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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 507, de 22/11/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 22 de noviembre de 1999 Núm. 507 GENERAL
ÍNDICE Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno ... (Página 3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios ... (Página 3)
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000011 Designación de don Ignasi Guardans i Cambó como Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión
de Asuntos Exteriores ... (Página 4)
041/000013 Designación de don Benet Jané i Palau como Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de
Defensa ... (Página 4)
041/000018 Baja de don Juan Pedro Hernández Moltó como Portavoz del
Grupo Socialista del Congreso en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo ... (Página 4)
041/000022 Baja de don Diego López Garrido como Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto en la Comisión de Sanidad y Consumo ... (Página 4)
Designación de don Antonio Serrano Vinué como Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto en la Comisión de Sanidad y Consumo ... (Página 4)
041/000038 Baja de don Lluís Recoder i Miralles como Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de
Medio Ambiente ... (Página 4)
Designación de don Francesc Xavier Tubert i Alsina como Portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de
Medio Ambiente ... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre protección de la infancia frente a la
publicidad en la televisión ... (Página 5)
162/000435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a las opciones sobre acciones ... (Página 7)
162/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre actuaciones contra el racismo y la xenofobia
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda 161/001759 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas para reducir los juegos y apuestas del Estado y
erradicar el juego ilegal ... (Página 10)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 161/001753
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
sobre medidas para proporcionar una educación primaria gratuita y
universal. (Corrección de error.) ... (Página 11)
161/001763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre desarrollo de un programa
para luchar contra la epidamia de SIDA en África ... (Página 11)
Comisión de Infraestructuras 161/001760 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre regulación de las actividades realizadas con helicópteros
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes 173/000168 Moción consecuencia de interpelación urgente
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre política
general relativa a las encuestas preelectorales realizadas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación
de voto utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el
Gobierno ... (Página 14)
173/000169 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el contenido del PDR (Plan de
Desarrollo Regional 2000-2006), las observaciones y propuestas de las
Comunidades Autónomas al mismo y previsiones del Gobierno sobre su
versión definitiva ... (Página 14)
173/000170 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
actitud defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas
que se piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval
europeo y, en particular, el español ... (Página 15)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/002799 Pregunta formulada por el
Diputado don José Navas Amores (GIU), sobre valoración de la
destitución del Ministro de Interior de Marruecos ... (Página 16)
181/002800 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Solé Tura
(GS), sobre opinión del Gobierno en relación con el levantamiento del
embargo a Yugoslavia ... (Página 16)
181/002801 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Estrella
Pedrola (GS), sobre razones por las que el Gobierno no ha remitido
aún a las Cortes Generales el Estatuto de Roma del Tribunal
Internacional de Justicia para su ratificación ... (Página 16)
181/002802 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Estrella
Pedrola (GS), sobre posición del Gobierno ante la Conferencia que la
Organización Mundial del Comercio celebrará en Seattle (Estados
Unidos de Norteamérica) a partir del día 30 de noviembre de 1999
181/002803 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Estrella
Pedrola (GS), sobre valoración de los resultados de la Cumbre de La
Habana (Cuba) ... (Página 17)
Comisión de Sanidad y Consumo 181/002805 Pregunta formulada por la
Diputada doña María Ángeles Maestro Martín (GIU), sobre papel
desempeñado por el Ministro de Sanidad y Consumo en la gestación del
acuerdo entre la industria farmacéutica y parte de los afectados por
la contaminación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
contenido en hemoderivados suministrados a personas hemofílicas
Comisión de Infraestructuras 181/002804 Pregunta formulada por el
Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez (GIU), sobre garantías
administrativas con las que el ente público empresarial Correos y
Telégrafos ha alquilado un local en la calle Aduana, de Madrid
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se
ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
MartínezConde.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han
adquirido la plena condición de Diputado:
Bajas:
HERNÁNDEZ MOLTÓ, Juan Pedro ... 22-10-99
ICETA I LLORENS, Miquel ... 2-11-99
NADAL I MALÉ, Joan Miquel ... 4-11-99
RECODER I MIRALLES, Lluís Miquel ... 4-11-99
Altas:
JANÉ I PALAU, Benet ... 10-11-99
MUÑOZ I SANTAMARÍA, Lourdes ... 10-11-99
TUBERT I ALSINA, Francesc Xavier ... 10-11-99
VÁZQUEZ PÉREZ, María Ángeles ... 10-11-99
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por
circunscripciones:
Barcelona:
MUÑOZ I SANTAMARÍA, Loúrdes ... PSOE
TUBERT I ALSINA, Francesc Xavier ... CiU
Tarragona:
JANÉ I PALAU, Benet ... CiU
Toledo:
VÁZQUEZ PÉREZ, María Ángeles ... PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: VÁZQUEZ PÉREZ, María Ángeles. Circunscripción: Toledo.
Número: 403. Fecha: 8 de noviembre de 1999. Formación electoral:
PSOE.
Nombre: TUBERT I ALSINA, Francesc Xavier. Circunscripción: Barcelona.
Número: 404. Fecha: 10 de noviembre de 1999. Formación electoral:
CiU.
Nombre: JANÉ I PALAU, Benet. Circunscripción: Tarragona. Número: 405.
Fecha: 10 de noviembre de 1999. Formación electoral: CiU.
Nombre: MUÑOZ I SANTAMARÍA, Lourdes. Circunscripción: Barcelona.
Número: 406. Fecha: 10 de noviembre de 1999. Formación electoral:
PSOE.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Socialista del Congreso (010/000002)
Número de miembros al 15 de noviembre de 1999: 141.
Bajas:
HERNÁNDEZ MOLTÓ, Juan Pedro ... 22-10-99
ICETA I LLORENS, Miquel ... 2-11-99
Altas:
MUÑOZ I SANTAMARÍA, Lourdes ... 15-11-99
VÁZQUEZ PÉREZ, María Ángeles ... 15-11-99
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (010/000005)
Número de miembros al 15 de noviembre de 1999: 16.
Bajas:
NADAL I MALÉ, Joan Miquel ... 4-11-99
RECODER I MIRALLES, Lluís Miquel ... 4-11-99
Altas:
JANÉ I PALAU, Benet ... 15-11-99
TUBERT I ALSINA, Francesc Xavier ... 15-11-99
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000011
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la designación por el Grupo
Parlamentario Catalán (CiU), con fecha 10 de noviembre de 1999, como
Portavoz del citado Grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores, de
don Ignasi Guardans i Cambó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000013
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la designación por el Grupo
Parlamentario Catalán (CiU), con fecha 10 de noviembre de 1999, como
Portavoz del citado Grupo en la Comisión de Defensa, de don Benet
Jané i Palau.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja, como consecuencia de la
renuncia al Acta de Diputado, con fecha 22 de octubre de 1999, como
Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, de don Juan Pedro Hernández Moltó.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000022
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja notificada con fecha 1 de
noviembre de 1999 por el Grupo Parlamentario Mixto, como Portavoz
en la Comisión de Sanidad y Consumo, de don Diego López Garrido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000022
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la designación, por el Grupo
Parlamentario Mixto, con fecha 1 de noviembre de 1999, de don Antonio
Serrano Vinué, como Portavoz del mismo en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000038
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la baja, como consecuencia de la
renuncia al Acta de Diputado, con fecha 4 de noviembre de 1999, como
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la
Comisión de Medio Ambiente, de don Lluís Recoder i Miralles.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
041/000038
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la designación, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), notificada con fecha 10
de noviembre de 1999, de don Francesc Xavier Tubert i Alsina, como
Portavoz del mismo en la Comisión de Medio Ambiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000434
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre protección de la infancia frente a la
publicidad en la televisión.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa
Mesa, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, para presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre protección de la infancia
frente a la publicidad en la televisión, para su debate en Pleno.
1. En la cercanía de la época navideña la publicidad destinada a la
infancia aumenta de forma importante en las cadenas de televisión,
siendo muy grande el número de anuncios de juguetes.
Según datos correspondientes al mes de noviembre del año 1996, en la
semana del lunes 18 al domingo 24 hubo en nuestro país un total de
4.487 anuncios de juguetes, cantidad que engloba los emitidos por
todas las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, tanto
autonómicas como nacionales.
En un solo día, el sábado 23 de noviembre de 1996, se emitieron 821.
Puede estimarse que, ese día, la cadena que anunció más juguetes
llegó a emitir una media de un «spot» cada tres minutos durante doce
horas, desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche.
Además, algunos estudios han revelado que los más jóvenes, entre los
cuatro y los catorce años, ven una media de 95 anuncios diarios en la
época navideña, siendo unos 30 de ellos relativos a juguetes.
Estamos, en España, ante un auténtico ataque publicitario contra la
infancia.
2. La televisión es el más poderoso medio de comunicación. Llega a
millones de personas en todo el territorio y ejerce una influencia
muy superior a la de los demás.
No parece que haya dudas acerca de la utilidad para los anunciantes
de la publicidad televisiva destinada a la infancia y la juventud. El
más claro argumento sobre su eficacia es su propia existencia, que se
sustenta en las importantes cantidades de dinero que algunas empresas
destinan a ella.
3. Los menores, especialmente los de poca edad, están indefensos
frente a un anuncio televisivo, ya que carecen de las sólidas
estructuras conceptuales propias de los adultos, que les permitirían
comprender y valorar lo que la publicidad es y significa.
El público infantil no posee los elementos de juicio suficientes para
poder comprender la distinción entre diversos productos televisivos,
tales como los anuncios publicitarios, los documentales, las
películas...
Debemos añadir que no captan lo que significa realmente la
publicidad: es una «forma de comunicación realizada [...] con el fin
de promover de forma directa o indirecta la contratación de
bienes...» (Ley 34/1988, General de Publicidad, artículo 2.o). Es
decir, desconocen que alguien está intentando convencerles de que
compren un determinado bien o que pidan que se les compre, y que,
además, paga a la empresa televisiva para poder hacerlo.
A lo anterior se ha de añadir algo esencial: les falta capacidad para
poder evaluar el contenido publicitario que se les presenta. Los
anuncios publicitarios de juguetes se confunden con la realidad en el
mundo de fantasía en la que las niñas y los niños habitan con
frecuencia. A menudo, las ilusiones que los anuncios generan no se
ven cubiertas después.
No debemos dejar de mencionar que este tipo de anuncios produce
lamentables situaciones familiares al llegar prácticamente a todos
los hogares por igual, sin que haya distinciones. Por ello, muchos
hijos de las familias de renta baja piden a sus padres juguetes que
no pueden comprar, al ser los precios muy altos para la economía
familiar, produciendo a veces insatisfacción en los hijos y
pesadumbre en los padres; en otros casos, los padres deciden
comprarlos, sometiéndose para ello a enormes sacrificios.
4. Situaciones similares a las descritas y argumentos semejantes a
los expuestos han conducido a plantear limitaciones legales a la
publicidad, especialmente a la televisiva destinada a los menores.
Algunos países han establecido disposiciones severas acerca de la
publicidad destinada al público infantil. Así ha ocurrido en Suecia
(prohibida la publicidad dirigida a menores de doce años), en Grecia
y Canadá (prohibida la publicidad en televisión de juguetes para
menores de doce años) y en otros países.
También en España, principalmente debido a la incorporación de
Directivas comunitarias, se han aprobado algunas normas protectoras.
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1988), ha declarado
«ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona
o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución,
especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la
mujer».
De forma más precisa, la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE,
sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva («Boletín Oficial del Estado»
de 13 de julio de 1994), modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio de 1999), dedica un
capítulo a la protección de los menores, tanto frente a la publicidad
como a la programación. Concretamente, en el artículo 16 se establece
que «1a publicidad por televisión no contendrá imágenes o mensajes
que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores» y para ello
«no deberá incitar directamente a tales menores a la compra de un
producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su
credulidad, ni a que persuadan a sus padres o tutores, o a los padres
o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios de
que se trate».
El contraste entre la realidad de la publicidad televisiva destinada
a la infancia y los principios de protección en los que se apoyan las
anteriores normas permite dudar acerca de lo que realmente ocurre: o
bien las normas no se están cumpliendo, o bien resulta necesario
modificarlas para que la protección resulte efectiva frente a la
actual agresión publicitaria.
5. El nivel de protección que una sociedad concede a la infancia y a
la juventud es reflejo del desarrollo alcanzado en ella por los
valores que se sustentan en la dignidad humana. Pese a ello, pudiera
haber quienes, en nuestro país, no lamentaran el actual estado de
cosas y esgrimieran razones para oponerse a cualquier avance que se
pretenda en esta materia.
Desde luego, las limitaciones a la publicidad lo son a la libertad de
empresa consagrada en nuestra Constitución, pero cuando se producen
se hace en defensa de otros valores y principios que la Constitución
también ampara. Así resulta que existen varias restricciones, de
manera que está prohibida o limitada la publicidad de contenido
político, la de bebidas alcohólicas y del tabaco,
la de medicamentos y toda aquella que no respete los valores
constitucionales.
Los poderes públicos y los padres tienen papeles específicos y, en
general, complementarios acerca de la protección de la infancia. La
asunción de deberes por parte del Estado no debe llevar a que los
padres abandonen sus responsabilidades, de igual forma que los
poderes públicos deben cumplir con sus obligaciones aunque las
familias hagan suya la tarea de protección. En cualquier caso, con
independencia de lo que a cada uno corresponda, esa protección debe
quedar asegurada de modo eficaz.
Proteger no significa aislar o distanciar a los menores de la
realidad social. Aceptando que resulta conveniente que sean educados
en la idea de que nadie tiene todo a su alcance, consideramos
extremadamente cruel asignar a los insistentes anuncios televisivos
la virtud de ser muy útiles instrumentos en la educación de las niñas
y los niños, especialmente los de familias más pobres, a fin de
lograr en ellos la mesura en el gasto y la moderación en los
caprichos.
6. La protección que realmente se está dando a la infancia frente a
la publicidad en la televisión no es suficiente para impedir que se
vea sometida a una auténtica embestida publicitaria de juguetes en la
época navideña.
A nuestro juicio, resulta imprescindible elevar la protección que hoy
se está dando frente a este tipo de publicidad, de manera que
efectivamente se respete la dignidad de las niñas y los niños,
atendiendo a las peculiaridades de su edad, muy especialmente a sus
limitadas capacidades para distinguir los tipos de espacios
televisivos, comprender los diversos aspectos que están presentes en
el fenómeno publicitario y valorar adecuadamente lo que se les ofrece
en los anuncios.
Resulta que o bien las Leyes que regulan la protección de la infancia
frente a la publicidad permiten el actual estado de cosas, lo que nos
conduciría a una profunda revisión de sus contenidos, o bien resulta
muy bajo el nivel de cumplimiento de esas Leyes, lo que de manera
inmediata y urgente debería ser corregido.
Con base en las anteriores consideraciones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre protección de la infancia frente a la
publicidad en la televisión
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en relación
con la protección de la infancia frente a la publicidad en la
televisión,
1. Actúe, de forma urgente, contra la agresión publicitaria de que es
víctima la infancia española, especialmente con los anuncios de
juguetes en la época navideña.
2. Exija el estricto cumplimiento de la legalidad vigente, de manera
que se respete la dignidad de las niñas y niños, y no se aproveche lo
limitado de algunas de sus capacidades para convertirlos en
destinatarios de abrumadorascampañas de publicidad.
3. Si fuera necesario, presente ante las Cortes un Proyecto de Ley
que tenga por objeto dar fin a los actuales abusos publicitarios
contra la infancia».
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 1999.-
Antonio Martinón Cejas, Diputado. María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000435
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Proposición no de Ley relativa a las opciones sobre acciones.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
las opciones sobre acciones, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El reciente conocimiento público de la existencia en una importante
empresa de planes de opciones sobre acciones de los que serían
beneficiarios determinados altos directivos de la misma, y por cifras
realmente espectaculares, ha puesto de manifiesto la necesidad de
actuar urgentemente en dicho ámbito.
Resulta evidente que los planes de opciones sobre acciones, si no son
correctamente diseñados, pueden determinar una conducta indebida de
sus beneficiarios, con riesgo para el patrimonio social y para el
conjunto de los socios vinculados con la sociedad de que se trate. En
todo caso, es cierto también que la introducción de este instrumento
ha suscitado un debate social en algunos países (así ha ocurrido en
Alemania) en torno a las posibles consecuencias que esta figura pueda
tener por la exclusiva preocupación que puede generar en sus
beneficiarios (esencialmente directivos y administradores) en obtener
sólo el máximo beneficio económico posible, pero despreciando otros
intereses sociales (medio ambiente, protección indirecta de los
trabajadores, etc.). Lo que puede provocar efectos socialmente no
deseables (profundización de las diferencias salariales entre
administradores y altos directivos, de un lado, y resto de la
plantilla, de otro; orientación de la política empresarial a la
reducción de plantillas de trabajadores, etc.), o incluso perjudicar
a la propia racionalización de una planificación a un más largo
plazo. Se trata, en consecuencia, de abordar su tratamiento jurídico
de manera que se satisfagan equilibradamente todos los intereses que
por su presencia pueden verse afectados.
Al no existir al respecto un tratamiento de la figura dentro de
nuestro ordenamiento, hay que partir del hecho de que su utilización
actual, más allá de que pueda entenderse que requiera cobertura
estatutaria previa y de que fuera sometida al posible acuerdo de las
Juntas generales, presenta importantísimas lagunas de régimen que
afectarían a su justo tratamiento e incluso facetas que podrían
entrar en colisión con el derecho societario vigente. Resulta así
necesaria una ponderada regulación de la figura en conexión con el
conjunto del Derecho de sociedades de capital, a la vez que aplazar
su presencia en todas aquellas sociedades sobre las que desde el
sector público se pueda tener alguna incidencia al respecto
(básicamente las sociedades anónimas privatizadas).
En relación con esta última cuestión de utilización de esta técnica
por las sociedades anónimas privatizadas en las cuales la
Administración Pública mantiene cierta vinculación a través de
específicos instrumentos al respecto (por ejemplo, las «golden
shares»), debe señalarse igualmente que la opción sobre acciones como
técnica retributiva de administradores y altos directivos, dirigida a
incentivar su actuación, resulta escasamente justificada en
sociedades que ostentan altas cuotas de mercado provenientes de haber
disfrutado en el pasado de posiciones económicas monopolísticas.
Yello porque en estas sociedades el éxito empresarial no deriva ya
exclusiva ni, en ocasiones, prioritariamente de la actuación de
administradores y altos directivos, sino de su peculiar posición en
el mercado. Por esto, resulta aconsejable impedir la utilización de
este instrumento en la fase inmediatamente posterior a su
privatización y admitirlo únicamente cuando han desaparecido todas
las trabas a la competencia en el sector de que se trate y pueda
considerarse que la cuota de mercado que ostente derive realmente de
su política empresarial.
Todas las circunstancias y hechos expuestos exigen que, por el
Gobierno y de forma inmediata, se adopten
las medidas necesarias para una correcta regulación de las
denominadas opciones sobre acciones, a cuyo fin se presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«Uno. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la remisión,
en el menor plazo de tiempo posible, de un Proyecto de Ley regulador
de las opciones sobre acciones, de acuerdo con los siguientes
principios o criterios:
1. Prohibición de establecer o pactar este tipo de remuneraciones en
aquellas empresas en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que gestionen servicios que todavía se presten en régimen de
monopolio (legal o de hecho) u ostenten una posición de dominio en el
mercado. A estos efectos, se tendrá en cuenta, en su caso, la
calificación o consideración de la empresa de que se trate, contenida
en la Ley reguladora del correspondiente sector económico de
actividad.
b) Que no hayan transcurrido más de diez años desde su privatización.
c) Que cobren tarifas o precios establecidos o regulados por el
Gobierno.
d) Que no hayan repartido dividendos en algún ejercicio dentro de los
últimos cinco años.
2. La posibilidad de establecer retribuciones consistentes en la
adquisición de acciones por suscripción o en la concesión de derechos
de opción sobre acciones deberá estar prevista expresamente en los
Estatutos de la sociedad. La concesión de estos derechos deberá ser
aprobada por acuerdo de la Junta general de la sociedad mediante el
quórum reforzado existente para supuestos especiales, a cuyo efecto
se privará del voto a los posibles beneficiarios, si fueran
accionistas, o el de los vinculados a ellos por lazos familiares o de
relación económica empresarial o cuando exista cualquier otro tipo de
conflicto de intereses. El acuerdo de la Junta deberá recaer sobre un
plan elaborado previamente por los administradores, que contemplará,
como mínimo, los siguientes aspectos esenciales:
a) Definición del plan: de compra o de suscripción.
b) Identificación precisa e individual de los beneficiarios.
c) Fijación del número de opciones y de acciones que pueden
adquirirse como consecuencia de su ejercicio (tanto el total como el
que corresponde a cada beneficiario en particular).
d) Precio de ejercicio de la opción.
e) Presupuestos para el ejercicio de la opción, en particular,
determinación de objetivos de cotización.
f) Plazo de ejercicio, que no podría ser inferior a tres años.
g) Período mínimo de tenencia de las acciones adquiridas como
consecuencia del ejercicio de la opción.
h) Medidas para el supuesto de extinción anticipada por cualquier
causa (fallecimiento, separación, despido, renuncia...) de la
relación que vincula al beneficiario con la sociedad (relación de
administración o relación de empleo) durante la vigencia de un plan
de opciones.
3. La elaboración y aprobación de los planes deberá estar acompañada
de una amplia publicidad previa complementada por una información
suficiente a través de medios de información escritos y del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil», de su depósito en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, así como de los preceptivos informes
explicativos de su oportunidad y de su legalidad emitidos por los
administradores y por los expertos independientes nombrados de
acuerdo con el mecanismo previsto en el Reglamento del Registro
Mercantil. En todo caso, el plan de opción sobre acciones habrá de
estar sometido a una información previa a la celebración de la Junta
general, reforzada con respecto a la información ordinaria en lo que
se refiere a la determinación de los sujetos legitimados para el
ejercicio del derecho de información, así como para la disposición de
la documentación por su parte.
En la presentación periódica de las cuentas anuales, los
administradores deberán recoger en la Memoria y reflejar en el
informe de gestión tanto la concesión de las opciones (con todos los
detalles del plan aprobado por la Junta), como su ejercicio,
destacando, respectivamente, el valor contable y el beneficio
obtenido individualmente por cada beneficiario al ejercitar su
derecho de opción.
4. El acuerdo de adopción del plan de opción sobre acciones requerirá
igualmente la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y su inscripción en el Registro Mercantil. Se regulará un
sistema de oposición al acuerdo de los acreedores, salvo inexistencia
de riesgo patrimonial para sus créditos, hasta que éstos estuvieran
suficientemente garantizados.
5. Se prohibirá expresamente la asistencia financiera de las
sociedades para la adquisición de acciones propias en el ejercicio
del derecho de opción. Igualmente, y en el supuesto de grupos de
sociedades, la opción sobre acciones no se podrá ejercitar sobre
títulos de otras sociedades pertenecientes al mismo grupo.
6. Con carácter general, y por referencia al capital de la sociedad,
se limitará el número máximo de acciones que como consecuencia del
ejercicio del derecho de opción sobre ellas pueda ostentar cada
beneficiario, así como también el máximo de porcentaje de capital que
pudiera tener el titular de la opción una vez ejecutada y sumada a
las acciones que tuviese con anterioridad.
7. Las acciones adquiridas en virtud del derecho de opción deberán
revestir, durante el plazo que legalmente se establezca, el carácter
de nominativas. En ningún caso podrá hacerse un pago por diferencias,
entregando al titular de la opción el beneficio teórico obtenido por
él en función de la diferencia de precio pagado y el que tuviera la
acción en el mercado, y no dándole las acciones que realmente le
correspondan a cambio del precio estipulado.
Las acciones adquiridas deberán de estar totalmente desembolsadas y
ser pagadas al contado.
8. Serán nulas de pleno derecho aquellas opciones otorgadas con
incumplimiento de las normas legales o estatutarias (ya sea en la
elaboración del concreto plan del que derivan, ya en el procedimiento
de su aprobación). En el caso de que la opción se hubiera ejecutado,
si las acciones no hubieran salido todavía de la titularidad del
beneficiario, y sin perjuicio de otras responsabilidades, deberá
procederse al retorno de las acciones a la sociedad con pérdida de
parte del desembolso efectuado. En el supuesto de que las acciones se
hayan puesto en circulación, se establecerá un régimen transitorio de
responsabilidad solidaria de los sucesivos adquirentes por un importe
equivalente a la diferencia del precio pagado con el que aquéllas
tenían realmente en el mercado.
9. Como medida complementaria, se derogará la posibilidad de delegar
en los administradores la exclusión del derecho de suscripción
preferente en los supuestos de emisión de acciones con prima y de
conversión en acciones de obligaciones.
10. Los rendimientos o ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión del ejercicio de opciones sobre acciones de la
propia empresa se integrarán, sin reducción alguna, en la parte
general de la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el
otorgamiento de la opción. Dichos rendimientos o ganancias se
imputarán, en todo caso, el período impositivo en que dicha opción se
ejercite, con independencia de que se produzca o no la posterior
transmisión de las acciones adquiridas.
En ningún caso la fiscalidad de las opciones sobre acciones se
articulará de forma que afecte o perjudique a otros rendimientos del
trabajo que puedan legalmente calificarse de irregulares.
Dos. El Gobierno adoptará de forma inmediata las medidas necesarias a
fin de impedir la ejecución de planes de opción sobre acciones en
aquellas empresas en las que concurra alguna de las circunstancias
previstas en el apartado Uno.1 de la presente Proposición.
Tres. El Gobierno adoptará igualmente las medidas precisas para que
no puedan ejecutarse los planes de opción sobre acciones que hayan
sido acordados o establecidos con infracción de lo dispuesto en la
legislación actualmente aplicable, en especial las concedidas a los
administradores de una sociedad sin la expresa previsión estatutaria
requerida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1999.-Luis
Martínez Noval, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000436
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre actuaciones contra el racismo y la
xenofobia.
Acuerdo:
Excepto el apartado dos de la parte dispositiva de esta Proposición
no de Ley, por carecer el Gobierno de facultad de iniciativa en
relación con el extremo afectado, y considerando que solicita el
debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento,
disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al
Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del
Consejo de Europa en su informe sobre España, realizado entre
septiembre de 1997 y marzo de 1998, reclamó a nuestro Gobierno la
máxima actuación sobre:
* La marginación de una parte de la comunidad gitana.
* Las dificultades y también marginación creciente de los y las
inmigrantes, especialmente africanos y africanas, llegados a nuestro
país.
* La aplicación rápida e íntegra del nuevo Código Penal en los
artículos que hacen frente a las conductas y comportamientos
racistas.
* La necesidad de mejorar las estadísticas sobre grupos vulnerables y
sobre los grupos racistas y sus actos.
* La conveniencia de repetir campañas de sensibilización, información
y formación dirigidas tanto a la sociedad en general como hacia los
servidores públicos en particular.
Los informes RAXEN, los Eurobarómetros, las encuestas del CIS y los
estudios de diversas Universidades y centros de investigación nos
alertan sobre los crecientes
actos de intolerancia, de violencia urbana y de propaganda nazi que
por toda la geografía de España se manifiestan. Y nos alertan también
sobre el creciente porcentaje de personas -jóvenes y adultas- que se
muestran temerosas y recelosas de la llegada de migrantes a España y
su aceptación, así y como, intransigentes con las personas que se
expresan o muestran como diferentes.
Las reflexiones y compromisos políticos adquiridos por el Congreso de
los Diputados no sólo en el informe sobre «la situación de los
migrantes y refugiados llegados a España» sino también en el informe
sobre «el Derecho Internacional y los Derechos Humanos en el mundo
actual» nos llevan a este Grupo Parlamentario Socialista a presentar
la siguiente Proposición no de Ley para poner en marcha mecanismos y
políticas que busquen frenar estos comportamientos negativos y que
calen hasta convertirse en auténticas políticas preventivas de y para
una sociedad que se percibe con capacidad para mejorar.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con los
mismos objetivos que el europeo y con la dotación de recursos
económicos y humanos necesaria.
[]
3. Sensibilizar a la Fiscalía General para que dedique atención
especial a estos fenómenos y actúe con dureza y eficacia en la
aplicación del Código Penal, especializando a fiscales si ello fuese
necesario.
4. Los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado deberán tener y/o
crearán, Unidades especiales, tanto en la Guardia Civil como en la
Policía Nacional, que actúen contra las bandas violentas, racistas y
xenófobas en cualquiera de sus expresiones.
5. El Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y el
Programa de Prestaciones para los Refugiados deberán incluir medidas
de prevención contra la violencia urbana, el racismo y la xenofobia y
también el resto de los Planes de Igualdad, especialmente el Plan
para la Juventud.
6. El Ministerio de Educación y Cultura potenciará la firma de
Convenios con las editoriales que editan libros de texto para que:
- Los revisen con el fin de que sus contenidos hagan visible la
cultura, costumbres y valores de las sociedades de las que vienen los
hijos de inmigrantes que se integran en nuestras escuelas,
- preparen materiales educativos que enseñen a defender los Derechos
Humanos y los valores de tolerancia, respeto a la diferencia y a la
multiculturalidad.
7. El Gobierno buscará firmar Convenios con los diferentes medios de
comunicación para desarrollar un código de conducta exigente y
respetuoso con los Derechos Humanos y los valores multiculturales que
coexisten en la sociedad española.
8. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales preparará una nueva
campaña de sensibilización similar a las que en años anteriores se
hicieron («Combate el Racismo», «Somos Iguales, Somos Diferentes») y
que fueron evaluadas como eficaces, positivas y necesarias por
diferentes organismos internacionales.
9. El Plan de Integración de los Inmigrantes deberá actualizarse con
acciones positivas que:
- Desarrollen derechos sociales,
- luchen contra la exclusión y marginación y,
- potencien su incorporación al trabajo y con ello propicien la
asunción de las responsabilidades que estos ciudadanos también
tienen.
10. El Defensor del Pueblo presentará en su informe anual un capítulo
lo más detallado posible sobre migrantes y otro sobre violencia
urbana, racismo y xenofobia.
11. En el Congreso de los Diputados se pondrá en marcha urgentemente
la Subcomisión para estudiar las situaciones de marginación de la
comunidad gitana cara a proponer medidas más eficaces para mejorar su
situación.
12. El Gobierno llevará al Parlamento anualmente un informe con sus
actuaciones y medidas evaluadas en estas materias».
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 1999.-
Matilde Fernández Sanz, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/001759
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Proposición no de Ley sobre medidas para reducir los juegos y
apuestas del Estado y erradicar el juego ilegal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer
su conocimiento por la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente
y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
MartínezConde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
La aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto 844/1999,
mediante el cual se autoriza la comercialización de la Lotería
Instantánea, supone un aumento de la oferta del juego en el Estado
que va a tener una incidencia muy importante en el equilibrio de este
sector y en los hábitos sociales por su relación con el aumento de
ludópatas.
El hecho de la existencia de sorteos como el que pretende desarrollar
este Real Decreto en varios países de la Unión Europea no justifica
por sí mismo su implantación en el Estado. Mas bien, este proyecto
obedece a una clara intención recaudatoria sin tener en cuenta las
repercusiones sociales negativas que provocará su puesta en marcha.
De forma inmediata, implicará una reducción de los ingresos del cupón
de la ONCE, que puede oscilar entre un 30 por ciento y un 50 por
ciento de la recaudación actual. Este hecho, a su vez, pondrá en
peligro la estabilidad de 65.000 puestos de trabajo, los servicios
que la institución presta a 58.000 invidentes, el medio millón de
ayudas que se dan anualmente a discapacitados no invidentes y el
acuerdo alcanzado dos meses antes de la aprobación de este Real
Decreto entre el Gobierno y la ONCE para realizar más de 40.000
acciones formativas y la creación de más de 20.000 nuevos empleos
para discapacitados.
Por todo ello, se formula la siguiente Proposición no de Ley:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Derogar el Real Decreto 844/1999, de 29 de mayo, por el que se
aprueba la puesta en marcha de la Lotería Instantánea.
2. Contemplar un proceso gradual de reducción de los juegos y
apuestas del Estado, estableciendo medidas para la prevención y el
tratamiento de la ludopatía y evitando, en todo caso, la puesta en
marcha de nuevas figuras como la Lotería Instantánea.
3. Adoptar las medidas conducentes a la erradicación del juego
ilegal.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 1999.-Pedro
Antonio Ríos Martínez, Diputado.-José Navas Amores, Diputado.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001753
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 503, de 16 de
noviembre de 1999, páginas 2 y 14 se incluyó por error la Proposición
no de Ley presentada por el Grupo Parlamentado Mixto, sobre medidas
para proporcionar una educación primaria gratuita y universal, en el
apartado de la Comisión de Infraestructuras, debiendo figurar en el
correspondiente a la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
161/001763
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre desarrollo de un programa para luchar
contra la epidemia de SIDA en África.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado
del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, relativa a solicitar al Gobierno que, a través de la AECI,
desarrolle un programa para luchar contra la epidemia de SIDA en
África, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
España, como país de demostrada sensibilidad respecto a los problemas
de continentes y países donde la solidaridad es un factor decidido
para su desarrollo, debe seguir demostrando su importante
responsabilidad en un tema tan trascendente como el grave desarrollo
del SIDA en el continente africano, el cual ha llegado a ser la
primera causa de muerte en nuestro vecino continente.
Las ejemplares respuestas de solidaridad de la sociedad española y
del Gobierno ante desastres mundiales como los de Centroamérica,
Kosovo y más recientemente Turquía, no pueden sufrir ni un ápice de
rebaja en su intensidad respecto al problema que en el año pasado ha
ocasionado 1,8 millones de muertes en África.
Nuestro continente vecino esta sufriendo el inicio de una verdadera
epidemia ante la cual nuestra sociedad no permanece como observadora,
ya que siguiendo una tradición muy arraigada en nuestro país y
compartida siempre por el actual Gobierno ha de promover acciones
encauzadas a una colaboración activa y directa en la erradicación de
esta situación de catástrofe sanitaria.
Las naciones desarrolladas, entre las que nos encontramos y a través
del Banco Mundial, ya vienen contribuyendo desde hace años con los
Gobiernos africanos en destinar recursos para paliar esta crisis
sanitaria que el virus VIH está produciendo en el continente
africano, sin embargo, estas dotaciones económicas, aportadas a
través del Banco Mundial, sufren y están sufriendo desvíos
injustificados denunciados por el propio Banco, no llegando la mayor
parte de los fondos a cumplir los fines para los que son librados. Es
preciso por ello elaborar planes específicos y de acción directa de
carácter educativo y preventivo sobre la población africana
susceptible de sufrir el acoso de esta expansiva enfermedad y otras
acciones encaminadas a paliar los sufrimientos y las consecuencias de
la población afectada, muchos de ellos mujeres muy jóvenes y
adolescentes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que a través de la AECI se elabore y desarrolle un programa
específico y coordinado de cooperación, con la participación de la
sociedad civil y ONGs, encaminado a luchar contra la epidemia de
SIDA en África y se destinen los medios adecuados para llevarlos a
cabo.
Madrid, 22 de septiembre de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Infraestructuras
161/001760
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre regulación de las actividades realizadas
con helicópteros.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en la Comisión de Justicia e Interior de la
Cámara.
Los trabajos con helicópteros en España se vienen realizando desde
hace años sin disponer de una normativa reguladora adecuada que
aporte claridad, transparencia y seguridad, las empresas del sector
no cumplen con la normativa laboral vigente, por cuanto las jornadas
de trabajo son de orto a ocaso, tampoco se respetan los descansos
preceptivos, por cuanto un mismo piloto y un mismo técnico de
mantenimiento vienen realizando, en el mejor de los casos, veintidós
días seguidos de trabajo; muchas veces de orto a ocaso y en otros
casos de veinticuatro horas al día.
Además, la pobre y escasa normativa de seguridad aeronáutica para
helicópteros (la Circular operativa 16 B), no es aplicada por las
compañías y, menos aún, exigida por la Dirección General de Aviación
Civil, y la Inspección de Helicópteros de la DGAC no tiene los
desarrollos normativos que regulen sus funciones suficientemente,
sólo cuenta con un Inspector para todo el país, es totalmente
inoperante y víctima de presiones de toda índole por parte de las
empresas, lo que ha mermado su credibilidad.
Asimismo, la práctica totalidad de los helicópteros en España
trabajan para la Administración, organismos o empresas públicas,
estando sus contrataciones sujetas a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y sin embargo la propia Administración
hace caso omiso al cumplimiento del pliego de condiciones, no
inspecciona el servicio contratado ni actúa para obligar a las
empresas de helicópteros adjudicatarias a cumplir tanto el pliego
como la legislación laboral y de seguridad vigente, incluso a pesar
de haberlo puesto en su conocimiento. Es dinero público el que
financia todos los negocios con helicópteros que hay montados en el
país.
Debido a esta falta de regulación, también la propia Administración
invade áreas que son propias de la actividad comercial de las
empresas, como son los vuelos sanitarios o los servicios de búsqueda
y rescate.
A ello se une que los planes de formación oficiales para obtener la
titulación de piloto comercial, habilitación de instrumentos o
transporte público de pasajeros no están adaptados a las
características operacionales de los helicópteros, suponiendo esto
una incongruencia grave y una discriminación respecto a los pilotos
de avión, y ello supone que, al no adaptar los planes de estudio
oficiales sobre títulos y licencias a la realidad del helicóptero, se
está impidiendo que España cuente con las titulaciones necesarias
para acercamos a Europa y se está perjudicando el desarrollo del
sector del helicóptero en España. Muchos pilotos jóvenes (teniendo en
cuenta que han obtenido la titulación 37 personas entre 1997 y 1998)
están abandonando esta profesión ante la imposibilidad de obtener un
puesto de trabajo (porque a otros se les obliga a trabajar por dos o
tres personas) y conseguir experiencia, y los pilotos expertos se
están pasando al avión, mucho mejor regulado y con mejores
condiciones de trabajo.
A pesar de pertenecer nuestro país a la Comunidad Europea y a la
Joint Aviation Autority y participando en la confección de las normas
JAR (Joint Aviation Requeriments, normas de aviación comunes para
todos los Estados miembros), no se hace ningún esfuerzo para ir
adaptando la normativa española sobre helicópteros a la comunitaria,
ni siquiera para que se cumpla la propia.
Además, la DGAC viene permitiendo que las empresas españolas, en vez
de afrontar las necesarias inversiones para mejorar el parque de
helicópteros español, se dediquen a subcontratar los servicios con
empresas de la Europa del Este, impidiendo que esos trabajos sean
realizados por los pilotos españoles.
También resulta muy grave que ninguna compañía ha desarrollado los
preceptos contenidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
imprescindible para una actividad de riesgo como es ésta, una de las
causas del cúmulo de accidentes que se producen, junto con la falta
de una normativa de limitación de tiempos de actividad adecuada,
incluso sólo algunos disponen de equipos de protección personal,
consistentes en casco de vuelo con
visor, mono de vuelo ignífugo, botas de vuelo y guantes ignífugos, a
pesar de ser esto uno de los pilares de la normativa de seguridad en
el trabajo.
Por todo lo cual, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que se regule el sector con la apropiada normativa acorde con los
estándares europeos y, en concreto:
1. Se promulguen limitaciones de tiempos de vuelo, máximos de
actividad y mínimos de descanso para el personal de vuelo y de tierra
de los helicópteros en todas las clases de trabajos en los que
participan. Concretamente mil ochocientas horas al año de actividad,
tanto de vuelo como de servicio de alerta a la espera de un aviso,
como ocurre con los bomberos forestales y equipos sanitarios de
emergencias; una limitación mensual de ciento ochenta horas de
trabajo.
2. Se modifiquen los planes de estudios para la obtención de las
titulaciones de helicóptero con sujeción a las características
operacionales de los mismos, eliminándose los apartados que son
exclusivos de la operación de los aviones y que ahora se exigen a las
titulaciones de helicópteros.
3. Se deroguen las resoluciones de la DGAC que permiten la operación
de máquinas extracomunitarias.
Haciendo aplicar la resolución de la DGAC de 25 de mayo de 1994, de
respeto de la normativa aeronáutica española, que no se cumple.
Haciendo aplicar la Circular de la Dirección General de la Inspección
de Trabajo, de 12 de febrero de 1993, sobre condiciones de trabajo
aplicables a los trabajadores extranjeros extracomunitarios y
temporeros, que tampoco se cumple, ante la total pasividad de la
Administración contratante ( Dirección General de Conservación de la
Naturaleza, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia,
Consejería del Medio Natural de la Junta de Castilla-La Mancha,
Consejería de Justicia e Interior de la Generalidad Valenciana, que
son quienes contratan helicópteros de la Europa del Este a través de
empresas españolas).
4. Se promulgue una normativa reguladora de la Inspección de
Helicópteros que garantice independencia y eficacia, y se la dote
suficientemente de personal.
5. Se promulgue una normativa acorde con la europea, que delimite
claramente las actividades de los helicópteros de la Administración y
las sujetas a la actividad comercial de las compañías.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1999.-Willy
Meyer Pleite, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000168
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre política general
relativa a las encuestas preelectorales realizadas por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el modelo de estimación de voto
utilizado y la forma y momento de hacerlas públicas por el Gobierno.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda,
conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día
de la primera sesión plenaria que secelebre, informando de ello a la
Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
la siguiente moción, consecuencia de interpelación urgente sobre
política general relativa a las encuestas preelectorales realizadas
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Moción
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se abstenga de hacer públicas las encuestas pre electorales
del CIS durante las campañas electorales.
2. Que en el caso de que el CIS haga públicas estimaciones de voto
reelaboradas a partir de los datos brutos obtenidos mediante
cuestionario, deberá hacer público el algoritmo usado en la
estimación.
3. Que el CIS remita a las Cortes Generales, junto a las
distribuciones marginales, otras tabulaciones significativas.
4. Que en el plazo de un mes, a partir de que se hagan públicas las
primeras estimaciones, el CIS remita a las Cortes Generales el
fichero con los datos brutos de la encuesta, garantizando el
anonimato de los encuestados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 1999.-
Joaquín Leguina Herrán, Diputado.- Luis Martínez Noval, Portavoz del
Grupo Socialista del Congreso.
173/000169
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el contenido del
PDR (Plan de Desarrollo Regional 2000- 2006), las observaciones y
propuestas de las Comunidades Autónomas al mismo y previsiones del
Gobierno sobre su versión definitiva.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda,
conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día
de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la
Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Francisco Rodríguez
Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de
lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la posición del
Gobierno en relación al Plan de Desarrollo Regional 2000-2006.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1999.-
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.- Begoña Lasagabaster Olazábal,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Moción
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cuenta al Congreso de los Diputados de los objetivos
negociados con Bruselas y sus resultados a la vista del contenido del
PDR.
2. Informar anualmente al Congreso de los Diputados de los marcos de
actuación y de la aplicación de los planes regionales que se derivan
del PDR y de los distintos fondos a invertir en cada «región»
objetivo número 1.
3. Comprometerse a que las inversiones del Estado en cada «región»
objetivo número 1 no sean, en ningún caso, globalmente inferiores a
las realizadas por la respectiva Comunidad Autónoma, al finalizar el
período 2000-2006.
4. Comprometerse, en materia de infraestructura ferroviaria, a que en
el año 2006 las redes de todas las «regiones» objetivo número 1 estén
preparadas para circular a velocidades medias de 150 kilómetros/hora
como forma de vertebrar las comunicaciones ferroviarias de todo el
Estado.
5. En consecuencia con lo anterior y teniendo en cuenta el carácter
especialmente obsoleto de la red ferroviaria de Galicia,
comprometerse, de acuerdo con la Junta, a impulsar su modernización
conforme a los diseños generales establecidos por el plan ferroviario
para Galicia, aprobado por el Parlamento de Galicia en diciembre de
1995.
173/000170
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la actitud
defendida por el Gobierno y la Unión Europea y las medidas que se
piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector naval europeo
y, en particular, el español.
Acuerdo
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda,
conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día
de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la
Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente, así como publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente moción consecuencia de
interpelación urgente, dirigida al Gobierno, sobre cuál ha sido la
actitud defendida por el Gobierno y de la Unión Europea, así como las
medidas que se piensan adoptar para asegurar la viabilidad del sector
naval europeo y, en particular, el español.
Moción
Ante el decepcionante resultado obtenido en la reunión de Ministros
de Industria de la Unión Europea, celebrado en Helsinky el pasado día
9 de noviembre del presente año:
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a
defender ante la próxima cumbre de Ministros de Industria de la Unión
Europea, a celebrar en el mes de febrero del año 2000, la necesidad
de:
a) Imponer condiciones equitativas a nivel mundial que garanticen una
real competencia en el sector naval y eliminen el actual «dumping»
social y económico que practican ciertos países y que hace inviables
a numerosos astilleros europeos.
b) Suspender la limitación recogida en la actual reglamentación de la
UE sobre el límite al 31 de diciembre de 2000 de las ayudas a la
producción e incrementar el nivel de las mismas, con el objeto de
obtener una mayor seguridad en el empleo y dotar de una mayor
fortaleza al sector.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
a) Poner en práctica una política comercial más activa, con el fin de
incrementar la cartera de pedidos existentes y la carga de trabajo en
los astilleros españoles.
b) Promover la renovación de nuestra flota a través de la
incentivación de desguace de buques.
c) Incluir políticas de rejuvenecimiento de plantillas y de la
regulación de la industria auxiliar como elementos fundamentales para
la mejora de competitividad del sector.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1999.-José
Navas Amores, Diputado.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002799
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Navas Amores, José (GIU)
Valoración de la destitución del Ministro de Interior de Marruecos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don José Navas Amores.
Texto:
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la destitución del Ministro
de Interior de Marruecos?
Madrid, 10 de noviembre de 1999.-José Navas Amores, Diputado.
181/002800
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Solé Tura, Jordi (GS).
Opinión del Gobierno en relación con el levantamiento del embargo a
Yugoslavia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Socialista del Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Jordi Solé Tura.
Texto:
¿Es partidario el Gobierno de levantar el embargo a Yugoslavia?
Madrid, 8 de noviembre de 1999.-Jordi Solé Tura, Diputado.
181/002801
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Razones por las que el Gobierno no ha remitido aún a las Cortes
Generales el Estatuto de Roma del Tribunal Internacional de Justicia
para su ratificación.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Socialista del Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Rafael Estrella Pedrola.
Texto:
¿Por qué el Gobierno no ha remitido aún, para su ratificación por las
Cortes, el Estatuto de Roma del Tribunal Internacional de Justicia?
Madrid, 8 de noviembre de 1999.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.
181/002802
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Posición del Gobierno ante la Conferencia que la Organización Mundial
del Comercio celebrará en Seattle (Estados Unidos de Norteamérica) a
partir del día 30 de noviembre de 1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Socialista del Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Rafael Estrella Pedrola.
Texto:
¿Qué posiciones mantiene el Gobierno ante la Conferencia que la
Organización Mundial del Comercio celebra en Seattle (EE.UU.) a
partir del próximo 30 de noviembre?
Madrid, 8 de noviembre de 1999.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.
181/002803
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Estrella Pedrola, Rafael (GS).
Valoración de los resultados de la Cumbre de La Habana (Cuba).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Socialista del Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Diputado don Rafael Estrella Pedrola.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno los resultados de la Cumbre de La Habana?
Madrid, 8 de noviembre de 1999.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/002805
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Maestro Martín, María Ángeles (GIU).
Papel desempeñado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la
gestación del acuerdo entre la industria farmacéutica y parte de los
afectados por la contaminación del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) contenido en hemoderivados suministrados a personas
hemofílicas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora
Diputada preguntante y publicar en el Boletín OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputada doña María Ángeles Maestro Martín.
Texto:
¿Qué papel ha desempeñado el Ministerio de Sanidad y Consumo en la
gestación del acuerdo entre la industria farmacéutica y parte de los
afectados por la contaminación del virus VIH contenido en
hemoderivados suministrados a personas hemofílicas?
Madrid, 11 de noviembre de 1999.-María Ángeles Maestro Martín,
Diputada.
Comisión de Infraestructuras
181/002804
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (GIU).
Garantías administrativas con las que el ente público empresarial
Correos y Telégrafos ha alquilado un local en la calle Aduana, de
Madrid.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras.
Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez.
Texto:
¿Con qué garantías administrativas ha alquilado el ente público
empresarial Correos un local en la calle Aduana, de Madrid, por más
de 500 millones de pesetas anuales de alquiler, precisando las
opciones rechazadas?
Madrid, 11 de noviembre de 1999.-Pedro Antonio Ríos Martínez,
Diputado.