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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 516, de 07/12/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 7 de diciembre de 1999 Núm. 516 GENERAL
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno ... (Página 4)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000020 Baja de doña Carme Laura Gil i Miró como Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas ... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000355 Rechazo de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Socialista del Congreso, por la que se establecen pensiones
por invalidez y prestaciones familiares por hijo a cargo, de
naturaleza no contributiva, a favor de los emigrantes españoles
162/000387 Aprobación de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de
un nuevo Reglamento de retribuciones que se adapte a la nueva Ley de
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas ... (Página 4)
162/000434 Pasa a tramitarse ante la Comisión de Infraestructuras la
Proposición no de Ley presenta161/001776 da por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre protección de la infancia frente a la publicidad
en la televisión ... (Página 5)
162/000438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la inclusión de la provincia de Ourense en
los Pactos Territoriales y Locales para el Empleo ... (Página 5)
162/000439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al régimen de visitas
de los abuelos para con los nietos, en los casos de ruptura
matrimonial ... (Página 6)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/001785 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre garantías de los cooperantes ... (Página 7)
Comisión de Justicia e Interior 161/001774 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas urgentes
para la prevención de agresiones racistas y xenófobas ... (Página 8)
161/001783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para que el
Ayuntamiento de Guadalajara disponga del edificio de la cárcel en el
menor plazo de tiempo posible ... (Página 9)
Comisión de Industria, Energía y Turismo 161/001777 Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre el cierre
del Centro de Comunicaciones por Satélite de Carmona (Sevilla)
161/001786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre promoción del proceso de
elaboración y aprobación en el seno de la Unión Europea del
Reglamento sobre Diseño Comunitario ... (Página 10)
Comisión de Sanidad y Consumo 161/001784 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
integración de los funcionarios de los cuerpos facultativos y de
Ayudantes Técnico Sanitarios (ATS) de Instituciones Penitenciarias en
la red pública de sanidad ... (Página 11)
Comisión de Infraestructuras 161/001779 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre desarrollo de
un plan director de la zona comprendida en el denominado «Triángulo
Reus-Tarragona-Valls» ... (Página 12)
161/001782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al establecimiento de una línea marítima de
pasajeros subvencionada entre El Puerto de Santa María y Cádiz
Comisión de Medio Ambiente 161/001775 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta
al Gobierno a que garantice la inversión prevista en Galicia para
saneamiento y depuración de aguas residuales ... (Página 14)
161/001778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la creación de una Subdelegación de la
Confederación Hidrográfica del Segura en la ciudad de Orihuela
(Alicante) ... (Página 15)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes 173/000171 Moción consecuencia de interpelación urgente
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a política
general sobre posición y previsiones normativas del Gobierno respecto
de la regulación de las denominadas opciones sobre acciones, así como
enmiendas formuladas a la misma y rechazo por el Pleno de la Cámara
173/000172 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía, así como enmienda formulada a la
misma y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página 17)
173/000173 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para
avanzar en la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en
concreto, en una regulación de las opciones sobre acciones, así como
enmienda formulada a la misma y rechazo por el Pleno de la Cámara
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/002816 Pregunta formulada por el
Diputado don José Navas Amores (GIU), sobre opinión del Ministro de
Asuntos Exteriores acerca de la conveniencia de cambiar la
legislación para que el Gobierno pueda rechazar peticiones de
extradición solicitadas por jueces españoles ... (Página 18)
181/002817 Pregunta formulada por el Diputado don José Navas Amores
(GIU), sobre medidas y plazos fijados para la ratificación por España
del Tribunal Penal Internacional (TPI) ... (Página 18)
181/002818 Pregunta formulada por el Diputado don José Navas Amores
(GIU), sobre conclusiones de la reunión sobre cooperación mantenida
en Malabo con Guinea Ecuatorial en el mes de octubre de 1999
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/002820
Pregunta formulada por la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres
(GS), sobre actuaciones realizadas por el Gobierno español ante las
autoridades colombianas en relación a la muerte del cooperante
español Íñigo Eguiluz Tellería y a la del sacerdote colombiano Jorge
Luis Mazo ... (Página 19)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/030102 Conversión en pregunta con respuesta oral en Comisión de
la pregunta con respuesta 181/002821 escrita formulada por el
Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, sobre autorización de
préstamo al Ayuntamiento de Salamanca destinado a financiar
inversiones previstas en el Presupuesto de 1999 ... (Página 20)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000026 Acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura por el que
se aprueba, con modificaciones, el Informe de la Subcomisión para
analizar el coste de los libros de texto en la enseñanza básica y
obligatoria y su repercusión en las economías familiares, así como
votos particulares presentados al mismo ... (Página 20)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PLENO
051/000002
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se
ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES de los cambios habidos en la composición de
la Cámara:
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han
adquirido la plena condición de Diputado:
Baja:
GIL I MIRÓ, Carme Laura ... 29-11-1999
Alta:
ATIENZA I GUERRERO, María Josep ... 30-11-1999
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por
circunscripciones:
Barcelona:
ATIENZA I GUERRERO, María Josep ... CiU
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales:
Nombre: ATIENZA I GUERRERO, María Josep. Circunscripción: Barcelona.
Número: 408. Fecha: 30 de noviembre de 1999. Formación electoral:
CiU.
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000020
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja, notificada con fecha 29
de noviembre de 1999, por el Grupo Parlamentario Catalán-CiU, de doña
Carme Laura Gil i Miró como Portavoz del mismo en la Comisión de
Régimen de las Administraciones Públicas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000355
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se establecen pensiones por invalidez y
prestaciones familiares por hijo a cargo, de naturaleza no
contributiva, a favor de los emigrantes españoles (núm. expte. 162/
000355), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 408, de 12 de abril de 1999.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000387
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, sobre la elaboración de un nuevo Reglamento de
retribuciones que se
adapte a la nueva Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas
(núm. expte. 162/000387), sin modificaciones con respecto al texto
publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 447,
de 14 de junio de 1999.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000434 y 161/001776
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre protección de la
infancia frente a la publicidad en la televisión, sea debatida en la
Comisión de Infraestructuras.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por la
Comisión de Infraestructuras, dando traslado de este acuerdo al
Gobierno, a la citada Comisión, al Grupo Parlamentario proponente y
publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES (nuevo número
de expediente 161/001776).
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 507, de 22 de noviembre de 1999.
162/000438
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la provincia de
Ourense en los Pactos Territoriales y Locales para el Empleo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Álvarez Gómez, Diputado por Ourense, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la inclusión de la
provincia de Ourense en los Pactos Territoriales y Locales para el
empleo.
Exposición de motivos
Desde que en 1994 comenzó el actual ciclo de expansión de las
economías occidentales, entre ellas la española, se han creado en
España hasta el tercer trimestre de 1999, según datos oficiales
contenidos en la Encuesta de Población Activa que publica
trimestralmente el I.N.E., 2.316.510 puestos de trabajo. En el mismo
período se han creado en Galicia solamente 58.820 empleos, es decir,
apenas el 2,5 por 100 del total estatal, cifra que expresa la
gravedad de la situación en esta Comunidad. Más profundo e
inquietante es el problema en la provincia de Ourense, puesto que
tomando de referencia el citado período expansivo 1994-1999 se han
destruido 32.900 empleos. Esto es, ni siquiera tras seis años de
crecimiento económico sostenido y de creación de empleo en España, se
logra que en la provincia de Ourense deje de destruirse empleo, mucho
menos, y este debiera ser el objetivo del Gobierno, que se creen
puestos de trabajo. Aquí radica la especificidad, en negativo de la
provincia de Ourense, puesto que además de encontrarse entre las 10
provincias españolas con mayor tasa de paro, es la única entre ellas
en la que se destruyen puestos de trabajo. Es decir mientras que en
las 9 provincias españolas con mayor tasa de paro, se crean empleos,
y se tiende a solucionar el problema, en la provincia de Ourense se
destruyen sistemáticamente puestos de trabajo: 32.900 en seis años.
Ya no es posible pensar que si tras seis años de crecimiento
y desarrollo económico en el mundo occidental, y en España, la economía
ourensana no ha sido capaz de solucionar el grave problema del
empleo, lo vaya a hacer en el futuro. Es más, los ciclos expansivos
tienen una duración limitada, y por ello si no se toman medidas
urgentes, es rigurosamente cierto que con la llegada del ciclo
económico recesivo, la economía, el empleo de la provincia de Ourense
recibirá el golpe definitivo.
Para resolver este problema, que tiene carácter estructural, es
necesaria una respuesta contundente del Gobierno y una acción
coordinada con la Xunta de Galicia y los entes locales, con la
participación de los agentes económicos y sociales. Es imprescindible
ejecutar fórmulas ya ensayadas con éxito en otros territorios,
buscando el acuerdo, la colaboración, el consenso de todas las
Administraciones Públicas, y la financiación con cargo a los Fondos
Europeos para Regiones de objetivo 1. Los Pactos Territoriales de
Empleo. El Comité de las Regiones ha aprobado una resolución por la
que insta a las Comunidades, a los entes territoriales a participar y
consensuar una medida que define como Pactos Territoriales por el
Empleo. En la medida en que estos Pactos Territoriales por el empleo
tengan continuidad, o bien sean sustituidos por medidas similares, en
el marco de la Agenda 2000, deben ser aplicados preferentemente a la
provincia de Ourense.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su
debate y aprobación, si procede, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de la forma
más urgente posible, acuerde la aplicación de los Pactos
Territoriales y Locales para el Empleo en la provincia de Ourense.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 1999.-Julio
Álvarez Gómez, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000439
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al régimen de visitas de los abuelos
para con los nietos, en los casos de ruptura matrimonial.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, en relación al régimen de visitas de los abuelos para con los
nietos, en los casos de ruptura matrimonial, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El artículo 39 de la Constitución Española establece el mandato a los
poderes públicos, y en consecuencia el título habilitante para que
éstos aseguren la protección social, económica y jurídica de la
familia.
Objeto de especial protección en el ámbito de este precepto son los
hijos menores, cuyo interés vertebra, de forma prioritaria la
configuración legal del estatus (derechos y deberes) de la familia.
En los casos de ruptura matrimonial, el interés del menor se hace
objeto de protección especial ante la vulnerabilidad que esta
situación produce hacia el mismo.
Desde esta perspectiva los poderes públicos deben extremar el celo
hacia la protección del menor, cuyo primer elemento lo constituye la
preservación de un ámbito adecuado de educación y desarrollo.
En consecuencia, uno de los factores que debe ser objeto de atención
prioritaria es la estabilidad afectiva del menor, dentro de un
espacio de socialización adecuado.
Surge, como primer objeto de atención las relaciones paterno-
filiales, directamente determinantes para el normal desarrollo del
menor, y cuya regulación establece el artículo 92 del Código Civil,
junto con otras normas de carácter administrativo y penal.
Sin embargo, el ámbito familiar no puede circunscribirse a las
relaciones paterno-filiales, que son sólo un aspecto de éste, antes
bien, el artículo 160 del Código Civil hace referencia a esas otras
relaciones de este carácter con allegados y familiares, que, en
interés del menor, pueden y deben ser objeto de regulación en los
casos de ruptura matrimonial.
No obstante, aunque estas relaciones se encuentren reguladas, no
podemos estimar que el régimen atribuido
de vista:
En primer lugar, puede estimarse que debe prestarse más atención a
las relaciones de los nietos con los abuelos, sin que quepa incluir a
éstos dentro del ámbito genérico de los allegados y demás parientes,
de acuerdo con la importancia sociológica que la consideración de
abuelos guarda en relación con sus descendientes, y de los elementos
positivos de estabilidad que pueden aportar éstos a la educación del
menor, por encima y más allá de la situación de ruptura de la pareja.
En segundo lugar, la autoridad moral de los mayores puede
contrarrestar las situaciones de hostilidad o enfrentamiento entre
los progenitores proporcionando referentes necesarios y seguros al
propio menor en su entorno, pudiendo servir, en consecuencia, para
neutralizar aquellos sentimientos negativos, entorpecedores del
normal desenvolvimiento de la afectividad del menor.
Por todo ello, cabe entender que no es adecuado ni procedente el
régimen legal previsto para la preservación de las relaciones entre
los abuelos y de los nietos en caso de ruptura familiar, y que el
legislador debiera prever un sistema singular, más explícito y
reforzado, que supere la posición meramente adhesiva y secundaria que
la actual regulación depara a este caso.
No es, en absoluto, el objeto de esta iniciativa cercenar el ámbito
necesario de valoración que el órgano jurisdiccional deba realizar en
cada caso, desde la perspectiva del menor, antes bien se trata de
poner de relieve un punto de atención necesario en el establecimiento
de medidas adecuadas al interés de aquél, evitando que por la
pasividad procesal de algunas partes, el desinterés de los
progenitores, o la propia inercia de los poderes públicos, puedan
lesionarse elementos positivos de socialización y educación del menor
en el ámbito familiar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de
seis meses elabore un Proyecto de Ley de reforma del Código Civil que
regule, en los procesos que resuelvan crisis de parejas, la
posibilidad de que los hijos continúen su comunicación y relación de
afectividad con sus abuelos, recabando al efecto el dictamen de
especialistas.»
Madrid, 29 de noviembre de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001785
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre garantías de los cooperantes.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se formula
la siguiente Proposición no de Ley sobre garantías de los
cooperantes, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La definitiva aparición sin vida de los cuerpos del cooperante vasco
Íñigo Egiluz y del sacerdote colombiano Jorge Luis Mazo ha puesto fin
a una larga y dramática situación, que, tristemente, ha venido a
confirmar los serios temores que veníamos barajando desde los
primeros momentos, una vez conocidas las circunstancias que rodearon
su desaparición.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves 18 de noviembre de 1999 a las
nueve de la noche hora local (viernes dos de la mañana, hora
europea). Íñigo Egiluz y Jorge Luis Mazo habían estado recogiendo en
los últimos días testimonios sobre la situación de los Derechos
Humanos en Murindó, departamento del Chocó, en el noroeste de
Colombia. Una tarea que se enmarca dentro de su labor de
acompañamiento, asistencia humanitaria y promoción de los Derechos
Humanos con la población desplazada y en alto riesgo de
desplazamiento del río Atrato. La canoa en la que regresaban junto a
otras ocho personas a la ciudad de Quibdó, capital de Chocó, era
abordada por una lancha rápida de gran cilindrada con las luces
apagadas, que salió del puesto que habitualmente ocupan los
paramilitares. Esta lancha embistió a la canoa, abriendo un boquete
en su línea de flotación y dándose a la fuga inmediatamente sin
preocuparse de la suerte de las personas que venían en la embarcación
y sin prestar auxilio alguno. Según diversos testigos presenciales,
la lancha había sido robada meses atrás por los paramilitares y poco
después de haber embestido a la canoa donde viajaban Íñigo
Egiluz, Jorge Luis Mazo y los otros ochos ocupantes, fue vista con
seis hombres fuertemente armados.
Como consecuencia del choque, Íñigo y Jorge Luis caían bruscamente a
las crecidas aguas del río Atrato que les arrastraba rápidamente,
mientras el resto de los ocupantes de la canoa eran finalmente
rescatados por los vecinos de la zona. Tras una permanente labor de
rastreo y búsqueda desarrollada por cientos de personas en las horas
siguientes, el domingo 21 eran encontrados finalmente ambos cuerpos.
El sacerdote Jorge Luis Mazo aparecía a 80 kilómetros de Quibdó, río
abajo. Unas horas más tarde, unos pescadores localizaban también el
cadáver de Íñigo Egiluz, a tan sólo un kilómetro de donde se habían
producido los hechos.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Que éste se pronuncie en contra de la violación de los Derechos
Humanos en Colombia, exigiendo responsabilidades al Gobierno
colombiano en los distintos foros, nacionales e internacionales,
apoyando las iniciativas tendentes a facilitar un proceso de paz con
justicia social en Colombia.
* Apoyar y seguir las actuaciones emprendidas en la investigación
judicial abierta para el esclarecimiento de la muerte de Jorge Luis
Mazo e Íñigo Egiluz.
* Tomar cuantas iniciativas sean necesarias tanto en el ámbito
nacional como internacional, para hacer posible la defensa del
acompañamiento internacional a los defensores de derechos humanos y,
especialmente a las ONG y cooperantes comprometidos en esta misión,
desde el mandato de los principios humanitarios y de la defensa de la
dignidad humana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-José
Navas Amores, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Justicia e Interior
161/001774
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asuntos de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para la prevención de
agresiones racistas y xenófobas.
Acuerdo:
1. En cuanto al apartado uno de esta Proposición no de Ley y
considerando que solicita el debate de la iniciativa
en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
2. En cuanto al apartado dos de esta Proposición no de Ley en la
medida en que enuncia una propuesta de resolución del Congreso de los
Diputados destinada al Consejo General del Poder Judicial, comunicar
al Grupo Parlamentario Mixto que este tipo de propuestas de
resolución tiene su cauce idóneo en el marco de la tramitación
parlamentaria de la Memoria anual del Consejo General del Poder
Judicial.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta, para su debate y votación en la Comisión de Justicia
e Interior de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley, sobre
medidas urgentes para la prevención de agresiones racistas y
xenófobas, a instancia de los Diputados de Nueva Izquierda.
El incremento de agresiones racistas y de la violencia urbana
organizada, que recientemente ha tenido sus últimas manifestaciones
en diferentes lugares del territorio, viene a confirmar que el
problema de la intolerancia y el racismo se extiende por España. Las
agresiones a jóvenes, inmigrantes, personas «sin techo», homosexuales
y miembros de otros colectivos diferenciados, se producen en la
mayoría de las ciudades. La agitación ultra se hace visible en
paredes, estadios de fútbol, páginas web, conciertos y otros
escenarios.
El perfil de los agresores permite afirmar su pertenencia a clases
medias, en absoluto marginales, y su asunción colectiva de un
ultranacionalismo xenófobo hacia la inmigración, una intolerancia
criminal hacia colectivos diferenciados y un matonismo violento hacia
otros jóvenes antagónicos.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
a) Por el Ministerio de Interior se adopten medidas preventivas ante
la proliferación de hechos delictivos protagonizados por grupos
urbanos violentos.
b) Por el Ministerio de Interior se faciliten, de forma periódica,
datos estadísticos sobre agresionesurbanas y xenófobas en todo el
Estado.
c) Impulse en las Fuerzas de Seguridad la especialización de
secciones policiales que permitan una mayor eficacia local, regional
y de seguimiento de movimientos internacionales (tanto mediante
reuniones como mediante conciertos o utilizando internet) de grupos
neonazis, racistas y violentos.
d) Por el Ministerio de Educación y Cultura se impulse de forma
eficaz la realización de programas escolares contra la intolerancia.
e) Adopte las disposiciones necesarias para retirar de la circulación
comercial aquellos videojuegos y publicaciones que inciten a la
violencia y al odio racial.
f) Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se impulsen
programas cívicos de prevención de la violencia e intolerancia
especialmente dirigidos a ámbitos generadores de problemas.
g) Por la denominada Comisión Antiviolencia se adopten las medidas
necesarias para el efectivo cumplimiento del Convenio Europeo contra
la violencia en el deporte.
h) Interese de la Fiscalía General del Estado la adopción de medidas
para que los miembros del Ministerio Público persigan eficazmente los
delitos relacionados con la violencia urbana, el racismo y la
intolerancia, en especial, los delitos de asociación ilícita,
tenencia de armas prohibidas y lesiones.
2. El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder
Judicial para que procure una específica sensibilización de los
jueces y magistrados que haga posible una atención especial y una
aplicación rigurosa del Código Penal, respecto de estos delitos
violentos y racistas, así como una mayor eficacia en la instrucción
de estas causas y en la calificación jurídica de los hechos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 1999.-Diego
López Garrido, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
161/001783
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asuntos de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas para que el Ayuntamiento de
Guadalajara disponga del edificio de la cárcel en el menor plazo de
tiempo posible.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de
Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Justicia e Interior. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia e
Interior.
Durante los últimos años, Guadalajara ha experimentado un fuerte
incremento en lo que se refiere a constitución de asociaciones de
diversa índole (culturales, juveniles, mujeres, etc.). Debido a la
saturación del Ateneo Municipal, muchos de estos grupos habitualmente
tienen que fijar su sede social en el domicilio particular de alguno
de sus componentes, o bien optar a un espacio compartido con otras
asociaciones en Centros Sociales de Barrio.
Los grupos musicales de la ciudad llevan tiempo solicitando al
Ayuntamiento que se les habiliten unos locales gratuitos donde poder
ensayar como los que tienen otros municipios (por ejemplo, Azuqueca).
Normalmente tienen que desplazarse a las afueras de la ciudad, para
encontrarse con unos precios excesivos por unos locales mal
acondicionados. Esta necesidad se hace más imperiosa si tenemos en
cuenta que la actividad de estos grupos necesita unas condiciones
especiales de aislamiento acústico que eviten los conflictos con los
vecinos que ocupan las viviendas colindantes. Aestos grupos es
necesario añadir otros que por su naturaleza también necesitan unas
condiciones de espacio especiales, como son las compañías de teatro.
La ciudad de Guadalajara tiene la necesidad urgente de un recinto
donde desarrollar todo tipo de actividades culturales, tales como
talleres, conciertos, una radio municipal, vídeo, cine, fotografía,
etc. El Centro Joven no reúne condiciones suficientes para atender
todas estas actividades.
El Consejo de Ministros ha expresado sus previsiones con respecto a
la prisión de Guadalajara, a través de los acuerdos relativos al Plan
de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios y en
consecuencia la prisión de Guadalajara está clausurada por Orden de
11 de septiembre de 1998, aun cuando el centro siga funcionando como
sección abierta.
En el futuro la Dirección General del Patrimonio del Estado deberá
decidir si este centro se utiliza como Centro de Inserción Social (en
todo o en parte) o en su defecto lo enajena o procede a ultimar algún
acuerdo con el
Ayuntamiento de Guadalajara que dé satisfacción a las necesidades de
este municipio.
En base a estos antecedentes, llegamos a la conclusión de que la
cárcel, por su ubicación, tamaño y otras condiciones, es el edificio
ideal para albergar un gran centro cultural que demanda la juventud
de la ciudad. Dicha afirmación viene refrendada por numerosas firmas
personales y por asociaciones y colectivos que han apoyado la
iniciativa.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé las
instrucciones precisas a Instituciones Penitenciarias o en su defecto
a la Dirección General del Patrimonio del Estado, con el objetivo de
llegar a un acuerdo, mediante cesión, compra, permuta o cualquier
otra fórmula que permita al Ayuntamiento de Guadalajara disponer del
edificio de la cárcel en el menor plazo de tiempo posible.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-
Julián Fernández Sánchez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001777
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el cierre del Centro de Comunicaciones
por Satélite de Carmona (Sevilla).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el
Centro de Comunicaciones por Satélite de Carmona (Sevilla) para su
debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Centro de Comunicaciones por Satélite (CCS) situado en el término
municipal de Carmona (Sevilla) constituye una infraestructura de
telecomunicaciones básica para Andalucía y un activo tecnológico
relevante con posibilidades de futuro.
Por ello, resulta poco comprensible y, en todo caso, rechazable, la
política de la dirección del grupo Telefónica consistente en el
cierre del citado CCS previa desviación hacia otros centros de
servicios demandados en el entorno regional del CCS. Los resultados
de esta política serían la pérdida de capacidad y autonomía
tecnológicas de Andalucía, el freno a los proyectos de desarrollo del
citado CCS ligados a las tecnologías de futuro y el despilfarro de
los recursos públicos que, bajo diferentes fórmulas, se han utilizado
en la creación y funcionamiento del mismo.
Los poderes públicos deben adoptar una actitud vigilante ante
determinados comportamientos de empresas recientemente privatizadas,
como en este caso el grupo Telefónica, que pueden generar
desequilibrios regionales en la oferta de infraestructuras
tecnológicas con argumentos mezquinos asociados a la rentabilidad a
corto plazo cuando, a la vez, realizan inversiones de alto riesgo en
empresas de comunicación con resultados negativos a corto plazo. En
este sentido, el Gobierno de la Nación debe utilizar los resortes
legales y administrativos a su disposición para evitar que la
dirección del grupo Telefónica cierre el citado CCS aplicando las
prescripciones del Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, de aplicación
del régimen de autorización administrativa previa a Telefónica de
España, S. A. y Telefónica Servicios Móviles, S. A.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aplicar a la pretendida operación de cierre del Centro de
Comunicaciones por Satélite de Carmona (Sevilla) el régimen de
autorización administrativa previa establecido en el Real Decreto 8/
1997, de 10 de enero, por considerarla incluida dentro de los
acuerdos y actos relacionados en el artículo 2.1 del citado Real
Decreto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 1999.-
Antonio Cuevas Delgado, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001786
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre promoción del proceso de elaboración y
aprobación en el seno de la Unión Europea del Reglamento sobre Diseño
Comunitario.
Acuerdo:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno
ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar
traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, para que el Gobierno de España promueva activamente el proceso
de elaboración y aprobación en el seno de la Unión Europea del
Reglamento sobre Diseño Comunitario.
Exposición de motivos
La economía española es en la actualidad una de las economías más
abiertas del mundo. Esto significa que nuestros productos y empresas
tienen que competir, sin otros obstáculos que sus propias
limitaciones competitivas, con productos y empresas de cualquier
lugar del mundo. Hoy en día todo el mundo entiende que la cuota de
mercado internacional se gana sobre la base de unas ventajas
competitivas crecientes, en las que el precio final del producto es
una variable más entre otras muchas como por ejemplo la calidad o el
diseño.
Sin embargo, no es menos cierto que a medida que avanza y se
profundiza en este tipo de comercio basado en las ventajas
competitivas de los productos, se requiere perfeccionar el marco
legal e institucional sobre los que asentar unas sólidas bases para
el debido cumplimiento
de las disposiciones oportunas establecidas en los Acuerdos de la
OMC.
Por ello, tiene una extraordinaria importancia proteger jurídicamente
de forma completa y correcta los dibujos y modelos en general y que
son de una relevancia extraordinaria a la hora de establecer ciertas
ventajas comerciales en el mercado. Así lo entendió la Unión Europea
que aprobó finalmente el 17 de noviembre de 1998 la Directiva sobre
Diseño.
En este sentido, la posición española en todo el proceso de
negociación de la Directiva Comunitaria fue muy activa y contribuyó a
desbloquear su aprobación, al entender que a continuación procedía la
tramitación de la propuesta de Reglamento sobre Diseño Comunitario.
A partir de ahí, por tanto, queda todavía la creación de un Diseño
Comunitario como elemento jurídico capaz de dispensar una protección
efectiva y unitaria en toda la Unión Europea a la innovación técnica
empresarial, para lo cual es necesario aprobar un Reglamento sobre
Diseño Comunitario.
Este nuevo Reglamento permitiría no sólo una mayor certidumbre para
todas las innovaciones técnicas empresariales en el seno de la Unión
Europa, sino también daría plena carta de naturaleza competencial en
el Derecho Comunitario a la Oficina de Armonización del Mercado
Interior que en la actualidad ya concede y registra marcas
comunitarias y que, como es conocido, tiene su sede en Alicante. Lo
que supondría que este importante organismo residente en España de la
Unión Europea nacida del Tratado de Maastricht tuviera un pleno
funcionamiento y que, de esta forma, el territorio español se viera
más comprometido aún en la tarea de construir una Europa unida.
En sintonía con la preocupación anterior, el pasado día 21 de junio
de 1999 la Comisión Europea ha presentado una Propuesta Modificada de
Reglamento del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, cuyo
impulso debería servir también para conseguir el deseado Reglamento
sobre Diseño.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
entiende que lo mejor es que el Gobierno español continúe trabajando
para avanzar en el proceso de elaboración y aprobación del Reglamento
sobre Diseño Comunitario, para lo cual plantea la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva
activamente el proceso de elaboración y aprobación en el seno de la
Unión Europea del Reglamento sobre Diseño Comunitario con el fin de
que se asegure jurídicamente y de forma plena la innovación técnica
empresarial y que, además, se potencie con ello la Oficina de
Armonización del Mercado Interior, con sede en Alicante.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1999.-Luis
de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/001784
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la integración de los funcionarios
de los cuerpos facultativos y de Ayudantes Técnico Sanitarios (ATS)
de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Sanidad y Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la integración de los funcionarios de los cuerpos facultativos y de
ATS de Instituciones Penitenciarias en las respectivas redes públicas
de sanidad para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Una de las características fundamentales de un Sistema Nacional de
Salud es la integración de los recursos públicos sanitarios. La
unificación de toda la red pública asistencial en materia sanitaria,
bajo una única unidad de gestión sanitaria, constituye una medida de
racionalización del sistema y una única forma posible para conseguir
la gestión homogénea de centros, servicios y recursos.
En el Preámbulo del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero por el que
se aprueba el Reglamento Penitenciario se dice lo siguiente: «La
aparición de nuevas patologías con especial incidencia entre la
población reclusa así como la universalización de la prestación
sanitaria
exigen una completa remodelación de la normativa reglamentaria de una
de las prestaciones básicas de la Administración Penitenciaria como
es la prestación sanitaria.» En este ámbito, la normativa
reglamentaria debe ser adaptada a los principios establecidos en la
Ley General de Sanidad y así como a la efectiva asunción de
competencias por las Comunidades Autónomas.
Añade dicho Preámbulo que «la Administración Penitenciaria no puede
hacer frente por si sola a las múltiples prestaciones que una
concepción integral de la salud implica y, correspondiendo a los
servicios de salud una responsabilidad global de asistencia
sanitaria, es preciso articular cauces de colaboración basados en un
principio de corresponsabilidad entre la Administración Penitenciaria
hacerse efectivo el principio de universalización de la asistencia,
garantizándose unos niveles óptimos de utilización de los recursos y
el derecho efectivo a la protección de la salud de los internos,
ajustado a una asistencia integrada, a la promoción y prevención,
equidad y superación de las desigualdades».
Por otra parte, el artículo 209.2.1 dispone que «la asistencia
especializada se asegurará preferentemente, a través del Sistema
Nacional de Salud».
Se concluye que la integración de la Sanidad Penitenciaria en los
servicios de salud no es sólo un fin al que llegar para optimizar la
atención sanitaria sino que es un derecho que tienen los internos de
los centros penitenciarios.
Por último, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por una
unanimidad, con fecha 18 de junio de 1996, una Moción en la que se
instaba al gobierno a proceder, en el plazo más breve posible, a
integrar a los cuerpos facultativos y de ATS de Instituciones
Penitenciarias en la red pública de sanidad.
Por todo lo expuesto se formula la presente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Cumplir en el plazo de tres meses la Moción aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados a que se ha hecho referencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1999.-Francisco
Arnau Navarro, Diputado. María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Infraestructuras
161/001779
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre desarrollo de un plan director de la zona
comprendida en el denominado «Triángulo Reus-Tarragona-Valls».
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la elaboración de un plan director para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
Motivación
En el área del «Camp de Tarragona», zona que tiene vocación de
convertirse en la segunda área metropolitana de Catalunya, con un
importante desarrollo industrial, área en la que está ubicada una
gran parte de la industria petroquímica y química de este país, se
están realizando y proyectando una serie de obras de infraestructura
que deberían contribuir al desarrollo armónico de la zona.
En dicha zona se compaginan esas importantes zonas industriales como
la industria turística, motivo que hace más necesario si cabe, un
desarrollo coordinado que permita la convivencia armónica de
industrias tan dispares, con seguridad y calidad de vida.
En estos momentos se está a punto de iniciar las obras del tren de
alta velocidad y se está proyectando una autovía, encontrándose en
fase de información pública su estudio de impacto ambiental.
Para un desarrollo coordinado y armónico de la zona, para que la
dotación de infraestructuras cumpla la doble función de articulación
para propiciar el desarrollo y conseguir que este sea sostenible, se
hace necesario la existencia de un plan director de la zona.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Instar al Gobierno para que, de acuerdo con las administraciones
afectadas (Generalitat, Diputación y Ayuntamientos), con la mayor
brevedad posible y en
cualquier caso, en un plazo de tiempo que permita armonizar las obras
en construcción, las que se están proyectando y la previsión de
futuro, desarrolle un plan director de la zona comprendida en lo que
se ha venido a conocer como 'Triángulo Reus-Tarragona-Valls', que
tiene las características de un área metropolitana.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 1999.-
Alfred Pérez de Tudela Molina, Diputado.-Xavier Sabaté Ibarz,
Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
161/001782
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al establecimiento de una línea
marítima de pasajeros subvencionada entre El Puerto de Santa María y
Cádiz.
Acuerdo:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en el
Pleno ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento
a la Comisión de Infraestructuras. Asimismo publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, dando traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley.
Exposición de motivos
La Bahía de Cádiz está configurada como un área metropolitana que
tiene su Centro en la capital y en el Puerto de Santa María la
segunda ciudad en importancia.
Cádiz es el lugar de trabajo y/o estudio de un importante número de
portuenses que se ven obligados a desplazarse diariamente hasta allí.
Según los estudios elaborados por la Junta de Andalucía para el Plan
Intermodal del Transporte, diariamente se producen entre el Puerto y
Cádiz 12.950 viajes, con una distribución del 80 por ciento en
transporte privado y 20 por ciento en transporte público. Casi 7.000
portuenses dedican entre 1 hora 20 y 3 horas al día en un
desplazamiento de escasos kilómetros.
El citado Plan Intermodal del Transporte de la Bahía de Cádiz
contempla la posibilidad del transporte marítimo de pasajeros, como
una alternativa a la saturación del acceso por carretera. La
duplicación de la vía férrea y las obras previstas en la única vía de
acceso a Cádiz están suponiendo y van a suponer en un futuro
inmediato un auténtico problema cuyas soluciones en modo alguno están
previstas. Miles de portuenses y de habitantes de las restantes
poblaciones de la Bahía van a ver sustantivamente incrementados sus
tiempos perdidos con las consiguientes pérdidas en toda la vida
económica y social de la capital y las repercusiones en la vida
privada de los ciudadanos.
Por esta razón, el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María
ha acordado una Moción a instancias del Grupo Socialista en los
términos en los que la siguiente Proposición no de Ley se presenta.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Instar al Ministerio de Fomento para que se establezca, a través de
una concesión, al mismo tiempo que se comienzan las obras del
ferrocarril, una línea marítima de pasajeros entre El Puerto de Santa
María y Cádiz, atendida por embarcaciones rápidas, con frecuencia y
horarios adaptados, como forma de paliar las muchas molestias que van
a representar para los ciudadanos de la Bahía las citadas obras.»
Igualmente, instar al Ministerio de Fomento para que dicha línea sea
subvencionada para que el precio sea competitivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-
Carmen Romero López, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/001775
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que garantice
la inversión prevista en Galicia para saneamiento y depuración de
aguas residuales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en la
Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En visita a Galicia de la Ministra de Medio Ambiente el pasado 3 de
noviembre, anuncia inversiones por importe de 42.000 millones de
pesetas dedicados a obras hidráulicas, fundamentalmente para
depuración y tratamiento de aguas residuales, concretando que tal
cantidad se estará invirtiendo y ejecutando en el año 2000 según se
desprende de sus palabras ante los medios de comunicación gallegos.
Que es cierto que en el año 1996 han sido declaradas de interés
general obras de saneamiento y depuración, en concreto las Estaciones
de Aguas Residuales de las cuatro capitales de provincia gallegas y
El Ferrol, obras en emisarios submarinos, saneamiento del Río Mero,
etc., si bien hasta la fecha no se han ejecutado, ni aparecen
presupuestadas para el año 2000 en los Presupuestos Generales del
Estado cantidades que pueden considerarse significativas y que
evidencien una voluntad política de abordar las mismas a corto plazo.
Por tanto, y con la finalidad de garantizar las inversiones
anunciadas por la Ministra de Medio Ambiente y definir plazos y
proyectos el Grupo Parlamentario Socialista presente la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se concrete la fecha para la firma del Convenio entre la Xunta
de Galicia y el Ministerio de Medio Ambiente que garantice la
inversión de 42.000 millones de pesetas en Galicia dedicados a
saneamiento y depuración de aguas residuales.
2. Que se definan y concreten los proyectos previstos en las
inversiones anunciadas.
3. Que se fije el calendario de actuaciones y la financiación para
cada proyecto y anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 1999.-
Carmen Marón Beltrán, Diputada. José Blanco López, Diputado.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
161/001778
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asuntos de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la creación de una Subdelegación de
la Confederación Hidrográfica del Segura en la ciudad de Orihuela
(Alicante).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
creación de
una Subdelegación de la Confederación Hidrográfica del Segura en la
ciudad de Orihuela, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La situación de la contaminación del río Segura es uno de los
problemas medioambientales más graves que está padeciendo la
Comunidad Valenciana y también la región de Murcia, pero es
precisamente en su tramo medio y bajo donde los problemas se
acrecientan y se hace cada día la situación más insostenible.
Este hecho lo vienen denunciando los ciudadanos, los grupos
municipales y los grupos parlamentarios de los parlamentos
autonómicos y nacionales y también ha sido asumido por los
responsables en el Gobierno, pero las soluciones parecen no llegar y
sería necesaria una mayor coordinación entre las Administraciones que
permita dar solución definitiva a esta situación de un río que nace
todos los años con un déficit hídrico no inferior a 500 hectómetros
cúbicos.
La falta de agua, por su parte, es un problema vinculado a la
conexión entre cuencas y la realización de transferencia de recursos
hidráulicos y todo ello dentro de una coordinación en la toma de
decisiones políticas que afectan a la política de Estado, a todas las
Comunidades Autónomas y a numerosas ciudades.
Las Confederaciones Hidrográficas, por su parte, tras la aprobación
de la Ley de Aguas, tienen la posibilidad de dotarse de oficinas
delegadas o auxiliares, y dentro de éstas cabe la posibilidad de
crear una Subdelegación, en localidades distintas a las que está
ubicada la Confederación Hidrográfica. Las razones para hacerlo, en
el caso del río Segura, son evidentes, teniendo en cuenta la
diferente situación del río Segura en sus tramos medio y bajo de su
cauce, así como la conveniencia de acercar al ciudadano la toma de
decisiones de cuestiones que le afectan como usuario con gran
frecuencia y que no encuentran satisfacción con la estructura actual.
La posibilidad de ubicar una Subdelegación de la Confederación
Hidrográfica del Segura en la comarca de la Vega Baja alicantina, en
la ciudad de Orihuela representaría tener un mayor peso político de
la Comunidad Valenciana ante los problemas estructurales y
ambientales de la cuenca del Segura, que no pueden ser sustituidos
por la escasa representación actual en la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Segura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para la creación de una Subdelegación de la
Confederación Hidrográfica del Segura en la ciudad de Orihuela.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 1999.-María
Luisa Bartolomé Núñez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000171
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, relativa a política general sobre posición y
previsiones normativas del Gobierno respecto de la regulación de las
denominadas opciones sobre acciones (núm. expte. 173/000171), cuyo
texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo, se insertan las
enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente moción, consecuencia de la interpelación urgente
relativa a política general sobre posición y previsiones normativas
del Gobierno respecto de la regulación de las denominadas opciones
sobre acciones.
Moción
1. El Congreso de los Diputados muestra su disconformidad y rechazo
a:
a) La práctica de convertir el sistema de retribución conocido como
concesión de opciones sobre acciones en un mecanismo que posibilita
la obtención de beneficios extraordinarios y desproporcionados, en
favor de colectivos limitados de administradores y directivos de
sociedades y por procedimientos caracterizados por su opacidad
y ausencia de información.
b) La posibilidad de que dichos hechos puedan producirse en empresas
que han sido recientemente privatizadas, que ostentan una posición de
monopolio o de dominio en el mercado, que cobran tarifas o precios
regulados por el Gobierno o que no repartan dividendos, en tanto que
en tales supuestos las valoraciones o resultados de las empresas no
derivan directamente de la actividad de dichos administradores y
directivos, sino más bien de su peculiar situación en el mercado.
2. El Congreso de los Diputados declara que los principios sociales
de la economía consagrados en nuestra Constitución no propugnan ni
favorecen la apropiación de valores cuyo origen está en el esfuerzo
de todos los ciudadanos.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para asegurar la
transparencia real de tales sistemas retributivos, mediante la
identificación precisa e individualizada de los beneficiarios y
cuantías correspondientes a cada uno de ellos.
b) Articular urgentemente las medidas precisas para impedir la
ejecución de los planes de opciones sobre acciones en las empresas a
que se ha hecho referencia en el apartado 1.b) anterior.
c) Evitar que la fiscalidad correspondiente a estas operaciones
afecte o perjudique a otros rendimientos del trabajo que deban
calificarse de irregulares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-Luis
Martínez Noval, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta las siguientes
enmiendas a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista del Congreso, relativa a política general sobre posición
y previsión normativas del Gobierno respecto de la regulación de las
denominadas opciones sobre acciones (núm. expte. 173/000171).
Enmienda
Al punto 1.a)
De adición. Intercalar a continuación de «... opciones sobre
acciones...» la expresión:
«... bonus de acciones y otros mecanismos de retribución ligados al
valor de las acciones...»
Enmienda
Al punto 1.b)
De adición. Intercalar a continuación de «... recientemente
privatizadas...» la expresión:
«... o privatizadas en los últimos diez años, ...»
Enmienda
Al punto c)
De adición. Iniciar el apartado con la siguiente expresión:
«c) Fijar la máxima fiscalidad a este tipo de operaciones y, en su
caso, evitar...»
Enmienda
Al punto 3.c), añadir «in fine»:
«... como las indemnizaciones por despido.»
Enmienda
De adición. Añadir un nuevo apartado d) en el punto 3:
«d) Definir para este tipo de operaciones un régimen fiscal que
considere los rendimientos derivados de las mismas como renta general
en el IRPF.»
Enmienda
De adición. Añadir un nuevo párrafo segundo al punto 3d):
«En todo caso, mientras sean consideradas rentas irregulares, el
Gobierno adoptará las medidas para que las reducciones aplicables
sean las mínimas, y para evitar un tratamiento discriminatorio
favorable de los rendimientos irregulares provenientes del capital en
relación a los del trabajo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-Pedro
Antonio Ríos Martínez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
173/000172
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre transferencias de las
confederaciones hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de
Andalucía (núm. expte. 173/000172), cuyo texto se inserta a
continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a
la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente moción, consecuencia de interpelación urgente
sobre transferencias de las confederaciones hidrográficas en
territorio andaluz a la Junta de Andalucía.
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para proceder a:
1. Transferir de forma urgente las competencias sobre las Cuencas
Hidrográficas del Guadiana II, Sur y
Guadalete-Barbate a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Posibilitar de forma inmediata fórmulas de cogestión entre la
Administración Central y la Junta de Andalucía, en tanto se modifica
la legislación vigente en materia de agua, al objeto de posibilitar,
en el menor plazo posible, la transferencia a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir.
3. Dotar de los recursos económicos y humanos suficientes y cuanto
otros sean necesarios para la gestión y administración de las nuevas
competencias sobre las citadas cuencas hidrográficas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de Francisco Rodríguez
Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
enmienda a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre
transferencias de las confederaciones hidrográficas en territorio
andaluz a la Junta de Andalucía.
Enmienda
De adición de un nuevo punto 4 con el siguiente texto:
«4. Consecuentemente, contemplar, además de las fórmulas de cogestión
indicadas en el punto 2, la posibilidad de delegar en las Comunidades
Autónomas competencias sobre las aguas continentales, en su
transcurso por sus territorios respectivos, de forma que la
proximidad administrativa favorezca la unidad de gestión, la atención
adecuada y la correcta regulación del dominio público hidráulico.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-Begoña Lasagabaster Olazábal,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
173/000173
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno para avanzar en la
democracia interna de las sociedades mercantiles y, en concreto, en
una regulación de las opciones sobre acciones (núm. expte. 173/
000173), cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara. Asimismo, se inserta la enmienda formulada a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la
Cámara, el Grupo Mixto presenta la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente sobre la política del Gobierno para avanzar en
la democracia interna de las sociedades mercantiles y, en concreto,
en una regulación de las opciones sobre acciones, a instancia de los
Diputados de Nueva Izquierda.
Moción
«El Congreso de los Diputados, ante el amplio rechazo social
provocado por las escandalosas retribuciones acordadas por la
compañía recientemente privatizada «Telefónica, S. A.» y filiales de
la misma, para algunos de sus directivos y consejeros, y para el
Presidente de su Consejo de Administración:
1. Insta al Gobierno a que impulse de inmediato una reforma
legislativa que incorpore para las sociedades cotizadas en Bolsa el
cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el Código de Buen
Gobierno, elaborado por la denominada Comisión Olivencia, con
especial énfasis en la no concentración de poder en pocas personas,
la total transparencia en la gestión y la más amplia y regular
información al accionista y los mercados.
2)
para que, en el plazo de dos meses, traslada a esta Cámara y haga
público un informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen
Gobierno por las sociedades cotizadas.
3 Insta al Gobierno para que estudie y presente al Parlamento una
regulación de las opciones sobre acciones como sistema retributivo de
las sociedades, que contemple una fiscalidad específica y la
obligatoriedad, en caso de adoptar este sistema de remuneración, de
hacerlo accesible a todos los empleados de la compañía, así como de
hacer públicos los nombres de los beneficiarios.
4)
Directiva relativa a la participación de los trabajadores en la
sociedad anónima europea, haga pública ante los organismos
competentes de la Unión Europea su voluntad de aprobar la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-Diego
López Garrido, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Nueva
Izquierda), sobre la política del Gobierno para avanzar en la
democracia interna de las sociedades mercantiles.
Enmienda
De modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a continuar trasladando al ordenamiento jurídico
las recomendaciones incluidas en el Código de Buen Gobierno,
elaborado por la denominada Comisión Olivencia y, en particular, en
lo que se refiere a:
- La transparencia en la gestión de las sociedades.
- La transparencia y la moderación de las retribuciones de los
Administradores y los Directivos.
- La información más amplia y regular al accionista y su mayor
participación en la toma de decisiones de las sociedades.
2. Considera que es positivo que los sistemas de retribución de las
empresas persigan una mayor alineación de los intereses de los
trabajadores y de los accionistas y entiende que cuando las
sociedades opten por implantar dichas modalidades retributivas,
deberían tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La extensión al máximo número de trabajadores.
b) Son preferibles los sistemas retributivos que dan lugar a una
mayor participación de los trabajadores en la sociedad.
c) La definición de estos sistemas retributivos debe ser coherente
con los objetivos que se persiguen y, por tanto, deben ser
restrictivos en cuanto a la posibilidad de vincular la cuantía de las
retribuciones al valor de las sociedades en los que los beneficiarios
no ostenten responsabilidades directas de gestión.
3. Considera que las rentas del trabajo de carácter irregular
generadas en períodos de tiempo cortos, de elevada cuantía y que no
guarden una proporción con las rentas regulares, no deben disfrutar
del tratamiento fiscal privilegiado que con carácter general se
aplica a las rentas irregulares del trabajo.»
Justificación
Mejora técnica.
Madrid, 30 de noviembre de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002816
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU)
Opinión del Ministro de Asuntos Exteriores acerca de la conveniencia
de cambiar la legislación para que el Gobierno pueda rechazar
peticiones de extradición solicitadas por jueces españoles.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don José Navas Amores
Texto
¿Piensa el Ministro que habría que cambiar la legislación española
para que el Gobierno pueda rechazar peticiones de extradición
solicitadas por jueces españoles?
Madrid, 19 de noviembre de 1999.-José Navas Amores, Diputado.
181/002817
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asuntos de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU)
Medidas y plazos fijados para la ratificación por España del Tribunal
Penal Internacional (TPI).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don José Navas Amores
Texto
¿Qué medidas y plazos ha fijado el Gobierno para la ratificación por
España del Tribunal Penal Internacional (TPI)?
Madrid, 22 de noviembre de 1999.-José Navas Amores, Diputado.
181/002818
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU).
Conclusiones de la reunión sobre cooperación mantenida en Malabo con
Guinea Ecuatorial en el mes de octubre de 1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don José Navas Amores
Texto
¿Cuáles son las conclusiones de la reunión entre España y Guinea
Ecuatorial sobre cooperación celebrada el mes de octubre en Malabo?
Madrid, 22 de noviembre de 1999.-José Navas Amores, Diputado.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002820
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
Actuaciones realizadas por el Gobierno español ante las autoridades
colombianas en relación a la muerte del cooperante español Íñigo
Eguiluz Tellería y a la del sacerdote colombiano Jorge Luis Mazo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres
Texto
¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno español y qué posición
piensa adoptar ante las autoridades colombianas, en relación al
trágico suceso que ha afectado a la vida del cooperante español Íñigo
Eguiluz Tellería, perteneciente a la ONG «Paz y Tercer Mundo», así
como la del sacerdote colombiano, que le acompañaba, Jorge Luis Mazo?
Madrid, 23 de noviembre de 1999.-Teresa Cunillera i Mestres,
Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/030102 y 181/002821
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Solicitud de que su pregunta sobre autorización de préstamo al
Ayuntamiento de Salamanca destinado a financiar inversiones previstas
en el Presupuesto de 1999, sea incluida en el orden del día de la
próxima sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda por no
haber sido contestada en el plazo establecido.
Acuerdo:
1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral
en Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del
Reglamento, a la de Economía, Comercio y Hacienda (nuevo número de
expediente 181/002821).
2. Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado
preguntante, así como publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez Conde.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, núm. 473, de 16 de septiembre de 1999.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000026
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES del Acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura,
relativo al Informe de la Subcomisión creada en el seno de dicha
Comisión, par analizar el coste de los libros de texto en la
enseñanza básica y obligatoria y su repercusión en las economías
familiares (núm. expte. 154/000026), aprobado en su sesión del día 25
de noviembre de 1999, así como de los votos particulares presentados
al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE EL INFORME
APROBADO POR LASUBCOMISIÓN PARAANALIZAR EL COSTE DE LOS LIBROS DE
TEXTO EN LA ENSEÑANZA BÁSICA Y OBLIGATORIA Y SU REPERCUSIÓN EN LAS
ECONOMÍAS FAMILIARES (núm. expte. 154/000026)
Í N D I C E
I) Antecedentes Parlamentarios.
1. Recomendación del Defensor del Pueblo.
2. Iniciativas parlamentarias.
II) Composición y sesiones celebradas por la Subcomisión.
1. Composición de la Subcomisión.
2. Comparecencias celebradas por la Subcomisión.
3. Documentación entregada a la Subcomisión por los comparecientes.
III) Evolución de la legislación sobre los libros de texto en la
enseñanza básica y obligatoria.
1. Régimen, precio y descuento legal de los libros de texto.
2. Sistemas de ayudas y becas para adquisición de libros de texto
(normativa estatal).
3. Normativa de las Comunidades Autónomas en materia de ayudas y
becas.
4. Ayudas específicas de Corporaciones Locales.
IV) Derecho Comparado.
1. Países de la Unión Europea.
2. Países de la OCDE (EEUU, Canadá y algunos Estados europeos).
3. Iberoamérica.
V) Consideraciones y conclusiones.
1. Principio de gratuidad de la educación básica y obligatoria.
2. Aplicación gradual.
3. Recomendaciones.
I) Antecedentes Parlamentarios.
1. Recomendación del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo, en su informe anual correspondiente al año
1996, incluye en el apartado de Recomendaciones Pendientes (Defensor
del Pueblo. Informe anual 1996 y Debate en las Cortes Generales;
editado por Cortes Generales 1997, páginas 135 y 136) lo siguiente:
1. «Numerosos padres y asociaciones de padres de alumnos han puesto
de manifiesto ante esta Institución las dificultades económicas que
experimentan para la adquisición de libros de texto y otro material
escolar y han expresado, asimismo, su punto de vista de que los
mismos deberían proporcionarse gratuitamente a los alumnos que cursen
estudios definidos legalmente como obligatorios, al igual que se
configura como gratuita la prestación de las enseñanzas
correspondientes.»
De la información práctica ante el todavía Ministerio de Educación y
Ciencia no se desprendía la existencia de proyectos concretos en
orden a la articulación de fórmulas que facilitaran el acceso
gratuito de los alumnos en el marco de la normativa sobre becas y
ayudas al estudio y de compensaciones de desigualdades, por lo que el
Defensor del Pueblo consideró preciso recomendar a la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional se estudiase la posible
articulación de convocatorias de ayudas económicas para la
adquisición de libros de texto, así como el establecimiento de
programas compensatorios dirigidos al mismo fin. La recomendación
formulada ha dado lugar a la expresión por la Secretaría General de
la valoración negativa respecto a la eventual articulación de las
convocatorias y programas apuntados. No obstante, se nos ha
manifestado que se estudia actualmente por el Ministerio de Educación
y Cultura la posibilidad de acudir a otros sistemas que faciliten el
acceso gratuito a los alumnos a los libros de texto y material de
consulta a través de la dotación de fondos que permitan su
adquisición por los centros y la utilización de los mismos por el
alumnado.
2. Iniciativas parlamentarias.
En la presente Legislatura VI (1996-2000) se han formulado distintas
iniciativas parlamentarias sobre la problemática de la gratuidad de
los libros de texto que se relacionan por orden cronológico.
1. Proposición no de Ley sobre reutilización de textos escolares
(núm. expte. 161/000176) presentada por el Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie Ds núm. 47s de 28 de septiembre de
1996, que fue aprobada por la Comisión de Educación y Cultura en su
sesión del día 17 de septiembre de 1997, con la introducción de una
enmienda del Grupo Popular como párrafo 3.º El texto de la
Proposición no de Ley es el siguiente («BOCG Congreso de los
Diputados», de 30 de septiembre de 1997, serie D, núm. 180, página
4):
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar medidas y negociar con el conjunto de la comunidad
escolar, científica y editorial para conseguir la reutilización
máxima de los libros y materias escolares.
2. Poner estos estudios a disposición de las autoridades autonómicas
que tengan transferidas las competencias de educación para que puedan
darles uso en sus respectivos territorios.
3. Impulsar en la comunidad educativa un replanteamiento de elección,
organización y gestión de libros de texto, libros de biblioteca y
materia escolar en los centros educativos y en las clases, incluyendo
la posibilidad de la adquisición de libros de texto comunes para uso
de cursos sucesivos de los alumnos; libros de consulta; de literatura
y lectura de ocio, etcétera, y potenciación del uso y préstamo de los
fondos de la biblioteca del centro y clases.»
2. Proposición no de Ley en Comisión presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto (Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del
Bloque Nacionalista Galego), «relativa a medidas alternativas para
abaratar el libro de texto y a la gratuidad de la enseñanza
obligatoria («BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 206, de
18 de noviembre de 1997, páginas 11 y 12. Esta Proposición no de Ley
hasta el momento no ha sido tramitada en la Comisión de Educación y
Cultura. Su motivación se relaciona con el Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 1998 (art.
97) que anunciaba la liberalización del precio de venta al por menor
de los libros de texto. Frente a esta medida, la Proposición no de
Ley pretende que se adopten medidas fiscales (supresión IVA,
desgravación de facturas, control y eliminación de puntos de venta
ilegales) y medidas administrativas (exigencia rigurosa de la
normativa de vigencia de libros de texto escolares durante cuatro
años y prohibición de editar libros en los que las actividades de
trabajo de la materia se realicen escribiendo en el texto).
3. Pregunta en el Pleno de la Diputada doña María Jesús Aramburu del
Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, a la señora Ministra de Educación y Cultura sobre «qué
medidas piensa adoptar el Gobierno para en desarrollo del artículo
27.4 de la CE, garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria en
lo que afecta a los libros de texto» (núm. expte. 180/00762) («D.S.
Congreso», de 17 de septiembre 1997, núm. 100, págs. 5015-5016).
4 Pregunta en el Pleno del Diputado don Juan Carlos Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que
formula al Gobierno «qué medidas de apoyo a las familias tiene
previsto establecer el Ministro de Educación y Cultura para
adquisición de libros de texto («D.S. Congreso Diputados», núm. 100,
del día 17 de septiembre de 1997, páginas 5016-5017).
5. Pregunta que formula al Gobierno el Diputado don Manuel Alcaraz
Ramos, del Partido Democrático de la Nueva Izquierda (Grupo
Parlamentario Mixto) y para la que solicita respuesta escrita «qué
medidas adoptará finalmente el Gobierno para dar satisfacción a la
Recomendación contenida en el informe del Defensor del Pueblo 1996
(página 135) sobre la gratuidad de los libros de texto y material en
el nivel de escolarización obligatoria» («BOCG.Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 217, del día 11 de diciembre de 1997,
página 34). La respuesta escrita del Gobierno se publicó en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», del día 18 de febrero de 1998, serie D,
núm. 244, página 169.
6. Preguntas que formuló el Diputado don José M.ª Martínez Laseca,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al Gobierno,
relativas a la concesión de ayudas para la adquisición de libros de
texto y para los que solicita respuesta escrita («BOCG. Congreso de
los Diputados», del día 18 de marzo de 1998, serie D, núm. 256). La
contestación del Gobierno se publica en «BOCG. Congreso de los
Diputados», del día 29 de abril de 1998, serie D, núm. 272, páginas
194-195).
7. El BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, Congreso de los
Diputados, serie B, núm. 180-1, del día 20 de marzo de 1998, publica
la Proposición de Ley «Reguladora del libro de texto para la
enseñanza básica», presentado por la Confederación Española de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que superó el número
mínimo de firmas de electores, dando traslado al Gobierno a los
efectos de los artículos 126 y 127 del Reglamento de la Cámara y se
comunica dicho acuerdo al Senado, a la Junta Electoral Central y a la
Comisión Promotora.
La Proposición de Ley consta de una exposición de motivos, tres
artículos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y una
final: Tras la definición de «Libro de texto para la enseñanza
básica» (artículo 10), se dispone que dichos libros «en los centros
sostenidos con fondos públicos, legalmente elegidos por cada centro
para impartir en él la docencia de la enseñanza básica, serán
gratuitos para los alumnos matriculados en los citados centros»
(artículo 1.1). Desde el punto de vista financiero se establecía que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio
incluirá las partidas presupuestarias suficientes para financiar la
dotación de los
libros de texto de los alumnos de enseñanza básica del respectivo
curso escolar (artículo 3), recibiendo las Comunidades Autónomas con
competencia en materia educativa, las transferencias presupuestarias
anuales a efectos de los créditos suficientes para dotar de libros a
los alumnos de enseñanza básica de su respectiva Comunidad Autónoma
(artículo 3.2). En la disposición adicional primera se preveía la
modificación del artículo 33 de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del
Libro.
8. Pregunta en Pleno de la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón
García, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno
«Considera el Gobierno conveniente articular medidas para avanzar en
la gratuidad de los libros de enseñanza obligatoria» (núm. exp. 180/
001355) y contestación de la Ministra de Educación y Cultura («D.S.
Congreso», día 16 de septiembre de 1998, núm. 177, página 9487).
9. El «BOCG», núm. D-267, del día 1 de octubre de 1998, serie D, núm.
325, páginas 31-32, publica la contestación del Gobierno a las
preguntas (convertidas en preguntas con respuesta escrita) de los
Diputados doña M.ª Jesús Aramburu del Río y don Felipe Alcaraz Masats
sobre las siguientes cuestiones:
- «Actuaciones para hacer efectivos y universales los principios que
establecen la gratuidad e igualdad en el ejercicio del derecho a la
Educación Básica, así como medidas para garantizar el acceso a los
materiales curriculares básicos a aquellos alumnos que cursen
estudios de educación obligatoria y que padecen condiciones
económicas desfavorables.»
- «Medidas ante la situación de perjuicio creada al Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) por aplicación de la Orden de 3 de
septiembre de 1997, del Ministerio de Educación y Cultura, que
convoca ayudas para la adquisición de libros de texto y material
didáctico complementario para los niveles obligatorios de la
enseñanza.»
10. Pregunta en Pleno del Diputado don José Calpe Saera, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿qué
medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a las familias en la
adquisición de libros de texto (núm. exp. 180/001470) y contestación
de la Ministra de Educación y Cultura («D.S. Congreso», núm. 192, del
día 11 de noviembre de 1998, página 10218).
11. El día 9 de diciembre de 1998 el Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), solicitó la creación de una
Subcomisión dentro de la Comisión de Educación y Cultura para
analizar el coste de los libros de texto en la Enseñanza Básica y
Obligatoria y su repercusión en las economías familiares. La Mesa de
la Cámara admitió a trámite la solicitud y acordó su traslado a la
Comisión de Educación y Cultura el día 15 de diciembre de 1998.
12. El «D.S. del Congreso», núm. 202, del día 10 de diciembre de
1998, páginas 10932 a 10941, publica el debate en el Pleno de la toma
en consideración de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular
«Reguladora del Libro de Texto para la Enseñanza Básica» (núm. exp.
120/000004). La Proposición de Ley resultó rechazada
por 130 votos a favor, 161 en contra y una abstención (página
10941).
13. En la sesión celebrada el 23 de febrero de 1999 por la Comisión
de Educación y Cultura se aprobó la solicitud de creación de una
Subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Cultura para
analizar el coste de los libros de texto en la Enseñanza Básica y
Obligatoria y su repercusión en las economías familiares, formulada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (núm. exp.
158/000041).
14. El «BOCG Congreso de los Diputados», serie D, núm. 385, de 25 de
febrero de 1999, páginas 199-200, publica la contestación del
Gobierno a la pregunta formulada por el Diputado don José Luis Ros
Maorad, del Grupo Socialista sobre «Ayudas de adquisición de libros
de texto y material didáctico complementario en los niveles
obligatorios de enseñanza en la Provincia de Guadalajara durante el
curso escolar 1997-1998».
15. Proposición no de Ley ante el Pleno, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (doña M.ª Jesús Aramburu del
Río) sobre «la gratuidad de los libros de texto», («BOCG Congreso de
los Diputados», núm. D-386, del día 1 de marzo de 1999) (pendiente de
tramitación).
16. Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del
día 22 de abril de 1999, por el que se crea en el seno de la Comisión
de Educación y Cultura, una Subcomisión para analizar el coste de los
libros de texto en la Enseñanza Básica y Obligatoria y su repercusión
en las economías familiares («BOCG. Congreso de los Diputados», D-
422, del día 4 de mayo de 1999, página 31):
«A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno
de los Grupos Parlamentarios con más de 100 Diputados en la Cámara,
dos representantes de cada uno de los Grupos con más de 10 Diputados
y un representante de cada uno de los Grupos restantes.
B) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del
voto ponderado.
C) Objeto de la Subcomisión.
La Subcomisión deberá:
1. Realizar un estudio global sobre el coste de los libros de texto
en la Enseñanza Básica y Obligatoria y su repercusión en las
economías familiares.
2. Estudiar los diversos mecanismos que pudieran posibilitar la
gratuidad de los libros de texto de la Enseñanza Básica y
Obligatoria.
Para la realización del mencionado estudio la Subcomisión recabará:
- La información y documentación que precise de las Administraciones
Públicas competentes.
- La comparecencia de miembros de las AdministracionesPúblicas ante
la misma, así como la de autoridades,
funcionarios públicos y la de otras personas y organizaciones
competentes en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar
globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
D Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.
La Subcomisión realizará, en un plazo máximo de nueve meses desde su
constitución, el estudio global objeto de la misma. El mencionado
estudio, una vez aprobado por la Comisión de Educación y Cultura,
junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión,
se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación y las
comparecencias que consideren oportunas para la realización de los
trabajos de la Subcomisión durante los cinco meses siguientes al
momento de su constitución.»
II. Composición y sesiones celebradas por la Subcomisión.
1. Composición de la Subcomisión:
GARCíA-ALCAÑIZ CALVO, Elena. GP.
GUERRA ZUNZUNEGUI, Juan Carlos. GP.
RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, Beatriz. GP.
BAYONAAZNAR, Bernardo. GS.
DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, Clementina. GS.
MARTINÓN CEJAS, Antonio. GS.
ARAMBURU DEL RÍO, Mª Jesús. GIU.
GIL I MIRÓ, Carme Laura. GC-CiU.
SOLSONA I PIÑOL, Carme. GC-CiU.
GONZÁLEZ DE TXÁBARRI MIRANDA, Joxe Joan. GV (PNV).
RIVERO BAUTE, Paulino. GCC.
ALCARAZ RAMOS, Manuel. GMx.
(*) MARTÍNEZ LASECA, José Mª, es sustituido el 15 de junio de 1999
por DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, Clementina (según indica el Letrado).
Enviado escrito de fecha 30 de junio de 1999. (*) COQUILLAT DURÁN,
Fernando (GP) renuncia al acta de Diputado con fecha 19 de agosto de
1999. Es sustituido por GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO, Elena. Acuerdo de la
Mesa de la Cámara de 8 de septiembre de 1999.
2. Comparecencias celebradas por la Subcomisión.
Relación de sesiones y de las comparecencias celebradas ante la
Subcomisión.
15ü
Celebración de la primera sesión de constitución de la Subcomisión
para que los miembros de la misma propongan solicitudes de
comparecencias y de documentación ante la Subcomisión.
29ü
1. Solicitud de documentación:
Los Grupos Popular, Socialista y Catalán-CiU presentan diversas
solicitudes de documentación.
2. Solicitud de comparecencias:
Se estructurarán en autoridades, sectores afectados y representación
de sindicatos.
- En materia de personalidades, cada Grupo propondrá la comparecencia
de una sola autoridad.
- En relación con los demás comparecientes, los distintos Grupos
formalizarán un acuerdo que presentarán en la Comisión de Educación
el día 1 de julio, a los efectos de fijar definitivamente la relación
de comparecientes.
Se adoptó el siguiente programa de actuaciones:
- Comparecencias: septiembre y octubre.
- Redacción del informe: noviembre.
- Presentación del dictamen: diciembre.
7)
1. La Subcomisión acordó las comparecencias a celebrar:
Autoridades:
- Director general del Libro
- Secretario general de Educación, Ilmo. Sr. D. Roberto Mur (GP),
(GS).
- Consejeros de Educación de la Generalitat de Catalunya, de
Andalucía y de Madrid (GS).
- Presidente del Consejo Escolar del Estado (GS).
- Responsable de educación de la Federación de Municipios y
Provincias (GS).
Usuarios:
- Representante de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), (GMx), (GIU), (GS) (GP).
- Representante de la Confederación Católica Nacional de Padres de
Alumnos (CONCAPA), (GP).
- Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Catalunya
(GC-CiU).
Consumidores:
- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), (GS).
- Unión de Consumidores de España (UCE), (GS).
Sindicatos:
- Portavoz de la Federación de Enseñanza Pública de CC.OO., (GIU).
- Portavoz de la Federación de Enseñanza de UGT, (GIU).
- Portavoz de la Federación de Enseñanza de CSIF, (GP).
- Portavoz de la Federación de Enseñanza de ELASTV.
Personas de prestigio:
- Don Roberto Rey, miembro del Consejo Escolar del Estado, Director
de la Fundación del Hogar del Empleado (GS).
- Don Jaume Carbonell, Director de la Revista Cuadernos de Pedagogía
(GS).
- Don José Manuel Blecua, Catedrático de Instituto en excedencia y
actualmente Catedrático de Universidad (GP).
- Don Jaume Sarramona, Presidente del Consell Escolar de Catalunya,
Catedrático de Pedagogía de la Universitat Autónoma de Barcelona (GC-
CiU).
- Presidenta de las Escuelas de Educación Especial de Catalunya (GC-
CiU).
- Director del Instituto de Enseñanza Secundaria «Barri Besós»
(Barcelona) (GC-CiU)
Editores:
- Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza
(ANELE) -don Mauricio de Santos (Presidente) (GS) ,(GP).
- Federación de Gremios de Editores Españoles don Antonio María Avila
(Director) (GS)
- C.E.D.R.O. y CASTALIA -don Federico Ibáñez (Presidente) (GS).
Distribuidores:
- Federación de Asociaciones de Distribuidores de Libros (FANDE) -don
José Manuel Anta (GS).
- Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros
(CEGAL) - don José María Barandiarán (Director Gerente) (GS), (GP),
(GMx).
2. Aprobación del calendario en que se celebrarán dichas
comparecencias (días 14, 21 y 28 de septiembre y 5 y 6 de octubre) y
de los grupos que participarán cada día:
3. Solicitud de documentación
Al Ministerio de Educación y Cultura:
- Información sobre los centros en que existan emigrantes y los
problemas relacionados con el coste del material escolar.
- Ayudas a los libros de texto en las diferentes Administraciones
autonómicas españolas.
- Estudio del coste medio de los libros de texto en la educación
obligatoria.
- Número y cuantía de las becas y ayudas para la compra de libros de
texto en la Enseñanza Obligatoria en el curso 1998/1999 y previsión
para el curso 1999/2000.
- Estadística pertinente: número de alumnos en niveles de Enseñanza
Obligatoria durante el curso 1998/1999.
- Relación de Ayuntamientos que financian la gratuidad de los libros
de texto y coste de esa financiación.
- Referencias a los libros de texto en los Informes del Consejo
Escolar del Estado.
- Documentación sobre los centros de Educación Especial en lo que
afecta al material educativo que se utiliza en dichos centros y su
coste.
- Normativa del MEC y de las CCAA sobre libros de texto (requisitos
para su aprobación, ayudas, etc.)
- Legislación sobre el precio de los libros de texto.
- Derecho Comparado: legislación sobre libros de texto en los países
de la Unión Europea y otros países de la OCDE, de Europa y Canadá,
así como dentro de Iberoamérica, Argentina y Chile (requisitos,
precio, ayudas, fórmulas de gratuidad, etc.)
Al Ministerio de Economía y Hacienda:
- Repercusiones del nuevo sistema del IRPF en familias con hijos de 3
a 16 años.
Nota: Esta documentación se recibió el día 2 de noviembre de 1999.
14ü
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Ilmo. Sr. D. Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral, Director
general del Libro, Archivo y Bibliotecas (212/2116).
- Ilmo. Sr. D. José Luis Centeno Domínguez, Director general de
Centros Docentes. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
(212/2117).
- Ilmo. Sr. D. Pere Solá Montserrat, Subdirector general de
Ordenación Curricular. Consejería de Educación de la Generalitat de
Catalunya (212/2118).
- Ilma. Sra. Dña. Carmen García Raya, Subdirectora general de
Formación Profesional y Solidaridad en la Educación. Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía (212/2119).
Nota: El responsable de Educación de la Federación de Municipios y
Provincias no compareció.
21ü
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Ilmo. Sr. D. Roberto Mur Montero, Secretario general de Educación y
Formación Profesional (212/2129).
- Don José María Múgica Flores, Responsable de Comunicación de la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), (219/497).
- Don José Fernando Lorenzana. Confederación Católica Nacional de
Padres de Alumnos (CONCAPA) (219/498).
- Don Carlos Ladrón de Guevara, Presidente de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) (219/
499).
- Don Jorge Carlos Hinojosa Bolívar, Secretario general de la Unión
de Consumidores de España (UCE) (219/500).
- Don Enric Marco Batlle. Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Catalunya (FaPaC) (en su lugar compareció don Rafael
Torrubia i Beltri, Presidente) (219/501).
30ü
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Don Ricardo Santo Fernández, Portavoz de la Federación Estatal de
Enseñanza de la Confederación de Sindicatos Independientes (CSIF)
(219/503).
- Doña María Teresa Fernández Salido, Secretaria de Acción Social de
FETE-UGT (219/504).
- Don José Manuel Anta Carabias. Federación de Asociaciones
Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE) (219/505).
- Don José María Barandiarán Galdós, Director Gerente de la
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL)
(219/506).
- Don Fernando Lezcano López, Secretario general de la Federación
Estatal de Enseñanza Pública de CC.OO. (219/507).
Nota: El Portavoz de la Federación de Enseñanza de ELA-STV renunció a
comparecer, remitiendo escrito de disconformidad con la creación de
la Subcomisión.
5)
Celebradas las siguientes comparecencias:
- Don Roberto Rey, miembro del Consejo Escolar del Estado (212/2376).
- Don Mauricio Santos Arrabal, Presidente de la Asociación Nacional
de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) (219/576).
- Don Antonio María Ávila Álvarez, Director de la Federación de
Gremios de Editores Españoles (219/577).
- Don Juan Piñeiro Permuy, Presidente del Consejo Escolar del Estado
(212/2377).
- Don Federico Ibáñez, Presidente del Centro Español de Derechos
Reprográficos (CEDRO) (219/579).
- Don Jaume Sarramona, Presidente del Consell Escolar de Catalunya,
Catedrático de Pedagogía de la Universitat Autónoma de Barcelona
(212/2378).
Nota: don Jaume Carbonell fue invitado, pero no pudo comparecer. don
José Manuel Blecua no compareció al no poder ser localizado.
Todas las comparecencias han sido grabadas y transcritas
mecanográficamente en cuatro bloques con un total de 383 páginas. El
método en las comparecencias era el siguiente: el Presidente de la
Subcomisión invitaba a que
previamente el compareciente expusiera su posición en relación a la
cuestión objeto de estudio por la Subcomisión y, a continuación, los
miembros de aquélla le formulaban preguntas, cuestiones,
puntualizaciones o peticiones de ampliación en relación con su
intervención. El compareciente contestaba, a continuación,
individualmente o en conjunto a los miembros de la Subcomisión. Si
esta segunda intervención del compareciente motivaba nuevas preguntas
puntuales por parte de los miembros de la Subcomisión, el Presidente
concedía de nuevo la palabra al compareciente por breves minutos. La
duración media de las comparecencias fue de 45 a 50 minutos.
3. Documentación entregada a la Subcomisión por los comparecientes:
Con motivo de sus intervenciones, los comparecientes hicieron entrega
a la Subcomisión de la documentación complementaria que a
continuación se relaciona:
- Acuerdo para la mejora de la calidad del sistema educativo de la
Comunidad de Madrid.
- Orden núm. 1324/99, de 24 de junio de 1999, del Consejero de
Educación y Cultura, por la que se establece el procedimiento para la
asignación y gestión de la dotación de libros de texto y material
didáctico complementario en centros docentes cuya población escolar
provenga de entornos socioeconómicos desfavorecidos (entregado por el
Ilmo. Sr. D. José Luis Centeno Domínguez, Director general de Centros
Docentes. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en su
comparecencia de 14 de septiembre de 1999)
- Documentación relativa a la gratuidad de libros de texto en
Andalucía.
- Libro «Las familias andaluzas ante la educación». Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
(entregado por la Ilma. Sra. D.ª Carmen García Raya, Subdirectora
General de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en su comparecencia
de 14 de septiembre de 1999).
- «El libro de texto en una España plural». (enviado por el Ilmo. Sr.
D. Fernando Luis de Lanzas Sánchez del Corral, Director General del
Libro, Archivo y Bibliotecas, del Ministerio de Educación y Cultura,
con motivo de su comparecencia de 14 de septiembre de 1999).
- «El libro de texto en una España plural». (enviado por D. Mauricio
Santos Arrabal, Presidente de la Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza (ANELE). Recibido en la Comisión el 17
de septiembre de 1999).
- I. Informe sobre la contribución de las Administraciones Públicas a
la adquisición de los libros de texto. Madrid, octubre de 1999.
- II. Bibliografía y documentos anexos al Informe citado. (enviado
por ANELE al Presidente de la Comisión en octubre de 1999).
- Comparecencia.
- El «monopolio» de la venta de libros de texto en España (Nota de
Prensa 1 de septiembre de 1999).
- Memoria OCU 1998. (entregado por D. José María Múgica Flores,
Responsable de Comunicación de la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU), en su comparecencia de 21 de septiembre de 1999)
(219/497).
- Comparecencia. (entregada por D. José Fernando Lorenzana.
Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA), en su
comparecencia de 21 de septiembre de 1999) (219/498)
- Informe de la Unión de Consumidores de EspañaUCE.
(entregado por D. Jorge Carlos Hinojosa Bolívar, Secretario general
de la Unión de Consumidores de España (UCE), en su comparecencia de
21 de septiembre de 1999) (219/500).
- Comparecencia. (entregado por D. Rafael Torrubia i Beltri,
Presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Catalunya (FaPaC), que compareció en lugar de don Enric Marco Batlle
el 21 de septiembre de 1999) (219/501).
- Propuesta de gratuidad de los materiales curriculares en la
Enseñanza Básica, de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza.
- La situación de la pobreza en España (capítulo 3 del Informe de la
Cruz Roja). (entregado por Dña. María Teresa Fernández Salido,
Secretaria de Acción Social de FETE-UGT, en su comparecencia de fecha
30 de septiembre de 1999) (219/504).
- Representantes de la Federación de Asociaciones Nacionales de
Distribuidores de Ediciones (FANDE) ante la Subcomisión del Congreso
de Diputados para el estudio del precio de los libros de texto.
- Presente y futuro del sector de la distribución de ediciones (F.A.
N.D.E.).
- III Estudio de perfil del sector de la distribución (diciembre
1998) (F.A.N.D.E. con la colaboración del Ministerio de Educación y
Cultura)
- Escrito del 13 de octubre de 1999 de don Adolfo Robles Escolar, de
Unybán Libros, relacionado con la comparecencia de FANDE de 30 de
septiembre de 1999 (219/505). (enviado por D. José Manuel Anta
Carabias. Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de
Ediciones (FANDE) el mismo día de su comparecencia (30 de octubre de
1999) (219/505).
- Comparecencia.
- Índice de documentos. (entregado por D. José María Barandiarán
Galdós, Director Gerente de la Confederación Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en su comparecencia de fecha 30 de
septiembre de 1999 (219/506).
- Los libros de la reforma, Libros de enseñanza, 1999-2000 (disco
compacto). (entregado por D. Mauricio Santos Arrabal, Presidente de
la Asociación Nacional de Editores de Libros y
Material de Enseñanza (ANELE), en su comparecencia de 5 de octubre de
1999 (219/576).
- Informe sobre el estado y situación del sistema educativo, cursos
1988 al 1998, del Consejo Escolar del Estado. (entregado por D. Juan
Piñeiro Permuy, Presidente del Consejo Escolar del Estado, en su
comparecencia de 5 de octubre de 1999 (212/2377).
- Reproducción de material protegido por el Derecho de Autor, 1998.
- CEDRO.-Libro Blanco. (entregado por D. Federico Ibáñez, Presidente
del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), en su
comparecencia de 5 de octubre de 1999 (219/579).
- Escrito de 20 de septiembre de 1999 con datos. (enviado por D. Pere
Solá Montserrat, Subdirector General de Ordenación Curricular,
Consejería de Educación de la Generalitat de Catalunya, con motivo de
su comparecencia celebrada el 14 de septiembre de 1999 (212/2118).
4. Se han remitido unas 5.500 cartas y tarjetas postales de centros
escolares y particulares que mayoritariamente se manifestaban a favor
de la gratuidad de los libros de texto.
III. Evolución de la legislación sobre libros de texto en la
enseñanza básica y obligatoria.
La normativa sobre libros de texto en el ámbito del estudio de la
Comisión comprende dos aspectos fundamentales: a) el régimen jurídico
de los libros de texto y precio y descuento legal de los mismos que
tiene carácter estatal y uniforme, y b) el sistema de ayudas y becas
para libros de texto, que comprende la normativa estatal y las
acciones emprendidas por las Comunidades Autónomas y, en su caso, los
municipios. Por todo ello se hace necesario su estudio diferencial.
1. Régimen, precio y descuento legal de los libros de texto.
El punto de partida de esta normativa debe situarse en el artículo 33
de la Ley 9/1975, de 12 de marzo, de Régimen Especial para la
Promoción, Producción y Difusión del Libro. Dicho artículo prescribe
con carácter general que «el precio de venta al por menor de libros
al público se realizará al precio fijo que figurará impreso en cada
ejemplar... Reglamentariamente se determinarán los descuentos
o bonificaciones que puedan aplicarse con ocasión del Día del Libro,
ferias nacionales, congresos o exposiciones». No obstante, la materia
de la regulación de los precios de los distintos productos -entre
ellos los libros- por razones de coyuntura económica se vieron
afectados por el Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre
normativa en materia de precios y sus posteriores modificaciones.
De esta normativa general pronto se desgajaron, por imperativos de la
evolución económica, los libros de texto y material didáctico
(Órdenes Ministeriales de 6 de julio de 1982; Orden de 16 de julio de
1982) y la problemática
de la aplicación del IVA a las empresas editoras de este tipo de
libros (Resolución de 31 de marzo de 1987. «BOE» núm. 101, de 28 de
abril de 1987). La normalización de la evolución económica facilita
la aprobación del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo sobre precio
de venta al público de libros que manteniendo el sistema de un precio
fijo de venta al público o consumidor posibilita que el precio de
venta al público al contado podrá oscilar entre el 95 por ciento y el
100 por ciento del precio fijo (art. 1.1). Podrían venderse los
libros con descuento máximo cuando el consumidor final sean
bibliotecas, archivos, museos, centros docentes instituciones o
centros cuyo fin fundacional sea científico o de investigación, con
un descuento máximo del 15 por ciento (art. 3.b).
Finalmente, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social («BOE» de 31 de diciembre de 1997), en su artículo 110
establece una previsión especial para el precio de venta al público
de determinados libros de texto y material didáctico complementario
con la posibilidad de un descuento máximo del 12 por ciento para el
curso 1988/1999. Ante el éxito de la medida adoptada, el artículo 92
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social («BOE» de 31 de diciembre de 1998)
lleva a norma permanente el referido descuento para el desarrollo
y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria
y a la Educación Secundaria Obligatoria. El concepto de material
didáctico se extiende a los materiales complementarios para uso del
alumno como los de apoyo para el docente y dichos materiales podrán
ser impresos o utilizar otro tipo de soporte. Por el contrario,
quedan excluidos «los que no desarrollan específicamente el currículo
de una materia, aunque sirven de complemento o ayuda didáctica, tales
como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o
instrumental científico».
La culminación de este proceso ha permitido establecer la normativa
básica sobre la materia contenida en el Real Decreto 1744/1989, de 31
de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material
curricular correspondiente a las enseñanzas de régimen general. Esta
norma reviste importancia a los efectos de fijación del concepto
institucional de libros de texto y material curricular, de
determinación de todo el nuevo proceso de supervisión de dichos
libros, derogando el sistema de autorización administrativa prevista
en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y de
Financiación de la Reforma Educativa (disposición adicional quinta),
norma excluida de su derogación por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre (LOGSE) (disposición final cuarta).
Del contenido del artículo 2 del Real Decreto 1744/1989 se deducen
las siguientes definiciones:
- Material curricular. «Aquellos libros de texto y otros materiales
editados que profesores y alumnos utilicen en los centros docentes
públicos y privados para el desarrollo y aplicación del currículo de
las enseñanzas de régimen general establecidas por la normativa
académica vigente».
Dentro de este concepto quedan comprendidos «tanto los materiales
complementarios para uso del alumno, como los de apoyo para el
profesor»; podrán ser impresos
o utilizar otro tipo de soporte; ahora bien, los «cuadernos de
ejercicios para los alumnos deberán ser impresos». Las guías
didácticas para el profesor y otros materiales de apoyo para la
función docente podrán editarse también en medios audiovisuales. Este
material tendrá siempre un carácter complementario y no podrá
condicionar la autosuficiencia del libro de texto del alumno.
No tendrán, por el contrario, carácter de materiales curriculares
«aquellos que no desarrollen específicamente el currículum de una
materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica para su
enseñanza, como pueden ser los diccionarios, atlas, libros de
lecturas, medios audiovisuales y otros medios o instrumental
científico».
- Libro de texto. «El material impreso de carácter duradero y
autosuficiente, destinado a ser utilizado por los alumnos y que
desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios
de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la
normativa académica vigente para el área o materia y el ciclo o curso
de que en cada caso se trate».
En los libros de texto destinados a los alumnos en Educación Infantil
y del primer ciclo de la Educación Primaria, podrán incorporar
espacios en los que los alumnos puedan escribir o dibujar
directamente. Para el resto de ciclos y etapas del sistema educativo,
el material destinado al trabajo personal y con espacios expresamente
previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, se editará
en formato independiente de los libros de texto.
El resto del articulado se destina a establecer el proceso de
supervisión ordinaria (art. 3) principios y normas que han de
respetar los libros de texto y demás materiales curriculares
(principios de igualdad de derechos entre los sexos) rechazo de todo
tipo de discriminación, respeto a las diversas culturas, fomento de
los hábitos de comportamiento democrático y atención a los valores
éticos y morales de los alumnos, en concordancia con los principios
educativos recogidos en el artículo 2.3 de la LOGSE (Ley 1/1990);
previsiones de diversos incumplimientos de las normas aplicables
(artículo 5) y órganos responsables de la elección de los libros de
texto y demás materiales curriculares (artículo 6), especificándose
en el apartado 5 del artículo 6 que «los libros de texto y materiales
curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un
período mínimo de cuatro años, salvo en los casos en que estuviera,
de acuerdo con el informe de la Inspección, plenamente justificada su
sustitución antes del tiempo establecido».
2. Sistemas de ayudas y becas para adquisición de libros de texto
(normativa estatal).
Como precedentes en la materia pueden citarse los Programas de
Educación Compensatoria regulados en Real Decreto de 27 de abril de
1983, núm. 1174/83, desarrollados a partir de 1983 en el marco de las
zonas de actuación educativa preferente (aquellos ámbitos geográficos
que, según el artículo 3, muestren tasas superiores a la media
nacional en analfabetismo, no asistencia a la Educación Preescolar,
desfase entre curso académico yedad en EGB, abandonos en este nivel,
no escolarización
en Enseñanzas Medias y, en particular, en FP primer grado y abandonos
en FP primer grado) que posibilitaron ayudas para los libros de texto
a partir de 1983. En los Informes del Consejo Escolar del Estado
sobre el «Estado y Situación del Sistema Educativo», a partir del
curso 1988-1989, que están en poder de la Subcomisión, pueden
consultarse los datos estadísticos sobre montantes de estas ayudas y
número de beneficiarios a que alcanzaron hasta el curso 1996-1997,
así como de las referencias que por vía de Convenios entre la
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas con
competencias en materia de educación se han firmado, en los que se
contempla específicamente la ayuda para la gratuidad de los textos.
La política de convocatoria de becas y ayudas al estudio para
adquisición de libros de texto y material didáctico complementario
para los niveles obligatorios de la enseñanza, sin perjuicio de las
actuaciones de las Comunidades Autónomas que más adelante se
analizará, se ha iniciado a nivel estatal a partir de 1997 con el
siguiente cuadro de actuaciones:
- 1997/1998 (O.M. 3 de julio de 1997) con una dotación de las ayudas
de 10.000 pesetas. Para los cursos 1º a 6º de Enseñanza Primaria y
1.º y 2.º de ESO con un número de ayudas de 200.000.
- 1998/1999 (O.M. 27 de mayo de 1998) con una dotación de 10.000
pesetas. Para 1.º a 6.º Educación Primaria y 1.º, 2.º y 3.º ESO con
un número de ayudas de 300.000.
- 1999/2000 (O.M. 9 de junio de 1999) con una dotación de 12.000
pesetas. Para 1.º a 6.º de Educación Primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º
ESO y un número de ayudas de 325.000.
Por último, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la letra b):
La letra b) del número 1.º del apartado 3 del artículo 40 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras normas tributarias, fija el siguiente
mínimo:
«Por cada descendiente soltero menor de veinticinco años, siempre que
conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales superiores a
las que se fijen reglamentariamente, con el límite mínimo de 200.000
pesetas anuales:
- 200.000 pesetas anuales por el primero y segundo.
- 300.000 pesetas anuales por el tercero y siguientes.
Estas cuantías se incrementarán:
a) En 25.000 pesetas, en concepto de material escolar, por cada
descendiente, desde los tres hasta los dieciséis años de edad. b) En
50.000 pesetas, por cada descendiente a cargo menor de tres años.»
3. Normativa de las Comunidades Autónomas en materia de ayudas y
becas.
De la documentación que obra en poder de la Subcomisión puede
ofrecerse el siguiente panorama:
Comunidad Autónoma de Andalucía. De la exposición de la Subdirectora
general de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ante la Subcomisión,
se desprende que las acciones de dicha Comunidad Autónoma en la
materia han experimentado la siguiente trayectoria:
a) A partir del año 1987, por vía de convenio con el Ministerio de
Educación se formula un programa de gratuidad para Centros de
Actuación Educativa preferente (barriadas marginales, colectivos
temporeros o desfavorecidos), y se hace una distribución en los
centros donde están escolarizados los alumnos, procurándose que la
totalidad de ellos tengan los libros gratuitos. El importe de esta
actuación fue de 500 millones y se benefició a 225.000 alumnos; b) en
una segunda fase, de 1990 a 1995, se destina una cantidad de 800.000
millones a los centros en función del número de alumnos que sean
susceptibles de ser beneficiarios. Los centros se responsabilizan de
la adquisición del material y su distribución a los alumnos
necesitados; y c) a partir del año 1997 en que el Ministerio de
Educación y Cultura convoca Ayudas y para no incurrir en
incompatibilidad con éstas, la Consejería adquiere lotes de libros de
Biblioteca de Aula, que se remiten a los centros. El importe es
análogamente de 800.000 millones al año.
- Comunidad Autónoma de Cataluña. La Consejería de Educación gestiona
el dinero de becas que el Ministerio de Educación y Cultura concede
en sus convocatorias. Al margen de esta normativa general, el
Servicio de Programas Educativos dispone de un sistema de asistencia
a niños emigrantes y a familias económicosociales necesitados
«Educación compensatoria para la adquisición de libros de texto, a
través de Centros Educativos».
El Subdirector general de Ordenación Curricular de la Consejería de
Educación de la Generalitat, en su comparecencia manifestó que es
práctica común en Cataluña que la Asociación de Padres del Centro
efectúe la adquisición colectiva de libros y por una módica cantidad
de alquiler el alumno tenga acceso al libro de texto del Aula.
- Comunidad Autónoma de Madrid. A raíz de la suscripción de un
Acuerdo entre la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
con distintas organizaciones vinculadas al ámbito educativo
(Asociaciones de Padres de Alumnos, profesores, etc.) y dos centrales
sindicales (CC.OO. y UGT) sobre mejora de la calidad del sistema
educativo en la Comunidad de Madrid, se contempla en el apartado 4 de
dicho Acuerdo referente a la dotación de libros de texto a los
Centros Educativos -no específicamente a los alumnos- que suponga el
acceso a la gratuidad de dichos libros a los alumnos cuya situación
así lo requiera, especificándose en el mencionado acuerdo que «al
menos deberán dedicarse 3.000 millones de pesetas».
En ejecución de este Acuerdo se ha dictado la Orden de 24 de junio de
1999, de la Consejería de Educación por la que se establece
procedimiento de adquisición y distribución de los libros de texto
para que los alumnos que se encuentren en determinada situación
socioeconómica de los centros sostenidos con fondos públicos, sean
públicos o concertados, accedan a la gratuidad de los libros de
texto, a través de los centros que son los titulares y ejercientes de
la prestación de este servicio público. Estas convocatorias han
pasado de 1.500 millones de pesetas para el curso 1998-1999 a 2.000
millones para el curso 1999-2000 (Fuente: Intervención en la
Subcomisión del Director general de Centros Docentes, Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid).
- Comunidad Autónoma del País Vasco. Por Orden de 29 de julio de
1998, de la Consejería de Educación, se han convocado ayudas al
estudio para la escolarización de estudiantes de niveles no
universitarios. Estas convocatorias son de carácter anual (desde
1993) y en la convocatoria de referencia se establecieron las
siguientes ayudas para material didáctico: Etapa infantil 2.º ciclo y
EPA (10.000 pesetas.); Etapa Primaria y EPA (16.000 pesetas.); ESO
(1.º Ciclo) y E. Especial (16.000 pesetas.) y resto niveles (19.000
pesetas.)
- Comunidad Autónoma Valenciana. Desde la Orden de 25 de abril de
1990 se vienen convocando ayudas para la adquisición de libros para
alumnos que cursan Enseñanza Básica en centros financiados con fondos
públicos (Fuente: Informe sobre el Estado y Situación del Sistema
Educativo - Consejo Escolar del Estado 1988-8199).
En la actualidad, la Orden de 4 de marzo de 1999 de la Consellería de
Cultura, Educación y Ciencia ha convocado ayudas para la adquisición
de libros de texto para el alumnado que cursa Educación Primaria y
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en centros
financiados con fondos públicos, con los siguientes importes:
Infantil (10.000 pesetas.) y Primaria y EPA(16.000 pesetas.) y ESO y
E. Especial (16.000 pesetas.). En la convocatoria de 1998 el importe
de las ayudas fue de 185.075.000 (en Enseñanza Infantil con una ayuda
de 5.000 pesetas.) y en el resto de los niveles de 615.800.000
pesetas, con una ayuda de 10.000 pesetas.
4. Ayudas específicas de Corporaciones Locales.
La no comparecencia del Vocal de Educación de la Federación de
Municipios y Diputaciones a la convocatoria de la Subcomisión ha
impedido conocer la lista completa de los municipios y Diputaciones
que conceden ayudas en materia de libros de texto. Por distintas
fuentes la Subcomisión ha tenido conocimiento de los siguientes
supuestos que, como es obvio, no es una relación completa.
- Ayuntamiento de Barcelona. Existe un sistema de becas mixtas
(comedor - libros de texto) para niños de Primaria y Secundaria
pertenecientes a familias en situación económico-social precaria en
distintas necesidades.
El montante de estas ayudas es de 50 millones de pesetas que se
reparten entre 1.200 becas.
- Diputación de Barcelona.-Concede distintas ayudas sociales para la
adquisición de libros a los Ayuntamientos.
- En las Islas Canarias varios Ayuntamientos (Gáldar en Gran Canaria
y La Matanza en Tenerife, entre otros) entregan textos a los centros
escolares, debiendo los alumnos devolverlos al finalizar el curso, y
el Cabildo de La Gomera dona los libros a los alumnos (Fuente:
Intervención del Diputado Sr. Martinón).
- Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza). Los libros son gratuitos para
todos los alumnos (Fuente: Intervención del Diputado Sr. Bayona Aznar
en la Subcomisión).
- El Ayuntamiento de Vitoria ha concedido ayudas para compra de
material didáctico hasta el último curso escolar.
- En Galicia algunos Ayuntamientos conceden ayudas a título
individual a los ciudadanos que lo demandan y su situación económica
lo justifica.
- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca concede ayudas económicas
puntuales para familias con muy pocos recursos económicos.
IV. Derecho Comparado.
Entre los primeros acuerdos que adoptó la Subcomisión a los efectos
de disponer de un panorama lo más amplio posible de las experiencias
que en materia de financiación de libros de texto ofrecía el Derecho
Comparado, fue solicitar del Ministerio de Educación y Cultura y de
los Servicios de Documentación del Congreso de los Diputados la
remisión de información sobre la legislación (requisitos, precios,
ayudas, fórmulas de gratuidad) de libros de texto en los países de la
Unión Europea y otros países de la OCDE (Europa y Canadá), así como
de Iberoamérica (Argentina y Chile).
La documentación recibida al respecto ha sido del máximo interés para
la Subcomisión para poder valorar la diversidad de sistemas y
fórmulas, según los diversos grados de enseñanza, que ofrece la
legislación comparada. Al propio tiempo ha sido un complemento
informativo de utilidad el «Informe sobre la Contribución de las
Administraciones Públicas a la Adquisición de los Libros de Texto»,
elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material
de Enseñanza (ANELE) y entregado a la Subcomisión con motivo de la
comparecencia del Presidente de dicha Asociación en la medida que las
referencias meramente legislativas de los países estudiados se
acompañan de datos socioeconómicos, valoraciones críticas sobre
funciones que cumplen cada uno de los sistemas, así como sus posibles
disfunciones y opiniones de expertos de los respectivos países, todo
ello con la transcripción íntegra de la fuente informativa de
procedencia o, en su caso, la remisión indicativa de la misma.
La primera conclusión que puede extraer la Subcomisión, a la vista
del análisis del Derecho Comparado, es que en abstracto pueden
distinguirse cuatro principales sistemas de financiación de los
libros de texto: 1) Financiación total por parte de las
Administraciones educativas, con posibilidad de que los libros de
texto sean cedidos
Reducción parcial del precio del libro de texto mediante subvención
de las Administraciones educativas que cubre un porcentaje del coste,
teniendo que abonar las familias la parte restante, 3) Becas o ayudas
financieras por parte de las Administraciones educativas para
facilitar la compra de los libros de texto a familias, según sus
niveles de ingresos o situaciones socioeconómicas, y 4) No
financiación del coste de libros de texto, bien de forma absoluta,
bien admitiendo excepciones en función de la situación de familias
económicamente desfavorecidas. Ahora bien, la aplicación de estos
sistemas no se da en forma pura ni puede servir de canon
clasificatorio de los distintos países, si no se tienen en cuenta
factores de ponderación en atención a los niveles educativos, a la
distribución territorial del poder de las Administraciones educativas
(Estados federales o autonómicos) y a las prácticas sociales de la
vida escolar que han surgido en los últimos años ante el
debilitamiento en algunos Estados de la financiación pública
(apelación al sucedáneo de las fotocopias, ediciones para escolares,
aportaciones complementarias de las familias, mercado secundario de
libros, etc). El único dato común a los sistemas de financiación
pública, en sus diversas modalidades, de los libros de texto es la
exclusión de dicho sistema a los centros educativos privados.
A la vista de estas consideraciones puede trazarse el siguiente
panorama, según las distintas áreas geográficopolíticas.
1. Países de la Unión Europea.
a) Los dos únicos países que no presentan ninguna modalidad de
financiación pública en todos los niveles educativos son Irlanda y
Portugal.
b) Con financiación pública en todos los niveles educativos, sólo
cabe registrar los casos de Suecia (los libros son donados a los
alumnos, si bien en la Educación Secundaria Postobligatoria, algunos
centros pueden cobrar ciertas cantidades a los alumnos), Grecia (los
libros son editados por el Ministerio de Educación y generalmente
existe un único texto por asignatura) y Dinamarca (tanto en Educación
Primaria como Secundaria los libros son aportados por los centros en
calidad de préstamo).
Aeste modelo se aproximará prácticamente Italia cuando desarrolle la
reciente Ley núm. 448, de 23 de diciembre de 1998, sobre medidas de
financiación pública para la estabilización y desarrollo que prevé
«el suministro gratuito de los libros de texto y que a partir del año
escolar 1999- 2000 los Ayuntamientos deberán garantizar la gratuidad
total o de los libros de texto a favor de los alumnos que cursen
niveles de enseñanza obligatorios (hasta los 14 años cumplidos) que
reúnan los requisitos pedidos, así como a proporcionar los libros de
manera gratuita y bajo forma de préstamo a los alumnos de Enseñanza
Secundaria no Obligatoria (desde los 14 hasta los 19 años)».
c) Para el resto de los países de la Unión Europea los sistemas son
mixtos en atención a los niveles educativos o al pluralismo
territorial.
- Alemania. Se hace preciso atender a los distintos Länder, de tal
suerte qué a) El sistema de préstamo es el más generalizado (Baviera,
Berlín, Bremen, Hamburgo, Hesse, Sajonia). El centro escolar entrega
sin coste a los alumnos los libros de texto, quienes habrán de
tratarlos con cuidado y devolverlos al final del curso (en caso de
devolverlos estropeados deberán sustituirlos a su cargo por otros
nuevos). La vida útil del texto es de cuatro años. b) Préstamo con
participación de los padres. Las familias aportan un tercio de los
gastos o suma fija que varía según cada Länder (Baja Sajonia,
Brenderburgo, Meeckl-Pom, Renania - Westfalia, Sajonia-Anhalt,
Schelessw - Holst y Turingia) y c) Bonos de compra de libros o de
subsidios que se fijan conforme a los ingresos de las familias (Baden
- Wurtem, Renania - Palatinado, Sarre) (Fuente: Informe op cit ANELE,
Vol. I, pág. 44).
- Austria. El 90 por ciento del coste de los libros de texto de los
grados 1 a 13 es pagado por el Estado y el 10 por ciento por los
padres.
- Bélgica. En la enseñanza primaria (6 a 12) los alumnos reciben los
manuales básicos que debe entregar al final del curso, pudiéndolos
sacar del centro escolar (algunos centros dotan a los alumnos de
material escolar, cuadernos y equipamiento complementario). En la
enseñanza secundaria (de los 12 a los 18 años) existe un sistema de
préstamo de libros, pero los alumnos deben aportar una contribución o
participación por este alquiler. En los últimos años, este sistema ha
experimentado algunos desajustes por la crisis financiera en los
presupuestos educativos, por lo que ha determinado el surgimiento de
las aportaciones de las familias de suplementos dinerarios que se
estiman que en el área francófona puede llegar al 20 por ciento del
coste y en el área flamenca hasta el 40 por ciento, todo ello sin
perjuicio de la apelación al sistema de fotocopias (Fuente: Informe
op cit ANELE, Vol. I, pág 46-47).
- Finlandia. En la Enseñanza Primaria y Secundaria los libros son
financiados en su totalidad, si bien en la Secundaria Postobligatoria
no hay financiación.
- Francia. En la Educación Primaria (6 a 11 años), los Municipios
prestan los libros a los alumnos. En la Educación Secundaria Inferior
(Collège, de 11 a 15 años) el Estado toma a su cargo la financiación
de un conjunto de manuales destinados a los Collèges. Los
Departamentos se hacen cargo de los costes y los centros los prestan.
Para la enseñanza Secundaria Superior no existe financiación.
- Italia. Antes de la reforma de 1998, la financiación era total para
la Enseñanza Primaria, mientras que para la Secundaria no había
financiación.
- Luxemburgo. Sigue el sistema de la financiación total en la
Primaria y excluye la financiación de la Secundaria, si bien existen
ayudas para la compra de material escolar.
- Países Bajos. En la Enseñanza Primaria los libros de texto son
utilizados de forma gratuita en préstamo dentro del centro educativo.
La Educación Secundaria es gratuita hasta los dieciséis años, si bien
la compra de libros y demás material escolar corre a cuenta de las
familias, aunque éstas pueden beneficiarse de una ayuda estatal, en
función de los ingresos, para sufragar los costes
de la enseñanza, entre los que lógicamente, se comprende la
adquisición de libros escolares.
- Reino Unido. En el terreno de los principios, la gratuidad de los
libros de texto mediante préstamo de los centros públicos a los
alumnos se extiende a los niveles de Enseñanza Primaria, Secundaria
(de 5 a 16 años) e incluye los dos niveles no obligatorios (sixth
form) hasta los dieciocho años. La forma de financiación de estas
adquisiciones se basa en las subvenciones globales que la
Administración Central y las autoridades locales conceden anualmente
a los centros públicos para el funcionamiento de los mismos,
imputándoseles el importe de la adquisición de libros, sin perjuicio
de que ocasionalmente se aprueben partidas presupuestarias especiales
para la compra de libros. En la práctica, el sistema experimenta
correcciones por insuficiencia de financiación (apelación a las
fotocopias y a la participación de las familias), pero especialmente
por razones pedagógicas en la medida en que los alumnos forman
cuadernos (que se llaman análogamente «books») en los que
confeccionan sus propios temas con fotocopias o apuntes que les dan
los profesores o notas que toman en la biblioteca. Para el estudio de
idiomas se utilizan, habitualmente, libros que son proporcionados por
los centros en régimen de préstamo que deben, posteriormente,
devolver los alumnos. En Escocia, se utiliza el sistema de préstamo
en todos los niveles obligatorios.
2. Países de la OCDE (EE.UU. Canadá y algunos Estados europeos).
- Canadá. Aunque la competencia en educación es propia de cada
territorio o provincia, el sistema mayoritario que rige es el de la
gratuidad de los manuales escolares e incluso, en algunos casos, los
materiales complementarios. El sistema se articula sobre el modelo de
gratuidad-préstamo. En la provincia de Ontario, la selección de los
libros se efectúa por comités especializados que exigen la
nacionalidad canadiense de los autores, editores e impresores casi
con carácter excluyente. En Quebec, los comités selectivos se rigen
sobre criterios lingüísticos y la gratuidad se extiende hasta los
dieciocho años o veintiuno en los casos de personas disminuidas
(Fuente: Informe op cit ANELE, Vol. I, páginas 48-49).
- EE.UU. Hasta el grado 12 (final de la Enseñanza Secundaria) los
libros forman parte del material escolar que suministra el centro
educativo a los alumnos. En la Enseñanza Secundaria Postobligatoria
no hay financiación, pero existen ayudas.
- Islandia y Noruega. Los libros son financiados en su totalidad en
la Enseñanza Primaria y Secundaria Básica, sin embargo, en Noruega,
los estudiantes deben pagar tasas escolares y una contribución a la
Organización de Servicios Estudiantiles.
- Suiza. En la Enseñanza Obligatoria (Primaria y Secundaria) tanto
los libros como el material escolar es financiado en su totalidad por
los centros. Las autoridades cantonales deciden el material escolar a
emplear y cada cantón elige y financia la edición de los libros,
pudiendo ser utilizados sucesivamente por un máximo de quince
alumnos, debiendo hacer un uso correcto y los padres deben abonar su
importe en caso de deterioro o pérdida.
- Hungría y Polonia. En estos países no hay financiación de los
libros de texto, si bien en Hungría pueden proporcionarse ayudas por
las autoridades locales a los estudiantes necesitados económicamente,
y en Polonia los padres deben aportar una parte de la financiación de
los gastos de la enseñanza.
3. Iberoamerica.
- Argentina. Para el período 1993-1996 se aprobó el Plan Social
Educativo para paliar las desigualdades educativas y entre sus
medidas figura ofrecer las necesarias condiciones educativas:
edificios adecuados, materiales didácticos y técnicas de enseñanza
apropiadas. Desde su inicio ha atendido a 3.000.000 de alumnos
suministrando entre 1993 y 1997 10.600.000 libros.
A partir de 1997 el Programa se articula en dos Proyectos (Educación
para todos y Mejoramiento en la Infraestructura Escolar). En relación
a la Educación para todos, se prevén como objetivos: provisión de
libros de lectura, manuales, diccionarios de literatura infantil y de
consulta en ciencias; aportes para el equipamiento didáctico de
escuelas y aulas y para los alumnos entrega de cuadernos y hojas de
carpeta (Fuente: Ministerio de Educación y Cultura de Argentina).
- Chile. Además de la enseñanza subvencionada, los poderes públicos
apoyan a través de los Programas de Mejoramiento de la Calidad.
Durante 1997 se adquirieron y distribuyeron 6.811.368 textos
escolares para el 100 por ciento de los alumnos de 1.º a 8.º Básico
de las Escuelas Subvencionadas. A su vez se repartieron 229.000
textos de lenguaje y comunicación y otros 229.000 de matemáticas para
el 97 por ciento de los alumnos de 1.º Medio.
En cuanto a bibliotecas de aula, se adquirieron 6.6200 bibliotecas
para el 100 por ciento de los 7.º Básicos y otras 6.6200 para el 100
de los 8.º Básicos (Fuente: Servicio de Información del Ministerio de
Educación de Chile 1998-1999).
V. Consideraciones y conclusiones.
1. Principio de gratuidad de la Educación Básica y Obligatoria.
La gratuidad de los libros de texto en los niveles de Enseñanza
Obligatoria es un objetivo al que debe tenderse de forma gradual, de
acuerdo con las correspondientes disponibilidades presupuestarias y
garantizando, en todo caso, el principio de equidad.
2. Aplicación gradual.
En aplicación de este principio se proponen las actuaciones
siguientes:
A) Atención prioritaria a:
1) Alumnos/as de Educación Especial con discapacidades psíquico-
físicas.
2) Alumnos/as cuyos padres no tengan obligación de presentar
declaración del IRPF.
3) Alumnos/as pertenecientes a familias numerosas
B) Dotación a los centros escolares sostenidos con fondos públicos de
una biblioteca básica de libros de consulta: diccionarios, atlas,
textos de lectura y libros de texto de una materia determinada, como
ensayo de la posible práctica del uso escolar del libro como bien
colectivo de la metodología del préstamo.
3. Recomendaciones.
- Se recomienda que la Conferencia Sectorial de Educación realice un
estudio sobre las distintas cuestiones relacionadas con la gestión,
costes, evaluación del precio y financiación de los libros de texto
en cada una de las áreas y ciclos de la Enseñanza Obligatoria. A
estos efectos las distintas Comunidades Autónomas elaborarían un
estudio sobre el coste medio de los libros de texto y la evaluación
de las distintas vías de aplicación, como paso previo y necesario
para determinar el coste total de la aplicación progresiva del
principio de gratuidad.
- Se recomienda adoptar las medidas necesarias para que en los libros
de texto, a partir del segundo ciclo de la Educación Primaria, no se
incluyan espacios de prácticas.
- Los procedimientos para alcanzar la gratuidad de los libros de
texto deben permitir distintas opciones que posibiliten su adaptación
a la diversidad de situaciones y su permanente evaluación para, en su
caso, introducir las adecuaciones que se consideren necesarias.
En cualquier caso, los criterios que deberían regir la aplicación
extensiva de esta propuesta serán:
- Respeto a la autonomía de la Administración educativa competente.
- Garantía de la libertad de elección del libro de texto por parte
del centro escolar. Libertad de cátedra y de edición.
- Mantenimiento del sector librero como servicio cultural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-Pablo
Castellano Cardalliaguet, el Presidente.-Pedro Cantero Verger, el
Secretario.
Voto particular número 1.
A la Mesa de la Comisión de Educación y Cultura
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
117 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, mantener
para su debate en el Pleno el voto particular número 1 presentado por
nuestro Grupo en la Comisión de Educación y Cultura, en relación con
el informe elaborado por la Subcomisión
para analizar el coste de los libros de texto en la Enseñanza Básica
y Obligatoria y su repercusión en las economías familiares (núm.
expte. 154/000026).
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
Voto particular número 2.
A la Mesa de la Comisión de Educación y Cultura
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, en
representación del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida vengo
en formular el siguiente voto particular al informe elaborado en el
seno de la Subcomisión para analizar el coste de los libros de texto
en la Enseñanza Básica y Obligatoria y su repercusión en las
economías familiares y aprobado por la Comisión de Educación y
Cultura el día 25 de noviembre de 1999.
Conclusiones
1. La Constitución, en su artículo 27.4 establece literalmente, que
la Enseñanza Básica, es obligatoria y gratuita.
2. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la LOGSE, en su artículo 5, dispone que la
Educación Primaria y Secundaria es obligatoria, que constituye la
Enseñanza Básica, y que ésta será gratuita, al igual que lo dispone
el artículo 1 de la LODE, Ley 8/1985.
3. Lo indicado, no es interpretable y quiere decir, que al amparo de
lo traducido, tangible y crematísticamente, el coste económico de lo
citado es cero.
4. Lo que supone una vulneración de los usos obligatorios
y gratuitos, que oferta la pública según dispone la Ley.
5. La no regularización en este sentido convierte los libros de
textos en un negocio, y no en un servicio.
6. La universalización del servicio público de los libros de textos,
no puede ser desmantelada por los intereses del mercado, ni acabar
cuando empiezan los intereses de las editoriales del sector, que no
de los libreros.
7. La consideración de gratuitidad no distingue entre libro de texto
o material escolar, todo ello herramientas del uso obligatorio para
el aprendizaje.
8. Parece elemental que estas consideraciones tienen carácter de
imperativo legal, según la Carta Magna.
9. La gradualidad, temporalidad e implantación de la aplicación de la
norma, sólo depende de la voluntad política del Partido del Gobierno.
10. Si no hubiera consenso, Izquierda Unida mantendría su voto
particular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de noviembre de 1999.-María
Jesús Aramburu del Río, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida en la Comisión de Educación y Cultura.