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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 471, de 03/09/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie D: 3 de septiembre de 1999 Núm. 471 GENERAL
ÍNDICE Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre apoyo de España a la propuesta de
Directiva relativa a la participación de los trabajadores en la
sociedad anónima europea ... (Página 2)
162/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre coordinación de los esfuerzos destinados a la
investigación y el desarrollo (I+D) ... (Página 2)
162/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre competencias de la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva ... (Página 3)
162/000405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre programa de actuación concertado con las
Comunidades Autónomas sobre suelo de titularidad pública estatal
162/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre subida de las pensiones mínimas y las pensiones
no contributivas en el ejercicio de 1999 ... (Página 5)
162/000407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre normas reguladoras de la tarifa eléctrica para el
año 1999 ... (Página 6)
162/000408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre incentivos fiscales para propietarios de
viviendas en alquiler de renta antigua ... (Página 7)
162/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre ampliación del seguro de desempleo a todos
los trabajadores eventuales agrarios ... (Página 7)
162/000410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre supresión del régimen de ayudas a las
compañías eléctricas previsto en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página 8)
162/000411 Proposición no de Ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del Congreso,
Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(EAJ-PNV), sobre adecuación de los instrumentos normativos precisos
en relación con el ejercicio de la acción interna de regreso en caso
de responsabilidad patrimonial de la Administración ... (Página 9)
162/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre mejora de las pensiones más bajas de
nuestro sistema de Seguridad Social ... (Página 10)
162/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre valoración y perspectivas
de futuro del Pacto de Toledo ... (Página 11)
162/000414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre aumento de las pensiones mínimas y
revisión del Pacto de Toledo ... (Página 11)
CONTROL DE LA ACCIÓN
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000402
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre apoyo de España a la propuesta de
Directiva relativa a la participación de los trabajadores en la
sociedad anónima europea.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo de
España a la propuesta de Directiva relativa a la participación de los
trabajadores en la sociedad anónima europea para su debate y votación
en el Pleno de la Cámara, a instancia de los Diputados Ricardo
Peralta Ortega y Diego López Garrido (Nueva Izquierda).
La creciente integración económica europea, que ha alcanzado con la
aprobación de la moneda única uno de sus pilares básicos, sobre el
que será posible continuar el proceso con mayor firmeza y celeridad,
requiere con urgencia la regulación de un modelo societario europeo.
Es evidente que la realidad del nuevo modelo económico
DEL GOBIERNO
europeo hace necesaria la regulación de formas jurídicas societarias
de tal ámbito.
Esta es una tarea que viene ocupando ya a las instituciones europeas
desde hace casi tres décadas y que ha encontrado uno de sus escollos
más duros en el tema relativo a la participación de los trabajadores
en los órganos de gobierno de tales sociedades, aspecto sobre el que
en la actualidad existen distintos modelos en los países de la Unión.
En la última cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en
Colonia, el Gobierno de España bloqueó con su rechazo la aprobación
de una Directiva sobre esa materia, que había sido elaborada mediante
una cuidadosa labor de síntesis entre los distintos modelos
nacionales, respetando substancialmente la autonomía de las partes
sociales, y consiguiéndose de este modo el respaldo de todos los
Gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, con la única
excepción citada del de España, quien, con ello, impidió la
aprobación de la citada Directiva.
Esta posición del Gobierno español impide el avance social de la
Unión, avance social del que el primer beneficiario es nuestro país;
obstaculiza, asimismo, la normalización democrática europea, al
bloquear un solo país el acuerdo de todos los demás, y finalmente
pone de manifiesto la concepción profundamente conservadora del
actual Gobierno de España, que limita el juego de la autonomía de las
partes sociales, así como la participación de los trabajadores en el
gobierno de las empresas, sin que tal posición sea expresión de un
consenso nacional sobre la materia por cuanto los sindicatos
mayoritarios de nuestro país, CC. OO. y UGT, han manifestado su apoyo
a la propuesta de Directiva.
Por ello se formula la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, retirando las
objeciones a la propuesta de Directiva relativa a la participación de
los trabajadores en la sociedad anónima europea, haga pública ante
los organismos competentes de la Unión su voluntad de aprobar la
misma.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 1999.-Ricardo
Peralta Ortega, Diputado.-Diego López Garrido, Diputado.-Guillerme
Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000403
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día
29
del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre coordinación de los esfuerzos destinados
a la investigación y el desarrollo (I + D).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
coordinación de los esfuerzos destinados a I + D, para su debate en
el Pleno.
Exposición de motivos
La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica creó un organismo político-administrativo: la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) para
garantizar la institucionalización de la toma de decisiones, la
selección de prioridades y la coordinación de las diferentes
iniciativas gubernamentales en relación con la investigación y el
desarrollo científico (I + D), se buscó que la función coordinadora
general se asegurase por medio de la CICYT, integrada por
representantes de los ministerios con responsabilidades directas en I
+ D, y cuyo protagonismo correspondiese (por este orden) al
Ministerio de Educación y al de Industria y Energía. Se buscó que la
CICYT se convirtiera en una institución que acumulase recursos y
capacidades para la toma de decisiones, responsable de la política
científica y tecnológica y en particular de las relaciones
científicas internacionales. Tiene una comisión permanente
constituida por miembros de la CICYT y con una serie de atribuciones
concedidas por ésta.
El organigrama creado por la Ley ha sufrido diferentes cambios a lo
largo del tiempo, cambios que se han acentuado con las remodelaciones
efectuadas por el gobierno popular. El Grupo Parlamentario Socialista
ha preguntado al Gobierno en la legislatura actual sobre los pagos de
cuotas a organismos internacionales, la participación española en los
mismos y en proyectos internacionales. De las contestaciones se
deduce que no existe un solo instrumento encargado de aglutinar
globalmente los esfuerzos destinados a estos fines.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
1. Crear una rutina dentro de la Comisión Interministerial de Ciencia
y Tecnología para que todos los organismos reporten información a la
Permanente de la citada Comisión sobre los esfuerzos que dedican a I
+ D.
2. Que desde la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología se
envíe a la Comisión de I + D un informe al respecto.
Palacio del Congreso, 12 de julio de 1999.-Carmen Heras Pablo,
Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
162/000404
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre competencias de la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
competencias de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para
su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva tiene entre sus
funciones las de:
- Realizar con objetividad e independencia las tareas que le sean
asignadas por la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología, tanto en lo que se refiere a la evaluación
científico-técnica de los equipos de investigación que participen en
la ejecución de los programas del Plan Nacional como al seguimiento
de sus resultados.
- Realizar los estudios y análisis prospectivos que en materia de
investigación científica y desarrollo tecnológico le sean
encomendados por la Comisión Permanente de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología.
- Realizar las actividades de evaluación que le encomiende el
Secretario de Estado en el ámbito de los programas que gestione la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica.
En los últimos tiempos ha aumentado el número de entidades que
voluntariamente han solicitado su colaboración y es significativo el
número de delegaciones de carácter gubernamental y científico-técnico
que visitan la Agencia para recabar datos sobre su funcionamiento y
métodos de trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que todas las
solicitudes de ayudas relacionadas con I + D, que convoquen los
Ministerios de la Administración Central y en particular el
Ministerio de Educación y Cultura, sean evaluadas por la Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva (órgano creado para dicho fin),
previamente a cualquier otra posible evaluación que marcase la
convocatoria.»
Palacio del Congreso, 12 de julio de 1999.-Carmen Heras Pablo,
Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
162/000405
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día
29 de junio de 1999, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre programa de actuación concertado con las
Comunidades Autónomas sobre suelo de titularidad pública estatal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
programa de actuación concertado con las Comunidades Autónomas sobre
suelo de titularidad pública estatal, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Actualmente el acceso a la primera vivienda supone un esfuerzo
económico muy dificultoso para los que intentan adquirirla. Pero
cuando los que lo intentan son jóvenes que se encuentran con un
puesto de trabajo precario o grupos económicos menos favorecidos este
acceso se hace prácticamente imposible, pues a pesar de la bajada de
los tipos de interés de los préstamos hipotecarios, que en principio
iba a producir el abaratamiento de las viviendas, la tendencia del
precio de las mismas ha experimentado una subida generalizada que
puede llegar a encarecer su precio en un diez por ciento para este
año y presumiblemente llegar al doce por ciento para el año que
viene.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara, durante el próximo período de
sesiones, un programa de actuación concertado con las Comunidades
Autónomas sobre suelos de titularidad pública estatal cuando estos
suelos se desafecten del uso al que hayan estado destinados y una vez
satisfechas las necesidades de los organismos titulares de los
mismos. Dicho programa:
a) Será acorde con los objetivos de recuperación integrada de las
áreas degradadas de las ciudades y de mejora de la calidad ambiental
urbana.
b) Tendrá como objetivo la promoción de viviendas de alquiler de
precio asequible destinadas prioritariamente a los jóvenes.»
Palacio del Congreso, 12 de julio de 1999.-María Cristina Narbona
Ruiz, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Socialista del Congreso.
162/000406
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre subida de las pensiones mínimas y las
pensiones no contributivas en el ejercicio de 1999.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
subida de las
pensiones mínimas y las pensiones no contributivas en el ejercicio de
1999, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Los pensionistas del Sistema de Seguridad Social que están en los
niveles mínimos son los que sufren la doble cualidad de tener
pensiones muy reducidas y carecer de otro tipo de rentas. Si los
pensionistas, en general, forman parte de los segmentos de población
de menor renta disponible del país, los colectivos que se encuentran
en los niveles mínimos ingresan rentas inferiores al Salario Mínimo
Interprofesional, lo que equivale a decir que están en puros niveles
de subsistencia, vecino a la pobreza severa. En esta situación hay en
España un total de dos millones y medio de pensionistas, siendo los
colectivos más importantes los jubilados (millón y medio), viudas
(860.000) y huérfanos (109.000).
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 establece que
estos pensionistas reciban como subida un 1,8 por 100, que será
teóricamente lo que subirá el coste de la vida el próximo año, pero
como dicha subida se aplica a unas cifras modestísimas, la realidad
es que estos pensionistas van a tener, en la práctica, una subida que
oscilará entre las 303 pesetas para las pensiones de orfandad y las
1.190 pesetas para los jubilados mayores de 65 años y con cónyuge a
cargo.
En peor situación quedarán, aún, los 500.000 beneficiarios de
pensiones no contributivas. Estos ancianos e inválidos tendrán que
sobrevivir el próximo año con 37.955 pesetas mensuales y habrán
tenido una subida de sólo 675 pesetas al mes.
Lo que escandaliza y hace más injusta la situación de estos
pensionistas es que, simultáneamente, el Gobierno ha decidido
prescindir de unos ingresos superiores a 700.000 millones de pesetas
rebajando los impuestos y las retenciones que soportan las rentas
medias y altas del país, sin que, pese a la propaganda del Gobierno,
estas mejoras de fiscalidad alcancen a los pensionistas, y menos aún
a los que están en los niveles más bajos, ya que ni se les aplicaban
ni se les aplicarán a sus tramos de renta. En todo caso, lo cierto es
que el Gobierno se jacta de decir que las familias españolas van a
disponer de esos cientos de miles de millones adicionales a las
subidas de sus sueldos y rentas, y que de esas liberalidades resultan
excluidos precisamente los más necesitados.
En estas circunstancias, carecen de lógica y de sentido los discursos
sobre la imposibilidad de subir estas pensiones por encima del IPC, o
la imposibilidad de acercarlas al Salario Mínimo Interprofesional, ya
que parece disponer y ha dispuesto de ingentes recursos públicos para
mejorar la situación de los ciudadanos de rentas altas y medias,
otorgando beneficios a quienes más tienen y olvidándose de los que
sufren mayores carencias.
En esta situación, y a la vista de la marcha general de la economía
del país, donde todos los beneficios suben por encima del IPC, es el
momento de hacer buena para los pensionistas la propaganda del
«España va bien», aunque sea en una modesta medida y mucho más
moderada que los beneficios acordados para los grandes inversores y
los que ingresan elevadas rentas del capital o del trabajo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Presente ante las Cortes Generales las iniciativas legislativas y
solicite las autorizaciones pertinentes para que todos los que
perciben pensiones mínimas o de naturaleza no contributiva tengan en
1999 una subida adicional anual de 28.000 pesetas, a satisfacer en
una paga extraordinaria que se abonará antes del 31 de diciembre de
1999. Esta revalorización será financiada por el Estado mediante la
aportación al Sistema de la Seguridad Social de 80.634 millones de
pesetas.
2. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 la
revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas se
efectuará sobre la base que resulte de incrementar las cuantías que
para las mismas se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1999 con la subida adicional fijada en el apartado
anterior.»
Palacio del Congreso, 21 de julio de 1999.-Luis Martínez Noval,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000407
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre normas reguladoras de la tarifa eléctrica
para el año 1999.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre las Normas Reguladoras de la
Tarifa Eléctrica para 1999, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El establecimiento por el Gobierno de la tarifa eléctrica durante los
ejercicios 1997 y 1998 fue acompañado de una intensa propaganda
dirigida a justificar las reducciones de tarifas en la acertada
política del Gobierno en el proceso de liberalización del sector. La
realidad es que las reducciones para esos años debían haber sido
superiores a las reales si se hubieran aplicado las previsiones del
Protocolo Eléctrico de diciembre de 1996, ya que, tanto la evolución
de la demanda del sector como el comportamiento de los tipos de
interés, habían sido mucho más favorables para la situación
financiera de las empresas que las previsiones del citado Protocolo.
En la fijación de la tarifa para 1999, el Gobierno incluyó algunos de
los elementos acordados con las empresas del sector que habían sido
objeto de rechazo por amplios sectores de la oposición parlamentaria
y organismos independientes y de defensa de los usuarios. La
imposición de un recargo del 4,5 por 100 de la tarifa para pagar a
las empresas los «costes de transición a la competencia» (CTCs)
-ejercicio por el cual el Gobierno convierte costes de cuantía
indeterminada verificables año a año en derechos de cuantía fija a
percibir anticipadamente por las empresas- fue la consecuencia
directa de una modificación legal realizada a través de una enmienda
en el Senado a la «Ley de acompañamiento» de la de los Presupuestos
Generales del Estado para 1999, procedimiento que limitó
sustancialmente el derecho de los parlamentarios a debatir y aprobar
las leyes de acuerdo con los cauces reglamentarios establecidos y que
ha sido objeto, entre otros motivos, de un recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista
que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Recientemente, la Comisión Europea ha decidido que el sistema
utilizado por el Gobierno de España no entra dentro del ámbito de
aplicación del artículo 24 de la Directiva 96/92 sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y que la compensación a
las empresas eléctricas por los denominados «costes de transición a
la competencia», que se financia por medio del recargo del 4,5 por
100 sobre las tarifas, debe ser considerada como una ayuda de Estado
y, consecuentemente, someterse al análisis y, en su caso, aprobación
o denegación en el marco de las normas comunitarias de la
competencia.
En consecuencia, existen dudas razonables sobre la validez jurídica
de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley del Sector Eléctrico y
de las normas de desarrollo de la misma. Además, los consumidores
están pagando en la tarifa conceptos que pueden ser declarados, total
o parcialmente, incompatibles con la legislación comunitaria.
Por motivos de prudencia y de justicia, es necesario que los
consumidores españoles dejen de pagar una exacción cuya
compatibilidad con las normas comunitarias ha sido puesta en
entredicho por la Comisión Europea y que se suspenda la aplicación de
la norma legal que la sustenta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Pleno del Congreso insta al Gobierno a que:
1.o Reducir, en el plazo máximo de diez días y para el resto del
ejercicio de 1999, las tarifas eléctricas en la medida necesaria para
que, en el cómputo anual, quede excluido de su importe el recargo del
4,5 por 100 establecido en el concepto de «compensación por los
costes de transición a la competencia».
2.o Aprobar y presentar a la Cámara, en el plazo máximo de diez días,
un Real Decreto-Ley por el que se suspende la vigencia de la
Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, hasta que no se produzca una decisión
definitiva de la Comisión Europea en el procedimiento sobre ayudas de
Estado incoado a este respecto».
Palacio del Congreso, 26 de julio de 1999.-María Teresa Fernández de
la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000408
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre incentivos fiscales para propietarios de
viviendas en alquiler de renta antigua.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de incentivos
fiscales para propietarios de viviendas en alquiler de renta antigua,
para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En cumplimiento del mandato que se estableció en la Disposición
Adicional de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, el Grupo
Parlamentario Socialista ha venido reclamando al Gobierno en
numerosas ocasiones durante esta legislatura el establecimiento de
los incentivos fiscales previstos en esta disposición sin que hasta
el momento se tomara en consideración.
Por ello el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a reiterar la
necesidad de atender al mandato legal mencionado y por ello presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al establecimiento de
incentivos fiscales en el IRPF para aquellos propietarios de
viviendas en alquiler, y, en particular, para aquellos propietarios
de viviendas en alquiler de renta antigua cuyos inquilinos no estén
obligados a actualizar dicha renta.»
Palacio del Congreso, 12 de julio de 1999.-María Cristina Narbona
Ruiz, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del
Grupo Socialista del Congreso.
162/000409
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre ampliación del seguro de desempleo a
todos los trabajadores eventuales agrarios.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número
88150, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el
Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al
artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de
la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla
en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo
al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ampliación
del seguro de desempleo a todos los trabajadores eventuales agrarios
para su debate y votación en el Pleno de la Cámara, a instancia del
Diputado Ricardo Peralta Ortega (Nueva Izquierda).
En el Acuerdo sobre Empleo y Protección Social Agraria de 4/11/96
firmado por el Gobierno con las Centrales Sindicales más
representativas, CC.OO. y UGT, se dedica el apartado uno de su
epígrafe tercero a desarrollar «el sistema futuro de protección por
desempleo de los trabajadores eventuales agrarios» y se afirma que
«ambas partes manifiestan la conveniencia de la extensión al
colectivo de los trabajadores eventuales agrarios de España del
sistema de desempleo contributivo, sistema que deberá convivir, en el
caso de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura con el
subsidio agrario, con las modificaciones que, en su caso, se
acuerden».
Dicha extensión se preveía en ese mismo apartado que tuviera
efectividad en 1 de enero de 1998.
Con tales previsiones se concretaba la voluntad explicitada en el
preámbulo del mismo AEPSA de llevar a cabo «la extensión al colectivo
de trabajadores eventuales agrarios de España del sistema de
desempleo contributivo, con el objetivo de su establecimiento el día
1 de enero de 1998».
Tal compromiso ha resultado incumplido hasta el día de hoy, sin que
la importancia del objetivo a cubrir con tal compromiso permita dar
por buenas las razones alegadas para su incumplimiento.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter
inmediato, adopte las medidas legislativas oportunas que garanticen
con efectos de 1 de enero del año 2000 la extensión al colectivo de
los trabajadores eventuales agrarios de España del sistema de
desempleo contributivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1999.-Ricardo
Peralta Ortega, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
162/000410
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre supresión del régimen de ayudas a las
compañías eléctricas previsto en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley para la supresión
del régimen de ayudas a las compañías eléctricas previsto en la Ley
50/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia del Diputado
Joan Saura Laporta (Iniciativa per CatalunyaVerds).
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
en concreto, en el trámite del Senado, los grupos parlamentarios que
conforman la mayoría de esta Cámara, introdujeron una disposición en
el proyecto de ley, para permitir a las empresas eléctricas la
percepción de un recargo del 4,5 por 100 en el recibo de la luz,
durante un período de diez años.
Esta disposición modificaba el acuerdo que, anteriormente y por medio
de la Ley 54/1997, se había alcanzado para compensar los posibles
costes de transición a la competencia de este sector. La novedad de
esta modificación es que se procedía a un cálculo previo de estos
costes, no justificado por nadie, ni por las empresas eléctricas ni
por el Gobierno. Se decidió que esos costes ascenderían a un billón
trescientos mil millones de pesetas
esta decisión se adoptó en contra de la opinión contundente del ente
regulador que determinaba la transparencia y la competitividad del
sistema eléctrico: la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Seguramente esta enmienda, introducida en el Senado y mediante un
procedimiento legislativo cuya constitucionalidad ya está
cuestionándose, fue en la historia del Parlamento español la más cara
para los ciudadanos.
Esta concesión a las compañías eléctricas fue calificada por el
Gobierno, ante la Comisión Europea, como un régimen de compensación,
en un intento de esquivar las normas comunitarias contrarias a la
subsidiación de empresas: pretensión rechazada por la Comisión en una
decisión que, a principios de este mes, confirmó su naturaleza de
«ayudas del Estado», lo que pone en entredicho su adecuación a la
normativa europea.
Sin embargo, el Gobierno mantiene el recargo previsto en este régimen
de ayudas en detrimento de los consumidores y usuarios, que siguen
viendo como se encarece artificialmente la factura de su consumo
eléctrico. Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inmediatamente
adopte las medidas necesarias para la supresión del régimen de ayudas
a las compañías eléctricas previsto en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social».
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1999.-Joan
Saura Laporta, Diputado.-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
162/000411
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió) y
Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre adecuación de los instrumentos normativos
precisos en relación con el ejercicio de la acción interna de regreso
en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por
el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo a los
Grupos proponentes.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios del Congreso abajo firmantes, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente Proposición
no de Ley, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la institución de la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas, éstas han de indemnizar los daños y
perjuicios causados a los particulares, abonando indemnizaciones que
suponen para el erario público una cifra cuantiosa.
Desde la consideración de que la responsabilidad de la Administración
es un pilar del Estado de Derecho y está consagrada en la
Constitución (artículo 106), debe también configurarse no sólo como
un instrumento indemnizatorio sino también y sobre todo expresión de
la idea de justicia.
En este sentido la institución debe servir también como instrumento
interno en un doble sentido. En primer lugar, para corregir las
deficiencias e influir en el futuro en el modo de gestionar dicho
servicio.
En segundo lugar, debe servir, como instrumento de justicia, para
asignar y distribuir una mayor responsabilidad de los causantes del
daño. En este sentido tiene que evitarse que sea sólo un mecanismo
que permita indemnizar al particular lesionado pero haga inmune a la
autoridad o funcionario concreto responsable del daño.
Hasta hace muy poco tiempo, la «acción de regreso» era potestativa,
haciendo en la práctica que nadie respondiese. En cambio en la
reciente Ley 4/1999, de 13 de enero, pasa a ser configurada como
imperativa («exigirá») en el artículo 145.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, cuando el funcionario
o autoridad hubiese actuado por «dolo, culpa o negligencia grave».
No obstante, el cambio legal introducido debe traducirse en la
adaptación de las demás normas, cualquiera que fuera su rango, que
deben especificar esa previsión, concretándose los trámites y órganos
competentes para llevarlo a efecto, entre los cuales debe
aprovecharse la posición y relevancia de la Abogacía del Estado y
otros Servicios Jurídicos.
Todo ello, tiene que servir para que se impulse y se ejerciten en la
práctica esa acción de repercusión en los casos previstos en la Ley
con las garantías que en las normas jurídicas se establecen.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adecuen los
instrumentos normativos precisos para que la acción interna de
regreso en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración,
se ejercite de forma efectiva contra autoridades y funcionarios en
caso de dolo, culpa o negligencia grave.»
Madrid, 18 de mayo de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.- Iñaki Mirena Anasagasti
Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Luis
Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.-Manuel José Silva Sánchez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).-María Teresa Fernández
de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000412
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre mejora de las pensiones más bajas de
nuestro sistema de Seguridad Social.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de las
pensiones más bajas de nuestro sistema de Seguridad Social para su
debate y votación en el Pleno de la Cámara, a instancia de los
Diputados de Nueva Izquierda.
La conciencia de la existencia en nuestro sistema de Seguridad
Social, de un segmento de pensiones de muy baja cuantía, alejado de
los parámetros de suficiencia y dignidad proclamados por la
Constitución, llevó a que todos los Grupos Parlamentarios asumieran,
en el «Pacto de Toledo», el objetivo de mejorar específicamente
dichas pensiones.
En cumplimiento de esa recomendación, el Gobierno y los sindicatos
acordaron diversas medidas encaminadas a la mejora de algunas de
tales pensiones más bajas, en concreto, las de viudedad y orfandad.
Reconociendo lo hecho en tal sentido, no es menos cierto que siguen
subsistiendo en este país, un número significativo de otras pensiones
de cuantía muy baja, especialmente las no contributivas, que no han
sido objeto de ninguna medida de mejora específica por parte del
Gobierno en esta Legislatura, sino que han recibido el mismo trato
que las restantes pensiones.
Ante esta realidad, diversas Comunidades Autónomas han decidido
abordar, con cargo a sus fondos propios, y en uso de su autonomía y
de sus competencias estatutarias, un complemento para los perceptores
de pensiones más bajas.
La multiplicación de estas iniciativas acredita la fundada conciencia
general de la insuficiencia de algunas pensiones y la voluntad de la
mayoría de las instituciones políticas de aplicar alguna solución a
esa realidad.
En esta situación parece adecuado, sin embargo, evitar cualquier
discriminación injusta, siendo urgente en opinión de Nueva Izquierda,
llevar a cabo una actuación de carácter general encaminada a la
mejora de las pensiones más bajas de nuestro sistema de Seguridad
Social, en cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo
para esta Legislatura.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que convoque con
urgencia a las fuerzas políticas y sociales corresponsables del Pacto
de Toledo para acordar a lo largo del mes de septiembre un conjunto
de medidas, tanto en el ámbito de la Administración Central como
mediante acuerdos con las Comunidades Autónomas, que mejoren, de
forma específica y con efectos de 1 de enero del año próximo, la
situación de los perceptores de las pensiones más bajas de nuestro
sistema de Seguridad Social.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 1999.-Diego
López Garrido, Diputado.-Ricardo Peralta Ortega, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
162/000413
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre valoración y perspectivas de futuro del
Pacto de Toledo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre valoración y perspectivas de futuro del Pacto de Toledo,
para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La difícil situación en que se encontraba nuestro Sistema de la
Seguridad Social hizo necesario que se adoptaran medidas para
garantizar convenientemente su futuro.
El Pacto de Toledo, firmado en la pasada Legislatura con el acuerdo
de todos los Grupos Parlamentarios, que garantiza la viabilidad y
supervivencia del Sistema Público de Pensiones de la Seguridad
Social, es un fiel reflejo de la preocupación y responsabilidad
política por mantener el nivel de protección social alcanzado en la
llamada Sociedad del Bienestar.
En la presente Legislatura, con la participación decidida de los
Agentes Sociales se alcanza el Acuerdo sobre Consolidación y
Racionalización del Sistema de la Seguridad Social de 9 de octubre de
1996, consecuencia del Pacto de Toledo, que recoge la necesidad de
mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y de adoptar aquellas
medidas que hagan viables las prestaciones para quienes en el
futuro cesen en su actividad laboral.
La constante preocupación del Gobierno desde mayo de 1996 en materia
de pensiones y por la creación de empleo, se ha traducido en una
espectacular evolución en el ritmo de afiliación a la Seguridad
Social, lo que, en definitiva y dado el sistema de separación de
fuentes, nos permite afirmar que en el 2000 los perceptores de
pensiones contributivas lo harán íntegramente con cargo a las
cotizaciones sociales.
Transcurrido un plazo razonable puede, por lo tanto, hacerse una
valoración positiva del Pacto de Toledo y de la aplicación que de sus
recomendaciones ha hecho el Gobierno y, en definitiva, establecer las
bases para su desarrollo futuro.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Pleno del Congreso de los Diputados considera necesario se
proceda de forma urgente, por la Comisión de Política Social y
Empleo, a la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación
de las recomendaciones del Pacto de Toledo y en base a ello estudiar
su desarrollo de futuro, dentro de los criterios de estabilidad,
sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España, que
permita garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar
de nuestros pensionistas, con especial atención a las pensiones de
menor cuantía.»
Madrid, 18 de agosto de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000414
La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación
conferida por la Mesa, en su reunión del día 29 de junio de 1999, ha
adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre aumento de las pensiones mínimas y
revisión del Pacto de Toledo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Mixto presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre el aumento de las pensiones
mínimas y revisión del Pacto de Toledo, para su debate en el Pleno de
la Cámara, a instancia del Diputado y Diputada de Iniciativa per
Catalunya-Verds.
Desde hace unos meses se ha reabierto el debate sobre las pensiones
en España. La cuantía de las pensiones mínimas, la competencia de las
Comunidades Autónomas o la propia sostenibilidad del sistema público
de pensiones son, entre otras muchas, algunas de las cuestiones
debatidas.
La firma del Pacto de Toledo en la pasada Legislatura y su posterior
desarrollo en el Acuerdo de consolidación y racionalización del
Sistema de Seguridad Social han significado un refuerzo del sistema
de protección social. No obstante, el Gobierno no ha aprovechado el
ciclo económico expansivo de la economía española para separar
totalmente las fuentes de financiación según la naturaleza de la
protección, ni tampoco para crear el fondo de reserva previsto en el
propio Pacto de Toledo, ni para aumentar de forma sustancial la
cuantía de las pensiones mínimas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000, una subida significativa de
las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, con
la perspectiva de equiparar la pensión mínima contributiva al salario
mínimo interprofesional y las no contributivas al 80 por 100 de la
pensión mínima contributiva.
2. Insta al Gobierno a contemplar en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 la separación de
las fuentes de financiación según la naturaleza de la protección y en
consecuencia los complementos de mínimos sean financiados con la
fiscalidad general, de conformidad con lo previsto en el Pacto de
Toledo.
3. Insta al Gobierno a iniciar con los agentes sociales un diálogo
que permita revisar de forma consensuada el Pacto de Toledo en el año
2001.
4. Considera necesario que la Comisión de Política Social y Empleo y
la Comisión de Presupuestos inicien los trabajos parlamentarios para
revisar el Pacto de Toledo con el objetivo de fortalecer el sistema
público de pensiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 1999.-Joan
Saura Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
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