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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 382, de 22/02/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 22 de febrero de 1999 Núm. 382 GENERAL
ÍNDICE Control sobre las disposiciones del ejecutivo con fuerza de
Ley
DECRETOS-LEYES
130/000063 Convalidación del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero,
sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social ... (Página 4)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000247 Enmienda formulada a la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta
al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma Enma Giménez
Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la condena
impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo
Aprobación de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a conceder
el indulto total a doña Norma Enma Giménez Pino y a don Antonio
Martín Santos, en relación con la condena impuesta por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo ... (Página 4)
162/000325 Enmienda formulada a la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación
de una Comisión en relación con los sistemas de pago mediante tarjeta
Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
la creación de una Comisión en relación con los sistemas de pago
mediante tarjeta ... (Página 5)
162/000336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre una Ley General y un Plan Nacional de Inspección
y Control Ambiental ... (Página 6)
162/000337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la regulación de
determinadas razas caninas ... (Página 7)
162/000338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la necesidad de incrementar la cuantía de
las becas del Programa Sócrates-Erasmus de la Unión Europea (UE) para
estudiantes procedentes de familias con escasos recursos económicos
162/000339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al
Gobierno a dictar disposiciones legales sobre el derecho de los
transexuales a un cambio de sexo ... (Página 10)
162/000340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a los Convenios de cooperación jurídica en
materia penal sobre traslado y cumplimiento de condena ... (Página 11)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/001318 Aprobación, con
modificaciones, de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la ratificación
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como enmiendas
formuladas a la misma ... (Página 13)
161/001386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre Gibraltar ... (Página 14)
Comisión de Educación y Cultura 161/001344 Modificación del texto de
la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, relativa a la firma de un Convenio con el
Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y el Consejo Superior de
Deportes, con el fin de proceder a la construcción en la ciudad de
Málaga de un Estadio Olímpico ecológicamente homologado ... (Página 15)
161/001379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al
Gobierno a que realice las gestiones ante el Estado del Vaticano
a los efectos de que se cumplimente la resolución del Parlamento de
Andalucía para que sean devueltos los llamados «libros plúmbeos del
Sacromonte» a la ciudad de Granada ... (Página 16)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001375 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre el desarrollo de los estudios precisos para la elaboración de
un marco jurídico nacional adecuado para la ampliación al sector de
la pesca de los sistemas de garantías que, a través de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, ofrecen cobertura ante los riesgos
ocasionados por causas naturales ... (Página 17)
161/001376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de un nuevo
marco jurídico nacional de protección de los obtentores de variedades
vegetales que contemple las reformas introducidas por los Convenios
Internacionales y la Unión Europea y permita una mejora del
funcionamiento de los órganos administrativos que intervienen en el
ejercicio de estas funciones, contemplando el mayor índice posible de
participación representativa de los agentes económicos ... (Página 18)
161/001385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para dotar de
forma inmediata las inversiones forestales contempladas en el Plan de
Intensificación de Protección de la Cubierta Vegetal, así como
clarificar el cauce y los criterios necesarios para la obtención de
ayudas europeas para proyectos forestales. ... (Página 19)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001378 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre cesión por la
Tesorería General de la Seguridad Social del uso del inmueble situado
en la calle Placeta de la Cruz a favor del Ayuntamiento de Berja
(Almería) ... (Página 19)
161/001382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre creación de una red
pública de telecentros de servicios telemáticos compartidos
Comisión de Infraestructuras 161/001377 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa al
acondicionamiento y reforma de la autovía Vigo-Porriño, con
independencia de las decisiones que se puedan tomar sobre la
construcción de una nueva autovía ... (Página 21)
Comisión de Medio Ambiente 161/000800 Desestimación de la Proposición
no de Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa
al impacto ambiental derivado de la intensa extracción y explotación
de la pizarra en las Comarcas de Valdeorras, El Bierzo y El Val de
Quiroga, de las provincias de Ourense, León y Lugo, respectivamente.
161/001380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al
Gobierno a la creación en el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de una Comisión Técnica para la realización de un
diagnóstico sobre la situación ambiental y sanitaria del entorno de
la ría de Huelva, a elaborar un plan de recuperación integral de la
misma y a poner en marcha en la ciudad de Huelva un centro de I+D
sobre contaminación industrial y procesos de corrección ... (Página 22)
161/001381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el respeto ambiental en la ejecución de obras
públicas ... (Página 24)
161/001383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre actuaciones urgentes en la presa de Marmolejo
(Jaén) ... (Página 24)
161/001384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas del Gobierno
en materia forestal ... (Página 25)
INTERPELACIONES
Urgentes 172/000129 Interpelación formulada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre política del Gobierno en la Unión Europea (UE) y
los objetivos a alcanzar en la negociación en curso sobre la Agenda
2000 ... (Página 26)
172/000131 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la política del Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
especialmente en sus aspectos sanitarios y asistenciales ... (Página 27)
172/000132 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre medidas de todo tipo que piensa adoptar el
Gobierno para solucionar los problemas derivados de la contaminación
sufrida por diversos pacientes por el hongo «aspergillus»
CONTROL SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO CON FUERZA DE LEY
DECRETOS-LEYES
130/000063
Convalidado en la sesión plenaria del día de hoy el Real Decreto-ley
1/1999, de 8 de enero, sobre la selección de personal estatutario y
provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social (núm. expte. 130/000063), se acordó su tramitación como
Proyecto de Ley, por el procedimiento de urgencia, por lo que el
texto se publica en la serie A del BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000247
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la enmienda formulada a la
Proposición no de Ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que
se insta al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma Enma
Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la
condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo (núm. expte. 162/000247), publicada en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 293, de 12 de junio de 1998, y
corrección de error en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 297, de 22 de junio de 1998.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que
se insta al Gobierno a conceder el indulto total a doña Norma Enma
Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación
con la condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Oviedo.
Madrid, 8 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda de modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados entiende conveniente que el Ministerio
de Justicia proceda a la tramitación en turno preferente de la
solicitud de indulto por delito de aborto de doña Norma Enma Giménez
Pino y don Antonio Martín Santos, así como el estudio del expediente
e informe que remita la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo y a su posterior resolución.»
Justificación
Una vez iniciado el expediente del indulto por solicitud de doña
Norma Enma Giménez Pino y don Antonio Martín Santos, procede la
correspondiente tramitación y la posterior resolución del mismo, de
acuerdo con la legislación vigente.
162/000247
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Socialista del
Congreso, por la que se insta alGobierno a conceder el indulto total
a doña Norma Enma
Giménez Pino y a don Antonio Martín Santos, en relación con la
condena impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Oviedo (núm. expte. 162/000247), sin modificaciones con respecto al
texto publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 293, de 12 de junio de 1998, y corrección de error en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 297, de 22 de
junio de 1998.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000325
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de la enmienda formulada a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre la creación de una Comisión en relación con los sistemas de
pago mediante tarjeta (núm. expte. 162/000325), publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 373, de 8 de enero
de 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep López de Lerma i López, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta una enmienda de
modificación de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre la creación de una Comisión en relación
con los sistemas de pago mediante tarjeta.
Redacción que se propone
«Proposición no de Ley sobre la creación de una Comisión en relación
con los sistemas de pago mediante tarjeta.
El Pleno del Congreso de los Diputados, consciente de la amplia
difusión e implantación de las tarjetas electrónicas de débito,
crédito y monedero, como medios de pago alternativos al papel moneda
en las transacciones comerciales de bienes y de servicios y de las
previsiones de rápido desarrollo futuro de este medio de pago,
manifiesta su preocupación por:
a) Los problemas derivados del amplio intervalo de comisiones o tasas
de descuento que aplican las entidades financieras a comerciantes y
titulares de establecimientos de servicios por la aceptación de pagos
mediante tarjetas, así como su discriminación por sectores o tamaños
de establecimiento.
b) Los problemas derivados de la aplicación de tipos de interés
sustancialmente superiores a la media de otras modalidades de crédito
a los consumidores o usuarios de tarjetas por la disposición de
dinero en efectivo con cargo a las cuentas de crédito vinculadas a la
tarjeta, así como sobre los tipos de interés que aplican a los
descubiertos y excedidos en dichas cuentas.
c) La posibilidad de que se produzcan prácticas restrictivas a la
competencia en la determinación de las comisiones que perciben los
emisores de las principales tarjetas y de las entidades financieras a
quienes las aceptan como medio de pago.
d) La posibilidad de que las comisiones e intereses aplicados por la
disposición de dinero en efectivo, de tarjetas de crédito, o por la
existencia de descubiertos y excedidos en las cuentas de crédito
vinculadas a dichas tarjetas puedan ser considerados excesivos o
abusivos en relación al tipo básico del banco emisor.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
proceda de modo inmediato a crear un grupo de trabajo o Comisión que
tenga como objeto proponer, en el plazo de tres meses, las líneas de
actuación que considere oportunas, al Gobierno y al Congreso de los
Diputados, a los efectos de resolver las problemáticas existentes en
relación a los pagos mediante tarjeta.
Dicho grupo de trabajo o Comisión deberá estar integrado por
representantes del Gobierno, asociaciones de comerciantes y expertos
independientes.
A los efectos de elaborar las pautas de actuación que considere
oportunas, deberá tener en cuenta, entre otras:
a) Los informes realizados por el Gobierno como consecuencia de la
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y aprobada el 15 de julio de 1997, por la que
se instaba al Ministerio de Economía y Hacienda a elaborar un informe
sobre los tipos de interés aplicados por las entidades financieras a
los usuarios de tarjetas electrónicas y sobre las comisiones
aplicadas por las entidades financieras y por los emisores de
tarjetas.
b) El estudio de la política de fijación de comisiones y otras cargas
a comerciantes por la aceptación como medio de pago en sus ventas de
tarjetas de crédito y/o débito, elaborado por el Banco de España.
c) Los informes sobre la materia elaborados por la Dirección General
de Comercio Interior.
d) El derecho comparado y los usos en los países de la Unión Europea.
e) El informe específico que encargue al Tribunal de Defensa de la
Competencia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-Josep
López de Lerma i López, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
162/000325
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
creación de una Comisión en relación con los sistemas de pago
mediante tarjeta (núm. expte. 162/000325), ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda de modo
inmediato a crear un grupo de trabajo o Comisión para proponer al
Gobierno y al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses,
las líneas de actuación que considere oportunas, a los efectos de
resolver la problemática existente en relación a los pagos mediante
tarjeta.
Dicho grupo de trabajo o Comisión deberá estar integrado por
asociaciones de comerciantes, entidades participantes en los sistemas
de pago mediante tarjeta y expertos independientes.
Esta Comisión tendrá por objeto prioritario llevar a cabo un análisis
detallado de los costes que integran la tasa de descuento, a la vez
que facilitar una negociación de base entre las partes implicadas que
permita revisar los criterios de dichos costes, y reducir en la
práctica, sobre todo, las tasas de descuento más elevadas que deban
satisfacer los pequeños y medianos comerciantes.
A estos efectos, se deberán tener en cuenta:
1. a) Los informes realizados por el Gobierno como consecuencia de la
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y aprobada el 15 de julio de 1997, por la que
se instaba al Ministerio de Economía y Hacienda a elaborar un informe
sobre los tipos de interés aplicados por las entidades financieras a
los usuarios de tarjetas electrónicas y sobre las comisiones
aplicadas por las entidades financieras y por los emisores de
tarjetas.
b) El estudio de la política de fijación de comisiones y otras cargas
a comerciantes por la aceptación como medio de pago en sus ventas de
tarjetas de crédito y/o débito, elaborado por el Banco de España.
c) Los informes sobre la materia elaborados por la Dirección General
de Comercio Exterior.
d) El derecho comparado y los usos en los países de la Unión Europea.
2. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
encargue al Tribunal de Defensa de Competencia un informe sobre la
situación de competencia en el mercado de tarjetas de crédito,
débito, monederos electrónicos y en particular sobre las relaciones
entre las entidades financieras y el sector comercial con terminal de
punto de venta instalado.
Especialmente, se valorará la eficacia de medidas orientadas a
limitar el precio cobrado al sector comercial mediante el
establecimiento de márgenes vinculados a índices financieros.»
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000336
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre una Ley General y un Plan Nacional de
Inspección y Control Ambiental.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno;
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento; disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre una Ley
General y un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental, para su
debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La noción de desarrollo sostenible ha sido consagrada por diversos
instrumentos jurídicos, declaraciones y Convenios, tanto en el ámbito
internacional como en el ámbito comunitario, a través de la
Declaración de Río de Janeiro de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, el V Programa Comunitario de Acción en
materia de medio ambiente, y el propio Tratado de la Unión Europea
que en su artículo 2 establece como objetivo de la Unión Europea la
consecución de «un crecimiento sostenible y no inflacionista que
respete el medio ambiente».
En nuestro ordenamiento jurídico interno, el artículo 45 de la
Constitución Española constitucionaliza en palabras de Tribunal
Constitucional «el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona y un deber de conservarlo
que pesa sobre todos, más un mandato a los poderes públicos para la
protección», ya que les corresponde velar por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y, por último,
el artículo 45 establece la necesidad de imponer sanciones penales o
administrativas para los infractores, así como la obligación de
reparar el daño causado.
Tras la adhesión de España a la Unión Europea surge la obligación de
incorporar al ordenamiento jurídico español la normativa ambiental
comunitaria existente. Desde entonces han proliferado en nuestro país
las normas ambientales, ya sea por aplicación directa de los
Reglamentos comunitarios, ya por la incorporación al ordenamiento
jurídico español de las Directivas comunitarias, con la finalidad de
alcanzar los objetivos ambientales de las mismas, ya por el
desarrollo constitucional del artículo 45 o de la competencia
legislativa en la materia de las Comunidades Autónomas,
consiguiéndose tanto a nivel estatal como autonómico un grado
oportuno de protección ambiental a través de dicha normativa. Se
habla de unas catorce mil normas jurídicas ambientales aplicables en
España entre Convenios internacionales, Reglamentos y Directivas
comunitarias, leyes estatales, autonómicas y municipales,
independientemente de que algunas sean mejorables y de que todavía
existan vacíos legales.
Existe, pues, mucha normativa ambiental, cuya aplicación práctica y
cumplimiento es necesario asegurar, ya que el adecuado desarrollo
constitucional del artículo 45 conlleva no sólo la promulgación de
normas ambientales sino que los poderes públicos y, en particular,
las Administraciones competentes en la materia, hagan efectiva su
aplicación.
Para ello, uno de los mecanismos esenciales es el establecimiento de
los oportunos instrumentos de inspección y control ambiental,
reforzando las competencias autonómicas en la materia y
establecimiento criterios mínimos de inspección para todo el
territorio español, con especial atención a los casos de catástrofes
ambientales. Acontecimientos tan graves como el accidente minero de
Aznalcóllar o el reciente vertido de 50.000 metros cúbicos de aguas
ácidas a la Ría de Huelva, procedentes también de residuos
industriales, enfatizan tal necesidad.
Por otra parte, a través de distintas Comunicaciones y
Recomendaciones, las instituciones de la Unión Europea han reiterado
la importancia de los mecanismos de inspección y control para hacer
efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental en los Estados
miembros, así como la necesidad de que se cumplan unos criterios
mínimos en todo su territorio.
Para evitar situaciones de deterioro ambiental como consecuencia del
incumplimiento de la normativa ambiental, el Gobierno, a través del
Ministerio de Medio Ambiente, debe asegurar el establecimiento y
cumplimiento para todo el territorio español de unos mínimos
criterios de inspección y control ambiental, así como concertar y
coordinar con las Comunidades Autónomas el cumplimiento de tales
mínimos, a través de un Plan Nacional en la materia.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
la siguiente:
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a la remisión al Congreso de los Diputados, en
el plazo de un año, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, de un
Proyecto de Ley General de inspección y control ambiental que regule,
entre otros, los siguientes aspectos:
1. Los criterios mínimos de organización, realización, seguimiento y
publicidad a cumplir en todo el territorio español en materia de
inspección y control ambiental, incluyendo:
a) Las instalaciones industriales, empresas o actividades, por
categorías, que deben someterse a inspección y control ambiental por
parte de las Administraciones Públicas.
b) La regulación de los contenidos mínimos de las actividades de
inspección, en particular, la inspección ocular o inspección 'in
situ', su periodicidad regular, así como los supuestos de
inspecciones no rutinarias para la investigación de accidentes
ambientales, incumplimientos serios o denuncias y, en su caso, para
el otorgamiento, renovación o modificación de autorizaciones,
permisos o licencias.
2. La elaboración y ejecución, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas, de un Plan Nacional de Inspección y Control Ambiental para
el cumplimiento de los criterios mínimos enumerados en el apartado
anterior, identificando las instalaciones a inspeccionar, los
programas de inspecciones rutinarias y los supuestos de inspecciones
no rutinarias, así como el período de vigencia y de revisión de dicho
Plan.
3. El acceso a la información por parte de las organizaciones no
gubernamentales, los agentes sociales y económicos implicados y del
público en general, tanto al contenido y objetivos del Plan Nacional
de Inspección y Control Ambiental, como a la información resultante
de las actividades de inspección y control por parte de las
Administraciones Públicas.»
Palacio del Congreso, 8 de febrero de 1999.-Cristina Narbona Ruiz,
Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
162/000337
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre la regulación de determinadas razas
caninas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno;
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento; disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación de determinadas razas caninas, para su debate en el Pleno
de la Cámara.
Exposición de motivos:
En España se producen cada año entre 10.000 y 12.000 denuncias por
agresiones caninas, según datos del Consejo General de Veterinarios
Españoles. Desgraciadamente, algunas de estas agresiones han
ocasionado la muerte de personas, como la recientemente ocurrida en
Mallorca, dónde un Dogo Argentino, con antecedentes por otras
presuntas agresiones, acabó con la vida de un niño de cuatro años,
mientras éste jugaba con otros niños.
Estos antecedentes, junto con el incremento de la cría
y adiestramiento de las especies o razas de perros considerados como
peligrosos, hacen necesaria una mayor regulación normativa, tendente
a evitar que sucesos como el acaecido en Mallorca no se vuelvan a
repetir.
Países de nuestro entorno europeo, tales como Francia y Gran Bretaña,
ya han tomado cartas en el asunto y han adoptado normativas legales
referentes a este tema, bien prohibiendo determinadas razas de este
tipo de animales, bien estableciendo un control exhaustivo, tanto de
los propietarios como de los animales.
Debido a la alarma social que el último hecho luctuoso ha provocado
en nuestro país, creemos que es el momento para que desde el Congreso
de los Diputados se propongan las medidas necesarias que eviten que
hechos de estas y similares características se vuelvan a repetir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presenta la siguiente Proposición no de Ley.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte de modo
urgente las medidas oportunas para que:
1. Se modifique el Código Penal, en el sentido de incluir como arma a
los perros entrenados para desarrollar su agresividad hacia las
personas o los animales, cualquiera que sea su raza. Desarrollando
por tanto las medidas de control requeridas para la tenencia de
cualquier otro tipo de armas.
Asimismo, el abandono de especies animales y el uso de las mismas en
combate deberá considerarse como delito.
2. Se elabore, de acuerdo con expertos en la materia, un catálogo de
razas caninas consideradas como peligrosas y su grado de
peligrosidad. En este catálogo al menos deberán aparecer aquellas
razas fruto de selección de determinadas características
potencialmente peligrosas.
Asimismo, se deberá elaborar un catálogo de criadores, centros y
educadores-adiestradores caninos, que deberán estar en posesión de la
correspondiente habilitación para ejercer tal cometido.
3. Se prohíba la importación, y se controle la cría, venta, donación
y tenencia de las razas contenidas en el catálogo referido
anteriormente.
Los actuales poseedores de animales de estas especies deberán ponerlo
en conocimiento de la Administración competente, al objeto de
proceder a su esterilización y ser dotados de una documentación
específica.
Asimismo, los centros veterinarios deberán exigir a los propietarios
de estos animales la documentación acreditativa expedida por la
Administración competente. En el caso de que el propietario carezca
de esta documentación, estos centros deberán ponerlo en conocimiento
de dicha Administración.
4. Se elabore una legislación de ámbito nacional que incluya:
- Las medidas de seguridad que deben aplicarse a las razas caninas,
tales como el uso de bozal y correa, así como la exigencia de que en
núcleos urbanos deban estar permanentemente en compañía de su dueño.
- Que los canes pertenecientes al catálogo citado en el apartado 2,
así como aquellos que no perteneciendo al mismo hayan sido
adiestrados para defensa y ataque, porten un distintivo visual que
indique su peligrosidad.
- Las condiciones para la tenencia de ejemplares pertenecientes al
catálogo referido en el punto 2 de esta proposición. En todo caso, se
deberá exigir a su propietario el que sea mayor de edad y no haya
sido condenado por delito contra las personas, la libertad o el orden
público, o sancionado administrativamente por infracción relativa a
la tenencia de estos animales.
5. Los propietarios de cualquier tipo de raza canina, y a partir de
la finalización del primer ciclo de vacunación, deban disponer de un
seguro de responsabilidad
civil obligatoria, cuya cuantía dependa del grado de peligrosidad de
la misma.
6. La posesión de canes por parte de las Administraciones Públicas,
compañías de seguridad o particulares, destinados a cumplir funciones
de seguridad o de compañía, no pertenezcan a las especies incluidas
en el catálogo.
7. Los canes que prestan servicio de seguridad para las
Administraciones Públicas reciban su formación en centros propios de
dichas Administraciones.
Los que vayan a ser propiedad de compañías de seguridad
o particulares podrán ser adquiridos libremente y deberán ser
adiestrados en centros expresamente autorizados por la Administración
competente, tras el visado de sus procedimientos y programas de
formación. Dichos centros de adiestramiento tramitarán ante dicha
Administración la documentación oportuna acreditativa de los
animales, que deberá obrar en todo momento en poder de sus
propietarios y deberá ser exhibida a requerimiento de las autoridades
competentes y personal veterinario.
Adicionalmente, el personal de las Administraciones Públicas,
compañías de seguridad y particulares, responsables de animales
adiestrados para defensa o ataque, deberán superar una prueba
psicotécnicas similar a la existente para la posesión de armas, para
poder hacerse cargo del animal en cuestión. En el caso específico de
las compañías de seguridad y particulares, esta prueba deberá obrar
en poder del centro de adiestramiento, para admitir al animal en el
mismo.
8. Se elabore un régimen sancionador para el supuesto de
incumplimiento de los apartados 2 al 7 de esta Proposición no de
Ley.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
162/000338
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de incrementar la
cuantía de las becas del Programa SócratesErasmus de la Unión Europea
(UE) para estudiantes procedentes de familias con escasos recursos
económicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno;
admitirla a trámite como Proposición no de Ley; conforme al artículo
194 del Reglamento; disponer
su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al
Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES,
así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
la necesidad de incrementar la cuantía de las becas del Programa
Sócrates-Erasmus de la UE para estudiantes procedentes de familias
con escasos recursos económicos, para su debate en Pleno.
Motivación
En la actualidad España, ocupa el segundo lugar de Europa en
intercambio de estudiantes universitarios, lo que representa el 10
por 100 de la movilidad estudiantil, con 12.000 estudiantes, cifra
sólo superada por Alemania, que cuenta con 14.000.
No obstante, a pesar de este éxito, es una realidad que este programa
de intercambio discrimina a los estudiantes con menores recursos
económicos y sólo es utilizado en la inmensa mayoría de los casos por
estudiantes pertenecientes a familias de rentas altas, dado que la
cuantía de las becas es claramente insuficiente para sufragar los
gastos derivados de la estancia en un país extranjero. Esta situación
ha sido denunciada por el Director de la Agencia Nacional Erasmus,
Luis Buñuel, quien ha afirmado recientemente en diversos medios de
comunicación que existen «sospechas de que las becas del programa no
son igualitarias, porque sólo son un recurso para complementar el
coste de la vida que supone el estudiar durante un año fuera de
España, y además, suelen llegar muy tarde», por lo que únicamente
pueden ser aprovechadas por alumnos de alto nivel socioeconómico.
Al analizar el régimen de ayudas para la movilidad de estudiantes, se
puede comprobar que la ayuda mínima por mes y estudiante establecida
por el Programa es de 100 euros (16.639 pesetas). Los estudiantes
españoles disponen de una cantidad media al mes que, en el mejor de
los casos oscila entre las 20.000 y las 25.000 pesetas, de las que
sólo una media de 75 euros (12.478 pesetas) provienen de la Agencia
Nacional. Por tanto, la cantidad total de la que disponen los
estudiantes es claramente insuficiente para abordar los gastos
derivados de su estancia en otras Universidades europeas.
Por otro lado, se ha reducido a la mitad el porcentajede
cofinanciación que la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo, a través de la Dirección General de
Enseñanza Superior, dedica al Programa Erasmus de la UE. Así, este
porcentaje ha pasado de ser el 29 por 100 en el curso 1989-1990, al
14 por 100 de la financiación asignada por la UE en la actualidad. Lo
que implica un total de 213.780.000 pesetas asignadas para 1999.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno de la Nación a:
1. A fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades,
establecer una nueva ayuda adicional a las existentes en las becas
del Programa Erasmus de la UE para aquellos estudiantes que cumplan
los requisitos económicos y académicos que les permiten obtener una
beca en España. La cuantía de esta ayuda adicional será de 25.000
pesetas mensuales.
2. Incrementar el porcentaje de aportación económica al Programa
Erasmus de la UE, por parte de la Secretaría de Estado de
Universidades, para incrementar el número y cuantía de las ayudas,
que permita a los estudiantes españoles acogerse a este programa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1999.-
Clementina Díez de Baldeón García, Diputada.- María Teresa Fernández
de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000339
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dictar
disposiciones legales sobre el derecho de los transexuales a un
cambio de sexo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento; disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno de la
Cámara.
Exposición de motivos:
En el ordenamiento jurídico español no existe ninguna normativa que
regule el cambio voluntario de sexo. En julio de 1987, el Tribunal
Supremo reconoció el derecho de una transexual a inscribirse
legalmente con otro sexo y nombre que el de su nacimiento, lo que
creó jurisprudencia. Pero como no había ni hay leyes que regulen la
transexualidad, durante varios años cada juez aplicó su propio
criterio.
A partir del año 1991, fecha en la que el Tribunal Supremo dicta su
cuarta sentencia relativa al tema, es cuando los criterios de los
jueces comienzan a unificarse y, sobre todo, los del Ministerio
Fiscal, que hasta esas fechas había recurrido de forma sistemática
las sentencias favorables al cambio de sexo. De las sentencias
citadas, es de gran interés la del 19 de abril de 1991, dictada por
la Sala Primera del Tribunal Supremo, pues en ella se sistematizan
los principios rectores para la concesión del cambio de sexo. A los
que se refiere concretamente son:
- Se exige que el transexual haya terminado toda su transformación
quirúrgica antes de permitirle la modificación en el Registro Civil.
Se sigue, por consiguiente, el modelo de cambio de sexo planteado en
la Ley italiana de 1982, en el sentido de que la transexualidad es
irreversible.
- Una vez dictada la resolución favorable al cambio de sexo, éste se
traduce a nivel legal en una anotación marginal en la partida de
nacimiento con el nuevo sexo y nombre, pero sin que tenga lugar una
modificación total de la misma.
En el ámbito de la Unión Europea existen cuatro países que han
introducido legislación específica sobre transexualidad: Dinamarca
(1973-1975), República Federal de Alemania (1981), Italia (1982) y
Países Bajos (1985).
En los últimos años, se han empezado a plantear en los juzgados
demandas de cambio de sexo y nombre por personas que no han concluido
su proceso de transexualización demandas que, en algunos casos, han
tenido como resultado sentencias favorables a las solicitudes de los
interesados/as. En la mayoría de los casos, se trataba de personas
que por razones médicas o económicas no habían concluido su proceso
de transexualización y sólo en contados casos se entraba más de lleno
en el tema y se daba por parte de los jueces un argumento no exento
de
lógica y es el de dar prioridad al sexo social y psicológico sobre el
aspecto morfológico, en base a que, en último extremo, la
irreversibilidad física es imposible, por no poderse variar hasta la
fecha el código genético.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo
también se han ocupado, en los últimos años, de la cuestión
transexual. El primero, pronunciándose en tres ocasiones en demandas
relativas a la vulneración de los artículos 8 y 12 del Convenio
Europeo deDerechos Humanos que protegen la vida privada y el derecho
a contraer matrimonio. El Parlamento Europeo, con una Resolución
sobre discriminación de los transexuales de 12 de noviembre de 1989,
llena de buenas intenciones, pero, como todas las resoluciones no
vinculantes, completamente ignorada por los Estados miembros y por el
propio Parlamento que, en casi diez años, ha sido incapaz de crear el
servicio de denuncias ante la Comisión, sugerido en el punto 13 de la
Resolución.
Dado que el procedimiento para un cambio de sexo de los transexuales
aún no está previsto o regulado en todos los Estados de Unión
Europea, que los costes del mismo no corren a cargo de la Seguridad
Social, que los transexuales están todavía discriminados, marginados
y a veces criminalizados en todas las partes, que el índice de
desempleo de los transexuales durante la fase del cambio de sexo es
de un 60 a un 80 por 100, y que la transexualidad es un problema
psicológico y médico pero también de la sociedad, que no sabe hacer
frente a un cambio de los papeles sexuales específicos culturalmente
establecidos, es por lo que se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las
siguientes medidas:
1. Dictar disposiciones legales en el plazo más breve posible, sobre
el derecho de los transexuales a un cambio de sexo de carácter
endocrinológico, plásticoquirúrgico y estético, el procedimiento y la
prohibición de su discriminación, que debiera conceder las siguientes
posibilidades:
Diagnóstico diferencial, psiquiátrico y psicoterapéutico de la
transexualidad, en el sentido de ayuda al autodiagnóstico.
Período de consulta: seguimiento y apoyo psicoterapéutico,
información sobre lo que supone el cambio de sexo, reconocimientos
médicos.
Control diario de comportamiento de las hormonas, lo que significa
vivir de acuerdo con la nueva identidad sexual durante por lo menos
un año.
Operación quirúrgica practicada, tras ser autorizada por un equipo de
profesionales, integrado por un o una médico especialista, un o una
psicoterapeuta.
Reconocimiento jurídico del cambio de nombre, corrección de la
inscripción del sexo en la partida de nacimiento y en el documento
nacional de identidad.
Posterior asistencia psicoterapéutica y médica.
2. Emitir una circular a Instituciones Penitenciarias para que los
transexuales a los que no se les haya reconocido su cambio de sexo en
documento oficial acreditativo de su identidad sean ingresados, en
caso de condena por comisión de delitos, en la prisión que
corresponda según el sexo socialmente reconocido y por el que
desarrollan su vida.
3. Estudiar la posibilidad de que los costes de tratamiento
psicológico, endocrinológico, quirúrgico, plástico- quirúrgico y
estético de los transexuales corran a cargo de la Seguridad Social.
Conceder prestaciones sociales a los transexuales que,
inmerecidamente, hayan perdido su trabajo o vivienda por razón de su
adaptación sexual, así como:
- Crear consultorios para transexuales y que protejan financieramente
a las organizaciones de autoayuda.
- Desarrollar una campaña de información y formación sobre los
problemas y derechos de los transexuales, y en particular a la
policía, a los funcionarios de fronteras, a las centrales de
información, a la administración militar y a los centros de
detención.
- Preparar documentos de identidad donde conste, a petición del
interesado, la condición de transexual del titular durante el período
de adaptación sexual.
- Adoptar medidas para favorecer puestos de trabajo a los
transexuales.
- Incluir como causa de asilo la persecución por motivos de
transexualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 1999.-Inés
Sabanés Nadal, Diputada.- Presentación Urán González, Diputada.-Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
162/000340
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a los Convenios de cooperación
jurídica en materia penal sobre traslado y cumplimiento de condena.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno;
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento; disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a
los Convenios de cooperación jurídica en materia penal sobre traslado
Exposición de motivos
España ha suscitado con diversos Estados, tanto en el marco
multilateral y regional, como de forma bilateral, Convenios de
cooperación judicial que contienen normas relativas al traslado y
cumplimiento de condena, el carácter multiforme y diverso de estos
Convenios en cuanto a elementos esenciales de los mismos, la
indeterminación en cuanto a criterios, plazos, autoridades,
responsables, vías, etc., constituye un problema común a la mayoría
de éstos, lo que dificulta su aplicación y confiere a los Estados un
amplio margen de discrecionalidad. Si a ello se añade que tampoco es
frecuente que dichos Convenios contengan normas para la ejecución de
la sentencia, el resultado es que muchos de ellos resultan de difícil
aplicación y poco útiles para los que fueron concertados.
La existencia en este momento de un número no despreciable de
ciudadanos españoles que se encuentran detenidos, procesados o
condenados en el extranjero, a veces en condiciones realmente
gravosas, con riesgo incluso para su salud e integridad física o
mental, así como el hecho de que los españoles realicen por razones
de turismo, trabajo, estudios, etc., más de 20 millones de salidas
anuales del territorio español, incrementa las probabilidades de que
ciudadanos españoles puedan verse involucrados en situaciones que
afecten a su situación procesal y de libertad. También a la inversa
es un dato contrastable que aumenta el número de ciudadanos
extranjeros entre la población reclusa en España. Todo ello, parecen
razones suficientes que aconsejan dotarse de instrumentos ágiles y
efectivos que faciliten que la pena pueda cumplirse en el medio
social de origen, entendiéndolo como una medida idónea para conseguir
la reinserción del penado, fin último de la pena en nuestro sistema
jurídico.
En consecuencia, a fin de facilitar el traslado y cumplimiento de la
condena en España, cuando fuere el caso, se propone, como criterios
que deben guiar los contenidos de los tratados que España celebre
relativos a esta materia o que contengan disposiciones relativas a
las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar en
consideración y guiarse para la concertación de Tratados que se
ocupen del traslado y cumplimiento de condena por los siguientes
criterios, distinguiendo con claridad el trámite de solicitud del
trámite de ejecución:
I. Con carácter general y en cuanto a objetivos, principios y ámbito
personal:
1.o En cuanto a la exposición de motivos, los Tratados deberían de
introducir como criterios generales que orientan el objeto del mismo
el interés en la rehabilitación, el cumplimiento de la condena en el
país del medio social de origen, así como el máximo grado de
cooperación.
2.o En cuanto al ambiente personal, y atendiendo al criterio de
cumplimiento en el medio social, debería contemplarse que el
beneficio pueda alcanzar tanto a los nacionales respectivos como a
las personas con residencia permanente en el territorio de los
Estados contratantes, en aras de la rehabilitación y reinserción
social, fin último de la pena en nuestro sistema jurídico-
penitenciario. Igualmente, y con mayor razón, el Convenio debe ser
aplicado a los menores de edad nacionales o residentes de los Estados
respectivos, sujetos a la justicia de menores o su equivalente.
II. En cuanto al trámite de solicitud:
3.o En relación a la solicitud, debe establecerse que pueda ser
instada por cualquiera de los dos Estados implicados, ya sea previa
solicitud del procesado o condenado, de sus familiares más cercanos o
de su representante legal, ya sea sin ella, en cuyo caso se requerirá
el consentimiento del procesado o condenado. La solicitud que curse
el Estado será por escrito y se tramitará por vía diplomática.
Para iniciar los trámites de solicitud de traslado, no será necesario
que haya sentencia firme. La firmeza sólo se requerirá para la
ejecución del traslado, en caso de aceptación.
4.o En cuanto a la información, el Estado solicitante deberá
acompañar toda la información que resulte necesaria para adoptar la
decisión sobre el traslado. En caso de ser el Estado de condena,
deberá acreditar documentalmente, por lo menos, las disposiciones
legales aplicadas y documento en el que conste el consentimiento del
procesado o condenado. En caso de que sea el Estado del cumplimiento,
deberá de acompañar, por lo menos, documento que acredite el vínculo
del Estado con el procesado o condenado así como también acreditación
de las disposiciones legales de las que resulte una tipificación
equivalente del delito y documento en que conste el consentimiento
del condenado o procesado.
5.o En cuanto a la aceptación de la solicitud, se requerirá sólo del
Estado solicitado ya que cuando al
requirente, se entiende implícita en la propia acción de instar el
traslado. Para la denegación, deberán establecerse expresamente los
motivos que den lugar a la misma, acotando así los elementos de
discrecionalidad. Entre dichos motivos deberían figurar, entre otros,
respecto a la tipificación, que no exista un delito equivalente,
cuando el tiempo de la condena sea inferior a seis meses, cuando no
se acredite el vínculo de nacionalidad o residencia del procesado o
condenado con el Estado de condena y cuando no se acredite el
consentimiento del procesado o condenado. La decisión sobre la
solicitud deberá ser adoptada en el plazo máximo de seis meses y, en
caso de que la decisión sea denegatoria, será siempre motivada.
6.o El procesado o condenado deberá ser informado por escrito por las
autoridades diplomáticas o consulares del Estado de su nacionalidad o
residencia permanente de la existencia del Convenio que ampara el
traslado, así como de los trámites a seguir, en el momento en que
éstas tengan conocimiento del procesamiento. El Estado de la condena
deberá informar en todo caso al condenado de la existencia del
Convenio en la sentencia.
7.o Respecto al procesado o condenado, se incluirá también en los
Convenios que puede presentar su solicitud de traslado tanto ante el
Estado trasladante como ante el Estado receptor, sin que pueda ser
requerido de adoptar documentación alguna junto a su petición. El
Estado ante el cual se presenta la solicitud debe instar la
solicitud. El procesado o condenado deberá ser informado por sus
autoridades diplomáticas o consulares, y por escrito, tanto de las
gestiones realizadas como de las decisiones adoptadas por cualquiera
de los dos Estados.
8.o En cuanto al consentimiento del procesado o condenado, será
siempre preceptivo, siendo expresado por su represente legal en caso
de incapacidad legal o material. Dicho consentimiento será válido, en
cuanto a la forma, tanto si es conforme a la Ley del Estado de
condena como a la Ley del Estado de cumplimiento o la personal del
procesado o condenado.
9.o En cuanto a la autoridad competente para instar y resolver las
solicitudes, cada Estado deberá designar en el propio Convenio una
Autoridad Central responsable, estableciendo además que la
comunicación entre ellas será directa y, por tanto, sin necesidad de
proceder a la legalización de los documentos que se requieran.
III. Ejecución del traslado:
10.o Debe resultar del propio Convenio que es de aplicación directa
también a la ejecución del traslado y de la condena, asegurando la
continuidad del cumplimiento. La firmeza de la sentencia sólo se
exigirá en el momento de ejecutar el traslado. El Estado de condena
acreditará el tiempo de pena o medida de seguridad impuesta, el
tiempo de pena ya cumplido y acompañará los informes sanitarios,
sociales o cualesquiera otros, útiles a los fines del cumplimiento de
la pena.
11.o En cuanto al cumplimiento de la pena, el régimen penitenciario,
incluidos los grados de libertad condicional, se regirá por el
Derecho del Estado de cumplimiento. Los órganos jurisdiccionales del
Estado de
cumplimiento determinarán el período máximo de privación de libertad
previsto en su legislación, en caso de que la legislación del Estado
de cumplimiento prevea para el mismo hecho un tiempo de privación de
libertad inferior al señalado en la sentencia. Tanto el Estado de
condena como el Estado de cumplimiento podrán conceder el indulto y
la amnistía.
12.o Debería asimismo incluirse una cláusula que permitiera la
aplicación retroactiva del Convenio a situaciones nacidas con
anterioridad a su entrada en vigor.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 1999.-Jordi
Pedret i Grenzner, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001318
La Comisión de Asuntos Exteriores, en su sesión del día 10 de febrero
de 1999, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de
Ley relativa a la ratificación del Estatuto de la Corte Penal
Internacional (núm. expte. 161/001318), presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 368, de 19 de enero de
1999, en los siguientes términos:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando los mecanismos de ratificación ya puestos en
marcha, para poder proceder a la ratificación del Estatuto del
Tribunal Penal Internacional cuanto antes y al depósito del
instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas y del texto
declarativo correspondiente.
2. Elaborar y remitir a las Cortes Generales, en el plazo más breve
posible, la legislación que pudiera ser necesaria, tanto de carácter
procesal como sustantivo, para el efectivo cumplimiento del Estatuto
del Tribunal Penal Internacional, recogiendo en su vertiente procesal
la experiencia en la cooperación con los Tribunales Penales
Internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda.
3. Seguir, una vez ratificado el Estatuto, la política española
favorable a que el Tribunal pueda ejercer sin limitaciones las
funciones jurisdiccionales que le atribuye el Estatuto de Roma.»
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyo
texto, asimismo, se inserta.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo del artículo 110 del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, relativa a la ratificación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional (núm. expte 161/001318).
Enmienda de sustitución
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A adoptar las medidas oportunas para proceder a la tramitación
ante las Cortes Generales del Estatuto del Tribunal Penal
Internacional y depositar ante Naciones Unidas el correspondiente
instrumento de ratificación por el Reino de España de dicho Estatuto.
2. A impulsar el desarrollo y la ejecución de los trabajos pendientes
relativos a la elaboración y aprobación de las reglas de
procedimiento y medios de prueba del Tribunal y, con el fin de que
dicho Tribunal adquiera la incuestionable autoridad e independencia,
competencia y amplia jurisdicción que requiere su establecimiento,
promover cuantas acciones sean necesarias, tanto bilateral como
multilateralmente, para conseguir que los Estados que forman parte de
Naciones Unidas se sumen a la firma y ratificación de dicho Estatuto,
en el plazo previsto.»
Palacio del Congreso, de los Diputados 9 de febrero de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, relativa a la ratificación del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
Madrid, 9 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda de modificación
El texto quedará redactado de la siguiente forma:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando los mecanismos de ratificación ya puestos en
marcha para poder proceder a la ratificación del Estatuto de la Corte
Penal Internacional cuanto antes.
2. Elaborar y remitir a las Cortes Generales, en el plazo más breve
posible, la legislación que pudiera ser
necesaria, tanto de carácter procesal como sustantivo, para el
efectivo cumplimiento del Estatuto de la Corte Penal Internacional,
recogiendo en su vertiente procesal la experiencia en la cooperación
con los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia
y para Ruanda.
3. Seguir, una vez ratificado el Estatuto, la política española
favorable a que la Corte pueda ejercer sin limitaciones las funciones
jurisdiccionales que le atribuye el Estatuto de Roma.»
Justificación
Mejora técnica.
161/001386
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre Gibraltar.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre Gibraltar, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados se ha
manifestado varias veces sobre el tema de Gibraltar, manteniendo
siempre el apoyo a los Gobiernos españoles en su reivindicación para
recuperar
la soberanía sobre el territorio. Los últimos y desgraciados
acontecimientos, que han tenido origen en notorios incumplimientos
por parte de las autoridades británicas de sus obligaciones cara a la
colonia y de las derivadas de los acuerdos con España, han puesto de
relieve la necesidad de reforzar la firmeza y la determinación del
Congreso de los Diputados en este importante tema. Y es por ello que
se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados reitera los puntos de la Proposición no
de Ley aprobada en esta Comisión el 24 de febrero de 1998, que insta
al Gobierno a:
- Reiterar que España no reconoce al Reino Unido más soberanías sobre
Gibraltar que la que se deriva del artículo X del Tratado de Utrecht
y que la ocupación del istmo es ilegal y contra el Derecho
Internacional.
- Continuar el diálogo con el Reino Unido, dentro del marco de la
Declaración de Bruselas, para resolver el problema de Gibraltar.
- Recordar que el único interlocutor válido en las negociaciones
sobre Gibraltar es el Reino Unido y manifestar, sin embargo, su
voluntad de aceptar la participación de los habitantes de Gibraltar
como parte de la delegación británica.
- Impulsar el tema de Gibraltar en el seno de las Naciones Unidas,
especialmente dentro del Comité de los 24.
- Reiterar el rechazo a cualquier modificación del «status» actual de
Gibraltar contraria a lo estipulado en el Tratado de Utrecht, a las
resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el tema y a la
Declaración de Bruselas.
- Continuar proponiendo para Gibraltar un Estatuto similar en el
grado de autonomía política y administrativa al de las Comunidades
Autónomas españolas que protegía su singularidad lingüística y
cultural dentro de España.
- Reafirmar las ofertas a Gran Bretaña de un período en el que la
soberanía pudiese ser ejercida conjuntamente por ambos países antes
del retorno definitivo de Gibraltar a España.
- Reclamar ante la Unión Europea y en el marco bilateral la estricta
aplicación a Gibraltar, por parte del Reino Unido, de las Directivas
comunitarias relativas a vertidos, así como de la normativa
comunitaria en materia monetaria y financiera, recordando que la
condición de paraíso fiscal nunca podrá ser compatible con la Europa
de la libre circulación.
- Garantizar la libertad y seguridad de los pescadores españoles que
faenan en la zona del estrecho frente a apresamientos ilícitos.
- Continuar las acciones dirigidas a la aplicación de los acuerdos
sobre uso conjunto del aeropuerto.
- Reclamar la protección y garantía de los derechos sociales y
laborables de todos los ciudadanos del Campo de Gibraltar que
trabajan en la Colonia.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Exigir del Reino Unido el cumplimiento de sus obligaciones como
responsables de las relaciones exteriores de Gibraltar en lo que se
refiere a la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, el
blanqueo de dinero y la evasión fiscal, fenómenos peligrosamente
generalizados en Gibraltar durante los últimos años, y, en
particular, el cumplimiento de las numerosas Directivas comunitarias
que, ante la naturaleza obligatoria, no se están aplicando en el
territorio de Gibraltar.
2. Exigir al Reino Unido que no se obstaculicen las actividades de
nuestros pescadores de La Línea y de Algeciras en sus caladeros
tradicionales en las aguas próximas a Gibraltar. Reiterar al Reino
Unido que los únicos acuerdos válidos internacionalmente son los
alcanzados entre los Gobiernos de España y el Reino Unido.
3. Reiterar su protesta ante las autoridades británicas por el
apresamiento ilegal del «Piraña» por patrulleras gibraltareñas e
insistir en la libertad sin condiciones de sus 14 tripulantes.
4. Mantener con firmeza y sin desmayo la defensa de los intereses
españoles hasta conseguir la reintegración a nuestra soberanía del
Peñón de Gibraltar.»
Madrid, 3 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Cultura
161/001344
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Modificación del texto de la Proposición no de Ley relativa a la
firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Málaga, Junta de
Andalucía y el Consejo Superior de Deportes, con el fin de proceder a
la construcción en la ciudad de Málaga de un Estadio Olímpico
ecológicamente homologado.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la
iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de
Educación y Cultura, al Gobierno y al Grupo autor de la iniciativa y
publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito se modifica el texto de la Proposición
no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y Cultura con
número de registro 71038 de 9 de enero de 1999.
Donde dice:
«2. Supervisión del Proyecto por parte de Greenpeace...»
Debe decir:
«2. Supervisión del Proyecto por parte de Ecologistas en Acción y de
Greenpeace, con la participación de estas Asociaciones Ecologistas en
el diseño.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001379
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que realice
las gestiones ante el Estado del Vaticano a los efectos de que se
cumplimente la resolución del Parlamento de Andalucía para que sean
devueltos los llamados «libros plúmbeos del Sacromonte» a la ciudad
de Granada.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Educación y Cultura.
Exposición de motivos
En el último tercio del siglo XVI en Granada seguía vigente la
división entre cristianos viejos y cristianos nuevos, es decir, entre
moriscos y no moriscos, y ya se vislumbraba la «solución final» a la
castellana que a principios del siglo XVII se pondría en marcha en
todos los reinos unificados por los Reyes Católicos.
Ello, unido a que en la recientemente «reconquistada» Granada había
una verdadera necesidad de justificar la llamada reconquista con una
inexistente tradición cristiana, hizo que, muy posiblemente, un grupo
de moriscos cultos granadinos (con la nobilísima causa de conseguir
la libertad) utilizasen la imaginación en su lucha contra la
intolerancia del nuevo Estado, basado en la uniformización de la
lengua, la religión y las costumbres.
Desde 1588, y en un ensayo general, que dio muy buen resultado,
«aparecen» entre los escombros de la llamada Torre Vieja de la
mezquita mayor nazarí una caja de plomo con varios objetos y un
pergamino escrito en árabe, castellano y latín, que suministraba las
primeras noticias concretas acerca de San Cecilio.
Tras el éxito obtenido y desde 1595 «aparecieron» veintidós libros
plúmbeos que son, según el doctor Miguel José Hagerty, «el último
testimonio escrito en la lengua árabe de la civilización andalusí ya
en su penosa fase final: la morisca».
En 1631, estos documentos fueron trasladados a Madrid y desde allí a
Roma, para su estudio. Allí siguen estos documentos granadinos que
son parte de nuestra historia.
Habiéndose presentado por el Parlamentario granadino de Izquierda
Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULVCA) Francisco Ríos
una Proposición no de Ley sobre este tema, con el mismo texto hasta
ahora reflejado en la presente exposición de motivos, el Parlamento
de Andalucía aprobó por unanimidad la siguiente resolución: «El
Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a iniciar las
gestiones necesarias con el Ministerio de Educación y Cultura y con
el Estado Vaticano para la recuperación de los llamados 'Libros
plúmbeos del Sacromonte' granadino».
Con motivo de la difusión de esta iniciativa, el arzobispo de
Granada, monseñor Antonio Cañizares, ha
manifestado que al parecer el Nuncio de Su Santidad Monseñor Lagos
Kada se halla en buena disposición para facilitar el que El Vaticano
acceda a la petición del Parlamento de Andalucía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
A que realice las gestiones ante el Estado del Vaticano a los efectos
de que se cumplimente la resolución del Parlamento de Andalucía para
que sean devueltos los llamados 'libros plúmbeos del Sacromonte' a la
ciudad de Granada».
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1999.-Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001375
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el desarrollo de los estudios precisos
para la elaboración de un marco jurídico nacional adecuado para la
ampliación al sector de la pesca de los sistemas de garantía que, a
través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ofrecen cobertura
ante los riesgos ocasionados por causas naturales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes. del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca:
Exposición de motivos
En aplicación de la Ley 87/1978, de Seguros Agrarios Combinados, se
ha desarrollado en nuestro país un sistema de garantías para el
sector agrario, que permite a los agricultores y ganaderos asegurar
sus producciones contra los principales riesgos que pueden afectar a
la estabilidad de sus rentas. Pero, a pesar del importante esfuerzo
realizado durante la presente legislatura y que ha posibilitado
extender la protección a la totalidad de las producciones agrícolas,
existen todavía importantes sectores, como el de las producciones
forestales y el de la pesca, que no pueden acceder a dicha
protección.
A este respecto, está previsto incorporar el sector forestal al
sistema de garantías en próximos ejercicios, tal y como se recoge en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Gobierno de la
Nación por Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de noviembre de
1998, en el que se establece que por parte de la Entidad Estatal de
Seguros Agrarios se desarrollarán los estudios que resulten
necesarios para proceder a dicha incorporación. Por otro lado, ya se
ha producido la incorporación de la acuicultura al mencionado Plan,
por lo que, en la actualidad, pueden asegurarse las producciones
cultivadas en centros de producción acuícola de trucha, dorada,
lubina, rodaballo y mejillón.
El sector pesquero se encuentra expuesto, como todas aquellas
actividades productivas desarrolladas a la intemperie, a las
consecuencias negativas de los diversos factores de la naturaleza.
Esta situación genera una importante incertidumbre en los
profesionales de la pesca, al depender muy directamente la cuantía de
su renta de condiciones ambientales no controlables.
Sin embargo la citada Ley 87/1978 no contempla en su ámbito de
aplicación el sector pesquero, razón por la cual la pesca extractiva,
a diferencia de las restantes actividades productivas relacionadas
con el medio agrario, constituye el único sector no incluido, hasta
el presente, en las previsiones de desarrollo de los seguros
agrarios. Con objeto de establecer un marco de igualdad entre los
distintos sectores en la aplicación de la política de seguros
agrarios que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se hace necesario adoptar las medidas precisas que
permitan el establecimiento de un sistema de garantías específico
para la pesca. Dadas las especiales características del sector, muy
diferentes a las de los restantes sectores, es necesario proceder a
un estudio detallado, tanto de las condiciones que serían de
aplicación a este sistema de garantías como de las modificaciones
necesarias a introducir en el actual marco normativo para su
implantación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presente la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de manera
urgente desarrolle los estudios precisos para la elaboración de un
marco jurídico nacional adecuado para la ampliación al sector de la
pesca de los sistemas de garantías que, a través de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, ofrecen cobertura ante los riesgos
ocasionados por causas naturales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001376
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un nuevo marco jurídico
nacional de protección de los obtentores de variedades vegetales que
contemple las reformas introducidas por los Convenios internacionales
y la Unión Europea y permita una mejora del funcionamiento de los
órganos administrativos que intervienen en el ejercicio de estas
funciones, contemplando el mayor índice posible de participación
representativa de los agentes económicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca:
Exposición de motivos
España se encuentra inmersa en un proceso de modernización, cuyos
primeros frutos se han visto con su incorporación al euro, que obliga
a nuestros diferentes sectores a un esfuerzo suplementario si
queremos seguir manteniendo esta posición privilegiada dentro de
nuestro entorno.
En esa línea es fundamental que la actividad económica se impulse con
el objetivo de incrementar la competitividad de nuestros productos
como consecuencia del aumento en las productividades de las
explotaciones que, necesariamente, ha de pasar por la implantación y
uso de nuevas tecnologías, la movilización de más abundantes recursos
del sector privado, la formación continuada de nuestros productores,
etc.
De acuerdo con este marco, se hace necesario que, por parte del
Gobierno de la Nación, se pongan en marcha todos aquellos mecanismos
necesarios para que el sector privado pueda dinamizar su acción,
eliminando trabas innecesarias y, fundamentalmente, adecuando las
estructuras a la normativa vigente para conseguir la equiparación con
el resto de los países de nuestro entorno así como la flexibilidad
necesaria en nuestras relaciones, tanto internas como externas, que
permitan ese objetivo fundamental de permanencia a la cabeza de la
Europa unida.
La existencia de un sistema de protección del derecho de los
obtentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo en la
economía nacional en general y en el sector agrícola en particular,
que se concreta en el estímulo de la investigación, y el consecuente
incremento de los recursos privados destinados a esta actividad, lo
que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas
tecnologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en
definitiva, provocará un aumento de la competitividad de nuestros
productos y de la renta de los agricultores, es decir, se encuentra
dentro de los objetivos que se han expuesto anteriormente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de manera
urgente desarrolle un nuevo marco jurídico nacional de protección de
los obtentores de variedades vegetales, que contemple las reformas
introducidas por los Convenios internacionales y la Unión Europea y
permita una mejora del funcionamiento de los órganos administrativos
que intervienen en el ejercicio de estas funciones, contemplando el
mayor índice posible de participación representativa de los agentes
económicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-Luis de
Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/001385
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas para dotar de forma inmediata las
inversiones forestales contempladas en el Plan de Intensificación de
Protección de la Cubierta Vegetal, así como clarificar el cauce y los
criterios necesarios para la obtención de ayudas europeas para
proyectos forestales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente proposición no de Ley, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exposición de motivos
Desde hace unos meses, los municipios, sindicatos y asociaciones
ecologistas organizados en la Mesa Forestal Andaluza, vienen
reivindicando el cumplimiento del Plan de Intensificación del
Programa de Protección de la Cubierta Forestal; es decir, vienen
denunciando la falta de alrededor de 22.000 millones de pesetas de
inversión forestal, lo cual afecta a 386 municipios andaluces y a
casi 100.000 familias de las zonas rurales de Andalucía, lo que
supone casi 2.000.000 de jornales perdidos o a punto de perderse para
los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social.
La preocupación por el incumplimiento se fundamenta en motivos de
índole tanto laboral, como social y ambiental. Así, incide
negativamente, de modo gravísimo, en la generación de trabajo que
permita unas condiciones
de vida dignas a un elevado porcentaje de la población
andaluza. Igualmente, atenta contra el desarrollo económico de los
municipios de Andalucía en los que la inversión forestal es
fundamental para el mantenimiento de otras actividades productivas,
por cuanto aquélla resulta esencial para el mantenimiento de los
recursos hídricos y la conservación de los suelos, entre otros.
Además, la falta de inversiones forestales en tratamientos
selvícolas, unido a las favorables condiciones meteorológicas de los
últimos años, aumentan exponencialmente los riesgos de incendios
forestales, con las consecuencias, tanto económicas como ambientales,
que éstos llevan aparejadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias encaminadas a :
1. Dotar de forma inmediata las inversiones forestales contempladas
en el Plan de Intensificación de Protección de la Cubierta Vegetal.
2. Clarificar el cauce y los criterios necesarios para la obtención
de ayudas europeas para proyectos forestales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.-Presentación Urán González, Diputada.-
Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001378
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre cesión por la Tesorería General de la
Seguridad Social del uso del inmueble situado en la placeta de la
Cruz a favor del Ayuntamiento de Berja (Almería).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIALDE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre cesión
de uso de edificio en Berja por parte de Tesorería General de la
Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Política Social y
Empleo.
Exposición de motivos
El Pleno del Ayuntamiento de Berja solicitó, el 21 de diciembre de
1992, por unanimidad, ante la necesidad de establecer una Escuela
Taller, la cesión gratuita del uso del edificio situado en la placeta
de la Cruz de propiedad del Estado (INSS). Al encontrarse dicho
edificio en ese momento desocupado, comprometiendo el Ayuntamiento
a afrontar la rehabilitación del mismo.
El 4 de mayo de 1993, el antiguo Instituto Nacional de la Seguridad
Social informa favorablemente la cesión de uso de la parte del
inmueble no utilizada por el Instituto a favor del Ayuntamiento de
Berja, pero que la solicitud debía ser presentada ante la Tesorería
General de la Seguridad Social, por ser ésta la titular del inmueble.
El ilustrísimo Ayuntamiento de Berja cumple todos los trámites
pedidos para tal fin. Así, la Tesorería General de la Seguridad
Social, para ceder el uso del inmueble, solicita a la Junta de
Andalucía «retrocesión» del derecho al uso de la planta baja del
edificio.
La Junta de Andalucía, en acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25
de junio de 1996, acuerda la retrocesión del uso del citado inmueble.
Una vez que el inmueble se queda sin gravamen de uso alguno, se niega
por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la cesión del
uso. Y en fecha 30 de septiembre de 1998, se recibe una «oferta» de
44 millones de pesetas a cambio del inmueble.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que a través de
la Tesorería General de la Seguridad Social se dicte la resolución
que permita la cesión del uso del inmueble situado en la placeta de
la Cruz a favor del Ilustrísimo Ayuntamiento de Berja, a la mayor
brevedad posible».
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1999.-María
Isabel Salinas García, Diputada. María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001382
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre creación de una red pública de
telecentros de servicios telemáticos compartidos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre
creación de una red pública de telecentros de servicios telemáticos
compartidos, para su debate en la Comisión de Política Social y
Empleo.
Estamos asistiendo a la transformación de una economía industrial
hacia una economía de la información y la comunicación.
Las redes telemáticas han abierto la posibilidad de un trabajo
productivo a distancia que tiene un valor en el mercado y en la
sociedad.
Por otra parte, en un reciente informe elaborado por la Comisión
Europea sobre teletrabajo, se pone de manifiesto que en Europa hay
una falta de infraestructuras, plenamente desarrolladas en
tecnologías adecuadas, para la explotación de la información, y para
dotar de facilidades para la captación de teletrabajo. Entre ellas se
encuentra la práctica inexistencia de telecentros públicos de
servicios telemáticos compartidos.
El objetivo de estos telecentros no es el desarrollo de nuevas
tecnologías, sino el uso e integración de las que ya existen,
fomentando e impulsando las economías locales, promoviendo la
creación de nuevos empleos a través del teletrabajo, ofreciendo
formación en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación a teletrabajadores autónomos y al resto de sus
habitantes.
El teletrabajo puede convertirse, así, en una herramienta útil para
estimular el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo, donde
los telecentros se pueden ver como «incubadoras» de nuevas
oportunidades de trabajo.
El concepto de teletrabajo se utiliza para designar todas aquellas
clases de interacciones electrónicas dentro del ámbito laboral que se
realizan mediante los sistemas de telecomunicaciones.
Existe un buen número de actividades que pueden desarrollarse a
través del teletrabajo, tales como contactos de la empresa con sus
agentes con clientes, proveedores, trabajos de secretaría, asesoría
jurídica, contabilidad, traducción, mecanografía, consultoría
especializada, arquitectura, ingeniería, edición, enseñanza,
promociones y venta de productos telefónicos y otros, marketing,
estudios de mercado, vigilancia de bosques y medio ambiente,
realización de trámites, seguimiento de valores bursátiles, diseño
gráfico, investigación científica, etc., son sólo algunas de las
posibilidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las
acciones necesarias para la creación de una red pública de
telecentros de servicios telemáticos compartidos, en coordinación con
las distintas Comunidades Autónomas, que tenga por finalidad poner al
alcance de la población las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y abrir posibilidades para el teletrabajo. Dicha red
pública de telecentros se ajustará a los siguientes criterios
básicos:
1. La utilización de los recursos telemáticos por parte del público
en general, tanto si son trabajadores de empresas privadas, autónomos
o simplemente usuarios de internet, deberá ser a muy bajo coste o
gratis, según los casos. Esto deberá ser así al considerar estos
servicios como de utilidad pública, y por perseguir como objetivos el
acercar la telemática a la sociedad, facilitando a la gente que no
disponga de estos recursos en su hogar o empresa las herramientas
necesarias para poder utilizarlas a modo de 'cibertecas', además de
abrir vías al teletrabajo.
2. Los telecentros de servicios telemáticos compartidos dispondrán
del equipamiento informático y de telecomunicaciones suficiente como
pasa ser empleado tanto por teletrabajadores de una empresa privada
como por profesionales independientes, pequeñas empresas o público en
general.
3. La red pública de telecentros cubrirá al menos aquellos municipios
en el que al menos haya 25.000 habitantes asimismo, atenderá de forma
prioritaria aquellas zonas deprimidas o en reconversión y rurales.
4. En los telecentros se orientará de manera general en la creación
de nuevas oportunidades de empleo en este sector a todos los
trabajadores en paro y, en particular, a jóvenes licenciados,
profesionales, mujeres y discapacitados. Para ello dispondrán de un
aula formativa donde
se impartirán cursos de familiarización con el entorno telemático,
así como de un servicio de tutoría a distancia.
5. Para la gestión de los telecentros, es decir, para la supervisión
y coordinación de los mismos, se establecerán acuerdos entre las
distintas Administraciones y la sociedad a través de Instituciones,
Universidades, Fundaciones, Sindicatos, Empresas, Asociaciones y
ONGs.
6. Para su financiación se dedicarán anualmente los fondos
presupuestarios necesarios que permitan su desarrollo y extensión.
Asimismo, se aprovecharán y habilitarán edificios públicos de las
distintas Administraciones para ubicar a los distintos telecentros
que comprendan esta red pública.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1999.-Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Infraestructuras
161/001377
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al acondicionamiento y reforma de la
autovía Vigo-Porriño, con independencia de las decisiones que se
puedan tomar sobre la construcción de una nueva autovía.
Acuerdo:
Entendiendo que es el Congreso de los Diputados el que insta al
Gobierno y considerando que solicita el debate de la iniciativa en
Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la
Comisión de Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en la Comisión de Infraestructuras.
Exposición de motivos
En la autovía de Vigo-Porriño, N-120, en los seis años que lleva en
funcionamiento ha habido un total de 578 accidentes, de tal modo que
ya se ha constituido, lamentablemente, en uno de los puntos negros
del tráfico por carretera en España. En este período ha habido que
lamentar 33 muertos. Cada tres días, en promedio, tiene lugar un
accidente, y cada semana un accidente con víctimas. Esta es una
situación que de ningún modo se puede mantener.
La intensidad del tráfico, en torno a los 30.000 vehículos diarios,
la sitúa como la autovía de más tráfico de Galicia. No podía ser de
otra forma ya que une la gran ciudad de Vigo con el núcleo industrial
de Porriño, con una enorme interrelación económica que, por otra
parte, va a seguir experimentando un elevadísimo ritmo de
crecimiento.
En estas condiciones se puede prever que los accidentes no sólo van a
continuar, sino que, lamentablemente, aumentarán, ya que al
elevadísimo volumen de tráfico y el deficiente trazado hay que
sumarle que ya es una autovía congestionada.
Es una opinión generalizada la necesidad de una reforma inmediata del
trazado de esta autovía en los cuatro puntos más conflictivos, con
independencia de la construcción de una nueva alternativa.
Resulta sorprendente la manifestación hecha pública por el Jefe de
Demarcación de Carreteras del Estado, negando la realización de
dichas reformas que, por otra parte, fueron consideradas
imprescindibles por el Director de Tráfico de la zona del norte-
noroeste.
La citada reforma es técnicamente posible y significaría, además de
la disminución del número de accidentes, un aumento de la velocidad
media y, por tanto, una más fácil interrelación entre Vigo y Porriño.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a:
Acometer de forma inmediata el acondicionamiento y reforma de la
autovía Vigo-Porriño, con independencia de las decisiones que se
puedan tomar sobre la construcción de una nueva autovía.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 1999.-Carmen
Silva Rego, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz.-
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Medio Ambiente
161/000800
La Comisión de Medio Ambiente, en su sesión del día 28 de octubre de
1998, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley
relativa al impacto ambiental derivado de la intensa extracción y
explotación de la pizarra en las Comarcas de Valdeorras, El Bierzo y
el Val de Quiroga, de las provincias de Ourense, León y Lugo,
respectivamente (núm. expte. 161/800), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 235, de 27 de enero de 1998.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001380
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la creación,
en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de una
Comisión Técnica para la realización de un diagnóstico sobre la
situación ambiental y sanitaria del entorno de la ría de Huelva, a
elaborar un plan de recuperación integral de la misma y a poner en
marcha en la ciudad de Huelva un centro de I+D sobre contaminación
industrial y procesos de corrección.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Medio Ambiente.
La producción de superácido fosfórico en la provincia de Huelva es
una actividad industrial que se viene realizando desde hace varias
décadas por las empresas Fertiberia, S. L. y FM Foret, S. A. y que ha
dado lugar a la acumulación en las marismas del río Tinto de más de
80 millones de toneladas de residuo denominado fosfoyeso, en terrenos
situados a poco más de 500 metros de las barriadas onubenses de Pérez
Cubillas y Los Rosales.
En diciembre de 1995, la Consejería de Medio Ambiente otorga
autorización al «Proyecto de Reordenación de Vertidos de Yesos en las
Marismas del Rincón (Huelva)» que contempla el apilamiento de un
volumen de más de 40 millones de metros cúbicos de fosfoyesos con una
densidad media de 1,35 toneladas/metro cúbico, suponiendo un peso
aproximado de 55 millones de toneladas.
El pasado día 31 de diciembre se produjo la rotura de una de las
balsas reordenadas, teniendo como consecuencia el vertido al río
Tinto, según cifras oficiales, de aproximadamente 50.000 metros
cúbicos de aguas ácidas. Este lamentable episodio ha traído consigo
la liberación al río Tinto de considerables cantidades de metales
pesados, fluoruros, fosfatos y arsénico, así como un posible
incremento de la radiactividad en la ría, según declaraciones de la
Coordinadora del Proyecto Europeo TOROS (Estudio Oceánico de los Ríos
Tinto y Odiel). Esta liberación de sustancias contaminantes al medio
ha podido además suponer repercusiones en zonas aledañas y en el
medio natural fluvial y marino, así como en la salud de las personas
en cuanto a la incorporación de estas sustancias a la cadena trófica.
No obstante, este episodio sólo puede ser considerado como uno más de
la problemática ambiental global del entorno de Huelva, centrada en
la contaminación atmosférica y en una ría y unas marismas que
acumulan cientos de millones de toneladas de sustancias peligrosas
procedentes de la actividad de las industrias del polo y de la cuenca
pirítica, en gran parte a causa de la nefasta o nula gestión
ambiental realizada en la actividad industrial y minera.
Así, el entorno de Huelva constituye, según publicaciones de la
Consejería de Medio Ambiente, uno de los mayores desastres ecológicos
a nivel mundial. En este contexto, el proyecto de reordenación del
vertido de fosfoyesos no se muestra como una solución que respete el
equilibrio medioambiental, ni que vaya a contribuir de manera
significativa a paliar las negativas consecuencias de la actividad
industrial.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear en el seno del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) una Comisión Técnica para
la realización de un diagnóstico sobre la situación ambiental y
sanitaria del entorno de la ría de Huelva, que trate, al menos, los
siguientes aspectos:
a) Estudio geológico de la situación actual de las Marismas del
Rincón y Mendaña en Huelva, en el que se especifique la incidencia
que tiene el vertido de fosfoyesos en su configuración natural.
b) Consecuencias en el medio natural en general, y específicamente en
el río Tinto y su fauna, de la rotura del embalse de decantación el
pasado 31 de diciembre.
c) Consecuencias medioambientales en el entorno de la ría de Huelva
de la contaminación acumulada durante décadas a causa de los vertidos
industriales y el arrastre de contaminantes desde la cuenta pirítica.
d) Repercusión, en su caso, en la salud de las personas por la
incorporación de las sustancias liberadas a la cadena trófica, tanto
por vertido producido desde este embalse de decantación, como por los
vertidos, incluidos los atmosféricos, que históricamente se han
venido produciendo.
e) Informe sobre el estado de ejecución del 'Proyecto de Reordenación
del Vertido de Yesos a las Marismas del Rincón (Huelva)' y sobre la
adecuación de las obras y vertidos realizados con el citado Proyecto.
2. Iniciar los contactos necesarios con la Unión Europea, al objeto
de elaborar y poner en marcha un Plan de Recuperación Integral de la
Ría de Huelva y su Entorno, que contemple al menos los siguientes
programas:
a) Programa de estudio y diagnóstico de la situación ambiental y
sanitaria de la ría de Huelva y su entorno, con la participación del
CSIC y la Universidad de Huelva.
b) Programa de recuperación medioambiental integral de la ría de
Huelva, con, al menos, los siguientes subprogramas:
- Subprograma de control y restauración ambiental de las áreas
mineras situadas en la Cuenca Hidrográfica del Tinto y del Odiel.
- Subprograma de investigación y desarrollo (I+D) de nuevas
tecnologías productivas y para una gestión óptima de los residuos
generados por el Complejo Químico de Huelva.
- Subprograma para la reducción al máximo posible de los riegos e
impactos de las balsas de fosfoyesos y para su recuperación para la
ciudad de Huelva.
- Subprograma de restauración ambiental de la ría de Huelva.
- Subprograma para la recuperación integral de los terrenos ocupados
por el Polo Químico.
c) Programa de desarrollo y uso socioeconómico.
3. Adoptar las medidas necesarias para, en el marco del Plan Nacional
de I+D (Investigación y Desarrollo), poner en marcha en la ciudad de
Huelva un Centro de I+D sobre contaminación industrial y procesos de
corrección, el cual deberá tener como uno de sus objetivos prio
ritarios
la investigación de mejores alternativas para la gestión de los
residuos procedentes de la industria fosfórica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 1999.-María
Jesús Aramburu del Río, Diputada.- Felipe Alcaraz Masats, Portavoz
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001381
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el respeto ambiental en la ejecución de
obras públicas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
respeto ambiental en la ejecución de obras públicas, para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente.
Motivación
La obras de construcción de la autovía del Llobregat y de la
denominada «pata sur», prolongación de los cinturones de Barcelona
hasta el aeropuerto, son de gran importancia y prioridad, pero no
pueden ser la excusa para justificar actuaciones por parte de las
empresas constructoras que representan en la práctica graves
atentados al medio natural e incumplimiento de la normativa vigente.
Las empresas constructoras de estas obras, agrupadas en una UTE
(unión temporal de empresas), han efectuado grandes extracciones
ilegales de áridos en el cauce del
río Llobregat, unas obras que lleva a cabo el Ministerio de Fomento y
que supone debería velar por el cumplimiento de todas las normativas,
en especial las que atañen al medio ambiente.
Esta situación ha provocado grandes vaciados que posteriormente se
han rellenado con material de desecho. Los antecedentes de estas
prácticas se han demostrado funestos, ya que en esas zonas de
vaciado, «ilegales», se han filtrado contaminantes que perjudican de
manera grave el acuífero del río Llobregat, que ha tardado muchos
años en recuperarse de actuaciones anteriores.
Existen estudios que evalúan esa actuación ilegal en 22.000 millones
de pesetas en valor del mercado de áridos, con el consiguiente
beneficio ilegal por parte de las empresas.
Si la administración autonómica ha sido laxa y condescendiente con
las empresas en la aplicación de la normativa, razón por la que el
Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya ha realizado una
iniciativa similar a ésta, el Gobierno, responsable subsidiario de la
actuación de esas empresas, por tratarse de una obra que realiza el
Ministerio de Fomento, no puede ignorar lo que está ocurriendo. No
puede permitir ese atentado al medio ambiente que bajo su
responsabilidad subsidiaria se está perpetrando.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir un expediente informativo y sancionador por la extracción de
áridos, efectuada de manera ilegal en el cauce del río Llobregat, a
las empresas que realizan, por encargo del Ministerio de Fomento, las
obras de la autovía del Llobregat y la 'Pata Sur', y que se exija a
las empresas la compensación económica proporcional a los daños
ambientales ocasionados que permita asegurar la restauración de los
daños ocasionados.
2. Exigir a las empresas contratantes el cumplimiento de la normativa
medioambiental y reclamar, antes de iniciar las obras, información
suficiente para conocer los medios y manera en que se van a llevar a
cabo las obras.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1999.-Alfred
Pérez de Tudela Molina, Diputado.- María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001383
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre actuaciones urgentes en la presa de
Marmolejo (Jaén).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
actuaciones urgentes en la presa de Marmolejo (Jaén) para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los problemas de inundaciones que de manera periódica produce la
presa de Marmolejo, derivados del aterramiento de la misma, así como
de parte del cauce del río, unidos a las nulas condiciones de
mantenimiento, están provocando graves situaciones que no sólo
afectan a las infraestructuras, sino que están teniendo graves
repercusiones socio-económicas que es necesario afrontar de manera
decidida y resolutiva.
El tema ha sido tratado en varias ocasiones a través de iniciativas
parlamentarias en varias Comisiones de esta Cámara y no se ha
conseguido llegar a acuerdos que, de manera razonable y justa, dieran
solución a los problemas planteados. No es posible seguir manteniendo
este tema en la indefinición. El municipio de Andújar tiene un muy
serio problema derivado de estas inundaciones que está afectando a
infraestructuras básicas de su casco urbano. Por otra parte, decenas
de ciudadanos, pequeños y medianos agricultores, no sólo han tenido
daños y perdido cosechas por esta causa, sino que sus explotaciones
agrícolas y su economía familiar dependen en exclusiva de lo que la
meteorología decida en cada momento.
Esta situación es irracional e injusta, carece de toda lógica y no
puede seguir por más tiempo perjudicando a ciudadanos que tienen todo
el derecho a que el tema se resuelva de manera efectiva y justa.
Es necesario que el Gobierno de la Nación afronte de una vez este
problema y busque las medidas más eficientes que resuelvan de una vez
por todas estas situaciones.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar, en un plazo máximo de tres meses, los estudios técnicos
que definan, con respecto a la presa de Marmolejo: la naturaleza de
los problemas existentes, las soluciones más eficientes para
solventarlos y la memoria económica de los gastos a realizar.
2. Comenzar las actuaciones que se recojan en el estudio técnico el
próximo año, contemplando las partidas correspondientes de los
Presupuestos Generales del Estado y recabando las ayudas de la Unión
Europea que fuesen oportunas.
3. Hacerse cargo, de manera urgente, del pago de las indemnizaciones
a las explotaciones agrícolas afectadas por estas inundaciones en los
años 1996-1997 y 1997-1998.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1999.-José
Pliego Cubero, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001384
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas del Gobierno en materia forestal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Medio Ambiente.
Desde hace unos meses, los municipios, sindicatos y asociaciones
ecologistas organizados en la Mesa Forestal
Andaluza vienen reivindicando el cumplimiento del Plan de
Intensificación del Programa de Protección de la Cubierta Forestal,
es decir, vienen denunciando la falta de alrededor de 22.000 millones
de pesetas de inversión forestal, lo cual afecta a 386 municipios
andaluces y a casi 100.000 familias de las zonas rurales de
Andalucía, lo que supone casi 2.000.000 de jornales perdidos o a
punto de perderse para los trabajadores y trabajadoras del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social.
La preocupación por el incumplimiento se fundamenta en motivos de
índole tanto laboral, como social y ambiental. Así, incide
negativamente, de modo gravísimo, en la generación de trabajo que
permita unas condiciones de vida dignas a un elevado porcentaje de la
población andaluza. Igualmente, atenta contra el desarrollo económico
de los municipios de Andalucía en los que la inversión forestal es
fundamental para el mantenimiento de otras actividades productivas,
por cuanto aquella resulta esencial para el mantenimiento de los
recursos hídricos y la conservación de los suelos, entre otros.
Además, la falta de inversiones forestales en tratamientos
selvícolas, unidas a las favorables condiciones meteorológicas de los
últimos años, aumentan exponencialmente los riesgos de incendios
forestales, con las consecuencias, tanto económicas como ambientales,
que éstos llevan aparejadas.
Incidiendo en el problema medioambiental que el incumplimiento de los
compromisos adquiridos comporta, hay que poner de manifiesto que
desde diversas instancias del mismo Ministerio de Medio Ambiente se
ha reconocido, de manera oficiosa, la falta de inversiones estatales
en diversos ámbitos relacionados con la conservación de la
naturaleza, como son la restauración forestal de riberas, la
reforestación, la lucha contra la desertificación y la lucha contra
los incendios forestales, denunciándose de igual modo la dejación de
funciones y la falta de gestión en la política forestal del Estado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias encaminadas a:
1. Aumentar significativamente los recursos presupuestarios del
Ministerio de Medio Ambiente en todas las partidas relativas a la
política forestal, tales como el control de la erosión, la
recuperación de la cubierta vegetal, la lucha contra los incendios,
la restauración forestal de riberas y la reforestación, entre otras.
2. Definir una Estrategia Forestal Nacional, consensuada con las
Comunidades Autónomas y con los representantes de los Ayuntamientos y
de las organizaciones sociales, con objetivos cuantificables en
cuanto a la calidad ecológica y a la gestión sostenible de nuestros
espacios forestales en la que se recojan, con carácter plurianual,
los compromisos presupuestarios del Ministerio de Medio Ambiente, así
como los cauces de concertación interadministrativa y de
participación ciudadana.
3. Defender de una manera efectiva los intereses específicos de
España en materia forestal ante las instancias europeas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1999.-
Presentación Urán González, Diputada.- Rosa Aguilar Rivero, Portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000129
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso,
sobre política del Gobierno en la Unión Europea y los objetivos a
alcanzar en la negociación en curso sobre la Agenda 2000 (núm. de
expte. 172/000129), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente interpelación
urgente al Gobierno, sobre política de España en los temas de la
Unión Europea.
Motivación
El Grupo Parlamentario Socialista interpela al Gobierno sobre la
política del mismo en las instituciones de la Unión Europea,
particularmente sobre la negociación de la Agenda 2000 y las
perspectivas financieras para el período 2000-2006.
El Gobierno español debe asumir su responsabilidad en un momento de
gran trascendencia política para el futuro de la Unión, en el que se
discuten temas tan relevantes para España como son: las reformas de
las Instituciones Europeas, las perspectivas financieras 2000-2006,
las políticas de fondos estructurales y de cohesión, la Política
Agrícola Común y la Ampliación al Este de Europa.
Los cambios de opinión del Gobierno sobre el método de negociación de
los temas antes citados, el calendario y los objetivos de la misma,
producidos en el escaso período de tiempo de un mes, sitúan a España
en la mayor incertidumbre sobre su posición en la negociación. Miles
de agricultores se han manifestado ante los propósitos de recortar
los fondos europeos destinados a la Política Agrícola Común. Existen
dudas razonables sobre la suficiencia de recursos económicos para las
próximas perspectivas financieras de la UE, con la limitación del
gasto en el 1,27 por 100 del PIB comunitario. Se propone la
congelación del gasto destinado a las políticas de cohesión económica
y social. Todo ello ante el reto más exigente de la última década
para la Unión, es decir, la ampliación al Centro y Este de Europa.
Por todo ello, se formula la presente
Interpelación urgente para que el Gobierno defina, en el Pleno de la
Cámara, la política del mismo en la Unión Europea y los objetivos a
alcanzar en la negociación en curso sobre la Agenda 2000.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 1999.-Josep
Borrell Fontelles, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
172/000131
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
política del Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, especialmente en
sus aspectos sanitarios y asistenciales (núm. de expte. 172/000131),
cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto
en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Mixto presenta la siguiente interpelación urgente
para su debate en el Pleno de la Cámara, a instancia de los Diputados
y Diputadas de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-Verds.
El 26 de enero de 1990, España firmó la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989, con el expreso propósito de proporcionar al
niño una protección especial, necesidad que ya había sido enunciada y
reconocida en anteriores instrumentos y Convenios Internacionales.
Diez años después, España ha incorporado a su ordenamiento jurídico
bastantes medidas previstas en esta Convención, fundamentalmente por
medio de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor. Sin embargo, aspectos importantes de la misma no
se cumplen o se encuentran con dificultades de todo tipo para su
normal cumplimiento por parte de los poderes públicos, a pesar del
tiempo transcurrido.
Aspectos como el derecho de todos los niños al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades, la atención sanitaria prenatal y postnatal a todas las
madres, las especiales prestaciones
y cuidados a que tienen derecho los niños mental o físicamente
impedidos para disfrutar de una vida plena, o las necesarias medidas
para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los
padres, están aún lejos de su normal y efectivo cumplimiento en
España.
Por ello, se formula la presente
Interpelación urgente para debatir en el Pleno de la Cámara sobre la
política del Gobierno en desarrollo y cumplimiento de la Convención
de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, especialmente en
sus aspectos sanitarios y asistenciales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1999.-Cristina
Almeida Castro, Diputada.-Mercè Rivadulla Gracia, Diputada.-Ricardo
Peralta Ortega, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
172/000132
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre medidas de todo tipo que piensa adoptar el
Gobierno para solucionar los problemas derivados de la contaminación
sufrida por diversos pacientes por el hongo «aspergillus» (núm. de
expte. 172/000132), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la siguiente
interpelación urgente, dirigida al Gobierno, para su debate en el
Pleno.
«La noticia del fallecimiento de pacientes por haber sido
contaminados por el hongo 'aspergillus' obliga a un debate acerca de
las causas y consecuencias de esta situación.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida formula la siguiente
Interpelación urgente para explicar las medidas de todo tipo que
piensa adoptar el Gobierno para solucionar los problemas derivados de
la contaminación sufrida por diversos pacientes por el hongo
'aspergillus'.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1999.-Ángeles
Maestro Martín, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.