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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 13, de 18/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 13
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 12
celebrada el martes, 18 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación voluntaria del
embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
12.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000001)
(Página 457)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 17.1, de 12 de
abril de 1996 (número de expediente 122/000006) (Página 457)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
política de España hacia Cuba y a la protección de los intereses
españoles. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 21,
de 10 de junio de 1996 (número de expediente 162/000029) (Página 472)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se crea una Ponencia
relativa a la formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de
la juventud en España, en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 14, de
24 de mayo de 1996 (número de expediente 162/000023) (Página 483)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política penitenciaria del Gobierno (número de
expediente 173/000005) (Página 489)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, en relación con la situación
económica, financiera y presupuestaria del sistema de protección social y
perspectivas de futuro (número de expediente 173/000006) (Página 497)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 14, de 20 de
junio de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 457)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo (Página 457)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(Página 457)
En representación del Grupo Socialista del Congreso interviene la señora
Fernández de la Vega Sanz, manifestando que la proposición de ley tiene
por objeto ampliar la despenalización del aborto a aquellos supuestos en
los que existiendo un grave conflicto personal, familiar o social, la
mujer, de manera serena, responsable e informada decida no continuar con
su embarazo, y pretende un equilibrio ponderado entre los derechos
fundamentales de la mujer y la protección del bien jurídico del no
nacido. Estima que el nuevo Código Penal no modifica la regulación
llevada acabo sobre la interrupción voluntaria del embarazo hace más de
diez años porque se decidió en esta Cámara que hacía falta una ley
específica, para que de esta manera no quedara en el marco estrictamente
punitivo sino que se abordaran problemas de tipo sanitario, médico,
social o económico. Sale al paso de algunas afirmaciones sobre que no hay
demanda social mayoritaria o que no existe conflicto social. Reconoce que
es un problema que pertenece a la esfera de lo íntimo, pero por eso mismo
provoca un conflicto personal grave. Considera que la interrupción
voluntaria del embarazo no es considerada por nadie como un sistema de
control de la natalidad, sino que es la última solución y es vivida como
una realidad traumática. Piensa que antes de debatir sobre este tema hay
que recordar los derechos fundamentales de las mujeres y el derecho a la
libertad, ejercida con tolerancia y con respeto a las opiniones y
prácticas de los demás. La discrepancia es una realidad en las sociedades
democráticas en las que coexisten creencias e ideologías y ni el Estado
ni ningún grupo político o social está legitimado para imponer por la
fuerza del Derecho penal sus propias y particulares convicciones. Hay que
respetar el derecho de las personas que de ninguna manera interrumpirían
su embarazo, pero también hay que respetar el establecimiento de
garantías jurídicas, sociales, económicas y sanitarias para las personas
que piensen de una manera diferente, por lo que se hace necesario no
confundir la interrupción voluntaria del embarazo con el tratamiento
penal de la interrupción voluntaria del embarazo. Añade la señora
Diputada que la reforma de la Ley de 1985 hoy es insuficiente, aunque
supuso un gran avance en nuestro país puesto que adaptó la regulación a
los requerimientos constitucionales, estableciendo una preeminencia de
los derechos fundamentales de la mujer en aquellos supuestos de estado de
necesidad o de no exigibilidad de otra conducta. Considera que el
ordenamiento jurídico no puede limitarse a reconocer la inexigibilidad de
una conducta sólo en los tres supuestos hoy existentes y se pregunta si
se puede proteger la vida del «nasciturus» contra la madre o sin la
madre, exponiendo a continuación que el Tribunal Constitucional alemán
consideró que el legislador no debía proteger la vida humana en formación
contra la madre.
Estima que como la interrupción voluntaria del embarazo afecta casi
siempre a madres de familia numerosa, a mujeres solas, a mujeres
solteras, a adolescentes o a menores, es por lo que ha habido una
evolución en las legislaciones de diferentes países en base a razones de
justicia social, de salud pública y de seguridad, pasando a referirse al
consenso social que existe en orden a no criminalizar las situaciones de
conflicto personal grave. Como ningún partido ofreció en sus programas
electorales la derogación de la situación actual, considera que se debe
dar un paso adelante de acuerdo con los compromisos suscritos por el
Estado español en la IV Conferencia de la Mujer, de Naciones Unidas,
celebrada en Pekín, y piensa que el modelo que presenta su grupo está en
sintonía con los modelos europeos.
Por todas estas razones pide el voto favorable para la toma en
consideración de la proposición de ley.
En representación del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña interviene la señora Almeida Castro, manifestando que siente una
cierta tristeza porque este debate no se haya celebrado ya, a pesar de
todos los intentos que se hicieron por su grupo.
Recuerda al profesor Tomás y Valiente en relación con la sentencia del
Tribunal Constitucional, donde en un voto particular consideraba que se
hablaba mucho del «nasciturus» cuando el conflicto era con la falta de
respeto a la libertad de las mujeres embarazadas. Esa falta de respeto es
la que determina hoy el debate propuesto por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Considera que, según la ley vigente, no se obliga a la gente a abortar,
sino que se sanciona a las personas que quieren ejercer su derecho a
interrumpir un embarazo no deseado. Para esto sólo hay dos soluciones, o
se lleva adelante por decisión de la mujer, o si no tiene que tener la
prestación sanitaria suficiente para poder realizar la interrupción,
considerando la adopción como una solución.
Pide al conjunto de la Cámara la oportunidad de defender una ley para
terminar con esta situación de indefensión de las mujeres y de los
médicos y sanitarios que las ayudan en la interrupción voluntaria del
embarazo.
En turno en contra interviene la señora Fernández González en
representación del Grupo Popular, manifestando que las dos proposiciones
de ley presentadas tienen un denominador común y algunas divergencias y
que han sido reproducción casi literal de iniciativas parlamentarias en
la anterior legislatura. También coincide la postura que defendía
entonces el Grupo Parlamentario Popular frente a estas iniciativas, que
se formalizó a través de una enmienda a la totalidad con solicitud de
devolución del texto al Gobierno. Las razones que se presentaron para
justificar aquella enmienda a la totalidad eran razones de oportunidad,
de fondo y de deficiencia en la técnica jurídica que presentaba el
proyecto gubernamental. Estas razones siguen vigentes para el Grupo
Popular. Constata que no se trata de una demanda mayoritaria de la
sociedad española, si bien es cierto que hay un grado de consenso
importante en la aceptación de la legislación actual. Según el Tribunal
Constitucional la protección que la Constitución dispensa al «nasciturus»
implica para el Estado la obligación de abstenerse de interrumpir u
obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un
sistema legal que garantice la defensa de la vida y que suponga una
protección efectiva, dejando bien claro que no podía haber una
prevalencia absoluta ni de los derechos de la mujer frente al
«nasciturus», ni de los derechos del «nasciturus» frente a los derechos o
la dignidad de la propia mujer. En este tratamiento constitucional no
tiene cabida el cuarto supuesto que el Grupo Parlamentario Socialista
pretende introducir, ni tampoco considera admisibles los supuestos que
presenta la portavoz de Izquierda Unida, puesto que los conflictos de
índole social se erradican a través de la solidaridad social, los
conflictos de índole personal se palían a través de ayudas personales y
los conflictos de naturaleza familiar se pueden solucionar a través de
una educación más moderna, más solidaria y más acorde con los tiempos que
vivimos.
En cuanto al debate sobre si lo que se está abordando es el aborto y su
ampliación o las sanciones penales para las mujeres, considera la señora
Diputada que el cuarto supuesto de ampliación de la ley del aborto, desde
el punto de vista de técnica jurídica, es poco razonable.
Finaliza negando la invocación de la sentencia del Tribunal
Constitucional alemán, puesto que dicha sentencia lo que hizo fue
declarar la inconstitucionalidad del artículo 218 del Código Penal
alemán, en el sentido de que uno de los aspectos que hubo de modificarse
fue el concepto que de centros asesores se presentaban en la primera
legislación, que fue objeto de recurso posterior, pues los centros
asesores alemanes están concebidos para alentar a la mujer a seguir
adelante con su embarazo.
Por razones de inoportunidad, de deficiencia en la técnica jurídica y de
desajustes importantes con el bloque constitucional español, el Grupo
Parlamentario Popular no va a tomar en consideración las
proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Replican las señoras Fernández de la Vega Sanz y Almeida Castro,
duplicando la señora Fernández González.
En turno de fijación de posiciones de los diversos grupos de la Cámara,
intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y el señora
Silva Sánchez, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley por 176 votos en contra, 166 a favor y una abstención.
El señor Presidente somete a la Cámara, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día de la
presente sesión de las proposiciones de ley de los Grupos Parlamentarios
Mixto (señora Rahola) y Socialista, sobre la creación de un fondo de
compensación de pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del
núcleo familiar y de alimentos, y sobre el fondo de garantías de
alimentos, que figuraban como puntos 3 y 4 del orden del día.
Se acuerda por asentimiento dicha exclusión del orden del día.
Proposiciones no de ley (Página 472)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política de
España hacia Cuba y a la protección de los intereses españoles
(Página 472)
En representación del Grupo Popular interviene el señor Robles Fraga,
manifestando las diferencias que hay entre las proposiciones no de ley
presentadas por los grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que fueron rechazadas, y la que hoy presenta el Grupo Popular
a propósito de la política de España hacia Cuba. Considera que en la
proposición no de ley que hoy se presenta a la consideración de la Cámara
se pretenden establecer las líneas generales de una política de España
hacia Cuba que no puede estar dirigida exclusivamente hacia una ley
norteamericana, por muy importante o equivocada que sea. El objetivo de
España y de la acción exterior debe ser contribuir y fomentar el tránsito
pacífico a una democracia plena, con total respeto a los derechos
humanos, a las garantías políticas y a las libertades fundamentales, por
lo que no se puede caer en la falacia de justificar una dictadura por el
hecho de que ésta esté siendo agredida por un tercer país. Considera
además que se debe tener en cuenta la política que puede hacer España
dentro de la Unión Europea en el momento político que nos toca vivir. Se
pregunta sobre la posición que se debe adoptar tras el derribo de unas
avionetas civiles o tras las detenciones arbitrarias de los miembros de
las organizaciones disidentes cubanas. Piensa que no se deben mezclar la
simpatía y el cariño de los españoles hacia el pueblo de Cuba con
cualquier justificación hacia un régimen que niega las libertades de los
cubanos.
Expone que los objetivos de la proposición no de ley del Grupo Popular
son la voluntad de reafirmación de los compromisos de España con la
libertad de Cuba, la exigencia al gobierno de Cuba del respeto a los
derechos humanos y el cese del hostigamiento a la oposición, con la
conclusión de que se celebren por fin elecciones libres y plurales.
Estima que se debe otorgar al Gobierno el apoyo de la Cámara para la
defensa del derecho internacional y de los legítimos intereses españoles,
violados y conculcados por la llamada ley Helms-Burton, de los Estados
Unidos de América, considerando que estas dos cuestiones son
inseparables.
Manifiesta que se opondrán a la ley Helms-Burton en los foros
competentes, dentro y fuera de la Unión Europea y de la Organización
Mundial de Comercio, y defenderán los intereses españoles de acuerdo con
la Unión Europea. Está de acuerdo con el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) en cuanto a que se debe mantener la cooperación que beneficia
directamente al pueblo de Cuba, pero no la que signifique refuerzo al
régimen de Castro. Encuentra esta ocasión magnífica para elaborar entre
todos un texto de solidaridad con el pueblo de Cuba, de apoyo a los que
sufren bajo una dictadura anacrónica y fracasada, y de coherencia con las
actitudes manifestadas anteriormente en este Parlamento y con las de la
Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del
Grupo Popular intervienen el señor Guardans i Cambo, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Yáñez-Barnuevo del Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones de los diversos grupos de la Cámara
intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, y Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda presentada y
defendida por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), queda aceptada por 176 votos a
favor, 158 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se crea una ponencia
relativa a la formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de
la juventud en España, en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo (Página 483)
En representación del Grupo Socialista interviene el señor Caballero
Serrano, manifestando que su grupo considera fundamental analizar el
papel que juegan los tres actores imprescindibles que intervienen en el
proceso de integración social de los jóvenes: la sociedad, los poderes
públicos y la propia juventud. Propone la creación de esta ponencia para
atender la obligación que tienen los poderes públicos de desarrollar las
propuestas que desarrollen el mandamiento establecido en el artículo 48
de la Constitución española, que dice: «Los poderes públicos promoverán
las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural».
Añade que desde la aprobación de la Carta Magna han cambiado mucho las
condiciones de vida y se ha dado un gran avance en cuanto a la igualación
social de los jóvenes españoles en diferentes ámbitos, sin embargo,
siguen existiendo problemas que impiden el proceso total de socialización
de los jóvenes españoles, sobre todo en el acceso al empleo y a la
vivienda.
Considera que la formación, el empleo y la vivienda están íntimamente
unidos y que, en la medida en que se aporten soluciones en torno a la
formación y, como consecuencia de ésta, al empleo, estaremos más cerca de
encontrar soluciones al problema del acceso de los jóvenes a la vivienda.
Añade que los programas de formación y empleo, formación ocupacional y
escuelas-taller, entre otros, completan las ofertas formativas a la que
tienen acceso los jóvenes, pero no acaban de aportar soluciones completas
al desempleo juvenil, por lo que se hace necesario analizar el desarrollo
de estos programas, conectarlos y homogeneizar las cualificaciones, de
cara a conseguir mejores resultados en cuanto a la inserción profesional
de los jóvenes.
Estima que los jóvenes son un sector de la población donde, de forma más
acuciante, se sufre el problema del desempleo y el de la temporalidad en
el empleo, no siendo suficiente un mayor nivel de formación académica,
puesto que la integración social se produce fundamentalmente a través del
empleo, por lo que los poderes públicos han de desarrollar políticas de
fomento del empleo juvenil y establecer mecanismos de discriminación
positiva que favorezcan el acceso al empleo.
Añade que, como consecuencia del desempleo, los jóvenes tienen
dificultades para acceder a la vivienda, retrasándose así el proceso de
emancipación al que aspiran la mayoría, siendo necesarios nuevos
mecanismos de apoyo a la vivienda en propiedad y en alquiler para la
juventud. La oferta pública de vivienda, destinada a los sectores con
recursos insuficientes, es demasiado escasa en comparación con la
demanda, lo que hace necesario que desde las administraciones públicas se
hagan políticas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda,
teniendo en cuenta no sólo las condiciones económicas sino también el
modelo de construcción.
En turno de fijación de posiciones de los diversos grupos de la Cámara
intervienen los señores Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Campuzano i Canadés, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Sabanes Nadal, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martínez Saiz, del Grupo
Popular.
Sometida a votación, queda aceptada la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, por 327 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 489)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política penitenciaria del Gobierno (Página 489)
La señora Almeida Castro defiende la moción de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya manifestando su preocupación por toda una serie de
problemas que habían surgido en el inicio de la política penitenciaria
del nuevo gobierno en cuanto a la adscripción funcional de la Secretaría
de Instituciones Penitenciarias al Ministerio del Interior. Considera que
la discrepancia planteada en la interpelación no era sólo una cuestión de
forma sino que ponía en peligro lo que era la política de reinserción y
el sentido de ejecución de penas que tenía la política penitenciaria. Por
eso, en la moción que presenta en el día de hoy se solicita del Gobierno
que haga una revisión en la atribución de competencias de asuntos
penitenciarios al Ministerio del Interior y que vuelvan a adscribirse al
ámbito de Justicia, estimando que será posible una transacción
entre las enmiendas propuestas por el Grupo Popular y el Grupo
Socialista.
El segundo punto de la moción se refiere a la obligación del Gobierno de
tomar las medidas pertinentes para hacer efectivo el cumplimiento de las
penas que se establecen en el Código Penal, por lo que considera
necesario que el Gobierno remita a la Cámara un proyecto de ley que
regule la responsabilidad de los menores --vacío producido en este
trámite--, que se acrediten y homologuen centros suficientes para la
deshabituación de drogodependientes, que se habiliten centros idóneos e
infraestructuras suficientes para la aplicación de las medidas de
seguridad y de las penas cortas de privación de libertad, y que se
impulsen los convenios necesarios con otras administraciones públicas y
entidades para posibilitar el cumplimiento de trabajos en beneficio de la
comunidad. Muestra su preocupación por la aplicación demasiado estricta
de las disposiciones transitorias del Código Penal, que está haciendo
prácticamente imposible la salida de las cárceles de muchos presos que
tendrían derecho con la nueva legislación, y se refiere, asimismo, al
sistema de cumplimiento de penas que establece el nuevo Código Penal.
Considera que los macrocentros aislados de la población tienen difícil
encaje con las penas cortas, con los arrestos de fines de semana o con
los trabajos en beneficio de la comunidad, y por eso solicita que se
revise el plan de infraestructuras y establecimientos penitenciarios,
adecuándolo al principio constitucional de reinserción.
En otro punto de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
insta a un proceso de transferencias de las competencias penitenciarias.
Aunque considera este punto conflictivo, cree que también debe haber
corresponsabilidad autonómica en la política de instituciones
penitenciarias, puesto que la cercanía del penado con el ámbito familiar
va a hacer más fácil la función de reinserción que tiene la pena.
En cuanto al colectivo de funcionarios de prisiones considera que el
hecho de haber pasado a Interior puede agudizar su carácter de custodia
en detrimento de su carácter reinsertador, por lo que insta al Gobierno a
que tome las medidas necesarias para solucionarlo, solicitando también
que los profesores de E.G.B. o médicos que hoy están integrados en
instituciones penitenciarias, lo sean en la red pública de educación o en
la red pública de sanidad.
Pide especial atención dentro de las cárceles a la prevención de las
enfermedades y que se lleven a efecto todas las previsiones del Plan
Nacional de la lucha contra el sida, así como contra la drogadicción.
Continúa solicitando del Gobierno una serie de medidas y medios
económicos que eviten las situaciones de hacinamiento, saturación, falta
de higiene y otras análogas que pueden incidir negativamente en la vida
de los reclusos. Hace especial hincapié en que el trabajo penitenciario
ha de tener la consideración de resocializador y se ha de entender como
elemento de formación profesional y proveedor de medios de subsistencia
para los reclusos. Pide al Gobierno que antes del 31 de diciembre de 1996
se presente ante la Cámara un informe que contenga la valoración política
y económica del funcionamiento de la Sociedad de Infraestructura y
Equipamiento Penitenciario. También solicita que se hagan las
modificaciones reglamentarias pertinentes en cuanto a algunas actuaciones
irregulares referentes a los internos de especial peligrosidad,
solicitando, en último lugar, una atención especial a las condiciones de
habitabilidad y salubridad de los departamentos de mujeres y unidades de
madres, generando además la promoción de actividades laborales,
educativas y culturales.
Termina poniendo de manifiesto su espíritu de diálogo y colaboración a la
hora de admitir las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el Grupo
Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Gil Lázaro, del Grupo Popular, y Pérez Solano, del Grupo
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Silva Sánchez, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), duplicando la señora Almeida Castro, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para la presentación
del texto de su proposición en los términos resultantes de las enmiendas
presentadas.
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas
de los grupos Popular y Socialista, fue aprobada por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, en relación con la situación
económica, financiera y presupuestaria del sistema de protección social y
perspectivas de futuro (Página 497)
El señor Cercas Alonso defiende la moción del Grupo Socialista,
consecuencia de la interpelación presentada la semana pasada, deseando
que cesen las interpretaciones sobre la situación financiera y
presupuestaria del sistema de protección social en general
y del sistema de pensiones públicas en particular. Confía en que la
votación de la Cámara será unánime, como unánime fue el Pacto de Toledo.
Estima que existen en España presiones contrarias al mantenimiento del
sistema público de pensiones que funciona bajo la premisa de la
solidaridad y le preocupan las manifestaciones contradictorias sobre la
imposibilidad de atender la revalorización de las pensiones o las
palabras del señor Barea proponiendo una reducción de las cotizaciones
empresariales y una subida de la parte de la cuota obrera.
Considera técnicamente inviables las demandas teóricas de sustituir el
actual sistema de reparto y solidaridad intergeneracional por otro basado
en la capitalización y la previsión individual. Estima que no cesara la
alarma en el país hasta que el Gobierno y los grupos parlamentarios que
le apoyan plasmen los compromisos adquiridos en el Pacto de Toledo en
hechos legislativos. Por eso, en la moción que el Grupo Socialista
presenta a la Cámara se insta al Gobierno para que, antes del día 30 de
septiembre se traiga a la Cámara un proyecto de ley que desarrolle el
Pacto de Toledo. Solicitan un proyecto de ley precisamente porque no
quieren que el Gobierno presente un decreto-ley, como los que ha
presentado en las últimas semanas, porque no consideran apropiado
gobernar por decreto. Fijan una fecha y unas recomendaciones que se
refieren exclusivamente a las pensiones públicas del sistema. Estiman que
ha de ser antes del 30 de septiembre, no sólo porque es urgente terminar
con este estado de confusión, sino porque son conscientes de que cuanto
antes comience la reforma, menores serán los esfuerzos necesarios para el
asentamiento y la consolidación financiera.
También considera imprescindible que antes de remitir el proyecto de ley
a las Cámaras, el Gobierno realice las pertinentes consultas y abra el
imprescindible diálogo con las fuerzas sociales.
Termina ofreciendo la disponibilidad del Grupo Socialista para culminar
la reforma bajo el espíritu constructivo con el que trabajaron en la
ponencia, pero anuncia que este diálogo y este espíritu constructivo se
tornará sin duda beligerante si en lugar de traer las recomendaciones del
Pacto de Toledo traen las recomendaciones del señor Barea, del señor
Folgado o del señor Termes.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene el señor Homs
i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero del
Pozo, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Hernando Fraile, del Grupo Popular.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista, queda rechazada por
164 votos en contra, 130 a favor y 14 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REGULACION DE LA
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 122/000001)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(Número de expediente 122/000006)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, toma en consideración de proposiciones
de ley. En primer lugar, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que se tramitará
acumuladamente con la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre el mismo tema.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante esta Cámara la
proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo, que tiene por objeto ampliar la despenalización a aquellos
supuestos en los que existiendo un grave conflicto personal, familiar o
social, la mujer, de manera serena, responsable e informada, decide no
continuar con su embarazo adelante. Pretendemos, señorías, que ninguna
situación de esta naturaleza lleve a las mujeres a la cárcel, ni a las
mujeres ni al personal sanitario que intervenga en la interrupción...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernandez de la Vega, un momento por favor.
Señorías, ruego guarden silencio. Si se dedican a hacer comentarios, por
bajo que pretenda ser el tono, señor Lapuerta y señor Molina, la suma de
todos ellos produce un murmullo que hace inaudible al orador. Les ruego
que guarden silencio.
Puede continuar, señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor Presidente.
Decía, señorías, que pretendemos que ninguna situación de esta naturaleza
lleve a las mujeres a la cárcel, ni a las mujeres ni al personal
sanitario que interviene en una interrupción voluntaria del embarazo, y
lo pretendemos mediante un sistema que establece un equilibrio ponderado
entre los derechos fundamentales de la mujer y la protección del bien
jurídico del no nacido.
Es obligado recordar hoy aquí, porque tiene relación directa con el
debate que hoy reiniciamos, que hace escasos días entró en vigor el
Código Penal. El nuevo Código Penal no modifica la regulación llevada a
cabo sobre la interrupción voluntaria del embarazo hace más de diez años,
y no la modifica no porque no lo quisiera hacer, no porque quisieramos
mantener la regulación vigente, sino porque decidimos en su día, y esta
Cámara así lo aceptó, que había que llevar el tema a una regulación
especial. Seguimos entendiendo hoy que es necesaria una ley específica
para evitar que un problema tan complejo como éste quede enmarcado en un
texto estrictamente punitivo. Pretendemos que se aborden en el mismo
aspectos de tipo sanitario, médico, social, económico, lo que
indudablemente es necesario para poder tener una visión de conjunto de la
problemática que incide en la interrupción voluntaria del embarazo.
Estas razones avalan por sí solas que el Grupo Parlamentario Socialista,
iniciada la legislatura, presentase como una de sus primeras iniciativas
esta proposición de ley; una proposición de ley importante, que resuelve
un problema real, que define una determinada política criminal en esta
materia, que ayuda a perfilar un modo de convivencia democrática, tal y
como ha querido la actualización de nuestro ordenamiento penal. No sólo
por este objetivo, sino también por la trascendencia social, está más que
justificado que traigamos hoy aquí este debate.
Yo quisiera desde el primer momento y antes de entrar en el contenido
salir al paso de algunas afirmaciones que se han hecho sobre la
oportunidad y hacerles un ruego, señorías. Salir al paso de quien afirma
que no existe conflicto social, salir al paso de quien afirma que no hay
una demanda social mayoritaria en la sociedad, salir al paso de quien
dice que no hay alarma social. Y quiero salir al paso porque es posible,
señorías, que el conflicto no esté como tal en la calle, es posible que
no haya alarma social, es dudoso que no se haya formulado una demanda
social mayoritaria sobre este tema, porque aquí, señorías, lo que hay es
un drama, un drama que permanece en la esfera de lo íntimo, de donde no
sale casi nunca y que cuando sale lo hace de forma más agravada; un drama
que provoca una situación de conflicto personal grave. Y digo esto porque
creo que es claro y necesario recordar aquí en estos momentos temas,
diría, tan obvios como que la interrupción voluntaria del embarazo no es
considerada hoy por nadie como un sistema de control de la natalidad; que
la interrupción voluntaria del embarazo es siempre la última solución;
que origina siempre un problema; que las mujeres que se ven abocadas a
ella tienen siempre unas razones serias y meditadas detrás de su
decisión; que, en definitiva, es un fracaso; que la mayoría de las veces,
por no decir casi todas, es vivida como una realidad traumática y que,
señorías, en definitiva, nadie quiere el aborto, sino que lo que se
quiere cuando se está en una situación de este tipo es que no se hubiera
producido el embarazo que esa persona no se siente capaz de llevar
adelante. Por eso yo creo que es importante aquí recordar cosas tan
obvias también como el derecho a la salud, como el derecho a la vida,
como el derecho a la integridad moral, como el derecho a la integridad
física, porque realmente la realidad social es tan así como que en los
lugares donde existen legislaciones represivas y penalizadoras no
desaparece esta realidad social. Y ello es así porque está absolutamente
demostrado que, evidentemente, no sirve la tutela penal para hacer
desaparecer esta realidad.
Yo quisiera al mismo tiempo decir que este planteamiento pone de
manifiesto que antes de debatir hay que recordar todos estos temas, hay
que recordar los derechos fundamentales de las mujeres y hay que
recordar, en definitiva, algo más importante todavía, el derecho a la
libertad, propia y ajena, el derecho a la libertad ejercida con
tolerancia, tolerancia entendida como el respeto y la consideración a las
opiniones y prácticas de los demás, aunque éstas sean distintas a las
nuestras, algo que desde luego en una sociedad democrática nadie debería
discutir, aunque ello suponga un ejercicio controvertido, porque,
señorías, la interrupción voluntaria del embarazo se ha caracterizado
aquí y en todo el mundo por ser un problema que suscita pronunciamientos
extremos y radicalizados, utilizados las más de las veces como arma
arrojadiza en el debate político. Hoy debemos evitarlo, hacer un esfuerzo
para excluir las descalificaciones y multiplicar las razones, razones que
en el debate parlamentario de una sociedad democrática deben concretarse
en nuestra opinión en líneas de política legislativa y de acción
normativa que en una materia como ésta no supongan incompatibilidad con
opciones igualmente legítimas.
La discrepancia, señorías, es una realidad en las sociedades democráticas
en las que coexisten creencias e ideologías diferentes y plurales, pero
esta realidad se contiene, se regula, se determina en el reconocimiento
constitucional de la libertad de conciencia, de la libertad de
pensamiento, de la libertad de expresión, que ha abierto espacio
suficiente en nuestra sociedad para la separación entre la moral y el
derecho. En una sociedad pluralista como la española ni el Estado ni
ningún grupo político o social está legitimado para imponer por la fuerza
del Derecho penal sus propias y particulares convicciones. Y en la
interrupción voluntaria del embarazo, señorías, juegan un papel
fundamental la moral y las opiniones personales que la sociedad y las
normas que la rigen, que rigen su convivencia, deben salvaguardar. Esto
significa que en el aborto tiene que existir un respeto escrupuloso a las
personas que nunca interrumpirán su embarazo en ninguna circunstancia,
dado que, como es obvio, la despenalización ni obliga ni incita ni
fomenta ni lleva a nadie a interrumpir su embarazo, pero tanto hay que
respetar esto como respetar al mismo tiempo el establecimiento de
garantías jurídicas, sociales, económicas y sanitarias para las personas
que piensen de una manera diferente. Con ello entramos en algo de lo que
partimos los socialistas, en la afirmación rotunda de que interrupción
voluntaria del embarazo y tratamiento penal de la interrupción voluntaria
del embarazo son dos cosas distintas que es preciso no confundir.
En cuanto a la interrupción voluntaria, las opiniones y decisiones son y
serán siempre dispares, responden a distintas apoyaturas ideológicas y
merecen siempre ser respetadas. En cuanto al tratamiento penal de dicha
interrupción, estamos obligados, señorías, a buscar un sistema eficaz de
protección de los derechos e intereses en juego que no agrave con el
calificativo de delincuente, con el sometimiento a un proceso policial o
judicial, incluso con la cárcel, la situación de quien ante una dramática
situación personal decide interrumpir su embarazo.
Creo que las circunstancias que se dan hoy en nuestro país --no hay
convocatorias electorales cercanas a la vista-- deben favorecer que este
debate, en las inmediaciones del año 2000 --y aquí viene el ruego que les
hacía al principio de mi intervención--, sea sosegado, reflexivo, sereno,
alejado de cualquier instrumentalización de tipo político, partidista o
confesional. Señorías, los socialistas les rogamos un esfuerzo. Han
pasado más de diez años desde la reforma de la ley de 1985. Tenemos la
perspectiva de la aplicación de aquella norma, entonces tan criticada,
hoy tan por todos admitida. Reflexionemos, porque hay que cambiarla.
Creemos que hay que cambiarla porque la regulación en la situación actual
es insuficiente. Y es insuficiente porque no contempla todas las
situaciones. Es verdad que la decisión que se adoptó mayoritariamente en
el año 1985 supuso un gran avance en nuestro país. Adaptó la regulación a
los requerimientos constitucionales en la medida en que estableció una
preeminencia de los derechos fundamentales de la mujer en aquellos
supuestos de estado de necesidad o de no exigibilidad de otra conducta,
pero ni desde el reconocimiento de los derechos de la mujer, que están
contenidos hoy en un numerus clausus, en el que se trata de limitar algo
que no es susceptible de limitación en la realidad social, ni siquiera
desde la protección o la tutela del embrión humano, que está abandonado a
la suerte del discutible efecto intimidatorio de la norma penal, creo que
es satisfactorio.
Señorías, los socialistas ya lo han dicho en esta Cámara en alguna
ocasión, pero creo que es necesario volver a repetirlo. La decisión de
ser madre no es ni ha sido nunca un acontecimiento insignificante en la
vida de ninguna mujer. A veces puede significar, evidentemente, una
inmensa satisfacción, pero en otras ocasiones ser una carga insoportable.
El ordenamiento jurídico no puede limitarse a reconocer la inexigibilidad
de una conducta sólo en los tres supuestos hoy existentes, porque ello es
inadecuado y, además, está alejado de la realidad social. Hoy no se puede
pensar seriamente que mediante el recurso a la pena, más allá de lo
razonable que es acudir a ella, se consiga una protección adecuada,
porque hay situaciones distintas a las previstas en la ley en que un
embarazo supone inconvenientes tan grandes para la mujer que exigirle que
lo lleve adelante por medio de la amenaza penal es impropio de un orden
jurídico democrático. ¿O es que no creen ustedes que la desproporción de
la reacción penal para proteger un bien que en los primeros momentos de
la concepción está tan indisolublemente unido a la madre, que depende tan
exclusivamente de la madre en las primeras semanas, se puede resolver en
función de esa amenaza penal? ¿Es que ustedes creen seriamente que se
puede proteger la vida del nasciturus con o contra la madre o sin la
madre? No es así. Cualquier persona que reflexione mínimamente sobre ello
considerará que no es así, y no porque lo digamos nosotros; lo decimos
nosotros e incluso lo ha dicho el Tribunal Constitucional alemán. El
Tribunal Constitucional alemán dijo que el legislador no podía, no debía
proteger la vida humana en formación contra la madre.
Estas razones, junto con el menosprecio para el derecho que supone para
la mujer y todas las personas que están en su entorno una prohibición de
interrupción voluntaria del embarazo, están en el espíritu que informa
esta ley. Además, desde el punto de vista del derecho --porque, señorías,
aquí hacemos el derecho--, desde el punto de vista de la seguridad, desde
el punto de vista de la igualdad, es evidente que es necesario contar con
un texto legal que no provoque una desigual aplicación de la ley, con
interpretaciones contradictorias y a veces poco conciliables. La norma
penal actúa de forma ocasional y aleatoria, dando lugar a procesos que
amparan situaciones subjetivas en las que producen no sólo escándalo,
sino que en la mayoría
de las ocasiones se ven afectados los derechos fundamentales de las
mujeres, cuya intimidad se ve vulnerada...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega, le ruego vaya
concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Concluyo, señor Presidente.
Mujeres que pasan de la noche a la mañana a la situación legal de
imputación. Además, no digo esto sólo por razones jurídicas, sino también
desde el punto de vista de justicia social. Señorías, tengan en cuenta
que la situación actual criminaliza conductas de mujeres que se ven
abocadas al aborto por causas socioeconómicas. No hay que olvidar que,
salvo excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo afecta
fundamentalmente a madres de familia numerosa, a mujeres solas, a mujeres
solteras, a adolescentes y a menores, es decir, al sector de población
más desprotegido. Todo esto ha hecho que en distintos países hubiera una
evolución de las legislaciones en base a estas razones de justicia
social, de salud pública y de seguridad.
En segundo lugar, quisiera hacer mención a la existencia de un consenso
social en nuestra sociedad. Creo que existe un consenso social
mayoritario en orden a no criminalizar las situaciones de conflicto
personal grave. En cuanto a este consenso social, ninguno de los
partidos, ninguno de los grupos parlamentarios aquí representados
ofrecieron en sus programas electorales la derogación de la situación
actual. Pues bien, señorías, si admitimos esto, tenemos que admitir que
la realidad tiene que dar un paso más adelante, pero no sólo porque lo
digamos nosotros, sino porque hemos asumido compromisos, como el suscrito
por el Estado español en la IV Conferencia de la Mujer, de Naciones
Unidas, celebrada en Pekín. Esta conferencia agrupa a 189 países con
diferentes religiones y concepciones políticas e ideológicas y en ella
todos requirieron a los Estados para que revisasen aquellas legislaciones
penalizadoras o recriminadoras de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Nuestro modelo se adapta a la Constitución, está en sintonía con los
modelos europeos, establece la capacidad de la mujer para adoptar la
decisión final, establece como requisito previo la información y el
asesoramiento y, desde luego, establece un ponderado equilibrio en la
protección de los derechos que están en juego. Yo creo, señorías, que las
mujeres españolas somos acreedoras de la misma confianza que tienen las
mujeres europeas en cuanto a responsabilidad y en cuanto a sentido del
deber, de lo que queremos o podemos hacer; no somos distintas de las
demás. Aquí, en muchas ocasiones, parece que con esta situación, cuando
es un tercero el que tiene que resolver el conflicto...
El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, ha superado su tiempo; le ruego
concluya.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Repito, cuando es un tercero el que
tiene que resolver el conflicto, a ustedes les parece muy bien, le
otorgan presunción de veracidad; si es la propia mujer la que lo valora,
ya no están de acuerdo.
Por todas estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista
solicita su voto favorable para la toma en consideración de esta
proposición de ley. Nosotros no sólo vamos a votar positivamente ésta
sino también la toma en consideración de la proposición presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque sabemos que, a
continuación de esa toma en consideración, vamos a propiciar el consenso,
tal y como hicimos en la legislatura anterior.
Por todo ello y por un avance mayor en nuestra sociedad democrática,
solicitamos el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que subo a esta tribuna con un
poco de tristeza, una vez más, a tratar un tema que yo no quiero llamar
el debate del aborto. No venimos a hacer un debate sobre el aborto,
venimos a hacer un debate sobre la legislación actual que tenemos para
ver si cubre las necesidades y los derechos que las mujeres de hoy
tenemos en nuestro país. Digo que subo a esta tribuna con un poco de
pena, una pena amorosa, pero también una pena crítica, porque hoy estamos
viendo esta proposición de ley después de catorce años, tiempo en que
podíamos haber elaborado ya esta ley, después de que otro Gobierno podía
haberla aprobado y después de haber hecho todos los intentos, legislatura
tras legislatura, para que se modificara. Pero como una no puede vivir
del pasado, tiene que tener presente que lo que no se consiguió entonces
tenemos que conseguirlo en algún momento. Subo a esta tribuna, además,
porque sé que esa inconsciencia del propio grupo del Gobierno anterior
dependió mucho de la falta de consideración hacia los problemas de las
mujeres.
Estamos en un debate de legalidad. El debate de aborto sí, aborto no, lo
concluyó nuestro Tribunal Constitucional solucionando el recurso
inconstitucional que estas filas (Señalando los bancos del Grupo
Popular.)
hoy en el Gobierno presentaron en su día. La sentencia del Tribunal
Constitucional permitió regular la interrupción del embarazo en nuestro
ordenamiento jurídico. Lo permitió no en base a los derechos del
nasciturus, sino argumentando que podía haber un conflicto de intereses
fundamentales, como podían ser el derecho nunca negado a la vida de
cualquier persona, pero también el derecho fundamental y de la misma
categoría a la libertad, a la dignidad y al desarrollo personal de las
mujeres.
Quiero recordar aquí que en esa sentencia un hombre por el que hemos
guardado silencio en esta Cámara y con el que hemos tenido también muchos
llantos de dolor junto con otras víctimas, el profesor Tomás y Valiente,
presentó un voto particular en el que se refirió a que se hablaba mucho
del nasciturus, pero que el conflicto no era con el nasciturus sino con
la falta de respeto a la libertad en la decisión de las mujeres
embarazadas. Esa falta de respeto a la libertad es lo que también
determina hoy una interpretación distinta de nuestro debate.
La ley actual, que ha sido agravada con la existencia del nuevo Código
Penal, prevé exclusivamente tres supuestos, tres supuestos que han hecho
que muchos digan: ¡Hombre!, si eso ya no es problema en España; si
hacemos la vista gorda y eso no es problema en España; si en España no
hay mujeres en las cárceles; si en España no hay juicios por aborto. ¡No
sé por qué me tocarán a mí todos! Quizá ustedes no hacen ningún recorrido
por los tribunales, pero cuando una va allí ve los juicios por aborto,
porque en España hay juicios por aborto, hay mujeres condenadas y hay
médicos que en este momento están en orden de busca y captura en la
Comunidad Autónoma Catalana de Convergència i Unió, con dos años de
condena por la realización de una interrupción de embarazo.
Tampoco vale decir que están las cosas arregladas. No lo están y queremos
arreglarlas. Queremos arreglarlas porque este debate tiene que ser el
debate de la legalidad y de la legalización de lo que de verdad es el
derecho a decidir de las mujeres, que no es un derecho absurdo, que no es
un derecho de irresponsabilidad. Son derechos de pura consciencia, a
decidir tanto su derecho a ser madre como su imposibilidad de serlo, y
eso tiene que estar amparado en nuestro Código.
Estamos teniendo otros problemas de la utilización de la ley. Hoy sabemos
que en el 96 por ciento de las interrupciones de embarazo que se hacen en
nuestro país se esgrime como causa el peligro para la salud psíquica de
la embaraza. Todas las mujeres españolas que nos vemos obligadas a
interrumpir un embarazo estamos hechas polvo de la salud psíquica. Pues
de esa alegación de causa nos estamos encontrando con que, en juicios de
divorcio, el marido que acompañó amorosamente a la mujer, le dice, para
quitarle la patria potestad, que está con la salud psíquica hecha polvo,
como acreditó al interrumpir un embarazo; el novio que se desenamora
presenta una denuncia contra la mujer diciendo que tenía la salud
psíquica hecha polvo. Y nos encontramos con más de mil diligencias
judiciales que no han llegado a condena, pero que han llegado a juicio y
a algo peor: a romper la intimidad de una mujer, que se ve en su pueblo
de sitio en sitio, de juzgado en juzgado, de tribunal en tribunal, porque
alguien revisa el criterio que utilizó para la interrupción de su
embarazo.
Es más. Cuando todos estamos hablando de convergencia con Europa (están
todos corriendo a converger con Europa: una misma ley para el terrorismo,
unas mismas leyes para reprimir, colaboración), nosotros vamos a hacer,
otra vez, el España es diferente. En las cuestiones de aborto, España es
diferente. Nos lo ha dicho el Parlamento Europeo, nos lo ha dicho con
esta ley y nos lo ha dicho en aquella resolución del 12 de marzo de 1990,
en cuyo apartado g) nos dice que hay un volumen del turismo relacionado
con el aborto que tiene lugar en distintos Estados miembros comunitarios
--y ya existía la ley--, y dentro de los mismos, no sólo desde Irlanda,
sino también desde Bélgica, la RFA y España, al ser menos restrictiva la
situación legal y efectiva en torno a la asistencia relativa al aborto. Y
el Parlamento Europeo (que parece que tanto nos hace aspirar a los
términos de la convergencia estricta, pero que de esto pasa y a las
mujeres españolas no nos hace convergentes) opina que conviene combatir
los nuevos casos de persecución y condena de mujeres y médicos que
practican la interrupción voluntaria del embarazo en países como España y
la RFA. Son consejos para evitar que tres médicos asturianos y una mujer
sean sometidos a peticiones de doce años de inhabilitación, el mes
pasado, que han sido absueltos, pero que precisamente han sido revisados
los criterios de esa propia ley. Repito que la Audiencia de Barcelona ha
condenado a otros dos médicos y a una mujer, también por interrumpir el
embarazo, y el Tribunal Supremo, en un acto de proteccionismo estupendo,
ha absuelto a la mujer pero ha condenado a los médicos. Con ese
proteccionismo de ¡pobrecita mujer que interrumpe el embarazo! decidió:
Vamos a sancionar al médico malo que le presta la asistencia sanitaria
que necesita. Para que no condenen a los médicos, vamos a tener que
volver al perejil o a la aguja de hacer punto.
¡Ya está bien de no plantearnos las cosas con los criterios de realidad
que tengamos ahora! ¿Por qué? Porque los criterios de realidad tienen
mucho que ver con los criterios de libertad de decisión. No es justo lo
que está ocurriendo hoy porque algunas fuerzas políticas incluso
quisieran impedir que entráramos en consideración de estas leyes. Y yo no
voy a defender la ley, porque la ley no la va a hacer sólo el Grupo de
Izquierda Unida. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta, porque
creemos que es la mejor forma, pero hoy se está tomando en consideración
esta proposición de ley para que entre todos los grupos de la Cámara
logremos un consenso en el que surjan los menores problemas posibles para
arreglar esta situación.
Ya habíamos llegado a acuerdos, incluso con fuerzas políticas, en la
anterior discusión del proyecto del Código Penal. ¿Les parece justo que
haya un médico condenado a seis años y un día por interrumpir el embarazo
de una niña de catorce años, violada por su tío desde que tenía ocho?
Como cuando se queda embarazada es a los catorce y a partir de los doce
no es violación sino estupro, este médico tiene una condena de seis años
por no ser un supuesto de los que están previstos en la despenalización
del Código Penal. ¿Es justo que nos quedemos en la letra, que no vayamos
a que a una persona le puedan hacer una inseminación artificial contra su
voluntad y que tampoco esté recogido en este Código Penal, en esta ley,
la posibilidad de interrumpirlo? Habíamos llegado a un acuerdo. Yo creo
que tratar de las nuevas realidades es una forma de intentar hacer que la
legalidad sea un hecho para todos.
Me parece fundamentalmente un hecho de justicia para con las mujeres de
nuestro país. Nosotras no somos diferentes a otras muchas mujeres,
incluso a las alemanas a las que se ha referido la portavoz del Grupo
Socialista que parece que tenían tanto miedo a reformar su ley, cuando lo
que se hace es acabar con la hipocresía, porque en el fondo hay una
tremenda hipocresía, la hipocresía de los que piensan que hay que
respetar la conciencia --esos van a tener siempre nuestro respeto--, y la
hipocresía de aquellos cuya conciencia no respeta la libertad de decisión
de los demás. Esa es la gran hipocresía de este país. Aquí no es que se
obligue a la gente a abortar, es que se sanciona a las personas que
quieren ejercer su derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Y si
algo hemos hecho las mujeres de este país es no sólo saber ser madres,
sino a veces ser madres solitarias. Porque hoy la gran mayoría de las
familias monoparentales tienen a su cargo hijos en solitario, y aunque
muchos padres desaparecen las que no desaparecen casi nunca son las
madres. Y las mujeres que han sabido ser madres tienen derecho a que les
permitamos decidir con responsabilidad cuando se produce el conflicto,
que sabe el Tribunal Constitucional que puede existir, que les impide
llevar adelante el embarazo.
Creo que ese supuesto no está en nuestra ley y, además, hay que tender a
que no sea cuestión de supuestos sólo, porque nadie tiene la capacidad de
saber el fuero interno de una persona a la que se le provoca esa
incompatibilidad. No hay nada peor que un embarazo no deseado, no hay
nada peor que un niño no deseado, no hay nada peor que algo que no va a
tener la protección ni de aquélla que lo tiene metido dentro. Estimamos
que hay que dejar de tomar actitudes que no van a cambiar lo que son
derechos innegables.
Nadie puede dar respuesta a otra salida, nadie dice que va a evitar el
aborto. Nosotros estamos luchando por los anticonceptivos, por la
información, por otro modelo de sexualidad que a lo mejor no tenga que
llegar a la penetración, ni siquiera al embarazo. Estamos luchando por
todas esas cosas, pero cuando hay un embarazo sólo hay dos soluciones: o
se lleva adelante por decisión de la mujer o, si no, tiene que recibir la
prestación sanitaria suficiente para poder hacer esa interrupción. No es
que haya leyes para evitar el aborto, es que hay leyes para penalizar el
aborto. Y la única salida que se da a este problema es la adopción, como
si las mujeres fuéramos fábricas de niños para regalar o para dar. Somos
mujeres que queremos tener la decisión de llevar adelante un embarazo
deseado y si no queremos llevar adelante un embarazo y no se nos permite
abortar, lo único que va a ocurrir es que la mujer española se tenga que
ir a otros países o que tenga que ser objeto de un juicio o ir a prisión.
Quizá se sentirán muy protectores todos los grupos para decir: ¡Pobre
mujer! A ésa no la vamos a llevar a prisión, porque en Pekín se ha dicho
que a las mujeres que aborten no se les sancione y nosotros vamos a ser
tan buenos y tan protectores que a ellas no las sancionaremos. Pero a los
médicos que les presten ayuda, a ésos les vamos a imponer las penas
necesarias.
Me parece que es una hipocresía. No estamos hablando, repito, de aborto
sí, aborto no, sino de una ley que resuelva los problemas. Y creo que una
ley que resuelva los problemas exige un nuevo supuesto donde no tener que
contar nuestras penas, donde no tener que someternos a si tenemos la
salud psíquica hecha polvo --que la tendremos--, sino que sólo tendremos
necesidad de decir: mi responsabilidad hace que no pueda llevar adelante
este embarazo.
Yo quiero hacer una llamada a todos los grupos de la Cámara. No somos
abortistas porque pretendamos que las leyes amparen la decisión; son
sancionadoras de conductas, controladoras de la libertad de la decisión y
no en un supuesto de protección del nasciturus ni de protección de la
vida. El nasciturus es una decisión que nace a partir de la concepción de
llevar adelante ese embarazo con deseo. Pedimos toda la protección, pero
no se le da porque aquí se trata a los nasciturus deseados que ¡ni te
quiero contar! Hay falta de atención, hay falta de vigilancia a los
embarazos. No estamos ante un problema que no sea el de las mujeres,
estamos presentando un problema de legalidad. Yo creo que la legalidad
tiene que ser algo que permita a todos los grupos entrar en discusión y
que veamos asuntos que estoy convencida que es unanimidad de la Cámara
querer modificarlos. ¿Por qué no tomamos en consideración estas dos
proposiciones de ley y mediante el consenso elaboramos una ley que dé
seguridad jurídica, que nos equipare a los países de nuestro entorno,
pero, sobre todo, que no haga diferentes a las mujeres al ser
sancionadas, sino que las haga iguales en responsabilidad y en capacidad
de respetar su libertad?
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, le ruego vaya concluyendo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Es éste el llamamiento que hago al conjunto de
la Cámara: que nos den la oportunidad de defender una ley que, en el
fuero interno y salvo las presiones de uno u otro tipo que pueda haber,
se merece este país para terminar con un asunto que entendemos que ha
tardado mucho tiempo, culpablemente, en solucionarse.
No podemos estar con ciertas cuestiones pendientes, como la de las
mujeres inmigrantes ilegales en España, que no tienen protección alguna,
que se ven abandonadas y que están abortando en un diez por ciento ante
la falta de ayuda que hay en este país; que no pueden ir a la Seguridad
Social porque ni siquiera allí se las acepta. Hay una situación de
desamparo en muchas personas a la que necesitamos dar una solución. Las
ayudas que haya ya las saben y se las podemos decir, pero, sobre todo,
nadie puede ser controlado en una capacidad de decisión que yo creo que
hemos ejercido siempre con responsabilidad, hemos demostrado que lo
sabemos hacer, y merecemos --como mujeres y como personas que en algún
momento podemos vernos sometidas a una decisión no deseada como ésta--
poder tener una tranquilidad en la asistencia sanitaria y no el miedo y
el temor a no saber si vas a terminar en un hospital atendida o en una
cárcel detenida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las dos proposiciones de ley sobre la ampliación del aborto,
que son presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, reproducen casi en su literalidad
iniciativas parlamentarias que han sido tramitadas en la anterior
legislatura. La diferencia es que el Grupo Socialista reproduce en esta
proposición de ley lo que entonces fue un proyecto de ley remitido por el
Gobierno, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida formula una
iniciativa coincidente exactamente con la ya presentada en la anterior
legislatura. Ambas proposiciones de ley tienen algún punto, algún
denominador común y presentan también alguna divergencia a la que yo haré
referencia en esta intervención en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
Igualmente coincide la postura que defendía entonces el Grupo
Parlamentario Popular en la legislatura anterior frente a estas dos
iniciativas parlamentarias y que, como SS. SS recordarán, se formalizó a
través de la correspondiente presentación de una enmienda a la totalidad
con solicitud de devolución del texto al Gobierno.
Fueron dos los grupos parlamentarios que formularon enmiendas a la
totalidad, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Las razones que entonces señalaba el Grupo
Parlamentario Popular para justificar aquella enmienda a la totalidad
eran razones de oportunidad, razones de fondo y razones de una
deficiencia en la técnica jurídica que presentaba el entonces proyecto
gubernamental.
Han pasado escasos meses, poquísimo tiempo desde que el Gobierno
socialista anterior remitiese a esta Cámara el proyecto que no tuvo
trámite parlamentario y que, como consecuencia de la disolución de las
Cortes, caducó en su propia tramitación parlamentaria.
Las razones que invocaba el Grupo Parlamentario Popular entonces
rechazando el proyecto del Gobierno y rechazando la iniciativa
parlamentaria que presentaba y formulaba el Grupo de Izquierda Unida
siguen para nosotros en toda su vigencia, y adquieren la misma fortaleza
con que entonces las defendíamos desde esta tribuna y desde el seno de la
Comisión de Justicia e Interior cuando el debate parlamentario llevó al
período de presentación de enmiendas parciales al texto del articulado.
A nuestro juicio, señorías, la ampliación de la Ley del aborto que
formulan estos dos grupos parlamentarios no es acorde con una demanda en
la sociedad española. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
su intervención se apresuraba a tratar de vencer las objeciones que
intuía que seguramente nosotros íbamos a reproducir con carácter previo a
la intervención en este debate de hoy.
Yo he de decirles, señorías, que tenemos constancia fehaciente, que ni se
trata de una demanda mayoritaria que solicite la sociedad española, que,
por tanto, entendemos que el legislador español, las Cortes, no están
llamadas a ir por delante de una legislación que no se solicita
mayoritariamente por la sociedad española en su conjunto. También se
puede ilustrar con algún dato estadístico que puede arrojar alguna luz si
se quiere hacer un debate ajustado a la realidad, si se quiere hacer un
debate sereno y si se quiere hacer un debate acertado que demuestre
sintonía entre el Parlamento y la calle. Si se quiere hacer este debate y
se quiere realzar la sintonía que el Legislativo debe tener siempre con
las demandas sociales, hemos de convenir en que, si bien es cierto que
hay un porcentaje estimable de españoles y españolas que aceptan la
legislación actual en materia de aborto, dentro de esa aceptación de la
legislación actual en materia de aborto hay dos elementos diferenciales
que podemos resaltar: el argumento que justifica el aborto y que aceptan
los españoles de forma casi unánime es cuando se invoca el grave peligro
para la salud de la vida de la madre. El que menos
aceptan los españoles de los supuestos hoy vigentes en nuestro país es el
aborto que se practica después de haberse producido una violación y de
haberse interpuesto la correspondiente denuncia.
Si bien es cierto que hay un grado de consenso importante en la
aceptación de la legislación actual, con un rechazo residual del 40 por
ciento de españoles que entiende que no debe haber ninguna legislación en
materia de aborto, no es menos cierto, señorías, que de forma
importantísima, mayoritaria y reforzada, los españoles sostienen que no
es necesario en este momento ampliar la Ley del aborto, confiriendo a la
regulación actual un cuarto supuesto en el que ampararse para realizar
nuevas interrupciones de embarazo.
Si estas son razones de oportunidad, hay otra igualmente importante que
nosotros poníamos de manifiesto entonces y que quiero reiterar hoy en
esta intervención y en este debate, que es una razón de índole jurídica.
Sus señorías hacían referencia en las intervenciones anteriores a que
tanto la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, como la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, se acomodan perfectamente al texto constitucional español y a la
interpretación que nuestro Tribunal Constitucional hace de determinados
artículos de nuestro texto magno. Es una opinión respetable, pero desde
el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es consecuencia de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1985; sentencia
que, como saben SS. SS., no solamente tiene el valor de cosa juzgada,
sino que vincula a todos los poderes públicos y, entre otras
consideraciones, un fundamento de esta sentencia señalaba: La protección
que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado dos
obligaciones: en primer lugar, la de abstenerse de interrumpir u
obstaculizar el proceso natural de gestación; por otro lado, y tan
importante como la anterior, establecer un sistema legal que garantice la
defensa de la vida y que suponga una protección efectiva, dado el
carácter fundamental que la vida tiene en nuestro ordenamiento como eje
de todo nuestro sistema constitucional.
No dejaba de decir el Tribunal Constitucional que los tres supuestos que
hoy están vigentes en España hacen referencia a conflictos de naturaleza
singular, y el propio Tribunal español evaluaba que no podía haber una
prevalencia absoluta ni de los derechos de la mujer frente al nasciturus,
ni de los derechos del nasciturus frente al menoscabo de los derechos o
de la dignidad de la propia mujer. En estos tres conflictos singulares, a
los que el Tribunal Constitucional dio acomodo dentro de la
interpretación que del artículo 15 de nuestro texto elaboró en la
doctrina de la importantísima sentencia, encontramos que no puede tener
ni ajuste ni acomodo jurídico ni constitucional el tratamiento que la
proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
pretende al introducir un cuarto supuesto, donde se establece un juicio
de valor importante, y nosotros creemos que es rechazable.
Hablar de malformaciones en el feto, hablar de violación consecuencia de
la cual se derive un embarazo o hablar de un grave peligro para la salud
física o psíquica de la madre, ninguno de estos tres supuestos, señorías,
nos parecen análogos en su configuración, en su envergadura ni en su
importancia a lo que la proposición de ley da en denominar conflicto
familiar, conflicto social o conflicto personal.
Cuando la portavoz de Izquierda Unida hacía referencia en su intervención
a que los conflictos --sin enunciarlo de esa forma-- de naturaleza
social, personal o familiar pueden angustiar a una mujer española y la
pueden abocar a encontrarse en el trance de decidir si realiza o practica
un aborto por un embarazo no deseado, permítanme, señorías, que
introduzca una pequeña reflexión. La reflexión es que, a nuestro juicio,
un conflicto de índole social se erradica a través de la solidaridad
social; un conflicto de índole personal se puede tratar de paliar a
través de ayudas personales, y un conflicto de naturaleza familiar se
puede tratar de solucionar a través de una educación más moderna, más
solidaria y más acorde con los tiempos que vivimos.
Señorías, en cuanto a que estos tres conflictos, social, personal o
familiar, deben llevar inexcusablemente a una mujer a la decisión de
adoptar, tras un asesoramiento a través de los centros que se configuran
en la proposición de ley socialista y después del paso del plazo de tres
días, una solución irremediable --voy a utilizar una palabra que usó la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida-- nos parece una gran hipocresía
social. Nos parece una gran hipocresía social querer ampliar una ley del
aborto, conocido el diagnóstico social español, la realidad social
española, donde sin duda alguna, señorías, debemos implicarnos todos,
cada uno en la medida de sus responsabilidades políticas e
institucionales, tratando de articular medidas tendentes a conseguir que
esos conflictos sean inexistentes, que la solidaridad social la sientan
las mujeres desde la propia sociedad y desde los diversos poderes
públicos de nuestro país.
Finalmente, quiero hacer una reflexión a consideraciones que han invocado
tanto la portavoz socialista como la portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Hay un debate, señorías, que seguramente resulta muy
ilustrativo por lo sintético, pero muy poco veraz, muy poco ajustado a la
realidad y, desde luego, con escaso rigor jurídico en su tratamiento.
Cuando introducen el debate de la modificación de la ley del aborto y su
ampliación y lo quieren reducir a que estamos abordando el debate de
sanciones penales o cárcel sí o cárcel no para las mujeres, quiero hacer
alguna consideración a este respecto. El nuevo Código
penal que entró en vigor hace escasas fechas, que como saben SS. SS. no
contó con la aprobación del Grupo Parlamentario Popular en la anterior
legislatura, configura en su Libro II, que lleva por título De los
delitos y sus penas, el delito del aborto. Dicho con otras palabras, al
amparo del artículo 417 bis o al amparo de los artículos 144 y siguientes
del que se ha dado en llamar Código penal de la democracia, el aborto
está tipificado como delito. Si seguimos la argumentación de la
proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y defendida hoy
aquí, que pretende hacer ese debate reduccionista de si estamos hablando
de un problema de cárcel sí o cárcel no, quiero decirles, señorías, que
conforme a su propia proposición de ley y al establecimiento del cuarto
supuesto de ampliación de la ley del aborto, desde el punto de vista de
técnica jurídica, tratando de seguir su argumentación, nos parece
bastante poco razonable. Existe la incriminación dentro del tipo del
aborto, según el artículo 144 y siguientes del Código penal, por
realizarse abortos en centros no acreditados. Es decir, que ustedes
supeditan, a través de esta proposición de ley que hoy presentan a la
consideración de la Cámara, que cuestiones de índole administrativa
puedan llevar a la incriminación, lo que creemos que es difícilmente
asumible desde su filosofía y desde la postura que ustedes han defendido
anteriormente, a través del proyecto gubernamental, y hoy, como grupo
parlamentario de la oposición, a través de la presentación de esta
proposición de ley.
Creemos, sin duda alguna, que éste es un debate difícil, complicado,
porque estamos hablando de cuestiones que afectan a la intimidad de las
conciencias y a la intimidad de las personas. Pero, señorías, como Cámara
legislativa tenemos que abordar estos debates teniendo en cuenta, de un
lado, esa sensibilidad --y es muy importante fijarnos en ello--,
analizando cuál es la situación social, cuál es la realidad española y,
por tanto, la demanda que la sociedad hace respecto a esta ley, pero sin
perder de vista argumentos jurídicos que pueden ilustrar adecuada y
perfectamente este debate.
Yo quiero finalizar rechazando una argumentación que por reiterada se
corre el peligro de creer que se trata de algo veraz y no lo es. Se
invoca la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que, como SS. SS.
saben, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 218
del Código penal alemán. Esta es una sentencia importante y lo digo
porque lo utilizan al hilo de su argumentación y como apoyo y refuerzo de
la misma y es todo lo contrario. Uno de los aspectos que hubo que
modificarse en el Parlamento alemán, fruto de la declaración de
inconstitucionalidad, fue el concepto que de centros asesores se
presentaba en la primera legislación, que fue objeto de recurso
posterior. Los centros asesores alemanes están concebidos, a través de un
mandato absolutamente nítido e imperativo, para alentar a la mujer a que
siga adelante con su embarazo.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
El concepto que ustedes introducen a través de la configuración de los
centros asesores pretende, y así lo han subrayado en numerosas ocasiones,
que desde un concepto de neutralidad se pueda tutelar un bien jurídico
que debemos proteger, que es el derecho a la vida.
Por razones, señorías --y con eso concluyo-- de inoportunidad, de falta
de una demanda social mayoritaria que impulse a estas Cámaras a una
modificación o ampliación de la legislación; por considerar que hay que
adoptar otras medidas de naturaleza positiva que colaboren a la
solidaridad con la mujer y no se vea abocada hipócritamente a realizar
abortos ante situaciones dramáticas; por razones de deficiencia en la
técnica jurídica de la proposición de ley que ustedes presentan y por
razones de desajustes importantes, desde nuestro punto de vista, con el
bloque constitucional español, el Grupo Parlamentario Popular no va a
tomar en consideración y, por tanto, rechazará la proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Me han comunicado que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) usará el turno de fijación de posición y no el turno en contra,
como en principio parecía haber entendido la Presidencia por los gestos
de su portavoz.
Señora Fernández de la Vega, me pareció que tenía intención de replicar.
(Asentimiento.) Tiene la palabra por cinco minutos.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para contestar a la postura de oposición mantenida por el
Grupo Parlamentario Popular. Quisiera poner de manifiesto, señorías,
señoras y señores Diputados, que aquí se han alegado razones de
oportunidad, razones de fondo, razones de técnica jurídica. En cuanto a
las razones de oportunidad es probable que miremos la sociedad de forma
distinta, señoría, es probable que hagamos el pulso de forma distinta,
señoría. Yo creo que existe un sentir mayoritario social y no sólo con
respecto a aceptar la situación de la legalidad vigente, cosa que hace
diez años en nuestro país no ocurría. Felizmente la sociedad española
evoluciona, felizmente existen posturas más tolerantes y felizmente este
tema está menos radicalizado y hay una
mayor tolerancia, incluso respecto de posturas morales, que permiten un
acercamiento, un consenso, y que permitirían que en esta Cámara diéramos
un paso adelante, que yo creo que es importante, tras analizar los
problemas que ha tenido la aplicación práctica de esta ley.
Por lo tanto, yo creo que el consenso existe. Yo creo que si hemos
aprobado recientemente un Código penal basado en el principio de
intervención mínima deberíamos ser coherentes con un problema tan
delicado ya que, como usted muy bien ha dicho, hay que tratarlo no sólo
ateniéndonos al Derecho penal, no sólo al derecho punitivo sino con
instrumentos sociales, instrumentos económicos, políticas de acción
positiva, que desde luego muchas se han llevado a cabo durante el
anterior gobierno socialista y que habrá que seguir incrementando en esta
materia. Pero, evidentemente, eso no significa que tengamos que seguir
manteniendo la solución al problema del aborto con el derecho punitivo.
Eso, por una parte.
Por lo tanto, creemos que la oportunidad no puede ser mejor puesto que
acaba de entrar en vigor un Código penal que establece unos principios de
política criminal del siglo XX, principios del XXI, que evidentemente no
son los mismos que los del siglo pasado. Y deberíamos adaptar también la
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo a este tema. Pero
es que, además, señoría, aun cuando esto no fuera así, es decir, si no
existiese ese consenso social que sí existe en nuestra opinión, la
oportunidad y la legitimidad de la proposición que presentamos se
mantendría. Porque como usted muy bien sabe el consenso social es
exigible para la criminalización de nuevas conductas, no para la
descriminalización de conductas que sólo merecen una desaprobación
intensa para un determinado sector social. Este es un principio
característico y generalizado mínimo del Derecho penal. Por lo tanto,
creemos que hay consenso pero, aun cuando no lo hubiera, no haría falta
para descriminalizar.
En segundo lugar, usted aludía a problemas jurídicos y de
constitucionalidad. Yo no creo que este sea el momento de entrar a
debatir los contenidos de la ley porque en estos momentos lo que estamos
tramitando es la toma en consideración de la ampliación en la
despenalización; de ahí que mi grupo haya puesto de manifiesto que va a
votar también la iniciativa de Izquierda Unida, aun cuando no coincida en
muchos contenidos. Estamos de acuerdo en avanzar y vamos a ampliar.
Nosotros sostenemos que nuestra propuesta está especialmente cuidada en
el ámbito de la constitucionalidad. Es evidente que se pueden hacer
muchas lecturas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero yo
creo que nuestro Tribunal Constitucional, que sentó una doctrina en unos
obiter dicta con cinco votos particulares también en contra de la
doctrina del texto principal, dejó abierta la posibilidad de que
existieran otros conflictos entre los derechos de la madre y el
nasciturus semejantes a los que justifican los tres supuestos hoy en
vigor. Y eso está textualmente dicho por el Tribunal Constitucional. Y
además está dicho que el Estado puede garantizar la protección del no
nacido así como los derechos de la madre, sin que ninguno prevalezca
absolutamente sobre el otro, mediante la exigencia de un requisito, cual
es el que la mujer, como sucede en este proyecto de ley que presentamos,
previamente reciba asesoramiento e información suficientes para tomar su
decisión con responsabilidad. Eso está admitido por el Tribunal
Constitucional. Se podrán hacer muchas lecturas.
En definitiva, si aquí aprobáramos algo, sería el Tribunal Constitucional
el que tuviera la última palabra. Pero estamos convencidos de que nuestra
proposición está en el marco de la Constitución.
Le quiero decir que es verdad que el Tribunal Constitucional alemán
declaró inconstitucional la ley, pero es una sentencia interpretativa; no
toda la ley. El Tribunal Constitucional, usted no dice todo, dígalo todo
completo para ilustrar a SS. SS., dejó la decisión final siempre a la
mujer, y eso es lo que rige hoy en el Derecho alemán, si bien es verdad
que, como usted ha señalado, estableció requisitos distintos para los
centros de asesoramiento. Esas son opciones legislativas y yo creo que en
el marco de nuestra Constitución la opción que vale es la nuestra.
Por lo tanto, yo creo que desde un punto de vista jurídico, y eso es
discutible --además pienso que este no es el momento de entrar a
analizarlo porque creo, y es lo que he intentado, que aquí deberíamos
tratar de centrar el debate sobre si estamos de acuerdo en dar un paso
más hacia adelante--, se debe dar un paso hacia adelante, se puede dar,
se debe dar, es necesario darlo y, desde luego, hay un sentir social
mayoritario con respecto a esa necesidad.
Señorías, la opción por el asesoramiento...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega, tiene que concluir.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Sí, termino, Presidente.
... comporta la renuncia a someter los motivos de la mujer a la ulterior
valoración de un tercero y, por consiguiente, es evidente la renuncia a
utilizar sanciones cuando esos motivos no parezcan correctos, que además,
en ningún caso podrían, de forma constitucionalmente legítima, invadir la
esfera de la intimidad de la mujer.
Por tanto, yo creo sinceramente que con esta proposición de ley que
presentamos el Grupo Parlamentario Socialista, que hoy se podría aquí
votar favorablemente para luego intentar consensuar y tratar de llegar a
un acuerdo que refleje el sentir social mayoritario, contribuiríamos
evidentemente a solucionar un problema no con la cárcel, no con la
prisión, señoría, porque
es verdad que en el Código penal se mantienen determinados requisitos que
pueden determinar la punibilidad de un aborto no realizado en las
condiciones que establece la ley, porque ahí precisamente está la
protección a la que el Estado nunca jamás puede renunciar para proteger
la vida. Lo que pasa es que nosotros sí que renunciamos, frente a la
tutela penal, a esa tutela para buscar otra tutela que sea más acorde con
la realidad social que nos está demandando solucionar un problema de
forma más razonable, como la tienen el resto de los países europeos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega. La señora
Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
La verdad es que este turno en contra a mí me ha gustado más, porque yo
he querido aclarar un poco que no estábamos en el tema de aborto sí o
aborto no, sino en un tema de legalidad. Ya he oído yo en otra ocasión, y
siempre que se habla de cosas de mujeres te lo repiten mucho: es que no
hay consenso social, es que la sociedad no está preparada. A la sociedad
nos preparan rápido. Cuando les interesa, en dos días estamos preparados.
No he visto yo consenso social, por ejemplo, para las medidas económicas
del Gobierno en las plusvalías. Miren cómo les están poniendo a ustedes.
No han buscado el consenso social. Cuando hablamos del aborto, aquí
exigen el consenso hasta de la Madre Teresa de Calcuta. Yo ya lo he dicho
en más de una ocasión. No, señorías. El consenso social si se hace por
mayoría o minoría, le diría que podría estar aquí. Los dos grupos
políticos en esta Cámara que presentamos estas iniciativas, no sumando
Diputados y Diputadas, porque la ley electoral es otra cosa, pero sumando
el número de ciudadanos que representamos tanto el Partido Socialista
como Izquierda Unida, superamos no sólo el número de ciudadanos que
representa el Grupo Popular, sino incluso los de aquellos que porque
apoyen al Gobierno vayan a apoyar su decisión en esta ley. Es decir, que
incluso el consenso social ya lo tendríamos por más número los dos grupos
que representamos la mayor parte de la sociedad. Pero el consenso también
es otra cosa. El consenso que le hemos planteado es un consenso de
dignidad de la mujer, y no me diga que porque en el aborto haya
contradicción. Es un problema de respeto a la libertad. La libertad de
una mujer no es una libertad sin límite. Es una libertad de
responsabilidad. El conflicto --que es lo que nuestro Tribunal
Constitucional dijo-- a resolver es un conflicto interiorizado y no lleva
a permitir que haya hoy mujeres sometidas a la revisión continua de sus
derechos, a la continuación de la causa legada y a que me diga usted que
el menos respetado y el menos aceptado de los hechos del aborto es el
procedente de violación, cuando nosotros hemos mandado equipos a Bosnia
precisamente porque la gran agresión sexual, considerada crimen de guerra
en Bosnia, es la violación de mujeres, y precisamente hemos llevado esos
equipos para permitirles interrumpir un embarazo no deseado, cuando nos
están reclamando que la maternidad no es lo que nos cae aquí dentro,
víctima de una agresión incluso: la maternidad es una decisión de
responsabilidad y el deseo de querer aportar ese ser a la sociedad.
Por tanto, cuando estamos hablando de legislar no estamos hablando de
hacer ni moral ni consejos. Usted le dice a la mujer: Mire, la sociedad
es muy solidaria, su problema se lo vamos a resolver con consejos. Yo
aspiro a esa sociedad, pero no la tenemos y mientras viene esa sociedad,
nos dan consejos y ayudas y nos dicen: De lo suyo no se preocupe, el
problema familiar, el personal tiene arreglo. Cuando tengamos esa
sociedad a lo mejor no tienen las mujeres ninguna necesidad de
interrumpir el embarazo, pero aun así en esa sociedad también lo tendrán
y tendremos que darles leyes que sean innecesarias por no llevarse a la
práctica.
Pero también me preocupa otra cosa que ha dicho de la hipocresía social,
porque es verdad que hay una cierta hipocresía. Aquí no estamos haciendo
una legislación para todo el mundo. Nosotros queremos reconocer un
derecho, porque hoy cualquier mujer --y no hablo de un estrato social
rico, porque ocurre con las pobres que hacen una colecta-- con irse a
Francia, bajo gobierno de la derecha, tiene ocasión de interrumpir el
embarazo por los mismos supuestos que estamos pidiendo aquí. Es decir, es
una cuestión de frontera y ya ni siquiera tenemos que llevar pasaporte,
casi ni te lo piden, pero vas y lo puedes hacer. Por tanto, teniendo
medios económicos no tienes ni moral ni conciencia ni nada: tienes leyes
que te lo permiten.
También se habla mucho de Alemania. En Alemania la hipocresía fue
tremenda. El Tribunal Constitucional se pronunció por la
inconstitucionalidad de la ley, pero cuando hubo que unificar Alemania le
quiero recordar que el único punto de desencuentro, por el que casi no se
firma el tratado de la unión fue precisamente la ley del aborto, que los
del Este dijeron que no renunciaban a su ley y miren cómo lo arreglaron,
ni consenso social ni nada, como lo que les interesaba no era las mujeres
sino el tratado, lo arreglaron proponiendo que cada alemana usase la ley
que quiera, y han venido compatibilizando las dos leyes y cada alemana ha
dicho: Oiga, que yo quiero la del Este y yo la del Oeste.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, debe concluir.
La señora ALMEIDA CASTRO: Son muchas hipocresías.
Le pediría que en este debate no vayamos por detrás de lo que va la
sociedad. Aunque usted diga que no hay
consenso social la sociedad lo que quiere es que este tema se arregle,
que no tengamos que vernos dentro de poco con un juicio de dieciséis
mujeres en Valencia procesadas porque alguien ha revisado si tienen la
salud así o de otra forma; que tengamos la capacidad de mantener en
nuestra intimidad esta resolución. Creo que ese supuesto únicamente lleva
a respetar la decisión responsable de las mujeres, no la irresponsable,
como se nos pretende hacer ver: la decisión íntima del conflicto que
tiene derecho a solucionar con la debida asistencia.
No he querido entrar en el tema de nuestra ley, porque ya he dicho que es
un ofrecimiento al conjunto de la Cámara para entre todos y entre todas
hacer una ley que sirva. No estoy de acuerdo con muchos temas de la ley
socialista, ni lo está mi grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero sabemos que quieren dar la misma oportunidad: que podamos
hallar el punto de encuentro para que las mujeres de nuestro país puedan
ejercer un derecho colectivamente y no que la que tenga medios se apañe
como pueda, la que se vaya a Francia se lo haga o la que se iba a Londres
se lo haga. Queremos que se respete el derecho colectivo a la libertad de
decidir con responsabilidad en este nuevo supuesto. Creo que eso es algo
que merecemos, que no va ni contra la sociedad ni contra el consenso, ni
siquiera contra el número de personas que representamos los grupos que
estamos aquí en la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, quiero utilizar un breve
turno de réplica para tratar de vencer alguna objeción que se formuló por
la portavoz del Grupo Socialista y por la portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
La portavoz socialista nos decía, nos preguntaba o nos trasladaba sin
duda su inquietud acerca de cómo el Grupo Parlamentario Popular puede
conocer y pulsar cuál es la demanda social mayoritaria en nuestro país.
Créame, señoría, que el Grupo Parlamentario Popular no inventa nada a
estas alturas de la vida y de la civilización. Las encuestas son el
instrumento idóneo y fiable para saber cuál es el estado de opinión
mayoritaria que existe en nuestro país. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, escuchen a la oradora con el mismo respeto
que lo han hecho en relación con las anteriores intervinientes.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Cuando en nombre del Grupo Parlamentario
Popular invocaba yo el consenso social necesario en esta materia tan
controvertida, que crea una división innegable en la sociedad española,
estaba queriendo poner de manifiesto también --tal vez no lo dije de
forma explícita-- que es necesario y que creemos en la bondad del
consenso social y político en la materia.
Cuando el Grupo Parlamentario Popular interpuso en su día un recurso de
inconstitucionalidad, con efectos suspensivos frente a la redacción del
artículo 417 bis, después de producirse el fallo del Tribunal
Constitucional y de proceder al estudio y a la valoración
correspondiente, el Grupo Popular aceptó la no modificación de la ley del
aborto. Se había producido, a nuestro juicio, algo importante en este
Parlamento y de este Parlamento con la sociedad española. Existía un
grado de consenso político y social y de acuerdo político innegable.
Todos, señorías, nos habíamos dejado algún argumento en el tintero, todos
habíamos hecho alguna concesión en los planteamientos iniciales.
Estábamos convencidos, señorías, que la bondad estaba justamente en ese
punto de encuentro que ustedes hoy quieren someter a quiebra y a disenso
en lugar de a consenso. Esta es la reflexión que quería hacer a modo de
réplica de la intervención que ha realizado la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Por lo que se refiere a la reiterada alusión que realiza la portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida respecto a la sentencia del
Tribunal Constitucional alemán, creo que deberíamos hacer una fotocopia y
repartirla, para que reine la claridad interpretativa. Como no nos
podemos poner a leer en alemán --algunos, entre otras razones, porque no
lo sabemos--, voy a tratar de explicar qué es lo que, traducido, dice la
importante sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Dice que hay que
animar a la mujer.
Señora Almeida, usted sabrá, porque siguió seguramente el proceso de
reunificación de las dos Alemanias con especial atención, que fue un
escollo importantísimo de salvar por la divergencia que existía entre
ambas legislaciones, pero sabrá también, porque habrá seguido atentamente
la evolución, que en Alemania a esta regulación del aborto se acompañó
una ley importantísima: la ley de protección a la familia y ayuda a la
maternidad, formando un bloque que podía tener un sentido positivo y no
sólo negativo, como es el que ustedes, a nuestro juicio, pretenden
reproducir hoy aquí tratando simplemente de ampliar la legislación
vigente.
Por tanto, razones de fondo, razones de contenido y, desde luego, razones
de inoportunidad política, por lo que suponen de quiebra de un consenso
que estaba establecido por todos y entre todos, son las que llevan al
Grupo Parlamentario Popular a rechazar esta toma en consideración de
ambas proposiciones de ley. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Intervengo en nombre de Esquerra Republicana
de Cataluña y también en plena sintonía con los compañeros del Bloque
Nacionalista Gallego, para pronunciarme a favor de la toma en
consideración de las dos proposiciones de ley, muy especialmente de la
proposición de Izquierda Unida, con la que nos sentimos más cercanos
ideológicamente, aunque estamos a favor de la toma en consideración y,
por tanto, del debate de las dos, por tanto, en la línea de coherencia de
nuestra posición de siempre.
Estamos a favor, primero, para que el debate, absolutamente necesario
desde una perspectiva global, no sea burlado de esta Cámara y se pueda
hacer con serenidad y responsabilidad la elaboración de una ley que
resuelva el drama social que representa todo aquello que envuelve el
problema de un hijo no deseado.
Señorías, permitan que se haga el debate, permitan que podamos confrontar
serenamente, en sede parlamentaria, las diferentes propuestas para
resolver el conflicto social que hoy planteamos. A favor también como
concepto, y no creo que sea necesario decir a estas alturas que estar a
favor de legalizar completamente el aborto no significa nunca desearlo.
El primer drama del aborto lo padece, no lo olviden, la propia mujer que
aborta, que fruto de su situación social, quizá y muy a menudo marginal,
es ella quien vive en propia carne la imposibilidad de avanzar en su
embarazo y, en consecuencia, el enorme trauma personal que significa
decidir abortar.
Evidentemente, siempre la mejor opción es no abortar, y tenemos que
luchar para que existan alternativas sólidas, bien estructuradas, una
responsable y eficaz planificación familiar que dé opción a la mujer que
no pueda asumir un hijo no deseado. Es, pues, nuestra responsabilidad
facilitar y garantizar todas las alternativas e intentar que el aborto
sea siempre una opción extrema. Pero si queremos garantizar el derecho a
la mujer a su libre opción, a su total e integral libertad, si queremos
tratar a la mujer como un ciudadano libre no podemos penalizar el aborto,
puesto que, entonces, ejercemos una clara represión sobre ese derecho
indiscutible al propio cuerpo y a la propia decisión.
Sí como concepto, porque sólo la mujer tiene derecho a decidir sobre sí
misma y sobre su voluntad o no de engendrar. Si hoy esta Cámara no
permite tomar en consideración las proposiciones de ley planteadas, la
Cámara está impidiendo que la mujer sea un ser completamente libre. Y sí
porque el drama social existe, señorías; existe y existirá siempre si
condenamos a la mujer a estar fuera de la ley cuando aborta, a esconder
nuestra responsabilidad y optar por hacer creer que la prohibición
significa la desaparición del problema. Si no legislamos en coherencia
con la realidad y el drama social que existe, lo único que hacemos es
potenciar el aborto ilegal para las mujeres discriminadas y pobres y los
abortos en avión de lujo de las mujeres en situación económica fuerte.
Eso es lo que hacemos y lo que permitimos si hoy no tomamos en
consideración estas proposiciones de ley.
Señorías, el debate vuelve y vuelve a la Cámara; vuelve, primero, porque
el Partido Socialista no asumió sus compromisos electorales y
programáticos cuando era posible, y ahora somos todos víctimas de su
debilidad cuando gobernaba y de su incoherencia. Pero vuelve, sobre todo,
porque no está resuelto, porque hay que hacer una ley con responsabilidad
jurídica, porque no podemos condenar a los centenares de mujeres que
abortan anualmente a la ilegalidad y a la pura desprotección social.
Piensen ustedes, señorías, que votar no es votar contra la mujer, contra
la mujer como ser libre y libremente capaz de escoger, y muy
especialmente contra la mujer que por distintas variables vive en una
situación dramática. No evitarán, pues, el aborto con su voto en contra,
sólo lo dramatizarán más, lo marginarán más, eludirán así su
responsabilidad como gestores públicos y condenarán a miles de mujeres a
una mayor desprotección.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Comparezco aquí para fijar la posición de la Diputada y de los cinco
Diputados de Unió Democrática de Catalunya, que se integran en el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió. Como saben ustedes, ésta es una
materia sobre la que el pacto de coalición establece que no existe
disciplina en cuanto al voto; por tanto, los Diputados de Convergència
Democrática de Catalunya actúan y tienen la libertad para obrar de
acuerdo con su conciencia, y lo mismo ocurre con los Diputados de Unió
Democrática de Catalunya, que la manifestamos en los términos que voy a
explicar a continuación.
Señorías, entendemos que este es un debate que debe hacerse sin
demagogias y sin dogmatismos. No se trata de un sí o un no a las mujeres;
no se trata de meter o no en la cárcel a las mujeres; en todo caso, si lo
hacemos con estos planteamientos o con tal descripción, se haría en un
debate sobre encarcelar o no a las mujeres, que podrían describirse en
ese caso como un debate sobre destrucción o no de vida, pero no es el
sentido en que lo quiere manifestar mi grupo que, por tanto, considera
preferible no hacer demagogias y tampoco hacer dogmatismos.
Cualquiera que haya leído la sentencia del Tribunal Constitucional verá
que aparece claramente puesto de manifiesto que la vida humana en
formación es, en primer lugar, un bien constitucionalmente protegido en
el artículo 15, y mis compañeros y yo tenemos la ingenuidad de
creérnoslo. Dice también la sentencia del Tribunal Constitucional que,
efectivamente, caben situaciones de conflicto pero no puede atribuirse a
ninguna
de las partes la decisión final sobre ese conflicto; no puede
determinarse ante la situación de conflicto que prevalezca siempre y
absolutamente, señora Almeida, una de las partes. Por otra, como ha
indicado anteriormente la Diputada Fernández, también manifiesta el
Tribunal Constitucional que esta configuración de la vida humana en
formación como un bien constitucionalmente protegido impone una doble
obligación al Estado: en primer lugar, no interrumpir el curso de esa
vida y, en segundo lugar, establecer un sistema legal de defensa que
constituya una protección eficaz.
Quiero manifestarles que si después de leer las exposiciones de motivos y
las proposiciones de ley he subido también como la señora Almeida a esta
tribuna con cierta dosis de tristeza, después de oír las intervenciones a
la tristeza se une la depresión más absoluta. ¿Y por qué lo digo? Al
menos en la exposición de motivos y en la proposición de ley que ha
defendido la señora Fernández de la Vega en algún momento se habla de que
con esta ley no se cede un ápice en la conservación de la vida; se habla
de que la única solución es alentar la decisión razonable y responsable
de la mujer en favor de continuar el embarazo y, eso sí, se dice que la
protección penal no sólo es inútil, sino que además es antidemocrática y,
en cualquier caso, contraproducente. Podemos estar de acuerdo o no, pero
creo que este debate tampoco es el de la despenalización. Yo creo que ni
en la proposición de ley que ha defendido usted, señora Almeida, ni en la
que ha defendido la señora Fernández de la Vega se opta por una
despenalización total de cualquier supuesto de interrupción del embarazo.
En cualquier caso, su grupo lo fija en 16 semanas y el de la señora
Fernández de la Vega en 12 semanas.
Tampoco traslademos aquí a la opinión pública la imagen de que hay una
renuncia total y absoluta a la protección penal, protección penal --hay
que decir-- que existe y debería existir por imperativo constitucional,
pero no sólo por la función represiva, pues no estamos aquí hablando de
función represiva. Como usted sabe, las leyes penales si tienen alguna
función es precisamente la de prevención y, en cualquier caso, tienen una
función tremendamente importante, que es identificar aquellos valores que
la sociedad entiende como dignos de protección y dignos de respeto. Por
tanto, el planteamiento de la despenalización no consiste en si hay o no
hay cárcel; se trata de que estamos en una sociedad que entiende que la
vida humana en formación alguna protección debe tener, no absoluta porque
cederá obviamente ante situaciones de conflicto; en cualquier caso no
será una protección absoluta pero existirá.
A mí me ha producido tristeza, señora Almeida, que en la exposición de
motivos de su proposición de ley o en algún aspecto de su articulado se
concibe este problema como un problema puramente sanitario, de seguridad
jurídica de los profesionales y, en cualquier caso, de libertad. Como
sabe S. S. y a través, entre otras cosas, de lo que manifiesta el
artículo 10 de la referencia a derechos fundamentales, no hay libertad
absoluta; la libertad tiene que situarse dentro de algunos límites, hay
que resolver algunos conflictos.
¿Por qué entendemos que estas proposiciones de ley no son adecuadas? En
primer lugar, incluso por las propias contradicciones. A mí me ha gustado
más la suya que la de la señora Fernández de la Vega, se lo tengo que
decir, porque en el fondo dicen lo mismo. El sistema es un sistema de
plazos. Usted ha ahorrado una exposición de motivos y desde ese punto de
vista, obviamente permite claridad en el debate.
No se trata de resolver situaciones de conflicto. Incluso aquí, en la
exposición de motivos de la propuesta socialista, se dice que da igual
que el conflicto sea real o no, basta que la mujer lo sienta como tal.
Por tanto, estamos en presencia de un conflicto que puede ser real o
putativo; olvidémonos de lo que decía antes el Código Penal. No se trata
de conflictos reales, por más que lo diga la exposición de motivos de una
de las proposiciones de ley.
En segundo lugar, señorías, no estamos en presencia de un sistema de
indicaciones, porque ese conflicto que puede ser real o putativo tampoco
lo resuelve un tercero con carácter objetivo; lo resuelve pura y
exclusivamente una de las partes, en este caso, la mujer afectada. La
mujer entiende que está en una situación de conflicto y la mujer
resuelve. Por tanto, olvidémonos de indicaciones. Estamos en presencia de
un plazo puro y simple.
En tercer lugar, ¿qué ocurre con esta figura del asesoramiento que sí se
incluye en su proposición de ley y también en la del Partido Socialista?
Yo creo que la señora Fernández ha hablado algo de este tema. Cuando se
hizo la Constitución en el año 1978 y se introdujo el artículo 9.º,
artículo tremendamente importante, se pretendía decir con dicho artículo
que no se hablara de libertades ni de derechos formales, aquí sólo hay
libertades y derechos que tengan realmente un contenido material. Porque,
señorías, ¿de qué sirve comparar con la situación en Alemania, de qué
sirve el asesoramiento si lo que se le puede decir a una señora en España
que tiene dudas sobre si continuar con su embarazo o interrumpirlo
consiste en explicarle qué ocurre con las familias numerosas, como decía
antes S. S.? En Alemania una familia con tres hijos tiene cinco veces la
ayuda que tiene en España, por ejemplo. Esto por no hablar de la
deducción fiscal que alcanzaría a aquellas familias que tuviesen cierta
renta. Por tanto, ¿qué es el asesoramiento? Por lo menos habrá que dar
algún tipo de opción. Si nuestro Estado de bienestar social se puede
resumir en un folleto como este que les muestro, ya me dirán qué
posibilidad tenemos de adelantar o no la continuación del embarazo.
Por tanto, señorías, no valen estas comparaciones con el sistema alemán.
El sistema alemán podrá estar bien para un Estado de bienestar social con
el contenido que tiene en Alemania; para el sistema que existe en España,
entiendo que no hay un asesoramiento real.
También existen otras contradicciones. En la exposición de motivos del
Grupo Parlamentario Socialista, se dice que la vida humana en formación
no es penalmente protegible, no desde el punto de vista jurídico, se
entiende que es respecto de la eficacia, y no hay más protección que la
que consiste en alentar en la madre la decisión responsable de continuar
con ese embarazo.
Nos preocupa que en la regulación de estos centros de asistencia que se
ofrecen en la proposición de ley, se olvide ese planteamiento de aliento,
no de pura información. Señora Almeida, usted es abogado como yo y sabe
lo que ocurre con las lecturas de derechos a los imputados: se les pasa
un formulario para que firmen y ya está todo leído. Ahí lo que hay es una
diferencia y es que el imputado sabe los derechos que tiene, los puede
ejercer y son razonados y eficaces, tiene derecho al abogado y a no
declarar, lo sabe, lo ejerce y lo hace. Si vamos a transformar por el
sistema la constraprestación y la renuncia a la protección penal va a
consistir en que en un centro de asesoramiento le pasen a una señora un
folio diciéndole que si continúa con el embarazo tiene derecho a 3.000
pesetas al mes por el hijo; como, además, posiblemente no tendrá mucha
renta, olvídese de deducción fiscal y si está con la renta mínima de
inserción le daremos 15.000 pesetas. ¡Ya me dirá usted! Aunque le
informen no ganamos absolutamente nada.
Señorías, la renuncia a la tutela penal no se ve en modo alguno
compensada con el incremento de posibilidades de alentar o motivar a la
continuación de ese embarazo. Pero tampoco haga responsable a mi grupo
--no sé si al Partido Popular-- de que no existen otras medidas. Este
Diputado tuvo la posibilidad y el honor de participar el último mes de la
legislatura pasada en una ponencia de ayuda a la familia y pudo ver --se
lo tengo que decir así-- tanto en el comportamiento de su grupo como en
el del Grupo Socialista, que no interesaban las ayudas específicas a la
familia.
Para terminar, señorías, querría poner de manifiesto --como se ha
indicado anteriormente-- que no existe en estos momentos un auténtico
conflicto social sobre esta materia. Entendemos que existía una situación
de consenso que partía de los postulados de la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 11 de abril de 1985. Sin embargo, ¿qué vamos a generar?
Yo se lo explicaré. Si hoy sale adelante esta proposición de ley nos
vamos a encontrar con una proposición de ley que después pasará al
Senado, que me imagino será objeto de discusión, será objeto de veto por
parte del Partido Popular, volverá al Congreso, que si mayoría absoluta,
que si no, vamos a estar año y medio ocupados con un proyecto de esta
naturaleza y lo que no ha sido jamás en España una cuestión de orden
público --que sí lo ha sido en otros países, basta recordar el ejemplo de
los Estados Unidos-- posiblemente lo convirtamos en una cuestión de orden
público dentro de año y medio, eso sí, ejerciendo cada uno el derecho a
expresarse y manifestarse libremente, quizá con algún exceso en algún
momento.
Finalmente --y termino, señor Presidente--, sí quería decirles que este
Diputado está orgulloso de vivir en una sociedad y en un Estado que
cuando se aprobó el Código Penal en noviembre del año pasado, se otorgó
protección, incluso con pena privativa de libertad, contra aquel que
corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de
alguna especie o subespecie de flora amenazada de sus propágulos, cosa
que nos parece perfectamente bien, y lo que también le gustaría es
sentirse orgulloso de estar en una sociedad y en un Estado que ofreciese
una protección real y efectiva a la vida humana en formación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Vamos a proceder a la votación. Votación sobre la toma en consideración
de las proposiciones de ley de los Grupos Socialista e Izquierda Unida
sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 166; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de las proposiciones de ley. (Aplausos.)
Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno la exclusión en el orden del
día de la presente sesión las proposiciones de ley de los grupos
parlamentarios Mixto (Señora Rahola) y Socialista, del Congreso, sobre la
creación de un fondo de compensación de pensiones, en supuestos de
ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, y sobre el
fondo de garantía de alimentos, cuya tramitación y toma en consideración
figuraban como puntos 3 y 4 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
Gracias, señorías.
Además, se somete al Pleno la modificación del orden del día en el
sentido de que el debate de la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley que figura como punto número 43 del orden del día, se
sustancie con anterioridad al correspondiente con el número 42. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POLITICA
DE ESPAÑA HACIA CUBA Y A LA PROTECCION DE LOS INTERESES ESPAÑOLES (Número
de expediente 162/000029)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley,
comenzando por la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a la política de España hacia Cuba y a la protección
de los intereses españoles.
Por el grupo parlamentario proponente, el Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Robles Fraga. (Numerosos señores Diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Señorías, ruego a quienes deseen abandonar el hemiciclo que lo hagan con
celeridad para facilitar así el desarrollo de la sesión. (Rumores.)
Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo, ocupen sus escaños y
faciliten la intervención de quien va a efectuar la defensa de la
proposición no de ley. (Continúan los rumores.)
Un momento, señor Robles. (Pausa.) Señorías, les ruego que guarden
silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Corresponde defender la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre política exterior de España hacia Cuba y la
defensa de los intereses españoles. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento señor Robles.
Señorías, a los Diputados y Diputadas que permanecen en el pasillo, señor
Belloch, señora Romero, señor Clotas, rogaría que ocuparan sus escaños o
abandonaran el hemiciclo. Gracias.
Cuando quiera, señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Me corresponde defender la proposición no de ley presentada por mi grupo
como consecuencia del rechazo por esta Cámara de las proposiciones no de
ley acumuladas de los grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, a propósito de la política de España hacia Cuba. Pero hay una
importante diferencia entre aquellas que fueron derrotadas en esta Cámara
y la que hoy estamos discutiendo. La nuestra pretende establecer las
líneas generales de una política de España hacia Cuba que no puede
reducirse, no puede limitarse, no puede estar exclusivamente dirigida
hacia una ley norteamericana por muy importante o equivocada que sea.
Es verdad que se trata de dos asuntos que están relacionados, es verdad
que son asuntos que tienen mucho que ver, pero son cuestiones distintas
en las que hay que reafirmar la autonomía de esta Cámara y la autonomía
del análisis del Gobierno y de los grupos políticos, para no cometer el
error de elaborar una política exterior inviable, irresponsable o
imposible.
En primer lugar, ¿qué política debe España afirmar respecto a Cuba? Yo
creo que tenemos que reafirmar lo que hemos hecho siempre, quizás ahora
con mayor rotundidad que en otras ocasiones. El objetivo de España y de
la acción exterior de España debe ser contribuir y fomentar el tránsito
pacífico a una democracia plena, con auténtico y pleno respeto a los
derechos humanos, a las garantías políticas y a las libertades
fundamentales que hacen a una democracia digna de ese nombre. Por eso no
podemos caer en esa vieja falacia de justificar una dictadura, en una
nación iberoamericana, por considerar que ésta está siendo agredida por
un tercer país. Esta es una forma perversa, equivocada patética de un
viejo nacionalismo a la hispánica, que en España tiene antecedentes
políticos, pero desde luego no son democráticos.
Además, tenemos que ver qué política puede hacer España dentro de la
Unión Europea y qué política puede impulsar España dentro de la Unión
Europea para fomentar el tránsito pacífico hacia una democracia plena, en
la isla caribeña, y tenemos que partir de la situación concreta, del
momento político que nos toca vivir. Parece evidente que, entonces,
tendremos que tomar en consideración y darle alguna relevancia, al menos,
al fracaso de los intentos de negociación entre la Unión Europea y Cuba.
Permítanme recordar, como ya hice en anterior ocasión, la decepción del
comisario que llevaba a cabo o dirigía esos contactos, señor Marín.
¿Qué posición hemos de adoptar tras el derribo de unas avionetas civiles,
tras las detenciones arbitrarias de los miembros de las organizaciones
disidentes cubanas, agrupadas en el llamado concilio cubano, tras los
recientes informes de Amnistía Internacional y Naciones Unidas sobre
derechos humanos en Cuba? Por cierto, estos informes los recoge el
boletín del Comite cubano pro derechos humanos de España, que sin duda
SS. SS. han encontrado en el casillero, como lo he encontrado yo también,
y que demuestra, a las claras y de forma evidente, cuál es la naturaleza
de un sistema y de un régimen que se niega, incluso después de reiterados
llamamientos del Gobierno de España, de esta Cámara y de la Unión
Europea, a dar paso alguno en favor de una mayor libertad y una mayor
democracia para su pueblo. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i
López, ocupa la Presidencia.)
Hay que constatar, además, el fracaso de una vieja política hacia Cuba,
que mezclaba la simpatía al régimen con la simpatía al pueblo de Cuba y,
desde luego, en este momento político y en las actuales circunstancias,
tenemos que evitar cualquier gesto que pueda mezclar o confundir la
simpatía y el cariño que nos
merece a todos los españoles el pueblo de Cuba con cualquier comprensión,
justificación o simpatía hacia un régimen que niega las libertades de
esos cubanos.
¿Cuáles son los objetivos de la proposición no de ley del Grupo Popular?
Pues, junto a esa voluntad de reafirmación de los compromisos de España
con la libertad de Cuba, es evidente que debemos reafirmar nuestro
compromiso de exigencia al Gobierno de Cuba en el respeto a los derechos
humanos y pedir, por tanto, la libertad de los presos políticos y el cese
del hostigamiento a la oposición. Esta exigencia democrática tendrá una
conclusión, que consistirá en el momento que se celebren por fin en Cuba
elecciones libres y plurales. Entonces, señorías, podremos hablar de la
soberanía de Cuba sin reservas y sin prejuicios, porque no hay más
soberanía que la legítimamente expresada a través de un proceso electoral
libre y plural. Debemos otorgar, pues, al Gobierno el apoyo de la Cámara,
en defensa de estos objetivos políticos y también (eso forma parte de
nuestra proposición no de ley y de la enmienda que va a presentar
Convergència i Unió, y que nuestro grupo va a apoyar) tenemos que otorgar
al Gobierno el apoyo que necesita en la defensa del Derecho internacional
y de los legítimos intereses españoles, violados y conculcados por la
llamada Ley Helms-Burton de los Estados Unidos de América.
Estas dos cuestiones son, sin duda, inseparables, pero si se omite una de
ellas, como se hacía en la proposición no de ley socialista y comunista,
la posición de España deja de ser razonable, deja de ser comprensible y,
sobre todo, deja de ser posible. Cuando se arremete contra una ley
norteamericana y se olvida hablar de la libertad en Cuba y de la
exigencia al respeto de los derechos humanos, no solamente se le hace un
flaco servicio a la dignidad del pueblo cubano, sino que se hace todo lo
contrario para que el pueblo cubano acceda rápidamente a las condiciones
de libertad que deseamos.
Nuestra política hacia Cuba se caracteriza por tres cosas fundamentales,
básicas: exigencia democrática, gradualidad diplomática y visión crítica.
No puede haber exigencia democrática sin esa gradualidad, sin ese
condicionamiento de la política de cooperación y sin esa visión crítica.
Y no puede haber diálogo crítico alguno y diálogo eficaz con un gobierno,
como el del señor Castro, si no se parte de una visión crítica de ese
régimen. Dicho de otro modo, no puede haber exigencia democrática si
existe comprensión o simpatía hacia la revolución, entre comillas, o al
comandante, entre comillas. Como mucho se podrá satisfacer algún complejo
personal o alguna añoranza ideológica, pero no servirá para definir la
posición de un Estado democrático, occidental y solidario con el pueblo
de Cuba, como es el Estado español.
Tampoco es una cuestión, a pesar de que he visto agitar alguna vieja
bandera en esta Cámara y fuera de ella, de honor nacional. Se trata de
racionalidad política y coherencia democrática. El interés de España,
señorías, ya lo dije en mi anterior intervención, debe ser estar con la
libertad del pueblo de Cuba. Y el interés de España, por tanto, consiste
en que su posición no pueda ser percibida como cómplice o aval de la
dictadura que oprime al pueblo de Cuba. Solamente haciendo esto ya
habremos dado un gran paso en favor de la libertad de los cubanos. Y no
se puede definir correctamente el interés de España si se ve a la Cuba de
Castro como el último asidero heroico de un sueño, por otra parte, ya
fracasado. Es verdad que a algunas de SS. SS. quizá les consuela mucho
hacer la revolución a distancia, pero consideren SS. SS. que quienes la
soportan son los cubanos y no quienes proponen semejantes apuestas de
futuro.
A la Ley Helms-Burton --lo dijimos y lo hemos reiterado por activa y por
pasiva-- nos opondremos en los foros competentes, dentro y fuera de la
Unión Europea, dentro y fuera de la Organización Mundial de Comercio, y
defenderemos los intereses españoles de acuerdo con la posición de la
Unión Europea. Se ha lanzado la falacia de que existe una contradicción
entre la postura del Gobierno de España y la de la Unión Europea. Pero,
señorías, cualquiera de ustedes que hubiera leído la declaración del
Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, del 22 de abril de
1996, o los textos de la conferencia de prensa del Presidente Aznar con
el Vicepresidente Al Gore, o la más reciente conferencia de prensa entre
el Presidente Clinton, el Presidente de la Comisión Santer y el
Presidente de la Unión Europea, señor Prodi --por cierto del Olivo, del
centro-izquierda, vencedor en las recientes elecciones italianas--,
habría visto que hay una auténtica y radical identidad entre lo que
dijeron los miembros de la Comisión y de los Gobiernos allí,
representando la posición de los países europeos.
Finalmente, nuestra proposición no de ley establece algunos criterios y
principios sobre la cooperación hacia Cuba y pedimos --y estamos de
acuerdo con Convergència i Unió-- que se mantenga la cooperación que
beneficia directamente al pueblo de Cuba. Pero permítanme recordar --y
aquí se ha hablado mucho de ayuda humanitaria-- que la única partida del
total de la cooperación española que ha disminuido entre 1992 y 1995,
esto es, en el período inmediatamente anterior a esta proposición no de
ley, es la ayuda humanitaria, de 215 millones de pesetas a 205 millones.
Por todo lo dicho anteriormente, tenemos que hacer algunas afirmaciones:
no a la cooperación que refuerce o aparezca como refuerzo al régimen de
Castro; sí a la cooperación que beneficie directamente al pueblo de Cuba,
especialmente aquella de carácter humanitario; no a las subvenciones al
Gobierno de Cuba; sí a la ayuda a través de las ONG e instituciones
independientes no ligadas al Gobierno de Castro. Todo esto significa una
revisión de nuestra política de cooperación, programa a programa, y
significa también una
revisión, a impulso de España, de la política de cooperación de la Unión
Europea, ya que no es lógico que ésta aumente si la Unión Europea misma
no ve satisfechas sus aspiraciones democráticas hacia el Gobierno de
Cuba. Lo que no parece tener sentido es premiar la intransigencia del
señor Castro con fondos, con dinero que sale del bolsillo de los
contribuyentes europeos y españoles.
En el informe a la Comisión de Derechos Humanos del relator Groth se
dice: El drama de Cuba es que los que están en el poder tienen fuerza
suficiente para mantenerse en el mismo, pero no para transformar el país
de una manera creativa y lanzarlo hacia el futuro. No tienen la fuerza
moral para salir del hueco, pero tienen la fuerza bruta suficiente para
mantenerse en él, dirigiendo el país. Pues bien, todo esto podrá hacerlo
el Gobierno de Cuba, pero, desde luego, no con el dinero y no con el
apoyo político que en esta Cámara están representados.
Señorías, esta es una ocasión magnífica para hacer un texto digno de
solidaridad con el pueblo de Cuba; de apoyo a los que sufren bajo una
dictadura anacrónica y fracasada, y de coherencia con las actitudes
anteriores manifestadas en este Parlamento y con las actitudes de la
Unión Europea.
Señorías del Grupo Socialista, tienen ustedes una magnífica ocasión de
demostrar que son capaces de hacer una oposición no oportunista, que
tenga en cuenta los intereses del país y que mantenga la auténtica, la
verdadera continuidad de los objetivos y los valores de la política
exterior española. Aprovéchenla. El texto de la proposición no de ley de
mi grupo y la enmienda de CIU que completa, mejora y ordena esta
proposición no de ley, desde el punto de vista de mi grupo, reflejan el
auténtico interés español en Cuba y sobre cómo en este momento puede ser
defendido y promovido con éxito. Señorías, ustedes son los que han roto
el consenso sobre esta cuestión. Ustedes son los que se han alineado, de
manera artificiosa, con las posiciones de Izquierda Unida y han
abandonado la exigencia rotunda de libertad y democracia en Cuba que hace
unos meses aprobábamos por unanimidad en esta Cámara. Señorías, en la
vida hay que elegir y ustedes ahora tienen la oportunidad de elegir entre
sumarse a una proposición no de ley capaz de reunir el consenso de esta
Cámara o continuar atrincherados en viejas posiciones derrotadas por la
historia. Ustedes parece que están a punto de reafirmarse en su voluntad
de hacer de la política exterior un frente de oposición, tan infundada
como irresponsable, que ni siquiera tiene en cuenta lo que ustedes mismos
decían hace muy pocos días, por no decir hace muy pocas horas. De ustedes
se podría decir entonces aquello que decía Winston Churchill de un
político laborista: Eran ustedes una gran esperanza; todos esperábamos
verles crecer en la oposición y en vez de eso han engordado.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Robles.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular han
presentado enmiendas los grupos Catalán, Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista.
Tiene la palabra, en primer lugar, el representante del Grupo
Parlamentario Catalán señor Guardans, para defender su enmienda.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace 15 días tomaba la palabra desde esta misma tribuna, y sobre este
mismo tema, para formular un lamento en nombre de nuestro grupo. El
lamento de --en una materia que debería haber suscitado la unanimidad de
todos los grupos de esta Cámara, o cuando menos de todos aquellos grupos
que se toman la política y este Parlamento en serio-- no poder apoyar la
propuesta que en ese momento se sometía a votación sencillamente por no
ser susceptible de ser aplicada como política de Gobierno, porque junto
con un punto que considerábamos absolutamente coincidente con nuestros
postulados, es decir la condena a la llamada Ley Helms-Burton por violar
el Derecho internacional, junto a ese punto se añadían unas modulaciones,
unas exigencias para la política exterior española que no podían ser
aceptadas como política de gobierno. A ese debate --no hace falta que se
lo diga a SS. SS. porque han sido testigos como yo-- la opinión pública
no fue insensible; ni la opinión pública interna ni la opinión pública
internacional. Por consiguiente, es importante dejar claro que ni la
opinión pública interna ni la opinión pública internacional son
indiferentes a la decisión que hoy tome este Parlamento y a si este
Parlamento se va a pronunciar o no y en qué términos acerca de la
posición de España relativa a la Ley Helms-Burton y, en conjunto, a la
política hacia Cuba.
Después de ese debate, el Secretario General del Partido Socialista, en
una de sus escasas intervenciones políticas, incluso se permitió hacer
una afirmación que tengo la impresión de que hoy va a tener, vista con
posterioridad, una lectura de cinismo. Se permitió imputar al grupo de la
mayoría de esta Cámara el riesgo de ruptura del consenso en temas de
política exterior. Por tanto, hay que entender que se presentaba a sí
mismo y a su partido como adalides de la defensa del consenso en política
exterior. Pues bien, hoy es el momento de comprobarlo. Este es el momento
de la verdad en este punto, señorías. Aquí es donde se puede comprobar
si, efectivamente, las cosas que se sueltan al aire para que las recojan
los medios de comunicación después se traducen o no en hechos y en
decisiones políticas que comprometan.
Hemos presentado a esta Cámara una enmienda a la proposición no de ley
del Grupo Popular con la aspiración de que reciba el consenso de la
mayoría de los
grupos de esta Cámara, con conciencia clara --y así nos consta-- de que
el grupo mayoritario de la oposición no tiene un solo argumento político
para oponerse a la formulación de esa proposición no de ley. Es posible
que tenga argumentos políticos de estrategia de partido, incluso de
estrategia electoral. No nos interesan. El grupo mayoritario de la
oposición no tiene argumento político alguno formulado en términos de
política exterior para oponerse al texto que sometemos a votación hoy.
La enmienda que hemos presentado, que ha sido aceptada por el Grupo
Popular, es nítida y clara, y para evitar, como ha ocurrido en alguna
otra ocasión, que quede constancia de lo que se dice en esta Cámara y no
de lo que finalmente se vota, quisiera dedicarme brevemente a glosar qué
es lo que se somete a votación de esta Cámara. En primer lugar, esta
Cámara le pide al Gobierno que apoye la llegada de la democracia a Cuba,
que no se muestre indiferente por los derechos humanos en Cuba, que no se
muestre indiferente por la situación de los presos políticos en Cuba. Hay
que proteger las inversiones españolas, pero la situación de la oposición
en Cuba no puede ser indiferente para el Gobierno de España. Por tanto,
de la misma manera que hace la Unión Europea y como muy clara y
nítidamente ha expresado un compañero de filas del Partido Socialista
como es el comisario Manuel Marín, la evolución de la política exterior
española sólo puede articularse en función de la evolución que Cuba dé
hacia la democracia.
No son dos cuestiones distintas y no puede formularse una política
exterior en España respecto a Cuba absolutamente al margen de los pasos
que Cuba dé hacia la democratización. No entendería la opinión pública
que el grupo mayoritario de la oposición, que el Grupo Socialista no
compartiera esta defensa de un pronunciamiento claro de esta Cámara en
favor de la democracia en Cuba. Sin embargo, entendemos que el fin no
justifica los medios, ni con éste ni en ningún otro terreno. Por tanto,
la Ley Helms-Burton no es un instrumento válido, no lo puede ser. Me
remito a mi intervención de hace quince días con ocasión de este mismo
tema, en la que ya intenté explicar con claridad por qué y cómo esta ley
viola flagrantemente principios elementales del Derecho internacional y
principios de la libertad de comercio reconocidos expresamente en la
Organización Mundial de Comercio. Por tanto, el Gobierno ha de oponerse,
ha de mostrar en todos los foros competentes su más firme oposición a la
aplicación de la Ley Helms-Burton, y así lo debe hacer en el marco de la
política exterior de la Unión Europea, teniendo muy claro que los
intereses de España en Cuba, los intereses de los ciudadanos y empresas
españolas en Cuba no son iguales a los intereses de ciudadanos y empresas
de otros Estados miembros de la Unión. Sólo pueden ser comparables los
intereses que el Reino Unido tiene en Cuba y ello relativamente. Por
consiguiente, como ya ha ocurrido hasta ahora, la posición de la Unión
Europea respecto a Cuba está y seguirá estando encabezada por la posición
de España.
En tercer lugar proponemos a esta Cámara y pedimos que se someta a
votación que el Gobierno asuma el compromiso de defender los intereses de
los ciudadanos y de las empresas en Cuba. Lo debería hacer en general. En
principio no sería necesario exigirle a un gobierno que proteja a sus
súbditos. Sin embargo, el Gobierno no puede permitir --y de ahí la
insistencia y un punto fundamental de esta enmienda-- que terceros
Estados impidan a empresas españolas el ejercicio de sus libertades.
Ningún Estado, por importante que sea en el mundo, puede imponer a
ciudadanos españoles y a empresas españolas una reducción, una limitación
de sus libertades, de su libertad de circulación, de su libertad de
comercio, de su libertad de empresa. Por eso exigimos que el Gobierno
adopte las medidas que considere oportunas para proteger esas inversiones
que, como bien saben los miembros de esta Cámara, ya se han empezado a
reducir sencillamente por el miedo a que les pueda ocurrir algo.
Quisiera dejar aquí constancia de que, además, la Ley Helms-Burton,
dentro de la aberración que es todo su contenido, le suma una más, que es
la propia inseguridad jurídica de sus términos. No sólo es injusto
aquello que formula, aquello que da derecho a ejercitar por parte de los
cubanos nacionalizados americanos ante los tribunales de los Estados
Unidos, sino que la inseguridad jurídica por parte de las empresas
españolas que quieran invertir en Cuba es absoluta, incluso aunque sepan
perfectamente sobre qué bienes pretenden invertir. Eso el Gobierno de
España lo tiene que proteger, tiene que custodiar los intereses
españoles, entre los cuales --y quisiera dejar constancia también de
ello-- se incluyen muy particularmente algunos de empresas catalanas.
Por último, forma parte de la proposición no de ley que sometemos a este
Parlamento que el pueblo de Cuba no es culpable; no es culpable el pueblo
de Cuba de que allí no haya democracia. Es víctima el pueblo de Cuba de
que allí no haya democracia. Por tanto, debe seguir aquella cooperación
que beneficie directamente al pueblo cubano y que no sirva simplemente
para nutrir las arcas de la nomenclatura, sino que pueda ser
efectivamente apreciada por el pueblo cubano, que es un tipo de ayuda que
va más allá de lo que técnicamente se entiende por ayuda humanitaria.
Esto es lo que nuestro grupo propone a la consideración de esta Cámara. A
esto es a lo que parece --ahora nos lo explicará el portavoz del Grupo
Socialista-- que quiere decir no el Grupo Socialista. Quien vote que no
estará diciendo que no a esto. No estará diciendo que no al Partido
Popular. No estará diciendo que no al Gobierno del Partido Popular. No
estará criticando una rueda de prensa. Estará diciendo no a la democracia
en Cuba, no a la condena a la Ley Helms-Burton, no a la defensa
de los intereses españoles en Cuba. Esa será, en su caso, la posición de
aquellos que estimen que no deben votar favorablemente. Quienes así lo
hagan habrán perdido automáticamente cualquier legitimidad para hacer
llamadas al consenso durante toda la legislatura en materia de política
exterior. No tendrán ninguna legitimidad en adelante para poder pretender
que haya consenso allí donde son ellos quienes lo intentan romper.
Quisiera dejar muy claro, señor Presidente, a los proponentes de la
enmienda del Grupo Socialista, que aparentemente --yo confío en que
todavía puedan modificar su posición-- no piensan votar a favor de este
texto, que habrán perdido una ocasión única para fijar la posición de
España en este tema y habrán contribuido, eso sí, a debilitar la posición
de España. No habrán debilitado al Grupo Popular, no habrán debilitado al
Gobierno del Grupo Popular. Habrán debilitado, al impedir la unanimidad o
la amplia mayoría en la votación de esta propuesta, la posición de España
en el contexto internacional. Eso quisiera que quedara muy claro y que lo
tuvieran muy en cuenta los miembros del Grupo Socialista. Querría que
estuviera aquí su Secretario General, en cuanto que portavoz de esas
llamadas al consenso en política exterior de que tantas veces ha hecho
gala, y que fueran muy conscientes...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Guardans, vaya
terminando, por favor.
El señor GUARDANS I CAMBO: Termino ahora mismo.
Repito que sean muy conscientes de que cuando se debilita la política
exterior de un país quien queda debilitado no es el partido que gobierna
el país, sino es el Estado, todo él, y la posición en este caso del Reino
de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Guardans.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la
señora Maestro Martín.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, señorías, intervengo para
defender la enmienda de sustitución que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, señores Diputados y Diputadas del Grupo Popular y de
Convergència i Unió, quienes han roto el consenso en política exterior en
el tema de Cuba han sido los grupos parlamentarios Popular y de
Convergència i Unió con una proposición no de ley y con una enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán que plantea la aceptación del derecho a la
injerencia, del derecho a la intervención en asuntos de otro país, y han
roto los principios fundamentales del Derecho internacional en función de
los cuales se regulan las relaciones entre los pueblos.
Señorías, el Grupo Popular deja meridianamente clara su posición en la
exposición de motivos. Más de la mitad de la exposición de motivos de la
proposición no de ley del Grupo Popular está dirigida a analizar procesos
internos en relación con Cuba; menos de la mitad se refiere al único
elemento nuevo que se ha incorporado en esta legislatura en relación con
Cuba. No hay ningún hecho nuevo que modifique tomas de posición de grupos
parlamentarios en legislaturas anteriores que no sea la aprobación por el
Congreso y por el Senado de Estados Unidos y la ratificación por su
Presidente de una ley que constituye el más alto nivel de legalización de
la injerencia en asuntos internos de otros países y de vulneración de la
soberanía de los Estados y de los pueblos. Esa es la única novedad que en
estos momentos tenemos encima de la mesa y, sin embargo, se está
planteando, con ejercicios de oportunismo cuando no de intoxicación,
dirigir el debate fundamental no en torno a la ley que ocasiona las
proposiciones no de ley que estamos debatiendo en estos días, sino en
torno al proceso político del pueblo cubano. No hay nada nuevo, señores
Diputadas y Diputados, que no sea el ejercicio de la presión, por parte
de un Gobierno extranjero, sobre un Gobierno soberano de nuestro país. No
hay nada nuevo que no sea la visita del Vicepresidente Al Gore al
Presidente Aznar y, en función de eso, un cambio de 180 grados en las
posiciones del Partido Popular y, como se está viendo, de Convergència i
Unió. La intervención del señor Robles Fraga lo ha demostrado con toda
claridad, como las tímidas y confusas manifestaciones tanto del
Presidente del Gobierno como del señor Ministro de Asuntos Exteriores.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno español, qué medidas piensa tomar para
defender la soberanía nacional frente a la injerencia de terceros países?
Lo único que ustedes plantean en su propuesta es la aceptación de la
filosofía y de la letra de la Ley Helms-Burton, por cuanto está dirigida
en todos sus términos a plantear la política exterior española, a
graduarla y modularla en función de la evolución interna de los asuntos
políticos en Cuba. Ese es el eje central de la Ley Helms-Burton. Por eso,
señorías, ustedes son tímidos, son confusos a la hora de denunciar la
injerencia que supone la aplicación extraterritorial de una ley de un
país extranjero, porque están compartiendo, en el fondo, los objetivos y
los medios de un país como Estados Unidos en función de otro país
soberano como es Cuba.
Tienen que tener en cuenta, señorías, que la vuelta de tuerca de Estados
Unidos en relación con Cuba supone toda una exploración de nuevas vías en
vulneración
del Derecho internacional que no va a terminar en Cuba. Está en trámite
de aprobación en el Congreso estadounidense una ley con una filosofía
semejante a la de la Ley Helms-Burton en relación con aquellos países que
mantengan intereses comerciales con Irán y con Libia. ¿Vamos a aceptar,
señorías, va a aceptar el Gobierno de este país que un gobierno
extranjero le imponga sanciones? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o
a hablar con palabras suaves, con condenas ineficaces, porque no se
trasladan a los hechos a la hora de proteger la soberanía de nuestro país
y los legítimos intereses comerciales de empresas y ciudadanos de este
país?
Se plantean ustedes como criterio fundamental la graduación y la
modulación de las relaciones con Cuba en función de su evolución interna.
Eso constituye una vulneración del Derecho internacional. Pero vamos a
ver, señorías del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), Izquierda Unida estaría dispuesta a aceptar la imposición global
con todos los países del mundo de criterios que tengan que ver con los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Vamos a establecer un
ranking objetivo de países que torturan, de países que invaden, de países
que persiguen, de países que violan derechos fundamentales de sus
ciudadanos o de ciudadanos extranjeros y modulemos las relaciones de
nuestro país en función de esos criterios. ¿Están dispuestos a hacer
exactamente lo mismo con Israel? ¿Qué actuación ha tenido el Gobierno
español cuando el ejército israelí bombardea población civil y produce
una matanza sin precedentes en los últimos tiempos en un refugio de
Naciones Unidas? ¿Van ustedes a plantear alguna medida en relación con
Turquía, que está llevando una política de genocidio con el pueblo kurdo?
¿Están planteándose ustedes algún tipo de modificación que no sea la
intensificación de relaciones políticas y comerciales con el Gobierno de
Marruecos, con el Gobierno de Túnez, con el Gobierno de Jordania, con los
Emiratos Arabes, con Kuwait, con Arabia Saudí? ¿Van a intervenir ustedes
con esos criterios contra el país que más veces ha recibido condenas por
parte de la Asamblea de Naciones Unidas por el ejercicio del terrorismo
internacional y de la vulneración de convenios y acuerdos
internacionales? ¿Van ustedes a hacer eso? Vamos a establecer la
relación, vamos a establecer el ranking y veremos dónde está situada
Cuba.
Evidentemente Cuba tiene problemas como los tienen todos los países, como
los tiene este país, que junto a Estados Unidos e Israel aparece
denunciado en el último informe de Amnistía Internacional,
desgraciadamente junto a muchos otros países, por ejercicio de la tortura
por sus Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Vamos a hacer eso
mismo con Israel o con Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con respecto a
la situación denunciada en organismos internacionales en relación al
ejercicio de la tortura en nuestro propio país? Ustedes no van a hacer
nada de eso. Ustedes han aceptado los criterios de la extrema derecha
norteamericana y de la mafia de Miami a la hora de plantear que es
exclusivamente con Cuba ¡qué casualidad! exclusivamente con aquel país
que vulnera los designios de Estados Unidos, con el cual ustedes
mantienen una preocupación exquisita y extrema con respecto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Eso se llama doble
rasero. Eso se llama cinismo y eso supone un camino peligrosísimo en las
relaciones internacionales.
Pero no solamente ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han actuado
con sometimiento y vasallaje ante los intereses de Estados Unidos,
menoscabando intereses de soberanía nacional de España. Ustedes están
olvidando la obligación del Gobierno español, la obligación, con rango de
tratado internacional, de protección y promoción de los acuerdos sobre
las relaciones comerciales y las inversiones entre Cuba y España. Es un
acuerdo firmado y apoyado por los votos de todos los partidos políticos
de esta Cámara, incluido el Partido Popular. ¿Qué van a hacer ustedes?
¿Qué medidas concretas piensa tomar el Gobierno español para cumplir
estos compromisos, no con una decisión arbitraria de gobierno sino con
una obligación de función del cumplimiento de tratados internacionales en
relación con la promoción de intereses y relaciones económicas de
empresas y ciudadanos españoles en Cuba?
El Ministro de Asuntos Exteriores decía hace pocos días que ninguna
empresa española iba a sufrir en sus intereses por la aplicación de la
Ley Helms-Burton. Todos hemos podido leer cómo hace pocos días Hoteles
Occidental ha retirado su propuesta de realización de inversiones en
Cuba. ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno español? No vale
decir que actuará en el marco de la Unión Europea. Es necesario que
España, como principal país afectado dentro de la Unión Europea, no
solamente espere a ver si ésta adopta medidas sino que presione, que
propugne medidas concretas en la Unión Europea para proteger los
intereses comerciales españoles.
Ustedes, señorías, saben exactamente cómo países que mantienen
estrechísimas relaciones con Estados Unidos, como Canadá y el Reino
Unidos, han establecido recientemente y están desarrollando cada día
nuevos aspectos en su legislación interna destinados a proteger los
intereses de sus empresas. ¿El Gobierno del Partido Popular piensa
ejercer alguna medida de protección diplomática de empresas y ciudadanos
españoles para impedir que sus intereses puedan verse vulnerados por la
aplicación de leyes extraterritoriales? ¿Piensan impedir que instancias
públicas, que organismos gubernamentales colaboren en la notificación de
demandas que puedan plantearse por parte de países extranjeros en función
de una legislación que evidentemente no tiene ninguna vigencia en nuestro
país? ¿Piensan ejercer, como ha dicho el señor Ministro de
Asuntos Exteriores, alguna medida para plantear la posibilidad de
compensar las lesiones que empresas españolas puedan recibir en función
de la aplicación de leyes extranjeras en los intereses económicos de
nuestro país? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué piensa hacer Convergència
i Unió en su apoyo al Gobierno: piensa hablar solamente de derechos
humanos y libertades en Cuba, dos palabras de protección de intereses
españoles en Cuba, mientras nos cruzamos de brazos ante la eficacia de
medidas --ya se está comprobando-- como la propia Ley Helms-Burton?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro, le
ruego que vaya terminando.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy terminando.
Evidentemente, señorías, ustedes están haciendo dejación de soberanía
nacional en intereses vitales para España, y están dejando de actuar,
simplemente. No existe ninguna medida concreta por parte del Gobierno
español para la protección de intereses españoles en Cuba, mientras están
sufriendo ya las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton,
aun cuando todavía no se ha producido su entrada en vigor. Hay ya listas
negras de empresas españolas facilitadas por el señor Mas Canosa, que
parece tener unas excelentes relaciones con el Partido Popular, que
mantienen intereses o relaciones económicas con Cuba. Y no solamente
están dejando sin protección los intereses de empresas españolas en Cuba,
a la soberanía española, sino que, en consecuencia, ustedes están
impidiendo el ejercicio de la competencia y están actuando en función de
intereses extranjeros. Hay una obsesión de Estados Unidos desde
principios del siglo pasado: la anexión de Cuba como un Estado más de la
Unión, la incorporación supuestamente de las leyes de la gravitación
física a las leyes de la gravitación política para que Cuba deje de ser
un Estado soberano y se plantee la incorporación pura y simple como un
Estado más de la Unión.
He de decirles, señorías, que este empuje oportunista en relación con
Cuba ha tenido precedentes. El pueblo cubano sabe perfectamente quién es
el responsable de las agresiones, quién es el responsable de sus
sufrimientos. Déjenme que les diga que no sólo el pueblo cubano sino
todos los pueblos latinoamericanos saben quién quita y pone dictadores en
Latinoamérica, quién explota los recursos naturales de otros países y
quién está financiando y manteniendo terrorismo en Latinoamérica. Es por
eso por lo que, frente al poder económico de Estados Unidos, a su enorme
capacidad de presión política, la Organización de Estados Americanos ha
votado --excepto Estados Unidos, claro está-- una posición durísima
contra la Ley Helms-Burton.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro, por
favor, vaya terminando. Es el segundo aviso. Ya ha consumido un 40 por
ciento más del tiempo debido.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Entiendo que estas preguntas bien concretas acerca de la inactividad del
Gobierno español en la protección de intereses españoles en Cuba, esta
confusión y esta timidez en la denuncia de la extraterritorialidad de la
Ley Helms-Burton y de la vulneración del Derecho internacional no van a
poder ser contestadas hoy. Sin embargo, aprovecho para anunciar la
presentación de una proposición de ley que espero, en función de los
puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del Partido Popular --que
comparte el Grupo de Convergència i Unió-- que proponen la protección de
las inversiones españolas en Cuba, pueda gozar del apoyo mayoritario de
la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Maestro.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Escuchando al portavoz del Grupo Popular, más que pensar en los Diputados
del Grupo Socialista pensaba en los de Convergència i Unió: qué
incomodidad, qué desasosiego debía embargarles. Si habíamos tenido alguna
duda --que luego explicaré-- y alguna aproximación razonable la semana
anterior, desde luego de la intervención del portavoz del Grupo Popular
podemos fácil y totalmente disipar dichas dudas. Da la impresión de que
volvemos a la guerra fría, al lenguaje bélico, a la no rectificación,
incluso a decir expresamente no al diálogo con Cuba. Parece como si
existiera un complejo de no haberse opuesto a otras dictaduras más
cercanas en su día, cogiendo ahora el alibí de oponerse sólo y
exclusivamente a la dictadura cubana. Yo, que he oído a Mas Canosa y al
Senador Helms, cerraba los ojos y me parecía que con otro timbre de voz
estaba oyendo el mismo tipo de argumentos, incluso respecto del viejo
nacionalismo a lo hispánico. Lo dice el señor Robles Fraga, y yo tenía
delante las declaraciones del señor Fraga Iribarne comparando al señor
Helms con Blas Piñar y diciendo que no se puede utilizar a los viejos, a
los niños y los indigentes de Cuba para practicar una política de partido
o una política de revanchismo con relación al comandante o el presidente,
como ha sido citado aquí. Por tanto, señor portavoz de Convergència i
Unió --cuya posición e intervención me merecen respeto, aunque también
voy a citarla--, si había alguna duda, desde luego la posición del Grupo
Popular no deja margen para tenerla.
Cuba se ha convertido en la piedra de toque de la política exterior del
señor Aznar y del Gobierno. Pero
no porque lo hayamos decidido nosotros, porque lo han decidido ellos, y
especialmente el Presidente del Gobierno que, desconociendo la
sensibilidad de la opinión pública con Cuba, muy mayoritaria, olvidando
que Cuba está sometida a un embargo por los Estados Unidos desde 1962,
hace 34 años, rompiendo una larga tradición española de tener una
política propia y autónoma con Cuba, se descuelga diciendo que hay que
acabar con la cooperación con Cuba y expresando tibiamente, con unas
palabras o con otras, su comprensión por la Ley Helms-Burton; y además
--ya lo dijimos en el debate anterior-- lo hace en presencia del
Vicepresidente de los Estados Unidos, añadiendo un error a otro,
añadiendo al anterior el de la subordinación, el del vasallaje y el del
servilismo ante los Estados Unidos, cuya historia e intereses en relación
a Cuba son radicalmente distintos a los de España, por amigos que seamos
de los Estados Unidos. No se trata de hacer antiamericanismo barato, pero
tampoco proamericanismo seguidista, bobalicón, a estas alturas del siglo.
Esa actitud no tiene precedentes en nuestra historia democrática y de
esos polvos vienen estos lodos, no de las declaraciones en un acto
público del Secretario General del Partido Socialista y Presidente del
grupo parlamentario, señor Felipe González, que reaccionaba en relación a
la manifestación de ruptura de un consenso previo del señor Aznar. Desde
entonces --por razones de tiempo no voy a hacer una relación exhaustiva--
se han hecho declaraciones de todo tipo y todas contradictoras: he citado
antes la del señor Fraga, puedo citar varias del señor Matutes, que no
tienen nada que ver con las del Diputado del PP que se autocalifica como
autor de la nueva política del PP con relación a Cuba. ¡Pues vaya
acierto, en el lío que ha metido a su grupo y a su Gobierno! Y no me
refiero ahora al portavoz del Grupo Popular que ha subido a esta tribuna.
Mientras tanto, desde el último debate sobre Cuba hasta ahora se han
producido importantes pronunciamientos internacionales que no se han
citado aquí. Se ha citado mucho al señor Marín y a la Unión Europea, pero
no se ha dicho que desde que hablamos la última vez en esta tribuna hasta
hoy ha habido un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos
que por primera vez en su historia ha votado contra los Estados Unidos
prácticamente por unanimidad --con un solo voto en contra, el de los
propios Estados Unidos de Norteamérica-- de los 34 países presentes en un
debate sobre la Ley Helms-Burton. Eso se suma a lo que ha dicho ya la
Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional, y eso tenemos
que tenerlo en consideración, así como los medios de comunicación
españoles en su inmensa mayoría. Estoy convencido de que la sociedad
civil que ha reaccionado indignada y perpleja ante las consecuencias de
la entrevista Gore-Aznar en Madrid.
El origen del problema son posiciones derivadas de la trayectoria vital o
de prejuicios ideológicos o de no conocer en profundidad cuál es --y lo
dije en el debate anterior-- la historia, los profundos anclajes
culturales, lingüísticos y de sangre y familia entre Cuba y España. Creo
que el pueblo español jamás aceptará una política que podemos definir,
muy a la pata la llana, del palo y tentetieso. Eso jamás lo va a aceptar;
jamás aceptará que haya que sacrificar, someter a penalidades y a
escaseces añadidas al pueblo cubano como medio para derrocar a Fidel
Castro. Por cierto, España es un país medio, un país con relaciones
especiales con Cuba, con cierta influencia en aquella isla, pero somos un
país modesto, mediano, orgulloso de nuestro papel, pero ni más ni menos
que lo que somos. Pero no quiere ni puede ser un país que diga a los
cubanos lo que tienen que hacer. Nuestro papel no es ni derrocar ni
apuntalar a Fidel Castro. Nuestro papel es el de mantener abiertos los
canales políticos, económicos, culturales y de cooperación para que el
pueblo cubano, soberano, se desarrolle por sí mismo económica, social y
políticamente. No creo que con posiciones fundamentalistas y fanáticas,
que sólo abocan a una salida lamentablemente violenta y revanchista, se
contribuya mejor al futuro del pueblo cubano; no es ese el camino.
En relación a la Ley Helms-Burton, hay algo que no se ha dicho aquí, ni
hoy ni en el debate anterior. Es una ley impulsada y financiada en la
campaña de apoyo de la opinión pública por empresas azucareras,
tabaqueras, bancos y cementeras de los Estados Unidos cuyo único afán no
es que se establezca la democracia en Cuba, sino sustituir por la fuerza
a las empresas españolas, canadienses, mejicanas y de otros países que
operan en Cuba. Aquí se puede estar haciendo un flaco favor a esos
intereses extranjeros criticando públicamente a empresas como Argentaria
o Tabacalera porque operan en Cuba, diciéndoles el Gobierno que a partir
de ahora no operen allí. Curiosa manera, por cierto, de aplicar la
política liberal en economía y de que las empresas actúen con criterios
empresariales y no políticos. Curiosa manera de actuar.
Tengo que decir ya, para acabar, que Convergència i Unió ha conseguido
hacer cambiar algo la posición que mantuvo el Partido Popular en el
anterior debate sobre este tema, porque el PP se había olvidado de que el
3 de marzo no tuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario y, al
olvidarlo, no se acordaba de ustedes y estas dos o tres semanas han
tenido que rectificar, al menos retóricamente, y aceptar algunos de los
aspectos. Es cierto, también, que ustedes actuaban un poco por mala
conciencia, es decir, por no dejar tan pronto en minoría al partido del
Gobierno aunque estuvieran, en el fondo, de acuerdo con nuestra
proposición. Pero, en fin, han conseguido que el Grupo Popular apoye su
enmienda a la proposición no de ley y han conseguido, sobre todo, que se
defiendan y se protejan los intereses y las inversiones españolas en
Cuba. Son los puntos 2 y 3 de su enmienda. Pero se han quedado
a medio camino porque en los puntos 1 y 4 reproducen el lenguaje de
guerra fría tan caro al Partido Popular, estableciendo condicionalidades,
como se ha dicho aquí, que no se establecen por parte del Gobierno del
señor Aznar a otros países como Marruecos, Zaire, Indonesia o China. ¿Por
qué esa singularidad y esa obsesión con Cuba que, en realidad,
anímicamente, culturalmente está más cercana? ¿Por qué castigarla
especialmente? Sobre todo, no recoge la enmienda de Convergència i Unió
la llamada del punto 5 de nuestra proposición al diálogo entre los
interlocutores cubanos, aquellos de dentro y de fuera del Gobierno y de
dentro y de fuera de la isla que contribuyan a favorecer una transición
pacífica y negociada a la democracia plena y el bienestar de la isla.
La transición no puede ser ni algo llevado por la fuerza ni algo impuesto
desde el exterior. Decía yo en el debate anterior que nos acordemos un
poco de la transición española. ¿Hubiera sido posible la transición
española sólo con los demócratas que estábamos en la oposición o en el
exilio? Fue necesaria (ellos dicen que imprescindible) la colaboración de
los aperturistas de dentro del régimen franquista, algunos de los cuales
--lo digo como elogio-- se sientan hoy en los escaños del Grupo Popular.
¿Por qué esa demonización de todo aquel que está dentro del sistema
castrista en La Habana? Hay muchos sectores en la política, en la
intelectualidad, en la cultura, dentro del castrismo, que son
sinceramente aperturistas en lo económico y en lo político. ¿Por qué
hacerles un bloqueo, una satanización total que no les permita, que les
impida trabajar en la dirección de un cambio pacífico y gradual?
Creo que España no puede convertirse en el lobby de otro país, por
poderoso que éste sea. Debemos trabajar por una política soberana con
Cuba en connivencia con la Comunidad Iberoamericana de Naciones para
influir amistosamente en Cuba, alentando a los sectores demócratas y
moderados que buscan vías para el desarrollo y bienestar de ese pueblo y
para una transición, repito, pacífica y gradual. Si no es así, si el
Partido Popular se empeña en sus posiciones doctrinarias y
fundamentalistas, creo yo, y rompe el consenso que va desde Adolfo Suárez
hasta Felipe González, seguiremos oponiéndonos a ello y vigilando
estrechamente dónde se hacen los recortes, a quiénes afectan, y estamos
seguros que demostraremos que a quienes afecta es a los ciudadanos y
ciudadanas de Cuba, que tanta cooperación necesitan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Yáñez.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición no de
ley y de las enmiendas presentadas? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, desde la perspectiva de un grupo
político como el Bloque Nacionalista Galego que llegó a estas Cortes con
su exclusivo esfuerzo y con el exclusivo esfuerzo del pueblo gallego, sin
confesionalidad de ningún tipo respecto de ninguna internacional y
acreditado, efectivamente, en los valores democráticos formales, no nos
cabe más remedio que posicionarnos de una forma francamente negativa en
relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Y
ello, por cuatro motivos básicos que paso a enumerar rápidamente.
Hablamos en otra ocasión de lo grave que era la injerencia en la política
interior de otros Estados, y es muchísimo más grave cuando estamos en un
mundo donde esta injerencia se gradúa en función del poder político y
económico del adversario. A nadie se le oculta que los Estados Unidos de
América tienen una política comercial muy activa con un gran gigante de
la economía internacional que se llama China; a nadie se le oculta que
Estados como el francés o como el alemán hacen suculentos negocios con un
Estado como Irán o con otro que se llama Pakistán; a nadie se le oculta,
desde luego, que el Estado español, al menos ahora, negocia con el país
feudal más agresivo de los que existen en la Humanidad, que se llama
Arabia Saudita, y mucho menos nos horrorizamos continuamente en este
Parlamento con todas las desgracias sociales, con las guerras civiles de
Guatemala, de Nicaragua, del Ecuador o de Venezuela, y así sucesivamente.
En segundo lugar, cuando hablan ustedes de ayuda humanitaria para el
pueblo cubano --como verán, beneficiado-- están ustedes dando una imagen
de Cuba como si fuese una Uganda o un Chad destruido por una guerra
civil. No piensen ustedes que ningún gobierno soberano va a tolerar la
injerencia en sus asuntos internos, a través de organizaciones no
gubernamentales o presuntamente independientes, precisamente para
descalificarlo como tal gobierno y como tal régimen. Señorías, es
importante no alimentar la idea de que en Cuba existe una guerra civil,
porque si ustedes alimentan esta idea está claro que toda América Latina,
mucho más que Cuba, está en una auténtica guerra civil interna y nosotros
sólo nos dedicamos desde estas Cortes a inflamarla o incluso a
alimentarla.
En tercer lugar, hablan ustedes de libertades y derechos humanos.
Permítanme decirles que libertades y derechos humanos no es solamente
contar con grupos políticos, que es un valor esencial, no es solamente ir
a votar cada cuatro años, que es un valor esencial, es también tener
derecho al trabajo, es tener una sanidad mínimamente digna, es que los
niños y las personas mayores sean mínimamente respetados en la calle y no
mueran espantosamente de hambre. Esto también son libertades y derechos
humanos. No hay informe de Amnistía Internacional que puesto en una
balanza no
acredite que hay más presos políticos, más tortura y más terror en
Estados que gozan de formas democráticas parlamentarias como pueden ser
Turquía o Perú, por no hablarles a ustedes del último escándalo de
Méjico.
En último lugar, señorías, pensamos que esta bicefalia entre la Unión
Europea y Estados Unidos no beneficia nada al Estado español. Tengan
ustedes en cuenta que ni la Organización de Estados Americanos fue
ambigua a la hora de amparar la Ley Helms-Burton; sería terrible que la
madre patria entrase en el terreno de confusión que caracterizaba hace
años a gran parte de los Estados latinoamericanos. Y no quiero acabar sin
recordarles que el hasta hace poco Jefe de las Fuerzas Armadas de un país
democrático como Chile fue un golpista declarado y no hubo condenas en
ninguno de los Parlamentos de ningún Estado de la Unión Europea.
Vincular las formas democráticas forzosamente a una economía que ustedes
llaman libre y abierta, perdónenme que les diga que conduce
inevitablemente a lo que hoy es Angola, que no creo que sea un modelo
para nadie, o simplemente a que cuando no nos gusten los resultados
democráticos los invalidemos diplomática, autoritariamente y por la vía
de la fuerza, como Argelia.
Acabo ya, señor Presidente. En este mundo complicado cabe ser cauteloso
precisamente en nombre del bien de toda la Humanidad, y si se trata de un
país con el que tenemos relaciones culturales, relaciones realmente
históricas, sería gravísimo que nos colocásemos nosotros como adalides de
una causa agresiva. Esto queremos dejarlo bien claro desde la posición
del Bloque Nacionalista Galego.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
sube de nuevo a la tribuna después del amplio debate que tuvimos aquí
hace escasamente un par de semanas para volver a hablar de algo para
nosotros entrañablemente sentido, y diría también sentimental, algo
emocionante y emotivo como es hablar de Cuba, del pueblo cubano. La
verdad que lo hago con un fondo de tristeza y de disgusto también, porque
me hubiera gustado que hoy la Cámara, con los textos que se han
presentado, con las distintas iniciativas, las enmiendas sobre el soporte
de la iniciativa del Grupo Popular, que posiblemente podía haber hecho
mayores esfuerzos, hubiera conseguido retirarlo dejando paso a un proceso
de madurez, fuera ya de emociones perturbadoras, con lo que podríamos
haber hecho una labor de síntesis.
Leyendo la proposición como portavoz del Grupo de Coalición Canaria y
desde nuestra óptica insular canaria, tan identificada con la cubana, con
el pueblo de Cuba, veía que en el fondo las enmiendas están diciendo
prácticamente lo mismo en muchos de sus renglones y aspectos.
Posiblemente un redactor de síntesis hubiera hecho un ensamblaje del que
hubiera salido un consenso. Porque a nosotros el pueblo cubano, el que
está en el fondo de esta tragedia, nos merece suficiente respeto para no
utilizar argumentos coyunturales políticos de un debate como arma
arrojadiza entre grupos de un Parlamento extracubano que debería tratar
de buscar este consenso. Se lo merece, por un lado, el pueblo cubano, se
lo merece también la racionalidad de este Parlamento y se lo merece
fundamentalmente la denuncia de injerencias de prepotencia de una nación
como Estados Unidos que se ha inmiscuido en derechos soberanos
internacionales. A nosotros nos hubiera gustado que el texto que saliera
de aquí tuviera dos grandes puntos de referencia: uno, de España como
nación soberana, como Parlamento soberano que forma parte de
instituciones internacionales que no puede tolerar la injerencia ni la
prepotencia de ninguna nación, por muy potente que sean su economía o sus
fuerzas armadas. De este Parlamento tenía que haber salido no solamente
el rechazo, sino sencillamente la denuncia de la denominada en el argot
parlamentario Ley Helms-Burton; de este Parlamentario tenía que haber
salido una condena rotunda de la Ley Helms-Burton porque está afectando,
independientemente de que está dirigida ahora sobre Cuba, a todo un
proceso de reconocimiento del Derecho internacional de no injerencia y de
no hacer aplicaciones extraterritoriales de las leyes internas de un
país. Esto es lo que nosotros echamos en falta en el texto originario que
trae la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros no podemos apoyar, siendo consecuentes con el discurso que
Coalición Canaria hizo aquí hace unas semanas, la iniciativa de esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular porque no se
condena la Ley Helms-Burton. Y esto es importante, porque este Parlamento
otras veces --recuerdo los grandes debates que manteníamos hace varias
legislaturas sobre el tema de Sudáfrica-- hacía condenas expresas,
tajantes y concisas de una conculcación de la norma y el Derecho
internacional. Nos hubiera gustado porque veo que en el fondo hay un
intento de aproximación al respeto de la dignidad cubana.
Señorías, comprendan ustedes que hace escasamente 48 horas, el sábado y
domingo pasados, ha hecho --entre comillas-- escala técnica en Tenerife
el Presidente del Consejo de la Revolución Cubana, el señor Fidel Castro.
Ha sido recibido por nuestro Presidente del Gobierno autónomo de Canarias
y por otras autoridades insulares, como el Presidente del Cabildo, con la
naturalidad y la cortesía que a los jefes de Estado se les debe. No hemos
hecho nada más que cumplir con la cortesía que presiden las relaciones
internacionales,
y así lo hizo el propio Presidente de la Comunidad Autónoma como
representante en ese momento del Estado español. No se trataba de una
visita oficial. Si esta visita la hizo política el señor Fidel Castro o
no, allá con sus responsabilidades, porque una escala técnica parecía
demasiado larga.
Pues bien, esto da un sentimiento de apoyo que nosotros queremos destacar
hoy, y desearíamos --y así me ha parecido escucharlo de la portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- que se
presentara otra iniciativa, sobre la que ¡ojalá! --y, desde luego,
Coalición Canaria se ofrece a apoyarla-- se logre este consenso.
Nuestro grupo, antes de pronunciarse sobre algunas enmiendas y dado que
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, acertada y racionalmente, ha
anunciado que va a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), está en la idea de que hay
que apoyar algo positivo. Nos hubiera gustado apoyar la enmienda que ha
traído el Grupo Parlamentario Socialista, porque creo que se contemplan
unas denuncias y unos hechos concretos, pero queremos también significar
lo siguiente. Ni España ni tampoco su política exterior, por un sentido
de soberanía y de dignidad, pueden recibir ninguna sombra de estar
coaccionadas por la política exterior norteamericana, de ninguna manera,
tengan o no los norteamericanos un proceso electoral presidencial en
marcha. La línea de cooperación del Gobierno debe mantenerse.
A este respecto quiero decir lo siguiente. En la pasada reunión de la
Comisión, el señor Ministro de Asuntos Exteriores, en el tema sobre Cuba,
hizo referencia a la zanahoria. No se a qué zanahoria se refiere, porque
la parquedad de las ayudas a Cuba no da ni para hacer un simulacro de
zanahoria. Esto lo está padeciendo el pueblo cubano. Ese mensaje lo ha
traído a España, en una visita al Presidente del Gobierno, el propio
arzobispo de La Habana, que ha sido transmisor de una penuria de todo
orden, alimenticio y de servicios sociales y humanos, que está padeciendo
el pueblo cubano. Al pueblo cubano no podemos achacarle responsabilidades
que se derivan de inhibiciones de la solidaridad. Y quiero volver a decir
aquí, por si se acepta el texto que ha presentado el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que corrijan el nombre de la famosa Ley
Helms-Burton, porque en el texto figura como «Ley de la Libertad y la
Solidaridad Democrática 1996». Al menos en España queremos tener
libertad. Esta ley se llama Ley de la Libertad en Cuba, pero deberían
emplear el nombre exacto con que está registrado en las Cámaras
norteamericanas: Ley para la búsqueda de sanciones internacionales contra
el Gobierno de Castro, para la planificación del apoyo a un Gobierno de
transición que conduzca a un Gobierno elegido democráticamente en Cuba y
para otros propósitos. Es tan impresentable esta ley como el título
original, y es un bochorno que nadie se atrevería a suscribir. Por tanto,
si figura en el texto presentado por el Grupo Parlamentario Catalán, al
menos pongan que se trata de la Ley de la Libertad en Cuba, porque es el
segundo nombre que le han dado las Cámaras en el registro
correspondiente, porque si no estaríamos hablando de otra cosa.
Si no es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular la enmienda
presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, que
nosotros creemos que se identifica mejor y a la que daríamos nuestro
apoyo, nosotros, con el fin pragmático de dar salida a este tema y con la
tristeza de lo que no nos acaba de convencer, votaríamos a favor de la
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), solicitando a dicho
grupo que haga énfasis en conseguir la denuncia de la Ley Helms-Burton,
que a Cuba, como Estado soberano, se la respete en el Derecho
internacional, y ya veremos qué pasa en la conducta del Gobierno español
cuando Su Majestad el Rey y el Presidente del Gobierno español vayan a la
próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se
celebre en el turno que corresponde, donde estarán todos los jefes de
Estado y de Gobierno de todos los países iberoamericanos, que son también
los que han hecho causa común con un principio de dignidad.
Nosotros y desde Canarias, señorías, en el peor de los casos, sea cual
sea la lectura política que se quiera hacer, tenemos muy claro lo que
decía un político español de finales del siglo pasado, al que
parafraseamos: Con Cuba estamos, con razón o sin ella.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Mardones.
A los solos efectos de indicar la aceptación de alguna de las enmiendas
de sustitución --que lo son las tres-- a la proposición inicial del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que el Grupo Popular acepta la enmienda de Convergència
i Unió en tanto que define correctamente la posición española de búsqueda
de una transición pacífica y democrática en Cuba, de oposición a la Ley
Helms-Burton y de defensa de los intereses españoles.
Por el contrario, no aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista y de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en tanto que entendemos que
rompen el consenso de esta Cámara, que olvidan la exigencia democrática y
de derechos humanos en Cuba y que no hacen sino dar eco y aval a la
intransigencia demostrada por el régimen de Castro frente a la Unión
Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Robles.
Si no ha entendido mal esta
Presidencia, porque el sonido no nos ha llegado correctamente, su grupo
acepta la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Respecto a esta enmienda, el señor Mardones había señalado la necesidad
de un cambio en la denominación original de la ley norteamericana. ¿Es
así, señor Mardones?
El señor MARDONES SEVILLA: Sí, señor Presidente, respetando el texto que
presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque el
segundo nombre con que se registró la ley es el de Ley de la Libertad en
Cuba y la Solidaridad Democrática. Dado que el texto del Grupo Catalán
dice solamente Ley de la Libertad y la Solidaridad Democrática, nosotros
proponemos que al menos figure el texto que tienen registrado
oficialmente las Cámaras norteamericanas.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Por nuestra parte no hay ningún inconveniente
en mejorar la traducción del título de la ley y que figure como Ley de la
Libertad en Cuba y de la Solidaridad Democrática.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Guardans.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Por nuestra parte no hay ningún inconveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
Se va a someter a votación la enmienda de sustitución presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con esta corrección
señalada por el señor Mardones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política de España
hacia Cuba y a la protección de los intereses españoles, en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda presentada y defendida por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), con la corrección que también se ha
aceptado sobre la libertad en Cuba.
Comieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 176; en contra, 158; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los
términos antedichos.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE CREA UNA PONENCIA
RELATIVA A LA FORMACION E INSERCION LABORAL Y EL ACCESO A LA VIVIENDA DE
LA JUVENTUD EN ESPAÑA, EN EL SENO DE LA COMISION DE POLITICA SOCIAL Y
EMPLEO (Número de expediente 162/000023)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, por la que se crea una ponencia relativa a la
formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de la juventud en
España, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio o tengan la amabilidad de
abandonar el hemiciclo para poder continuar la sesión.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Caballero Serrano.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Socialista presenta a la consideración del Pleno la
creación de una ponencia relativa a la formación e inserción laboral y el
acceso a la vivienda de la juventud española, en el seno de la Comisión
de Política Social y Empleo. Supone, por tanto, la creación de una
ponencia donde analizar el proceso de integración social de la juventud
en el curso de los años noventa, a la vez que realizar una aproximación a
los problemas y demandas de estos jóvenes de cara al siglo XXI. Para
ello, consideramos fundamental analizar el papel que juegan los tres
actores imprescindibles que intervienen en el proceso de integración
social de los jóvenes, que no son otros que la sociedad a través de sus
agentes de socialización, los poderes públicos y la propia juventud.
Con la creación de esta ponencia no estamos haciendo sino atender la
obligación que tienen los poderes públicos de desarrollar las iniciativas
y propuestas que consideren, con objeto de atender al mandamiento
establecido en la Constitución española de 1978 e intentar cumplir lo que
dispone su artículo 48, que literalmente dice así: «Los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural».
Desde la aprobación de nuestra Carta Magna, mucho han cambiado las
condiciones de vida y la igualdad social de los jóvenes españoles. Se ha
erradicado el analfabetismo, se ha extendido la educación pública desde
la infantil a la universitaria, se ha dignificado la formación
profesional, se ha escolarizado al 99,7 por
ciento de los niños de cuatro a cinco años, la enseñanza es obligatoria y
gratuita hasta los dieciséis años, cerca del 60 por ciento de los jóvenes
ingresa en BUP y COU, el 35 por ciento en la formación profesional, y el
número de estudiantes con beca es prácticamente el doble de lo que eran
las cifras del año 1978. Asimismo, los distintos estudios afirman que hoy
contamos con la generación de jóvenes más tolerante, solidaria y
altruista de la historia de España, hasta el punto de que más de un
millón de jóvenes están comprometidos en nuestro país en actividades de
ayuda a los demás. Además, los jóvenes de hoy, con independencia de cuál
sea el territorio en el que viven, pueden hacer uso de las
infraestructuras culturales y deportivas que se han creado en estos
últimos años y que permiten profundizar en la igualdad de oportunidades.
Se han establecido por ley cauces para la participación social de los
jóvenes, a través de las asociaciones juveniles, de estudiantes, de los
consejos de juventud. Asimismo, en las distintas administraciones, local,
autonómica y estatal, se han creado departamentos específicos destinados
a prestar servicios a la juventud, gobernando mejor, por y para la
juventud.
Sin embargo, a pesar de todos estos logros, siguen existiendo problemas
que impiden totalmente el proceso de socialización de los jóvenes
españoles. A pesar de los esfuerzos por profundizar en la igualdad de
oportunidades entre los jóvenes, no es menos cierto que existen problemas
que dificultan plenamente la integración social de los mismos, sobre todo
en lo que tiene que ver con el acceso al empleo y a la vivienda; factores
estos que intervienen en el proceso de autonomía voluntaria del joven y
que afectan a otras facetas de la vida, como puede ser la utilización del
tiempo libre, la marginación juvenil, etcétera.
Formación, empleo y vivienda están íntimamente unidos. Sin formación, es
difícil acceder a un empleo digno; sin empleo, es difícil acceder a una
vivienda, en las condiciones que establece el mercado. En la medida en
que seamos capaces de aportar propuestas en torno a la formación y, como
consecuencia de ésta, al empleo, estaremos más cerca de encontrar
soluciones al problema del acceso de los jóvenes a la vivienda. Durante
los últimos años, en nuestro país se ha realizado un gran esfuerzo por
elevar el nivel educativo y formativo de la población, hasta el punto de
estar cercano a los niveles de nuestros socios europeos. Hoy, el 82 por
ciento de los jóvenes comprendidos entre 15 y 18 años están
escolarizados. La tasa media en Europa es el 87 por ciento. Incluso la
tasa de escolarización entre los jóvenes que tienen 19 y 22 años está por
encima de la media europea. A pesar de esto, no debemos olvidar que
existe una bolsa de jóvenes que abandonan el sistema educativo sin
completarlo ni obtener ninguna cualificación profesional, siendo objeto
de la exclusión laboral y social. Los programas de formación y empleo,
formación ocupacional y escuelas-taller, entre otros, completan las
ofertas formativas a las que tienen acceso los jóvenes. No obstante,
estas actuaciones, a pesar de su incidencia en el acceso de los jóvenes
al empleo, no acaban de aportar soluciones completas al desempleo
juvenil. Por ello, se hace necesario analizar el desarrollo de estos
programas, conectarlos y homogeneizar el reconocimiento de las
cualificaciones obtenidas, de cara a conseguir mejores resultados en
cuento a la inserción profesional de los jóvenes.
Los jóvenes son un sector de la población donde de forma más acuciante se
sufre el problema del desempleo. De los casi seis millones de jóvenes que
hay entre los 16 y los 24 años, millón y medio están trabajando, pero más
de un millón se encuentran desempleados; el resto está en el sistema
educativo y en la formación no reglada. Desgraciadamente, también los
jóvenes son el sector de la población donde más se produce la
temporalidad en el empleo. Tres de cada cuatro jóvenes tienen un contrato
temporal, frente al 35 por ciento que se produce en el conjunto de los
asalariados, aunque por suerte este fenómeno se está corrigiendo en los
últimos tiempos.
En definitiva, podemos decir que la situación de los jóvenes frente al
empleo es difícil, pues obtienen un empleo más inestable y frecuentemente
de menor duración y jornada. Muchos jóvenes tardan mucho tiempo en
obtener su primera experiencia de trabajo, disminuyendo su futuro
profesional y dificultando así su integración social. El que los jóvenes
obtengan un mayor nivel de formación académica no es suficiente, pues hoy
sabemos que la integración social se produce fundamentalmente a través
del empleo.
Desde los poderes públicos, se han de desarrollar políticas de fomento
del empleo juvenil, estableciendo mecanismos de discriminación positiva
que favorezcan el acceso al empleo y, por tanto, faciliten la integración
social de los jóvenes. Como consecuencia del desempleo, los jóvenes
tienen dificultades para acceder a la vivienda viéndose impedido así el
proceso de emancipación voluntaria al que aspira la mayoría de nuestros
jóvenes cuando alcanzan cierta edad. Los jóvenes viven en la unidad
familiar hasta que constituyen una nueva familia u optan por una
convivencia en solitario. Este proceso se ha ido retrasando en las
últimas décadas como consecuencia de las dificultades para acceder a una
vivienda fuera del hogar familiar. El proceso de emancipación de los
jóvenes, junto con aspectos de tipo personal, está muy condicionado por
factores de tipo económico. El 50 por ciento de los jóvenes entre 30 y 35
años querría emanciparse y no puede por motivos económicos. El desempleo
que afecta a la población joven, el hecho de que la movilidad en el
empleo no está acompañada como la movilidad en el alojamiento, la no
existencia de viviendas que respondan a unos nuevos modos de vida impiden
esa emancipación.
La vivienda es, sin lugar a dudas, una condición para alcanzar el proceso
de integración social, de tal manera
que es más demandada cuanto mayor es la edad del joven y cuanto más
fuerte es el interés de vivir en pareja, ya sea mediante matrimonio o
pareja de hecho, pero a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos
tiempos por generar políticas que faciliten el acceso a la vivienda de
los sectores más desfavorecidos, como puede ser el plan de vivienda
1996-1999 o el resultado que ya se conoce del plan de vivienda 1992-1995,
que supuso más de 400.000 actuaciones en materia de vivienda, cuyos
principales beneficiarios fueron personas y familias con ingresos medios
y bajos, siguen existiendo problemas en el acceso para algunos sectores
de la sociedad, especialmente para la juventud. Los jóvenes tienen
dificultades para acceder a las viviendas en propiedad, pues carecen de
los ingresos mínimos, a la vez que la vivienda en alquiler, que podía ser
más adecuada para ellos, es insuficiente en cantidad, a la vez que los
precios de venta son elevados para sus posibilidades. Por esto se hace
necesario aportar nuevos mecanismos de apoyo a la vivienda en propiedad y
en alquiler para la juventud.
De todos es sabido que el parque español de vivienda presenta una
distribución muy peculiar, con unos porcentajes elevadísimos de viviendas
secundarias y vacías sin comparación con el resto de los países europeos
contrastando con las necesidades insatisfechas de vivienda. La oferta
pública de vivienda destinada a los sectores con recursos insuficientes
que de ninguna manera entrarían en los canales habituales de acceso a la
vivienda, aun con las ayudas públicas, es demasiado escasa en comparación
con las demandas que existen. Por tanto, es necesario que desde las
administraciones públicas se lancen políticas que favorezcan el acceso de
los jóvenes a la vivienda, teniendo en cuenta no sólo las condiciones
económicas de accesibilidad, sino también el modelo de construcción.
Por todo esto, proponemos la creación de una ponencia en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo relativa a la formación e inserción
laboral y el acceso a la vivienda de la juventud española. Esta
proposición no de ley sólo ha tenido una enmienda del propio Grupo
Socialista en el sentido de su composición, proponiendo que esté formada
por tres representantes de cada uno de los grupos con más de cien
Diputados, dos representantes de los grupos con más de diez Diputados y
un representante de cada uno de los grupos restantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a pesar de que parece que se va a prestar más atención en la
tarde de hoy al fútbol, cosa que a los jóvenes nos gusta, intervengo para
fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley del Grupo
Socialista para la creación de una ponencia relativa a la formación e
inserción laboral y el acceso a la vivienda de la juventud en el Estado
español.
Después del brillante e importante trabajo realizado por la Comisión
Especial sobre la Juventud, del Senado, cuyas conclusiones tengo aquí,
remontándose su origen a la IV legislatura y cuyo informe fue aprobado
con fecha 30 de noviembre de 1994, ya en la V legislatura, nos parece
oportuno que en la presente legislatura se cree una ponencia para
estudiar en profundidad dos de los graves problemas que aquí se ponen de
relieve, que nos afectan sobre todo y que sufrimos los jóvenes en el
Estado español, el problema del paro, el desempleo juvenil, sus causas,
sus orígenes y sus posibles soluciones, y el acceso, hasta ahora con
muchos obstáculos, a una vivienda digna.
La creación de empleo debe ser el eje prioritario de la política de
juventud, y así se recoge en este trabajo de la Comisión Especial sobre
la Juventud, del Senado, dado que el paro es el principal problema --como
muy bien ha argumentado el portavoz del grupo proponente, señor
Caballero-- de la sociedad española y, sobre todo, del grupo social en el
que nos incluimos los jóvenes, que lo sufrimos de manera muy especial.
Entre las conclusiones de esta Comisión --noviembre de 1994-- se habla de
que el Gobierno debe impulsar y promover las medidas necesarias a fin de
posibilitar la incorporación de los jóvenes al empleo, sin perder de
vista que el principal objetivo no es otro que el de conseguir puestos de
trabajo razonablemente remunerados y estables. Ya se han perdido dos
magníficos años, y a pesar de que es oportuna la creación de esta
ponencia, creo que alguna actuación más firme y más decidida se podría
haber emprendido al respecto. Procede la promoción de empleo para jóvenes
a través de la política económica, pero también a través de programas
específicos, que en los últimos años han estado un poco dormidos.
El problema de la dificultad para el acceso a la vivienda por parte de
los jóvenes sigue siendo un grave hándicap que aquí se refleja con datos
de los pocos jóvenes del Estado español que pueden acceder por sus
propios medios, debido a la escasez de recursos económicos por la falta
de trabajo, a una vivienda digna y emanciparse a unas edades que muchos
hubiéramos deseado que en vez de a los 30 hubieran sido a los 20 o a los
24 años. Hasta hoy, cuando cerca del 40 por ciento de jóvenes entre 22 y
34 años está en situación de desempleo, es indudable que la relación
causa-efecto está ahí, porque con bajos niveles de ingresos y padeciendo
el incremento de precio de las viviendas, se impide acceder a una
vivienda digna por parte no sólo de los más jóvenes sino de muchas
personas en el Estado español.
Ya en noviembre de 1994, repito, se aprobó este documento que recoge 26
recomendaciones a los poderes
públicos, gran parte de ellas dirigidas a cuestiones de formación
profesional, de acercar el mundo educativo, la formación profesional al
mercado laboral, a la empresa, sobre lo referente al acceso a la vivienda
y a otras cuestiones como el servicio militar, los accidentes de tráfico,
la drogadicción, etcétera.
Creo que todos los pasos que se den al respecto son importantes y por eso
vamos a apoyar esta iniciativa. Podemos hoy aprobar una ponencia de
estudio específico de problemáticas concretas, pero ahora procede actuar,
tomar medidas, tomar la iniciativa para que las cuestiones que más
afectan a los jóvenes dejen de ser sólo motivo de estudio, como hasta el
día de hoy, y sean objeto de actuaciones firmes y decididas para que
nuestros jóvenes afronten los retos del siglo XXI con garantías de éxito.
Ahora procede aquello de pasar a la acción, y, por tanto, considerando
positiva la ponencia, que se estudie y que se intente profundizar en las
cuestiones, creo que ha llegado el momento de que los poderes públicos
atiendan las recomendaciones de miles y miles de estudios que al respecto
se han hecho y de que los jóvenes seamos no sólo objeto de estudio sino
también de especial dedicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a apoyar con su voto esta proposición no de ley que
nos trae el grupo parlamentario proponente, el Grupo Socialista, vista
desde la óptica de la situación laboral, profesional y de vivienda de la
juventud en Canarias, con una de las tasas, afortunadamente, más alta de
juventud en España, pero, al mismo tiempo, desgraciadamente, con una de
las tasas más altas en la cabecera de desempleo de la juventud, con los
problemas de acceso a la vivienda que existen en un territorio fracturado
y fraccionado por el hecho insular, por las limitaciones del suelo
urbanizable y del suelo para vivienda.
El Gobierno canario tiene en marcha un acuerdo parlamentario de todas las
fuerzas. El denominado plan integral de empleo en Canarias, y considera
prioritario resolver el binomio de formación profesional que dé cabida
tanto en el sector servicios, que constituye el fundamento en casi más
del 75 por ciento de generación del producto interior bruto en Canarias,
como que dé ese equilibrio y esa armonía entre la búsqueda del empleo y
colocación de la juventud y el acceso a la vivienda. La alta tasa de
natalidad que ha tenido Canarias en décadas pasadas la ha llevado a esta
situación que agrava el problema de la vivienda.
Señor Presidente, como una reflexión, vamos a apoyarla en sus justos
términos, pero yo pediría a los grupos proponentes de estas ponencias de
estudio que tengan un principio de solidaridad con los grupos
minoritarios, porque agradecemos que se nos den para formar parte de esta
Ponencia dos puestos de Diputado. Eso para Coalición Canaria es casi el
50 por ciento de sus efectivos. Desde luego, se agradecen estas
generosidades, pero pediríamos un poco de austeridad en la Ponencia a la
hora de asignar un número de Diputados de los grupos minoritarios, ya que
tenemos que dedicarnos a estar cubriendo todo el trabajo parlamentario de
las distintas unidades operativas, comisiones, ponencias, subcomisiones
posiblemente también a partir de hoy, que nos quieran hacer partícipes
del mayor número de trabajos y en los que nosotros deseamos poner toda
nuestra voluntad.
Dicho esto, señor Presidente, reiteramos la oportunidad de esta
iniciativa, porque la consideramos imprescindible y necesaria, motivos
por los cuales vamos a dar nuestro apoyo a la misma.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Señores Diputados, señoras Diputadas, voy a expresar la postura del Grupo
Parlamentario Catalán sobre esta proposición no de ley por la que se crea
una Ponencia relativa a la formación e Inserción laboral y el acceso a la
vivienda de la juventud en España.
Nosotros coincidimos con el diagnóstico que ha hecho tanto en la
intervención como en el contenido inicial de esta propuesta el Diputado
Caballero. Desde hace tiempo, las dos cuestiones que preocupan tanto a la
gente que estudia el mundo de la juventud como a los propios jóvenes son
los problemas derivados de la falta de empleo y de vivienda. Desde ese
punto de vista, es interesante volver a crear esta Ponencia que ya
intentó funcionar al final de la legislatura pasada, sobre todo porque
nos va a permitir recoger opiniones, inquietudes, aspiraciones de gente
que conoce estas problemáticas y, además --y esta es la especial virtud
que a nuestro entender tiene esta Iniciativa--, porque nos puede dar la
oportunidad de captar opiniones de gente vinculada al mundo juvenil, de
gente joven. Yo diría que es la principal aportación que deberíamos
intentar realizar a los trabajos de esta Ponencia.
Por otro lado, es importante acotar el trabajo específico de la
mencionada Ponencia. Lo digo porque tenemos varios riesgos. En primer
lugar, el riesgo de los tópicos. Cuando se habla de los problemas de la
juventud existe un montón de literatura que habla de cuestiones
superficiales sin entrar en el fondo de los problemas. Hay que evitar los
tópicos, hay que evitar confundirnos con el trabajo que van a hacer otras
ponencias parlamentarias de esta Comisión. Hemos creado la Comisión
que va a estudiar los problemas de la familia, la Comisión que va a
estudiar los problemas de la pobreza, tenemos en marcha una petición de
creación de una ponencia por parte de Izquierda Unida sobre los problemas
en el trabajo, hay una petición sobre los problemas en el mundo de la
inmigración. Los problemas de la familia son también problemas de la
gente joven que se empareja, los problemas de pobreza son también
problemas de colectivos de gente joven, los problemas del empleo son
básicamente problemas de la gente joven y, específicamente, en esta
Ponencia vamos a hablar de ellos. Si creamos una ponencia que estudie los
problemas de la inmigración, también vamos a hablar de problemas de la
gente joven.
No hay que caer en los tópicos, no soslayarse con estos trabajos
parlamentarios que se van a poner en marcha en paralelo a esta iniciativa
y pensar --y esto lo recordaba la Diputada del grupo parlamentario
proponente-- que cuando hablamos de gente joven nos estamos refiriendo a
un colectivo muy diverso que es diferente a la gente joven que vive en
las ciudades, que es diferente a la gente joven que vive en los
suburbios, que es diferente a la gente joven que vive en el mundo rural,
y que es diferente a la gente joven que trabaja y que estudia. Hablar de
la juventud con esta amplitud muchas veces nos hace caer en aquello que
debemos evitar, que es la superficialidad y los tópicos.
También vale la pena reflexionar sobre que estos problemas no son
exclusivos de la gente joven. Son problemas del conjunto de la sociedad.
Es posible que la gente joven los tenga agudizados, es posible que la
gente joven los tenga avanzados, pero son problemas de la sociedad y, por
tanto, sus soluciones no las podemos enmarcar en una exclusiva referencia
o en un sentido limitado de las políticas de juventud, sino en un sentido
amplio de las políticas sociales que las administraciones deben realizar.
Desde este punto de vista, apoyaremos la creación de esta Ponencia en la
confianza de que seamos capaces, sobre todo, de incorporar esta
perspectiva joven, en la medida en que nos aporte algo diferente, que no
caigamos tampoco en la trampa de sectorializar a la gente joven. Creo que
sería un error que las otras ponencias llegasen a conclusiones diferentes
de las que pueda adoptar la Ponencia que va a estudiar los problemas de
la gente joven en el ámbito de la vivienda y del trabajo.
La mejor manera de trabajar en esta línea para evitar estos riesgos,
estas posibilidades, es acotar el tema, huir de los tópicos, escuchar a
la gente que nos venga a hablar desde fuera --que insisto va a ser lo más
interesante--, poner un poco de imaginación y ser capaces de encontrar
alguna, aunque no sea especialmente contundente, solución brillante a
estos problemas, que coincido con el señor Caballero en que son los que
hoy acucian a la gente joven.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para fijar nuestra posición al respecto de la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista, por la que se crearía en el seno
de la Comisión de Política Social y Empleo una Ponencia relativa a la
formación e insersión laboral y el acceso a la vivienda de la juventud en
España.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente esta iniciativa porque en lo
esencial, es decir, en el objetivo de la misma, estamos de acuerdo en que
es necesario analizar la situación de la juventud en el transcurso de los
años noventa y realizar una aproximación a los principales problemas de
la juventud con la perspectiva del año 2000. Estamos también de acuerdo
en considerar como referente inicial la evaluación del cumplimiento de
las resoluciones elaboradas por la Comisión especial de Juventud del
Senado en el año 1992, introduciendo los nuevos elementos de análisis
ante la situación actual en los diferentes temas respecto a la Ponencia
propuesta.
Sin embargo, no podemos compartir el razonamiento inicial que se hace en
la exposición de motivos de la proposición no de ley, y que a grandes
rasgos viene a explicar que, tras un proceso de mejora continua, y con
resultados altamente positivos para la juventud en España al procurar
similares oportunidades de partida, hoy se hacen patentes nuevos
problemas, por lo que sería necesario abordar estas dificultades
crecientes.
Nuestro desacuerdo en esta valoración inicial no parte de querer ahondar
en la responsabilidad de cada grupo político en la actual situación de la
juventud hoy, sino, más bien, de análisis más rigurosos y reales sobre
los que desarrollar los contenidos de la ponencia que, con toda
seguridad, tendremos ocasión de debatir en profundidad.
Aun reconociendo la enorme expansión de la escolarización y las mejoras
en el sistema educativo en general, si en el tema formativo aceptáramos
de partida que nuestro sistema educativo está hoy en óptimos niveles de
calidad, que ya se ha reformado y dignificado la formación profesional,
que somos el primer país de Europa en población universitaria por
habitante sin explicar las correcciones demográficas o de resultados de
finalización de estudios universitarios pertinentes, no tendría demasiado
sentido incluir la formación y, más especialmente, la formación
profesional como elemento importante en los trabajos de la ponencia.
La realidad, sin embargo, es que sí hay que incluir de forma muy
importante el tema de la formación porque,
aun considerando que en el año 1990 se aprobó la Logse con contenidos
teóricos progresistas que posibilitaban, entre otros objetivos, la
extensión de la educación obligatoria, la reforma --no sólo la
dignificación sino fundamentalmente la reforma-- de la formación
profesional, los módulos de garantía social formativa, la coordinación
por la Administración de las diferentes ofertas de formación profesional
y una formación básica para el empleo desde la secundaria y el
bachillerato, todos ellos elementos imprescindibles para avanzar
realmente en procurar oportunidades similares, sin embargo esta reforma
como elemento de igualdad y de transformación, tanto para la etapa
infantil como para la juvenil, ha encontrado, y va a encontrar desde el
principio, precisamente en la financiación la base de sus más importantes
problemas, lo que nos va a permitir comprender las demoras reiteradas en
su implantación.
Con estos datos y con estos antecedentes en el tema que nos ocupa, el
problema va a estar en saber si realmente se va a poder implantar la
educación obligatoria hasta los dieciséis años con los medios necesarios
de prevención del fracaso escolar, de atención a la diversidad y al
reequilibrio; si va a ser posible crear los mecanismos suficientes para
hacer efectiva la coordinación entre las diferentes ofertas en la
formación profesional, que permita un sistema de certificaciones y
homologaciones que validen realmente las experiencias y la formación
profesional adquirida y que permita, finalmente, articular de forma
coherente la formación y el empleo; si será posible desarrollar en
profundidad el plan nacional de prospección de necesidades del mercado de
trabajo y un observatorio permanente de las ocupaciones, de forma
coordinada fundamentalmente entre las administraciones educativas y la
Administración laboral.
Será necesario ver si las empresas se van a comprometer realmente en las
prácticas para la formación profesional y en la formación permanente de
los trabajadores y trabajadoras de este país de forma decidida y como
estrategia de futuro, todos ellos de enorme trascendencia por razones
tanto académicas como económicas y sociales.
En cuanto a la situación del empleo y más concretamente de las causas del
desempleo juvenil, tampoco es un problema nuevo sobre el que ha incidido
la aplicación de la reforma laboral con un aumento de la precariedad
general y un aumento de la temporalidad en las nuevas contrataciones, que
ha afectado especialmente a la juventud y fundamentalmente a los jóvenes
con menores recursos, lo que suele coincidir también con la concentración
de mayores índices de abandono escolar, de abandono consentido por las
familias, de fracaso escolar, por tanto en una menor cualificación.
Evidentemente, eso viene a demostrar que persistan todavía desigualdades
en las oportunidades de acceso y permanencia en los niveles formativos,
fundamentalmente en los no obligatorios.
En este sentido, habrá que tener también muy en cuenta un fenómeno
añadido hoy a la problemática juvenil y relativamente nuevo, cual es la
importancia que, cuantitativamente, ha alcanzado la población joven
dentro del conjunto de población que vive bajo el umbral de la pobreza.
En Madrid, por ejemplo, que no tiene los mayores indicadores de pobreza,
cuatro de cada diez personas que viven bajo el umbral de la pobreza
tienen menos de veinticinco años, con circunstancias asociadas de
alcohol, drogas y violencias, de donde es posible que se extraigan y se
generen, en parte por lo menos y como añadido, los fenómenos, últimamente
de actualidad, de niños y adolescentes con adicción, drogadicción y otros
elementos que de repente nos preocupan y nos sorprenden.
No obstante, si finalmente es aprobada la ponencia --y no es que lo
esperemos, es que ya la vemos aprobada--, suficiente tiempo para el
análisis en profundidad de las necesidades educativas de la juventud, su
necesidad de empleo como fórmula de integración social que le facilitará,
por lo menos a una parte, el acceso a la vivienda, aunque nuestro Grupo
manifiesta de antemano su preocupación porque coincide en los análisis
genéricos, pero algo menos en las medidas concretas que, desde nuestra
perspectiva, habría que aplicar con urgencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, con la intención de
hacer un análisis sobre la situación y los problemas de la juventud en
España y con el objetivo principal de estudiar el proceso de integración
social de los jóvenes en una sociedad con problemas estructurales que les
afectan de una forma especial, en 1992 y en el Senado se comenzaron los
trabajos, como aquí bien se ha dicho, dentro de una Ponencia de la
Comisión Especial de Juventud.
Los trabajos duraron más de dos años y en ellos se contó con la
colaboración de representantes de las administraciones públicas
implicadas, asociaciones juveniles así como expertos cualificados. De
dicha Ponencia salieron 26 recomendaciones dirigidas a los poderes
públicos y a la sociedad con el objetivo de contribuir al progreso de una
juventud más libre, de mejor calidad humana y con mayor capacidad técnica
y profesional para integrarse plenamente en una sociedad con grandes
problemas sociales y económicos. Desde entonces y hasta ahora poco se ha
avanzado en el desarrollo de dichas recomendaciones.
El Gobierno anterior presentó un segundo plan integral de juventud cuyos
fondos no aparecieron reflejados
en los Presupuestos Generales del Estado de 1995. En esta Cámara, el 9 de
mayo de 1995, se aprobó una iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista
también, similar a la que en estos momentos estamos debatiendo,
rechazando al mismo tiempo otra iniciativa del Grupo Popular en la que
proponíamos medidas concretas en algunas materias que se han convertido
en un problema extraordinariamente grave para la mayoría de los jóvenes
españoles.
Después de lo que se ha manifestado hoy aquí por los anteriores
intervinientes y lo que se dijo entonces, en mayo de 1995, creo que no es
necesario que repita los argumentos que en nombre del Grupo Popular
manifesté en aquella ocasión. Pero como portavoz del Grupo Popular en
este debate, quiero manifestar nuestra intención de apoyar esta
iniciativa, ya que somos conscientes de la necesidad de seguir trabajando
en el estudio de la situación de los jóvenes y las posibles soluciones a
sus problemas, aunque, como grupo que apoya al actual Gobierno, vamos a
trabajar para que no se pierda tiempo, como decía en aquella ocasión, en
la aplicación de medidas concretas encaminadas a paliar el problema de
desempleo en los jóvenes, adecuando la formación profesional a las nuevas
demandas y de acuerdo con las directivas europeas, aplicando fórmulas que
mejoren el contrato de aprendizaje y que faciliten el acceso a una
vivienda digna, de manera especial en régimen de alquiler.
Señorías, ya con ocasión del debate de investidura el Presidente del
Gobierno, señor Aznar, adquirió dos compromisos en esta Cámara, que se
refieren precisamente a políticas específicas en materia de inserción
laboral y de vivienda que afecten a los jóvenes. Primero --manifestó--,
el contrato de aprendizaje se transformará en una auténtica vía de
formación dual que complemente trabajo y formación y, segundo, se
reformará la legislación sobre el suelo como una medida ineludible para
resolver en parte uno de los problemas más graves de la sociedad española
que es el acceso a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes. En
relación con este segundo compromiso cabe resaltar la aprobación del Real
Decreto de 7 de junio, donde se contemplan medidas liberalizadoras en
materia de suelo.
Finalmente, quiero trasladarles a SS. SS., en coherencia con lo que
manifestamos hace un año, la intención del Grupo Popular de trabajar
coordinadamente con el Gobierno de la nación, para que aquellas
propuestas concretas que hicimos el 9 de mayo de 1995 al Gobierno
socialista puedan irse haciendo realidad con un Gobierno popular.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Señoría, concluido el debate vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
crea una Ponencia relativa a la formación e inserción laboral y el acceso
a la vivienda de la juventud en España, en el seno de la Comisión de
Política Social y Empleo en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda propuesta por el propio Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA PENITENCIARIA DEL GOBIERNO (Número de
expediente 173/000005)
El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política penitenciaria del Gobierno.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre del Grupo
proponente, la señora Almeida. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
el otro día presentamos la interpelación urgente sobre política
penitenciaria al Gobierno, en la que tratamos toda una serie de temas a
los que dio respuesta el señor Ministro, y que ha dado lugar a la moción
que hemos presentado... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora Almeida.
Guarden silencio. Por favor, señorías, estamos en sesión.
Cuando quiera, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Como iba diciendo, en aquella moción habíamos
presentado la preocupación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por toda una serie de problemas que habían surgido en el inicio
del anuncio de la política penitenciaria del nuevo Gobierno, en cuanto
que nosotros discrepábamos de la adscripción funcional que se había hecho
de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias al Ministerio del
Interior. Esgrimimos nuestras razones, y una de las consecuencias lógicas
era mostrar nuestra discrepancia; discrepancia que no es sólo una
cuestión
de forma porque entendíamos que quedaban en peligro la política de
reinserción y el sentido de ejecución de penas que tenía la política
penitenciaria y no el sentido de custodia.
Por eso, en la moción que hemos presentado solicitamos del Gobierno que
haga una revisión en la atribución de competencias de asuntos
penitenciarios que había hecho al Ministerio del Interior y que retome,
en el ámbito de la Justicia, dicha dependencia. Ese es el primer punto de
nuestra moción.
Advierto que los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista han
presentado enmiendas de sustitución en las que se han enmendado distintos
aspectos de nuestra moción. Yo creo que será posible un acuerdo
transaccional --quiero que todos se pongan contentos--, porque aunque una
tiene que defender el espíritu de su moción y llevar la iniciativa,
también hemos de reconocer que no por imponer los criterios que tengamos
se es más útil a la sociedad que sabiendo dialogar y llegar a acuerdos.
En base a ese acuerdo, podrá ser aprobada una enmienda transaccional
alcanzada con el acuerdo de todos los grupos o, por los menos, con
aquellos que han presentado enmiendas.
El segundo punto de nuestra moción se refería a otro de los temas que se
ha discutido en la interpelación, que es la necesaria obligación del
Gobierno de tomar las medidas pertinentes para hacer efectivo el
cumplimiento de penas, unas ya conocidas y otras nuevas, que se
establecen en el Código Penal. Por eso, hemos sido especialmente
explícitos en que se remita a la Cámara --y lo hacemos constar así-- un
proyecto de ley que regule la responsabilidad de los menores, que es un
vacío producido en este trámite, que se acrediten y homologuen centros
suficientes para la certificación de situaciones de deshabituación en
drogodependientes, para hacer posible la suspensión de sus condenas, que
se habiliten centros idóneos e infraestructuras suficientes para la
aplicación de las medidas de seguridad y de las penas cortas de privación
de libertad, y que se impulsen los convenios necesarios con otras
administraciones públicas y entidades para posibilitar el cumplimiento de
trabajos en beneficio de la comunidad, que es otra parte de las penas
establecidas en el nuevo Código Penal.
El tercer punto de la moción presentada se refiere a la preocupación
--que vamos a tener que reproducir en esta legislatura y quizás en la
Comisión de Justicia-- que nos produce la aplicación demasiado estricta
de las disposiciones transitorias del Código Penal, que está haciendo
prácticamente imposible la salida de las cárceles de muchos presos que
tendrían derecho con la nueva legislación.
Esto puede plantear conflictos y nosotros pedíamos en este tercer punto
una especial sensibilidad por parte de la administración penitenciaria
para valorar las condiciones de cumplimiento, el tratamiento
individualizado y la revisión individualizada y estudiada de las
liquidaciones de penas en ejecución para poder favorecer el principio de
reinserción.
El punto 4 de la moción presentada se refiere al sistema de cumplimiento
de penas que establece el nuevo Código penal. Como consecuencia del mismo
los centros penitenciarios (la política de creación de nuevos centros
penitenciarios siempre atendía a la construcción de macrocentros aislados
de la población) tienen difícil encaje en lo que se refiere a las penas
cortas, para los arrestos de fines de semana, para penas de trabajos en
la comunidad que se prevén en el propio Código penal. Por eso pedimos en
este punto que se revise el plan de infraestructuras y establecimientos
penitenciarios adecuándolo a este principio constitucional de reinserción
que tiene previsto la Ley General Penitenciaria en un menor número de
internos y además se genere otro plan que tenga en cuenta el nuevo
cumplimiento de las penas.
El punto 5 de la moción insta a un proceso de transferencias de las
competencias penitenciarias. Sabemos que esto puede ser conflictivo, pero
dado que se está dando un impulso a las relaciones autonómicas, esa
corresponsabilidad en la política de instituciones penitenciarias nos
parece elemental en cada una de las autonomías, porque creo que la
cercanía del penado con el ámbito familiar va a hacer más factible el
proceso resocializador y la función de reinserción que tiene la pena.
El punto 6 insta al Gobierno precisamente para que tome las medidas
necesarias con respecto al colectivo de funcionarios de prisiones, porque
el hecho de haber pasado a Interior puede agudizar su carácter de
custodia en detrimento de su carácter participante en el proceso de
tratamiento penitenciario y reinsertador de los propios presos y de este
modo garantizar ese modelo de funcionario y no el modelo de guardián
porque puede haber el peligro de que ocurra eso precisamente por su paso
a Interior.
También pedíamos que en los cuerpos que hoy están en prisiones pero que
se dedican fundamentalmente a las tareas de enseñanza, como pueden ser
profesores de EGB o médicos pertenecientes a la red pública de sanidad,
sean integrados cada uno de ellos en la red pública de educación, en la
red pública de sanidad, para no distinguirlos por su trabajo en las
cárceles.
El punto 8 solicita que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno
para que se establezca de nuevo una mayor relación entre los servicios de
asistencia social que antes se venían dando a través de las comisiones de
asistencia y que eran los que relacionaban las cárceles con el mundo de
fuera a través de estos elementos coordinadores que nos parecen
absolutamente esenciales en su desarrollo en la política penitenciaria.
El punto 9 pide al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno para
que tenga una especial preocupación dentro de las cárceles en la atención
sanitaria y en la prevención de enfermedades y que especialmente
introduzca, en lo posible, todas las previsiones del Plan Nacional de la
Lucha contra el Sida, así como el Plan Nacional de la Lucha contra la
Drogadicción; incluso solicitábamos en nuestra moción primitiva que se
facilitara la entrada de jeringuillas y preservativos bajo la supervisión
del personal médico de las prisiones.
El punto 10 dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que en su política penitenciaria aporte los medios económicos que puedan
evitar las situaciones de hacinamiento, saturación, falta de higiene,
incluso escasez alimentaria y otras análogas, que pueden incidir
negativamente en la vida de los reclusos y que pueden atentar contra la
dignidad humana.
En el punto 11 solicitamos del Gobierno --porque es un tema que nos
preocupa especialmente-- que el trabajo penitenciario tenga esa
consideración de componente resocializador y como elemento de formación
profesional y proveedor de medios de subsistencia para los reclusos. Para
ello, hay que desarrollar algo que está pasando por un momento de
debilidad, entendemos, que es la creación de talleres y la dotación
presupuestaria suficiente --utilizando también los fondos del presupuesto
de la Unión Europea-- para que el producto del trabajo de estos reclusos
pueda ser aprovechado por las Administraciones públicas.
El punto 12 de la moción se refiere a que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno para que presente, antes del 31 de diciembre de 1996,
un informe que contenga la valoración política y económica del
funcionamiento de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios y analice el ahorro que haya podido suponer su gestión de
enajenación inmobiliaria en la generación de ingresos públicos. Este
organismo era el encargado, mediante la venta de los antiguos edificios
penitenciarios, de sufragar el plan de infraestructuras. Creemos que no
ha sido todo lo convincente que tenía que haber sido. En ese sentido,
instamos el informe.
También pedimos que respecto a algunas actuaciones que han sido
irregulares, como es la nomenclatura, no amparada en ningún texto legal,
de los llamados FIES, que son los internos de especial peligrosidad, que
ha llevado a numerosas actuaciones denunciadas por varios niveles,
incluso a una sentencia del Tribunal Constitucional, se hicieran las
modificaciones reglamentarias para que no se puedan dar estas prácticas
dentro de nuestro sistema penitenciario.
Por último, pedimos especialmente algo que se aprobó aquí, pero que ha
sido denunciado también en el informe del Defensor del Pueblo, y es que
el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que lleve a cabo una
política penitenciaria en la que se recoja una atención especial a las
condiciones de habitabilidad y salubridad de los departamentos de mujeres
y unidades de madres en los establecimientos penitenciarios, generando,
además, la promoción de actividades laborales, educativas y culturales.
Estos son los términos de la moción que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presentamos para su aprobación. Sobre esa moción se ha
presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Popular y unas
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que serán defendidas por
cada uno de ellos. Quiero decir, en nombre de mi grupo, que nuestro
espíritu de consenso y nuestro espíritu de colaboración va a admitir
muchas de esas sugerencias. En ese sentido, estamos dispuestos a ofrecer
una enmienda transaccional que recoja, en un único texto, cada una de las
aportaciones, con las cesiones de unos y otros, que creemos que va a
lograr el consenso necesario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Almeida.
Efectivamente, a esta moción se han presentado enmiendas por parte del
Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular quiere comenzar retomando el sentido de las expresiones
planteadas por todos los grupos intervinientes en el curso de la
interpelación de la pasada semana, haciéndose solidario también con
aquellas manifestaciones de apoyo formuladas a la figura del funcionario
José Antonio Ortega Lara, en estos momentos vilmente secuestrado por la
banda terrorista ETA. Desde esa posición de solidaridad y de apoyo,
quiero hacer una valoración del importantísimo papel social que los
funcionarios penitenciarios desempeñan en la ejecución de las penas
privativas de libertad, en orden, precisamente, a dar cumplimiento a ese
fin resocializador que nuestra Constitución en el artículo 25.2, y en su
desarrollo el conjunto de principios de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, determinan como único marco posible.
Esta afirmación de principios permite, a su vez, realizar dos
consideraciones previas que enmarcan no solamente nuestra postura en
relación con el asunto de fondo que hoy debatimos, no solamente nuestra
postura en relación con el texto de la moción presentada por el grupo
proponente y por nuestro propio texto alternativo, sino que me atrevería
a decir que constituyen la tradición parlamentaria inspiradora de la
acción del Grupo Parlamentario Popular durante estos años y que va a ser,
sin duda también, según ha venido expresando el Gobierno, inspiradora de
la acción misma del Gobierno.
Esas dos consideraciones deben quedar antedichas con rotundidad y con
claridad, porque, sin lugar a dudas, son cuestiones que difícilmente
admiten debate
alguno. En primer lugar, quiero señalar que en estos momentos un debate
en torno a la dependencia de la administración penitenciaria bien del
Ministerio del Interior, bien del Ministerio de Justicia, no deja de ser
un debate importante; pero es mucho más trascendente, porque sí que
enmarca el verdadero planteamiento de fondo de la cuestión, comprometer
la necesidad de una diferenciación clara entre las funciones que
corresponden a los órganos jurisdiccionales y las funciones que
corresponden a la Administración en el proceso de ejecución de la pena
privativa de libertad, precisamente para poder, desde esa clara
distinción, desde esa clara delimitación, afirmar mucho más ese principio
garantista que a todos nos compromete y nos preocupa en relación con los
derechos de los internos, y ese principio de efectividad en relación con
la función misma de la pena en su dimensión resocializadora y
educacional.
Desde esta consideración, desde la afirmación, precisamente, de que ese
es el verdadero debate de fondo, convendrá, sin duda, que todos los
grupos parlamentarios a lo largo de esta legislatura, sin
precipitaciones, sin improvisaciones, con mucho sentido común, con rigor
técnico, encontremos precisamente cuáles son los caminos legales
apropiados para poder adecuar, para poder reforzar, para poder dar cuerpo
a esa distinción.
La segunda consideración esencial no es otra más que repetir lo obvio,
pero que en este caso lo obvio constituye, también sin lugar a dudas, una
declaración sustancial, y es que, señorías, no hay más que una única
orientación posible para la inspiración y el desarrollo de la política
penitenciaria, esto es, la que surge del marco de legalidad establecido
en el mandato del artículo 25.2 de la Constitución y la que se desarrolla
en el conjunto de principios determinados en la Ley Orgánica General
Penitenciaria.
Precisamente porque esa es la única orientación posible de principio a la
política penitenciaria, a su vez solamente puede haber una metodología
concreta para desarrollar esa política de principios, que es precisamente
la del desarrollo de la individualización científica de la pena, lo que
lleva a afirmar con claridad que no puede haber políticas penitenciarias
globales, que no puede haber políticas penitenciarias de etiquetas, que
tiene que haber, para hacer efectivo ese principio resocializador de la
pena, tantas políticas penitenciarias como internos, tantas políticas
penitenciarias como efectivamente aconseje la situación de cada uno de
los reclusos, orientando, precisamente con la intención y el fin de dar a
esa política penitenciaria individualizada la efectividad de poder
cumplir con el mandato constitucional de la resocialización, de la
reinserción.
Y desde estas dos consideraciones fundamentales, que significan una
declaración de principio incuestionable, que casa absolutamente con lo
que ha sido la tradición parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular,
nosotros hemos querido presentar una enmienda de sustitución, respetando
esencialmente el espíritu de la moción original del grupo proponente,
porque compartimos, sin lugar a dudas, la intención de principios, muchos
de los contenidos explicitados en esa moción original. Entendemos, quizá,
que precisamente en aras a la claridad expositiva, a una mejor
sistematización y, sin lugar a dudas, a una mejor precisión de los
objetivos a lograr, quizá, digo, conforme a otras valoraciones
--jerarquización de los objetivos y otra redacción-- esos fines se
podrían cumplir mejor.
Pasaré muy brevemente a hacer referencia al sentido básico de nuestro
texto --que yo creo que en el breve espacio de unos minutos se va a poder
corporizar--, pero quiero dejar dicho como compromiso inmediato, que la
voluntad de este grupo parlamentario, porque es trasunto de la voluntad
del Gobierno, es que, en todo caso, la política penitenciaria, como
política de Estado, sea una política abierta al diálogo y a la
cooperación con todos; sea una política a la que nadie acuda con
apriorismos, ni siquiera con posiciones ideológicas preconcebidas, que
sea una política esencialmente de encuentro que nos permita a todos dar
efectividad a esos principios básicos de naturaleza constitucional, que,
sin lugar a dudas, a todos --insisto-- nos compromete.
En este sentido, hoy nuestro texto quiere ser, para el grupo proponente y
para la oferta a los demás grupos parlamentarios, simplemente una
referencia de trabajo y estamos convencidos que a partir de este texto, a
partir del texto de la moción original del grupo proponente, a partir,
sin lugar a dudas, del texto de las enmiendas parciales presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista y de la exposición de posiciones que
cada uno de los grupos parlamentarios puedan formular, hoy podemos
prestar, sin lugar a dudas, al Estado un gran servicio, el de nuestro
consenso, y prestándoselo al Estado prestarlo también tanto a la
población penitenciaria en su conjunto como a los profesionales del medio
penitenciario que son los primeros, por estar en contacto permanente con
esa población reclusa, que cumplen la función de ejecución y desarrollo
de los fines constitucionales previstos en orden a la ejecución de las
penas privativas de libertad.
En este sentido, el punto primero de nuestro texto insta al Gobierno a
que prosiga, continuando la labor desarrollada por el anterior Gobierno,
con la adopción de cuantas medidas de naturaleza legal o material sean
necesarias para dar una plena efectividad al nuevo sistema de penas
aprobado, recientemente incorporado a nuestro Código penal.
El punto 2 de la moción establece el desarrollo de una serie de
principios que entendemos básicos, precisamente para dar fin a esa
función resocializadora de la pena y para garantizar en toda su extensión
el conjunto de derechos básicos de los internos --es decir, para hacer
verdad que la pena no tenga contenido
aflictivo añadido alguno más allá de los contenidos estrictos del fallo
condenatorio--. Instamos, por tanto, al Gobierno a que adopte las medidas
pertinentes para poder dar una situación de cumplimiento a todas aquellas
realidades excepcionales, que debe entenderse, sin embargo, que en la
práctica, por razones de hacinamiento, por razones en otros casos de
insuficiencias de naturaleza alimentaria o higiénica en algunos de los
centros, suponen un menoscabo efectivo para los derechos de los internos.
Instamos a que se promocione especialmente el valor de la educación y del
trabajo en el interior de los centros penitenciarios como eje básico para
la aplicación de la política de tratamiento y para dar un fin cumplido y
efectivo a ese principio resocializador, porque, evidentemente, sin poder
ofrecer al interno la posibilidad real de que modifique sus hábitos de
conducta, de que real y auténticamente esté en disposición de encontrarse
con autosuficiencia en el reingreso en la vida en libertad, sin poder
servir esos instrumentos, difícilmente podemos hacer verdad el contenido
del artículo 25.2.
Queremos que se acentúen también los programas de naturaleza sanitaria y
de prevención de enfermedades, con una especialísima referencia, como es
natural, hacia los aspectos derivados de las toxicomanías y del sida por
su especial incidencia sobre la población reclusa. Prevenir y actuar con
vocación solidaria y humanitaria sobre los efectos no sólo sociales, sino
clínicos de ambas enfermedades, supone un compromiso que nadie puede
dejar de obviar y desde luego la Administración debe hacerlo en primer
grado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya resumiendo, señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
Queremos, con ese mismo fin, que se potencie la máxima colaboración entre
todas las Administraciones públicas en la prestación de servicios de
naturaleza social y asistencial sobre la población reclusa. Y queremos,
naturalmente, que desde la Administración se promocione y se facilite la
tarea importantísima, de primera línea, que el voluntariado social y las
organizaciones no gubernamentales vienen ya realizando y deben seguir
realizando en ese ámbito solidario y de atención sobre la población
reclusa.
Finalmente --y concluyo, señor Presidente--, instamos a una revisión del
plan de amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios a los
efectos de que se elabore un mapa de infraestructuras penitenciarias
acorde con el mandato constitucional, acorde con la declaración de
principios de la Ley Orgánica General Penitenciaria y con las necesidades
que plantea la aplicación del nuevo sistema de penas del Código penal,
plan y mapa de infraestructuras penitenciarias que debe prestar una
especialísima atención a la situación particular de las mujeres internas
y, especialmente, de las mujeres que son madres.
Queremos hacer una mención muy especial --y con ello termino-- a la
política que el Gobierno quiere impulsar, sin lugar a dudas, en lo
concerniente a la relación con el colectivo profesional de funcionarios
penitenciarios. Hay materias muy sensibles: en el ámbito de la seguridad,
en el ámbito del amejoramiento de sus condiciones laborales, en el
perfeccionamiento de los sistemas de formación inicial y continuada. Hay
un conjunto de temas que se deben abordar con celeridad y nos consta la
intención política del Gobierno para ejecutarlos.
Finalmente queremos, porque nos parece un elemento de trabajo
interesante, que el Gobierno remita a esta Cámara un informe, una
valoración sobre lo que ha sido la gestión de la sociedad estatal de
infraestructuras y equipamientos penitenciarios. Solicitábamos también en
nuestra enmienda que se remita un texto de reforma de la Ley Orgánica
General Penitenciaria en un aspecto muy parcial, en lo concerniente
precisamente al conjunto de la regulación del régimen cerrado, de las
infracciones disciplinarias y de las sanciones para dar cumplimiento a
las recientes recomendaciones del Tribunal Constitucional y precisamente
para mejorar y reforzar esa voluntad garantista sobre el conjunto básico
de los derechos de los internos.
Termino diciendo, señor Presidente, que este texto es hoy simplemente un
texto de trabajo, que estamos convencidos de que vamos a llegar a un gran
acuerdo, que ese gran acuerdo servirá de orientación, de principio, de
base y de cimiento al trabajo parlamentario en esta legislatura y será
una orientación muy importante para el trabajo de la Administración. Hoy,
con este gran acuerdo, prestamos, sin lugar a dudas, un gran servicio a
la población penitenciaria, a los profesionales y al Estado mismo. Y para
que a nadie le quepa la menor duda, este Grupo Parlamentario, en
consonancia con el Gobierno, sin quererse atribuir el carácter de más que
nadie, pero desde luego sin ser menos que nadie, tiene muy claro cuál es
la definición de principios --la única posible-- sobre la que se debe
ejercer y desarrollar el mandato constitucional en orden a la ejecución
de las penas privativas de libertad. Y sin querer ir más allá que nadie,
pero sin ser menos que nadie, este grupo parlamentario ratifica su
compromiso garantista sobre los derechos básicos de los internos que está
acreditado, no con el compromiso de este portavoz hoy en esta tribuna,
sino con lo que ha sido la gestión sostenida, de carácter parlamentario,
durante muchos años, promovida precisamente en este terreno por el Grupo
Parlamentario Popular.
Finalmente, en un gesto de valoración al que yo creo que se sumarán, sin
lugar a dudas, todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, quiero
agradecer al
señor Ministro la sensabilidad política demostrada al estar presente en
el debate de esta moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil
Lázaro.
Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista no tratan
--eso era propio de la interpelación celebrada el miércoles pasado-- de
exhibir la concepción de la política penitenciaria que tiene el Grupo
Socialista, sino de plasmar, por vía de enmiendas parciales, esta
política penitenciaria.
Coincidimos con el Grupo de Izquierda Unida en la concepción que tiene de
esta política penitenciaria, pero discrepamos parcialmente de ella y, por
eso, hemos presentado una serie de enmiendas parciales, que no desvirtúan
en absoluto la coincidencia en la concepción de la política
penitenciaria. Manifestamos de antemano a la portavoz de Izquierda Unida
que aceptamos de plano el punto 1 de su moción por cuanto es cierto
--coincidimos con ella y lo reiteramos aquí-- que es más propia la
adscripción de las competencias de la política penitenciaria al
Ministerio de Justicia que al de Interior, y no vamos a reiterar ideas.
De igual modo, manifestamos que aceptamos los puntos 2, 2a), 6 y 12 en
los términos en los que están redactados, rechazamos los puntos 3, 5, 7 y
8, presentamos enmiendas de sustitución a los puntos 2b), 2c), 2d), 4, 9,
10, 11 y 14 y postulamos la supresión del punto 8 en lo referente a la
expresión «... con el establecimiento de Comisiones de Asistencia Social,
como elemento coordinador...», hasta el final, y también la supresión
completa de su punto 13, a la par que propugnamos que se añadan dos
puntos nuevos, que serían el 15 y el 16. El punto 15 tiene la finalidad
de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que regule los
mecanismos de resarcimiento a los penados, conforme a las previsiones que
establece el artículo 15 del Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, donde
figuran los mecanismos de ejecución. El punto 16 insta al Gobierno a que
presente un plan de establecimiento de programas formativos y culturales
para los supuestos de suspensión de la condena y libertad condicional.
Esta sería la declaración de principios respecto de las enmiendas
parciales que hemos presentado.
Por resumir, diré que estas enmiendas del Grupo Socialista van
encaminadas al cumplimiento del sistema de penas del nuevo Código penal,
como han dicho otros portavoces, y señaladamente a las de arresto de fin
de semana, pena privativa de libertad, y trabajos en beneficio de la
comunidad, pena privativa de derechos y sustitutivas de la privativa de
libertad, todo ello en la línea de lo que establece --lo decíamos
anteriormente-- el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, que contiene la
habilitación para un plan de creación de plazas de deshabituación de
toxicomanías en centros públicos o privados debidamente acreditados u
homologados, de forma que posibiliten que los jueces y tribunales
decreten la suspensión de las penas privativas de libertad en los
supuestos del artículo 87 del vigente Código Penal.
Como el Grupo Parlamentario Socialista considera que no se puede hacer
tabla rasa de su política penitenciaria anterior ejercida por los
gobiernos socialistas, que, por otro lado, ha tenido presente como
finalidad principal la reeducación y la reinserción social de los
penados, pero, a la vez, considera que es perfectible en su
materialización, propone la actualización y adaptación del plan de
amortización y creación de centros penitenciarios que reduzca la
saturación de éstos y, a la par, con sus enmiendas, postula que el
Gobierno continúe con esta política de creación y utilización eficaz de
talleres en los establecimientos penitenciarios con dotaciones
presupuestarias suficientes, redefiniendo, porque es necesario hacerlo,
los programas de tratamiento individualizado a los internos clasificados
en primer grado, así como la continuación y acentuación de la especial
atención a la habitabilidad y salubridad de los departamentos de mujeres,
en la línea de lo propugnado por Izquierda Unida, sobre todo en las
mujeres con hijos, y la promoción de actividades laborales, educativas y
culturales, con el fin de lograr la reinserción de los penados en la
sociedad tras su salida de la prisión. Como decíamos el miércoles pasado,
mientras están en ellas sólo están privados de la libertad y de esos
otros derechos que haya acordado el juez en la condena y lo establezcan
las leyes y el reglamento penitenciario.
Al mismo tiempo, también manifestamos brevemente nuestra oposición al
punto 3 de la moción de Izquierda Unida, por considerarlo extemporáneo y
ocioso.
Manifestamos también nuestro rechazo al punto 5, que parece querer hacer
obligatorias de modo automático las transferencias en materia
penitenciaria a las comunidades autónomas y no facultativas y de
susceptible de negociación entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas. Al punto 7, que parece que postula la integración automática y
no gradual de los funcionarios ATS y profesores de EGB en instituciones
penitenciarias en los respectivos Cuerpos de Sanidad y Educación.
Como decíamos, solicitamos la supresión total del punto 13.
En definitiva, por no extenderme demasiado, cree el Grupo Parlamentario
Socialista que si los distintos grupos parlamentarios hacemos el esfuerzo
necesario, ya se ha avanzado alguna intencionalidad de los grupos que me
han precedido, podemos definir en la moción que salga esta tarde de la
Cámara la materialización de una política penitenciaria acorde con las
finalidades que establece la Constitución española y la
Ley General Penitenciaria, y de este modo encomendaremos al poder
Ejecutivo que las cumpla para lograr la reinserción y reeducación de los
penados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez
Solano.
Grupos que desean fijar la posición en este debate. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria,
al conocer el texto original de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo
celebró, se sintió satisfecho de encontrar un respiro de sentido
democrático para reordenar el tema del mundo penitenciario, que falta le
hace.
Vaya por delante que compartíamos plenamente, digo compartíamos a la
vista del nuevo texto de la moción que nos ha señalado aquí la portavoz,
señora
Almeida, esa primera denuncia del Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo,
que trasladó la competencia de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio de Justicia al Ministerio de Interior. No solamente le digo
esto, señora Almeida, sino que, cuando se ha hecho el nuevo texto de la
moción, que nosotros vamos a apoyar, y vaya por delante también que nos
congratulamos de que haya habido este consenso, este diálogo,
fundamentalmente entre las alternativas de enmienda que le presentaban al
grupo proponente Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya los grupos
Popular y Socialista, que se haya llegado a este texto que permita salir
positivamente adelante en este mundo.
Pero, como invocan el artículo 25.2 de la Constitución y los
correspondientes de la ley Orgánica General Penitenciaria, le voy a pedir
a usted un favor como causa originaria en su propio grupo de esta moción,
y es que no olviden el tema judicial, porque, a la vista de cómo se
pueden reagrupar todos estos considerandos que aquí vienen de instar al
Gobierno, yo lo dividiría en dos grandes grupos: los que son puramente
gerenciales, de mejorar determinadas cuestiones de gestión, es decir,
aspectos económicos o administrativos, de los que son aspectos de tutela
judicial. Noto cierta ausencia de la presencia aquí, ya que se ha
invocado el artículo 25.2 de la Constitución, de los que dice el Título
VI de la Constitución, relativo al Poder Judicial.
¿Y por que le digo esto, señora Almeida? Fundamentalmente, por lo que
dispone el artículo 117, en su punto 3. Porque si se habla de
competencias o de ejercicio de la potestad jurisdiccional, esa primera
potestad jurisdiccional de la Constitución corresponde a los jueces y
magistrados, al Poder Judicial, y el artículo 117.3 habla de esta
competencia de jueces juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, y ejecutar
lo juzgado se hace dentro de las prisiones; es la pena de privación de la
libertad.
A mí, que me preocupó profundamente, como demócrata, que se trasladara
Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia al de Interior (y
debemos seguir haciendo la reflexión de si el Gobierno va a tener que
hacer un estudio o mandarnos aquí las medidas necesarias para diferenciar
entre las funciones que corresponden a los órganos jurisdiccionales en la
ejecución de las penas privativas de libertad) me parece conveniente que
volvamos a pensar, señora Almeida, si el Consejo General del Poder
Judicial no podía ser también la percha en que determinados aspectos
jurisdiccionales de la tutela judicial y de los jueces de vigilancia
penitenciaria se tengan que insertar, porque si no podíamos dejar al juez
de vigilancia penitenciaria como una rara avis, que hasta tendría que
pedir permiso para entrar dentro de la prisión. No sé si el Defensor del
Pueblo podría tener también acogida en determinados aspectos de denuncia
de lo que está ocurriendo, y que los demócratas, los que amamos un Estado
de Derecho, no desearíamos; pero un Estado de Derecho empieza por esto.
Nosotros, hechas estas advertencias de no perder de vista la competencia
jurisdiccional y de que si el cumplimiento de las penas, la vigilancia,
el hacer ejecutar lo juzgado no puede estar en manos del Consejo General
del Poder Judicial, pedimos que siga estando en manos del Ministerio de
Justicia, y fundamentalmente bajo el control parlamentario. Por todo lo
demás, como coincidimos plenamente con lo que aquí se trata de realizar,
que es mejorar en un Estado de Derecho la causa del delincuente penado
que está en prisión y que la justicia social debe redimirlo por las
maneras que aquí se señalan, nosotros, Coalición Canaria, vamos a prestar
nuestro apoyo al texto de la moción, transaccionado con las enmiendas de
los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Volvemos a agradecer la
iniciativa que ha tenido el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, que siempre es una especie de aire fresco, para que no nos
olvidemos de los principios de nuestro Derecho Constitucional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha sido testigo de
los esfuerzos de consenso de los tres grupos mayoritarios --incluso les
ha animado a ello-- y, por tanto, atendiendo también a la hora, no tiene
más que manifestar que votará positivamente el texto transaccional de la
moción, tal y como ha sido convenido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Silva.
Señora Almeida, tiene la palabra para exponer la transacción que quería
ofrecer.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame que dé las gracias también al señor Mardones por ese
calificativo tan poco usual en estos trámites, de llamar aire fresco a
algo que, es verdad, también nos anima un poco al hacer estas
intervenciones parlamentarias.
La verdad es que en toda enmienda transaccional hay siempre un poco de
cesión, pero yo creo que la preocupación sobre la atribución de
competencias que había hecho al Ministerio del Interior, que es la misma
que teníamos como juristas --en el punto 1 cuando pedíamos al Gobierno
que revisara y lo razonábamos en el otro--, esa adjudicación de
competencias ha quedado salvada en esta transacción, no con toda amplitud
pero, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, es un documento de
trabajo sobre el que podemos hacer muchas más proposiciones. Hemos
salvado precisamente que, pese a la adjudicación al Ministerio del
Interior el punto 1, quede redactado así: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que promueva las medidas necesarias para
garantizar la debida diferenciación entre las funciones que corresponden
a los órganos jurisdiccionales, en la ejecución de las penas privativas
de libertad, y las que corresponden a la Administración, todo ello
conforme al mandato del artículo 25.2 de la Constitución y de la Ley
Orgánica General Penitenciaria. Es decir, reclamamos ese aspecto
jurisdiccional y judicial que me parece quedaba más abandonado
precisamente por ese tema.
Leo la moción, porque ha sido entregada al Presidente, para que los
grupos que no se hayan definido sepan cuál es el contenido concreto de la
moción transaccional entre las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo
Popular.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte las
medidas dirigidas a completar y a hacer efectivo, de manera inmediata, el
necesario desarrollo normativo del sistema de penas previsto en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para su
efectividad y especialmente, a) Remita a esta Cámara un proyecto de ley
que regule la responsabilidad de los menores de edad.
b) Presente un plan de creación de plazas públicas de deshabituación de
drogodependientes, estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas y
las organizaciones no gubernamentales con dedicación en este ámbito en
orden a hacer posible las suspensión de sus condenas.
c) Habilite centros idóneos e infraestructuras suficientes para la
aplicación de las medidas de seguridad y de las penas cortas privativas
de libertad.
d) Impulse los convenios necesarios con otras Administraciones públicas,
entidades y organizaciones no gubernamentales y de voluntariado social,
para posibilitar el cumplimiento de trabajos en beneficio de la
comunidad.
e) Regule el mecanismo de resarcimiento a los penados de arresto de fin
de semana de los gastos de desplazamiento.
f) Elabore un plan que establezca programas formativos y culturales para
los supuestos de suspensión de condena y/o libertad condicional.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda a una
revisión del actual plan de amortización y creación de nuevos centros y
del vigente modelo de centros tipo, a fin de establecer un mapa de
infraestructuras penitenciarias que se adecue a las previsiones de la Ley
Orgánica 10/1995 y a las demandas inherentes al marco de legalidad que
surge del imperativo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución y
en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en desarrollo
de su política penitenciaria conforme a las previsiones del artículo 25
de la Constitución y las de la Ley Orgánica General Penitenciaria y sin
perjuicio de las competencias autonómicas ya asumidas y de las que
pudieran asumirse proceda a: a) Aportar las medidas precisas para evitar
situaciones de hacinamiento, falta de higiene y cualesquiera otras que
operen en menoscabo de los derechos de los internos.
b) Promocionar especialmente las tareas de trabajo y educación en el
interior de los centros como ejes básicos de los programas de tratamiento
y reinserción, garantizando una dotación presupuestaria suficiente además
de los fondos que provengan del presupuesto de la Unión Europea y
favoreciendo la aplicación del producto de este trabajo para su
aprovechamiento por las administraciones públicas.
c) Acentuar la aplicación de programas de naturaleza sanitaria y de
prevención de enfermedades, con singular atención hacia los concernientes
al sida y toxicomanías.
d) Profundizar en el perfeccionamiento de servicios de asistencia social
sobre la población reclusa, a prestar tanto por los dispositivos
penitenciarios como extrapenitenciarios.
e) Potenciar la labor de todas las administraciones públicas competentes
en la prestación de servicios a la población penitenciaria, e igualmente
promover y facilitar la tarea del voluntariado social y organizaciones no
gubernamentales en dicho fin.
f) Preste atención especial a las condiciones de habitabilidad y
salubridad de los departamentos de mujeres y unidades de madre de los
establecimientos penitenciarios y a la promoción de sus actividades
laborales, educativas y culturales.
5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que impulse las
medidas pertinentes orientadas a
la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios
penitenciarios, resalte con medidas concretas su función esencial en la
tarea de resocialización de los internos, provea la aplicación de los
acuerdos entre Administración Penitenciaria y sindicatos en materia de
seguridad, mejore los mecanismos de formación inicial y permanente de
estos profesionales y adecue la distribución de dichos efectivos humanos
a las necesidades reales de los centros.
Asimismo, se insta también a que proceda, en el plazo más breve posible,
a la integración progresiva de los funcionarios de los cuerpos
facultativos, de ATS y de profesores de EGB de Instituciones
Penitenciarias en las respectivas redes públicas de sanidad y educación.
Por último y como número 6. El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que presente ante esta Cámara, antes del 31 de diciembre de
1996, un informe que contenga la valoración política y económica del
funcionamiento de la Sociedad de infraestructuras y equipamientos
penitenciarios y analice el ahorro que haya podido suponer su gestion de
enajenación inmobiliaria en la generación de ingresos públicos para la
Administración.
Este es el contenido del texto y, aprovechando que ha ganado España,
espero que sea votado por todos los componentes de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Almeida.
A los efectos de indicar si acepta la transacción ofrecida por el Grupo
de Izquierda Unida, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Sí, señor Presidente, aceptamos esa transacción,
acreditando además las palabras del portavoz del Grupo Catalán en cuanto
a la importancia también de la contribución de este grupo al acuerdo que
finalmente vamos a alcanzar, agradeciendo las aportaciones del señor
Mardones y expresando nuestra profunda satisfacción por haber alcanzado
este consenso, por haber establecido este marco de principios para la
discusión y el trabajo en común, en el transcurso de esta legislatura, de
todos los grupos parlamentarios para la orientación de la política del
Gobierno y, especialmente, por lo que supone de claridad en el punto de
partida, en el punto primero de esta enmienda transaccional. La
Administración, por una parte, los órganos jurisdiccionales, por otra,
tienen que alcanzar una clara diferenciación en el ejercicio de sus
funciones. El Ministerio del Interior es Administración; el Ministerio de
Justicia es Administración. Aquí probablemente para consagrar ese
principio garantista sobre los derechos de los internos, que a todos nos
ocupa y nos preocupa, es precisamente saber alcanzar entre todos el punto
de diferenciación, de protagonismo y de compromiso que corresponde a los
órganos jurisdiccionales y el que corresponde a la Administración. Creo
que esta Cámara tiene hoy motivos suficientes para felicitarse por el
acuerdo alcanzado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Pérez Solano, para manifestar la aceptación o no de la transacción
ofrecida.
El señor PEREZ SOLANO: El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo
con la transacción y retira sus enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez
Solano.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción derivada de la
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política penitenciaria del
Gobierno en los términos resultantes de la aceptación en el debate del
texto transaccional presentado por los grupos parlamentarios Popular,
Socialista y por el propio grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 325.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con arreglo a la
transacción que el propio grupo ha redactado y negociado con los
restantes grupos de la Cámara.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, EN RELACION CON LA SITUACION
ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO (Número de expediente 173/000006)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista del Congreso, en relación con la situación económica,
financiera y presupuestaria del sistema de protección social y
perspectivas de futuro.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra, para la defensa de la moción,
el señor Cercas. (Rumores.) Un momento, señor Cercas.
Señorías, les ruego guarden silencio y permitan que el señor Cercas
comience su exposición. (Pausa.) Señor De Luis. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me cumple el honor de defender en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista la moción consecuencia de la interpelación
que realizó mi grupo la semana pasada al Gobierno con la pretensión,
espero que no sea vana, de que cesen definitivamente las interpretaciones
sobre la situación financiera y presupuestaria del sistema de protección
social en general y del sistema de pensiones públicas, en particular.
Consideramos que aquel debate, que sin duda fue útil para que cumpla
estas funcionalidades, debe concluirse hoy ante el Pleno de la Cámara
mediante una votación, que el Grupo Socialista espera sea unánime, como
unánime fue el Pacto de Toledo, porque las Cortes Generales creemos deben
producir una señal inequívoca que vaya más allá de las palabras, que vaya
más allá de los discursos; una señal inequívoca a todos de que mantenemos
nuestra unánime voluntad de seguir el rumbo marcado el año pasado y, por
tanto, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena que pretenden
hacernos dudar al conjunto de representantes populares de las Cortes
Generales; que pretenden hacernos dudar --y hacer dudar también al país--
sobre las posibilidades de nuestra Seguridad Social, sobre la ruta que
escogimos en la ponencia que culminó con el Pacto de Toledo y sobre el
puerto al que queremos llegar. (El señor Vicepresidente Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Conocen muy bien SS. SS. que existe en España un lobby contrario al
mantenimiento del sistema público de pensiones, que se ha consolidado en
los años democráticos y, sobre todo, en los 13 años de gobiernos
socialistas, que funciona bajo las premisas de la solidaridad y con unos
niveles de sustitución de salarios de actividad, que suponen rentas
efectivas, no mínimas sino suficientes para los trabajadores; este
sistema de seguridad social y que --repito-- está siendo objeto por parte
de dicho lobby de una labor de desprestigio permanente por cuantos medios
tienen a su alcance.
Para nosotros no es motivo de sorpresa ni tampoco es motivo de escándalo.
A veces hay en estas posiciones, que estas últimas semanas y estos
últimos días son mas activas que nunca, sinceras opiniones y
preocupaciones académicas notables. Hay también tomas de posición que
defienden intereses legítimos por más que éstos, por su particularismo,
choquen desde nuestro particular punto de vista con los intereses
generales del país, así como contra los intereses de millones y millones
de trabajadores y pensionistas que tienen en el sistema actual de
pensiones y en la reforma de este sistema, sin que se desnaturalicen sus
valores, sus principios y sus técnicas, la base más sólida de las rentas
actuales y futuras.
No nos preocupa, por tanto, ese coro de voces, pero sí nos preocupan,
señoras y señores Diputados, los síntomas de tibieza, y las
contradicciones que estamos observando en el Gobierno en estas primeras
semanas de andadura, que no las entendemos, porque no entendemos la
tibieza y la contradicción cuando el Gobierno tiene una hermosa
oportunidad de legitimar sus propias palabras, de legitimar sus propios
compromisos. No podemos entender cómo este Gobierno es remiso a poner
distancia entre el propio Gobierno y los que están hablando de la
ineluctable destrucción del sistema público de pensiones.
Como no voy a hacer ningún juicio de intenciones (no va a ser esa nuestra
posición política en la oposición, sino que es cierto que vamos a
criticar hechos y palabras), tengo que recordar aquí que ha habido ya
demasiadas palabras, demasiadas declaraciones desde órbitas
gubernamentales que han ocasionado intervenciones del Grupo Parlamentario
Socialista, y que seguirán produciéndose si continúan esas mismas
afirmaciones desde las áreas gubernamentales. Quiero recordar en este
sentido las preocupantes palabras del Director de la Oficina
Presupuestaria del Presidente del Gobierno sobre la imposibilidad de
atender la revalorización de las pensiones, en abierta contradicción con
las opiniones de quien le nombró y quien le mantiene en esa
responsabilidad.
Estas palabras han sido reiteradas nuevamente por el señor Barea. Nuevos
conceptos preocupantes, inquietantes profecías sobre que se está
estudiando un modelo de referencia de indiciación de las pensiones que no
va a ser el índice de precios al consumo, cuando justamente en el Pacto
de Toledo se afirma en la recomendación 9.11 que será el IPC general el
que servirá de indiciación para la actualización y el mantenimiento de la
capacidad adquisitiva de las pensiones. Por si fuera poco, hoy mismo
acabo de escuchar en los noticiarios de las distintas cadenas de
televisión cómo el mismo señor Barea propone una reducción de las
cotizaciones empresariales y una subida de la parte de cuota obrera que
subviene a las necesidades del sistema contributivo. Y hasta donde he
oído, he leído y he visto, no hay ninguna desautorización del único
facultado para hacerlo, que es el señor Presidente del Gobierno, porque
entre el señor Barea y el señor Presidente del Gobierno no hay ningún
vicepresidente, ningún ministro ni ningún secretario de Estado. Es una
persona de su máxima confianza que reiteradamente continúa incrementando
las dosis de inseguridad sobre lo que el Gobierno pretende hacer en la
reforma del Pacto de Toledo.
También después del último Pleno y a pesar de las palabras
tranquilizadoras del Ministro de Trabajo, hemos conocido, nada menos, que
el Secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público es el coautor de
un libro, intitulado Libro Blanco sobre las políticas del Estado de
bienestar, que es una expresión extremista del liberalismo más duro, más
regresivo, que pretende ir directamente contra la línea de flotación de
los programas
públicos de bienestar social. También el Secretario de Estado para el
Presupuesto y el Gasto Público hace estas observaciones sin que, por
parte de ningún Ministro ni del Vicepresidente del que depende, haya la
más mínima desautorización.
Por tanto, señor portavoz del Partido Popular, conviene que recuerden a
sus compañeros de Gobierno que ustedes tienen firmados conceptos como el
que voy a leer a continuación, que están en el Pacto de Toledo. Las
demandas teóricas de sustituir el actual sistema de reparto y solidaridad
intergeneracional por otro basado en la capitalización y la previsión
individual es rechazable por razones sociales e inviable técnicamente.
Por otra parte, dice el Pacto de Toledo: Limitar el actual sistema
público de pensiones a la simple provisión de pensiones mínimas es
también rechazable. Dice también el Pacto de Toledo: Una hipotética
transformación en profundidad del actual sistema, con reformas de tal
envergadura que lo hicieran irreconocible, es asimismo descartable por la
injusticia que sufriría la actual generación de trabajadores en activo.
Recuérdenselo ustedes a los secretarios de Estado, que están
permanentemente no situándose al margen del Pacto de Toledo sino
confrontando abiertamente los compromisos del Pacto de Toledo.
De modo que, después de ver la situación en que nos encontramos, que dura
ya semanas y semanas de contradicciones, de declaraciones preocupantes y
alarmistas, ya no bastan las simples palabras. No cesará la alarma en el
país porque el Gobierno o sus representantes reiteren esta tarde con
palabras que van a hacer honor a los compromisos adquiridos en el Pacto
de Toledo. El Gobierno y los grupos parlamentarios que le apoyan tienen
que plasmar esos compromisos en algo más que en palabras, tienen que
plasmar esos compromisos en hechos legislativos. Por eso, la moción que
presenta nuestro grupo al Gobierno le insta para que, antes del día 30 de
septiembre, un proyecto de ley que desarrolle el Pacto de Toledo ponga
fin a tantos dimes y a tantos diretes sobre lo que va a consistir la
reforma del sistema de pensiones.
Señorías, en nuestra moción hablamos de un proyecto de ley y no sólo que
se desarrolle el Pacto de Toledo, porque estimamos que este asunto tiene
la suficiente importancia y exige el examen detenido que sólo mediante
proyectos de ley se pueden asegurar. Le diré aún con más claridad por qué
ponemos esto en nuestra moción. El Grupo Parlamentario Socialista no
quiere encontrarse con la sorpresa de que el Gobierno se deslice por esa
irrefrenable pasión que parece estar demostrando por los decretos-leyes
en estas últimas semanas. Ni nos gusta ni nos parece apropiado gobernar
por decreto, ampliando más allá de lo razonable las causas tasadas por la
Constitución para este procedimiento, que es un procedimiento
excepcional. Mucho menos nos gustaría tener la sorpresa de ver un
decreto-ley del desarrollo del Pacto de Toledo en una medida sobre la que
imaginamos que ustedes pretenderán el consenso de la oposición, mantener
el consenso de lo que fue el acuerdo unánime de la Cámara. Difícilmente
van a conseguir el consenso, que nosotros queremos mantener, si nos
obligan a una sola votación, en el Pleno de esta Cámara, de convalidación
de un decreto-ley. Por tanto, tienen que producir la reforma rápidamente
y tienen que producirla mediante un proyecto de ley.
Nuestra moción también detalla --y me dirijo a los grupos que presentan
alguna enmienda que no se refiera a estas cuestiones-- una fecha, el 30
de septiembre, y unos contenidos, que son las recomendaciones del punto 9
que se refieren exclusivamente a las pensiones públicas del sistema.
Quiero detenerme brevísimamente en ambos extremos. Decimos antes de
septiembre no solamente porque es urgente terminar con este estado de
confusión y de alarma, sino porque, como recordarán todos los Diputados
que participamos en la redacción de las recomendaciones del Pacto de
Toledo, éramos muy conscientes, somos muy conscientes, de que cuanto
antes comience la reforma menores van a ser los esfuerzos necesarios para
el aseguramiento y la consolidación financiera. Pero decimos también el
30 de septiembre --y seguro que ustedes ahora pondrán alguna tacha a esta
precisión de nuestra moción, pero terminarán reconociendo la justeza de
nuestro planteamiento y que no es una fecha caprichosa-- porque si el día
1 de octubre ustedes presentan la ley de presupuestos para 1997 y no han
desarrollado las previsiones del Pacto de Toledo realmente van a estar en
una situación desairada, va a ser una ley de presupuestos que no va a
mantener la mínima coherencia entre el cifrado que presente y lo que van
a ser políticas tan sustantivas de gasto como es la política de
pensiones. Por tanto, antes del día 30 de septiembre, acompañando a los
presupuestos de una forma singular pero antes del día 30 de septiembre,
señores del Grupo Popular, debe estar aquí el desarrollo de los
compromisos asumidos en el pacto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CERCAS ALONSO: Voy concluyendo, señor Presidente, diciendo que
hay también un asunto que me interesa recalcar. En nuestra moción se
contempla --y no porque lo cite al final es porque tenga menor
importancia-- que antes de remitir ese proyecto de ley a las Cámaras el
Gobierno debe realizar las pertinentes consultas y abrir el
imprescindible diálogo con las fuerzas sociales, entre otras cuestiones
porque también a ese extremo se refiere el Pacto de Toledo.
Sólo me resta señalarles sinceramente la disponibilidad, que permanece
íntegra del Grupo Socialista, a que esta reforma culmine bajo el espíritu
constructivo con el que trabajamos en la ponencia. Nosotros no vamos
a hacer de esta cuestión ningún instrumento partidario. Queremos arreglar
y ayudar a arreglar los problemas que tiene el sistema actual de
Seguridad Social para asegurar su pervivencia en el futuro, pero de la
misma manera también les quiero decir que este espíritu constructivo se
tornará sin duda beligerante si en lugar de traer las recomendaciones del
Pacto de Toledo nos traen las recomendaciones del señor Barea, del señor
Folgado o del señor Termes. Seremos beligerantes si ustedes se empeñan en
no traer todo el Pacto de Toledo o en traer cosas que van en contra del
Pacto de Toledo y a las que se refierieron en su campaña electoral, como
son reducir los recursos financieros del sistema mediante rebaja de
cotizaciones a la Seguridad Social. En ese momento el espíritu
constructivo del grupo, que hoy vuelvo a reiterar, se tornará, sin
ninguna duda, en espíritu beligerante.
Termino, señor Presidente. Me dirijo especialmente a los Diputados del
Grupo Popular. Ustedes firmaron hace un año en esta Cámara un documento
que consagraba una filosofía. Nosotros no hicimos ascos a firmar con
ustedes y darles alguna ventaja incluso en la lucha electoral porque
estábamos esperando estas fechas, fechas en las que ustedes ya serían
gobierno de España, y queríamos que hicieran ustedes honor al compromiso
que asumieron en la oposición y como un requisito que fuese algo más que
un recurso electoral.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Señores del Partido Popular, ha llegado el
momento de pagar esa factura y cumplir honestamente con dichos
compromisos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para defender la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta moción que
propone el Grupo Parlamentario Socialista como consecuencia del debate
que tuvimos la semana pasada en torno a la situación económica,
financiera y presupuestaria del sistema de protección social y sus
perspectivas de futuro.
La verdad es que nuestro grupo tiene una motivación que ha justificado en
la enmienda: intentar alcanzar un acuerdo, unánime a ser posible, en esta
Cámara para poder ratificar políticamente el Pacto de Toledo que se
acordó en la anterior legislatura. Yo creo que la motivación que inspira
nuestra enmienda es hacer más fácil y posible una amplia coincidencia con
todos los grupos parlamentarios en torno a una ratificación de un
compromiso político que se alcanzó en la anterior legislatura. Reitero
que tendría valor político el que esta Cámara lo expresara y se
ramificara en todos sus extremos. La verdad es que no es ésta, según
parezco deducir de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, la
motivación de la moción que ha presentado. Parece que la moción tiene
otras pretensiones, legítimas --no las quiero analizar ni cuestionar--,
tiene otras motivaciones que pueden ser justificables --tampoco quiero
entrar a juzgarlo--, pero lo que sí desea nuestro grupo, y esta es la
fundamentación de la enmienda que hemos propuesto, es que mediante la
literalidad de nuestra propuesta esta Cámara se exprese con un acto
político de ratificación del Pacto de Toledo y a la vez instemos --y es
el segundo elemento que contiene esta enmienda-- al Gobierno a iniciar la
aplicación, la inmediata aplicación, para decirlo con mayor contundencia,
de lo que debe ser el desarrollo de los principios y las propuestas de
actuación que contempla el Pacto de Toledo. Por un lado, ratificar el
alcance y el extenso contenido que tiene el Pacto de Toledo y, en segundo
lugar, instar al Gobierno a que lo desarrolle con inmediatez.
Parece ser que de un análisis comparativo del texto que plantea nuestro
grupo y de la moción que propone el Partido Socialista se extrae un punto
muy concreto que quisiera comentar, señor Presidente. Y es que la moción
del Grupo Socialista tiene una frase inicial que no recoge nuestra
enmienda pero que nuestro grupo podría anexarla a la enmienda que
sugerimos, y es que esa instancia al Gobierno a que desarrolle el Pacto
de Toledo se haga previo diálogo con los agentes sociales. A nuestro
grupo le parecería bien.
No sé si va a ser posible, a la altura de la sesión que estamos
celebrando en estos momentos, alcanzar un consenso con una transacción
entre la enmienda que plantea nuestro grupo y el contenido de la moción
del Grupo Socialista. Pero nuestro grupo aceptaría el anexar a nuestra
enmienda la referencia de que haya un diálogo previo con los agentes
sociales, como también que se adicione la referencia a que el Gobierno,
en ese proceso de instarle a que desarrolle las normas del Pacto,
presente un proyecto de ley a la Cámara para que pudiera ser tramitado y
de esa forma se recogieran también algunos de los elementos de la moción
del Partido Socialista.
En lo que nuestro grupo no va a poder convenir ni alcanzar un acuerdo con
la moción del Grupo Socialista es en referirnos a una fecha concreta.
Entiendo que el Grupo Socialista le dé valor político a ese compromiso,
pero, señor Cercas, el que nos comprometamos a plantear ese proyecto de
ley en esta Cámara antes del 30 de septiembre no es garantía de cuando
terminará su tramitación. Por ello quiero que le saque valor político
a ese compromiso en aras de poder alcanzar un acuerdo unánime, que no sé
si será posible, aunque nuestro grupo lo desearía con todo interés. La
fecha de 30 de septiembre de 1996 es un compromiso que nuestro grupo
quiere alcanzar, ni quiere someter al Gobierno a ninguna exigencia
temporal, a ninguna fecha. No lo hicimos antes cuando ustedes gobernaban
y tampoco lo vamos ahora cuando gobierna el Partido Popular. Pero sí
queremos que haya un compromiso político de instar al Gobierno a que
plantee un proyecto de ley que pueda desarrollar ese punto relativo a las
pensiones públicas contenido en el Pacto de Toledo. Estamos de acuerdo
también en que se mencione que ese compromiso se realice mediante un
diálogo con los agentes sociales antes de que el Gobierno nos plantee su
desarrollo del Pacto de Toledo.
Con esas dos observaciones, que no sé si eso será, posible, repito, si
fuéramos capaces de anexar a nuestra enmienda esas dos referencia al
diálogo social previo y a la tramitación de un proyecto de ley, en esos
términos nuestro grupo sería capaz de alcanzar un consenso, un acuerdo
con el grupo proponente de la moción. De no ser así y someternos a la
necesidad de aceptar un plazo temporal, señor Presidente, nuestro grupo
no podría llegar a ningún acuerdo y, por consiguiente, no siendo aceptada
nuestra enmienda, al proceder a la votación, tendríamos que expresarnos
en contra de la moción que ha planteado el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Homs.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda
Unida tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, señorías, la voluntad del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es que
iniciemos el año 1997 con la puesta en vigor de las medidas adecuadas
para la aplicación del Pacto de Toledo, que garanticen el mantenimiento
del sistema público de las pensiones sobre la base del modelo actualmente
existente, corregido por aquellas medidas necesarias para garantizar la
suficiencia financiera del mismo. Desde nuestro punto de vista, ello
requiere que haya consenso con los agentes sociales respetando las reglas
estructurales del diálogo social, es decir, sin tener la pistola en el
pecho de un plazo cuyo término temporal sea estrictamente rígido;
consenso también con los grupos políticos que suscribimos el Pacto de
Toledo y, además, que el método adoptado garantice que se evite la
unilateralidad del Gobierno a la hora de establecer las medidas.
De estas premisas se deduce nuestra posición respecto a la moción
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, estableciendo un método
y un plazo concreto de aplicación del Pacto de Toledo. Estamos de acuerdo
en que hay que iniciar el camino ya, tanto del diálogo con los sindicatos
como de la presentación de propuestas concretas por parte del Gobierno,
que no puede ni debe eludir su responsabilidad en el tema. Pero creemos
que, al mismo tiempo, los partidos políticos debemos no sólo ser
informados, sino también debatir las medidas propuestas por el Gobierno u
otras que nosotros mismos propongamos, reactivando en esta fase de
aplicación el mismo clima de consenso y de participación que contribuyó a
la conformación de la voluntad política unitaria del Pacto de Toledo.
En este sentido, Izquierda Unida manifiesta su satisfacción porque hoy
mismo se han iniciado las conversaciones de la mesa de negociación con
los sindicatos. Esperamos que el Gobierno, desoyendo las voces que han
surgido en su entorno, que pretenden desbordar el Pacto de Toledo e ir
más allá en la vía del desmantelamiento del sistema público de las
pensiones, sea sensible a las iniciativas de los sindicatos, seriamente
comprometidos también con los análisis contenidos en dicho Pacto. Por lo
mismo, no queremos generar, por acción u omisión, un escenario distinto
del consenso, un escenario donde unos sean los que mistifican, real o
supuestamente, las medidas del Pacto de Toledo con otras de su cosecha en
el ejercicio del Gobierno y otros adopten el papel de la máxima fidelidad
al Pacto de Toledo. En cualquier caso, la sustitución del escenario del
consenso por el de la confrontación significa, en último término, la
unilateralidad del Gobierno, solo o acompañado por sus aliados, que al
fin y al cabo es lo mismo; unilateralidad que no deseamos y que no vamos
a propiciar. Preferimos la constitución de una ponencia en el seno de la
Comisión de Presupuestos, aunque hubiera sido de desear mejor en la
Comisión de Política Social y Empleo, pues ello permite evitar
definitivamente la unilateralidad del Gobierno y al mismo tiempo
posibilita que los grupos que suscribimos el Pacto de Toledo podamos
sugerir, discutir, acordando en último término o disintiendo. La ponencia
no elimina el debate público en el Pleno del Congreso, pero sí facilita
la puesta en común previa. Y si esta puesta en común se realiza en
paralelo a la mesa negociadora del Gobierno con los sindicatos, mejor.
Tampoco estamos de acuerdo con la fecha perentoria del 30 de septiembre,
pues aunque ese sea el plazo para la elaboración y presentación del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, sin
embargo, en la tramitación parlamentaria de esa ley de acompañamiento
cabría consensuar ya en las cifras lo acordado con los sindicatos mas
allá de esa fecha perentoria.
Todo ello nos obliga, en coherencia, a no votar afirmativamente la moción
presentada por el Grupo Socialista. Sólo votaríamos afirmativamente si
entre el grupo proponente de la moción, el Grupo Socialista, y el
enmendante, en este caso el Grupo Catalán, se llegase a
una fórmula transaccional que recogiese tres elementos: el diálogo social
con los sindicatos, la participación de los partidos que suscribimos el
Pacto de Toledo y la eliminación de la fecha del 30 de septiembre. Queda
dicho que Izquierda Unida no quiere dar ningún paso que coadyuve a romper
el escenario actualmente existente del consenso en torno al Pacto de
Toledo. Por ello, de no producirse esa fórmula transaccional que
posibilite nuestro voto afirmativo, tampoco vamos a votar en contra de la
moción, pues en este caso es malo que se produzca una bipolarización que
preanuncie una ruptura. En esta hipótesis nos abstendremos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, asistimos hoy al debate de la moción presentada por el Grupo
Socialista consecuencia de la interpelación urgente que presentó también
su grupo en el anterior Pleno relativo a la situación económica,
financiera y presupuestaria del sistema de prestación social y las
perspectivas del futuro y más en concreto respecto del Pacto de Toledo.
En esa moción, como ya se ha dicho aquí, el Grupo Socialista pretende que
antes del 30 de septiembre se envíe un proyecto de ley desarrollando el
Pacto de Toledo, previo diálogo con los agentes sociales. A mi grupo,
señor Cercás, señorías, esta moción del Grupo Socialista le resulta
chocante, cuando no inapropiada. Chocante, señorías, porque el 6 de abril
de 1995 se aprobó en la Cámara el Pacto de Toledo y no se entiende que
ahora le entre la urgencia al Grupo Socialista para que, en cuarenta días
de período hábil de sesión parlamentaria, presente el nuevo Gobierno el
desarrollo completo del Pacto de Toledo. No entendemos que lo que no fue
urgente durante muchos meses para el Gobierno socialista sí sea ahora
urgente y pretenda llevar esta urgencia al nuevo Gobierno.
Me parece, señor Cercás, que no es entendible que haga usted referencia a
la ley de presupuesto generales de 1996 y a la fecha de 30 de septiembre
de 1996, cuando ustedes en los presupuestos generales de 1995 no trajeron
ni desarrollaron ni una sola de las quince medidas del Pacto de Toledo.
Nos parece inapropiado, señoría, porque el Pacto de Toledo, a nuestro
juicio, no puede ni debe ser desarrollado única y exclusivamente en un
proyecto de ley. El Ministro en la anterior comparecencia y durante el
debate de la interpelación manifestó su compromiso de desarrollo del
Pacto de Toledo y dijo concretamente que se haría mediante proyecto de
ley separado en la ley de Presupuestos para 1996, en la ley de
acompañamiento y en otras medidas que tuviera a bien adoptar la Cámara.
Eso es lógico, señor Cercás y es natural, porque en la ley de
Presupuestos Generales del Estado no puede desarrollarse todo el Pacto de
Toledo porque contempla determinadas disposiciones que no son
presupuestarias. Ya sé que la teoría y la anterior tradición del Gobierno
socialista era hacer de la ley de acompañamiento un cajón de sastre en el
que entraban todas las medidas, pero nosotros creemos que hay que tener
mayor rigor presupuestario del que ustedes han tenido y hay que dar mayor
contenido real a las leyes. Por tanto, nosotros no queremos hacer de la
ley de acompañamiento ni de la ley presupuestaria un cajón de sastre.
Pero quiero decirle desde aquí, señor Cercás --y también a su compañero
interpelante el ex Ministro señor Griñán-- que este grupo tiene el firme
compromiso de cumplir el Pacto de Toledo, como lo expresó en el debate de
investidura el propio Presidente del Gobierno, señor Aznar, que también
en ese debate no sólo adoptó un firme compromiso con el Pacto de Toledo
sino que estableció una serie de medidas concretas y prioritarias a
desarrollar, y que asimismo ha asumido --en sesiones de control-- ese
pacto en algunas medidas como ha sido, la primera de ellas, la relativa
al mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros pensionistas, que se
desarrolla en el número 11.
También el Gobierno ha dicho que va a desarrollar asuntos relativos a la
flexibilidad de la edad de jubilación, a la morosidad pública y privada;
privada para intentar garantizar la viabilidad de las empresas y pública
porque es una obligación de las administraciones públicas, precisamente,
no poner en peligro el sistema de cotizaciones. Yo creo que las
instituciones públicas deben dar ahí el primer ejemplo. Por cierto, sería
deseable que conociéramos qué administraciones públicas son las más
morosas, porque seguramente los señores Cercás y Griñán se llevarían
alguna sorpresa, sobre todo por lo abultado de algunas deudas.
También, señor Cercás, ha hablado el Gobierno y ha asumido compromisos
referidos a la complementariedad de las pensiones y a la reducción de las
cotizaciones, no porque sea un invento del Partido Popular o del señor
Barea, señor Cercás, sino porque lo dice la cláusula octava del Pacto de
Toledo, que hace referencia, además, al Libro Blanco de Delors, que estoy
seguro de que a usted le suena.
El próximo martes, señor Cercás, por iniciativa de todos los grupos de la
Cámara a excepción del suyo --y no entiendo por qué-- se va a presentar
una proposición no de ley para la creación de una ponencia de seguimiento
y cumplimiento del Pacto de Toledo. Le animo a que ustedes rectifiquen y
apoyen esta proposición no de ley de todos los grupos, que va más allá de
lo que marcaba la recomendación decimoquinta del Pacto de Toledo, que
decía: crear una ponencia de evaluación cada cinco años.
Estoy de acuerdo con usted, señor Cercás, así como con el señor Griñán,
en que no hay que alarmar a la
ciudadanía mediante declaraciones o iniciativas que produzcan
preocupación o intranquilidad. Sencillamente les animo a que ustedes se
apliquen el cuento y que no hagan, como hicieron durante las últimas
elecciones, que ante la posibilidad de un cambio de Gobierno anunciaron a
los pensionistas de este país, a bombo y platillo y a través de sus
distintos agentes electorales, que si se producía esa alternativa las
pensiones dejarían de cobrarse.
Sin embargo, señorías, creo que la verdad de la situación del sistema no
puede ser ocultada a los ciudadanos. Creo que eso es lo que a ustedes les
ha molestado. Les ha molestado que el señor Ministro de Trabajo haya
dicho que el déficit de la liquidación del año 1995 no eran los 2.600
millones que había anunciado el anterior responsable de la cartera de
trabajo, sino que eran 86.000 millones. Es decir, 84.000 millones más.
Quizá eso no tenga importancia, pero para hacernos una idea es casi el
presupuesto completo del Ministerio de Asuntos Exteriores. También les ha
sentado mal que el propio Ministro de Trabajo dijera que ustedes habían
previsto mayores ingresos y menores gastos de los que en realidad se van
a producir en el año 1996, y que eso dará lugar a una desviación
importante del presupuesto. Asimismo les ha molestado que se les
recordara que ustedes, precisamente ustedes, en enero de 1996 fueron los
primeros que introdujeron una cláusula de no disponibilidad de 400.000
millones en el Inem. Según el señor Cercás es que sobraba dinero.
Quiero terminar mi intervención con lo siguiente. Nosotros, señor Cercás,
le aseguro que somos leales con el pacto, como espero que lo sean ustedes
también. Lo hemos sido antes, lo hemos sido durante y lo vamos a ser
después. Les animo, repito, a que ustedes también lo sean. Y vamos a ser
leales con los compromisos asumidos por toda la Cámara. Esta tarde,
además, sabe el señor Cercás que ya se ha iniciado el diálogo social con
los sindicatos y con los empresarios. Nosotros les animamos a que nos
ayuden a buscar caminos de aplicación del pacto.
Yo sé que a ustedes, que reclamaban el otro día que el Gobierno gobierne,
no les gusta esto de los decretos-ley; ya lo hemos visto. Hay
decretos-ley, y ustedes pierden los nervios y acaban en la
descalificación y el insulto, por eso no les gustan a ustedes los
proyectos de ley. Pero yo le aseguro, señor Cercás (Varios señores
Diputados del Grupo Socialista ¡Cercas!), que en esto vamos a intentar
mantener el consenso. Yo les animo a ustedes y a su grupo para que
también sean garantes de ese consenso. Lo que no vamos a hacer, señor
Cercás (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Cercas!), es
darnos a la precipitación en un asunto tan importante para tantos. Por
eso, señor Cercás (Varios señores Diputados del Grupo Socialista:
¡Cercas!), les animo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, ruego
guarden silencio.
El señor HERNANDO FRAILE: ... les animo a que acepten la enmienda que
propone Convergència i Unió y que una vez más se unan al consenso que
pedimos el resto de los grupos de esta Cámara, para que éste no sea un
asunto partidario en el que alguien obtenga un beneficio que se base en
la creación de alarma social. Le invito a ello y confío en que usted que
ha sido un hombre de diálogo en otras ocasiones, también lo sea ahora.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra
el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente, por reintegrarme mi
auténtico nombre. (Risas.) Trataré, brevemente, de reintegrar también al
señor Hernando en las auténticas realidades de la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas,
recuerdo de nuevo a S. S. que el turno es exclusivamente para expresar si
acepta o no las enmiendas planteadas por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, ya sé que eso es lo que dice el
Reglamento, pero iba a aprovechar la contestación que voy a dar al señor
Homs para responder al señor Hernando, que está de acuerdo con el señor
Homs; de modo que, contestando al señor Homs, contesto también al señor
Hernando. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
Señor Cercas, sé que es perfecto conocedor del Reglamento, de lo cual me
alegro. Por tanto, le ruego se ciña al Reglamento y simplemente diga si
acepta o no las enmiendas propuestas por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, anuncio a la Cámara que no
vamos a aceptar la enmienda del grupo convergente, apoyada por el señor
Hernando, del Grupo Popular, porque nos parece que el tema de la fecha,
que es la única diferencia que tenemos con el grupo convergente, no así
como el Grupo Popular --ocasiones tendremos de señalar las notables
diferencias entre sus apreciaciones y las nuestras--, es muy importante.
Porque precisamente la última motivación de nuestra moción, señor Homs,
es que cese este interregno de vacío gubernamental que tarde a tarde y
día a día se llena con nuevas afirmaciones contradictorias con el
Pacto de Toledo. Nos interesa que termine este período y que lo haga con
una fecha fija, porque cualquier otra interpretación, cualquier otra
precisión que no sea señalar una fecha fija llevaría posiblemente al
Gobierno del Partido Popular a seguir con un conjunto de consideraciones,
y le leo la última, la de esta tarde, señor Homs. Despacho de Europa
Press, día 18: El Partido Popular de Andalucía respalda las declaraciones
de Barea, referidas a que se reduzcan las cotizaciones sociales a las
empresas y se aumenten las cotizaciones sociales de los trabajadores.
Esto necesita ser urgentemente cerrado, con fecha fija, para que sepamos,
efectivamente, si el Gobierno del Partido Popular pretende desarrollar el
Pacto de Toledo o, por el contrario, pretende desarrollar este conjunto
de recomendaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción del Grupo
Socialista, en relación con la situación económica, financiera y
presupuestaria del sistema de protección social y perspectivas de futuro,
en los términos planteados por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 130; en contra, 164; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción del Grupo Socialista del Congreso.
Señorías, el Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.