Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 2, de 03/05/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 2
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 2
celebrada el viernes, 3 de mayo de 1996
ORDEN DEL DIA:
Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno
(número de expediente 080/000001) (Página 24)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 3, de 4 de
mayo de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
Debate sobre la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno
(Página 24)
La señora Secretaria (Barrios Curbelo) procede a dar lectura a la
propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno.
El señor Aznar López, candidato a la Presidencia del Gobierno, expone que
comparece para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo
dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Afirma que las elecciones
del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España,
manifestando los españoles su deseo de renovar nuestra vida política para
dar el impulso de modernización que España necesita y que debe afectar a
los comportamientos políticos, al modo de ejercer el poder, al
funcionamiento de nuestra democracia, a las nuevas políticas para
solucionar los problemas no resueltos, corregir errores y alcanzar
mayores cotas de libertad y bienestar para los españoles. Agrega que del
resultado electoral se deriva, en primer lugar, una voluntad de cambio
político y, en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una
mayor capacidad de compromiso y de más decisiones compartidas en nuestra
vida pública.
Al solicitar la confianza de la Cámara, lo hace con la convicción de que
España exige la formación de un Gobierno estable y con vocación de agotar
la legislatura. En este sentido, es conocido que el Partido Popular ha
mantenido intensas conversaciones con Convergència i Unió, con el Partido
Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, en las que se ha puesto de
manifiesto un grado de coincidencia en la visión sobre las necesidades y
los problemas de España, así como en las posibles vías de solución,
cristalizando las mismas en tres acuerdos que por su carácter público son
conocidos en todos sus extremos y que, a su juicio, constituyen la mejor
base para una colaboración leal, fecunda y transparente para desarrollar,
al servicio de los ciudadanos, la acción del Gobierno de España.
Expone seguidamente el señor Aznar López que en la nueva etapa política
que se inicia el Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde,
constituyéndose en centro del debate político y garantía de la
transparencia de la vida pública. Para revitalizar el Parlamento,
considera del máximo interés que los grupos parlamentarios adopten las
iniciativas que estimen más idóneas para mejorar el funcionamiento de las
Cámaras.
En cuanto al programa económico a abordar a lo largo de la legislatura,
parte de un análisis riguroso de la realidad y está dirigido a modernizar
nuestra economía y superar los desequilibrios y anomalías que actualmente
padece, procurando dar respuesta a las verdaderas preocupaciones de los
españoles, como son la falta de empleo, la situación de los jóvenes,
deficiencias de nuestros servicios públicos y nuestras infraestructuras y
causas por las que no hay suficientes empresas en España. Sobre este
particular, estima necesario lograr un sistema productivo, eficaz y
competitivo, para lo que es preciso un marco de confianza para ahorrar,
para invertir y para emprender nuevos proyectos, aprovechando todo
nuestro potencial de crecimiento.
Menciona como tres grandes objetivos el cumplimiento estricto de los
criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht, las
reformas estructurales que permitan mejorar el funcionamiento de los
mercados y del sistema productivo, así como el perfeccionamiento de los
sistemas de empleo y protección social, preparando a nuestra economía
para incorporarse en buenas condiciones a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria en 1999, objetivo nacional a cuya consecución se
orientará toda la acción del Gobierno. A este efecto, considera
irrenunciable la reducción del déficit público hasta situarlo en el 3 por
ciento en 1997, para lo que se impulsará un compromiso de austeridad
entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que
contribuirá a su vez a la bajada de los tipos de interés y facilitará el
cumplimiento de los objetivos de inflación previstos en el Tratado de
Maastricht. Son estos últimos factores necesarios para proporcionar a las
empresas españolas un marco económico estable y reducir sus costes
financieros.
Destaca, por otra parte, el papel de la empresa como verdadero motor de
la economía y camino para la creación de empleo, por lo que la nueva
política irá dirigida a crear un marco jurídico estable en el que
nuestras empresas puedan cumplir su papel, simplificando sus relaciones
con la Administración, mejorando sus cauces de financiación y revisando
su fiscalidad. También considera necesaria la reordenación del sector
público empresarial, continuando e impulsando el camino de desregulación
y privatización emprendido desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea.
A continuación, expone el señor candidato a la Presidencia del Gobierno
la necesidad de proceder a una profunda reforma de nuestro sistema
tributario para la consecución de tres objetivos básicos, como son el
apoyo al ahorro y la inversión productiva, el proporcionar recursos
suficientes para financiar
las tareas del Estado Social de Derecho y garantizar un reparto solidario
y justo de las cargas tributarias.
Con la misma finalidad de conseguir una economía más flexible, dinámica y
competitiva, el Gobierno emprenderá un conjunto de reformas estructurales
en los sectores y mercados donde sobran rigideces, intervencionismo y
restricciones artificiales de oferta, especialmente en cuanto al suelo,
las telecomunicaciones, el transporte y la energía.
Alude asimismo al pacto de solidaridad materializado en la configuración
del Estado social de Derecho con la proclamación de los derechos
económicos y sociales de los españoles, pacto de solidaridad que se
centra en unos objetivos que nunca deben ponerse en cuestión, y que son
una educación y sanidad para todos; un sistema de pensiones suficiente y
un sistema de protección social que ampare las situaciones de especial
necesidad. Afirma que la sociedad española no debe renunciar en ningún
caso a hacer todos los esfuerzos para mantener y mejorar este gran
acuerdo solidario, que es elemento fundamental de nuestra convivencia, a
lo que el Gobierno, si logra la confianza de la Cámara, dedicará su mayor
esfuerzo, reconociendo que sólo será posible alcanzarlo si se crean los
recursos suficientes con el esfuerzo y el trabajo de todos y
especialmente con la colaboración de las fuerzas económicas y sociales.
Afirma, en todo caso, el compromiso ante la Cámara de garantizar el poder
adquisitivo de las pensiones; en el ámbito sanitario, el objetivo de
potenciar y modernizar el Sistema Nacional de Salud y, en el ámbito
educativo, anuncia la evaluación de la situación para, en colaboración
con las comunidades autónomas y ayuntamientos, así como en diálogo con
los sectores interesados, adoptar las medidas que resulten oportunas para
hacer frente a la seria problemática actualmente existente.
Seguidamente, alude el señor Aznar López a la demanda por parte de la
sociedad de un mayor impulso político en defensa y salvaguarda del medio
ambiente, a cuyo fin la acción del Gobierno impulsará las políticas que
España necesita, considerando llegado el momento de crear un Ministerio
de Medio Ambiente.
En materia de desarrollo autonómico, expone que el consenso no es sólo un
método sino también un requisito, y para dicha finalidad presenta un
programa que aspira, primero, a garantizar la igualdad básica de los
españoles en cualquier parte del territorio; segundo, el principio de
solidaridad, como valor fundamental de nuestro ordenamiento
constitucional; tercero, el principio de estabilidad, y, cuarto, el
principio de modernización, para todo lo cual perseguirán objetivos tan
importantes como el desarrollo estatutario y traspaso de competencias, un
nuevo modelo de financiación autonómico, la reforma de la Administración
del Estado, el pacto local y la reforma del Senado.
El señor candidato a la Presidencia del Gobierno expresa su convicción de
que el sistema democrático tiene capacidad para superar los errores,
vicios y deficiencias que puedan producirse, señalando que han de ser
cuidadosamente fieles a las exigencias del imperio de la ley, reduciendo
los márgenes de discrecionalidad de los poderes públicos. Para dicho fin,
menciona la necesidad de una justicia independiente, rápida y eficaz como
pilar fundamental del Estado de Derecho, el logro de una Administración
más moderna, profesionalizada, austera, eficiente y bien coordinada.
Asimismo, alude al requisito esencial de garantizar el pluralismo y la
libertad de expresión, impulsando un modelo viable de radiotelevisión de
titularidad estatal, que garantice los principios de objetividad,
neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto al pluralismo.
Por último, el señor Aznar López se refiere a la lucha contra el
terrorismo, como primer deber del Estado en defensa de los ciudadanos y
de la sociedad española, a la política exterior y al proceso de
integración europea, al ámbito de la política de seguridad, propiciando
el Gobierno la participación activa de España en el proceso de adaptación
de la Alianza Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo, para lo
que entiende que se precisan unas fuerzas armadas más operativas,
reducidas y mejor dotadas, iniciando a tal efecto la paulatina
sustitución del actual modelo mixto por otro estrictamente profesional en
el que no se exigiría la prestación del servicio militar obligatorio.
Termina el señor Candidato a la Presidencia del Gobierno manifestando que
lo anteriormente expuesto constituye las líneas generales y puntos
fundamentales del programa de Gobierno para el que solicita la confianza
de la Cámara, expresando asimismo su confianza de que el debate posterior
le permitirá aclarar o ampliar las cuestiones que tengan a bien
plantearle los grupos parlamentarios.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor González Márquez, que
comienza haciendo algunas consideraciones políticas de carácter general.
En primer lugar, afirma que como dijo ya la noche del 3 de marzo, quien
tiene la responsabilidad de la
formación de Gobierno es el partido más votado y con mayor representación
parlamentaria. Añade a continuación que ha tratado de mantener el máximo
respeto durante las negociaciones para fijar algunos pactos que
permitieran la investidura, pero que no se siente responsable del
contenido de los acuerdos.
En segundo lugar, defiende el valor de la estabilidad política,
comprometiéndose a no decir en ningún caso «váyase, señor Aznar», sino a
pedirle: «gobierne, señor Aznar».
En tercer lugar, considera importante la participación de los
nacionalismos moderados en la gobernabilidad del Estado de la que han
tenido una experiencia extraordinariamente positiva, aunque reconoce que
no llegaron a determinados tipos de acuerdo que ahora se han obtenido en
un plazo de tiempo relativamente corto.
Le agradece al candidato a la Presidencia de Gobierno su oferta de
diálogo en cuanto al desarrollo del Título VIII de la Constitución,
manifestando su disposición a mantener esa política de consenso.
En cuanto a los pactos, no se pronuncia en el momento presente y lo
pospone a los próximos meses. Sin embargo, opina que es cierto que habría
que contribuir a despejar algunos de los problemas que se plantean:
modificación del IRPF, en el que se incorporará la nueva capacidad
normativa de las autonomías y de la Ley Orgánica de Financiación de las
comunidades autónomas, profundamente ligada al desarrollo del Título
VIII. Para ello habría que modificar los estatutos de autonomía que no
prevén esa capacidad normativa. Considera que la participación de las
comunidades autónomas en la Agencia Tributaria puede ser un factor
positivo, pero también una complicación, al tener diversas tarifas de
impuesto. Solicita algunas aclaraciones sobre la financiación de las
comunidades autónomas, como cuál es el año base para el cálculo del nuevo
sistema de financiación, en qué cuantía se va a aumentar esta
sobrefinanciación para la prestación de los servicios de las comunidades
autónomas, si hay previstos más ingresos y menos gastos en la
Administración central o si habrá un incremento del déficit. También
pregunta sobre el funcionamiento del acuerdo en materia sanitaria en los
años 1994, 95, 96 y 97, que es el período de duración del actual pacto de
financiación en materia sanitaria.
Más adelante alude al método de negociación para llegar a determinados
acuerdos con grupos políticos que faciliten la mayoría, que le parece
impecable. Pero a partir de ahí considera que dicho método debe
comprender necesariamente una oferta al conjunto de las comunidades
autónomas o incluso de los partidos políticos que forman la Cámara,
porque la modificación de la LOFCA que se exigirá debe tener el mismo
grado de consenso que cualquier desarrollo del Título VIII. Afirma que en
Alemania todos los «lánders» son corresponsables fiscalmente y nunca se
ha cedido normativamente ni el impuesto sobre la renta de las personas
físicas ni el impuesto sobre el valor añadido, porque consideran que
afectan a la unidad de mercado. Consideraría más correcto basarlo en una
participación en esos tributos y añade que este debate debe tener lugar
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, sin duda, en el
Parlamento.
A continuación se refiere a la reforma del Senado, para lo que está
dispuesto al diálogo y al consenso. Asimismo, está de acuerdo en el
desarrollo de un pacto local.
Posteriormente hace algunas consideraciones sobre la tarea que les espera
en la oposición y cita en primer lugar la defensa de su proyecto político
y programa, con la máxima disposición a consensuar los temas de Estado.
Se compromete seguidamente a eliminar cualquier tipo de crispación en la
vida política, sin renunciar a hacer una oposición firme y crítica y a
defender una España tolerante.
En relación con la política económica, ofrece su apoyo para lograr los
criterios de convergencia, que considera perfectamente posible cumplirlos
a finales de 1997, aunque de momento no los cumple ningún país de la
Unión Europea, salvo Luxemburgo. España, en estos momentos, está dentro
de los criterios en cuanto a los tipos de interés, evoluciona bien la
inflación, las cifras económicas en su conjunto y el déficit; tenemos un
mejor equilibrio con el exterior, están bajando los tipos de interés y el
mercado de trabajo funciona razonablemente mejor que lo hacía antes.
Considera en su conjunto la situación económica mejor que cuando se
inició la legislatura de 1993, aunque coincide con el señor Aznar en que
el objetivo fundamental debe ser la creación de empleo, para lo que es
necesario el diálogo social. Estima que las políticas activas de empleo
deberán ser distintas o nuevas, porque parte de ellas, si no todas, han
sido objeto de transferencia en los pactos a las comunidades autónomas.
Afirma, sin embargo, que aparte de las distintas políticas activas de
empleo debe haber una política de ámbito estatal, con una coordinación a
nivel de la Unión Europea. Igualmente considera necesario el reparto del
tiempo de trabajo disponible, debate que se va a abrir en todos los
países de la Unión Europea. Está de acuerdo en que el triángulo
competitividad, empleo y mantenimiento del Estado de bienestar es
absolutamente inseparable. Aunque entiende que el crecimiento
económico sano y duradero es una condición necesaria para la generación
de empleo, se ha demostrado que no es una condición suficiente para
resolver el problema del empleo, que, en cada crisis industrial, produce
una mayor cantidad de desempleados, afectando a lo que se llama desempleo
estructural. Agradece más adelante al señor Aznar el no haber cuestionado
el esfuerzo que se viene haciendo en los últimos años para sentar las
bases del Estado de bienestar.
Manifiesta la plena disponibilidad del Grupo Socialista a hablar de la
reforma de la Seguridad Social, de acuerdo con el «Pacto de Toledo»,
basando el sistema de pensiones en el sistema contributivo, en el no
contributivo y en uno complementario voluntario. Se congratula de que no
se pongan en cuestión el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones y el sistema sanitario. El Partido Socialista estará siempre de
acuerdo en mejorar el sistema sanitario, pero no en dar un paso atrás en
el Sistema Nacional de Salud.
En cuanto al sistema educativo, no ha podido inferir de las palabras del
candidato si va a haber cambios desde el punto de vista legal. Añade que
defenderán el sistema educativo que han desarrollado en los últimos años,
por lo que será un motivo de acuerdo o desacuerdo, según las propuestas
que les hagan a lo largo de la legislatura.
Más adelante recuerda la necesidad de continuar el proceso de
modernización en nuestro país y cita el Plan Director de
Infraestructuras. Le ruega el máximo esfuerzo para que exista un plan
hidrológico nacional y reitera su apoyo en las tareas de Estado, como la
lucha contra el terrorismo en la dirección establecida en los pactos de
Ajuria Enea, de Pamplona y de Madrid. Afirma que aunque en la lucha
antiterrorista puede haber errores, éstos se sustanciarán en el seno de
los citados pactos, no dando lugar a un debate público que pudiera
favorecer a los terroristas.
Por lo que se refiere a la política exterior y la construcción europea,
está de acuerdo con lo dicho por el candidato en la sesión de la mañana.
Se refiere a continuación a las reformas en materia de justicia que
afectan a la estructura, al funcionamiento de nuestras instituciones y de
nuestro Estado. Manifiesta que en la anterior legislatura solicitó un
consenso sobre las grandes reformas en materia de justicia y el Partido
Popular no lo aceptó y ofrece en este momento consensuar las reformas en
materia de justicia.
Finaliza su intervención anunciando su voto en contra de la investidura
del señor Aznar, ofreciendo a los ciudadanos una alternativa de Gobierno
y reiterando su disposición a discutir el desarrollo de los pactos y su
contenido, aunque no estén de acuerdo con una parte de los mismos.
En turnos de réplica y dúplica intervienen sucesivamente los señores
Aznar López y González Márquez.
El señor Anguita González inicia su intervención manifestando que habla
en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya y
de más de dos millones y medio de ciudadanos que les han dado su apoyo en
las pasadas elecciones.
Considera que el problema más acuciante para el 89,6 por ciento de los
españoles es el paro, y España ocupa el primer puesto en paro de toda la
Unión Europea y la cobertura al desempleo ha ido descendiendo año a año.
España también ocupa en la Unión Europea el primer puesto en precariedad.
Solamente el 2,9 por ciento de los contratos realizados en 1995 fueron
fijos, el 85 por ciento de los contratos tienen menos de seis meses de
duración y para que un parado abandone el registro del Inem se han
necesitado 42 contrataciones, por lo que se puede decir que se está
produciendo una rotación del empleo. Estas condiciones de trabajo nos
llevan a lo que comienza a ser una actitud normal en la sociedad
española: miedo a ser rotado, miedo a ser renovado y miedo a ser
despedido.
En cuanto a los accidentes laborales, afirma que España ocupa también el
primer puesto en la Unión Europea y confía en que el nuevo Gobierno que
salga investido aplique con toda eficacia y rigor la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y acelere la redacción y aprobación de los reglamentos
necesarios para el desarrollo de dicha ley.
Por lo que se refiere a los salarios, considera que la mayoría de la
población ha tenido una pérdida constante de su poder adquisitivo, como
consecuencia de subidas salariales por debajo de la inflación en los dos
últimos años. Sin embargo, la Central de Balances del Banco de España
afirmaba que los beneficios empresariales habían crecido un 10,2 por
ciento en 1994 y un 12,9 en 1995.
Alude posteriormente a un informe de Cáritas en el que se dice que la
edad media de los más pobres es de 22 años, cuando hace 20 años el 75 por
ciento de los más pobres contaba con más de 60 años. Por lo que respecta
a la vivienda, afirma que las rentas de trabajo no garantizan el acceso a
la misma.
Seguidamente hace mención al incremento de los impuestos indirectos y a
la reducción, por distintos procedimientos, de los impuestos directos, en
especial a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes
de ingresos más elevados, aludiendo a los beneficios fiscales por los que
la Hacienda pública deja de recaudar 2,4 billones de pesetas en 1996, y
al fraude fiscal, evaluado en tres billones de
pesetas aproximadamente. Las últimas modificaciones legislativas han
elevado de cinco a 15 millones de pesetas la cantidad para que el fraude
fiscal pueda ser considerado delito. Esto trae como consecuencia que el
carácter redistributivo del Estado social se va diluyendo cada vez más.
Se refiere más adelante a la destrucción del tejido productivo industrial
y afirma que el sector privado de la economía española ha sido incapaz de
crear empleos netos en los últimos 20 años, según se dice en un documento
titulado «Una política industrial para España», aprobado por el actual
Gobierno en funciones. Por eso considera una paradoja, cuando no una
insensatez, la política de privatizaciones que ha anunciado esta mañana
el candidato a la Presidencia del Gobierno. Encuentra en la industria los
siguientes defectos: presencia importante de multinacionales, un sector
público en importantes sectores estratégicos en proceso de creciente
privatización y una mayoría de pequeñas y medianas empresas, de capital
nacional, con una reducida capacidad de renovación tecnológica y de
exportación, lo que las sitúa en una posición dependiente de empresas de
capital extranjero. No considera culpables de todos estos defectos en
exclusiva al Gobierno en funciones y a la fuerza política que lo
sustenta, puesto que ha contado en lo fundamental con el apoyo y el voto
de los que le han dado el respaldo a la política económica y social que
han desarrollado.
Considera inquietante para la izquierda la continuidad, puesto que ha
utilizado muchas veces la palabra alternancia y no alternativa.
Alternancia quiere decir que no se variará la política económica y social
y los presupuestos filosóficos que la informan, mientras que la
alternativa es otra situación radicalmente distinta. Considera que el
nuevo Gobierno será continuista de la política económica y social seguida
por el señor González en cumplimiento de los criterios de convergencia
con la Unión Europea. Estima que el desarrollar una política económica de
marcado carácter monetarista para estar dentro de tres años en el núcleo
duro de esa Unión Europea es incompatible con el mantenimiento de los
elementos fundamentales y básicos del Estado de bienestar. Afirma que la
consecución de los criterios de convergencia nos lleva a recortes en
prestaciones sociales, a una mayor desactivación del consumo privado y
público, a la continuación de las privatizaciones y a la desregulación
del mercado laboral.
A continuación señala que España, como los demás países de la Unión
Europea, ha cedido soberanía en lo referente a la política económica y
monetaria, soberanía que va a parar a manos del sistema de bancos
centrales y al futuro Banco Central Europeo, que no han surgido
directamente de las urnas. Entiende una paradoja el que se ceda soberanía
para decidir sobre la política económica y monetaria y se conserve para
la política de creación de empleo. Refiriéndose a la frase del señor
Aznar en cuanto a que la empresa es el verdadero motor de la economía, le
pregunta qué hace una empresa sin trabajadores y considera que la empresa
es un motor incompleto si no se habla de la gente que está dejando su
esfuerzo y su sacrificio. En cuanto a las privatizaciones, le pregunta
sobre el informe de la Comisión Temporal de Empleo del Parlamento
Europeo, en el que se dice que es auténticamente suicida atacar al sector
público porque éste tiene una cantidad enorme de puestos de trabajo.
Está de acuerdo en que se haga radicar en comunidades y en ayuntamientos
la Ley del Suelo y la Ley de Costas, sin que esto promueva la
especulación o un deterioro de las condiciones y de la calidad de vida.
Por lo que respecta a la sanidad, se pregunta si estamos hablando de
ahorro a la hora de aplicar la salud o de atacar todo tipo de
enfermedades y hacerlo con eficacia. Le interpela sobre si está dispuesto
a cambiar el contrato de aprendizaje y pone de relieve un silencio
clamoroso del candidato a la Presidencia sobre la política industrial.
A continuación le formula diversas preguntas sobre la política agraria,
como la posición que va a mantener frente a la reforma de la organización
común del mercado de vino, sobre las propuestas para las frutas y
hortalizas, sobre sus planteamientos ante la reforma de la organización
común del mercado del aceite de oliva, la estrategia agrícola ante la
cesión de los países de Europa central y oriental y, por último, sobre si
apoyaría la propuesta de Izquierda Unida en el sentido de establecer un
límite máximo por explotación a la percepción de ayudas directas.
Entre los silencios del señor Aznar destaca la referencia a la unión
política, porque considera que hablar de unión política significaría
hablar de una armonización fiscal.
En política exterior denuncia el discurso que hace unos días pronunció el
Jefe del Estado en la sede de la OTAN, que contaba con el apoyo del
Gobierno en funciones y del futuro Gobierno. Considera a este respecto
que para que España se integre en la estructura militar, el pueblo
español ha de ser convocado a otro referéndum.
Por lo que se refiere a la revisión del Tratado de Maastricht, sugiere un
referéndum para que el pueblo español opine.
Denuncia un silencio clamoroso en relación con problemas que afectan a
las mujeres y sobre la financiación
de la Logse y pregunta sobre el fondo de nivelación y el desarrollo de la
Lofca. También pregunta sobre la reforma del Senado y sobre el
plurilingüismo del Estado español, así como sobre las materias reservadas
y clasificadas, el terrorismo de Estado y los fondos reservados.
Encuentra una contradicción el apostar por los pactos de Toledo y
considerar imposible el no reformar la Seguridad Social.
Basa el no a la investidura del señor Aznar en la radical diferencia
entre sus planteamientos de política económica y social y los del
programa que defiende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, anunciando una oposición enérgica y de
izquierdas en el Parlamento y, si es necesario, en la calle, sin
renunciar al diálogo en materias que supongan avances en las prácticas
democráticas, en la lucha contra la corrupción y el fraude o la
modernización del Estado español. Fundamenta la modernización de España
en seis ejes de actuación: defensa de lo público, regeneración de la vida
democrática y lucha contra la corrupción; federalización del Estado
español; reforma de la justicia; modernización y democratización de las
instituciones del Estado y resolución de problemas de fuerte impacto
social que vienen arrastrándose legislatura tras legislatura. Considera
que la defensa de lo público consiste en la paralización de los actuales
procesos privatizadores, en la potenciación de la participación de los
agentes sociales, en la reforma de las estructuras y los instrumentos de
gestión públicos y en un plan estratégico de racionalización del gasto y
de la gestión, entre otros.
Expone a continuación en qué consiste para su Grupo Parlamentario los
restantes ejes en los que fundamenta la modernización de España.
Considera también necesario para la modernización y democratización del
Estado la supresión del servicio militar obligatorio. Se encuentran
dispuestos a discutirlo y le propone al señor Aznar la excarcelación de
los jóvenes que en estos momentos están sufriendo condenas por
insumisión, lo que implicaría un nuevo modelo policial, con un cuerpo
único de policía estatal y la desmilitarización de la Guardia Civil,
quedando bajo el control último y definitivo del Parlamento el
funcionamiento, ejercicio de funciones, dependencia y supervisión de los
servicios de contraespionaje, que deberían ser estrictamente civiles.
Por último, considera necesario abordar una nueva ley de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo y el cumplimiento del compromiso del
0,7 por ciento del producto interior bruto para el tercer mundo.
Con su oposición rotunda, clara y enérgica, desde una posición de fuerza
de izquierda e independiente aspira a servir de ayuda para crear las
condiciones de una oposición de izquierdas, ampliamente instalada en este
hemiciclo y en la sociedad. Considera que la diferencia entre la derecha
y la izquierda no se fundamenta en distinciones semánticas ni en
apriorismo ideológicos ni en cargas sentimentales, sino en propuestas, en
contenidos, en acciones, en valores, en posiciones y en proyectos de
sociedad alternativa.
Para réplica y dúplica intervienen los señores Aznar López y Anguita
González.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor
Molins i Amat. Manifiesta que el pasado 8 de enero se disolvían las
Cortes, poniéndose fin así a una legislatura y, tras los resultados
electorales, a una época. Por segunda vez desde 1977 la fuerza ganadora
de las elecciones quedaba lejos de la mayoría absoluta, pero nadie
discutió la victoria del hoy candidato José María Aznar y del Partido
Popular y nadie quería nuevas elecciones. Una de las opciones para
garantizar el nuevo Gobierno era la abstención de las fuerzas
mayoritarias, ya que renunciaban a configurar una alternativa. Esta
decisión obligaba a que la investidura se produjera a través del voto
afirmativo de los grupos nacionalistas, particularmente de Convergència i
Unió. Anuncia que Convergència i Unió votará afirmativamente la
investidura del candidato y se compromete a la estabilidad de una acción
de Gobierno, con los objetivos y las prioridades que se consignan en los
acuerdos conocidos por SS. SS. Considera el camino emprendido por el
presidente del Partido Popular el más difícil aparentemente, pero el más
valioso, porque de fructificar podría abrir nuevos horizontes y cerrar
históricas fracturas.
El acuerdo alcanzado enmarcará la futura acción de Gobierno. Afirma en
primer lugar que la creación de empleo, el mantenimiento y mejora de las
prestaciones del Estado de bienestar y el rigor presupuestario para
reducir déficit, inflación y tipos de interés, en convergencia con los
países europeos, son objetivos estrechamente vinculados. El éxito en la
obtención de estos objetivos está en la creación de las condiciones que
estimulan a las empresas a producir empleo estable y de calidad.
Considera como problema sustancial el reducido número de activos sobre el
total de la población, en relación con la Unión Europea. Estima que hoy
nuestra economía es competitiva porque nuestros crecimientos en estos dos
últimos años han sido superiores a la media europea y no se han producido
de la mano del consumo, sino de la mano de la exportación de productos y
servicios, que compiten en precio y calidad,
para lo que se hace imprescindible continuar con la política de rigor
presupuestario. Asimismo, considera necesario reducir el déficit de las
administraciones públicas y continuar con el esfuerzo para reducir la
inflación. Piensa que se equivocan quienes creen que en la situación
actual el incremento del gasto no compensado con ingresos puede crear
empleo.
A continuación hace unas precisiones al discurso del candidato a la
Presidencia del Gobierno. En primer lugar, en cuanto a la necesidad de
una reforma estructural en el campo de la fiscalidad, estima que debe
encontrarse la manera para impulsar la creación de empleo a través de
modificaciones selectivas de la presión fiscal: «cambiar impuestos por
ocupación».
Aconseja al candidato a la Presidencia del Gobierno que sea valiente,
arriesgado incluso, en el diseño y aplicación de nuevas políticas activas
para la creación de empleo estable. El paro y la precariedad existían ya
antes de la reforma y ésta ayudó a aminorarlas, pero expresa en nombre de
su grupo el convencimiento de que el diálogo social propuesto por el
candidato puede y debe dar frutos en esa dirección.
Afirma que es falsa la afirmación de que la disminución del déficit pasa
ineludiblemente por la reducción de las prestaciones del Estado de
bienestar y sería profundamente injusto recortar gastos por el lugar que
más afecta al bienestar de las personas y a la cohesión social. Añade
también que su Grupo Parlamentario se opondría a cualquier política que
se pretendiera en esa dirección. Por el contrario, impulsarán la mejora
de determinadas prestaciones, hoy insuficientes, como las pensiones
mínimas --particularmente las no contributivas-- y las ayudas a la
familia, prácticamente inexistentes en España. Cree necesario dar
cumplimiento a los pactos de Toledo y le parece sumamente interesante la
intención de llevarlos a cabo con la ayuda de la Cámara y el más amplio
consenso de los interlocutores sociales.
Los desequilibrios económicos piensa que se deben a la estrechez de la
base de creación de riqueza y a un sector público excesivo. Le parece
acertada la reforma de la Administración y remarca el impacto positivo
que para el déficit público debe representar la eliminación de
duplicidades. Anima al candidato a la Presidencia del Gobierno en esa
dirección, así como en el saneamiento del sector público empresarial.
A continuación se refiere a la convergencia europea y a la Unión
Económica y Monetaria. Considera necesario el impulso a la economía
productiva y ofrece su colaboración en políticas sectoriales concretas en
el campo industrial, agrícola, pesquero,etcétera. Convergència i Unió
pone un especial interés en favor de la pequeña y mediana empresa y
considera que a las medidas anunciadas esta mañana deberían añadirse
algunas de orden laboral, singularizando su aplicación para las pequeñas,
que tan positivos resultados están dando en países vecinos. Se trataría,
en definitiva, de pasar a una etapa, en la que ya nos encontramos, en la
que el crecimiento se fundamenta en la inversión, la exportación y el
ahorro interno.
Menciona también su compromiso adquirido en el acuerdo de impulsar la
participación de la sociedad civil en la vida cotidiana, como por ejemplo
en las atenciones a la tercera edad, a la infancia, a los disminuidos
físicos o psíquicos, a los marginados o en el campo de la cooperación a
terceros países. Considera que todo aquello que pueda desempeñar la
comunidad no debe realizarlo el Estado y se debe estimular el enorme
potencial de servicio y participación, de compromiso social y humano, que
existe particularmente entre la juventud.
Por otra parte, se refiere al compromiso electoral de su grupo en cuanto
a suprimir el servicio militar obligatorio en el año 2001, lo que es
demandado por la sociedad civil, garantizando las necesidades de la
defensa.
Para el Grupo Catalán (Convergència i Unió), España es un Estado
plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Considera que su lengua
y cultura es distinta y empezó a formarse hace mil años. No se trata de
un invento, forma parte de la realidad social. Confía en la superación de
los restos de incomprensión en algunos rincones del país y pide respeto
en nombre del pueblo catalán hacia una comunidad lingüística que utiliza
la misma lengua y se extiende desde Salses hasta Guardamar, desde Fraga
hasta Mahón: la comunidad lingüística balear, catalana, valenciana.
Hace una reflexión expresa sobre los acuerdos que hacen referencia a la
Administración periférica del Estado, desde la perspectiva del respeto a
los gobiernos autónomos, centrándolo en la desaparición de los
gobernadores civiles. Remarca también el acuerdo alcanzado en cuanto a la
transferencia a Cataluña de las competencias en materia de tráfico,
gestión de los puertos de interés general y modificación de las leyes de
Suelo y Costas, así como a las transferencias en materia de trabajo,
empleo y formación.
Finalmente hace referencia al acuerdo sobre la reforma del sistema de
financiación de comunidades autónomas de régimen general, analizando los
diversos mecanismos que se utilizan en países de estructura federal.
Estos criterios de justicia y solidaridad que se aplican en todas partes
consiguen siempre que los territorios más ricos reciban menos
de lo que aportan, pero por encima de la media, y que los menos
desarrollados reciban más de lo que aportan, aunque nunca por encima de
la media. En España esto no es así. Hay comunidades autónomas que
aportando por encima de la media reciben menos de la media y otras que
aportando por debajo de la media reciben por encima de ésta. Por lo
tanto, Cataluña, sus ciudadanos, no son insolidarios, sino al revés, más
solidarios, si es que la solidaridad hay que medirla en pesetas. La
imprescindible solidaridad debe llevarse a cabo a través de fondos
específicos, no por la vía del coste de los servicios.
Desea que estos tiempos que hoy nacen sean para todos de construcción, de
paz, de palabra sincera, de política entendida como lugar de encuentro de
las buenas gentes y de reconocimiento a la labor del Presidente en
funciones don Felipe González y finaliza prestando su colaboración en la
tarea de construcción, de plantar y de sanar, que tendrá que llevar a
cabo el señor Aznar como Presidente del Gobierno.
Replica el candidato a la investidura como Presidente del Gobierno señor
Aznar López, duplicando el señor Molins i Amat.
En representación del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Anasagasti
Olabeaga. Manifiesta que se encuentran hoy, tras casi catorce años de
Gobierno socialista, con algo que es habitual en el contexto europeo y
que en el vasco lo practican desde el año 1986: gobiernos que han de
pactar e incorporar a su acción otras formas de abordar los problemas.
Esto no es nada nuevo, quizás lo único nuevo sea la descalificación al
nacionalismo democrático para que pueda legítimamente pactar una acción
de Gobierno o una investidura. Considera peligroso el discurso, planteado
supuestamente desde la solidaridad, que supone un exclusivismo del
nacionalismo democrático. Estima que la sociedad busca el acuerdo frente
a la discrepancia, la estabilidad frente al sobresalto, la solución
frente al conflicto, el respeto frente al agravio. Estima importante la
convergencia europea, que nos llevará a una política de austeridad y a
una encrucijada en el Estado del bienestar. Los ciudadanos rechazan el
recorte en los gastos sociales como medio para salir de la crisis y
Europa sufre la tentación de convertirse en una fortaleza ante la
inmigración y surgen fenómenos como la exclusión social. Coincide con el
señor Aznar en la necesidad de la austeridad ligada a la recuperación
económica. Frente a esto se hace la pregunta sobre el tipo de Europa que
queremos. No puede haber una Europa sin Parlamento, sin Tribunal de
Justicia, sin una Comisión que vea recortada su iniciativa para dar paso
a una zona de libre cambio, en la que cada uno se busque la vida por su
cuenta, Europa debe contar con un ejército propio, una diplomacia común y
una moneda única, sin dejar de asentarse en el mosaico de realidades
naturales que la conforman, de ahí que considere un avance importante la
propuesta de incorporar a la acción de Gobierno, a la hora de conformar
la voluntad política europea, a las comunidades autónomas.
Considera indispensable propiciar un gran pacto social en relación con el
empleo. El desempleo es un problema colectivo y su solución debe ser una
responsabilidad colectiva. Apuesta por una política de rentas dirigida a
la creación de empleo, por una política sectorial y selectiva, por una
política industrial que impulse la reindustrialización, por unas reformas
estructurales profundas y, sobre todo, por la formación profesional
adaptada a las demandas de una sociedad cambiante. Anuncia un catálogo de
iniciativas que irán presentando a lo largo de la legislatura. Constata
que el señor Aznar ha sabido remar contra corriente en algunas
oportunidades y remontar obstáculos importantes, advirtiéndole que sus
dos mayores enemigos serán la impaciencia de la gente y la dura necesidad
de tomar medidas impopulares a corto plazo. Le parece adecuado el
planteamiento económico e indica que sería bueno que se depreciara una
peseta demasiado fuerte. Añade que cualquier tipo de ajuste no puede ser
duro para los demás y confortable para una minoría.
Manifiesta que el pasado 4 de marzo el señor Aznar optó por los
nacionalismos democráticos para poder gobernar y así se lo hizo saber. A
nadie se le oculta que veníamos del recelo y la desconfianza y les
veíamos como representantes de la derecha más cerrada. Tampoco se le
oculta a nadie la dilatada relación histórica del Partido Nacionalista
Vasco con el Partido Socialista en el Gobierno de la República. Reconoce
aquí y ahora la labor del actual Presidente en funciones, Felipe
González, en la modernización del país, en la construcción europea y en
su talante político y personal, pero ante los resultados electorales
aceptaron la invitación del señor Aznar porque les propuso mirar al
futuro en lugar de reprocharles el pasado. El Partido Nacionalista Vasco
puso encima de la mesa su programa electoral y, ante una sociedad que
pide acuerdos, apostó por el diálogo y por entablar relaciones con el
Partido Popular. Por otra parte, plantea la preocupación que les producía
tener que dar apoyo a un Gobierno que les negara el cumplimiento íntegro
del Estatuto de Autonomía de Guernica, que después de 17 años tiene sin
completar 43 transferencias. Aunque considera cierto que aritméticamente
el candidato a la Presidencia de Gobierno no necesitaba
el apoyo del Grupo Nacionalista Vasco, también es cierto que en política
nadie es despreciable, de ahí que se haya llegado a una concertación de
fuerzas para asentar una legislatura complicada que les gustaría durara
cuatro años.
Considera reformista el discurso del señor Aznar, aunque en las
conversaciones que han mantenido no ha querido entrar a fondo en aquello
que le pueda crear problemas con otras comunidades. Les preocupa este
planteamiento porque desean ser solidarios con todas las comunidades,
pero quieren que se cumplan las competencias contempladas en su estatuto.
También estiman fundamental la modernización del concierto económico, que
viene del siglo XIX, y recuerda que nunca la Administración central ha
recaudado de Alava y de Navarra, salvo la interrupción de 1937.
Reivindica también la devolución del patrimonio político incautado tras
la guerra civil a todos aquellos partidos que fueron expoliados, pues no
era de recibo que el patrimonio sindical hubiera sido devuelto y no el de
los partidos políticos. Considera, asimismo, que han realizado una
apuesta por la formación de un Gobierno, frente a todos los simplistas
que hablan de las derechas unidas y de la CEDA. Aconseja al señor Aznar
que cuando sea Presidente hable con los sindicatos y con la patronal y le
sugiere que hable también con aquellos que, en Euskadi, hacen formación
profesional, con los pioneros del salario social, con los que dirigen la
sanidad del País Vasco, con los que apuestan por la investigación, con
los que afrontan el fraude fiscal y con los que hacen el milagro que
supone que las devoluciones del IRPF se hagan en Euskadi en 24 horas y
aquí se tarden siete meses.
Manifiesta a continuación que Euskadi es una nación con sus lenguas, su
cultura, su conciencia histórica y sus instituciones tradicionales y pide
que este hecho sea reconocido. Está de acuerdo en la eliminación de la
figura del gobernador civil y en la modificación de leyes importantes,
como la Ley de Puertos o la Ley del Suelo y la Ley de Costas, para
adaptarlas a la realidad autonómica.
En referencia a la juventud, cree necesario agilizar todavía más el
proceso de sustitución del servicio militar obligatorio por un ejército
profesional europeo.
A continuación pide la liberación de José Antonio Ortega Lara, torturado
día a día por ETA. Considera que esta situación se debe abordar desde el
consenso y el análisis que han supuesto los pactos de Ajuria Enea, de
Iruña y de Madrid. El Partido Nacionalista Vasco se resiste a contemplar
impávido cómo el conflicto y la violencia se perpetúan y por ello cree
que se debe buscar una solución, la más humana posible. Asimismo
considera que el Estado de derecho debe depurar las responsabilidades del
terrorismo de Estado y se debe analizar políticamente, independientemente
de que se siga la vía judicial.
Para finalizar le ruega al señor Aznar que trate de que su Gobierno no se
burocratice, que esté cerca de los problemas, que actúe con transparencia
y acceda inmediatamente al control político. No se dará una recuperación
del país sin una recuperación de la política al servicio del bien común.
Para hacer buena política no basta sólo el Ejecutivo, sino que hace falta
el control del Legislativo. El Partido Nacionalista Vasco desea pactar,
desea acuerdos, confía en las personas que desean la paz y que la
sociedad avance de forma solidaria y confía en que el señor Aznar hará
honor a sus compromisos.
Resumiendo su postura a la hora de la investidura, dice que una vez
establecidos los compromisos políticos que supone el voto afirmativo a la
investidura de don José María Aznar, ambas formaciones políticas se
comprometen a proseguir las negociaciones emprendidas para consolidar los
acuerdos específicos en materia de desarrollo estatutario que doten a la
política gubernamental de unos principios de estabilidad desde el ámbito
parlamentario. Piensa que a toda la sociedad interesa que el candidato a
la Presidencia gobierne bien, que gobierne para todos y que mantenga el
progreso de la sociedad, porque su éxito será el éxito de todos.
Replica el candidato a la investidura como Presidente del Gobierno, señor
Aznar López, duplicando el señor Anasagasti Olabeaga.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE SOBRE LA INVESTIDURA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, cuyo punto único del orden del
día, como saben, es el debate sobre la investidura del candidato a la
Presidencia del Gobierno.
Saben SS. SS. que el Reglamento prevé una regulación específica para el
debate de investidura, contenida en los artículos 170 a 172, y que la
votación se atendrá a lo prevenido en el artículo 85.2. El debate
comienza con la lectura de la propuesta del candidato a la Presidencia
del Gobierno formulada por Su Majestad
el Rey, a continuación el candidato expondrá su programa político, y se
interrumpirá la sesión de la mañana para continuar esta tarde a la hora
que resulte en función de la duración de la intervención del candidato.
En consecuencia, ruego a la Secretaria Primera de la Cámara que proceda a
la lectura de la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno.
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): «De acuerdo con lo establecido en
el artículo 99 de la Constitución y celebradas las consultas con los
representantes designados por los grupos políticos con representación
parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don José María
Aznar López como candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que comunico
para que a través de V. E. se formule al Congreso de los Diputados la
oportuna propuesta. Madrid, 12 de abril de 1996. Juan Carlos, Rey. El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa.»
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria.
Para la exposición del programa político del Gobierno que pretende formar
y solicitar la confianza de la Cámara, tiene la palabra el candidato don
José María Aznar López.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor
Presidente, comparezco ante SS. SS. para solicitar la confianza de la
Cámara, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en
España. Los españoles, tras un largo período de gobiernos socialistas,
han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; renovación para
dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe
afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el
poder, al funcionamiento de nuestra democracia, y traducirse en nuevas
políticas para solucionar problemas no resueltos, corregir errores y
alcanzar mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.
El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido
Popular, que concurrió a los comicios junto con el Partido Aragonés y la
Unión del Pueblo Navarro, en la opción política más votada y con mayor
número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo,
de mayoría absoluta en el Congreso. De este resultado electoral se
derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi
discurso y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la
legislatura. En primer lugar, una voluntad de cambio político. En segundo
lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de
compromiso, de más decisiones compartidas en nuestra vida pública.
Este es el séptimo debate de investidura de nuestra reciente historia
constitucional. Sólo en dos de los anteriores, el grupo al que pertenecía
el candidato dispuso de la mayoría absoluta en el Cámara, mientras que en
los restantes se otorgó la confianza al candidato perteneciente al grupo
que contaba con la mayoría relativa en el Congreso. Estamos viviendo hoy,
en suma, señorías, un momento más de normalidad en nuestro sistema
constitucional. Uno de esos momentos también en los que la democracia
muestra su gran virtud: permitir, mediante el ejercicio de la voluntad
popular, la alternancia política en la continuidad histórica.
Señoras y señores Diputados, al asumir la responsabilidad de presentarme
ante SS. SS. para solicitar la confianza de la Cámara lo hago con la
convicción de que el interés de España exige la formación de un Gobierno
estable, con un programa capaz de afrontar los problemas que tiene la
sociedad española y con vocación de agotar la legislatura. La Cámara
conoce, al igual que conoce la opinión pública, que el Partido Popular ha
mantenido intensas conversaciones con Convergència i Unió, con el Partido
Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, en el curso de las cuales se
ha puesto de manifiesto un apreciable grado de coincidencia en la visión
sobre las necesidades y los problemas de España, así como en las posibles
vías de su solución. Tales coincidencias y la común voluntad de
cooperación han cristalizado en tres acuerdos, cuyo carácter público ha
permitido a la opinión conocer su contenido en todos sus extremos y
formar juicio sobre ellos.
El acuerdo de investidura y gobernabilidad alcanzado entre el Partido
Popular y Convergència i Unió contiene unos objetivos comunes y unos
acuerdos específicos, de entre los cuales me permito subrayar la reforma
del modelo de financiación autonómica con carácter general para las
comunidades autónomas no forales.
El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco
compromete a ambas formaciones políticas a perseguir la estabilidad en el
ámbito parlamentario y a procurar el desarrollo concordado del Estatuto
de Guernica.
El acuerdo de estabilidad institucional entre el Partido Popular y
Coalición Canaria se inspira en los mismos principios de los documentos
enunciados y dedica una consideración singular a las peculiaridades y
problemas derivados de la condición ultraperiférica de aquella Comunidad.
Tengo la convicción de que estos acuerdos constituyen la mejor base para
una colaboración leal, fecunda y transparente, que permita desarrollar al
servicio de los ciudadanos la acción del Gobierno de España.
Los acuerdos y las conversaciones a las que me acabo de referir se han
desarrollado con un profundo respeto a los ideales que definen la
identidad de cada grupo
político. Va a ser ésta una legislatura de intensa colaboración política
y parlamentaria y quiero decir aquí, al inicio de mi intervención, que no
se renuncia a las convicciones políticas por alcanzar compromisos
inteligentes en busca de las mejores soluciones posibles.
Los problemas que hemos de afrontar son, como
SS. SS. conocen bien, de gran envergadura, y en algunos aspectos tienen
viejas raíces, pero la experiencia de casi dos décadas de democracia nos
invita a ser optimistas.
Los españoles, en circunstancias no fáciles, hemos sabido dotarnos de un
modélico ordenamiento constitucional, garante de nuestra convivencia;
hemos dado pasos fundamentales en la empresa inédita de la construcción
del Estado autonómico y hemos culminado nuestra vocación de integración
europea. Estos tres elementos constituyen un marco sólido, que es ya un
irrenunciable patrimonio común. Es ese marco el que nos proporciona la
certeza de alcanzar nuevas metas si actuamos con inteligencia, con
generosidad y con ambición.
Desde su momento fundacional nuestra democracia se ha identificado con
una voluntad de reconciliación y de integración. Esta voluntad impulsó
las tareas que permitieron logros tan importantes como los señalados y
esa voluntad es la que nos debe impulsar también a realizar la tarea
común que nos corresponde ahora.
Los españoles hemos sabido conjugar la existencia de políticas diversas,
consecuencia del pluralismo político, con el mantenimiento de unos
acuerdos permanentes sobre cuestiones que fundamentan nuestra convivencia
y definen nuestra presencia en el mundo. La alternancia en el Gobierno no
tiene por qué afectar a esos consensos básicos que se refieren a nuestra
política exterior, a nuestra posición en Europa, a la política de
defensa, al desarrollo del Estado de las autonomías, al funcionamiento
del Estado de Derecho, a la solidaridad social y territorial y a la lucha
contra el terrorismo. En estas áreas tendremos que tomar decisiones
relevantes en los próximos años, y quiero afirmar que será voluntad del
Gobierno que me propongo formar, si obtengo la confianza de la Cámara,
lograr los acuerdos más amplios posibles, porque afectan al conjunto de
valores que compartimos la gran mayoría de grupos parlamentarios.
El programa que someto a la confianza de SS. SS. responde, pues, a la
lógica política y parlamentaria derivada de las elecciones; es fruto del
diálogo, de la voluntad de la cooperación y de los acuerdos alcanzados
con los grupos a los que antes hacía referencia. Es un programa que,
integrando planteamientos y aportaciones de cada formación, tiene como
ejes impulsar la economía con objeto de crear empleo, mejorar el
bienestar de los españoles, desarrollar el Estado de las autonomías,
revitalizar nuestra democracia y fortalecer la presencia de España en
Europa y en el mundo. Es también un programa que está abierto a la
colaboración de aquellos grupos parlamentarios que no me otorguen su
confianza en esta sesión. Sin perjuicio de la natural dialéctica entre
Gobierno y oposición, debemos de encontrar una amplia zona de
entendimiento para lograr objetivos que son vitales para nuestro futuro.
Señoras y señores Diputados, quiero que la etapa que se inaugura se
caracterice por un nuevo estilo de gobernar basado en la austeridad, la
transparencia, la cercanía a los ciudadanos y sobre todo el diálogo, un
constante y enriquecedor diálogo con las fuerzas políticas y sociales,
sin pretensión de ocupación alguna de las parcelas propias de la
sociedad, de sus ámbitos naturales, de sus instituciones o de sus
organizaciones. Las viejas querellas, los viejos litigios históricos, las
concepciones que se basan en la división de los españoles no deberían
reaparecer en nuestra convivencia democrática, porque lo que nos interesa
a todos es construir el futuro, es emprender las tareas que ahora la
sociedad nos pide.
En esta nueva etapa política el Parlamento debe recuperar el lugar que le
corresponde: el centro del debate político, y ha de ser la garantía de
transparencia de la vida pública. Hemos de aspirar a que los ciudadanos
tengan conciencia de que es aquí donde se debaten los asuntos que afectan
a sus intereses generales y a sus problemas cotidianos; aquí deben estar
presentes las preocupaciones de todos los españoles, de los que buscan
empleo, de los jóvenes, de los trabajadores, de los agricultores y los
pescadores, de los padres de familia que quieren mejor educación para sus
hijos, de los pensionistas. Aquí tenemos que plantear todos los problemas
que nos conciernen: la vivienda, la sanidad, la seguridad ciudadana o la
droga. Y con tales propósitos de revitalizar el Parlamento, considero del
máximo interés que los grupos parlamentarios adopten las iniciativas que
estimen más idóneas para mejorar el funcionamiento de las Cámaras. Por mi
parte, anuncio que el Gobierno que presida, si obtengo la confianza,
facilitaría los medios necesarios para el buen funcionamiento de una
oficina presupuestaria --si la Cámara creyera conveniente su creación--
para supervisar el cumplimiento del presupuesto y la evolución del gasto
público; porque el Gobierno será el primer interesado en que los
españoles conozcan con precisión el destino de cada peseta que se gasta.
Señoras y señores Diputados, el programa económico que abordará el
Gobierno a lo largo de la legislatura, si obtengo la confianza de la
Cámara, parte de un análisis riguroso de la realidad. Es un programa que
está dirigido a modernizar nuestro sistema económico y a superar los
desequilibrios y anomalías que actualmente padece. Quiere dar respuesta a
las verdaderas preocupaciones de los españoles: la falta de empleo, la
situación de los jóvenes, el paro femenino, las deficiencias de nuestros
servicios públicos y de nuestras infraestructuras,
las causas por las cuales no hay suficientes empresas en España.
El paro sigue siendo el principal problema de la economía española. Y no
se trata simplemente de un problema económico o social, el paro es, sobre
todo, un drama personal y familiar. Son muchos los españoles que ven
comprometido su proyecto vital al no tener expectativas de encontrar un
empleo estable para proyectar con confianza su futuro. Nuestra baja
ocupación distorsiona gravemente el funcionamiento de la economía. El
escaso empleo reduce los ingresos fiscales y ocasiona mayores gastos en
subsidios y transferencias, necesarios para mantener el nivel de renta de
quienes, desgraciadamente, no encuentran trabajo y de sus familias. La
creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta
sólo se puede lograr con un sistema productivo eficaz y competitivo,
capaz de adaptarse a las exigencias de los mercados y de las nuevas
tecnologías. Pero la competitividad y la eficacia exigen un marco de
confianza; confianza en nosotros mismos, en nuestras posibilidades,
confianza para ahorrar, para invertir, para emprender nuevos proyectos. Y
es preciso también que la sociedad prime valores como el esfuerzo
individual, la iniciativa y la cooperación.
Aprovechar todo nuestro potencial de crecimiento, que permita crear
empleo y garantizar el bienestar social, exige llevar a cabo un conjunto
ordenado y coherente de acciones de política económica y social que han
de perseguir tres grantes objetivos. En primer lugar, cumplir
estrictamente los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de
Maastricht; en segundo lugar, realizar las reformas estructurales que
permitan mejorar el funcionamiento de los mercados y del sistema
productivo y, en tercer lugar, perfeccionar los sistemas de empleo y de
protección social.
Preparar la economía española para que pueda incorporarse en buenas
condiciones a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1999
es un objetivo nacional cuya consecución orientará toda la acción del
Gobierno. Los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de
Maastricht van dirigidos a consolidar una economía sana y equilibrada;
son requisitos imprescindibles para lograr un crecimiento sólido y crear
empleo. España, lamentablemente, no cumple en estos momentos ninguno de
los criterios de convergencia. Esta es la dura realidad de la que
partimos, y por mucho que se pretenda lo contrario, es preciso reconocer
esta situación, una situación que nos va a obligar a un gran esfuerzo
para recuperar el tiempo perdido y cumplir los requisitos de convergencia
en el breve plazo de 18 meses.
Quiero dejar bien claro que los objetivos de convergencia son
irrenunciables y, entre ellos, la reducción del déficit es el más
importante porque resulta esencial para el cumplimiento de los demás. Por
esta razón, el nuevo Gobierno mantendrá para el presente y el próximo año
el compromiso de cumplir el objetivo de déficit para el conjunto de las
administraciones públicas, establecido en el Programa de Convergencia
actualizado, que debe quedar en el 4,4 por ciento de producto interior
bruto en 1996 y situarse en el 3 por ciento en 1997.
Tras la verificación del estado de las finanzas públicas, el Gobierno
adoptará las medidas conducentes al logro del mencionado objetivo y
confío contar con el respaldo de la Cámara, que ya asumió aquel
compromiso, cuando haya de plasmarse en medidas concretas.
Es evidente que no es posible contener el gasto y controlar el déficit
sin la efectiva colaboración de todos los agentes públicos. En la
actualidad más de una tercera parte del gasto público está administrado
por las comunidades autónomas y las corporaciones locales, por lo que el
cumplimiento de los criterios de convergencia económica es una
responsabilidad de todos. Por ello, el Gobierno impulsará un compromiso
de austeridad entre el Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos que permita alcanzar con éxito, de manera coordinada y
solidaria, los objetivos propuestos. Por su parte, el Gobierno asume el
compromiso de que el conjunto del gasto público en 1996 y 1997 no crezca
en ningún caso por encima de la inflación.
Para dar cumplimiento a este exigente propósito se iniciará con carácter
inmediato un conjunto de reformas legales y administrativas. Me propongo
impulsar la reforma de la Ley General Presupuestaria para introducir
mayor racionalidad en la elaboración de los presupuestos, reducir la
discrecionalidad en su ejecución, aumentar la transparencia en todos los
organismos públicos, controlar mejor las subvenciones y reducir la
morosidad de las administraciones públicas. Por otro lado, con objeto de
garantizar la eficacia del control del gasto público, se reforzarán las
funciones de la Intervención General del Estado, se reformará la Ley de
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y se establecerá una oficina
presupuestaria en la Presidencia del Gobierno, como expresión de un
compromiso directo con este objetivo. Pero la mejora en los mecanismos de
control interno y externo sería estéril sin una política decidida de
austeridad en la Administración que permita reducir sus gastos de
funcionamiento. Con carácter inmediato se acometerá un conjunto de
actuaciones con tal finalidad.
La reducción del déficit público contribuirá a la bajada de los tipos de
interés y facilitará el cumplimiento de los objetivos de inflación
previstos en el Tratado. Ambos factores son necesarios para proporcionar
a las empresas españolas un marco estable y para reducir sus costes
financieros.
Señor Presidente, el segundo objetivo de nuestro programa económico
persigue realizar las reformas estructurales que permitan mejorar el
funcionamiento
de los mercados y nuestro sistema productivo y alcanzar así una economía
más eficiente y competitiva.
La política económica del Gobierno que aspiro a presidir parte del
convencimiento de que la empresa es el verdadero motor de la economía.
España necesita más y mejores empresas, son ellas las que crean empleo.
La nuestra será una política en favor de la empresa, dirigida a crear un
marco en el que pueda cumplir su papel. En particular, se orientará a
estimular la inversión y el ahorro energético y a incrementar los
recursos destinados a la formación y a la investigación y desarrollo.
Para que nuestras empresas sean competitivas es también necesario un
marco jurídico estable. La inseguridad del tráfico mercantil afecta cada
vez más a la actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas y los
trabajadores autónomos necesitan un respaldo especial, porque del éxito
de su actividad depende, en gran medida, la generación de empleo. Con tal
finalidad, se promoverán medidas específicas orientadas a mejorar el
entorno administrativo, financiero y fiscal en el que estos empresarios
desarrollen su actividad. En esa dirección nos proponemos simplificar sus
relaciones con la Administración, mejorar los cauces de financiación y
simplificar su fiscalidad para que no sea un obstáculo a la inversión y a
la creación de empleo.
La necesaria reordenación del sector público empresarial ocupa también un
lugar destacado en el programa económico que me propongo abordar. Con la
finalidad de contribuir a una mejora de la eficiencia general de la
economía española, es preciso continuar e impulsar el camino de
desregulación y privatización emprendido desde nuestro ingreso en la
Comunidad Europea. En este sentido, el Gobierno elaborará un plan
estratégico de privatizaciones, presidido por criterios de máxima
transparencia, incremento de la eficacia de las empresas y mayor
competencia en los sectores en que operan, teniendo siempre presente la
consideración de los intereses nacionales. La privatización producirá,
además, otros efectos beneficiosos como la ampliación de los mercados de
capitales españoles y la difusión de la propiedad.
Por otra parte, existen razones económicas y sociales que aconsejan la
presencia del Estado en determinados sectores económicos. El futuro del
sector público empresarial exige, en todo caso, una política de
saneamiento, así como la mejora de su gestión.
Modernizar nuestra economía hace necesaria también una profunda reforma
del sistema tributario. Los continuos cambios y retoques de estos últimos
años ni han logrado la creación del marco fiscal adecuado al nuevo
entorno económico ni han corregido su falta de equidad. La reforma debe
proponerse tres objetivos básicos: apoyar el ahorro y la inversión
productiva, proporcionar recursos suficientes para financiar las tareas
del Estado social de Derecho y garantizar un reparto solidario y justo de
las cargas tributarias. En cualquier caso, el proceso de reforma tendrá
en cuenta el elevado esfuerzo fiscal que ya hacen los contribuyentes
españoles.
En coherencia con estos objetivos, la reforma fiscal se construirá sobre
los siguientes pilares: un nuevo marco de relaciones entre la
administración tributaria y los contribuyentes; el impulso en la lucha
contra el fraude fiscal y una nueva configuración de los principales
impuestos. El nuevo marco de relaciones tributarias perseguirá el logro
de una mayor igualdad de las partes en el proceso tributario y la
introducción de unos mayores niveles de seguridad jurídica, para lo cual
se elaborará un estatuto del contribuyente que delimite los derechos y
garantías de los ciudadanos ante la administración tributaria y
simplifique el cumplimiento de sus obligaciones.
El fraude fiscal actualmente existente en España es incompatible con una
sociedad moderna y solidaria y atenta claramente al valor de la justicia.
Es indispensable combatirlo con mayor eficacia. A tal fin, el Gobierno
encomendará, con carácter inmediato, a la administración tributaria la
elaboración y ejecución de planes efectivos de lucha contra el fraude
fiscal. Por último, el Gobierno propondrá la reforma de los principales
impuestos que integran nuestro sistema fiscal. Desarrollaremos esta
reforma a lo largo de la legislatura, de manera acompasada con la
reducción del déficit y haciéndola compatible, en todo caso, con el
cumplimiento de los objetivos de convergencia europea.
El Impuesto sobre la Renta necesita una profunda revisión orientada a
hacerlo más justo, a convertirlo en un instrumento eficaz para el fomento
del ahorro y a simplificarlo. En este sentido, se reformará la tarifa del
impuesto y se la modulará, de modo que refleje fielmente la capacidad
económica del contribuyente en función de sus circunstancias personales y
familiares. (Rumores.)
Asimismo, la fiscalidad empresarial, singularmente la de los pequeños
empresarios y la de los autónomos, ha de ser netamente mejorada para
eliminar de nuestro ordenamiento todas las normas fiscales que están
penalizando la generación de empleo y que están dificultando la
competitividad e internacionalización de las empresas españolas.
Con la misma finalidad de conseguir una economía más flexible, dinámica y
competitiva, el Gobierno emprenderá un conjunto de reformas estructurales
en los sectores y mercados donde sobran rigideces, intervencionismos y
restricciones artificiales de oferta. Me refiero, en especial, al suelo,
las telecomunicaciones, el transporte y la energía.
La reforma de la legislación sobre el suelo, además de una exigencia de
racionalidad económica, es hoy ineludible para resolver uno de los
problemas más graves que tiene la sociedad española: el acceso a la
vivienda, sobre todo de los más jóvenes. El suelo se ha convertido en un
recurso artificialmente escaso en un
país en el que la densidad media de población es de las más bajas de
Europa.
Otro sector clave para el futuro es el de las telecomunicaciones. Para su
desarrollo es necesario adecuar la legislación al nuevo marco de
liberalización plena que prevé la Unión Europea. El impulso de las redes
de cable y las comunicaciones por satélite será decisivo para convertir
este sector en uno de los motores de nuestro crecimiento. El Gobierno se
propone crear un consejo regulador de las telecomunicaciones, que será un
organismo independiente para garantizar las reglas de competencia en este
sector.
Por último, la introducción de un mayor grado de competencia en los
sectores del transporte y la energía servirá para proporcionar un mejor
servicio a los consumidores y para la reducción de los costes de las
empresas.
Señor Presidente, con la aplicación de las reformas económicas esbozadas
se relanzarán las oportunidades de empleo estable y se favorecerá la
consolidación de sistemas de protección social. Este debe ser el gran
objetivo de toda la sociedad española. Porque, señoras y señores
Diputados, es dolorosamente obligado recordar que España sufre hoy la
mayor tasa de paro de la Unión Europea y, a la vez, el mayor porcentaje
de empleo precario.
Es ésta una situación que produce cotidianamente una doble injusticia: el
agravio entre quienes tienen trabajo y quienes carecen de él y la
dualidad en el mercado laboral entre quienes gozan de un puesto protegido
y quienes están sujetos a la precariedad.
Este drama, que afecta a toda la sociedad española, reclama a su vez de
toda ella el mayor sentido de la responsabilidad para afrontarlo. Nadie
puede negarse a arrimar el hombro para contribuir a la resolución de lo
que constituye nuestro gran problema nacional.
Por esta razón, en la elaboración, desarrollo y ejecución de las
políticas en favor del empleo que el Gobierno se propone emprender,
mantendremos el diálogo social como un instrumento básico al servicio de
este objetivo. Confío en la fecundidad del diálogo con los agentes
económicos y sociales. Lo iniciaré con carácter inmediato y estoy
persuadido de que, con el concurso de todos, alcanzaremos acuerdos
operativos en este ámbito.
Los jóvenes y los trabajadores españoles no cuentan hoy con los
instrumentos necesarios para afrontar los cambios que la evolución
económica necesariamente demanda. Para ello es preciso aplicar,
actualizándolo, el Programa Nacional de Formación Profesional y
posibilitar el reconocimiento de los títulos y certificados obtenidos por
nuestros trabajadores en toda Europa.
Resulta también necesario acercar la Universidad y los centros de
formación al mundo productivo para ampliar así la formación y conseguir
la necesaria adaptación tecnológica.
Los Programas Anuales de Fomento del Empleo han de ser modificados,
orientándolos hacia la contratación estable. En este sentido, el contrato
de aprendizaje se transformará en una auténtica vía de formación dual que
complemente trabajo y formación. Impulsaremos también el desarrollo y
aplicación del acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos
laborales, recientemente adoptado por los interlocutores sociales.
Señoras y señores Diputados, en la transición democrática los españoles,
con generosidad y visión de futuro, alcanzamos algunos consensos básicos
cuyos principios quedaron plasmados en el texto constitucional. Uno de
ellos fue un pacto de solidaridad, que se materializó en la configuración
del Estado social de Derecho con la proclamación de los derechos
económicos y sociales de los españoles.
En una sociedad moderna, ese pacto de solidaridad se centra en unos
objetivos que nunca deben ponerse en cuestión y que constituyen el acervo
común de quienes actúan con lealtad a la Constitución: educación y
sanidad para todos, un sistema de pensiones suficiente y un sistema de
protección social que ampare las situaciones de especial necesidad.
La sociedad española no debe renunciar en ningún caso a hacer todos los
esfuerzos para mantener y mejorar este gran acuerdo solidario, que es
elemento fundamental de nuestra convivencia, y al servicio de este gran
objetivo se va a poner a trabajar con el máximo empeño el Gobierno que
forme si obtengo la confianza de la Cámara.
Construir con bases sólidas un Estado social de Derecho es una tarea
ambiciosa y tenaz, porque a lo que debemos aspirar es a alcanzar el mayor
bienestar posible de los españoles de hoy y el de las futuras
generaciones. Y ello sólo resultará posible si creamos los recursos
suficientes con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.
Que a nadie le quepa duda: un crecimiento económico sólido y sostenido es
exigencia ineludible para la mejora y consolidación del bienestar general
de los españoles, y este es el mensaje que quiero transmitir con toda
claridad a los españoles. En esta nueva etapa nos corresponde renovar y
actualizar ese pacto de solidaridad con la colaboración de las fuerzas
económicas y sociales, con plena conciencia de los datos de la realidad
económica y de las exigencias del entorno en el que nos movemos.
En ningún campo, y tampoco en el de las políticas sociales, resulta
posible mantener esquemas, modelos y planteamientos que, si pudieron
tener sentido hace algún tiempo, ya no responden a las nuevas condiciones
de vida de la sociedad española.
Frente a la irresponsabilidad de suponer que todo debe seguir igual, el
mantenimiento y la mejora del Estado social de Derecho obliga en los
próximos años a emprender tareas decisivas para mejorar el sistema de
pensiones, la protección social, la sanidad y la educación.
Tenemos que introducir las reformas necesarias para mejorar la
eficiencia, aumentar la calidad de estas
prestaciones básicas, adaptarlas a las nuevas necesidades de los
españoles y evitar los despilfarros.
El primer objetivo de la política de bienestar social que nos proponemos
desarrollar será la plena consolidación del actual sistema de Seguridad
Social, en los términos aprobados hace ahora poco más de un año por esta
Cámara.
El Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara, asumirá en
su integridad las recomendaciones de lo que se conoce como «Pacto de
Toledo» e iniciará la mejora y adaptación de la Seguridad Social a la
realidad actual, con el impulso de medidas tales como la separación y
clarificación de sus fuentes de financiación, la constitución de reservas
para mantener el equilibrio presente y futuro del sistema contributivo,
las mejoras de las bases de cotización, el reforzamiento de los
principios de equidad y solidaridad, la flexibilización de la edad de
jubilación con carácter voluntario de manera gradual, el fomento de los
sistemas complementarios y la mejora de gestión. En todo caso, afirmo
ante la Cámara el compromiso de garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones.
Los aspectos señalados, como bien conocen SS. SS., no agotan el contenido
del acuerdo aprobado por esta Cámara el 6 de abril del pasado año.
El Gobierno que presida estará dispuesto a cumplir progresivamente todas
y cada una de las recomendaciones en él contenidas y facilitará a la
Cámara la información necesaria para que pueda realizar un seguimiento
eficaz de la evolución del sistema de Seguridad Social, en los términos
previstos en aquel acuerdo.
Aspiro a que el espíritu de entendimiento tenga continuidad y a que se
proyecte en las medidas de desarrollo de los objetivos del «Pacto de
Toledo», de las que ha de ocuparse esta Cámara. Y daré especial
relevancia al diálogo con los agentes económicos y sociales en esta
materia.
En el ámbito sanitario, señor Presidente, nuestro objetivo fundamental es
potenciar y modernizar el Sistema Nacional de Salud. El grado de equidad
conseguido convierte a nuestro sistema sanitario en un instrumento
importante de cohesión social que es preciso preservar. Mantener los
beneficios del aseguramiento universal y la garantía de que a los
ciudadanos se les atienda según sus necesidades, han de ser el
presupuesto de cualquier reforma. Pero hay aspectos de nuestro modelo
sanitario que funcionan deficientemente que hay que mejorar y corregir.
En un sistema tan rígido y burocrático resulta imposible atender a las
demandas de los ciudadanos con respuestas rápidas y con la calidad
requerida. Los españoles desean un trato más personalizado, menores
listas de espera, mejor información y más posibilidades reales de
elección de médico y hospital.
La reforma que hay que emprender se orientará, básica y primordialmente,
a hacer más eficiente el sector público y a aprovechar mejor todos los
recursos sanitarios del país. Debemos dotar a las instituciones
sanitarias de mayor autonomía y debemos también reforzar el papel de la
sociedad, haciendo que la libertad de elección del ciudadano sea un
factor dinamizador del sistema.
Resulta esencial definir el papel relativo del Gobierno central y el de
las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad tendrá como misión
fundamental la de establecer, de acuerdo con las comunidades autónomas,
las prioridades globales de la política sanitaria.
Avanzar en la reforma sanitaria es una tarea compleja en cualquier país.
Hay derechos y valores básicos en juego. Por ello, como he dicho
anteriormente, es una materia que reclama el acuerdo y el compromiso.
El Gobierno ofrecerá a la Cámara la constitución de una ponencia que
busque un acuerdo sobre las reformas para garantizar la eficiencia del
sistema sanitario en España y que España necesita para su futuro.
Y no puedo dejar de referirme a uno de los problemas sociales más
dramáticos que padece, en estos momentos, la sociedad española: la
drogodependencia. El Gobierno impulsará las medidas de prevención y
rehabilitación estimulando, especialmente entre los jóvenes, una efectiva
cultura del rechazo a la droga al tiempo que intensificará la acción
policial contra el narcotráfico.
En el ámbito educativo, señor Presidente, durante los dos últimos
decenios España ha alcanzado prácticamente la plena escolarización de los
niveles básicos y medios y se ha producido una gran expansión de la
enseñanza universitaria y superior. Pero nuestro sistema de enseñanza
tiene hoy planteados serios problemas, como la pérdida de calidad, el
debilitamiento de la escuela como institución, la desmoralización de su
profesorado y los derivados de la vertiginosa caída de la tasa de
natalidad.
La inquietud social que se está manifestando en estas semanas ante la
aplicación de la reforma del sistema educativo, aprobada hace ya seis
años, es consecuencia de la falta de previsión y rigor con que se están
llevando a cabo, además de no haberse tenido en cuenta para su ejecución
la diversidad de condiciones sociales, geográficas y demográficas de
nuestro país, en particular las del mundo rural.
Por ello, el Gobierno que presida, si obtengo la confianza de la Cámara,
evaluará la situación y en colaboración con las comunidades autónomas,
con los ayuntamientos y en diálogo con los sectores interesados, adoptará
al respecto las medidas que resulten oportunas.
El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza son los pilares
sobre los que descansa el modelo constitucional en materia educativa.
Ninguno de estos dos derechos fundamentales ha de ser sacrificado o
preterido al otro. La gratuidad de la enseñanza básica
y obligatoria es un factor esencial para desarrollar el principio de
igualdad de oportunidades.
El Gobierno promoverá las medidas necesarias a lo largo de la legislatura
para extender este derecho desde los tres a los dieciséis años de edad.
Mejorar la calidad del sistema educativo constituye una necesidad
nacional en la que nos jugamos nuestro futuro. Por ello, el Gobierno
impulsará la innovación en la escuela, una mayor autonomía de los
centros, la libertad de elección de centro educativo y apoyará
decididamente la profesionalidad de los docentes.
Asimismo, resulta necesario abordar con decisión cuestiones como el
perfeccionamiento de los métodos de aprendizaje, la ampliación de los
contenidos humanísticos, indebidamente empobrecidos, y la potenciación
del bachillerato, así como de la formación profesional.
Para llevar adelante estos objetivos, se pondrán en marcha las reformas
necesarias en permanente diálogo con los sectores educativos, de modo que
las modificaciones legales sean las imprescindibles.
El servicio de la cultura será objeto de la acción de todo el Gobierno.
Los poderes públicos tienen una especial responsabilidad, tanto en la
tarea de conservar, enriquecer y difundir nuestro extraordinario legado
cultural, como en la de impulsar la creación intelectual, literaria y
artística.
El Gobierno prestará una particular atención a sus obligaciones
constitucionales en la garantía de comunicación cultural entre las
comunidades autónomas, de acuerdo con ellas, y en la proyección exterior
de nuestra cultura en toda su pluralidad y riqueza.
A la hora de potenciar la presencia de nuestra cultura en el mundo, el
Gobierno apoyará el desarrollo del sector audiovisual y su adaptación a
las nuevas tecnologías. Pero no es a los poderes públicos a quienes
corresponde el protagonismo en este ámbito, por lo que el Gobierno
favorecerá la contribución de la sociedad al quehacer cultural a través
del fomento del mecenazgo y la actividad de las fundaciones.
Al resultar indispensable la más estrecha coordinación en el desempeño de
las funciones que corresponden al Estado en los ámbitos educativo,
cultural y científico, los Ministerios de Educación y Ciencia y de
Cultura se integrarán en un departarnento que desarrollará su actividad
en constante cooperación con las comunidades autónomas y con pleno
respeto a sus competencias.
Señor Presidente, en las últimas décadas se ha producido una creciente
sensibilización hacia los problemas derivados de la preservación y mejora
del medio natural y del entorno urbano. La sociedad demanda un mayor
impulso político en defensa y salvaguarda del medio ambiente. Es un hecho
de gran trascendencia, no sólo para la vida cotidiana, sino para la
herencia que nos corresponde transmitir a las próximas generaciones.
La magnitud de los problemas medioambientales de una sociedad
desarrollada como la española que, además, posee un excepcional
patrimonio natural, hace imprescindible una coherente y eficaz política
medioambiental de largo alcance.
Sin perjuicio del ámbito competencial propio de las comunidades autónomas
--que en todo caso debe ser respetado--, el cumplimiento de las
crecientes obligaciones internacionales, el desarollo de la política de
la Unión Europea y la preservación de recursos naturales vitales para
nuestro futuro reclaman una adecuada presencia del Estado en esta
materia.
La política medioambiental se ha erigido pues en uno de los grandes
vectores de la acción del Gobierno, por lo que, para impulsar las
políticas que España necesita, ha llegado el momento de crear un
Ministerio de Medio Ambiente.
Señorías, creo que la Cámara convendrá conmigo en que la voluntad de
proceder a una nueva ordenación territorial del poder, capaz de albergar
con naturalidad y holgura a los distintos pueblos de España, fue la
iniciativa más audaz y de mayor aliento histórico de las que hubieron de
afrontar los constituyentes de 1978.
Reconocer, respetar y dar una respuesta jurídica y política suficiente,
no sólo a la diversidad de España, sino a la plena asunción de su
heterogeneidad por sus hechos diferenciales, e invertir un secular
proceso de concentración de poder, suponía acometer una experiencia
históricamente inédita. Un proceso de tal envergadura está
inevitablemente sujeto a resistencias, a posibles errores, pausas e
impulsos.
Con la experiencia acumulada en estos 16 años, yo tengo la convicción del
acierto del diseño del Estado de las Autonomías hecho por la
Constitución. Pienso que representó y representa una opción política
irreversible que está llamada a otorgar a la fisonomía de nuestro Estado
una modernizadora transformación.
Desde la aprobación de los primeros estatutos, catalán y vasco, hasta la
reciente inclusión en el mapa autonómico de las ciudades de Ceuta y
Melilla, todo el desarrollo del Estado de las Autonomías se ha venido
realizando mediante amplísimos acuerdos políticos, prolongación del
propio consenso constitucional.
La preservación de ese consenso, en consideración de que estas materias
forman parte del propio «bloque de la constitucionadlidad», será
orientación permanente de la acción del Gobierno, si obtengo la confianza
de la Cámara.
En lo que al desarrollo autonómico se refiere, el consenso no es un
método: es un requisito. Y en esta legislatura, tenemos que dar un nuevo
impulso a esta tarea y, con esta convicción, presento a la Cámara un
programa que se inspira en cuatro principios: El principio de lealtad al
proyecto democrático común de «proteger a todos los españoles y pueblos
de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas,
tradiciones, lenguas e instituciones», como dice el preámbulo de nuestra
Constitución, y de garantizar la
igualdad básica de los españoles en cualquier parte del territorio
nacional.
El principio de solidaridad, valor fundante de nuestro ordenamiento
constitucional, que reclama como condición la colaboración entre todas
las Administraciones, la potenciación de todos los foros y procedimientos
de cooperación y el fomento de todas las posibilidades de arbitraje.
El principio de estabilidad, ya que la propia naturaleza del Estado de
las Autonomías y el obligado gradualismo de su puesta en marcha explican
los diferentes ritmos e intesidad de su configuración. En esa
flexibilidad reside una de sus virtudes, que ha permitido, y no debe
dejar de permitir en lo sucesivo, su acomodación a los factores
diferenciales. Con la ineludible pretensión de estabilidad, el impulso
que el Gobierno adopte se encaminará a la búsqueda de un marco que
delimite, con precisión y vocación de permanencia, las competencias y
atribuciones de cada nivel territorial de poder.
El principio de modernización, porque la redistribución del poder no
puede desvincularse de los objetivos de conseguir un mejor servicio a los
ciudadanos, hacer una democracia más próxima, mediante una simplificación
del modelo administrativo, y una enérgica reducción del gasto público.
Bajo la inspiración de estos cuatro principios, la política del Gobierno,
si obtengo la confianza de la Cámara, perseguirá los siguientes cinco
grandes objetivos: En primer lugar, el desarrollo estatutario y los
traspasos competenciales. En el marco del «bloque de la
constitucionalidad», se abordará el pleno desarrollo de los Estatutos de
Autonomía aprobados en virtud del artículo 151 de la Constitución.
Nos proponemos, asimismo, completar el proceso de transferencias acordado
en los pactos de 1992, para que las comunidades del régimen del artículo
143 asuman la plenitud de las competencias previstas en sus propios
estatutos y, muy singularmente, la competencia en materia educativa. Una
renovación de aquel pacto debe servir para que dichas comunidades
alcancen sus máximos niveles de autogobierno.
Con este mismo espíritu, anuncio mi compromiso de impulsar la tramitación
consensuada de la reforma de los Estatutos de Canarias y Aragón, cuyos
proyectos tuvieron entrada ya en esta Cámara durante la pasada
legislatura.
En segundo lugar, un nuevo modelo de financiación autonómica. Desde la
construcción del Estado Autonómico, ha tenido lugar un intenso proceso de
descentralización del gasto público en favor de las comunidades
autónomas. Hoy, éstas disponen ya de más del 25 por ciento del gasto
total de las Administraciones Públicas. Pero convendrán SS. SS. en que el
que las comunidades autónomas sean crecientemente unidades gestoras de
gasto sin apenas responsabilidad en materia de ingresos, no es coherente
con lo que predica la Constitución al incluir la autonomía financiera
como elemento esencial del autogobierno de las nacionalidades y regiones.
Y convendrán también que, desde la promulgación de la Ley Orgánica de
Financiación de Comunidades Autónomas, se ha avanzado escasamente en esta
dimensión sustancial de la autonomía.
Las tres Administraciones que configuran el Estado Autonómico (la
Administración Central del Estado y las Administraciones Locales) tienen
responsabilidades en materia fiscal. Deben pedir a los ciudadanos, por
vía de impuestos, los recursos que necesitan para sus gastos. En cambio,
las comunidades autónomas con un nivel de gasto tan importante no tienen
que asumir responsabilidades en materia fiscal frente a sus ciudadanos.
Si me permiten la expresión, ésta es una asignatura pendiente del Estado
de las Autonomías, y no es casual que, tanto el Partido Popular como la
mayoría de las formaciones que concurrieron a las elecciones, incluyeran
en sus programas el principio de la corresponsabilidad fiscal.
Pues bien, ha llegado el momento de impulsar un modelo de financiación
autonómica coherente con los postulados constitucionales y que sirva a la
nueva organización territorial del Estado. Este modelo debe descansar en
tres grandes principios: La suficiencia financiera, que permita acercar
los recursos de las comunidades a la cobertura de los gastos necesarios
para llevar a cabo los servicios que tienen encomendados; la solidaridad,
que garantice las prestaciones y servicios a todos los ciudadanos, sea
cual sea su lugar de residencia y valorando las diferencias de coste en
la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo, y que
permita avanzar en la disminución de los desequilibrios económicos
interterritoriales existentes; y la corresponsabilidad fiscal, para dotar
a las comunidades de capacidad normativa suficiente, de modo que asuman
ante sus ciudadanos las decisiones políticas que, en el ejercicio de su
autogobierno, deban adoptar.
Reitero que esta reforma ha de enmarcarse en el compromiso de austeridad
entre las administraciones públicas, con la finalidad de que quede
garantizado, en todo caso, el efectivo cumplimiento de la reducción del
déficit.
El modelo de corresponsabilidad fiscal se propone: atribuir a las
comunidades autónomas capacidad normativa sobre los tributos cedidos, con
los límites que se acuerden; otorgar a las comunidades autónomas una
participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los residentes en sus territorios de hasta un 30 por ciento,
participación que se fijará en función del nivel de competencias y del
volumen de recursos.
Debo subrayar que el sistema es generalizable a todas las comunidades
autónomas no forales; que no debe implicar un aumento de la presión
fiscal, puesto que la Hacienda central reducirá su participación en el
impuesto con objeto de atribuir a las comunidades autónomas la parte que
les corresponda de capacidad
recaudatoria; que la autonomía normativa de las comunidades se
circunscribirá a la fijación de la tarifa y a la determinación de las
deducciones; y que para la mejor gestión del impuesto las comunidades
autónomas participarán en la administración tributaria.
El Gobierno propondrá al Consejo de Política Fiscal y Financiera el
programa cuyas líneas básicas acabo de exponer a SS. SS., para el
desarrollo en el próximo quinquenio 1997-2001. Haremos en el seno del
Consejo el mayor esfuerzo para alcanzar el más amplio acuerdo. Y quiero
expresar a la Cámara mi confianza en que tal consenso se logre, porque el
modelo propuesto será un importante factor de modernización de nuestro
sistema fiscal, promoverá la consolidación del Estado autonómico y
acentuará la conciencia de responsabilidad democrática de todos los
ciudadanos en el sostenimiento de las cargas públicas.
El nuevo modelo responde plenamente al principio de solidaridad porque,
en todo caso, quedan garantizados los servicios y prestaciones esenciales
a todos los ciudadanos, y porque el Estado contará con los recursos
suficientes para impulsar las políticas de redistribución territorial en
favor de aquellas comunidades que más necesiten del apoyo general.
En tercer lugar, la reforma de la Administración del Estado. Hemos de
reconocer que aún no hemos sido capaces de traducir la organización
territorial del Estado diseñada por la Constitución al nuevo modelo
administrativo que requería. El traspaso de competencias no ha producido
la razonable reducción correlativa de la Administración del Estado, ni en
sus órganos centrales ni en los periféricos.
La reforma de la Administración periférica del Estado debe entenderse
como una lógica consecuencia del desarrollo del Título VIII de la
Constitución y, como tal, debe extenderse a todas las comunidades
autónomas.
La única figura constitucionalmente prevista es la del delegado del
Gobierno como representante de éste en cada comunidad y como responsable
de la dirección de los órganos de la Administración periférica. Vamos a
desarrollar esa previsión constitucional. En las comunidades
pluriprovinciales existirá, además, en cada provincia un funcionario,
subdelegado del Gobierno, jerárquica y orgánicamente dependiente del
delegado del Gobierno y nombrado por él.
Esta iniciativa constituye un sustantivo paso hacia el modelo de
Administración única o común recogida en las propuestas electorales de mi
Partido. Pretende, en definitiva, que los servicios que el ciudadano
demanda de los poderes públicos sean prestados por la administración más
idónea por su mayor proximidad.
Los órganos de la Administración central deben también responder
cabalmente a este nuevo modelo. Su simplificación no es un mero
requerimiento circunstancial, derivado de la necesidad de reducción del
gasto. Ha de ser un rasgo permanente del nuevo Estado.
En cuarto lugar, el pacto local. Robustecer las funciones y perfilar
mejor la posición de los entes locales es otra exigencia de este modelo
de Administración única. A tal fin, el Gobierno que presida, si obtengo
la confianza de la Cámara, convocará a los grupos parlamentarios y a la
Federación Española de Municipios y Provincias para proponer un pacto
local, inspirado en los principios de subsidiariedad, autonomía para la
propia gestión, suficiencia financiera y cooperación y coordinación con
las administraciones de ámbito territorial superior.
En quinto lugar, la reforma del Senado. Bajo el imprescindible
presupuesto del consenso, estimo que debe continuar en el Senado la
reflexión que sobre su reforma se inició en la pasada legislatura. Con la
misma intención de intensificar el papel del Senado como Cámara de
representación territorial, considero asimismo de la mayor utilidad la
potenciación de la Comisión General de Autonomías de dicha Cámara.
Señor Presidente, estoy convencido de que los españoles nos reclaman hoy
emprender una decidida acción de revitalización democrática y de
fortalecimiento de los valores constitucionales en las instituciones y en
la vida pública. Debe recuperarse el sentido de las designaciones que
corresponden a las Cámaras para la formación de órganos como el Tribunal
Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral
Central y el Consejo de Radiotelevisión, entre otros. La integridad y la
autonomía de criterio de las personas designadas, acreditadas en sus
trayectorias profesionales, deben constituir la mejor salvaguarda del
buen cumplimiento de su misión. Si, con todo, los resultados alcanzados
no se acreditasen suficientes para garantizar el impecable funcionamiento
de aquellas instituciones, buscaríamos los acuerdos parlamentarios
precisos para introducir las reformas legales que favorecieran la
consecución de aquel fin.
Señor Presidente, he expresado al principio de mi intervención mi
confianza en que el 3 de marzo haya abierto una nueva etapa en la
política española. No podemos, sin embargo, ignorar que fenómenos
preocupantes y algunas conductas graves han causado en los últimos años
un gran daño a nuestra democracia y han contribuido al desprestigio de la
política entre los españoles.
Abordo esta cuestión con la convicción de que el sistema democrático
tiene capacidad para superar los errores, vicios y deficiencias que
pudieran producirse. No podemos abandonar esta vigilante preocupación.
Hemos de ser cuidadosamente fieles a las exigencias del imperio de la
ley. Hemos de ser conscientes de que un Estado que maneja ingentes
recursos públicos debe combatir el riesgo de la corrupción con
procedimientos adecuados y controles eficaces. Hay que reducir los
márgenes de discrecionalidad de los poderes públicos y dar a conocer a
los ciudadanos el coste real de cada servicio,
de cada obra pública, de cada subvención; en definitiva, de cada peseta
que sale de los contribuyentes.
El Gobierno que presida impulsará decididamente la función que el
Ministerio Fiscal tiene encomendada en este campo y reclamará la mayor
ejemplaridad en las conductas de los responsables políticos y de los
gestores públicos.
Una justicia independiente, rápida y eficaz constituye un pilar
fundamental del Estado de Derecho. No es necesario que describa aquí los
problemas que aquejan a la Administración de justicia. Existe una
profunda insatisfacción en los ciudadanos a la que debemos dar respuesta.
Por mi parte, creo que la situación a la que se ha llegado es grave, lo
que obliga a que, sin tardanza y de modo responsable, el Gobierno y la
Cámara tengan que abordar esta cuestión con decisiones y medidas
apropiadas. En ellas se deberá tener como norte el estricto y pleno
cumplimiento de los principios constitucionales y el logro de una
justicia que sirva eficazmente a la sociedad.
Es preciso abrir un debate que examine las reformas que resulte oportuno
introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que
cumpla mejor el modelo constitucional, así como con la finalidad de dotar
de las mayores garantías de independencia y eficacia al Poder Judicial y
recuperar su prestigio. El Gobierno impulsará este debate con la voluntad
de alcanzar el más amplio acuerdo parlamentario.
Asimismo, el Gobierno promoverá la reforma legal oportuna para establecer
un período de espera de aquellos jueces y magistrados que hayan
desempeñado un cargo político antes de que puedan retornar al ejercicio
jurisdiccional o antes de que puedan ser promovidos para la provisión de
órganos constitucionales.
Se procederá también a reformar la Audiencia Nacional con una definición
más estricta de sus competencias y se fortalecerá la autonomía del
Ministerio Fiscal. El próximo Gobierno nombrará Fiscal General del Estado
a un miembro de la carrera fiscal. (Rumores.)
Los ciudadanos demandan una justicia pronta y eficaz. Para responder a
esa demanda, el Gobierno abordará la reforma de las Leyes de
Enjuiciamiento Civil y Criminal, con el fin de reducir los procedimientos
especiales y agilizar los actos procesales.
Para reforzar la tutela de los derechos y libertades es preciso dar, por
fin, cumplimiento al mandato del artículo 53.2 de la Constitución con el
establecimiento de un procedimiento preferente y sumario ante los
tribunales ordinarios.
Señor Presidente, vamos a dedicar una particular atención a lograr una
Administración más moderna, profesionalizada, austera, eficiente y bien
coordinada. Este compromiso exige reducir la Administración del Estado,
que ha crecido de modo injustificable en los últimos años.
El Gobierno estará compuesto por catorce ministerios. Se procederá a
reducir altos cargos, ministerio por ministerio, de modo que se haga
visible, también en la organización de la Administración central, la
austeridad que el ciudadano reclama. Y, con el mismo fin, se reducirá el
excesivo número de organismos y entidades que dependen del Estado.
El próximo Gobierno, si obtengo la confianza de la Cámara, presentará a
la mayor brevedad un proyecto de ley sobre el Gobierno y la
Administración del Estado inspirado en estos principios.
Quiero afirmar en este momento mi confianza en los funcionarios
españoles, a los que hay que tener en cuenta si queremos hacer las cosas
bien y a los que se debe un trato acorde con el servicio que prestan a la
sociedad. Nos proponemos, en este sentido, revisar la aplicación de la
legislación funcionarial vigente para mejorar la solidez de una carrera
administrativa basada en criterios objetivos de mérito, capacidad y
adecuación entre formación y experiencia para la asignación de puestos de
trabajo.
Señor Presidente, requisito esencial para una revitalización efectiva de
la democracia es también garantizar el pluralismo, la libertad de
expresión y el derecho de información en un entorno cambiante en el que
las innovaciones tecnológicas inciden de manera decisiva en aquellos
valores.
El Gobierno impulsará un modelo viable de radiotelevisión de titularidad
estatal que, con mecanismos eficaces, garantice los principios de
objetividad, neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto
al pluralismo, así como un sistema de financiación mixta con los
suficientes medios de control que eviten el endeudamiento irresponsable
en que ha derivado la gestión del Ente Público. Asimismo, remitirá a la
Cámara un proyecto de ley que permita a las comunidades autónomas que lo
deseen la privatización de sus emisoras de radio y televisión.
Señor Presidente, combatir el terrorismo constituye el primer deber del
Estado en defensa de los ciudadanos y de la sociedad española. El
recuerdo de sus víctimas, de tantos ciudadanos inocentes de toda edad y
condición, del dolor de sus familias, es un deber de justicia y un
requerimiento moral que consideramos permanente a la responsabilidad de
todos ante el deber de liberarnos de tan cruel lacra.
La lucha contra el terrorismo ha de caracterizarse por la unidad de las
fuerzas democráticas, la firmeza, el estricto cumplimiento de la ley y la
movilización de todas las energías morales contra quienes lo respaldan.
El Gobierno que presida, si la Cámara me da su confianza, basará su
acción en la preservación y potenciación de los pactos de Ajuria-Enea,
Pamplona y Madrid que constituyen el mejor marco para favorecer la unidad
de los partidos democráticos en esta batalla. Junto a ello, el Gobierno
reforzará la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado e
intensificará la coordinación y colaboración con la policía autónoma
vasca. Asimismo, se continuará e intensificará la más plena y sostenida
colaboración en el ámbito internacional en esta materia.
Al tiempo de celebrarse esta sesión, expresión de nuestra normalidad
democrática, es justo recordar a
aquellos ciudadanos españoles ilegalmente privados de libertad, en
especial al funcionario José Ortega Lara, perteneciente a un Cuerpo
consagrado a tutelar los derechos y a trabajar por la rehabilitación de
la población reclusa.
Señor Presidente, paso a referirme a la política exterior y al proceso de
integración europea.
Si recibo la confianza de la Cámara, el Gobierno continuará la política
exterior de nuestra democracia, iniciada en los primeros gobiernos
centristas. En los últimos veinte años España se ha integrado de pleno
derecho en las grandes estructuras occidentales. Ha logrado así mayor
presencia internacional, cobertura a su seguridad y ampliación de sus
mercados.
Este proceso ha coincidido con los acontecimientos históricos que han
sacudido de lleno al espacio europeo. En este nuevo marco hay objetivos,
sin embargo, que definen de manera permanente nuestra acción exterior:
Primero, la consecución de un orden internacional más seguro, basado en
la paz, en la defensa de la democracia y los derechos humanos y en el
respeto a las normas del Derecho internacional.
Segundo, la seguridad y defensa nacionales que basaremos en la noción de
la suficiencia defensiva.
Tercero, la modernización y fortalecimiento económico de España a través
de la cooperación y el impulso de las relaciones económicas
internacionales, tanto en el plano bilateral como multilateral.
Cuarto, la protección de los españoles, de sus derechos e intereses en el
exterior.
Quinto, la proyección exterior de la cultura española con todas su
diversidad y riqueza.
En el marco de estos objetivos la política europea es la gran prioridad
de nuestro presente. Quiero reafirmar mi convicción de que a España le
corresponde contribuir de la manera más activa y decidida, y con voz
propia, en el proyecto de la construcción europea. Esta será la
orientación fundamental del Gobierno que presida, si obtengo la confianza
de la Cámara.
La Unión Europea va a afrontar en los próximos meses grandes cuestiones,
como su ampliación, las reformas institucionales o el inicio de la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Gobierno, con el
respaldo de la Cámara, deberá fijar posición ante ellas teniendo en
cuenta los intereses de España.
En particular, defenderemos la consideración del Mediterráneo y de
Iberoamérica como objetivos de vital importancia en la proyección
exterior de la Unión Europea; la agricultura mediterránea y de las
regiones menos desarrolladas en el marco de los principios que inspira la
política agraria común, así como nuestros intereses en materia de pesca;
el fortalecimiento de las políticas de desarrollo regional tendentes a
reducir diferencias de riqueza y de renta con una atención particular
para las zonas ultraperiféricas como el archipiélago canario.
Ante estos grandes retos, la política europea requiere el más amplio
respaldo político y social. Para ello me propongo favorecer el debate y
promover acuerdos en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea,
tal y como ya hiciéramos en la legislatura anterior.
Me propongo también fortalecer y hacer más operativa, en la formación de
la voluntad del Estado, la Conferencia Sectorial para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas.
Señor Presidente, es en el marco de la política europea, sin olvidar
ningún otro foro multilateral, donde hay que replantear la reivindicación
de Gibraltar y exigir con firmeza al Reino Unido el cumplimiento de sus
obligaciones, también en lo que se refiere a la lucha contra el
narcotráfico y el blanqueo de dinero, fenómenos agravados en los últimos
años.
Iberoamérica constituye una referencia prioritaria en la proyección
exterior de España. El proceso de transición a la democracia llevado a
cabo por la gran mayoría de las naciones iberoamericanas a lo largo de
los años ochenta significa una ilusionante apuesta civil por la libertad,
por el desarrollo económico y por la integración del subcontinente.
España debe comprometer, por ello, una decidida acción al servicio de la
democracia --hoy todavía frágil en alguno de sus países-- para dotarla de
estabilidad.
El Gobierno desarrollará una política de solidaridad con los pueblos y
países iberoamericanos, instrumentada, en especial, a través de la
cooperación económica y cultural. Impulsaremos la participación creciente
de la Unión Europea en este área y estimularemos los trabajos de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones con programas concretos. El Gobierno
estimulará esos trabajos, con el fin de que adquieran rigor y compromiso,
para que tengan una efectiva proyección en las sociedades de los
respectivos países.
Las relaciones con Estados Unidos deben insertarse principalmente en el
marco de la nueva Agenda Transatlántica, que refleja la solidaridad
profunda entre ambas orillas del Atlántico y la existencia de unos
intereses comunes permanentes.
En relación con el mundo árabe, debo reafirmar aquí el fortalecimiento de
nuestra inalterable actitud de amistad. La política exterior española
tiene en el Mediterráneo, y particularmente en el Magreb, uno de sus
principales escenarios de interés y de proyección. España es un
interlocutor cualificado para cualquier iniciativa de diálogo y
cooperación que se genere en este espacio geográfico y cultural, como se
puso de manifiesto en la Conferencia de Barcelona.
Es imprescindible también intensificar, en defensa de los intereses de
España, nuestra presencia, directa y a través de la Unión Europea, en la
cuenca asiática del Pacífico, especialmente en los campos económico y
comercial.
España seguirá activamente presente en las organizaciones internacionales
de que forma parte. Continuaremos contribuyendo a las actividades de la
diplomacia
preventiva y a las misiones humanitarias y de paz.
Nuestras Fuerzas Armadas llevan a cabo una excepcional labor en la
antigua Yugoslavia. Creo interpretar el sentir de la Cámara al expresar
nuestro profundo reconocimiento por su tarea.
La política de cooperación y ayuda al desarrollo debe llevarse a cabo con
la colaboración de las organizaciones sociales y dar tratamiento
prioritario a los países más pobres y necesitados de Iberoamérica y a los
del norte de Africa.
Por último, en el ámbito de la política de seguridad, el Gobierno
propiciará la participación activa de España en el proceso de adaptación
de la Alianza Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo y apoyará
la ampliación del espacio de seguridad europeo a las nuevas democracias
del Centro y del Este europeo.
Tenemos el resuelto propósito de fortalecer nuestra defensa nacional,
adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo, con la finalidad del
mejor cumplimiento del objetivo de seguridad que debe inspirarla. Este
objetivo viene delimitado por una triple referencia: la aptitud de
nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo las misiones que tienen
constitucionalmente encomendadas, los compromisos con la seguridad
colectiva derivados de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica y la
voluntad de contribuir a los instrumentos específicos de defensa en el
ámbito europeo.
Para la satisfacción de estos fines precisamos unas Fuerzas Armadas más
operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. Y es en esta
perspectiva de preservar mejor el valor de la seguridad en la que se
encuadra nuestra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del actual
modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional, que
ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio. A tal fin,
el Gobierno propondrá la constitución de una ponencia, en el seno de la
Comisión de Defensa de esta Cámara, que estudie, con la voluntad de
alcanzar el mayor consenso, la transformación gradual del modelo, así
como la fórmula y los plazos para la supresión del servicio militar
obligatorio, con una consideración cuidadosa de todos los factores
económicos implicados.
Señor Presidente, acabo de trazar las líneas generales y los puntos
fundamentales del programa de gobierno para el cual solicito la confianza
de la Cámara. El debate me permitirá aclarar o ampliar las cuestiones que
tengan a bien plantear los grupos parlamentarios. Pero antes de él,
permítanme que haga unas consideraciones finales.
El programa con el que me propongo gobernar contiene una serie de
reformas que afectan a nuestra vida social, económica y política. Son
--me parece-- reformas realistas y ambiciosas, cuyos objetivos son
alcanzables, aunque muchos de ellos requieren un notable esfuerzo y una
decidida voluntad política para ponerlas en marcha, y están orientadas a
dar en los próximos años los pasos que España necesita para avanzar en su
modernización: que los ciudadanos sean más libres, la sociedad más
abierta y ofrezca más oportunidades, la democracia funcione mejor, la
economía sea más flexible y dinámica y se fortalezca la solidaridad entre
los españoles.
Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es que caiga en la inercia y en
la resignación. La alternancia en la democracia es el mejor método de
superar estos dos peligros, porque nadie posee el don de disponer de
recetas válidas para todas las estaciones.
Pero en una sociedad compleja, desarrollada y democrática, los avances
han de hacerse por la vía de las reformas. Lo que quiere decir que hay
que asumir todo lo válido que se recibe y adoptar las medidas que
favorezcan el dinamismo de la sociedad.
El programa de gobierno se basa en la confianza en la sociedad española,
porque en los próximos años el protagonismo de ese esfuerzo modernizador
ha de corresponderle más intensamente a ella. Si se me permite decirlo
así, a los poderes públicos les compete servir con más modestia y mejor a
la sociedad española. En todo caso, este impulso reformador exigirá mucho
diálogo, mucha comprensión recíproca y el abandono de muchos prejuicios.
Es a lo que yo invito a las fuerzas políticas y a todos los españoles.
Sólo con reformas en la buena dirección la economía progresará, se
consolidará y mejorará el Estado social de Derecho, se fortalecerá
nuestra convivencia y podremos participar desde posiciones sólidas en la
construcción europea.
No podemos quedarnos parados. Avanzando juntos, reconociendo nuestro
pluralismo y diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes,
actuando con lealtad a la Constitución, España podrá afrontar los
problemas que tiene planteados y seguir construyendo su historia.
Señoras y señores Diputados, para tales propósitos solicito la confianza
de la Cámara. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Vamos a interrumpir la sesión, que continuará a partir de las cuatro y
media de esta tarde.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del
mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González
Márquez.
El señor GONZALEZ MARQUEZ: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna
para explicar la posición del Grupo Socialista en este debate de
investidura.
Señor Aznar, esta mañana escuché, con atención y algún esfuerzo, su
intervención (Rumores.). Pero debo decirle que yo he hecho cuatro como la
que usted hizo esta mañana y he oído todo tipo de comentarios o de
lindezas sobre el carácter en sí mismo de la intervención. Por tanto, no
caeré en esa tentación, naturalmente. El discurso de investidura es un
discurso de orientaciones generales casi siempre, y yo creo que, en las
orientaciones generales, usted ha tenido la corrección de no levantar
aristas que pudieran suscitar polémicas innecesarias. Por consiguiente,
voy a facilitar la tarea de la investidura, entre otras cosas colaborando
con intervenciones lo más breves posible para que debates de este tipo,
que a veces a mi juicio hemos alargado innecesariamente, sean
soportables.
En primer lugar, haré algunas consideraciones políticas de carácter
general. Antes de la campaña electoral, pero también en la noche del 3 de
marzo, ya afirmé que quien tenía la responsabilidad de la formación de
Gobierno era el partido más votado y también el partido con mayor
representación parlamentaria. Esta mañana lo recordaba S. S. y, a pesar
de que la distancia hubiera sido corta, desde el primer momento expresé
una convicción que he defendido a lo largo de toda la experiencia
democrática en nuestro país. Por eso precisamente he tratado de
mantenerme con el máximo respeto durante el período en que se han ido
desarrollando las negociaciones para fijar algunos pactos que permitieran
la investidura o el arranque del nuevo Gobierno.
A continuación, debo decir --quizás deban saberlo todos los ciudadanos--
que no nos sentimos, naturalmente, responsables del contenido de los
acuerdos. No es que esté en contra de esos acuerdos, sino que no somos
responsables de su contenido, no hemos participado en su elaboración y,
en algunos casos, nos suscitan dudas o críticas.
Segunda consideración política, también muy breve, sobre el valor de la
estabilidad política. En los últimos años, yo personalmente he defendido
el valor de la estabilidad política y he hecho a veces la consideración
de que los países democráticos con mayor solvencia son aquellos que
respetan los períodos de legislatura. Ya sabemos que un Gobierno puede
pasar por dificultades de cualquier tipo, de todo signo, y que ese
Gobierno, por consiguiente, puede estar sometido a la crítica más o menos
dura, a veces incluso a la descalificación de carácter personal, por
parte de la oposición. Sin embargo, la Constitución nos permite recursos
ante situaciones con las que uno no está de acuerdo, incluso con las que
está profundamente en desacuerdo, como es la moción de censura, que
tienden a evitar el acortamiento de la legislatura, y por tanto a evitar
la fragilización de esos períodos que a mi juicio deberían ser estables.
Por consiguiente, en ningún caso me va a oír decirle: Váyase, señor
Aznar. Le pediré: Gobierne, señor Aznar. (Rumores.)
Desde la oposición --todavía tengo que hacer un cierto esfuerzo para
cambiar el chip (Risas.)--, nosotros haremos lo posible por que la
legislatura sea estable y dure. La estabilidad es un valor en sí mismo,
es verdad que hay que aprovecharla para desarrollar programas, pero es un
valor político que todos tenemos que acostumbrarnos a defender. Usted va
a tener la fortuna de que yo lo he defendido en el Gobierno y,
naturalmente, no voy a hacer lo contrario estando en la oposición. Tal
vez ésa sea una de las ventajas de inaugurar un nuevo período.
En tercer lugar, querría hacer una consideración sobre la importancia
--también me lo han oído con frecuencia-- de la participación de los
nacionalismos moderados en la gobernabilidad del Estado. Espero que esta
participación que ahora se inaugura sea el fruto de la convicción y no el
mero fruto de un resultado electoral. Yo tengo una buena y positiva
experiencia de la relación con el nacionalismo moderado. Hemos podido
cooperar, colaborar seriamente, hemos tenido conciencia clara de su
sentido de la responsabilidad en temas de Estado; por consiguiente, no
tenemos nada que reprochar a esta experiencia, que para nosotros ha sido
extraordinariamente positiva.
Es cierto que no hemos llegado a determinados tipos de acuerdo que ahora
se han obtenido en un plazo de tiempo relativamente corto. No sé si
felicitar al señor Molins como negociador, al señor Anasagasti o a los
representantes de Coalición Canaria, pero en todo caso creo que merecen
una cierta felicitación, porque sí es verdad que han avanzado en sus
reivindicaciones y han obtenido unos resultados interesantes. Pero yo,
que quiero hacer toda la intervención con carácter constructivo, retengo
de su intervención de la mañana algo que me importa particularmente.
Usted, entre otros temas y ofertas de diálogo --que acojo, sin duda,
positivamente--, ha dicho que el desarrollo autonómico, el desarrollo del
Título VIII de la Constitución, exige para usted el consenso como
requisito, y se lo agradezco. Se lo agradezco porque nosotros estamos
dispuesto a ir hacia ese consenso o a mantener esa política de consenso
en el desarrollo del Título VIII.
He dicho antes que algún pronunciamiento iba a hacer sobre los pactos,
pero desde ahora advierto que los pronunciamientos tendrán su ocasión,
naturalmente, en cada paso que se dé en su desarrollo en los próximos
meses. Ahora, quizás, en función de la transparencia que usted alegaba
desde la tribuna --y no le falta razón--, habría que contribuir a
despejar algunos de los problemas que se plantean con los pactos. Y se
plantean problemas de diverso tipo, desde luego de tipo legal: hay que
hacer una modificación del IRPF --va de suyo--, que en su primera fase
--salvo las manifestaciones que usted ha hecho esta mañana--
probablemente hará más complejo el impuesto, en lugar de más simple. En
la próxima declaración se incorpora
la nueva capacidad normativa de las autonomías, lo que hará sin duda más
complejo el impuesto; hay que modificar la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas, profundamente ligada al desarrollo del
Título VIII --esa modificación exigirá, por tanto, un amplio acuerdo,
posiblemente o deseablemente un consenso--, y hay que modificar todos y
cada uno de los estatutos de autonomía. Veo que alguno dice que no con la
cabeza pero, si cada autonomía tiene que legislar sobre el Impuesto sobre
la Renta, evidentemente tiene que incorporar a su normativa interna ese
tramo que se les cede, sea cual sea, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y esa incorporación tiene rango legal. Para hacerlo,
hay que modificar los estatutos, que no prevén esa capacidad normativa
porque la propia LOFCA no sólo no lo prevé sino que lo excluye. Por
tanto, habrá que modificar los estatutos de autonomía. (Rumores.) Hay
más. Muchos estatutos de autonomía transcriben artículos de la LOFCA que
son importantes desde el punto de vista estatutario y que probablemente
habrá que modificar. Pero también hay alguna complejidad desde el punto
de vista de la gestión: la participación de las comunidades autónomas en
la Agencia Tributaria puede ser un factor positivo en el desarrollo de la
propia gestión, pero también será una complicación tener diversas tarifas
de impuesto a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y esto
creará, lo veremos en la práctica, una gran complejidad y una gran
dificultad desde el punto de vista de la gestión.
A mí, sin embargo, me gustaría que aclarásemos sobre todo --que aclarase
S. S., porque estoy seguro de que tienen las proyecciones perfectamente
hechas-- algunos aspectos importantes del problema al que usted se ha
referido más ampliamente en el desarrollo autonómico, que es el problema
de la financiación de las comunidades autónomas a raíz del pacto que,
según hemos oído esta mañana, seguramente usted transformará en una
oferta al conjunto de las comunidades autónomas a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera en la búsqueda de un consenso como base para
el desarrollo del Título VIII. Me gustaría que se aclararan algunas
cuestiones, pocas, para no hacerlo muy farragoso. En primer lugar, cuál
es el año base para el cálculo del nuevo sistema de financiación. ¿Va a
ser 1993, 1994 o 1996? El que sea, pero es absolutamente determinante
para saber la evolución que va a tener la financiación; financiación que,
sin duda, aumentará para la prestación de los mismos servicios. Y esto me
lleva a plantear la siguiente cuestión: ¿en qué cuantía prevé S. S. que
va a aumentar esta sobrefinanciación para la prestación de los servicios
de las comunidades autónomas? Y si va a haber una mayor financiación para
las comunidades autónomas, sería importante saber si la cesión del IRPF y
las consecuencias que plantea la misma, que nosotros hemos comprobado con
la cesión del 15 por ciento, se hará con tope o sin él. El resultado
desde el punto de vista financiero será radicalmente distinto.
Tampoco es irrelevante saber de dónde sale el aumento de la financiación.
¿Habrá más ingresos previstos, menos gastos en la Administración Central,
o habrá un incremento del déficit? Y seguramente será muy importante,
desde Asturias a Baleares, saber qué significa para cada comunidad
autónoma ese nuevo sistema de financiación, cómo se reparte la cuantía,
que seguramente ya se ha calculado al hacer la oferta del nuevo sistema.
Me gustaría saber también cómo va a funcionar el acuerdo en materia
sanitaria. Nosotros queríamos haber cerrado el año 1994; hace
aproximadamente veinte días recibimos la información de su partido de que
era mejor no cerrarlo, y seguramente será interesante saber cuál es la
interpretación exacta de los acuerdos en materia sanitaria para 1994,
1995, 1996 y 1997, que es el período de duración del actual pacto de
financiación en materia sanitaria.
Esta mañana ha hablado usted algo del método de negociación, al que yo me
quiero referir. Sin duda el método de negociación es, en principio,
impecable. Hay que llegar a determinados acuerdos con grupos políticos
que faciliten la mayoría, y esto, repito, me parece impecable. Estoy
totalmente de acuerdo. No tengo de ninguna manera por qué recordar que no
fuera así en períodos anteriores, pero yo creo que esto es lo que
lógicamente se debe hacer para completar una mayoría. A partir de ahí
debo decir que el método debe comprender necesariamente una oferta al
conjunto de las comunidades autónomas y, si me lo permite, de los
partidos políticos que forman la Cámara, entre otras cosas porque la
modificación de la LOFCA exigirá, creo yo, al menos el mismo grado de
consenso que cualquier desarrollo del Título VIII, y habrá que tomar como
base de la negociación la base técnica que los responsables del Libro
Blanco sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas nos han ofrecido. Esa base técnica está en parte tomada para
los acuerdos, en lo que se puede deducir de los acuerdos, con las
comunidades autónomas, pero hay una parte que no se recoge, aunque se
apela al principio de solidaridad, cosa que compartimos todos.
La discusión entre nosotros no va a ser de principios, no va a ser sobre
autosuficiencia financiera, no va a ser sobre corresponsabilidad
--depende lo que se entienda, naturalmente, por corresponsabilidad--. En
Alemania todo el mundo sabe que todos los länder son corresponsables
fiscalmente y nunca se ha cedido normativamente ni el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas ni el Impuesto sobre el Valor Añadido
porque consideran que afecta a la unidad de mercado. El sistema de
financiación se basa en una participación en esos tributos; es
corresponsable fiscalmente, no hay ninguna duda en eso, pero se ha
seguido un camino distinto que probablemente sería más correcto. Mire que
lo pongo incluso en condicional para dejar
abierta la posibilidad de un debate a fondo en los próximos meses sobre
la negociación del nuevo sistema de financiación. Creo que además debe
ser un debate sosegado. Debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y, sin duda, debe pasar por el Parlamento para que sea un
debate con todos.
Estoy de acuerdo, aunque esté ausente y por eso salgo de la política de
pactos, en que la reforma del Senado hay que proseguirla, y estamos
completamente dispuestos a un diálogo que nos lleve a una política de
consenso en la reforma del Senado. Así como también estoy de acuerdo en
que hay que desarrollar un pacto local. Sería desequilibrado que hubiese
un desarrollo del Título VIII sin darle un nuevo impulso al pacto local;
compromiso que creo que programáticamente tienen prácticamente todos los
partidos de ámbito nacional estatal.
A partir de estas consideraciones sobre los pactos, me gustaría, aunque
fuera brevemente también, hacerles algunas consideraciones sobre nuestra
tarea desde el punto de vista de la oposición.
Lo primero que me gustaría decirle es que nosotros, naturalmente, vamos a
defender nuestro proyecto político y nuestro programa; pero vamos a tener
la máxima disposición a consensuar los temas de Estado. Y, sobre la base
de esos dos elementos, sustanciales para comprender la tarea de la
oposición, añadiré otro. Vamos a hacer un esfuerzo por eliminar cualquier
tipo de crispación en la vida política que pudiera transmitir, al mismo
tiempo, ansiedad o crispación a la sociedad española. Por tanto, vamos a
ahorrar a S. S. cualquier tipo de descalificaciones que puedan inducir a
cualquier tipo de crispación. Queremos hacer una oposición sosegada y una
oposición que a veces será firme o muy crítica, pero que trataremos de
que nunca pierda la forma necesaria para mantener ese sosiego y para
intentar evitar cualquier tipo de crispación.
En la defensa de nuestro proyecto político, quiero empezar repitiendo
algo que he dicho en los últimos meses y que puedo ahora reiterar aquí.
Quiero defender una España tolerante. Algunos ejemplos de intolerancia
hemos vivido en los últimos tiempos y creo que es necesario un esfuerzo
de todos para superar esos elementos de intolerancia, que estaban muy
arraigados en nuestra historia pasada, pero que la transición procuró
superar y contribuyó mucho a superar, aunque a veces uno tenga la
sensación de que se han producido retrocesos parciales.
Puede contar con nosotros en el apoyo a una política económica que cumpla
los criterios de convergencia. Venimos haciendo este esfuerzo (el acuerdo
con Convergència i Unió le facilitará la comprensión de este esfuerzo en
el que han colaborado en los últimos años) y creemos que es perfectamente
cumplir los objetivos de Maastricht en el momento en que hay que
cumplirlos. Por tanto, a finales de 1997 es perfectamente posible. De
momento, hay que decirle a todos los ciudadanos que ningún país de la
Unión Europea los cumple, salvo Luxemburgo. Algunos se están separando de
los objetivos ahora. Nosotros llevamos años acercándonos a los objetivos.
(Rumores.) Quizá con precisión habría que decir, simplemente como
información, que en este momento sí se cumple el de tipos de interés.
Estamos dentro de los criterios en tipos de interés. Pero evoluciona bien
la inflación; evolucionan bien las cifras económicas en su conjunto;
evoluciona bien el déficit; tenemos un mejor equilibrio con el exterior;
están bajando los tipos de interés y probablemente, a partir de las
señales que se transmitan desde el nuevo Gobierno pueden, porque tienen
margen, bajar aún más, y el mercado de trabajo funciona razonablemente
mejor que lo hacía antes. Naturalmente, no voy a hacer una exposición
detallada, en aras de la brevedad, sobre cuáles son las características
de esa situación económica que, desde luego, es mejor que la que había
cuando iniciamos la legislatura de 1993. A mucha distancia es
saludablemente positiva y, además, algunos de los técnicos que la
analizan dicen que, en cuanto a evolución económica, es de libro. Empezó
tirando el comercio exterior, después la inversión y ahora reanimándose
poco a poco el consumo.
Pero coincido con S. S. en que el objetivo fundamental debe ser la
creación de empleo. Y coincido, además, en que es fundamental un diálogo
social para intentar aprovechar al máximo las oportunidades de creación
de empleo. Como le he dicho que vamos a analizar el desarrollo de los
pactos a lo largo de los próximos meses, sería inútil analizarlos hoy en
todo su contenido. Esta mañana le oí decir que el Gobierno haría
políticas activas de empleo, pero serán distintas o nuevas, porque una
parte de las políticas activas, si no todas, han sido en los pactos
objeto de transferencia a las comunidades autónomas. Creo, sin embargo,
que puede y debe haber una política de ámbito nacional estatal o unas
políticas activas de empleo. Cuando discutíamos en las propuestas de
Essen, a nivel de la Unión Europea, las políticas activas de empleo,
nadie ponía en cuestión que eran políticas de ámbito estatal, con una
coordinación a nivel de la Unión Europea. Aunque sea molesto poner el
ejemplo --lo he oído muchas veces en los últimos días-- de la
descentralización o de la descentralizada política de la República
Federal de Alemania, allí existe un instituto federal de empleo, lo cual
no quiere decir que no haya en cada länder políticas de empleo, pero
existe un instituto federal de empleo que tiene como misión,
naturalmente, hacer proyectar las políticas de empleo a todo el espacio
económico de la República Federal de Alemania.
Nos encontrarán participando activamente en la generación de esas
políticas de empleo, sin duda el principal problema o el principal
desafío con el que se encuentra nuestro país. Y nos encontrarán
insistiendo en una reflexión sobre la necesidad de buscar un cierto grado
de reparto del tiempo de trabajo disponible. Este es un debate que de
aquí a que acabe esta legislatura que empieza ahora se va a abrir
prácticamente en
todos los países de la Unión Europea. Lo que sugiero es que se abra de
manera ordenada, que se abra sin tentaciones demagógicas, porque estoy
absolutamente de acuerdo en que el triángulo competitividad, empleo y
mantenimiento del Estado de bienestar es absolutamente inseparable. Si a
alguien se le ocurre proponer una política de empleo que ponga en crisis
la competitividad de nuestras empresas, algunos dicen que de nuestra
economía, hará una política de desempleo, aunque sea de buena fe. Por
tanto, incrementar la competitividad para aumentar la base productiva del
país me parece un requisito indispensable.
Algunas veces he dicho que el crecimiento económico sano y duradero es
una condición necesaria para la generación de empleo, pero se ha
demostrado que no es una condición suficiente y todos los países están
intentando buscar formas para encontrar solución, respuesta a un problema
como es el del empleo que en cada crisis industrial produce una mayor
cantidad de desempleados que tardan más tiempo en recuperar su puesto de
trabajo y, por tanto, que afecta a lo que se llama desempleo estructural.
Podríamos, naturalmente, extendernos más en esto, pero creo que las ideas
básicas están expresadas con lo que le digo.
También será obligación nuestra defender el Estado del bienestar. Tengo
que agradecer que en su intervención de la mañana no sólo no se haya
cuestionado el esfuerzo que venimos haciendo en los últimos años para
sentar las bases de un Estado del bienestar, sino que se haya reconocido
como un elemento cuasi constituyente, desde el punto de vista del
mantenimiento de la cohesión de la sociedad española. Pues bien, en la
medida en que este Gobierno ha podido, ha tenido que contribuir a sentar
las bases de un sistema de pensiones, de un Sistema Nacional de Salud o
de un sistema educativo, en la medida en que este Gobierno ha contribuido
a sentar las bases para que este sistema, ese Estado del bienestar
exista, no tengo más remedio que reconocer que su discurso en esa materia
es prudente, que recoge o reconoce el esfuerzo que la sociedad española
ha hecho en los últimos años.
Estamos dispuestos a hablar de la reforma de la Seguridad Social de
acuerdo con el llamado Pacto de Toledo. Tiene usted la plena
disponibilidad del Grupo Socialista. Queremos que el Pacto de Toledo se
recoja en su totalidad y con su propia filosofía y finalidad. Nuestro
sistema de pensiones se basa en esos tres pies que deben seguir
firmemente: el contributivo, el no contributivo y un complementario
voluntario. Ese sistema contributivo, a nuestro juicio, puede ser
reformado pero no debe cambiar. Esa es la mejor garantía de medio y largo
plazo para nuestros pensionistas.
El compromiso al que usted hacía referencia en la mañana de mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones me ahorra extenderme en ese punto.
Hay un acuerdo, como conoce S. S., hasta el año 1997, que era el período
de la legislatura; acuerdo que, a mi juicio, tiene un carácter vinculante
desde el punto de vista jurídico, pero que probablemente con la formación
de un nuevo Gobierno se hubiera podido poner en cuestión. Yo me
congratulo de que no se ponga en cuestión y, por tanto, se defienda la
evolución de las pensiones manteniendo su poder adquisitivo. Lo mismo
debería decir del sistema sanitario. El sistema sanitario ha
proporcionado no sólo una cobertura universal, sino que ha ido mejorando
paulatinamente su gestión. Lo que ha hecho usted hoy ha sido ofertar una
mejora en la calidad de los servicios del sistema sanitario. Si es así,
si se trata de mejorar el sistema sanitario, por esa vía nosotros
seguramente estaremos siempre de acuerdo; si se trata de dar un paso
atrás en este Sistema Nacional de Salud, con competencias repartidas en
un 60 y un 40 por ciento aproximadamente entre comunidades autónomas y
Gobierno central, si se trata de dar un paso atrás, nosotros estaremos
radicalmente enfrente.
Con la educación, la verdad es que, aun habiendo seguido con atención sus
palabras, no he sido capaz de inferir de ellas si va a haber cambios
desde el punto de vista legal en el sistema educativo. No digo que me iba
a producir extrañeza, porque por parte de su grupo no ha habido apoyo a
las leyes que han desarrollado el sistema educativo, pero comprenderá le
diga que nosotros vamos a defender el sistema educativo que hemos
desarrollado en los últimos años y lo vamos a defender también en el
futuro; por tanto será un motivo de acuerdo o de desacuerdo, en función
de las propuestas que hagan ustedes a lo largo de la legislatura.
Quizá sea necesario recordar algunas cosas que han estado relativamente
ausentes de su discurso. Yo no he hecho un relato de ausencias, porque es
absurdo, se hace siempre en todos los discursos de investidura y siempre
también en todos los debates sobre el estado de la Nación se hace el
relato de lo que uno no se acordó de decir o no tuvo interés en decir,
como para colocarle enfrente a algunos colectivos de una u otra
naturaleza. Esto me parece relativamente ridículo; los ciudadanos
comprenden que en un discurso no cabe todo, y como no cabe todo, uno
tiene que ir a elementos sustanciales. Sin caber todo se puede tardar una
hora y veinte minutos o incluso hora y media, como yo he tardado a veces;
si se va a los elementos de detalle, sencillamente no se acaba. No se
preocupe, yo voy a ser más breve que usted, con diferencia
(Risas.--Rumores.); no siempre ha sido así. Esta va a ser una legislatura
mucho menos crispada. Estén calmados; va a ser mucho más divertida, menos
crispada, en serio. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista).
Me refería a la necesidad de continuar el proceso de modernización de
nuestro país. Usted ha hecho una referencia a las telecomunicaciones, que
son sin duda un factor clave para la modernización, pero le ruego no
olvide que en algunos de sus compromisos --me parece que con Coalición
Canaria, creo recordar-- incluso se cita literalmente el Plan Director de
Infraestructuras. Me parece importante que no se olvide que
existe ese plan, que naturalmente un Gobierno puede establecer
modificaciones o alterarlo, incluso olvidarlo; pero quizá sea de
agradecer --no sé si se lo debo a Coalición Canaria o al propio Partido
Popular-- que aparezca literalmente el Plan Director de Infraestructuras,
que no aparecía esta mañana en su intervención.
El esfuerzo que está haciendo el país --olvido, además, reiterar cuánto
más o cuánto menos ha hecho el Gobierno-- en capital físico es muy
grande, y todavía queda un trecho importante del camino por recorrer. Ese
esfuerzo en capital físico nos ha acercado, en términos de modernización,
a otros países de la Unión Europea y, naturalmente, es un factor externo
que ayuda a la competitividad. Pero, además de las telecomunicaciones, yo
le rogaría que hicieran el máximo esfuerzo para intentar que haya un buen
programa de distribución de aguas, un Plan Hidrológico Nacional. Yo no sé
si resulta o no conflictivo hablar de ello, sólo lo menciono, porque
sobre eso hay ya demasiada literatura acumulada como para insistir
demasiado.
He dicho, además, señoría, que contará con nosotros, y por tanto habrá
una política de consenso, en las tareas de Estado. Usted ha citado
algunas como la lucha contra el terrorismo. Puede tener la garantía de
que nosotros vamos a apoyar la acción de Gobierno en la dirección
establecida en los pactos de Ajuria Enea, de Navarra, de Madrid, y,
naturalmente, lo vamos a hacer de tal manera que cualquier tipo de
discrepancia que se pudiera producir en relación con el desarrollo de esa
política no dé lugar a un debate público que pudiera favorecer a los
terroristas, sino que la discrepancia se sustancie en el seno de los
pactos, para que de verdad haya no sólo la sensación, sino la realidad,
de apoyar cerradamente, de apoyar consensuadamente una lucha contra la
lacra del terrorismo. En alguna ocasión creo que personalmente le he
dicho --ahora se lo digo públicamente-- que en toda clase de políticas
puede haber errores, en la lucha contra el terrorismo también, pero eso
se sustanciará en el seno de los pactos, como debe ser a mi juicio, desde
el punto de vista del desafío que tenemos por delante.
Ha citado usted --y se ha extendido un poco más en ello-- la política
exterior y la construcción europea como elementos de consenso. Sólo debo
decirle que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho esta mañana. Hemos
venido defendiendo las políticas que usted ha expuesto a lo largo de la
mañana, con menciones a veces tan específicas como la Conferencia de
Barcelona en relación con la política mediterránea o las cumbres
iberoamericanas en relación con América Latina. No tengo nada que objetar
a lo que ha dicho usted esta mañana en política exterior; esa política la
venimos practicando y es verdad que venimos haciendo en los últimos años
un esfuerzo de consenso que debe continuar.
Me gustaría añadir algo que dijimos en la pasada legislatura. Las
reformas en materia de justicia son, sin duda, importantes. Son reformas
que afectan a la estructura --usted citaba algunas otras esta mañana--,
al funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestro Estado. Nosotros
en la anterior legislatura ofrecimos que hubiera consenso en las grandes
reformas en materia de justicia. Su partido no lo aceptó, cosa que yo
respeté y respeto. En este momento le hago la oferta contraria que es la
de consensuar las reformas en materia de justicia. No ha sido esa materia
una de las que usted ha señalado, sin embargo ha señalado otras para el
diálogo; todas, todas como diálogo serán aceptadas por nosotros, desde
luego las que se refieren a un consenso en materia de desarrollo
autonómico. También ha ofrecido ese consenso de la reforma de la
Seguridad Social. En eso, en todas esas materias que ha ofrecido diálogo,
que son muchas, puede usted contar con una actitud dialogante por parte
del Partido Socialista.
A partir de mañana que usted será investido Presidente del Gobierno,
nosotros pasaremos a ser oposición y alternativa de Gobierno y como
tal... (Rumores.) Créanme, yo soy un demócrata convencido y no me pesa
nada, nada. Quizá algunos lo entiendan mal pero no me pesa en absoluto.
Me parece normal que se produzca la alternancia y no me habrán visto ni
me verán nunca un mal gesto, sino todo lo contrario, cuando recuerdo el
resultado del 3 de marzo. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Pues bien, decía que lo natural es que nosotros votemos en contra de la
investidura y que ofrezcamos a los ciudadanos nuestra alternativa de
Gobierno. El hecho de que no estemos de acuerdo con una parte del
contenido de los pactos no debe inducir a confusión. Estamos de acuerdo
en la necesidad de esa negociación y estamos dispuestos a discutir el
desarrollo de esos pactos y su contenido si hay voluntad de negociarlos y
de consensuarlos, según usted decía, como un elemento, como un requisito
para el desarrollo del Título VIII respecto al Estado de las autonomías.
Por tanto, no me gustaría que se llamaran a engaño. El hecho de que haya
un voto negativo no es más que la expresión de una situación normal en la
Cámara. Ustedes podrán contar con nosotros en los temas de Estado.
Contarán con nuestra oposición cuando su proyecto contradiga lo que
nosotros representamos y hemos defendido a lo largo de estos años. De su
intervención de esta mañana no se desprende, de lo cual me alegro; si de
la actuación posterior pudiéramos deducir una contradicción de esa
naturaleza, no le quepa duda de que nosotros estaríamos defendiendo
nuestro proyecto y en contra, naturalmente, de las políticas que fueran a
desvirtuar o a liquidar ese proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor
Presidente, señorías, en primer lugar quiero agradecer el tono de la
intervención del señor González en representación del Grupo Parlamentario
Socialista y su contribución que estoy seguro ha puesto mayor interés en
ella, a lo que ha llamado la soportabilidad del debate. Intentaremos
todos contribuir a ella, aunque también podemos comprender que es más
opinable la soportabilidad de los argumentos distintos que se introducen
en el debate, algunos de los cuales son más soportables que otros, por
decirlo de esa manera.
Quiero agradecer --repito--, el tono de su intervención y decirle,
además, que comprendo su voto negativo. Está en la lógica de la
oposición, usted lo ha dicho, y, en mi opinión lo ha dicho correctamente.
Los ciudadanos les han dado la responsabilidad de la oposición
parlamentaria, en consecuencia les han dado también la responsabilidad de
intentar constituirse en alternativa política para el futuro inmediato de
nuestro país y, evidentemente, la lógica de la oposición parlamentaria es
no dar la confianza al candidato propuesto; es bastante lógico,
naturalmente, si además ese candidato, aunque se destaquen puntos de
coincidencia, presenta un programa que no es su programa, si se ha
producido la alternancia política como consecuencia de la decisión
democrática de los ciudadanos y si, además --como no podía ser de otra
manera--, S. S. había anunciado hace mucho tiempo su voto negativo, antes
de conocer los acuerdos y, por supuesto, antes de conocer el propio
discurso de investidura. Insisto en que es absolutamente lógica su
decisión de votar en contra de la investidura.
De su intervención, en relación con el programa de gobierno y con los
propios acuerdos, he podido deducir una serie de coincidencias, de
discrepancias, de dudas o de interrogantes que voy a intentar aclarar
brevemente respecto del programa de gobierno y sobre los acuerdos que ha
firmado nuestro grupo político con otras fuerzas políticas de
representación parlamentaria.
Estamos absolutamente de acuerdo y conformes en que ustedes --como no
podía ser tampoco de otra manera por la propia lógica política y la
propia lógica electoral-- no han participado en la negociación que ha
motivado los acuerdos a los que hemos llegado con estas fuerzas
políticas. Es lógico --y usted lo ha reconocido-- que al no disponer de
mayoría absoluta ninguna fuerza en esta Cámara es necesario llegar a unos
acuerdos y que el programa presentado nace como una razonable síntesis de
aportación a lo que significan los acuerdos políticos estables a los que
se ha llegado.
He de decir que quiero demostrar mi satisfacción plena por esos acuerdos.
Creo que son unos acuerdos que favorecen claramente la estabilidad
parlamentaria, con profundidad en el tiempo, a lo largo de la legislatura
y que, naturalmente, son unos acuerdos que defenderé en todas sus partes
y en toda su extensión porque los considero extraordinariamente positivos
para la modernización del Estado, para la modernización económica y para
los intereses generales de los españoles.
Concuerdo plenamente con usted en lo que significa el valor de la
estabilidad y espero, naturalmente, que la profundidad de estos acuerdos
--y hay que reconocer que algunos no esperaban que pudiesen ser una
realidad en el fondo ni en la forma-- den a la legislatura, como decía
esta mañana, la estabilidad y la duración que debe tener y que todos
deseamos que tenga. Me satisface, además, que los acuerdos hayan podido
ser públicos y transparentes. (Rumores.) Dicho de otra manera, señor
González, me alegra que vuestra señoría, como cualquier otro español,
haya podido conocer los acuerdos, los pueda interpretar, los pueda
enjuiciar y también los pueda criticar. Y no lo voy a criticar yo en este
acto --como no lo he hecho esta mañana--, porque creo que nuestra
obligación, y la mía muy especialmente, es pensar esencialmente en el
futuro del país. Lo he dicho y lo repito con toda claridad, hay que
aceptar lo que en nuestra opinión ha sido positivo y sirve para tomar
bases nuevas y fuerzas nuevas en el impulso del país; pero tengo que
decir que no siempre ha sido así. Cuando se ha producido una situación
parlamentaria parecida a la actual, no siempre se han podido criticar los
acuerdos, porque no se han hecho públicos o no se ha actuado con esa
transparencia sobre los acuerdos a los que se llegaba con otras fuerzas
políticas. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Lo que me interesa resaltar es que los acuerdos son públicos, son
transparentes, de hecho son criticables, de lo que me alegro, y, además,
están abiertos a las demás formaciones políticas. Por tanto, sepa usted
que, claramente, mi voluntad es que en todas aquellas materias contenidas
en los acuerdos en las cuales pueda ampliarse el consenso sobre la
ejecución de esas políticas la Cámara y su grupo parlamentario cuenten
con el impulso y la participación activa no solamente del Gobierno --si
la Cámara nos otorga su confianza--, sino también del Grupo Parlamentario
Popular.
Quisiera agradecer su disposición en cuanto a las coincidencias en las
materias que ha comentado a lo largo de su intervención, y decirle que no
tomo sus palabras como una mera declaración protocolaria, sino que estoy
convencido de su sinceridad.
Comparto su preocupación por lo que significa el ejercicio de la
tolerancia política en nuestro país, a la que todos debemos contribuir y,
estoy seguro, a la que todos contribuiremos en el futuro con el mayor
empeño.
Quiero hacer unos comentarios en relación con algunas de las cuestiones
en las que el señor González ha manifestado su espíritu de coincidir en
el futuro.
El primero al que se ha referido --no signo un orden jerárquico, de
importancia de los temas-- es el de
la lucha antiterrorista. Evidentemente, yo quiero ratificar mi compromiso
de actuar permanentemente en el Pacto de Madrid, en el Pacto de Ajuria
Enea y en el Pacto de Pamplona, y espero que, si se producen
discrepancias, se puedan resolver en esos ámbitos. Creo que en toda la
legislatura anterior, así como en las precedentes, nuestro comportamiento
ha sido leal. (Rumores.) Como he querido entender algún reproche al
respecto, diré que tengo la impresión de que si alguien puede hacer algún
reproche en ese terreno somos nosotros; algún reproche podríamos hacer.
(Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En todo
caso, quiero resaltar la coincidencia que se produce en cuanto a trabajar
siempre dentro de la ley, del Estado de Derecho, siempre en lo que
significa el marco político de unidad de todos los demócratas frente al
terrorismo, que deben marcar los Pactos de Madrid, de Ajuria Enea y de
Pamplona.
Su señoría ha manifestado el acuerdo sobre los criterios de convergencia,
y ha dicho que es perfectamente posible cumplir esos criterios de
convergencia en el año 1997, incluso ha dicho que ya cumplimos alguno,
como es el de los tipos de interés. Creo que no, y bien que me gustaría,
pero para cumplir el requisito de los tipos de interés, como S. S. sabe,
no basta con un día en el año, sino que hace falta la media de doce
meses, que, en este caso, no da lugar a cumplir ese requisito de los
tipos de interés. En todo caso, hay una realidad: que con independencia
de lo que ocurra en otros países --unos cumplen más, otros cumplen
menos--, nosotros no tenemos la fortuna de cumplir ninguno y, repito,
bien que me gustaría que se cumpliese alguno, porque, sin duda, la tarea
sería más fácil desde el punto de vista de ese cumplimiento de los
requisitos de convergencia. Como, además, contamos con el escaso tiempo
de dieciocho meses para hacer esa tarea, estoy seguro de que S. S. será
sensible al esfuerzo político, al esfuerzo económico y al esfuerzo
presupuestario que el Gobierno, la sociedad española --espero que
acompañada por todas las fuerzas políticas de esta Cámara que se quieran
sumar a ese consenso-- va a tener que hacer en el futuro.
Su señoría también ha mencionado el empleo y las posibilidades de hacer
políticas activas de empleo. Conocemos bien las políticas activas de
empleo definidas en la cumbre de Essen, conocemos lo que significa el
desarrollo de esas políticas activas y, evidentemente, como S. S. sabe
muy bien, una cosa es transferir la gestión derivada de algunos acuerdos,
de lo que determinan algunas de las políticas activas que en este momento
están en el Inem, y otra cosa es lo que significa que el Gobierno, o si
usted quiere el Estado en su conjunto, se desligue de la definición
normativa, de la regulación general de políticas activas, que, como puede
ser en el caso de la formación, son sujeto de una regulación general por
parte del Gobierno de las comunidades autónomas o del Gobierno de la
nación en coordinación con las comunidades autónomas.
Es cierto que nos gustaría lo contrario, pero hemos de decir que no
cumplimos ningún compromiso de convergencia y que desgraciadamente tener
la tasa de paro más alta de la Unión Europea obliga a la sociedad
española a hacer un esfuerzo extraordinario. Fíjese bien, señor González,
no hago ningún juicio político sobre situaciones anteriores; me limito a
trasladar un dato para pedir a todos el mayor esfuerzo en los dieciocho
meses que quedan a fin de intentar que España, como yo al menos deseo,
forme parte desde el primer momento del núcleo de países que integren la
tercera fase de la Unión Económica Monetaria y, por tanto, la moneda
única.
Me referiré más tarde a la política autonómica, que usted ha citado. Ha
manifestado acuerdo en la política exterior y de integración europea y ha
manifestado, dentro de lo que es la filosofía --que creo compartimos y
que yo he expresado esta mañana-- del pacto de solidaridad en relación
con las políticas sociales, su disponibilidad de comprometerse en el
desarrollo del Pacto de Toledo. Parece muy importante, porque sin duda
creo que es muy importante que ese consenso se mantenga en la Cámara en
sí mismo, se mantenga en el desarrollo y que, además, lo hagamos con
celeridad, con rapidez. Procuraré hacerlo así con los interlocutores
sociales para conseguir y recabar su apoyo y procuraré hacerlo también
así en las medidas que presentaremos desde el Gobierno, si la Cámara nos
da su confianza, ante el Congreso de los Diputados. Tanto es así, además,
porque tenemos alguna preocupación adicional respecto a lo que puede ser
la situación financiera de la Seguridad Social. Hoy mismo --y yo le
pediría al señor González confirmación de estos datos, de estas
previsiones-- hemos podido comprobar la noticia de que hay un déficit
añadido a la Seguridad Social por importe de 479.000 millones de pesetas,
que no estaban contenidos en las cuentas del Estado, hasta el momento, ni
en las cuentas de la Seguridad Social. (Rumores en los bancos del Grupo
Popular.) Por favor... Me gustaría pedirle su confirmación de si esto es
así o si incluso, como dicen algunas fuentes, desgraciadamente podía ser
todavía una cantidad mayor.
En relación con la sanidad, naturalmente mantengo lo dicho esta mañana
respecto a lo que significa el desarrollo del modelo de sanidad pública,
su mantenimiento y el aprovechamiento de todas las capacidades. He
ofrecido también una ponencia, un grupo de trabajo, que entiendo que S.
S. ha aceptado, para hacer un trabajo similar al que se hizo con las
pensiones en el Pacto de Toledo. Me parece positivo. Ese es el sentido de
la oferta que yo he hecho esta mañana, que he entendido S. S. recoge.
Respecto de los acuerdos que figuran en el compromiso con el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y a la literalidad sobre la que S. S.
preguntaba, la literalidad es bastante clara: El Partido Popular
respetará los
precedentes establecidos entre el Gobierno y las comunidades autónomas
respecto a los pacientes desplazados a partir del último año en que dicho
compromiso se haya materializado; la evaluación de los pacientes
desplazados se incrementará a partir del año 1997 al ritmo del resto de
la financiación sanitaria, es decir, el PIB nominal. El Partido Popular
acepta el compromiso del Gobierno central, ya deliberado en Consejo de
Ministros, respecto a la financiación sanitaria de 1994 a las comunidades
autónomas. Me parece que ésta es exactamente la aclaración que pedía el
señor González respecto a lo que significa la interpretación en este
terreno de nuestros compromisos en la sanidad. (Rumores.)
No ha mencionado nada el señor González respecto a nuestra oferta de
acuerdo y desarrollo de las Fuerzas Armadas y a la progresiva
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Estamos de acuerdo en buscar el mayor consenso posible en materia
judicial, en materia de desarrollo institucional, en el bien entendido
que no nos podremos poner casi nunca de acuerdo en si fueron ustedes los
que rechazaron nuestro consenso o nosotros los que rechazamos el suyo en
la legislatura anterior.
En todo caso, en relación con algunas otras cuestiones que S. S. ha
trazado --he citado algunas en el discurso de esta mañana--, como por
ejemplo las telecomunicaciones y algunas otras como el plan hidrológico,
digamos, sin necesidad de profundizar más, que procuraremos hacer en los
meses próximos y en los años próximos lo que ustedes no han hecho en los
últimos trece años en torno al Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)
Unos comentarios breves a S. S. en relación con la política autonómica y
el desarrollo autonómico, y no solamente derivado de los acuerdos, que
efectivamente creo son profundos e intensos en esa materia, con las tres
formaciones políticas, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco
y la Coalición Canaria, y algunas aclaraciones que usted ha pedido en
relación con el modelo de financiación.
Entiendo que estamos de acuerdo --siguiendo el hilo de su intervención--,
con el pacto local. Es muy necesario, muy importante ese pacto local, y
en compañía de la Federación Española de Municipios y Provincias, haremos
el mayor esfuerzo posible por conseguir el acuerdo. Entiendo también que
debemos seguir con prudencia --con prudencia, repito--, profundizando y
buscando el mayor punto posible de acuerdo en lo que significa la reforma
del Senado y sus previsiones constitucionales. Al final, se trata de que,
por el contenido que debe tener una Cámara de representación territorial,
sea cada vez más reflejo de las necesidades de representación territorial
en nuestro país.
No ha mencionado vuestra señoría nada en relación con las transferencias
y tampoco con la reforma de la Administración, pero se ha fijado en las
propuestas de financiación autonómica. Ha planteado algunos problemas y
ha hecho algunas preguntas.
El señor González sabe muy bien que estábamos legalmente obligados a
revisar el sistema de financiación autonómica, porque el sistema termina
su vigencia a 31 de diciembre de 1996; y que alguna parte de ese sistema,
en concreto lo que significaba la prórroga de la parte correspondiente a
la cesión del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (que, por cierto, algún miembro de su Gobierno, el actual
Ministro de Economía y Hacienda en funciones ya ofreció hace algunos
meses elevar ese 15 por ciento nada menos que al 40 por ciento de cesión
a las comunidades autónomas) era un sistema sin consenso. Era un sistema
sin consenso y fueron los representantes del Gobierno, en aquel caso de
un grupo político de una comunidad autónoma, los que avalaron esa
propuesta. Me reconocerá que yo he ofrecido ese consenso. He dicho con
toda claridad que el sistema debe valer para todos, y si no vale para
todos evidentemente, no será un sistema de financiación útil para nadie,
útil para las comunidades autónomas.
Debe ser discutido y debatido en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y debe ser plasmado en los Presupuestos Generales del Estado,
dando lugar, por tanto, al menos a dos tipos de debates o de consensos:
el que nazca del Gobierno con las comunidades autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y el que se pueda hacer luego, con
coincidencias o discrepancias, en el debate presupuestario, tanto en el
Congreso como en el Senado.
Pero le digo más. Si quiere S. S. participar en ese encuentro o buscar
ese consenso antes de que se plantee el tema en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en relación a lo que significan conversaciones con
el Gobierno o con otros grupos parlamentarios, por mi parte, por la misma
naturaleza de los acuerdos, que hemos dicho abiertos a todos, no tengo
ningún inconveniente en hacerlo. (Un señor Diputado: ¡Muy bien! Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Es ahí, en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y en su caso en los presupuestos, donde hay
que debatir algunas de las cuestiones que usted ha planteado: si el
sistema tiene topes, si el sistema se destopa (Risas.) o qué base se toma
para el cálculo.
Es ahí, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, naturalmente
actuando en la lógica del sistema de la corresponsabilidad, y
naturalmente sabiendo que se trata de sacar adelante el sistema. Todo
sistema, efectivamente, tiene problemas; todo sistema debe tener y buscar
consensos; y sin duda éste que nosotros proponemos, señor González --que
si hay otro yo espero que se ponga encima de la mesa--, frente al
anterior al menos cuenta con dos ventajas de partida. La primera que es
un sistema que establece el criterio de la corresponsabilidad, sin
afectar en ningún caso a la solidaridad --cosa que no ocurre con el
actual sistema, que no
era un sistema que determinase la corresponsabilidad--; la segunda es
que, al menos de partida, lejos de no contar con el consenso de casi
nadie, de quince comunidades autónomas, de quince comunidades autónomas
afectadas por el sistema, cuenta con el impulso inicial de doce. Al menos
se reconocerá que cuenta con el impulso inicial de doce, que son las diez
que gobierna el Partido Popular más la que gobierna Convergència i Unió
más la que gobierna Coalición Canaria en coalición con el Partido
Popular, en Canarias. Al menos cuenta con ese consenso. Por lo tanto, yo
desearía que en el marco del Consejo ese consenso se pudiese ampliar a
otras comunidades autónomas. Pero pido que se estudie el sistema, porque
lo que no tiene mucha lógica es alguna declaración que yo he podido
escuchar en el sentido de decir: en cuanto conozca la fórmula se recurre
el sistema; porque da igual la fórmula y da igual el sistema. Lo
importante en ese caso sería oponerse a costa de lo que fuera. Espero que
se evalúe y se estudie el sistema en sus propios méritos en el intento de
avanzar al respecto.
Quiero que se recuerde que es un sistema apoyado, apoyado evidentemente
en la convicción del interés de la financiación autonómica y la
financiación de la economía del país, como es lógico, pero apoyado en el
informe, en el libro blanco de la Comisión de Expertos sobre financiación
autonómica; apoyado en los programas electorales de la gran mayoría de
los partidos, incluido el suyo, donde figura la corresponsabilidad fiscal
en los ingresos; apoyado y respaldado en el último debate sobre el estado
de la Nación en la moción que votó su propio grupo parlamentario, que
habla de introducir el sistema de corresponsabilidad fiscal, no ya para
1997 sino para 1996, y en las resoluciones unánimes aprobadas en el
Senado con motivo del último debate sobre el estado de las Autonomías.
Por lo tanto, con esas características, entendemos que la lógica del
sistema, como yo decía esta mañana, en la que una parte muy importante
del gasto público que hay en nuestro país es desarrollado por las
comunidades autónomas que no tienen la responsabilidad de pedir un
esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, sirve para modernizar el debate,
sirve para mejorar el sistema de financiación, sirve para estimular el
crecimiento económico de las comunidades autónomas, sirve para
comprometerlas en el fraude y no pone en peligro, porque no les afecta,
los instrumentos de solidaridad, señor González. Y si hay alguna duda al
respecto, yo le pido que me diga cuál es el elemento de solidaridad que
puede verse amenazado por poner en marcha el sistema de
corresponsabilidad, porque yo desde luego hasta este momento lo
desconozco. Pero si usted piensa que puede haber alguno, dígalo, porque
estaríamos dispuestos, como se deriva de estos acuerdos, a trabajar en
ello para modernizar el sistema de financiación y garantizar la
solidaridad.
Y termino, señor Presidente, no me quiero alargar más. Quiero decirle
simplemente que comprendo su voto negativo, señor González; que agradezco
sus coincidencias en la parte en que éstas se han producido, que han sido
importantes y numerosas; que espero y deseo que este espíritu
constructivo se traslade, se proyecte a lo largo de toda la legislatura;
que está usted en su papel de oposición y en el mismo le deseo mucha
suerte .
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ MARQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intentando seguir por el camino de la rapidez, de la celeridad,
en primer lugar quiero hacer un comentario sobre la transparencia o la no
transparencia. Todos los acuerdos que nosotros hemos adoptado han
figurado en los presupuestos y a veces detalladamente (Rumores.) en los
debates sobre el estado de la Nación (Rumores.), pero con todo detalle.
Por tanto, no sólo no estoy en contra de la transparencia, es que quiero
contribuir a ella, y como quiero contribuir a la transparencia yo no
planteo cuestiones de principio. ¿Cómo voy a plantear cuestiones de
principio cuando estoy de acuerdo en los principios? Ya se lo he dicho en
mi intervención. Estoy de acuerdo con la autosuficiencia; estoy de
acuerdo con la corresponsabilidad; estoy de acuerdo con la solidaridad, y
por eso es una pérdida de tiempo discutir. Todos los presentes estamos de
acuerdo en los principios, todos. Yo lo que quiero es saber si la fórmula
a la que se ha llegado, que se puede discutir ahora no sé si en sus
contenidos o en su ejecución, responde a criterios que me permitan decir
que, efectivamente, se mantiene la solidaridad. Porque yo no he dicho que
no se mantenga. Nada más que si usted me dice que no hay ningún acuerdo
sobre si la cesión es con topes o sin topes lo tomo como usted me lo
dice. Podrá ser con topes; muy bien, de acuerdo. Si es con topes los
riesgos de que el sistema se vaya de las manos serán infinitamente
menores. Por lo tanto, aceptaremos que esto sea así. Pero yo no he hecho
preguntas en el aire, he intentado hacer preguntas concretas. Mi
obligación es intentar que esas preguntas sean conocidas públicamente
para poder juzgar el carácter, la naturaleza y la repercusión del
compromiso.
¿Dice que están en todos los programas electorales? Lamento corregirle,
pero no. En los programas electorales están los principios. Somos
nosotros los que hemos encargado un libro blanco sobre el nuevo sistema
de financiación de las comunidades autónomas, que es absolutamente
imprescindible a partir de 1997. Lo único que le he preguntado, y me
parece que la respuesta debería de estar dentro de la lógica de la
transparencia, es si este sistema supone un incremento de financiación.
Si supone un incremento de financiación,
que seguro que ustedes lo han calculado puesto que ya están de acuerdo
quince comunidades autónomas, le ruego que me diga --si no es secreto--
cuánto es ese incremento de financiación. Y cuando me diga cuánto es ese
incremento en función del año base que usted me diga (1993, 1994 o 1996),
no se preocupe que nosotros ya haremos los números. Pero si nos los
facilita y nos dice que este es el incremento de financiación y que tiene
perfectamente previsto de dónde sale esa financiación, estaremos mucho
más tranquilos. Y aún más, las comunidades que están de acuerdo, y las
que no están de acuerdo o pueden no estarlo --matizo-- estarán mucho más
tranquilas cuando digan que la aplicación de la fórmula que ustedes han
pactado significa un reparto de la sobrefinanciación de tanto para esta
comunidad, tanto para ésta y tanto para ésta otra. Entonces será
absolutamente transparente todo y se podrá empezar a discutir sobre cosas
que son claras, no sobre principios, señor Aznar. Yo estoy de acuerdo con
los principios. Eso es discutir lo que es absolutamente indiscutible.
La corresponsabilidad no es una fórmula sola, le repito. En el sistema de
participación de los länder en la financiación de la República Federal de
Alemania, uno de los sistemas más descentralizados del mundo, participan
en un porcentaje del IRPF y en otro porcentaje del IVA con
corresponsabilidad fiscal, sin romper el modelo de la reserva, para el
Estado Federal, de la regulación de los dos impuestos básicos para el
país.
¿Se puede ofrecer un modelo alternativo? ¿Por qué no? ¡Discutámoslo! Pero
quiero saber qué consecuencias tiene el modelo alternativo desde el punto
de vista financiero y desde el punto de vista de los problemas legales.
Eso es lo que le pregunto para ir a cosas concretas. Es verdad que todo
discurso de investidura es genérico, pero tiene que tener algunas cosas
concretas. He leído en algún texto que a veces hay que tener la audacia
intelectual de concretar algo. Me atengo a eso y le pido que nos haga el
favor de tener esa audacia intelectual. No le pido que negocie con
nosotros antes de llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Está muy bien, tiene que ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tal como yo veo el sistema, que es lo que tiene interés en este debate,
no se puede aprobar ahora por mayoría. (Dicho sea de paso, el anterior se
aprobó con la oposición sólo de Galicia.) Pero tal como yo veo el
sistema, obviamente tiene que haber un consenso, porque las comunidades
autónomas afectadas tienen que modificar su legislación interna, cosa que
sólo podrán hacer por decisión propia, no por una decisión que le venga
impuesta, aunque la mayoría fuera, que no creo que lo sea, abrumadora.
Por tanto, le he preguntado cosas que son relativamente sencillas y que
son datos que seguramente ustedes ya los tienen y los tiene Convergència.
Pero no me corresponde preguntárselo a Convergència, me corresponde
preguntárselo al candidato a la Presidencia del Gobierno (Aplausos.), que
me parece que es quien tiene la obligación, en función de la
transparencia, de contestar.
En cuanto a los criterios de convergencia, hay muchos países que se
distancian de la convergencia en algún aspecto y no en otro, de tal
manera que resulta muy difícil llegar a esa convergencia en el aspecto en
que se distancian.
Nos ha pedido el esfuerzo de todos. Le garantizo que si los objetivos del
déficit cumplen el programa de convergencia, yo los apoyaré en esta
Cámara. Es muy probable que, dentro de ese objetivo aceptado por todos,
discutamos cuáles son los ingresos y cuáles los gastos, pero no le quepa
la menor duda de que el objetivo de déficit que cumpla el programa de
convergencia lo va a apoyar el Grupo Socialista. Le repito que podremos
discutir cómo se obtiene en ingresos o en gastos, pero el objetivo no lo
voy a discutirlo, habrá otros grupos que seguramente lo discutirán, pero
no nosotros.
También quiero decirle que se lea el Decreto-ley por el que se prorrogan
los presupuestos de este año, y verá que la información de la prensa que
hoy sale en un gran titular --después en el detalle es distinta-- no se
corresponde con la verdad. Así que tranquilícese. Recuerde que hay una
previsión en el propio Decreto-ley para el año 1996, y verá cómo no están
las cosas como se dice en materia de Seguridad Social.
Le he preguntado en sanidad sobre la financiación del sistema. Es una
pregunta que le hago simplemente por aclararme yo. He leído en el pacto,
con detenimiento, el párrafo que se refiere a la sanidad; igual que he
leído con detenimiento el párrafo que se refiere al Plan Director de
Infraestructuras de Coalición Canaria, o a la cesión de nuevos tributos
en el caso del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, no he quitado ni
otorgado mayor importancia a uno que a otro. El problema es que
habiéndolo leído con detenimiento, lo que pregunto es si el sistema de
financiación de la sanidad --no estoy hablando de los desplazados, que es
un minúsculo problema dentro de la financiación de la sanidad-- pactado
hasta 1997 va a seguir vigente o no. Por eso pregunto cuál será el ajuste
de 1994 en 1995, en 1996, en 1997 --si lo hay-- o si se va a respetar el
sistema de financiación.
Por otro lado, ha hecho usted una broma sobre el Plan Hidrológico. No
quería dar ninguna cifra, pero quiero recordarle que durante esta etapa
de Gobierno se ha aumentado en el 43 por ciento la capacidad de embalse
de nuestro país, cosa que no había ocurrido en ninguna época histórica
(Rumores.). Por tanto yo, que he ahorrado a S. S. dar cifras, quiero
decirle que, desde el punto de vista hidrológico, este Gobierno, como en
otras materias, ha hecho un gran esfuerzo.
Pero en fin, yo creo que las preguntas sustanciales sobre el sistema de
financiación no han sido respondidas. Tampoco me extrañaría si usted me
dice que no las va a contestar. Está en su derecho de no responderlas,
pero sería una pena que no se contestaran. Yo le podría hacer muchas más,
pero me parece que esa técnica de hacer doscientas no sirve. Algunas
cosas más me inquietan. No sé si es verdad lo que dice Coalición Canaria
de que todo lo que sea transferencia a Cataluña consta en su compromiso
con ustedes que será transferencia también a la Comunidad Canaria. Yo
como creo en las especificidades y en las singularidades, Canarias tiene
las suyas y Cataluña las suyas. Si es verdad eso, también se debería
aclarar. Pero sobre todo, me gustaría tener respuesta esta tarde a las
preguntas que he hecho al comienzo de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
El señor Aznar tiene la palabra.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Señor
Presidente, señorías, voy a contestar con brevedad.
Cuatro puntos ha tratado el señor González en su intervención. Respecto
de los acuerdos, simplemente me limito a reiterar, señor González, que yo
no me he quejado de sus críticas de los acuerdos, ni se han citado.
Comprendo que usted haya aceptado --como no iba a ser de otra manera-- el
principio de negociación e incluso los propios principios que se derivan
de los acuerdos. He dicho que yo no lo he podido hacer, y que me alegra
que al haber unos acuerdos públicos, expresamente presentados a la
opinión pública y que además garantizan una estabilidad parlamentaria y
de gobierno para los próximos años, se puedan criticar. Usted en su
momento, en una situación parecida, optó por otras fórmulas que yo no
enjuicio, simplemente digo que no se plantearon a la opinión pública unos
acuerdos de la misma profundidad, de la misma amplitud, acuerdos por
escrito con las fuerzas políticas, ejerciendo la transparencia, como
nosotros hemos planteado.
Nosotros ofrecemos, señor González, un consenso en torno a la
corresponsabilidad y, naturalmente, hemos puesto las cifras y las
cantidades en los acuerdos. Y hablamos de la cesión del 30 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y abrimos ese consenso a
grupos parlamentarios y abrimos ese consenso también a lo que significa
el compromiso de las comunidades autónomas en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. No hemos querido aumentar la participación en
ingresos del Estado en las comunidades autónomas, no hemos querido
aumentar la base de lo que se denomina, en términos técnicos, la PIE
(participación en ingresos del Estado), y lo podíamos haber hecho. Lo
hicieron ustedes para los últimos cinco años con un coste de unos 780.000
millones de pesetas, y nosotros tenemos que pagar algunos compromisos
electorales suyos en términos de deudas históricas con comunidades
autónomas que, hablando de déficit y hablando de costes, vamos a hacer,
pero ya me dirá usted si está o no está de acuerdo en que lo hagamos,
después de haber sido tomados en época electoral.
Hay un dato concreto --no insisto más en eso-- que es un dato de la
realidad: los criterios de la convergencia se tienen que cumplir en
dieciocho meses, señor González, y, naturalmente, hay que pedir ese
esfuerzo a la sociedad, y yo espero comprobar cuál es, en su momento, el
esfuerzo que hace su grupo parlamentario al respecto.
En relación a lo que significa la situación financiera de la seguridad
social y a algunas noticias publicadas hoy, me alegro mucho de lo que
usted dice y espero que así sea. Creo en lo que usted dice y, dentro de
lo que he anunciado esta mañana, que es el proceso de verificación de la
situación de las finanzas públicas, ofreceremos la información oportuna a
las señoras y señores Diputados, porque no le oculto que lo que es la
política de déficit, la situación del déficit y su reducción, como usted
puede comprender muy bien, me preocupan muy especialmente.
Sobre lo que significa en la política del agua la capacidad de embalse,
me alegro muchísimo que la capacidad de embalse en su mandato haya
aumentado, creo que ha dicho usted, el 43 por ciento. ¡Ojalá hubiese sido
mucho más! Simplemente, me he limitado a decir que el Plan Hidrológico
Nacional, que ustedes no han podido hacer, espero, si es posible con su
colaboración, que consigamos nosotros hacerlo.
Gracias, señor Presidente. (El señor González Márquez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Brevemente, señor González.
El señor GONZALEZ MARQUEZ: Un minuto, señor Presidente.
Sólo para reiterarle, por favor, que diga la cifra, porque no cuesta
tanto. Si dice que no hay sobrefinanciación, se lo agradezco mucho. Creo
que lo que dice sobre el pasado es un dato que no le han dado bien, entre
otras cosas porque a la financiación a la que se refiere se incorporó la
inversión nueva, pero ésa ya existía, se incorporó a la financiación, por
lo que el dato es engañoso. Lo que yo le pido son datos reales. Estoy
seguro de que usted los tiene porque nadie negociaría sin tener estos
datos, pero lo que me gustaría es que los tuviera la opinión pública y
esta Cámara. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--El señor Aznar López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Gracias,
señor Presidente.
Señor González, todo lo que hace referencia a años bases o topes,
entiendo que forma parte de la negociación.
Si S. S. tiene una alternativa al respecto, plantéela (Risas.), tanto en
el Consejo Fiscal como aquí.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar. (Fuertes rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
Va a continuar el debate con la intervención, por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, del señor Anguita.
(Rumores.)
Un momento, señor Anguita.
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y permanezcan en silencio para
escuchar la intervención del señor Anguita.
Puede comenzar.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
subo a esta tribuna para hablar en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pero también para hablar en nombre de
2.638.927 ciudadanos y ciudadanas que nos han dado su apoyo y su voto en
las pasadas elecciones legislativas.
Señor Aznar, es muy importante lo que S. S. pretende decir en esta
Cámara, pero es también muy importante saber si los ciudadanos que están
en estos momentos fuera, siguiendo el debate, se están enterando de lo
que aquí se dice o se quiere decir. En definitiva, ¿qué esperan los
ciudadanos y las ciudadanas? ¿Qué desean escuchar? ¿Para qué problemas
acuciantes y urgentes piden solución? Y el caso es, señor Aznar, que cada
vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta a los
españoles sobre sus problemas, la respuesta siempre, siempre, siempre es
casi unánime: el 89,6 por ciento de los españoles y de las españolas
coinciden en considerar como el más importante de todos el paro.
Su señoría quiere ser el Presidente del Gobierno de España. Repasemos,
siquiera someramente, la situación de la España que S. S. aspira a
gobernar.
España ocupa el primer puesto en paro de toda la Unión Europea, con un
22,9 por ciento; el país que le sigue, Irlanda, tiene un 14,9 por ciento;
un paro, el de España, que afecta fundamentalmente a jóvenes y a mujeres.
La cobertura al paro, la cobertura al desempleo ha ido descendiendo año
tras año, y ya está en el 47 por ciento. En los últimos diez meses se ha
quitado la protección a 300.000 trabajadores.
España ocupa también en toda la Unión Europea el primer puesto en
precariedad. El empleo no fijo es del 35 por ciento, siendo en el sector
privado del 43 por ciento. El siguiente país a España es Francia, que
tiene un porcentaje de precariedad del 10,7 por ciento. De todos los
contratos realizados en 1995, solamente el 2,9 por ciento fueron
contratos fijos. Según la Unión General de Trabajadores, el 85 por ciento
de los contratos tienen menos de seis meses de duración. Para que un
parado abandone el registro del INEM se han necesitado 42 contrataciones.
Más que crear empleo, podemos decir que se está produciendo una rotación
del mismo. El trabajo de menos de 12 horas a la semana o 48 al mes carece
del derecho a la incapacidad laboral transitoria, a pensiones o a
desempleo. En el caso del contrato de aprendizaje, los trabajadores
también quedan excluidos de la parte de la cobertura protectora de la
Seguridad Social y, además, pueden ser remunerados por debajo del ya
exiguo salario mínimo interprofesional, 64.920 pesetas. Y a lo anterior
hay que añadir la cada vez más frecuente práctica de abusos, imposiciones
y argucias patronales: obligación de firmar finiquitos en el momento en
que se hace el contrato, cláusulas impropias de finales del siglo XX y
prácticas irregulares favorecidas por la desregulación laboral.
¿Qué horizonte hay para la juventud? ¿Qué calidad de trabajo nos espera
con este tipo de contrataciones? ¿Cómo programar una vida y cómo asumir
unas previsiones de vivienda o de préstamos si se carece de la seguridad
en el puesto de trabajo y, por tanto, de la garantía de un ingreso
permanente?
El estudio realizado por el sociólogo americano James Petras con respecto
al sombrío porvenir de nuestra juventud, expresa lo que comienza a ser
una actitud normal en la sociedad española: miedo. Miedo a ser rotado,
miedo a ser renovado o miedo a ser despedido.
España ocupa también el primer puesto en toda la Unión Europea en
accidentes laborales. En los últimos diez años, ha habido 13.600.000
accidentes, con la triste cifra de 16.228 muertos. Es en la población
trabajadora entre los 20 y 34 años donde el accidente laboral es la
quinta causa de la muerte. El trabajador eventual se accidenta seis veces
más que el que tiene un contrato fijo. Esperamos que el Gobierno de S.
S., si sale investido --y espero respuesta en el turno de réplica--,
aplique y haga aplicar con toda eficacia y rigor la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y acelere la redacción y aprobación de los reglamentos
necesarios para que dicha Ley se desarrolle.
Cuando nos enfrentamos al análisis de los salarios de la mayoría de la
población, podemos afirmar lo siguiente. Primero, que estamos ante una
pérdida constante de poder adquisitivo como consecuencia de subidas
salariales por debajo de la inflación en los dos últimos años; con una
inflación en cada año del 4,7 por ciento, los salarios subieron en el año
1994 un 3,5 por ciento y en el año pasado un 3,6 por ciento. En segundo
lugar, las mujeres perciben un salario inferior en un 30 por ciento al de
los hombres y los trabajadores no fijos, los trabajadores eventuales, los
trabajadores precarizados, perciben un 44 por ciento menos de salario que
los trabajadores fijos, según datos del Consejo Económico y Social. Entre
1985 y 1994 --y es necesario que S. S. retenga esto para esa construcción
europea de la cual voy a hablar--, los salarios reales han subido un 8,6
por ciento; la productividad de los trabajadores, un 20,7 por ciento, y
los costes laborales unitarios han bajado un 10 por ciento. Sólo Grecia y
Portugal, en toda la Unión Europea, tienen los costes laborales más bajos
que España.
El informe económico y financiero del anteproyecto de los Presupuestos
Generales del Estado para 1996 decía: Los trabajadores han aportado el
sacrificio y la responsabilidad de la moderación salarial. (Rumores.) Y
como contraste con todo lo anterior...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anguita.
Señorías, les ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
Gracias, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Por lo visto, este tema no es interesante.
Y como contraste con todo lo anterior, la central de balances del Banco
de España afirmaba que los beneficios empresariales han crecido un 10,2
por ciento en 1994 y un 12,9 por ciento en 1995. En resumen, los que
viven de un sueldo continúan aportando la mayor cantidad de esfuerzo y de
sacrificio. ¿Para qué y qué se está consiguiendo a cambio? El 70 por
ciento de las pensiones tiene menor cuantía que el anteriormente citado
salario mínimo interprofesional; un millón de hogares tiene en paro a
todos los integrantes de la familia; el quinto informe Foessa dice que un
20 por ciento de la población, es decir ocho millones de personas, vive
por debajo del umbral de pobreza. También en este apartado de pobreza
--hay que decirlo aquí-- tenemos el primer puesto de toda la Unión
Europea.
En el informe que Cáritas ha hecho para la archidiócesis de Madrid,
aparece un dato estremecedor. Su señoría ha hablado de la juventud, señor
Aznar. ¿Sabe lo que dice el informe? Que la edad media de los más pobres
es de 22 años. Hace veinte años, el 75 por ciento de los más pobres era
de mayores de 60 años; hoy, el 75 por ciento de los más pobres
corresponde a menores de 25 años. En la diócesis de Barcelona existen
127.000 personas con un grado de pobreza grave y una edad media de 25
años.
Por lo que respecta a la vivienda, baste con afirmar que las rentas del
trabajo no garantizan el acceso a la misma porque el esfuerzo económico
para acceder a ella supera el 40 por ciento de los ingresos familiares.
¿Qué impuestos pagamos los ciudadanos, quiénes pagan más? Se han
incrementado los impuestos indirectos, que gravan especialmente la cesta
de la compra; el tipo general del IVA ha aumentado en cuatro puntos y las
distintas leyes de presupuestos han venido elevando sustancialmente los
impuestos especiales. Al mismo tiempo, se ha reducido, mediante distintos
procedimientos, el gravamen en los impuestos directos en especial a las
rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos más
elevados. Las rentas del trabajo representan el 76 por ciento del IRPF;
las rentas del capital el 8 por ciento; las actividades profesionales el
3 por ciento y las actividades empresariales el 10 por ciento. El
Impuesto sobre Sociedades, aprobado en el pasado ejercicio, concedió un
trato más favorable a las empresas aumentando los beneficios fiscales.
Al hablar de beneficios fiscales --y ha habido algún silencio clamoroso
en su intervención aquí, señor Aznar-- hay que resaltar la cuantía de
dinero que no percibe la Hacienda pública en función de los distintos
conceptos del gasto fiscal (es decir, el dinero que en cierta medida se
exonera o se perdona a determinados contribuyentes), el cual estaba
presupuestado para 1996 en 2,4 billones de pesetas. Y a todo lo anterior
hay que añadir el gigantesco daño que a la Hacienda pública y a la
sociedad española le hace el fraude fiscal, un fraude fiscal evaluado en
tres billones de pesetas, aproximadamente. Las últimas modificaciones
legislativas han reducido la cuantía de las sanciones administrativas y
han elevado de cinco a quince millones de pesetas la cantidad anual, y
por cada uno de los impuestos, para que el fraude pueda ser considerado
delito. Las consecuencias de todo ello son evidentes. La primera es que
el carácter redistributivo de la Hacienda pública, que es una
característica del Estado social, se va diluyendo cada vez más.
Y somos también, en toda la Unión Europea, uno de los principales países
en la destrucción de tejido productivo industrial. Otro silencio suyo,
señor Aznar. En un documento aprobado por el actual Gobierno en funciones
y titulado «Una política industrial para España» se dice (y ruego a S. S.
que tome nota de la cita, porque sobre esto tendremos también que
discutir, hoy y otros días): O todos apostamos con firmeza por un futuro
industrial o dejaremos de contar en el nuevo escenario internacional. Y
más adelante se añade: El sector privado de la economía española
--subrayo: el sector privado de la economía española-- ha sido incapaz de
crear empleos netos en los últimos veinte años. Por eso, cuando se han
perdido en veinte años 492.000 puestos de trabajo en la industria,
resulta una paradoja, cuando no una insensatez, la política de
privatizaciones realizada en el sector público empresarial, que va a
continuar --y de qué manera--, según el anuncio que ha hecho S. S. esta
mañana aquí.
En resumen, una industria en franca regresión, con los siguientes
defectos: presencia muy importante de multinacionales que han comprado
empresas españolas, que en muchos casos lo han hecho sólo para quedarse
con la cuota del mercado y después han reconvertido, han cerrado y no han
creado casi nada. Segunda característica: un sector público en
importantes sectores estratégicos, pero en un proceso de creciente
privatización. Y la tercera: una mayoría de pequeñas y medianas empresas,
de capital nacional, que suponen el 90 por ciento del empleo, pero con
una reducida
capacidad de renovación tecnológica y de exportación, lo que las sitúa en
una posición dependiente de las grandes empresas, que en su mayoría son
de capital extranjero.
Al terminar esta brevísima radiografía de la situación de nuestro país,
espero que ni el señor Aznar ni su socio de Convergència i Unió o del PNV
caigan en la tentación de lanzar el dedo acusador hacia los bancos del
todavía Gobierno en funciones y de la fuerza política que lo sustenta.
Ellos han sido los responsables máximos, pero han contado, en lo
fundamental, con el apoyo y el voto de ustedes a la política económica y
social que han desarrollado. Así, la reforma del mercado laboral, que ha
facilitado el despido, la reducción de las prestaciones por desempleo, ha
favorecido la rotación y la precariedad del puesto de trabajo, ha contado
con su voto, exceptuada su votación negativa a los contratos de
aprendizaje. Ustedes han compartido, han apoyado y han espoleado la
política de privatizaciones del sector público. ¿Hasta dónde piensan
continuar ustedes con dicha política? Aunque ya se ha manifestado
largamente S. S. aquí, esta mañana.
Ustedes han aprobado, han defendido y han votado todas las medidas
tendentes a desarrollar los criterios y plazos de la convergencia nominal
del Tratado de Maastricht. Una convergencia y un tratado que imponen una
política económica y social de carácter conservador. A nuestro juicio y
con los datos aportados, que demuestran en cierta medida la
corresponsabilidad y las coincidencias con la política económica y social
del Gobierno todavía en funciones, hay ya suficientes elementos que
justifican nuestro no a su investidura, señor Aznar. Sin embargo, y para
atenernos al debate que S. S. comenzó esta mañana, ¿hay en la
intervención de S. S. algún giro en la política económica planteada hasta
ahora y defendida por el Partido Popular? ¿Rompen los contenidos de su
discurso económico y social con la lógica seguida hasta hoy?
He entendido en su intervención de esta mañana cuatro espacios y
apartados diferentes. El primero es lo que S. S. ha dicho con toda
claridad; el segundo, que es importantísimo, lo que ha callado; el
tercero es lo que ha rozado levemente y el cuarto son las
contradicciones.
Veamos. Su señoría aquí ha planteado algo inquietante para la izquierda:
la continuidad. Y a partir de ahí ha utilizado muchas veces la palabra
alternancia; no ha dicho alternativa. Y ha dicho bien, porque la
alternancia es la sustitución de los agentes dentro de un mismo marco de
política económica y social --quítate tú que me pongo yo--, pero sin
variar la política económica y social y los presupuestos filosóficos que
la informan, mientras que la alternativa es otra situación radicalmente
distinta.
Su señoría ha intervenido esta mañana y ha dejado claro que el objetivo
número uno de su programa de gobierno es el cumplimiento de los criterios
de convergencia de la Unión Europea para que nuestro país consiga estar
en el núcleo duro de la moneda única para 1999. A partir de ahí, podemos
deducir que el Gobierno de S. S. será continuista, con más dureza, de la
política económica y social seguida por el señor González. El
cumplimiento de los plazos y criterios de convergencia de Maastricht es,
señorías, totalmente incompatible con políticas que fomenten la capacidad
adquisitiva y de consumo de la población. Desarrollar una política
económica de marcado carácter monetarista, con el objetivo único y más
que dudoso de estar dentro de tres años en el núcleo duro de esa Unión
Europea, es incompatible con el mantenimiento de los elementos
fundamentales y básicos del Estado del bienestar. Venir a esta Cámara y
plantear como eje y objetivo de una política económica y social la
consecución de los criterios de convergencia es manifestar, de otra
manera, que nos esperan recortes en prestaciones sociales, una mayor
desactivación del consumo privado y público, la continuación de las
privatizaciones y la desregulación del mercado laboral. Plantear esta
mañana, señor Aznar, que hay que estar en el plazo perentorio de 18 meses
con un 3 por ciento del déficit y una deuda del 6 por ciento, que,
calculando por encima, supone el recorte de un billón 600.000 millones de
pesetas, es anunciar con otras palabras que nos espera un ajuste de
caballo.
Su señoría conoce, sin duda, el dictamen de la Comisión temporal de
empleo del Parlamento Europeo que, basándose en estudios de prestigiosos
institutos, indica que en el caso de que se apliquen los criterios de
convergencia en los plazos previstos se aumentará el paro en Europa en 11
millones de parados más. Y S. S. sabe perfectamente que esa Conferencia
Intergubernamental que se supone iba a discutir la revisión de los
acuerdos de Maastricht ha blindado, ha impedido que se discutan los
criterios de convergencia y los plazos de los mismos. Su señoría sabe que
España, como los demás países de la Unión Europea, ha cedido soberanía en
lo referente a la política económica y monetaria. Una cesión de soberanía
que va a parar (¿a quién le damos la soberanía que aquí cedemos en esta
Cámara?) a manos del sistema de bancos centrales y al futuro Banco
Central Europeo, instituciones que no han surgido directamente de las
urnas, como sería el caso del Parlamento Europeo. Se cede la soberanía
--atención, señorías, y señor Aznar, me gustaría que me contestase a este
argumento-- para decidir sobre la política económica y monetaria y, sin
embargo, se conserva la soberanía y la responsabilidad sobre la política
de creación de empleo. ¿Puede usted decir, señor Aznar, cómo va a
gobernar esta paradoja, cómo va a gobernar este contrasentido?
Su señoría afirmaba esta mañana algo que, dicho así, hasta suena bien,
pero hay que matizar desde esta tribuna y sobre todo en nombre de la
izquierda: la empresa es el verdadero motor de la economía ¿Y los
trabajadores qué, señorías? ¿Qué hace una empresa sin trabajadores? ¿No
significa nada la extracción de la
plusvalía, la cualificación de los trabajadores, y su situación? La
empresa, pero también los hombres y mujeres que están en dicha empresa,
la empresa es un motor incompleto si no se habla de la gente que está ahí
dejando su esfuerzo y su sacrificio.
Su señoría ha hablado de privatizaciones. Plantea un plan estratégico de
privatizaciones. ¿Sabe lo que dice el informe de la Comisión temporal de
empleo del Parlamento Europeo? Que en estos momentos de paro, en que los
hombres y mujeres parlamentarios y gobernantes de esta Europa están todo
el día hablando del empleo y del paro pero continúan con una política que
lo está favoreciendo, es auténticamente suicida atacar al sector público,
porque éste tiene una cantidad enorme de puestos de trabajo y cuando,
señorías, el sector público empresarial español está por debajo de muchos
países punteros en la Unión Europea. Además, se habla de privatizar, y
como hasta ahora seguirán siendo las empresas más rentables, las empresas
que producen beneficios, para paliar el déficit. Ahí está ya la
advertencia sobre Radiotelevisión Española, la segunda cadena, las
televisiones de las comunidades autónomas.
En cuanto a algo inquietante, la Ley del Suelo y la Ley de Costas, a
nosotros nos parece muy bien que se haga radicar en comunidades y en
ayuntamientos, porque somos defensores de la autonomía local, capacidades
sobre cuestiones de suelo y cuestiones de costas, pero en absoluto para
que esto pueda promover la especulación o un deterioro gravísimo de las
condiciones y de la calidad de vida.
En cuanto a sanidad S. S. ha hablado de la creación de una ponencia. En
esta Cámara hay antecedentes: la creación de la ponencia del informe
Abril Martorell, que ha tenido consecuencias bastante nefastas. Porque
cuando se habla de eficiencia, ¿estamos hablando de ahorro a la hora de
aplicar la salud o estamos hablando de atacar todo tipo de enfermedades y
hacerlo con eficacia?
Lo que ha callado su señoría. No ha hablado para nada su señoría de la
reforma del mercado laboral. La asume. La votó anteriormente. ¿Está
dispuesto a cambiar algo? Ha dicho que está dispuesto a transformar el
contrato de aprendizaje. Quisiéramos escuchar en qué, en qué cosas.
Su señoría no ha hablado para nada de la política industrial. Un silencio
clamoroso. Por lo visto no hay industria española, y la que hay ya está
condenada. Es curioso que en un discurso de un debate de investidura se
obvie la política industrial, se obvie algo fundamental que en el propio
informe del Parlamento Europeo se dice que una auténtica industria, un
auténtico desarrollo industrial es fundamental para el sector servicios.
En cuanto a la agricultura, que es una de las cuestiones por la que creo
que S. S. ha pasado de puntillas, simplemente quiero hacerle cinco
preguntas. ¿Cuál es la posición que va a mantener frente a la reforma de
la organización común del mercado del vino? ¿Piensa seguir en la línea de
aceptación de las propuestas para las frutas y hortalizas mantenida por
el hasta hoy Gobierno González? ¿Cuáles son sus planteamientos ante la
reforma de la organización común del mercado de aceite de oliva? ¿Cuáles
son sus opiniones acerca de la estrategia agrícola ante la adhesión de
los países de Europa central y oriental? Y la última pregunta, ¿apoyaría
la propuesta de Izquierda Unida en el sentido de establecer un límite
máximo por explotación a la percepción de ayudas directas?
Y entre los silencios clamorosos, señor Aznar --ha hablado de la unión
económica, ha hablado de Maastricht--, no ha hablado de la unión
política. ¡Qué lejos está este discurso --no sólo el suyo sino otros
también-- de ese discurso hecho aquí hace cinco años hablando de la
unidad política de Europa! Se ha quedado solamente en una simple unión
monetaria. No se ha hablado de la unión política, porque hablar de la
unión política significaría --y aquí ha habido silencio-- hablar de una
armonización fiscal. Y ahora que estamos en un debate sobre la
financiación autonómica, miren el ejemplo que tenemos de una construcción
europea, donde cada país sigue manteniendo un propio sistema fiscal. Y
eso es fundamental para hablar de una auténtica unión europea. No se ha
hablado de la hacienda europea, ni se ha hablado de un presupuesto
europeo.
Se ha hablado de una política exterior y de seguridad compartida ante una
cuestión que quisiéramos denunciar y plantear, porque S. S. ha pasado
sobre ello rápidamente. Hace unos días el Jefe del Estado ha hecho un
discurso en la sede de la OTAN que, por lo visto, contaba con el
beneplácito del Gobierno en funciones y del futuro Gobierno. Tengo que
decir que no estamos en absoluto de acuerdo con el discurso pronunciado
por el Jefe del Estado. Y me dirijo a ustedes, que son los redactores.
Porque si ustedes quieren que España se integre en la estructura militar,
aquí ha habido un referéndum que nadie se lo puede saltar y, por tanto,
el pueblo español tiene que ser convocado a referéndum.
Otra cuestión importante: nadie ha hablado de la Europa social.
En cuanto a la revisión del Tratado de Maastricht le sugiero --y es una
propuesta-- ¿por qué no convoca un referéndum para que cuando termine la
revisión del Tratado de Maastricht el pueblo español opine sobre el
Tratado y sobre su revisión?
Un silencio clamoroso ante el tema mujer. Ha hablado del paro femenino.
Pero por ejemplo, para no extenderme mucho en esto, ustedes y
Convergència i Unió creo que plantearon hace un tiempo, mediante una
proposición parlamentaria, la creación de un fondo de pensiones para el
pago de los alimentos que supliera cuando el cónyuge no paga. ¿Lo siguen
manteniendo? En todo caso, nos gustaría escuchar esa propuesta. O cuando
toque hablar de la ley de regulación
de la interrupción del embarazo. Son problemas que afectan a las mujeres.
Silencio sobre la financiación de la Logse. Su señoría ha hablado de la
educación con ciertos perfiles un tanto inquietantes, puede que sea algo
subjetivo, pero yo quisiera hablar, y escuchar fundamentalmente, si
mantienen la financiación o están dispuestos a los plazos de financiación
de la Logse.
Sobre la financiación de las comunidades --ya plantearé nuestra propuesta
para debatir-- nos gustaría escuchar lo del tema del fondo de nivelación
y, sobre todo, el desarrollo de la Lofca, que hasta ahora es el elemento
más importante y más fundamental que poseemos. O del Senado. ¿Qué es el
Senado? ¿Cómo piensan cambiarlo? ¿Lo ven en un proceso de construcción
del futuro Estado federal o incluso del desarrollo del Título VIII?
Quisiéramos escuchar avances en la precaria regulación actual del
plurilingüismo del Estado español. Nos llama la atención que en el
acuerdo con Convergència i Unió este punto tan importante de que haya
avances en la precaria regulación actual del plurilingüismo en el Estado
español esté ausente. O también ese pacto local que S. S. aquí ha
mencionado. Nos parece muy bien que se haga y se discuta en la Federación
Española de Municipios y Provincias, pero es aquí, en última instancia,
donde hay que debatir ese pacto y sobre la importancia que tiene la
tercera administración del Estado, las administraciones locales.
Silencio inquietante --y después le haré unas preguntas, señor Aznar--
sobre las materias reservadas y clasificadas, sobre el terrorismo de
Estado y sobre los fondos reservados. Y alguna que otra --me ha
parecido-- contradicción: apostar por los pactos de Toledo y plantear
literalmente --puede que me haya equivocado pero tengo el texto de su
intervención-- que es imposible no reformar la Seguridad Social. ¿En qué
sentido? Quisiéramos escuchar en qué sentido no es imposible reformar la
Seguridad Social.
El no a su investidura, señor Aznar, procede también de la radical
diferencia entre sus planteamientos de política económica y social y los
del programa que defiende nuestro grupo parlamentario, incardinado en lo
que llamamos nosotros un discurso rojo, verde y violeta y que en somera
síntesis es crear confianza, pero no la clásica confianza de que siempre
se ha hablado en esta tribuna, desde los que comparten la misma visión de
la construcción europea. ¿Por qué no plantean ustedes un día crear
confianza entre los trabajadores? Ello supone sentarse inmediatamente a
dialogar sobre el documento aprobado por las centrales sindicales
mayoritarias titulado «Por el empleo estable y con derechos».
El desarrollo del Estado social y democrático de derecho, que no es una
formulación y que en mi intervención es muy claro. Me refiero al artículo
31, la progresividad fiscal; el artículo 35, el 37, el 38, el 40, el 41,
el 47 y el 50, contenidos sobre vivienda, sobre prestaciones sociales,
sobre pleno empleo como obligación de los poderes públicos.
Política económica fundamentada en el desarrollo económico, social y
ecológicamente sostenible. No estamos de acuerdo con ese concepto de
crecimiento sostenido. Es erróneo y no produce empleo, pero, además,
mantenido hacia el infinito lesiona a la propia naturaleza.
Creación del consejo económico, ecológico y social, ampliando el actual
Consejo Económico y Social no solamente en cuanto a competencias, sino
incorporando --ahora que estamos hablando de desarrollar el Título VIII--
la participación de las comunidades autónomas.
Reforma fiscal que asegure la progresividad del sistema y que combata el
fraude, a la vez que reduzca al máximo el gasto fiscal.
Plan de reindustrialización y de industrialización con producciones
limpias y sistemas eficientes. Desarrollo de la ecoindustria e impulso a
las industrias de reutilización y reciclaje. Defensa del sector público
empresarial. Desarrollo de energías renovables y cierre de las centrales
nucleares en el horizonte del año 2000.
Reforma sustancial del Plan Energético Nacional y un nuevo marco
tarifario eléctrico. Aceleración del ritmo de crecimiento de los recursos
públicos y privados dedicados a I+D.
La derogación paulatina de los contenidos de la contrarreforma laboral.
Reparto del trabajo sin demagogias, contando con los trabajadores, pero
ciñéndose a algo que no sea mera propaganda, comenzando por la jornada de
35 horas, la supresión de las horas extraordinarias, la creación del
fondo obligatorio de inversión, la anticipación de la edad de jubilación,
etcétera. Y elevar, en el plazo de una legislatura, la pensión mínima al
nivel de salario mínimo interprofesional.
De la misma manera, en función de la lucha por un medio ambiente sano y
la creación de empleo, cuatro ejes de actuación: lucha contra la
desertización, plan de repoblación forestal, nuevo plan hidrológico
nacional, desarrollo rural sostenible.
Nuestro no a la investidura, señor Aznar, conlleva el anuncio de que S.
S. va a tener por nuestra parte una oposición clara y nítida, enérgica y
de izquierdas en el Parlamento, en las instituciones y, cuando sea
preciso, también, señor Aznar, en la misma calle. Sin embargo, queremos
afirmar en este acto que no renunciamos tampoco al diálogo sobre
materias, propuestas o contenidos que a nuestro juicio supongan avances
en las prácticas democráticas, la lucha contra la corrupción y el fraude
o la modernización del Estado español. ¿En qué fundamentamos esta otra
faceta de nuestra actitud? En esta parte de mi discurso le ruego una
todavía mayor y especial atención.
Su señoría esta mañana ha hablado de la modernización del Estado español,
y la palabra modernidad la ha utilizado unas cinco o seis veces. A
nuestro juicio, se impone, con la perentoriedad que reclama el tiempo
perdido, la urgente tarea de modernizar España. Necesitamos un Estado
español moderno, y modernizar es, básicamente, desarrollar, extender y
profundizar la democracia en el horizonte de una mayor centralidad humana
y un mayor protagonismo de lo social. Eso, para nosotros, es modernizar.
Ello lo fundamentamos en seis ejes de actuación. Primer eje, defensa de
lo público; segundo eje, regeneración de la vida democrática y lucha
contra la corrupción; tercer eje, federalización del Estado español;
cuarto eje, reforma de la justicia; quinto eje, modernización y
democratización de las instituciones del Estado, de algunas instituciones
del Estado; y sexto, resolución de problemas de fuerte impacto social que
vienen arrastrándose legislatura tras legislatura.
¿En qué consiste la defensa de lo público para nuestro grupo
parlamentario? En la paralización de los actuales procesos privatizadores
--hagamos un debate en esta Cámara sobre esa cuestión--; en la
potenciación de la participación de los agentes sociales --la palabra
participación es fundamental, la palabra y las acciones de
participación-- para el diseño, gestión y evaluación de las políticas
públicas y de los servicios públicos; en la reforma de las estructuras y
los instrumentos de gestión públicos; un plan estratégico no de
privatización, como S. S. ha expuesto, sino un plan estratégico de
racionalización de los procesos de gasto y de los procedimientos de
gestión, plan estratégico de recursos humanos en las administraciones
públicas, en el marco de un nuevo estatuto de la función pública.
El segundo eje, que es regenerar la vida democrática y luchar contra la
corrupción, supone para nosotros, para empezar, la reforma del sistema
electoral para implantar uno estrictamente proporcional; un mayor
protagonismo de las Cortes Generales en su papel de control del
Ejecutivo, y ello implica, además, que S. S. se someta semanalmente al
control del Congreso de los Diputados; la reforma de los reglamentos de
ambas Cámaras; creación de comisiones de investigación a petición de dos
grupos parlamentarios; seguimiento y controles anuales de los acuerdos
del pleno y de las comisiones; reforma de los instrumentos de control del
gasto público; reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas; una
nueva Ley General Presupuestaria o Ley General Presupuestaria; Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; una oficina presupuestaria en
el Congreso de los Diputados --saludamos esta propuesta que ha hecho aquí
esta mañana--; una ley de funcionamiento y financiación de los partidos
políticos; medidas para potenciar la ética en las actuaciones de los
cargos públicos, que significa legislación para imposibilitar el
transfuguismo político; una reforma de la inmunidad parlamentaria;
reformar la Ley de Incompatibilidades; obligación de realizar declaración
pública de bienes y actividades públicas al acceder al cargo en la
Administración o en la responsabilidad electa; una reforma de la
legislación de la iniciativa legislativa popular y el referéndum, en el
sentido de rebajar, en el primer caso, hasta 250.000 las firmas
necesarias y acelerar los trámites administrativos, y en el segundo, que
el referéndum que hoy en nuestra Constitución es consultivo se transforme
en vinculante.
Hablar de regeneración de la vida democrática, lucha contra la corrupción
y transparencia de las instituciones supone una serie de acciones que
sólo el Gobierno puede poner en marcha. Por ello le ruego y casi le insto
a que conteste con precisión a las preguntas que a continuación paso a
formularle. ¿Está dispuesto S. S. y el Gobierno que presida a colaborar
con la Administración de justicia desclasificando las materias o
documentos declarados como secretos reclamados por los tribunales para
remitírselos a éstos? ¿Es su intención remitir a los tribunales y a la
Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados aquellos
documentos o informes clasificados que le sean solicitados? ¿Está
dispuesto a promover desde el Gobierno una modificación de la legislación
sobre secretos oficiales que permita el acceso de la justicia a los
mismos cuando sea necesario y por decisión de la propia Administración de
justicia, Tribunal Supremo, y su control parlamentario? ¿Comparte el
principio de que el Parlamento sea el que establezca los criterios
objetivos para la declaración de materias clasificadas como secretos
oficiales, evitando la actual discrecionalidad gubernamental que ampara
la Ley de 1968, reformada en 1978? Y una quinta pregunta, a la cual
todavía pido más atención: ¿Cuál va a ser la actitud de su Gobierno y la
de los grupos parlamentarios que lo sustentan a la hora de demandar por
parte de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, conjuntamente con otras
fuerzas políticas, la clarificación y la exigencia de responsabilidades
políticas, en su caso, de asuntos tales como el terrorismo de Estado
--los GAL--, el uso de fondos reservados o la corrupción, o hay algo que
se ha dicho por ahí que se llama pasar la página?
Señorías, señor Aznar, desde su nacimiento hace diez años, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha venido planteando la necesidad de
construir el Estado federal español como la opción más sensata, más
avanzada y más ligada a los procesos de nuestra historia y a las
consecuencias que se derivan de la profundización del Título VIII de
nuestra Constitución. El Estado federal que propugnamos no puede ser
construido a base ni de pactos bilaterales ni de picoteos aquí y allá o
de ensamblajes de retazos.
Nuestra fuerza política propone --y me gustaría dialogar sobre tal
extremo--, primero, la construcción del Estado federal, democrático y
solidario en un proceso que desarrolle, en primer lugar, el Título VIII
de nuestra Constitución y continúe con las pertinentes reformas de la
misma que afectan al Título Preliminar y a los títulos III y VIII.
Segundo, un proceso como éste exige un amplio consenso y un pacto
constitucional, estamos de acuerdo. Basar desarrollos parciales e
inconexos del Título VIII en simples acuerdos bilaterales
nos parece insuficiente en el contenido y erróneo en el método. Sería un
buen comienzo --lo pongo como ejemplo y lo ofrezco-- la toma en
consideración de nuestra proposición no de ley para constituir una
comisión dedicada a elaborar un informe base para la discusión en la que
se contemplan los puntos más importantes que estoy exponiendo. Tercero,
el Estado federal y solidario español debe constituirse como un Estado
social y democrático de derecho plurinacional y plurirregional. Debe
reconocer los hechos diferenciales, la pluralidad de lenguas y de
culturas y el respeto a la diversidad. Debe implicar una profundización
en los contenidos democráticos y participativos del sistema político
constitucional y hacer efectivo el principio de la subsidiariedad. Debe
ser precedido de una reforma del actual Senado en cuanto a sus
competencias, funciones y representación. Su carácter solidario se
concreta en su capacidad redistributiva entre los territorios federados y
los sectores sociales. Debe fundamentarse en la igualdad de derechos y
deberes de los entes federados, que podrán acceder a un mismo techo
competencial. Todo lo anterior con respecto a la voluntad de autogobierno
de cada uno de ellos. El inicio es, en los derechos y en los deberes,
necesariamente asimétrico. Sólo la solidez del proceso y la voluntad de
cada territorio podrá indicar en qué momento se llega a la situación
simétrica, pero, repito, situación simétrica en derechos y en deberes, no
en otras cuestiones que la historia ha ido depositando y que hay que
conservar. Debe garantizar la eficiencia del Estado en sus actividades y
prestaciones. Debe posibilitar el proceso europeo de federalización y, en
aras a una auténtica unión política democrática, la cesión de poderes a
la Unión Europea.
De la concepción y desarrollo del proceso hacia el Estado federal se
deducen dos ejes de actuación también objeto de diálogo, de consenso y de
pacto constitucional. El primero es la financiación del Estado y de sus
tres administraciones y el segundo...
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego vaya concluyendo.
El señor ANGUITA GONZALEZ: El segundo eje será el funcionamiento,
depligue y competencias de cada una de estas tres administraciones.
Convendría en esta Cámara, a la hora de hablar, que no tuviésemos
deslices en el lenguaje. Yo sé que no tiene mucha importancia, pero
siempre se llama Estado a la Administración central, ¿no?, y desde la
Constitución de 1978 el Estado es la Administración central, que
representa al Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Este es un hecho básico que hay que tener presente. La financiación exige
debate, consenso y acuerdos en el marco del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y, sobre todo y en última instancia, en las Cortes Generales.
Las materias a discutir por nuestra parte son los impuestos que se ceden
--IRPF, Sociedades, IVA--, territorialización de los ingresos fiscales,
la capacidad normativa en esta materia relativa a las comunidades
autónomas, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad con las dos
caras de una política redistributiva: el papel de los ayuntamientos y de
las haciendas locales, que son siempre los grandes olvidados en la
asignación de recursos, funciones y competencias. Las consecuencias de la
federalización del Estado para las tres administraciones que lo conforman
implicarían --y estoy terminando, señor Presidente--, primero, reforma de
la Administración periférica, reduciendo al mínimo sus aparatos y
funciones; segundo, desaparición de la figura del gobernador civil;
tercero, nueva configuración del delegado del Gobierno en las comunidades
autónomas; cuarto, desaparición de la diputaciones provinciales e iniciar
con comunidades y ayuntamientos el proceso de comarcalización; quinto, un
nuevo modelo de Función pública.
La reforma de la justicia, que también es un elemento fundamental en
nuestro concepto de la modernización, implica la reforma del Código
Penal, con la ampliación de los supuestos de despenalización del aborto,
con la desaparición de la supresión de los supuestos de insumisión, con
la despenalización de la eutanasia activa y con reformas en el Consejo
General del Poder Judicial. A la hora de nutrir de representantes y
miembros al Consejo General del Poder Judicial, convendría que se tuviese
presente la intervención de colectivos en la propuesta de candidatos para
dichos órganos a los grupos parlamentarios, la comparecencia de los
candidatos ante las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado y,
al final, la presentación de los elegidos ante el Pleno, mediante
propuesta razonada, y con nuevas competencias para ese Consejo:
competencias de inspección, competencias disciplinarias, competencias
sobre la selección de jueces, competencias sobre la mejora de la
formación de los jueces; y, además, un nuevo modelo de Ministerio Fiscal
elegido en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales;
desaparición de la justicia militar; reducción paulatina de las funciones
de la Audiencia Nacional; la reforma de las leyes procesales y la nueva
Ley de Protección al Menor.
La modernización y democratización del Estado exigen otras medidas. Nos
llama la atención el profundo cambio de la supresión del servicio militar
obligatorio. Naturalmente, nos quedamos con el título. Cómo se desarrolle
y qué tipo de ejército quieren hacer ustedes quisiéramos discutirlo, pero
nos llama la atención positivamente. Ahora bien, si eso es así, ¿no cree
S. S., señor Aznar, que podía comenzar su mandato, porque es algo
urgente, con la excarcelación de los que en estos momentos están
sufriendo condenas por insumisión? Eso exigiría un nuevo modelo policial
que implica, a nuestro juicio, la creación de un cuerpo único de policía
estatal y la desmilitarización de la Guardia Civil. El funcionamiento,
ejercicio de funciones, dependencia y supervisión de los servicios de
contraespionaje
deberían ser estrictamente civiles, bajo control último y definitivo del
Parlamento.
Finalmente, como corolario, entendemos que es conveniente y necesario
abordar con decisión situaciones y compromisos que son demandados por
amplios sectores de la sociedad y por numerosos colectivos, que responden
a problemas y a valores alternativos de justicia, igualdad y solidaridad,
una nueva ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo y
el cumplimiento del compromiso del 0,7 por ciento del producto interior
bruto para el Tercer Mundo.
Esta es, en apretada síntesis, nuestra visión y estas son nuestras
propuestas sobre la modernización del Estado. Con ellas iremos al
encuentro, al diálogo y al debate, y lo haremos con espíritu
constructivo.
En resumen, y como hemos dicho antes, señor Aznar, su Gobierno y usted
tendrán en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya una oposición clara y
nítida, enérgica, de izquierda, dura en los contenidos, pero le garantizo
que muy correcta en las formas, una oposición, como se ha demostrado en
anteriores legislaturas, siempre dispuesta a construir sobre lo concreto
si entendemos que con ello servimos a nuestros votantes y al pueblo
español.
Por tanto, en esta intervención he querido mostrar no solamente nuestra
posición ante su investidura, señor Aznar, sino también lo que va a ser
el eje de actuación de esta fuerza política en esta legislatura en torno
a los ejes y a los vectores de nuestro programa alternativo, someramente
aquí expuesto. Nuestra oposición rotunda, clara y enérgica desde nuestra
posición de fuerza de izquierda e independiente aspira a servir de ayuda
para crear las condiciones de una oposición de izquierdas ampliamente
instalada en este hemiciclo y en la sociedad, y esa aspiración la
queremos hacer buena en la coincidencia de contenidos y propuestas, pero
queremos dejar claro que eso ocurrirá así cuando los contenidos y las
propuestas comunes con quienes las compartamos obedezcan a los intereses
materiales, morales e ideológicos que constituyen el depósito histórico
de la izquierda y su apuesta permanente por una sociedad libre, justa e
igualitaria.
La diferencia entre la derecha y la izquierda no se fundamenta por parte
de esta última en distinciones semánticas, ni en apriorismos ideológicos,
ni en cargas sentimentales, sino en propuestas, en contenidos, en
acciones, en valores, en posiciones y en proyectos de sociedad
alternativa. Por mucho que la realidad apriete, la izquierda no puede
olvidar que en cualquier acción, por pequeña que ésta sea, elementos del
fin deben estar presentes en los medios, en los instrumentos y en la
acción inmediata.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Tiene la palabra el señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, el señor Anguita, en su intervención, sin duda muy completa, se
ha referido con insistencia a los silencios clamorosos que ha encontrado
en mi intervención. Como se decía antes, de un discurso es posible sacar
todas las ausencias que se quieran, pero, después de escucharle, tengo la
duda de si esta mañana he estado hablando en esta Cámara una hora y
veinte minutos. No creo que hayan sido tantos los silencios clamorosos a
los que S. S. se puede haber referido, y al comenzar a contestarle, sí
quiero, sin perjuicio de hacer los comentarios necesarios sobre las
cuestiones que V. S. ha planteado, agradecerle el tono de su
intervención, que me parece que se corresponde con lo que es el anuncio
de una oposición crítica, de una oposición, si se quiere, dura pero, al
mismo tiempo, de una oposición dispuesta y abierta al diálogo, una
oposición constructiva y una oposición de izquierda, que, como digo, V.
S. ha expuesto en esta tribuna sin duda con longitud y con largueza, a lo
largo de esta tarde, tocando muchos de los puntos que V. S. en este
momento entiende que son la radiografía de la realidad política, social y
económica de España y que tienen que ver con la evolución de su futuro.
Por tanto, como digo, quiero agradecer el tono de su intervención y
manifestar mi profundo respeto a la representación que usted ostenta,
como a todos y cada uno de los más de 2.600.000 votantes que ha tenido
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en las últimas elecciones
generales, que les convierten a ustedes en la tercera fuerza política y,
por lo tanto, en una fuerza política, como todas las que hay en esta
Cámara, cuya representación es digna de ser tenida en cuenta en las
acciones del Gobierno, en las acciones parlamentarias y, por tanto,
también en los diálogos políticos, en los diálogos con los grupos
parlamentarios y en el intento de buscar el consenso más amplio posible.
Por tanto, agradezco el tono, manifiesto respeto a su representación y
comprendo también, como le he dicho al señor González, aplicando la misma
lógica desde el punto de vista de una posición de izquierda, si bien con
los matices o las circunstancias que a mí no me compete comentar ni
ilustrar, comprendo --digo-- su voto negativo. Forma parte usted de la
oposición parlamentaria y, por tanto, en esa oposición parlamentaria
entiendo que la lógica política le lleva a usted --y no lo critico, digo
que lo comprendo-- a dar un voto negativo a este candidato, como recuerdo
que antes le he dicho al señor González.
Creo que evidentemente no hace falta insistir mucho en las diferencias
que pueden existir entre dos grupos políticos como son el Grupo
Parlamentario Popular e Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida --o al
revés, como ustedes prefieran: Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya--. Creo que hay diferencias sustanciales, claras y nítidas, y
que además no solamente no ocurre nada, no pasa nada por ponerlas de
manifiesto, sino
que entra dentro de lo lógico hacerlo, y creo que S. S. lo ha hecho así
también a lo largo de su intervención. Pero me parece que también es
oportuno resaltar, dentro de esa distancia y dentro de esas divergencias
que puede haber, las coincidencias que yo he intentando poner de
manifiesto o por lo menos voy a poner el mayor esfuerzo posible en
hacerlo a lo largo de esta intervención, y ya le anuncio al señor Anguita
que a lo largo de toda la tarea de gobierno que podamos tener en esta
legislatura, que yo --insisto-- deseo estable y larga, que es para lo
cual se han firmado los acuerdos a los que S. S. se ha referido. Y
justamente por su contenido, como decía antes, esos acuerdos están
también abiertos al consenso y al diálogo con su grupo político, y en
aquellos que puedan, a su juicio, merecer la suficiente colaboración o
confianza para participar activamente espero que también nosotros podamos
contribuir para alentar e incentivar su participación, porque creo que
nacen un conjunto de propuestas modernizadoras, de progreso para la
sociedad española a las cuales convendría adherirse, y yo por lo menos
invito a V. S. e invito a su grupo parlamentario a adherirse a alguna de
estas cuestiones.
Me quería referir a algunas de ellas para tomarlas en consideración, sin
perjuicio de procurar respetar al máximo el orden que S. S. ha
establecido en su discurso.
Ha hablado S. S. de la reforma de la Seguridad Social y del Pacto de
Toledo. Su grupo parlamentario, si la memoria no me falla, firmó el Pacto
de Toledo. Por tanto, yo deseo que en lo que significa la política de
desarrollo del Pacto de Toledo su grupo parlamentario participe
activamente. Sé que puede haber visiones o ideas diferentes en un
determinado momento de lo que puede ser una evolución conveniente de la
Seguridad Social, pero yo lo que le pido a su grupo, como a todos los
grupos de las Cámaras, es que nos responsabilicemos de aquello que
firmamos, y para la Seguridad Social española y para la reforma de la
Seguridad Social española de la que yo he hablado es básico y urgente la
aplicación del Pacto de Toledo. Yo no le voy a ocultar que hay personas,
grupos, grupos sociales en el país, que piensan que no es suficiente el
Pacto de Toledo, pero yo quiero responder estrictamente de mis
compromisos en el discurso de esta mañana, y esa reforma pivotará
exclusivamente en el desarrollo del Pacto de Toledo, y dentro de esa
reforma he manifestado la necesidad de reafirmar el pacto de solidaridad
que nace con la transición democrática y he establecido un claro
compromiso, como es el de respetar la capacidad adquisitiva de los
pensionistas españoles, y espero que se tenga en cuenta, porque se hace
un esfuerzo importante en el marco de lo que significa la situación
económica general del país y un esfuerzo importante que hay que mantener
desde el punto de vista del pacto de solidaridad al que me he referido.
Por tanto, vamos a desarrollar el Pacto de Toledo en toda su longitud, en
toda su profundidad, y descarte S. S. cualquier tipo de políticas y, por
tanto, despeje las incertidumbres o las dudas que pueda tener al
respecto.
Se ha referido a la reforma sanitaria, y creo que debe coincidir S. S.
conmigo en la necesidad de desarrollar, de profundizar en la utilización
de todas las capacidades que tiene nuestro sistema sanitario. ¿Sobre qué
base? Sobre la base del Sistema Nacional de Salud. A mí me parece ésta
una posición bastante evidente, bastante lógica. Sobre esa base, de lo
que se trata es de analizar lo que significan en este momento las
capacidades potenciales de todo el sistema sanitario español, la
evolución de su gasto en todos sus componentes, y llegar a la formulación
de unas recomendaciones y unas conclusiones similares a las que han
servido para el sistema de Seguridad Social relativo al tema de las
pensiones. Por tanto, ofrezco también la constitución de esa ponencia a
la hora de determinar esos trabajos de reforma sanitaria.
Se ha referido S. S., y ha hecho ciertas propuestas --algunas de ellas
sin duda muy coincidentes, e insisto en que quiero resaltar esas
coincidencias--, a la política autonómica. Ha hablado claramente de la
federalización, de la modernización del Estado, de la financiación,
etcétera. Le quiero decir --porque no me gustaría que debatiéramos sobre
cuestiones meramente nominales, meramente semánticas o meramente
formales--, y se lo diré con la mayor claridad posible, que creo que el
marco constitucional y los estatutos de autonomía vigentes son el marco
jurídico institucional suficiente, sólido y estable que debe contener lo
que significan las reglas del juego en política autonómica, de
descentralización del poder y de descentralización territorial. Por
tanto, cuando se habla de federalización podemos debatir sobre ello --en
mi opinión y por eso lo digo de esa manera-- desde el punto de vista
teórico, pero quiero decir que cuando se habla de un Estado federal en
sentido estricto, lo que se propone --y si se propone pido que se diga--
es una reforma constitucional. Yo no voy a hacer ni voy a proponer ni voy
a alentar esa reforma constitucional. ¿Por qué? Porque digo ahora que el
marco constitucional me parece válido, suficiente y que tiene más
ventajas en su diversidad y en su flexibilidad que las que pueda tener un
marco federal, y naturalmente a nadie se le escapa en esta Cámara --y a
S. S. tampoco-- que ese marco descentralizado autonómico tiene
componentes propios, como no podía ser de otra manera, de unas técnicas o
unos principios federales, pero el marco hay que asentarlo, hay que
reafirmarlo, hay que estabilizarlo y desarrollarlo, y a eso irá destinada
la política del Gobierno. Ese es el sentido profundo de los acuerdos que
hemos firmado tanto con Convergència i Unió como con el Partido
Nacionalista Vasco y con la Coalición Canaria. Pongámonos por tanto a esa
tarea de desarrollo constitucional y de desarrollo de los estatutos de
autonomía.
En lo que se refiere a profundizar en la tarea de reforma del Senado para
dotarle de un contenido de mayor representación territorial, estamos
abiertos, por
supuesto, a la colaboración e instamos, como estoy instando, a ella, lo
mismo en lo que se refiere al pacto local, que no digo yo que se tenga
que hacer --creo que S. S. me ha interpretado mal-- en el seno de la
Federación Española de Municipios y Provincias sino con la colaboración
de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que me parece
lógico, como en lo que significa la reforma, la simplificación de la
Administración Central del Estado, cuyo número de funcionarios, en pleno
proceso de transferencias a las comunidades autónomas, ha crecido en más
de 100.000 en los últimos años; y en lo que se refiere a la reforma de la
Administración periférica, que no ha recibido toda la corrección y sobre
la que hay unas propuestas concretas en los acuerdos y en el programa de
gobierno, creo que también podemos trabajar.
También se ha referido S. S., si bien de pasada, al tema de la
financiación autonómica. He hablado antes de ello y no me extenderé mucho
sobre lo mismo. Supone un cambio de sistema. Las comunidades autónomas
percibirán una parte importante de sus ingresos no por la evolución del
producto interior bruto considerado en términos nominales sino por la
evolución de sus ingresos en su territorio. Esa es la diferencia
sustancial, y eso significará que las comunidades con más capacidad de
decisión presupuestaria y de gasto para alentar su propio crecimiento,
con más capacidad en sus políticas concretas para luchar contra el
fraude, serán unas comunidades que se verán favorecidas. No hay esa
distinción que se dice entre comunidades más ricas y comunidades más
pobres, sencillamente porque no es verdad. Se establece un sistema de
corresponsabilización sobre lo que es la evolución del ingreso,
respetando todos los mecanismos de solidaridad constitucional y
estatutariamente vigentes, porque no se prescinde de ninguno. Eso sí, se
aumenta el autogobierno, se aumenta la autonomía y se aumenta la
responsabilidad en líneas generales de las comunidades autónomas en sí
mismas y ante sus ciudadanos, porque es muy importante para saber valorar
luego en términos de debate político y de coste efectivo el
funcionamiento de cada servicio de que puedan disponer las comunidades
autónomas. Me parece que en el nivel de desarrollo constitucional y
estatutario en el que está España en este momento es bastante lógico dar
este paso, por otra parte, dígase lo que se diga, contenido en el
espíritu de las propuestas de todas las formaciones políticas o de las
formaciones políticas que tienen representación parlamentaria o, al
menos, de la mayoría de ellas.
Su señoría ha hecho también una referencia a lo que significan nuestras
ofertas en relación con la política de defensa y la reforma del servicio
militar. No insistiré mucho en eso. Quiero decir que eso se enmarca, como
he dicho esta mañana, en tres puntos capitales: la noción de suficiencia
de nuestras Fuerzas Armadas para sus obligaciones constitucionales, el
proceso de modernización de la Alianza Atlántica y los compromisos de
España en eso que se llama la construcción de la identidad europea de
seguridad y defensa. Y deseamos progresar, profundizar en ese proceso de
modernización de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Podemos ser insensibles a lo
que significan las necesidades financieras o económicas del país y
hacerlo de golpe? Evidentemente que no, pero ir transformando
progresivamente el actual sistema mixto hacia una profesionalización cada
vez mayor acabando en la supresión del servicio militar obligatorio,
desde luego que sí, y creo además que sería bueno en todos sus términos
para la sociedad española, empezando por las necesidades defensivas de
nuestro país, y que eso sería útil también para el cumplimiento de las
obligaciones generales que tiene nuestro país, dentro de las cuales le
quiero decir --estoy seguro de que con los matices que quiera al final
convendrá conmigo, no voy a decir que dándome toda la razón, pero algo de
razón, espero, me podrá dar su señoría-- que la Alianza Atlántica de hoy,
de 1996, no tiene nada que ver, señor Anguita, con la Alianza Atlántica
de 1986, y que en 1986, cuando se hizo el referéndum, había una situación
internacional y europea totalmente distinta de la que hay ahora. Y una
Alianza, concebida para el cumplimiento de unas obligaciones y con una
estructura determinada, tiene hoy, en un escenario completamente
distinto, que ajustarse a otras necesidades y cumplir otras obligaciones,
fundamentalmente las que puede estar cumpliendo en este momento en la
antigua Yugoslavia.
¿Quiere decir que España no debe participar activamente en el proceso de
reformas que impulsa la propia Alianza? Pues yo creo que no. Creo que
España debe participar en ese proceso de reformas y, naturalmente,
deberemos modular en su momento hasta dónde llega dicho proceso, pero me
parecería absurda una posición negativa de España a participar en el
proceso de reformas que inevitablemente pone en marcha la propia Alianza
Atlántica, porque significaría tanto como situarnos en una posición
marginal que con tanta razón hemos criticado todos durante tantos años
por inconveniente para la posición y para los intereses españoles.
Su señoría ha mencionado también cuestiones relativas a la lucha
antiterrorista, y ha formulado algunas preguntas respecto a ello, sobre
la colaboración con la justicia, o cuestiones relativas a la lucha contra
la corrupción. Le diré que mi espíritu sobre el tema de la lucha
antiterrorista es el que yo he expuesto esta mañana. Nosotros y espero
que toda la Cámara, y además creo que no es ocioso decirlo, señor
Anguita, tenemos que manifestar claramente la voluntad de ganar la
batalla a los terroristas y tenemos que ser intransigentes con todo
aquello que suponga que se transgrede la ley para intentar ganar esa
batalla, pero convendrá S. S. conmigo en que también tenemos que ser
intransigentes con todos los que intentan transgredir la ley para
ganarnos esa batalla a nosotros. En consecuencia, el respeto al Estado de
Derecho en todas las acciones de
lucha antiterrorista será uno de los elementos esenciales, uno de los
elementos básicos, uno de los pilares fundamentales de lo que significa
la lucha antiterrorista, insisto, en el marco de los pactos de Madrid, de
Ajuria Enea y de Pamplona.
Simplemente quiero pedirle, señor Anguita, el esfuerzo que estoy
convencido que va a hacer desde el punto de vista de la lógica
democrática de comprender las diferentes situaciones. Usted ha anunciado
antes, con toda la razón, que durante esta legislatura va a hacer el
mayor esfuerzo de oposición y de control del Gobierno, y es lo que le
corresponde, y a nosotros, o a mí, si usted quiere, si recibo la
confianza de la Cámara, Gobierno, me corresponde ser controlado. No me
pida, porque no tendría lógica democrática --la misma que yo le pido en
ese esfuerzo--, que yo dedique mis esfuerzos a controlar al Gobierno
anterior o a controlar a lo que ahora es la oposición, porque esa no es
la lógica democrática. Por tanto, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer,
no debo hacerlo, no se debe hacer. Otra cosa distinta es que desde el
punto de vista de su posición política yo lo comprenda, pero estoy
absolutamente seguro que usted va a comprender que yo no lo pueda hacer,
y que dentro de eso yo le diga que en todos los temas que hay ante los
tribunales de justicia el Gobierno no entorpecerá, y el Gobierno,
naturalmente, colaborará con la justicia, como es su obligación. Le pido
también el esfuerzo de que no me haga decir --no lo voy a decir en ningún
caso-- que colaborar con la justicia quiere decir hacer lo que usted
piensa en todos los casos que hay que hacer, porque llevando su argumento
al máximo, si usted me dice: comprométase a entregar todos los secretos
oficiales, yo tendría que decirle: lleguemos a la conclusión de que no
hay ningún secreto oficial y que lo mejor es suprimir la legislación.
Quiero decirle con esto que el principio de colaboración con la justicia
es un principio lógico, democrático y de responsabilidad que todo
gobierno debe poner en marcha y que en todos esos asuntos el Gobierno que
yo presida, si recibo la confianza de la Cámara, llevará a cabo.
Debo hacerle otra reflexión al respecto, también desde el punto de vista
de la lógica político-parlamentaria. Se pueden pedir todas las
responsabilidades político-parlamentarias que se quieran, pero pido que
se reflexione sobre una cuestión: las responsabilidades
político-parlamentarias se piden a políticos, no a funcionarios. Por
tanto, que se pidan las que se crea que se tienen que pedir, respetando,
como yo pido que se respete, la lógica que acabo de exponer, pero que se
pidan las políticas, las político-parlamentarias a políticos y no a
funcionarios.
En la lucha contra la corrupción he manifestado esta mañana mi compromiso
de luchar claramente contra todos los fenómenos que puedan producirse de
corrupción, de alentar las competencias de la Fiscalía General del Estado
y, naturalmente, de combatir claramente no los síntomas, no la
superficie, no la espuma, no las manifestaciones más estridentes por
escandalosas que puedan ser, sino las causas profundas de los fenómenos
de corrupción que pueda haber en el país. Para eso favoreceremos los
controles parlamentarios oportunos en los términos que convengan los
propios grupos parlamentarios.
He querido resaltar esas cuestiones, señor Anguita, antes de referirme,
si me permiten, con alguna brevedad, a dos temas importantes que usted ha
tratado y los cuales no quiero dejar de comentar. Uno es el
económico-laboral o el económico-social.
En el tema económico ha hecho mucha referencia a la herencia, digamos que
ha hecho más referencia que yo a la herencia --y no se lo critico--, pero
quiero decirle que las herencias, como sabe, no se reciben a beneficio de
inventario. Simplemente creo que dentro de lo que significan esos
esfuerzos que hay que hacer, a los que me refería, en cuanto al
incumplimiento de los requisitos de convergencia, aunque a usted no le
gustan, y a mí sí me gustan, o la situación laboral, o las cifras de
paro, o la precariedad, o los problemas industriales, la sociedad
española, si todos hacemos un esfuerzo, tiene capacidad para dar
respuesta a esos problemas, a esos retos y a esos compromisos.
Mi posición aquí no coincide con la suya. Eso lo entiende todo el mundo y
es absolutamente lógico, y además, no le voy a engañar, señor Anguita, me
alegro de que no coincida, porque creo que nuestra posición política,
nuestra propuesta es mucho más razonable que la suya. La suya yo la
comprendo, como digo, desde una alternativa de izquierda, pero no la
comprendo desde lo que puede ser la aplicación de una política o de un
proyecto a un país determinado y en una circunstancia determinada, como
es en este momento nuestro país. Para mi los requisitos de convergencia
son en sí mismos buenos, no porque nos lo imponga nadie, que nadie nos lo
impone, sino porque reducir el déficit, tener bajos tipos de interés,
reducir el endeudamiento --que esa es otra cosa de la que no hemos
hablado mucho esta mañana ni esta tarde todavía--, o conseguir que la
economía sea más competitiva, más activa, más productiva, y que la
inflación o el crecimiento de los precios sea favorable para lo que
significa la competitividad de nuestra economía, me parece absolutamente
básico, esencial, y no entiendo que eso se pueda criticar. Yo creo, por
el contrario, que la creación de empleo depende de un crecimiento sólido,
sostenido y estable, y no entiendo cómo se puede obtener ese crecimiento
con tipos de interés altos, con altos déficit o con alta inflación. No lo
entiendo. Yo creo que eso, primero, perjudica a la competitividad;
segundo, perjudica al empleo; y tercero, es lo que acaba poniendo en
riesgo los sistemas de protección social. Por eso, yo decía esta mañana
que la mejor arma, el mejor instrumento de garantía de esos sistemas era
un crecimiento económico sostenido, estable, un crecimiento económico
sano, y que era muy importante para ello el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Tratado de la Unión. Por tanto, comprendo
las diferencias,
aunque me resulta poco comprensible la alternativa a ello. En todo caso,
aún en esas diferencias, me gustaría contar con la participación activa
de su grupo en los trabajos de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las
Relaciones con la Unión Europea y en lo que pueda significar el
seguimiento y el cumplimiento de los esfuerzos que todos tenemos que
hacer --y yo también, señor Anguita, le pido el suyo a usted y a su
grupo-- para intentar, naturalmente, mejorar las circunstancias
económicas de nuestra economía.
Por otro lado, no comparto su teoría sobre las privatizaciones, ni
tampoco debe usted estar tan alarmado. Yo creo que la diferencia hoy,
desde el punto de vista económico, entre empresas, no es entre la empresa
pública y la privada, sino entre la empresa competitiva y la que no lo
es. Esa es la diferencia. Naturalmente, el criterio de privatizaciones
hay que entenderlo desde el punto de vista de la eficiencia general del
sistema. Por tanto, no esté usted preocupado, sino al contrario; debería
apoyar eso que yo he dicho esta mañana de que elaboremos un plan
estratégico de privatizaciones. Tampoco nos han dejado mucho por
privatizar, pero lo que quede por privatizar y sea lógico privatizarlo,
vamos a hacerlo ordenadamente, respondiendo a ese plan estratégico. Y
luego, naturalmente, como he dicho esta mañana, sabemos que hay
determinadas empresas, determinados sectores que necesitan, o que pueden
necesitar, la presencia de un sector público estatal, y ese sector
público hay que mejorarlo desde el punto de vista de su situación
económico-financiera y también desde el punto de vista de su gestión.
Dice S. S. que al hablar me he olvidado de la industria, que ha sido un
silencio clamoroso. No creo. He hablado de las pequeñas y medianas
empresas, que son las industrias, que yo sepa, el 99 por ciento de las
industrias españolas, y de la obligación de reformar su situación para
incentivar su competitividad, y naturalmente cuando he hablado de la
empresa, he hablado de la empresa, no he hablado de empresarios dejando a
los trabajadores he empleado conscientemente, y creo que correctamente,
el término empresa.
Comparto plenamente su preocupación por las cifras de paro, comparto su
preocupación por las cifras de precariedad en el empleo, también por lo
que significa la situación laboral de los jóvenes. He dicho esta mañana
que el contrato de aprendizaje debe unirse a la formación y que, por
tanto, debe superarse lo que significa la situación actual que no
considero deseable ni desde el punto de vista laboral ni desde el punto
de vista social, ni para el funcionamiento de la propia evolución del
empleo en nuestro país, y naturalmente, en el diálogo social impulsaremos
todas estas políticas, porque creo que la responsabilidad fundamental en
este campo ahora es la responsabilidad que compete a los empresarios y a
las centrales sindicales, y que la tarea del Gobierno, que vamos a
cumplir y, como he dicho, vamos a cumplir rápidamente, es una tarea de
impulso, de incentivación de esas posibilidades.
Quiero decirle que, en la reforma del sistema fiscal, nuestro compromiso
de la lucha contra el fraude es un compromiso irreversible; es
absolutamente inaceptable que una democracia desarrollada y un país
moderno tenga las cifras de fraude que tiene España. Inaceptable.Y fallan
muchas cosas; falla el propio sistema, que hay que reformar, fallan
también los medios en la Administración y falla también, naturalmente, la
ejemplaridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
He contestado ya a lo que se refiere a la Alianza Atlántica.
En relación a las preguntas que me ha hecho S. S. respecto a la
agricultura, le diré que he mencionado expresamente la política agraria
común, la agricultura mediterránea, frutas y hortalizas en lo que
significan las políticas prioritarias para España en el futuro.
Por último, para concluir, señor Anguita, creo que su postura de voto
negativo, como he dicho, es perfectamente comprensible. Comprendo también
su anuncio de posición, dura y correcta. Espero, ¿por qué no decirlo?,
señor Anguita, que sea mucho más donde debe ser, que es en el Parlamento
y no en otros ámbitos a los que usted de pasada ha hecho referencia, pero
que creo que no son los ámbitos en los que las disputas o las
discrepancias políticas deben dirimirse exactamente, y espero que, a
pesar de esas diferencias, que son importantes, también en este aspecto
de coincidencias podamos combinar posturas constructivas para el futuro
del país.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
mal empezamos.
Un debate de estas características es un debate donde se contrastan
valores, ideas, posiciones, programas, líneas estratégicas, y es un
debate en el que a nuestra fuerza política le gusta dejar claro, para
empezar, qué es lo que nos diferencia; para empezar; porque este debate
es el que abre una legislatura, y por tanto tienen que estar muy claras
las diferencias, que son profundísimas. Y, después, en la parte
expositiva a la que yo he hecho referencia al hablar de la modernización
del Estado, he planteado toda una propuesta sobre la que discutir.
Nuestra posición de no, señor Aznar, no es porque nosotros seamos un
grupo político distinto y, al ser distinto, al tener otras siglas,
tenemos que votar no a su investidura, que eso sería en cierta medida
degradar este debate y hacer una caricatura. Votamos no porque estamos
radicalmente confrontados con la política económica que ustedes plantean
y presentan. No
es una cuestión de situarse bajo el amparo de unas siglas políticas, sino
que es una cuestión de programa alternativo, que no de alternancia, de
visión profunda y totalmente distinta.
Yo no he querido hacer un ajuste de cuentas con la etapa que hoy
finaliza, o finalizará mañana; simplemente, lo que he querido decir es
que en esa etapa ustedes han tenido una parte importante, porque apoyaron
y votaron la reforma del mercado laboral, han coincidido en la
convergencia y han estado apoyando elementos de esa política. Es lo que
he querido decir. Yo ya no quiero hablar más del Gobierno que en estos
momentos se está ultimando, porque lo que me preocupa es lo que haga el
Gobierno que usted pueda presidir.
Y, a partir de ahí, a partir de las profundas diferencias, ¿qué tenemos
que decir? Varias cosas. Para empezar, en cuanto a la convergencia, S. S.
me ha dicho que la convergencia es buena, y, por tanto, entramos dentro
del mundo de la metafísica, es esencialmente bueno. Pues bien, la
convergencia, los criterios de Maastricht están aumentando el paro.
Dígame usted una cifra que demuestre lo contrario. Y yo le coloco a usted
un dictamen de una Comisión temporal de empleo del Parlamento Europeo,
presidida por una colega suya, creo, en donde se advierte de los peligros
y de los riesgos de aplicar los criterios de convergencia. ¿En qué es
buena la convergencia? ¿Cuáles son los puestos de trabajo que se han
creado? ¿No es cierto que ha aumentado la precariedad? ¿Dónde está en esa
planificación, ustedes que son enemigos de la planificación y se someten
a una planificación terriblemente burocrática que marca ya los hitos del
déficit, una planificación de la convergencia, dónde están los resultados
en toda Europa? ¿Avanza o se reduce la precariedad? ¿Dónde está el
crecimiento económico que cree empleo, cuando todo el mundo ya ve
alarmado y comprueba que el crecimiento económico ya no sirve para crear
empleo? ¿Dónde está la bondad de la convergencia?
Pero, en definitiva, imaginemos, y lo concedo como argumentación en este
debate --es una figura retórica--, que la convergencia pudiera ser buena,
cosa con la que no estoy de acuerdo, porque las cosas son buenas o malas
cuando se constatan en la realidad; imaginemos que fuese buena. Señor
Aznar, usted sabe que en 1997, teóricamente, nos espera un déficit del 3
por ciento. Pero ustedes saben, ya se ha dicho que --se ha afirmado por
parte de Alemania y del presidente del poderoso Bundesbank-- al día
siguiente del 3 por ciento hay que seguir aplicando hasta el déficit 0;
es lo que se llama la convergencia duradera, o lo que se llama el pacto
de estabilidad. Es decir, si desde el día de hoy hasta 1997, 18 meses,
tiene S. S. que reducir el déficit nada menos que del 4,4 por ciento al
3, o sea, un billón 600.000 millones de pesetas y, al día siguiente de
llegar, exhausto, tiene que seguir apretando, ¿qué es lo que va a
ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los que viven de un salario? Porque decir
que esto de la convergencia es buena... La economía va bien, el producto
interior bruto crece, los indicadores mercantiles están contentísimos. Y,
¿cómo está la gente viviendo? ¿Qué contrato y qué puesto de trabajo
tiene? Es que éste es el problema de la economía. Si no, va a pasar como
con la señora baronesa; ya conoce el chiste. Llega la señora baronesa y
pregunta al mayordomo: ¿Alguna novedad? No. Salvo que su hija se ha
suicidado, sin novedad, señora baronesa; salvo que la casa se ha
incendiado, sin novedad, señora baronesa. La convergencia será como la
señora baronesa: estarán muy bien los criterios económicos, pero, ¿cómo
están los trabajadores en España y en Europa? ¿Dónde están los índices?
¿Dónde hay una sola propuesta, un solo marco, una sola referencia, un
solo compromiso que diga que va a bajar el paro? Son los criterios de
convergencia. Por tanto, ahí hay una diferencia profunda. Pero no
solamente profunda, señor Aznar. No es una cuestión de que nosotros, como
nos sentamos allí, por eso le vamos a votar que no. No. Vamos a tener la
misma posición, porque usted está haciendo el continuismo en esa
valoración con el Gobierno anterior.
¿Qué concepto de Unión Europea? Esta fuerza política que ha venido aquí a
hablar de la Unión Europea, lo recuerda a todos ustedes, señorías, y a
sus portavoces hace cuatro años, en esa exaltación lírica de una Europa
irreal, de la que ustedes ya no hablan. No se ha hablado de unión
política, sino simplemente la unión económica y monetaria, pero, además,
sin armonización fiscal, sin presupuesto europeo, sin hacienda pública
europea. ¿De qué Europa están hablando? ¿De qué tipo de construcción? ¿De
la de un mercado? Y, además, con algo a lo que usted no me ha contestado,
y es difícil de contestar: esta Cámara cedió parte de la soberanía que le
dio el pueblo español en aras del Tratado de la Unión Europea de
Maastricht, y la cedió para asuntos de política económica y social; es
decir, hay que cumplir los criterios de convergencia y, por tanto, se le
imponen a esta Cámara y al Gobierno. ¿Y en la política de empleo? ¡Ah,
no! La política de empleo es competencia del Gobierno de España. ¿Cómo
puede usted gobernar esa contradicción si no les dejan a ustedes los
instrumentos?
Usted me plantea: ¿Y cuál es la alternativa? Le voy a contestar, para
empezar, lo mismo que el señor Rato contestó una vez en un programa de
radio, cuando le dijeron que cuál era la alternativa al Gobierno del
PSOE. Dijo: hacer otra totalmente distinta. Esa contestación, para
empezar, viene de sus filas. Pues bien, simplemente, comenzar a
desarrollar lo que se dice en los propios documentos construidos en
Europa: la cuestión de la unión política, una política de seguridad...
Y ahora viene el tema de la OTAN. Vamos a ver, señor Aznar, usted indica
que es muy conveniente que la OTAN, una vez que ha desaparecido la
situación política que obligó a que la OTAN se creara (y creo que hay
ciertos lapsus sobre qué se creó antes, pero pasemos sobre ellos)... Pero
vamos a ver: ¿el pueblo español fue convocado a referéndum, sí o no? ¿El
pueblo español aprobó en referéndum unas condiciones, sí o no? Yo
pregunto con la lógica democrática: cuando un pueblo da unas condiciones
¿por qué no se convoca a ese pueblo claramente para que vote, si quiere,
las nuevas condiciones? Mal empezamos. Y mal empezamos si, ante un tema
tan importante como es éste de la convergencia, la revisión del Tratado
de la Unión Europea tampoco se somete a referéndum.
Yo advertí una vez en esta tribuna algo que comienza a cumplirse poquito
a poco. Se decía, fundamentalmente para atacar a este modesto portavoz:
Como usted no está de acuerdo con Maastricht, usted no quiere la Unión
Europea. Y yo digo: Sí, quiero la Unión Europea por otro camino. Pues a
base de reiterar que Maastricht es la única salida para la Unión Europea,
aquellos que están recibiendo la influencia negativa de la convergencia
ya no plantean otra salida, sino que hacen un discurso antieuropeo.
Fíjese si la diferencia es profunda, señor Aznar.
Sigamos. Su señoría me habla de las privatizaciones para hacer las
empresas más competitivas. Es que las que se están privatizando son las
que dejan más beneficios. Es que resulta, señor Aznar, que estamos
dilapidando, que estamos derrochando, aunque es verdad que ustedes no
empezaron, que empezaron aquí (señalando a los bancos del Grupo
Socialista); empezaron a vender las industrias que producen beneficios;
es decir, algo de una lógica aberrante. Cuando se habla de que hay un
déficit, se venden industrias que producen beneficios, porque hay que ser
competitivos. Esto necesita una explicación. Otra cosa es lo que yo he
propuesto aquí: discutamos de eso y hablemos de una escuela de gestión de
la empresa pública, planteemos esa cuestión, venga el debate a esta
Cámara. Pero decir que se venden porque tienen que ser competitivas, y se
vende Repsol, y se vende Argentaria, y se va hacia Endesa, que son
precisamente las que dan los beneficios, ¿qué clase de explicación es
ésa? Por eso, yo hablaba de continuismo con esa política. Una cosa son
los enfrentamientos y los pataleos en el hemiciclo, pero el nexo
conductor de la política sigue siendo exactamente el mismo. Claro, a
partir de ahí, se habla de esa construcción o de las privatizaciones como
de algo necesario para la competitividad.
Señoría, días tendremos para discutir sobre esa palabra de la
competitividad y toda la carga ideológica negativa que encierra, pero
discutirlo con números, porque la palabra competitividad se está
utilizando para desregular el mercado laboral, para imponer las
privatizaciones y para hacerlo todo contra la gente que vive de un
salario.
Sigamos. Su señoría...
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino.
Su señoría invita a que nos adhiramos a la cuestión del Pacto de Toledo.
Pues mire, firmamos el Pacto de Toledo. Lo único que yo he dicho aquí, y
también lo hemos dicho en los actos públicos, es que hay que tener
cuidado con la interpretación que se dé a los Pactos de Toledo. Por eso,
me ha llamado la atención su frase en el sentido de que habrá que hablar
de la Seguridad Social. A partir de ahí, nos hemos puesto sobre aviso. Es
decir, estaremos atentos y vigilantes a ver cómo se desarrollan los
Pactos de Toledo, pero sobre todo hay una cuestión importante, señor
Aznar, que quisiera que usted me explicara, simplemente por satisfacción.
Cumplir con los compromisos, la financiación de las comunidades
autónomas, no sé si también ha planteado la financiación de la LOGSE y
reducir el déficit... Por favor, llame usted a Pitágoras y que nos
explique cómo puede cuajar eso, cómo se puede llegar en 18 meses a ese
déficit cero planteando además el desarrollo de una serie de cuestiones.
Voy terminando. La federalización.
Su señoría ha planteado que el desarrollo del Estado federal pudiera
suponer tocar la Constitución. Al hablar de la Constitución, yo, que
suelo hablar mucho de la Constitución --pero sin temor supersticioso,
porque las constituciones se cambian--, diría que empecemos por hablar
del artículo 31 --progresividad fiscal-- y que hagan ustedes una política
fiscal progresiva. Vamos a amar a la Constitución, pero vamos a amarla y
no con un amor oudri, sino con un amor real, concreto, artículo tras
artículo. Vamos a hablar del artículo 35, que señala que todos los
españoles tienen derecho a trabajar. Vamos a hablar, señor Aznar, de un
concepto que hace tiempo aquí no se dice, salvo cuando sube a la tribuna
el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Según el
artículo 40 de nuestra Constitución, los poderes públicos están obligados
a hacer una política orientada al pleno empleo. La expresión pleno empleo
es un mandato constitucional; creo que no hay que tener miedo. ¿Por qué
no hablamos del artículo 38 y sobre la fuerza vinculante de los
convenios; o del artículo 41 cuando señala que en el caso de desempleo
tiene que haber prestaciones sociales? Quizá pensemos que la Constitución
sea sacrosanta, sea intocable para determinados aspectos, pero la estemos
vulnerando sistemáticamente. ¿Y que no hay que tocar la Constitución? El
desarrollo del Título VIII, llevado hasta sus consecuencias mediante un
consenso, un debate, un diálogo, producirá algún momento de federalidad y
entonces habrá que cambiar el Título preliminar, el III y el VIII.
Además, S. S. plantea aquí una cuestión importante. Su señoría ha
planteado que hay que reformar el Senado y después, o antes, ha dicho que
no se toca la Constitución. ¿Se trata, por tanto, de una reforma de
simples reglamentos? En ese proceso del desarrollo del Título VIII,
ustedes y sus compañeros de Convergència i Unió --si son federales, sobre
lo
que tengo mis dudas-- ¿creen que el actual Senado puede desempeñar el
papel de Cámara territorial? ¿Habrá que tocar o no habrá que tocar la
Constitución? No se puede pedir una cosa y pedir también lo contrario.
Los pactos locales. Nuestro grupo parlamentario consiguió el acuerdo de
esta Cámara sobre el desarrollo del pacto local, es decir, sobre el
método. Creo que sería conveniente ponerlo en marcha, es una aportación
nuestra.
Yo no he hablado de terrorismo, en absoluto. En cuanto al pacto de
financiación, yo hacía hincapié en mi intervención en la necesidad de
discutir, pero quiero dar una información o por lo menos hacer un
comentario.
Su señoría ha hablado de la corresponsabilidad, pero aquí no hemos oído
hablar de la solidaridad, o hemos estado ausentes en ese momento.
Solidaridad, fondo de nivelación, desarrollo de la LOFCA y, por tanto, de
los elementos que hagan posible un Estado mediante el cual la Hacienda
Pública tenga el carácter redistributivo. Solidaridad y
corresponsabilidad son las dos caras de una misma moneda. En la medida en
que hay solidaridad tiene que haber corresponsabilidad, no se pueden
disociar. Hablar sólo de corresponsabilidad y no hablar de solidaridad es
hacer una visión sesgada, y mucho, hacia determinados intereses, de la
misma manera que hablar de solidaridad y no de corresponsabilidad
llevaría a una situación que no tendría gobernabilidad. Por tanto,
corresponsabilidad y solidaridad.
En definitiva, señor Aznar, nuestro planteamiento ha sido claro, nuestra
posición firme. Y cuando yo he hecho aquí referencia a que tendrá una
oposición enérgica incluso en la calle, es normal. La calle es vida. Se
utiliza la calle dentro de los mecanismos legales, se utiliza en la lucha
de ideas, en la lucha política y en la lucha social, que siguen
existiendo. Aunque haya decretos que digan que no existen, siguen
existiendo, porque son la vida misma. Los mecanismos de participación, de
presión y de lucha, dentro de la ley, están abiertos para todos. Quiero
decir, simplemente, que no espere nadie una actitud distinta a la que
hemos mantenido en estos años anteriores. Será exactamente igual, con la
misma intensidad, con el mismo tono, es verdad que también con el mismo
lenguaje, con los mismos contenidos y dispuestos a dialogar sobre lo
concreto, pero desde la firmeza y la claridad. Porque es en este debate
cuando las cosas tienen que quedar claras para que, cuando pasen los
sucesivos meses y lleguen las leyes y las propuestas, la posición de cada
grupo aquí sirva de guía para todas sus propuestas, para todas sus
votaciones. Por tanto, hoy, en esta sesión, es muy importante lo que
pueda aproximarnos, pero para mí es mucho más importante lo que nos
separa, que es mucho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
El señor Aznar tiene la palabra.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Gracias,
señor Presidente. Con brevedad.
Señor Anguita, si no le importa pondré yo la nota un poco optimista. No
creo que empecemos tan mal como usted ha dicho. Creo que hemos empezado,
por el contrario, bastante bien y con bastante buen tono por parte de
todos los intervinientes hasta ahora en el debate.
Quiero decirle que yo no he criticado ni su voto negativo ni siquiera su
alternativa. Insisto, no critico su voto negativo porque lo comprendo, y
no critico su alternativa, sino que simplemente es la parte de su
discurso que no comprendo. No encuentro una explicación suficientemente
lógica desde el punto de vista alternativo a alguna de sus posiciones. Y
también me parece lógico que usted resalte sus discrepancias, pero le
pido que, dentro de lo que significa también la lógica del debate, sería
conveniente que alguien resaltase los puntos de coincidencia, sin dejar
de reconocer que existe una diferencia muy apreciable y muy profunda,
como no puede ser de otra manera, entre Izquierda Unida y el Partido
Popular.
Quiero decirle que no comparto lo que usted ha dicho de los criterios de
convergencia. Los criterios de convergencia para mí son buenos en sí
mismos y positivos para la economía. Otra cosa distinta es la valoración
que usted haga del esfuerzo que tiene que hacer un país en un plazo de
tiempo para conseguir los criterios de convergencia.
Naturalmente, cuando usted tiene que rebajar el déficit público del 7,5
al 3 tiene que hacer más esfuerzos que si lo tiene ya en el 3, y ha hecho
esa reducción del déficit en sucesivos años. Por eso es tan importante
cumplir alguno de los requisitos de convergencia.
Pero me parece un poco excesivo el decir que los problemas de paro están
vinculados en todos los aspectos, al 100 por ciento, a los criterios de
convergencia. Me parece un poco excesivo. Hay economías sanas, con
capacidad de generar más empleo, con mejores condiciones de competencia,
que ahorran más, que invierten más, que producen más, más competitivas,
con más y mejores empresas, con más potencialidad de comercialización de
sus productos, y son las que son capaces de tener un crecimiento
sostenible y generar más empleo.
Ahora bien, yo creo que eso no es posible hacerlo, insisto, con inflación
alta, con déficit alto, con tipos de interés altos, o con endeudamientos
incontrolables. Creo que es imposible y por eso, y no por otra razón,
defiendo esos criterios de convergencia.
En relación con la Alianza Atlántica le puedo decir que yo he sido
partidario siempre, y como lo he sido siempre no tengo que modular al
respecto ningún discurso. Simplemente ratificar que no me parecería
correcto que España no participase en el proceso de reformas internas de
la Alianza Atlántica; me parecería
un error. Por tanto, impulsaré la participación en ese proceso de
reformas.
Tampoco comparto su visión sobre la privatización. Yo soy más bien
partidario que contrario, pero no tengo, ni creo que sea un esquema real,
se lo he dicho antes, la diferenciación de lo público o lo privado. A mí
me preocupa la empresa eficiente, la empresa competitiva, y dentro de eso
hay una tendencia general a buscar más eficiencia y más competitividad, y
esa es la privatización, cuyo error es poner o quitar porcentajes de
empresas simplemente para tapar agujeros o déficit de aquello que no es
posible controlar sin criterio en los Presupuestos Generales del Estado.
En relación con el Pacto de Toledo, no pretende llegar en el año 1997,
usted ha dicho, al déficit cero; ha habido un «lapsus»; es el déficit del
3 por ciento del Producto Interior Bruto a final del año 1997, como S.S.
bien conoce. Quiero decir que justamente para poder llegar a esos
compromisos es por lo que hay que poner en marcha el Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo no se hace porque las cosas no planteen dificultades,
sino porque las plantean, y porque las plantean se establecen unos
compromisos y unas recomendaciones que obligan también a su grupo y que
estoy convencido de que su grupo participará activamente en su desarrollo
para que no sigan acrecentándose las dificultades y podamos convertirlas
en oportunidades de bienestar social para todos.
En relación con la reforma del Senado, tiene usted razón. Yo me he
referido esta mañana a continuar los trabajos de reforma del Senado, que
deberían producir una reforma constitucional. En el debate he omitido
decir que sería para mí la única reforma que en este momento, si se
llegase a ese consenso, sería conveniente. A lo que me he referido ha
sido a que la concepción federal implicaría una reforma constitucional y
a que yo no estaría por impulsar en este momento ese punto de la
concepción federal o de la transformación en un Estado federal.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Brevemente, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Enumerando ciertas cuestiones, lo que he
dicho, señor Aznar, es que en 1997 hay que llegar al déficit del 3 por
ciento. Pero usted sabe que por la convergencia duradera, aprobada en la
última cumbre que hubo en Madrid, se hablaba y se impuso que había que
llegar al déficit cero a continuación, con lo cual el déficit del 3 por
ciento no es, ni más ni menos, que una situación de tránsito.
Segunda cuestión. En cuanto a los Pactos de Toledo, tuvimos votos
particulares, que usaremos inmediatamente si el desarrollo de los Pactos
de Toledo va en un sentido distinto al que nosotros pretendemos.
Tercera cuestión. Señor Aznar, nadie está afirmando, como principio
global y teórico, que es conveniente que haya déficit. Pero yo le planteo
una cuestión. Los déficit se recortan o se quitan mediante dos
planteamientos sencillos, o bien porque se gasta menos o bien porque se
ingresa más. Pues bien, vamos al tema de la fiscalidad. ¿Cómo se puede
hablar de que la convergencia en sí es buena cuando estamos ante una
situación de no armonización fiscal y una parte del capital español se
puede ir a otro sitio y, por tanto, no puede haber ingresos que lleven a
un déficit más reducido? Esta es una contradicción que existe en el
desarrollo de la construcción europea por vía de Maastricht.
En cuarto lugar, algo a lo que usted no me ha contestado. Aquí no hay un
especial interés en mirar hacia otros gobiernos. Aquí todos los días
aparecen informaciones, aparecen aportaciones. Hay algo que no ha sido
explicado. Y usted, como Presidente del Gobierno, si lo va a ser, si esta
Cámara le da la investidura, tendrá que colaborar, ayudar o mostrar la
predisposición que en otro momento, en otra situación, manifestaba cuando
se hablaba de estas cuestiones. Me refiero a la clasificación de materia
reservada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno):
Simplemente para reiterar el compromiso del Gobierno, si la Cámara me da
su confianza, de colaborar con la Justicia en los términos y en las
reglas que marca el Estado de Derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
pasado 8 de enero las Cortes fueron disueltas y convocadas elecciones
generales. Se ponía así fin a una legislatura y, en un determinado
sentido, tras los resultados electorales, a una época. Hoy es posible que
se inicie otra nueva, distinta. El resultado de esas elecciones no estuvo
exento de una cierta sorpresa; sorpresa en las magnitudes exactas, que no
en la dirección del resultado.
Por segunda vez consecutiva desde 1977 la fuerza ganadora de las
elecciones quedaba lejos de la mayoría absoluta. Un hecho, sin embargo,
quedó claro: nadie discutió la victoria del hoy candidato José María
Aznar y del Partido Popular, y nadie quería, por inconvenientes, nuevas
elecciones.
Existían diversas opciones para garantizar un nuevo Gobierno a partir de
aquel resultado. Una, muy evidente, como la abstención de las fuerzas
mayoritarias, toda vez que reconociendo aquella victoria y negando el
interés de unas nuevas elecciones inmediatas, renunciaban a configurar
una alternativa.
Esa posibilidad quedó cerrada a los pocos días al anunciar el Partido
Socialista su voluntad de votar en
contra. Días después era Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quien
se pronunciaba en el mismo sentido.
Esa decisión obligaba a que la investidura del señor Aznar se produjera
ineludiblemente a través del voto afirmativo de los grupos nacionalistas
presentes en la Cámara y particularmente a través del voto afirmativo de
Convergència i Unió.
Se repetía la historia. Nuevamente se asignaba a los grupos
nacionalistas, a Convergència i Unió en concreto, un plus de
responsabilidad en la estabilidad, en la gobernación, del que otros, por
lo que vemos, se sentían exentos. Y así nuevamente Convergència i Unió
votará afirmativamente la investidura del candidato, del señor Aznar en
este caso, y nos comprometemos, nuevamente, en la estabilidad de una
acción de gobierno con los objetivos y las prioridades que se consignan
en un acuerdo cuyos contenidos son públicos y conocidos en consecuencia
por todas sus señorías.
A nadie escapará el riesgo que Convergència i Unió asumió cuando inició
conversaciones con el Partido Popular, ni el que asumimos hoy, más
acotado éste ciertamente. Riesgo que también asumía usted, señor Aznar,
en ese mismo instante y hoy nuevamente. Porque, y es de justicia decirlo,
el Presidente del Partido Popular también eligió el camino aparentemente
más difícil, aunque, eso sí, de resultados más valiosos. Difícil porque
significaba un intento de acuerdo del que no existía precedente, pero
difícil también por las diferencias de fondo y por las duras relaciones
mantenidas en el pasado más inmediato. Pero también era el camino más
valioso porque, de fructificar, podía abrir nuevos horizontes, cerrar
históricas fracturas.
Usted, señor Aznar, podía haber intentado un acuerdo de mínimos, negociar
soluciones que salvaran la alternativa, pero que no garantizaran la
necesaria solidez posterior. No lo ha hecho y con ello ha demostrado
visión de Estado, valor político. Así lo constato.
Al hacerlo de esta manera corríamos el riesgo de que no nos
entendiéramos, de no concluir un acuerdo, de ser descalificados por no
ser capaces de entendernos y el riesgo hoy, curiosamente, es el de ser
descalificados por habernos entendido.
Sepa, señor Aznar, que no nos preocupó el riesgo de entonces ni nos
preocupa el riesgo de hoy, porque uno y otro los afrontamos con una
enorme exigencia con nosotros mismos de fidelidad a nuestro compromiso
electoral y exigencia con nosotros mismos y con ustedes en el
cumplimiento de los acuerdos suscritos.
El acuerdo que hemos alcanzado enmarcará, según usted mismo afirmaba esta
mañana --y junto con los asumidos con otras fuerzas de la Cámara--, su
futura acción de gobierno. Permítanme, señor Presidente, señorías, señor
candidato, que remarque los puntos más particularmente sentidos por
nosotros del contenido de esos acuerdos.
En primer lugar, quisiéramos afirmar que la creación de empleo, el
mantenimiento y mejora de las prestaciones del Estado del bienestar y el
rigor presupuestario para reducir déficit, inflación y tipos de interés
en convergencia con los países europeos no sólo no son objetivos
contradictorios entre sí, sino que están estrechamente vinculados. Es
imposible el logro de alguno de ellos a expensas de los restantes. Ni tan
sólo en términos reales políticos cabe concebir la disminución del
déficit por el recorte sustantivo del grueso de las prestaciones sociales
actuales. Dicho de otra manera: o conseguimos los tres --creación de
empleo, disminución del déficit, mantenimiento del Estado del bienestar--
o no conseguiremos ninguno de ellos.
El factor determinante del éxito en la obtención de esos objetivos está
en la creación de las condiciones que estimulan a las empresas a producir
empleo y empleo estable, de calidad. Nuestro problema sustancial, mucho
más acentuado que en el caso de nuestros socios europeos, es el reducido
número de activos sobre el total de la población. Mientras que el
porcentaje de población activa sobre población total oscila en Europa
entre el 60 por ciento de Alemania y el 45 por ciento de Italia, en
España no alcanzamos el 40 por ciento; además, nuestras cifras de paro en
relación a esta población activa son mayores. En este sentido, es un dato
que debe mover a la reflexión el que a finales de 1975, es decir, hace 20
años, el número de ocupados fuera similar al de 1995.
Este es el problema central de nuestra economía: ensanchar nuestra base
de creación de riqueza, liberar las fuerzas productivas, crear ocupación.
Y crear ocupación es posible, está a nuestro alcance, sólo es necesario
dedicar esfuerzos y no errar en los medios para conseguirlo; y es posible
porque nuestra economía productiva es hoy ya competitiva y podemos darle
todavía mayor competitividad. Que nuestra economía es hoy competitiva lo
demuestra el hecho de que nuestros crecimientos de estos dos últimos
años, superiores a la media europea, se han producido no de la mano del
consumo, como era habitual en otras épocas, sino de la mano del sector
exterior, de la mano de la exportación, y de la mano de la exportación de
productos y servicios que compiten en precio y calidad en mercados tan
competitivos como Alemania, Francia, Gran Bretaña. Y para que sigan
siendo competitivos es necesario, es imprescindible, continuar la
política de rigor presupuestario de estos dos últimos años, acentuándola
si cabe.
Hay que reducir el déficit de las administraciones públicas al 4,4 por
ciento del producto interior bruto en el presente año 1996 y al 3 por
ciento del PIB en 1997. Debe continuar el esfuerzo para reducir la
inflación, y en ese proceso podrá reducirse el precio del dinero en dos o
tres puntos en los próximos 20 meses. Hoy, a nuestro entender, existe ya
margen para reducirlo.
Quiero insistir, señorías, señor candidato: la lucha contra el déficit no
sólo no es contradictoria con la necesidad de crear empleo, sino que sólo
con una política
de rigor presupuestario podremos dar competitividad a la economía y crear
empleo estable. Se equivocan, se equivocan gravemente, se equivocan
dramáticamente quienes crean que en la situación actual el incremento del
gasto no compensado con ingresos puede crear empleo. Es más, la creación
o el mantenimiento de un puesto de trabajo colgado artificialmente del
presupuesto público provoca, a través del déficit, la desaparición o la
no creación de otros en el sector privado, que esos sí serían capaces de
competir en los mercados en precio y calidad. Volveré más adelante sobre
ello.
Por tanto, señor candidato, prioridad absoluta en la creación de empleo,
y empleo estable, y en la disminución del déficit público.
Permítame, al hilo de su discurso de esta mañana, unas cuantas
precisiones al respecto. En primer lugar, hablaba usted de la necesidad
de una reforma estructural en el campo de la fiscalidad. Me ha parecido
entender que, sin excluir modificaciones inmediatas, las condicionaba al
control del déficit en los dos próximos años. Sepa, señor candidato, que
--y sin que esto le sirva para relajar el esfuerzo necesario en la lucha
contra el gasto-- nosotros estamos de acuerdo con esa política. Pero
también que debemos encontrar la manera para impulsar la creación de
empleo a través de modificaciones selectivas de la presión fiscal. Es lo
que, quizá con un cierto exceso, aunque de forma muy expresiva,
llamábamos en nuestro compromiso electoral «cambiar impuestos por
ocupación». Desde impuestos cuyo cálculo de tarifa grava directamente la
creación de empleo, como sucede con módulos del IAE o con el IRPF en las
empresas individuales que cotizan por estimación objetiva constituyendo
un castigo para la creación de empleo, hasta el premio por la vía del
descuento fiscal a quien genere ocupación estable, todas son vías que
deben ser estudiadas en la obsesiva búsqueda del impulso del empleo que
debe presidir la acción de su Gobierno.
En definitiva, señor candidato, hay que ser valiente, arriesgado incluso,
en el diseño y aplicación de nuevas políticas activas para la creación de
empleo, y de empleo estable. Ese es un objetivo, el de la creación de
empleo estable, en el que convergen hoy voluntades políticas y sociales
diversas. No podría ser menos, pues a ninguno se le escapa que en Europa
a nadie como a nosotros atenazan el paro y el porcentaje de precariedad.
Ni una ni otra solución son debidas a la reforma laboral de 1994. Ambas
existían ya y la reforma ayudó a aminorarlas. Pero no debemos, ni
nosotros que fuimos coautores ni nadie, sacralizar esa reforma. Es por
eso que nuestro grupo expresa su convencimiento de que el diálogo social
que usted proponía esta mañana puede y debe dar frutos en esa dirección,
incluso con la introducción de modificaciones en el marco laboral vigente
si ello es necesario.
Señor Presidente, señorías, si anteriormente señalaba que se equivocan
quienes creen que la reducción del déficit impedirá la creación de
empleo, ahora quiero afirmar que es falsa e inaceptable en cualquier caso
para nosotros la premisa de quienes afirman que la disminución del
déficit pasa inevitablemente en España por la reducción de las
prestaciones del Estado del bienestar. Es falsa esta afirmación como lo
demuestra cualquier análisis mínimamente serio de nuestras cuentas
públicas.
Nuestro Estado del bienestar consume porcentualmente 4 puntos del
producto interior bruto menos que el de la media de la Unión Europea, y
si de los gastos del Estado del bienestar descontamos el subsidio del
paro, que, por nuestras elevadas tasas, representa el 2,5 por ciento del
producto interior bruto frente al 0,9 por ciento de media comunitaria,
resulta que tanto en gasto sanitario como en pensiones nos situamos
respectivamente en 2,7 puntos y 2,3 puntos por debajo de la media
comunitaria. Es por tanto rotundamente falso que nuestros desequilibrios
presupuestarios vengan de la mano del Estado del bienestar, y sería
profundamente injusto recortar gastos por el lugar que más afecta y que
más directamente afecta al bienestar de las personas y a la cohesión
social.
He dicho ya, señor Presidente, señorías, que afirmar hoy que nuestros
desequilibrios presupuestarios provienen del volumen de nuestro Estado
del bienestar es falso. Añado también que, en cualquier caso, nuestro
grupo parlamentario se opondría a cualquier política que se pretendiera
en esa dirección. Al contrario, impulsaremos la mejora de determinadas
prestaciones, hoy a todas luces insuficientes, y de las que quiero
mencionar dos: las pensiones mínimas --y particularmente las mínimas no
contributivas-- y las ayudas a la familia, prácticamente inexistentes en
España si se comparan con las medias europeas. Podremos hacerlo si somos
capaces de crear empleo y podremos hacerlo si mejoramos la eficiencia del
sistema, evitando errores que quienes nos preceden en sus políticas del
bienestar --los países más avanzados de la Unión Europea-- hoy se ven
obligados a rectificar.
En este camino tiene usted, señor candidato, una buena ayuda, como usted
mismo afirmaba esta mañana: los trabajos realizados por la Cámara en la
legislatura anterior, conocidos como Pactos de Toledo, ponencia de la que
nuestro grupo, como usted ya sabe, fue el impulsor. Es necesario darles
cumplimiento, llevarlos a la práctica. Y me parece sumamente interesante
su propuesta, su intención, si he entendido bien, de llevarlos a cabo con
la ayuda de la Cámara, procurando para su aplicación el mismo consenso
que se obtuvo para su redacción y aprobación, como nos parece también
altamente positiva su intención de procurar el más amplio consenso con
los interlocutores sociales. En los dos ámbitos encontrará nuestro apoyo.
Nuestros desequilibrios económicos vienen, como decía antes, de la
estrechez de nuestra base de creación de riqueza, en primer lugar y en
segundo lugar, de
un sector público excesivo tanto en la Administración pública como en el
sector empresarial público.
Señor candidato, he escuchado con atención su capítulo dedicado a la
reforma de la Administración y al margen de los avances que supone para
el autogobierno su propuesta y que analizaré más adelante, quiero
remarcar el impacto positivo que para el déficit público debe representar
la eliminación de duplicidades que, bien sea por la desconfianza en la
Administración autonómica por parte del poder central o bien por la
voluntad política de quienes hasta ahora han gobernado, se ha producido
en estos últimos años.
De 1982 a 1996 la Administración pública ha crecido en puestos de trabajo
un 26,4 por ciento; los 450.000 funcionarios transferidos a las
comunidades autónomas en este período no sólo se han «reproducido»
nuevamente en la Administración central, sino que se han incrementado por
encima de esa cifra. Modernizar, reformar, racionalizar la Administración
pública, debe provocar, señor candidato, no sólo una mejora del servicio
a los ciudadanos y de respeto a las competencias autonómicas, sino
también un ahorro significativo en el gasto público. Le animo en esa
dirección, así como en la del saneamiento del sector público empresarial,
en la doble dirección ya expresada por nosotros en otras oportunidades:
enajenación de aquellos activos públicos que compiten con el sector
privado en el mercado. En esa enajenación deberán salvaguardarse los
intereses públicos en aquellas cuya actividad se sitúe en sectores
estratégicos, y en todas ellas debe procederse con transparencia y
publicidad.
El saneamiento de las empresas públicas que producen bienes y servicios
con precios de interés social por debajo del coste no admite ya espera.
De esos dos capítulos de gasto debe salir, fundamentalmente, el billón
largo de pesetas que debemos ser capaces de recortar.
En definitiva, señor candidato, creación de empleo, rigor presupuestario
con disminución de déficit y mantenimiento y mejora del Estado del
bienestar, son las tres prioridades que pueden y deben darse juntas
respecto a nuestra política económica y social.
No me olvido, señor candidato, de nuestro objetivo de siempre --la
convergencia europea-- para cumplir los criterios de Maastricht y estar
en la fecha convenida en la tercera fase de la Unión Europea, que es la
Unión Económica y Monetaria. Debe quedar claro que esos parámetros deben
cumplirse, no tanto para entrar en la Unión Monetaria como --por decirlo
en palabras llanas-- para no irnos al garete. Para crear empleo, para
crecer, para ser competitivos, para mantener y mejorar nuestro Estado del
bienestar debemos cumplir en tiempo y forma los parámetros de
convergencia europea. Además, si lo hacemos, formaremos parte de la Unión
y podremos permanecer en ella sin tensiones.
He hablado ya del necesario impulso a la economía productiva y tiempo
habrá a lo largo de la legislatura para impulsar, con nuestra aportación
--no sólo nuestra, obviamente--, políticas sectoriales concretas en el
campo industrial, agrícola, pesquero, turístico, comercial o de servicios
y en el campo, horizontal éste, de la pequeña y mediana empresa.
En la legislatura anterior se avanzó significativamente en adoptar
medidas en favor de la pequeña empresa, en las que Convergència i Unió
puso un especial interés. Consideramos que a las medidas administrativas,
financieras y fiscales por usted anunciadas esta mañana para las pequeñas
y medianas empresas deberían añadirse algunas de orden laboral,
singularizando su aplicación para las pequeñas, que tan positivos
resultados están provocando en la creación de empleo estable en países
vecinos.
Se trataría, señor candidato, de pasar definitivamente de una etapa en la
que el crecimiento se produjo fundado en la tríada consumo
interno-importación-ahorro exterior, lo que obligaba a tener una peseta
apreciada y unos tipos de interés elevados, a otra, en la que ya nos
encontramos, en la que el crecimiento se fundamente en la inversión, la
exportación y el ahorro interno. Estas deben ser las bases de nuestra
economía. Bases mucho más sólidas, que nos deben permitir situar a la
economía española entre los países europeos que, por la solidez de su
economía, inspiran confianza.
Quiero mencionar también nuestro compromiso adquirido en el acuerdo de
impulsar la participación de la sociedad civil en la vida cotidiana y la
forma específica en que contemplamos ese impulso. El grado de desarrollo
cultural, económico y social alcanzado hoy en día hace innecesaria la
presencia omnicomprensiva del Estado, del sector público, en sectores en
los que antes era imprescindible. Es más, el Estado es más ineficaz que
la propia sociedad en la aportación de determinados bienes y servicios a
la misma. El Estado debe servir a la sociedad civil, en lugar de intentar
suplantarla. Y esto es cierto en muchos campos, pero particularmente en
el cultural, en el educativo y en el de determinadas prestaciones del
Estado del bienestar como, por ejemplo, en las atenciones a la tercera
edad, a la infancia, a los disminuidos físicos o psíquicos, a los
marginados o, en el campo de la cooperación y ayuda, a terceros países.
Todo aquello que pueda desempeñar la propia comunidad no debe realizarlo
el Estado. La familia es, sin duda, el marco privilegiado, la comunidad
óptima para desempeñar mejor y a menor coste determinadas funciones, como
lo es la comunidad en un sentido amplio: comunidades de pertenencia, como
el municipio o la autonomía, o comunidades de libre adscripción, como las
organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres, culturales, de
tercera edad, de juventud o de personas que comparten un mismo problema o
una misma inquietud. El Estado debe ser capaz de incentivar y simplemente
liberar esas energías creadoras y proporcionarles los medios legales y
materiales para el mejor desempeño de su labor, evitando su intromisión.
Porque, señorías, no es cierto que nuestra sociedad sea hoy más egoísta o
falta de interés común. Fallarían
todas las teorías existentes sobre la condición humana si del progreso
cultural, económico y social de la persona se derivara un empeoramiento
de sus comportamientos sociales. Esta actitud, esta predisposición de
servicio y participación, de compromiso social y humano, existe
particularmente entre la juventud y, como legisladores, hemos de ser
capaces de estimular ese enorme potencial.
Nuestro compromiso electoral de suprimir el servicio militar obligatorio
en el horizonte temporal asumible --estoy seguro-- del año 2001, recogido
en el acuerdo con el Partido Popular, debe contemplarse bajo este prisma.
Nuestro objetivo al formularlo debe situarse en el polo opuesto al de una
propuesta pensada sólo en términos electorales, ya que simplemente
pretende otorgar aquello que la sociedad civil demanda para sentirse más
libre y servir mejor a la colectividad. El servicio eficaz a la defensa
militar no es sólo una dedicación imprescindible en el mundo de hoy, sino
que es absolutamente digna, pero eso no significa que el servicio militar
obligatorio de nueve meses de duración, como existe actualmente, sea un
servicio eficaz a la defensa en el contexto del mundo de hoy ni la única
manera que existe para prestar un servicio a la sociedad. Por eso
proponemos su supresión, garantizando, por supuesto, las necesidades de
la defensa, y por eso, entre tanto, intentaremos la reforma de la Ley de
Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria que, en su
redacción actual, penaliza comportamientos sociales que en muchos casos
son de gran valor y cercena las ilusiones de muchos jóvenes que, en su
búsqueda personal de un servicio a los demás, optan por caminos distintos
a la adscripción militar. Por tanto, impulso a la sociedad civil, marcos
más libres donde ejercer las dimensiones personales y comunitarias y,
también, ayudas fiscales, financieras, de apoyo y de todo tipo a la
comunidad, a las organizaciones no gubernamentales que existen y actúan
en el seno de la sociedad.
Señor Presidente, señorías, señor candidato, no creo que nadie cometa el
error de pensar que en los contenidos del acuerdo se encierran todos los
objetivos, suyos o de su partido ni tampoco los nuestros, los de
Covergència i Unió.
Nos resulta particularmente importante remarcar la diferencia en lo que
hace referencia a la realidad del Estado. Para nosotros, España es un
Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, y esto es así no
tanto porque la Constitución lo contemple, sino por el hecho de que para
nosotros Cataluña es una nación, nuestra lengua propia es el catalán y
que de ella deriva una cultura propia. Esto es así desde antes de que la
Constitución o el Estatut hablaran de ello.
Nuestra lengua y cultura es distinta. Empezó a formarse hace mil años.
¿Eso es mucho o es poco? No importa; es, simplemente, diferente. Nuestra
lengua y cultura es demográficamente pequeña. Eso no la hace mejor, pero
nadie puede pretender tampoco que sea peor. No se trata de un invento, un
accesorio o un complemento; forma parte de nuestra realidad esencial.
Nuestra aportación y participación en las tareas comunes se asienta y
despliega en el hecho nacional catalán y éste se manifiesta a su vez en
su lengua y su cultura. Toda persona alcanza una dimensión universal en
la medida en que es y sólo es en la medida en que participa en su
comunidad de pertenencia, en su nación. Gaudí o Miró o Cervantes o
Shakespeare son universales precisamente porque profundizan y desarrollan
su obra a partir de su propia realidad nacional. Hasta que esto no se
entienda y hasta que las naciones no lo entiendan así, de esta manera a
la vez afirmativa y fraterna, las cosas serán difíciles para los pueblos
convivenciales que se fundamentan en la afirmación de los propios valores
y la apertura a la humanidad. Nuestra identidad y nuestro derecho a la
diferencia no se apoya, no se ha apoyado nunca, no se apoyará jamás en el
rechazo del otro.
Nuestra lengua y cultura es distinta por lo que es, esto es indudable.
Pero existe una diferencia adicional no deseada que se da y que crece en
la medida en que la sociedad real, la sociedad política y el propio
Estado no ha sabido hacer suya, sentir como suya, la cultura catalana.
Hasta que la mayoría de españoles no deseen conocer y practicar la
realidad diversa de las nacionalidades españolas, el encaje correcto será
difícil.
No pedimos alardes. No se trata de eso. Pedimos simplemente respeto, y es
importante para nosotros que en usted ahora lo encontramos. Le animo a
profundizar en ese camino, a superar los restos de incomprensión que en
algunos rincones del país, dentro quizá de su propio partido, quedan
todavía y que intentan transformar la lengua en un elemento de división y
de enfrentamiento. Pedimos respeto en nombre de nuestro pueblo, pero
también porque nuestra lengua es patrimonio de la humanidad. Pedimos
respeto hacia una comunidad lingüística que utiliza la misma lengua y se
extiende desde Salses hasta Guardamar, desde Fraga hasta Mahón: la
comunidad lingüística balear, catalana, valenciana. Porque no se trata de
una cuestión de nombres sino de contenidos, de una real unidad
lingüística, que, por cierto, se manifestará en toda su dimensión a
partir del momento en que el Senado asuma sin limitaciones la diversidad
lingüística de este Estado, que lo enriquece, lo potencia cultural y
espiritualmente.
Quiero referirme en particular a los acuerdos que hacen referencia a la
reforma de la Administración periférica del Estado. Ya me he referido a
ello desde la perspectiva del ahorro del gasto que comportará, tan
necesario por otra parte en las circunstancias actuales, y de la
eficiencia y modernización de las administraciones públicas. Quiero
referirme ahora a ella en la perspectiva del respeto a los gobiernos
autónomos, y permítame que lo centre en un hecho simbólico: la
desaparición de la figura anacrónica --dicho sea, obviamente, con todo el
respeto a las personas que ejercen
esa función-- de los gobernadores civiles, incompatible con la nueva
ordenación constitucional del Estado, particularmente en los lugares que,
como en Cataluña, el gobierno autónomo pasará a ser en poco tiempo --así
lo esperamos-- la Administración ordinaria del Estado. Curiosamente,
mucha gente desde hace años y en todo el arco parlamentario reconocía ese
anacronismo, en privado, por supuesto, o desde la oposición. Nunca hasta
ahora nadie se había atrevido a llevar a la práctica desde el poder esa
medida. Le felicito, señor Aznar, por ello.
También quiero remarcar el acuerdo alcanzado referente al estudio y
negociación de las transferencias a Cataluña de las competencias en
materia de tráfico en el contexto del modelo policial catalán, modelo
policial que en otro acuerdo queda ratificado ya como modelo de
sustitución, en la línea de lo iniciado con el Gobierno socialista en la
legislatura precedente. Gestión de los puertos de interés general
transferidos a las comunidades autónomas --otra antigua reivindicación,
también de doble efecto, de modernización y eficiencia, por un lado, y de
autogobierno por otro-- y modificación de leyes de base actuales, Suelo y
Costas, que no respetan las competencias ni resuelven eficientemente esos
ámbitos de actuación de las administraciones públicas son otros puntos
del acuerdo, como lo es también el que hace referencia a la transferencia
en materia de trabajo, empleo y formación.
He dejado para el final, señor Presidente, señorías, la referencia al
acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen general. Discernir, decidir, optar en este terreno
en favor del sistema más justo y solidario no es tarea fácil. No son
conceptos unívocos ni existen tratados que contengan la verdad. Ya saben,
en estas materias no suele existir, aunque algunos se expresen como si
ellos la poseyeran.
Sólo quiero exponer ante SS. SS. una serie de constataciones que se
desprenden del análisis de unos hechos concretos. En primer lugar, y del
análisis de los diversos sistemas de financiación que existen en países
de estructura federal o cuasi federal, se deduce una primera conclusión:
todos los Estados utilizan mecanismos de solidaridad al margen del
cálculo del coste de los servicios. Estos mecanismos de solidaridad
suelen tener dos grandes componentes: un fondo interno, en Alemania, por
ejemplo, formado por un porcentaje del IVA, y uno externo, formado con
las transferencias procedentes de fondos europeos. En España existen
también esos fondos de solidaridad: el Fondo de Compensación
Interterritorial, de 130.000 millones de pesetas, que se reparte entre
las diez comunidades autónomas de renta inferior a la media española, y
los fondos europeos Feder, de 100.000 millones de pesetas al año, que se
destinan a las mismas comunidades autónomas, básicamente. No incluyo,
obviamente, los 850.000 millones de pesetas al año del Feoga-orientación
por cuanto aunque su destino suele ser las regiones menos favorecidas, lo
es como consecuencia del resultado de un objetivo: los precios agrarios
de garantía, y no por aplicación de criterios de solidaridad.
Segundo, prácticamente todos los Estados, particularmente aquellos que
más años llevan discutiendo este tema y aplicando mecanismos diversos,
ligan de una forma u otra la capacidad de gasto de una comunidad autónoma
con la generación de ingresos de esa misma comunidad autónoma. En
Alemania, por ejemplo, participan del 42,5 por ciento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Tercero, ninguno de ellos utiliza la pobreza relativa en el cálculo del
coste de los servicios transferidos; ninguno de ellos. Es más, alguno de
ellos, Alemania por ejemplo, transfiere más recursos para un mismo
servicio al land más rico porque infiere que ese servicio cuesta más
darlo cuanto más desarrollado es el land. En España sí se utilizan
variables redistributivas en el cálculo del coste del servicio. De ahí
las diferencias de financiación por habitante que resultan de la
aplicación de dichos recursos.
Cuarto, de la aplicación de todos esos criterios de manera diversa
resulta que los criterios de justicia y solidaridad que se aplican en
todas partes consiguen siempre que los territorios más ricos reciban
menos de lo que aportan, aunque siempre por encima de la media, y que los
menos desarrollados reciban más de lo que aportan, aunque nunca por
encima de la media. En España esto no es así. En España hay comunidades
autónomas --no sólo Cataluña, por cierto-- que aportando, de acuerdo con
su nivel de riqueza y como debe ser, por encima de la media --un 124 por
ciento-- reciben menos que la media, un 82 por ciento, exactamente. Y
otras que, aportando por su nivel inferior de desarrollo por debajo de la
media, reciben por encima de ésta. Yo no sé si esta situación, que cuanto
menos es insólita, es, además, injusta; me atrevería a afirmar que sí.
Pero convendrán conmigo en que de esta situación no pueden
responsablemente difundirse infundios y acusaciones como los que
reiteradamente se oyen. Cataluña, sus ciudadanos, no sólo no somos
insolidarios sino que somos más solidarios, si es que la solidaridad hay
que medirla en pesetas, que nadie; que nadie en España. Y en grado tal
que a nadie se le ocurre hoy en Europa exigir de nadie tamaña
solidaridad.
Dicho esto, quiero afirmar lo siguiente: el sistema acordado no elimina
el factor redistributivo de la pobreza relativa en el cálculo del coste
de los servicios transferidos, elemento para nosotros profundamente
distorsionador. La imprescindible solidaridad debe llevarse a cabo a
través de fondos específicos, no por la vía del coste de los servicios.
Segundo, liga a través de la cesión del IRPF el gasto a los ingresos, y,
tercero, el sistema acordado no incrementa el gasto del Estado. Mientras
no se varíe el cálculo del coste de los servicios, el Estado no
incrementa el gasto. Lo único que ocurrirá es que del crecimiento del
IRPF por encima
del PIB nominal, de ese ingreso extra que hoy --¡vaya usted a saber por
qué!-- se beneficia exclusivamente la Hacienda central, a partir de ese
nuevo sistema se beneficiarán en un 70 y en un 30, respectivamente, la
Hacienda central y la comunidad autónoma respectiva.
Basta ya, pues, basta ya de azuzar irresponsablemente los enfrentamientos
interterritoriales. Basta ya de hablar de paraísos fiscales o de que
pretendemos recibir todo lo que aportamos. Está claro que para esa
discusión se requieren gentes de mayor templanza. Tal parece, señor
candidato, que esas voces pretenden darle una patada a usted, y lo hacen
en nuestro trasero; y se la dan a todos, a ellos mismos, a nuestra
convivencia. Confío en que haya sido sólo un trastorno pasajero y que se
imponga la sensatez. La tarea que a todos nos concierne requiere mayores
dosis de responsabilidad para poder avanzar en el camino de la solución.
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya terminando.
El señor MOLINS I AMAT: Termino ya, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, dice el Eclesiastés: (Risas.) Todo tiene su
tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol: tiempo de nacer, tiempo de
morir; tiempo de plantar, tiempo de arrancar; tiempo de derruir, tiempo
de construir; tiempo de callar, tiempo de hablar; tiempo de amar, tiempo
de odiar; tiempo de guerra, tiempo de paz. Que estos tiempos que hoy
nacen sean para todos de construcción, de paz, de palabra sincera, de la
política entendida como lugar de encuentro de las buenas gentes; que sea,
señor Presidente en funciones, don Felipe González, tiempo de
reconocimiento hacia su labor. Hemos discrepado en el pasado y también
colaborado juntos desde la discrepancia, como le gustaba decir a don
Miquel Roca. Hoy, personalmente y en nombre de mi grupo, deseo
manifestarle el reconocimiento por todo lo hecho, por su dedicación y
entrega, por su capacidad y por su contribución a la democratización de
la sociedad y del Estado y por la reincorporación de España a Europa y a
su propia construcción europea.
Señor Aznar, dentro de poco tendrá el honor de ser investido como
Presidente del Gobierno. A ello contribuirá el voto del nacionalismo
catalán que representa Convergència i Unió. Serán para usted tiempos de
construcción, de plantar, de sanar. En esa tarea contará con nuestra
colaboración en el marco de lo acordado. Siempre haremos honor a la
palabra dada, y estamos seguros de que seremos en justicia
correspondidos. Que un tiempo de colaboración rico en resultados y pobre
en conflictos sea el fruto final que aportemos entre todos a todos los
ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.
El señor Aznar tiene la palabra.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia): Señor Presidente,
señorías, señor Molins, como no podía ser de otra manera, y me alegro
mucho de que así sea además, quiero agradecer muy especialmente sus
palabras, las palabras que acaba de pronunciar, así como su apoyo, su
compromiso de voto favorable no sólo, como S. S. ha dicho, a la
investidura, sino también a lo que significa el entendimiento profundo
del acuerdo de investidura y gobernabilidad al que han llegado el Partido
Popular y Convergència i Unió. Lo agradezco sinceramente y comparto con
usted el hecho de que hemos asumido un riesgo que a veces algunos
pensaban que nos iba a llevar por delante y, probablemente, hemos
escogido el camino más difícil, no porque, como algunos dicen a veces
malévolamente, sea el camino en el que personalmente me siento más a
gusto, sino porque creo sinceramente que era el camino mejor para el
país. No se trataba de adoptar cualquier tipo de acuerdo para pasar de
cualquier modo este acto parlamentario de la investidura, sino de hacer
un acuerdo sólido que dé estabilidad al Gobierno, que haga duradera la
legislatura y que sea útil al proceso de modernización de España, al
proceso de modernización del Estado y al proceso de modernización
económica del país. Y retomando sus últimas palabras, desde el punto de
vista de su lealtad al acuerdo firmado, quiero decirle que en esa lealtad
va a encontrar plena reciprocidad por nuestra parte. Esta mañana he
manifestado mi plena lealtad a los acuerdos y al desarrollo de los
mismos, y ese será nuestro comportamiento, téngalo usted bien claro
siempre. Creo que podemos estar satisfechos porque los riesgos y las
dificultades que hemos asumido han culminado en unos acuerdos buenos y
positivos para nuestro país.
No lo he querido utilizar esta mañana para que nadie tuviese la tentación
de decir que me subía innecesariamente algunos grados dialécticos o
algunos grados de pasión en la defensa de los acuerdos, pero me sumo a lo
que usted ha dicho en el sentido de que hemos conseguido unos acuerdos
que, encontrando muy amplias coincidencias en muy distintos aspectos de
lo que significa en este momento la vida política, el desarrollo del
Estado, el futuro de nuestro país, etcétera, suponen también la
superación de una fractura histórica, suponen un cierto encuentro
histórico. Y pongo esta magnitud de la superación de la fractura
histórica y del encuentro histórico en primera línea de las cuestiones
importantes que se han logrado a la hora de realizar estos acuerdos. Me
parece un servicio que no quiero calificar ni de excepcionalmente
meritorio ni siquiera de relativamente meritorio, sin embargo sí es un
servicio interesante --lo diré de la manera más modesta que pueda-- para
lo que significa la convivencia
de los españoles y también la trayectoria histórica de nuestro país.
Creo que hemos sido leales al mandato electoral, que hemos cumplido
fielmente el mandato de los electores y que aquello que deseaba la
mayoría de los electores en los términos en que su mandato se ha
producido, que era buscar acuerdos para la gobernabilidad y el desarrollo
del país, lo hemos hecho y creo que bien.
Quiero hacer, por tanto, ese elogio del acuerdo, del trabajo serio que se
ha realizado, cuya profundidad y resultado justifican la duración de las
conversaciones, que algunos en el transcurso de estos días han podido
considerar como excesivas, pero que yo he visto siempre en los plazos
normales, lógicos y naturales en los cuales había que afrontar ese
proceso de acercamiento, de discusión y de plasmación de unos acuerdos
que no sólo considerábamos interesantes para ambos partidos, sino para
los intereses generales de nuestro país, que es lo más importante. Quiero
resaltar ante la Cámara la profunda sensibilidad y responsabilidad que he
visto en todas esas conversaciones y en ese proceso de acuerdos, y estoy
convencido que voy a ver en Convergència i Unió respecto al futuro de
esos compromisos.
Quiero manifestar también mi satisfacción por haber hecho públicos esos
acuerdos y mi deseo de que sean punto de partida de una colaboración de
mayor alcance y, si cabe, de mayor profundidad. Ahí lo dejo. Para mí
sería deseable que estos acuerdos fueran un punto de partida para una
colaboración de mayor alcance que siga buscando estabilidad, como lo
hacen estos acuerdos, porque en mi opinión es esa estabilidad un
requisito no suficiente, pero sí imprescindible para afrontar los
problemas que España tiene por delante, especialmente los económicos. El
señor Molins convendrá conmigo en que compartimos, según el texto literal
y el espíritu de los acuerdos, como he dicho desde esta tribuna, el deseo
de abrir esos acuerdos a la colaboración de todas las fuerzas políticas
que quieran, incluso desde la discrepancia manifestada ahora, sumarse a
ese proceso de acuerdos, diálogos y consensos que nosotros hemos sido
capaces de buscar.
No hemos pretendido tampoco --creo que la Cámara lo debe saber, lo debe
conocer y, por otra parte, es lógico-- resolver todas nuestras
diferencias. Es natural que en distintos ámbitos, en distintos aspectos
sigamos manteniendo diferencias; incluso en el ámbito de lo que pueden
ser concepciones globales, de lo que pueden ser determinados
entendimientos que nacen de una posición política, de una historia o de
un territorio puede haber diferencias en los planteamientos. Lo
importante es que hemos sido capaces de combinar y de concebir una
política autonómica con dos lealtades fundamentales: la lealtad
constitucional y la lealtad a los estatutos de autonomía, y en este caso
al Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que hemos determinado que ése es
el marco jurídico, político e institucional válido en el que nos vamos a
mover, y que ahí caben distintos entendimientos en lo que es la
pluralidad de un país, en su vertiente cultural, en su vertiente social o
incluso en su vertiente política. Y naturalmente, desde ese respeto que
usted pedía, que nosotros ofrecemos y que estoy seguro además que es un
respeto de ida y vuelta, al diferente origen, a veces concepción, de
algunas cosas que puedan tener nuestros partidos políticos, nos une
claramente ese concepto de la lealtad constitucional y de la lealtad
estatutaria. Esto es lo que nos ha llevado, en gran medida, a hacer esa
propuesta de desarrollo autonómico válida para todos, válida para todas
las comunidades autónomas y válida, en mi opinión, para lo que significan
los intereses generales de nuestro país.
No glosaré cada uno de esos acuerdos, pero sí quiero decir que es
evidente que se da un paso importante en la reforma de la Administración,
en su simplificación, desde todos los puntos de vista, desde el punto de
vista de lo que significa el ahorro del gasto, la lucha contra las
duplicidades, el déficit, hasta el propio ensamblaje de lo que es la
Administración central en el Estado autonómico con el propio hecho
autonómico y su desarrollo. Creo que no es razonable --y tiene usted
razón-- que en un momento en que se produce un traspaso y un impulso muy
importante de transferencias a las comunidades autónomas, el número
global de funcionarios al servicio de la Administración del Estado no
solamente no se haya reducido sino que en los últimos años haya crecido
en una cifra cercana a los 105.000. Creo que es bueno impulsar ese
proceso de desarrollo de transferencias de los estatutos, del Estatuto
catalán y de otros estatutos que, como ustedes saben muy bien, venía
contenido en nuestro programa de gobierno y que hemos tenido el
compromiso de desarrollar. También creo que es bueno, correcto y
positivo, buscando todas estas cuestiones y estos objetivos, el
desarrollar el principio de la Administración única y de la
Administración común.
Comparto plenamente con usted una afirmación que ha dicho con otras
palabras y que yo diré con palabras más simples: no hay en los acuerdos
ni una sola línea, ni una palabra que pueda afectar en ningún término ni
a la cohesión territorial ni a la cohesión social del país; ni lo
hubiesen hecho ustedes ni lo hubiésemos hecho nosotros. Por tanto, eso es
algo que tiene que quedar claro, porque cualquier sombra de duda que se
plantee ahí entra dentro del terreno de lo que es la insidia --no lo
quiero calificar de otra manera--, y no responde no solamente al
espíritu, sino a la letra y mucho menos a la práctica política que
nosotros queremos desarrollar en ese terreno. Ahí encaja perfectamente,
porque entra en los márgenes constitucionales y estatutarios, lo que
significan los factores diferenciales y la defensa de la cohesión general
de nuestro país.
Coincido plenamente con usted en lo que ha expuesto en relación con la
solidaridad y su contenido en los acuerdos, y cómo se plasman los
instrumentos de solidaridad
en el terreno de la financiación autonómica. Quiero decir, por otra
parte, que el actual sistema, en sus líneas generales, lejos de haber
reducido los desequilibrios los ha aumentado. Si se toma como punto de
referencia la renta familiar disponible por territorios y por comunidades
autónomas, se verá que tanto en el período más corto de los tres últimos
años, como en el más largo de los diez últimos años, desgraciadamente
entre los que están más arriba y más abajo esa diferencia se ha
incrementado. Por tanto, tenemos que hacer que ese esfuerzo de
modernización sea útil a la hora de corregir los desequilibrios
territoriales en nuestro país; pero sea útil teniendo presente --y tiene
usted razón-- el conjunto del sistema, no solamente una parte, que no se
toca a la hora de valorar ni índices de pobreza ni de atraso relativo o
de insularidad o de diseminación de la población. No se toca y, como no
se toca, hay que mirar ese desequilibrio territorial en el conjunto de lo
que pueden ser instrumentos de redistribución en un país en el que muchos
de ellos son los fondos. Por otra parte, parece absolutamente lógico --no
insistiré en ello porque ya lo he hablado con anterioridad-- que el
proceso de gasto, el nivel de gestión que tienen las comunidades
autónomas vaya al menos parcialmente acompañado con lo que significa la
responsabilidad en el ingreso y en el esfuerzo fiscal por parte de los
ciudadanos. Creo que eso --insisto-- es un concepto de modernización en
todos los sentidos y es útil claramente para el futuro de nuestro país y
para todas las comunidades autónomas.
Comparto con S. S. lo que es el esquema fundamental de su política
económica. Ha planteado unas bases económicas en torno a la inversión, en
torno a la exportación y en torno al ahorro. Yo creo que ésa es la base
económica en este momento más sólida, más positiva que pueda tener
nuestro país. Naturalmente, eso supone cambiar cosas, reformar, que es,
en definitiva, lo que se ha propuesto en el discurso de investidura esa
mañana y lo que usted mismo acaba de proponer esta tarde. Y por supuesto,
en ese proceso de reformas que debe servir para tener un crecimiento
sano, una economía sana, el elemento básico es la creación de empleo y,
por lo tanto, también es el elemento básico de la competitividad y de la
reducción de nuestras diferencias con Europa. No debemos olvidar que es
ahí, fundamentalmente ahí, y en particular en lo que ha dicho usted con
acierto, en la tasa de actividad, por una parte, y en la tasa de
ocupación, por otra, que hacen que solamente treinta y siete españoles de
cada cien en edad de trabajar puedan hacerlo en este momento, y de ellos
un porcentaje altísimo con trabajo precario, lo que tengamos claramente
que reducir en términos de convergencia respecto con Europa.
Como se ha debatido en otras ocasiones, yo ratifico lo que es mi
posición: tener controladas las cifras de convergencia en términos de
déficit, en términos de inflación, en términos de tipos de interés, es
básico para la disminución de la convergencia real, y la convergencia
real es, en términos económicos, nuestra gran diferencia en este momento
con los países más desarrollados de Europa, particularmente con aquellos
con los que competimos y son también nuestros principales clientes y
proveedores. Por lo tanto, entiendo plenamente su preocupación en lo que
se refiere a la política de empleo, en lo que se refiere a las
prioridades en la lucha contra el déficit, y en este punto, señor Molins,
quiero decir que lo agradezco especialmente, porque soy plenamente
consciente, como lo es todo el Grupo Parlamentario Popular, del esfuerzo
que en términos presupuestarios y en términos de reducción del déficit va
a tener que hacer la sociedad española.
Sé que nos ha tocado --por decirlo de esa manera-- cumplir esa tarea y sé
que si no lo hacemos puede ocurrir lo que usted ha dicho, que el país se
vaya al garete; por lo tanto, haremos el mayor esfuerzo posible para
evitarlo. Me gustaría haber tenido más tiempo para hacerlo, y por eso
vuelvo a insistir que el esfuerzo va a ser importante, fuerte, y que va a
requerir unos niveles de responsabilidad, de corresponsabilidad y de
participación muy importantes por parte de todos los grupos
parlamentarios que deseen hacerlo en esta Cámara. Por su parte, el
Gobierno estará dispuesto a hacer desde el primer momento ese esfuerzo
que demanda el diagnóstico que en este momento estamos haciendo para la
sociedad española.
Comparto con S. S. el hecho de que el desarrollo de la reforma fiscal
debe estar acompasado a la reducción del déficit y al progreso en lo que
significa esa política de reducción. No lo podríamos hacer de otra
manera, aunque acompasado no significa que no se puedan elegir las
prioridades que puedan servir mejor para el aumento de la riqueza, para
la competitividad o la creación de empleo que usted ha citado en relación
con las pequeñas y medianas empresas, lo que significa el tratamiento de
cuestiones como el IAE y otras evaluaciones desde el punto de vista
impositivo que pueden ser útiles. Si a eso unimos el compromiso que los
nuevos sistemas de financiación pueden poner como plus, como añadido,
desde el punto de vista de lucha contra el fraude en una política de
reforma fiscal, yo creo que podremos ir avanzando conforme hacemos la
política de reducción del déficit.
Cualquier planteamiento laboral --lo he dicho esta mañana--, en nuestra
opinión, debe estar inserto en lo que significan las políticas de diálogo
social, así lo haremos y espero también de la responsabilidad de los
interlocutores económicos y sociales esa posibilidad.
Nosotros estamos dispuestos a estudiar cuantas políticas de impulso al
empleo, que se llamaran de alguna manera políticas activas, decisiones o
propuestas concretas puedan presentar su grupo parlamentario, puedan
presentar SS. SS., y, naturalmente, enmarcarlas en el proceso económico
general y en el proceso presupuestario que SS. SS. también comparten.
Estamos de acuerdo, naturalmente, en el mantenimiento del pacto de
solidaridad. Para mí esto es muy
importante, lo he dicho esta mañana. Ese gran pacto de solidaridad hay
que mantenerlo y hay que mejorarlo. Son verdaderas las cifras que usted
da, pero también es verdad que, a veces, el crecimiento en alguno de esos
ámbitos de los gastos obliga a hacer un esfuerzo de racionalización, un
replanteamiento, por lo cual es buena la creación de una ponencia en
sanidad, para que haga un trabajo parecido al del Pacto de Toledo
respecto a las pensiones.
Ha puesto el ejemplo de lo que significa, en otro ámbito, el
endeudamiento en nuestro país. Usted conoce muy bien la cifra de
endeudamiento español, el 67 por ciento de nuestro producto bruto,
depende de con quien se compare, es relativamente alta o relativamente
baja. Comparada con el que tiene 120 es prácticamente la mitad; pero el
que haya crecido 20 puntos en cuatro años, lo cual supone 12 billones de
pesetas en cuatro años, es un crecimiento exponencial de lo que significa
el endeudamiento indeseable para nuestra economía. No desearía yo que lo
mismo pudiera producirse en tipo alguno en el ámbito de lo que significan
las políticas sociales. Por eso creo que hay que desarrollar urgentemente
el Pacto de Toledo y ponerse también urgentemente en lo que significa la
reflexión sobre las políticas de sanidad. Ojalá que en ese terreno se
pudiesen mejorar, como usted ha dicho, señor Molins, las políticas de
ayuda a la familia. Recientemente, leía un dato en el que, para que una
familia española reciba la misma ayuda por hijo que recibe una familia
francesa, debíamos tener cada uno de nosotros 12 ó 13 hijos. No parece
que ésa sea la tendencia; tampoco vamos a exagerar en ese terreno. Pero,
dentro de lo que significa el proceso de contención de gasto y
presupuestario, convendrá también saber que una de esas cuestiones de
ayudas a la familia puede y debe ser planteada en relación con la
evolución de la protección social hacia el futuro.
Vuelvo al principio, señor Molins. El acuerdo de investidura y de
gobernabilidad es una buena decisión para el futuro de España. Agradezco
sus palabras, agradezco su apoyo, agradezco el voto y el compromiso de
Convergència y Unió. Reciban, además del agradecimiento, la lealtad en el
cumplimiento de esos acuerdos.
Estoy convencido de que hemos cumplido con nuestra responsabilidad al
servicio de los intereses generales y, naturalmente, estoy convencido de
que vamos a saber aprovechar nuestras oportunidades. En este punto, señor
Molins, no quisiera hacerme eco de todas las recomendaciones del
Eclesiastés que usted ha mencionado. Simplemente, me corresponde hacerme
eco, en este caso, de aquella que dice que ha llegado el momento de
callarme.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Señor candidato, agradezco sus palabras. Voy a hacer algunas reflexiones
al hilo de su réplica. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Molins.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor MOLINS I AMAT: Hablaba usted en su réplica de una cosa que es
absolutamente cierta, y es la generalización de los acuerdos que en
nuestro convenio se contemplan; la capacidad o la posibilidad de que sean
generalizables a todas las comunidades autónomas. Por supuesto que lo
son. De hecho, se ha escrito mucho en estos días, precisamente, respecto
a lo que he leído que los comentaristas llaman el efecto de emulación
respecto al Estatuto de Cataluña. Es decir, probablemente porque fue de
los primeros estatutos aprobados, ha habido cierto efecto de emulación
del Estatuto de Cataluña por parte del resto de las comunidades
autónomas. Nos parece muy bien, estamos muy orgullosos de esa función; en
cierta manera hemos tirado del carro del desarrollo autonómico en España.
No es ése nuestro objetivo, no tiene por qué serlo obviamente, pero nos
sentimos muy orgullosos de haber cumplido esa función.
Una cosa sí hemos oído decir a lo largo de estos años, no hasta hoy por
parte de ustedes por supuesto, pero quisiera hacer este comentario. En
alguna ocasión se nos han puesto límites a la obtención de competencias
precisamente porque se quería evitar la generalización que
automáticamente se produce después. Nos parece que eso sería
extraordinariamente inconveniente y, en cualquier caso, inaceptable para
nosotros. Es decir, estamos orgullosos del efecto emulación, estamos
orgullosos de, digamos, abrir cuña en el camino de las competencias, de
que detrás de nosotros muchas comunidades autónomas hayan obtenido los
mismos niveles competenciales; pero no nos gusta que, precisamente para
evitar la generalización, se diga no a algunas competencias contempladas
en nuestro Estatuto o que permite la Constitución. Estoy seguro, insisto,
de que no nos ocurrirá en los años que vienen.
Refiriéndose al déficit, decía usted, señor candidato, que le gustaría
haber tenido más tiempo. Supongo que siempre ocurre eso. Creo que debe
reconocerse que, desde 1993, las cosas han ido bien. No era fácil hacer
otra cosa, la senda de Maastricht, que entre todos en esta Cámara nos
impusimos ya en el lejano 1991, se ha ido cumpliendo. En 1993 se hizo un
esfuerzo; en 1994 se hizo un gran esfuerzo, creo que fue el mayor de
estos años; en 1995 se hizo nuevamente un esfuerzo, quizás algunos puedan
pensar que no suficiente; hoy, estamos donde estamos que, insisto, era la
senda que entre todos nos habíamos propuesto para llegar en 1998 a la
Unión Económica y Monetaria. Hace bien en fiarse de nosotros
en esa lucha contra el déficit porque ya lo hemos demostrado a lo largo
de estos dos años en los que hemos dejado de lado objetivos muy queridos,
compromisos electorales nuestros, por reducir el déficit público.
Recuerdo que extrañó en la Cámara, en el debate sobre el proyecto de ley
de Impuesto de Sociedades, que nuestro grupo se mantuviera firme, por
ejemplo, en la no aceptación de una enmienda sobre la regularización de
balances. Creímos en ese momento que no podía hacerse. De la misma manera
actuaremos en estos dos años porque ése es un objetivo prioritario, señor
candidato, pero, como le decía en mi intervención, creo que el esfuerzo
en el recorte del gasto nos debe permitir selectivamente reducir
particularmente aquella imposición que grava directamente la creación de
empleo.
En nuestra campaña electoral hablábamos, y hacía referencia a ello, de
cambiar impuestos por ocupación. Sin ir más lejos, decíamos concretamente
que la empresa que fuera capaz de crear un empleo estable pudiera
desgravar hasta un millón de pesetas de cualquier impuesto de ese año.
Esa sería una opción que, lejos de incrementar el déficit público, lo
disminuye porque, si bien es cierto que el Estado dejaría de ingresar un
millón de pesetas, no es menos cierto que dejaría de pagar un subsidio de
paro, que en un solo año es aproximadamente superior a un millón, y
además ingresaría las cuotas de la Seguridad Social que la empresa
debería devengar. Por tanto, son fórmulas que aparentemente representan
una disminución de ingresos por parte de la Administración pública, pero
se convierten inmediatamente en un incremento de los mismos. Nos parecen
fórmulas extraordinariamente útiles. Ya sabemos que nadie crea empleo
para que le den un premio, sólo se crea empleo si se necesita para un
trabajo determinado, para la creación de un bien o un servicio
determinado, pero no es menos cierto que la creación de empleo depende
del coste de ese empleo. Por tanto, son útiles todas las fórmulas que
ayuden y nos parece que ésta podría ser particularmente interesante en la
situación actual, en la que, insisto, debemos ser extraordinariamente
rigurosos con el control del déficit público.
No he dicho en mi intervención --me alegro de que lo haya sacado usted en
su réplica-- que estamos absolutamente de acuerdo en la creación de la
ponencia para el estudio de los problemas y del futuro de la sanidad,
absolutamente de acuerdo. Ya le he dicho también que creemos que la
sanidad no estará en disposición de ver reducidos sus gastos, no lo está.
¿Se han incrementado mucho? Sí; pero es que ciertamente nosotros, en
estos últimos diez años, hemos sido el Estado europeo que más ha mejorado
su estado de bienestar, y era imprescindible hacerlo porque partíamos de
mucho más atrás que los Estados europeos. En sanidad hay que seguir
haciéndolo. ¿Hay que controlar el gasto? Por supuesto. ¿Hay que gastar
mejor? Seguro. Pero no se pueden disminuir las prestaciones en sanidad.
Habrá que incrementarlas, ya podemos contar con ello. La universalización
ha traído un gasto que no debemos intentar evitar. Debemos controlar,
debemos mejorar la eficiencia, pero, con seguridad, no debemos contar con
que de ahí pueda salir un ahorro que ha de salir, como le decía y
modestamente creemos, de otras partes: de una Administración pública que
es ineficiente y de unas empresas públicas que pueden reducir, y mucho,
su gasto.
Señor Presidente, señor candidato, acabo ya. Como le decía en mi primera
intervención, señor Aznar, podrá contar no sólo con nuestro apoyo de hoy,
sino con nuestro compromiso de estabilidad en el marco de los acuerdos
pactados. Nuestra colaboración será leal --lo ha sido siempre cuando en
esta Cámara la hemos producido-- y estamos seguros de que, como usted
decía, seremos en justicia recompensados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno):
Brevemente, señor Presidente, para decir que la explicación que ha dado
el señor Molins de impulsor de los acuerdos, aunque diga que no es la
función que específicamente les corresponde a ellos, yo creo que lejos de
perturbar el acuerdo, como él mismo cree, por el contrario, es más
positivo aún porque, salvando los factores diferenciales, son unos
acuerdos generalizables, evidentemente con sus limitaciones.
Generalizables limitadamente en el terreno de las costas o de los puertos
o aplicables a Cataluña en lo que se refiere al desarrollo del modelo
policial, pero, en la gran magnitud, me parece muy correcto que estos
acuerdos sirvan para dar ese impulso de modernización y creo que eso,
desde la posición política de S. S. y de la mía, es un acierto de los
acuerdos que conviene resaltar.
No es que me queje del poco tiempo en relación con el déficit, señoría.
Es el que es; no me voy a quejar. Tampoco le voy a decir: déjeme usted
que me queje de algo. En fin, es el que es. Simplemente quiero decir que
es un espacio de tiempo muy reducido; un déficit demasiado grande y que
el esfuerzo va a tener que ser, como usted sabe, muy importante.
Nosotros estamos de acuerdo --se lo vuelvo a reiterar--, en estudiar las
políticas que se puedan plantear, que puedan servir activamente para la
creación de empleo. Cita usted una, que es cambiar impuestos por empleo,
es decir, favorecer el empleo estable con la posibilidad de desgravación
de un millón de pesetas de impuesto, de tal manera que no cause al Estado
un coste porque se genera un empleo. Por tanto, se deja de pagar un
subsidio, se aumenta una cotización social y se aumenta, evidentemente,
la capacidad productiva del país por vía de la suma de la creación de
esos empleos. Tengo que decir que estudiaremos la fórmula. Ofrecemos no
solamente el diálogo sino también
la propuesta de estudiar la fórmula y de llegar a una conclusión positiva
si entendemos, de acuerdo con ustedes, que en el marco general
presupuestario y de las necesidades del país, bien merece la pena hacer
ese esfuerzo, porque estoy totalmente de acuerdo en que el incremento de
la capacidad productiva y de equipaje del aparato productivo del país es
esencial a la hora de conseguir un incremento del crecimiento y, por
tanto, de la generación de empleo.
Por último, otro comentario en relación con la sanidad. Estoy de acuerdo
con S. S. Se trata de que el gasto no se desborde. Por eso he puesto el
ejemplo del endeudamiento. Estoy absolutamente convencido de que, con un
espíritu similar al del Pacto de Toledo, pueden hacerse reformas activas
en la sanidad española, que mejoren su eficiencia, que mejoren la
prestación del servicio y que tranquilicen, desde el punto de vista
económico y financiero, lo que significan las necesidades del gasto
sanitario en el conjunto del país y la evolución de esos gastos
sanitarios, sin perturbar los equilibrios financieros y económicos de
España.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, tras casi
catorce años de Gobierno socialista, once de los cuales con mayoría
absoluta, nos encontramos hoy aquí, ante una nueva legislatura, con algo
que es habitual en el contexto europeo y que en el vasco lo practicamos
desde el año 1986, es decir, gobiernos que han de pactar e incorporar a
su acción otras formas de abordar los problemas. Nada de lo que hoy
parece tan novedoso es algo inusual en otros países de larga tradición
democrática, y donde es difícil encontrar mayorías absolutas en un
sistema proporcional.
Quizá lo novedoso estriba en la descalificación al nacionalismo
democrático para que pueda legítimamente pactar una acción de Gobierno o
una investidura. Algunos consideran que sólo los partidos de ámbito
estatal pueden vertebrar y equilibrar una convivencia. Discurso
peligroso, planteado supuestamente desde la solidaridad que encierra un
peligroso exclusivismo que desconoce que si los pactos son libres, con
luz y taquígrafos, y con voluntad de respeto, no hay que temer a la
democracia, y si al nacionalismo democrático se le excluye, el
nacionalismo legítimamente se excluye y excluye. De ahí la importancia de
su discurso, señor candidato, porque son estas circunstancias en las que
una acción de Gobierno puede recoger distintos apoyos, sobre todo cuando
nos encontramos en una situación que, sin caer en alarmismos, podemos
considerar difícil. De ahí la importancia también en lograr que el
próximo Gobierno cuente, no sólo con apoyo suficiente, sino con apoyos
claros para lograr una acción de Gobierno sólida y eficaz, capaz de
encarar los nuevos retos que tenemos ante nosotros y que tan relacionados
están con la construcción europea.
Esta sociedad busca el acuerdo frente a la discrepancia; la estabilidad
frente al sobresalto; la solución frente al conflicto; el respeto frente
al agravio.
Ustedes, en la primera reunión que tuvimos nos indicaron la importancia
de la convergencia europea. El domingo anterior había habido elecciones
en tres länder alemanes y la victoria de la coalición presidida por el
Canciller Kohl indicaba que el proceso de unión económica y monetaria iba
en serio, y ante ella teníamos que realizar importantes ajustes para
reunir las condiciones de entrada. En definitiva, una política de
austeridad, una política dirigida a reducir el déficit público y
controlar la inflación.
Frente a esta inminente realidad tenemos asimismo el debate sobre el
estado de bienestar que en nuestra sociedad podríamos decir que es de
medioestar, pues no llegamos a los parámetros de los países más
desarrollados.
El estado de bienestar está en una encrucijada en la Unión Europea.
Existe cierta ofensiva para recortar los gastos sociales como medio para
salir de la crisis; pero los ciudadanos rechazan esta tesis y, con todo
el derecho, quieren seguir gozando de Seguridad Social, atención
sanitaria, educación y empleo, cuando Europa sufre la tentación de
convertirse en una fortaleza ante la inmigración y surgen fenómenos como
la exclusión social ligados a nuevos tipos de pobreza que, a su vez,
genera violencia social.
Es lógico que al ciudadano no se le pueda pedir sacrificio alguno si no
se da ejemplo de austeridad. Austeridad en el Gobierno, en el sector
público; austeridad en los sectores bien dotados. Esto es indispensable
porque decirle al ciudadano que se apriete el cinturón mientras observa
espectáculos de derroche, de duplicidad, es casi una bofetada política.
De ahí que coincidamos con usted, señor Aznar, en la necesidad de la
austeridad ligada a la recuperación económica. Nos parece bien que a la
vez se envíe un mensaje de tranquilidad a un ciudadano que considera que
el debate de la sociedad de bienestar no es sólo económico, sino un algo
ligado no sólo a intereses sino a valores. Tratar de desmantelar el
estado de bienestar provocaría gran fragmentación social y la violencia
de los excluidos. La gente quiere un empleo, quiere seguridad, quiere
buenos servicios de educación y de sanidad. Nosotros, como grupo
parlamentario, como partido, queremos que esto sea así. Lejos, pues, del
discurso fácil, conservador y sin alma, pues para nosotros cada persona
cuenta. Esto significa, en el marco de nuestra sociedad fuertemente
competitiva y frecuentemente desarraigada, prestar atención a quienes
están solos, buscar vías a través de las cuales hacer saber a los más
débiles, a los de más edad, que
ellos forman parte de esta sociedad porque cada persona cuenta.
Frente a esto, la gran pregunta sobre el tipo de Europa que queremos; si
la pequeña Europa o la gran Europa. No puede haber una Europa sin
Parlamento, sin Tribunal de Justicia, sin una Comisión que vea recortada
su iniciativa para dar paso a una zona de libre cambio en la que cada uno
se busque la vida por su cuenta. Europa necesita un alma europea que
exprese su cultura, y junto a esto debe contar con un ejército propio,
una diplomacia común y una moneda única, sin dejar de asentarse en el
mosaico de realidades naturales que la conforman desde los primeros
tiempos de la historia. De ahí que consideremos un avance importante su
propuesta de incorporar a la acción de su Gobierno, a la hora de
conformar la voluntad política europea, a las comunidades autónomas,
hasta ahora, quizás, a nuestro juicio, las grandes ausentes de esta
acción de un Estado que era autonómico en lo interior pero no suficiente
en lo europeo, porque para nosotros Europa no es política exterior sino,
fundamentalmente, política doméstica. De ahí nuestro apoyo a esta nueva
acción de gobierno tendente a ir dotando a la Unión Europea de
instituciones válidas y eficaces frente a una unión convertida en una
especie de Gulliver encadenado.
En relación con el empleo, resulta indispensable propiciar un gran pacto
social que vincule la actitud ante el empleo no sólo de la Administración
u otros poderes públicos sino, también, de los diversos interlocutores
sociales y de los agentes económicos. El desempleo es un problema
colectivo de esta sociedad y es una responsabilidad colectiva su
remoción. La tasa de paro denota un genuino fracaso social en donde
predominan actitudes de defensa corporativa, de intereses propios que,
aun siendo legítimos --económicos, sindicales, de espacio social-- no
deben primar sobre los valores de solidaridad y sobre los valores de
justicia. Un pacto social, utilizando las posibilidades de los nuevos
artículos del Estatuto de los Trabajadores, puede armonizar sectorial y
territorialmente una política de rentas dirigida a la creación de empleo,
siguiendo un diagnóstico que apueste por el empleo juvenil, el de larga
duración; una política sectorial y selectiva que discrimine en favor de
sectores estratégicos que actúen de motor de la reactivación económica;
una política industrial que impulse la reindustrialización, que genere un
contexto competitivo en el que se desarrollen empresas modernas,
dinámicas y con futuro; reformas estructurales profundas que garanticen
un mejor funcionamiento de los mercados de bienes, de trabajo y de
capitales, y, sobre todo, apostar por la formación profesional para
adaptarla a las demandas de una sociedad tan cambiante; apostar
fundamentalmente por la formación profesional.
Usted, señor candidato, en su discurso ha expuesto un abanico de
iniciativas que irán perfilando a lo largo de la legislatura y que a
nosotros, como grupo parlamentario, nos han sonado bien. Nosotros tenemos
un catálogo de iniciativas que iremos presentando tratando de combatir
esa nefasta idea de una sociedad egoísta que cree que sólo tiene derechos
y no deberes, sabiendo que el reto europeo es demasiado importante para
que sigamos creyendo poder vivir por encima de nuestras posibilidades y
no dándonos cuenta de que lo que hagamos en los próximos cinco años
hipotecará o marcará los primeros cincuenta años del próximo siglo.
Constatamos que usted, señor Aznar, ha demostrado, y lo ha demostrado en
la lucha política que ha llevado como partido, que ha sabido remar contra
corriente en algunas oportunidades y remontar obstáculos importantes. Sus
dos mayores enemigos serán la impaciencia de la gente que cree en los
milagros inmediatos y la dura necesidad de tomar medidas impopulares a
corto plazo para poder brindar mejoras y dinamismo económico a medio
plazo.
La virtud del político, y sobre todo la virtud del político que tiene
ideas claras, en contraposición con el político oportunista o corto de
miras, está en saber combinar esta diferencia de tiempos entre el remedio
y la salud. Matizando un poco diría que esas medidas para luchar contra
el déficit y hacer una economía competitiva no necesariamente tienen que
ser impopulares a corto plazo si hay una acertada comunicación, con una
ciudadanía que cada vez está más consciente de que no hay soluciones
fáciles ni inmediatas. De ahí que nos haya parecido adecuado su
planteamiento económico y le indiquemos que quizás, ojalá pronto, sería
bueno que se depreciara una peseta demasiado fuerte. Una peseta muy
fuerte puede ser buena para algunas cosas, pero mala para la exportación
y para el crecimiento sano del producto interior bruto. Una peseta que
quizás podría pasar de 82 a 87 por marco impulsaría un buen crecimiento
económico, esto hay que decirlo, y ojalá con descenso de los tipos de
interés. Esto también favorecería el crecimiento económico.
Hay que decir también que cualquier tipo de ajuste tiene que estar basado
en que no puede ser duro para los demás y confortable para una minoría.
El Gobierno no puede ni debe conformarse con el papel de administrador o
gerente de una sociedad injusta. Este tiempo es el de la osadía que haga
de la justicia no el otro nombre de las migajas mal repartidas.
El pasado 4 de marzo usted, señor Aznar, nos llamó. Los resultados
electorales indicaban que para que usted pudiese gobernar habría de
pactar y usted tenía que optar por el Partido Socialista, por Izquierda
Unida o por los nacionalismos democráticos; usted había optado por los
nacionalismos y así nos lo hizo saber.
A nadie se le oculta que veníamos de un largo desencuentro histórico; a
nadie se le oculta que partíamos del recelo y de la desconfianza; a nadie
se le oculta que dudábamos de su real vocación autonomista; a nadie se le
oculta que nuestras divergencias hacían casi imposible
el acuerdo cuando previamente habíamos sido poco menos que satanizados
por ciertos sectores de la derecha española y era claro que los consensos
son tanto más difíciles si incluso la divergencia política se había
convertido en enemistad personal. No se consensúa con el enemigo total.
Sinceramente, señor Aznar, no les veíamos a ustedes como herederos de
aquella UCD que buscó en su día abordar el contencioso vasco con la
apuesta estatutaria; les veíamos como representantes de la derecha más
cerrada, de ahí la importancia actual del presente acuerdo.
Tampoco se le oculta a nadie la dilatada relación histórica del Partido
Nacionalista Vasco con el Partido Socialista en el Gobierno de la
República, en el exilio, en la política vasca, en la relación personal,
que ha sido --y hay que reconocerlo públicamente-- una relación positiva.
Nosotros también en esta oportunidad queremos reconocer aquí y ahora la
labor del actual Presidente en funciones, Felipe González, en la
modernización del país, en la construcción europea y en su talante
político y personal. Lo tenemos que reconocer públicamente y no nos
duelen prendas en hacerlo porque creemos que en política honrar honra.
Ante la nueva situación creada, ante los resultados electorales,
aceptamos su invitación, señor Aznar, que, en primer lugar --y lo tenemos
que decir públicamente--, agradecemos. Ustedes nos propusieron mirar al
futuro en lugar de reprocharnos el pasado y nosotros accedimos, sin
olvidarlo, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
Y pusimos encima de la mesa nuestro programa electoral, nuestro
compromiso con quienes nos habían votado; y ante una sociedad que nos
pide acuerdos y avanzar, apostamos por el diálogo y apostamos por
establecer relaciones políticas con ustedes. Y empezamos a hablar.
Nosotros teníamos una preocupación particular, además de las generales
que puede tener cualquier partido político sobre Europa, sobre la
economía o sobre lo social; nosotros no podíamos dar apoyo a un Gobierno
que nos negara el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de
Guernica, Ley Orgánica refrendada por el pueblo, ratificada en Cortes
Generales y que 17 años después falta por completar en 43 transferencias,
sobre todo en aquellas que tienen relación con lo social.
Si enviábamos a la sociedad vasca el mensaje de que el Estatuto no se va
a cumplir, de que una Ley Orgánica no se toma totalmente en serio, que
aquel pacto ilusionado, como fue el de 1979, carece de valor político, y
que uno de los puntos del pacto de Ajuria Enea, como es el cumplimiento
del Estatuto, es papel mojado, todo esto nos iba a obligar a
replantearnos nuestra actuación política general ante la injusticia y la
violencia que suponía incumplir unilateralmente un pacto.
Bien es verdad que usted, logrado el apoyo del Grupo Catalán y del Grupo
Canario, aritméticamente no necesitaba el concurso de nuestro grupo
parlamentario, aunque sostener un Gobierno con la diferencia de un voto
en su mayoría es algo harto difícil. Pero también es cierto que nuestro
concurso redondeaba el pacto con los nacionalistas, que con lo que usted
representaba no han tenido buena relación en el pasado.
Y nadie en política es despreciable y a nadie se le debe hacer de menos.
Para sacar adelante los presupuestos hacen falta tres grupos
parlamentarios, y con nueve votos sumados al Partido Socialista, Grupo
Mixto e Izquierda Unida, prospera una moción de censura. De ahí que usted
haya hecho una concertación de fuerzas para asentar una legislatura
complicada, difícil, pero que puede --y a nosotros nos gustaría-- durar
cuatro años. Nosotros consideramos un valor político que las legislaturas
se agoten. En Euskadi, el Lendakari Ardanza ha tratado siempre que se
agote la legislatura, y ¡ojalá! usted, señor Aznar, pueda agotar esta
legislatura.
Y hay que reconocérselo, usted tuvo el reflejo político suficiente para
hacer quizá de la necesidad virtud y apostar por una fórmula que mira al
futuro y busca acuerdos. Hoy por la mañana usted ha hecho un discurso que
a nosotros nos parece de centro reformista, y que creemos que hay que
reseñar. Bien es verdad, señor Aznar, que en la discusión estas semanas
sobre el Estatuto vasco usted no ha querido entrar a fondo en aquello
que, siendo singular del Estatuto de Guernica, le pueda crear problemas
con otras comunidades, a pesar de lo que se está diciendo por ahí; sin
embargo, eso no es cierto. Sinceramente nos preocupa este planteamiento,
porque nosotros deseamos lo mejor para todos, y lo proclamamos desde esta
tribuna: deseamos solidariamente lo mejor para todas las comunidades;
pero si un título competencial está contemplado en nuestro Estatuto,
aunque otros no lo tengan se ha de cumplir, si no se cumple, entonces
surgirá, lógicamente, un enfrentamiento político. Como tampoco admitimos
que una amenaza sindical desorbitada presione para que no se aborde el
cumplimiento de una Ley Orgánica. Los sindicatos tienen todo el derecho a
opinar y a actuar en sus materias, pero no, a nuestro juicio, a trabar el
cumplimiento de leyes que son taxativamente claras. De ahí que tras ir
dejando la posibilidad de apoyos de estabilidad o de legislatura desde el
inicio, nos centráramos con ustedes en algo que para nosotros era
sustancial y que no podía generar agravios, como es la adecuación, la
modernización del concierto económico, pieza jurídica que tiene 130 años
de buen funcionamiento. No es una cosa de ayer, es algo que surge del
siglo XIX. Por eso quizá sea bueno recordar que el concierto económico
del País Vasco surgió en ese siglo XIX tras la última guerra carlista y
la abolición foral en 1876, y que salvo la interrupción en 1937 por
Franco, la hacienda vasca ha recaudado siempre, y en Alava y en Navarra
nunca la Administración central ha recaudado. Salvo este período luctuoso
en la vida de nuestro pueblo, la hacienda vasca ha recaudado siempre. Y
digo y repito esto enfáticamente ante el cúmulo
de despropósitos que se han escuchado estos días y que lo atribuimos al
desconocimiento o quizá a la incultura histórica, porque si fuera debido
a la mala fe, habría que decir que lo que se busca es enconar y crispar
una situación, y eso sí sería grave.
La hacienda central --y vuelvo a repetirlo-- nunca ha recaudado en
situaciones de normalidad en Euskadi, y esto lleva funcionando, y muy
bien, durante muchísimo tiempo. Nosotros en esta negociación no hemos
puesto sobre la mesa una posición de partido, sino el acuerdo de
desarrollo estatutario aceptado unánimemente por el Partido Socialista,
por Izquierda Unida, por Eusko Alkartasuna y por el Partido Popular en el
Parlamento Vasco en octubre de 1995, anteayer mismo.
También hemos acordado con ustedes la devolución del patrimonio político
incautado tras la Guerra Civil, y no sólo al PNV, porque parecería que
solamente este acuerdo hace referencia al Partido Nacionalista Vasco,
sino a todos aquellos partidos que fueron expoliados con criterio de
reparar la injusticia histórica que supuso aquel expolio y que usted,
como representante del Partido Popular, ha tenido especial empeño en
pasar página, y eso también se lo reconocemos. No era de recibo que el
patrimonio sindical hubiera sido devuelto y no el de los partidos
políticos y que esto no se haya abordado 21 años después de la muerte del
dictador, si bien es verdad que el Gobierno socialista, en el mes de
diciembre, envió las bases para que se pudiera abordar a través de un
proyecto de ley esta iniciativa parlamentaria con un marco jurídico
adecuado.
Hemos realizado asimismo una apuesta por la formación frente a todos los
encasilladores y simplistas que hablan de las derechas unidas y que
hablan de la CEDA. Nuestra apuesta ha sido por el área socioeconómica
laboral, que no ha podido ser abordada en serio por la presión de quienes
no quieren que demostremos con hechos que podemos hacer las cosas mucho
mejor que ellos, más baratas, sin financiar cúpulas burocratizadas
sindicales, y adaptadas a una sociedad que necesita imaginación, y sobre
todo adaptar la formación a las necesidades de una sociedad muy
cambiante.
Señor Aznar, usted nos ha dicho que cuando sea Presidente hablará con los
sindicatos y con la patronal. Tiene que hacerlo, es lógico que lo haga.
Le sugerimos, quizá, como idea, que hable también con aquellos que en
Euskadi hacen formación profesional, con los pioneros del salario social,
con los que dirigen la sanidad del País Vasco, con los que apuestan por
la investigación, con los que afrontan el fraude fiscal y con los que
hacen ese milagro que supone que las devoluciones del IRPF se hagan en
Euskadi en 24 horas y aquí se tardan siete meses. Y lo que queremos para
nosotros lo queremos para todos, pero lo queremos bien y no que bajo el
falso argumento solidario se impida cumplir la ley porque la solidaridad
no pasa necesariamente por la fórmula de la gestión centralizada.
En el acuerdo que hemos realizado con usted hemos trasladado lo que
ustedes apoyaron en el Parlamento Vasco sobre el pleno y leal desarrollo
del Estatuto, y ese es el inicio de una nueva relación real política,
porque si el cumplir una ley es algo obvio, hasta ahora se nos ha mareado
con excusas y con el famoso temor a otras comunidades que podían demandar
lo mismo, aunque no esté en su estatuto y en el nuestro sí. Es una trampa
que de alguna manera y en algún momento se tiene que romper por algún
lado. Usted ha tenido la valentía política, por lo menos, de fijar un
horizonte y decir en su discurso que en esta legislatura piensa cumplir
los estatutos del 151.
Si queremos enviar el mensaje de que el Estatuto es la vía política
válida y si la propia Constitución reconoce la existencia de
nacionalidades y regiones y que el Estado español es un Estado
plurinacional, plurilingüístico y pluricultural, existe Euskadi que es
una nación con sus lenguas, su cultura, su conciencia histórica y sus
instituciones tradicionales. Todo lo que pedimos es que este hecho sea
reconocido y la ley aplicada en aquello que también es singular.
En su día se hablaba de la policía como algo peligroso y como algo que no
podía ni debía ser abordado y, sin embargo, la ertzanza está funcionando
muy bien; el concierto económico funciona muy bien y otras singularidades
del Estatuto vasco funcionan francamente bien y queremos, por tanto, que
el Estatuto vasco se cumpla.
Cuando se habla del hecho diferencial también los partidos nacionalistas
son hechos diferenciales. En nuestro caso tenemos un partido --el
nuestro-- que tiene cien años. Imagínense ustedes el agua que ha
transcurrido debajo de los puentes y lo que eso significa políticamente.
Cuando un partido cumple cien años significa que hay un problema que no
ha sido resuelto, que no ha sido abordado y, por lo menos, se tiene que
tener el respeto mínimo a la hora de hacer política, contando con
realidades que están ahí y que ¡ojalá! se tomen en serio.
En su discurso usted nos ha hablado de otras cuestiones que han sido
discutidas, como, por ejemplo, la eliminación de la figura del gobernador
civil, que era todo un anacronismo histórico, o la modificación de leyes
importantes, como la Ley de Puertos, porque los puertos deben competir
más entre ellos y ser generadores y creadores de riqueza; o la Ley del
Suelo y la Ley de Costas porque es preciso adaptarlas a una realidad
autonómica, aunque respetando, lógicamente, el medio ambiente.
De cara a la juventud creemos que hay que agilizar todavía más el proceso
de sustituir el servicio militar obligatorio por un ejército profesional
europeo que se adapte a una Europa supranacional, que defiende intereses
comunes y que es absurdo que mantenga diecisiete ejércitos vigilándose
uno a otro. Esta es una magnífica
noticia para una juventud a la que hay que estimular en labores de
solidaridad y pacificación, en atención a los más débiles, a los más
desprotegidos y a los más indefensos, haciéndolo todo con criterios de
justicia social.
Pocas palabras, para finalizar, ante el fenómeno de la violencia y del
terrorismo, salvo solicitar la inmediata liberación de José Antonio
Ortega Lara, torturado día a día por ETA. Los partidos deben seguir
abordando esta situación desde el consenso y el análisis que han supuesto
los pactos de Ajuria Enea, de Iruña y de Madrid, su cumplimiento íntegro,
y cómo tomar nuevas iniciativas desde el acuerdo y desde la democracia.
Nada identifica peor y de forma más distorsionada a Euskadi que la sangre
y el terror. Decía Galileo ante sus verdugos: ustedes pueden destruir
todos los telescopios, triturar las lentes y los libros; pueden incluso
ordenar que el género humano fije sus ojos en el suelo, como las bestias,
pero nunca podrán cambiar los hechos. Y los hechos en Euskadi son que una
minoría trata de imponer por la fuerza a una mayoría su modelo sin
ajustarse a las reglas del juego, y esa no es la esencia de lo vasco,
sino una manifestación minoritaria --aunque importante-- de una realidad
viva que anhela la paz.
El Partido Nacionalista Vasco también se resiste a contemplar
impávidamente cómo el conflicto y la violencia en Euskadi se perpetúan a
la espera de que un milagro ponga fin a un sufrimiento que se extiende a
toda la sociedad y amenaza a las nuevas generaciones con hipotecar
política, económica y humanamente su futuro. Por ello tenemos el deber de
buscar una solución, lo más humana posible, explorando todas las vías que
consideremos justas para superar definitivamente este conflicto y
conseguir la paz. Y esto también lo permite el Pacto de Ajuria Enea.
Junto a esto coletea el fenómeno de construir una sociedad sobre bases
sólidas, justas y veraces. El Estado de Derecho debe depurar las
responsabilidades de aquella terrible iniciativa que fue el terrorismo de
Estado. Aquello que fue una quiebra de la legalidad debe analizarse,
independientemente de que se siga la vía judicial, pero debe analizarse
políticamente para que, sobre todo, no vuelva a ocurrir. Y nosotros no lo
enfocamos con ánimo de venganza. Sobre todo, nosotros lo vamos a seguir
solicitando para que no vuelva nunca más a repetirse esa quiebra del
Estado de Derecho, como fue el terrorismo de Estado.
Para finalizar un ruego, señor Aznar. Hasta ahora el poder de la
Administración era como un tren. Se le puede pintar, se le puede limpiar,
cambiar de conductor y personal, pero siempre será el mismo tren, rodaba
sobre los mismos raíles. Los enfoques de aquellos que asumen la dirección
del Estado suelen ser iguales cambia el color de los gobiernos, las
personas, pero el ritmo es similar. Lo que dice, por ejemplo, el director
de una oficina de un gobierno lo repite, al carbón, quien le sucede en el
cargo. El nuevo dirigente lo primero que hace es homologar el lenguaje,
asumir la oralidad anacrónica instalada solemnemente en el puesto que se
ocupa. Quien habla parece que es el puesto, no él. Una mentalidad, la
burocrática, reemplaza a la propia. Eso es lo que explica que gente
inteligente y capaz, cuestionadora de la praxis de cierto poder, en el
momento en que escala una posición oficial comience a hablar otro
lenguaje. Por eso, le pediríamos que trate de que su Gobierno no se
burocratice, que esté muy cerca de los problemas, actúe con transparencia
y acceda inmediatamente al control político.
Finalizo. Cada persona cuenta. Eso, en nuestra sociedad, fuertemente
competitiva y deshumanizada, significa que la persona sea escuchada y
tratada con respeto, tratada con argumentos e incluso con ternura. Señor
Aznar, en una sociedad con una aguda crisis de valores importa fortalecer
el control político para que no puedan volver a repetirse situaciones
anteriores, y en este contexto este Parlamento tiene mucho que decir y,
sobre todo, mucho que hacer. ¡Ojalá los precedentes vividos sirvan para
disuadir a algunas personas sobre cualquier desviación y quebrantamiento
de la ley! Todo poder es efímero y cuando se ejerce hay que hacerlo con
decencia y responsabilidad, porque siempre hay individualidades que
rompen las reglas del juego. Que no se abata la venganza ni el
ensañamiento en la Administración con gente a merced de su cólera, sino
que se propicie una sociedad, sobre todo, con pulso moral.
No se dará una recuperación del país sin una recuperación de la política
como servicio al bien común, dignificando los partidos como instrumentos
de beneficio colectivo, porque sin partidos sólidos no hay ni puede haber
una democracia sana. Y para eso hace falta ser valientes; hace falta ser
valientes para identificar cualquier posible foco de corrupción y, sobre
todo, para ponerle coto inmediatamente, no teniendo nunca miedo a las
comisiones de investigación. Estamos en un punto en que hay que rescatar
la credibilidad del liderazgo político volviendo a una vida institucional
normalizada. Esto no significa que en la época anterior no hubiera
liderazgo político, sino simplemente que algunas personas habían roto las
reglas del juego.
La sociedad no puede seguir viviendo de sobresalto en sobresalto. Los
ciudadanos no pueden estar sometidos a la extenuación interminable de una
crisis recurrente. No es de recibo que una situación de interinidad, como
la que hemos vivido estos dos últimos meses, demuestre lo mucho de
ficticio que tenían muchas de las tensiones que se vivían y que hacían la
política algo insoportable. De ahí la importancia de no hacer
politiquería barata buscando agravios absurdos, no teniendo altura de
miras, actuando a ras de suelo, sin tener en cuenta que hay que construir
una sociedad estable, llena de confianza y capaz de tomar el rumbo de su
más intensa modernidad. Por eso, nos ha agradado escuchar aquí los
discursos que se han pronunciado
esta mañana diciendo que no hay que crispar una situación de forma
innecesaria, como se había crispado en la legislatura anterior. Pero,
señor Aznar, para volar hace falta un ala en cada lado, no dos en el
mismo. Para hacer buena política no basta sólo el Ejecutivo, sino que
hace falta el control del Legislativo; uno en cada lado. Eso hay que
potenciarlo, hay que potenciar la labor del Parlamento.
Usted, señor Aznar, el pasado martes, en su despacho, puso su mano de
manera enfática sobre el acuerdo que habíamos alcanzado con ustedes. Para
nosotros aquel gesto fue como la famosa «palabra de vasco», expresión que
todavía se utiliza en América para asumir acuerdos sin necesidad de
firmarlos. Nosotros nos definimos por lo que somos, no por lo que
combatimos, y somos un partido nacionalista de cien años que tiene mucha
experiencia acumulada, que sabe pactar, que desea acuerdos, que confía en
las personas, que desea la paz, que desea que la sociedad avance de forma
solidaria y que confía en que usted hará honor a sus compromisos,
iniciándose así un camino de colaboración y de acuerdo si sigue usted con
los criterios de su discurso de esta mañana.
Hay que decir también que nosotros seguimos siendo el mismo PNV de
siempre. En nuestro común documento, al final --y termino con esto
resumiendo cuál es la postura nuestra en este momento a la hora de la
investidura-- decíamos: Una vez establecidos los compromisos políticos
que supone el voto afirmativo del Partido Nacionalista Vasco a la
investidura de don José María Aznar, ambas formaciones políticas se
comprometen, además, a proseguir las negociaciones emprendidas con objeto
de consolidar, en la medida de lo posible, acuerdos específicos en
materia de desarrollo estatutario que doten a la política gubernamental
de unos principios de estabilidad desde el ámbito parlamentario.
Señor Aznar, no le quepa la menor duda de que nosotros haremos honor a
nuestros compromisos. No renunciamos a nuestro programa electoral y de
momento lo que usted sabe es que hay un sí a la investidura, que fue lo
que hemos hablado. Pero usted ha tenido --y eso hay que reconocérselo--
la osadía política que le pedíamos para pactar con nosotros esta
investidura que para usted --y también lo reconocemos-- no ha sido fácil,
porque las cosas no son fáciles, sobre todo habida cuenta de los
desencuentros que hemos tenido en el pasado. Pero, sin embargo, usted ha
apostado por esta fórmula y nosotros ante ella vamos a decir que sí.
A todos, yo pienso que a toda la sociedad, nos interesa que usted
gobierne bien, que usted gobierne para todos y, sobre todo, que mantenga
el progreso de esta sociedad, porque su éxito será el éxito de todos. Por
esta razón el Grupo Parlamentario Vasco votará sí a su investidura
deseándole suerte y acierto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor Aznar, tiene la palabra.
El señor AZNAR LOPEZ (Candidato a la Presidencia del Gobierno): Muchas
gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para agradecer al señor Anasagasti sus palabras,
así como también su apoyo; su apoyo y el anuncio de voto favorable a la
investidura. Creo que es la segunda vez que el Partido Nacionalista Vasco
va a votar una investidura en sentido favorable. Lo hizo en la anterior
legislatura, lo hace esta legislatura. Es verdad que ha cambiado de
candidato y, por lo tanto, ha cambiado el destinatario del voto positivo.
Quiero agradecer muy especialmente la decisión del Partido Nacionalista
Vasco y el sentido general que ha dado a su intervención que,
naturalmente, partiendo de un compromiso de investidura y de un
compromiso de proseguir negociaciones a lo largo de la legislatura,
consiste en saber comprometerse también con la estabilidad del Gobierno,
con la estabilidad parlamentaria y, naturalmente, con un horizonte y un
objetivo de cumplimiento íntegro de la legislatura, que yo considero muy
deseable, muy positivo para los intereses generales del país.
Y quiero decirle al señor Anasagasti que estoy especialmente satisfecho
por el acuerdo al que se ha llegado con el Partido Nacionalista Vasco.
Porque ha dicho usted algo que es verdad en el sentido de la plasmación
de un acuerdo y que a mí me gustaría resaltar. Cuando se ha llegado al
acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, su contribución no era
aritméticamente necesaria a efectos parlamentarios para la consecución de
la investidura. Sin embargo, es justo reconocer que por ambas partes, por
parte del Partido Nacionalista Vasco, que yo elogio, y por parte del
Partido Popular, que no elogiaré, sino simplemente reseñaré el impulso y
el interés que se ha puesto en ella, ha habido una determinación de
intentar llegar a un acuerdo y de llegar finalmente a ese acuerdo. Si no
era por una necesidad aritmética parlamentaria bien cumplida, como S. S.
ha dicho, con el apoyo de Convergència i Unió y el apoyo de Coalición
Canaria, es que había, naturalmente, un ámbito común de entendimiento de
la situación política en general, de entendimiento de lo que podía ser el
desarrollo de políticas propias y singulares en el marco de la política
vasca, así como de compromiso por su parte y por la nuestra en producir
ese encuentro histórico que lo ha hecho posible. Y lo ha hecho posible
también en términos públicos, por lo cual yo vuelvo a mostrar mi
satisfacción. Pero que se haya producido el encuentro histórico entre el
Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, con las diferencias y
las reservas que se quiera, que nunca se había producido a lo largo de
nuestra historia, creo que es muy importante. Y quiero decir nunca,
porque hemos coincidido, y coincidimos, en ámbitos internacionales, a los
que luego me referiré, pero tal vez eso pudo servir en su momento, por
razones históricas, para
marcar aún más las diferencias que no para acercar las posiciones.
Créame, por tanto, que doy a ese encuentro y a ese acuerdo la
significación que tiene en sus términos históricos y la significación que
tiene en sus términos políticos y parlamentarios. Y tengo que alabar el
sentido de la responsabilidad y el sentido de la concepción de los
intereses generales que han demostrado los negociadores y los dirigentes
del Partido Nacionalista Vasco.
Quiero decir que esta oportunidad de colaboración, señor Anasagasti,
tampoco para nosotros se cierra aquí, y creo que usted me entiende
perfectamente. No se cierra aquí no sólo porque hemos acordado que no se
cierre aquí sino porque, además, yo la deseo abierta, y me da la
sensación de que he escuchado a dirigentes de su partido, y a usted
mismo, decir que si se diese la oportunidad no solamente de fortalecer
sino de perfeccionar, con diferentes ámbitos participativos, esta
colaboración, sería posible plantearlo en el futuro.
En consecuencia, dejo abierta por nuestra parte esa posibilidad y
manifiesto que este acuerdo, históricamente tan importante, yo también lo
interpreto, como le decía anteriormente al señor Molins, como una
posibilidad de llegar a entendimientos todavía más perfectos y más
completos en el inmediato futuro o bien a medio plazo.
Ha mencionado S. S. algunas de las circunstancias que figuran en los
documentos que hemos acordado con el Partido Nacionalista Vasco. Una, el
desarrollo del Estatuto de Guernica. El desarrollo del Estatuto de
Guernica con plena lealtad, con plena asunción del mismo, en lo que
significa, además, el desarrollo de los acuerdos del Parlamento vasco, a
los que usted ha hecho referencia, y que han sido respaldados por todas
las fuerzas políticas. Por tanto, es de suponer que no se podrá escuchar
--o no se deberá coherentemente escuchar-- ninguna voz discordante en lo
que significa un compromiso general respecto al desarrollo del Estatuto
de Guernica.
En segundo lugar, ha hecho referencia a algo que me complace resaltar de
alguna manera, que es nuestro compromiso a la devolución del patrimonio
histórico. No quiero entrar en detalles al respecto, pero he hablado esta
mañana de alguna de las virtudes de nuestra transición democrática. Y he
hablado conscientemente de dos palabras: reconciliación e integración. Y
si esto, que naturalmente es algo más que un gesto, es un gesto
importante y que, además, hay que modular, como es lógico, en el tiempo,
es útil en esa tarea de reconciliación y de integración, naturalmente, me
declaro también muy satisfecho por haberlo podido impulsar, incluso, en
este caso, poniendo y aceptando el acento personal que usted ha puesto, a
la hora de evaluarlo, y que yo personalmente le agradezco.
En tercer lugar, ha hecho referencia vuestra señoría, esencialmente, al
tema de los conciertos económicos. Lo quiero decir como expresión de lo
que es una singularidad tradicional del País Vasco, de sus territorios
forales, de ámbito normativo, de ámbito de gestión, de ámbito
recaudatorio, etcétera.
La misma existencia de ese principio de concierto económico --que por
cierto fue el primer trabajo que yo tuve como funcionario del Estado en
el Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid, y que ahora tengo la
oportunidad de poder desarrollarlo desde otro punto de vista y con una
responsabilidad mayor--, el propio principio del desarrollo del concierto
--teniendo que hacer lo que tenemos que hacer este año, porque vence la
revisión del cupo y, por tanto la revisión de la metodología del cupo--
entra dentro de lo que es el principio coherente, de alguna manera, del
desarrollo del Estatuto de Guernica y de lo que significa la singularidad
vasca en ese proceso de desarrollo de los conciertos económicos y de
revisión de la metodología del cupo. Hacer esa tarea me parece una labor
absolutamente coherente y congruente en el espíritu de entendimiento y en
el espíritu de desarrollo, sin olvidar, como usted mismo ha recordado en
su discurso, el ámbito general de la solidaridad y de la cohesión general
que en nuestras políticas nos debe acompañar a todos.
Quiero establecer un matiz que probablemente nos diferencie en la
interpretación de lo que han sido las negociaciones. Yo le puedo
asegurar, señor Anasagasti, que, con independencia de algunas otras
vicisitudes en el proceso de acuerdos o de negociaciones, no me he
sentido amenazado por nadie, ni presionado por nadie, ni chantajeado por
nadie.
Comprendo que pueda haber otras interpretaciones, pero yo, de buena fe,
lo quiero decir y lo digo, porque además creo que eso puede ser útil para
todos, y yo desde luego no hago esa interpretación. En todo caso, quiero
decir que respeto que se pueda plantear la contraria, pero, desde luego,
yo no lo he sentido de esa manera. Simplemente, hay momentos en que
traspasar ámbitos de gestión a otros ámbitos o mantener discrepancias en
lo que significa la interpretación de ciertos ámbitos competenciales
puede desembocar en un resultado no deseado por los negociadores, no
satisfactorio para todos, pero que creo que no interrumpe la línea
correcta y la línea duradera de las cosas. Lo hemos manifestado con toda
lealtad en los ámbitos que se referían a la Seguridad Social, a la
recaudación de cuotas, etcétera, como usted conoce muy bien, y eso no nos
ha impedido llegar a la definición final de nuestros acuerdos.
Quiero destacar muy especialmente el énfasis que vuestra señoría ha
planteado en su intervención, en su discurso, respecto a las prioridades
de carácter económico, de carácter europeo, y al esfuerzo que el próximo
Gobierno tendrá que hacer en ese terreno.
Agradezco mucho su comprensión respecto de la política de austeridad
necesaria. Sé bien que a veces hay palabras que no son fáciles de
pronunciar, pero yo coincido con S. S. en que no nos debemos dejar vencer
por esos dos peligros que mencionaba: la impaciencia,
por una parte, y el agobio de la realidad, por otra. Es necesario vencer
la impaciencia no solamente poniendo lo contrario, poniendo prudencia,
sino asumiendo el segundo riesgo, que es el que usted decía, la realidad,
y diciendo la verdad a los ciudadanos. Eso es lo que queremos hacer. Y
eso implica practicar en el futuro inmediato de nuestro país esa política
de austeridad que ha tenido esta mañana algunos compromisos bien claros.
Es más agradable --estoy seguro-- hacer unos presupuestos que crezcan por
encima de la inflación y tengan, por decirlo de esa manera, una vis
expansiva que decir que el presupuesto en ningún caso debe crecer por
encima de la inflación, que ya es un criterio restrictivo muy importante.
Como naturalmente es más agradable y más irresponsable proponer políticas
alegres en torno al gasto que plantear políticas de control riguroso, sea
parlamentario, sea institucional por el Tribunal de Cuentas, sea interno
de la Intervención General del Estado, sea de las propias oficinas
presupuestarias que se crean, sea la modificación de la Ley General
Presupuestaria, etcétera. Al final, no se trata sólo, como con el sistema
de corresponsabilidad fiscal que antes mencionábamos, de salir al paso de
una coyuntura difícil. Se trata de intentar cambiar también una
mentalidad del gasto en las administraciones de nuestro país y de cambiar
y mejorar una responsabilidad de contribuyente y de la Administración
respecto a los ingresos y los gastos públicos. Cualquier iniciativa, como
S. S. ha anunciado, que puedan plantear en éste o en otros terrenos será
vista y estudiada, naturalmente, con el mayor interés no solamente por el
Grupo Parlamentario Popular sino, por supuesto, por el Gobierno, si
obtengo la confianza de la Cámara.
Conozco muy bien cuáles son sus preocupaciones y de su grupo
parlamentario en relación con los problemas industriales, y no quisiera
alargarme porque antes hemos hablado de esas cuestiones al contestar a la
intervención del señor Molins. Pero, desde luego, sí puedo decir que no
compartí nunca aquella frase de que la mejor política industrial es la
que no existe. Creo que no es así y que se puede hacer una política más
activa en favor de la empresa, que es de lo que he hablado esta mañana,
de la que está necesitada en gran medida el empleo, para tener capacidad
de crecimiento y, por lo tanto, de generación de riqueza y de expansión
industrial de la economía española y, en este caso particular, la
economía vasca.
Comparto con usted la necesidad del cumplimiento de los objetivos
establecidos en el tratado de Maastricht y, naturalmente, algunos de los
impulsos que usted ha manifestado en relación con el proceso de
construcción europea. Sabe que mi partido y yo personalmente estamos
comprometidos en ese proceso. Como he dicho antes, hemos tenido y tenemos
la oportunidad de trabajar juntos en algunos ámbitos internacionales,
desde el punto de vista partidario, que tienen un reflejo en Europa. Pasa
lo mismo con el tercer partido que nos acompaña en ese ámbito, que es la
Unión Democrática de Catalunya. Espero que en esta ocasión eso sirva no
para marcar distancias, a diferencia del pasado, sino para poder
incrementar un intercambio de impresiones y unas posibilidades activas de
colaboración en la construcción europea que, como ya he dicho antes,
asumiendo un compromiso en términos posibles para el Gobierno, estamos
deseando poner en marcha en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo.
Y dos comentarios en relación con la lucha antiterrorista, señor
Anasagasti. Espero, deseo y haré todo lo posible por conseguirlo porque
cuantos más puntos de coincidencia se produzcan, mejor será nuestra
relación también en esta materia. Reafirmaremos una y cien veces el Pacto
de Madrid, el Pacto de Ajuria Enea, el Pacto de Pamplona y el compromiso,
que reitero, de cumplimiento estricto del Estado de Derecho y del
mantenimiento de la más firme y decidida unidad en la lucha contra el
terrorismo y contra esa minoría fanática e intolerante, a la que usted se
refería, que actúa en el País Vasco. Afrontemos el futuro con la
confianza de que por muchas que sean las dificultades, tenemos la
voluntad y creo que también los medios para, superando muy difíciles
pruebas --muchas ha habido que superarlas y algunas de ellas se están
produciendo estos mismos días, incluso hoy mismo-- poder vencer
definitivamente en ese camino y en esa tarea.
Comparto con S. S. la necesidad de renovar los estilos políticos. Un
estilo político más abierto, más dialogante, más plegado a la realidad,
si usted quiere, señor Anasagasti, más modesto, no me importa decirlo,
pero que atienda con más decisión, con más interés, con más cotidianidad,
lo que significan los intereses de los ciudadanos; que sea útil para
conseguir lo que usted pedía: la dignificación de la política; que sea
útil en la tarea ejemplar de combatir la corrupción y que sea útil
también a los efectos de mejorar, sincera, abierta y modestamente nuestra
democracia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, no quiero asustar a nadie
después de cinco horas de debate y de sesión parlamentaria. La verdad,
señor Aznar, es que me ha dejado casi sin argumentación para poder
contestarle, porque se puede decir que estamos de acuerdo en casi todo,
salvo en una cuestión en la que no lo estamos tanto. Es algo que hemos
visto como muy evidente, que nos ha preocupado mucho y que lo hemos
denunciado de una manera muy clara, muy contundente, y que este primero
de mayo se ha dicho en la calle de una manera muy enfática. Nosotros sí
hemos sentido una presión sindical que, a nuestro juicio, ha sido una
presión sindical mal llevada. Lo vamos a reivindicar y nos vamos a
enfrentar a ese tipo de
presión sindical que no nos parece correcta, porque consideramos que todo
el mundo tiene derecho a presionar, todo el mundo tiene derecho a decir
lo que crea conveniente, ajustándose al marco de la ley. Si nosotros
reivindicamos en su día el cumplimiento de esa ley orgánica que es el
Estatuto vasco de Autonomía, no es de recibo que aparezcan informaciones
diciendo que el señor Cándido Méndez y el señor Antonio Gutiérrez le
hayan dicho que mucho ojo con la Seguridad Social, mucho ojo con Fogasa,
mucho ojo con la formación continua, mucho ojo con la formación
profesional. Nosotros lo que queremos hacer es una buena formación
profesional, y si nos lo impiden, a pesar de lo que se pueda ir diciendo
en el sector de Izquierda Unida, vamos a demostrar, como lo hemos venido
haciendo con hechos, que la formación profesional hay que hacerla
adaptada a la realidad y no con una óptica de burocracia sindicalizada.
De todas maneras, ésa ha sido la discrepancia que podemos tener en su
intervención. Usted nos dice que no ha sentido esa presión, y eso nos
anima a decirle, señor Aznar, que si no ha habido presión, ojalá podamos
seguir abordando el cumplimiento de ese estatuto, abordando también esa
estabilidad gubernamental desde la óptica de la colaboración, de la
colaboración leal y sincera, diciéndonos las cosas y, sobre todo, no con
un enfrentamiento y con el no por delante. Si algo nos gustó desde el
principio en la negociación con usted, fue que nos dijo que no había un
no rotundo absolutamente a nada. Y yo creo que es una buena partida a la
hora de negociar, porque en la marcha nosotros somos conscientes de las
limitaciones que ustedes pueden tener desde el punto de vista de las
presiones varias y de la realidad social y política en la que usted tiene
que desarrollar un trabajo. Por eso nos hemos circunscrito al sí a la
investidura, y por eso le tengo que decir que coincidimos en el análisis
que hacemos en este momento de la acción política.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Concluida la intervención del Grupo Vasco, se suspende la sesión, que se
reanudará mañana a las diez.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error: En el «Diario de Sesiones» número 1, del pasado 27
de marzo, en la página 11, última línea de la primera columna, por
defecto de audición aparece don Miguel Cabrera Pérez-Camacho en la
relación de Diputados que dijeron «Sí, juro», cuando en realidad debería
figurar en la página 9, en la relación de los que prometieron acatar la
Constitución.