Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 03/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 20
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 19
celebrada el martes, 3 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden
créditos extraordinarios por un importe de 721.169.740 miles de pesetas
destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar
anticipos de fondos, y por el que se adoptan medidas tributarias urgentes
(número de expediente 130/000008) (Página 810)
(BOE núm. 183, de 30 de julio de 1996.) (Corrección de error en BOE núm.
187, de 3 de agosto de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 810)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 810)
Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden créditos
extraordinarios por un importe de 721.169.740 miles de pesetas destinados
a atender obligaciones de ejercicios anteriores y regularizar anticipos
de fondos y por el que se adoptan medidas tributarias urgentes (Página 810)
Interviene en nombre del Gobierno para la presentación del Real
Decreto-ley el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda
(De Rato y Figaredo), resaltando el acuerdo de la mayoría de las fuerzas
parlamentarias sobre la necesidad de la reducción del déficit público
como requisito imprescindible para el desarrollo económico y social del
país, y pone de relieve que ni siquiera las fuerzas políticas que no
respaldan el proceso de convergencia nominal hasta la moneda única
proponen en sus alternativas económicas el aumento del déficit público
como un instrumento válido de crecimiento. Añade que debido al fracaso
que supuso el primer plan de convergencia, el Gobierno surgido después de
las elecciones de 1993 se vió obligado a aflorar un déficit oculto de 1,3
billones de pesetas, teniendo que acudir, para evitar su contabilización
en 1994, al Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de octubre, en el que se
derogaba el apartado 5º del artículo 10 de la Ley General de Presupuestos
para el año vigente, y a elaborar un nuevo plan de convergencia para el
periodo 1994-1997, que reservaba para los últimos años el 70 por ciento
del esfuerzo en materia presupuestaria.
Expone que el Gobierno de entonces utilizó en aquella ocasión tres
decretos-leyes como instrumento para regularizar la situación de los
gastos del Inem, financió el billón 300.000 millones de pesetas con
aumento de deuda y no se creyó obligado a remitir al Congreso de los
Diputados ningún informe de la Intervención General del Estado que
garantizase las cifras que en aquel momento ofrecía a la Cámara y a la
opinión pública. Añade que el Gobierno constituido tras las elecciones de
marzo de 1996 ha procedido durante los meses de junio y julio a evaluar
las insuficiencias presupuestarias de cada Departamento, basándose en los
trabajos realizados por las Intervenciones Delegadas, la Intervención
General de la Administración del Estado y la Dirección General de
Presupuestos, de los que se desprende que a 31 de diciembre de 1995
quedaban pendientes gastos realizados en el ejercicio de 1995 y
anteriores, por un importe de 721.170 millones de pesetas. A continuación
hace referencia a la distribución por secciones de estos gastos,
centrándose en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Gastos de Diversos Ministerios, Ministerio de Agricultura
y Ministerio de Justicia e Interior.
Ante esta situación, el Gobierno aprobó el 26 de julio este Real
Decreto-ley 12/1996, para el que hoy pide la convalidación, pasando a
continuación a analizar su contenido. Destaca que hay dos tipos de
créditos: los que ya estaban pagados, pero no contabilizados, y los que
no estaban ni pagados ni contabilizados, resaltando la importancia de
estos últimos, que requieren un endeudamiento adicional del Estado de
523.000 millones de pesetas. Señala asimismo que la emisión de deuda
correspondiente y los ingresos fiscales suficientes para financiar la
carga que genera esta deuda se producirán en 1996 y en ejercicios
siguientes por decisión del Gobierno actual, y explica las figuras
tributarias del Real Decreto-ley: un aumento de los impuestos especiales
sobre el alcohol y bebidas derivadas y las labores del tabaco, basándose
en que son productos que no constituyen bienes de primera necesidad y son
de consumo final.
Manifiesta que el actual Gobierno no está de acuerdo con el
desplazamiento de los compromisos presupuestarios a ejercicios futuros ni
a pagar los gastos de un año con créditos de presupuestos posteriores y
se pregunta si el Gobierno anterior entendía estas prácticas acordes con
los principios de credibilidad presupuestaria.
Una vez explicadas las cifras que integran el Real Decreto-ley pasa a
extraer las consecuencias y a dar una explicación sobre las principales
causas que han permitido las circunstancias presentes. Considera como
primera consecuencia, desde el punto de vista económico, el
incumplimiento del plan de convergencia en 1955, lo que llevará a la
segunda consecuencia, y es que, en términos de déficit público, el cien
por cien del ajuste que contiene el plan de convergencia actualizado de
1994 deberá realizarse en los años 1996 y 1997, dando lugar a una pérdida
momentánea de credibilidad en el proceso de ajuste presupuestario
español, si bien considera que los efectos de desconfianza, al menos
desde el punto de vista de los mercados financieros, parece que han
desaparecido, resaltando como medida positiva el que el Gobierno haya
decidido acompañar, junto con la afloración de estos créditos
y su financiación vía deuda pública, los instrumentos de ingresos
adicionales que garantizan esa financiación. A este respecto hace mención
de los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas en los que se ha
venido criticando reiteradamente la práctica de trasladar un volumen
creciente de gastos del ejercicio corriente a ejercicios futuros, lo que
lleva al Gobierno a la conclusión de que es necesario garantizar el
carácter anual del Presupuesto. El señor Vicepresidente Segundo pasa a
explicar las razones por las que, a su juicio, esto no ha sido así,
repasando la evolución de las normas presupuestarias en los últimos años.
Anuncia que es intención del Gobierno remitir a la Cámara antes de
finalizar el año un proyecto de ley que modifique la vigente Ley General
Presupuestaria, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Presidente del Gobierno en el debate de investidura, aunque son
conscientes de que no podrá entrar en vigor al mismo tiempo que el
próximo presupuesto, como consecuencia de los plazos reglamentarios, por
lo que podrían repetirse las prácticas que se han venido dando. Ante esta
situación, el Gobierno, antes de finalizar el mes de septiembre, tiene
intención de remitir a la Cámara un proyecto de ley, que pueda unirse en
su trámite al de los Presupuestos Generales del Estado y Ley de
Acompañamiento, que, con carácter urgente, recoja un conjunto de reformas
que eviten las prácticas señaladas anteriormente y que cumpla con una
triple vinculación: la temporal, la finalista y la cuantitativa. Asimismo
se va a proponer la modificación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y de la Ley de Expropiación Forzosa.
Termina su intervención con la esperanza de que, a partir de ahora, se
entre en una nueva etapa en cuanto a la fiabilidad de las cuentas
públicas, la seriedad de los documentos presupuestarios y la vinculación
del Gobierno a los compromisos presupuestarios que le establece la
Cámara.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley interviene,
en nombre del Grupo Socialista, el señor Solbes Mira. Expone que el señor
Vicepresidente del Gobierno se ha referido no sólo al Real Decreto-Ley
objeto de debate en este momento, sino también al futuro de la política
presupuestaria y a otros temas ajenos al punto que figura en el orden del
día y sobre los que en su momento tendrán ocasión de hablar. Hoy les
corresponde centrarse en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el
pasado 16 de julio, respecto del cual el voto del Grupo Socialista tiene
que ser necesariamente negativo por no estar de acuerdo ni con la lógica
de las medidas planteadas, ni con su justificación ni con el
procedimiento utilizado. Afirma que el Real Decreto-ley supone una
significativa subida de impuestos, absolutamente contraria al programa
del Partido Popular, justificándolo en un supuesto agujero heredado del
anterior Gobierno y detectado por la Intervención General del Estado.
Considera, sin embargo, que nada de lo dicho es cierto, ya que ni la
Intervención General ha detectado repentinamente el agujero en cuestión
ni los impuestos se suben para tapar aquél, ni siquiera técnicamente
están bien explicadas las partidas que se relacionan como componentes de
dicho supuesto agujero, y además ni siquiera la solución es legalmente
correcta.
Recuerda que ya antes de las elecciones se insistió en la necesidad de
llevar a cabo auditorías y que, tras la formación del nuevo Gobierno,
algunos Ministros se apresuraron a dar a conocer los agujeros de sus
Departamentos, con el éxito posterior ya conocido. Ocurre, por otra
parte, que, al mismo tiempo que se toman estas medidas, el Gobierno
avanza otras dos, consistentes en la congelación del sueldo de los
funcionarios, afirmando que con ella van a ahorrar 200.000 millones de
pesetas, cifra, a su juicio, imposible, y la elevación de impuestos,
incumpliendo los programas electorales.
Estima que el Ministro de Economía y Hacienda ha utilizado indebidamente
como pantalla a la Intervención General del Estado para justificar una
decisión de naturaleza claramente política. En contra de lo que se dijo,
el documento de la Intervención no sirvió para tomar la decisión adoptada
por el Gobierno, ya que ha sido elaborado con posterioridad a la
aprobación del Real Decreto-ley y hasta ayer no ha tenido entrada en la
Cámara, no figurando ninguna firma que se responsabilice del informe, y
ni siquiera consta la fecha del mismo. Se trata, por tanto, de un
documento claramente incompleto y del que en muchos casos no se desprende
la información necesaria para que esta Cámara tome una decisión, como
tampoco se desprende del mismo la necesidad de adoptar las decisiones del
Real Decreto-ley. Puede decir, en definitiva, que nunca ha visto un
informe de la Intervención General redactado de forma tan vaga.
Se refiere a continuación a diversas partidas del que denomina supuesto
agujero de 721.000 millones de pesetas, llegando a la conclusión de que
lo que se pretende realmente es incrementar las posibilidades de gasto en
1996, aumentando los créditos del actual ejercicio, lo que facilitará a
su vez la elaboración del presupuesto para 1997, permitiendo que aparezca
como más restrictivo, sin tener que adoptar las medidas necesarias para
un adecuado recorte del gasto.
Se trata finalmente de unas medidas con las que se da la vuelta como un
calcetín al discurso electoral del Partido Popular, bajando primero los
impuestos para las rentas del capital y para las sociedades y ahora,
cuando tocaba al resto de los ciudadanos, no sólo no se bajan, sino que
se suben, pero atribuyendo la responsabilidad al Gobierno anterior.
Concluye señalando que sólo resta por conocer la reacción de Bruselas al
intento de atribuir el mayor déficit al año 1995, afirmando que si esta
operación sale mal la incompetencia y el revanchismo del Gobierno habrán
dado muy malos resultados.
Contesta el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda, De Rato Figaredo, replicando el señor Solbes Mira y duplicando
el señor Vicepresidente Segundo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria: Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y López Amor, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por
177 votos a favor, 152 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de
ley, es rechazada por 150 votos a favor y 178 en contra.
Se levanta la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión y con ella el período de sesiones.
Les expreso a todas SS.SS. la bienvenida en nombre propio y en el de la
Mesa y les ruego encarecidamente que guarden silencio porque, antes de
desarrollar el orden del día previsto para la sesión de hoy, vamos a
proceder a tomar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución a
un nuevo Diputado.
Conforme al artículo 20.1.3º del Reglamento vamos a tomar juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución a Don Salvador Sanz Palacio en
sustitución de Don José María Trías de Bes i Serra.
Señor Sanz Palacio, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SANZ PALACIO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado, y bienvenido. (Aplausos.)
En consecuencia, Don Salvador Sanz Palacio ha adquirido la condición
plena de Diputado.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 12/1996, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR UN IMPORTE DE 721.169.740 MILLONES DE
PESETAS DESTINADOS A ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y
REGULARIZAR ANTICIPOS DE FONDOS, Y POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
TRIBUTARIAS URGENTES. (Número de expediente 130/000008)
El señor PRESIDENTE: El orden del día está integrado por un único punto
que, como saben SS.SS., es el debate sobre la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se conceden
créditos extraordinarios por un importe de 721.169.740 millones de
pesetas destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores y
regularizar anticipos de fondos, y por el que se adoptan medidas
tributarias urgentes.
Para la presentación y defensa del Real Decreto-ley tiene la palabra el
Vicepresidente del Gobierno, señor Rato y Figaredo. (Rumores.)
Un momento, señor Vicepresidente del Gobierno. Señorías, ruego a quienes
tengan dentro del hemiciclo algún artefacto de comunicación --teléfono
inalámbrico o semejante-- lo desconecten o lo dejen fuera del hemiciclo.
Puede empezar cuando quiera, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, en nombre del Gobierno
tengo el honor de presentar a la Cámara el Real Decreto-ley 12/1996,
aprobado el 26 de julio por el Gobierno.
Sería difícil encontrar un punto de acuerdo más enfáticamente aceptado
por la mayoría de las fuerzas parlamentarias que la reducción del déficit
público como requisito imprescindible para el desarrollo económico y
social de nuestro país, y, así, por citar sólo un ejemplo que creo que es
suficientemente ilustrativo, SS.SS. recordarán que durante la Presidencia
española de la Unión Europea el último semestre de 1995, los ministros de
Trabajo de la Unión Europea presididos por el titular español
consideraban la reducción del déficit
público como uno de los instrumentos indispensables para la creación de
empleo, y seguramente la creación de empleo sigue siendo, desde el punto
de vista del conjunto de las fuerzas políticas que se integran en esta
Cámara, el objetivo primordial de la política económica española. Ni
siquiera las fuerzas políticas que no respaldan el proceso de
convergencia nominal hasta la moneda única proponen en sus alternativas
económicas el aumento del déficit público como un instrumento válido de
crecimiento. Tanta coincidencia y tan amplio consenso desgraciadamente no
ha producido todavía resultados apreciables. Por desgracia, el déficit
público español se situó en el 7,4 del producto interior bruto en 1993 y
no se han logrado avances significativos desde entonces.
En 1993 se puso de relieve el fracaso del primer plan de convergencia
aprobado por la mayoría, pero no por la totalidad, de esta Cámara en
1992. Sin embargo, recién celebradas las elecciones generales en junio de
1993, el nuevo Gobierno se veía obligado a aflorar un déficit oculto de
1,3 billones de pesetas, y para evitar su contabilización en 1994 el
propio Gobierno derogó mediante el Real Decreto-ley 16/1993, de 1 de
octubre, el apartado 5º del artículo 10 de la Ley General de Presupuestos
para el año vigente. De no haber derogado este artículo se habrían tenido
que imputar al presupuesto de ejercicios posteriores, y principalmente a
1994, obligaciones generadas antes por un importe aproximado de 487.000
millones de pesetas.
Sus señorías seguramente son plenamente conscientes de que en octubre de
1993 el nuevo Gobierno pertenecía al mismo partido que el anterior a las
elecciones generales; incluso quien ocupaba la Presidencia del Gobierno
entonces era precisamente la misma persona que la había ocupado en
gobiernos anteriores. Sin embargo, y con todo ello, el nuevo Gobierno se
vio obligado a reconocer un déficit encubierto de un billón 300.000
millones de pesetas.
Aquel reconocimiento, entre otras cuestiones, supuso la pulverización del
primer programa de convergencia aprobado por el Partido Socialista y que
había sido elaborado, como he recordado anteriormente, sólo un año antes.
El nuevo Gobierno, además de aflorar un déficit oculto de un billón
300.000 millones de pesetas, como no le quedaba más remedio, tuvo que
elaborar un nuevo plan de convergencia para el período 1994-97 que, como
hemos dicho en más de una ocasión en esta Cámara, reservaba para los
últimos años, para 1996 y 1997, el 70 por ciento del esfuerzo en materia
presupuestaria. Las previsiones del déficit público eran las siguientes:
pasar de un déficit público de 7,3 en 1993, después de la regularización,
a uno del 6,7 del producto interior bruto en 1994, a uno del 5,9 en 1995
y a uno del 4,4 en 1996, para cumplir finalmente en 1997, como establecía
el nuevo programa de convergencia, el 3 por ciento que establece el
Tratado de la Unión Europea.
En aquella ocasión, que es el último precedente que tiene esta Cámara de
una regularización de este tipo, el Gobierno utilizó tres decretos-leyes
como instrumento para regularizar la situación de los gastos del INEM,
por entender que la urgencia en su aplicación correcta exigía su
inmediata afloración. Asimismo, el Gobierno financió este billón 300.000
millones de pesetas de exceso de gasto público con aumento de deuda, sin
que, sin embargo, en aquella ocasión se arbitrasen impuestos para no
influir, desde el punto de vista de déficit futuros, en este aumento de
deuda. Tampoco el Gobierno de entonces se creyó obligado a remitir al
Congreso de los Diputados ningún informe de la Intervención General del
Estado que garantizase las cifras que en aquel momento ofrecía a la
Cámara y a la opinión pública.
El Gobierno constituido el pasado mes de mayo, después de las elecciones
generales del 3 de marzo de 1996, y con el fin de clarificar la situación
de las finanzas públicas recibida del anterior Gobierno, procedió durante
los meses de junio y julio a evaluar las insuficiencias presupuestarias
de cada departamento, entendiendo por insuficiencia los importes
pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 1995.
Del trabajo de verificación y comprobación realizado por las
intervenciones delegadas, la Intervención General de la Administración
del Estado y la Dirección General de Presupuestos, se desprende que a 31
de diciembre de 1995 quedaban pendientes de imputar a presupuesto gastos
realizados en el ejercicio de 1995 y ejercicios anteriores por un importe
de 721.170 millones de pesetas.
Si SS.SS. lo quieren conocer, y seguramente lo podrían conocer aquellos
que hayan examinado con detenimiento el informe de la Intervención
Delegada, haré una pequeña referencia a la distribución por secciones, es
decir, por ministerios, de estos 721.170 millones de pesetas; hablaré de
los cuatro más importantes, que significan la práctica totalidad de los
créditos.
Corresponde, en primer lugar, al antiguo Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente 341.494 millones, que suponen el 47,4 por
ciento del total, cifra en la que se incluyen subvenciones a Renfe de los
ejercicios 1994 y 1995, incidencias con constructoras, obras de
emergencia y expropiaciones, entre otras.
La segunda Sección por importancia es la 31, Gastos de diversos
ministerios, que asciende a 132.000 millones, es decir, el 18,3 por
ciento del total, que están localizados en dos partidas: las deudas con
las mutualidades de funcionarios, pendientes a 31 de diciembre de 1995, y
la formalización del anticipo de la cobertura del seguro de cambio de
autopistas de peaje.
La tercera Sección en importancia, y que representa el 15,8 por ciento
del total, es el Ministerio de Agricultura, que absorbe 114.000 millones
de pesetas, de los cuales 102.000 corresponden a las sanciones de la
Unión Europea por exceso de producción de cuota láctea y otros gastos no
asumidos por la Comunidad Europea en las decisiones de liquidación.
La cuarta sección por importancia, y que representa el 9,1 por ciento,
responde al antiguo Ministerio de Justicia e Interior, que presentaba a
31 de diciembre de 1995 insuficiencias presupuestarias por un importe de
65.919 millones de pesetas, lo que representa, como he dicho ya, un 9,1
por ciento del total. Dentro de las más importantes podríamos mencionar
las deudas pendientes con Telefónica, por 26.000 millones; con la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, por 5.600 millones; por comunicaciones
postales, electricidad, etcétera. Las insuficiencias presupuestarias
correspondientes a estas cuatro secciones ascienden a 653.000 millones de
pesetas, es decir, representan el 90,64 por ciento de los créditos que
estamos aflorando.
Si SS.SS. quieren conocer una distribución alternativa por capítulos, el
de mayor importancia es el Capítulo 4, Transferencias corrientes, que con
355.000 millones de pesetas representa el 49,2 por ciento del total,
seguido de Inversiones reales, que absorbe 182.000 millones de pesetas y
que representa el 25,4 por ciento. Entre ambos capítulos absorben el 74
por ciento del total.
Conocida esta situación, el Gobierno aprobó en su reunión del pasado 26
de julio el Decreto-ley 12/1996, por el que se conceden créditos
extraordinarios por un importe de 721.000 millones de pesetas, al tiempo
que se dispone la correcta imputación temporal del déficit y se adoptan
medidas para reforzar los recursos del Estado con el fin de afrontar la
carga derivada del endeudamiento necesario para financiar las
insuficiencias sin comprometer el objetivo de déficit público del
presente año y de años sucesivos. Así, el artículo 4 del Real Decreto-ley
que hoy se presenta a la Cámara, dice que el Gobierno se compromete a que
los créditos concedidos sean ejecutados en el presente ejercicio sin que
se puedan incorporar al ejercicio siguiente los remanentes de crédito que
pudieran existir a finales de 1996. Los gastos que se imputen a los
créditos extraordinarios estarán sometidos al mismo régimen de control
que los que se imputan a créditos ordinarios, según establece el artículo
5; y en el artículo 7 se establece que una vez concluido el ejercicio de
1996 el Gobierno dará cuenta a las Cortes Generales del grado de
cumplimiento de las obligaciones contempladas en este Real Decreto-ley.
Analizado el contenido del Real Decreto-ley, hemos de destacar que
existen, señorías, dos tipos de créditos: los que ya estaban pagados,
pero no contabilizados, y los que no estaban ni pagados ni
contabilizados. Los primeros, cuyo importe asciende a 197.000 millones de
pesetas, al tratarse de anticipos realizados pendientes de formalizar al
presupuesto, no producen efectos monetarios y, por lo tanto, no plantean
problemas desde el punto de vista de su financiación, aunque al menos una
de las partidas, la multa por exceso de producción de cuota láctea, sí
tiene una incidencia, y significativa, sobre las necesidades de
financiación de las administraciones públicas en 1995.
El meollo de la cuestión, en mi opinión, y creo que será compartida por
la mayor parte de SS.SS., estriba en el núcleo de los gastos realizados
en 1995 y ejercicios anteriores, pero que no estaban ni contabilizados ni
pagados a 31 de diciembre de 1995 y que requieren un endeudamiento
adicional del Estado que asciende a 523.000 millones de pesetas, gastos
que, al asumirse al margen del procedimiento regular de gestión, se
efectuaron fuera de los cauces administrativos ordinarios y, en
consecuencia, sobre los mismos no existía constancia ni antecedentes en
las intervenciones delegadas, pero sí existían, como es natural, en los
propios órganos gestores que decidieron su generación. Todo eso lo tienen
SS.SS. en el informe de la Intervención Delegada.
Con respecto al hecho del pago de las obligaciones que originan las
insuficiencias, la cosa ya no tiene solución. La emisión de deuda
correspondiente y los ingresos fiscales suficientes para financiar la
carga que genera esta deuda se producirán en 1996 y en ejercicios
siguientes y por decisión del Gobierno actual.
En cuanto a la contabilización de estos gastos y, por tanto, la
asignación presupuestaria de los mismos, en opinión del Gobierno el
principio de devengo, que es el que rige para la contabilidad nacional
española y para las cuentas integradas europeas, exige que se aplique al
ejercicio en que nació la obligación. La carga financiera que genera este
endeudamiento adicional se estima que podría situarse en torno a los
40.000 millones de pesetas anuales en un ejercicio completo, a lo que
habría que añadir las cantidades dedicadas a la amortización de
principal.
Para sufragar los gastos financieros extraordinarios sin comprometer el
cumplimiento de los objetivos de déficit público para 1996 y años
siguientes, el Real Decreto-ley dispone un aumento de los impuestos
especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas y las labores del tabaco,
por el que se espera recaudar 30.000 millones de pesetas en 1996 y 75.000
millones de pesetas en 1997.
La elección de estas figuras tributarias se ha realizado teniendo en
cuenta dos factores. En primer lugar, el aumento impositivo recae sobre
el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, es decir, sobre un grupo
de productos que no constituyen bienes de consumo de primera necesidad y
cuya fiscalidad es aún inferior a la que tiene la mayor parte de los
países europeos. En segundo lugar, se trata de productos de consumo
final, por lo que el aumento del precio derivado del incremento de los
impuestos especiales no genera tensiones en los costes del sistema
productivo y, por lo tanto, su
incidencia sobre la inflación es muy inferior a la que resultaría si se
hubiera acudido a un aumento en otros impuestos.
En relación con el aumento del impuesto sobre las labores del tabaco, se
adoptaron por el Gobierno las medidas adicionales encaminadas a evitar el
acaparamiento durante el período de tiempo que pudiera transcurrir hasta
que las empresas tabaqueras que operan en el sector definieran su nueva
política de precios. En este sentido, Tabacalera procedió a poner a
disposición de los expendedores cantidades de tabaco muy superiores,
prácticamente el doble, a las correspondientes a la demanda normal en esa
época del año. Al mismo tiempo, por parte del Ministerio de Economía y
Hacienda se ha evitado que el acaparamiento provoque una menor
recaudación fiscal. Por otro lado, hay que hacer constar que Tabacalera
ha actuado en todo momento en coordinación con la Unión de Asociaciones
de Estanqueros.
Como recoge el informe de la Intervención Delegada, es bien cierto que el
Gobierno anterior comenzó un proceso de aplicación de las insuficiencias
existentes a 31 de diciembre al presupuesto de 1996. Así, de enero a
mayo, el Gobierno, en funciones desde el 3 de marzo, aplicó a créditos
del presente ejercicio gastos realizados en 1995 y en ejercicios
anteriores por un importe de 165.000 millones de pesetas con el
consiguiente desplazamiento hacia el futuro de los compromisos
presupuestarios del presente ejercicio; todo ello en una interpretación
extensiva de la Ley General Presupuestaria que, desde luego, el actual
Gobierno no comparte. Es decir, de aceptar estas tesis las becas
correspondientes a 1995 serían pagadas con los créditos de 1996 y, por lo
tanto, las de 1996 deberían o no ser atendidas o serlo a costa bien de un
mayor déficit o de un aumento de impuestos o bien de mantener las
prácticas presupuestarias del anterior Gobierno y aplicar gastos
realizados en el año 1996 con cargo a los créditos que se aprueben en
1997, los gastos de 1997 con cargo a los créditos de 1998 y así
sucesivamente. Lo mismo sucedería, como SS.SS. son plenamente
conscientes, con los compromisos de inversión pública.
Cabría preguntarse si el Gobierno anterior entendía como legítimo y
acorde con los principios de credibilidad presupuestaria y de devengo
reducir su compromiso de reflejar fielmente la diferencia entre los
gastos y los ingresos públicos que se produjeron bajo su mandato y bajo
su responsabilidad, y pretender que una parte importante de estos gastos
fueran aplicados al déficit del ejercicio posterior o de los ejercicios
posteriores en los que no fueron ni decididos ni devengados.
En cuanto a la incidencia de las insuficiencias presupuestarias
detectadas sobre el déficit público, en términos de contabilidad
nacional, la Intervención General del Estado, según se desprende del
informe que tienen SS.SS., considera que la cifra de las necesidades de
financiación de las administraciones públicas en 1995 debe ser
incrementada en 547.000 millones de pesetas como resultado de la correcta
contabilización del conjunto de los gastos contraídos en 1995 para los
que no existía crédito presupuestario.
El déficit adicional imputable a 1995 es, por lo tanto, 139.000 millones
inferior al importe del total de las insuficiencias presupuestarias,
debido fundamentalmente a que dos partidas, la regularización a favor de
las mutualidades de funcionarios y los gastos efectuados por el Estado en
concepto de seguro de cambio de autopistas de peaje, se imputaron en
términos de contabilidad nacional, aunque no al presupuesto, en el
ejercicio en que se generaron, y también a que las transferencias a favor
de las administraciones territoriales, si bien suponen un mayor déficit
de la Administración central, también representan un menor déficit de
aquéllas por las que las necesidades de financiación del conjunto de las
administraciones públicas no experimentan un aumento adicional por este
concepto. Ahí está la explicación de la diferencia de los 139.000
millones de pesetas.
Una vez presentada ante la Cámara la explicación del Gobierno con
respecto a las cifras que integran el Real Decreto, me gustaría mencionar
a continuación, primero, las consecuencias que el Gobierno extrae de esos
hechos y, segundo, una explicación de cómo se han podido producir y
cuáles han sido las principales causas que han permitido que pudieran
producirse circunstancias como las presentes, habida cuenta, además, de
que sólo hace dos ejercicios, en 1993, ya el Gobierno de entonces tuvo
que aflorar créditos no contabilizados por un valor de un billón
trescientos mil millones de pesetas, a las que ya he hecho referencia.
La primera consecuencia, indudable desde el punto de vista económico, es
el incumplimiento del Plan de Convergencia en 1995, pues el déficit
público --que, como SS.SS. saben y yo acabo de recordar, debería haber
sido del 5,9-- ha resultado ser del 6,6, prácticamente igual al de 1994.
Esto nos indicaría que, habida cuenta que ya no es posible, y desde luego
no es voluntad de este Gobierno, plantearse un nuevo plan de
convergencia, prácticamente el cien por cien del ajuste en términos de
déficit público que contiene el Plan de Convergencia actualizado de 1994
deberá realizarse en el ejercicio de los años 1996 y 1997. Sin duda esta
noticia, que no ha sido sólo una noticia española, sino que ha sido
conocida por la prensa internacional, ha supuesto una pérdida momentánea
de credibilidad en el proceso de ajuste presupuestario español.
Seguramente los inversores, los mercados, los observadores, que habían
creído las cifras de déficit público del año 1995, han tenido dudas sobre
la credibilidad del proceso presupuestario español. Tenemos que reconocer
también que lo que está sucediendo en España con la continua afloración
de varios cientos de miles de millones
en el año 1993, y que se producirá otra vez en el año 1995, es un hecho
que no se produce con esta frecuencia, y en algunos casos con ninguna
frecuencia, en los países de la Unión Europea.
Esta segunda consecuencia, que se deriva de la primera, del conocimiento
de los hechos y del no cumplimiento del Plan de Convergencia, produjo
durante el mes de agosto, especialmente durante las dos primeras semanas,
un incremento de entre 10 y 20 puntos del diferencial entre el bono
español y el bono alemán, que, como ustedes recuerdan, había sufrido una
importante disminución en los últimos doce meses. Según las cifras de
ayer y las de esta misma mañana, en este momento el diferencial se
encuentra a la misma distancia que se encontraba el 26 de julio de 1996
y, por tanto, los efectos de desconfianza, al menos desde el punto de
vista de los mercados financieros, parece que han desaparecido.
Probablemente, la razón de que la desconfianza en los mercados
financieros, que ha sido relativamente acentuada durante los primeros
diez o quince días del mes de agosto, haya ido decayendo hasta llegar a
los mismos niveles de confianza que antes de hacerse públicos estos datos
estriba en que durante este período se han hecho públicos, hace pocos
días, los datos referentes a la evolución del déficit de caja de 1996,
que ratifican la evolución de ingresos y gastos del Estado y que se
ajustan a la consecución de un déficit del Estado de 3,5 que permite
alcanzar el 4,4 para el conjunto de las administraciones públicas. Es
también --y es opinión del Gobierno-- importante desde el punto de vista
de la credibilidad que el Gobierno haya decidido acompañar, junto con la
afloración de estos créditos y su financiación vía deuda pública, los
instrumentos de ingresos adicionales que garantizan esa financiación.
Estamos, pues, señorías, en opinión del Gobierno, ante un hecho grave y
de relevancia, pero, por desgracia, en modo alguno nuevo. El propio
Tribunal de Cuentas ha insistido en los últimos años en la necesidad de
recuperar la credibilidad del presupuesto como fiel reflejo de los
compromisos del Estado durante el ejercicio. En los informes elaborados
por dicho Tribunal se ha venido criticando reiteradamente la práctica de
trasladar un volumen creciente de gastos del ejercicio corriente a
ejercicios futuros.
Para que SS.SS. se hagan una idea, voy a relatar los más recientes. En
1989, y según información del propio Tribunal de Cuentas, no fueron
aplicados a dicho ejercicio 232.000 millones, que fueron aplicados a
ejercicios posteriores y que debían haberlo sido al ejercicio de 1989; en
el año 1990 la cifra asciende a 353.000 millones, y es importante que
SS.SS. recuerden 1990 porque a partir de ese año el Gobierno introdujo el
artículo 10, de límite de obligaciones reconocidas, cuyos efectos, según
hemos podido ver en los años 1993 y 1995, no tuvieron prácticamente
relevancia desde el punto de vista real, pero sí la han tenido en el
traslado de créditos a ejercicios posteriores. Así --voy a recordárselo a
SS.SS.--, en 1990 el montante de obligaciones que no se aplicaron a
presupuesto debiéndose aplicar, según el Tribunal de Cuentas, era de
353.000 millones; pasó en el año 1991 a 705.000 millones; en el año 1992,
a un billón 270.000 millones; y en el año 1993, a un billón 153.000
millones, después de la regularización; si no, en el año 1993 hubiera
supuesto dos billones 400.000 millones de pesetas
La primera conclusión que desde luego el Gobierno extrae y esta Cámara
debe extraer de estas experiencias es la necesidad de garantizar el
carácter anual del presupuesto, ya que éste debe ser la expresión cifrada
de los gastos e ingresos anuales del Estado, y está claro que, hasta
ahora, no ha sido así.
Seguramente muchas de SS.SS. querrán saber el porqué , y creo que es
obligación del Gobierno, al menos, explicar a SS.SS. las razones que el
Gobierno encuentra desde el punto de vista de las modificaciones en la
legislación y de su aplicación, porque existen ambas cosas.
Desde el punto de vista de las modificaciones en la legislación, para
entender cómo se han producido estos hechos que suponen una vulneración
sistemática de los principios de imputación temporal de la transacción y
del devengo, es imprescindible hacer un pequeño repaso de la evolución de
las normas presupuestarias en los últimos años. De este análisis se
desprende, señorías, lo siguiente: Que a partir de los presupuestos de
1984 se inicia una etapa en la que, bajo los postulados de unas
pretendidas mayores cotas de eficacia, flexibilidad y autonomía del
gestor público, se procede a considerar el documento presupuestario
aprobado por las Cortes casi como un mero trámite formal, que luego puede
ser modificado por el Ejecutivo en razón de pretendidas necesidades de
gestión. Para poder tener un mayor grado de flexibilidad y
discrecionalidad de los gestores, se introdujeron una serie de
modificaciones del marco normativo de la Ley General Presupuestaria a
través de las distintas leyes de presupuestos de cada año, que luego
fueron recogidas, casi en su integridad, en el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, aprobado en septiembre de l988. Esta relajación
del rigor presupuestario --y seguramente aquellos que eran ya miembros de
esta Cámara en los años que estoy haciendo mención recordarán debates
sobre esta cuestión en todas las leyes de presupuestos--, esta relajación
del rigor presupuestario --repito-- no se tradujo en una mayor eficiencia
en la gestión pública y, sin embargo, permitió que cada año las cifras de
ejecución del gasto fueran absolutamente distintas, tanto en la cantidad
como en la distribución final, a las aprobadas en el Parlamento, tal y
como señala reiteradamente el Tribunal de Cuentas en todos sus informes
anuales.
A partir de 1990, y hay que reconocerlo, se produce un intento de marcha
atrás. Hay un intento por parte del Gobierno de una cierta contrarreforma
en el rigor presupuestario, y se introduce en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho ejercicio el límite del reconocimiento de
obligaciones que se mantiene en los presupuestos posteriores, con la
excepción de la que introduce el entonces Ministro de Economía y Hacienda
en el año 1993, que es cuando se afloran, por última vez, gastos que no
estaban debidamente contabilizados.
Sin embargo, precisamente y como he demostrado anteriormente, los pagos
que se trasladan a ejercicios posteriores aumentan de manera dramática a
partir de 1990, porque a partir de entonces los gestores, al no tener
autorización para reconocer obligaciones, lo que hacen es que las
embalsan, puesto que no se producen otras modificaciones ni en el control
presupuestario ni en la ejecución de presupuestos que garanticen que los
límites del artículo 10 son algo más que límites simplemente retóricos. Y
aunque, como ha quedado demostrado, el límite de reconocimiento de
obligaciones no limitaba realmente la capacidad de realizar gastos, sino
solamente la posibilidad de contabilizar presupuestariamente el
reconocimiento y el pago.
Es evidente que la inercia de la política presupuestaria expansiva --y
las SS.SS. que lleven aquí más de una legislatura recordarán que los
discursos del Gobierno sobre política presupuestaria hasta el año 1993
eran principalmente expansivos-- y la actitud de unos gestores habituados
a guiarse por la máxima de: cuanto más se gaste mejor, hicieron que los
resultados del artículo 10 fueran justamente los opuestos a la intención
del legislador.
En 1995 se avanzó un poco más, si bien gracias a una enmienda de mi grupo
parlamentario, y se estableció que en los capítulos 6 y 7 las
transferencias sólo podrían hacerse dentro del mismo capítulo, salvo en
casos excepcionales.
Como he dicho, a la relajación del marco legal, que las modificaciones
del año 1990 nunca fueron capaces de corregir, se ha unido una
interpretación extensiva y laxa por parte de los gestores y por parte del
Gobierno y, en definitiva, la falta de voluntad política o incapacidad
del anterior Gobierno para cumplir los objetivos establecidos en el
segundo programa de convergencia que él mismo elaboró, como consecuencia
de que él mismo tuvo que reconocer el fracaso absoluto del primero, y que
presentó al Parlamento en su momento.
La generación de insuficiencias presupuestarias no se explica sólo por
las modificaciones de las leyes presupuestarias, sino que también ha
jugado un papel importante en algunos casos --y en opinión del Gobierno
actual, definitivo-- la propia actitud de los gestores que con un mayor o
menor grado de voluntariedad han contribuido a que la postergación de la
contabilización de los gastos se convierta en algo normal, hasta el punto
de excusar estas prácticas aduciendo que precisamente es lo que siempre
se hacía.
El resultado de todo ello se concreta en la generalización de
determinadas prácticas de gestión del gasto , algunas de las cuales voy a
describir brevemente por su relación directa con la generación de las
insuficiencias presupuestarias, para las que el Real Decreto-ley que hoy
debatimos habilita un presupuesto extraordinario. La primera de estas
prácticas presupuestarias se refiere a la modificación del artículo 63.2
de la Ley General Presupuestaria o, dicho de otra manera, a la capacidad
de que el presupuesto refleje prácticamente en exclusiva los gastos de un
determinado año.
En el año 1987 el Gobierno de entonces decide introducir un nuevo
concepto en la Ley General Presupuestaria de 1977. La Ley General
Presupuestaria de 1977 sólo contemplaba dos excepciones a la regla
general de la anualidad presupuestaria, por la cual, con cargo a los
créditos de gasto de cada presupuesto sólo podían contraerse obligaciones
derivadas de operaciones realizadas en el año natural. Estas dos
excepciones eran el pago de retrasos al personal y obligaciones con
créditos calificados de ampliables.
A partir de l987 se introduce una nueva excepción de mayor alcance: el
apartado 2.b) del artículo 63, permitiéndose la aplicación a los créditos
de un ejercicio de obligaciones derivadas de compromisos de gasto
debidamente adquiridos --término bastante laxo desde el punto de vista
jurídico-- en ejercicios anteriores; esto es, que en su momento fueron
comprometidos presupuestariamente en su correspondiente ejercicio, pero
que por una razón fundada no pudieron pagarse en él y por ello se
imputaban a los créditos del siguiente. Es el caso, si SS.SS. quieren un
ejemplo concreto, de recibos de suministros de luz, agua o teléfono del
último mes del ejercicio que tienen que pagarse con cargo a créditos del
siguiente mes del ejercicio. Es un ejemplo que seguramente no sólo todos
comprendemos, sino con el que, además, todos estamos de acuerdo.
Frente a esta interpretación literal y que aplicada así hubiera supuesto
una mejora de nuestra Ley General Presupuestaria, como he señalado
anteriormente, lo que se hizo no fue una aplicación literal sino una
interpretación laxa de la norma, especialmente a partir de l990. Cuando
el Gobierno en l990 se da cuenta de que las prácticas presupuestarias de
l984 a l990 le hacen imposible el control del presupuesto e introduce el
límite al reconocimiento de obligaciones, lo que hacen los gestores y se
permite por parte del Gobierno es la utilización de este precepto para
considerar que cualquier tipo de gasto es debidamente adquirido y puede
sumarse a los del ejercicio posterior. Les he leído la evolución de los
gastos y cómo se han ido trasladando, especialmente a partir de 1990.
La segunda causa, que no se refiere sólo a modificaciones legislativas y
sí sobre todo a actitudes de los gestores y del Gobierno anterior, es la
relativa a los conceptos de vinculación de partidas.En la Ley de
Presupuestos Generales para l985, hace ya mucho tiempo, se flexibilizó la
vinculación entre los capítulos 2, de gastos corrientes, y 6, de
inversiones reales, fijándola a nivel de artículo en lugar de a nivel de
concepto. Aunque esto ha tratado de modificarse posteriormente, no se ha
hecho de manera total. En la práctica, esta reforma ha conducido a que
los gestores tendieran a descargar las partidas directamente dedicadas a
atender obligaciones con organismos públicos como Correos, Parque Móvil,
ministerial, etcétera, o con grandes empresas de servicios, como
teléfonos o luz, y utilizar ese crédito para reconocer otras
obligaciones, considerando que la mora en el pago de estos acreedores no
iba a afectar a la continuidad de los servicios que prestan --no se iba a
cortar al Gobierno ni la luz ni el teléfono--, y que al tratarse de
gastos indiscutibles que nadie podía negar, antes o después se acabarían
pagando. El caso más claro de este Decreto-ley es el del extinto
Ministerio de Interior y Justicia con Telefónica por 26.359 millones de
pesetas, cantidad que representa un año y medio de factura telefónica, al
cual se le aplicó esta desvinculación de preceptos. Como también las
deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o las originadas por
las comunicaciones postales de este mismo Ministerio. Este problema se va
agravando en los últimos ejercicios en los que se ha venido
presupuestando un crédito cada vez menor para atender los gastos de
funcionamiento de la Administración sin que, al mismo tiempo, se adopten
las medidas necesarias para reducirlo realmente.
La tercera explicación, no sólo de modificaciones legislativas sino de
actitudes de los gestores, se encuentra en el concepto de emergencia,
principalmente relacionado, por un lado, con la Ley de Expropiación
Forzosa y, por otro, con las obras de emergencia. Efectivamente, el
procedimiento de emergencia de la Ley de Expropiación Forzosa permite la
ocupación de los terrenos antes de la fijación y el pago del justiprecio
y sin acreditar la existencia del crédito. Esto, junto a la inexistencia
de un crédito específico para este tipo de operaciones, ha permitido a
algunos gestores retrasar el reconocimiento de estas obligaciones para
utilizar los créditos en la contratación de más obras nuevas. Prueba de
ello es que de los 31.176 millones de pesetas pendientes de pago por
expropiaciones en el actual Ministerio de Fomento, excluido ya Medio
Ambiente, a 31 de diciembre de l995, hay 7.000 millones de intereses de
demora; es decir, el Estado va a tener que desembolsar 7.000 millones de
31.000 que no se derivan de operaciones de expropiaciones legítimamente
justificadas por interés público, sino del retraso consistente y
mantenido a lo largo del tiempo en el pago de estas expropiaciones.
Algo parecido podemos decir de las obras de emergencia. La propia
normativa presupuestaria permite realizar obras sin crédito en estos
casos para su posterior imputación al presupuesto. Indudablemente, la ley
no especifica, y tendrá que hacerlo, qué quiere decir el adjetivo
posterior, y no establece un plazo concreto para aplicación de estas
obras de emergencia, pero el rigor presupuestario tampoco debería
permitir que los plazos se alargasen indefinidamente, que es exactamente
lo que ha venido sucediendo.
Las obligaciones derivadas de revisiones de precios o las liquidaciones
definitivas también pueden surgir sin formalización previa, y el problema
se plantea cuando el gestor demora deliberadamente la presentación de los
expedientes a fiscalizar para eludir la contabilización del gasto en el
ejercicio. El gestor puede decidir retrasar la liquidación definitiva,
que es la que genera la obligación de pago, y con eso tiene margen para
hacer otras cosas, o simplemente está desviando déficit a ejercicios
posteriores.
Es llamativo, como SS.SS. podrán comprobar, que en el Ministerio de
Fomento nos encontremos en este momento con una estadística que nos
indica que el retraso en las declaraciones definitivas se ha duplicado
entre 1992 y 1995. Es realmente llamativo probablemente porque la
capacidad del Estado no se ha duplicado precisamente en esos años.
En cuanto a las insuficiencias derivadas de contratos de obra nueva, que
también las hay en el Decreto-ley, y las obras complementarias o los
reformados de obra en ejecución, se ha incumplido incluso la vigente Ley
General Presupuestaria en el artículo 60 y en el artículo 92 y
siguientes. Es voluntad del actual Gobierno que los posibles
incumplimientos se pongan de manifiesto en cualquier caso antes de que se
realicen los pagos.
Por último, la cuarta razón que explica, además de las modificaciones
legislativas, el problema al que nos estamos enfrentando es el conjunto
de insuficiencias que se derivan de la propia técnica de presupuestación
utilizada por el anterior Gobierno para cuadrar la cifras y presentar al
Parlamento un presupuesto medianamente coherente con el discurso que se
mantenía y con los planes de convergencia. No se incluían gastos que eran
perfectamente conocidos a la hora de elaborar el presupuesto, o las
partidas no se dotaban suficientemente con el propósito de trasladar el
gasto realizado a otro presupuesto posterior. Este es el caso de las
insuficiencias del contrato-programa de Renfe donde el Estado se
compromete a aportar unas cantidades y luego presupuesta otras
inferiores, o las aportaciones a las mutualidades de funcionarios que el
Estado está obligado a hacer por ley.
Una vez presentado ante la Cámara el contenido del Real Decreto-ley, las
disposiciones que contiene, los créditos a los que afecta y la
explicación que el Gobierno
se ve obligado a dar a la Cámara de la razón por la que se produce una
circunstancia tan extraordinaria, tan llamativa y, por desgracia, no tan
nueva en la vida presupuestaria española, creo que también es un
planteamiento legítimo del Gobierno informar a SS.SS. de algo que no está
contenido en este Decreto-ley pero que es intención del Gobierno remitir
a la Cámara antes de finalizar el presente mes de septiembre. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente.
Señorías, les ruego que guarden silencio y no formen grupos, o los formen
en el pasillo o en la cafetería, pero abandonen el hemiciclo si tienen
que despachar algún asunto.
Señor Vicepresidente, puede continuar.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Como saben SS.SS., el Gobierno se propone remitir a
esta Cámara antes de finales de año un proyecto de ley que modifique la
vigente Ley General Presupuestaria, en cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Presidente del Gobierno en el debate de investidura.
Sin embargo, todos somos conscientes de que un proyecto de ley remitido a
esta Cámara en el mes de octubre o noviembre no podrá entrar en vigor al
mismo tiempo que el próximo Presupuesto General del Estado como
consecuencia de los plazos parlamentarios normales y, probablemente en
una ley de este tipo, de plazos parlamentarios que serán más extensos.
En ese sentido el Gobierno considera imprescindible que las prácticas que
acabamos de relatar no puedan repetirse en el año 1997 y, por tanto, el
Gobierno tiene intención --y será debatido mañana en la Comisión de
Subsecretarios-- de remitir, antes de finalizar este mes de septiembre,
un proyecto de ley que pueda unirse en su trámite al de Presupuestos
Generales del Estado y ley de acompañamiento y que con carácter urgente
recoja un conjunto de reformas que eviten que las prácticas señaladas
anteriormente puedan seguirse realizando en el ejercicio del año 1997 y
siguientes. Solicitaremos, desde luego, a la Cámara que este proyecto de
ley se tramite en paralelo con la Ley de Presupuestos y la ley de
acompañamiento.
Este proyecto de ley pretende que el marco legal del presupuesto para
1997 y siguientes cumpla una triple vinculación que, en mi opinión y en
la del Gobierno, nunca debió dejar de cumplir: la temporal, la anualidad,
con las excepciones limitadas; la finalista, la vinculación; y la
cuantitativa, los límites que marca la Cámara a los gastos que el
Gobierno puede realizar.
Por tanto, pretendemos modificar, en primer lugar, el artículo 73 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciendo la
obligación de comunicar en un plazo determinado, con retención de crédito
o apertura de expediente de modificación, la realización de obras de
emergencia.
La segunda modificación afectaría a la Ley de Expropiación Forzosa,
concretamente al artículo 52, estableciendo la obligación de retención de
crédito antes de proceder a la ocupación.
Por lo que se refiere a los gastos de bienes y servicios corrientes, se
propondrá a las Cortes modificar el artículo 59 de la Ley General
Presupuestaria en el sentido de suprimir la excepción de vinculación por
concepto que existía para los gastos de tracto sucesivo y otros gastos, y
hacer que esta vinculación se haga a nivel de concepto también en estos
gastos y no a nivel de artículo, como hasta ahora, evitando que los
gestores puedan a partir de ahora atender gastos de un concepto con
créditos presupuestados para otro distinto.
Asimismo, el Gobierno propondrá a la Cámara antes de finales de
septiembre que los gastos por convenios o contratos-programa estén
sujetos a la normativa general de subvenciones, y se establecerá la
obligación de autorización por el Consejo de Ministros con expediente de
gasto previo.
El proyecto de ley también contemplará la restricción de la posibilidad
de aplicar gastos de ejercicios anteriores mediante la modificación del
artículo 63.2.b) del texto refundido, al que he hecho varias menciones,
y, al mismo tiempo, se propondrá a la Cámara la modificación del artículo
65 de la Ley General Presupuestaria estableciendo la obligatoriedad de la
cancelación de los anticipos de fondos excepcionales antes de finalizar
el ejercicio económico para evitar que se repitan insuficiencias como las
derivadas de la multa de la cuota láctea o del seguro de cambio de
autopistas.
Por último, se establecerá la posibilidad de apertura de expedientes
administrativos por infracciones de la normativa presupuestaria que
podrían dar lugar al cese de los responsables, sean funcionarios o
autoridades, cosa que en este momento no es posible.
En resumen, vamos a proponer la modificación de la Ley General
Presupuestaria en varios artículos, de la Ley de Contratos y de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Señorías, para finalizar, el Gobierno ha creído su obligación presentar
ante la Cámara y ante la opinión pública española la realidad de las
cuentas públicas que nos encontramos al hacernos cargo de las
responsabilidades del Gobierno. En este sentido, como explica claramente
el informe de la Intervención General del Estado, los gestores
presentaron ante los interventores delegados las insuficiencias
presupuestarias que se encontraron y fue instrucción clara del Gobierno a
la Intervención General del Estado que se incluyesen en este Real
Decreto-ley aquellos que afectaban exclusivamente a compromisos realmente
adquiridos, pero ni contabilizados ni pagados antes del 31 de diciembre
de 1995. También establecimos, pues nos pareció que
era nuestra obligación --y el tiempo, en muy corto plazo, creo que nos ha
dado la razón-- que la única manera de recuperar la credibilidad
presupuestaria y la credibilidad en el cumplimiento del programa de
convergencia exigía dos medidas: la primera ya la hemos tomado y es la de
garantizar que el aumento de deuda va a tener una financiación
extraordinaria aumentando impuestos que afectan, de manera muy limitada,
al consumo básico de las familias, y aún de manera más limitada a la
inflación. La segunda medida, que acabo de anunciar, es el compromiso
ante la Cámara de enviar a la misma un proyecto de ley que haga imposible
que se puedan volver a producir hechos como los que en este momento nos
vemos obligados a presentar ante el Congreso de los Diputados y que,
vuelvo a repetir una vez más, son situaciones graves, importantes, pero
de ninguna manera nuevas en la historia presupuestaria española. El
Gobierno, sincera y seriamente, espera que, a partir de ahora, podamos
entrar en una nueva etapa con respecto a la fiabilidad de las cuentas
públicas, a la seriedad de los documentos presupuestarios y a la
vinculación del Gobierno a los compromisos presupuestarios que le
establece esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del
Gobierno.
Ha solicitado un turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, para
cuya exposición tiene la palabra el señor Solbes.
El señor SOLBES MIRA: Señor Presidente, señorías, el señor Vicepresidente
acaba de hacernos una exposición sobre el Decreto-ley y el futuro de la
política presupuestaria, parte también del pasado, temas que, en mi
opinión, no son del debate de hoy. En su momento, tendremos ocasión de
entrar en estos temas. Hoy lo que tenemos que debatir es el Decreto-ley
que el Gobierno aprobó el pasado 26 de julio y nuestro voto tiene que ser
necesariamente negativo, porque no estamos de acuerdo ni con la lógica de
las medidas planteadas ni con su justificación ni con el procedimiento
utilizado.
El Decreto-ley plantea una significativa subida de impuestos y la razón
que se da para justificar tal medida, absolutamente contraria al programa
de su partido, es un supuesto agujero heredado del anterior Gobierno y
detectado por la Intervención General del Estado. En palabras del señor
Vicepresidente con motivo de la presentación de esa decisión a la prensa,
se dice textualmente: Sería una irresponsabilidad que el Gobierno no
diera cauce jurídico y parlamentario a una petición --y subrayo la idea
de petición-- de la Intervención General del Estado. Sin embargo, nada de
eso es cierto: ni la IGAE ha detectado repentinamente tal agujero ni los
impuestos se suben para taparlo, ni siquiera técnicamente están bien
explicadas las partidas que se relacionan como componentes del supuesto
agujero y, además, en algunos casos, ni siquiera la solución es
legalmente correcta. La lógica del comportamiento del Gobierno ha sido
mas bien otra.
Ya antes de las elecciones se insistió de forma recurrente en la
necesidad de llevar a cabo auditorías. Tras la formación del nuevo
Gobierno, algunos Ministros se apresuraron a dar a conocer los agujeros
de sus Departamentos, con el éxito posterior ya conocido. Usted, señor
Vicepresidente, dijo que el Gobierno considera su obligación presentar
ante la opinión pública unos datos a los que se había comprometido y que
exigen una clarificación de cuentas públicas.
Es cierto que, al mismo tiempo que se toman estas medidas, el Gobierno
avanza otras dos medidas: la congelación del sueldo de los funcionarios,
con lo que dicen ustedes que van a ahorrar 200.000 millones de pesetas,
cifra, por cierto, imposible; y la elevación de los impuestos,
incumpliendo sus programas electorales.
En mi opinión, hay tres temas básicos para analizar en el día de hoy y a
los que voy a dedicar fundamentalmente mi exposición. Primero, ¿existe
una petición, como el Vicepresidente dijo en la presentación, de la
Intervención General de la Administración del Estado? En segundo lugar,
¿existe un agujero de 721.000 millones de pesetas? Y, en tercer lugar,
¿es necesario subir los impuestos para hacer frente a ese agujero?La IGAE
es el órgano del control interno del Estado, y normalmente no se dedica a
llevar a cabo inspecciones que no le son propias. Desde luego, en mayo,
cuando yo dejé el Ministerio, no existía de ninguna iniciativa para
llevar a cabo una actuaciones de este tipo.
En mi opinión, el Ministro de Economía y Hacienda ha utilizado
indebidamente como pantalla a la Intervención General para justificar una
decisión de naturaleza claramente política y que ustedes tienen derecho a
tomar, pero no basándose en una petición de la Intervención General del
Estado.
En la rueda de prensa del día 31 de julio, en mi primera reacción al
Decreto-ley, ya solicité públicamente al Gobierno que remitiese al
Congreso el documento de la Intervención en que se solicitaba la adopción
de estas medidas, así como la información adicional sobre las diferentes
partidas incluidas en dicho Decreto-ley, dado que, por lo genérico de su
redacción, en muchos casos resulta difícil conocer cómo se imputan. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Con mucho retraso, tanto que no se ha dispuesto de la documentación hasta
ayer lunes, la Cámara ha recibido por toda justificación un informe de la
Intervención General, sin firma que se responsabilice del mismo,
sin fecha, sin número de registro, es decir, un informe absolutamente
apócrifo.
Además, según consta en su introducción, elaborado a petición del
Ministerio o del Ministro de Economía y Hacienda; exactamente lo
contrario de lo que S.S. dijo en la presentación del Decreto-ley. Por
tanto, no es el documento que sirvió para tomar la decisión, sino otro a
instancia de parte, elaborado con posterioridad a la aprobación de dicho
Decreto-ley, como consta claramente en el mismo.
¿Cuál es el valor justificativo de este informe que se remite al
Parlamento? ¿Por qué se hurta al Parlamento la memoria justificativa del
Decreto-ley y también esa petición que, según usted, se hizo por parte de
la Intervención General del Estado? Ahora le solicito ya formalmente que
remita esta información al Parlamento.
El documento que se remite es claramente incompleto y, en muchos casos,
del mismo no se desprende la información necesaria para que esta Cámara
tome una decisión. De su contenido, como veremos a continuación, tampoco
se desprende la necesidad de adoptar las decisiones del Decreto-ley. Voy
a hacer algunas puntualizaciones adicionales sobre el mismo.
Se habla de un informe explicativo de las actuaciones desarrolladas por
este centro directivo como consecuencia de iniciativas de los centros
gestores. Su señoría sabe que la Intervención General no explica. La
Intervención General certifica la legalidad y la disponibilidad de
recursos; no es su función.
En segundo lugar, en el procedimiento se ve muy claro la iniciativa
política de llevar a cabo este tema.
Tercero, se redactan de forma bastante confusa muchos párrafos en los que
no se ve clara la diferencia entre lo que son obligaciones generadas sin
crédito y las tensiones presupuestarias normales; el párrafo tres de la
página seis es un ejemplo claro de lo mismo.
Por otra parte, el documento está lleno de afirmaciones que demuestran la
frágil justificación del Decreto-ley. Por ejemplo, en la página seis se
señala que el proceso ordinario de imputación de los expedientes al
presupuesto posibilitará el examen detallado de los mismos y la detección
de posibles irregularidades si existieran. Dicho en otros términos, se
incluyen cifras en el Decreto-ley sin comprobación de las cuantías ni de
su correcta inclusión o no.
Pero el colmo de esta forma de presentación se incluye en la página
trece, cuando hace referencia a otros gastos. Se dice textualmente:
«Podrían existir, además, contratos u operaciones que habrían consistido
en la realización de gastos al margen de los procedimientos aplicables,
cuya determinación sólo podrá efectuarse tras el análisis detallado de
los expedientes». Nunca he visto un informe de la Intervención General
redactado de forma tan vaga, o existen esos gastos o no existen, y si no
existen, ¿cómo los toman ustedes de base para adoptar las decisiones del
Decreto-ley?
Por último, hay una conclusión absolutamente improcedente en ese informe
de la Intervención General en la que se dice que se incluirá en la
contabilidad nacional de acuerdo con lo establecido en el Decreto-ley. Un
Decreto-ley --y usted debería saberlo-- no tiene ninguna capacidad para
decidir cómo se hace la contabilidad nacional. Ustedes tienen capacidad
para decidir cómo se hace la contabilidad presupuestaria; la contabilidad
nacional está pactada internacionalmente. Háganlo ustedes de acuerdo con
las normas, si no, tendremos problemas en Bruselas.
¿Existe un agujero de 721.000 millones? Antes de entrar en el análisis de
las cifras de la Intervención conviene recordar algunos puntos.
En primer lugar, estamos en presencia de un presupuesto prorrogado.
Muchos de los problemas que aquí se plantean estaban resueltos en el
presupuesto del año 1996. Hasta se incluyen o se exhiben ahora partidas
que están claramente definidas. En el Ministerio del Interior, por
ejemplo, se había puesto en marcha un programa de saneamiento con 21.000
millones para 1996, que es un caso claro de esas insuficiencias que
ustedes ahora cacarean como prácticamente ocultas.
En segundo lugar, tampoco se deja claro que toda la referencia al Anexo 2
corresponde a créditos extraordinarios para cubrir déficit de una u otra
naturaleza que ya estaban en marcha, excepto el del Hospital Clínico de
Barcelona. No se hace referencia a ninguna actuación ilegal de la
anterior Administración, aunque se alude a que un análisis más profundo
puede, en su caso, determinar irregularidades. El nuevo Gobierno, en mi
opinión, piensa que la transmisión de poderes se hace de una forma
prácticamente idílica en la que todo parte de cero.
Pero hablemos de las cifras. Hay en el informe de la Intervención General
tres apartados: el que habla de formalización de anticipos,
posteriormente el de créditos extraordinarios y, finalmente, las
obligaciones generadas.
La formalización de anticipos afecta a un total de 127.097 millones de
pesetas, que están pagados e incluidos en contabilidad nacional,
pendientes, es cierto, de ser recogidos en contabilidad presupuestaria.
No puede hablarse, por tanto, ni de déficit oculto ni de necesidad de
recursos para pago.
En el seguro de autopistas ustedes consideran que deben devolver al Banco
de España ese dinero, me parece bien; es una opción que ustedes tienen.
El problema de la producción láctea es cierto, y supongo que no será
ninguna sorpresa ni que existía una multa para España ni que para el pago
de esta multa se había adoptado la decisión de hacerlo de forma
progresiva. En el presupuesto de 1996 ya se incluye una parte para este
pago.
De acuerdo con su lógica, yo le preguntaría, señor Vicepresidente, ¿cómo
prevé usted resolver el problema
de 1996 con la cuota láctea? Dénos la solución. Le falta a usted ya una
cuantía importante de esas deudas que tanto nos critica en cuanto a
periodos anteriores. Díganos qué es lo que va a hacer con ese punto.
Por tanto, en lo que afecta a estos casos, ni era preciso recurrir a una
subida de impuestos para financiar algo que ya está pagado, ni plantearlo
según se ha planteado, como una parte de un agujero inexistente.
Créditos extraordinarios en tramitación. Ya he dicho que estaban en
marcha. Por tanto, si decaen como consecuencia de la convocatoria de
elecciones, no se puede plantear seriamente como un problema. El único
crédito nuevo que ustedes incluyen es el del Clínico de Barcelona, que
estaba en negociación muy avanzada cuando yo dejé el Ministerio y me
satisface ver que el problema se ha resuelto.
Tema más importante sería el apartado 3, obligaciones generadas antes de
1996 sin imputación presupuestaria a 31 de diciembre de 1995, y
distinguen ustedes entre inversiones reales, gastos corrientes y el
resto.
En inversiones reales, la Intervención General del Estado distingue entre
cuatro supuestos: obras de emergencia, que consideran legales de acuerdo
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Contratos, y estamos
hablando de 61.000 millones de pesetas; expropiaciones de emergencia,
también correctas, 43.400 millones de pesetas, y las revisiones de precio
o las liquidaciones definitivas, que considera que son independientes de
la voluntad del gestor, y únicamente acentúa su preocupación en los
contratos de obra nueva, obras complementarias y reformados.
Curiosamente, sin embargo, en el anexo numérico del informe de la
Intervención vienen claramente desglosadas las cifras correspondientes al
primero y segundo supuesto, pero casualmente acumuladas las cifras del
tercero y el cuarto. Por tanto, es absolutamente imposible saber de qué
magnitud estamos hablando cuando hacemos referencia a esas posibles
irregularidades. Queda muy bien incluir una cifra de 65.000 millones sin
saber si corresponden al supuesto 3, que es correcto, o al supuesto 4,
que según ustedes es incorrecto. ¿Me puede usted decir exactamente, señor
Vicepresidente, cuántos millones de esos 65.800 corresponden al supuesto
4, que es, según ustedes, irregular? ¿Por qué no se ha presentado bien en
el anexo estadístico? Me parecería relevante disponer de esa información.
Si usted va sumando todo eso --yo mucho me temo que esos 65.800 millones
son absolutamente correctos-- los 170.000 millones de problemas del
Ministerio de Obras Públicas son inexistentes. ¿Por qué entonces todo
esto? Yo creo que lo que ha sucedido es muy simple. El nuevo Gobierno
lleva a cabo recientemente un ajuste presupuestario importante y lleva a
una situación de penuria al Ministerio de Fomento. No tiene prácticamente
posibilidades de acometer obras y suspende la licitación de las mismas.
Posiblemente, para atender a la demanda de los constructores, el Gobierno
pretende dotar con mayores créditos su presupuesto de inversiones; con
ello evitaría el colapso ya anunciado en su día por nosotros de la
inversión pública. Para que la marcha atrás no sea tan evidente se
justifica presentándolo con necesario para tapar supuestos agujeros de
ejercicios anteriores. ¿Puede alguien creer que exista en el Ministerio
de Obras Públicas un agujero de 170.000 millones de pesetas? ¿Cómo es
posible que se pueda haber contratado sin fiscalización previa cuando la
IGAE en la actualidad ni siquiera acepta licitar sin esa fiscalización
previa?
Yo creo que toda esta operación no es más que un truco para devolver al
Ministerio de Fomento parte de la financiación que apresuradamente se le
ha recortado. Usted mismo lo reconoció y nos lo confirmó al presentar el
Decreto-ley. Por tanto, ya decidido el recorte, usted afirmó textualmente
--y cito las palabras entrecomillándolas--: «si no se regularizara esta
situación, en 1996 no habría ningún margen para nuevas actuaciones en el
Ministerio de Fomento y no podría licitar obra nueva.
Segundo punto, gasto corriente. Aquí se incluyen tres supuestos: dotación
presupuestaria insuficiente, pagos al sector públicos y compañías de
servicios y, finalmente, otros gastos. De todo ello, lo más relevante,
evidentemente, es lo que afecta al Ministerio del Interior, donde le digo
claramente que sí teníamos un problema, problema planteado y puesta su
solución en marcha, como he dicho anteriormente, a través de la
aportación adicional que en 1996 se hace a ese Ministerio por más de
20.000 millones de pesetas. Yo comprendo que es mejor liberarse de esos
20.000 millones para este año y para el año que viene y pasarnos al
pasado; eso nos da más margen para hacer el presupuesto del año que
viene.
Tercer punto, gasto del resto de capítulos, capítulos 3, 4 y 7, 259.000
millones de pesetas. Sorprende que a este cuarto de billón largo se le
dediquen en el informe de la Intervención General exactamente nueve
líneas. Nueve líneas son la justificación de los 259.000 millones. Por
cierto, les recuerdo que los 7.000 millones de anticipos a los
ayuntamientos han sido privilegiados y han merecido que la Intervención
General les dedicase 25 líneas en el informe. (Risas.) Me voy a centrar
en las partidas más significativas. En primer lugar, Renfe. Renfe es uno
de nuestros puntos de discusión. Usted dice que hay una deuda con Renfe,
yo le digo que no hay una deuda con Renfe. ¿Qué sucede con Renfe? Se
firma el contrato-programa a finales de 1994. Evidentemente, la cifra de
1994 ya no se puede pagar, no se puede ni siquiera incluir en 1995 y, por
tanto, hay un anejo en el contrato-programa que dice que las cantidades
de transferencias
correspondientes a 1994 y 1995 las incorporamos a la deuda final de Renfe
y se pagará como el resto de la deuda. Ese es el modelo y eso está
pactado con Renfe. Yo me imagino que los gestores de Renfe en estos
momentos están felices porque se van a encontrar con una cantidad
adicional con la que no contaban de transferencias que no estaban
previstas. Eso sí, ustedes, como en otros casos, lo que hacen es tomar
siempre la decisión en contra de los intereses del Estado favoreciendo a
otros.
Resulta especialmente curioso, por su justificación económica y por su
ilegal --y subrayo ilegal-- solución técnica, el crédito extraordinario
que se otorga a las mutualidades de funcionarios. Ni más ni menos que
44.000 millones de pesetas. Las mutualidades siempre han mantenido un
presupuesto adecuado a sus necesidades y suficiente para cubrir las
prestaciones a las que atienden. Usted sabe, y si no pida las cifras, que
todas estas mutualidades tienen excedentes de tesorería, les sobra
dinero. Usted sabe también, o debería saberlo, que en el proyecto de
presupuestos de 1996 redujimos la cuantía de las cuotas de aportaciones
de funcionarios precisamente para evitar ese exceso de dinero de las
mutualidades. ¿Es sensato trasladar más dinero a las mutualidades para
que tengan depósitos en la banca y cobren sus tipos de interés y que para
eso se endeude el Estado? ¿Le parece a usted una medida razonable y sobre
todo urgente? (Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Pero
si fuera así, ¿usted no sabe que el crédito a las mutualidades es
ampliable? ¿No sabe usted que un crédito ampliable no se puede
complementar con un crédito extraordinario? ¿No sabe usted que lo que
tiene que hacer es tomar la decisión de ampliarlo y nada más? ¿Por qué
justifica usted todo esto? La verdad es que me parece muy poco serio y
muy poco trabajado.
En otros casos de lo que estamos hablando es de programas limitados por
su consignación presupuestaria. Usted ya irá viendo que en la mayor parte
de los programas que se ponen en marcha se dice que se pueden poner en
marcha siempre dentro de los límites de las consignaciones
presupuestarias correspondientes. ¿Qué sucede? Que cuando esa
consignación presupuestaria no da suficientemente de sí ese año, se paga
al año siguiente. Generamos un derecho subjetivo, desgraciadamente no lo
podemos pagar y, es verdad, el Gobierno carga con el coste político de no
pagar en un determinado año. Tiene usted bastantes supuestos de este
tipo, por ejemplo, la política de vivienda.
Cuando se prorrogó el pasado año la política de vivienda, se tomó la
decisión, y consta el acuerdo en los archivos de la Comisión delegada, de
que evidentemente se ampliaba el Plan, pero siempre y cuando se redujera
de las actuaciones de vivienda en los años próximos. ¿Que usted quiere
que eso se atribuya al pasado para tener más margen de actuación en
programa de vivienda en los próximo años? Me parece perfectamente lícito;
lo que no me parece lícito es que de eso nos inculpe a nosotros y
considere que es una actuación incorrecta.
Como el de vivienda podríamos citar otros casos: el de la construcción
naval, el del asociacionismo agrario, el de la industrialización agraria.
Son programas que se van cumpliendo anualmente y se van pagando en
función de las disponibilidades presupuestarias.
Respecto al problema de las becas usted dice: ¿por qué hay que aceptar
que se pague en dos años? Por una razón muy simple: no sólo porque se ha
pagado siempre, sino porque el curso escolar abarca dos años. Un
porcentaje se paga en la primera parte del curso escolar, de octubre a
diciembre, evidentemente, y otro se paga de enero a junio, en la segunda
parte del curso escolar. Es la práctica habitual. Es una práctica
absolutamente lógica y coherente.
¿Era necesario subir el alcohol y el tabaco para hacer frente a estos
agujeros? Evidentemente, el supuesto agujero no resiste el menor análisis
técnico, y si ello era así desde luego tampoco era necesario subir los
impuestos. ¿Qué es lo que ha sucedido de verdad? En mi opinión, ustedes
tienen problemas de otro tipo --a mí no me parecen tan brillantes las
cifras de déficit ni de ingresos ni de gastos del mes de julio--, y
ustedes lo que están haciendo es subir los impuestos, y será criticado,
lógicamente, porque significa una marcha atrás de su oferta electoral,
que incluía reducción de impuestos y de cotizaciones sociales. Lo que
hemos visto es una reducción de plusvalías que nos tememos que se
extenderá a las restantes rentas del capital, una mejora de la fiscalidad
de las empresas, una estabilización del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y un incremento de la fiscalidad sobre el consumo,
teniendo como resultado un modelo claramente más regresivo que el
anterior.
Sobre el tema del tabaco y del alcohol no me resisto a hacer un
comentario acerca de la forma en que se ha hecho. Yo creo que la
modificación de la fiscalidad del tabaco no tiene precedente en cuanto a
confusión e improvisación; es un caso de libro. Estoy seguro de que se
citará en los manuales dentro de algunos años como modelo de cómo no se
deben hacer las cosas. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) En
cuanto al resultado final de las medidas en términos recaudatorios, habrá
que esperar a conocer las cifras. Me temo que no se ha tomado en
consideración la elasticidad del consumo respecto a los precios, los
posibles efectos derivados de la sustitución por otros productos o por el
contrabando, la caída del valor de Tabacalera en el mercado y su efecto
sobre privatizaciones. Me pasaban una nota ahora referente al efecto
sobre el empleo. Por ejemplo, en el marco específico de Jerez más de
cuatro mil personas perderán el empleo como consecuencia de la subida de
sus impuestos. ¿Ustedes han pensado bien todo eso?
Se puede concluir señalando, en mi opinión, que el crédito extraordinario
aprobado el 26 de julio, junto con la subida de los impuestos, del tabaco
y del alcohol constituye una gran operación de maquillaje que pretende,
como tantas veces, que la verdad no sea lo que es sino lo que se
comunica. La realidad es otra. Yo creo que con esto lo que se busca es
algo muy claro: ensombrecer la labor del anterior Gobierno, trasladando
un déficit imaginario a 1995. En cualquier caso, habrá que estar atento a
la decisión del INE, que es a quien corresponde tomar la decisión y a la
de la Comisión Europea.
Técnicamente, en mi opinión, es más coherente que, dado que se genera la
obligación en 1996 --cuando se toma la decisión legal que permite esa
generación--, se atribuya a 1996. Pero si no fuera así ¿por qué en 1995?
¿Por qué no atribuyen ustedes cada cuantía a los años correspondientes?
Eso sería técnicamente más correcto siguiendo su lógica, aunque me parece
disparatado desde el punto de vista de las series estadísticas.
En segundo lugar, yo creo que lo que se pretende es incrementar las
posibilidades de gasto en 1996 aumentando los créditos del actual
ejercicio. Ello permitirá volver a reponer créditos en las partidas en
las que antes se recortó. Paradójicamente, se dice luchar contra el
déficit aumentando las posibilidades de gasto.
En tercer lugar, la mayor dotación del año 1996 facilitará la elaboración
del presupuesto del año 1997, permitirá que aparezca como más
restrictivo, ya que parte de lo previsto pagar con cargo a dotaciones
normales para ese año se habrá ya pagado en el año 1996 atribuido al año
1995 y, en definitiva, lo que se busca es poder gastar más facilitando la
elaboración del presupuesto de 1997 sin tener que adoptar las medidas
necesarias para un adecuado recorte del gasto.
Por último, yo creo que con estas medidas se le da la vuelta como un
calcetín al discurso electoral del Partido Popular. Los impuestos ya se
han bajado para las rentas del capital y para las sociedades; ahora que
tocaba al resto de los ciudadanos, no sólo no se bajan sino que se suben,
pero, eso sí, por la responsabilidad del anterior Gobierno. En resumen, a
los españoles en general nos han subido los impuestos frente a las
promesas de bajarlos, aunque es cierto que a los titulares de las rentas
de capital y a las empresas ya se los han bajado, y si para bajarlos la
justificación fue la creación de empleo, como si la acumulación de
capital por sí misma fuera suficiente para crear empleo, para subirlos la
razón ha sido un inexistente agujero fiscal del pasado. Alguien distinto
al partido del Gobierno, como siempre, tiene que tener la culpa de que no
sean ustedes capaces de cumplir con sus arriesgadas y ya entonces
criticadas por nosotros promesas de reducir los impuestos.
Si el fondo de la medida es discutible, la oportunidad aún lo es más. Ya
hemos podido apreciar las repercusiones en los mercados financieros, y,
no nos engañemos, parte de lo que está sucediendo ahora y que a usted le
deja tan tranquilo tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en
Estados Unidos y en otros mercados exteriores, y aún nos queda por
conocer la reacción de Bruselas a este intento de atribuir el mayor
déficit al año 1995. Si esta operación sale mal, desde luego la
incompetencia y el revanchismo del Gobierno nos habrán dado muy malos
resultados. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor
Solbes.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Solbes.
Escuchándole, señor Solbes, llegamos a la conclusión de que, aceptando
sus criterios de contabilización, no hay ningún problema, es decir, no
existen gastos contraídos pero no presupuestados en 1995 más que por
cantidades realmente insignificantes, y no existe ninguna razón para que
el Gobierno considere necesario aflorar estos 721.000 millones de pesetas
y emitir deuda por 520.000. Esta explicación no puede ser más cómoda para
todos los aquí presentes, sin duda, señor Solbes: ustedes no tienen que
explicar nada, nosotros no tenemos que subir el tabaco y los mercados no
tienen que dudar sobre nuestra capacidad presupuestaria. Pero sólo hay
una pregunta que usted no ha contestado, y es básica: ¿hay que pagar
estos gastos? Porque, señor Solbes, si hay que pagar estos gastos y son
contraídos en 1995, aunque sea desde una interpretación laxa, que desde
luego nosotros no compartimos, de algunos preceptos de la Ley General
Presupuestaria que he explicado reiteradamente a la Cámara, tendremos que
saber a qué presupuesto se va a aplicar ese pago. Y el señor Solbes
claramente nos ha dicho: estos créditos, contraídos en 1995, no
contabilizados en 1995, decididos por este Gobierno, los tiene que pagar
el presupuesto del año 1996.
Esa es su estrategia desde el principio, señor Solbes. Desde el
principios se trata de que ustedes nos dicen: nosotros contrajimos unas
deudas con suministradores, con expropiaciones, una serie de hechos
económicos reales, no ficticios, que no vamos a contabilizar en el
ejercicio de 1995, porque así podemos decir que hemos cumplido el Plan de
Convergencia. Seguramente, señor Solbes, a usted, de todos los aquí
presentes, es al que más le tiene que sonar este tipo de cosas porque son
a las que usted regularizó en el año 1993.
Quiero recordarle, además, señor Solbes sus primeras palabras en esta
intervención. Usted no vino aquí
en el año 1993 ni con una memoria económica, ni con un informe de la
Intervención General del Estado, ni con nada. Vino simplemente a decir:
el Gobierno anterior, al cual yo pertenecía, que tenía el mismo
Presidente de Gobierno y cuyo Ministro de Economía y Hacienda era el
portavoz del Grupo Parlamentario que me sostenía, había ocultado gastos
por un billón 300.000 millones de pesetas.
Pues bien, la pregunta que yo le hago a usted, señor Solbes, en términos
políticos, es: ¿Usted cree que los gastos decididos, pero no
contabilizados por el Gobierno saliente en el ejercicio anterior, deben
ser no sólo pagados, inevitablemente, sino contabilizados en el ejercicio
de 1996? Nuestra contestación es que no. Y la contestación es negativa no
por razones políticas, sino por la aplicación de los criterios básicos de
la Ley General Presupuestaria que, incluso después de más de diez años de
medidas como las que he descrito, todavía exige que el criterio anual y
el criterio de devengo sean los básicos para la aplicación de los gastos
públicos. Su señoría lo que nos ha explicado es cómo podían ustedes
hacerlo, y eso ya lo he hecho yo, pero está bien que usted lo reitere.
Voy a ir uno por uno repasando sus argumentos. Primero ha dicho usted que
nosotros hemos utilizado a la Intervención General del Estado. Mire,
señor Solbes, a la Intervención General del Estado no la ha utilizado
nadie. La Intervención General del Estado ha hecho, en este caso, algo
que en su caso no hizo, que es emitir un informe que yo le he pedido al
Interventor General. (Rumores.) Es mi responsabilidad darles a ustedes
información. Si ustedes no la quieren. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Los Ministros que están aquí sentados sabrán perfectamente cómo
se produce una afloración de obligaciones no reconocidas. Precisamente
como son obligaciones no reconocidas, y lo dice el informe de la
Intervención General, son los gestores nuevos los que se los encuentran,
sin duda. ¿Quién se los va a encontrar, si ustedes ya habían tomado todas
las medidas para que no se los pudiera encontrar nadie, si ustedes no los
tenían en sus presupuestos, si ustedes a final de año sabían que tenían
estas deudas y no las quisieron incluir? ¿Qué hicieron ustedes?
Sencillamente no aflorar esos gastos. Los nuevos gestores se los
encuentran, y como es natural lo ponen en conocimiento de las
intervenciones delegadas. Por si ustedes no lo saben --y el señor Solbes
lo sabe muy bien--, en todos los ministerios hay Intervención Delegada y
es la Intervención Delegada... (Rumores.) Señorías, yo estoy contestando
a las argumentaciones del señor Solbes que, por ejemplo, a las
intervenciones delegadas de los ministerios no ha querido ni
mencionarlas, porque sabe perfectamente que cuando el Gobierno obtiene
las informaciones de esas intervenciones delegadas a través de la
Intervención General del Estado y que llegan a la Dirección General de
Presupuestos, cosa que he mencionado en mi anterior intervención, es
cuando el Gobierno es consciente de cuál es la cuantía --si es que hay
alguna-- de créditos no aflorados, de obligaciones no reconocidas de
ejercicios anteriores. Esto es lo que hemos hecho.
Y para que SS.SS. tuvieran una información, que no tuvieron las señorías
del año 1993, ni las del año 1983 --porque éste es el segundo precedente
que algunos de ustedes recordarán--, hemos pedido al Interventor General
del Estado que les remita un informe. ¿Que a ustedes les parece
superfluo? Seguramente les debe de parecer superfluo cuando ustedes no lo
hicieron. Pero yo les pediría --y es un consejo de sentido común nada
más-- que todo lo que ustedes no hagan no les parezca superfluo, porque
hay cosas que ustedes no hacen y que seguramente se deberían de hacer, y
desde luego en términos de contabilidad muchísimas. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.) Dice el señor Solbes que esta es una
iniciativa política. Que los gestores se encuentren con que hay créditos
no aflorados y lo pongan en conocimiento de los interventores delegados
es una iniciativa política. Si usted lo considera así, no sé si es una
iniciativa política o gerencial, pero me parece imprescindible. Yo me
preguntaría, y no me queda más remedio que hacerle la pregunta, cuál fue
su iniciativa cuando afloró un billón 300.000 millones de pesetas, ¿Una
iniciativa política? ¿Eran problemas dentro del partido? Según S.S. no
tenía nada que ver, no era más que un presupuesto que se afloraban gastos
que no estaban contabilizados. Según S.S. no tiene nada que ver con lo
que estamos hablando esta mañana pero yo creo que es exactamente lo
mismo.
Vamos a los argumentos del señor Solbes sobre los gastos en concreto.
Dice el señor Solbes como primer argumento que esto no hubiera sucedido
con un presupuesto prorrogado. ¿Por qué? ¿Hubiera metido usted todos los
gastos de l995 que estaban sin contabilizar en el presupuesto de l996?
¿Esa era su técnica? Está bien que lo reconozca. Es lo que yo he dicho
que usted hacía, pero me encanta que usted lo reconozca.
Vamos a ver qué sucedió con el presupuesto prorrogado, porque de la
intervención del señor Solbes SS.SS. habrán pensado que el presupuesto
prorrogado fue absolutamente distinto del proyecto de presupuestos
presentado por el señor Solbes. Señorías, el presupuesto rechazado tenía
créditos no financieros por l7 billones 891.327 millones de pesetas. El
presupuesto prorrogado, después de aplicarle el acuerdo de no
disponibilidad y de aplicarle el Real decreto de prórroga presupuestaria,
¿saben ustedes cuántos créditos no financieros tiene? Diecisiete billones
836.400 millones de pesetas. Cincuenta y cuatro mil millones de
diferencia. Usted prorrogó un presupuesto que era exactamente el
presupuesto que hubiera presentado y lo hizo.
Señorías, muevan la cabeza donde quieran; las cifras están aquí. Lo hizo
con la técnica de declarar no disponibles los gastos que usted quería
reducir o que usted creía que se podían reducir, el Inem, y declarar
crédito extraordinario los gastos que usted quería aumentar. Al final las
cifras son estas. No discutamos sobre las cifras; por lo menos estemos de
acuerdo en que l7 billones son lo mismo en un caso que en el otro. Por
tanto, aquí no hay un efecto del presupuesto prorrogado, salvo, señor
Solbes que su grupo fuera a incluir enmiendas para hacer que los gastos
ocultos no contabilizados del año l995 pasaran al año l996. Cosa que, por
cierto, como he descrito el Tribunal de Cuentas ha venido denunciando de
manera sistemática a lo largo de los últimos años. Por tanto, ustedes lo
estaban haciendo.
Ustedes cuando estaban en el Gobierno no consideraban que las opiniones
del Tribunal de Cuentas fueran más que criterios contables, y ahora
cuando están en la oposición no valoran lo que dice la Intervención
General del Estado. Al parecer desde el punto de vista del Grupo
Socialista los únicos criterios contables son los de ustedes. Aparte de
que esa sea una posición que no se cómo calificarla, en cualquier caso es
la suya. no cabe duda que la primera página del informe de la
Intervención General del Estado dice claramente que todos estos gastos
tienen un denominador común. Se trata de operaciones que debieron tener
reflejo en los presupuestos anteriores a l996, la mayoría en l995. Por
cierto, señor solbes, cerrada la contabilidad de l994 por el INE en
septiembre de l995, como es preceptivo, usted sabe que la aplicación
exige que se aplique en l995. Eso lo sabe usted igual que yo.
Sigamos adelante con los argumentos del señor Solbes sobre cómo hacer que
los gastos no sean responsabilidad de quien los decidió y del período en
que se devengaron. Se trata de eso. Usted no ha negado en ningún momento
que esos gastos existieran. Usted no ha dicho en ningún momento: no es
verdad que no hayamos pagado expropiaciones, no es verdad que no hayamos
hecho obra nueva en estas cantidades, no es verdad que no hayamos tomado
la decisión de no contabilizar las mutualidades, y de eso hablaremos
después. Aunque todo eso es verdad, ustedes dicen vamos a contabilizarlo
de manera que nosotros no seamos responsables. Esa es su actitud,
exactamente la que usted nos ha transmitido y la que nosotros estamos
corrigiendo en este Real Decreto-ley y que pretendemos corregir para
todos los gobiernos en el futuro.
El señor Solbes ha dicho que pretendemos ensombrecer la labor del
anterior Gobierno. Señor Solbes, como herencia lo que trataba era de
ensombrecer la labor del Gobierno actual. Llàmelo como quiera.
(Aplausos.) Esto, señor Solbes, no está en ninguno de los documentos que
ustedes dejaron a sus sucesores, en ninguno, porque no estaban
contabilizadas, señor Solbes, y sólo ha hecho usted referencia a que
habían unos créditos extraordinarios. Por cierto, es sorprendente que,
habida cuenta de que todo el mundo sabía que las elecciones se iban a
celebrar en el primer trimestre de 1996, usted, que era Ministro de
Economía y Hacienda, ha decidido mandar unos créditos extraordinarios
para regularizar la situación de gastos no contabilizados en 1995, que
nunca pudieran ser tramitados. Mucha diligencia para tramitarlos no tuvo
usted, ni mucha prisa para que las cuentas de 1995 fueran fiables
tampoco.
Pero es que además, señorías, porque el señor Solbes no se lo ha dicho,
debe saber que en el total de 28.186 millones de pesetas de créditos que
estaban en tramitación, el señor Solbes había enviado a las Cortes 4.000,
y estaban, en lo que el señor Solbes llama en tramitación, la mayor parte
de ellos en un principio de expediente en la Dirección General de
Presupuestos 24.000, es decir, el 85 por ciento de ellos. No tuvo usted
mucha diligencia con los 4.000 ni con los 24.000, y no puede decir que no
conocía esas partidas porque las conocía usted perfectamente.
El señor Solbes nos dice que hay unas partidas que no tienen reflejo
financiero. Ya se lo he dicho yo. Usted lo dice y yo estoy de acuerdo, no
lo tiene, pero hay que regularizarlas presupuestariamente. Usted estará
de acuerdo conmigo. Además, quiero recordarle que en los del año 1993
también se hicieron regularizaciones de cuotas sociales, de mutualidades.
Usted las hizo, no yo, usted. Por tanto, exactamente igual.
Pero, como estaremos todos de acuerdo, el problema presupuestario
económico y político no está en las partidas que estaban simplemente con
anticipos de tesorería, sino que está en aquellas que no estaban pagadas
ni contabilizadas. El debate sería otro si estuviéramos hablando
exclusivamente de partidas de anticipos de tesorería, que, por cierto,
siempre han sido regularizadas. En el año 1983 lo fueron y también en el
año 1993.
El señor Solbes nos habla del contrato-programa de Renfe. Sí, ya sé que
su decisión era que el Gobierno de 1998 asumiera la totalidad del desfase
de las diferencias entre el contrato-programa y las aportaciones
presupuestarias. Pero eso, contablemente, con el criterio de devengo y de
anualidad no es sostenible, señor Solbes. Que usted utilizaba la Ley
General Presupuestaria para tratar de evitar las consecuencias de sus
decisiones, ya lo sé, y que incluso una interpretación extensiva de lo
que ustedes habían hecho en la Ley General Presupuetaria hace que eso en
este momento no sea una infracción, también lo sé, pero no es una
exigencia. La primera exigencia que usted tenía era que sus presupuestos
reflejasen fielmente el devengo de las decisiones tomadas en la anualidad
de cada ejercicio, y usted, sistemáticamente y en este momento no lo ha
demostrado, intenta hacer exactamente lo contrario. Ya sé
que usted pretendía que la deuda del Estado con Renfe por incumplimiento
del contrato-programa fuera radicalmente enviada al año 1998, pero es que
no se trata de eso, señor Solbes, se trata de que vayamos asumiendo en
cada año las deudas que tenemos con Renfe que reflejen claramente el
déficit presupuestario de cada año.
En cuanto a las becas, señor Solbes, le voy a leer párrafos exactos de lo
que dice la Intervención delegada del Ministerio de Educación. La única
razón para no aplicar estar partidas al presupuesto es la falta de
crédito, es decir, había ciudadanos que tenían derecho a estas becas,
porque las becas no se pagan la mitad a los ciudadanos. El señor Solbes
parece que ha dicho que los chicos y las chicas de las becas vienen, les
damos un dinero en septiembre, y los mismos vienen y les damos un dinero
en enero. No, hay unos que vienen y otros que se van. Ustedes a algunos
no se las han dado, y les recuerdo que, además, las intervenciones
delegadas están haciendo análisis de la situación a junio y julio del año
1996. ¿Dónde está el curso escolar?
La Intervención delegada del Ministerio de Educación dice que obligó a
desplazar su aplicación en ejercicios futuros. Los 30.337 millones de
pesetas que figuran en el Real Decreto-ley se atribuyen a tres partidas.
Sobre la compensación de tasas universitarias, la intervención delegada
manifiesta en su informe que el importe total ascendía a 19.361 millones,
de las que se aplicaron a 1995 sólo 7.000; el resto, 12.200 no se aplicó
por falta de crédito.
Becas con carácter general que se tramitaron, solicitudes que reunían
todos los requisitos para la concesión, por 26.000 millones, de los que
únicamente se pudieron aplicar al presupuesto 10.000 millones y el resto
estaba sin crédito, y becas de carácter especial, que al igual que en el
caso anterior, las becas fueron tramitadas y concedidas en el ejercicio
1995 sin que se pudieran aplicar al presupuesto por falta de crédito.
En cuanto a las mutualidades de funcionarios, Señor Solbes, usted
confunde el criterio de devengo con el de pago y lo confunde, además, a
propósito. El Ministerio de Economía y Hacienda podrá pagar a la
Mutualidad de Funcionarios en un momento dado, pero la aplicación a
déficit presupuestario del año 1995 habrá que hacerla en el año 1995,
porque en esta contabilidad de que nada responde a ningún principio
estable, en que cualquier crédito puede traspasar anualidades sin cuento,
¿dónde está la fiabilidad de los números en los que nos tenemos que
mover, señor Solbes? Usted conoce cuáles son los requisitos que exige la
contabilidad europea y en ningún caso permite que se produzcan estas
situaciones. Claro que usted puede decidir que si la Mutualidad de
Funcionarios no necesita el pago usted no lo produce, pero tendrá que
contabilizarlo. Si es de lo que estamos hablando. Estamos hablando, señor
Solbes, de que usted ha evitado la contabilización de las partidas que
aparecen en este crédito para poder decir que usted había hecho un ajuste
presupuestario que no hizo.
En cuanto a los créditos ampliables, son ampliables en un ejercicio, no
son ampliables en todos los ejercicios. Le recuerdo que cuando usted
regulariza el Inem --que es un crédito ampliable-- usted lo hace por
decreto-ley como crédito extraordinario.
Respecto de las inversiones, y llama la atención que usted nos hagan esta
pregunta, yo se lo preguntaría a ustedes pues no entiendo su definición
de posterior, señor Solbes, ¿son decenios? la pregunta es: ¿Cómo es
posible que en obras de emergencia se hayan gastado 61.575 millones de
pesetas sin después, posteriormente, como les exige la ley --no entiendo
su definición de posterior, señor Solbes, ¿son decenios?-- haberlas
contabilizado? ¿Cuáles? No serán las de sequía, porque esas se
convirtieron en decretos-ley que pasaron por aquí ¿Qué pasaba con las
obras de emergencia, que eran tan de emergencia que no se contabilizaban?
¿En esa sensación de emergencia vivían ustedes?
Cualquier español que recuerde la situación política en el último año de
la pasada legislatura, seguramente comprende que estaban ustedes en
situación de emergencia, ¿pero a este extremo? ¿No contabilizaron ustedes
65.000 millones de pesetas de obras de emergencia (Un señor Diputado:
¡Muy bien!--Aplausos.). No obstante, tampoco contabilizaban ustedes las
expropiaciones. Ocupaban ustedes terrenos con un sentido más militar que
presupuestario (Risas.). Es decir, no es excesivamente correcto y lo
vamos a corregir, pero que la Ley de Expropiación Forzosa permita la
ocupación en casos de emergencia antes de la habilitación de los créditos
y del pago del justiprecio, no quiere decir que eso sea para siempre.
Deberían ustedes haber tomado medidas presupuestarias inmediatas, salvo
que no se hablaran ustedes y no supiéramos nada, que usted no supiera lo
que hacían de obras de emergencia en otros ministerios, lo cual a lo
mejor pasaba también en el Plan de Vivienda, ¿verdad, señor Solbes?
Me ha pedido usted le indique la revisión de precios o liquidaciones y
los contratos de obra nueva. La mayor parte son revisiones de precio,
aproximadamente 60.000 millones de pesetas, y contratos de obra nueva son
unos 6.000 millones de pesetas. Para que nos hagamos una idea de lo que
estaba pasando --y lo he mencionado-- con las incidencias contractuales
en el año 1992 las incidencias contractuales cuya aprobación se retrasó
fueron 39.000 millones de pesetas; en el año 1993, 37.000 millones de
pesetas. Sin embargo, después pasamos a 41.000 y a 54.000 millones de
pesetas; es por tanto llamativo el efecto que se ha producido sobre los
gastos.
De todas maneras, señor Solbes, como usted ha hecho algunas afirmaciones
(Un señor Diputado: llamativas.) realmente llamativas --no sé si
ciertas--, sobre
las intenciones, le voy a hacer una pregunta sobre intenciones. Según el
anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General
del Estado del año 1994, que ya se ha enviado a alegaciones, se hace
referencia a que las obligaciones de 1994 aplicadas a los cuatro primeros
meses de 1995 eran de 50.000 millones de pesetas ¿Por qué en su caso
estamos hablando de 165.000 millones de pesetas? ¿Por qué, cuando usted
era el mismo Ministro de Hacienda, en los años 1994 y 1995, tuvo usted
buen cuidado de que en los cuatro primeros meses sólo se aplicaran 50.000
millones de ejercicios anteriores y, cuando usted va a dejar de ser
Ministro de Hacienda, aplica usted 165.000? ¿Qué intención tenía usted,
señor Solbes? Me gustaría muchísimo saberla. ¿No tendría usted la
intención de ponérselo más difícil al Gobierno siguiente, verdad? No se
me podría pasar por la cabeza. (Risas.-- Rumores.)
También es importante, señor Solbes, tener en cuenta, ya que, al parecer,
S.S. no acepta los criterios de la Intervención General de la
Administración del Estado y, cuando estaban en el Gobierno, tampoco
aceptaban las del Tribunal de Cuentas, que por lo menos lo que dice la
SEC deberían ustedes entenderlo y aceptarlo.
Desde el punto de la contabilidad nacional, del sistema de cuentas
económicas integradas, establece el principio de devengo para las
siguientes cuestiones: el consumo intermedio de las ramas de las
administraciones públicas se registra en el momento en que se compran
--en el momento que se compran--, los bienes y servicios: la formación
bruta de capital fijo se registra en el momento en que los bienes de
capital se ponen a disposición del comprador, repito, cuando se ponen a
disposición del comprador; la adquisición neta de activos inmateriales se
atribuye a la totalidad del período en que las inversiones se realizan.
Es decir, el criterio de devengo --al que usted no hace ningún caso-- es
el criterio a que estamos obligados por Europa y, precisamente, parece
realmente llamativo que usted, precisamente usted, pretenda convencernos
de que no hay nada más sano para un Gobierno que contabilizar sus gastos
en los ejercicios posteriores a los que se ha producido el devengo.
Ha hablado usted de vivienda. Es importante, y voy a volver un momento a
las obras de emergencia, porque a las obras de emergencia usted realmente
les ha dedicado mucha explicación para convencernos de que no había nada
más normal que hacer obras de emergencia sin contabilizar, por lo cual
cabe hacer la misma pregunta sobre intenciones, señor Solbes. Me la va
usted a contestar, ¿verdad? Vale.
En el año 1992, en la Dirección General de Obras Hidráulicas, del actual
Ministerio de Fomento, se contratan obras de emergencia por valor de
7.000 millones de pesetas; en el año 1993, de 39.000 millones; en el año
1994, de 14.000 millones y en el año 1995, de 90.000. Pero, de enero a
mayo de 1996, héteme aquí que las emergencias no se acaban y ustedes
contratan 40.000 millones por el sistema de emergencia que no estaban
aflorados. Señor Solbes, está bien, ¿eh? ¿Qué intención tenían ustedes
con ese ritmo? La verdad que es difícil de saber.
Desde el punto de vista de la política de vivienda, le voy a decir lo que
ha sucedido. Lo presupuestado por ustedes para el año 1995 permitió pagar
las subsidiaciones de intereses correspondientes a la primera mitad del
año; es decir, la primera mitad del año y, después, se acabó. No sé lo
que ustedes decidirían en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos,
pero serían ustedes conscientes de que se había acabado el dinero en la
primera mitad del año. La insuficiencia presupuestaria de la política de
vivienda, superior a 50.000 millones de pesetas, es el coste adicional
que supuso para los ejercicios de 1994 y 1995 el plan de viviendas
1992/95, que el Ministro del Moptma, entonces el señor Borrell, impulsó,
pero que usted nunca quiso aceptar presupuestariamente.
Hablando de quién gana dinero aquí, ya que usted ha querido hacer esa
referencia sobre el dinero de las mutualidades, y le vuelvo a repetir que
una cosa es el devengo y otra es el pago, ustedes, con los intereses de
demora, ¿a quién están beneficiando? (Un señor Diputado: A los que
compran.) De momento hay 7.000 millones de intereses de demora. ¿Qué
pasa? ¿Que los han hecho ustedes con intención de beneficiar a alguien?
Porque, como tienen ustedes la obsesión del beneficio y acaban ustedes de
salir del Gobierno, yo no sé si lo han llevado ustedes saiempre al mismo
límite. ¿O sea que ustedes presupuestaban mal para que los acreedores se
beneficiaran del Estado? No me extrañaría nada tal y como ustedes
describen las cuestiones. Y si ustedes presumen que nosotros tenemos
alguna intención, tendrán que comprender que se ponen ustedes en un nivel
en el que las presunciones serán para todos. (Rumores.) De momento
nosotros, respecto a las mutualidades, lo que vamos a hacer es
contabilizar correctamente y pagar en el momento que más convenga al
Estado. Ustedes, con su política presupuestaria, han beneficiado, y
mucho, a aquellos que se beneficiaban de los intereses de demora.
El señor Solbes nos ha querido dar después una lección ded cómo se sube
el impuesto sobre el tabaco. No creí, señor Solbes, que íba a hacerlo;
pero, al final, no se ha podido usted contener. Bueno. No ha contado cómo
lo hacía usted, verdad, señor Solbes, y los efectos en la Hacienda
pública; pero lo voy a contar yo, porque así nos enteramos de todo,
¿verdad señor Solbes? (Rumores.) Lo dije en mi primera intervención y
supuse que usted lo íba a entender; los demás, tal vez no lo entendían,
pero ahora lo van a entender.
El Gobierno, como he dicho, tomó la decisión de evitar que se produjera
el máximo acaparamiento y, al mismo tiempo, garantizar que se produjera
la menor lesión para los intereses de la Hacienda pública. ¿Qué sucedía
antes, señor Solbes? Pues que los aumentos de los impuestos especiales
del tabaco se anunciaban en la Ley de Presupuestos, había noventa días de
diferencia, y en esos noventa días pasaban cosas de las que ustedes eran
plenamente conscientes porque tenían un delegado del Gobierno en la
Tabacalera como lo tenemos nosotros. Pasaba nada más y nada menos que si
la media mensual de venta de cajetillas en cualquiera de esos años era de
315 millones, de repente, en diciembre de 1994 se vendieron 595 millones
de cajetillas y en diciembre de 1995 se vendieron 692 millones. Eso se
llama acaparamiento, señor Solbes, eso se llama negocio a base de comprar
productos de los que se sabe que van a subir los impuestos antes de que
suban los impuestos porque el Gobierno lo anuncia con treinta, con
sesenta, con noventa días de anticipación. Eso es lo que sucedía cuando
usted tomaba las decisiones, señor Solbes. (Aplausos.)
Por tanto, señor Solbes, vuelvo a preguntarle para que lo piense usted
mucho cuando hace las preguntas, porque las preguntas que usted haga se
las voy a hacer yo a usted: ¿a quién beneficiaban ustedes con esto, señor
Solbes? ¿A los señores que han protestado en Televisión porque no se
podía hacer en este caso? ¿Eran ésos los beneficiarios de esta operación?
(Aplausos.) Le voy a hacer la pregunta, señor Solbes, y espero que me la
conteste usted. (Aplausos.) Era tan obvio que subir el impuesto del
tabaco anunciándolo el día lº de octubre y aplicándolo el 1º de enero iba
a producir estos efectos, y si no era obvio para un Gobierno tan experto
como el de ustedes lo tuvo que ser cuando vieron las cifras, y puesto que
me hace usted preguntas, señor Solbes, se las tengo yo que hacer a usted.
¿A quién beneficiaban ustedes con esto? ¿A quién? ¿A la Hacienda Pública?
A los usuarios, no. ¿Quién acaparaba este doble de millones de cajetillas
y qué sucedía con ellos? ¡Se ganaba mucho dinero, señor Solbes! ¡Claro
que se ganaba mucho dinero!
En nuestro caso ha habido dos días y un aumento de diez millones de
cajetillas sobre las cifras normales. Por tanto, la gente estaba muy
acostumbrada a que ahí había grandes oportunidades porque el Gobierno era
extraordinariamente generoso.
Pues bien, señor Solbes, desde el punto de vista del abastecimiento y si
ustedes hubieran hecho un poquito los deberes, aparte de preparar sus
discursos podían haberse puesto en contacto con la Asociación que dirige
los estancos y les hubieran indicado claramente que no ha habido ningún
desabastecimiento porque se dio doble abastecimiento del normal en esos
dos días y, al mismo tiempo, había una gran cantidad de estancos cerrados
por las fechas. En cualquier caso, señor Solbes, me encantará que usted
me conteste a las preguntas que yo le he hecho. (Un señor Diputado: ¡Al
revés!?) ¡Sí, al revés! ¡Al revés! ¡Ganaban dinero los otros! Sí. ¡La
Hacienda Pública ganaba dinero! ¡En enero había mucha gente que vendía
cajetillas que había comprado a precio antiguo! (Rumores.) Si, al revés,
al revés.
Me parece, señor Solbes, que he contestado a todas sus preguntas. Esto
será de libro también, supongo. De momento es de libro para nosotros, no
cometeremos ese error con la subida de impuestos del tabaco. Es de libro,
no hacerlo como ustedes. (Rumores.)
Señor Solbes, creo que usted ha dicho al principio de su intervención que
el voto era necesariamente negativo. No le puedo pedir otra cosa. Si
usted reconociera aquí que expresamente ha retrasado la afloración de
créditos para que el Presupuesto de 1996 tuviera que desplazar créditos a
1997... Por cierto, usted ha dicho que hemos tomado esta medida para
tener más crédito en 1996. ¿Cómo, señor Solbes? ¿Quiere usted decir que
vamos a poder ejecutar el Presupuesto de 1996 prorrogado después de los
dos límites de no disponibilidad de un billón 50.000 millones tal y como
aprobó esta Cámara en la prórroga? Perdón, no esta Cámara, sino tal y
como se produjo la prórroga y tal y como aprobó el Decreto-ley de crédito
extraordinario. Efectivamente, señor Solbes. Vamos a tratar de que las
partidas que esta Cámara conoce para ejecutar en 1996 sean exactamente
las que ejecutemos en 1996 y no las suyas. Efectivamente, señor Solbes,
esa es la intención, pero no vamos a aumentar para nada los créditos de
1996, y usted lo sabe.
Segundo, dice que con esto vamos a tener una mejor comparación con 1997,
señor Solbes. Ahí sí que no le entiendo de ninguna manera. El presupuesto
que presente el Gobierno para 1997 se comparará con las cifras iniciales
de1996, no con las cifras de 1995. Por tanto, nos compararemos con el
presupuesto prorrogado, del que le he dado las cifras, después del límite
primero de no disponibilidad.
Comprendo señor Solbes que ustedes no puedan votar a favor, y eso es
lógico políticamente, pero con todo lo demás, señor Solbes, nos quiere
demostrar, una vez más, que en España es posible hoy, con la legislación
vigente, que el presupuesto no refleje la realidad. Es verdad, es
posible; y precisamente por eso nosotros no sólo queremos que el
presupuesto refleje la realidad, sino que vamos a cambiar la ley para que
sea imposible hacer lo que ustedes han hecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Señor Solbes.
El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias.
Señor Vicepresidente, veo de su intervención que usted reconoce
palmariamente que engañó a los españoles (Rumores.--Risas.--Aplausos.)
cuando el día 25 de julio afirmó textualmente que sería una
irresponsabilidad que el Gobierno diera cauce jurídico y parlamentario a
una petición de la Intervención General del Estado. Usted engañó a los
españoles. Esa petición apórtela al Parlamento.
Segundo punto. El informe apócrifo de la Intervención General del Estado
únicamente detecta como posibles problemas un supuesto, el cuarto de
inversión nueva, que usted ahora dice que son 6.000 millones de pesetas.
Del total de los 170.000 millones del Ministerio de Obras Públicas, se
podrían plantear problemas, no se plantean, en 6.000 millones de pesetas.
(Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, no estoy
cabreado, en absoluto. (Risas.) Ese es el problema del tremento agujero
que ustedes están aireando en estos momentos para el Ministerio de Obras
Públicas. Yo no detecto ningún otro problema de ilegalidad, de acuerdo
con el informe de la Intervención General. Hay una opción de utilizar las
posibilidades legales de una u otra forma. Ustedes prefieren hacerlo de
otra forma. Ya he dicho que están ustedes en su derecho, pero es un
problema distinto. Ustedes han optado por reconocer esos setecientos y
pico mil millones por las razones que crean convenientes, y luego volveré
a ello.
Usted, como siempre, hábilmente trabuca las palabras, trabuca lo que
decimos y trabuca las cifras. Les voy a exponer algunos casos.
Me atribuye que he dicho que no habría ningún problema si hubiéramos
aprobado los presupuestos. Yo no he dicho eso; he dicho que los problemas
hubieran sido distintos y que en parte los problemas están resueltos.
Usted confunde los créditos contraídos antes del 31 de diciembre de 1995
con las tensiones presupuestarias existentes en los Ministerios, y queda
claramente reflejado, como le decía, en el apartado 3 de la página 6,
cuando titula obligaciones generadas sin crédito antes del 31 de
diciembre de 1995 --ese es el título, para que quede claro de lo que
estamos hablando-- y a continuación dice: hay que reconocer que en la
mayor parte de los casos no se han adoptado estas decisiones. Entonces no
hay créditos contraídos en 1995; hay tensiones presupuestarias en los
ministerios, que es un problema radicamente diferente.
A partir de ahí usted entra en algunos puntos concretos, entre ellos, por
ejemplo, el año 1993. El año 1993 era radicalmente diferente. Si usted
recuerda, el año 1993 tiene una caída de ingresos de un billón de pesetas
y un desfase de gastos de aproximadamente 700.000 millones de pesetas en
gastos del Inem como consecuencia del desempleo. Nada que ver con los
temas que ustedes están planteando.
Usted dice que no valore lo que dice la IGAE. Lo valoro perfectamente,
pero me hubiera gustado contar con un informe de la IGAE como Dios manda,
con registro, con firma, con responsabilidad de alguien, con número de
referencia de ese informe, no esa especie de hoja volandera que ustedes
nos mandaron el viernes. (Risas.)
Usted hace referencia a que las cifras del presupuesto prorrogado y del
presupuesto antiguo son las mismas. ¡Hombre, un poco de seriedad! ¡Usted
ya es Ministro de Economía y Hacienda! El hecho de que las cifras sean
las mismas no quiere decir que el contenido sea igual y el contenido no
era igual. Como tampoco es seria su afirmación de que de los créditos
extraordinarios sólo 4.000 estaban en el Parlamento, alguno por cierto
desde el año 1994, cuando usted sabe que los créditos extraordinarios
tienen un procedimiento que implica la definición de la Intervención
General de la liquidación de las cuentas, el informe del Consejo de
Estado, etcétera. Todo ese procedimiento, que exige mucho tiempo, es lo
que estaba en marcha. Por tanto, no nos haga más trampas y no nos cuente
cosas que no son correctas.
Usted se ha referido al problema Renfe. El problema Renfe se lo he
contado y se lo vuelvo a contar. El contrato de Renfe se firma al final
del año 1994. Era imposible que en el presupuesto del año 1994 se
incluyese esa cuantía. Venía negociándose desde hace mucho tiempo.
Tampoco se puede incluir en 1995, porque el presupuesto de 1995 ya está
en tramitación muy avanzada, por eso hay que incorporarlo a deuda y
evidentemente definir la deuda de Renfe de una forma distinta.
En cuanto a las becas, lo siento mucho, se pagan en dos partes, le guste
a usted o no. Una parte en octubre y otra parte en abril.
En relación al problema de Muface, también le guste o no le guste, si
usted devenga --y puede usted devengar más para Muface-- le deberá más,
pero no sirve para resolver ningún problema. ¿Dónde prefiere usted cortar
los devengos? ¿En Muface, que no le hace ninguna falta y que ya tiene
excedente de tesorería, o prefiere usted cortar los devengos en otro tipo
de inversiones? Usted lo que me puede decir es que esa situación había
que corregirla, y ya le he dicho que se corrigió en el proyecto de
presupuestos del año 1996, cuando redujimos las cotizaciones sociales que
entonces se planteaban.
A partir de ahí usted entra en el tema de la contabilización de la SEC.
Yo no le digo si la contabilización va a ser de una forma o de otra. Yo
lo que le digo es que no le corresponde ni al Ministro de Economía y
Hacienda ni al Gobierno definir cómo se va a hacer la contabilización.
Corresponde al INE, en su independencia, tomar estas decisiones y a
Bruselas, desde luego, el control correspondiente.
En cuanto a las obras hidráulicas, usted hace referencia a una
acumulación de los gastos de emergencia en los años 1995 y 1996. Claro,
han sido años de problemas específicos de financiación de las obras de
sequía y normalmente se plantea de esa forma.
En el problema del tabaco es evidente que la diferencia básica se
encuentra no donde usted la plantea. Nuestros incrementos de tabaco eran
relativamente pequeños, eran los incrementos correspondientes a la
inflación de cada año y, en consecuencia, esos problemas de inflación
normalmente no provocaban los temas de especulación que se han planteado.
¿Me puede usted decir cuál es la explicación de la caída de la cotización
tan brutal de Tabacalera en el mercado? Yo creo que ésa es una buena
pregunta y le corresponde a usted como Gobierno empezar a contestar y no
a mí.
¿No entiende usted cómo se consigue más crédito en el año 1996 y en el
año 1997? Se lo voy a explicar de forma muy fácil. Si usted tiene, por
ejemplo, previsto para este año 20.000 millones para el Ministerio de
Interior, o equis miles de millones, y usted los paga con dinero del año
pasado, evidentemente usted puede pagar más dinero este año. ¿Que la
cuantía total es la misma? ¡Por supuesto que la cuantía total es la
misma! Lo que sucede es que usted tiene una posibilidad de comprometer
gastos distintos. En términos globales la cifra es exactamente igual, en
términos de autorizar nuevo gasto, evidentente, usted puede autorizar
nuevo gasto. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto,
vuelvo a mi argumento. Lo lamento, señor Vicepresidente, pero el informe
de la Intervención General está hecho a petición de parte. No es el
informe que sirve para la elaboración del Decreto-ley. Es, sin embargo,
un informe que no pone de relieve ningún tipo de ilegalidad por parte del
anterior Gobierno. Por supuesto hay opciones de tipo contable que ustedes
han preferido elegir de una u otra forma y, desde luego, yo creo que en
muchos casos ello va a crear problemas de cierta envergadura en términos
de cumplimiento de Maastricht, en términos de déficit y en términos de
fondos de cohesión. Esa era su opción. Tenían derecho a hacerla. Ustedes
la han hecho, pero no es una opción consecuencia de la responsabilidad
del Gobierno anterior y, desde luego, la subida de los impuestos es una
medida que me parece que ustedes la han tomado porque lo han considerado
oportuno, pero no ha sido por las razones planteadas. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Seré muy breve.
Vamos a ver, señor Solbes. Usted quiere crear la sensación de que el
Gobierno ha exigido un informe a la Intervención General del Estado. Yo
se lo he dicho: no hemos exigido ningún informe. Hemos pedido que, para
que SS.SS. lo tuvieran, a diferencia de lo que SS. SS. hacían cuando
gobernaban, la Intervención General del Estado hiciera un informe que no
fue la base del Decreto-ley. Usted lo sabe; si se lo he dicho. No es la
Intervención General del Estado la que remite la información de los
ministerios, son las intervenciones delegadas. Hay un expediente en cada
intervención delegada en cada ministerio. Le he leído algunos párrafos
del de Educación. Por tanto, señor Solbes, usted trata de desvirtuar un
hecho que yo creí que usted iba a valorar positivamente y es que le
diéramos información donde usted no la daba pero, al parecer, es un error
que hemos cometido y que, en cualquier caso, supongo que al resto de los
grupos de la Cámara les podrá beneficiar.
Hemos encontrado el meollo de la cuestión. Para usted contraer
obligaciones sin reconocer los créditos se llama tensiones
presupuestarias. Este es problema, señores.
Señorías, cuando un ministerio, por poner siempre el mismo ejemplo (no
trato de centrar todo el debate sobre estas cuestiones) ocupa un
determinado terreno o, cambiemos de terreno, cuando un ministerio no
satisface su contrato-programa, o cuando un ministerio no paga en año y
medio el teléfono, pero no sólo no lo paga, sino que no lo contabiliza,
cuando al señor Solbes le llegaban estas noticias decía: bueno, son
tensiones presupuestarias entre los ministerios ¿para qué nos vamos a
preocupar?, la vida está llena de tensiones. ¿Qué haríamos si no hubiera
tensiones? Y dejémoslo al siguiente. Es una gran mentalidad, señor
Solbes. Así hemos llegado a no cumplir el plan de convergencia en ningún
año porque, indudablemente, si su criterio como Ministro de Economía era
que contraer obligaciones con terceros no debía tener reflejo
presupuestario, independientemente de los pagos, así hemos llegado donde
hemos llegado. Porque para usted todo eran tensiones presupuestarias que
supongo que usted consideraría que formaban parte de la sal de la vida y,
por lo tanto, para qué tenía usted que tomar ninguna medida, como , por
ejemplo, la de reflejar en el presupuesto de 1995 los gastos devengados
en ese año. Fíjese usted qué simple.
Respecto a la caída de Tabacalera, usted lo sabe, como lo sabe todo el
mundo: se debe a que las marcas están en competencia porque no han subido
los precios en reflejo de los impuestos. Lo sabe todo el mundo, señor
Solbes. Aunque el señor Presidente ha prohibido el uso de teléfonos, no
habrá ni una sola persona que llame en este momento diciendo que tiene
información privilegiada. Es de cajón; por eso ha pasado. Y mientras no
haya un reflejo en los precios de la subida
de impuestos todas las marcas están perdiendo dinero. Sí, señor Solbes,
sí; a usted le preocupa mucho, no sé por qué. Hace usted bien. Usted es
un ciudadano libre. El que le preocupe a usted la cotización de las
marcas de tabaco me parece extraordinariamente importante. ¿Cuánto durará
esta situación? Es una cuestión que están negociando entre ellos y que
desde luego nosotros vigilaremos desde el punto de vista de la
competencia.
¿Cómo se consigue dinero para el presupuesto siguiente? Fíjense ustedes
cómo conseguimos dinero en el Ministerio del Interior para el presupuesto
siguiente. Como el señor Solbes pretendía que con los créditos del
Ministerio del Interior de este presupuesto pagáramos el teléfono de hace
año y medio, al hacerlo se le da al Ministro del Interior unas cantidades
que no debería haber esperado nunca, ¿ verdad? Es lo lógico. El Ministro
de Fomento, como se encuentra con que hay una gran cantidad de personas
que no han cobrado sus ocupaciones en las expropiación, pero que tampoco
están contabilizadas... Porque ésa es la razón de este debate. Usted dice
todo el tiempo que yo soy hábil, pero, vamos, estoy a cien millas por
detrás de usted. Usted escurre el bulto todo el tiempo en el asunto
crucial: que no estaban contabilizadas, porque usted y sus compañeros
hacían un uso extensivo, por utilizar una palabra que emplea la
Intervención General del Estado y que es bastante moderada, sobre algunas
disposiciones de la Ley General Presupuestaria. que va haber que cambiar
como consecuencia de la experiencia que ustedes nos han ofrecido a todos
en el uso del poder.
Por tanto, mire usted, si considera que al Ministerio del Interior,
pagando las deudas de teléfono de este año, le hemos dado un presupuesto
superior al que se merecía, señor Solbes, su visión de las tensiones
presupuestarias es realmente sorprendente, y creo que también hará
historia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rato. (El señor Solbes Mira pide la
palabra.) Como sabe, señor Solbes, el Gobierno cierra el debate y, por
cierto, no podrá quejarse S.S. de la generosidad de la Presidencia en el
transcurso del debate entre el turno de exposición del Gobierno y el
turno en contra.
Tomas de posición. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores
Diputados, al hilo de este debate en relación con el Decreto-ley que nos
ocupa, la primera reacción que se me ocurre como representante del Bloque
Nacionalista Galego es la de la perplejidad. Perplejidad porque, cuando
se nos está argumentando continuamente, frente a supuestos desmanes e
irregularidades, que hay que ser serios, nos encontramos con que, desde
una perspectiva como la del Bloque Nacionalista Galego, se usa una
metodología totalmente atrevida, por no llamarla acrática o mal
intencionada. No podemos entender cómo a esta altura se redacta un
Decreto-ley en el que se contienen medidas jurídico-administrativas tan
diferentes como hablar de créditos extraordinarios y regularización de
anticipos y al mismo tiempo de aumento de impuestos. Un mínimo rigor
administrativo y jurídico-político debía llevar a desglosar en dos
decretos, cuando menos, semejante engendro. Realmente, esto se debe a que
estamos en un régimen político que, sin duda, tiene muy poco en cuenta
las instituciones y considera que estos decretos-ley no son para aprobar,
para convalidar por una institución que se llama Congreso de los
Diputados, y que ya está garantizado previamente un apoyo, sin ningún
tipo de cortapisas, de determinados grupos políticos.
Por otra parte, se recurre a la urgencia, mezclando dos criterios
distintos y estableciendo casi una relación implícita y psicológica de
causa-efecto entre ellos; lo contrario de la ponderación, del saber hacer
y de la seriedad. Realmente, cuando se habla de que falta por computar de
ejercicios anteriores la astronómica cifra de 721.000 millones de pesetas
en anticipos cancelados o formalizados, en créditos extraordinarios, en
gastos sin cobertura, en anualidades no aportadas a empresas públicas,
los ejemplos nos llenan aún más de zozobra, porque ponen en evidencia la
inconsecuencia de los actuales dirigentes del Estado español y su
política de entrega a los criterios de Maastricht.
Vamos a explicarnos. Cuando se habla de que hay que pagar una cuota
láctea a la Unión Europea, porque hemos sobrepasado nuestra producción,
cuando se habla de pagar al Banco de España el dinero que entregó
previamente a las autopistas, o bien cuando se habla de un IRPF cobrado
indebidamente, según el Tribunal Constitucional, y alcanza la cifra de
197.000 millones de pesetas, sin duda se está intentando acumular un
dinero totalmente legal y legítimo en nombre de una política económica
que nosotros consideramos que no es correcta; pero bien, hay que pagar y
no se puede discutir.
En segundo lugar, se habla de 28.000 millones de pesetas para la Compañía
Transmediterránea, para Feve, para hospitales, para pagar subvenciones a
pasajes marítimos y aéreos entre islas y entre el Estado y esas islas,
para el síndrome tóxico, en definitiva, sobre sentencias legales o
indemnizaciones que realmente son necesarias desde el punto de vista
social. ¿Falta de previsión? De acuerdo, pero necesidad al fin y al cabo.
Y en tercer lugar, obras, expropiaciones, dinero por mutualidades de
funcionarios y otras cuestiones que afectan al Ministerio de Justicia y,
sin duda, como aquí
ya se dejó claro, al anterior Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
La partida más voluminosa, la más imbricada en dificultades, la más
enmarañada y difícil de aclarar también, sin duda.
Pero nosotros nos hacemos las siguientes preguntas: Si estos datos son
ciertos, aunque sean irregulares, ¿no habría que sacar la conclusión de
insuficiencias presupuestarias en los ejercicios anteriores al año 1996?
¿Es, luego, lógico, que el Gobierno ahora aplique una política de recorte
brutal del gasto público, cuando se sabe que hay necesidades sociales
perentorias, que no fueron debida o legalmente atendidas a su debido
momento? ¿No llama la atención, en un Estado de Derecho, que el Consejo
de Estado, al que se le pide un dictamen, dice que el dictamen deja a
salvo, en todo caso, la competencia técnica de los órganos a que
corresponde determinar? Pensamos que uno de estos órganos es el IGAE, la
Intervención General del Estado. Y la Intervención General del Estado nos
advierte que, en todo caso, se hizo una revisión y verificación de
documentación aportada por los gestores, no la detección directa e
inmediata de los diferentes supuestos. Al final, incluso, la cifra
astronómica se reduce a 547.000 millones de pesetas a reflejar en los
gastos de 1995.
Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Un Estado que tiene dificultades
presupuestarias es normal que responda con una llamada liberalización de
economía que va a conducir, sin duda alguna, a un mayor empobrecimiento,
a una baja de la presión fiscal sobre el gran capital, que va
naturalmente a introducir más falta de liquidez para el Estado, con una
subida de impuestos sobre el consumo de alcohol y del tabaco, en
concreto, de una empresa pública como Tabacalera, que ya está pagando por
los productos un exceso, como todos los productores de tabaco, y que
puede alcanzar a más del 75 por ciento sobre el producto original?
¿Realmente se está actuando con serenidad, con cautela, o la urgencia nos
puede llevar a mayor desbarajuste? Y las bebidas. ¿Qué bebidas van a ser,
al final, las más afectadas?
Nosotros pensamos que con toda esta política, si se quiere reducir el
gasto, lo que se va a hacer es reducir espantosamente los ingresos del
Estado para después tener que hacer recortes en gastos sociales que
nosotros consideramos ineludibles.
Y preguntamos: ¿Después de Maastricht, qué? ¿Después del año 1999, qué?
Es que es tan grave, aunque estemos empeñados en reducir el déficit
público hasta donde sea socialmente justo, es tan grave ese
incumplimiento? ¿No incumnplen otros que se toman, cuando menos, un
debate más sosegado, otro tempo, otra lentitud, otro ritmo, porque tienen
miedo, incluso dentro de los propios gobiernos, a los resultados finales?
¿Perdemos credibilidad ante ellos o ante nosotros mismos cuando nos
parecemos a Estados como el italiano, como el griego, como el portugués,
con el que, sin duda, tenemos similitudes estructurales de carácter
económico-social, o es que es España la única que está dispuesta a
converger formalamente a toda costa?
Señorías, nosotros pensamos que, a pesar de la bendición vaticana de la
Europa de Maastricht, se merece todo más cautela, máz rigor y seriedad.
Pensamos que mezclar urgencia, monetarismo, actividad legislativa tan
poco seria, por lo demás, como ya indiqué al principio, reducción de la
fiscalidad progresiva y despreocupación total por cómo nos va en el
tejido productivo del Estado, que eso es fundamental, eso es conducir a
unos a un cielo gris falsificado y a otros,sin duda alguna, a un infierno
real.
Esperemos que, con la oposición consecuente de fuerzas políticas como el
Bloque Nacionalista Galego, tanto dislalte pueda ser cuando menos
reducido.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ : Gracias señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tenemos
que decir que, por un principio de buena administración, apoyamos todas
las medidas que sean necesarias y conducentes a la reducción y
clarificación del déficit presupuestario, aunque no existiese Maastricht.
El Real Decreto-ley que se trae hoy a esta Cámara va destinado --dice--a
la regularización de insuficiencias presupuestarias por 72l.000 millones
de pesetas que debieron tener reflejo en los presupuestos de ejercicios
anteriores a l996.
Con todo respeto a las opiniones que se han lanzado desde esta Cámara,
nos resistimos a dudar de la veracidad del informe de la Intervención
General. Sería una quiebra en los informes que tienen que recibir los
parlamentarios para su actuación legislativa. Este servicio reduce el
déficit en l39.000 millones de pesetas de la cifra que señala el Real
Decreto-ley, es decir a 581.000 millones de pesetas. Si ese informe es
apócrifo se deben pedir responsabilidades, pero así no se puede trabajar.
También creemos que hay que respetar los principios generales de
contabilidad admitidos en todo el mundo desde los tiempos de don Lucas
Pacioli, a finales del siglo XV, o sea, los principios de devengo, de
temporalidad, de imagen fiel, etcétera. Creemos asimismo que es hora de
que se adopten las medidas necesarias para que se respete con eficacia la
voluntad de esta Cámara. Comparando los presupuestos que se aprueban
inicialmente con los presupuestos finales, podríamos decir como en las
películas americanas: cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia.
Señorías, en los informes del Tribunal de Cuantas se denuncia que ha
habido años que, de cada cien programas, se han modificado noventa. ¿Qué
hace, entonces, el Congreso? ¿Para qué aprueba un presupuesto si, al
final, le cambian el 90 por ciento de los programas? Estamos de acuerdo
con que se exijan responsabilidades de toda clase y que se empiece por
los gestores. Pensamos también que este Real Decreto-Ley debió separar lo
que son suplementos de créditos de lo que son habilitaciones de créditos
y que, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, se debe
determinar un plazo en la información a las Cortes Generales.
En resumen, señorías, en aras al testigo, filosofía de seriedad de esta
actividad parlamentaria, el Grupo de Coalición Canaria va a votar a favor
de la convalidación de este Real Decreto-ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias señor Presidente.
Una política presupuestaria rigurosa y coherente con las exigencias del
Tratado de Maastricht y de una economía competitiva requiere conocer con
exactitud el estado de las finanzas públicas. Así comienza lo que puede
ser la exposición de motivos de este Real Decreto-ley. Pero no sólo por
estos aspectos es necesaria una política presupuestaria rigurosa y
coherente; creo que hay muchas más razones para ello. Por ejemplo,
salvaguardar los derechos constitucionales de los ciudadanos a conocer, a
través de sus representantes legales, la situación real de las cuentas
del Estado y de la administración del gasto público al que contribuyen
con su sostenimiento. Pero, además, por ser el presupuesto una de las
expresiones máximas de confianza y seguridad que la sociedad puede
recibir de un Gobierno.
Los motivos que, según el Gobierno, obligan a proponer la convalidación
de este Real Decreto-ley, soportados por el informe de la Intervención
General de la Administración del Estado, son de una gravedad tal que
exige conocer fehacientemente la actuación personal de los responsables a
todos los niveles que, por acción u omisión, han motivado esta situación.
Estamos hablando de gastos o fondos ejecutados o comprometidos sin
imputación presupuestaria, por más de 721.000 millones de pesetas. Con
todos los matices que queramos hacer, en un ejercicio de análisis
riguroso de contenido, vemos que existen, por una parte, anticipos
realizados pendientes de formalizar por 197.000 millones de pesetas.
Además, obligaciones que estaban previstas atender pero que, por diversos
motivos, no se han tramitado los créditos extraordinarios
correspondientes, por valor de 28.000 millones de pesetas. Sin embargo,
la partida más importante corresponde a obligaciones generadas en
ejercicios anteriores a 1995, 500.000 millones de pesetas, sin imputación
presupuestaria.
Si es cierto que existen estas obligaciones de gasto (y no dudo que ello
sea así, por cuanto está soportado por un informe de la Intervención
General del Estado), la mayoría sin cobertura presupuestaria suficiente,
¿dónde están los responsables de estos hechos?
Aquí se han cometido infracciones administrativas muy graves, que ponen
de manifiesto la falta de rigor y profesionalidad, por una parte, y el
desprecio de los valores éticos y a la responsabilidad frente a este
Parlamento y la propia sociedad, y no sirve ninguna justificación como
que las cifras de estos desajustes, por llamarlos de alguna forma, no son
tan grandes con respecto al montante presupuestario que el Gobierno
maneja anualmente, o que las cantidades están diseminadas en muchas
partidas: incluso se ha llegado a decir que algunos aspectos de desajuste
presupuestario son situaciones habituales que se corrigen de un ejercicio
para otro; no hay disculpa ni justificación que valga. Aquí se han
producido unas actuaciones administrativas en las cuentas públicas
producto de habituales prácticas, faltas de rigor e incluso de
enmascaramiento de las cuentas del Estado. Lo dijimos en su día: no
sabemos con exactitud cuál es el verdadero déficit público del Estado.
Esto nos viene a ratificar nuestras dudas de entonces y de ahora.
Para empezar, según el informe de la Intervención General del Estado, el
aumento del déficit público de todas las administraciones será de 547,8
miles de millones de pesetas, sin contar con los gastos financieros que
producirá la financiación de los créditos extraordinarios, a través de la
deuda pública que se tiene que poner en circulación; pero, además, se
mantiene la incertidumbre sobre la exactitud de las desviaciones puestas
de manifiesto por la Intervención, dada la urgencia con que se han
realizado los trabajos. Por tanto, no sabemos si estas cantidades son
definitivas.
Por otra parte, tampoco conocemos la fiscalización de las cuentas
generales del Estado de los últimos años por el Tribunal de Cuentas, por
el retraso con que se presentan al Parlamento estas cuentas, y no
precisamente por culpa del propio Tribunal. Todo esto, con el agravante
de tener que enviar un segundo informe a la Comisión Europea, como
consecuencia de la aplicación del protocolo sobre procedimiento aplicable
en el caso del déficit excesivo, que puede incluso poner en peligro los
fondos de cohesión que recibimos de la Comunidad.
Se conocen estos hechos en un momento crítico de elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, presupuestos que deben ser
austeros y restrictivos para sanear las cuentas públicas y cumplir con el
Plan de Convergencia de Maastricht, buscando,
según el Gobierno, equilibrar alrededor de un billón para alcanzar los
objetivos, dando vueltas sobre qué partidas de gastos hay que actuar,
intentando no subir impuestos ni rebajar gastos sociales y, entre tanto,
se descubre un agujero, que no es agujero pero sí un desfase
presupuestario, de 721.000 millones. Toda una paradoja.
Entre las conclusiones que podemos sacar, está la necesidad de revisar la
normativa presupuestaria administrativa y el establecimiento de mayores
controles parlamentarios para intentar evitar estas situaciones. Está
pendiente la reforma de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o la
Ley de Contratos del Estado, reformada en la legislatura pasada, y que
habrá que revisar en aspectos como la determinación de las obras de
emergencia por la que una obra, sin necesidad de expediente, puede ser
puesta en marcha; o en el caso de las expropiaciones que, para
determinados supuestos, no precisa acreditación previa de créditos. Estas
posibilidades, junto con otras situaciones, de clara negligencia
administrativa, han propiciado desfases en el capítulo de inversiones
públicas por valor de 183.000 millones de pesetas. En cualquier caso, de
poco pueden servir todos los controles propuestos si no tenemos una
Administración pública seria y rigurosa, con criterios de actuación
éticos y al servicio de la sociedad.
Finalmente, la fórmula que ha elegido el Gobierno para hacer frente a las
consecuencias financieras de los créditos extraordinarios, que va a
motivar la emisión de la Deuda Pública, ha sido la modificación de los
tipos impositivos de los impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas y
sobre el tabaco.
En principio, no tenemos objeciones que hacer sobre esta medida, aunque
hemos manifestado en diversas ocasiones que no somos partidarios de
incrementar la presión fiscal global. Reconocemos, sin embargo, que la
urgencia y la cuantía del desfase obliga a incrementar los ingresos
tributarios y hacerlo sobre impuestos especiales es lo más adecuado,
limitándose a paliar los efectos para los que han sido propuestos. El
Gobierno en esto no ha establecido cuáles son las partidas o la
cuantificación prevista de ingresos por estas subidas que, como digo,
debe limitarse a paliar los efectos que va a producir la emisión de la
Deuda Pública correspondiente.
No obstante, habrá que esperar a las consecuencias que estas medidas
puedan suponer sobre el incremento del índice de precios al consumo,
magnitud que en los últimos meses parecía que iba controlándose. En
definitiva, creo que tenemos que ser críticos porque estas situaciones no
pueden permanecer ni mantenerse en el futuro, porque la Administración
pública tiene que dar ejemplo de seriedad y de rigurosidad, porque
prácticas que se han venido haciendo hasta ahora y que pueden ser incluso
comunes en muchas administraciones tienen que corregirse, pues no podemos
pedir solidaridad y responsabilidad a la sociedad mientras no seamos un
ejemplo de la misma.
De cualquier forma, como digo, en estos momentos no queda más remedio que
paliar esta situación a través del incremento de estas partidas de
impuestos, por lo cual, nuestro grupo parlamentario va a dar el voto
favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para
anunciarles que vamos a dar nuestro voto afirmativo a la convalidación
del Real Decreto-ley por el que se proponen créditos extraordinarios para
regularizar una situación presupuestaria.
Hemos asistido al preámbulo del debate de los presupuestos de 1997 y
nuestro grupo entiende que ese debate y el que vamos a tener próximamente
debe hacerse en el contexto general en el que se encuentra en este
momento el país, que valoramos en términos económicos en la situación de
previa incorporación a la tercera fase de la Unión económica Europea.
Desde esta perspectiva deben analizarse, a nuestro entender, buena parte
de las decisiones económicas y presupuestarias que va a tener que adoptar
esta Cámara en lo sucesivo, entre las que entendemos se encuentra la de
convalidar este Real Decreto-ley de regularización presupuestaria.
Convergència i Unió ha estado siempre comprometida en llevar la economía
española a la tercera fase de la Unión económica Europea. Estamos
decididamente comprometidos en cumplir las exigencias que nos impone el
Tratado de Maastricht y, en consecuencia, somos totalmente partidarios de
avanzar en el objetivo de reducir el déficit público en la situación
económica española.
El Gobierno ha tomado la decisión de dar a conocer al país el estado
exacto de las finanzas públicas al iniciar la legislatura y ha resuelto
imputar al ejercicio de 1995 todas las obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores y no pagadas o no presupuestadas, procediendo acto
seguido a regularizar esta situación.
La Intervención General de la Administración del Estado ha elaborado un
informe que ha detectado la existencia de 721.000 millones de pesetas
como obligaciones contraídas por el Estado pero no imputadas a los
presupuestos. Creemos que era lógica la actuación del Gobierno al
solicitar a la Intervención General de la Administración del Estado
conocer la situación del gasto en aquel momento. La naturaleza de estas
obligaciones, como se ha expuesto en el debate que hemos tenido, está
perfectamente definida y documentada y no reconoce la Intervención
General de la Administración
del Estado ninguna ilegalidad en su existencia. Es más, para cada una de
las categorías de estas obligaciones contraídas y no imputadas, la
Intervención General de la Administración del Estado fundamenta conforme
a la ley su razón de existencia.
Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario considera acertada la
decisión de mayor rigor, de mayor transparencia que supone la
presentación de este Real Decreto-ley a la Cámara. Afrontar esta
situación, que imputamos a los presupuestos para 1995, creemos que es una
decisión, tomada desde la racionalidad económica, acertada. Es
procedente, pues, plantear, mediante el presente Real Decreto-ley, el
exacto estado de las finanzas públicas al iniciar la legislatura y en el
momento de efectuarse el cambio de Gobierno. Para Convergència i Unió,
una política presupuestaria rigurosa y coherente con las exigencias del
Tratado de Maastricht requiere conocer con exactitud el estado de las
finanzas públicas correspondiente al inicio del nuevo mandato. Ello es
así por motivos de transparencia y rigor presupuestarios intrínsecos a la
democracia y especialmente necesarios en el contexto de convergencia al
que nos compromete Maastricht. Desde otra perspectiva más política,
nuestro grupo también cree que es oportuno conocer ahora la herencia,
entre comillas, y, al mismo tiempo, evitar en adelante cualquier nueva
referencia a ella.
Por otra parte, conviene remarcar que la regularización de las cuentas
públicas no constituye una novedad; no estamos ante un acto novedoso. La
decisión política no es estrictamente imputable al Gobierno del Partido
Popular, y tampoco era novedosa la decisión que tomó el Gobierno
socialista, en 1993, pues anteriormente también la había adoptado. No son
éstas decisiones novedosas. Estamos ante una práctica realizada
anteriormente por el Gobierno del Partido Socialista, en 1982 y 1993. Por
todo ello, nuestro grupo entiende que todas las decisiones de mayor
transparencia y de mayor rigor que adoptemos para conocer exactamente el
estado y situación del gasto del Estado, serán buenas para el futuro de
la economía.
Reconocemos legítima, pues, la manifestación de herencia que representa
este Real Decreto-ley. Puede efectuarse una sola vez: en el momento de
realizarse el cambio de Gobierno, como así ha sido. Sin embargo, deseamos
también manifestar el interrogante sobre si se han incluido
convenientemente los compromisos de pago existentes a 31 de diciembre de
1995, correspondientes a la totalidad de los gastos habidos pendientes de
imputar en presupuestos. Ahí hay también necesidad de revisar si los
presupuestos reales en el ámbito de la sanidad pública, que se han
llevado a cabo en los últimos años, dan información auténtica sobre cuál
es el gasto real de la sanidad en España en los últimos años y en el año
1996. No obstante, esta es una cuestión pendiente. En cualquier caso, en
los presupuestos 1996 y 1997, deberemos ver cómo se suceden las
verdaderas magnitudes en el gasto de la sanidad pública en España.
Respecto a la propuesta que ha realizado el Gobierno, en nuestro grupo
entendemos que es absolutamente necesario proceder a una modificación de
la Ley General Presupuestaria. Convergència i Unió va a apoyar la toma en
consideración de cualquier iniciativa en esta dirección y, por supuesto,
si el Gobierno nos trae un proyecto de ley de modificación de la Ley
General Presupuestaria, nos parecería muy conveniente a la luz de las
consecuencias que emergen del debate que estamos realizando sobre este
Real Decreto-ley.
Estamos de acuerdo en proceder a revisar el marco legal que regula
concretamente el procedimiento de adjudicación de las obras de
emergencia; estamos absolutamente de acuerdo en revisar los procesos de
expropiación y limitar la movilidad de partidas de crédito entre las
distintas secciones del presupuesto; los contratos-programa deben
establecerse con mayor rigor, así como los procedimientos de su
ejecución. Sobre la restricción que debe aplicarse a los gastos de
ejercicios anteriores, estamos de acuerdo en ponerle límites para que no
se arrastren a sucesivos ejercicios; estamos también de acuerdo en
cancelar fondos excepcionales. Por tanto, en el anuncio que hace el
Gobierno de modificación legislativa en el marco de la Ley General
Presupuestaria, nuestro grupo va a apoyarle y va a conocer la literalidad
de estas modificaciones.
¿Somos partidarios de reforzar el carácter anual de los Presupuestos
Generales del Estado? Sin duda que sí. Este Real Decreto-ley es la
consecuencia de haber distribuido en varios ejercicios compromisos de
gastos adquiridos con anterioridad. Estamos de acuerdo con ese principio
de dar mayor seguridad al carácter anual de los Presupuestos Generales
del Estado frente a otras estrategias, legítimas también, de políticas
presupuestarias plurianuales. Estamos de acuerdo en revisar esos
extremos.
Sobre la necesaria flexibilidad de los gestores públicos, que ha sido
introducida en los últimos años de forma casi, digamos, conveniente,
creemos que debe ir acompañada de mayor rigor, para cumplir los límites
aprobados por esta Cámara, de lo contrario se incurre en insuficiencias e
ineficiencias económicas.
Señorías, termino. Asistimos a un debate derivado de la decisión política
adoptada por el Ejecutivo como consecuencia del cambio de Gobierno, en el
que nuestro grupo entiende que lógicamente el Gobierno debería solicitar
de la Intervención General del Estado el conocimiento de la situación
exacta del gasto del Estado. Entendemos que esta es una decisión lógica,
es una decisión de mayor transparencia, de mayor rigor presupuestario. En
definitiva, nuestro grupo entiende que cuanto más pronto la sociedad
española conozca la actual situación de la economía pública, mayor
capacidad
tendremos de afrontar las decisiones, de llevar al país al objetivo de
incorporarlo a la Unión Económica y Monetaria y, en definitiva, de darle
mayores garantías para un desarrollo más solvente y para un futuro de
progreso social y económico.
En ese sentido juzgamos y valoramos políticamente acertada la decisión de
no demorar más la distribución e imputación del gasto adquirido y no
presupuestado en futuros ejercicios presupuestarios, que legítimamente el
Gobierno anterior podía haber definido políticamente esta estrategia
económica como acertada, y creemos conveniente aflorar la realidad del
gasto público, conocerlo en toda su amplitud, imputarlo a ejercicios
anteriores y, a partir de esos momentos, entrar en una etapa de total
rigor, con total control de este gasto público y mayor seriedad en toda
su ejecución.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la posición de nuestro grupo parlamentario ante el Real
Decreto-ley que hoy debatimos, el Real Decreto-ley 12/1996, es de
profundo desacuerdo político y, por tanto, anunciamos de antemano que
nuestro voto será negativo. También quiero anunciar que posteriormente
nuestro grupo solicitará su tramitación como proyecto de ley.
En primer lugar, quiero anunciarles que he asistido con una cierta
preocupación al inicio de este debate. He tenido la sensación de que
durante dos horas el portavoz del Gobierno, en este caso el Ministro de
Economía, y el portavoz socialista han hecho un debate sobre aquello que
dicen que no quieren debatir: sobre la gestión del anterior Gobierno.
Incluso he tenido la sensación de que asistíamos a la desclasificación de
los secretos económicos --que no otros-- del Gobierno, y éste no es el
tema importante, no es el problema de fondo de este debate. El problema
de fondo de este debate es que, ciertamente, existen unas obligaciones
que hay que financiar y el problema, la situación de los ciudadanos, las
preguntas que nos hacen se centran en: Y esto, ¿cómo lo vamos a pagar? Y
este debate hasta ahora ha estado bastante desaparecido de esta Cámara.
En este sentido, señores y señoras del Gobierno, señor Rato, nuestro
grupo piensa que este Real Decreto-ley no se puede leer separadamente del
resto de medidas económicas que ustedes han tomado desde que son
Gobierno. ¿Por qué? Porque este Real Decreto-ley, conjuntamente con el
resto de reales decretos-leyes, produce un efecto indiscutible, clarísimo
sobre la sociedad española. En estos cien días de gobierno del PP con el
apoyo de sus aliados parlamentarios los impuestos directos han bajado y
los impuestos indirectos han subido. Y esto, ¿qué quiere decir? Que con
este Real Decreto se cierra un ciclo que significa una redistribución
regresiva de la renta. Esta es nuestra preocupación y esta es la razón
por la que hoy votamos en contra de este Real Decreto-ley. No porque
estemos de acuerdo con las prácticas del anterior Gobierno socialista, a
las que me referiré después, no, no. Votamos en contra porque estamos en
desacuerdo con que ante una situación financiera y económica
presupuestaria difícil este Gobierno disminuya los impuestos directos y
aumente los impuestos indirectos.
Ustedes, señores y señoras de la mayoría, en muy pocas semanas, hay que
reconocerlo --aquí han sido ustedes muy eficaces--, han disminuido la
fiscalidad de las rentas de capital y han aprobado la actualización de
balances. No han actuado en el mismo sentido con las rentas del trabajo.
Y ahora, para cerrar el ciclo, insisto, aumentan los impuestos
indirectos, un conjunto de decisiones en materia fiscal cuyo resultado es
conocido: las personas con rentas más elevadas pagan menos hoy que antes
del 3 de marzo y las personas con rentas menos elevadas, más
desfavorecidas, los hombres y las mujeres con rentas inferiores, pagan
hoy más. Esta es, insisto, la cuestión de fondo. Eso sí, hoy el Gobierno
del Partido Popular intenta justificar, pienso que con un cierto descaro,
que está obligado a tomar estas medidas por la herencia socialista.
Nosotros también queremos hablar del agujero socialista, en primer lugar
para no negar al Gobierno del Partido Popular el derecho que le asiste de
limpiar las cuentas públicas. Es más, de no negar el derecho a que el
Ministro de Economía encargue un informe a la Intervención General para
saber el estado de las cuentas. Esto lo hacen todos los gobiernos --y si
no hacen, hacen mal-- en todos los estadios, en todos los países. Por lo
tanto, el Gobierno del PP tiene todo el derecho a encargar un informe a
la Intervención General.
En segundo lugar, es innegable que de la lectura del informe de la
Intervención General de la Administración del Estado se desprende una
serie de prácticas abusivas del anterior Gobierno. No vamos a entrar a
discutir cuántas estaban permitidas y cuántas no. Cualquier Diputado y
Diputada que lea atentamente el informe de la Intervención General verá
que hay algunas prácticas que innegablemente han sido abusivas. Nos
estamos refiriendo a la utilización excesiva de las obras de emergencia,
a las revisiones de precio, a los reformados, a la no vinculación de los
créditos del Capítulo 2, a un conjunto de prácticas que en el informe de
la Intervención General quedan suficientemente detalladas. Merece la pena
destacar también que algunas de estas prácticas han sido fomentadas por
la actual normativa.
Por tanto, de la herencia del anterior Gobierno el actual tiene todo el
derecho a saber cuáles son las
cuentas. Estamos convencidos --y hay pruebas suficientes-- de que el
anterior Gobierno socialista cometió prácticas abusivas en la ejecución
del presupuesto. Todo esto es evidente, pero señoras y señores Diputados,
¿saben ustedes lo que asombra, lo que sorprende de este nuevo Gobierno?
Que antes de clarificar las cuentas públicas, antes de echar las cuentas,
decidió bajar los impuestos de los que más tienen. ¿Cómo es posible esto?
¿Qué intereses se defendían? ¿No era más sensato clarificar primero las
cuentas y luego actuar sobre la fiscalidad y no sólo sobre la fiscalidad
de unos cuantos sino sobre la fiscalidad del conjunto de la sociedad
española? El Gobierno no ha hecho esto; el Gobierno decidió, primero,
reducir los impuestos de los que más tienen; luego decirnos: ¡sorpresa!,
aquí hay un agujero.Y a continuación decir: este agujero que lo paguen
todos.
Por tanto, señoras y señoras Diputados, a esto decimos que no, y decimos
que esto es lo importante de este debate hoy, por mucho que los señores
Rato y Solbes discutan sobre la legalidad de las obligaciones atrasadas.
En eso, sin ningún empacho, estoy de acuerdo con el señor Rato. Hay que
pagarlas, evidentemente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se pagan?
Nosotros les decimos que no estamos de acuerdo en cómo quieren que se
paguen. Ustedes las quieren pagar con el tabaco y el alcohol y nosotros
hemos dicho que no se debían haber rebajado los impuestos directos, que
ustedes rebajaron, sin hacer las cuentas previamente.
Por tanto, a nuestro parecer no está justificado de ninguna manera subir
los impuestos que afectan a la mayoría de la población, aunque sea para
poner las cuentas del Estado al día, cuando previamente han rebajado
otros impuestos mucho más progresivos. No estamos de acuerdo, insisto, en
poner impuestos que afectan al conjunto de la sociedad, aunque sea para
poner las cuentas del Estado al día, cuando antes ustedes han rebajado
impuestos más progresistas. ¿No hubiera sido más sensato, si me lo
permiten, más justo, clarificar las cuentas primero y luego actuar sobre
la fiscalidad? ¿Por qué no lo hicieron así? ¿Por qué una cosa que es de
sentido común el Gobierno no la hizo? ¿Es que no tiene sentido común o es
que defendió otros intereses? El sentido común, simplemente el sentido
común, aconsejaba no rebajar los impuestos que ustedes rebajaron,
especialmente en el Real Decreto-ley 7/96.
Por otro lado, a pesar de que el señor Rato hoy se ha comprometido en
esta Cámara a presentar a corto plazo reformas legales, pensamos que
hubiera sido importante que hoy también en este Real Decreto-ley hubieran
aparecido algunas de estas reformas legales, porque el informe de la
Intervención General dice bien claramente que algunos de los mecanismos
que han permitido este desfase presupuestario están contemplados, son
posibles, se fomentan, desde la legislación actual. Por lo tanto, hubiera
sido sensato, hubiera sido oportuno que, si no todas, algunas de las
importantes medidas que pueden hacer que esto no se vuelva a repetir
también se hubieran aprobado hoy.
Por tanto, señoras y señores del Gobierno, algunas de estas preguntas
tienen difícil contestación, pero, en todo caso, aquello que nos preocupa
más a las Diputadas y Diputados de nuestro grupo parlamentario, la
pregunta que les queremos hacer es si ustedes piensan seguir
desarrollando una política económica basada en pedir o imponer
sacrificios a una parte de la sociedad, a la parte de la sociedad más
desfavorecida, porque según nuestro punto de vista nunca se van a poder
justificar impuestos indirectos para financiar agujeros presupuestarios,
sobre todo, además, si es un partido como el Partido Popular que hizo de
la bajada de impuestos y de la no subida de impuestos uno de los ejes
fundamentales de su campaña electoral.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Por tanto, señoras y señores Diputados, con el
incremento de impuestos sobre el alcohol y el tabaco los españoles y las
españolas van a pagar los regalos fiscales que el Partido Popular y sus
aliados hicieron hace pocas semanas, al tiempo que se alimenta la
inflación, uno de los requisitos básicos de Maastricht que el propio
Gobierno dice querer cumplir de forma estricta.
Para terminar, señoras y señores Diputados, sin ninguna voluntad
alarmista ni tremendista, queremos decirles que las medidas económicas
que ustedes han tomado, las que dicen que van a tomar --sin utilizar la
expresión explosiva, sin decir que configuren un marco explosivo--,
configuran un marco profundamente alarmante: disminución de las rentas de
capital; aumento de los impuestos especiales que afectan a todo el mundo;
congelación del salario de más de dos millones de funcionarios;
disminución de la inversión pública; anuncio de tasas sanitarias;
privatización de empresas públicas; estudio de nuevas tasas sobre
servicios, etcétera. Esta política, una política neoliberal, lo
repetimos, produce una redistribución regresiva de la renta y la produce
sencillamente por dos procedimientos: sustituyendo impuestos directos por
indirectos y reduciendo el Estado del bienestar.
Por eso votaremos en contra. Por todas estas razones hoy no vamos a votar
la convalidación de este Real Decreto-ley, y por estas razones, en
consecuencia, nos vamos a oponer a cualquier tipo de política que
signifique, en última instancia, aumentar las desigualdades sociales.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, dadas las horas que son y lo largo del debate, voy a intentar
expresar las ideas del Grupo Parlamentario Popular a la mayor brevedad
posible.
Yo creo que lo que se ha debatido aquí esta mañana no es otra cosa que la
ruptura del mandato que esta Cámara hace al Ejecutivo en la realización
de una política presupuestaria. Está visto y demostrado, no sólo por los
informes que la Intervención General de la Administración del Estado ha
hecho llegar a la Cámara sino por las opiniones de todos los grupos
políticos, que ha habido una ruptura clara de ese mandato popular, de ese
mandato de la Cámara para que el Ejecutivo se ciña a unas previsiones
económicas y de gasto determinadas.
Daría miedo pensar que lo sucedido en política de gasto pasara también en
la política de ingresos, en la parte presupuestaria referente a los
ingresos. Yo quiero creer que los ingresos reflejados en los presupuestos
obedecen con toda fiabilidad a las cifras que conocemos, a las cifras que
nos hace llegar el Ejecutivo y que sólo se han producido esos
deslizamientos en materia de gasto público.
Lo que sí está claro es que, evidentemente, existen unas irregularidades
de carácter administrativo, que no me atrevería a calificar de otra
manera, pero que por una demostración de higiene democrática y de
simetría con lo que es el mundo privado, diríamos que el Ejecutivo
tendría que dar ejemplo en el cumplimiento de las previsiones
presupuestarias. Cuando este país tiene un Código Penal en donde se
regula el delito contable, cuando en este país se exige a las empresas de
todo tipo que cumplan con unos requisitos contables absolutamente
rigurosos, entre los cuales evidentemente en la contabilidad están los
principios de anualidad y de devengo de las obligaciones que contrae.
Pues bien, el Estado, con anterioridad a las elecciones generales y al
nuevo Gobierno, estaba haciendo registros contables que obedecían a años
anteriores, estaba haciendo aplicaciones presupuestarias permanentemente
de años pasados y, en definitiva, no estaba cumpliendo el mandato
presupuestario aprobado por esta Cámara.
En este sentido yo diría que el esfuerzo que es necesario que haga este
país para que alcance o entre en la tercera fase de la Unión Europea el 1
de enero de 1999, debe ser simétrico para todos los sectores de la
población, y si todos ellos tienen que someterse a unos registros
contables de una manera rigurosísima, también el Ejecutivo debe hacerlo,
y en esta línea está el anunciado proyecto de ley que se va a enviar y se
va a tramitar conjuntamente con la Ley de Presupuestos, como ha expresado
aquí el Vicepresidente Segundo del Gobierno.
En este sentido tampoco voy a entrar en el análisis pormenorizado de
todas las irregularidades que se han detectado por parte de la
Intervención General. Simplemente digo que es absolutamente necesario
hacer borrón y cuenta nueva para que el nuevo Ejecutivo pueda hacer una
política presupuestaria de otro tenor que conlleve una política económica
realizada por el Estado que permita cumplir esos objetivos de Maastricht,
en primer lugar, y, después, luchar por el crecimiento económico y en
contra del paro.
Dicho esto, sí quiero hacer mención a algo que me ha resultado
verdaderamente chocante y que, de alguna manera, el Grupo Popular no
puede admitir, y es el hecho de que un grupo político diga que vota en
contra de la convalidación de este Decreto-ley porque entiende que hay
una redistribución regresiva de la renta en el mismo y en los
decretos-leyes que hemos visto con anterioridad en el mes de junio, en
concreto el Decreto-ley 7/1996.
Hay que decir que si usted considera regresivo que por decreto-ley se
baje la tributación de todos los pequeños comerciantes de este país, que
por decreto-ley se baje el rendimiento neto en un 15 por ciento de todos
los pequeños empresarios de este país, usted tiene unas concepciones
fiscales verdaderamente curiosas. Pero le diría más. Si deducir de la
cuota un millón de pesetas por la creación de empleo, referido sobre todo
a parados mayores de 45 años, es regresivo, también está usted haciendo
una lectura curiosa de lo que es la progresividad política referida al
campo fiscal. Diría que estas medidas no sólo no se agotaban ahí, sino
que iban acompañadas también de la exención de un 95 por ciento en la
transmisión de la empresa familiar, tan necesaria para que el tejido
productivo de este país no se bloquee y para que se pueda seguir
fomentando la actividad económica y, en definitiva, creando empleo y
luchando contra el paro. Usted sabe perfectamente que eso afecta también
a la mayoría de las familias de este país que tienen una vivienda
habitual, y ese Decreto-ley también establecía una exención por un máximo
de 20 millones para aquellos que transmitieran la vivienda habitual
mortis causa a favor de sus descendientes.
Pues bien, estas medidas, que yo creo que son de disminución de la
presión fiscal, de cumplimiento de nuestro programa político, con el cual
ganamos las elecciones, tienen un alto contenido de progresividad social
y además van acompañadas de dos que tienen un contenido claramente
distinto. Me refiero a la actualización de balances con un tipo
impositivo del 3 por ciento para aquellos valores actualizados. Por
tanto, esto puede considerarse como un impuesto especial a determinadas
empresas. En cuanto a la subida de los impuestos especiales,
absolutamente necesaria
para pagar los intereses de la deuda emitida para regularizar todos los
gastos no contabilizados por el anterior Ejecutivo, se trata de un
impuesto especial por vía indirecta que afecta a un sector muy especial,
como es el sector productor de bebidas alcohólicas o de tabacos en
general. La subida de los impuestos especiales contemplada en este
Decreto-ley no tiene una traducción mecánica por vía de precio en los
resultados finales de estas empresas productoras.
Por tanto, yo creo en la oportunidad de este Decreto-ley, en su
convalidación en este momento por el Congreso y su no tramitación como
proyecto de ley por los plazos que nos condicionan, y evidentemente el
Partido Popular va a seguir en la línea no sólo de establecer una
política presupuestaria rigurosa, que exija un esfuerzo equivalente o
similar al que realiza cualquier otro sector privado en cuanto a las
normas contables que le son de aplicación, sino también en la línea de la
disminución de la presión fiscal en la medida en que sea posible,
conforme la rigurosidad en el gasto público se lo permita.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Amor.
Vamos a proceder a la votación de la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 177; en contra, 152, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el Real
Decreto-ley de referencia.
Habiéndose solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista la
tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, se somete a
votación.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 150; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, en consecuencia, su tramitación
como proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.