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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 285, de 01/02/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VI Legislatura Núm. 285
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión de la Diputación Permanente núm. 12
celebrada el martes, 1 de febrero de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Covalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes.
- Real Decreto-Ley 1/2000, de 41 de enero, sobre determinadas medidas
de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social. «BOE»,
núm. 14, de 7 de enero de 2000. Corrección de error: «BOE», núm. 17,
de 20 de enero de 2000. (Número de expediente 130/000085.) . . .
(Página 15324)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 15324)
Real Decreto-ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas
de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social . . . (Página 15324)
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel Siles)
presenta, en nombre del Gobierno, el Real Decreto-ley 1/2000, de 14
de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección
familiar de la Seguridad Social, para el que solicita su
convalidación. Explica que las medidas contenidas en el Real Decreto-
ley tienen como punto de arranque las conclusiones de la subcomisión
de estudio, creada en el Congreso de los Diputados, para analizar la
situación actual de la familia en España, en las que se instaba al
Gobierno a impulsar una política de apoyo familiar. Real Decreto-ley
que por sí solo no pretende solucionar el problema, pero sí ser un
paso más en la buena orientación de apoyo a las familias que decidan
tener un hijo, especialmente a las de menos renta. Se refiere al
artículo 39 de la Constitución, que determina que los poderes
públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la
familia, y a la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, que
considera a la familia como elemento esencial de la sociedad,
teniendo derecho a una protección social, jurídica y económica
adecuada para lograr su desarrollo. A continuación explica las
diferentes medidas contenidas en el Real Decretoley y, para
justificar la urgencia de su aprobación, se basa en la finalización
de la legislatura, en el buen momento de las cuentas de la Seguridad
Social y en algunos informes internacionales que aconsejaban aprobar
esta medida mediante el decreto-ley, con el objeto de que pueda
beneficiar cuanto antes a prácticamente 900.000 familias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez Noval,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de
la protección familiar de la Seguridad Social, se aprueba su
convalidación por unanimidad.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado, se rechaza por23 votos a favor, 26 en contra y
una abstención.
Se levanta la sesión a la una y quince minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 1/2000, DE 14 DE ENERO, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS
DE MEJORA DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 130/000085)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores miembros de la
Diputación Permanente. Se abre la sesión, que ha sido convocada con
el punto único del orden del día que les ha sido distribuido, y que
de acuerdo con la Constitución y el Reglamento compete dirimir a esta
Diputación Permanente. Convalidación o derogación del Real Decreto-
ley, que hace el número 1 del presente año 2000, de fecha 14 de
enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar
de la Seguridad Social.
El orden del debate será el habitualmente seguido en el Pleno de la
Cámara, por aplicación analógica de sus preceptos, de forma que
comenzará con la intervención del representante del Gobierno, en este
caso del ministro titular del departamento de Trabajo, señor
Pimentel, a la que seguirá, en su caso, el turno en contra, si lo
hubiere, y después la fijación de posiciones de los grupos que deseen
establecerla por el orden de menor a mayor representación numérica en
esta Diputación Permanente que es, como se sabe, proporcional a la
que tuvo el Pleno del Congreso.
En primer lugar, tiene la palabra el ministro, señor Pimentel, en
nombre del Gobierno.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me dirijo a ustedes a fin de proponerles la convalidación
del Real Decreto-ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas
medidas de mejora de la
protección familiar de la Seguridad Social. Las medidas contenidas en
el real decreto-ley cuya convalidación se propone tienen su punto de
arranque en un trabajo realizado en el seno de esta institución, en
las conclusiones de la subcomisión de estudio creada al efecto en el
Congreso de los Diputados para analizar la situación actual de la
familia en España, que el 13 de noviembre de 1997 instaba al Gobierno
a impulsar una política de apoyo a la familia. Fruto de esa
orientación es la presentación del real decreto-ley que propongo para
su convalidación en el día de hoy, que por sí solo no es la única
medida de apoyo a la familia, pero sí pretende ser un paso más en la
buena orientación de apoyo a las familias que decidan tener un hijo,
especialmente a las de menos renta.
En este sentido, nuestra propia Constitución determina en el artículo
39 que los poderes públicos asegurarán la protección social,
económica y jurídica de la familia, previsión que recoge los
objetivos de la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, que
considera a la familia como elemento esencial de la sociedad,
teniendo derecho a una protección social jurídica y económica
adecuada para lograr su desarrollo. El apoyo a la familia, que ha
sido una de las políticas no sólo prioritarias del Gobierno, sino del
conjunto de las fuerzas políticas, requiere de un amplio abanico de
ayudas que, respetando obviamente lo primero, que es la libertad de
la familia en la adopción de las decisiones que la afectan de forma
tan esencial, sin embargo posibiliten una mejora de las condiciones
de vida, especialmente cuando se trate de unidades familiares de
menores ingresos.
Dentro de las medidas de apoyo a la familia, por su impacto directo
tienen un efecto muy importante las de naturaleza económica, que
pueden provenir tanto de los sistemas de protección social como desde
una consideración favorable dentro de la perspectiva fiscal. En esta
última área, la nueva Ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas arbitró todo un conjunto de medidas que han supuesto una
reducción de los gravámenes impositivos. En el ámbito de la Seguridad
Social, es decir, dentro de las prestaciones propias de la Seguridad
Social, el real decreto-ley procede a dar cumplimiento a esta
expectativa, llevando a cabo un incremento de las cuantías de las
prestaciones familiares por hijo a cargo menor de 18 años, cuya
cuantía no se había revisado desde su implantación en 1991. El real
decreto-ley, en cumplimiento de esta finalidad, procede, por tanto, a
adecuar las cuantías de las prestaciones económicas conforme al IPC
desde el año 1991, quedando establecida la siguiente cifra a partir
de las 36.000 pesetas que han estado vigentes antes de la aprobación
de este real decreto-ley. Las cuantías serán de 47.460 pesetas al año
a partir del 1 de enero de 1999 y de 48.420 pesetas a partir del 1 de
enero del presente año para los hijos sin minusvalía. La cuantía será
mayor para los hijos con minusvalía, ascendiendo a 94.860 pesetas al
año a partir del 1 de enero de 1999 y 96.780 a partir del 1 de enero
del presente año.
Asimismo, aparte de esta actualización de las prestaciones
familiares, se crean dos prestaciones nuevas que no existían. Donde
no se pagaba nada se arbitra esta nueva prestación. Una primera se
crea como apoyo a las familias numerosas con menores ingresos, de
pago único de 75.000 pesetas por cada hijo nacido a partir del
tercero, y también se crea otra nueva prestación con el objetivo de
servir de ayuda económica para los gastos derivados de partos
múltiples, una realidad cada día más frecuente por los nuevos
instrumentos de reproducción asistida, de pago único en la siguiente
cuantía: cuatro veces la cuantía mensual del salario mínimo
interprofesional en caso de parto de dos hijos, independientemente de
la renta, y que supone un pago único de 282.720 pesetas; una cantidad
en pago único de 565.440 pesetas, correspondiente a ocho veces la
cuantía mensual del salario mínimo interprofesional en caso de parto
de tres hijos; y una cuantía de 848.160 pesetas, es decir, doce veces
el importe mensual del salario mínimo, en caso de parto de cuatro y
más hijos.
La oportunidad del real decreto-ley se basa en la actual situación
política. Estaba finalizando la legislatura y considerábamos que
existía urgencia en la aprobación de esta medida, además animada por
una ejecución presupuestaria en las cuentas de la Seguridad Social
que, como conocen SS.SS., ha sido muy favorable. El debate que ha
existido también en torno a algunos informes internacionales ha
aconsejado aprobar esta medida mediante el decreto-ley con el objeto
de que pueda beneficiar cuanto antes a prácticamente 900.000 familias
que se van a ver muy beneficiadas por esta medida.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales asume que no es la única
de las medidas posibles, que queda mucho por hacer y desarrollar en
apoyo de la familia, pero también desde la convicción más profunda,
no sólo sobre la oportunidad, sino por el contenido de este decreto-
ley va a permitir un paso más de protección positiva a las familias
españolas que deseen tener hijos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
El señor Rodríguez va a compartir el tiempo del Grupo Mixto con el
señor López Garrido, ¿es así? (Asentimiento.)
Comienza, por tanto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego apoyará este real decreto-ley, puesto
que coincidimos en que cualquier política pública dirigida a la
protección de la familia, cumpliendo así la previsión del artículo 39
de la Constitución española, debe contener de forma inexcusable
la aplicación de algún tipo de medidas de apoyo económico a los
hogares que cuentan con responsabilidades adicionales como
consecuencia de tener hijos a cargo, que se concretan principalmente
en el exceso de gastos que acarrea el nacimiento y el cuidado de los
hijos. Sin embargo, lo cierto es que, hasta ahora, el sistema de la
Seguridad Social español fue parco en el reconocimiento de unas
prestaciones familiares dignas, en concreto, las concedidas por hijo
a cargo, sirviendo este real decreto-ley para paliar, en parte, esta
tendencia.
Reconocemos que se trata de medidas positivas, pero que deben ser
reforzadas aún más, próximamente, con más mejoras, incluyendo
dotaciones económicas más cuantiosas, y la modificación de los
límites para tener derecho a prestaciones por hijo a cargo, de manera
que un número mayor de familias pueda acceder a estas prestaciones.
Además, tampoco podemos obviar otro tipo de actuaciones más allá de
las propias prestaciones familiares, como la facilitación al uso de
determinados bienes y servicios, especialmente los que guardan
relación con el cuidado de los hijos, que deben ser desplegadas para
dar satisfacción a las necesidades que se plantean a las familias que
tienen hijos a su cuidado.
Asimismo, desearíamos que el presente real decretoley reconociese
explícitamente la garantía de la financiación de las prestaciones
familiares, a través de una consignación suficiente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, evitando paulatinamente la
financiación por parte del presupuesto de la Seguridad Social, como
aún se contempla en la disposición adicional única, abandonando de
forma definitiva el carácter profesional o contributivo de estas
prestaciones familiares y optando por la real universalización de las
mismas.
Se comparte, desde luego, el establecimiento de las prestaciones por
parto múltiple, si bien pueden y deben mejorarse en un futuro las
prestaciones reconocidas, de manera que se otorguen de forma
periódica y no como único pago.
Em definitiva, el sistema de protección social a la familia en el
Estado español viene destacando por ser poco significativo, dado que,
dentro del panorama europeo, es el Estado que menor porcentaje del
producto interior bruto destina, por ahora, a ese tipo de
prestaciones.
Por ello, teniendo en cuenta que las medidas establecidas, aunque
tardías y en período preelectoral, representan una mejora en las
prestaciones familiares, nuestro voto será afirmativo para su
convalidación, sin dejar de advertir que la lectura de la exposición
de motivos refleja, a nuestro entender, una valoración retórica de la
familia que no se ve acompañada de una política familiarista que
incentive y compense las cargas que implica tener hijos a cargo. De
una manera gráfica, significaría optar por una política orientada a
otorgar eficacia a la protección de la familia, de manera que el
conjunto de las prestaciones familiares y ayudas fiscales
concedidas a una unidad familiar permita un bienestar
equivalente al que esa misma unidad disfrutaría sin hijos y, en
consecuencia, sin aquella protección adicional. Ese es el reto que
debemos abarcar, que es omitido en la justificación que el Gobierno
hace en la exposición de motivos, y que aleja de una visión más
avanzada socialmente. Sin embargo, no por eso podemos negar que las
propuestas del real decreto-ley que se pretende convalidar se
traducen en mejoras respecto de las actuales prestaciones por hijos a
cargo, por lo que el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Nueva Izquierda también apoya la aprobación de este real decreto-ley
por razones lógicas. Se trata de una mejora, sin duda, en las
prestaciones familiares y, por tanto, aunque sea claramente
insuficiente -y suscribo la intervención anterior del señor
Rodríguez-, sin embargo es un claro paliativo al deterioro que
durante todos estos últimos años se ha producido en la situación
familiar en relación con los beneficiarios de las prestaciones
familiares por hijo a cargo, fundamentalmente en este caso.
Este decreto-ley tiene un sentido indudablemente electoralista (por
el momento en el que se produce todo hace pensar que es así, que es
ese el objetivo), sobre todo porque durante todos estos años, como
decía, se han ido deteriorando las prestaciones no contributivas que
inauguró la Ley de 1990 y ha habido que esperar a que las elecciones
estén convocadas para que se produzca la aprobación de este decreto-
ley. Hay que tener en cuenta que desde 1990 (cuando se empiezan a
poner en práctica en nuestro país las prestaciones no contributivas,
con aproximadamente 3.000 pesetas de ayuda por hijo menor de 18 años)
no se ha producido ninguna actualización conforme al IPC ni conforme
a cualquier otro criterio de referencia de este tipo de ayudas y, por
eso, durante este tiempo ha habido una pérdida de poder adquisitivo
de esa prestación del 31,39 por ciento. Así lo reconoce el propio
Gobierno en una respuesta a una pregunta del diputado de Nueva
Izquierda Ricardo Peralta, que tiene fecha 13 de diciembre del pasado
año. En esta respuesta a la pregunta del diputado Ricardo Peralta,
que se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados de
4 de enero del año 2000 -es decir, hace unos días-, el propio
Gobierno reconoce que la asignación económica por hijo a cargo menor
de 18 años no se ha modificado desde la entrada en vigor de la Ley
26/1990. Por eso es por lo que la pérdida del poder adquisitivo se
cifra en el 31,39 por ciento por el Gobierno.
Lo que hace este decreto-ley es, solamente, actualizarde forma muy
tardía -con diez años de retraso-,
con efectos desde el 1 de enero del año pasado, lo que se ha venido
produciendo en esta prestación, es decir, un deterioro del poder
adquisitivo que el Gobierno calcula nada menos que en torno al 31,39
por ciento, exactamente la actualización que ahora hace este decreto-
ley, y además sobre un número de beneficiarios mucho menor. En 1992
el total de beneficiarios de prestaciones familiares por hijo a cargo
era de 1.900.000 y hoy es de 1.234.000, es decir, en este momento hay
700.000 beneficiarios menos que los que había en 1992. Este decreto-
ley lo único que hace es poner fin a este retraso, a un
incumplimiento del Pacto de Toledo. A pesar de eso, una vez más, se
hace contraviniendo las previsiones del Pacto de Toledo, es decir,
sin acuerdo con los agentes sociales, sin acuerdo con los agentes
políticos, intentando capitalizar absolutamente esta medida por parte
del Gobierno, incumpliendo, por tanto, este espíritu del Pacto de
Toledo.
Nos parece que se trata de una medida que lógicamente hay que apoyar
porque es una mejora, pero que es insuficiente, que no introduce
ayudas familiares de otro calado (por ejemplo, en el cuidado de los
hijos, a lo que se refería el señor Rodríguez) y, por tanto,
consideramos que es una medida que mejora, que tiene carácter
electoralista y que pone de manifiesto la ausencia de medidas de
ayuda real a la familia que se ha producido en esta última
legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El compromiso de mi grupo con esta política social del Gobierno es
fijo y permanente. Arranca no solamente del espíritu del artículo 39
de la Constitución española, de apoyar todas las medidas de política
social que están dirigidas específicamente a la promoción de la
familia en España, sino que arranca también desde el documento de
investidura del presidente Aznar, en el sentido de favorecer y apoyar
por parte de mi grupo todas aquellas medidas que el Gobierno trajera
en la línea de una política social positiva a favor de todos los
entes sociales, y concretamente de la familia.
Nuestro apoyo figura en todas las actuaciones políticas de Coalición
Canaria y se ha manifestado con iniciativas, quiero recordar, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre las familias numerosas -que
mi grupo siempre se honró en apoyar- tendentes a reducir el número de
hijos para formar parte de las modernas concepciones de familia
numerosa. También está el compromiso con la subcomisión de estudio
que creamos en el Congreso de los Diputados, una de cuyas
conclusiones también apoyó nuestro grupo, como la relativa a la
mejora de la situación familiar, fijándonos
concretamente en el análisis del coste que en la sociedad moderna
suponía tener hijos a cargo.
Pues bien, mi grupo va a apoyar favorablemente la convalidación de
este real decreto-ley, por entender que se cumplen estos principios a
los que se han referido algunos intervinientes. Nunca es tarde si la
dicha es buena. Además, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo
acertadamente, recogiendo el espíritu de la subcomisión de estudio de
la familia en España y su recomendación, ha traído aquí este real
decreto-ley, por el que desde el 1 de enero de 1999, como figura en
su artículo 1, las familias podrán disfrutar del beneficio por hijo a
cargo.
Al mismo tiempo recoge la política que habíamos venido impulsando de
la nueva concepción numérica de la familia numerosa. Así el artículo
2 de este real decreto-ley reconoce las prestaciones económicas por
nacimiento de un hijo cuando se tienen dos o más. Esta aportación en
familias de dos o más hijos supone estar en la línea positiva del
apoyo a esta definición que he dicho de la nueva familia numerosa por
los costes de todo tipo -sanitario, educacionales, de mantenimiento,
alimenticios- de un hijo en la sociedad moderna de consumo. También
reconocemos como acertado el artículo 3 que recoge la prestación
económica por parto múltiple. Creemos que era una necesidad imperiosa
que se recogiera la casuística de aquellos partos múltiples, ya que
en economías domésticas de clases necesitadas producen verdaderas
situaciones críticas y crisis en la conducta económica y sociológica
familiar.
Sólo me queda manifestar, señor presidente, que por los motivos
expuestos anteriormente vamos a votar a favor de la convalidación de
este real decreto-ley. Aprovechando la defensa y presentación que del
mismo ha hecho el señor Pimentel, quiero hacer constar públicamente
el reconocimiento de su ministerio, y concretamente de usted, señor
ministro, hacia las propuestas sociales. Esta línea de sintonía y
entendimiento es la que ha facilitado, tanto al Gobierno autónomo de
Canarias como a Coalición Canaria, el cumplimiento por nuestra parte
de los compromisos en la investidura del presidente del Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario votará a favor de la convalidación del Real
Decreto-ley 1/2000 que se nos presenta en esta Diputación Permanente.
Queremos manifestar nuestra satisfacción moderada por las medidas que
se incorporan en el citado decreto-ley, que consisten
fundamentalmente en la compensación por pérdida de la prestación por
hijo a cargo como consecuencia de la inflación -que, como saben, es
de 3.000 pesetas-, en
la prestación única en favor del tercer hijo, así como otras
prestaciones en los supuestos de partos múltiples.
En primer lugar, hemos de manifestar que en el preámbulo del real
decreto-ley se hace referencia al informe elaborado por la
subcomisión creada en el seno del Congreso con objeto de estudiar la
situación actual de la familia en España y proponer actuaciones al
Gobierno. Si bien es cierto que el citado informe, después de arduas
negociaciones, fue aprobado por unanimidad, no es menos cierto que la
proposición no de ley que dio lugar a la creación de la subcomisión
fue impulsada por Convergència i Unió y presentada tres veces: decayó
en la legislatura que culminó en el año 1993, en 1996 no pudimos
aprobar el informe y en ésta, en la que ya por fin el informe ha
fructificado.
En segundo lugar, han sido diputados del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió quienes a lo largo de la vida de la subcomisión
han tenido el honor de coordinarla o presidirla, como quieran ustedes
señalar. El diputado Jordi Casas en la anterior legislatura y el que
les habla en ésta, así como también fue un diputado de Convergència i
Unió el que realizó las funciones de relator y, por lo tanto, al
menos cargó con el borrador muy dignamente. Ya han señalado los
anteriores intervinientes que precisamente en este informe se
establece, dentro de las medidas y recomendaciones al Gobierno, la de
revisar al alza la prestación por hijo a cargo, tanto de naturaleza
contributiva como no contributiva, habida cuenta de que las familias
más necesitadas pueden estar exentas de tributación y el mecanismo
fiscal podría no producir ningún efecto respecto de las mismas. Por
tanto, nos reconocemos perfectamente en la filosofía del decreto-ley
y manifestamos nuestra satisfacción.
Respecto a la cuantía en que se fija esa prestación por hijo a cargo
tenemos que decir que no deja de ser una cierta transacción a la
enmienda que el Grupo Parlamentario Catalán presentó en esta
legislatura a los Presupuestos Generales del Estado de 1997.
Concretamente la enmienda 1.231 pretendía que la prestación por hijo
a cargo pasase de 36.000 pesetas al año a 79.200 en aquellos
supuestos en los que el hijo sea menor de 18 años o el grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. No es esta la cifra a
la que llega el decreto-ley, que se queda, quiero recordar, en las
48.420 pesetas para el año 2000, pero ciertamente supone un
incremento notable del 41 por ciento que no podemos sino alabar en
los programas de los distintos partidos; desde luego, en el nuestro
figura que esta cifra debe ser objeto de un incremento notable tanto
en su concepto absoluto como en la cifra de renta que permita a una
familia beneficiarse de dicha prestación por hijo a cargo, porque,
señorías, si de algo padecen las políticas familiares en estos
momentos es de que en muchos casos estamos hablando de políticas de
pura beneficencia que alcanzan a los sectores más necesitados de la
sociedad, pero que en modo alguno alcanzan a aquel tipo de familia
que pudiéramos considerar normal, además de encontrarse en esa
situación de enorme
necesidad. Como entendemos que las políticas familiares no tienen
que ser estrictamente de beneficencia, sino responder también a la
filosofía que se ponía de manifiesto en el informe sobre el principio
de libertad de opción familiar, al pluralismo, al bienestar y a la
continuidad demográfica, por eso creemos que deben ampliarse
notablemente esas cifras.
La segunda medida es de fomento al tercer hijo. Ciertamente los datos
estadísticos, que SS.SS. conocen porque han sido publicados
recientemente, ponen de manifiesto la situación en la que nos
encontramos; una tasa de fecundidad del 1,07 y una disminución muy
notable del tercer hijo. En datos comparativos del año 1981 al año
1995, el primero y el segundo hijo han descendido en más de un 20 por
ciento, pero los datos respecto del tercer hijo han bajado en un 42
por ciento, de tal manera que esa medida que pretende fomentar,
favorecer o compensar -se diga como se diga- a las familias por ese
tercer hijo, que en un gran número de supuestos es un hijo deseado
-quiero recordarles que las estadísticas que tenemos tanto del
Instituto Nacional de Estadística como del CIS ponen de manifiesto
que las familias desearían una media de 2,1 ó 2,2 hijos, y lo podemos
llevar al tercero, si se quiere, por exceso-, queremos que se vea
apoyada por los poderes públicos de cara a tener el número de hijos
que desean. Por tanto, apoyamos muy enfáticamente esa medida que
hemos visto a lo largo de la tramitación previa del decreto-ley que
pasó de 50.000 a 75.000 pesetas, con lo cual nos solazamos más que de
habernos quedado con la cifra de 50.000 pesetas. He de decir también
que si bien hay que apuntalar al tercer hijo, nos vemos ya en la
tesitura de que también habrá que apuntalar al segundo, de tal manera
que al menos el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
lleva la extensión de esa prestación por nacimiento del tercer hijo
al segundo hijo en su programa electoral, porque si no dentro de muy
poco nos vamos a ver en la tesitura de tener que apuntalar el primero
y después ya no sé lo que apuntalaremos.
La tercera medida que tiene por objeto precisamente compensar a las
familias en los supuestos de partos múltiples nos parece
perfectamente adecuada.
Señor presidente, señorías, para terminar quiero manifestar que ha
sido una legislatura importante desde el punto de vista familiar en
la que se han adoptado medidas asimismo importantes relativas al
impuesto sobre la renta de las personas físicas, apoyadas e
impulsadas por mi grupo parlamentario al establecer un mínimo
personal y un mínimo familiar, a la Ley de conciliación de la vida
familiar y laboral, así como otras medidas en el ámbito de la
normativa laboral. Concretamente esta medida no deja de suponer un
cierre. Nos hubiese gustado, desde luego, que nos hubiesen aceptado
la enmienda a los presupuestos en el año 1997 que nos habría ahorrado
este decreto-ley y hubiéramos mantenido de la misma manera estas
políticas familiares dentro de ese ámbito de méritos compartidos y de
consensos que entendemos absolutamente necesarios.
Sin embargo, todo lo que suponga un avance en la protección a la
familia, todo lo que suponga impulsar o favorecer ese ambiente social
adecuado para que la familia desarrolle su libertad, para que se
reconozca esa labor que realiza en la sociedad del bienestar y que,
por otra parte, nos permita intentar compensar o frenar esa bajada de
natalidad y fecundidad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) lo considera perfectamente conveniente y, por tanto, votará a
favor de la convalidación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pedro Antonio Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que en la votación vamos a coincidir todos los grupos y
nos podríamos ahorrar la discusión, pero, señor presidente, a mí me
gustaría hacer unos comentarios sobre este real decreto. Es un real
decreto que llega tarde y está mal concretado. En la exposición de
motivos el Gobierno dice que hoy constituye una política prioritaria
para todo el Gobierno la mejora de la calidad de vida de la familia y
de los ciudadanos. Yo tengo que poner eso en cuestión; tengo que
ponerlo en cuestión porque fíjense las referencias que hacen cuando
justifican este real decreto.
La primera referencia es la aprobación por unanimidad en el Pleno del
Congreso el 13 de noviembre de 1997; fue una propuesta de la
subcomisión que se creó para impulsar una política integral de apoyo
a la familia. Desde noviembre de 1997 hasta aquí ha pasado más de un
día y ha podido concretarse y elaborarse una propuesta, una norma que
no venga a registrarse en la Cámara el mismo día que se disuelven las
Cortes y que, además, suponga un pago único que se entregará a las
familias precisamente en estos meses accidentales, en estos meses de
circunstancias electorales. Aparte de esto, el Gobierno cita como
argumentación el artículo 16.3 de la Declaración de Derechos Humanos
de la ONU, importante, que hace 51 años que se aprobó, y el artículo
39 de la Constitución, importante, que hace más de 20 años que se
aprobó. Decir que durante cuatro años el Gobierno ha tenido como
prioridad el tratamiento integral de la familia y encontrarnos el
mismo día que disuelven las Cortes registrando en la Cámara un real
decreto para hacer frente a la política de la familia no es lo
normal. Sólo hubiera faltado una transitoria que especificara: el
presidente del Gobierno entregará personalmente a cada familia el
cheque correspondiente a este pago. (Risas.) Quedaría una transitoria
bastante transitoria como fórmula de realizar el pago.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta está mal realizada en dos
vertientes. Fíjense que sube un 37 por ciento el pago que la
Seguridad Social realizaba por
hijo menor de 18 años con cargo a la familia, pero cuando en el
artículo 2 fija la cuantía para el año 2000 establece una cantidad
estable en vez de un sistema de revalorización automático como
tenemos para las pensiones y para otras prestaciones. Es decir, que
cada año tendremos un decreto que haga esta actualización porque el
Gobierno renuncia a proponer una solución más estable, un pago que se
vaya actualizando a lo largo del tiempo, y no pase como en este caso
que se ha perdido casi un 30 por ciento de capacidad adquisitiva. Por
otra parte, está mal valorado cómo pagarlo. En primer lugar, nosotros
no creemos que la mejor forma de ayudar de manera integral a la
familia sea un pago único, un pago que se hace al tercer hijo o por
tener mellizos o trillizos de una sola vez. Creemos que una ayuda
integral a la familia debería hacerse de manera continuada, no con
una indemnización en un momento determinado que parece un plus para
celebrar bien el bautizo pero no una ayuda integral a la propia
familia. Y en segundo lugar está la fórmula de pago. Fíjense SS.SS.
que según una disposición adicional el pago va a correr a cuenta del
presupuesto de la Seguridad Social y dice: y el presupuesto del
Estado según viniesen siendo financiadas las asignaciones. ¿Pero esto
no es una política que decide el Gobierno? Si es una política activa
que decide el Gobierno, debe pagarla el Gobierno desde los
presupuestos generales, no cargarla al presupuesto de la Seguridad
Social. Si estamos en un proceso de separación de fuentes del sistema
contributivo y del sistema universalizado de prestación, llamémosle,
no contributivo, hagámoslo de esa manera. Lo que se decide como
política del Gobierno y que marca este Congreso no debe cargarse al
presupuesto de la Seguridad Social. Se modifica la Ley de Seguridad
Social y se dice en la explicación: No queremos un texto refundido;
queremos ir a otra figura, a una manera distinta.
Por último, creo que lo que hace la propuesta del Gobierno es
fomentar la natalidad más que apoyar a la familia. Señorías, todos
sabemos que el más elevado esfuerzo que debe hacer una familia es con
el primer hijo, no con el tercero; sin embargo, la ayuda aparece en
el tercer hijo porque hay que fomentar esa situación de las familias.
Yo no creo que esa sea la fórmula del apoyo integral a la familia. En
todo caso, el decreto rezuma poca concreción también cuando se fija
en las personas que no podrán percibir el beneficio en función de sus
ingresos y, en lugar de utilizar el texto refundido o precisión,
dice: Conforme se estuviera elaborando, conforme esté funcionando. Le
falta claridad y transparencia. Tendría que decir qué personas y con
qué ingresos, individuales o en conjunto, pueden tener ese beneficio
para el desarrollo de la norma. Los jueces la conocen, pero los
ciudadanos que tienen que pedir el beneficio la entienden de otra
manera.
En suma, señor presidente -y con esto concluyo-, nuestra posición va
a ser apoyar este decreto porque ¿quién se va a oponer a que las
familias puedan recibir un pago único que indemnice la pérdida de
capacidad adquisitiva por ese hijo menor de 18 años? Nadie se
puede oponer. ¿Quién se va a oponer al pago único de 75.000 pesetas
por cada hijo que nazca después del segundo en cada familia? Menos es
nada, y bienvenido sea aunque sea tarde, pero nosotros creemos que
esta no es una política integral de ayuda a la familia. Esto es un
parche que huele más a cercanía electoral que a obligación y
compromiso, porque se presenta a la cola de la legislatura en vez de
al principio o con medidas más integradas. En todo caso, para que no
se diga que no tenemos la voluntad que manifestamos en la Comisión
y en el acuerdo plenario, nosotros vamos a votar a favor con las
precisiones que he indicado y que nos gustaría que se hubiesen tenido
en cuenta. Como no se han tenido en cuenta, nosotros las hacemos
patentes en esta Cámara, y las hacemos patentes sobre esta cuestión
porque es la que hemos venido a discutir. Nos gustaría dejar patente
también nuestra opinión sobre otras cuestiones, pero no pasan a
debate de la Diputación Permanente porque no estamos en condición de
discutirlas. Espero que, en todo caso, podamos hacerlo en otro
momento.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor
Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, el Gobierno trae hoy aquí a la consideración de la
Diputación Permanente un decreto-ley que viene asociado con
dudosísimas razones de urgencia a las que luego me voy a referir.
Entretanto nosotros pensamos, señor presidente, que el Gobierno, a
petición propia, podía haber solicitado la comparecencia en esta
Diputación Permanente para hablar de algunas cuestiones sobre las que
varios grupos parlamentarios tenemos un gran interés; por ejemplo, la
modificación del modo de gestión del Instituto Nacional de la Salud y
de sus hospitales, en relación con el decreto que crea las
fundaciones públicas sanitarias. Esa es una materia que nosotros
entendemos que hubiera tenido que dar lugar a que el Gobierno
compareciera, a petición propia, en esta Diputación Permanente. Y qué
decir de los hechos acaecidos y que siguen desarrollándose en
relación con la extradición solicitada por un juez español del
genocida Pinochet. ¿No es esa una cuestión suficientemente importante
y preocupante para la sociedad española como para que el Gobierno
compareciera en esta Cámara a petición propia para dar las
explicaciones que solicitamos al menos tres grupos parlamentarios?
Nosotros creemos que sí. Y, señor presidente, en esta Cámara ha
habido algún precedente de comparecencia a petición propia del
Gobierno para explicar cuestiones que ocurren en la vida política,
económica y social de nuestro país; hay precedentes. Por tanto,
quienes están en contra y quienes han rechazado los escritos que
hemos presentado algunos grupos parlamentarios no pueden aducir como
argumento suficiente el artículo 86 de la Constitución española y el
correspondiente
artículo 57 del Reglamento de esta Cámara. Quede claro, al
inicio de mi intervención, cuál es la posición de mi grupo respecto
de esta cuestión; una cuestión, señor presidente, doblemente indigna
para mi grupo parlamentario puesto que el rechazo de nuestra última
petición en relación con el caso Pinochet lo hemos recibido esta
misma mañana, muy pocos minutos antes de iniciarse esta sesión de la
Diputación Permanente.
Pero vayamos al motivo que nos trae aquí en exclusiva esta mañana, un
decreto-ley sobre determinadas medidas de mejora de la protección
familiar de la Seguridad Social. El propio ministro ha dicho -también
lo recoge el preámbulo del decreto-ley- que este decreto es
consecuencia de lo acordado en la subcomisión de estudios del
Congreso de los Diputados para analizar la situación de la familia en
España, y la primera pregunta que hay que hacer al señor ministro es
si era esto lo que solicitó unánimemente la subcomisión de políticas
para apoyo de las familias españolas. ¿Acaso era esto, señor
ministro? Segunda pregunta, ¿acaso era también ahora, en este preciso
momento? Qué casualidad el contenido del decreto y la fecha del
mismo. Realmente, utilizar el subterfugio de la subcomisión de
estudios del Congreso de los Diputados para justificar una medida
estricta y exclusivamente electoral de su Gobierno y de su partido
político es sencillamente un insulto a quienes participamos con
lealtad y buena fe en el trabajo y en las conclusiones finales de
aquella subcomisión.
En segundo lugar, este real decreto afecta a un número importante de
familias españolas, pero curiosamente es un número decreciente. En su
primer año de vigencia esta ley tuvo un pico en el número de
beneficiarios, pero como consecuencia del cruce de información entre
los archivos de la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda,
puesto que la ley establece un criterio de límite de recursos, fue
decreciendo el número de familias beneficiarias en nuestro país
puesto que de casi dos millones y medio en el pico de ese ciclo, que
creo recordar que fue el año 1993, se ha pasado a una cifra de
aproximadamente un millón y medio de familias.
Pero, señor ministro, si ustedes están interesados en beneficiar a un
mayor número de familias españolas y, además, a hacerlo de modo
progresivo y progresista y no discriminatorio por razones de renta,
por favor, modifiquen la Ley del impuesto de la renta de las personas
físicas que, como venimos denunciando algunos grupos parlamentarios
año tras año, conduce a lo siguiente: que una familia con 11 millones
de pesetas de renta tenga una deducción en su cuota a la Hacienda
pública española de 96.000 pesetas, que una familia con 6,8 millones
de pesetas de renta alcance una deducción de 90.000 pesetas, mientras
que una familia con 4,3 millones de pesetas se beneficia de una
deducción de 74.400 pesetas en el año por cada hijo. No hay ninguna
explicación para este hecho, señor ministro, y puesto que a lo largo
de unos cuantos meses lo hemosvenido denunciando en esta Cámara no
quería dejar
pasar la oportunidad sin llamar la atención sobre esta contradicción
en la que ustedes incurren. Hacen retórica en la política del Estado
en relación con la familia, pero luego introducen en las leyes -en
este caso la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas-
normas que en definitiva suponen una discriminación por nivel de
renta en el trato que una familia recibe al tener hijos a su cargo.
En tercer lugar, señor ministro, ¿por qué un real decreto-ley? ¿Se
acuerda usted de lo que dijo cuando los socialistas solicitamos, a la
vuelta del verano del año 1999, que el Gobierno debería dar una paga
de 28.000 pesetas a los pensionistas españoles y que debía hacerlo
por decreto-ley? ¿Quiere que le recuerde lo que usted personalmente
dijo sobre esta cuestión y lo que dijo también su grupo
parlamentario? Utilizaron razones jurídicas -dónde estaba la
urgencia, decían ustedes- y también razones políticas; utilizaron
todo tipo de razones para ridiculizar aquella propuesta nuestra que
trataba de mejorar en 28.000 pesetas las rentas de tres millones de
pensionistas españoles. ¿Por qué esto se puede hacer ahora por
decreto-ley? Explíquemelo, señor ministro. Tengo muchas dudas de que
pueda usted explicar por qué el decreto-ley no era el instrumento
jurídico adecuado para mejorar las pensiones más bajas del sistema y
sí lo es para dar una paga de 11.000 pesetas a un millón y medio de
familias españolas.
En cuarto lugar, ustedes desvelan muy claramente que este decreto-ley
es consecuencia de una decisión sobrevenida por el momento electoral
que estamos viviendo. Usted, que es responsable en el Gobierno de
esta materia, tiene que recordar que en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000 -estoy hablando del mes de diciembre, con
discusiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado-
introdujeron una disposición adicional segunda en el articulado de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que modifican la
cuantía de la prestación familiar por hijo a cargo en el caso de hijo
minusválido con más del 65 por ciento de minusvalía o incapacidad.
Sólo en ese caso; sólo más del 65 por ciento de minusvalía o
incapacidad. ¿Por qué no aprovecharon para introducir también el de
menos del 65 por ciento y más del 33 por ciento, que es lo que hacen
en este decreto? ¿Se olvidaron ustedes? Yo creo que no, señor
ministro, que no se olvidaron. Cuando uno hace esa disposición
adicional segunda de la Ley general presupuestaria tiene en mente
todo. Usted decidió que una parte de esa modificación de las cuantías
que reciben las familias españolas por hijo a cargo, sean o no
minusválidos, la dejaba para un momento coyunturalmente bueno desde
el punto de vista electoral.
También hay otra cosa que llama la atención en el contenido del
decreto, señorías. ¿Por qué la revisión de la cuantía de las
prestaciones se detiene el 1 de enero de 1999? No hay justificación
alguna en todo el decreto ni en su exposición de motivos que trate de
dar solución a este interrogante: por qué sólo el 1 de enero de
1999. Hay una explicación muy sencilla, señor ministro. Porque
ustedes necesitaban tener un pretexto para dar en el mes de febrero
del año 2000 una paga al millón y medio de familias que son, como
digo, a estas alturas, las beneficiarias de esta cuestión. De manera
que creo que queda claro que esta fiebre suya por la política de
ayuda a las familias españolas es sobrevenida; sin duda alguna es una
fiebre sobrevenida. Le recuerdo la discusión en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 y su extraña voluntad de
detener el beneficio el 1 de enero de 1999. ¿Y la financiación? Qué
curiosa la financiación de este decreto. Ya se refirió a ella el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Esto es Pacto
de Toledo, señor ministro, o no es Pacto de Toledo? Porque si es
Pacto de Toledo nosotros no hemos sido convocados a ninguna reunión
en la que se discutiera una mejora de estas pensiones. Recuerde bien
que usted mismo hizo bandera de la crítica al Grupo Parlamentario
Socialista cuando sostuvimos que era necesario subir las pensiones
y dijo que aquella propuesta unilateral rompía el Pacto de Toledo. Pues
esta es una propuesta unilateral de su Gobierno que también
contraviene todas las prescripciones, todas las recomendaciones del
Pacto de Toledo. En cuanto a la financiación no quiero detenerme en
cosas que ya puso de relieve el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, pero sí quiero hacerle una pregunta que exige una
respuesta. ¿Esta nueva prestación por parto múltiple es contributiva
o no contributiva? Hemos de tener clara esta cuestión porque de ser
una cosa o ser otra tendrá un instrumento de financiación muy
distinto. Lo que ocurre es que este decreto-ley no lo aclara en modo
alguno. Yo sé que en el año 2000 todas las prestaciones familiares,
las contributivas y las no contributivas, las va a financiar el
Estado, pero esta prestación de parto múltiple, al margen de quién la
vaya a financiar, ¿es contributiva o no contributiva? Necesitamos una
aclaración a esta cuestión.
Señor presidente, quiero manifestar que pese a todas estas críticas y
objeciones mi grupo parlamentario va a votar favorablemente a la
convalidación del real decreto. ¿Quién -decía el señor Ríos- se puede
oponer a esta cuestión? Benditas sean para el millón y medio de
familias españolas estas 11.460 pesetas que ustedes entregarán en los
prolegómenos o en los albores del proceso electoral del 12 de marzo;
benditas sean estas 11.460 pesetas que van a recibir unas cuantas
familias españolas. ¿Quién puede estar en contra de esta bendición
que les cae del cielo en razón del momento que vamos a vivir en
nuestro país?
Por último, señor presidente, en nombre de mi grupo quiero solicitar
que este decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley, y por
extraño que parezca no hago más que utilizar la doctrina defendida
por el presidente de las Cortes Generales y de este Congreso de los
Diputados en circunstancias exactamente iguales a las que estamos
viviendo, con las cámaras disueltas, en esta Diputación Permanente,
en relación con un decreto-ley para financiar los pagos a los
damnificados
por la presa de Tous. Sobre la base del artículo 57 del Reglamento y
del artículo 86 de la Constitución y en la estela de esa doctrina
sentada por el presidente del Congreso, mi grupo parlamentario
solicitará que se someta a votación el trámite de este decreto-ley
como proyecto de ley en esta Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
En representación del Grupo Popular, tiene la palabra doña María
Jesús Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo con mucha satisfacción, en nombre de mi grupo,
para manifestar nuestro apoyo y anunciar el voto favorable al real
decreto aprobado por el Gobierno que hoy se somete a aprobación en
esta sesión. Con la aprobación de este real decreto hoy utilizamos un
instrumento legislativo perfectamente configurado que se justifica
por la necesidad y, por tanto, la urgencia. No olvidemos, por otro
lado, que lo que pretende es subsanar fundamentalmente los efectos
perjudiciales que se produjeron al haber congelado esta prestación
social en la etapa del Gobierno socialista. Sin duda, la protección a
la familia es el eje fundamental de la política del Partido Popular y
la necesidad de llevar a cabo una política de apoyo a esta
institución ha sido desde siempre una posición constante del Grupo
Popular. En cambio, distintas intervenciones que me han precedido me
obligan a recordar cómo no ha sido ese el criterio mantenido por
otros grupos. No hay más que releer -para algo se escriben los
programas- el programa 2000, en donde se decía que la familia era una
institución de carácter regresivo; o cuando en el año 1994, por
ejemplo, después de que hubiese sido además declarado Año
Internacional de la Familia, como toda acción, se encargó un informe
a doña Inés Alberdi, en donde se reconocía que la política pública en
materia de familia se daba en forma silvestre, espontánea, irracional
y descontrolada: toda una perla. ¿Qué ha hecho el Gobierno del
Partido Popular? ¿Se ha limitado única y exclusivamente a lo que hoy
se trae aquí a convalidar? No. Ha procurado cambiar la situación
y elaborar una política rigurosa de apoyo a la familia, concebida de
forma global y transversal. Estableció unas líneas estratégicas con
unos objetivos muy claros. Hay que resaltar que, en cambio, formuló y
amplió un marco legal y un entorno social favorable para que la
familia pudiera asumir libremente, como decía el señor ministro, sin
el coste añadido que hoy tienen para la mujer -y me interesa
resaltarlo-, las opciones familiares y las funciones sociales y
laborales inherentes a sus miembros. Y es que, como han demostrado
claramente los cuatro años de Gobierno, la familia debe ser
compatible con la integración de la mujer en la vida social y
laboral. Precisamente por eso la política de familia se ha movido
sobre tres componentes.
En primer lugar, está la conciliación, idea impulsada desde Europa y
que el Gobierno desarrolló en una importantísima Ley de conciliación
de la vida laboral y familiar, y ahí hay acciones, algunas de las
cuales fueron incluso anticipadas, como saben ustedes, como la del
coste cero, pero que son medidas muy importantes que profundizan en
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero que
pretenden favorecer la maternidad, la adopción, el cuidado de la
familia, la salud laboral de la mujer, la ampliación de una serie de
ofertas de servicios para el cuidado de menores de cero a tres años,
con un presupuesto superior en más de un 43 por ciento al que había y
que se cifra en 3.000 millones de pesetas. También se refuerzan en el
año 2000 los programas de servicios de atención a las personas
mayores y discapacitados, por 5.000 millones de pesetas, medidas que
efectivamente se contenían en ese plan y en esa recomendación que el
Congreso de los Diputados elevó al Gobierno. Por tanto, se ha ido
trabajando escalonadamente en ese sentido.
El segundo componente es la atención a las familias en función de sus
circunstancias, y ahí hay un plan de familia que se plasmó en un
nuevo programa, inexistente en nuestro país, por un importe de 2.000
millones de pesetas, que se duplicará en acciones de colaboración por
igual presupuesto en las comunidades autónomas, además con una
filosofía que me interesa recalcar, porque considero que todos la
deben de compartir, la de reforzar el papel del ayuntamiento en los
servicios sociales a través de educadores familiares con carácter
preventivo en el medio familiar. Ese plan está dirigido a familias
monoparentales, a familias que viven situaciones de violencia y
también a familias con especial situación de riesgo, para lo cual se
han impulsado programas de orientación y de mediación familiar. Hay
por tanto un plan de familia dirigido a aquellas personas que tienen
más dificultades. Se ha avanzado asimismo de forma muy eficaz en la
mejora de las condiciones de vida, claro que sí, empezando por las
más desfavorecidas, como se dice en ese plan.
La tercera línea es la relativa a la naturaleza económica. Se mueve
en dos esferas: por un lado, está el importante paso que se ha dado
en el ámbito tributario. En la reforma del IRPF se ha mejorado de
forma muy sustancial la fiscalidad de las familias, de la que se van
a ver afectadas más de seis millones de éstas, estableciendo un
mínimo familiar y un mínimo personal que queda exento de la
declaración y que supone una mejora importante para la economía de
todas las familias españolas, ya de por sí beneficiadas de la bajada
general del IRPF. Por cierto, acabo de escuchar al portavoz
socialista unas declaraciones que no cuadran con las que oímos en
algunos medios de comunicación, donde dice que aceptarían la reforma
del IRPF que aprobó el Gobierno y que era intocable, según han
explicado en algunos debates. Aclárense, por favor, porque así
también los ciudadanos sabrán de una vez si al final lo que pretenden
es subirles los impuestos, aunque no se atrevan a decirlo.
Ahora, a través de este decreto-ley, el Gobierno actúa en un tramo de
familias no declarantes, efectivamente, las que tienen una economía
más baja. Lo hace, por tanto, con criterios de solidaridad y de
justicia. Antes se le acusaba de que no se había hecho nada más que
establecer esas ayudas a la familia para las personas que declaraban.
Entonces, cuando se actúa también para aquellas otras, tienen que
reconocerlo, no criticar lo que se hace. La mejora de la protección
económica de la familia a cargo de la Seguridad Social va a
beneficiar a muchas familias, tal vez no a más porque afortunadamente
la renta de éstas ha ido creciendo, pero supone una inversión de
36.000 millones de pesetas y se eleva, como se ha dicho, un 34,4 por
ciento esa cuantía de protección por hijos en unas cifras que no
quiero repetir. Se restablece, por tanto, el poder adquisitivo de
unas prestaciones congeladas desde el año 1991 actualizándolas de
acuerdo con la evolución de los precios del consumo, como muy bien
recordaba el señor ministro.
Decía el portavoz del Grupo Socialista que bendito sea. Desde luego
yo digo que bendito sea que habiendo sido congeladas desde el año
1991 por el Gobierno Socialista, las haya elevado ahora el Gobierno
del Partido Popular. Lo que hicieron ustedes, que ahora dicen que es
poco, fue congelarlas y con ello perdieron ese significado protector,
cosa que nuestro grupo claramente denunció. Yo no sé si para ustedes
este es uno de esos ejemplos que dicen de progreso y de política
social. Claramente, el progreso y la política social no se sustentan
ni en congelaciones ni en declaraciones vanas con música y sin letra
sino con hechos, con políticas reales y con políticas que lleven a
cabo la plasmación de un compromiso recogido en unos presupuestos,
como lo viene haciendo el actual Gobierno, que, les guste o no, es el
único que ha elevado las prestaciones de ayuda a las familias.
Les digo más, nuestro grupo también sostiene que deben seguir
elevándose, que no son suficientes, que seguiremos avanzando en la
mejora de esas prestaciones de la Seguridad Social -por cierto, les
diré que el carácter de universalidad ya da respuesta a alguna de las
dudas que tienen- por hijo a cargo para las familias con menos renta.
Y tenemos credibilidad porque en estos años hemos dado pasos adelante
en la política de apoyo a la familia. Además en este real decreto el
Gobierno crea dos nuevas prestaciones económicas: por nacimiento de
hijo, a partir del tercero, 75.000 pesetas, en pago único, que no
existía, y por parto múltiple, que tampoco existía, que oscilará
entre 282.720 pesetas y 848.180 pesetas. Por tanto, hay una política
clara y real de apoyo a la familia.
Algunos han dicho que es poco, que no es suficiente; seguramente será
así, pero me tendrán que reconocer que algo frente a la nada es un
paso importante. En el pasado, la única referencia que tenían las
familias españolas de anteriores gobiernos era de recorte. Es bueno
recordar lo que hizo el Gobierno socialista. Es más, el candidato
Almunia, ahora se nos presenta como
el «gratis total», pero en su época de ministro de Trabajo, en 1986
para más precisión, las familias vieron -ahí sí que se quedaron
atónitas- no que les dieran una paga para recuperar una pérdida, sino
cómo se les eliminaban las prestaciones familiares de pago único en
el supuesto de matrimonio o de nacimiento de hijo, y también quedaron
congeladas las prestaciones por hijo. Esto fue lo que hizo el
candidato Almunia, que tiene algunas perlas a lo largo de estos años,
ejemplos de retroceso en la cobertura y en la protección social de
las familias españolas. Eso era sacrificar a los más débiles, con
quienes la solidaridad debe ser mayor. Frente a ello, el Gobierno del
Partido Popular tiene en su haber la mejora de prestaciones sociales
para las familias. Se incrementaron también las pensiones más bajas
de las viudas. Se extendió la de orfandad, como saben, hasta los 21 ó
23 años si la orfandad es absoluta, en línea con el contenido de este
real decreto que hoy tramitamos y que vamos a aprobar con un conjunto
de medidas de actualización que afectan positivamente a muchas
familias españolas y que se enmarca, como decía, en otras actuaciones
y medidas muy importantes coordinadas y progresivamente establecidas
a lo largo de estos cuatro años por el Gobierno, por lo que nuestro
grupo, sin duda, termina felicitando al señor ministro, de la misma
manera que nos satisface que se apruebe por unanimidad, de acuerdo
con lo que han anunciado los demás grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sainz.
Concluido el debate, en consecuencia, vamos a proceder a las
votaciones. (Pausa.)
En primer lugar, votamos sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley número 1 del año 2000.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 50.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real
decreto-ley por unanimidad de la Diputación Permanente.
Se ha solicitado por el portavoz del Grupo Socialista la tramitación
como proyecto de ley del real decretoley convalidado. De acuerdo con
los precedentes, se somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 23; en
contra, 26; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.