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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 378, de 15/02/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 15 de febrero de 1999 Núm. 378 GENERAL
ÍNDICE
PLENO 051/000002 Composición del Pleno ... (Página 5)
JUNTA DE PORTAVOCES 031/000008 Composición de la Junta de Portavoces
MESA 022/000001 Renuncia de don Josep López de Lerma i López al cargo
de Vicepresidente Tercero de la Cámara ... (Página 5)
Elección de don Ramón Companys Sanfeliu como Vicepresidente Tercero
de la Cámara ... (Página 5)
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES 052/000001 Renuncia de don
Joaquín Molins i Amat (GC-CiU), a su condición de Diputado de los que
acceden a secretos oficiales ... (Página 6)
Elección por el Pleno de la Cámara del Diputado don Josep López de
Lerma i López, a los efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la
Resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992, sobre acceso por
el Congreso de los Diputados a secretos oficiales ... (Página 6)
SECRETARÍA GENERAL 212/000016 Resolución del Presidente del Congreso
de los Diputados de 4 de febrero de 1999 por la que se aprueba la
convocatoria pública para la contratación de tres Auxiliares de
Informática con destino al Centro Informático de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados. (Corrección de errata)
PERSONAL 299/000004 Nombramiento de doña María Teresa Agustín
Hernández, con carácter de personal eventual, para el cargo de
Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida ... (Página 6)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000091 Retirada de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Socialista del Congreso, sobre el establecimiento de un
programa de actuaciones para fomentar el reparto del tiempo del
trabajo y la contratación indefinida ... (Página 6)
162/000184 Retirada de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Socialista del Congreso, sobre el cumplimiento, a partir de
1998, de las directrices para el empleo acordadas en el Consejo
Europeo de Luxemburgo ... (Página 7)
162/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio de la
posibilidad de que se promueva la utilización de papel reciclado en
todos los escritos y publicaciones de todos los organismos de la
Administración del Estado ... (Página 7)
162/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre régimen específico de regulación de la
tenencia de animales peligrosos y errantes y, especialmente, de las
razas caninas potencialmente peligrosas ... (Página 8)
162/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la necesidad de ofrecer a los usuarios de
Internet un servicio económico, eficaz y respetuoso con sus derechos
como consumidores ... (Página 9)
162/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre un plan estratégico nacional de conservación y
uso sostenible de las zonas húmedas ... (Página 10)
162/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre control de perros potencialmente peligrosos,
censo de adiestradores de perros de ataque y actualización
y regulación de los libros genealógicos caninos ... (Página 11)
162/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre aplicación del censo actual de población a la
financiación de las Comunidades Autónomas ... (Página 15)
162/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la modulación de las ayudas directas que se
establecen en las distintas organizaciones comunes del mercado en el
marco de la Política Agraria Común (PAC) ... (Página 16)
162/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conciliación de la vida
familiar y laboral de los trabajadores ... (Página 17)
162/000335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a modificaciones en la
regulación de las empresas de trabajo temporal ... (Página 18)
Comisión de Asuntos Exteriores 161/001362 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para
resolver la situación de Irak ... (Página 19)
161/001368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre impulso para la ratificación del Estatuto del
Tribunal Penal Internacional ... (Página 20)
Comisión de Justicia e Interior 161/001363 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre mantenimiento
del servicio de vigilancia rural por parte de la Guardia Civil en la
zona de CabraLucena, en tanto la Policía Nacional no disponga de los
medios suficientes para acometer dicho servicio ... (Página 21)
Comisión de Educación y Cultura 161/000834 Aprobación, con
modificaciones, de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a realización de trámites por el
Gobierno para declarar la Muralla de Lugo monumento perteneciente al
Patrimonio de la Humanidad ... (Página 22)
161/001295 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
dotación de recursos para la restauración y conservación de la
Muralla de Lugo, y solicitud de que la misma sea declarada Patrimonio
de la Humanidad, por parte de la UNESCO, así como enmienda presentada
a la misma ... (Página 22)
161/001366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la resolución
del conflicto, en relación con el cobro de los derechos de autor,
entre los productores cinematográficos y de series para televisión y
la industria del turismo y ocio ... (Página 22)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda 161/001352 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre la creación de una comisión en relación con los sistemas de
pago mediante tarjeta. (Corrección de error) ... (Página 23)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 161/001369 Proposición no
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa al estudio de la problemática derivada de la existencia de
razas caninas con tendencias agresivas y a la adopción de las medidas
oportunas ... (Página 23)
161/001370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la regulación de
determinadas razas caninas ... (Página 24)
161/001372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno
a que proceda a realizar un estudio que permita conocer la auténtica
realidad de las razas caninas autóctonas en nuestro país y así poder
desarrollar las acciones precisas a los efectos de garantizar su
conservación y difusión ... (Página 25)
Comisión de Industria, Energía y Turismo 161/001360 Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a los
Planes de reindustrialización de Andújar, Bailén, La Carolina,
Guarromán y Linares ... (Página 26)
161/001371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre recuperación y
reutilización de activos ociosos de la empresa pública HUNOSA y su
reversión a los municipios mineros ... (Página 27)
161/001374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre compromisos de Arbed
con la empresa Aceralia ... (Página 28)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001373 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a alta en el
régimen especial del mar de la Seguridad Social ... (Página 29)
Comisión de Infraestructuras 161/001361 Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
dotación de recursos para la ejecución del convenio suscrito entre la
Junta de Galicia y RENFE para la mejora de la red ferroviaria en el
interior de Galicia ... (Página 30)
161/001365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la concesión de
la autonomía administrativa y de gestión al puerto de Motril
(Granada) ... (Página 31)
161/001367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre unificación de las tarifas telefónicas
metropolitanas y provinciales ... (Página 32)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores 181/002155 Pregunta formulada por el
Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez (GP), sobre opinión del
Gobierno y medidas que piensa tomar ante la ruptura del proceso de
paz y la actual escalada de violencia en Angola ... (Página 33)
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas 181/002132
Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo Rubiales
Torrejón (GS), sobre previsiones acerca del reconocimiento de la
población declarada oficial en la financiación automática
181/002133 Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo
Rubiales Torrejón (GS), sobre política prevista por el Ministro de
Administraciones Públicas en materia de cooperación autonómica
181/002134 Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo
Rubiales Torrejón (GS), sobre previsiones acerca de la culminación de
las transferencias educativas a las siete Comunidades Autónomas que
aún no las han recibido ... (Página 34)
181/002135 Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo
Rubiales Torrejón (GS), sobre razones del parón autonómico en materia
de transferencias ... (Página 35)
181/002149 Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo
Rubiales Torrejón (GS), sobre cumplimiento por el Ministro de
Administraciones Públicas de las obligaciones de satisfacer la
denominada deuda histórica a Andalucía y Extremadura ... (Página 35)
181/002150 Pregunta formulada por la Diputada doña María Amparo
Rubiales Torrejón (GS), sobre previsiones acerca de la transferencia
de las competencias sanitarias a alguna de las Comunidades Autónomas
que lo han solicitado ... (Página 35)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 181/002153
Pregunta formulada por el Diputado don José Francisco Herrera
Antonaya (GP), sobre información del contenido del Programa de
Cooperación Científica MEC-MAE ... (Página 36)
181/002154 Pregunta formulada por el Diputado don José Francisco
Herrera Antonaya (GP), sobre valoración de la actividad desarrollada
en la red de centros culturales que dependen del Instituto de
Cooperación Iberoamericana ... (Página 36)
181/002156 Pregunta formulada por el Diputado don José Francisco
Herrera Antonaya (GP), sobre información acerca de la presencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en planes
especiales de protección de centros históricos en ciudades
iberoaméricanas ... (Página 37)
Comisión de Sanidad y Consumo 181/002136 Pregunta formulada por el
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo (GP), sobre grado de
ejecución en el que se encuentra la generalización de la cirugía
menor en los centros de atención primaria del INSALUD ... (Página 37)
181/002137 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre objetivos específicos del Plan de Formación del
INSALUD para el año 1999 ... (Página 38)
181/002138 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre opinión del INSALUD acerca de si la figura del
Gerente de Área mejoraría la relación entre los niveles de Asistencia
Primaria y Asistencia Especializada ... (Página 38)
181/002139 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo
con respecto a la confección de una guía de recursos sociosanitarios
181/002140 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones del INSALUD con respecto a la
implantación de la figura del Gerente de Área ... (Página 39)
181/002141 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones del INSALUD con respecto a la
creación de unidades de apoyo domiciliario en el ámbito de la
Atención Primaria ... (Página 40)
181/002142 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones del INSALUD con respecto a la
inclusión del pago capitativo en algún concepto del capítulo dedicado
a productividad variable para el año 1999 por el cumplimiento de
objetivos específicos del contrato de gestión entre sus profesionales
de Atención Primaria ... (Página 40)
181/002143 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre criterios utilizados por el INSALUD, tanto en
Atención Primaria como en Atención Especializada, en el reparto de la
productividad variable a sus profesionales durante el año 1998
... (Página 40)
181/002144 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre importe del presupuesto del plan formativo del
INSALUD para el año 1999 e instituciones responsables de su ejecución
181/002145 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre medidas adoptadas por el INSALUD dirigidas a
mejorar la coordinación entre la Atención Primaria y la Atención
Especializada durante el año 1998 ... (Página 41)
181/002146 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones del INSALUD con respecto a la
adopción del modelo de los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GDR),
como unidad de valoración de los procesos médicos ... (Página 42)
181/002148 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre medidas previstas por el Ministerio de Sanidad
y Consumo para suprimir las barreras de comunicación en los centros
de asistencia sanitaria a efectos de facilitar la atención de las
personas con deficiencia auditiva ... (Página 42)
181/002157 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre competencias del Coordinador de Equipos de
Atención Primaria (EAP) ... (Página 43)
181/002158 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Antonio Gil
Melgarejo (GP), sobre previsiones acerca de la modificación del
«estatus» de la figura del Coordinador de Equipos de Atención
Primaria (EAP) ... (Página 43)
Comisión de Infraestructuras 181/002147 Pregunta formulada por el
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo (GP), relativa
a valoración por el Ministerio de Fomento del grado de cumplimiento
del Convenio firmado con el Gobierno de Canarias en materia de
carreteras ... (Página 44)
Comisión de Medio Ambiente 181/002151 Pregunta formulada por el
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo (GP), relativa
a valoración del Ministerio del Medio Ambiente del grado de
cumplimiento del Convenio firmado con el Gobierno de Canarias en
materia de costas ... (Página 44)
181/002152 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Soriano
Benítez de Lugo (GP), relativa a valoración del Ministerio de Medio
Ambiente del grado de cumplimiento del Convenio firmado con el
Gobierno de Canarias en materia de obras hidráulicas ... (Página 44)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se
ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
de los cambios habidos en la composición de la Cámara:
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de Señores Diputados que han
adquirido la plena condición de Diputado.
Baja: HOMS I FERRET, Francesc ... 25-01-99
Alta: JANE I GUASCH, Jordi ... 09-02-99
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial por
circunscripciones.
Barcelona JANE I GUASCH, Jordi ... CiU
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: JANE I GUASCH, Jordi. Circunscripción: Barcelona. Número:
383. Fecha: 1 de febrero de 1999. Formación electoral: CiU.
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000008
PORTAVOCES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (031/000002).
Titular Baja: MOLINS I AMAT, Joaquim.
Alta: LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ, Josep.
Sustitutos Bajas: RECODER I MIRALLES, Lluís Miquel. SÁNCHEZ I LLIBRE,
Josep.
Altas: SILVA SÁNCHEZ, Manuel José.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
MESA
022/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 2 de febrero de 1999,
aceptó la renuncia de don Josep López de Lerma i López al cargo de
Vicepresidente Tercero de la Cámara, acordando la continuación en sus
funciones hasta la elección de su sucesor.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
022/000001
El Pleno del Congreso de los diputados en la sesión plenaria
celebrada el día de hoy ha elegido Vicepresidente Tercero de la
Cámara a don Ramón Companys Sanfeliu, como consecuencia de la
renuncia a dicho cargo de don Josep López de Lerma i López.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
DIPUTADOS QUE ACCEDEN A SECRETOS OFICIALES
052/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto al asunto de referencia:
(052) Funciones del Pleno
AUTOR: Molins i Amat, Joaquim (GC-CiU).
Renuncia a su condición de Diputado de los que acceden a secretos
oficiales.
Acuerdo:
Aceptar la renuncia a la condición referida y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como comunicar al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
052/000001
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, ha elegido, a los
efectos de lo previsto en el Punto Tercero de la Resolución de la
Presidencia de 2 de junio de 1992, sobre acceso por el Congreso de
los Diputados a secretos oficiales, al Diputado don Josep López de
Lerma i López, perteneciente al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
SECRETARÍA GENERAL
292/000016
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 377, de 12 de
febrero de 1999, página 3,
columna derecha (línea 18), donde dice: «No se valorarán los méritos
que resulten sufientemente», debe decir: «No se valorarán los méritos
que no resulten suficientemente.»
PERSONAL
299/000004
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES del nombramiento de doña María Teresa Agustín Hernández
para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados,
en sus reuniones de 18 de febrero de 1997, 20 de enero de 1998 y 23
de septiembre de 1998, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.o del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, he
tenido a bien nombrar, con efectos de 12 de enero de 1999 y con
carácter de personal eventual, a doña María Teresa Agustín Hernández
para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000091
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un
programa de actuaciones para fomentar el reparto del tiempo del
trabajo y la contratación indefinida.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la
iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor
de la iniciativa y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000184
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre el cumplimiento, a partir
de 1998, de las directrices para el empleo acordadas en el Consejo
Europeo de Luxemburgo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la
iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor
de la iniciativa y publicarlo en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000327
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al estudio de la posibilidad de que se
promueva la utilización de papel reciclado
en todos los escritos y publicaciones de todos los organismos de la
Administración del Estado.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La utilización de papel reciclado se está convirtiendo en una
práctica usual; por un lado, implica un ahorro de materias primas
importantísimo y una menor utilización de nuestra masa forestal para
este fin. Además, permite reducir los residuos sólidos urbanos que
tienen que ser destinados a vertedero o a valorización energética, y
supone, en consecuencia, un ahorro en estos costes.
El sector de la recuperación de papel tiene una capacidad muy
superior a las de las toneladas actualmente recuperadas y está
funcionando sólo parcialmente, mientras que para la fabricación de
papel reciclado se importa éste de otros países europeos. Más del 70
por ciento de la materia prima para la fabricación de papel en
nuestro país es papel y cartón recuperado; sin embargo, la tasa de
recuperación de los mismos en España es sólo ligeramente superior al
40 por ciento.
Muchas instituciones públicas y privadas utilizan de forma habitual
el papel reciclado en sus escritos y publicaciones, sin por ello
reducir la calidad de los mismos. Asimismo, practican la separación
en origen de sus residuos, lo que facilita la recuperación del
material utilizado susceptible de ser reciclado.
Además del fomento de esta práctica correcta desde el punto de vista
de la protección del medio ambiente, las instituciones tienen la
obligación de servir de ejemplo y ser un elemento dinamizador para el
resto de la sociedad, siendo pioneros en estas prácticas y
aplicándolas con la máxima difusión posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados considera oportuno y conveniente se
estudie la posibilidad de que se promueva la utilización de papel
reciclado en todos los escritos y publicaciones de todos los
organismos de la Administración del Estado.»
Madrid, 15 de enero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000328
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre régimen específico de regulación de la
tenencia de animales peligrosos y errantes y, especialmente, de las
razas caninas potencialmente peligrosas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre régimen
específico de regulación de la tenencia de animales peligrosos y
errantes y, especialmente, de las razas caninas potencialmente
peligrosas, para su debate y votación en el Pleno de la Cámara,
a instancia de los Diputados y Diputadas de Nueva Izquierda e
Iniciativa per Catalunya-Verds.
Exposición de motivos
La aparición en los medios de comunicación, en los últimos días, de
numerosos casos de ataques a personas por parte de perros ha causado
una justificada alarma, por cuanto alguno de estos ataques ha llegado
a provocar la muerte de un niño de cuatro años.
Si bien las causas de los ataques y del comportamiento agresivo de
algunos perros son variadas, no puede negarse que determinadas razas
caninas están especialmente predispuestas a una actuación agresiva,
predisposición que se incrementa cuando se cruzan con técnicas de
adiestramiento dirigidas al ataque.
Sin perjuicio de las responsabilidades, civiles o incluso penales, en
que incurran los propietarios de estos animales, los poderes públicos
no pueden permanecer inactivos ante un problema que excede del ámbito
de un, más o menos eficaz, régimen sancionador y que precisa del
establecimiento de controles sobre la propiedad o tenencia de
animales susceptibles de convertirse en un verdadero peligro para las
personas y otros animales domésticos.
Por todo ello, se formula la presente
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el
ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias para
establecer un régimen específico de regulación de la tenencia de
animales peligrosos y errantes y, especialmente, de las razas caninas
potencialmente peligrosas.
Este régimen específico, que vendrá acompañado de medidas para
sancionar de modo efectivo los malos tratos a los animales,
contemplará la regulación del adiestramiento y entrenamiento de
animales y la prohibición de adiestramientos agresivos. Igualmente,
recogerá la determinación y clasificación de las razas caninas
susceptibles de representar un peligro para las personas,
diferenciando claramente las razas de guardia y defensa y las razas
de ataque, a las que se aplicarán, al menos, las siguientes medidas:
- La identificación eficaz de los ejemplares existentes de estas
razas, así como de sus propietarios o tenedores.
- La prohibición de su importación y de cualquier forma de
enajenación de ejemplares.
- La obligación, en un plazo breve, de esterilizar los ejemplares
existentes y la prohibición de su cría o cruce con otras razas.
- Las condiciones para la tenencia y mantenimiento de ejemplares
pertenecientes a estas razas que, en todo caso, exigirán que el
propietario sea mayor de edad y no haya sido condenado por delito
contra las personas, contra la libertad, contra la Comunidad
Internacional o el orden público, o sancionado administrativamente
por infracción relativa a la tenencia de estos animales.
- La obligación para los propietarios o tenedores de adoptar medidas
de seguridad específicas para el alojamiento, traslado o salida de
estos ejemplares, que deberá efectuarse siempre con bozal y correas o
sujeciones adecuadas, así como de suscribir seguros de
responsabilidad civil adecuados a la potencial peligrosidad de estos
perros. En todo caso, se prohibirá la estancia de estos
animales en transportes o lugares públicos y en vías especialmente
concurridas.
En estas medidas, de igual forma, se incluirá un régimen sancionador
eficaz para evitar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
sus normas, que preverá el sacrificio de ejemplares con antecedentes
de ataques a las personas u otros animales domésticos, y la
obligación de los poderes públicos de adoptar medidas cautelares con
los animales que hayan dado lugar a denuncias o querellas por ataques
o lesiones.
Finalmente, se habilitarán créditos presupuestarios suficientes para
facilitar que las Corporaciones Locales puedan dar cumplimiento
efectivo a las obligaciones que se deriven de estas normas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 1999.-Ricardo
Peralta Ortega, Diputado.-Mercè Rivadulla Gracia, Diputada.
162/000329
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre la necesidad de ofrecer a los usuarios de
Internet un servicio económico, eficaz y respetuoso con sus derechos
como consumidores.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición node Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley, sobre la necesidad de ofrecer a los
usuarios de Internet un servicio económico, eficaz y respetuoso con
sus derechos como consumidores, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Conscientes de la importancia que para el desarrollo económico,
tecnológico y cultural español, así como para garantizar la cohesión
social e interterritorial, tienen las nuevas tecnologías de la
información, el Grupo Parlamentario Socialista ha insistido desde
hace varios meses en la importancia de establecer un sistema de
tarificación adecuado presentando al Parlamento dos Proposiciones no
de Ley, sugiriendo fórmulas concretas para la implantación de una
tarifa plana en España. Esta idea recibió pleno apoyo de los grupos
parlamentarios de la Cámara, solicitando al Gobierno que tomará las
iniciativas políticas y legislativas necesarias para el
establecimiento de la citada tarifa plana.
Recientemente, el Ministro de Fomento ha anunciado que Telefónica
tiene prevista la implantación de una tecnología (ADSL) que
permitirá, cuando se realicen las inversiones necesarias, el
establecimiento de la solicitada fórmula de tarificación.
El Ministerio de Fomento ha reconocido que sólo la puesta en
funcionamiento de la técnica conocida como ADSL puede garantizar una
opción rápida y de calidad como la que los usuarios demandan. Al
mismo tiempo, afirma que una implantación razonable de la misma, que
se ajuste a las necesidades de universalidad, requiere un mínimo de
dos años y medio en su instalación y puesta en marcha. Resulta
conveniente por ello encontrar soluciones que de forma transitoria
resuelvan los problemas que los usuarios y usuarias de Internet
tienen ya planteados.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista advirtió al
Gobierno, en su momento, que resultaba necesario prever la transición
de la antigua Info-Vía a la nueva InfoVía- Plus para evitar el caos
que, desgraciadamente, el corte súbito del servicio de Info-Vía ha
provocado finalmente. En una anterior Proposición no de Ley, se
sugería al Gobierno que mantuviera en funcionamiento Info-VíaPlus
durante el tiempo necesario para que la transición de un sistema a
otro se realizara suavemente y sin costes para los usuarios, lo que
no fue tenido en cuenta.
El Parlamento y los usuarios deben conocer las razones del fracaso de
Info-Vía a Info-Vía-Plus, así como el coste que para proveedores y
usuarios de Internet se ha derivado hasta la fecha, el mal
funcionamiento del nuevo servicio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer, antes del mes de marzo, una tarifa plana transitoria
para los usuarios y usuarias del sistema
de transmisión de datos a través de las redes en tanto que no tengan
acceso a la llamada tecnología ADSL o a otras que puedan sustituir y
mejorar, que sea económicamente asequible (en ningún caso superior a
las 5.000 pesetas mensuales de tarifa diurna y a las 1.000 mensuales
en tarifa nocturna).
2. Ordenar al Servicio de Inspección de la Secretaría General de
Comunicaciones del Ministerio de Fomento que emita informe sobre el
origen y las causas de los fallos de la puesta en marcha del llamado
sistema 'Info-Vía-Plus', con indicación del porcentaje de conexiones
fallidas y 'caídas de red', indicando responsabilidades, antes del
mes de abril. Además, el citado Servicio deberá realizar una
estimación del coste que para los proveedores y usuarios de 'Info-
Vía-Plus' se derivan de los fallos detectados. El informe deberá ser
evaluado por la CMT y remitido a las Cortes Generales antes del mes
de mayo.
3. Establecer que se expliciten en las facturas de los clientes, sin
coste, las llamadas realizadas a los números del Servicio Info-Vía-
Plus y que no se facturen las llamadas fallidas a dichos números.
4. Exigir de los operadores en España un servicio de calidad que
incentive el uso de las nuevas tecnologías de la información entre la
población en general.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 1999.-Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.- Alfredo Pérez Rubalcaba,
Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
162/000330
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre un plan estratégico nacional de
conservación y uso sostenible de las zonas húmedas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan
Estratégico Nacional de Conservación y Uso Sostenible de las Zonas
Húmedas para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Las zonas húmedas constituyen uno de los núcleos más importantes
generadores de biodiversidad, en particular, de especies acuáticas,
ya que suministran el agua y la productividad primaria de que
dependen innumerables especies de plantas y animales para su
supervivencia, siendo la gestión del agua uno de los elementos
fundamentales para asegurar su conservación.
Además, prestan importantes servicios a la sociedad, tales como
abastecimiento de agua, saneamiento ambiental, control de
inundaciones y fuente de alimentos, y poseen un valor supranacional
como rutas migratorias de aves, lo que ha dado lugar al desarrollo de
la cooperación internacional para adoptar medidas de protección y
recuperación de las mismas.
Tales características dieron lugar a su declaración como «Esenciales
para la Humanidad» en la 5.a Conferencia de las Partes Contratantes
de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas,
celebrada en Japón en 1993.
Sin embargo, es un hecho reconocido internacionalmente que estos
espacios, además de ser escasos, son uno de los ecosistemas más
amenazados del planeta y sufren un proceso de degradación y de
regresión constante derivado de distintas actividades humanas,
fundamentalmente agrícolas, cinegéticas, industriales y urbanísticas
contradictorias con su conservación.
La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional,
especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecha en Ramsar en 1971
y ratificada por España en 1982, es el único convenio mundial
dedicado de forma específica a la protección de estos ecosistemas
y tiene por objetivo «impedir ahora y en el futuro, la merma
progresiva
y la pérdida de esos humedales», armonizando las políticas nacionales
de carácter preventivo para obtener una «acción internacional
coordinada».
En la 6.a Conferencia de las Partes Contratantes, coincidiendo con el
25 aniversario de la Convención, se adoptó un Plan estratégico 1997-
2002, que subraya «la necesidad de integrar la conservación de la
biodiversidad
en los humedales con el desarrollo sostenible». De este modo, entre
los objetivos generales del Plan se establece «lograr el uso racional
de los humedales mediante la aplicación y un mayor desarrollo de las
Directrices de Ramsar para el Uso Racional». Para la consecución de
dicho objetivo se establece una acción precisa: «Procurar en mucha
mayor medida que se establezcan políticas nacionales de humedales».
En el ordenamiento jurídico español, además de la plena aplicación y
vigencia de la Convención de Ramsar y de la obligación de incorporar
las medidas de conservación derivadas de las Directivas comunitarias,
el régimen jurídico básico protector de las zonas húmedas fue
establecido por la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
La legislación de aguas prevé la aplicación de una serie de medidas
protectoras para los espacios calificados expresamente como zonas
húmedas, como es su inclusión en el «Inventario de Zonas Húmedas».
Dicho Inventario fue elaborado en 1991 por la Dirección General de
Obras Hidráulicas del antiguo Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente (MOPTMA), integrada en el actual
Ministerio de Medio Ambiente, y hasta el momento constituye la mejor
aproximación a la realidad de estos ecosistemas en España. Por otra
parte, es de especial importancia la planificación hidrológica en la
conservación de los humedales, lo que supone una intervención pública
en la gestión y preservación del agua y no puede ser ajena a la
relación del agua con las zonas húmedas.
Sin embargo, la existencia de los procesos de degradación y de
regresión de los humedales españoles es más que preocupante; tal es
el caso conocido del delta del Ebro, el marjal de Pego-Oliva, el
marjal de Rafalell y Vistabella, o la situación de algunos Parques
Nacionales como Doñana o las Tablas de Daimiel, entre otros.
A pesar del obligado cumplimiento de los compromisos internacionales
por parte de España, el Ministerio de Medio Ambiente no ha ultimado
un Plan Estratégico Nacional para la Conservación y el Uso Racional
de las Zonas Húmedas Españolas.
Estas circunstancias aconsejan la adopción con carácter urgente de
acciones y medidas para evitar las agresiones continuadas a las zonas
húmedas, tomando como punto de partida los datos del Inventario
Nacional de Humedales e incorporando los contenidos y objetivos del
Plan Estratégico de la Convención Ramsar para el quinquenio 1997-
2002.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
la siguiente
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en el plazo máximo de un año, de acuerdo con las
Comunidades Autónomas, y en cumplimiento de los objetivos del Plan
Estratégico 1997-2002 de la 6.a Conferencia de las Partes de la
Convención del Convenio de Ramsar, un Plan Estratégico Nacional de
Conservación
y Uso Sostenible de las Zonas Húmedas en España, que incluya,
entre otros, los siguientes contenidos:
a) Una actuación coordinada con las Comunidades Autónomas para la
conservación, gestión sostenible y recuperación de los humedales
españoles, a través de líneas de inversión específicas consignadas en
las oportunas partidas presupuestarias.
b) El establecimiento de incentivos económicos y beneficios fiscales
destinados a la potenciación y mantenimiento de actividades
económicas y sociales compatibles con la gestión sostenible de las
zonas húmedas.
c) Ayudas a la investigación y a la vigilancia de las zonas húmedas.
2. Reforzar la gestión integrada del agua en relación con las zonas
húmedas, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo,
en el futuro Plan Hidrológico Nacional y la anunciada reforma de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
3. Realizar, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, una campaña de
información y sensibilización sobre los perjuicios del uso de los
perdigones de plomo, así como la adopción de medidas para potenciar
el empleo voluntario de munición alternativa por parte de los
cazadores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 1999.-Cristina
Narbona Ruiz, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000331
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre control de perros potencialmente
peligrosos, censo de adiestradores de perros de ataque y
actualización y regulación de los libros genealógicos caninos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados.- Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre control
de perros potencialmente peligrosos, censo de adiestradores de perros
de ataque y actualización y regulación de los libros genealógicos
caninos, para su debate en el Pleno.
Motivación
En la sociedad actual el perro desempeña una función social muy
importante. Se ha convertido en fenómeno relevante de nuestra época.
Se estima que el 20 por ciento de las familias españolas y más del 25
por ciento de los jubilados tienen un perro.
Uno de los aspectos más importantes que precisa ser regulado son
aquellas razas caninas que ocasionan un peligro para los ciudadanos y
cuya conducta agresiva generalmente está vinculada a un previo
adiestramiento. Las agresiones de perros a personas, muchas veces
niños, muestran que esta agresividad de naturaleza psicopática crea
alarma social, lo que exige una inmediata intervención del
legislador. También el empleo de estos perros en lucrativas
actividades ilegales, como las peleas clandestinas, precisa una
urgente corrección. Hemos podido ver que en otros países de la UE ya
se han tomado medidas al respecto, siendo pionero el Reino Unido con
su «Dangerous Dog Act» de 1991. En España la ausencia de una
normativa como la británica, la francesa o la italiana crea una
indefensión al ciudadano y ampara el desarrollo de lo que viene
denominándose «Ecomafia», redes criminales que actúan en ámbitos de
vacío legal en torno a los animales y la naturaleza. En los casos de
agresiones a personas está constatado que los mordiscos se efectúan
sobre puntos vitales del individuo y que son inusuales en la
sistemática del ataque de los cánidos, lo que pone en evidencia un
adiestramiento para el ataque que hace especialmente peligrosos a
tales animales. Dado que la seguridad pública constituye una
competencia del Estado (Constitución, art. 149, 1.29.a) deben
regularse mediante Ley los aspectos concernientes a la crianza,
comercialización y tenencia de perros potencialmente peligrosos. Una
eventual norma regularía la posesión de aquellos perros que por sus
características físicas propias o por determinadas peculiaridades
raciales, sean objetivamente susceptibles de ser adiestrados para el
ataque, estableciéndose una serie de obstáculos burocráticos (edad
mínima del propietario, seguro de responsabilidad civil, etcétera)
para su
adquisición y adiestramiento. Pero nada de ello es posible si
previamente no se ha establecido un censo y un control genealógico de
estas razas que permita a las organizaciones o asociaciones de
criadores autonómicas vigilar el cumplimiento de las normativas
específicas en su ámbito territorial y asimismo establecer en su seno
un registro de adiestradores de perros de ataque que trabajen en su
ámbito territorial. Como ejemplo del vacío legal existente basta
constatar que el «American Pet Bull Terrier», una de las razas más
peligrosas y que la ley británica, francesa e italiana tratan de
erradicar de sus respectivos países, no tiene reconocida su
existencia, como raza por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. La consecuencia es que cientos de miles de estos
perros, hoy de moda, se crían, adiestran en ataque y venden sin
control genealógico alguno de la Administración.
Las actuales condiciones de desarrollo cultural y económico de
nuestro país han determinado que se dé el valor adecuado a la calidad
racial del perro, lo que ha despertado el interés ciudadano por el
animal de raza pura y, consecuentemente, una mayor exigencia por un
control de su genealogía, que se realiza por medio de los libros
genealógicos, que deberían someterse a un estricto control
zootécnico. De este modo, el perro de raza ha alcanzado valores
económicos impensables hace sólo una década, situándose el precio
mínimo de un animal de calidad estimada en torno a las 150.000 a
200.000 pesetas, no siendo raros los cachorros que superan este valor
por ser hijos de perros campeones de exposiciones, concursos, etc. La
única garantía de que el animal que se está adquiriendo por tan alta
suma económica es de pura raza, el documento que verdaderamente
garantiza la pureza de un ejemplar, es el Certificado de Origen («
pedigree») adecuadamente supervisado por la Administración, que debe
establecer los controles necesarios para evitar el fraude.
La ausencia de un control de la Administración está favoreciendo el
fraude y desamparando a los ciudadanos. La crianza de perros de raza
se realiza en la mayoría de los casos por profesionales que,
disfrazados de particulares, anuncian sus camadas en las secciones
por palabras de revistas del sector o los periódicos nacionales. En
muchos casos no se pagan impuestos y se incumple la legislación sobre
núcleos zoológicos aprobada por las Comunidades Autónomas.
Tampoco existe garantía sobre la veracidad de los Certificados de
Origen o «pedigree», al estar carentes los libros genealógicos del
control de inspección e intervención que debe ejercer la
Administración, el fraude es frecuente.
Por otra parte, se ha despertado un beneficioso interés por aspectos
tan importantes de la cultura española como son las razas autóctonas
de animales domésticos, que, rústicas, resistentes y versátiles, han
supuesto la base de la vida nacional durante siglos, siendo factor
importante de la vida familiar y general del país. La divulgación de
ciencias como la ecología o la etología, la preocupación por el medio
ambiente y por el acervo cultural e histórico de los pueblos, ha
creado una fina sensibilidad social respecto a las razas autóctonas.
Es una responsabilidad que debemos asumir, la conservación de la
riqueza étnica de
nuestros animales domésticos para legarlos a las generaciones
futuras.
Numerosos países desarrollados han tomado nota de la importancia que
la conservación de estas razas supone no sólo en cuanto a su posible
valor histórico y representativo en cada país, sino también desde el
punto de vista técnico y científico como reserva de genes que no
deben perderse. Entre los animales domésticos tienen notable
importancia cultural las razas caninas autóctonas. Nuestros perros no
sólo han estado ligados durante siglos a la vida familiar,
defendieron nuestra familia y nuestra casa, cuidaron de nuestros
rebaños, nos proveyeron de alimento como auxiliares en la caza, sino
que han presentado una estrecha relación cultural y emocional con las
distintas Comunidades en que se desarrollaron. Este hecho ha llevado
a designar a los perros por su zona geográfica de origen y no por sus
características morfológicas, y así hablamos del «perdiguero de
Burgos», «carea leonés», «pachón de Navarra», «podenco andaluz»,
«presa canario», «ca eivissenc», «gos datura catalá», «rater
valenciá» o «euskal atzain txaturra». Ello debe representar una
responsabilidad de las Comunidades Autónomas por la conservación de
este patrimonio cultural y genético, lo que no será posible si en el
ámbito territorial de las mismas no pueden establecer libros
genealógicos y condiciones de reconocimiento de las organizaciones y
asociaciones interesadas en su conservación.
Es imprescindible determinar cuáles son las condiciones que deben
garantizar los libros genealógicos. Se trata de registros que
persiguen una doble finalidad: de un lado, son los garantes de una
selección zootécnica cuya finalidad es la mejora de las razas, y de
otro, representan la guía o certificado de calidad de una mercancía
que compite en el mercado. Para cumplir estos fines se observa la
necesidad de la existencia de una autorización otorgada por la
Administración a favor del organismo, corporación o asociación de
criadores interesada en la gestión de los libros genealógicos, para
poder llevarse a cabo este servicio y gozar de la consideración de
entidad colaboradora, respetándose de una parte la naturaleza privada
que poseen las asociaciones de criadores y de otra el carácter
público que necesariamente conserva el libro genealógico, carácter
que sin duda le imprime el interés público presente en su correcto
funcionamiento y llevanza, como se desprende del hecho de que el
Registro de Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos
constituya un medio para el fomento y mejora de la ganadería nacional
y ofrezca relevante interés público para la mejora cualitativa y la
conservación del patrimonio genético de la ganadería. Debido a ello,
toda la reglamentación sobre el sector de libros genealógicos
ganaderos establece que la Administración es titular de la
información en los mismos contenida, básica para la mejora de la
ganadería nacional, radicando su responsabilidad no sólo en el
tratamiento y análisis de los datos, sino también en la metodología a
seguir e inspección de la aplicación de la misma. Pero nada de esto
se está aplicando a la especie canina, posiblemente porque hasta
fecha reciente han carecido los perros de significación económica o
interés social relevante, habiendo quedado su control al margen de
las tareas de la Administración.
En la actualidad se carece en España de una legislación específica
sobre libros genealógicos de la especie canina que garanticen su
pureza racial y eviten el fraude. Las Comunidades Autónomas de
Valencia, La Rioja y Navarra, han reconocido asociaciones u
organizaciones de criadores de perros de raza para la llevanza de los
libros genealógicos en su ámbito geográfico bajo la supervisión
técnica de sus respectivos servicios veterinarios; en las restantes
Comunidades Autónomas nada se ha hecho al respecto. Pero lo que
verdaderamente se hace necesario es el establecimiento de una
legislación nacional que coordine el sector, especialmente cuando
está actuando en el ámbito nacional una asociación privada que
gestiona un libro genealógico registrado como de su propiedad
industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, invadiendo
con ello una competencia de la Administración.
La gestión del libro genealógico debe estar encomendada
a asociaciones autonómicas de criadores, controladas e intervenidas
por
sus respectivas Consejerías de Agricultura, que son las encargadas, a
través de los servicios veterinarios, de velar por la exactitud de
las inscripciones en ellos realizadas, dado que las competencias en
ganadería están transferidas a las Comunidades Autónomas. La llevanza
de los libros genealógicos por asociaciones reconocidas en sus
Comunidades Autónomas y la facultad inpectora e interventora, así
como sancionadora en caso de infracción, de los servicios
veterinarios oficiales de la Comunidad es la mejor garantía contra el
fraude en las inscripciones que puede darse a los ciudadanos. En este
sentido se expresaba la sentencia del Tribunal Constitucional 67/
1996, de 18 de abril, sobre un tema paralelo en relación con las
competencias, suscitado entre la Generalitat de Catalunya y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los registros
sobre las sustancias o productos que intervienen en la alimentación
de los animales domésticos. Tal y como indica el Alto Tribunal, «la
titularidad de las competencias controvertidas corresponde a la
Comunidad Autónoma recurrente, ya que de un lado, en materia de
ganadería posee competencia exclusiva de desarrollo legislativo y de
ejecución y no puede caber ninguna duda de que las actividades de
recepción y registro de las comunicaciones se hallan incluidas en
esta última categoría».
Pero en el caso de las razas caninas se hace necesaria la unicidad de
los registros o del libro genealógico en el ámbito nacional. Parece
evidente la necesidad de que exista un único registro de perros de
raza en todo el territorio nacional, pues la unicidad del libro
genealógico garantiza el control cuando la venta se realiza entre
distintas Comunidades Autónomas o con otros países. Además, ha de
tenerse en consideración la competencia estatal sobre las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y
que la legislación comunitaria impone al Estado español la obligación
de comunicar a la Comisión la relación de asociaciones u
organizaciones de criadores de animales de raza que gestionan libros
genealógicos que hayan sido reconocidas o rechazadas para esta labor.
Lo que se consigue mediante una base de datos central o Libro Central
controlado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este
registro no debe ser más que una base de datos que se nutra de la
información cedida por las distintas Comunidades Autónomas, como bien
señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada.
Por otra parte, la Comisión Europea tiene establecidas una serie de
Directivas y Decisiones que regulan aspectos fundamentales de los
libros genealógicos de los animales de raza, así como las
características que deben reunir las organizaciones o asociaciones de
criadores para ser reconocidas oficialmente en la llevanza de libros
genealógicos. Las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio;
89/361/CEE, de 30 de mayo; 90/425/CEE y 90/427/CEE, de 26 de junio, y
91/174/CEE, de 25 de marzo, constituyen la normativa comunitaria
básica sobre selección y reproducción de animales de raza con
especial tratamiento de los libros genealógicos. Así, concretamente,
la Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991, relativa
a las normas zootécnicas y genealógicas que regulan la
comercialización de animales de raza, lo que establece los principios
para esta actividad, fue transpuesta a nuestro ordenamiento mediante
el Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, que regula el
reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de
criadores de animales de raza que lleven o creen libros genealógicos.
Pero el Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, por tratarse de un
Decreto marco, necesita de un desarrollo posterior para las distintas
especies o razas, lo que ha motivado que su aplicación a la especie
canina no se haya producido en el ámbito estatal por falta de
desarrollo reglamentario.
El creciente interés social por la conservación de los recursos
genéticos y la necesidad de potenciar y utilizar adecuadamente
poblaciones animales con importantes capacidades productivas
adaptadas a situaciones medioambientales y de explotación concretas,
hace necesario la regulación de las condiciones para la creación y
gestión de los libros genealógicos de las razas caninas alóctonas
y autóctonas, así como el reconocimiento de asociaciones de criadores
para la llevanza de los citados libros genealógicos.
Teniendo en consideración el incremento que se ha producido en España
de múltiples actividades relacionadas con el fomento de la cría y
tenencia de perros de raza, así como la necesidad de establecer los
mecanismos de seguridad en el manejo y adiestramiento de los perros
potencialmente peligrosos.
Es por lo que el Grupo Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en estrecha
colaboración y de acuerdo con las competencias de las Comunidades
Autónomas, promueva y actualice la normativa necesaria para la
creación de los libros genenealógicos caninos, de acuerdo con los
puntos siguientes:
1. Que una norma legal establezca aquellos aspectos concernientes a
la crianza, comercialización, tenencia
barreras burocráticas que disuadan de su posesión para limitar su
expansión descontrolada.
2. Que la gestión de los libros genealógicos sea encomendada a
organizaciones o asociaciones de criadores que gocen del
reconocimiento oficial de sus respectivas Comunidades Autónomas para
que puedan realizar una eficaz labor de control en el ámbito
territorial de esa Comunidad, estando sometidas a la inspección de
sus órganos de Gobierno.
3. Que se establezca en el desarrollo del libro genealógico canino
que las organizaciones o asociaciones de criadores reconocidas
oficialmente para la gestión de los libros habiliten una sección del
registro que permita listar una relación de aquellos perros inscritos
que respondan a determinadas peculiaridades raciales que los hagan
objetivamente susceptibles de ser adiestrados para el ataque
o potencialmente peligrosos. Y que como requisito mínimo en tal
listado
se haga constar, junto a los datos de los criadores o propietarios de
los perros, la raza, edad y sexo del animal y su código de
identificación. Que las organizaciones de criadores reconocidas
oficialmente en las respectivas Comunidades Autónomas informen de
oficio del mencionado listado a las autoridades locales o
Ayuntamientos en cuyos municipios se verifique la inscripción de
perros peligrosos. Que se establezca en las organizaciones o
asociaciones de criadores con reconocimiento oficial el
correspondiente censo de adiestradores de perros de ataque
autorizados a ejercer esta labor profesional en su respectiva
Comunidad Autónoma.
4. Que promueva la regulación de los libros genealógicos caninos,
estableciendo el Registro Inicial, Fundacional, de Nacimientos,
Definitivo y de Méritos, y cuantos otros se estimen precisos, de
acuerdo con la moderna teoría zootécnica, herramienta básica para el
control de los perros.
5. Que promueva la identificación obligatoria de los ejemplares
destinados a la cría, con la finalidad de garantizar la veracidad de
las inscripciones realizadas en los libros.
6. Que se establezca la identificación obligatoria de los perros que
han sido sometidos a adiestramiento en ataque, para ejercer un
adecuado control que permita conocer en todo momento su situación.
7. Que para la verificación y control de filiaciones se empleen los
métodos técnicos adecuados, especialmente el análisis de marcadores
sanguíneos y genéticos, estableciéndose en el reglamento del libro
genealógico un sistema aleatorio de verificación de filiaciones
mediante estos métodos, único modo de evitar el fraude.
8. Que se establezcan los requisitos mínimos que deben cumplir las
organizaciones o asociaciones de criadores de perros para obtener su
reconocimiento oficial, cuidando especialmente de que se aplique el
artículo segundo de la Directiva 91/174/CEE, que establece que los
Estados miembros velarán porque se establezcan de manera no
discriminatoria los criterios de aprobación y de reconocimiento de
las organizaciones o asociaciones de criadores.
9. Que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
vele para evitar que se establezcan
medidas discriminatorias entre los registros genealógicos de los
libros gestionados entre las respectivas Comunidades Autónomas.
10. Que para garantizar la unicidad y publicidad de los libros
genealógicos se establezca en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación un Libro Central que teniendo mero carácter informativo
se nutra de la información facilitada por las distintas Comunidades
Autónomas procedente de los libros genealógicos reconocidos
oficialmente en su ámbito territorial.
11. Que la representación de ámbito nacional y oficial ante el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la finalidad de
garantizar la unicidad de los libros genealógicos, sea ostentada
únicamente por una federación o confederación resultante de la suma
de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza
reconocidas oficialmente en las respectivas Comunidades Autónomas.
12. Que por ser los libros genealógicos un registro de interés
público, propiedad de la Administración, no puedan disfrutar del
carácter de entidad colaboradora aquellas organizaciones o
asociaciones de criadores que llevando un libro genealógico, éste
constituya un registro privado o marca comercial inscrita en el
Registro de la Propiedad Industrial con el fin de establecer el
derecho exclusivo a su utilización en el tráfico económico.
13. Que se desarrolle el Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, en su
aplicación a la especie canina, respetando las organizaciones o
asociaciones de criadores de perros de raza en la actualidad
reconocidas oficialmente en sus respectivas Comunidades Autónomas.
14. Que se aplique a los perros de raza la Orden de 26 de junio de
1992.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1999.-Demetrio
Madrid López, Diputado.-Luis Martínez Noval, Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso.
162/000332
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre aplicación del censo actual de población
a la financiación de las Comunidades Autónomas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
aplicación del censo actual de población a la financiación de las
Comunidades Autónomas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, al
regular la participación en los ingresos del Estado como uno de los
recursos financieros de las Comunidades Autónomas, establece entre
las bases que se han de tener en cuenta para fijar el porcentaje de
participación de cada Comunidad Autónoma la población.
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 23 de
septiembre de 1996, por el que se aprobó el sistema de financiación
para el quinquenio 1997-2001, estableció como uno de sus puntos
principales que «la financiación global del sistema se determinará
según las variables y ponderaciones actualmente existentes», lo que
supone que la población que se considera es la fijada en el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992
(sistema de financiación autonómica del quinquenio 1992-1996), que a
su vez se remite a la población calculada a 1 de julio de 1988 por el
Instituto Nacional de Estadística.
Consecuencia de ello es que el criterio de la población, que es el
que mayor coeficiente de ponderación tiene a la hora de fijar la
participación en los ingresos del Estado de cada Comunidad Autónoma,
se determina actualmente según cifras de población de hace más de
diez años, desfase temporal ciertamente exagerado. Ello comporta que
el actual sistema de financiación no cumple satisfactoriamente uno de
sus principales objetivos: la suficiencia financiera para el
ejercicio de las competencias propias de las Comunidades Autónomas,
fundamentalmente respecto de aquellas cuya población a lo largo de
estos diez años se ha incrementado espectacularmente.
Aunque la población no es el único factor que determina la
participación en los ingresos del Estado de cada Comunidad -es
indiscutible la influencia de otros factores para conseguir la
suficiencia financiera para la prestación
de los servicios-, si es el más importante, pues no hay que perder la
perspectiva de que los servicios públicos que prestan las
Administraciones Públicas tienen un único destinatario, los
ciudadanos.
Ya en noviembre de 1997 el Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad una Proposición no de Ley por la que se instaba al
Gobierno a que las cifras oficiales de población referidas a 1 de
mayo de 1996 tuvieran efecto en la financiación de las Comunidades
Autónomas.
Considerando, por tanto, que cualquier método para la aplicación del
sistema de financiación autonómica debe tener en cuenta la población
de cada Comunidad Autónoma, por imperativo de la Ley, y que el
cálculo de cuál sea ésta debe hacerse sobre datos reales actualizados
reciba por ello menos recursos de los que percibe hasta ahora, es por
lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a efectos de
calcular la participación de las Comunidades Autónomas en los
ingresos del Estado en el actual quinquenio, considere las cifras de
población resultantes de la renovación padronal referida a 1 de mayo
de 1996, declaradas oficiales por el Real Decreto 1645/1997, de 31 de
octubre.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 1999.-Amparo
Rubiales Torrejón, Diputada.- María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000333
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre la modulación de las ayudas directas que
se establecen en las distintas organizaciones comunes del mercado en
el marco de la Política Agraria Común (PAC).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
modulación de las ayudas directas que se establecen en las distintas
organizaciones comunes del mercado en el marco de la Política Agraria
Comunitaria, para su debate en Pleno.
Motivación
La Agenda 2000 prevé la posibilidad de establecer una modulación en
las ayudas directas que percibe cada país miembro en el marco de la
PAC. Estando esta cuestión aún sometida a debate, es necesario que
este Parlamento se pronuncie respecto a los criterios que han de
guiar al Gobierno para defender un determinado modelo de modulación
de estas ayudas compensatorias para mantener las rentas de los
agricultores motivadas por los acuerdos que obligan a una progresiva
convergencia de precios. Esta cuestión se hace aún más necesaria
teniendo en cuenta el amplio margen que los Estados pudieran tener
para fijar esta modulación. Criterios que lógicamente les
posibilitarían adaptarse a las condiciones específicas de cada
Estado.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«Se insta al Gobierno a que establezca la modulación de las ayudas
directas al mantenimiento de las rentas agrarias que se derivan de
las Organizaciones Comunes de Mercado en el marco de la PAC en
función a los siguientes criterios:
1. Criterios generales:
Equidad.
En orden a la mejora de la competitividad de las explotaciones
agrarias.
En función del empleo que sostienen, generan o pueden generar las
explotaciones agrarias.
Otros criterios específicos de carácter territorial concreto unidos a
procesos de despoblamiento o graves dificultades de desarrollo
económico.
2. Criterios específicos:
Los anteriores criterios generales deberán aplicarse específicamente
para cada grupo de cultivos que reciban
ayudas directas y, al menos, deberán establecerse los siguientes
grupos:
Herbáceos.
Lácteos.
Ovino y vacuno de carne.
Olivar.
Otros.
3. El Gobierno, previamente a cualquier decisión, consultará, tanto a
las organizaciones profesionales agrarias como al movimiento
cooperativo, sus criterios de modulación de ayudas, a fin de buscar
una convergencia lo más amplia posible, a este respecto, entre los
agentes económico-sociales de este sector.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 1999.-
Francisco Amarillo Doblado, Diputado.- María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
162/000334
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre conciliación de la vida familiar y
laboral de los trabajadores.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre conciliación
de vida familiar y laboral de los trabajadores, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
La evolución de la estructura demográfica, de la composición de los
hogares y de los tipos de familia, y las nuevas características del
mercado laboral, requieren nuevas respuestas de los poderes públicos
que se correspondan con las nuevas necesidades existentes en nuestro
país.
Hasta épocas relativamente recientes, el reparto de responsabilidades
en nuestra sociedad se encontraba claramente segmentado: con carácter
general, a las mujeres les correspondía prácticamente en exclusiva el
ámbito privado y familiar y la realización del trabajo no remunerado,
mientras que los hombres desarrollaban el ámbito público, mediante la
realización de un trabajo remunerado.
En estos últimos años, nuestro mercado laboral ha experimentado una
profunda transformación, debido fundamentalmente a la incorporación
de la mujer a la actividad laboral. Se han dado pasos muy importantes
en este terreno, aunque todavía es necesario avanzar en la
consecución de la igualdad real en el terreno laboral, ya que es un
elemento clave para garantizar la autonomía personal de las mujeres.
En este sentido, y en el marco del III Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres aprobado por el Gobierno el 7
de marzo de 1997, se han producido importantes avances en la
normativa laboral tendentes a reforzar el papel de las mujeres en el
mercado de trabajo y a romper estereotipos sexistas que todavía
asocian la maternidad y los cuidados familiares con las mujeres de
forma exclusiva.
Como medidas más significativas, es importante destacar:
El Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se
regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los
contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas
para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por
maternidad, adopción y acogimiento, conocido popularmente como «Coste
0», por el que se eliminan los inconvenientes que representaba para
las empresas la maternidad, adopción y acogimiento, al bonificar el
100 por ciento de las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social en el caso de sustitución durante este período a la persona
trabajadora durante el permiso parental.
Orden ministerial de 16 de septiembre de 1998 para el fomento del
empleo estable de mujeres en las profesiones y ocupaciones con menor
índice de empleo femenino, por la que se actualiza la relación de
ocupaciones con menor índice de empleo femenino a efectos de
incentivar la contratación de mujeres en estos puestos y romper la
segmentación por sexos del mercado laboral.
Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, de medidas urgentes
para la mejora del mercado de trabajoen relación con el trabajo a
tiempo parcial y el fomento
de su estabilidad, por el que se establece una nueva regulación de
esta modalidad de contrato, con una protección social efectiva para
el trabajador, que posibilita su utilización por los jóvenes, los
trabajadores que quieran compatibilizar su trabajo con su vida
personal y familiar, las personas con discapacidad, etc.
Es necesario continuar avanzando en el desarrollo de medidas que
contribuyan a una mayor y mejor realización de las políticas de
igualdad. Se puede afirmar que la incorporación de las mujeres al
mundo laboral ha supuesto que en la mayoría de las ocasiones, ésta ha
asumido el nuevo y moderno rol laboral sin abandonar el antiguo y
tradicional papel familiar, de manera que la doble jornada, y muy
especialmente el cuidado de los miembros de la familia, sigue siendo
asumido por éstas después de su jornada laboral, con el sentimiento
añadido de culpa y frustración por no poder atender debidamente, como
les exige aún la sociedad, la estructura familiar.
El desarrollo de políticas de conciliación de las responsabilidades
familiares y profesionales, tanto de los hombres como de las mujeres,
supone proporcionar posibilidades de elección mediante una serie de
opciones, para que la pareja pueda decidir libremente cuándo y quién
disfruta de los permisos por tener o adoptar un hijo, por cuidar a un
familiar mayor o incapacitado, etc.
La conciliación de la vida profesional y personal puede y debe
plantearse mediante una organización distinta de los permisos, en el
marco de sistemas más flexibles y remunerados, así como de la
reorganización y reformulación del tiempo de trabajo.
Por todo ello, y en el contexto de una política progresista de apoyo
a las familias, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente en el
plazo más breve posible un Proyecto de Ley que promueva la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras y, especialmente, las siguientes medidas:
Flexibilización de los permisos de reducción de jornada por cuidados
familiares y extensión del permiso en los supuestos de tener a cargo
un familiar hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad
incapacitado para el trabajo o mayor de sesenta y cinco años
necesitado de atenciones especiales.
Ampliación de la excedencia por cuidados familiares.
Ampliación de la duración del permiso del padre, dentro del permiso
de maternidad.
Ampliación del permiso de maternidad en el supuesto de partos
múltiples.
Ampliación del permiso de adopción y acogimiento en el caso de los
mayores de nueve meses hasta las dieciséis semanas.
Regulación de la prohibición de despido por razón de embarazo, parto
o utilización de la reducción de jornada o excedencia por cuidados
familiares.»
Madrid, 3 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario en el Congreso.
162/000335
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a modificaciones en la regulación de
las empresas de trabajo temporal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo
194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la
Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, relativa a modificaciones en la regulación de las empresas de
trabajo temporal, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 14/1994, de 1 de junio, aprobó, por primera vez en nuestro
país, la existencia de las Empresas de Trabajo temporal, regulando
jurídicamente su régimen de funcionamiento.
Con ello se trató de introducir en el mercado de trabajo español una
institución que venía siendo regulada en diferentes países europeos
desde la década de los años sesenta, avanzando así en el
establecimiento de unas
reglas de juego similares en el marco del mercado único europeo y
garantizando, mediante los adecuados requisitos, limitaciones y
controles, el mantenimiento en todo caso de los derechos laborales y
de protección social de los trabajadores contratados para ser cedidos
a las empresas usuarias.
Los casi cuatro años transcurridos desde entonces han permitido
constatar el gran desarrollo de este tipo de empresas, así como el
importante papel que han jugado en la dinamización del mercado de
trabajo y del empleo.
Sin embargo, la experiencia adquirida en este período ha mostrado
también la conveniencia de afrontar un análisis sobre el
funcionamiento de este sector, con la finalidad de proponer
modificaciones que corrijan posibles disfunciones en la actividad de
unas empresas de todavía escasa trayectoria temporal en nuestro país.
Esta conveniencia ha sido manifestada por los interlocutores sociales
en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, firmado
en abril de 1997, en el que acordaron proponer al Gobierno el
establecimiento de un Grupo Tripartito, con la participación de la
Administración y de los Agentes Sociales, que estudiara el
funcionamiento del sector, definiera la información estadística
necesaria y propusiera modificaciones en todos aquellos aspectos
susceptibles de mejorar la actividad de las empresas de trabajo
temporal.
Recientemente, en el mes de enero de 1999, el Gobierno, atendiendo
por una parte a la solicitud de los agentes sociales, y respondiendo,
por otra, a una convicción propia sobre la oportunidad de este
análisis, ha convocado a los interlocutores sociales a una mesa de
diálogo sobre esta cuestión.
El Parlamento, en su calidad de representación directa de los
ciudadanos de este país y profundamente interesado por todos los
temas que afectan al mercado laboral español, no desea ser ajeno a
este proceso.
En virtud de ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras un
análisis exhaustivo de los problemas que afectan al funcionamiento de
las empresas de trabajo temporal, haga el máximo esfuerzo posible por
acordar con los interlocutores sociales las modificaciones necesarias
para mejorar y controlar dicho funcionamiento.»
Madrid, 3 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001362
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para resolver la situación de
Irak.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
A lo largo del pasado año, la aplicación de las medidas impuestas
sobre Irak por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los
incumplimientos por parte del Gobierno iraquí han sido objeto de
controversia entre la ONU e Irak y en el seno del propio Consejo. En
diversas ocasiones, la decidida intervención del Secretario general
o de Estados miembros del Consejo evitaron acciones unilaterales. En
otras, fue la aceptación por Irak de las exigencias del Consejo de
Seguridad.
El pasado mes de diciembre, mientras que los miembros del Consejo
deliberaban sobre el informe Butler, Estados Unidos y el Reino Unido
iniciaron una serie de acciones militares unilaterales que
justificaron en las conclusiones del referido informe que, por
cierto, contrasta vivamente con el informe de la Agencia
Internacional de la Energía. Dichas acciones fueron acogidas con
reservas o con críticas por parte de la comunidad internacional. Por
otra parte, las acciones militares han continuado contra objetivos en
diversas áreas del país, incluyendo la zona de exclusión aérea. En
algún caso, estos ataques han ocasionado víctimas entre la población
civil.
El pueblo iraquí y, en especial, sus sectores más desprotegidos
siguen siendo la víctima principal de esta
situación. Así lo han puesto de manifiesto, recientemente,
organizaciones como la UNICEF o la UNESCO, que han pedido el fin de
los ataques.
Por otra parte, los propios términos de las sanciones impuestas a
Irak hacen prácticamente imposible una perspectiva de fin al régimen
de sanciones, una situación en que el pueblo iraquí pueda ver la luz
al final del túnel. Por otra parte, las consecuencias de esta
situación sobre una región ya inestable son evidentes.
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados insta al Gobierno:
Proposición no de Ley
«1. A reiterar la necesidad de que bajo la exclusiva autoridad del
Consejo de Seguridad y del Secretario general se mantengan mecanismos
adecuados para garantizar, supervisar y evaluar el cumplimiento por
Irak de las resoluciones de Naciones Unidas.
2. A respaldar la vía diplomática como medio apropiado para la
resolución de las divergencias que puedan surgir entre Irak y el
Consejo de Seguridad.
3. A defender la soberanía y la integridad territorial de Irak,
solicitando el fin de los ataques armados y oponiéndose, de manera
expresa, a toda acción unilateral.
4. A promover cambios en el Programa Petróleos por Alimentos,
flexibilizándolo y aumentando las cuotas actuales a fin de aliviar el
padecimiento del pueblo iraquí.
5. A demandar la imparcial certificación de los cumplimientos o
incumplimientos de las resoluciones de la ONU por parte del Gobierno
de Irak, contemplando un progresivo levantamiento de las sanciones a
fin de que exista una perspectiva real de poner fin a la situación
actual.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 1999.-Rafael
Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001368
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre impulso para la ratificación del Estatuto
del Tribunal Penal Internacional.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso para la
ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Motivación
La aprobación en Roma, el pasado 17 de julio de 1998, del Estatuto
del Tribunal Penal Internacional, significa establecer, con carácter
permanente e independiente, un sistema de justicia universal para la
defensa de los derechos y libertades de toda la ciudadanía. El
establecimiento de este Tribunal Internacional, como contribución al
mantenimiento y consolidación de la paz internacional, es un objetivo
que, en el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre es ya posible: de su puesta en práctica y buen
funcionamiento se derivará el fortalecimiento de la seguridad
colectiva, una mayor justicia, evitar que los responsables de
crímenes execrables queden impunes e impedirlos en el futuro.
Como señaló el Secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en
el curso de la ceremonia final que tuvo lugar con motivo de la
aprobación del Estatuto de Roma, su adopción significa haber superado
muchos problemas legales y políticos pendientes en la agenda de
Naciones Unidas a largo de toda su historia. El Estatuto fue firmado
por diversos Estados, entre ellos España, con motivo de la citada
Conferencia de Plenipotenciarios de Roma y, desde el pasado 18 de
octubre, ha quedado abierto para su firma en la Secretaría General de
Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre del año 2000, con el
objetivo de que la mayoría de sus miembros procedan a su firma y, al
menos 60 de ellos, depositen sus instrumentos de ratificación en
dicha fecha y así este Tribunal alcance efectivamente una autoridad
incuestionable y la más amplia jurisdicción posible. Una Comisión
Preparatoria ha quedado encargada de preparar entretanto y hasta el
30 de junio de dicho año, las Reglas de Procedimiento y Medios de
Prueba del Tribunal.
El Pleno del Congreso de los Diputados manifestó en su día su apoyo
unánime a las medidas tendentes para la creación de un Tribunal Penal
Internacional de carácter estable y universal, y el pasado 24 de
junio, la Comisiónde Asuntos Exteriores aprobaba una serie de
resoluciones
de impulso a los trabajos encomendados a la Conferencia Diplomática
de Plenipotenciarios de Roma, en las que España ha desarrollado,
desde 1990, un papel relevante en la defensa de los contenidos y
competencias del citado Tribunal.
Por todo ello, dada la importancia de seguir impulsando el logro
alcanzado en la Conferencia de Roma y que el funcionamiento del
Tribunal sea una realidad en la comunidad internacional en las fechas
previstas, como mecanismo decisivo en la consecución de un sistema de
justicia universal y garantía de los derechos humanos para las
próximas generaciones, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A adoptar las medidas oportunas para proceder a la tramitación
ante las Cortes Generales del Estatuto del Tribunal Penal
Internacional y depositar ante Naciones Unidas el correspondiente
instrumento de ratificación por el Reino de España de dicho Estatuto.
2. A impulsar el desarrollo y la ejecución de los trabajos pendientes
relativos a la elaboración y aprobación de las Reglas de
Procedimiento y Medios de Prueba del Tribunal y, con el fin de que
dicho Tribunal adquiera la incuestionable autoridad e independencia,
competencia y amplia jurisdicción que requiere su establecimiento,
promover cuantas acciones sean necesarias, tanto bilateral como
multilateralmente, para conseguir que los Estados que forman parte de
Naciones Unidas se sumen a la firma y ratificación de dicho Estatuto,
en el plazo previsto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 1999.-Ana
Balletbó Puig, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Justicia e Interior
161/001363
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre mantenimiento del servicio de Vigilancia
Rural por parte de la Guardia Civil en la zona de Cabra-Lucena, en
tanto la Policía Nacional no disponga de los medios suficientes para
acometer dicho servicio.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Justicia e Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su
debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Motivación
A partir de primeros de diciembre de 1998, la Guardia Civil deja de
prestar el servicio de Vigilancia Rural en los municipios de Lucena y
Cabra. Este servicio debería haberse prestado por parte de la Policía
Nacional según la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
según la cual donde haya cuartel de la Guardia Civil y Comisaría de
Policía será esta última la que asuma la vigilancia rural.
La situación actual en que se encuentra la Policía en estos
municipios hace imposible la prestación del servicio de Vigilancia
Rural, ya que continúan con la misma dotación de personal y un parque
móvil insuficiente e inadecuado, además de carecer de una formación
específica sobre las nuevas tareas que deben acometer.
En consecuencia, el servicio ha dejado de prestarse, encontrándonos
en una de las zonas olivareras más extensas de toda Andalucía y en
plena campaña de recogida de la aceituna. Esto ha provocado un
aumento del 200 por ciento de robos de aceitunas respecto del mismo
período de la campaña anterior.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Mantener el servicio de Vigilancia Rural por parte de la Guardia
Civil en la zona de Cabra-Lucena en tanto la Policía Nacional no
disponga de los medios materiales necesarios y personal suficiente y
con formación adecuada
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 1999.-María
del Carmen Montes Contreras, Diputada.-María Teresa Fernández de la
Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
Comisión de Educación y Cultura
161/000834 y 161/001295
La Comisión de Educación y Cultura, en su sesión del día 2 de febrero
de 1999, ha debatido conjuntamente las siguientes Proposiciones no de
Ley:
Relativa a la realización de trámites por el Gobierno para declarar
la Muralla de Lugo monumento perteneciente al Patrimonio de la
Humanidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de
expediente 161/834), publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 239, de 10 de febrero de 1998.
Relativa a la dotación de recursos para la restauración
y conservación de la Muralla de Lugo, y solicitud de que la misma sea
declarada Patrimonio de la Humanidad, por parte de la UNESCO,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (número de
expediente 161/1295), publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 354, de 9 de diciembre de 1998, habiendo
aprobado, por unanimidad, un texto transaccional entre las mismas
y la enmienda presentada a la 161/1295 por el Grupo Parlamentario
Popular, del siguiente tenor:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y apoyar
los trámites en curso, iniciados ya a instancia de la Junta de
Galicia, en coordinación con dicho Gobierno autónomo, en orden a que
la Muralla de Lugo sea declarada monumento perteneciente al
Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO.»
A la Proposición no de Ley (161/1295) se formuló una enmienda, cuyo
texto se inserta a continuación.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa de la Comisión de Educación y Cultura
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 194 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Proposición no de Ley, relativa a la dotación de recursos para la
restauración y conservación de la Muralla de Lugo y solicitud de que
la
misma sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Madrid, 29 de enero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda
De modificación
El texto quedará redactado de la siguiente manera:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las
gestiones oportunas, en coordinación con la Junta de Galicia, para
que la UNESCO declare la Muralla Romana de Lugo monumento Patrimonio
de la Humanidad.»
Justificación
Existe un Convenio de Colaboración, vigente hasta el año 2000,
suscrito entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería
de Cultura y Comunicación Social de la Junta de Galicia para la
financiación conjunta de la intervención en la Muralla Romana de
Lugo. (Resolución de 25 de septiembre de 1997, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al citado Convenio. «Boletín Oficial del Estado» núm. 242,
de 9 de octubre).
161/001366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley relativa a la resolución del conflicto, en
relación con el cobro de los derechos de autor, entre los productores
cinematográficos y de series para televisión y la industria del
turismo y ocio.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Educación y Cultura. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Educación y Cultura.
En la actualidad existe un conflicto, en relación al cobro de los
derechos de autor, entre los productores cinematográficos y de series
para televisión y la industria del turismo y ocio, especialmente la
hotelera, bares, cafeterías y similares. Este conflicto está
provocando múltiples problemas judiciales con sentencias diversas y
con la posibilidad, incluso, de que se produzcan actuaciones de los
jueces de precintado de aparatos de TV en estos sitios, con el
consiguiente problema que ello supondría para la imagen de nuestra
principal industria.
Para nuestro Grupo es importante conjugar el respeto a los derechos
de los artistas e intelectuales a ser dueños de la comercialización
de su producción, con la necesidad de dar una racionalidad a esta
aportación. Racionalidad que no debe venir impuesta por una batalla
jurídica, sino que debe ser fruto del acuerdo.
Asimismo, consideramos que el Gobierno debe ser parte activa en la
resolución de la situación. Son varios billones de pesetas los que la
industria del turismo y ocio aporta a la economía nacional y es
justo, por tanto, que la Administración asuma su responsabilidad de
colaborar con este sector en la ayuda a los artistas nacionales.
Creemos que esta situación de inseguridad jurídica puede perjudicar
tanto a la economía nacional, como al desarrollo de nuestra cultura.
Por ello la Administración no debe ser ajena al problema, aún más
cuando existe un consenso en considerar al turismo como una cuestión
de Estado al afectar sus problemas a la economía nacional y la
necesidad de defender nuestra cultura no sólo con declaraciones
públicas, sino dotándola de los instrumentos que necesita para su
desarrollo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a propiciar una Mesa
de diálogo, integrada por representantes de todas las partes en
conflicto, incluida la Administración, para que en el plazo máximo de
seis meses, presenten ante esta Cámara una propuesta consensuada que
permita establecer unas reglas de juego en las que todas las partes
vean reconocidos sus derechos.
En el caso de que no se alcanzara acuerdo alguno, el Gobierno deberá
presentar a esta Cámara una propuesta
de resolución del conflicto, en la que todas las partes vean
reconocidos sus derechos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/001352
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 373, de 8 de
febrero de 1999, aparece publicada la Proposición no de Ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la
creación de una Comisión en relación con los sistemas de pago
mediante tarjeta, con los números de expediente 162/000325 (página
13) y 161/001352 (página 20), debiendo figurar únicamente la
publicada con el número de expediente 162/000325.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/001369
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa al estudio de la problemática derivada
de la existencia de razas caninas con tendencias agresivas y a la
adopción de las medidas oportunas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 de Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley, relativa al estudio de la existencia de razas caninas con
tendencias agresivas y la adopción de medidas oportunas para este
asunto para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la conciencia nacida en las sociedades de los
países económica y culturalmente más avanzados, existe actualmente
una corriente cada vez más extendida que pretende sentar las bases
del respeto que debe regular la relación del hombre con los seres
vivos de su entorno, y especialmente con los animales.
La sociedad española, en general, y el Grupo Parlamentario Popular,
en particular, tampoco permanecen al margen de este proceso de
sensibilización a favor de los animales.
Sin embargo, a la Unión Europea, y a España en los últimos meses, les
ha surgido un problema con los trágicos sucesos protagonizados por
perros, con tendencias agresivas, que han causado daños importantes a
personas, en algunos casos incluso la muerte. Eso sin contar los
casos de personas que lograron salir airosas de agresiones de éstos y
otros perros domesticados o asilvestrados.
Los cruces indiscriminados y sin sentido entre ejemplares de algunas
razas y su inadecuado adiestramiento puede convertir a ciertos
animales en agresivos; el adiestramiento para las peleas ilegales con
apuestas; la importación ilegal de muchos de estos perros y la
utilización de estos perros para fines de diversa índole delictiva
pueden ser los motivos de la conversión de una raza canina
«naturalmente agresiva», para los fines que le son propios, en un
arma arrojadiza y de gran peligrosidad para las personas.
El Grupo Parlamentario Popular considera necesario que se conozca con
precisión esta realidad en nuestro país, de tal forma que, en función
de los resultados, se adopten las medidas oportunas para proteger la
adecuada cría de estas razas y garantizar la seguridad de su
difusión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Estudiar la problemática derivada de la existencia de razas
caninas potencialmente agresivas y proceda a adoptar las medidas
oportunas al respecto.
2. Proponer ante las instancias pertinentes de la Unión Europea la
armonización legislativa comunitaria en relación a la cría y
utilización de las razas y cruces caninos que se determinen como de
especial agresividad.»
Madrid, 3 de febrero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001370
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre la regulación de determinadas razas
caninas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 de Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación de determinadas razas caninas para su debate en la
Comisión de Agricultura.
En España se producen cada año entre 10.000 y 12.000 denuncias por
agresiones caninas, según datos del Consejo General de Veterinarios
Españoles. Desgraciadamente, algunas de estas agresiones han
ocasionado la muerte de personas, como la recientemente ocurrida en
Mallorca, donde un «dogo argentino», con antecedentes por otras
presuntas agresiones, acabó con la vida de un niño de cuatro años,
mientras éste jugaba con otros niños.
Estos antecedentes, junto con el incremento de la cría
y adiestramiento de las especies o razas de perros considerados como
peligrosos, hacen necesaria una mayor regulación normativa tendente a
evitar que sucesos como el acaecido en Mallorca no se vuelvan a
repetir.
Países de nuestro entorno europeo, tales como Francia y Gran Bretaña,
ya han tomado cartas en el asunto y han adoptado normativas legales
referentes a este tema, bien prohibiendo determinadas razas de este
tipo de animales, bien estableciendo un control exhaustivo tanto de
los propietarios como de los animales.
Debido a la alarma social que el último hecho luctuoso ha provocado
en nuestro país, creemos que es el momento para que desde el Congreso
de los Diputados se propongan las medidas necesarias que eviten que
hechos de estas y similares características se vuelvan a repetir.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte de modo
urgente las medidas oportunas para que:
1. Se modifique el Código Penal en el sentido de incluir como arma a
los perros entrenados para desarrollar su agresividad hacia las
personas o los animales cualquiera que sea su raza. Desarrollando,
por tanto, las medidas de control requeridas para la tenencia de
cualquier otro tipo de armas.
Asimismo, el abandono de especies animales y el uso de las mismas en
combate deberá considerarse como delito.
2. Se elabore, de acuerdo con expertos en la materia, un catálogo de
razas caninas consideradas como peligrosas y su grado de
peligrosidad. En este catálogo, al menos, deberán aparecer aquellas
razas fruto de selección de determinadas características
potencialmente peligrosas.
Asimismo, se deberá elaborar un catálogo de criadores, centros y
educadores-adiestradores caninos, que deberán estar en posesión de la
correspondiente habilitación para ejercer tal cometido.
3. Se prohíba la importación y se controle la cría, venta, donación y
tenencia de las razas contenidas en el catálogo referido
anteriormente.
Los actuales poseedores de animales de estas especies deberán ponerlo
en conocimiento de la Administración competente, al objeto de
proceder a su esterilización y ser dotados de una documentación
específica.
Asimismo, los centros veterinarios deberán exigir a los propietarios
de estos animales la documentación acreditativa expedida por la
Administración competente. En el caso de que el propietario carezca
de esta documentación, estos centros deberán ponerlo en conocimiento
de dicha Administración.
4. Se elabore una legislación de ámbito nacional que incluya:
Las medidas de seguridad que deben aplicarse a las razas caninas,
tales como el uso de bozal y correa; así como la exigencia de que en
núcleos urbanos deban estar permanentemente en compañía de su dueño.
Que los canes pertenecientes al catálogo citado en el apartado 2, así
como aquellos que, no perteneciendo al mismo, hayan sido adiestrados
para defensa y ataque, porten un distintivo visual que indique su
peligrosidad.
5. Los propietarios de cualquier tipo de raza canina, y a partir de
los seis meses de vida del animal, deban disponer
de un seguro de responsabilidad civil obligatoria, cuya cuantía
dependa del grado de peligrosidad de la misma.
6. La posesión de canes por parte de las Administraciones Públicas,
compañías de seguridad o particulares, destinados a cumplir funciones
de seguridad o de compañía, no pertenezcan a las especies incluidas
en el catálogo.
7. Los canes que prestan servicios de seguridad para las
Administraciones Públicas reciban su formación en centros propios de
dichas Administraciones.
Los que vayan a ser propiedad de compañías de seguridad
o particulares podrán ser adquiridos libremente y deberán ser
adiestrados en centros expresamente autorizados por la Administración
competente tras el visado de sus procedimientos y programas de
formación. Dichos centros de adiestramiento tramitarán ante dicha
Administración la documentación oportuna acreditativa de los
animales, que deberá obrar en todo momento en poder de sus
propietarios y deberá ser exhibida a requerimiento de las autoridades
competentes y personal veterinario.
Adicionalmente, el personal de las Administraciones Públicas,
compañías de seguridad y particulares, responsables de animales
adiestrados para defensa o ataque, deberán superar una prueba
psicotécnica similar a la existente para la posesión de armas para
poder hacerse cargo del animal en cuestión. En el caso específico de
las compañías de seguridad y particulares, esta prueba deberá obrar
en poder del centro de adiestramiento para admitir al animal en el
mismo.
8. Se elabore un régimen sancionador para el supuesto de
incumplimiento de los apartados 2 al 7 de esta Proposición no de
Ley.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 1999.-José
Luis Centella Gómez, Diputado.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
161/001372
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que proceda a
realizar un estudio que permita conocer la auténtica realidad de las
razas caninas autóctonas en nuestro país y así poder desarrollar las
acciones precisas a los efectos de garantizar su conservación y
difusión.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en Comisión, por la que insta al Gobierno a que
proceda a realizar un estudio que permita conocer la auténtica
realidad de las razas caninas autóctonas en nuestro país y así poder
desarrollar las acciones precisas a los efectos de garantizar su
conservación y difusión.
Exposición de motivos
Las especiales particularidades geográficas y climatológicas de la
Península Ibérica y su estructura social durante muchos siglos han
dado lugar a un conjunto de razas caninas autóctonas en nuestro país,
algunas destinadas a guarda y defensa, otras al pastoreo y otras
destinadas a la actividad cinegética.
Desde el momento de la creación de la Real Sociedad Canina en nuestro
país, a principios de siglo, ya se pudo advertir que la situación de
algunas de estas razas caninas era más bien preocupante, pues, en
muchas ocasiones, evoluciones de carácter social y económico habían
dado lugar al abandono de muchas de ellas y a su práctica
desaparición.
En estos momentos hay razas que se encuentran relativamente
conservadas, reconocidas por la Federación Canina Internacional como
es el «mastín» y el «sabueso español», entre ellas, y otras, en
cambio, se encuentran en peor situación.
Alos efectos de conocer la situación real del conjunto de razas
caninas autóctonas de nuestro país, que, por sus características
específicas y por su contribución al desarrollo de otras razas con
gran arraigo popular, parecería lógico que se tuviera conocimiento
real de la situación para, en su caso, adoptar aquellas medidas
necesarias para garantizar la existencia de las mismas, estimulando,
si fuera posible, su crianza y difusión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a
realizar un estudio que permita conocer la auténtica realidad de las
razas caninas autóctonas en nuestro país y así poder desarrollar las
acciones precisas a los efectos de garantizar su conservación y
difusión.»
Madrid, 29 de enero de 1999.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/001360
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a los Planes de reindustrialización de
Andújar, Bailén, La Carolina, Guarromán y Linares.
Acuerdo:
Considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno
ni en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y encomendar su conocimiento
a la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo publicar en
el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, dando traslado del
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentaria Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley.
Exposición de motivos
El Plan de Reindustrialización para Andújar, Bailén, La Carolina,
Guarromán y Linares, popularmente conocido
como el Plan de Reindustrialización de la N-IV, surge de la necesidad
de poner en funcionamiento algún instrumento que potenciará la
modernización del tejido industrial existente en la zona y que
actuara como elemento localizador, atrayendo la instalación de nuevas
industrias.
Con este objetivo, tres Consejerías de la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial de Jaén, los cinco Ayuntamientos del Territorio
del Plan, Cajas de Ahorro y los agentes sociales económicos, UGT,
CCOO y la CEA firman un convenio en la primavera del año 1995 para
poner en funcionamiento dicho Plan con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 1999, tarea que se encarga a la Delegación Provincial,
entonces de Industria, Comercio y Turismo, hoy de Trabajo e
Industria.
Los objetivos del Plan eran el mantenimiento de 2.000 empleos y la
creación de 1.000 puestos de trabajo nuevos. Generando una inversión
en torno a 15.000 millones de pesetas.
A 31 de diciembre la cifras alcanzadas con relación a los objetivos
son las siguientes:
Empleo mantenido: 1.772 puestos de trabajo.
Empleo creado: 1.533 puestos de trabajo, de los que 471 son
trabajadores autónomos y 232 trabajadores de empresas de economía
social (cooperativas).
Inversión generada: 8.128 millones de pesetas.
Subvención concedida: 2.132 millones de pesetas.
A dicha fecha, los proyectos presentados al Plan aún pendientes de
estudio por el Comité Ejecutivo son algo más de 70 y entre todos
ellos contemplan una inversión generada de 7.547 millones de pesetas,
al mantenimiento de 417 puestos de trabajo y la creación de 520
nuevos empleos, con lo cual podemos afirmar que este Plan, a un año
del término de su vigencia, ha superado los objetivos de inversión y
de mantenimiento de empleo y ha duplicado el objetivo de la creación
de nuevos puestos de trabajo.
Ante estos resultados, los agentes sociales y económicos y los
alcaldes piden a la Junta de Andalucía la prórroga del Plan aunque
todavía, como hemos manifestado, queda un año para que concluya.
Durante 1997 y 1998 el Ministerio de Industria concedió al
Ayuntamiento de La Carolina subvenciones y créditos a interés cero
con cargo al MINER por más de 1.700 millones de pesetas, además de
establecer la línea de crédito del MINER a interés cero con cinco
años de carencia y quince años de amortización a las empresas que se
instalarán en La Carolina, lo que ha hecho posible que la mayor parte
de las nuevas empresas instaladas en el territorio del Plan lo hayan
hecho en La Carolina.
Cuando en 1995 se decidió llevar a cabo este Plan de
Reindustrialización, los cinco municipios afectados -Andújar, Bailén,
La Carolina, Guarromán y Linares- atravesaban por las mismas
dificultades de desempleo habiendo sido todos ellos castigados con
intensidad por la crisis industrial que afectó a la zona. Así fue
reconocido y se sigue reconociendo por parte de la Junta de Andalucía
que ha tenido un trato igualitario para todos ellos en función de las
demandas de proyectos.
Es muy importante, y así lo han acordado todos los sectores
implicados, mantener esta línea de actuación
para consolidar y mejorar el dinamismo social y económico creado en
esta zona pero dando un trato similar a toda ella, a todos los
municipios, independientemente de causas ajenas y poco justificables
a las que se deriva de la propia dinámica del Plan de
Reindustrialización.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y
votación.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que durante el año
1999 extienda las ayudas concedidas al Ayuntamiento de La Carolina y
a las empresas que en esa localidad se instalan al resto de los
municipios del Plan de Reindustrialización de la Nacional IV
-Andújar, Bailén, Guarromán y Linares- en las cuantías que se
determinen.
Igualmente se propone que el Ministerio de Industria asuma el
compromiso político de participar en el próximo Plan de
Reindustrialización de esta zona, a partir de 1999, en los términos
que sean negociados entre el Ministerio, La Junta de Andalucía, los
Ayuntamientos afectados, la Diputación de Jaén y los agentes sociales
y económicos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 1999.-José
Pliego Cubero, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del Grupo Socialista del Congreso.
161/001371
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre recuperación y reutilización de activos
ociosos de la empresa pública Hunosa y su reversión a los municipios
mineros.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida formula la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión Industria.
En 1994 se publicó un Plan Director para la reutilización integral de
los espacios mineros ociosos, Plan que culminaba con las intensas
negociaciones entre Hunosa, Principado de Asturias y Municipios
Mineros y con el objetivo de favorecer las políticas de
reindustrialización de las Comarcas Mineras.
Este Plan Director clasificaba los activos ociosos en industriales de
Hunosa, activos urbanos y activos no urbanos, al tiempo que
concretaba algunos proyectos piloto. Para la gestión de estos activos
ociosos el mencionado Plan acordaba la constitución de una Fundación
para los activos no rentables y de una sociedad anónima para los
rentables antes de finalizar el primer trimestre de 1995.
A pesar de estos acuerdos, de su planificación y de los compromisos
adquiridos por el Ministerio de Industria y el Principado en cuanto a
los instrumentos de gestión, se puede decir que la cesión de activos
ociosos se encuentra paralizada y que la incorporación, por tanto, de
éstos a las políticas de reactivación y reordenación económica de las
Comarcas Mineras ha sido insignificante.
Asimismo Hunosa ha puesto condiciones difíciles de asumir por los
Ayuntamientos de las comarcas mineras, dados los escasos recursos
económicos, de que éstos disponen, produciéndose situaciones
lamentables al pedir Hunosa por esos activos, cantidades inabordables
por los municipios, podríamos poner ejemplos significativos que se
han producido en las localidades de Turón-Mieres, Langreo y otros.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera que estos
activos ociosos deben revertir a los municipios en condiciones
favorables, sin tratar Hunosa de hacer negocio con unos activos que
en su proceso histórico fueron obtenidos por las empresas mineras a
precios simbólicos y que hoy en general son espacios degradados y que
necesitan inversiones para su recuperación.
Por todo ello se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para:
«1. Se reconozca la necesidad urgente de recuperación y reutilización
de activos ociosos de la empresa pública Hunosa y su reversión a los
municipios mineros
para favorecer la reactivación económica y regeneración urbanística y
ambiental de las Comarcas Mineras.
2. Retome la puesta en marcha y, en su caso, la revisión del Esquema
Director acordado entre el Principado y el Ministerio de Industria en
noviembre de 1994 para la reutilización integral de los espacios
mineros ociosos, sin que supongan una carga económica para los
municipios afectados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 1999.-Mariano
Santiso del Valle, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001374
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre compromisos de Arbed con la empresa
Aceralia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre
compromisos de Arbed con Aceralia, para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.
Desde el último trimestre de 1998 la caída de los precios ligada a la
reducción de producción como consecuencia de las importaciones en la
Siderurgia Europea, provocaron en Aceralia el crecimiento de los
«stocks» del conjunto de sus productos en un 30 por 100. Crecimiento
de «stocks» que fue paliado mediante la reducción de la producción de
arrabio en Asturias (2.000 Tm/día) compensando con descansos, y otras
medidas similares, las consiguientes reducciones de la jornada de
trabajo.
Esta disminución de los precios siderúrgicos hacen prever que para
1999 las ventas de Aceralia se verán reducidas en un 9 por 100 y que
en consecuencia se produzca una reducción drástica de beneficios de
más de un 56 por 100, de manera que se obtengan 13.977 millones de
pesetas frente a los 31.874 millones alcanzados en 1998. Más de la
mitad de estos beneficios serán agotados de nuevo por las empresas
participadas (6.320).
En este difícil contexto resultan chocantes las siguientes medidas
adoptadas por la dirección de Aceralia.
1.o La previsión de un reparto de dividendos a los accionistas de
12.500 millones, superior incluso a los beneficios estimados para la
sociedad dominante con el consiguiente incremento del endeudamiento
neto en más de un 8,3 por 100.
2.o La previsión de eliminar del plan de inversiones la nueva línea
de recocido continuo a pesar de que se mantiene el volumen de
inversión comprendido en el Plan Industrial.
3.o La reducción de empleo en más de 340 trabajadores en relación a
diciembre de 1997, sobre todo en Planos (215) y en menor medida en
Largos (120).
Recientemente, además, se han producido anuncios por parte de
Aceralia de alianzas para la producción al sector del automóvil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para:
«1. Recabar de la multinacional Arbed, accionista mayoritario de
Aceralia, el cumplimiento de todos y cada uno de sus compromisos
industriales y de empleo adquiridos en el marco de su alianza con
Aceralia.
2. Recabar de la multinacional Arbed la construcción de una nueva
línea de recocido continuo en Avilés, comprometida en el Plan
Industrial 1998-2002 por valor superior a los 24.000 millones de
pesetas.
3. Exigir a la empresa multinacional Arbed y de la empresa Aceralia
que mantengan el actual volumen de empleo en sus instalaciones, tanto
del empleo directo, como del indirecto contratado a través de las
empresas auxiliares.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 1999.-Mariano
Santiso del Valle, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001373
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a alta en el Régimen Especial del Mar
de la Seguridad Social.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Política Social y Empleo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Guillerme
Vázquez Vázquez (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a alta en el Régimen
Especial del Mar de la Seguridad Social, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Instituto Social de la Marina está denegando solicitudes de alta
en el Régimen Especial del Mar a mariscadores y mariscadoras que
reúnen todos los requisitos necesarios para obtener el PERMEX
(Permiso de Explotación), pero cuyos cónyuges figuran dados de alta
en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Autónomos.
Tal denegación se basa en la aplicación del artículo 2, punto b), 2,
del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley de la Seguridad Social del Mar, en virtud de la
delegación legislativa incluida en la disposición final tercera de la
Ley 24/1972, de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción
Protectora de la Seguridad Social.
Esta disposición provoca en la práctica una situación discriminatoria
e injustificable, por lo que es necesario acometer de inmediato su
modificación.
Efectivamente, por un lado, la mencionada disposición legal resulta
discriminatoria para aquellos trabajadores del mar cuyos cónyuges o
parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad que
convivan con ellos y sean titulares de un negocio mercantil o
industrial, al presumirse «ex lege» que el trabajo en el mar no es su
medio fundamental de vida, lo que no acontece en el supuesto de que
el parentesco del mariscador o mariscadora lo sea con personas que
trabajan por cuenta ajena aunque haya ingresos similares; y por otro
lado, desde un prisma sociológico, dicha disposición, aparentemente
neutra, afecta en un número superior de casos a las mujeres
trabajadoras en el mar, constituyendo una discriminación indirecta,
que determinados Reglamentos comunitarios insisten en soslayar.
Asimismo, se produce una situación insostenible y contradictoria
desde el punto de vista legal; puesto que a estos mariscadores y
mariscadoras se les obliga a través de la legislación autonómica a
estar dados de alta en el Régimen Especial del Mar para poder obtener
el Permiso de Explotación.
Proposición no de Ley.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
«Tomar las medidas necesarias para modificar el Decreto 2864/1974, de
30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen
Especial de la Seguridad Social del Mar, así como los Reglamentos que
lo desarrollan; de manera que posibiliten que estos trabajadores
y trabajadoras puedan darse de alta en el mencionado Régimen, aun
cuando su cónyuge o parientes hasta el segundo grado, que con él
convivan, sean titulares de un negocio mercantil o industrial.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 1999.-
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.- José María Chiquillo Barber,
Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Infraestructuras
161/001361
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la dotación de recursos para la
ejecución del convenio suscrito entre la Junta de Galicia y Renfe
para la mejora de la red ferroviaria en el interior de Galicia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo del Gobierno y
al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Infraestructuras, relativa a la dotación de
recursos, para la ejecución del convenio suscrito entre la Junta de
Galicia y RENFE para la mejora de la red ferroviaria en el interior
de Galicia.
Motivación.
El pasado 3 de agosto, el Consejero de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Galicia y el Presidente de RENFE,
firmaban un convenio cuyo objetivo esencial era la mejora parcial de
la red ferroviaria interior gallega, y que contemplaba actuaciones a
desarrollar en el quinquenio 1998-2002, y que afectarían a las líneas
y/o trayectos MonforteOurense, Monforte-Lugo-Betanzos-Infesta,
OurenseSantiago y, con carácter complementario, a la línea Ourense-
Vigo.
El mencionado convenio prevé solamente una inversión de 30.000
millones de pesetas, supeditada a los fondos FEDER, dentro del marco
de apoyo comunitario a negociar por España con la Unión Europea, y al
cumplimiento por parte de RENFE de los criterios o directrices que en
materia de inversión emanen del Ministerio de Fomento y/o de la
Comisión de Seguimiento del Contrato Programa Estado-Renfe que esté
vigente.
Del texto del acuerdo asignado, se concluye que la modernización de
la red ferroviaria en el interior de Galicia, en las líneas y/o
trayectos referidos carece de financiación, al supeditar la misma a
la consecución de fondos de la Unión Europea o a los criterios que
vaya determinando el Ministerio de Fomento.
Es por todo ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la presentación en
el plazo de un mes de un Plan de actuaciones al amparo del mencionado
convenio, que establezca las obras a desarrollar, el importe de las
mismas, las anualidades de inversión y plazos de las obras y su
financiación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 1999.-José
Blanco López, Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,
Portavoz del GrupoSocialista del Congreso.
161/001365
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley relativa a la concesión de la autonomía
administrativa y de gestión al puerto de Motril (Granada).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no deLey, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta
la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
La evolución política en el Estado español está ligada al desarrollo
de la Constitución en lo que afecta a la descentralización,
desconcentración administrativa y autogobierno de los pueblos que lo
integran. Siendo los municipios, mancomunidades comarcales y
provincias las administraciones más cercanas y directas a la realidad
produciéndose a veces, bien voluntariamente, bien
de forma impuesta por la ley, la imposibilidad práctica del ejercicio
de la planificación democrática de la economía que les otorga la
Constitución, y la adjudicación de esta función a otras instituciones
o administraciones.
Tal es el caso del puerto de Motril, pilar del desarrollo de la
comarca de la costa granadina, y del conjunto de una de las
provincias más postergadas de la geografía española y europea en
cuanto a renta per cápita e índice de paro. El proyecto fundamental
de las infraestructuras de Granada es la realización de la famosa T
invertida, compuesta por las autovías de Granada-Motril y de
AdraMotril- Nerja, así como la ampliación del puerto de Motril, al
que IU siempre hemos añadido la habilitación de una vía férrea que
enlace Motril con Granada y el resto de las redes andaluzas y
estatales. Puestos en marcha aunque con lentitud los proyectos de
autovías, queda aún pendiente el de ampliación del puerto de Motril,
para el que después de una agria, inoportuna y partidista polémica
entre las administraciones regentadas por los dos partidos
mayoritarios que gobiernan la Comunidad Autónoma (PSOE) y el Gobierno
central (PP), por fin se ha dado luz verde.
Sin embargo, aún queda el aspecto más importante: la cualificación de
la gestión de los usos, prevista en el plan de usos y que en su
concreción diaria viene regida por las leyes del mercado, que imprime
una lógica y sana competencia entre los distintos puertos por ofertar
mejores condiciones para atraer las mercancías y pasajes de mayor
rentabilidad y menor impacto medioambiental. Pero tanto en el plan de
usos como en el día a día de la gestión portuaria, cruciales ambos
para la comarca de la costa y para la provincia de Granada, no es
Granada ni la costa quienes deciden, sino la autoridad portuaria
Almería- Motril, regentada desde y por Almería. El pueblo de Motril y
la comarca de la costa granadina tan sólo tienen en dicho organismo
una exigua y no decisiva representación.
En este sentido, los principios constitucionales de descentralización
y autogobierno no se cumplen en cuanto al puerto de Motril. De tal
forma que no existe, más allá del plan de usos, ningún plan
estratégico concreto sobre el puerto de Motril, ligado con las
actividades económicas agroalimentarias y de turismo de la comarca, o
al menos, los ciudadanos y ciudadanas de Motril no han participado en
su diseño, pues la autoridad portuaria está lejana a nuestros
intereses, económicos y de futuro, e incluso pudiera darse el caso de
tener intereses contradictorios con los nuestros.
Frente a esta realidad, es imprescindible conseguir un puerto que
lejos de ser ajeno e independiente al desarrollo económico existente
en la comarca, sea parte vital de la sociedad e identidad granadina y
costeña, centro de desarrollo socioeconómico de las actividades que
lo rodean, así como elemento de atenuación de los desequilibrios
regionales e intercomarcales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a
conceder la autonomía administrativa y de gestión al puerto de
Motril, segregando de la autoridad
portuaria actualmente existente Almería-Motril la correspondiente
autoridad portuaria de Almería y la autoridad portuaria de Motril.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 1999.-Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
161/001367
La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre unificación de las tarifas telefónicas
metropolitanas y provinciales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo
194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
unificación de tarifas telefónicas metropolitanas y provinciales,
para su debate en la Comisión de Infraestructuras.
Exposición de motivos
La estructura del territorio español en distritos telefónicos de
tarificación se ha mantenido con pocos cambios desde hace muchos años
y no ha sido adaptada ni a los cambios tecnológicos sufridos por la
red telefónica, ni a la redistribución de la población, ni mucho
menos a las necesidades socioeconómicas de la sociedad española.
Esta situación de obsolescencia plantea nuevos problemas, si
consideramos el efecto de la liberalización de las telecomunicaciones
en España. La aparición de operadores de telefonía con licencias
válidas para ámbitos territoriales distintos al nacional (concesiones
de telecomunicaciones por cable y licencias individuales de los tipos
A y B), plantea una pluralidad de ofertas de servicios en competencia
que no se adapta a la estructura de tarificación de Telefónica.
Por otra parte, la estructura técnica de la red de Telefónica de
España ya no se corresponde con la de los distritos de tarificación
tradicionales.
Como consecuencia, el mantenimiento de la actual división territorial
en distritos de tarificación está generando distorsiones importantes
en la actividad económica y la descohesión territorial y social al
establecer barreras tarifarias a las comunicaciones entre territorios
integrados económica y socialmente.
Además, esa misma división territorial supone la existencia de
situaciones altamente discriminatorias como consecuencia de las
enormes diferencias de población accesible a tarifa metropolitana
según la población del distrito.
Aun reconociendo que la evolución hacia una estructura racional de
los distritos de tarificación es un proceso evolutivo inter-
dependiente con las propias tarifas del servicio, el reciente
incremento tarifario aprobado por el Gobierno junto con los descensos
generalizados de las tarifas provinciales aprobados a instancias de
la propia Telefónica bajo la forma de planes de descuentos permiten
dar un paso significativo hacia la racionalización de la estructura
territorial de la tarificación telefónica.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Infraestructuras.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo
de tres meses y en consulta con las CC.AA. se proceda a aprobar una
nueva estructura de los distritos de tarificación telefónica que
cumpla con los siguientes requisitos:
1) El territorio español se distribuirá en no más de 50 distritos de
tarificación telefónica de ámbito provincial.
2) No podrá haber distritos de tarificación con población inferior a
los 300.000 habitantes. A esos efectos aquellas provincias cuya
población sea inferior a 300.000 habitantes se unirán a otras
provincias colindantes para constituir distritos de tarificación de
población superior.
3) Los territorios de Ceuta y Melilla serán incluidos en los
distritos telefónicos de las provincias de Málaga y Cádiz
respectivamente.
4) Los territorios insulares de Canarias constituirán un único
distrito de tarificación.
5) Las tarifas máximas dentro de un distrito de tarificación deberán
ser las mismas en todo el territorio
nacional y coincidir con las tarifas metropolitanas vigentes.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 1999.-Alfredo
Pérez Rubalcaba, Diputado.- Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista
del Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/002155
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Izquierdo Juárez, Pablo Marcial (GP).
Opinión del Gobierno y medidas que piensa tomar ante la ruptura del
proceso de paz y la actual escalada de violencia en Angola.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr.
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional.
Diputado: Don Pablo Izquierdo Juárez.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Cuál es la opinión del Gobierno español y medidas que se piensan
tomar ante la ruptura del proceso de paz y la actual escalada de
violencia en Angola?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-Pablo Izquierdo Juárez, Diputado.
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas
181/002132
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Previsiones acerca del reconocimiento de la población declarada
oficial en la financiación autonómica.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Piensa el Gobierno reconocer la población declarada oficial en la
financiación autonómica tal y como aprobó el Congreso de los
Diputados?
Madrid, 28 de enero de 1999.-Amparo Rubiales Torrejón, Diputada.
181/002133
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Política prevista por el Ministro de Administraciones Públicas en
materia de cooperación autonómica.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Qué política piensa seguir el Ministro en materia de cooperación
autonómica?
Madrid, 28 de enero de 1999.-Amparo Rubiales Torrejón, Diputada.
181/002134
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torreón, María Amparo (GS).
Previsiones acerca de la culminación de las transferencias educativas
a las siete Comunidades Autónomas que aún no las han recibido.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministro culminar las transferencias educativas a
las siete Comunidades Autónomas que aún no las han recibido?
Madrid, 28 de enero de 1999.-Amparo Rubiales Torrejón, Diputada.
181/002135
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Razones del parón autonómico en materia de transferencias.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Cuáles son las razones del parón autonómico en materia de
transferencias?
Madrid, 28 de enero de 1999.-María Amparo Rubiales Torrejón,
Diputada.
181/002149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Cumplimiento por el Ministro de Administraciones Públicas de las
obligaciones de satisfacer la denominada deuda histórica a Andalucía
y Extremadura.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Piensa el Ministro cumplir con las obligaciones de satisfacer la
denominada deuda histórica a Andalucía y Extremadura?
Madrid, 3 de febrero de 1999.-María Amparo Rubiales Torrejón,
Diputada.
181/002150
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Rubiales Torrejón, María Amparo (GS).
Previsiones acerca de la transferencia de las competencias sanitarias
a alguna de las Comunidades Autónomas que lo han solicitado.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y a la señora Diputada preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Administraciones
Públicas.
Diputada: Doña María Amparo Rubiales Torrejón.
Objeto:
Pregunta al Ministro de Administraciones Públicas.
Texto:
¿Piensa el Gobierno transferir las competencias sanitarias a alguna
de las Comunidades Autónomas que así lo han solicitado?
Madrid, 3 de febrero de 1999.-María Amparo Rubiales Torrejón,
Diputada.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
181/002153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Herrera Antonaya, José Francisco (GP).
Información del contenido del Programa de Cooperación Científica MEC-
MAE.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional.
Diputado: Don José Francisco Herrera Antonaya.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Puede informar el Gobierno del contenido del Programa de Cooperación
Científica MEC-MAE?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-José Francisco Herrera Antonaya,
Diputado.
181/002154
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Herrera Antonaya, José Francisco (GP).
Valoración de la actividad desarrollada en la red de centros
culturales que dependen del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional.
Diputado: Don José Francisco Herrera Antonaya.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la actividad desarrollada en la red de
centros culturales que dependen del Instituto de Cooperación
Iberoamericana?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-José Francisco Herrera Antonaya,
Diputado.
181/002156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Herrera Antonaya, José Francisco (GP).
Información acerca de la presencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) en planes especiales de protección
de centros históricos en ciudades iberoamericanas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al
Gobierno y al señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación
Internacional.
Diputado: Don José Francisco Herrera Antonaya.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Puede informar el Gobierno acerca de la presencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) en planes especiales de
protección de centros históricos en ciudades iberoamericanas?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-José Francisco Herrera Antonaya,
Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/002136
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Grado de ejecución en el que se encuentra la generalización de la
cirugía menor en los centros de atención primaria del INSALUD.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado: Don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿En qué grado de ejecución se encuentra la generalización de la
cirugía menor en los Centros de Atención Primaria del INSALUD?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002137
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Objetivos específicos del Plan de Formación del INSALUD para el año
1999.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado: Don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Cuáles son los objetivos específicos del Plan de Formación del
INSALUD para 1999?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002138
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Opinión del INSALUD acerca de si la figura del Gerente de Área
mejoraría la relación entre los niveles de Asistencia Primaria y
Asistencia Especializada.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado: Don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Cree el INSALUD que la figura del Gerente de Área mejoraría la
relación entre los niveles de Asistencia Primaria y Asistencia
Especializada?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002139
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo con respecto a la
confección de una guía de recursos sociosanitarios.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado: Don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo entre sus objetivos la
confección de una guía de recursos sociosanitarios?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002140
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones del INSALUD con respecto a la implantación de la figura
del Gerente de Área.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado: Don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Piensa el INSALUD implantar la figura del Gerente de Área?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002141
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones del INSALUD con respecto a la creación de unidades de
Apoyo Domiciliario en el ámbito de la Atención Primaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Tiene previsto el INSALUD la creación de Unidades de Apoyo
Domiciliario en el ámbito de la Atención Primaria?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002142
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones del INSALUD con respecto a la inclusión del pago
capitativo en algún concepto del capítulo dedicado a productividad
variable para el año 1999 por el cumplimiento de objetivos
específicos del contrato de gestión entre sus profesionales de
Atención Primaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Tiene previsto el INSALUD incluir el pago capitativo en algún o
algunos conceptos del capítulo dedicado a productividad variable para
1999, por el cumplimiento de objetivos específicos del contrato de
gestión entre sus profesionales de Atención Primaria?
Madrid, 26 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002143
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Criterios utilizados por el INSALUD tanto en Atención Primaria como
en Atención Especializada en el reparto de la productividad variable
a sus profesionales durante el año 1998.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué criterios ha utilizado el INSALUD tanto en Atención Primaria
como en Atención Especializada en el reparto de la productividad
variable a sus profesionales durante 1998?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002144
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Importe del presupueto del plan formativo del INSALUD para el año
1999 e instituciones responsables de su ejecución.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿A cuánto asciende el presupuesto del Plan Formativo del INSALUD para
1999 y qué institución o instituciones serán las responsables de
ejecutar dicho plan?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002145
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Medidas adoptadas por el INSALUD dirigidas a mejorar la coordinación
entre la Atención Primaria y la Atención Especializada durante el año
1998.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué medidas ha tomado el INSALUD dirigidas a mejorar la coordinación
entre la Atención Primaria y la Atención Especializada durante el año
1998?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002146
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones del INSALUD con respecto a la adopción del modelo de los
Grupos Relacionados de Diagnóstico (GDR) como unidad de valoración de
los procesos médicos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Piensa el INSALUD adoptar el modelo de los Grupos Relacionados de
Diagnóstico (GDR) como unidad de valoración de los procesos médicos?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002148
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Medidas previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para
suprimir las barreras de comunicación en los centros de asistencia
sanitaria a efectos de facilitar la atención de las personas con
deficiencia auditiva.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Sanidad y Consumo
orientadas a suprimir las barreras de comunicación en los centros de
asistencia sanitaria para facilitar la atención de las personas con
deficiencia auditiva?
Madrid, 21 de enero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002157
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Competencias del Coordinador de Equipos de Atención Primaria (EAP).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Cuáles son actualmente las competencias del Coordinador de Equipos
de Atención Primaria (EAP)?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
181/002158
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Gil Melgarejo, Juan Antonio (GP).
Previsiones acerca de la modificación del «status» de la figura del
Coordinador de Equipos de Atención Primaria (EAP).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Piensa el INSALUD modificar el «status» de la figura del Coordinador
de Equipos de Atención Primaria (EAP)?
Madrid, 4 de febrero de 1999.-Juan Antonio Gil Melgarejo, Diputado.
Comisión de Infraestructuras
181/002147
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Valoración por el Ministerio de Fomento sobre el grado de
cumplimiento del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en
materia de carreteras.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al
señor Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras.
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio de Fomento sobre el grado de
cumplimiento del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en
materia de carreteras?
Madrid, 20 de enero de 1999.-Alfonso Soriano Benítez de Lugo,
Diputado.
Comisión de Medio Ambiente
181/002151
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Valoración del Ministerio de Medio Ambiente del grado de cumplimiento
del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en materia de
costas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio de Medio Ambiente sobre el grado
de cumplimiento del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en
materia de costas?
Madrid, 5 de febrero de 1999.-Alfonso Soriano Benítez de Lugo,
Diputado.
181/002152
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Soriano Benítez de Lugo, Alfonso (GP).
Valoración del Ministerio de Medio Ambiente del grado de cumplimiento
del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en materia de obras
hidráulicas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio
Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor
Diputado preguntante y publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente.
Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo.
Objeto:
Al Gobierno.
Texto:
¿Qué valoración hace el Ministerio de Medio Ambiente sobre el grado
de cumplimiento del convenio firmado con el Gobierno de Canarias en
materia de obras hidráulicas?
Madrid, 5 de febrero de 1999.-Alfonso Soriano Benítez de Lugo,
Diputado.