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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 429, de 14/05/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 14 de mayo de 1999 Núm. 429 GENERAL
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000026 Designación de don Rafael Hernando Fraile como Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en la Comisión de
Control Parlamentario de RTVE ... (Página 2)
PERSONAL
229/000001 Nombramiento de doña Ana María Herrero García como miembro
del personal eventual adscrito a la Presidencia del Congreso de los
Diputados ... (Página 2)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000370 Proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre revocación de la decisión adoptada por
el Grupo Iberia de la disminución de la programación prevista en el
resto del año ... (Página 2)
162/000372 Proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el «Efecto 2000» ... (Página 3)
162/000373 Proposición no de ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida, y
Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso de privatización
de la sanidad desarrollado por el Gobierno ... (Página 5)
162/000374 Proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre mecanismos de consulta y decisión en relación con
el conflicto de Kosovo ... (Página 6)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
041/000026
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETIN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la designación, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, con fecha 26 de abril de 1999,
del Excmo. Sr. don Rafael Hernando Fraile como Portavoz de la
Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
PERSONAL
299/000001
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 de Reglamento de la
Cámara, de ordena la publicación en el
BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del nombramiento de doña Ana
María Herrero García con carácter de personal eventual, para cargo de
Secretaria de la Preidencia del Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 1999.- El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
De conformidad con el artículo 2.o del Estatuto del Personal de las
Cortes Generales, he tenido ha bien nombrar a doña Ana María Herrero
García, con efecto de 11 de mayo de 1999 y con carácter de personal
eventual, para el cargo de Secretaria de la Presidencia del Congreso
de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 1999.- El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000370
La Mesa de la Cámara, en su reunión de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre revocación de la decisión adoptada por el
Grupo Iberia de la disminución de la programación prevista en el
resto del año.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento
por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y
publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como
notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre revocación de la
decisión adoptada por el Grupo Iberia de la disminución
de la programación prevista en el resto del año, para su debate en
Pleno.
Motivación
La ya tradicional situación de graves disfuncionalidades que ha
caracterizado a los aeropuertos españoles en estos tres últimos años,
ha experimentado un notable empeoramiento en los dos últimos meses.
El Gobierno ha desplegado una amplia actividad publicitaria
transmitiendo a la opinión pública informaciones y razonamientos
tendentes a encontrar justificación a la situación de los
deficitarios servicios públicos que dan soporte al transporte aéreo
en España.
En los dos últimos meses se han cancelado más de tres mil vuelos de
los que se habían programado con anterioridad, y cuyas cancelaciones
se producían sin mediar la pertinente comunicación previa a los
usuarios. Asimismo, millones de pasajeros han sufrido largas esperas
imposibilidad de enlaces con otros vuelos. También el tráfico de
mercancías se ha visto deteriorado con especial repercusión en el
transporte de productos perecederos, plantas ornamentales, flores,
etc.
Los medios de comunicación se han hecho eco a lo largo de los últimos
días de situaciones de auténtico malestar colectivo en la mayor parte
de los aeropuertos españoles y, además, la escasa información
facilitada al usuario por parte de los responsables de las compañías
aéreas, cuando se producía, resultaba, en muchos casos, de muy
difícil comprensión.
En el ambiente precedente y al objeto de enmascarar la congestión del
tráfico aéreo derivado de la mala gestión en los aeropuertos
españoles, el Ministro de Fomento se dirigió, a mediados del pasado
mes, a los responsables de las compañías aéreas españolas,
demandándoles reducción en el número de vuelos programados, a efectos
de «normalización» de los servicios del transporte aéreo español.
Como es natural, y en el más estricto respeto a los contenidos de las
políticas que regulan el tráfico aéreo, ante esta situación las
compañías aéreas privadas estarán adoptando las decisiones que
estimen más oportunas. No obstante, y mientras el Grupo Iberia
mantenga la titularidad estatal, se encontrará sometido al control de
las Cortes Generales y, en consecuencia, serán éstas las que en el
ejercicio de sus responsabilidades deberán velar por el interés
global de los ciudadanos y por el de la propia compañía
transportista. De ahí, que no parezca razonable la decisión anunciada
por el Presidente del Grupo Iberia, en el sentido de reducir vuelos
en un número superior de dieciséis mil en lo que resta de año de la
programación inicialmente prevista.
Las manifestaciones de repulsa a tal medida por parte de los Órganos
de Gobierno de gran número de Comunidades Autónomas, Diputaciones
Provinciales, Cabildos Insulares, Consejos Insulares, Cámaras de
Comercio, Ayuntamientos, Confederaciones Empresariales, ... etc.,
constituyen exponentes claros del gran rechazo social de la medida
anteriormente referenciada.
Desde la perspectiva de la defensa de la cohesión territorial y como
consecuencia del importante papel que
juega el transporte aéreo como pieza esencial dentro de la global
intermodalidad del transporte en España, su relevancia en la
comunicación con los archipiélagos, en el potente sector turístico
español, en el desarrollo de acontecimientos de este año como el
Xacobeo-99 y por la global proyección y privilegiada situación de
España en el conjunto de rutas aéreas que enlazan puntos geográficos
españoles con otros de diferentes países, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que imponga en el
Grupo Iberia la obligación de desarrollar, en su integridad, el plan
estratégico que había sido decidido por el Consejo de Administración
del Grupo y que, por consiguiente, no se produzcan las anunciadas
reducciones en el número de vuelos previstos, y se restituyan los ya
suprimidos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1999.-José Segura
Clavell, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz
del Grupo Socialista del Congreso.
162/000372
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el «Efecto 2000».
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre «Efecto 2000», para su debate en el Pleno
de la Cámara
Exposición de motivos
En marzo de 1997, una Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista planteaba los efectos que el denominado
«Efecto 2000» podría tener sobre los sistemas informáticos y las
graves consecuencias que podían derivarse de no abordarse con
urgencia y determinación.
En junio de 1997, a propuesta del Grupo Socialista, la Comisión de
Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados acordaba pedir al
Gobierno «que remita a la Cámara, a la mayor urgencia, un informe
detallando las consecuencias para España del denominado 'Efecto
2000', con indicación de las medidas que se están tomando en los
distintos Ministerios y empresas públicas y con expresión de la
incidencia en los principales ámbitos de la actividad pública y en
los grandes sectores de la actividad privada, incluyendo la
evaluación de los costes de adaptación o reforma de los sistemas
actuales». La Comisión pidió también al Gobierno «que presente a la
Cámara un Plan de Acción con medidas de carácter nacional y acciones
en el ámbito de la Unión Europea, para afrontar el 'Efecto 2000'».
Dicho Plan de Acción deberá contener también acciones de desarrollo
tecnológico y mecanismos de asesoramiento a los afectados, tanto en
los aspectos técnicos como en los jurídicos del problema.
El Gobierno nunca remitió los Informes solicitados. Un año más tarde
se constituía la Comisión Nacional para el «Efecto 2000» y en
noviembre de 1998 el Gobierno comparecía por primera vez ante el
Parlamento para informar con cierta amplitud de las medidas que se
estaban adoptando, Hoy son cada día más frecuentes las informaciones
que, a través de los medios de comunicación, llegan al ciudadano
español sobre el «Efecto 2000». De dichas informaciones se deduce que
existe un alto riesgo de que nuestro país no esté totalmente en
condiciones de adaptar sus sistemas al 2000 con un alto margen de
fiabilidad. También, que el retraso en iniciar el proceso de
adaptación eleva los costes y aumenta la incertidumbre. Si otros
países de nuestro entorno han abordado el 2000 como un enorme reto
político, económico y tecnológico, y ha implicado a los agentes
sociales y a sus ciudadanos en un esfuerzo de movilización, el
Gobierno español ha sido remiso en adoptar decisiones, asumir la
dimensión del problema y trasladarlo al Parlamento y a la sociedad
española.
Informes recientes señalan que España se halla entre los países más
retrasados en abordar el «Efecto 2000» y que un 33 por ciento de las
empresas españolas no adaptarán a tiempo sus sistemas informáticos.
España va ha realizar en tan sólo un año, y de manera apresurada, el
esfuerzo que otros países han realizado en tres años. El coste total
de la adaptación para la economía española es difícilmente
previsible, estimándose en torno a medio punto del PIB español.
Al mismo tiempo, es incalculable el coste que podría derivarse de los
fallos producidos en los sistemas informáticos, especialmente en
sectores críticos, que afectan a la seguridad de los ciudadanos y al
normal funcionamiento de la actividad económica.
Sólo la incertidumbre generada por una previsible incapacidad de
garantizar en normal funcionamiento de la actividad y los servicios
el 31 de diciembre de 1999 aumentaría, sin duda los costes que España
habría de afrontar, tanto materiales (cancelaciones de reservas en un
sector clave como el turismo, etc.), como de otra índole (actitudes
de pánico en una sociedad desinformada).
En un Estado fuertemente descentralizado como España, el Gobierno no
puede limitar su acción a garantizar que funcionen los sistemas que
dependen de la Administración Central o a las empresas públicas. El
reciente Informe remitido recientemente a la Unión Europea refleja la
escasa información de que dispone el Gobierno sobre la adaptación por
otras administraciones en sectores altamente sensibles como la
sanidad. Es también patente el atraso en la adaptación de las
Pequeñas y Medianas Empresas.
Igualmente preocupante es el carácter disperso y fragmentario de la
información que, según dicho Informe, posee el Gobierno, tanto en lo
que se refiere a los distintos sectores de la actividad económica y
las infraestructuras como en las competencias de otras
administraciones.
La interdependencia de los sistemas y la interrelación en el
tratamiento de datos aumenta considerablemente la vulnerabilidad de
cualquier economía desarrollada ante posible fallos en sistemas
ajenos, un grave problema sobre el cual el Gobierno no ha facilitado
información alguna.
Asumiendo los riesgos derivados del retraso con el que España ha
abordado el «Efecto 2000», es imprescindible que el Gobierno, con el
apoyo y el impulso del Parlamento, actúe como catalizador de un
esfuerzo para movilizar al conjunto de la sociedad española ante los
retos que plantea el «Efecto 2000».
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de ley
«El Congreso de los Diputados:
Expresa su preocupación por las imprevisibles consecuencias que el
denominado «Efecto 2000», que afectará a buena parte de los sistemas
informáticos el 31 de diciembre de 1999, pueda tener sobre la
actividad económica y la seguridad de los españoles.
Recuerda que estamos frente a un reto político, económico
y tecnológico global, ante el que la mundialización y la
interdependencia nos hace ser aún más vulnerables.
Manifiesta la necesidad de un impulso coordinado desde el Gobierno de
la Nación que abarque a todas las administraciones, a las empresas,
tanto públicas como privadas, y al conjunto de la sociedad española.
Insta al Gobierno:
A remitir urgentemente a la Cámara un informe detallado sobre las
consecuencias que el 'Efecto 2000' puede tener para España,
incluyendo una evaluación de los sectores en los que, por su
naturaleza, los posibles fallos podrían afectar a la seguridad de los
ciudadanos o al normal desarrollo de la actividad social y económica.
A remitir urgentemente a la Cámara un informe detallado del grado de
adaptación al 2000 del conjunto de las Administraciones y de los
diferentes sectores de la actividad económica.
A realizar y actualizar a lo largo de los próximos meses una
evaluación detallada de los costes que, para la economía española,
tendrá la adaptación de España al 'Efecto 2000' .
Aremitir urgentemente a la Cámara un informe de los riesgos que puede
plantear para España la interrelación de sistemas con otros países
que no se adapten adecuadamente al 'Efecto 2000' .
A remitir urgentemente a la Cámara un informe detallado de los planes
de contingencia preparados o impulsados desde el Gobierno.
A remitir a la Cámara, dentro del presente período de sesiones, una
Comunicación conteniendo la posición política del Gobierno ante los
retos que el 'Efecto 2000' plantea a España.
A comparecer ante las diferentes Comisiones de la Cámara para
informar sobre el proceso de adaptación al 'Efecto 2000' en el ámbito
de competencia de cada Ministerio.
A poner en marcha una intensa campaña de informaciónrigurosa a los
ciudadanos sobre el 'Efecto 2000' y sus consecuencias, a fin de que
la sociedad demande garantías de adaptación al 2000 en los servicios
que recibe.
A intensificar las acciones de información y apoyo en el ámbito de la
Pequeña y Mediana Empresa.
A realizar acciones específicas de información y seguimiento en
sectores que, como el turismo, son vitales para la economía española
y presentan una compleja variedad de riesgos ante el 'Efecto 2000' .
A remitir a la Cámara medidas legislativas que determinen la
responsabilidad derivada de fallos que pudieran producirse por una
inadecuada adaptación al 2000.
A promover con urgencia un código de conducta que estimule a las
empresas españolas a intercambiar información sobre sus procesos de
adaptación al 'Efecto 2000' sin que ello implique responsabilidades
legales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1999.-Rafael
Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000373
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupos Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida y
Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de parar el proceso de
privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo a los Grupos
proponentes.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de
Izquierda Unida, y Grupo Mixto (Partido Democrático de Nueva
Izquierda, Iniciativa Per Catalunya- Els Verts; y Bloque Nacionalista
Galego) tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para su debate en Pleno, relativa a la necesidad de parar el
proceso de privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno.
Motivación
En el año 1998 el Gobierno ha sentado las bases para realizar una
auténtica contrarreforma sanitaria, que tiene por objeto la
privatización del sistema sanitario público, lo que está poniendo en
riesgo los intereses generales de los españoles en sanidad. En
efecto:
- La puesta en marcha del hospital de Alzira, mediante la concesión
de su explotación a una aseguradora privada.
- La modificación de la Ley del IRPF (artículo 42), incentivando
fiscalmente la cobertura sanitaria desde las empresas.
- La aparición de una nueva figura de gestión, como son las
fundaciones públicas sanitarias, al posibilitar la utilización de los
hospitales públicos por el sector privado, y
- La posibilidad de constituir cooperativas sanitarias para los
servicios públicos.
- Así como la posibilidad de mantener cobertura privada a través de
las empresas, son los rasgos más
importantes de la contrarreforma sanitaria que está desarrollando el
Gobierno.
Asimismo, se están ocultando los importantes problemas de gestión que
se están produciendo, como son:
- La desviación sobre el presupuesto del gasto farmacéutico, que fue
superior al 10% en 1998 y mantiene su mala tendencia durante 1999.
- La desregulación que ha propiciado el Gobierno, mediante la
creación de fundaciones sanitarias como las de Alcorcón y Manacor,
sin un marco de garantías, y cuyo balance de gestión es de todo punto
dudoso que aporte ventajas sobre el modelo tradicional y,
especialmente en el caso de Alcorcón, en donde las protestas
ciudadanas y de los médicos de atención primaria por su
funcionamiento son numerosas.
Por estos motivos, los Grupos Parlamentarios anteriormente
enunciados, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1. Se abstenga de abordar ninguna transformación en los servicios
sanitarios públicos que pueda condicionar el ejercicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas pendientes de recibir la
transferencia del Insalud.
2. Aborde la reforma del Acuerdo sobre el sistema de financiación de
la sanidad pública, aprobada para el período 1998-2001, habida cuenta
de su inviabilidad.
3. Desarrolle un marco reglamentario, común para todos los centros
sanitarios, que preserve las garantías del servicio público
sanitario, en cuanto a la financiación, el régimen patrimonial, la
organización, gestión del personal y prestaciones sanitarias.
4. Se comprometa a no enajenar, ni ceder por ningún título, los
recursos públicos afectados a la atención sanitaria y socio-
sanitaria.
5. Paralice, en virtud de lo establecido en los Acuerdos de Toledo,
por los que la financiación de la sanidad se haría al 100% mediante
ingresos del Estado, la colaboración de las empresas en la asistencia
sanitaria de los trabajadores.
6. Se comprometa a no aplicar el modelo del hospital de Alzira, al
ser contrario a la legislación vigente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.-Cristina Almeida Castro, Diputada.-Joan
Saura Laporta, Diputado.
162/000374
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre mecanismos de consulta y decisión en
relación con el conflicto de Kosovo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de mayo de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, el amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
mecanismos de consulta y decisión en relación con el conflicto de
Kosovo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El final de la Guerra Fría, junto con el fin de la confrontación
entre el Este y el Oeste, trajo también la eclosión de nuevas crisis
y conflictos en el corazón de Europa. La exclusión violenta por
razones de raza o de religión, o los intentos de establecer por la
fuerza nuevas fronteras caracterizan a esas nuevas amenazas a la
seguridad y la estabilidad en el conjunto de Europa.
Kosovo ha sido el escenario del último de esos conflictos. Milosevic
ha provocado el fracaso de la diplomacia; se ha amparado en el
bloqueo del Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar un plan brutal
de violencia contra sus propios ciudadanos, un proceso de limpieza
étnica y deportaciones masivas contra los alvano-kosovares. Con ello,
ha hecho inevitable lo que nadie deseaba, la intervención armada
decidida por el Consejo Atlántico.
La práctica totalidad de los grupos Parlamentarios ha considerado
necesaria la acción de la OTAN y han respaldado el que España
contribuya tanto a las operaciones militares contra objetivos
militares en Serbia como la ayuda humanitaria a los refugiados.
Sin embargo, el Gobierno ha sido incapaz de hacer partícipe al
Parlamento y a la sociedad española de sus posiciones ante el
conflicto y su evolución. No ha existido el debate. Tan sólo
informaciones que ya conocíamos por todos los medios. Se ha seguido
vaciando de contenido al Parlamento, aumentando con ello la confusión
comparecencia sobre la Cumbre de Washington, en la que el Presidente
del Gobierno eludió pronunciarse claramente sobre si, ante un posible
despliegue terrestre, el Gobierno tiene o no intención de consultar
al Parlamento.
La cuestión, que podría tener también implicaciones legales, es
esencialmente política. La decisión de enviar fuerzas españolas a
Kosovo con un mandato que autoriza el uso de la fuerza más allá de la
autodefensa, conllevaría unos riesgos evidentes. Asumir esa
responsabilidad política no puede ser una decisión unilateral del
Gobierno de la que el Parlamento recibe ulterior información. Si,
como consecuencia de sus compromisos internacionales, España ha de
participar en conflictos de nueva naturaleza, el Parlamento no puede
estar ajeno a esas decisiones. Sería una enorme irresponsabilidad.
Tampoco es aceptable que se hurten al Parlamento la aprobación y
control de los gastos originados por la participación de España en la
resolución de esos conflictos.
Garantizar y reforzar el respaldo y la cohesión de los Grupos
Parlamentarios y de la sociedad ante las decisiones, de enorme
trascendencia, que debe adoptar el Gobierno en estas cuestiones,
exige el compromiso de consulta previa al Parlamento. Así lo
entienden otros países de nuestro entorno, que han ido introduciendo
mecanismos de consulta al Parlamento para situaciones de crisis como
la que hoy plantea el conflicto de Kosovo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A establecer mecanismos formales de consulta permanente a los
Grupos Parlamentarios sobre las decisiones que deba adoptar el
Gobierno ante el conflicto de Kosovo.
2. Aremitir a la Cámara una Comunicación sobre el eventual envío de
fuerzas terrestres españolas a Kosovo. Con carácter previo a que
éstas sean formalmente comprometidas. Dicha Comunicación, que dará
lugar a debate y ulterior Resolución, contendrá los objetos,
términos, mandato, coste previsto y duración de la participación
española.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 1999.-Rafael
Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.