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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 455, de 30/06/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 30 de junio de 1999 Núm. 455 GENERAL
ÍNDICE Control de la acción del Gobierno
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000007 Propuestas de Resolución presentadas por los Grupos
Parlamentarios con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación ... (Página 2)
Resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados con
motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000007
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las propuestas de resolución presentadas por los
Grupos Parlamentarios con motivo del debate de política general sobre
el estado de la Nación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Propuesta de resolución núm. 1
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana) formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el
plazo de seis meses un Proyecto de Ley Orgánica de modificación del
Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el que se
contemple la extensión o generalización del Acuerdo o Concierto
económico vigente en las Comunidades Forales como modelo de
financiación autonómica para el conjunto de las Comunidades
Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Diputado.
Propuesta de resolución núm. 2
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana) formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en cumplimiento
de la Propuesta de Resolución, aprobada por el Pleno del Congreso en
el Debate de
política general (12 de junio de 1997), sobre actuaciones en materia
de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad, adopte el acuerdo
de considerar inversión prioritaria la línea de alta velocidad
Madrid-Comunidad Valenciana, incluyendo las actuaciones del Proyecto
Parque Central y soterramiento de vía área metropolitana de Valencia;
asumiendo la financiación de la citada infraestructura con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado y de fondos europeos,
canalizando, asimismo, la participación de capitales privados de
conformidad con el PDI 1993-2007.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Diputado.
Propuesta de resolución núm. 3
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana) formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir ante la Unión
Europea medidas compensatorias para los productores agrarios
españoles cuyos productos van a resultar afectados por loa acuerdos
preferenciales firmados por la UE con terceros países (Subdáfrica y
Egipto) que incluyen ventajas arancelarias y comerciales lesivas para
las producciones agrarias mediterráneas.
En tal sentido, solicitamos que el Gobierno español inste a los
órganos de la UE a la adopción de las medidas necesarias para
salvaguardar los productos agrarios mediterráneos ante la próxima
Ronda de Singapur de la Organización Mundial de Comercio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Diputado.
Propuesta de resolución núm. 4
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana) formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el
plazo de tres meses un Proyecto de Ley de Integración Sociolaboral
del Discapacitado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Diputado.
Propuesta de Resolución núm. 5
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Interrupción voluntaria del embarazo.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, de manera
inmediata, impulse una modificación legislativa que amplíe los
supuestos de despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo, de acuerdo con los criterios jurídicos vigentes en la
mayoría de los países de la Unión Europea; contemple globalmente
todos los aspectos que inciden en esta problemática; asegure la
libertad, la dignidad y la intimidad de la mujer, garantizando
plenamente su capacidad para decidir por sí misma, y garantice la
existencia de centros sanitarios suficientes para la práctica de
interrupciones voluntarias del embarazo en todas las Comunidades
Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 6
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Reprobación de la gestión del Ministro de Fomento.
La situación del transporte aéreo en España durante los últimos meses
se ha caracterizado por un auténtico caos, y así se ha percibido por
toda la opinión pública y, especialmente, por los miles de ciudadanas
y ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, que han tenido que
recurrir a ese medio de transporte.
Las múltiples evasivas presentadas por el Gobierno como causas de
este caos y las «precisas instrucciones» emitidas desde la
Presidencia del Gobierno para solucionar
el caos aeroportuario no han conseguido evitar que afrontemos la
temporada turística estival con un panorama desolador en un sector
verdaderamente estratégico.
Por ello, el Congreso de los Diputados, ante la falta de previsión
para adaptar nuestras infraestructuras al incremento del tráfico
aéreo, y su demostrada incapacidad para solucionar la caótica
situación de este sector, acuerda reprobar la gestión del Ministro de
Fomento, don Rafael Arias-Salgado Montalvo, como medida primera e
imprescindible para afrontar la normalización del tráfico aéreo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 7
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Transporte ferroviario.
El desarrollo futuro de las líneas ferroviarias de alta velocidad es
una cuestión trascendental en el marco de la política e
infraestructuras de transporte en nuestro país y, por ello, requiere
de un amplio consenso que supere el actual uso partidista y
propagandístico del mismo.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar
en esta Cámara en el plazo de cuatro meses un plan detallado del
futuro desarrollo de las líneas ferroviarias de alta velocidad en
nuestro país, con expresión clara de las prioridades, previsión
temporal de la ejecución de las obras y concreción de su financiación
pública.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 8
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Autopistas de peaje.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de
quince días ponga en vigor la rebaja del 7 por 100 del importe de las
tarifas de las autopistas depeaje establecido en el Real Decreto-ley
6/1999, de 16
de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia. Asimismo, insta al Gobierno a que de inmediato inicie
contactos con las diferentes Comunidades Autónomas para acordar con
las mismas un plan de rescate total o parcial de determinadas
concesiones de autopistas de peaje.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 9
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Inmigración.
La presencia de inmigrantes en nuestro país queda muy por debajo de
la media europea, y ello a pesar de que nuestro país no sólo debe
compartir solidariamente los problemas en tal sentido planteados en
Europa, sino que además tiene especiales vínculos con determinadas
zonas del planeta que han resultado afectadas en los últimos meses
por diversos desastres que han agravado notablemente los problemas
estructurales de las mismas.
Por ello, y atendiendo asimismo a las nuevas exigencias planteadas
últimamente en nuestro continente, resulta necesario revisar el
contingente aprobado por el Gobierno este año.
En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
revisar de forma extraordinaria el contingente de inmigrantes
aprobado para este año, incrementándolo en un 50 por 100.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 10
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Desempleo.
El sistema de protección económica por desempleo en nuestro país
presenta indudables deficiencias que se ponen de manifiesto, de una
parte, en que la cobertura
total del mismo alcanza sólo al 50 por 100 de los desempleados
registrados en el INEM y, de otra, en que de ese 50 por 100 protegido
la mitad del mismo tan sólo percibe la prestación no contributiva en
cuantía del 75 por 100 del salario mínimo interprofesional.
Estas deficiencias de protección resultan especialmente
injustificadas por cuanto el sistema de desempleo de nuestro país
viene registrando un importante superávit que es destinado a
financiar a las empresas que realicen determinados contratos
laborales.
Esta situación dista mucho de la realidad europea con la que debemos
converger también en el ámbito social y, por ello, debe ser corregida
con urgencia, atendiendo la exigencia específica del artículo 41 de
la Constitución Española.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar
en esta Cámara en la primera quincena del próximo mes de septiembre
un plan detallado que garantice el incremento en un plazo de dos años
de la tasa de cobertura bruta de protección económica por desempleo
en nuestro país hasta el 60 por 100 del paro registrado en el INEM.
En dicho plan se contemplará la entrada en vigor con efectos de 1 de
enero próximo de la ampliación a todos los trabajadores agrícolas por
cuenta ajena del sistema general de protección por desempleo, sin
perjuicio del mantenimiento, en los términos que se acuerden con los
sindicatos más representativos, de aquellos planes especiales que se
aplican en la actualidad en determinadas zonas geográficas afectadas
por un especial desempleo agrario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 11
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados de Nueva Izquierda.
Televisión.
El Congreso de los Diputados, reconociendo el valor social, cultural
y educativo de la televisión como factor de progreso, cuando su
funcionamiento es correcto, y preocupado por la baja calidad de las
emisiones televisivas en su conjunto, insta al Gobierno a que:
1. Aplique con rigor la normativa vigente, para evitar actuaciones
contrarias a la regulación publicitaria, a los derechos de los
usuarios y a la protección de la infancia y la juventud.
2. Modifique las prácticas habituales en Radiotelevisión Española y
favorezca, en su lugar, el pluralismo informativo, el acceso de los
grupos sociales y políticos
3. Asegure la inclusión, en el próximo Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado, de los créditos presupuestarios
suficientes para garantizar la viabilidad y la suficiencia económica
de RTVE y reducir sustancialmente su deuda.
4. Adopte las iniciativas legislativas necesarias para la regulación
normativa de las televisiones locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 12
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
de los Diputados y Diputadas de Nueva Izquierda e Iniciativa per
Catalunya-Verds.
Situación en la zona de los Balcanes.
La adopción de un acuerdo sobre el conflicto de Kosovo por parte de
Naciones Unidas, a partir de la iniciativa del llamado G-8, ha
supuesto el cese inmediato de los bombardeos, el despliegue de una
fuerza de interposición y la creación de las primeras condiciones
para el retorno de los desplazados albano-kosovares.
Sin embargo, la tarea de reconstrucción y de estabilización política
y económica de la zona todavía exigiría de nuestros esfuerzos. La
comunidad internacional y, en particular, Europa, debe sacar
conclusiones de los hechos producidos en el pasado y actuar
decididamente para que sucesos como éste no vuelvan a repetirse.
Por ello, el Congreso de los Diputados:
1. Muestra su apoyo a los acuerdos y resoluciones que han puesto fin
al conflicto armado en Kosovo, considera que Naciones Unidas debe
asumir el máximo protagonismo en la fase que ahora se abre e insta al
Gobierno a colaborar en dicho proceso con todos los medios a su
alcance.
2. Insta al Gobierno a redoblar los esfuerzos de ayuda humanitaria a
los desplazados en cooperación con ACNUR y las Organizaciones no
Gubernamentales con experiencia acreditada.
3. Insta al Gobierno a colaborar con el Tribunal Internacional para
el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves
del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de
la ex Yugoslavia, en la persecución de los presuntos criminales de
guerra procesados por el mismo.
4. Insta al Gobierno a defender, ante los órganos competentes de la
Unión Europea, ayuda a los Estados de la zona para asegurar una
pronta estabilización de los Balcanes. En el menor tiempo posible la
Unión Europea debe habilitar los créditos presupuestarios necesarios
para la reconstrucción y el desarrollo de la zona y, en colaboración
con Naciones Unidas, promover la celebración de una Conferencia sobre
los Balcanes en la que se aborde en conjunto y en profundidad el
futuro de esta zona de Europa sobre la base de la estabilidad de las
fronteras, la promoción y el respeto de los derechos humanos de todos
los habitantes de la zona y la provisionabilidad de los
«protectorados de hecho» existentes.
5. Insta al Gobierno a informar periódicamente en el Congreso de los
Diputados sobre la situación en la zona y el cumplimiento de esta
Propuesta de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-José
María Chiquillo Barber, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Mixto.-Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta,
Diputado.
Propuesta de Resolución núm. 13
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
del Diputado Joan Saura y la Diputada Mercé Rivadulla, de Iniciativa
per Catalunya-Verds.
Sanidad y calidad de los alimentos.
Los recientes sucesos y episodios de fraude en el sector alimentario
español y europeo han motivado una generalizada falta de confianza de
los consumidores en la calidad de los alimentos, basada
fundamentalmente en el posible peligro para la salud que suponga el
consumo de estos productos. A ello se añade el perjuicio económico
que esta situación conlleva para los sectores ganadero, avícola,
lácteo y, en general, todo el sector alimentario.
En la Unión Europea es claro que no se ha podido conseguir el
establecimiento de controles de calidad e higiénico-sanitarios
suficientes. Actualmente, a raíz de los problemas generados por el
denominado «mal de las vacas locas», la competencia sobre estos
controles ha dejado de atribuirse a la Dirección General de
Agricultura, y han pasado a la Dirección General de Política de los
Consumidores y Protección de la Salud.
En España, el control de la calidad y de las condiciones higiénico-
sanitarias de la cadena alimenticia corresponde a multitud de
organismos y Administraciones Públicas, por lo que no se dan las
condiciones para un control regular y sistemático sobre el conjunto
de esta cadena y de los productos que genera.
Por ello, parece conveniente que el Estado y las Comunidades
Autónomas actúen de forma coordinada en el establecimiento de
controles que aseguren la calidad de las materias primas de los
procutos alimenticios y las condiciones sanitarias de estos
productos, mediante la creación de una Agencia pública y con
competencias en todo el Estado, al igual que la recientemente
constituida en el Reino Unido, que asuma las funciones que en esta
materia se encuentran dispersas en los Ministerios de Sanidad y
Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, y Economía.
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
colaboración y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas, adopte las medidas necesarias para que:
1. Se constituya una Agencia Pública de Alimentos, como organismo
autónomo, que tenga atribuidas las competencias sobre control
exhaustivo de la calidad y de las condiciones sanitarias de los
alimentos, de las materias primas utilizadas en su producción y, en
general, de toda la cadena de producción alimenticia.
2. Impulse la aprobación de normas sobre etiquetado de los productos
alimenticios, que contemplen la obligación de reseñar en todo caso:
a) La procedencia de las materias primas.
b) El lugar de fabricación.
c) La totalidad de los componentes o ingredientes del producto.
3. Se impulse la creación de un organismo internacional con
competencias efectivas sobre sanidad y seguridad alimentaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José María
Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 14
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
del Diputado Joan Saura y la Diputada Mercé Rivadulla, de Iniciativa
per Catalunya-Verds.
Transgénicos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte
urgentemente las medidas necesarias para:
1. Prohibir inmediatamente la utilización de genes de resistencia a
antibióticos en las plantas transgénicas, por constituir un riesgo
para la salud humana y el medio ambiente.
2. Establecer una moratoria en la liberalización de organismos
modificados genéticamente, mientras no se apruebe un Protocolo
Internacional sobre Bioseguridad, vinculante para España y basado en
el principio de precaución como piedra angular sobre la que tomar
decisiones en este ámbito, que:
a) Tenga en cuenta los impactos socioeconómicos, sobre la salud y
sobre el medio ambiente, de la liberación de estos organismos.
b) Incluya todos los organismos modificados genéticamente y sus
derivados.
c) Reconozca el derecho de cualquier Estado a prohibir un organismo
modificado genéticamente, por causa de los impactos antes
mencionados.
d) Contemple la necesidad de informar previamente al Estado receptor
de un cargamento de estos organismos o sus derivados, no pudiendo
efectuar la exportación hasta no recibir su consentimiento.
e) Recoja la obligación de separar los organismos modificados
genéticamente y sus derivados, para su correcto etiquetado y
seguimiento.
f) Incluya reglas de amplio alcance que establezcan un régimen
internacional de responsabilidades que cubra los potenciales daños
por la liberalizacion de estos organismos.
3. Informar periódicamente sobre los productos que, en el área de la
alimentación y agricultura, están autorizados en España, los
pendientes de autorización y los que les ha sido rechazada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José María
Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 15
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
del Diputado Joan Saura y la Diputada Mercé Rivadulla de Iniciativa
per Catalunya-Verds.
Cierre progresivo de las centrales nucleares.
«El actual modelo energético del Estado español, basado en gran parte
en la energía nuclear, en el procedimiento ilimitado del consumo y en
el derroche de energía, provoca problemas medioambientales. La
energía nuclear (en clara recesión en todo el mundo), ha demostrado
no ser rentable económicamente, ha provocado
diversos accidentes como la catástrofe de Chernobil, estuvo a punto
de provocar una grave catástrofe en Vandellós y ha generado millones
de toneladas de residuos radiactivos, algunos de ellos con una vida
de hasta 10.000 años -un período de tiempo equivalente al
transcurrido desde el Neolítico hasta nuestros días-, provocando con
su acumulación lo que puede ser la agresión medioambiental más grave
que haya sufrido nunca el planeta Tierra.
El impacto negativo que el actual enfoque provoca en el medio
ambiente tiene que ser el principal estímulo, enfocándolo hacia la
diversificación de las fuentes de energía, un consumo más responsable
y eficiente de nuestros recursos, una planificación energética basada
en la gestión de la demanda, un impulso decidido de las energías
limpias y renovables, en línea con la última propuesta de la Comisión
Europea de producir en el año 2010 un 12 por 100 de energía
procedente de fuentes renovables y la erradicación decidida de la
energía nuclear.
Podemos pararnos a revisar algunos datos sobre el impacto de la
energía nuclear como un ejemplo de lo que puede devenir la factura de
Chernobil. Oficialmente se reconocen 131.000 kilómetros cuadrados
gravemente contaminados en Bielorrusia, Ucrania y Rusia, una
superficie equivalente a tres veces Bélgica. Más de cinco millones de
personas viven es estas áreas con niveles de radiactividad totalmente
inaceptables.
La contaminación por cesio de los alimentos es diez veces superior a
la normal. Los cánceres de tiroides en la población de Bielorrusia se
han multiplicado por 24. Un estudio reciente de la Sociedad Nuclear
Española calcula que se producirán 20.000 casos de cánceres añadidos
dentro de la Unión Europea a causa de la contaminación producida por
Chernobil. Cerca de 125.000 personas han muerto a causa del accidente
según el Ministerio de Salud de Ucrania. Las estimaciones oficiales
del número de muertos que se producirán como consecuencia del
accidente de Chernobil en todo el mundo en los próximos 70 años se
valoran en 500.000 personas. La estimación del coste económico que
comportará el accidente hasta el año 2000 es entre 39,6 y 50,1
billones de pesetas. Éste y muchos otros argumentos de peso se
podrían alegar para reclamar el abandono progresivo y urgente del uso
de la energía nuclear en el Estado español.
La alternativa al actual modelo energético es una planificación
basada en la demanda. Este principio se basa en la Planificación
Integrada de Recursos (PIR), que busca encontrar un equilibrio entre
las alternativas de la oferta y las que consisten en acciones de
gestión de la demanda (reducción y mejora de la eficiencia en el
consumo y, en general, modificaciones beneficiosas de la curva de
carga), con un coste mínimo para la sociedad.
La gestión de la demanda (GdD) se puede definir genéricamente como el
conjunto de actividades de las empresas energéticas cuyo objetivo es
influir en el uso que los usuarios hacen de la energía, con el fin de
optimizar el consumo, reduciéndolo de una forma significativa. Por
tanto, se trata de dar mejores o iguales servicios consumiendo menos
energía. Se trata de cambiar el concepto de empresa distribuidora de
energía por el de empresa que ofrece servicios energéticos integrales
a sus
clientes. El nivel de implantación de la GdE varía según los países.
En los Estados Unidos se realizan programas de GdD en más de 300
empresas, admitiendo los agentes reguladores la inclusión de los
costes relativos de estos programas y compensando las posibles
pérdidas resultantes de la posible reducción de ingresos por venta de
electricidad.
Según el Plan Energético Nacional (PEN 91), la demanda de energía
primaria en España el año 1990 fue de 89.701 ktep de los que más de
la mitad, 52,59 por 100, tenían su origen en el petróleo, el 20,92
por 100 en el carbón y el 15,76 por 100 en la energía nuclear. Sólo
el 5,2 por 100 de las necesidades energéticas españolas se cubrieron
con energías renovables, incluyendo la gran hidráulica, para el año
2000 se prevé que el consumo aumente un 24 por 100. Es cuestionable
la necesidad de consumir tanta energía. Un informe de Greenpeace,
'Ahorro y Eficiencia Energética: el enfoque de la demanda en la
planificación eléctrica para España', demuestra y concluye que es
posible ahorrar electricidad utilizando mejor la tecnología,
concretando que este ahorro podrá ser del 30 por 100, y llegar
incluso al 50 por 100 con tecnología considerada avanzada en el
momento del estudio. Otro trabajo, 'Energía 2000', de AEDENAT
(Asociación para la Defensa de la Naturaleza), demuestra cómo se
puede hacer una planificación energética erradicando progresivamente
la energía nuclear.
Recibimos cantidades de energía proveniente del sol en forma de
radiación difusa. Tanta energía recibimos que el gasto energético del
conjunto de la humanidad representa solamente el 0,006 por 100 de la
radicación solar que el planeta recibe. Las posibilidades, por tanto
de explorar la energía solar, en todas sus vertientes, son infinitas.
Últimamente una noticia ha visualizado que las propuestas que suponen
un cambio de modelo energético son posibles. Dos países de la Unión
Europea han anunciado el fin de la producción de energía nuclear en
su territorio. Suecia ha optado por el cierre de sus 12 reactores
nucleares y lo ha hecho con un calendario y con una fecha límite: el
2010. En Alemania, el Gobierno y la industria de electricidad han
acordado un plan de abandono del citado tipo de energía, de forma que
se prevé una duración de 35 años para cada una de las 19 centrales en
servicio. De esta forma, la más reciente de ellas será desconectada
en el 2024. El Plan prevé la prohibición de nuevos reactores.
Tenemos, pues, alternativas al uso de la energía nuclear,
considerando el peligro de este tipo de energía, considerando que la
explotación de las centrales nucleares comportan la generación de
unos residuos radiactivos de muy larga vida, gestionados actualmente
por la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), con la aportación de un
1,3 por 100 del total de la factura de la luz por parte del usuario
para financiar un plan basado en el soterramiento de estos residuos,
y teniendo en cuenta que el almacenaje de los residuos radiactivos de
alta actividad en superficie es una alternativa mejor.
Así pues, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder al cierre progresivo de todas las centrales nucleares del
Estado en un tiempo a determinar, pero no superior a los diez años,
de acuerdo con todos los sectores sociales, partidos políticos y
organizaciones ecologistas.
2. Proceder, una vez este cierre sea acordado, a la redacción de un
nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, de acuerdo con todos
los sectores antes mencionados, que contemple un emplazamiento
consensuado para los mismos y en superficie.
3. Mientras no se ponga en funcionamiento lo establecido en los
puntos anteriores, el Gobierno regulará la posibilidad que los
consumidores del servicio eléctrico que lo deseen puedan destinar el
1,3 por 100 del recibo de la luz, que en la actualidad sirve para
financiar los planes de ENRESA, a la promoción de energías limpias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José María
Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 16
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo
Mixto formula la siguiente Propuesta de Resolución, con motivo del
debate de política general sobre el estado de la Nación, a instancia
del Diputado Joan Saura y la Diputada Mercé Rivadulla de Iniciativa
per Catalunya-Verds.
Mujer.
El Congreso de los Diputados, consciente de que la igualdad entre
hombres y mujeres es todavía una aspiración de la sociedad, y para
superar ese déficit democrático, y teniendo en cuenta que la vigente
legislación no da una respuesta adecuada a la problemática que se
manifiesta en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, insta
al Gobierno para que:
1. De manera inmediata impulse una modificación legislativa que
amplíe los supuestos de despenalización de la interrupción voluntaria
del embarazo, de acuerdo con los criterios jurídicos vigentes en la
mayoría de los países de la Unión Europea; contemple globalmente
todos los aspectos que inciden en esta problemática; asegure la
libertad, la dignidad y la intimidad de la mujer, garantizando
plenamente su capacidad para decidir por sí misma, y garantice la
existencia de centros sanitarios suficientes para la práctica de
interrupciones voluntarias del embarazo en todas las Comunidades
Autónomas.
2. Dé prioridad presupuestaria y con mayor financiación a las
acciones necesarias para que la ayuda eficaz e inmediata a las
mujeres que sufren malos tratos les impida continuar en silencio, y
puedan plantearse su independencia económica y su dignidad como
personas.
3. Se proceda a la inmediata creación del fondo de garantía de
pensiones alimenticias y compensatorias que impida el abandono que
significa el impago de las mismas.
4. Sea posible la habilitación de los medios judiciales necesarios
para que pueda crearse un Juzgado de Guardia para Asuntos de Familia
que pueda adoptar medidas inmediatas para asegurar el cese de la
violencia contra las mujeres y el alejamiento del agresor del
domicilio de la víctima.
5. Se proceda a la inmediata especialización de los miembros del
Ministerio Fiscal que actúen en todo tipo de procesos en los que se
den casos de violencia y maltrato familiar.
6. Se fomente la creación de escuelas infantiles en el ámbito laboral
para facilitar el trabajo de hombres y mujeres y el reparto de las
responsabilidades familiares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada.-Joan Saura Laporta, Diputado.-José María
Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Guillerme Vázquez
Vázquez y Francisco Rodríguez Sánchez, Diputados del Bloque
Nacionalista Galego (BNG), formulan, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo
del Debate de Política General en torno al estado de la Nación 1999,
las siguientes Propuestas de Resolución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Guillerme
Vázquez Vázquez, Diputado.- Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz
adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 17
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar, entre
sus objetivos prioritarios en materia ferroviaria, la mejora de la
red interior de Galicia, con las inversiones necesarias, de acuerdo
con el contenido del Plan aprobado por el Parlamento de Galicia de
1995, y su integración en las redes de alta velocidad del resto del
Estado y de Portugal.
Propuesta de Resolución núm. 18
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coordinación con
la Xunta y los respectivos Ayuntamientos, acelerar la ejecución de
las Edar (Estaciones Depuradores de Aguas Residuales) en Galicia,
declaradas obras de interés general, para dar cumplimiento a la
normativa europea en la materia.
Propuesta de Resolución núm. 19
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las
oportunas gestiones, a través de la Dirección General de los
Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, para que los
Registros Mercantiles ubicados en Comunidades Autónomas con lengua
propia co-oficial con el castellano den como válidos todos los
documentos, incluido el depósito de cuentas, redactados
indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Propuesta de Resolución núm. 20
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar el sector
pesquero como estratégico desde el punto de vista económico y,
consecuentemente, a demandar de la Unión Europea la puesta en marcha
de una auténtica política de pesca, que contemple como eje básico de
actuación la defensa de los intereses europeos en la materia y, de
manera específica, los del Estado miembro
con más peso en el sector, como vía para garantizar la viabilidad de
nuestras flotas de altura y gran altura.
Propuesta de Resolución núm. 21
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (BNG) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fijar criterios para
la distribución del incremento de 550.000 toneladas de cuota láctea,
que tengan en cuenta el peso económico y social del sector, la
especialización productiva y consoliden en lo posible la producción
actual real de cada Comunidad Autónoma, como fórmula para contribuir
al necesario equilibrio territorial del Estado.
Propuesta de Resolución núm. 22
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Creación del Consejo de la Comunicación.
El papel de los medios de comunicación y, en concreto, el de los
profesionales de la comunicación, concepto éste más amplio que el de
periodista, abarcando desde éstos, a los fotógrafos, operadores de
cámaras, intervinientes en la producción de programas, y así una
larga enumeración de personas que intervienen de forma directa en la
creación de los contenidos audiovisuales que luego son los contenidos
de la comunicación que da lugar a la información o a la opinión son
merecedores de una especial protección constitucional tal como se
deriva del texto del artículo 20 de nuestra Constitución.
La libertad de expresión y, en concreto, la libertad de información
cumplen un cometido fundamental en las sociedades democráticas al
constituir el vehículo de la transmisión de las ideas y de las
informaciones que conducen a la conformación de una opinión pública
libre. Este cometido, de las libertades de comunicación, resulta
inherente a la idea de sistema democrático, pudiéndose afirmar que
constituyen la clave de bóveda de la democracia, reconociendo en
ellas la propia Constitución derechos de carácter fundamental.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para la creación del Consejo de la Comunicación, como
garante de la efectividad de los principios constitucionales
enumerados en el artículo 20 de la Carta Magna.
Este Consejo deberá configurarse como ente de derecho público de los
previstos en el artículo 6.5 del Real Decreto Legislativo 1091/1988,
estará adscrito al Ministerio de Fomento, contará con personalidad
jurídica propia, será independiente y tendrá plena capacidad,
autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus funciones.
El Consejo contará con miembros propuestos por los partidos políticos
con representación parlamentaria, y con expertos en la materia que es
su objeto, así como de representantes de los sindicatos y de las
organizaciones empresariales presentes en el sector.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 23
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política de aguas.
El Congreso de los Diputados, considerando que el Gobierno ha
contraído en reiteradas ocasiones el compromiso de elaborar un Plan
Hidrológico, anunciando para ello la apertura de un gran debate
nacional con la aprobación del Libro Blanco del Agua que facilitaría
el consenso y encuentro entre los distintos territorios y cuencas y
entre los distintos sectores sociales afectados; considerando que ha
entrado en la Cámara el Proyecto de Ley por el que se modifica la
vigente Ley de Aguas, reforma ya iniciada en 1997 con la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, como fórmula
para facilitar la venta de concesiones de uso de agua y la presencia
privada en la obra pública hidráulica, debilitando el carácter de
titularidad pública del agua y dejando en manos de los intereses
privados un hipotético mercado de la misma; considerando que todo
esto deja fuera de esa futura planificación tanto el agua desalada
como el agua reutilizada, revirtiendo en la pérdida de la calidad de
la misma, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
* Aplazar el debate de la reforma de la Ley de Aguas al
establecimiento de una política de aguas en la que prime la
planificación y la gestión desde el enfoque de la demanda, en la que
se invierta en medidas de ahorro
y eficiencia, y se dé importancia a aspectos de calidad de la
misma, fomentando igualmente la participación pública y democrática
en los organismos gestores, manteniendo el carácter público del agua,
de manera que no se especule con la misma, evitando con ello la
creación de un mercado del agua, que haga que un bien que empieza a
ser escaso pueda llegar a estar al alcance de sólo unos pocos.
* Remitir a la Cámara en este período ordinario de sesiones, para su
debate y consenso en el trámite de aprobación, el Plan Hidrológico
Nacional que -elaborado desde la racionalidad, la previsión y el
rigor técnico, se oriente hacia la gestión de la demanda, fomentando
el ahorro y la utilización racional de los recursos hídricos-,
coordine los Planes Hidrológicos de Cuenca y el Plan Nacional de
Regadíos y globalice la política de planificación hidrológica.
* Dar trámite en el Congreso de los Diputados, conforme al artículo
196 y siguientes del Reglamento, al Libro Blanco del Agua, para que
tras su trámite de ponencia y comisión correspondiente culmine con el
debate y votación de las resoluciones que los distintos Grupos
Parlamentarios presenten.
* Acelerar las actuaciones de saneamiento y calidad de agua para
profundizar en la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas, a fin de acabar con las situaciones
desagradables de numerosos cauces fluviales por el aumento de
contaminación en los mismos.
* Presentar, en el Congreso de los Diputados, el Plan Nacional de
Regadíos y los Planes de Cuenca para su coordinación con el Plan
Hidrológico Nacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 24
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política de vivienda.
El Congreso de los Diputados, considerando que el artículo 47 de la
Constitución dice literalmente: «Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir
la especulación. La comunidad participará en lasplusvalías que genere
la acción urbanística de los entes
públicos»; considerando que la compra de la vivienda supone un
esfuerzo económico importantísimo para quien intenta adquirir dicho
bien, máxime cuando quienes intentan acceder a ellas son jóvenes que
«gozan» de un contrato de trabajo la mayoría de las veces precario;
considerando que el hecho de la bajada de los tipos de interés
hipotecario en los últimos meses parecía que iba a favorecer
y facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos, pero, lejos de
comportar una bajada en el precio de la misma, la tendencia de los
últimos meses ha sido de una subida generalizada de su precio que
ronda el 8 por ciento; insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:
* Que los suelos propiedad de diversos organismos públicos, que estén
desafectados, se destinen a la construcción de vivienda pública, en
un porcentaje no inferior al 50 por 100.
* Que el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, lleve a
cabo los estudios necesarios para determinar cuáles son las
necesidades reales de vivienda teniendo en cuenta datos tales como la
evolución demográfica, la reposición de viviendas que ya no reúnen
las condiciones adecuadas para su habitabilidad y las necesidades de
vivienda pública de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Vivienda.
* Que se aumenten las partidas destinadas a la construcción de
vivienda pública en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 en un 0,2 por ciento sobre el producto interior bruto.
* Que se adopten las medidas legislativas necesarias para limitar la
deducción por adquisición de vivienda habitual a aquellos
contribuyentes cuya base liquidable sea superior a 6 millones de
pesetas.
* Que esta cantidad de ahorro fiscal, se reinvierta en la
construcción de viviendas públicas.
* Que lleve a cabo, en las ciudades especialmente afectadas por el
problema de la escasez de vivienda, convenios con otras
Administraciones Públicas, para adoptar medidas de choque
excepcionales y temporales dirigidas, a corto plazo, a paliar esta
situación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 25
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política medioambiental.
El Congreso de los Diputados, considerando que la política
medioambiental del Gobierno ha sido del todo
nefasta, dado que es éste un Ministerio con escaso o nulo peso
específico dentro de la política nacional, baste como ejemplo el
hecho de que ante varias Declaraciones de Impacto Ambiental negativas
han prevalecido los intereses económicos avalados por el Ministerio
de Fomento, o el hecho de la pavorosa ausencia de política de
prevención del cambio climático o la testimonial aplicación del Plan
Nacional de Residuos Urbanos, por no recordar la inexistente
aplicación práctica de planes para la protección de la fauna
amenazada, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
* Cumplir con las medidas adoptadas en las diferentes Cumbres
Internacionales sobre Cambio Climático, de manera que disminuyan las
emisiones de gases a la atmósfera que provocan el efecto invernadero
y la contaminación atmosférica, rebajando incluso las recomendaciones
límite de emisión de estos gases que se han acordado en dichas
Cumbres.
* Cumplir con las Declaraciones de Impacto Ambiental negativas, de
manera que no se ejecuten obras que no han pasado la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental, pues, de lo contrario, estaríamos
ante una figura del todo innecesaria en nuestra legislación.
* Elaborar un Plan Energético que contemple, además de otras medidas,
el aumento de generación eléctrica a través de energías renovables y
el cierre paulatino de todas las centrales nucleares existentes en el
territorio español.
* Adoptar medidas que permitan cumplir con la recogida selectiva de
residuos, de manera que se lleven a efecto la reutilización y el
reciclaje de los residuos que cumplan las características necesarias
para ello.
* Desarrollar políticas efectivas para proteger a determinadas
especies que se encuentran en peligro de extinción como son el lince
ibérico, el águila imperial, la foca monje, el lobo ibérico o el oso
pardo, entre otras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 26
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Sanidad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Incrementar el gasto sanitario público de forma sostenida hasta
alcanzar el nivel existente en la Unión Europea, garantizando la
suficiencia financiera del sistema a cargo de los pPresupuestos del
Estado.
Paralizar en el ámbito del INSALUD, el proceso en curso por el cual
se pretende transformar los centros sanitarios o parte de los mismos
en Fundaciones sanitarias públicas, Institutos públicos o cualquier
otra forma de gestión regida por el Derecho privado.
Abstenerse de abordar ninguna transformación en los servicios
sanitarios públicos que pueda condicionar el ejercicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas pendientes de recibir la
transferencia del INSALUD.
Someter cualquier transformación de los servicios sanitarios a una
consulta vinculante de los sanitarios y Ayuntamientos de las zonas
afectadas.
Garantizar la integridad y unicidad del sistema sanitario público,
asegurando el mantenimiento de la intervención directa de la
Administración sanitaria en todas las fases del proceso de
planificación y prestación de servicios.
Abordar en todos sus aspectos una política global de uso racional del
medicamento, que asegure que el gasto farmacéutico público se
corresponde con las necesidades de salud de la población.
Limitar los gastos de promoción que encarecen artificialmente el
precio del medicamento, garantizando medicamentos genéricos en todas
las especialidades y de una calidad suficiente que posibilite su
utilización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 27
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Modelo de Estado.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover un amplio consenso entre las fuerzas políticas
parlamentarias que defina un modelo de Estado, donde el
reconocimiento de los hechos diferenciales y el derecho de
autodeterminación concurra con la igualdad de derechos para dotarse
cada Comunidad Autónoma del techo competencial necesario por acuerdo
de su Parlamento, con las transferencias necesarias para equiparar en
autogobierno, derechos y autonomía financiera a todas las Comunidades
Autónomas, en función de las
propuestas consensuadas de sus Cámaras legislativas y con una reforma
constitucional del Senado, tanto en su marco competencial como Cámara
de los territorios, como en su composición y sistema de elección de
todos los Senadores por Comunidad Autónoma, para dotarle de
proporcionalidad real.
Revisar el sistema de financiación autonómica, ampliando el consenso
actual y dotándole de un compromiso eficaz con la solidaridad y la
suficiencia, para que todas las CC. AA. tengan una autonomía
financiera similar. En este sentido, se hace preciso actualizar las
variables, sobre todo la de población; ampliar los impuestos a ceder
(especiales e IVA fase minorista); hacer efectivo el Fondo de
Nivelación, incorporando los posibles remanentes a ejercicios
futuros, y relacionar el Fondo de Compensación Interterritorial con
el PIB, así como reconocer la deuda histórica que se tiene contraída
con las CC. AA. como Andalucía y Extremadura.
Alcanzar el consenso necesario entre las fuerzas políticas
parlamentarias para concretar un pacto local amplio que tendrá su
proyección por voluntad expresa de las fuerzas políticas en las
Comunidades Autónomas, donde se incrementen las competencias de los
municipios, se aplique el principio de subsidiariedad y se les dote
de suficiencia financiera. Promoviendo para ello las reformas de la
Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de haciendas Locales, que se
dialogarán con la Federación Española de Municipios, las Comunidades
Autónomas y las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 28
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Inmigración.
En el año 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre derechos y libertades
de los extranjeros. En la exposición de motivos de la misma se
establecía que quedaba asegurada la plenitud de los derechos y las
garantías para su ejercicio respecto de los extranjeros que se
hallaren legalmente en España.
Por otra parte, resulta evidente que las manifestaciones de racismo y
xenofobia, que hicieron su aparición en nuestro país en estos últimos
años, exigen una adecuada regulación, en todos los ámbitos, de las
relaciones jurídicas de las personas de distinto origen sobre las
bases del máximo respeto a los derechos fundamentales y a la
diversidad cultural, teniendo siempre presente el principio de no
discriminación.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una profunda
modificación de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos
y Libertades de los Extranjeros en España, con el fin de:
* Adecuar la Ley a los objetivos ya enumerados en su preámbulo:
reconocimiento de los derechos y libertades proclamados en la
Constitución; garantizar a los extranjeros legalmente establecidos en
el Estado español unas cotas aceptables de derechos y libertades,
eliminando cualquier trato discriminatorio o desfavorable en las
relaciones laborales y en sus derechos políticos como habitantes de
un determinado territorio; desarrollar de forma suficiente el
ejercicio del derecho a la reagrupación familiar acorde con el
artículo 39 de la Constitución, garantizar el respeto efectivo a los
principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad,
que como presupuestos del Estado establece el artículo 9 de la
Constitución.
* Adecuar la Ley a la realidad con el objetivo de favorecer la
integración social y la convivencia intercultural de los inmigrantes
extranjeros; para conseguir dichos objetivo, se hace imprescindible
establecer medidas que garanticen la efectiva igualdad de derechos.
Una de las medidas que favorecerán la plena integración social será
la adquisición del Estatuto de Residencia permanente para los
inmigrantes que hayan vivido 6 años en nuestro territorio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 29
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Fraude fiscal y Agencia Tributaria.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover un Plan de Modernización de la Agencia Tributaria y su
funcionamiento transparente, negociando con todos los empleados de la
misma un sistema racional y eficaz de profesionalización e incentivo
ligado a la efectividad real, tanto en las áreas de gestión,
recaudación e inspección.
2. Adoptar y aplicar a partir del 1 de enero del 2000 medidas
específicas de la inspección de los tributos para
combatir las bolsas de fraude fiscal que puedan ponerse de
manifiesto, tanto en el instante de la conversión de pesetas en
euros, como con ocasión de los movimientos de los defraudadores para
anticiparse a esa situación y que, en estricto cumplimiento del
principio de justicia tributaria, colabore a la transparencia fiscal
de los patrimonios ocultos y a la efectiva tributación de las rentas
que no fueron declaradas.
3. Remitir a esta Cámara un Proyecto de Ley de Estatuto de la Agencia
Tributaria que contribuya a clarificar la situación profesional y
retributiva de los empleados de la misma y a establecer un nuevo
modelo de organización del trabajo de la inspección verdaderamente
orientado a la detección y eliminación del fraude fiscal.
4. Realizar una política tributaria que garantice la suficiencia de
los recursos públicos mediante una estructura de la carga tributaria
que contemple efectivamente el principio de capacidad económica,
gravando con criterios de progresividad las rentas de los ciudadanos.
Para ello, se requiere en primer lugar reequilibrar la relación
impuestos directos/indirectos en favor de los primeros mejorar la
progresividad formal del Impuesto sobre la Renta y eliminar aquellos
beneficios fiscales injustificados tanto desde el punto de vista de
su eficacia como del principio de justicia tributaria gravar
efectivamente y con carácter sintético todas las manifestaciones de
capacidad económica, en especial las ganancias de capital.
Potenciar la capacidad recaudatoria del impuesto de Sociedades,
reduciendo y simplificando el elevado volumen de beneficios fiscales
existentes en la actualidad, tendiendo a equiparar al alza el tipo de
gravamen con el de la imposición personal y mejorando el nivel de
integración entre ambos impuestos con el fin de eliminar prácticas
elusivas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 30
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Deuda externa y cooperación.
La deuda externa de los países del Sur, por su exorbitante monto y
por su velocidad de crecimiento, provoca el empeoramiento de las
condiciones ya de por sí míseras, de estos países y los excluye del
desarrollo económico y social.
Esta deuda es expresión directa del injusto orden económico
internacional que resulta de la larga historia de esclavitud y
explotación que los países del Norte han sometido a las cuatro
quintas partes de la humanidad.
En 1997 la deuda de todos los países del Sur ascendía a 2,2 billones
de US$ y su pago anual se elevaba a la cifra de 263.000 US$ (datos
del Banco Mundial).
La deuda externa de América Latina alcanzaba en 1999 alrededor de 706
mil millones de dólares, que requerirían de unos 123 millones para el
pago del servicio. Sólo por el concepto del servicio de la deuda
externa, la región pagó entre 1982 y 1996 la cantidad de 739 mil
millones de dólares, es decir, una cifra superior que la deuda total
acumulada (Datos de la Plataforma latinoamericana y Caribeña Jubileo
2000).
En estas circunstancias la deuda externa ha sido y es impagable
ilegitima e inmoral.
Matemáticamente no hay fórmula para pagarla, su ilegitimidad deriva
del hecho de que fue contraída por gobiernos dictatoriales y/o
corruptos, e inmoral porque para pagarla se lleva a la miseria a los
trabajadores, se cierran los programas sociales de los Estados y se
cancelas los escasos recursos para educación, sanidad y nutrición.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
desarrollar una política de cooperación y ayuda al desarrollo basada
en criterios de necesidad del receptor y no de interés político o
estratégico de nuestro país, que suponga dotar las partidas
presupuestarias necesarias para dedicar el 0,7 por ciento del PIB y
la recaudación obtenida de un sorteo extraordinario de la lotería
nacional con tal objeto a programas y proyectos de cooperación y
ayuda al desarrollo, y a cancelar la deuda contraída por los países
del Sur con España y que ésta sea la posición de nuestro Gobierno en
los organismos multilaterales (Club de París).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 31
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Investigación y desarrollo.
El Congreso de los Diputados,
Considerando que en la actualidad siguen pendientes las reformas del
sistema español de I + D tras el balance de los diez años de la
puesta en marcha del Plan Nacional
de Investigación, ya que ninguno de los objetivos que éste
planteaba han sido resueltos con la política del Gobierno.
Considerando que es claro que la variable tecnológica constituye uno
de los mayores cuellos de botella para el desarrollo en nuestro país,
y que el Gobierno elude el debate público y parlamentario, y opta, de
forma individualista, por elegir un modelo de I + D basado en el
desarrollo armamentista, como lo demuestra la cantidad asignada a I +
D para el Ministerio de Defensa, aunque enmascarados como activos
financieros a disposición del MINER.
Considerando, que aunque se haya creado la Oficina de Ciencia y
Tecnología, adscrita a Presidencia de Gobierno, la coordinación de
las políticas de los diferentes Ministerios y CC.AA. sigue sin
resolverse, como lo demuestra el fracaso en el funcionamiento real
del Comité de Coordinación de los Centros Públicos de Investigación.
Considerando que el IV Plan Nacional de Investigación, que debería
entrar en vigor para el período 2000-2003, no ha sido aún presentado
ni presupuestado debido a enfrentamientos interministeriales, como lo
demuestra la disputa existente entre el MINER, el Ministerio de
Hacienda y el MEC por el control de la política de I + D.
Considerando que se está intentando poner bajo control empresarial a
la red de centros públicos (Universidades, CSIS, organismos públicos
estatales o autonómicos) a través de una política consistente en
transferir la mayoría de fondos públicos a las empresas privadas para
que éstas, a su vez, subcontraten la actividad de la red pública, lo
que produciría que la viabilidad de los centros públicos quedara
supeditada a la competitividad, poniendo en grave riesgo a gran parte
de ellos, acuerda instar al Gobierno a que adopte las medidas
necesarias para:
1. Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología, en base al análisis del
resultado de la Ley vigente.
2. Crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3. Coordinar las políticas regionales y central en el campo de la I+D
y la innovación.
4. Adecuar las prioridades del Plan Nacional de I + D a las demandas
sociales y económicas, con especial énfasis en áreas civiles como
educación, vivienda, infraestructuras, sanidad, medio ambiente.
5. Agilizar la aprobación parlamentaria del Plan Nacional de I + D.
6. Tramitar una Ley de Financiación Plurianual del Plan Nacional de I
+ D.
7. Reforzar la Agencia Nacional de Evaluación.
8. Incrementar y renovar las plantillas de los centros públicos de I
+ D, que permita la incorporación del personal formado.
9. Jubilar de forma obligatoria al personal investigador a los 65
años
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del GrupoParlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 32
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Pleno empleo y ley de 35 horas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso
de diálogo con los agentes sociales y fuerzas políticas
parlamentarias, tendente a la aceptación del contenido esencial de la
iniciativa legislativa popular que promueve una Ley de reducción de
la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial, así
como a dialogar sobre los siguientes aspectos: la necesidad de la
reducción drástica de horas extraordinarias, limitándolas a las que
sean de fuerza mayor; la desaparición de las empresas de trabajo
temporal, potenciando el INEM como servicio público en materia de
gestión de empleo; las modificaciones legales oportunas para:
* Alcanzar un sistema de contratación que garantice la estabilidad en
el empleo y que dote a los trabajadores de todos los derechos
sociales, dedicando mayor esfuerzo hacia los colectivos más afectados
como son las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración.
* Penalizar el abuso de la contratación temporal, fijando una
indemnización a la finalización del contrato o aumentando la cuota
patronal a la Seguridad Social.
* La equiparación progresiva -dentro, como máximo, de la próxima
legislatura- del salario mínimo interprofesional al 68 por ciento del
salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.
Asimismo, y dado que la tasa de desempleo en nuestro país es la más
alta de la Unión Europea, se insta al Gobierno a tomar medidas
urgentes y coyunturales para paliar en lo posible esta situación de
desempleo. Estas medidas se establecerán mediante la aprobación de un
Código de Derechos de los Desempleados que contemple los
consiguientes aspectos: establecimiento de un salario social, de
igual cuantía que el salario mínimo interprofesional, financiado por
la Hacienda Pública y no con cargo a los presupuestos de la Seguridad
Social, para quienes no tengan acceso a la prestación por desempleo;
garantía de una cobertura total del desempleo, mediante la prestación
y el subsidio por desempleo, que conlleve la ampliación de quienes
puedan acceder a él, el período de la prestación y el incremento de
la cuantía, tanto de las prestaciones de carácter contributivo como
de las del subsidio, creando un fondo con los excedentes
presupuestarios del INEM, y reformando el artículo 206 de la Ley
General de la Seguridad Social en el sentido de impedir la
financiación de las políticas activas con fondos provinientes de las
cotizaciones al desempleo, y asimismo,
la subvención de aspectos básicos de la vida de los parados,
tales como el pago de la vivienda y los gastos domésticos esenciales
de agua, luz, etc., el transporte urbano, etc.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 33
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Defensa.
La Cumbre de Washington realizada por los 19 Estados de la Alianza
Atlántica ha aprobado un nuevo concepto estratégico que varia
substancialmente el Tratado al que España se adhirió previa
autorización de las Cortes Generales.
En su día, las Cortes Generales autorizaron la adhesión de España a
una alianza militar de carácter defensivo y, por tanto, pensada para
responder a cualquier agresión a sus países miembros; sin embargo la
Cumbre de Washington ha olvidado el carácter defensivo para incluir
el derecho a la intervención armada en el espacio euroatlántico sin
el mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
supuestos que nada tienen que ver con el tratado original, y, por
ello, las conclusiones de la Cumbre de Washington modifican
substancialmente el Tratado al que España se adhirió en virtud del
Instrumento de Adhesión previa autorización de las Cortes Generales
firmada por el Jefe del Estado el 29 de mayo de 1982, y, como quiera
que el pueblo español tuvo la oportunidad de opinar mediante
referéndum consultivo las condiciones para dicha participación, desde
el punto de vista de la lógica democrática, la autorización de las
Cortes Generales para suscribir o no las conclusiones de la Cumbre de
Washington deberán someterse a votación tras la convocatoria de un
referéndum para que el pueblo español opine sobre la conveniencia o
no de suscribir el nuevo concepto estratégico de la OTAN.
Por otro lado, la participación de las Fuerzas Armadas españolas en
la guerra contra Yugoslavia fue decidida por el Consejo de Ministros,
creando una situación excepcional a las Cortes Generales, toda vez
que éstas no han podido decidir conforme al artículo 63 de la
Constitución la conveniencia o no de dicha participación y mucho
menos cumplir con el tramite constitucional establecido para la
declaración de guerra, por cuanto loshechos consumados han dejado sin
efecto lo previsto por
nuestra «Carta Máxima», y se ha abierto el camino para ignorar en un
futuro las garantías constitucionales.
Por ello, se ha puesto en evidencia la necesidad de regular de forma
clara y precisa los supuestos, condiciones y autorizaciones en que
las Cortes Generales o el Congreso de los Diputados pueden autorizar
el envío de Fuerzas Armadas a zonas en conflicto.
En consecuencia:
a) El Congreso de los Diputados:
1. Considera que el resultado de la Cumbre de Washington constituye
una modificación del instrumento jurídico fundamental de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y supone un nuevo
tratado, y que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.1.b) de
la Constitución vigente y en el Reglamento de esta Cámara, dicho
nuevo tratado debe ser sometido a ratificación con sumisión a las
normas citadas, y, en consecuencia, reclama su competencia
constitucional en la materia.
2. Considera que los términos de la participación de España en una
alianza de carácter militar, que compromete la política de defensa de
la nación, constituye uno de los supuestos «de decisión política de
especial trascendencia» contemplados en el artículo 92 de la
Constitución vigente, y, por consiguiente, la modificación del
contenido del texto del tratado de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte constituye uno de dichos supuestos, máxime cuando la
capacidad del Gobierno español para obligarse en dicho tratado quedó
limitada mediante referéndum.
3. Insta al Gobierno para que, de acuerdo con el artículo 92.2 de la
Constitución vigente y el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980,
solicite la autorización del Congreso de los Diputados para la
convocatoria y celebración de un referéndum consultivo sobre la
permanencia de España en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte en los términos del tratado tras la cumbre de Washington. Dicho
referéndum deberá celebrarse antes del 31 de diciembre de 1999, y la
solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de
formularse la consulta, ciñéndose con precisión y exclusividad a las
dos respuestas posibles de salida o permanencia de nuestro país en la
OTAN, sin vincularla a cualquier otra decisión de política exterior o
de defensa.
Asimismo, se insta expresamente al Gobierno a acatar el resultado de
esta consulta, cualquiera que sea su resultado.
b) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta
Cámara un Proyecto de Ley que recoja los siguientes principios
reguladores de la defensa nacional y de la actuación de las Fuerzas
Armadas españolas:
1. Que el objetivo de la defensa nacional sea el establecido en el
artículo 8 de la vigente Constitución, esto es, garantizar la
soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional, frente a la agresión de
otro Estado en los términos de la Resolución de las Naciones Unidas
número
3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, de definición de la
agresión.
2. Que España, en cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de
26 de junio de 1945, y de las Resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, 42/22, de 17 de marzo de 1988, sobre el
mejoramiento de la eficacia de la abstención de la amenaza o de la
utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, y la
Resolución de las Naciones Unidas número 3314 (XXIX), de 14 de
diciembre de 1974, de definición de la agresión, establece su defensa
en los términos recogidos en las mismas renunciando al uso de la
fuerza militar contra otros Estados salvo en el caso de defensa
frente a una agresión directa al objetivo de la defensa nacional
contenido en el punto anterior.
3. Que se requiera autorización del Congreso de los Diputados para
que las Fuerzas Armadas Españolas y el territorio nacional podrán ser
puestos a disposición de las Naciones Unidas con arreglo a los
artículos 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Carta de las Naciones
Unidas, de 26 de junio de 1945.
4. Que se requiera autorización de las Cortes Generales y la
declaración de guerra de España al agresor para el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 5, 6 y 7 del Tratado de la Organización del
Atlántico Norte firmado en Washington el 4 de abril de 1949, con el
límite expreso del artículo 7 en cuanto a la preemiencia de la Carta
de las Naciones Unidas, y el cumplimiento de lo previsto en el
Tratado de la Unión Europea Occidental, el Acta Final de Helsinky y
la Declaración de la Cumbre de Budapest de 1994.
5. Que cualquier actuación mediante aplicación de la fuerza armada
sobre otro Estado exigirá la declaración de guerra previa de España a
dicho Estado.
6. La intervención de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de
interposición bajo mandato directo de las Naciones Unidas exigirá a
autorización del Congreso de los Diputados.
7. Cuando en cualquiera de los supuestos enunciados en este artículo,
las Fuerzas Armadas españolas operen fuera del territorio nacional o
se ceda este para operaciones militares, el Gobierno dará cuenta
semanalmente en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados
de la situación de nuestras fuerzas destacadas, del desarrollo del
conflicto y de la política a seguir por el ejecutivo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 34
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de laNación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Política alimentaria.
Tras los recientes hechos acaecidos que han generado un alto nivel de
alarma en los ciudadanos-consumidores, no ya sólo de nuestro país,
sino de toda la Unión Europea, por los posibles efectos que sobre su
salud pudiera originar el consumo de productos contaminados por
dioxinas, sin olvidarnos, aunque por otros motivos, de una bebida
refrescante famosa a nivel mundial, se vuelve a poner de manifiesto
una vez más, no olvidemos el caso de las «vacas locas», la falta de
escrúpulos que ciertos industriales aplican con el fin de obtener un
mayor beneficio aunque sea a costa de la salud de los ciudadanos.
Asimismo, es preocupante que las autoridades sanitarias españolas no
hayan detectado, por sí mismos y antes de la salida a la luz pública,
la existencia de estas irregularidades. Por ello es preciso y de
forma urgente adoptar las medidas necesarias para que este tipo de
hechos no se vuelvan a producir.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:
1. A nivel nacional:
* Ejercer un control estricto, tanto de los ingredientes como del
proceso de producción de piensos para animales destinados al consumo
humano.
* Crear un Instituto Público de Control de la Calidad de los
Alimentos con competencias de ámbito estatal y que, en coordinación
con las distintas Comunidades Autónomas con competencia en la
materia, se encargue de verificar la calidad de los productos
agrícolas, ganaderos y pesqueros y de identificar todas las fases de
la cadena agroalimentaria.
* Incentivar la producción de alimentos naturales y ecológicos, que
estén desprovistos de tratamientos e ingredientes, como los productos
transgénicos, que puedan afectar a la salud humana. Estos productos
deberán llevar un etiquetado legal, que otorgará el Instituto de
Control de la Calidad de los Alimentos, que certifique su
denominación como producto natural y ecológico.
* Adoptar las medidas presupuestarias necesarias para intentar
compensar, en la medida de lo posible, las pérdidas que ha originado
en nuestro sector alimentario la caída brusca en las ventas de
ciertos productos originada por la alarma causada entre los
consumidores por los hechos descritos en la exposición de motivos.
2. Anivel de la Unión Europea, proponer y defender:
* La necesidad de armonizar las reglas de seguridad alimentaria y de
reforzar la legislación sobre piensos compuestos y alimentación
animal.
* La necesidad de incrementar sensiblemente la lista de ingredientes
que no se pueden utilizar como comida o forraje para animales,
excluyendo, al menos, las harinas animales y los productos
transgénicos.
* La necesidad de incrementar el número de inspectores veterinarios
de la Unión con el fin de que aumente
el número de inspecciones anuales en los distintos eslabones
productivos de alimentos destinados a consumo humano.
* La necesidad de crear una Agencia europea independiente, encargada
de velar por la seguridad de los alimentos, partiendo de la
experiencia desarrollada por el Comité Veterinario Permanente y por
el Comité Científico Alimentario de la UE.
* El mantenimiento de la prohibición del uso de somatropina bovina
para el incremento de la producción lechera y el uso de hormonas para
el engorde del ganado, con la exigencia adicional de que la carne
importada tampoco las contenga. Asimismo, se prohibirá la
administración de antibióticos a los animales cuando no sea con fines
exclusivamente terapéuticos.
* El reforzamiento de la eficacia del sistema comunitario de alerta
rápida en casos de contaminación.
* Establecer una moratoria en la comercialización de alimentos
modificados genéticamente y en la concesión de licencias de cultivos
transgénicos, mientras no se demuestre científicamente su inocuidad
tanto para la salud como para el medio ambiente. Asimismo, se
prohibirá la introducción de ingredientes transgénicos en los
alimentos infantiles y se generalizará el etiquetado obligatorio de
los alimentos e ingredientes transgénicos con el fin de garantizar el
derecho de elección de los consumidores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 35
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Educación.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* La creación de un Fondo de Compensación para impedir que las
desigualdades interterritoriales existentes sigan creciendo según se
van produciendo las transferencias plenas, para que el proceso
culmine en la igualdad de acceso a la educación y cultura de los
ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas y el cumplimiento
del Título V de la LOGSE .
* A adoptar los instrumentos y medidas presupuestarias necesarias que
sirvan para cumplir la memoria económica de la LOGSE. Para ello, y
con el fin de asegurar una enseñanza pública de calidad y las
condiciones necesarias para hacer efectivas las enseñanzas de régimen
general y especial, que discrimine positivamente a los sectores más
desfavorecidos socialmente aumentando el conjunto de las inversiones
y gastos de funcionamiento de los centros públicos, mantener la ratio
aula/alumnos y profesor/alumno, aplicando para ello los acuerdos
alcanzados con los sindicatos sobre plantillas y profesorado y
a remitir en el plazo de tiempo más breve posible un Proyecto de Ley de
Financiación de la Enseñanza Pública.
* Dotar a la Formación Profesional,tanto en su grado medio como en el
superior, de los recursos necesarios para presentar una oferta
amplia, completa y variada que estimule al alumnado a cursar estos
estudios, por ser ésta una importante vía de inserción laboral.
* Modificar la Ley de Reforma Universitaria para proceder a una
regularización del profesorado universitario para dotarlo de
seguridad laboral y profesional, así como de expectativas docentes e
investigadoras, que garanticen una enseñanza universitaria pública de
calidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 36
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Radiodifusión sonora.
El Congreso de los Diputados,
Considerando que la radiodifusión sonora constituye un medio de
comunicación social de indudable importancia en las sociedades
democráticas y que en nuestro país, de acuerdo con lo establecido en
el vigente Estatuto de la Radio y la Televisión, es calificado como
un medio de comunicación pública de carácter esencial cuya
titularidad corresponde al Estado.
Considerando que acontecimientos recientes relacionados con la
adjudicación mediante concesión de frecuencias de radio a emisoras,
que bien pudieran esconder situaciones de favor o privilegio para
determinados grupos en perjuicio de otros, colocan en una posición de
debilidad democrática a un servicio público de la importancia de la
radiodifusión, debilidad que no resulta tolerable en una sociedad
democrática como la española.
Considerando que actitudes de nepotismo y de falta de transparencia
deben de ser evitadas, máxime cuando de derechos fundamentales como
el de la libertad de expresión se pudieran estar viendo afectados,
acuerda instar al Gobierno:
transparente, en el que los distintos criterios manejados para la
adjudicación de las distintas concesiones sean resultado de la
participación de los distintos poderes públicos mediante Mesas de
Contratación que cuenten con la presencia de todas y cada una de las
Administraciones implicadas, local, autonómica y estatal.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 37
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente Propuesta de Resolución:
Mujer.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
* Realizar las modificaciones legales necesarias que garanticen la
equiparación efectiva y real de la remuneración a percibir por igual
trabajo realizado, sin discriminación por razón de sexo.
* A promover los acuerdos de colaboración necesarios con las
entidades autonómicas y locales, para la creación de una amplia
oferta pública de escuelas infantiles y de atención domiciliaria a
las personas mayores o discapacitados, que tenga en cuenta la
compatibilidad de horarios de sus servicios con los horarios
laborales, para garantizar la conciliación de la vida laboral y
familiar.
* Crear una Comisión de Coordinación para la Igualdad, entre el
movimiento de mujeres, colectivos profesionales implicados e
instituciones, para la elaboración, seguimiento y evaluación de
medidas y hechos en relación a la violencia doméstica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 38
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Limitación y modulación de ayudas comunitarias directas en el sector
agropecuario.
Con el fin de fomentar el empleo en las áreas rurales y de introducir
una mayor justicia redistributiva en el reparto de las ayudas
directas, superando la situación actual, en la que un número muy
reducido de grandes explotaciones y de especuladores acapara la mayor
parte de las ayudas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proponer y defender en el marco de la Política Agrícola Común la
limitación y la modulación de las ayudas directas por explotación en
el sector agropecuario, en beneficio de las explotaciones de menor
dimensión y en función del empleo garantizado.
2. utilizar todos los márgenes disponibles en la reglamentación
comunitaria para, en consenso con las organizaciones más
representativas del sector, garantizar en España una mayor justicia
redistributiva de las ayudas, orientándolas hacia las personas que
trabajan en el sector agrario y en el marco de un modelo rural
sostenible.
3. Garantizar la transparencia de las ayudas y el libre acceso
público al listado de beneficiarios y cantidades adjudicadas a cada
uno de ellos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 39
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Pensiones.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
contemple las oportunas modificaciones legislativas para equiparar
las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional existente
cada año, completando la separación de fuentes financieras de las
prestaciones contributivas respecto de las no contributivas en el
sentido de considerar a los complementos por mínimos como
financiables íntegramente con cargo a la Hacienda Pública, cancelando
totalmente los llamados préstamos del Estado a la Seguridad Social, y
dotando
con las partidas necesarias el fondo de reserva previsto en el
Pacto de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 40
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
La justicia como servicio público.
El Congreso de los Diputados, haciéndose eco de la generalizada
preocupación sobre la situación del servicio publico de la Justicia y
del deterioro que sufren sus instituciones, en cuanto se refiere a su
imagen de imparcialidad y su necesaria despolitización, insta al
Gobierno a la promoción de un pacto de Estado que incluya medidas
relativas a los siguientes aspectos:
* Desaparición de toda clase de fueros, tratamientos singulares o
procedimientos privilegiados por razón de la función o cargo.
* Establecimiento de un proceso tipo en que la inmediatez, la
oralidad, y la imposibilidad de actitudes dilatorias sean sus ejes.
* Someter los procedimientos de designación de titulares de plazas en
el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial,
Fiscal General del Estado, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas,
Defensor del Pueblo y sus adjuntos, y en general de cualquier órgano
de la cúspide Constitucional, a su debate y acuerdo en las Cortes
Generales.
* Establecer una programación plurianual recogida en los Presupuestos
Generales del Estado que incremente la dotación destinada a la
Justicia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 41
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de laNación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Juventud.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover las reformas legislativas necesarias para:
a) Despenalizar el fenómeno social conocido como ocupación, al tiempo
que se adopten medidas para que las distintas Administraciones
colaboren en la gestión y aprovechamiento de las iniciativas
promovidas por estos colectivos.
b) Impedir que existan jóvenes discriminados o condenados, legal o
administrativamente, por haberse negado a realizar el Servicio
Militar Obligatorio o la Prestación Social Sustitutoria.
2. Presentar ante esta Cámara en el plazo de 6 meses un «Plan Joven»,
que entre otros elementos recoja medidas reales contra el paro
juvenil, a la vez que propicie el acceso de los jóvenes a la
vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 42
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Unión Europea y cohesión social.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar en las instituciones comunitarias acuerdos que permitan
avanzar en la convergencia real de la economía española hacia los
niveles medios comunitarios, en la necesaria cohesión territorial y
social en toda la Unión, posibilitando los instrumentos económicos
para una eficaz lucha contra el desempleo y la exclusión social,
eliminando el actual déficit democrático de que adolece el Banco
Central Europeo ( BCE ) y restituyendo a los órganos representativos
de los ciudadanos el poder de decisión sobre el conjunto de la
política económica y el control de las decisiones monetarias del BCE;
eliminar las restricciones que el Pacto de Estabilidad impone sobre
las políticas presupuestarias; defender un marco financiero de la
Unión a medio plazo que permita un crecimiento mayor del presupuesto
comunitario hasta el 3 por ciento del PNB comunitario en el
plazo de 5 años, con el fin de potenciar las políticas estructurales,
que deberían absorber el 50% del presupuesto, y la ampliación a
nuevos Estados miembros, sin perjudicar la cohesión entre los
actuales, especialmente los países mediterráneos. Es fundamental que
el Gobierno español defienda el establecimiento de una retención
fiscal obligatoria para las rentas del capital con un criterio de
armonización al alza, así como una regulación de los movimientos del
capital para evitar que el comportamiento especulativo de los
mercados financieros ponga en peligro el desarrollo de la UE y la
estabilidad financiera mundial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 43
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Infraestructura ferroviaria.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Plan
Integral Ferroviario que recupere el impulso del ferrocarril en
nuestro país y que constituya un aprovechamiento de las nuevas
oportunidades que este medio de transporte puede ofrecer para avanzar
tanto en la vertebración territorial como en la cohesión social.
Este Plan deberá:
- Elaborarse previo debate y acuerdo con las Comunidades Autónomas.
- Ocuparse especialmente en impulsar el transporte de cercanías y
mercancías.
- Contener plazos concretos para la ejecución de la mejora
ferroviaria sobre todo en el noroeste peninsular, tanto de grandes
accesos (Guadarrama y Pajares), como de actuaciones puntuales y
significativas en las Comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León y Murcia.
- Contemplar, en relación al arco mediterráneo, la prolongación del
EUROMED desde Alicante hacia Murcia, Cartagena y Almería, además de
las comunicaciones de Andalucía y del resto de Comunidades.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 44
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Debate anual sobre el estado de la Unión Europea.
La transcendencia del proceso de construcción europea y las
consecuencias que del mismo se derivan para nuestro país, al
trasladarse el ámbito de decisión de cuestiones fundamentales hacia
instituciones diferentes de las puramente estatales, otorga un
creciente protagonismo e interés a las conductas y propuestas que el
Gobierno español pueda manifestar en los sucesivos debates y cumbres
europeas.
La importancia de ese proceso y de los debates que se desarrollan
actualmente sobre las perspectivas financieras de la UE en el período
2000-2006, la llamada Agenda 2000, no puede quedar al margen del
conocimiento y opinión de nuestra Cámara, de forma que sería
interesante para el conjunto de la sociedad el que se produjera un
debate ante el Pleno de la misma una vez se hubiera adoptado una
postura al respecto por parte del Consejo de la Unión. Este debate
sería el inicio de una secuencia de debates periódicos anuales sobre
el estado de la Unión Europea.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se comprometa a
realizar un Debate sobre el Estado de Unión Europea, una vez concluya
el proceso de la Agenda 2000, y a continuar realizando anualmente
debates sobre el referido estado de la Unión.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 45
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Caos aeroportuario.
El Congreso de los Diputados, considerando la situación en la que se
encuentra actualmente el tráfico aéreo en nuestro país, que puede
catalogarse como histórica, si
tenemos en cuenta el caos por el que atraviesan la mayoría de
aeropuertos nacionales, debido en parte a la pasada huelga de
pilotos, y en parte al escaso número de controladores existentes en
la mayoría de ellos, insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para dotar del personal necesario y cualificado a los
aeropuertos españoles para que no vuelvan a repetirse los hechos
acaecidos en este año, que puede considerarse negro para el prestigio
del transporte aéreo español, máxime cuando somos una potencia
turística y puente aéreo entre Europa y América.
Asimismo, el Congreso de los Diputados aprueba la reprobación del
Ministro de Fomento, dada la mala gestión realizada en este tema de
tanta transcendencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Propuesta de Resolución núm. 46
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Paz en Euskadi.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a enfocar el proceso
de paz en Euskadi como una cuestión de Estado que, por serlo, exige
un diálogo constante con todos y cada uno de lo Grupos Parlamentario
y la ausencia total de cualquier tentación de apropiación partidista.
En el mismo sentido, la política penitenciaria demanda una
remodelación consensuada de cara a dinamizar y consolidar el proceso
de paz.
En definitiva, se trata de gestionar el punto 10 del Pacto de
Ajurianea de manera consensuada, flexible y dinámica a fin de
alcanzar cuanto antes la normalización definitiva de Euskadi,
situación que exige la constitución urgente de diálogo, una en la
Comunidad Autónoma Vasca y otra en Navarra, en las que estén
representadas todas las fuerzas políticas legítimas en las urnas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999 -Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster
Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna (EA), formula, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados,
con motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación 1999, las siguientes propuestas de resolución:
Palacio del Congreso de los diputados, 23 de junio de 1999.-Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada.- El Portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto.
Propuesta de Resolución núm. 47
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (EA) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Respetar la autonomía fiscal y financiera que representa el sistema
de Concierto Económico y Convenio que regulan las relaciones
tributarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, de forma que evitando
la judicialización en esta cuestión proceda a retirar los recursos
interpuestos contra las normas fiscales y las Haciendas vascas, y
defienda ante las instituciones de la Unión Europea que tanto el
Concierto Económico como el Convenio son sistemas fiscales soberanos,
equiparables en rango y competencia a los del resto de los Estados
Miembros.
Propuesta de Resolución núm. 48
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (EA) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Culminar, en el plazo de cuatro meses y en el marco de la Conferencia
para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, el proceso
tendente a establecer una fórmula que permita la presencia de
representantes de las Comunidades Autónomas en la Delegación del
Gobierno en aquellas reuniones del Consejo de Ministros de la Unión
Europea en las que se traten asuntos para los cuales tengan
competencia exclusiva las Comunidades Autónomas, de conformidad con
lo aprobado en el punto cuarto de la Moción unánimemente aprobada en
el Congreso
de los Diputados a este respecto el pasado 10 de marzo de 1998.
Propuesta de Resolución núm. 49
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (EA) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Intensificar el proceso de diálogo iniciado y reconocido por el
Gobierno del Estado con ETA con la celeridad y audacia
imprescindibles en las presentes circunstancias de forma que permita
la consecución de la paz.
Afrontar de forma inmediata un cambio en la política penitenciaria,
de conformidad con los mandatos parlamentarios al Ejecutivo en este
sentido.
Impulsar junto con los Gobiernos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y Foral de Navarra una declaración cuyo eje principal sea la
búsqueda de una solución política al conflicto vasco basada en el
respeto a las decisiones, también políticas que, democrática,
pacífica y legítimamente adopte la mayoría de los ciudadanos de estos
territorios.
Propuesta de Resolución núm. 50
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto (EA) formula, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Culminar de forma efectiva el proceso de transferencias pendientes de
conformidad con las previsiones contenidas en el Estatuto de Gernika,
y en especial, las que se correspondan con los artículos del Estatuto
de Autonomía referidos a la legislación laboral y en materia de
Seguridad Social.
Del mismo modo, se precisa la constitución de comisiones técnicas
correspondientes que permitan a la Administración vasca la asunción
de la competencia previstapor el Estatuto de Gernika en materia
penitenciaria.
Propuesta de Resolución núm. 51
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.593, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 52
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.593, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 53
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.593, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 54
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en materia de la suscripción de convenios y
declaraciones internacionales que tiendan a la creación de un sistema
europeo de enseñanza superior.
La tendencia general a la compatibilización de los sistemas
universitarios europeos, además de ser irreversible, constituye un
requisito indispensable para favorecer la movilidad de los
estudiantes y profesores, así como su incorporación al mundo laboral
dentro del marco de la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar las
actuaciones, convenios y declaraciones internacionales que tiendan a
la convergencia de los sistemas europeos de enseñanza superior,
dentro del respeto a la diversidad cultural y a la autonomía
universitaria reconocida en la Constitución, así como a adoptar las
medidas que sean necesarias para hacer realidad un espacio europeo de
enseñanza superior.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 55
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en relación a la generalización del primer
idioma extranjero a partir de los tres años.
El conocimiento de las lenguas extranjeras adquiere progresivamente
mayor importancia en las sociedades modernas.
Sería conveniente adelantar dicho estudio a edades más tempranas.
Por todo el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que regule la
enseñanza precoz de idioma extranjero desde el segundo ciclo de la
educación infantil.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 56
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa al Catálogo de Fauna
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
colaboración con todas las Comunidades Autónomas y las instituciones
científicas y académicas competentes, elabore el 'Catálogo de Fauna
Hispana, Peninsular y Archipielágica' y que se encuentre finalizado
en el 2002, recogiendo por primera vez en nuestro país todas las
especies españolas de vertebrados e invertebrados. El mismo será un
instrumento de vital importancia para el desarrollo y aplicación de
la 'Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de
Diversidad
Biológica', aprobada por la Conferencia Sectorial del Medio Ambiente
el 1 de diciembre de 1998.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 57
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a la mejora de la Administración de
Justicia
El Gobierno está dando respuesta a la necesidad de mejorar los medios
de la Administración de la Justicia, institución fundamental para
nuestro sistema democrático. Se han incrementado las plantillas de
Jueces, Fiscales y personal auxiliar, al tiempo que se han efectuado
reformas legales muy importantes para la vida de los ciudadanos.
El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad que existe
de proseguir la reforma global de la Justicia desarrollada en los
últimos años, insta al Gobierno a, en cooperación con las Comunidades
Autónomas, continuar aumentando la dotación presupuestaria en materia
de medios personales y materiales destinados a la Administración de
Justicia, a fin de que se pueda seguir incrementando el número de
plazas relativas al personal juzgador, personal al servicio de la
Administración de Justicia, Ministerio Fiscal y Servicio Jurídico del
Estado, y posibilitando la adquisición de los elementos necesarios
para culminar la informatización de la oficina judicial y para
proseguir la mejora de las infraestructuras y los medios técnicos de
que se disponen en los Juzgados y Tribunales.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 58
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
La seguridad de los alimentos es una exigencia de los consumidores
que debe encontrar cabal respuesta a través de mecanismos
administrativos que, además de garantizarla, construyan un clima de
seguridad que evite situaciones de alarma para los ciudadanos, así
como turbulencias en los mercados que, ocasionalmente, puedan,
además, socavar la competitividad del pujante sector alimentario
español.
Además, la consecución de estas altas cotas de seguridad debe hacerse
en un entorno como el de la Unión Europea, con libre circulación de
mercancías, y como el del modelo descentralizado del Estado de las
Autonomías, que confiere a éstas las competencias ejecutivas. «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, con respeto de
las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas y con base en
las actuales estructuras del Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Instituto de Salud 'Carlos III', se constituya una Agencia Española
para la Seguridad Alimentaria, con las finalidades siguientes:
* Coordinar las actuaciones de todas las Administraciones Públicas
responsables del control sanitario e higiene de los alimentos.
* Mantener actualizados los conocimientos técnicos y científicos en
materia de higiene y control alimentario y de nutrición.
* Mantener las relaciones técnicas y científicas con los organismos
similares de la Unión Europea y sus Estados Miembros.
* Actualizar y promover la normativa básica sanitaria en materia de
alimentos.
* Impulsar y fomentar las actuaciones de las entidades y empresas de
alimentación en sus obligaciones y actividades de control.
* Y, en general, cuantas otras faciliten la salud y seguridad
alimentaria de los ciudadanos.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 59
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa al Reglamento de nuevas formas de
gestión de los Centros Sanitarios del INSALUD.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el
menor tiempo posible, el Reglamento de nuevas formas de gestión que
desarrolle la Ley 15/1997, de 25 de abril, y el artículo 111 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, por el que se creaban las Fundaciones Públicas
Sanitarias, a fin de que, manteniendo el carácter de servicio público
y garantizando la concepción integral de la red sanitaria, la
igualdad en el acceso a las prestaciones y la planificación y
cooperación, se dote a los centros sanitarios del ámbito del INSALUD
de autonomía de gestión que posibilite incrementar su eficiencia en
los servicios que prestan a los ciudadanos.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 60
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa al estudio de los corredores
ferroviarios.
En cualquier estudio de corredores ferroviarios se deben considerar
como variables la demanda global de todos los sistemas de transporte
en su conjunto, así como su condición de elementos vertebradores del
territorio y su contribución al desarrollo en cuanto que factores de
localización de las futuras actividades productivas. Una vez que se
hayan evaluado y estimado estas variables, es cuando se darán las
condiciones para realizar un estudio que venga a satisfacer todas las
necesidades, conforme siempre a las consignaciones presupuestarias
con que hayan de llevarse a cabo, así como las cantidades resultantes
de la cuenta de explotación y de los ingresos obtenidos por el
tráfico de mercancías.
Teniendo en cuanta estas consideraciones, se presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir las
actuaciones en los principales corredores ferroviarios españoles,
considerando las necesidades nacionales, así como su óptima
interoperatividad en el conjunto de la red europea y de modo que
promueva la máxima eficacia del conjunto de la red existente, teniendo
en cuenta los tráficos previsibles y los balances económicos
resultantes.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 61
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a nuevas modalidades de financiación
cualificada de viviendas protegidas.
Aún cuando el reciente Nuevo Plan de Vivienda 1998-2001 prevé
sustanciales ayudas a la adquisición de las viviendas de protección
sustentadas fundamentalmente en una subsidiación de intereses, el
pago de la entrada de la vivienda sigue suponiendo un esfuerzo
económico de difícil alcance especialmente en los jóvenes. Por ello,
y de acuerdo con la Disposición Adicional 6.a
del vigente Plan de Vivienda, el favorable contexto económico, la
baja inflacción y reducciones de tipos de interés, es posible
estudiar la modificación de los mecanismos de financiación de
sustitución de mecanismo de subsidiación por subvención directa para
el pago de la entrada de la vivienda. Por ello:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Poner en marcha nuevos mecanismos y modalidades de financiación
cualificada de viviendas protegidas, que permitan abordar los
principales problemas a los que se enfrentan los grupos de población
más necesitados de ayuda pública para acceder a su primera vivienda
sea en alquiler o en propiedad, con especial atención a los jóvenes.
En particular, dichos nuevos mecanismos habrán de tender a facilitar
el pago de la entrada para la adquisición de la vivienda.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 62
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, lasiguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a la ampliación del concepto de
servicio universal de telecomuniciones.
La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, ha
establecido en consonancia con los criterios adoptados en el seno de
la Unión Europea, el marco jurídico adecuado para el logro de la
plena liberalización del sector de las telecomunicaciones,
disminuyendo, en consecuencia, el control administrativo que sobre el
mismo existía y eliminando los derechos especiales exclusivos
sustentados en la antigua categoría del servicio universal.
La referida Ley persigue garantizar a todos los usuarios, con
independencia de su localización geográfica, la prestación conjunta
de servicios con calidad determinada y a precios asequibles.
Existe una clara preocupación por la implantación, en el Estado
español, del acceso a Internet y por su desarrollo.
Junto a esta preocupación ha sido realizada la propuesta, por el
Ministerio de Fomento español, de extensión del concepto de servicio
universal de telecomunicaciones al acceso a Internet, en el proceso
de revisión de la normativa comunitaria, en 1999, que formuló el
Ministerio de Fomento en el Consejo de Ministros de
Telecomunicaciones, celebrado en Luxemburgo, el 22 de abril de 1999.
La propuesta que, de española, se convirtió en hispano- francesa, fue
secundada por países como Grecia, Dinamarca, Bélgica, Italia y
Luxemburgo.
Consistió en lo siguiente:
«El concepto de servicio universal, vinculado a la prestación del
servicio de acceso a Internet, será el siguiente:
Los Estados miembros podrán incluir dentro del concepto de servicio
universal de telecomunicaciones la utilización de una red, soporte
del servicio de acceso a Internet. Dicha infraestructura,
inicialmente, será como mínimo, la actualmente existente para la
prestación del servicio de telefonía disponible al público, sin
perjuicio de que pueda ser sustituida por una infraestructura más
moderna, que permita una mayor velocidad de transmisión y una mayor
calidad en la prestación del servicio. Su empleo, como soporte de los
servicios de acceso a Internet, deberá producirse a precio asequible.
En todo caso, los Estados miembros podrán incluir, dentro del
servicio universal de telecomunicaciones, el empleo para el acceso a
Internet de la infraestructura de red, con un régimen especial de
precios, para prestar servicios a centros educativos, escolares y
universitarios y hospitales y centros sanitarios.» Esta propuesta, en
caso de prosperar, va a permitir remover los obstáculos que hoy
existen en la normativa comunitaria para considerar, como servicio
universal, el empleo de la red, para Internet. Se considera, en el
conjunto de las Directivas liberalizadores y, en especial,
la que regula el Servicio Universal, que éste deber
circunscribirse en el servicio de voz, fax y datos, a una velocidad
tal que impide el empleo de este servicio para Internet.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar ante los órganos competentes de la Unión Europea la
modificación de las directivas europeas para ampliar el concepto de
servicio universal de telecomunicaciones para incluir la utilización
de una red soporte del servicio de acceso a Internet y al amparo de
dicha modificación ampliar en los mismos términos el concepto de
servicio universal de telecomunicaciones en la normativa española.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 63
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, lasiguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en materia de facilidades a los usuarios
españoles del servicio Internet.
En septiembre de 1997, se reguló la liberalización de los servicios
de acceso a Internet que venía prestando en monopolio «Telefónica, S.
A.», por medio de su red Infovía. Esta medida, que tras un período
transitorio se hizo efectiva el pasado 1 de diciembre, ha permitido
que en la actualidad se sucedan ofertas de distintos operadores que
ofrecen de forma gratuita el acceso a Internet. Al mismo tiempo, se
han aprobado planes de descuento y tarifas especiales para las
llamadas telefónicas implicadas en comunicaciones a Internet que
hacen que España cuente hoy, en conjunto, con unos de los regímenes
tarifarios más ventajosos para el acceso a Internet de toda la Unión
Europea.
Por último, el pasado mes de marzo, por Orden del Ministerio de
Fomento, se aprobó la regulación para introducción de la tecnología
ADSL siendo el primer país que lo hace de toda la Unión Europea. Esta
tecnología proporciona a los usuarios una calidad y velocidad de
transmisión en el acceso a Internet muy superior a las actuales.
Además, permite el establecimiento de tarifas planas para Internet
sin provocar saturaciones en la red telefónica y, por lo tanto, sin
degradar la actual calidaddel servicio telefónico.
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar las medidas oportunas que impulsen el despliegue en todo el
territorio nacional de todas las tecnologías disponibles para
permitir que los usuarios españoles que accedan al servicio Internet
se beneficien de accesos de altas prestaciones a un precio
asequible.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 64
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa al nuevo Marco Jurídico, Fiscal y
Financiero para el fomento de la innovación industrial.
La evolución de las políticas de investigación científica
y desarrollo tecnológico, desarrolladas por los países europeos, ha
puesto de manifiesto la falta de traslación del conocimiento
científico básico a la solución de los problemas de las empresas y de
la sociedad en su conjunto; esta paradójica situación es el punto de
partida de una política diferenciada de innovación industrial cuya
finalidad deber ser impulsar la traslación de la mejora del
conocimiento científico, en un aumento de la competitividad
industrial. Así, el apoyo a la innovación se ha convertido en una
prioridad de la política industrial, tanto a nivel europea como
nacional.
Por ello, se presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una
cultura empresarial basada en la innovación y la capacidad
tecnológica competitiva de la industria española, para lo cual se
considera necesario el establecimiento de un marco normativo, fiscal
y financiero que favorezca la política de innovación industrial y el
fomento de las actividades innovadoras de la industria.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 65
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en materia de seguridad y defensa europeas.
Tras las decisiones de la Cumbre de Washington sobre el desarrollo de
la Identidad Europea de Seguridad y Defensa de la Alianza Atlántica y
del Consejo Europeo de Colonia sobre el desarrollo progresivo de una
política europea de seguridad y defensa común, el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a impulsar las decisiones adoptadas en
dichas Cumbres, que permitirán el desarrollo de una verdadera
dimensión europea de seguridad y defensa, y que la Unión Europea se
dote de las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones de
gestión de crisis de forma autónoma, sin duplicación de medios y
recursos con la OTAN. De acuerdo con este objetivo, el Gobierno
deberá continuar apoyando la inserción de las instituciones de la
Unión Europea Occidental en la UE a lo largo del año 2000, con el fin
de alcanzar la integración de ambas Organizaciones a finales del
citado año. En este proceso, será necesario preservar el acervo
existente, tanto en la UEO sobre la base de un principio inclusivo,
como en la UE, y asegurar la participación de los países miembros de
la UE que no pertenecen a la Alianza y de los aliados que no forman
parte de la Unión.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 66
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a la ampliación de la UE.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que prosiga en su
acción de apoyo decidido al proceso de adhesión de Chipre, Malta y
los países de Europa Central y Oriental a la Unión, y a que se
defienda en Helsinki el
inicio de las negociaciones de los candidatos del segundo grupo y
Malta a partir del próximo año.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 67
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa al proceso de Barcelona.
El Mediterráneo es una de las zonas de atención preferente por las
que trabaja España. Por ello,
El Congreso de los Diputados toma nota con satisfacción de los
avances conseguidos hasta ahora en el proceso de la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona e insta al Gobierno a seguir
desarrollando una política de liderazgo en el marco de las
iniciativas mediterráneas de la UE, con el fin último de hacer del
Mediterráneo una zona de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad
compartidas.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 68
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a distribución equitativa entre
Comunidades Autónomas de los incrementos productivos obtenidos en los
acuerdos de la Agenda 2000.
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que los incrementos
productivos de los distintos sectores agrícolas obtenidos en los
acuerdos de la Agenda 2000 (cuota producción leche, primas vacuno,
rendimientos históricos herbáceos y nuevas plantaciones de viñedo) se
distribuyan en colaboración con las Comunidades Autónomas, en base a
criterios de equidad que tengan en cuenta las condiciones
socioeconómicas de las diversas agriculturas de las Comunidades
Autónomas, dando peso al factor de proporcionalidad.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 69
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a nuevos mecanismos de cooperación
pesquera de la Unión Europea con Marruecos.
La flota española tiene una enorme tradición pesquera en aguas
marroquíes. El acuerdo de Pesca por la UE con el Reino de Marruecos
es uno de los más importantes para la flota española que opera en
aguas de terceros países, tanto por el número de unidades, más de
400, como por el número de empleos directos e indirectos que genera.
La finalización, el próximo día 30 de noviembre, del actual Acuerdo,
unido a las reiteradas manifestaciones de las Autoridades del reino
de Marruecos de no renovar el mismo, han creado un clima de
desasosiego en el sector implicado y auguran un futuro incierto.
Por parte de España, y con carácter bilateral, se han celebrado
diversas reuniones con los máximos responsables gubernamentales de
ambos países y con la participación de los Ministerios implicados en
cuestiones pesqueras.
La competencia para la renegociación o negociación de nuevos Acuerdos
corresponde a la Comunidad Europea. El Gobierno español se halla
trabajando junto a los Estados miembros de la Unión Europea y junto a
la Comisión Europea para lograr mantener la actividad de sus buques
en el caladero de Marruecos.
Por ello, se presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que multiplique sus
esfuerzos para conseguir nuevos mecanismos de cooperación pesquera de
la Unión Europea con Marruecos, y que España pueda mantener la
presencia de su flota pesquera en este caladero. El Gobierno debe,
asimismo, ejercer ante las instancias europeas cuantas acciones sean
necesarias para alcanzar un Acuerdo
que sea beneficioso para la Unión Europea, para España y para
Marruecos.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 70
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en materia de voluntarios sociales en el
extranjero.
La Cooperación de carácter internacional reviste, en los momentos
actuales, una importancia básica que no ha dejado de crecer en los
últimos años.
Como es sabido, la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo prevé la elaboración del Estatuto del Cooperante dentro de
un determinado marco de derechos y obligaciones pendiente de
desarrollo reglamentario; no obstante, es evidente que, al margen de
esta figura, quedará un gran número de voluntarios sociales que,
prestando su colaboración desinteresadamente en idénticos o similares
programas de desarrollo, permanecerán al margen del Sistema de la
Seguridad Social, careciendo de toda protección social. Si bien
aquellos voluntarios que causaran baja en el trabajo con motivo de su
participación en actividades de cooperación internacional podrían
mantener sus derechos de Seguridad Social a través de la suscripción
del oportuno Convenio Especial, los voluntarios sociales que no
hubiesen estado afiliados anteriormente a la Seguridad Social carecen
de toda fórmula alternativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer
o promover los mecanismos necesarios para que aquellos voluntarios
sociales que desarrollando su actividad en el extranjero en Proyectos
de desarrollo a favor de otros países, sin estar incluidos dentro del
concepto de 'cooperante', y sin haber estado previamente afiliados y
en alta en el sistema de Seguridad Social, puedan tener acceso al
mismo mediante la suscripción de un Convenio Especial y, por tanto, a
la Protección Social que se dispensa a través de esta figura,
respetando siempre el principio de equilibrio del Sistema de la
Seguridad Social.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 71
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continue en la
línea de protección a la familia como agente de bienestar de los
ciudadanos y factor de cohesión social. Y en el marco del Plan
Integral de la Familia, que se está elaborando, se prioricen aquellas
actuaciones referentes a las familias numerosas y a aquellas con
personas dependientes (mayores, discapacitados, menores hasta tres
años).»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 72
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.593, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 73
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.593, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 74
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de política general en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución relativa a la integración social de las
personas discapacitadas:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
colaboración con otras Administraciones Públicas y con la iniciativa
social sin fin de lucro, incremente las actuaciones dirigidas a
favorecer la integración social de las personas discapacitadas,
apoyando las soluciones orientas a la eliminación de las barreras
existentes, tanto físicas como en el transporte y en la comunicación,
que dificultan el desarrollo de una vida normalizada por el colectivo
de estas personas, apoyando igualmente la
oferta de soluciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la
rehabilitación.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 75
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Propuesta de Resolución en materia de configuración del nuevo
Servicio Público para el Empleo.
La necesidad de dotar al desarrollo de las políticas de empleo de un
instrumento de gestión eficaz y cercano a los desempleados, que
facilite su aplicación, está requiriendo la remodelación de los
Servicios Públicos de Empleo, dando cabida a un nuevo modelo de
competencias compartidas ente el Estado y las Comunidades Autónomas
y en el que colaboren también de forma activa otras instituciones
públicas y privadas, así como los agentes sociales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Propuesta deresolución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar el
proceso ya iniciado de discusión y análisis, con las Comunidades
Autónomas y los interlocutores sociales, sobre la más adecuada
configuración del nuevo Servicio Público y a elaborar una nueva Ley
Básica de Empleo que plasme el futuro modelo.»
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 76
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Debe seguir modernizándose el mercado de trabajo, teniendo en cuenta
las prioridades del Gobierno referidas a la promoción de la
contratación estable, impulsar el trabajo a tiempo parcial, favorecer
la conciliación de la vida familiar y laboral y facilitar la
movilidad funcional y geográfica.
Por todo ello,
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que tome las
medidas necesarias para seguir modernizando el mercado de trabajo,
teniendo en cuenta las prioridades señaladas para poder seguir
creando empleo en términos semejantes al producido en los tres
últimos años.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 77
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del Debate de Política General en torno al estado de la
Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
España se enfrenta a retos inmediatos, tales como:
Mejorar su nivel de empleo, la presencia de sus empresas y su
prestigio cultural en un mundo global.
Modernizar su sistema educativo para que las nuevas generaciones
puedan integrarse profesionalmente en la sociedad del conocimiento.
Afrontar el cambio tecnológico, contemporáneo con mayor producción
científica y más innovación o dejará de crear empleo.
Fortalecer nuestra presencia activa en la Unión Europea.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
adoptar las medias necesarias para alcanzar estos objetivos.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 78
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular formula, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con
motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
La situación del empleo en España ha cambiado sustancialmente. En los
próximos años la creación de empleo ha de tener a las mujeres como
principales protagonistas. Por todo ello,
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe
promoviendo las políticas adecuadas para incentivar la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo y la conciliación a la vida
familiar.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.
Propuesta de Resolución núm. 79
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al
Partido Aragonés (GPP), en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución relativa al desarrollo
del artículo 48 del Estatuto Autonómico de Aragón.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de
dos meses se establezcan las conversaciones con el Gobierno de Aragón
para el desarrollo del artículo 48 del Estatuto de Autonomía de
Aragón, relativo a la firma del convenio sobre financiación
autonómica, teniendo en cuenta los criterios de extensión territorial
Madrid, 23 de junio de 1999.-Antonio Serrano Vinué, Diputado.-Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Propuesta de Resolución núm. 80
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Serrano Vinué, Diputado por Zaragoza, perteneciente al
Partido Aragonés (GPP), en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Propuesta de Resolución relativa a la
ejecución de las obras del Pacto del Agua de Aragón.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que tenga en cuenta
en su planificación hidráulica los principios de equilibrio
interterritorial y solidaridad. Por ello, se insta a la agilización y
ejecución de todas las obras contempladas en el Pacto del Agua de
Aragón no autorizando ninguna transferencia de caudal (trasvases), y
garantizando las necesidades actuales y futuras en materia
de regadíos, las reservas estratégicas y los usos de agua
necesarios tanto en calidad como en cantidad para la industria y la
población. Teniendo en cuenta, además, los principios de la Carta
Europea del Agua y la nueva directiva del agua de la Unión Europea
donde se consagra el principio de unidad de cuenca.
Madrid, 23 de junio de 1999.-Antonio Serrano Vinué, Diputado.-Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo
197 del Reglamento del Congreso de los Diputados y con motivo del
Debate de Política General en torno al estado de la Nación, presentar
las siguientes
Propuestas de Resolución
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
Propuesta de Resolución núm. 81
Propuesta de Resolución en materia de terrorismo.
Conseguir la consolidación definitiva de la paz en el País Vasco es
el objetivo principal de la política española y el mayor anhelo de
todos los ciudadanos.
Por ello, el Congreso de los Diputados, depositario de la soberanía
popular, declara lo siguiente:
1.o El Congreso de los Diputados considera que la lucha contra la
violencia no puede ser objeto de confrontación entre partidos, que
nadie debe intentar sacar ventaja política, así como que no es
posible aplicar a este tema la dialéctica entre Gobierno y oposición.
Con más razones todavía, las fuerzas políticas democráticas renovamos
ese compromiso en este período de gestión de la tregua para conseguir
la renuncia definitiva de la violencia y la plena normalización
democrática del País Vasco, apoyando las conversaciones que el
Gobierno ha iniciado con ETA.
Por ello, declaramos nuestra convicción de que el Pacto de Madrid,
suscrito por la totalidad de los partidos políticos presentes en las
Cortes Generales, mantiene su vigencia y sirve para avanzar en la
búsqueda de la paz.
2.o Durante veinte años de libertad, el pueblo vasco ha decidido
masiva y reiteradamente su conformidad con el marco jurídico y
político definido por la Constitución y el Estatuto. Nadie ha
impedido otras opciones, sino que la mayoría de los vascos ha
configurado líbremente ese marco de autogobierno, al igual que los
navarros hanconfigurado el suyo a través del Amejoramiento.
El Congreso de los Diputados reitera su confianza y su apoyo al marco
establecido en la Constitución y en los Estatutos y recuerda que sólo
mediante la existencia de mayorías democráticas consolidadas,
libremente ejercidas y con arreglo a las normas exigidas en nuestros
textos básicos, puede alterarse o perfeccionarse ese modelo.
3.o La democracia no puede hacer ningún reconocimiento previo, ni
promesa alguna, como premio o condición a un posterior cese de la
violencia. En la democracia caben todas las opciones políticas. Nada
justifica matar ni recurrir a la violencia porque todo es posible en
democracia.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados reitera su exigencia de
que ETA abandone definitivamente la violencia y, una vez constatada
de manera inequívoca esta circunstancia, se compromete a amparar un
diálogo para que las cuestiones políticas puedan resolverse única
y exclusivamente a través de los representantes legítimos de la
voluntad popular.
4.o El valor fundamental de una sociedad democrática es el respeto al
otro, la aceptación de la discrepancia, la tolerancia como actitud y
como calor social. En el País Vasco, las diferentes alternativas o
reivindicaciones existentes son legítimas, pero ni pueden defenderse
violentamente ni pueden imponerse al conjunto de la sociedad por el
temor o la coacción. Hoy reafirmamos que la ausencia de toda coacción
es condición inexcusable para que avance el proceso de paz.
Pero más allá de este proceso, el Congreso de los Diputados quiere
alzar su voz en defensa de la pluralidad de la sociedad vasca y
contra la imposición, cultural, étnica, lingüística o política desde
una determinada concepción de lo vasco. Por ello, reclama el
reconocimiento y respeto de todas las opciones identitarias a través
del escrupuloso y seguro ejercicio de todos los derechos individuales
que corresponden a todos los españoles por mandato de nuestra
Constitución.
5.o Las víctimas son nuestra principal preocupación. La paz no será
real ni completa si se construye sobre el olvido de quienes directa y
personalmente han sufrido la violencia terrorista. Ellos deben ser
quienes primero vivan la paz. La Justicia y la Ética nos reclaman
a todos que las víctimas sean protagonistas principales del proceso de
paz y reciban el reconocimiento, la atención y la compensación de
toda la sociedad española. Queremos demostrar la plena solidaridad
con quienes han sido víctimas de actos violentos cometidos por
elementos terroristas, bandas armadas y por quienes han pretendido
impedir la convivencia y el orden democráticos. Y, por ello, nos
comprometemos a resolver los problemas pendientes para la aprobación
inmediata de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
6.o La Paz exigirá un esfuerzo de generosidad a toda la sociedad. Por
ello, el Congreso de los Diputados reitera hoy los términos de los
Acuerdos adoptados por esta Cámara los pasados 10 de noviembre de
1998 y 15 de junio de 1999 en relación con la adopción
y aplicación de criterios en materia de política penitenciaria.
Propuesta de Resolución núm. 82
Propuesta de Resolución en materia de profundización de la democracia
representativa y del pluralismo político.
I. El Parlamento como, órgano en el que reside la soberanía popular,
no sólo no ha logrado convertirse en la presente Legislatura en
centro del debate político, como anunció el Presidente del Gobierno
en la sesión de investidura, sino que ha venido sufriendo un
deterioro institucional cada vez más profundo.
El abuso por parte del Gobierno de la figura del decreto-ley 73, en
el transcurso de la Legislatura, e incluso su utilización en
procedimientos constitucionalmente vedados como es el de autorización
por las Cortes de tratados o convenios internacionales y la quiebra
del consenso parlamentario en el contenido y tramitación de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, son ejemplos
claros de este deterioro.
La posición de continua cicatería democrática por parte del Gobierno
a debatir en el Pleno de la Cámara, con rapidez, los temas de mayor
interés político y más comprometidos desde el punto de vista de la
política interior y exterior de España, como la situación política en
el País Vasco o la intervención de la OTAN en Kosovo, son muestras
del escaso respeto que demuestra el Gobierno a la función del
Parlamento. En la mayoría de ocasiones y por imposición de la
mayoría, los debates parlamentarios se convierten en una pura adición
de monólogos, sin posibilidad de réplicas que den lugar a reales
debates.
Pero la escasa sensibilidad democrática del Gobierno hacia el
Parlamento se aprecia de forma más intensa en la función de control
al ejecutivo que corresponde a los miembros de las Cortes Generales:
En cada Pleno aumenta el número de ausencias de Ministros en las
sesiones de control; se responde de forma autoritaria y con desprecio
a la oposición a la que, sin embargo, se intenta controlar en un
ejercicio de perversión democrática desconocido hasta la fecha; se
abusa en la utilización de los instrumentos de control por parte de
la propia mayoría parlamentaria, con el objetivo de restringir
numéricamente las posibilidades de utilización de dichos mecanismos
por parte de la oposición; se tarda en las respuestas escritas que,
cuando llegan, casi nunca resultan completas; se evita enviar la
documentación necesaria que los Diputados requieren en el ejercicio
de su función, precisamente en aquellos temas de mayor incidencia
social; se tiende a dejar zonas opacas al control parlamentario,
siendo ello especialmente grave en aquellos ámbitos que constituyen
sectores estratégicos en la actividad económica actual
(telecomunicaciones, energético...). En definitiva, se elude más allá
de lo permisible elcontrol democrático.
En múltiples ocasiones, especialmente en la admisión de las
iniciativas de control de la oposición, la Mesa de la Cámara, a
través de los miembros pertenecientes a los grupos que constituyen la
mayoría parlamentaria, se ha convertido en un instrumento de freno
y limitación del derecho y obligación de los Diputados y los Grupos
Parlamentarios a ejercer el control al Gobierno.
II. Por otro lado, la acción del Gobierno ha venido erosionando los
valores de libertad, tolerancia y respeto a las opiniones de las
minorías en un intento permanente de lograr el monopolio ideológico
en los medios de comunicación que conculca el derecho de los grupos
sociales a comunicar libremente información y sobre todo, el de los
ciudadanos, a recibir información libre y veraz. Paulatinamente, se
eliminan las barreras existentes que impedían el monopolio en la
información y los mecanismos que permitían la transparencia en un
sector tan sensible, que por el contrario deben ser permanentemente
perfeccionados.
De otra parte, se pretenden introducir reformas que se alejan de la
concepción del servicio público de la radio y la televisión como
garantía de pluralismo y neutralidad política, evidentemente, sin el
necesario consenso de las fuerzas políticas representadas en el
Parlamento.
Los principios contenidos en el artículo 4 del Estatuto de la Radio y
la Televisión, como la objetividad, veracidad e imparcialidad de las
informaciones; la separación entre informaciones y opiniones, el
respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y
lingüístico; el respeto al honor, la fama, la vida privada de las
personas y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución; la
protección de la juventud y la infancia, y el respeto de los valores
de igualdad, recogidos en el artículo 14 de la Constitución, no
presiden como debieran la televisión y la radio públicas, con el
consiguiente descrédito de sus profesionales que, en su mayoría, no
lo merencen.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Colaborar y facilitar de forma decidida el ejercicio de la función
constitucionalmente atribuida a Diputados y Diputadas como
representantes de la soberanía popular, cumpliendo con rapidez y de
forma completa las peticiones de datos, informes y documentación que
éstos le soliciten, compareciendo con la máxima celeridad, cuando sea
requerido para ello, tanto en Pleno como en Comisión y no hurtando al
Parlamento la información y discusión rápida sobre problemas de la
máxima repercusión política e institucional.
A abandonar la práctica de remitir a las Cámaras el denominado
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado, respetando la jurisprudencia del TC en esta materia.
Las medidas que guarden relación directa con el Presupuesto o con la
política económica general del Gobierno
podrán ser introducidas, en su caso y con estricto cumplimiento de
la citada jurisprudencia constitucional, en el propio Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado.
2. Proceda al inmediato cese del actual Director del Ente Público de
RTVE.
3. Dirigirse a quien en ese momento obstente la condición de Director
general de Radio Televisión Española a fin de que proceda a la
elaboración de un código deontológico en el se precisen los criterios
que han de seguir los profesionales de RTVE, a fin de que se hagan
efectivos los principios inspirados en el artículo 4 del Estatuto de
la Radio y la Televisión, como son la objetividad, veracidad e
imparcialidad de las informaciones; la separación entre informaciones
y opiniones, el respeto al pluralismo político, religioso, social,
cultural y lingüístico; el respeto al honor, la fama, la vida privada
de las personas y cuantos derechos y libertades reconoce la
Constitución; la protección de la juventud y la infancia, y el
respeto de los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la
Constitución.
4. A presentar, de forma inmediata, una modificación del Estatuto de
RTVE que atribuya al Congreso de los Diputados, por mayoría
cualificada, la designación del Director general del Ente Público
RTVE.
Propuesta de Resolución núm. 83
Propuesta de Resolución sobe reforma del vigente Reglamento del
Congreso de los Diptuados
Un Parlamento ágil, atento a lo que sucede en la sociedad, que
despierte el interés de los ciudadanos por sus debates, que genere
opinión ciudadana respecto de todos aquellos temas que afectan al
país, que cumple sus tarea de control al Gobierno con seriedad, pero
con eficacia, es una garantía democrática de que el equilibrio de
poderes diseñado por la Constitución funciona correctamente.
Es verdad que todo ello no se logra únicamente con un nuevo
Reglamento. Se requiere, además, que Grupos Parlamentarios y Gobierno
así lo quieran. Pero, desde luego, es necesario, en cualquier caso,
que las reglas del juego parlamentario sean las acertadas para cubrir
todos estos objetivos.
Modernizar el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados para
llevar al Parlamento a una mayor y mejor sintonía con la sociedad, de
forma que cumpla eficazmente la función que la Constitución le
atribuye, es hoy inaplazable.
Por todo ello,
«El Congreso de los Diputados acuerda impulsar los trabajos de
reforma del Reglamento de la Cámara en Ponencia y Comisión, de forma
que se posibilite su aprobación en esta Legislatura,
comprometiéndose, asimismo, a llevarlos a votación del Pleno de la
Cámara antesde que finalice 1999.»
Propuesta de Resolución núm. 84
Propuesta de Resolución en materia de política exterior y de
seguridad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que remita a la Cámara una Comunicación que actualice y
desarrolle el Decálogo sobre Política Española de Paz y Seguridad de
1984 y que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
a) La incardinación de nuestra política de paz y seguridad en el
marco de los principios y objetivos contenidos en la Carta de
Naciones Unidas, y nuestro compromiso con las responsabilidades de la
organización en el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como
nuestra contribución a la consolidación de la OSCE, instrumento
esencial para promover la convivencia y el respeto a identidad de los
pueblos desde el respeto a la integridad territorial de los Estados
europeos.
b) La creación de una política exterior, de seguridad y de defensa de
la Unión Europea, impulsando activamente la convergencia entre la
Unión Europea y la Unión Europea Occidental y dotándola de medios y
estructuras adecuados.
c) La profundización y diversificación del vínculo transatlántico,
impulsando el proceso de transformación de la Alianza, promoviendo la
incorporación de nuevos miembros, participando activamente en la
cooperación entre Rusia y la OTAN para la seguridad y la estabilidad
en el área euroatlántica, y contribuyendo al desarrollo efectivo de
la agenda transatlántica, que se firmó en Madrid durante la
presidencia española de la Unión.
d) La intensificación del diálogo y la cooperación, también en el
ámbito de la defensa y la seguridad, entre organizaciones europeas y
transatlánticas y los países del sur del Mediterráneo.
e) El mantenimiento y desarrollo de relaciones de cooperación
bilaterales en materia de seguridad y defensa, en especial con los
países vecinos del norte de África, así como la colaboración en
procesos de reforma militar emprendidos por algunos países
iberoamericanos.
f) La continuidad de nuestra relación bilateral con Estados Unidos
sobre la base del convenio de 1989.
g) La culminación, a la mayor brevedad, del nuevo modelo de Fuerzas
Armadas, y el impulso a su modernización, a fin de garantizar nuestra
propia defensa y hacer más eficaz nuestra contribución multilateral.
h) La intensificación de la acción política, el diálogo y la
cooperación para la recuperación de la soberanía de España sobre
Gibraltar, en el marco de los Acuerdos de Bruselas de 1984.
i) La potenciación de las políticas españolas de cooperación para el
desarrollo y de defensa y promoción de los derechos humanos, la
democracia y las libertades, ámbitos en que, frecuentemente, se
sitúan las raíces de los conflictos, y, también en ese ámbito, la
cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo. También, el impulso permanente a los esfuerzos contra la
proliferación de armas de destrucción masiva y
el compromiso con la transparencia del comercio de armamentos.
2. A definir, en diálogo con los Grupos Parlamentarios, estrategias
que permitan la recuperación de la influencia y el papel
internacional de España y definir acciones y objetivos acordes con
los mismos.
3. A establecer, entre dichos objetivos, la incorporación de España,
en un plazo razonable, a foros de consulta o decisión política que
desempeñan un creciente papel, como el Grupo de Contacto o G8;
nuestra presencia, en los primeros años del siglo XXI, en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, organización en la que España es el
octavo contribuyente, así como una estrategia dirigida a mantener e
incrementar la presencia de españoles en puestos de responsabilidad
de los organismos internacionales de los que España forma parte.
4. A desarrollar y fortalecer la dimensión ética de la política
exterior de España, extendiendo los valores y principios que la
inspiran al conjunto de nuestra proyección internacional.
5. A iniciar con los Grupos Parlamentarios un diálogo para alcanzar
un acuerdo político que desarrolle la Resolución de 1995 en lo
referido a mecanismos de consulta al Parlamento en materia de
participación de España en operaciones militares internacionales.
6. A impulsar la reforma efectiva de servicio exterior,
modernizándolo, adaptándolo sus medios y estructuras a las exigencias
de los objetivos anteriores y fortaleciendo el principio de unidad de
acción en el exterior.
Propuesta de Resolución núm. 85
Propuesta de Resolución relativa a la Unión Europea.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Con el fin de reforzar la participación de nuestro país en el
impulso y la dirección del proyecto europeo, a:
a) Apoyar activamente el proceso iniciado por el que se contemplan
los derechos fundamentales, cívicos, económicos, sociales y
culturales, incluido el acceso a los servicios públicos, en una Carta
Europea de Derechos, cuya consagración implique, asimismo, una amplia
consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones no
gubernamentales, todo ello como contribución a la construcción de una
identidad europea más fuerte y para reforzar el modelo social
europeo.
b) Promover, mediante propuestas concretas y consensuadas, la
resolución de las cuestiones aplazadas en Amsterdam, en especial las
relativas a la composición de la Comisión Europea, el sistema de
ponderación de los votos y la aplicación de la mayoría cualificada en
el proceso de decisión, en apoyo del proceso de reforma de las
instituciones europeas y con el fin de hacerlas más abiertas,
eficaces y democráticas.
c) Incentivar fórmulas de participación y difusión de las políticas
europeas y sus efectos sobre el bienestar de los ciudadanos españoles
reforzando los mecanismos de control parlamentario que contribuyan a
mejorar la implicación institucional y ciudadana en las políticas y
decisiones adoptadas por las instituciones europeas.
2. Ante los nuevos y decisivos retos de la política exterior y de
seguridad común de la Unión Europea, a:
a) Asumir un papel activo en el cumplimiento del compromiso asumido
por la Unión Europea de liderar los esfuerzos de reconstrucción y
rehabilitación de Kosovo, contribuyendo a la solución política de una
administración provisional transparente y eficaz en la provincia y a
la aplicación y ejecución de un Pacto de Estabilidad para la Europa
sudoriental que contribuya a afianzar la paz, la estabilidad y la
prosperidad en los países de la región.
b) Impulsar, en el marco de los objetivos y principios adoptados en
la Declaración de Barcelona, la política de Cooperación
Euromediterránea mediante la colaboración y el papel activo del
Gobierno español en la puesta en práctica de las decisiones tomadas
en la Conferencia de Stuttgart.
c) Defender y liderar, mediante la aportación de propuestas concretas
de cooperación, los objetivos de la próxima Cumbre que se celebrará
en Río de Janeiro entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe, contribuyendo a sentar los
fundamentos de una nueva asociación estratégica entre ambas regiones
que contribuya al progreso social, al desarrollo económico y al
afianzamiento democrático de las instituciones en beneficio de sus
poblaciones.
d) Propiciar un nuevo impulso en la construcción europea para que
Europa pueda asumir sus responsabilidades respecto de una política
europea común de seguridad y de defensa, con capacidad autónoma
respaldada por los recursos y los medios necesarios para su
utilización en caso de necesidad. Para ello procederá a impulsar la
progresiva integración de la UEO en la Unión Europea para cumplir con
sus nuevas responsabilidades en el ámbito de las misiones Petersberg.
3. A impulsar, revisar y desarrollar los reglamentos necesarios para
la aplicación del Régimen Económico y Fiscal especial de las islas
Canarias y de su condición de región ultraperiférica, en especial el
desarrollo del artículo 299 de Tratado de Amsterdam, y la revisión
del reglamento y las decisiones necesarias para continuar la
aplicación del POSEICAN.
4. A comparecer ante el Pleno de la Cámara, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 196 y 197 del Reglamento, para debatir y
fijar la posición española ante la sesión especial del Consejo
Europeo sobre «Europa, la reforma económica y la cohesión social,
hacía una Europa de la innovación y del saber».
Propuesta de Resolución núm. 86
Propuesta de Resolución en materia de cooperación internacional para
el desarrollo y Comercio Exterior.
El Congreso de los Diputados, en relación a los objetivos de la
política de cooperación internacional para el desarrollo, insta al
Gobierno para que:
1. Con el fin de avanzar progresivamente en la consecución del 0,7
por ciento del PNB como Ayuda Oficial al Desarrollo, consigne el 0,35
por ciento en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
2. Consolide durante el próximo ejercicio presupuestario el objetivo
fijado en la Cumbre de Copenhague de 1995 de que al menos de 20 por
ciento de la AOD bilateral sea dedicado a los sectores sociales
básicos, y de que no menos del 10 por ciento de ese total se destine
3. Siendo la deuda externa el principal obstáculo para el desarrollo,
condone la actual deuda bilateral que nuestro país mantiene con los
países altamente endeudados, vinculando su cancelación con políticas
de reforma institucional, económica y social y mediante la conversión
de los fondos liberados en inversión pública para programas de
desarrollo humano en dichos países. Que, asimismo, participe
activamente en el diseño de políticas y nuevas alternativas ante los
foros multilaterales (Club de París, Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional), en especial la referida a la flexibilidad para la
incorporación de nuevos países a la iniciativa para el alivio de la
deuda de los países pobres altamente endeudados (PPAE-HIPC).
4. El Congreso de los Diputados, con motivo de la Tercera Conferencia
Ministerial de la OMC que se celebrará en Seattle a finales de 1999 y
considerando indispensable una mayor integración de los países en
desarrollo en el comercio mundial y un mejor acceso a los mercados,
en apoyo de las negociaciones que sienten las bases para conseguir
resultados sustanciales y equilibrados en provecho de todos los
miembros de la OMC, insta, asimismo, al Gobierno para que:
Impulse, en el ámbito de dicha negociaciones una serie de propuestas
que incluyan tanto la aplicación de las Normas Fundamentales del
Trabajo en el ámbito de la OMC como la inclusión de mecanismos para
la protección del medio ambiente en coherencia con el objetivo del
desarrollo sostenible, con el fin de corregir los efectos de la
globalización mundial del mercado y contribuir así a un orden
internacional más justo y a un mayor equilibrio en las relaciones
políticas, económicas y comerciales con los países en desarrollo.
Propuesta de Resolución núm. 87
Propuesta de Resolución en materia de empleo y relaciones laborales.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar medidas que faciliten y hagan más estables y
transparentes las funciones de intermediación en el mercado de
trabajo, para lo que procederá a presentar, antes del 30 de
septiembre de 1999, un Proyecto de Ley regulador de un Servicio
Estatal de Empleo, de naturaleza pública y gratuito, que garantice la
unidad del mercado laboral, la libre circulación de trabajadores, la
no discriminación y la igualdad de oportunidades, la
descentralización en su organización y la participación de
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y los agentes sociales
en su gestión.
2. Desarrollar negociaciones con los agentes sociales para la puesta
en desarrollo de las medidas del Plan Nacional de Acción para el
Empleo de 1999, incluyendo, entre ellas, la reducción de los límites
de realización de las horas extraordinarias y su compensación por
descansos compensatorios; un programa específico de empleo para
parados jóvenes y de larga duración y la equiparación salarial de los
trabajadores puestos a disposición por Empresas de Trabajo Temporal
con los trabajadores de las empresas donde prestan servicios en los
términos establecidos por la Proposición de Ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por el Pleno del Congreso.
3. Presentar en el Congreso, antes del próximo 31 de octubre, un plan
de acción, con medidas concretas de naturaleza legislativa y de
inspección, que proceda a intensificar la lucha contra la
siniestralidad laboral y la prevención de los riesgos laborales,
incorporando al mismo objetivos concretos y cuantificables de medios
de seguimiento y criterios de evaluación.
4. Que la introducción de la prestación contributiva por desempleo en
el Régimen Agrario de la Seguridad Social no reduzca la extensión ni
la intensidad de la protección de vigente subsidio agrario en
Andalucía y Extremadura.
Propuesta de Resolución núm. 88
Propuesta de Resolución en materia de Seguridad Social.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir, en sus propios términos, lo establecido en las
recomendaciones del Pacto de Toledo, para que todas las
bonificaciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en
contratos de trabajo se financien con cargo a la fiscalidad general;
los complementos a mínimos de las pensiones de la Seguridad Social se
financiarán, desde el año 2000, con cargo a las aportaciones del
Estado; se procederá a cancelar en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 los préstamos hechos por el Estado a la
Seguridad Social para financiar gastos no contributivos y se
procederá a constituir reservas con los excedentes de ingresos por
cotizaciones sociales en relación con el gasto contributivo.
2. Revalorizar en el ejercicio presupuestario del año 2000 y con
cargo a la fiscalidad general, en dos mil pesetas
mensuales, las pensiones mínimas y las no contributivas.
3. Ampliar, previa negociación con los agentes sociales, la cobertura
del subsidio por desempleo, fundamentalmente en los supuestos de
parados de larga duración mayores de 40 años, autónomos que hubieran
perdido su medio fundamental de vida y cabezas de familias
monoparentales, en los casos en que sus rentas de cualquier tipo sean
inferiores al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
4. Con los ingresos obtenidos en 1999 por las privatizaciones de
empresas públicas se constituirá un fondo de reserva para garantizar
la estabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social y la
mejora, por encima del coste de la vida, de las pensiones mínimas y
las no contributivas.
Propuesta de Resolución núm. 89
Propuesta de Resolución en materia de Educación y Cultura.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar los recursos económicos y humanos necesarios que
aseguren una educación de calidad para todos, según el principio de
igualdad de oportunidades entre personas y territorios, a fin de
consolidar la necesaria cohesión social y territorial. Para lo cual
el Gobierno deberá:
a) Remitir a esta Cámara antes de concluir el actual período de
sesiones las conclusiones del estudio de financiación de la LOGSE,
según lo aprobado en diversas resoluciones parlamentarias que el
Gobierno ha incumplido reiteradamente.
b) Agilizar la tramitación de las transferencias educativas a las
Comunidades Autónomas que aún no las han recibido, asegurando la
financiación necesaria para completar la red pública de centros, la
ampliación de plantillas de profesorado, así como los gastos de
funcionamiento, transporte y comedores de la red pública.
c) Establecer un Plan de Financiación plurianual que incremente la
financiación de la educación pública y permita la consolidación de la
LOGSE con criterios de calidad en el conjunto del Estado, conforme a
los demandados por toda la comunidad educativa en la declaración
conjunta a favor de la Educación. Este Plan de financiación deberá
ser remitido a la Cámara del Congreso de los Diputados, antes de tres
meses para su aprobación parlamentaria, a fin de garantizar la
inclusión de las partidas económicas correspondientes en los
Presupuestos Generales del Estado.
d) Completar en el curso 1999-2000 los Ciclos Formativos de Formación
Profesional para garantizar que los alumnos que demandan estos
estudios dispongan de una plaza escolar para cursarlos.
Incrementar sustancialmente la oferta de programasde garantía social
en sus cuatro modalidades: Necesidades
Educativas Especiales, Iniciación Profesional, Talleres Profesionales
y Formación-Empleo.
2. Asegurar el principio de igualdad de oportunidades a través de un
incremento significativo de las partidas presupuestarias destinadas a
becas y ayudas a estudiantes. Se incrementarán también las dotaciones
presupuestarias y los programas educativos destinados a ayudar a los
alumnos que se encuentren en situaciones sociales y culturales
desfavorecidas a fin de evitar al máximo el fracaso escolar.
3. Establecer un Plan de mejora de calidad de las Universidades
públicas españolas mediante:
a) Un acuerdo de financiación plurianual que permita incrementar el
gasto público universitario hasta situarlo en un 1,5% del PIB, media
de los países de la OCDE.
b) La solución al grave problema del profesorado interino de las
universidades españolas a través de una reforma del título V de la
LRU que garantice la carrera docente según el principio de
objetividad, calidad y mérito y que permita una satisfactoria
dotación y promoción del profesorado universitario de acuerdo a las
necesidades existentes.
c) Una eficaz coordinación del sistema universitario para evitar 17
subsistemas inconexos y aislados y asegurar las medidas políticas y
administrativas que permitan la movilidad estudiantil entre las
distintas universidades españolas.
4.1 Presentar en el próximo período de sesiones un Proyecto de Ley
que permita modificar las normas tributarias que gravan los ingresos
obtenidos por los autores y artistas para que, a estos efectos,
tengan la consideración de renta irregular.
4.2 Presentar en el próximo período de sesiones en la Comisión de
Educación y Cultura un plan de actuación en el ámbito internacional
dirigido al reforzamiento de las industrias culturales españolas y a
la mejora de la proyección cultural española atendiendo a su
diversidad cultural y lingüística.
Propuesta de Resolución núm. 90
Propuesta de Resolución en materia de Sanidad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abstenerse de abordar ninguna transformación en los servicios
sanitarios públicos que pueda condicionar el ejercicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas pendientes de recibir la
transferencia del INSALUD.
2. Abordar la reforma del Acuerdo sobre el sistema de financiación de
la sanidad pública, aprobada para el período 1998-2001, habida cuenta
de su inviabilidad.
3. Desarrollar un marco reglamentario, común para todos los centros
sanitarios, que preserve las garantías del servicio público
sanitario, en cuanto a la financiación,
el régimen patrimonial, la organización, gestión del personal y
prestaciones sanitarias.
4. Constituir una Comisión de expertos que en el plazo de seis meses
presente un libro blanco sobre el estado de la salud pública en
España, y sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas
Sanitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias en este
ámbito.
5. A rectificar su política de medicamentos, con la adopción de
medidas urgentes para conseguir un uso racional del medicamento que
preserve los derechos de los pacientes, garantice que todo
medicamento eficaz sea financiado públicamente y contenga el
preocupante crecimiento del gasto farmacéutico.
Propuesta de Resolución núm. 91
Propuesta de Resolución en materia de política autonómica.
La construcción territorial de España ha sido uno de los grandes
problemas políticos españoles en los últimos siglos. La Constitución
de 1978 estableció las bases de una transformación profunda de la
estructura territorial y con la creación y consolidación de las
Comunidades Autónomas se hicieron realidad las previsiones
constitucionales y se encauzó el viejo contencioso territorial.
La construcción de Estado de las Autonomías ha sido posible gracias
al consenso de las fuerzas políticas en la elaboración de la
Constitución y en el subsiguiente proceso que ha permitido que España
sea uno de los Estados políticamente más descentralizados del mundo.
Sin embargo, en los últimos tres años el clima de consenso se ha
transformado en uno de tensión, a causa, de una parte, de los
planteamientos nacionalistas excluyentes y, de otra, de la política
territorial del Gobierno que ha desechado el acuerdo entre fuerzas
políticas y Comunidades Autónomas en una búsqueda errática de
acuerdos bilaterales con sus socios nacionalistas.
Es el momento de reafirmar que la fuente de legitimidad de nuestro
marco de convivencia, de reparto de poder de Estado, del respeto y
reconocimiento de la realidad plural de España está en la
Constitución. El modelo autonómico de la Constitución y de los
Estatutos de Autonomía es el único que asegura la unidad y la
igualdad de derechos básicos, el autogobierno de las nacionalidades
y regiones, el reconocimiento de sus singularidades y la solidaridad y
cohesión interterritorial. Por ello, es necesario reiterar y
ratificar la apuesta por una España plural, en un proyecto común
donde se haga posible la diversidad con la cohesión y la autonomía
con la unidad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que inicie de forma inmediata negociaciones con todas las fuerzas
políticas y las Comunidades Autónomas para establecer un nuevo
sistema de financiación autonómica que, asegurando la igualdad de
todos los ciudadanos en la prestación de servicios públicos,
garantice laautonomía y suficiencia financiera de las Comunidades
Autónomas mediante la cesión de porcentajes de nuevos impuestos (IVA,
Impuestos Especiales y un porcentaje sobre la base liquidable del
IRPF). También debe prever la puesta en marcha del Fondo para las
Asignaciones de Nivelación de Servicios y el aumento de su dotación y
de la del Fondo de Compensación Interterritorial, cuya finalidad sea
la reducción de las diferencias entre las Comunidades Autónomas. La
discusión y la negociación del nuevo sistema deben abordarse cuanto
antes.
2. Que agilice el traspaso de las funciones y servicios de enseñanza
no universitaria a las cuatro Comunidades Autónomas que aún no las
han recibido; inicie de manera inmediata la negociación para el
traspaso de la gestión de la asistencia sanitaria e impulse el resto
de los traspasos pendientes -como es el caso de las políticas activas
de empleo-, fundamentalmente a determinadas Comunidades Autónomas que
han sido preteridas. Asimismo, se deben potenciar los instrumentos de
cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas: Dotando
de poder real a las Conferencias Sectoriales, creando agencias
integradas entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la
gestión coordinada de proyectos conjuntos, promocionando la práctica
de convenios entre Administraciones e incorporando a la práctica
política la Conferencia del Presidente del Gobierno y de los
Presidentes de las Comunidades Autónomas como cúspide de los órganos
de coordinación. Asimismo el Gobierno debe propiciar la reanudación
de los trabajos de la Ponencia que estudia la reforma de la Cámara
Alta, impulsando los acuerdos necesarios entre las fuerzas políticas
para convertir al Senado en una Cámara Territorial. Igualmente, y con
el fin de cumplir la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad
por la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, en su
sesión de 4 de marzo de 1998, referente a la incorporación de las
Comunidades Autónomas en la delegación del Gobierno español ante la
Unión Europea, debe definir el modelo de participación de las mismas
en los diferentes niveles de representación y reunión del Consejo de
Ministros de la Unión.
3. Que se cumpla la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad por
el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de octubre de 1997, por
la que se instaba al Gobierno a que aplicara a la financiación de las
Comunidades Autónomas las cifras oficiales del último censo de
población, y que se practique la liquidación de la PIE 97 a las
Comunidades Autónomas a las que no sea de aplicación el modelo del
sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001.
4. Presentar un Proyecto de Ley de Régimen Económico y Fiscal para la
ciudad Autónoma de Ceuta con contenidos equivalentes a los recogidos
en la Proposición de Ley de Régimen Económico y Fiscal de Melilla
actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Propuesta de Resolución núm. 92
Propuesta de Resolución en materia de Justicia e Interior.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a la Cámara las reformas procesales y orgánicas que
resulten imprescindibles para mejorar el funcionamiento de la
Administración de Justicia y que debe contemplar, entre otras:
- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para posibilitar
el control democrático del órgano de gobierno de los Jueces, de las
decisiones de política judicial que adopta y de cómo ejerce la
política disciplinaria y de responsabilidad, regulando la
responsabilidad política de sus miembros; también deberá reformar los
preceptos relativos al control jurisdiccional de las sanciones
disciplinarias impuestas por el Consejo, creando un órgano
jurisdiccional revisor específico, con la composición que se
determine; asimismo, deberá reformarse el sistema de elección de las
Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia,
introduciendo el sistema de elección proporcional, así como todos
aquellos preceptos que resulten necesarios para la puesta en marcha
de una justicia municipal de paz, con criterios de celeridad,
simplicidad y proximidad al ciudadano y la creación de una verdadera
oficina judicial; procediendo a la reestructuración de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia, a la adaptación de la
Administración de Justicia al Estado de las Autonomías, a la
definición del papel de control de las Administraciones sobre el
personal y los medios al servicio de la Administración de Justicia y
a la informatización integral e intercomunicada de la misma que
permita una justicia más rápida, eficiente y transparente.
- La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en el que se
contenga una ampliación de las competencias del mismo para el
enjuiciamiento de los delitos de prevaricación judicial, así como
proceder, de manera inmediata, a la dotación de los recursos
necesarios que permitan un normal funcionamiento de esta Institución.
- Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la línea marcada en la
Disposición Final Cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado,
atribuyendo al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos
penales, y que defina de manera clara, la posición institucional que
el mismo debe ocupar de conformidad a su configuración
constitucionalmente prevista, incluyendo, además, un régimen de
recursos que haga efectivo el derecho a la segunda instancia
residenciado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales
Superiores de Justicia y una modificación del recurso de casación que
permita que, sin disminución de los derechos y garantías de los
justiciables, se fijen criterios uniformes en aplicación de la Ley. Y
por último, que proceda a una nueva regulación de la acción popular
que evite la profesionalización y el ejercicio abusivo de la misma.
2. Llevar a cabo las actuaciones de cualquier orden que resulten
necesarias para garantizar los derechos y libertades fundamentales de
las personas, especialmente, en relación con los colectivos más
débiles. Para ello deberá proceder de manera inmediata:
- A que en el marco de revisión del Plan Nacional sobre Drogas y,
teniendo en cuenta el dictamen de la Ponencia constituida al efecto
en el seno de la Comisión Mixta para el estudio del problema de las
drogas, lleve a cabo una política comprometida para la integración de
los drogodependientes, autorizando la realización de programas
experimentales basados en planteamientos terapéuticos alternativos
adaptados a las necesidades y condiciones individuales de los
usuarios de estos programas, acompañados de medidas psicosociales,
así como para incrementar la eficacia de los objetivos preventivos
perseguidos por el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, proceda a
revisar dicha norma teniendo en cuenta la necesaria distinción entre
conductas adictivas, protocolizando tratamientos disponibles según el
tipo de sustancias.
- Acumplir las propuestas contenidas en el informe de «política
migratoria española», aprobado por la Cámara, con el consenso de
todos los Grupos Parlamentarios, así como a elaborar, de manera
urgente, una normativa que regule el funcionamiento de los centros de
internamiento de extranjeros en España acorde con los principios
constitucionales y la interpretación que de los mismos ha hecho el
Tribunal Constitucional.
- A adoptar, con carácter de urgencia, todas las medidas
imprescindibles que garanticen a las personas privadas de libertad el
pleno disfrute de sus derechos que no les hayan sido privados
mediante resolución judicial, así como a la erradicación de los malos
tratos en las prisiones.
3. Elaborar un verdadero diseño de política en materia de seguridad
ciudadana, con participación de los distintos colectivos sociales
integrados en las juntas de seguridad; a impulsar una mayor
coordinación entre las diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
eviten las disfunciones que actualmente se producen y permitan un
aumento de la operatividad, así como a impartir directrices a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que por su adecuación a la
legalidad y a la proporcionalidad impidan los excesos policiales en
las actuaciones represivas, y por último, a dar cumplimiento a los
compromisos salariales adquiridos con los miembros de las Fuerzas y
Seguridad del Estado.
Propuesta de Resolución núm. 93
Resolución en materia de igualdad de oportunidades.
El Congreso de los Diputados, consciente de que la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a pesar de los cambios
legislativos y el avance producido en la sociedad española es todavía
una asignatura pendiente en nuestra sociedad, y con el objetivo de
seguir avanzando en el proceso de incorporación de las mujeres
a todos los ámbitos de la vida y en la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria sin discriminación alguna por razón del sexo,
insta al gobierno para que:
1. Dentro del Plan de Empleo para 1999 se ofrezca una dotación
presupuestaria extraordinaria para iniciar
acciones encaminadas a disminuir el desempleo de las mujeres,
aumentar la población activa femenina y reducir las desigualdades
laborales entre hombres y mujeres, introduciendo nuevas medidas de
acción positiva en el ámbito laboral. Se incrementaron los programas
de igualdad de trato para la mujer en materia de empleo y trabajo y
hacer cumplir el principio de igualdad de salario por trabajo de
igual valor como objetivo para adecuar la realidad social y laboral
de las mujeres al marco legal.
2. Regular un permiso por paternidad individual, independiente e
intransferible distinto, por tanto, al que el padre le transfiere la
madre desde la titularidad de su derecho al permiso por maternidad, y
compatible con el mismo.
3. Crear, de manera inmediata, el Fondo de Garantía de Pensiones
alimenticias y compensatorias en caso de impago de pensión en los
procesos de separación y divorcio, que permita paliar el abandono de
las mujeres que sufren estas situaciones.
4. Extender la Oficina de Asistencia a las víctimas de la violencia a
todas las provincias españolas. Asimismo a extender los centros de
atención a la mujer (SAM) en las comisarías en todas las provincias
españolas.
Propuesta de Resolución núm. 94
Propuesta de Resolución en materia de interrupción voluntaria del
embarazo.
El Congreso de los Diputados, ante la existencia de diversos
procedimientos seguidos por delitos de aborto, ha instado al Gobierno
la concesión de indultos para los médicos y las mujeres que han sido
condenados por dichos delitos, la última vez el 9 de febrero de este
año, manteniéndose en la actualidad causas pendientes por
interrupciones del embarazo. Por ello, además de reiterar la
concesión del indulto, solicitado por unanimidad de la Cámara para
doña Norma-Emma Giménez Pino y don Antonio Martín Santos, insta al
Gobierno a remitir, de manera inmediata, un proyecto de Ley Orgánica
de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el que se contemplen
globalmente los aspectos penales, sanitarios y sociales que inciden
en la problemática de la interrupción voluntaria del embarazo,
procediéndose a una ampliación de la despenalización en la que queden
debidamente garantizados tantos los derechos de la mujer, con la
adecuada tutela a la vida en formación, evitando, además, que las
mujeres y los medios que les prestan su ayuda puedan ir a prisión por
esta causa.
Propuesta de Resolución núm. 95
Propuesta de Resolución en materia económica
El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a proseguir los esfuerzos para garantizar que la
participación de España en la moneda
única permita acelerar el proceso de convergencia real en bienestar
económico y social con los países más avanzados de la Unión Económica
y Monetaria. A tal efecto:
a) Elaborará un Indicador Sintético de Convergencia Real en el que,
junto a la evolución de la renta por habitante, se contemplen -con
datos homologables a nivel europeo-la evolución del paro, del gasto
social, y de las dotaciones de capital humano, capital tecnológico
y capital físico. El contenido y formulación de este indicador serán
sometidos a información y debate en la Comisión de Economía del
Congreso y será objeto de información y seguimiento periódico a lo
largo del período de los próximos años.
b) Presentará, antes del Debate Presupuestario próximo, un informe
semestral sobre los datos existentes en torno a la situación y
tendencias en materia de distribución de la renta y la riqueza en
nuestro país en sus vertientes personal, territorial y funcional y de
las medidas necesarias para garantizar una distribución equitativa de
los frutos del crecimiento.
2. Insta al Gobierno a que presente al Congreso, en el plazo máximo
de tres meses, las propuestas normativas, organizativas y de gestión
necesarias para la potenciación y refuerzo del sistema de incentivos
fiscales a las actividades de I + D empresarial de acuerdo con los
siguientes criterios y directrices:
1. Ampliación del catálogo vigente de actividades de I + D
empresarial incluyendo entre ellas los servicios a empresas de alto
valor añadido y otras actividades que se integran en el concepto de
innovación empresarial y estableciendo una definición más precisa de
tales actividades. Igualmente, se fijará con mayor precisión y
detalle la lista de actividades excluidas del concepto de I + D
empresarial.
2. Creación de una Agencia Nacional de Evaluación de proyectos y
programas de I + D empresarial que tendrá como misión la acreditación
y certificación de tales proyectos, programas y actividades a efectos
de que los mismos puedan beneficiarse de los incentivos fiscales
establecidos en las normas vigentes. La citada Agencia establecerá
los adecuados mecanismos estables de coordinación con las Comunidades
Autónomas para el eficaz desempeño de las competencias compartidas en
esta materia.
3. Eliminar las restricciones existentes a la consideración como
gastos deducibles de la cuota íntegra del Impuesto de sociedades de
aquellos gastos en actividades de I + D realizados en el exterior,
siempre que la citada Agencia Nacional de Evaluación certifique y
acredite la contribución de tales actividades a la mejora del acervo
tecnológico de la empresa y al potencial tecnológico de la economía
española.
4. Ampliación del límite conjunto establecido en el artículo 37.1 de
la Ley del Impuesto de Sociedades hasta el 50% distribuido en dos
componentes: (i) 35 por ciento para las actividades de I+D
empresarial, y (ii) 15 por
ciento para el resto de las actividades recogidas en el citado
artículo.
5. Creación de una Reserva para Actividades de Innovación Empresarial
cuyo importe será considerado como gasto deducible para el cálculo de
la base imponible del Impuesto de Sociedades siempre que cumpla los
siguientes requisitos:
* El importe máximo que se aporte anualmente a la constitución de la
reserva será del 20 por ciento de la base imponible.
* Se aplique en un plazo máximo de 4 años para la realización de
gastos e inversiones asociados a proyectos o actividades de
innovación empresarial.
* Los proyectos o actividades a los que se aplique la reserva sean
certificados por la Agencia Nacional de Evaluación.
* La no aplicación de la reserva en el plazo y a los proyectos y
actividades certificados conllevará automáticamente el reembolso de
las cantidades deducidas con los correspondientes intereses de
demora.
6. Establecimiento de un incentivo fiscal específico destinado al
fomento de la contratación por las empresas de personal cualificado
para su adscripción a la realización de proyectos y actividades de I
+ D e innovación empresarial.
7. Suavizar las restricciones existentes en la legislación vigente
para la aplicación temporal de las deducciones pendientes de
ejercicios anteriores.
3. Ante las insuficiencias constatadas en materia de liberalización
económica, los obstáculos existentes a la competencia en distintos
sectores de actividad económica, y el modesto resultado de las
reformas estructurales hasta ahora emprendidas que se han traducido
en persistentes elevaciones de precios en los servicios y, lo que es
más grave, en una elevada concentración del poder económico en
nuestra sociedad, manifestado de forma especialmente clara en áreas
como el sistema financiero y sectores regulados como el energético o
las telecomunicaciones. Ante el hecho de que los procesos de
privatizaciones han posibilitado la sustitución de monopolios
públicos por monopolios privados, sometidos a menores mecanismos de
control social. Y las insuficiencias de nuestra legislación de
competencia junto con el escaso uso realizado de la misma que han
propiciado una situación de ausencia de cultura de la competencia
que, además de amenazar los objetivos de eficiencia económica que se
pretenden, tiene graves consecuencias sobre los consumidores y sobre
los ciudadanos en general.
Por estas razones, acuerda la constitución de una Comisión
Parlamentaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del
Reglamento de la Cámara para la evaluación de los problemas de la
defensa de la competencia en el país y del crecimiento de la
concentración del poder económico-privado en España.
Propuesta de Resolución núm. 96
Propuesta de Resolución relativa a la Agencia Española de la
Administración Tributaria.
La Agencia Española de la Administración Tributaria es una
institución clave de la Administración del Estado cuya neutralidad
profesionalidad, transparencia y eficacia resulta indispensable
garantizar en una sociedad democrática.
El perfeccionamiento del Estado de las Autonomías reclama, además, la
adaptación de la misma a las exigencias de gestión de un sistema
tributario compartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la aprobación
urgente de un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria que, con el
suficiente acuerdo político, asegure la neutralidad política de la
misma, la profesionalización de la actuación de su personal, su
modernización organizativa y la estabilidad e independencia de su
Presidente.
Propuesta de Resolución núm. 97
Propuesta de Resolución en materia de Política Ambiental.
El cumplimiento por parte del Gobierno de sus compromisos en materia
ambiental, derivados tanto de los convenios y acuerdos
internacionales como de la normativa de la Unión Europea, conlleva no
sólo la promulgación de normas ambientales específicas o el
establecimiento legal, pero teórico, de determinados planes o
programas, sino que hace necesaria la puesta en marcha de actuaciones
concretas y materiales tendentes a la consecución y cumplimiento de
dichos compromisos. Para ello, y teniendo en cuenta la organización
administrativa de nuestro país, el Gobierno, a través del Ministerio
de Medio Ambiente, debe impulsar la colaboración y concertación con
las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como la
información y participación pública y el diálogo con todos los
agentes sociales. De otro modo, la no adopción de tales actuaciones
puede acarrear graves perjuicios para nuestro país no sólo por las
posibles multas coercitivas, resultado de los procedimientos de
infracción de la normativa comunitaria, además del consecuente
desprestigio ante la Unión Europea y la comunidad internacional, sino
por los graves efectos que la dejación de funciones puede conllevar
para el medio ambiente, la economía y la sociedad española. Asimismo,
se hace necesario adoptar medidas concretas que refuercen a la
Administración pública con la finalidad de que puedan ejercer de
forma eficaz las funciones y tareas que tienen encomendadas,
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir, de manera inmediata, los compromisos derivados de la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases, a través de la aprobación de
un Plan
Nacional de Residuos y de un Programa Nacional de Envases y de
Residuos de Envases con ámbito estatal, la remisión de un Proyecto de
Ley, en el que se establezca un régimen fiscal para los aceites
industriales y lubricantes, la regulación de un sistema de
devolución, depósito y retorno para las pilas usadas, así como la
adopción de las medidas legales adicionales de prevención sobre el
uso del PVC, teniendo en cuenta el informe emitido por el grupo de
expertos y oídos los agentes económicos y sociales y las
organizaciones ecologistas, tal como establece la Ley 11/1997 de
Envases y Residuos de Envase; y elaborar, en el plazo máximo de seis
meses, un inventario actualizado de las balsas mineras existentes,
previo acuerdo de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente con
las Comunidades Autónomas, y oídas las organizaciones sociales,
evaluando su impacto ambiental y adoptando las medidas adecuadas de
prevención, con especial atención a la impermeabilización de las
mismas.
2. Remitir un Proyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional, en el
plazo máximo de tres meses, que incluya los siguientes programas y
planes: un Programa para la revisión de las concesiones para el
abastecimiento de poblaciones y regadíos, así como para la
actualización de las inscripciones en el Registro de Aguas y el
inventario de aprovechamientos; un Programa para la elaboración de
una cartografía de riesgos en zonas inundables, así como para el
deslinde del dominio público hidráulico en los tramos de mayor
urgencia por problemas de riesgo u ocupación, un Plan Nacional para
proceder, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los Entes
Locales, a la adecuación de las conducciones urbanas de
abastecimiento y saneamiento conforme a la normativa comunitaria
aplicable y un Plan para reforzar y modernizar los Organismos de
cuenca con el fin de que puedan cumplir con eficacia las funciones y
tareas que tienen encomendadas; modificar, en el plazo máximo de seis
meses, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de simplificar y
agilizar los trámites concesionales y sancionadores, y hacer más
eficaz la aplicación de dicho Reglamento.
3. Aprobar, en el plazo de seis meses, el Programa Nacional del Clima
y el Plan Nacional de lucha contra la desertificación; establecer un
certificado energético, que vincule las ayudas públicas a la vivienda
al cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética
establecidos en la Directiva europea «SAVE», y aprobar, en el plazo
máximo de seis meses, un Plan de implantación obligatoria de la
energía solar en edificios públicos, que permita en el plazo de tres
años la instalación, como mínimo, de 50.000 tejados dotados de
energía fotovoltaica.
Propuesta de Resolución núm. 98
Propuesta de Resolución en materia de infraestructuras y transportes.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Ratificar la vigencia del Plan Director de Infraestructuras,
procediendo a su renovación y actualización a
través de los correspondientes planes o programas sectoriales,
recuperando un ritmo sostenido de inversión que permita alcanzar en
el año 2002 un volumen de inversión pública del conjunto de las
Administraciones Públicas equivalente a 5 por ciento del PIB,
aumentando la Administración del Estado gradualmente la inversión
cada año para alcanzar dicho objetivo.
A tal efecto, antes de finalizar el año 1998, presentará ante esta
Cámara un Plan General de Carreteras, en el que se concreten las
actuaciones a desarrollar en:
- Vías de gran capacidad.
- Acondicionamientos.
- Conservación y explotación de carreteras.
- Medio urbano.
De igual modo y en las mismas fechas, presentará un Plan de
actuaciones ferroviarias, especificándose las actuaciones a ejecutar
en:
- Alta Velocidad/Velocidad Alta que en el horizonte del año 2010
contemple las siguientes actuaciones:
Y vasca; variante de Pajares; conexión con Galicia; Córdoba-Málaga;
Madrid-Valencia-Alicante; AlicanteMurcia; Corredor navarro,
asegurando en relación con los corredores Y vasca, Madrid-Valencia y
CórdobaMálaga que el proceso de inversión comience en el año 2000;
Variante Norte, comprometiendo el inicio de las obras antes de
finalizar 1999 y la puesta en funcionamiento del tramo Madrid-
Valladolid en el año 2003, con vistas a la ulterior conexión de
Galicia y el Norte peninsular a la red de alta velocidad; establecer,
en proyectos coordinados con el gobierno portugués, las conexiones de
líneas de alta velocidad entre ambos países de forma que se vertebren
coherentemente en la red peninsular y europea, para lo cual se
estudiarán las siguientes posibles conexiones; relación Madrid-Lisboa
por Extremadura; conexión con Portugal a través de Fuentes de Oñoro
(Salamanca); y la conexión a través del Eje Atlántico (Eixo
Atlántico, Ferrol-A Coruña-Santiago-PontevedraVigo- Viana do Castelo-
Porto) y extensión de Euromed hasta Almería.
- Plan General Ferroviario que contemple las actuaciones previstas
sobre la red básica ferroviaria, cercanías, modernización de líneas y
adecuación de la velocidad, mercancías y renovación, electrificación
y conservación de la red.
2. Garantizar las facultades y competencias del sector público en la
materia. Las decisiones sobre las infraestructuras que necesita el
territorio y la integración de los diversos sistemas de transporte
son parte irrenunciable del conjunto de competencias públicas que las
Instituciones deben asumir y garantizar. De igual modo insta al
Gobierno a velar para que la participación de la financiación privada
en las obras de infraestructuras responda a las prioridades de dicha
planificación, establecida en el PDI y sus Planes sectoriales,
cumpliendo una función estructurante e integradora
del territorio, impidiendo cualquier discriminación en el uso
de las mismas por parte de los ciudadanos, evitando la producción de
desequilibrios regionales e impidiendo que dichas inversiones
respondan a oportunidades de negocio privado desvinculadas de las
necesidades reales de mejora de la red correspondiente y de los
resultados sociales que deben procurar.
3. Mejorar las dotaciones y equipamiento de la Sociedad Estatal de
Salvamento Marítimo que le permita atender las obligaciones a ella
encomendadas, vinculadas al salvamento de vidas en la mar así como a
la atención de la lucha contra la contaminación marítima a efectos de
dar cumplimiento ajustado a las obligaciones españolas derivadas de
los contenidos de los convenios internacionales suscritos por España
en tales materias.
Propuesta de Resolución núm. 99
Propuesta de Resolución en materia de telecomunicaciones.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar un Plan detallado sobre la aplicación en España de las
obligaciones del Servicio Universal de Telecomunicaciones, con
especial referencia al acceso de todos los ciudadanos/as y de las
pequeñas y medianas empresas, a un precio asequible, a los servicios
de información en línea y en particular en INTERNET, a los parámetros
de calidad, al calendario de cumplimiento y sus mecanismos de
financiación. De igual manera se contemplará la obligación de
proporcionar el acceso sobre la red pública y el suministro de
servicio de acceso a información en línea, y en particular en
INTERNET, a todos los centros escolares, sanitarios y bibliotecas
públicas y privadas a un precio en ningún caso superior al mejor
ofrecido en elmercado español y siempre inferior al establecido en el
punto siguiente.
2. A establecer una tarifa plana transitoria para los usuarios y
usuarias del sistema de transmisión de datos a través de las redes,
hasta que no tengan acceso a la tarifa plana asociada a alguna nueva
tecnología (ADSL u otras similares o mejoradas). Dicha tarifa deberá
ser económicamente asequible (en ningún caso superior a las 2.000
pesetas mensuales de tarifa diurna y a las 1.000 mensuales en tarifa
nocturna).
De forma inmediata, establecer que se expliciten en las facturas, sin
coste, las llamadas realizadas a los números del Servicio Info-Vía-
Plus, y servicios similares que tengan por objeto el acceso a
Internet, y que no se facturen las llamadas fallidas a dichos
números.
3.1 Remitir a la Cámara para su debate y aprobación un Proyecto de
Ley sobre el Estatuto de los usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, que incorpore los derechos y obligaciones de los
usuarios relativos a lasrelaciones que han de mantener con las
Administraciones
Públicas, su presencia y participación en los órganos colegiados
competentes en materia de consumo, y en aquéllos otros que diriman
los conflictos que surjan con operadores públicos o privados.
De igual modo, dicho Estatuto garantizará el acceso y uso de los
servicios de telecomunicaciones a precio asequible, adaptando al
poder adquisitivo de los usuarios y con una calidad razonable; a
pagar sólo los servicios contratados y recibidos; a la
confidencialidad e intimidad en el establecimiento y uso de sus
comunicaciones; el derecho de los ciudadanos al acceso a la
información pública; la garantía por el Estado de estos derechos y la
garantía, igualmente, de que el ámbito de prestación del servicio
público universal será todo el territorio español.
3.2 Extender la liberalización a la telefonía metropolitana, teniendo
en cuenta que deberán transcurrir varios años hasta que los
operadores de cable se conviertan en una alternativa real en todo el
país, mediante los dos mecanismos siguientes:
a) Eliminando las actuales restricciones reglamentarias a la
facilidad de selección de operador para las llamadas metropolitanas.
b) Estableciendo la obligatoriedad, para los operadores dominantes,
del alquiler del bucle de abonado a todos los operadores que lo
soliciten. El precio del alquiler deberá negociarse libremente entre
los operadores, pero deberá, en todo caso, incluirse en la Oferta de
Interconexión de Referencia de Telefónica con un precio orientado a
costes.
Propuesta de Resolución núm. 100
Propuesta de Resolución sobre política aeronáutica.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno
del Congreso de los Diputados el 28 de abril de 1998 de presentar a
las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Navegación Aérea y
Aeropuertos del Estado que responda a la necesidad de adecuar nuestra
legislación aeronáutica al actual marco comunitario y de organización
de la navegación aérea y la gestión aeroportuaria.
2. Al mantenimiento unitario de la red aeroportuaria nacional y del
sistema integral de gestión del espacio aéreo con autosuficiencia
financiera a los efectos de nuevas infraestructuras y de la mejora de
las existentes.
3. A presentar ante la Cámara, en el plazo de 1 mes, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 198 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, un Plan urgente para la solución de los problemas del
tráfico aéreo y de los aeropuertos en España, que incluya los
siguientes puntos, para su análisis, debate y propuestas de
resolución:
a) Conocimiento integral del impacto en la política aeronáutica
española del programa europeo de armonización
e integración del control del tráfico aéreo (EATCHIP), cuya
gestión se realiza por EUROCONTROL.
b) Evaluación del funcionamiento y repercusión en España de la
gestión del flujo aéreo a cargo del Organismo central de gestión del
flujo del tráfico aéreo (CFMU) dependiente de EUROCONTROL.
c) Posición española ante las Decisiones que adopta la Unión Europea
en el desarrollo de una estrategia de incremento global de la
seguridad aeronáutica, que incluya la consolidación de los sistemas
de alerta rápida en las zonas de tráfico intenso, la exigencia de la
incorporación y utilización de los sistemas anticolisión a bordo de
las aeronaves y de nuevos tipos de tecnologías con mayor grado de
automatización para el control aéreo.
d) Sobre el estado de las negociaciones para mejorar al máximo los
acuerdos entre «controles contiguos» previo estudio estadístico de
los «cuellos de botella» existentes en el espacio aéreo español.
e) Sobre las negociaciones, acuerdos alcanzados y reivindicaciones
planteadas por el Gobierno español en EUROCONTROL a efectos de que el
«espacio aéreo inferior» en cuyo seno se desarrollan la mayor parte
de los vuelos domésticos, pueda ser controlado por coordinación entre
controles contiguos.
f) Conocimiento del grado de ejecución y perfeccionamiento del Plan
SACTAy la armonización de nuestros servicios de tránsito aéreo con
Francia, Portugal, Marruecos y Argelia, así como de la progresiva
participación española en las comisiones técnicas y políticas de las
organizaciones internacionales reguladoras del tráfico aéreo.
g) Contenidos de la Decisión comunitaria número 1692/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo así como los desarrollos posteriores
de la misma, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo
de la red transeuropea del transporte en lo referente a las redes de
aeropuertos, redes de gestión del tráfico aéreo, redes de sistemas de
localización y navegación referentes a España y a su inserción en la
política global comunitaria.
h) Grado de participación de España en el sistema EGNOS como
componente europeo de los sistemas de navegación por satélite que
complementa las constelaciones GPS y GLONASS, desde la perspectiva de
la utilización y mejora de los servicios de control y seguridad del
transporte aéreo.
i) Contenidos necesarios de las normas mediante las cuales se
producirá la incorporación al ordenamiento español de la Directiva
96/67 del Consejo de las Comunidades Europeas relativa al acceso al
mercado de la asistencia en tierra en los aeropuertos de la
Comunidad.
j) Estudio de las necesidades y programas de cobertura de las mismas
en materia de controladores aéreos, de acuerdo con las necesidades de
control derivadas del crecimiento del tráfico aéreo, que deberá
incluir:
1. Funcionamiento de SENASA con singular atención a los cursos de
especialización y formación de controladores.
2. Contenidos de la situación contractual y del convenio laboral de
la plantilla de controladores aéreos conAENA.
3. Sobre la calidad del control aéreo llevado a cabo en los últimos
tres años en aeropuertos de la red aeroportuarianacional por parte de
controladores aéreos militares con dependencia del Ejército del Aire,
así como las decisiones y requisitos que se estimen oportunos a los
efectos del establecimiento de un mecanismo voluntario de
incorporación de aquéllos en la plantilla de controladores aéreos
civiles del Estado.
4. Medidas adoptadas en materia de controladores aéreos por parte de
AENA para incrementar la disponibilidad de los mismos.
k) Situación del desarrollo aeroportuario de Madrid, Barcelona,
Málaga, Gran Canaria, Tenerife y en su globalidad los Planes
Directores de la red de aeropuertos nacionales.
l) Contenidos de la anunciada reestructuración competencial y
funcional de AENA en el desempeño de los servicios que tiene
encomendados. ll) Evaluación del impacto de la privatización del
Grupo IBERIA en la mejora de las políticas de liberalización del
transporte aéreo en España.
m) Aportación del transporte aéreo y adecuación de las
infraestructuras vinculadas al mismo, a la intermodalidad del
transporte en España.
Propuesta de Resolución núm. 101
Propuesta de Resolución en materia de Industria, Energía
privatizaciones.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar a la Cámara, antes del 30 de septiembre de este año, las
líneas generales de su política industrial con especial referencia a
las políticas de apoyo a la tecnología e innovación empresariales y a
las políticas y programas dirigidos a las PYMEs industriales.
Igualmente, el Gobierno presentará en el plazo citado anteriormente
un Proyecto de Ley de Fomento de la Innovación Industrial.
2. Adoptar las siguientes medidas en materia de política energética:
- Presentar a la Cámara, en el plazo máximo de un mes, un proyecto de
Ley de modificación de las leyes vigentes del sector eléctrico y de
hidrocarburos que derogue la Disposición Transitoria Sexta de la Ley
del Sector Eléctrico, recupere para el Gobierno la facultad de fijar
precios máximos de combustibles y gasolinas mientras que no exista
competencia efectiva en el mercado y establezca que el Congreso, a
través de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, y por acuerdo
de los tres quintos de sus miembros, deberá expresar su conformidad o
veto a los miembros propuestos por el Gobierno para integrar la
Comisión Nacional de la Energía.
- Reducir, en el plazo máximo de 15 días y para el resto del
ejercicio de 1999, las tarifas eléctricas en un
porcentaje no inferior al 4 por ciento respecto de las vigentes como
resultado de la aplicación del Real Decreto- ley 6/1999, de 16 de
abril.
- Elaborar, en el plazo máximo de tres meses, un Plan de Fomento de
las Energías Renovables que contenga una estrategia y defina un
programa de actuaciones para conseguir el objetivo de que en el año
2010 las fuentes de energía renovables cubran, como mínimo, el 15 por
ciento de la demanda de energía primaria en España.
- Presentar a la Cámara, durante el próximo período de sesiones, un
plan a medio plazo de cierre progresivo de las centrales nucleares,
solicitar de inmediato al Consejo de Seguridad Nuclear un informe
sobre las consecuencias energéticas, económicas, medioambientales y
de seguridad que se derivarían del cierre de las centrales nucleares
de Zorita y Garoña y presentar a la Cámara un proyecto de
modernización y actualización de la legislación vigente en materia
nuclear.
3. Adoptar las siguientes medidas en materia de política del sector
público empresarial y de privatizaciones:
- Enviar a la Cámara, en el plazo máximo de 15 días, los informes
realizados o que debe realizar la Intervención General del Estado
sobre las operaciones aprobadas de privatización de empresas
públicas.
- Establecer, en el plazo máximo de 1 mes, una regulación del Consejo
Consultivo de Privatizaciones de acuerdo con los criterios
siguientes: sometimiento al Derecho Administrativo en su régimen de
gestión presupuestaria, económica y control de eficacia; sometimiento
de sus miembros a la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
- Realizar las modificaciones normativas que sean necesarias para que
las Cámaras conozcan y aprueben, con ocasión del debate
presupuestario anual, las aportaciones financieras anuales por todos
los conceptos que perciban las empresas integradas en la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.
- Elaborar y remitir al Congreso, en el plazo de un mes, las
iniciativas normativas que considere necesarias para que se asegure
el cese automático en sus cargos de los Presidentes y demás miembros
de los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles
cuando hayan sido designados por acuerdo del Consejo de Ministros,
por algún miembro del Gobierno o por los propios órganos de gobierno
de la sociedad mercantil, en el momento de que la participación del
capital público deje de ser dominante o suficiente para el
nombramiento de estos.
- La derogación de la exclusión a que hace referencia el artículo 2.4
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, respecto de las personas previstas
en el artículo 1.2.f) de dicha Ley para lograr la aplicación íntegra
de la misma respecto de los Presidentes y los miembros de los
Consejos de Administración a que hace referencia el punto anterior,
cuando se hayan mantenido en sus cargos en esas sociedades
mercantiles o en alguna otra perteneciente al mismo grupo empresarial
después del proceso de
cambio de la mayoría, o incluso aunque hayan sido designados por la
Junta General de Accionistas, durante dos años a partir de la fecha
de cambio de la mayoría accionarial.
Propuesta de Resolución núm. 102
Propuesta de Resolución en materia de política científica
y tecnológica.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A incluir en el Plan Nacional el incremento de forma sustancial de
la aportación del Estado al sistema nacional de I+D y establecimiento
de los mecanismos necesarios para lograr el objetivo del 2 por 100
del PIB.
2. A solucionar los problemas que se están produciendo por la vuelta
de los investigadores españoles de sus destinos en el extranjero y su
falta de ubicación en el sector privado empresarial español a que
potencie la dotación para becas de retorno y a que no vuelva a
disminuir el número de becas de investigación que contemple el Plan
Nacional.
3. Aprobar, en el plazo de tres meses, un Decreto que desarrolle el
artículo 20 de la Ley de Patentes que regula el régimen jurídico
aplicable a las invenciones realizadas por los funcionarios y
trabajadores del Estado, en lo referente a los investigadores de los
Organismos Públicos de Investigación.
Propuesta de Resolución núm. 103
Propuesta de Resolución en materia de suelo y vivienda.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer incentivos fiscales en el IRPF para aquellos
propietarios de viviendas en alquiler y, en particular, para aquellos
propietarios de viviendas en alquiler de renta antigua cuyos
inquilinos no estén obligados a actualizar dicha renta.
2. Remitir a esta Cámara, durante el próximo período de sesiones, un
programa de actuación concertado con las Comunidades Autónomas sobre
suelos de titularidad pública estatal cuando estos suelos se
desafecten del uso al que hayan estado destinados y una vez
satisfechas las necesidades de los organismos titulares de los
mismos. Dicho programa:
a) Será acorde con los objetivos de recuperación integrada de las
áreas degradadas de las ciudades y de mejora de la calidad ambiental
urbana.
b) Tendrá como objetivo la promoción de viviendas de alquiler de
precio asequible destinadas prioritariamente a los jóvenes.
Propuesta de Resolución núm. 104
Propuesta de Resolución en materia de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
1. La mayor parte del territorio español es, desde un punto de vista
agroclimatológico, una región semiárida en la que las
transformaciones de secano en regadío permiten asegurar tanto el
incremento de las producciones como la calidad de las mismas,
posibilitando además rotaciones y cambios en los cultivos inherentes
a las demandas del mercado que los cultivos de secano no tienen. Por
ello, el Gobierno debe acometer en el tiempo más breve posible la
ejecución del Plan Nacional de Regadíos bajo los siguientes
criterios:
1. Consenso con las Comunidades Autónomas.
2. Oír a las organizaciones profesionales agrarias y movimiento
cooperativo.
3. Ejecución de las obras de regadío declaradas en los Consejos de
Ministros de Gobiernos anteriores de interés nacional, y en el caso
de que algunas de ellas se recortase su superficie o se diesen de
baja, estas modificaciones se hiciesen por un Decreto Ley que
necesitase su convalidación en el Consejo de Ministros.
4. Aplicaciones de planes especiales para una modernización de las
estructuras de regadío que permitiesen el máximo ahorro de agua
compatible con el mantenimiento y desarrollo de los cultivos.
5. Establecer el calendario de ejecución de las nuevas zonas de
regadíos.
6. Determinar los criterios del precio del agua para el riego.
2. El Congreso de los Diputados insta asimismo al Gobierno a que
promueva una mayoría suficiente entre los Estados de la Unión Europea
para que la regulación por el Consejo de la OCM del plátano, adaptada
al Dictamen de la Organización Mundial del Comercio, se haga desde
parámetros que garanticen la renta de los agricultores y la
comercialización de la producción comunitaria y ACP garantizándose el
mantenimiento del contingente de importación de plátanos de terceros
países y estableciendo un reparto de las licencias y certificados de
importación para el citado contingente que no debilite la posición de
los operadores españoles.
3. Insta asimismo, al Gobierno a mantener una posición activa en el
seno de la Unión Europea para que se negocie un nuevo acuerdo de
Pesca con Marruecos que garantice nuestra presencia en la zona en
términos similares a los actuales y para que se adopten las medidas
necesarias que den como resultado, la firma de un nuevo convenio
entre la propia U.E. y Argentina, de forma que se establezca un marco
jurídico que sirva de garantía para las inversiones comunitarias en
el ámbito de la pesca y por la que se pueda regir la flota de las
sociedades mixtas argentino-comunitarias.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer en el
plazo máximo de un año una Agencia
Nacional de Evaluación de los Alimentos que tenga por objeto el
estudio y la problemática que pudieran ocasionar la aplicación de las
Directivas europeas que se refieran a los alimentos y detecte y
homologue labortorios de análisis de la composición de alimentos,
estableciendo unidades de apoyo.
5. La reforma de la PAC habida después de las negociaciones de la
Agenda 2000, aconsejan la creación de una Ley específica que permita
una mejor y una más justa utilización de las subvenciones
compensatorias a las pérdidas de rentas de los agricultores y
ganaderos. Para ello se propone que el Gobierno remita a la Cámara un
Proyecto de Ley de modulación de estas ayudas basado en los
siguientes criterios:
a) Equidad.
b) Coherencia con la PAC.
c) Sostenimiento y generación de empleo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, las siguientes Propuestas de Resolución.
Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.- Iñaki Anasagasti
Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Propuesta de Resolución núm. 105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Los cambios producidos en la sociedad y en la economía española en
los últimos años exigen una actualización del sistema público de
pensiones, a fin de mantener la garantía futura del mismo.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados acuerda:
Reabrir, antes del 1 de diciembre de 1999, la Ponencia para el
Análisis de los problemas estructurales del Sistema de la Seguridad
Social, conocido como Pacto de Toledo, con el objetivo de establecer
las condiciones que aseguren el futuro de las personas públicas, con
especial atención a la actualizacion de las mejoras en las
prestaciones en viudedad y orfandad.
Propuesta de Resolución núm. 106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Dado el tiempo transcurrido desde que el Congreso de los Diputados
aprobó las conclusiones y recomendaciones recogidas en el llamado
«Pacto de Toledo», a lo que hay que añadir la evolución demográfica
de la sociedad española y la nueva situación económica, se hace
necesaria una actualización de este Pacto.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar, antes del primero de octubre de 1999, un informe que
recoja las propuestas y recomendaciones contenidas en el «Pacto de
Toledo», puestas en vigor, las diferencias entre las medidas
adoptadas y las recomendaciones propuestas y la previsión de
desarrollar el resto de recomendaciones aprobadas. Así como la
actualización de los estudios elaborados por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social que sirvieron de base a la Ponencia parlamentaria
para el Análisis de los problemas estructurales del Sistema de la
Seguridad Social.
Propuesta de Resolución núm. 107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Através de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea,
mediante Proposición no de Ley, y posteriormente en sesión de Pleno
del Congreso de los Diputados, el 10 de marzo de 1998, se aprobó una
Moción instando al Gobierno a incluir en el próximo Pleno de la
Conferencia para Asuntos relacionados con las Comunidades Europeas,
«se inicie un proceso tendente a establecer una fórmula que permita
la presencia de un representante de las Comunidades Autónomas en la
Delegación del Gobierno, en aquellas reuniones del Consejo de
Ministros de la Unión, en las que se traen asuntos para las cuáles
tengan competencia exclusiva las Comunidades Autónomas».
A pesar del tiempo transcurrido y del número de sesiones plenarias de
la Conferencia para asuntos relacionados
con la Comunidad Europea, no se ha producido un debate sobre esta
cuestión.
Con tal motivo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Dé la máxima prioridad, en la Conferencia para asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas, al cumplimiento de la Proposición no de
Ley de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea y a la
Moción del Congreso, relativas al establecimiento de una fomula que
permita la participación de representantes de las Comunidades
Autónomas en la delegación del Estado en el Consejo de la Unión
Europea. Determinándose a este fin un calendario y una intensidad de
los trabajos que permita alcanzar un acuerdo que permita iniciar en
enero del año 2000, aunque sea de manera progresiva, esta
participación.
Propuesta de Resolución núm. 108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Reglamento por el que se estalbecen las disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales para el período 2000-2006 incorpora
por primera vez la figura de la «autoridad de gestión», como la
autoridad responsable de la eficacia y regularidad de la gestión, así
como de la ejecución de las intervenciones de los Fondos (artículo 34
del Reglamento).
Con tal motivo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Designe autoridades de gestión y autoridades pagadoras a los efectos
previstos en el artículo 9, apartados n) y o) del nuevo Reglamento
del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre
Fondos Estructurales a las Comunidades Autónomas que lo requieran y
que tengan competencia para el diseño y ejecución o de una estrategia
de desarrollo regional en su respectivo ámbito territorial.
Mediante convenio entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la
respectiva Comunidad Autónoma se determinarán las modalidades de las
relaciones de la Administración del Estado con la autoridad de
gestión y, en su caso, autoridad pagadora autonómica y las relaciones
de ésta con la Comisión.
Propuesta de Resolución núm. 109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
La Comunidad Autónoma del País Vasco es prácticamente en la
actualidad la única que sigue sin poder ejercer las competencias
autonómicas de ejecución de la legislación laboral respecto a los
ámbitos del trabajo, el empleo y la formación, de modo que aún no se
le han transferido ninguna de las funciones del organismo estatal
INEM.
Este retraso y la incertidumbre en el cumplimiento de aspectos tan
importantes del pacto político que supuso el Estatuto, tienen
consecuencias graves por su incidencia frontal en el modelo de
convivencia, no en vano el bloque competencial sociolaboral y de
seguridad social presenta intensas repercusiones en la ciudadanía
vasca, hasta el punto de haber sido catalogado como de prioridad
máxima de cara a los procesos transferenciales por todas las fuerzas
políticas del Parlamento Vasco.
En razón de tales consideraciones, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que:
Realice a la mayor brevedad posible la transferencia al País Vasco de
las denominadas «políticas activas de empleo», teniendo en cuenta que
debe:
Incluir todas las funciones de ejecución de la legislación estatal
atribuidas al INEM sobre intermediación en el mercado de trabajo,
fomento o promoción y protección del empleo, y formación profesional.
Dando contenido positivo al hecho diferencial de que el Estatuto de
Autonomía del País Vasco sea el único texto estatutario en el que al
Estado no se le reservan competencias sobre los «fondos de ámbito
nacional y de empleo» y el único texto estatutario en el que a la
Comunidad Autónoma se le atribuye una específica capacidad para
«organizar, dirigir y tutelar los servicios», así como para «promover
la cualificación de los trabajadores y su formación integral»,
referencia esta última que obliga a dar cobertura y plena eficacia al
Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua surgido en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Propuesta de Resolución núm. 110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
Las instituciones vascas (Gobierno, Diputación Foralde Vizcaya y
Ayuntamiento de Bilbao), han puesto en
marcha, con participación del Ministerio de Fomento, el proyecto
ferroviario de Estación Intermodal, que ocupará los terrenos de la
Estación de Abando de Bilbao, propiedad de RENFE.
La importancia del proyecto, financiado por las instituciones vascas,
como medio para mejorar las infraestructuras ferroviarias y de
transporte por carretera, así como la regeneración urbanística que
supondrá para esta zona de Bilbao, exige dar el impulso definitivo a
este proyecto.
Con tal motivo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Realice las acciones necesarias para la puesta a disposición de este
proyecto, los terrenos propiedad de RENFE, correspondientes a la
Estación de Abando de Bilbao y coordine con las instituciones vascas
a los trabajos encaminados a desarrollar este plan, de acuerdo con el
proyecto realizado ya por las instituciones vascas.
Propuesta de Resolución núm. 111
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Tribunal Constitucional en su Sentencia 96/1996, de 30 de mayo,
declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26/1988, de 29 de julio,
sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, en
cuanto ésta supone «lisa y llanamente el total vaciamiento de la
competencia autonómica previamente reconocida y asumida en los
Estatutos de Autonomía» respecto a las entidades financieras o de
crédito distintas de las Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.
El Alto Tribunal en la misma Sentencia señalaba que «la
inconstitucionalidad... (referida) debe ser remediada por el
legislador... (a través) de la legislacion básica, añadiendo que
«esta tarea legislativa debe ser llevada a término dentro de un plazo
de tiempo razonable».
Habiendo transcurrido casi dos años desde la publicación de la citada
Sentencia.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que antes de finalizar el presente año presente ante esta Cámara un
Proyecto de Ley, por el que se modifique la Ley 26/1988, de 29 de
junio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, a
fin de que se reconozcan las competencias autonómicas sobre las
entidades financieras o de crédito distintas de las Cajas de Ahorro y
Cooperativas de Crédito.
Propuesta de Resolución núm. 112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
El resultado de la negociación de la Agenda 2000, en lo que respecta
a los Fondos Estructurales para zonas Objetivo 2, ha sido negativo
para la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Esta situación debe ser compensada a través de la aplicación de los
Fondos de Cohesión para proyectos de inversión que presentan las
Administraciones vascas.
Como es sabido, la Administración central se ha reservado la práctica
totalidad de la contribución financiera del Fondo de Cohesión.
En el caso del País Vasco (y de Navarra), sus instituciones públicas
tienen competencia exclusiva, entre otras, en carreteras y medio
ambiente, que son las materias que tienen plena cabida en la ayuda
que puede proporcionar el Fondo de Cohesión. Consecuentemente, la
actuación de la administración central ha generado una clara
discriminación: Por un lado, la contribución de sus instituciones al
esfuerzo de convergencia ha carecido de la contribución financiera
europea de la que sí se ha beneficiado la administración central del
Estado, y por otro, la realización, entre otros, de los proyectos en
otros territorios.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer las medidas oportunas para garantizar que la contribución
financiera del Fondo de Cohesión se distribuya entre las distintas
administraciones públicas del Estado en relación directa con su nivel
competencial en las materias de medio ambiente y redes transeuropeas
de transporte. Dicha distribución deberá respetar en particular las
peculiaridades que en materia de carreteras detentan los territorios
forales.
Propuesta de Resolución núm. 113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
Considerando la organización territorial del Estado y el impacto
económico y social que para las Comunidades Autónomas tienen los
aeropuertos de interés general ubicados en su territorio, han de
establecerse las medidas
precisas para facilitar que aquéllas participen en la estructura
organizativa de los aeropuertos, al objeto de que las decisiones que
en los mismos se adopten puedan integrar de manera efectiva los
propios intereses económicos y territoriales de las Comunidades
Autónomas afectadas.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que antes de finalizar el presente año presente ante esta Cámara un
Proyecto de Ley sobre «Aeropuertos de Interés General» a fin de que
las respectivas Comunidades Autónomas participen con mayor intensidad
en la estructura organizativa de los que se hallen ubicados en su
territorio, de manera similar a como se ha articulado la presencia
autonómica en las Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés
General. Asimismo, deberá garantizarse la presencia en la estructura
organizativa de los citados aeropuertos al resto de Administraciones
implicadas, a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, a las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas y a los
sectores económicos relevantes en el ámbito aeroportuario.
Propuesta de Resolución núm. 114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
El 17 de noviembre de 1998 se aprobó una Proposición no de Ley en la
que se acordó abordar una reforma en profundidad de la Administración
de Justicia como consecuencia de los problemas estructurales,
funcionales y organizativos de la misma, que desde entonces no se ha
traducido en medida alguna.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
En el siguiente período de Sesiones se haga efectiva la asunción por
parte de aquellas Comunidades Autónomas que hubieren asumido
competencias en aquellos aspectos orgánicos del personal no judicial,
de todas las competencias en materia de selección, situaciones
y promoción del personal de modo que la Administración autonómica sea,
en su ámbito territorial, la única autoridad competente en estas
materias, teniendo en cuenta el proceso propuesto de eliminación de
carácter nacional de los cuerpos administrativos de la Administración
de Justicia, así como la necesaria integración de los mismos dentro
de la Administración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que
hubieren asumido competencias en materia de personal.
Propuesta de Resolución núm. 115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
El Reino de España es de los pocos países de la Unión Europea en el
que el ejercicio profesional de la abogacía no está sometido
legalmente a ningún requisito previo de formación o acreditación de
capacidad y competencia, lo que le coloca en situación de
incumplimiento de Directivas de la Unión Europea, además de
posibilitar que las normativas de los Estados miembros sean burladas
mediante la incorporación a un colegio español en virtud del derecho
de libre establecimiento.
Por ello, se insta al Gobierno a:
Presentar en la Cámara, en el siguiente período de Sesiones, un
Proyecto de norma con rango de Ley abordando la regulación de los
aspectos esenciales del período de formación práctica y/o superación
de pruebas de aptitud para el acceso al ejercicio como Abogado, sin
perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia
de colegios profesionales, y ejercicio de profesiones.
Propuesta de Resolución núm. 116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
Desde el advenimiento de la democracia, la única medida adoptada para
resarcir a quienes padecieron prisión durante la Guerra Civil, fue la
promulgada en 1990, que aprobó el pago de una indemnización a tanto
alzado a quienes hubiesen padecido prisión por tres años. Lo escaso
de la medida, hace que hoy, 60 años después, exista una situación de
injusticia para personas de edad avanzada con las que la democracia
tiene una deuda.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar, en los Presupuestos para el año próximo, una regulación
específica, generosa con quienes padecieron prisión como consecuencia
de la Guerra Civil, superando los estrechos límites, en tiempo
exigido y cuantía, de la regulación anterior.
Propuesta de Resolución núm. 117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
El Pacto de Ajuria Enea aprobado el 12 de enero de 1988, en su
apartado número 8, decía lo siguiente:
«Hacemos igualmente un llamamiento a quienes aun ostentando
representación parlamentaria no ejercen los derechos y obligaciones
inherentes a la misma para que al igual que el resto de las fuerzas
políticas asuman las responsabilidades institucionales y defiendan
desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido la
legitimidad de todas las ideas políticas expresadas democráticamente
tienen en el marco parlamentario la vía de la defensa y, en su caso,
de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier
reivindicación».
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Desterrar la utilización del proceso de paz como arma arrojadiza en
términos electorales obviando la utilización del proceso de
pacificación en términos electorales como arma de desgaste,
convencidos de que hay que empezar por lo que une en vez de por lo
que separa.
A tal efecto, la resolución política del conflicto se vehiculará a
través de un proceso de diálogo y negociación, abierto, sin
exclusiones respecto a los agentes implicados y con la intervención
de la sociedad vasca en su conjunto.
Propuesta de Resolución núm. 118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
El Pacto de Ajuria Enea aprobado el 12 de enero de 1988, y suscrito
por todas las fuerzas políticas, así como en el Congreso de los
Diputados, decía en su punto número 10:
«Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de
la violencia fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la
misma y en actitudes inequívocas que pueden conducir a esa condición,
apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes
del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en
todo momento el principio democrático irrenunciable de que las
cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los
representantes legítimos de la voluntad popular».
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Constatar que se han producido las condiciones objetivas para
afrontar un final dialogado de la violencia y, en consecuencia,
abordar las cuestiones que fundamentan el proceso de normalización y
pacificación de Euskadi, sin reservas previas, iniciando una nueva
fase con el objetivo de resolver el conflicto.
Propuesta de Resolución núm. 119
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
Hace unos días se ha cumplido el 62 Aniversario del bombardeo de
Gernika, el 26 de abril de 1937, llevado a cabo por la Legión Cóndor
alemana a las órdenes de Franco.
El régimen de la dictadura, en una demostración clara de cinismo,
lanzó la calumnia de inculpar de la destrucción de Gernika a los
«rojos separatistas». A pesar del tiempo transcurrido, ningún
Gobierno español ha desmentido oficialmente aquella afirmación falsa
y calumniosa.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que:
Manifieste oficialmente que la autoría de la destrucción de Gernika,
el 23 de abril de 1937, fue llevada a cabo por la Legión Cóndor
alemana, por orden del General Franco y no por los llamados «rojos
separatistas».
Propuesta de Resolución núm. 120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
La consagración constitucional de cooficialidad lingüística está
requerida de acciones de impulso en el ámbito de la justicia.
Por ello, se insta al Gobierno a:
Fortalecer las actividades de promoción del conocimiento
y utilización de las distintas lenguas oficiales en el servicio público
de la Justicia.
Propuesta de Resolución núm. 121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
Las dificultades con las que tropieza la articulación de las
competencias en materia de Administración de Justicia entre el
Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las
Comunidades Autónomas con competencias asumidas motivó el acuerdo de
constituir una Comisión Mixta que no existe hasta la fecha.
Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Poner en marcha, cuanto antes, la Comisión Mixta acordada en las
reuniones de Canarias y San Sebastián, como foro de encuentro del
Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de
las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de
Administración de Justicia.
Propuesta de Resolución núm. 122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
estado de la Nación, la siguiente la siguiente
Propuesta de Resolución
Asistimos en estos días a un ensalzamiento del Estatuto de Autonomía
de Gernika, como referente indispensable de futuro, que suscita
incluso para la Presidencia del Gobierno la alusión cada vez más
explícita a una voluntad de completar su cumplimiento.
Indudablemente dicha voluntad refiere un impulso renovado de la
adhesión del Gobierno a un marco político y jurídico concreto, a un
sistema de relación y de organización política entre los ciudadanos
vascos y de éstos con el Estado, que implica la asunción de un núcleo
de autogobierno y de responsabilidades directas por los propios
vascos.
La aplicación del Estatuto requiere, sin embargo, condiciones
materiales políticas y administrativas nuevas,
más allá del compromiso intelectual con el marco. Requiere, para que
ese compromiso no parezca un canto a la galería y un verdadero fraude
político, modificaciones estructurales del aparato administrativo del
Estado y la adopción de los consiguientes procesos constitucionales
de transferencias de las funciones y servicios que respaldan el
ejercicio de competencias reconocido sobre el papel al País Vasco.
En razón de tales consideraciones, el Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que:
Asuma el compromiso firme de completar el desarrollo estatutario al
País Vasco de un modo organizado y sujeto a un calendario de
negociación a plazo cierto, materializando a tal fin las
transferencias que requiere el ejercicio de las competencias
atribuidas al País Vasco.
Propuesta de Resolución núm. 123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar apoyando y
potenciar todas las aportaciones pertinentes para disponer en los
plazos previstos la construcción del Gran Telescopio en el Instituto
de Astrofísica de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los criterios
de los incrementos productivos del sector agrícola el referido a
nuevas plantaciones de viñedo, en Canarias, se tenga en cuenta el
carácter ultraperiférico insular de su territorio y las
peculiaridades históricas y tradicionales de su subsector vitiviníco
la,
de acuerdo con en el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 125
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a propiciar que la UE
y Marruecos alcancen un acuerdo pesquero que permita continuar con
las operaciones de la flota pesquera española que, con base en
puertos de Canarias, han venido faenando en el banco pesquero
marroquí y canario-sahariano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar las
actuaciones previas con la célula especial de la Secretaría de la
Comisión de la UE encargada del seguimiento del Tratado de Amsterdam
y Direcciones Generales Comunitarias, para propiciar el desarrollo
del artículo 299, apartado segundo, redactando un proyecto de
Reglamento base a someterse a la consideración del Consejo. Y que
tales actuaciones se coordinen con los de los otros Estados miembros,
preferentemente los implicados con Regiones utraperiféricas, para
garantizar las necesarias mayorías cualificadas en pro del citado
Reglamento, así como con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 127
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de
lo previsto en el art. 150.2 de la Constitución, en atención a las
especificidades del hecho insular reconocidas en el art. 138.1 del
Texto Constitucional, promueva la transferencia a las Comunidades
Autónomas Insulares en materia de transporte aéreo con origen
y destino en el propio territorio insular.
Al mismo tiempo, que acoja el modelo de gestión aeroportuaria más
común de los países descentralizados europeos (Alemania, Austria,
Italia), procediendo a la transferencia a las Comunidades Autónomas,
o a su gestión consorciada, en particular en los Archipiélagos
Canario y Balear.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 128
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a través de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales negocie un plan de
empresa del Grupo Iberia, con la participación de las Centrales
Sindicales mayoritarias en el mismo, que garantice la viabilidad
económica sin menoscabo de un servicio regular continuo y de calidad,
en especial en los enlaces entre la Península Ibérica y los
territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento
del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política
general en torno al Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde la
responsabilidad de España como antigua potencia administradora del
territorio del Sáhara Occidental, en defensa del Plan de Paz de
Naciones Unidas y de los Acuerdos de Houston, ofrezca el territorio
de Canarias como plataforma logística para el apoyo a las tareas de
la MINURSO y demás actuaciones a favor del referéndum del pueblo
saharaui.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 130
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de
la política europea de transporte, promueva la integración de los
puertos y aeropuertos de las Islas Canarias, cualquiera que sea su
titularidad, así como de las principales vías insulares, en las Redes
Transeuropeas de Transporte, como medio para la integración del
territorio ultraperiférico archipielágico con el territorio
continental insular europeo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 131
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, aprobado el
Plan Director de Infraestructuras de Canarias,
convenga con el Gobierno de esa Comunidad Autónoma medidas para
su efectiva puesta en marcha, tanto en lo relativo a políticas
sectoriales (infraestructuras, transportes, telecomunicaciones,
energías alternativas, aguas, costas, residuos...), como en los
modelos de implantación en un territorio frágil y singular como el
del Archipiélago.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 132
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a las
recomendaciones del Banco Central Europeo y a las previsiones del
Pacto de Toledo, inicie un estudio para la constitución de un fondo
de reserva de pensiones como garantía futura del sistema público de
pensiones, rasgo distintivo del modelo europeo de Estado del
bienestar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 133
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a las
previsiones de la Disposición Adicional Duodécima bis de la Ley de
Puertos (en la redacción dada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre)
proceda a la urgente creación de la Subcomisión de Transportes,
Puertos y Aeropuertos Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, como
forma de análisis y decisión de cuanto afecta al transporte aéreo y
marítimo de personas y mercancías en el Archipiélago Canario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjuntodel Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, como expresión
de las especificidades del régimen de integración canario en la Unión
Europea, defender ante las autoridades comunitarias el mantenimiento
del Régimen Específico de Abastecimientos (R.E.A.), subrayando su
naturaleza distinta al de las llamadas «restituciones».
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 135
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, como desarrollo
de la Ley de Ordenación y funcionamiento de la Administración del
Estado (LOFAGE), proceda al traspaso de los medios materiales y
personales adscritos a los extintos Gobiernos Civiles y Delegaciones
Insulares del gobierno, que por su naturaleza, dimensión o funciones
no se adecúen a la nueva estructura de las Subdelegaciones del
Gobierno y Direcciones Insulares.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 136
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, remueva de
inmediato los obstáculos para la efectiva puesta en marcha de la
televisión autonómica de Canarias, en conformidad con la legislación
vigente, los acuerdos con el Gobierno del Archipiélago y con la
política de garantía de los servicios públicos desde el principio de
austeridad y eficiencia en las Instituciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, atendiendo a
las singularidades de lejanía e insularidad del Archipiélago Canario
y proximidad con países del continente africano, adopte las medidas
necesarias para que desde la legalidad internacional se reconozcan
las aguas oceánicas interiores como parte del territorio del
Archipiélago Canario, conforme a las previsiones del artículo 2 de su
Estatuto de Autonomía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de común
acuerdo con las Comunidades Autónomas con relevantes comunidades de
residentes en Venezuela y Cuba, convenga con estos países acuerdos de
cooperación en materias de interés social, cultural, técnico,
científico, turístico y comercial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en atención a
las dificultades estructurales que la lejanía provoca y a la
competencia de las producciones de países norteafricanos, impulse la
competitividad de las exportaciones del sector hortofrutícola de
Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, resuelva
cualquier modificación del REF de conformidad con la pertenencia de
España a la UE, establezca un procedimiento «ad hoc» que permita la
plena eficacia de la garantía dispensada por el bloque constitucional
al secular régimen económico-fiscal canario, con una íntima
vinculación de la Disposición Adicional 3.a de la Constitución y el
articulo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 141
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con
la moción aprobada por unanimidad
en el Senado, se articule definitivamente un procedimiento
previsto en los diversos Estatutos de Autonomía por el cual las CC.
AA. puedan tener conocimiento de los acuerdos y tratados que se
pretendan ratificar por parte del reino de España y que afecten a sus
respectivos intereses. Igualmente, que articule el procedimiento para
la participación efectiva en las delegaciones españolas de
representantes de las Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Propuesta de Resolución núm. 142
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar las
gestiones y acciones oportunas en y desde el seno de la Unión
Europea, para la defensa de la OCM del plátano de Canarias, ante los
intentos de modificación, perjudiciales, promovidos en la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep López de Lerma i López, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta
25 Propuestas de Resolución en el Debate de Política General
celebrado los días 22 y 23 de junio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Josep
López de Lerma i López, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Propuesta de Resolución núm. 143
Publicación de las balanzas fiscales Estado-Comunidades Autónomas.
«El Congreso de los Diputados reitera al Gobierno arealizar, a través
del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
los estudios necesarios para analizar la incidencia del sector
público en los distintos territorios autonómicos con la finalidad de
conocer las balanzas fiscales de cada una de las Comunidades
Autónomas con el presupuesto del Estado, referidas al saldo de flujos
de ingresos y gastos fiscales de la Administración Central del Estado
en estos territorios. Estos estudios deberán elaborarse con una
metodología común que deberá acordar, con amplio consenso, el Consejo
de Política Fiscal y Financiera e integrar los flujos financieros
europeos, y se difundirán mediante una publicación oficial con
carácter periódico.»
Propuesta de Resolución núm. 144
Reforma de la Justicia para mejorar su funcionamiento.
«El Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por el
estado de la Justicia y considera urgente afrontar una reforma
orgánica y funcional de la misma que permita superar las actuales
deficiencias y dilaciones. Esta reforma -a través del incremento del
actual impulso presupuestario- debería contemplar, entre otros
aspectos, una nueva concepción de la oficina judicial más ágil y
eficaz, un plan global de modernización de los medios materiales, un
mejor aprovechamiento de los medios personales (creando nuevos
juzgados, evitando las continuas vacantes y potenciando las
competencias autonómicas en materia de personal al servicio de la
Administración de Justicia) y un nuevo impulso legislativo que
permita seguir profundizando en las reformas procesales ya iniciadas.
A tal efecto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- A iniciar de manera inmediata las reformas legislativas
y actuaciones administrativas que sean necesarias para el efectivo
cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno de
esta Cámara el 16 de febrero de 1999, relativa a las medidas para
afrontar la reforma de la Justicia y de la Resolución aprobada el 14
de mayo de 1998 relativa a la competencia autonómica para regular la
adjudicación y gestión de los Depósitos y Consignaciones Judiciales.
- A remitir al Congreso, en el plazo de tres meses, un Proyecto de
Ley Concursal, que unifique la regulación jurídico-sustantiva y
procesal de las situaciones de insolvencia y en el que encuentren
adecuada protección los derechos de los acreedores en el marco de las
exigencias de una economía desarrollada y un Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
- A remitir al Congreso un Proyecto de Ley de Mediación que,
respetando las competencias de las CC. AA., tenga por objeto
facilitar la resolución extrajudicial de conflictos entre las partes,
especialmente en el ámbito civil y mercantil, bien directamente, bien
a través de un tercero profesional del Derecho.»
Propuesta de Resolución núm. 145
Asumir por el Gobierno el carácter plural del Estado.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir plenamente
el carácter plurilingüe, plurinacional y pluricultural del Estado en
todas sus actuaciones y, muy especialmente, en su proyección
internacional».
Propuesta de Resolución núm. 146
Presencia de las Comunidades Autónomas con lengua propia en la UNESCO
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo
de tres meses presente una propuesta que permita la presencia de las
Comunidades Autónomas con personalidad lingüística y cultural
diferenciada en la UNESCO.»
Propuesta de Resolución núm. 147
Territorialización de los recursos del FORCEM (formación continua)
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar un nuevo
impulso al actual sistema de formación continua, a través de la
territorialización por Comunidades Autónomas de los recursos del
FORCEM, al objeto de potenciar la formación y el reciclaje
profesional a lo largo de la vida laboral de los trabajadores
ocupados.»
Propuesta de Resolución núm. 148
Circunscripciones electorales autonómicas para las elecciones al
Parlamento Europeo
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un
Proyecto de reforma de la LOREG que permita, para las Elecciones al
Parlamento Europeo del año 2004, circunscripciones electorales de
ámbito autonómico, siempre que la Asamblea Legislativa de la
correspondiente Comunidad Autónoma así lo acuerde y el número de
habitantes de la misma permita cumplir el criterio de la
representación proporcional, todo ello de acuerdo con la propia
Resolución del Parlamento Europeo favorable a la existencia de más de
una circunscripción electoral en los Estados cuya población supere
los 20 millones de habitantes.»
Propuesta de Resolución núm. 149
Posibilitar la gestión directa de fondos estructurales comunitarios
por parte de las Comunidades Autónomas.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que designe
autoridades de gestión y autoridades pagadoras
Reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones
generales sobre Fondos Estructurales a las Comunidades Autónomas que
lo requieran y que tengan competencia para el diseño y ejecución de
una estrategia de desarrollo regional en su respectivo ámbito
territorial.
Mediante Convenio entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la
respectiva Comunidad Autónoma se determinarán las modalidades de las
relaciones de la Administración General del Estado con la autoridad
de gestión y, en su caso, autoridad pagadora autonómica y las
relaciones de ésta con la Comisión.»
Propuesta de Resolución núm. 150
Incorporar las Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo de
Ministros de la Unión Europea.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a
la Moción aprobada por el Congreso de los Diputados en fecha de 10 de
marzo de 1999 y, en consecuencia, a elaborar, a la mayor brevedad,
una propuesta precisa que articule un modelo de participación de las
Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo de Ministros de la
Unión Europea en materias de su competencia exclusiva. Dicha
propuesta deberá ser presentada para su discusión ante la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, informando
posteriormente de su contenido a la Cámara.»
Propuesta de Resolución núm. 151
Acelerar la implantación del modelo de Administración Única
«El Congreso de los Diputados considera necesario impulsar el modelo
de Administración Única que contempla la LOFAGE. A tal efecto, insta
al Gobierno a suprimir todos aquellos órganos de la Administración
periférica del Estado que sean innecesarios, atendiendo a que sus
funciones puedan ser asumidas por los órganos autonómicos ya
existentes en cada territorio, evitando con ello mayores costes y
duplicidades y de acuerdo con un modelo de organización
administrativa más ágil, eficaz y cercana al ciudadano.»
Propuesta de Resolución núm. 152
Avalar y reforzar la actual orientación de las políticas económica y
laboral.
«El Congreso de los Diputados constata muy positivamente el
cumplimiento de los requisitos de convergencia, por parte de la
economía española, que nos han
permitido la integración en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria Europea y entrar a formar parte de los países del área
'euro' desde su puesta en marcha.
Asimismo, constata la positiva política de creación de empleo,
conseguida con la colaboración de los interlocutores sociales y del
diálogo social, la cual ha permitido avanzar en la modernización y
reforma del mercado de trabajo y la moderación salarial. Esta
aportación ha sido una de las claves del crecimiento económico y del
empleo producido a lo largo de los últimos 3 años y ha posibilitado
la creación de 1,2 millones de puestos de trabajo.
Por todo ello el Congreso de los Diputados manifiesta la conveniencia
de dar continuidad a las políticas económica y laboral a los efectos
de garantizar una próxima convergencia real entre los niveles de
renta y competitividad españoles y los de los países más avanzados de
la Unión Europea, a la vez que dar continuidad al proceso de creación
de empleo.
A estos efectos, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Estabilidad
de la economía española, especialmente en lo referido a la reducción
del déficit público y al mantenimiento de unos niveles mínimos de
inflación.
b) Mantener y profundizar en el diálogo social entre las
organizaciones sindicales, empresariales, sociales y políticas, así
como en el diálogo institucional con las Comunidades Autónomas, al
objeto de mantener y dar un nuevo impulso a la creación de empleo
estable y de calidad y contribuir al aumento de la tasa de actividad
en nuestra economía, lo que nos permitirá reducir la tasa de paro en
el contexto de la Unión Económica y Monetaria Europea.
c) Priorizar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado,
aquellas políticas destinadas a superar las principales debilidades
de la economía española en el contexto internacional y,
concretamente, las que se refieren a: estimular las políticas de
innovación y desarrollo; aumentar la exportación y la inversión
española en el extranjero como vías para mejorar la
internacionalización de nuestra economía; incidir en la mejora de la
formación y aumentar la inversión pública en infraestructuras
productivas, de transportes y de comunicaciones.»
Propuesta de Resolución núm. 153
Estimular la inversión en I+D y en internacionalización.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las
actividades de I+D y de fomento a la internacionalización de las
empresas españolas, al objeto de garantizar el crecimiento futuro y
la convergencia real, especialmente en materia de niveles de empleo y
bienestar, de la economía española con el resto de economías
desarrolladas de la UE, mediante las acciones siguientes:
En materia de I+D:
a) Incrementar gradualmente en el próximo cuatrienio la inversión en
I+D para lograr su equiparación con el gasto medio de los países de
la Unión Europea que se encuentra cercano al 2% del PIB.
b) Incorporar en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 estímulos específicos, de carácter fiscal,
financiero y administrativo, a la innovación industrial.
c) Propiciar una mayor interelación entre los sistemas de
investigación públicos y privados, muy especialmente la colaboración
entre la Universidad y los Centros Públicos de Investigación y el
Sector Económico Privado.
En materia de internacionalización:
Dar un rápido cumplimiento a la Moción consecuencia de Interpelación
sobre las medidas de carácter general que tiene previsto impulsar el
Gobierno para facilitar las exportaciones y la internacionalización
de las empresas españolas, aprobada por el Pleno de esta Cámara con
fecha de 18 de mayo de 1999.»
Propuesta de Resolución núm. 154
Retirada en virtud del escrito con número de registro 85.576, de
fecha 23 de junio de 1999.
Propuesta de Resolución núm. 155
Definición de un Plan prioritario de Inversiones en Infraestructuras.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, antes de
finalizar 1999, un Plan prioritario de Infraestructuras en el que se
concreten las actuaciones que deberá impulsar la Administración
General del Estado con carácter preferente en los próximos
ejercicios. Dicho Plan deberá garantizar el máximo aprovechamiento de
los fondos comunitarios que, de acuerdo lo establecido en las
perspectivas financieras de la UE para el período 2000-2006, serán
susceptibles de destinarse a cofinanciar inversiones en
infraestructuras.»
Propuesta de Resolución núm. 156
Medidas Extraordnarias para paliar el coste económico de los peajes
de las autopistas y para desarrollar determinadas Infraestructuras.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas
extraordinarias para paliar los costes
económicos que soportan aquellas Comunidades Autónomas con más
kilómetros de autopistas de peaje. Aestos efectos, esta Cámara
manifiesta su apoyo a la política impulsada por el Gobierno, en
coordinación con las principales Comunidades Autónomas afectadas,
dirigida a reducir el coste de los peajes de las autopistas. En este
sentido, insta al Gobierno a concretar, con la mayor urgencia, el
compromiso adquirido en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 6/1999
para revisar los contratos de concesión de autopistas y rebajar las
tarifas de peajes satisfechas por los usuarios en un 7% y, asimismo,
para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades
Autónomas, cuando sean éstas quienes otorgan las concesiones.
Asimismo, el Congreso de los Diputados:
a) Finalizado el período de paralización judicial forzosa de las
obras correspondientes a la finalización de la autovía Lleida-
Barcelona en el tramo Cervera-Santa Maria del Camí, insta al Gobierno
a iniciar, con la mayor urgencia posible, las obras de desdoblamiento
del citado tramo de autovía, a la vez que insta al Gobierno a
corregir de inmediato los puntos negros existentes en este tramo.
b) Insta al Gobierno a acelerar los trabajos para la construcción de
un nuevo túnel de desdoblamiento del Túnel de Vielha y a revisar y
reforzar de inmediato las condiciones de seguridad existentes.»
Propuesta de Resolución núm. 157
Urgir una solución estable al tráfico aeroportuario y la finalización
de los trabajos previos al proyecto ferroviario de AVE Madrid-
Barcelona-frontera francesa.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar una solución
estable a la difícil situación del sistema aeroportuario, para ello
procederá a:
a) Promover la formación de nuevos controladores y pilotos.
b) Proceder a la aplicación generalizada de los sistemas de
Eurocontrol.
c) Priorizar la inversión en infraestructuras e instalaciones
aeroportuarias y muy especialmente la correspondiente a la tercera
pista del Aeropuerto del Prat.
d) Impulsar la reforma de AENA y la transformación de la gestión de
los aeropuertos, a la cual deberán incorporarse la sociedad civil y
las administraciones autonómicas competentes.
Asimismo, el Congreso de los Diputados reitera el compromiso de
finalizar la construcción ferroviaria del AVE Madrid-Barcelona-
frontera francesa en el año 2004. Para ello, insta al Gobierno a
acelerar los trabajos preparatorios con el fin de garantizar que a
principios del año 2000 estén finalizados y aprobados los informes
previos a la redacción y puesta en marcha de los proyectos
correspondientes.»
Propuesta de Resolución núm. 158
Promover la creación de empleo en el ámbito de los trabajadores
autónomos y en el ámbito de la ocupación a tiempo parcial.
«El Congreso de los Diputados, al objeto de dar un nuevo impulso a la
creación de empleo, insta al Gobierno a potenciar la actividad
laboral mediante tres vías principales: revisión de las cotizaciones
sociales, creación de empleo por parte de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos y empleo a tiempo parcial. A estos efectos
procederá a:
1. Revisar, con anterioridad a la próxima presentación del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, las
cotizaciones sociales con el doble objetivo de evitar aumentos
superiores a la inflación en el proceso de 'destope' de determinadas
categorías laborales y de propiciar una reducción de cotizaciones
para las categorías laborales menos cualificadas, las cuales son
precisamente las que concentran la mayor parte del paro de larga
duración.
2. Impulsar la creación de empleo por parte de trabajadores
autónomos:
a) Impulsar la mejora de las prestaciones de los afiliados al Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos, al objeto de aproximarlas a
los del Régimen General.
b) Introducir bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social en los casos de contratación de un primer empleado
por parte de los autónomos y profesionales sin asalariados.
3. Evaluar, en colaboración con los agentes sociales, la evolución
del nuevo contrato a tiempo parcial estable, regulado en el Real
Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre y, si procede, efectuar las
modificaciones pertinentes en dicha regulación al objeto de aumentar
su flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes, con el
objeto de promover decididamente la contratación a tiempo parcial de
carácter estable.»
Propuesta de Resolución núm. 159
Reforzar las políticas de protección a la familia.
«El Congreso de los Diputados constata que las políticas de apoyo a
la familia han sido objeto de un importante impulso en esta
legislatura, en el marco de las conclusiones del informe sobre la
situación de la familia en España elaborado por la Subcomisión
constituida al efecto y aprobado por el Pleno de esta Cámara.
Merecen destacarse las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos
para 1998 y en la Ley de Acompañamiento, las contempladas en el Plan
de Empleo presentado ante la Comisión Europea y las introducidas en
la Ley Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Todas ellas persiguen la finalidad de conciliar la
vida laboral y la atención a la familia, así como establecer para
ésta un marco económico, social, laboral y fiscal más equitativo.
En esta misma línea se valora muy positivamente el Proyecto de Ley
sobre conciliación de la vida familiar y laboral, que se tramita
actualmente en ésta Cámara.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados considera necesario
proseguir en esta vía y, en el marco de un Plan Integral de Apoyo a
la Familia, insta al Gobierno a:
- Presentar un Proyecto de Ley de Familias Numerosas que sustituya
ventajosamente la vigente Ley de 1971.
- Considerar de forma más efectiva el número de hijos a cargo en la
determinación y revalorización de las prestaciones asistenciales de
la Seguridad Social.
- Ponderar la renta familiar atendiendo al número de hijos que
integran la familia a los efectos de acceso a becas, subvenciones y
otras ayudas.
A su vez el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover
medidas orientadas hacia una mayor protección social de los parados
de larga duración con cargas familiares».
Propuesta de Resolución núm. 160
Promover la política de inserción socio-laboral de las personas en
riesgo de exclusión social y establecer un pacto social para la
integración de los inmigrantes.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar su
política social, especialmente en defensa de las personas con mayor
riesgo de marginación. A estos efectos procederá a:
a) Aprobar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de
Inserción que configure un marco jurídico estable para las empresas
de inserción socio-laboral y contemple a las mismas como instrumentos
necesarios y positivos para combatir la exclusión social.
b) Promover, con todas las fuerzas políticas y sociales y de acuerdo
con las Comunidades Autónomas y entes locales, un Pacto Social para
la Integración de los inmigrantes, al objeto de generar un amplio
consenso sobre la política de migración, la cual deberá impulsarse
una vez haya concluido el actual tramite parlamentario de reforma de
la ley de extranjería.»
Propuesta de Resolución núm. 161
Garantizar la protección de los derechos sociales en las emisiones
televisivas.
«El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la importancia
mediática de la televisión desde la perspectiva social, cultural y
educativa, insta al Gobierno a impulsar una activa protección de los
derechos de los usuarios y, muy especialmente, de la infancia y de la
juventud, aplicando con rigor la normativa vigente.
Asimismo, insta al Gobierno a cumplir lo establecido en el artículo 5
de la Ley 21/1997, con la finalidad de que todas las competiciones o
acontecimientos deportivos catalogados de interés general puedan ser
retransmitidos en la lengua oficial propia de la correspondiente
Comunidad Autónoma.»
Propuesta de Resolución núm. 162
Mayor información sobre productos transgénicos.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para mejorar la información sobre los productos elaborados
con organismos manipulados genéticamente (OMG) con el fin de
posibilitar el ejercicio del derecho de libre elección. En este
sentido, el Gobierno:
a) Promoverá la rigurosa aplicación de la normativa comunitaria de
etiquetado de productos elaborados con organismos manipulados
genéticamente.
b) Regulará la inclusión de dicha información en facturas, albaranes
y demás documentos mercantiles que amparan la venta de los productos
elaborados con organismos manipulados genéticamente, en las
transacciones entre productores mayoristas y distribuidores,
garantizando que esta información también se exprese en el producto
destinado al consumidor final.
c) Deberá iniciar los trámites oportunos ante la Unión Europea con el
fin de incluir en el código de barras de cada producto un color único
y exclusivo que permita distinguir los productos que contienen en su
elaboración algún organismo modificado genéticamente, con el fin de
facilitar la información y la libre elección de los consumidores.»
Propuesta de Resolución núm. 163
Facilitar el acceso a la formación profesional de grado superior.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el
plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de modificación del artículo
31 de la LOGSE, para posibilitar de manera flexible el acceso a la
formación profesional específica de grado superior a quienes hayan
cursado la de grado medio y quieran proseguir sus estudios
profesionales.»
Propuesta de Resolución núm. 164
Impulsar un conjunto de medidas destinadas a mejorar los controles
sanitarios sobre animales vivos y elaboración de piensos.
«El Congreso de los Diputados, al objeto de garantizar la seguridad
alimentaria de los consumidores, insta al Gobierno a plantear, ante
las instituciones de la Unión
Europea las medidas necesarias para garantizar y reformar la mejora
de los controles sanitarios que afectan a la producción y transporte
de animales vivos y, en particular, a garantizar:
- Un más estricto control de la calidad de las materias primas
utilizadas en la elaboración de piensos destinados al crecimiento y
engorde de los animales a lo largo de toda la cadena alimenticia,
tanto las de origen comunitario como las procedentes de países
terceros.
- El estricto cumplimiento de la normativa relativa al control
sanitario de los movimientos de ganado, tanto a nivel
intracomunitario como el procedente de países terceros, enfatizando
los aspectos relacionados con la identificación de los mismos, sin
renunciar, si procede, a la petición de responsabilidades
subsidiarias para aquellos estados que incumplan dichas
obligaciones.»
Propuesta de Resolución núm. 165
Promover la defensa internacional de los derechos humanos y el
efectivo establecimiento de la Corte Penal Internacional de Justicia.
Promover la condonación de la Deuda Externa de los países en vías de
desarrollo.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el
objetivo primordial de promover la defensa de los principios
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
promueva la implantación de Estados Democráticos de Derecho en el
mundo e impulse, en el ámbito de sus relaciones internacionales, el
pleno y efectivo establecimiento de una Corte Penal Internacional de
Justicia de carácter permanente como órgano judicial principal de las
Naciones Unidas, mediante el cual puedan perseguirse, enjuiciarse y,
en su caso, castigarse los crímenes más odiosos contra la Humanidad,
como el genocidio, los crímenes de guerra y otros actos de semejante
gravedad, evitando así la impunidad de dichos actos contra la
comunidad internacional.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar,
en el seno del denominado 'Club de París', una activa política
favorable a los procesos de condonación y reconversión de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo con menor renta.»
Propuesta de Resolución núm. 166
Impulsar la PESC y un Pacto/Plan de reconstrucción de los Balcanes.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el
seno de la Unión Europea, todas aquellas iniciativas que tengan como
objetivo el desarrollo y potenciación de una verdadera y creíble
Política Exterior y de Seguridad Común europea.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener,
en el seno de la Comunidad Internacional, una activa política de
apoyo a la elaboración y implementacion del Pacto/Plan de Estabilidad
de los Balcanes.
Este Pacto/Plan debe suponer un esfuerzo político y económico en
favor de la reconstrucción democrática de la región balcánica, deberá
priorizar Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Albania y Macedonia y deberá
incorporar el establecimiento de un régimen democrático en la
República Federal de Yugoslavia, con el consiguiente fin del Gobierno
de Slobodan Milosevic.»
Propuesta de Resolución núm. 168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria formula, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación, la siguiente
Propuesta de Resolución
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice la
participación de las Comunidades Autónomas competentes en políticas
activas de empleo y formación profesional en el diseño, aprobación,
desarrollo, ejecución y gestión económica de las mismas, en
particular las referidas a la formación profesional continua y las
derivadas del Plan Nacional de Acción para el Empleo 1999
especialmente las referidas a la movilidad geográfica.
Que instrumente las medidas precisas que posibiliten que las
Comunidades Autónomas competentes en la materia puedan desarrollar
las políticas activas de fomento de empleo mediante el mismo sistema
que la Administración General del Estado, es decir, mediante sistema
concertado de bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad
Social.
Constatado el importante crecimiento del empleo, continuar en el
desarrollo de las políticas activas y a mantener la financiación a
los planes de empleo convenidos con las Comunidades Autónomas.
A transferir a las Comunidades Autónomas con competencia en políticas
activas de empleo y formación profesional la gestión de las políticas
pasivas al objeto de posibilitar un sistema integrado de empleo que
evite la actual duplicidad y disfunción.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1999.-Luis
Mardones Sevilla, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
200/000007
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la comunicación del Gobierno para el debate
de política general en torno al estado de la Nación (núm. expte. 200/
000007), ha acordado lo siguiente:
«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
cumplimiento de la Propuesta de Resolución aprobada por el Pleno del
Congreso en el Debate de Política
General (12 de junio de 1997) sobre actuaciones en materia de
infraestructuras ferroviarias de Alta Velocidad, adopte el acuerdo de
considerar inversión prioritaria la línea de Alta Velocidad Madrid-
Comunidad Valenciana, incluyendo las actuaciones del Proyecto Parque
Central y soterramiento de vías del área metropolitana de Valencia;
asumiendo la financiación de la citada infraestructura con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado y de fondos europeos,
canalizando asimismo la participación de capitales privados de
conformidad con el Plan Director de Infraestructuras (PDI) 1993-2007.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las
oportunas gestiones, a través de la Dirección General de los
Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, para que los
Registros Mercantiles ubicados en Comunidades Autónomas con lengua
propia cooficial con el castellano den como válidos todos los
documentos, incluido el depósito de cuentas, redactados
indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales, siempre
y cuando con la documentación se acompañe autorización de la empresa
presentante para su traducción al idioma castellano.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en coordinación
con la Xunta y los respectivos Ayuntamientos, acelerar la ejecución
de las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) en Galicia,
declaradas obras de interés general, para dar cumplimiento a la
normativa europea en la materia.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar las
actuaciones, convenios y declaraciones internacionales que tiendan a
la convergencia de los sistemas europeos de enseñanza superior
universitaria, dentro del respeto a la diversidad cultural y a la
autonomía de la universidad reconocida en la Constitución, así como a
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer realidad un
espacio europeo de enseñanza universitaria.
5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito
territorial en el que todavía ostenta competencia, regule la
enseñanza precoz del idioma extranjero desde el segundo ciclo de la
Educación Infantil.
6. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en
colaboración con todas las Comunidades Autónomas y las instituciones
científicas y académicas competentes, elabore el 'Catálogo de Fauna
Hispana, Peninsular y Archipelágica' y que se encuentre finalizado en
el 2002, recogiendo por primera vez en nuestro país todas las
especies españolas de vertebrados e invertebrados. El mismo será un
instrumento de vital importancia para el desarrollo y aplicación de
la 'Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de
Diversidad Biológica' aprobada por la Conferencia Sectorial del Medio
Ambiente el 1 de diciembre de 1998.
7. El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad que
existe de proseguir la reforma global de la Justicia desarrollada en
los últimos años, insta al Gobierno a, en cooperación con las
Comunidades Autónomas, continuar aumentando la dotación
presupuestaria en materia de medios personales y materiales
destinados a la Administración de Justicia, a fin de que se pueda
seguir incrementando el número de plazas relativas al personal
juzgador,personal al servicio de la Administración de Justicia,
Ministerio Fiscal y Servicio Jurídico del Estado, y posibilitando la
adquisición de los elementos necesarios para culminar la
informatización de la oficina judicial y para proseguir la mejora de
las infraestructuras y los medios técnicos de que disponen los
Juzgados y Tribunales.
8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, con
respeto de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas y
con base en las actuales estructuras del Ministerio de Sanidad y
Consumo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y demás
instituciones relacionadas con la elaboración y control de los
productos destinados a la alimentación, se constituya una Agencia
Española para la Seguridad Alimentaria, con participación de las
Comunidades Autónomas y con las finalidades siguientes:
- Articular los mecanismos de cooperación de todas las
Administraciones públicas responsables del control sanitario e
higiene de los alimentos, asegurando sistemas homogéneos de
inspección y control, así como mantener actualizados los
conocimientos técnicos y científicos en materia de higiene y control
alimentario y de nutrición.
- Mantener las relaciones técnicas y científicas que fueren
pertinentes de acuerdo con el sistema competencial con los organismos
similares de la Unión Europea y sus Estados miembros.
- Promover la actualización de la normativa básica sanitaria en
materia de alimentos.
- Y, en general, cuantas otras faciliten la salud y seguridad
alimentaria de los ciudadanos.
9. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el
menor tiempo posible, el Reglamento de nuevas formas de gestión que
desarrolle la Ley 15/1997, de 25 de abril, y el artículo 111 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, por el que se creaban las Fundaciones Públicas
Sanitarias, a fin de que, manteniendo el carácter de servicio público
y garantizando la concepción integral de la red sanitaria, la
igualdad en el acceso a las prestaciones y la planificación y
cooperación, se dote a los centros sanitarios del ámbito del INSALUD,
de autonomía de gestión que posibilite incrementar su eficiencia en
los servicios que prestan a los ciudadanos.
10. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir las
actuaciones en los principales corredores ferroviarios españoles,
considerando las necesidades nacionales, así como su óptima
interoperatividad en el conjunto de la red europea y de modo que
promueva la máxima eficacia del conjunto de la red existente,
teniendo en cuenta los tráficos previsibles y los balances económicos
resultantes.
11. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha
nuevos mecanismos y modalidades de financiación cualificada de
viviendas protegidas, que permitan abordar los principales problemas
a los que se enfrentan los grupos de población más necesitados de
ayuda pública para acceder a su primera vivienda sea en alquiler o en
propiedad, con especial atención a los jóvenes. En particular, dichos
nuevos mecanismos actuarán sobre el coste del suelo para la vivienda
protegida y tenderán
a facilitar el pago de la entrada para la adquisición de la
vivienda.
12. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar ante
los órganos competentes de la Unión Europea la modificación de las
directivas europeas para ampliar el concepto de servicio universal de
telecomunicaciones para incluir la utilización de una red soporte del
servicio de acceso a Internet y al amparo de dicha modificación
ampliar en los mismos términos el concepto de servicio universal de
telecomunicaciones en la normativa española.
13. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas que impulsen el despliegue en todo el territorio
nacional de todas las tecnologías disponibles para permitir que los
usuarios españoles que acceden al servicio Internet se beneficien de
accesos de altas prestaciones a un precio asequible.
14. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar una
cultura empresarial basada en la innovación y la capacidad
tecnológica competitiva de la industria española, para lo cual se
considera necesario el establecimiento de un marco normativo, fiscal
y financiero que favorezca la política de innovación industrial y el
fomento de las actividades innovadoras de la industria.
15. El Congreso de los Diputados, tras las decisiones de la Cumbre de
Washington sobre el desarrollo de la Identidad Europea de Seguridad y
Defensa en la Alianza Atlántica y del Consejo Europeo de Colonia
sobre el desarrollo progresivo de una política europea de seguridad
y defensa común, insta al Gobierno a impulsar las decisiones adoptadas
en dichas Cumbres, que permitirán el desarrollo de una verdadera
dimensión europea de seguridad y defensa, y que la Unión Europea se
dote de las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones de
gestión de crisis de forma autónoma, sin duplicación de medios y
recursos con la OTAN. De acuerdo con este objetivo, el Gobierno
deberá continuar apoyando la inserción de las instituciones de la
Unión Europea Occidental en la Unión Europea a lo largo del año 2000,
con el fin de alcanzar la integración de ambas Organizaciones
a finales del citado año. En este proceso, será necesario preservar el
acervo existente tanto en la UEO sobre la base de un principio
inclusivo, como en la UE, y asegurar la participación de los países
miembros de la Unión Europea que no pertenecen a la Alianza y de los
aliados que no forman parte de la Unión.
16. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que prosiga en
su acción de apoyo decidido al proceso de adhesión de Chipre, Malta y
los países de Europa Central y Oriental a la Unión y a que defienda
en Helsinki el inicio de las negociaciones con los candidatos del
segundo grupo y Malta a partir del próximo año.
17. El Congreso de los Diputados toma nota con satisfacción de los
avances conseguidos hasta ahora en el proceso de la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona e insta al Gobierno a seguir
desarrollando una política de liderazgo en el marco de las
iniciativas mediterráneas de la Unión Europea, con el fin último de
hacer del Mediterráneo una zona de paz, seguridad, estabilidad y
prosperidad compartidas.
18. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que los
incrementos productivos de los distintos sectores agrícolas obtenidos
en los acuerdos de la Agenda 2000 (cuota producción leche, primas
vacuno, rendimientos históricos herbáceos y nuevas plantaciones de
viñedo) se distribuyan en colaboración con las Comunidades Autónomas,
en base a criterios de proporcionalidad.
19. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que multiplique
sus esfuerzos para conseguir nuevos mecanismos de cooperación
pesquera de la Unión Europea con Marruecos, y que España pueda
mantener la presencia de su flota pesquera en este caladero. El
Gobierno debe asimismo ejercer ante las instancias europeas cuantas
acciones sean necesarias para alcanzar un Acuerdo que sea beneficioso
para la Unión Europea, para España y para Marruecos.
20. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer o
promover los mecanismos necesarios para que aquellos voluntarios
sociales que desarrollando su actividad en el extranjero en Proyectos
de desarrollo a favor de otros países, sin estar incluidos dentro del
concepto de 'cooperante', y sin haber estado previamente afiliados y
en alta en el Sistema de Seguridad Social, puedan tener acceso al
mismo mediante la suscripción de un Convenio Especial y, por tanto, a
la protección social que se dispensa a través de esta figura,
respetando siempre el principio de equilibrio del Sistema de la
Seguridad Social.
21. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continue en
la línea de protección a la familia como agente de bienestar de los
ciudadanos y factor de cohesión social. Y, en el marco del Plan
Integral de la Familia que se está elaborando, se prioricen aquellas
actuaciones referentes a las familias numerosas y a aquéllas con
personas dependientes (mayores, discapacitados, menores hasta tres
años).
22. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
colaboración con otras Administraciones públicas y con la iniciativa
social sin fin de lucro, incremente las actuaciones dirigidas a
favorecer la integración social de las personas discapacitadas,
apoyando las soluciones orientadas a la eliminación de las barreras
existentes, tanto físicas, como en el transporte y en la
comunicación, que dificultan el desarrollo de una vida normalizada
por el colectivo de estas personas, apoyando, igualmente, la oferta
de soluciones vinculadas a las nuevas tecnologías de la
rehabilitación.
23. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir avanzando
en una política económica orientada a la convergencia en bienestar,
especialmente en materia de empleo, con los países más prósperos de
nuestro entorno a partir de la profundización en el marco de
estabilidad alcanzado y de la aplicación de las políticas de oferta
que aumenten nuestra capacidad de crecimiento.
Para ello es necesario:
A) Consolidar la actual política de estabilidad económica en el
contexto del euro.
B) Reforzar la política de apoyo a la economía productiva.
C) Mejorar y sanear el sistema de protección social y las políticas
sociales.
D) Proseguir la política de diálogo social.
A) POLÍTICA DE ESTABILIDAD ECONÓMICA
El Congreso de los Diputados constata muy positivamente el
cumplimiento de los requisitos de convergencia, por parte de la
economía española, que han permitido la integración en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria Europea y formar parte de los
países del área euro desde su puesta en marcha.
Asimismo, cree necesario dar continuidad a este proceso a los efectos
de garantizar una próxima convergencia real entre los niveles de
renta, empleo y competitividad españoles y de los países más
avanzados de la Unión Europea. A estos efectos, se constata la
necesidad de:
- Cumplir con los compromisos establecidos en el Plan de Estabilidad
de la economía española y especialmente en lo referido a la reducción
del déficit público y al mantenimiento de unos niveles mínimos de
inflación.
- Mantener, en el ámbito de la política presupuestaria, la línea de
consolidación fiscal de los últimos años y la política de rigor
presupuestario necesaria para obtener un superávit de las finanzas
públicas en el año 2002, tal como establece el Programa de
Estabilidad elaborado por el Gobierno.
- Utilizar, en caso de que la economía española registre crecimientos
superiores a los contemplados en el Programa de Estabilidad, los
ingresos públicos adicionales para reducir en mayor medida el déficit
o, en su caso, ampliar el superávit, en lugar de utilizar dichos
ingresos para expandir el gasto corriente.
- Continuar, en colaboración con las Administraciones Territoriales,
los esfuerzos de rigor y disciplina en el ámbito de las finanzas
públicas para seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario y
garantizar el cumplimiento del Programa de Estabilidad, y a mantener
los objetivos generales que han guiado la instrumentalización de la
política presupuestaria a favor de la cohesión social y convergencia
real.
- En el ámbito de la política de modernización del sistema
tributario, seguir profundizando en la lucha contra el fraude y la
modernización de la gestión tributaria, incrementando la colaboración
de las Administraciones públicas competentes en la materia. En
particular, el Gobierno procederá al desarrollo, a la mayor celeridad
posible, de las medidas contempladas en el Programa Director del
Control Tributario, recientemente presentado al Congreso de los
Diputados y a la suscripción de Convenios con las Comunidades
Autónomas para la incorporación de los mismos en la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria.
B) POLÍTICA DE APOYO A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar
estimulando el desarrollo de la economía productiva con el objetivo
de ser competitivos en Europa y proseguir en el camino de la creación
de empleo. A tal efecto, éste deberá:
- Priorizar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado,
aquellas políticas destinadas a superar las
principales debilidades de la economía española en el contexto
internacional y concretamente las que se refieren a estimular: las
políticas de innovación y desarrollo; aumentar la exportación y la
inversión española en el extranjero como vías para mejorar la
internacionalización de nuestra economía; incidir en la mejora de la
formación del capital humano; y aumentar la inversión pública en
infraestructuras, transportes y comunicaciones.
- Favorecer la inversión pública en infraestructuras, eje de toda
cohesión social y territorial, de tal forma que el conjunto de
empleos de capital sea igual o superior al déficit. De esta manera,
se elimina la financiación presente de los empleos corrientes con
cargo al endeudamiento legándose a las generaciones futuras el pago
de una deuda asociada, no obstante, a los beneficios de la
disponibilidad de un stock de capital público.
B.1. En materia de I+D
a) Incrementar gradualmente en el próximo cuatrienio la inversión en
I+D para lograr su equiparación con el gasto medio de los países de
la Unión Europea que se encuentra cercano al 2% del PIB.
b) Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2000
estímulos específicos, de carácter fiscal, financieros y
administrativos, a la innovación industrial.
c) Continuar su decidido apoyo a la investigación básica con
actuaciones tendentes a promover una mayor interrelación entre las
actividades de investigación y sector productivo, facilitando
asimismo, la transferencia de tecnología hacia dicho sector y los
adecuados retornos científicos, tecnológicos e industriales para los
organismos de investigación que lo hayan generado.
d) Impulsar una cultura empresarial basada en la innovación y la
capacidad tecnológica competitiva de la industria española, para lo
cual se considera necesario el establecimiento de un marco normativo,
fiscal y financiero que favorezca la política de innovación
industrial y el fomento de las actividades innovadoras de la
industria.
B.2. En materia de internacionalización
a) Dar un rápido cumplimiento a la Moción consecuencia de
Interpelación sobre las medidas de carácter general que tiene
previsto impulsar el Gobierno para facilitar las exportaciones y la
internacionalización de las empresas españolas, aprobada por el Pleno
de esta Cámara con fecha de 18 de mayo de 1999.
b) Defender los intereses comerciales de nuestro país durante la
próxima Ronda de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que
tendrá lugar en Seattle en el mes de diciembre de este año, así como
una liberalización arancelaria equilibrada que mejore las condiciones
de acceso a los mercados internacionales.
B.3. En sectores productivos
En el ámbito de las políticas de apoyo a los sectores productivos, el
Gobierno seguirá colaborando estrechamente
con los sectores y los agentes sociales para mejorar la
competitividad y la capacidad de creación de empleo de las empresas
españolas, y en particular en los siguientes ámbitos:
a) Turismo
Intensificar las políticas dirigidas al desarrollo y mejora de la
competitividad del turismo español, sector que ha demostrado su
potencial de generación de riqueza y empleo, a través de la puesta en
marcha de un programa de calidad turística integral que se haga
extensivo al conjunto de subsectores turísticos, a los destinos
turísticos y a la formación e investigación y desarrollo, en la más
estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades
locales y en cooperación con el sector empresarial turístico.
Asimismo se profundizará en las medidas tendentes a diversificar y
desestacionalizar la oferta turística, a continuar la apertura de
nuevos mercados emisores y a progresar en la internacionalización de
nuestras empresas turísticas.
b) PYMES
- Se estimulará la mejora de la competitividad de los autónomos
estableciendo los mecanismos para alcanzar una dimensión óptima
empresarial que facilite sus condiciones de acceso a nuevos mercados.
- Se continuarán mejorando las condiciones financieras de las
pequeñas y medianas empresas que les permitan aumentar su
competitividad, acreditando las medidas necesarias tendentes a
simplificar y agilizar los trámites administrativos y, en especial,
aquéllos que afectan a la creación y desarrollo de la actividad de
las PYMES.
- Se adoptarán las medidas necesarias de índole financiera que
permitan que los inversores institucionales canalicen de una manera
más efectiva sus recursos para mejorar y apoyar la financiación de la
pequeña y mediana empresa.
c) Comercio interior
Se profundizará el diálogo establecido con el pequeño y mediano
comercio con el fin de modernizar y adaptar el sector a las
exigencias que imponen los nuevos hábitos de consumo, con un estricto
respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas.
d) Comercio exterior
Se seguirá impulsando la internacionalización de la empresa española
mediante la continuidad del diálogo institucional, la mejora de la
información, el apoyo a la formación y la promoción de exportaciones
e inversiones exteriores, con una especial atención a las Pymes.
Asimismo, se defenderán los intereses comerciales de nuestro país
durante la próxima Ronda de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), que tendrá lugar en Seattle en el mes de diciembre de este
año, así como una liberalización arancelaria equilibrada que mejore
las condiciones de acceso a los mercados internacionales. Se valorará
especialmente por el cumplimiento estricto delos acuerdos vinculados
al sector textil, por su elevada
sensibilidad a las producciones e importaciones procedentes de países
emergentes.
C) POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir en la
política de mejora del sistema de protección social. A tal efecto
deberá:
- Continuar los esfuerzos dirigidos a mejorar y sanear el sistema de
protección social por la doble vía de completar la separación de
fuentes de financiación de la Seguridad Social y de introducir
racionalidad y eficiencia a través de medidas de control y lucha
contra el fraude. Asimismo, es necesario priorizar aquellas
actuaciones dirigidas a la creación de empleo, en la medida en que
éste constituye la base principal sobre la que se asienta el sistema
actual de pensiones.
- Profundizar en la reasignación de recursos hacia las políticas que
más inciden en el bienestar social. Ello implica priorizar, en
colaboración con otras Administraciones públicas, el gasto destinado
a educación, sanidad y políticas activas de empleo, vivienda,
infraestructura e I+D.
- Utilizar los fondos europeos en beneficio de la vertebración
económica y territorial de España, con el doble objetivo de que todas
las Comunidades Autónomas se beneficien de la cohesión social,
aproximando sus niveles de renta per cápita a los parámetros europeos
y contribuyan a resolver los principales déficit en infraestructura
de transportes, comunicaciones y medio ambiente, necesarios para
garantizar la competitividad de nuestra economía en Europa.
D) PROSEGUIR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA MODERNIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL
El Congreso de los Diputados constata la positiva aportación de los
interlocutores sociales, al impulso y mantenimiento del diálogo
social que ha permitido avanzar en la modernización y reforma del
mercado de trabajo. Constata también su contribución positiva al
marco general de estabilidad mediante la moderación salarial a través
de la negociación colectiva, moderación clave del crecimiento
económico y para el empleo (1,2 millones de puestos de trabajo en
estos tres años).
Y para ello:
- Mantener y profundizar el diálogo social entre las organizaciones
sindicales, empresariales, sociales y políticas, así como el diálogo
institucional con las Comunidades Autónomas al objeto de mantener y
dar un nuevo impulso a la creación de empleo estable y de calidad, y
aumentar la tasa de actividad en nuestra economía.
- Tratar, en el marco del proceso del diálogo que se mantiene con los
interlocutores sociales, la evaluación periódica de los resultados de
las medidas propiciadas por el acuerdo interconfederal para la
Estabilidad en el Empleo, y a continuar la elaboración de propuestas
y medidas que favorezcan la estabilidad y calidad de empleo.
- Favorecer en el marco del diálogo social, a través de una adecuada
interconexión entre los Servicios Públicos de Empleo estatales y
autonómicos, la movilidad geográfica de trabajadores y desempleados
para cubrir, a través de intermediación, vacantes de empleo en
cualquier punto del país, propiciando un mejor funcionamiento del
mercado de trabajo mediante una más eficaz y ágil conexión de las
ofertas y demandas de empleo.
24. El Congreso de los Diputados, considerando que España se enfrenta
a retos inmediatos, tales como:
- Mejorar su nivel de empleo, la presencia de sus empresas y su
prestigio cultural en un mundo global,
- Modernizar su sistema educativo para que las nuevas generaciones
puedan integrarse profesionalmente en la sociedad del conocimiento,
- Afrontar el cambio tecnológico, contemporáneo con mayor producción
científica y más innovación, o dejará de crear empleo, o
- Fortalecer nuestra presencia activa en la Unión Europea, insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para alcanzar estos
objetivos.
25. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe
promoviendo las políticas adecuadas para incentivar la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo y la conciliación de la vida
familiar.
26. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco
del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, garantice
en todo momento el desarrollo y aplicación del artículo 48 del
Estatuto de Autonomía de Aragón, teniendo en cuenta, en particular,
los criterios de extensión territorial y de baja densidad. El
Gobierno de la Nación y el Gobierno de Aragón, al igual que con el
resto de las Comunidades Autónomas, analizarán periódicamente la
evolución y el comportamiento de la financiación.
27. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que tenga en
cuenta en su planificación hidráulica los principios de equilibrio
interterritorial y solidaridad. Por ello, se insta a la agilización y
ejecución de todas las obras contempladas en el Pacto del Agua de
Aragón.
28. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las
acciones necesarias para la puesta a disposición del proyecto
ferroviario de Estación Intermodal, los terrenos propiedad de RENFE,
correspondientes a la Estación de Abando de Bilbao, y coordine con
las instituciones vascas los trabajos encaminados a desarrollar este
plan, de acuerdo con el proyecto realizado ya por las instituciones
vascas.
29. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en
los Presupuestos para el año próximo, una regulación específica,
generosa con quienes padecieron prisión como consecuencia de la
Guerra Civil, superando los estrechos límites, en tiempo exigido y
cuantía, de la regulación anterior.
30. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que manifieste
oficialmente que la autoría de la destrucción de Gernika, el 23 de
abril de 1937, fue llevada a
cabo por la Legión Cóndor alemana, por orden del General Franco, y no
por los llamados 'rojos separatistas'.
31. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fortalecer las
actividades de promoción del conocimiento y utilización de las
distintas lenguas oficiales en el servicio público de la Justicia.
32. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha,
cuanto antes, la Comisión Mixta acordada en las reuniones de Canarias
y San Sebastián, como foro de encuentro del Consejo General del Poder
Judicial, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas
con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia.
33. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar
apoyando y potenciar todas las aportaciones pertinentes para disponer
en los plazos previstos la construcción del Gran Telescopio en el
Instituto de Astrofísica de Canarias.
34. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en los
criterios de los incrementos productivos del sector agrícola, el
referido a nuevas plantaciones de viñedo en Canarias, se tenga en
cuenta el carácter ultraperiférico insular de su territorio y las
peculiaridades históricas y tradicionales de su subsector
vitivinícola, de acuerdo con el artículo 299.2 del Tratado de
Amsterdam.
35. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a propiciar que la
Unión Europea y Marruecos alcancen un acuerdo pesquero que permita
continuar con las operaciones de la flota pesquera española que, con
base en puertos de Canarias, han venido faenando en el banco pesquero
marroquí y canario-sahariano.
36. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar las
actuaciones previas con la célula especial de la Secretaría de la
Comisión de la Unión Europea encargada del seguimiento del Tratado de
Amsterdam y Direcciones Generales Comunitarias, para propiciar el
desarrollo del artículo 299, apartado segundo, redactando un proyecto
de Reglamento base a someterse a la consideración del Consejo. Y que
tales actuaciones se coordinen con las de los otros Estados miembros,
preferentemente los implicados con Regiones ultraperiféricas, para
garantizar las necesarias mayorías cualificadas en pro del citado
Reglamento, así como con la Comunidad Autónoma de Canarias.
37. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, negocie un plan
de empresa del Grupo Iberia, con la participación de las Centrales
Sindicales mayoritarias en el mismo, que garantice la viabilidad
económica sin menoscabo de un servicio regular continuo y de calidad,
en especial en los enlaces entre la Península Ibérica y los
territorios de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
38. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde la
responsabilidad de España como antigua potencia administradora del
territorio del Sáhara Occidental, en defensa del Plan de Paz de
Naciones Unidas y de los Acuerdos de Houston, ofrezca el territorio
de Canarias como plataforma logística para el apoyo a las tareas de
la MINURSO y demás actuaciones a favor del referéndum del pueblo
saharaui.
39. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco
de la política europea de transporte, promueva la integración de los
puertos comerciales y aeropuertos de interés general de las Islas
Canarias, en las Redes Transeuropeas de Transporte, como medio para
la integración del territorio ultraperiférico archipelágico con el
territorio continental e insular europeo.
40. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, aprobado el
Plan Director de Infraestructuras de Canarias, convenga con el
Gobierno de esa Comunidad Autónoma medidas para su efectiva puesta en
marcha, tanto en lo relativo a políticas sectoriales
(infraestructuras, transportes, telecomunicaciones, energías
alternativas, aguas, costas, residuos...), como en los modelos de
implantación en un territorio frágil y singular como el del
Archipiélago.
41. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a
las recomendaciones del Banco Central Europeo y a las previsiones del
Pacto de Toledo, inicie un estudio para la constitución de un fondo
de reserva de pensiones como garantía futura del sistema público de
pensiones, rasgo distintivo del modelo europeo del estado de
bienestar.
42. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a
las previsiones de la Disposición Adicional Duodécima bis de la Ley
de Puertos (en la redacción dada por la Ley 62/1997, de 26 de
diciembre) proceda a la urgente creación de la Subcomisión de
Transportes, Puertos y Aeropuertos Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, como forma de análisis y decisión de cuanto afecta al
transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías en el
Archipiélago Canario.
43. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, como
expresión de las especificidades del régimen de integración canario
en la Unión Europea, defienda ante las autoridades comunitarias el
mantenimiento del Régimen Específico de Abastecimientos (R.E.A.),
subrayando su naturaleza distinta al de las llamadas 'restituciones'.
44. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, como
desarrollo de la Ley de Ordenación y Funcionamiento de la
Administración del Estado (LOFAGE), proceda al traspaso de los medios
materiales y personales adscritos a los extintos Gobiernos Civiles y
Delegaciones Insulares del Gobierno, que por su naturaleza, dimensión
o funciones no se adecúen a la nueva estructura de las
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares.
45. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que potencie la
efectiva puesta en marcha de la televisión autonómica de Canarias,
con total respeto a la normativa vigente en esta materia.
46. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de común
acuerdo con las Comunidades Autónomas con relevantes comunidades de
residentes en Venezuela y Cuba, convenga con estos países acuerdos de
cooperación en materia de interés social, cultural, técnico,
científico, turístico y comercial.
47. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en atención
a las dificultades estructurales que la
lejanía provoca y a la competencia de las producciones de países
norteafricanos, impulse la competitividad de las exportaciones del
sector hortofrutícola de Canarias.
48. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que resuelva
cualquier modificación del REF de conformidad con la pertenencia de
España a la Unión Europea, establezca un procedimiento 'ad hoc' que
permita la plena eficacia de la garantía dispensada por el bloque
constitucional al secular régimen económico-fiscal canario, con una
íntima vinculación de la Disposición Adicional 3.a de la Constitución
y el articulo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
49. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo
con la moción aprobada por unanimidad en el Senado, se articule
definitivamente un procedimiento previsto en los diversos Estatutos
de Autonomía por el cual las Comunidades Autónomas puedan tener
conocimiento de los acuerdos y tratados que se pretendan ratificar
por parte del reino de España y que afecten a sus respectivos
intereses. Igualmente, que articule el procedimiento para la
participación efectiva en las delegaciones españolas de
representantes de las Comunidades Autónomas.
50. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a intensificar las
gestiones y acciones oportunas en y desde el seno de la Unión
Europea, para la defensa de la OCM del plátano de Canarias, ante los
intentos de modificación, perjudiciales, promovidos en la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
51. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice, a
través de la creación de un nuevo servicio público de empleo, la
participación de las Comunidades Autónomas competentes en políticas
activas de empleo y formación profesional en la ejecución y gestión
económica de las mismas, en particular las referidas a la formación
profesional continua y las derivadas del Plan Nacional de Acción para
el Empleo 1999 especialmente las referidas a la movilidad geográfica.
Que inicie un estudio sobre las medidas que posibiliten, a través de
un convenio con la Seguridad Social, que las Comunidades Autónomas
competentes en la materia puedan desarrollar las políticas activas de
fomento de empleo mediante el mismo sistema que la Administración
General del Estado, es decir, mediante sistema concertado de
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social.
Constatado el importante crecimiento del empleo, continuar en el
desarrollo de las políticas activas y mantener la financiación a los
planes de empleo convenidos con las Comunidades Autónomas.
52. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el
seno de la Unión Europea, todas aquellas iniciativas que tengan como
objetivo el desarrollo y potenciación de una verdadera y creíble
Política Exterior y de Seguridad Común europea.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener,
en el seno de la Comunidad Internacional, una activa política de
apoyo a la elaboración e implementacion del Pacto/Plan de Estabilidad
de los Balcanes. Este Pacto/Plan debe suponer un esfuerzo político y
económico en favor de la reconstrucción
democrática de la región balcánica, deberá priorizar Bosnia-
Herzegovina, Kosovo, Albania y Macedonia y deberá incorporar el
establecimiento de un régimen democrático en la República Federal de
Yugoslavia, con el consiguiente fin del Gobierno de Slobodan
Milosevic.
53. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar un nuevo
impulso al actual sistema de formación continua, a través de la
territorialización por Comunidades Autónomas de los recursos del
FORCEM, de acuerdo con criterios objetivos, al objeto de potenciar la
formación y el reciclaje profesional a lo largo de la vida laboral de
los trabajadores ocupados.
54. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas
extraordinarias para paliar los costes económicos que soportan
aquellas Comunidades Autónomas con más kilómetros de autopistas de
peaje. Aestos efectos, esta Cámara manifiesta su apoyo a la política
impulsada por el Gobierno, en coordinación con las principales
Comunidades Autónomas afectadas, dirigida a reducir el coste de los
peajes de las autopistas. En este sentido, insta al Gobierno a
concretar, con la mayor urgencia, el compromiso adquirido en el
artículo 8 del Real Decreto-Ley 6/1999 para revisar los contratos de
concesión de autopistas y rebajar las tarifas de peajes satisfechas
por los usuarios en un 7% y, asimismo, para celebrar convenios de
colaboración con las Comunidades Autónomas, cuando sean éstas quienes
otorgan las concesiones.
Asimismo, el Congreso de los Diputados:
a) Finalizado el período de paralización judicial forzosa de las
obras correspondientes a la finalización de la autovía Lleida-
Barcelona en el tramo Cervera-Santa Maria del Camí, insta al Gobierno
a iniciar, con la mayor urgencia posible, las obras de desdoblamiento
del citado tramo de autovía, a la vez que insta al Gobierno a
corregir de inmediato los puntos negros existentes en este tramo.
b) Insta al Gobierno a acelerar los trabajos para la construcción de
un nuevo túnel de desdoblamiento del Túnel de Vielha y a revisar y
reforzar de inmediato las condiciones de seguridad existentes.
55. El Congreso de los Diputados, al objeto de dar un nuevo impulso a
la creación de empleo, insta al Gobierno a potenciar la actividad
laboral mediante tres vías principales: revisión de las cotizaciones
sociales, creación de empleo por parte de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos y empleo a tiempo parcial. A estos efectos
procederá a:
1. Revisar, con anterioridad a la próxima presentación del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales de Estado para el año 2000, las
cotizaciones sociales con el doble objetivo de evitar aumentos
superiores a la inflación en el proceso de 'destope' de determinadas
categorías laborales y de propiciar una reducción de cotizaciones
para las categorías laborales menos cualificadas, las cuales son
precisamente las que concentran la mayorparte del paro de larga
duración.
2. Impulsar la creación de empleo por parte de trabajadores
autónomos:
a) Impulsar la mejora de las prestaciones de los afiliados al Régimen
Especial de los Trabajadores Autónomos, al objeto de aproximarlas a
los del Régimen General.
b) Introducir bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social en los casos de contratación de un primer empleado
por parte de los autónomos y profesionales sin asalariados.
3. Evaluar, en colaboración con los agentes sociales la evolución del
nuevo contrato a tiempo parcial estable, regulado en el Real Decreto-
Ley 15/1998, de 27 de noviembre y, si procede, efectuar las
modificaciones pertinentes en dicha regulación al objeto de aumentar
su flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes, con el
objeto de promover decididamente la contratación a tiempo parcial de
carácter estable.
56. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un
Plan prioritario de Infraestructuras en el que se concreten las
actuaciones que deberá impulsar la Administración General del Estado
con carácter preferente en los próximos ejercicios. Dicho Plan deberá
garantizar el máximo aprovechamiento de los fondos comunitarios que,
de acuerdo con lo establecido en las perspectivas financieras de la
Unión Europea para el período 2000-2006, serán susceptibles de
destinarse a cofinanciar inversiones en infraestructuras.
57. El Congreso de los Diputados manifiesta su preocupación por el
estado de la Justicia y considera urgente afrontar una reforma
orgánica y funcional de la misma que permita superar las actuales
deficiencias y dilaciones. Esta reforma -a través del incremento del
actual impulso presupuestario- debería contemplar, entre otros
aspectos, una nueva concepción de la oficina judicial más ágil y
eficaz, un plan global de modernización de los medios materiales, un
mejor aprovechamiento de los medios personales (creando nuevos
juzgados, evitando las continuas vacantes y potenciando las
competencias autonómicas en materia de personal al servicio de la
Administración de Justicia) y un nuevo impulso legislativo que
permita seguir profundizando en las reformas procesales ya iniciadas.
A tal efecto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
- Ainiciar de manera inmediata las reformas legislativas
y actuaciones administrativas que sean necesarias para el efectivo
cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno de
esta Cámara el 16 de febrero de 1999, relativa a las medidas para
afrontar la reforma de la Justicia y de la Resolución aprobada el 14
de mayo de 1998 relativa a la competencia autonómica para regular la
adjudicación y gestión de los Depósitos y Consignaciones Judiciales.
- A remitir al Congreso, en el plazo de tres meses, un Proyecto de
Ley Concursal, que unifique la regulación jurídico-sustantiva y
procesal de las situaciones de insolvencia y en el que encuentren
adecuada protección los derechos de los acreedores en el marco de las
exigencias de una economía desarrollada y un Proyecto de Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
- A remitir al Congreso un Proyecto de Ley de Mediación que,
respetando las competencias de las Comunidades Autónomas, tenga por
objeto facilitar la resolución extrajudicial de conflictos entre las
partes, especialmente en el ámbito civil y mercantil, bien
directamente, bien a través de un tercero profesional del Derecho.
58. El Congreso de los Diputados reitera al Gobierno a realizar, a
través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los estudios
necesarios para analizar la incidencia del sector público en los
distintos territorios autonómicos con la finalidad de conocer las
balanzas fiscales de cada una de las Comunidades Autónomas con el
presupuesto del Estado, referidas al saldo de flujos de ingresos y
gastos fiscales de la Administración Central del Estado en estos
territorios. Estos estudios deberán elaborarse con una metodología
común que deberá acordar, con amplio consenso, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera e integrar los flujos financieros europeos, y se
difundirán mediante una publicación oficial con carácter periódico.
59. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento
a la Moción aprobada por el Congreso de los Diputados en fecha de 10
de marzo de 1999 y, en consecuencia, a elaborar, a la mayor brevedad,
una propuesta precisa que articule un modelo de participación de las
Comunidades Autónomas en las reuniones del Consejo de Ministros de la
Unión Europea en materias de su competencia exclusiva. Dicha
propuesta deberá ser presentada para su discusión ante la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, informando
posteriormente de su contenido a la Cámara.
60. El Congreso de los Diputados considera necesario impulsar el
modelo de Administración Única que contempla la LOFAGE. A tal efecto,
insta al Gobierno a suprimir todos aquellos órganos de la
Administración periférica del Estado que sean innecesarios,
atendiendo a que sus funciones puedan ser asumidas por los órganos
autonómicos ya existentes en cada territorio, evitando con ello
mayores costes y duplicidades y de acuerdo con un modelo de
organización administrativa más ágil, eficaz y cercana al ciudadano.
61. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar su
política social, especialmente en defensa de las personas con mayor
riesgo de marginación. A estos efectos procederá a:
a) Aprobar, en el plazo más breve posible, un Proyecto de Ley de
Inserción que configure un marco jurídico estable para las empresas
de inserción socio-laboral y contemple a las mismas como instrumentos
necesarios y positivos para combatir la exclusión social.
b) Promover, con todas las fuerzas políticas y sociales y de acuerdo
con las Comunidades Autónomas y entes locales, un Pacto Social para
la Integración de los inmigrantes, al objeto de generar un amplio
consenso sobre la política de migración, la cual deberá impulsarse
una vez haya concluido el actual trámite parlamentario de reforma de
la Ley de Extranjería.
62. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para mejorar la información sobre los productos
elaborados con organismos
transgénicos (OMG) con el fin de posibilitar el ejercicio del derecho
de libre elección. En este sentido, el Gobierno:
a) Promoverá la rigurosa aplicación de la normativa comunitaria de
etiquetado de productos elaborados con organismos transgénicos.
b) Regulará la inclusión de dicha información en facturas, albaranes
y demás documentos mercantiles que amparan la venta de los productos
elaborados con organismos transgénicos, en las transacciones entre
productores mayoristas y distribuidores, garantizando que esta
información también se exprese en el producto destinado al consumidor
final.
c) Deberá iniciar los trámites oportunos ante la Unión Europea con el
fin de incluir en el código de barras de cada producto un color único
y exclusivo que permita distinguir los productos que contienen en su
elaboración algún organismo transgénico con el fin de facilitar la
información y la libre elección de los consumidores.
63. El Congreso de los Diputados, al objeto de garantizar la
seguridad alimentaria de los consumidores, insta al Gobierno a
plantear, ante las instituciones de la Unión Europea las medidas
necesarias para garantizar y reformar la mejora de los controles
sanitarios que afectan a la producción y transporte de animales vivos
y, en particular, a garantizar:
- Un más estricto control de la calidad de las materias primas
utilizadas en la elaboración de piensos destinados al crecimiento y
engorde de los animales a lo largo de toda la cadena alimenticia,
tanto las de origen comunitario como las procedentes de países
terceros.
- El estricto cumplimiento de la normativa relativa al control
sanitario de los movimientos de ganado, tanto a nivel
intracomunitario como el procedente de países terceros, enfatizando
los aspectos relacionados con la identificación de los mismos, sin
renunciar, si procede, a la petición de responsabilidades
subsidiarias para aquellos Estados que incumplan dichas obligaciones.
64. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con el
objetivo primordial de promover la defensa de los principios
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
promueva la implantación de Estados Democráticos de Derecho en el
mundo e impulse, en el ámbito de sus relaciones internacionales, el
pleno y efectivo establecimiento de una Corte Penal Internacional de
Justicia de carácter permanente como órgano judicial principal de las
Naciones Unidas, mediante el cual puedan perseguirse, enjuiciarse y,
en su caso, castigarse los crímenes más odiosos contra la Humanidad,
como el genocidio, los crímenes de guerra y otros actos de semejante
gravedad, evitando así la impunidad de dichos actos contra la
comunidad internacional.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar,
en el seno del denominado 'Club de París', una activa política
favorable a los procesos de condonación y reconversión de la deuda
externa de los países en vías de desarrollo con menor renta.
65. El Congreso de los Diputados constata que las políticas de apoyo
a la familia han sido objeto de un importante impulso en esta
legislatura, en el marco de las conclusiones del informe sobre la
situación de la familia en España elaborado por la Subcomisión
constituida al efecto y aprobado por el Pleno de esta Cámara.
Merecen destacarse las medidas incluidas en la Ley de Presupuestos
para 1998 y en la Ley de Acompañamiento, las contempladas en el Plan
de Empleo presentado ante la Comisión Europea y las introducidas en
la Ley Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Todas ellas persiguen la finalidad de conciliar la vida
laboral y la atención a la familia, así como establecer para ésta un
marco económico, social, laboral y fiscal más equitativo.
En esta misma línea se valora muy positivamente el Proyecto de Ley
sobre conciliación de la vida familiar y laboral, que se tramita
actualmente en esta Cámara.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados considera necesario
proseguir en esta vía y, en el marco de un Plan Integral de Apoyo a
la Familia, insta al Gobierno a:
- Presentar un Proyecto de Ley de Familias Numerosas que sustituya
ventajosamente la vigente Ley de 1971.
- Considerar de forma más efectiva el número de hijos a cargo en la
determinación y revalorización de las prestaciones asistenciales de
la Seguridad Social.
- Ponderar la renta familiar atendiendo al número de hijos que
integran la familia a los efectos de acceso a becas, subvenciones y
otras ayudas.
A su vez, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover
medidas orientadas hacia una mayor protección social de los parados
de larga duración con cargas familiares.
66. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el
plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de modificación del artículo
31 de la LOGSE, para posibilitar de manera flexible el acceso a la
formación profesional específica de grado superior a quienes hayan
cursado la de grado medio y quieran proseguir sus estudios
profesionales.
67. El Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta la importancia
mediática de la televisión desde la perspectiva social, cultural y
educativa, insta al Gobierno a impulsar una activa protección de los
derechos de los usuarios y, muy especialmente, de la infancia y de la
juventud, aplicando con rigor la normativa vigente.
Asimismo, insta al Gobierno a cumplir lo establecido en el artículo 5
de la Ley 21/1997, con la finalidad de que todas las competiciones o
acontecimientos deportivos catalogados de interés general puedan ser
retransmitidos en la lengua oficial propia de la correspondiente
Comunidad Autónoma.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.