales para
priorizar la construcción de viviendas de protección oficial, aunque
entendemos que previamente sería positivo hacer un catálogo de suelo a
nivel nacional para tener conocimiento más concreto y real de la
situación.
También entendemos que en el texto alternativo sus redactores intentan
desarrollar algunos preceptos de la legislación urbanística potenciando
la figura de los planes de actuación urbanística y con la separación del
programa de actuación preceptivo de los planes generales de ordenación
urbana. Entendemos que estas medidas por sí solas no van a suponer
mejoras sustanciales, ni tampoco entendemos que vayan a tener una
incidencia sobre el valor del suelo.
Creo que es obligado recordar al Grupo Socialista que hasta hace muy poco
han tenido la capacidad para introducir las medidas en la Ley del Suelo
que afectaran positivamente a la vivienda y abarataran su precio. Es un
poco contradictorio que medidas que no se han tomado anteriormente,
cuando sí se podía, se pretendan introducir ahora, cuando la aritmética
parlamentaria es mucho más difícil.
Sobre la modificación de la Ley de Colegios Profesionales, Ley que data
de 1974, período preconstitucional, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya considera insuficiente la modificación parcial del articulado,
y por ello nuestro grupo, en el futuro inmediato, presentará en esta
Cámara un texto con una articulación completa.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Sánchez.
Concluido el debate, vamos a pasar a la votación.
Votación de la enmienda de totalidad con texto alternativo al proyecto de
ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios
profesionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 143; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad con texto
alternativa.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y veinte minutos de la mañana.