BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES

VI LEGISLATURA

Serie D: 11 de septiembre de 1998 Núm. 315 GENERAL ÍNDICE

Páginas

Composición y organización de la Cámara PLENO

059/000003 Calendario de sesiones plenarias para el período de

septiembre-diciembre de 1998 (Página 2).


COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS 042/000002 Calendario de sesiones

de la Comisión de Control Parlamentario sobre RTVE para la contestación

de preguntas orales por el Consejo de Administración del Ente Público

RTVE o por la Dirección General del mismo en el período de

septiembre-diciembre de 1998 (Página 2).


Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000267 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre las medidas necesarias a adoptar para combatir el

«efecto 2000» (Página 3).


162/000268 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa al grado de concentración empresarial en el comercio

minorista (Página 4).


162/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, por la que se insta al Gobierno a declarar zona catastrófica a

diversas poblaciones de la comarca de Lleida afectadas por la fuerte

tormenta de viento y piedra del pasado 1 de julio (Página 5).


162/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso, sobre actividades de innovación industrial

(Página 6).


162/000272 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Catalán (Convergència i Unió), sobre la igualdad de oportundades para

las personas con discapacidad (Página 7).


Comisión de Infraestructuras

161/001097 Pasa a tramitarse como Proposición no de Ley ante el Pleno la

presentada por el Grupo 162/000271 Parlamentario Mixto, sobre medidas

para evitar perjuicios a los usuarios de Internet (Página 9).


2

CALENDARIO DE SESIONES PLENARIAS PARAELPERÍODO DE SESIONES

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1998

VI PERÍODO DE SESIONES

Semana Con/sin Pleno Observaciones

Del 8 al 10 de septiembre sin Pleno Del 15 al 17 de septiembre con Pleno

Del 22 al 24 de septiembre con Pleno Del 29 de septiembre al 1 de

octubre con Pleno Del 6 al 8 de octubre con Pleno

Del 13 al 15 de octubre sin Pleno Comparecencias P. L. Presupuestos Del

20 al 22 de octubre sin Pleno Elecciones Parlamento Vasco el día 25

Del 27 al 29 de octubre con Pleno Debate totalidad P. L. Presupuestos

Del 3 al 5 de noviembre sin Pleno Festivo el día 2

Del 10 al 12 de noviembre con Pleno Festivo el día 9

Del 17 al 19 de noviembre con Pleno Dictamen P. L. Presupuestos Del 24

al 26 de noviembre con Pleno Del 1 al 3 de diciembre sin Pleno

Del 9 al 10 de diciembre con Pleno Festivo el día 8

Del 15 al 17 de diciembre con Pleno Del 22 al 24 de diciembre con Pleno

Aprobación final P. L. Presupuestos Del 29 al 31 de diciembre sin Pleno

3

PLENO

059/000003

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha aprobado, oída la

Junta de Portavoces, el calendario de sesiones plenarias para el período

de sesiones septiembre-diciembre 1998.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congresos de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA COMISIONES, SUBCOMISIONES

YPONENCIAS

042/000002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha aprobado, oída la

Junta de Portavoces, el calendario de sesiones de la Comisión de Control

Parlamentario sobre RTVE para la presentación y contestación de

preguntas orales en el período de sesiones septiembrediciembre 1998.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congresos de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000267

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre las medidas necesarias a adoptar para

combatir el «efecto 2000».


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo

Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al

amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente

Proposición no de Ley sobre las medidas necesarias a adoptar para

combatir el «efecto 2000» para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

El denominado «efecto 2000» se deriva de la incapacidad de los sistemas

informáticos de interpretar las fechas posteriores a 1999, ya que sólo

se han utilizado los dos últimos dígitos para representar el año y se

presuponía que los dos primeros eran «19». Dicho efecto puede provocar

el caos e importantes pérdidas económicas de un sinfín de sectores, ya

que millones de ordenadores de todo el mundo no están programados para

adaptarse al cambio de siglo.


En este sentido, los países miembros del G-8 han estimado que para

combatir de manera adecuada el «efecto 2000» se hace necesario destinar

un 2 por 100 de los presupuestos nacionales.


Ante esta situación ya han surgido algunas iniciativas privadas en

nuestro país para combatir dicho efecto, en el ámbito de las Cámaras de

Comercio y de las grandes empresas.


Por otra parte, el pasado 12 de junio, el Gobierno creó una Comisión

Nacional para solventar el «efecto 2000», con un coste para la

Administración del Estado situado en torno a los 10.000 millones de

pesetas. Dicha Comisión, según el acuerdo del Consejo de Ministros,

estará formada por representantes de la Administración General del

Estado, del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y

Navegación, del Consejo de Consumidores y Usuarios y expertos, y será

presidida por el Vicepresidente segundo del Gobiemo para Asuntos

Económicos.


El Presidente podrá invitar a incorporarse a la Comisión a

representantes de las Comunidades Autónomas y

4

CONTROL DE

LAACCIÓN DEL GOBIERNO

CALENDARIO DE SESIONES DE LACOMISIÓN DE CONTROLPARLAMENTARIO SOBRE RTVE

PARALAPRESENTACIÓN YCONTESTACIÓN DE PREGUNTAS ORALES EN ELPERÍODO DE

SESIONES SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1998

VI PERÍODO DE SESIONES

Presentación de preguntas Sesiones para contestación Del 22 al 24 de

septiembre Semana del 29 al 30 de septiembre Del 20 al 22 de octubre

Semana del 27 al 29 de octubre Del 17 al 19 de noviembre Semana del 24

al 26 de noviembre Del 9 al 10 de diciembre Semana del 15 al 17 de

diciembre de la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal de

mayor implantación que expresen su interés en participar en la misma.


Según el calendario de actuación establecido por el Gobierno, prevé que

el Plan para combatir el «efecto 2000» esté totalmente adoptado en julio

de 1999. Sin embargo, los expertos descartan que dicha previsión pueda

cumplirse, entre otras razones, sobre la base del cálculo horas-hombre

que debería destinarse, ya que los programadores necesarios no están

disponibles en el mercado.


Las empresas, en particular las PYMEs, necesitan incentivos económicos

para poder solventar los problemas que el «efecto 2000» puede acarrear

en su ámbito de actuación, así como los consumidores y usuarios finales

en su ámbito particular, que además deben ver garantizada la adquisición

de productos informáticos adaptados a dicho efecto.


Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la

siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Informar, cada trimestre, al Congreso de los Diputados sobre el

avance del proceso de adaptación, tanto en lo que se refiere a la

Administración General del Estado y sus organismos, como en el resto de

las Administraciones y el sector privado, del Plan para combatir el

«efecto 2000» y de los trabajos de la Comisión Nacional creada a tal

efecto.


2. La incorporación inmediata de las Comunidades Autónomas y de las

Entidades Locales en la Comisión Nacional para solventar el «efecto

2000».


3. Destinar fondos específicos para las empresas, en su calidad de

usuarios informáticos, especialmente las PYMEs, a través de un «Plan

Prever» informático para que las empresas puedan absorber el coste de su

adaptación al año 2000.


4. Establecer incentivos fiscales y de otro tipo que alivien las cargas

a las empresas, en su calidad de usuarios informáticos, con motivo de

combatir el «efecto 2000» y que aseguren que sus sistemas informáticos

serán adaptados antes de que se alcance el fin de siglo.


5. Destinar fondos a través de un Plan específico dirigido a los

consumidores y usuarios finales para que puedan combatir, en su ámbito

particular, el mencionado «efecto 2000».


6. Establecer una certificación o sello de productos informáticos

adaptados al «efecto 2000», que garanticen a los consumidores y usuarios

finales la adquisición de productos informáticos adaptados.


7. Realizar una campaña de información a través del Instituto Nacional

de Consumo, con la participación activa de las Organizaciones de

Consumidores y Usuarios.


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de julio de 1998.-Carmen Heras

Pablo, Diputada.


162/000268

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa al grado de concentración empresarial en

el comercio minorista.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Ala Mesa del Congreso de los Diputados En nombre del Grupo Parlamentario

Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo

establecido en los artículos 124 y siguientes del vigente Reglamento del

Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley

relativa al grado de concentración empresarial en el comercio minorista

para su debate en Pleno.


Motivación

Existe en el momento actual una grave preocupación por el incremento del

grado de concentración empresarial dentro del sector de comercio

minorista, especialmente en las actividades de bienes de gran consumo.


En los dos últimos años este proceso se ha incrementado. En 1995 las

cinco mayores compañías (Promodés, Pryca, Hipercor, Supermercados El

Corte Inglés, Eroski y Alcampo) coparon el 39 por 100 del total del

mercado de alimentación no perecedera.


Por otro lado, las tres mayores centrales de compra (Vima-Euromadi, Ifa

y Plataform) llegaron a controlar, en 1995, el 49,5 por 100 de las

ventas de alimentación no perecedera.


Este proceso tendencial está generando un conjunto de consecuencias que,

junto a la modernización de las estructuras comerciales, se traducen en

secuelas negativas para los consumidores, los intereses de los

fabricantes o la propia organización de los mercados.


5

En particular:


1. Se generan crecientes posiciones de dominio del mercado que afectan a

la capacidad de oferta de los productores, especialmente de los

nacionales.


2. La capacidad de elección de los consumidores se ve afectada por

cuanto las grandes empresas de distribución tienen capacidad para

limitar productos a los que económicamente les son más favorables. En

promedio no más de tres marcas por producto, con lo que se expulsa de

los centros de venta a muchos fabricantes.


3. Este proceso de concentración de las grandes empresas de distribución

minorista como árbitros de la oferta en los mercados produce el

desplazamiento de los consumidores en el ejercicio de decisiones

respecto a la oferta que más les conviene.


4. A la vez, se están produciendo situaciones de posible abuso respecto

a los productores, vaciándose de contenido la vigente Ley de Ordenación

del Comercio Minorista y los equilibrios y salvaguardar en ella

establecidos. Especial preocupación genera la situación en cuanto a

aplazamientos de pago a proveedores. Pero igualmente producen inquietud

otras prácticas contrarias al derecho y la equidad que, no estando

basadas en la reciprocidad de contraportaciones, hacen recaer distintos

costes sobre los fabricantes.


5. Este proceso de concentración, de seguir produciéndose afectará

negativamente al empleo del sector industrial de bienes de gran consumo,

incidiendo negativamente en la actividad económica del sector.


Estas y otras razones aconsejan la adopción de nuevas medidas a fin de

garantizar una competencia leal en el mercado en beneficio de los

consumidores y la contribución de las nuevas estructuras comerciales a

la modernización y competitividad del sector de fabricación de bienes de

consumo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para

garantizar la libre competencia en la distribución comercial ante el

proceso de creciente concentración que se viene llevando a cabo.


2. Arbitrar las medidas legislativas y administrativas para impedir

posibles prácticas abusivas respecto a los fabricantes por parte de las

grandes empresas de distribución comercial, de tal manera que no quede

vacía de contenido a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y, en

especial, las normas sobre el aplazamiento de pago a proveedores.


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1998.-Francisco

Amarillo Doblado, Diputado.


162/000269

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a declarar zona

catastrófica a diversas poblaciones de la comarca de Lleida afectadas

por la fuerte tormenta de viento y piedra del pasado 1 de julio.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Ala Mesa del Congreso de los Diputados Al amparo de lo establecido en

los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los

Diputados, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada

Mercè Rivadulla (Iniciativa-Els Verds), presenta la siguiente

Proposición no de Ley para su debate en Pleno.


La fuerte tormenta de viento y piedra que descargó el pasado 1 de julio

sobre diversas poblaciones de las comarcas de Lleida, además de provocar

la pérdida de la casi totalidad de la producción, produjo también graves

daños -en algunos casos irreparables- sobre los propios árboles, así

como en las edificaciones y en las infraestructuras viarias.


Poblaciones como Corbins, Torrelameu, Vallfogona, Temens, Belluis,

Menarguens y Almatret, entre otras, han vuelto a sufrir los efectos de

fuertes tormentas de piedra y viento que, por tercer año consecutivo,

han arruinado sus cosechas.


En atención a los enormes daños producidos y teniendo en cuenta que sólo

en una mínima parte están cubiertos por los seguros agrarios, se

presenta la siguiente Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Declarar zona catastrófica a las poblaciones afectadas a fin de que

puedan ser compensadas por los daños

6

producidos, tanto en las

explotaciones agrarias y ganaderas y en sector cooperativo, como en las

infraestructuras y construcciones municipales afectadas.


2. Conceder la exención de la cuota de la Seguridad Social del Régimen

Especial Agrario, haciéndola extensiva a los agricultores autónomos.


3. Conceder la prestación por desempleo a todos los agricultores de los

municipios afectados que lo soliciten.


4. Proceder a la reducción de los módulos del IRPF de los agricultores

afectados.


Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 1998.-Mercè

Rivadulla i Gracia, Diputada.


162/000270

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley sobre actividades de innovación industrial.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Ala Mesa del Congreso de los Diputados El Grupo Parlamentario Popular en

el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes

del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la

siguiente Proposición no de Ley sobre actividades de innovación

industrial para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

Desde 1996 se están llevando a cabo un conjunto de medidas encaminadas a

dotar la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en España de las

condiciones adecuadas para poder equipararnos a los niveles de otros

países.


Por ejemplo, es reseñable el crecimiento del gasto presupuestado para

1998 destinado a financiar actividades de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico que asciende a 310.000 millones de pesetas, un 30

por 100

más que el ejercicio anterior. Esta sensibilidad hacia el problema se

materializa, por ejemplo, en la importancia que está cobrando para el

Gobierno el capital humano.


Sin ir más lejos, la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones

Cientificas ha crecido en 250 plazas, de las que 120 se asignan a la

escala de colaboradores científicos, lo que representa el mayor

incremento en los años noventa.


Sin embargo, es de dominio público que todavía el esfuerzo que dedica

España a la investigación y el desarrollo tecnológico es claramente

insuficiente. De hecho en la actualidad este esfuerzo tecnológico se

sitúa por debajo del 1 por 100 del PIB, cuando en países como Japón,

Estados Unidos o Alemania esta cifra prácticamente se triplica. Además,

España, como los demás países de la Unión Europea, encuentran

dificultades para explotar comercialmente su acervo tecnológico de modo

que la mejora del conocimiento se traduzca efectivamente en aumento de

competitividad industrial.


Por lo tanto, resulta obvio decir que hay que crear nuevas condiciones,

o reforzar algunas de las existentes, en el sistema nacional de

innovación si queremos acercarnos a la frontera tecnológica de los

países más avanzados.


Junto a esta realidad referida a la acumulación de conocimientos

tecnológicos aparecen nuevos condicionantes, en especial la integración

económica y monetaria.


El marco institucional en el que se basa la Unión Económica y Monetaria

(UEM) establece restricciones muy precisas para el empleo discrecional

de políticas de demanda. Además, en ella ya no será posible recurrir a

las variaciones del tipo de cambio para compensar las pérdidas de

competitividad derivadas de crecimientos diferenciales de los precios y

los costes de las empresas españolas. En el área euro será preciso

desarrollar nuevas iniciativas de política económica que permitan

asegurar la competitividad de nuestra industria, y, por tanto, su

crecimiento y empleo futuros.


La UEM hará más transparente el funcionamiento de los mercados y la

comparación y, por tanto, la competencia en precios. Por ello, además de

asegurar la estabilidad macroeconómica, es necesario fomentar aquellos

elementos determinantes de la competitividad que son ajenos al precio.


En suma, es imprescindible apoyar las estrategias de diferenciación que,

a su vez, van ligadas a la innovación y al contenido tecnológico de

procesos y productos.


En línea con lo anterior, el informe anual de la Comisión Europea

titulado «Panorama de la Industria de la Unión Europea de 1997» describe

una parte de este proceso como la «desmaterialización» de la estructura

de costes. Con ello se refiere a que los elementos intangibles tales

como la calidad, el contenido tecnológico, el marketing o el diseño

industrial son los que van a permitir incrementos futuros del valor

añadido industrial y mejoras de competitividad de las empresas; es así

en la

7

medida en que la incorporación de los mismos facilita la

diferenciación de sus procesos o de sus productos y, con ello, una

posición más sólida en unos mercados muy abiertos y cada vez más

competitivos.


El propio Ministerio de Industria y Energía, en su Informe sobre la

Industria Española 1996-1997, habla del nuevo paradigma de la política

industrial, citando como ejes del mismo la llamada competitividad del

entorno, los activos intangibles y la innovación. Estas ideas han tenido

concreción en algunas iniciativas importantes del Gobierno como, por

ejemplo, la iniciativa ATYCA, que ha permitido un reagrupamiento de muy

diversos esfuerzos que se venían desarrollando de manera más o menos

dispersa en épocas anteriores y que ahora se orientan de forma más

coordinada y eficiente hacia un objetivo común claramente optimizador

del uso de los recursos.


Todo apunta a la necesidad de sentar las bases de un modelo de

crecimiento industrial sostenido, es decir, estable y duradero, a partir

del mejor aprovechamiento de todos los recursos tecnológicos y humanos

de la economía española. Para ello, no nos podemos seguir conformando

con políticas de investigación y desarrollo tecnológico que tienden a

primar el protagonismo público en la identificación de las iniciativas

apoyadas con fondos públicos. Tampoco podemos desperdiciar el creciente

flujo de capital humano que, procedente de nuestras universidades y

centros de investigación, no consigue ubicarse en el sistema nacional de

innovación. Hay que complementar el decidido apoyo a la generación de

conocimientos tecnológicos con el fomento de la demanda de dichos

conocimientos para su aplicación industrial.


En definitiva, resulta necesaria una profundización en todos los

aspectos relacionados con el avance tecnológico en el seno de la

economía española y un nuevo marco con el que imbricar ciencia y

tecnología con competitividad industrial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear un marco estable

y adoptar todas aquellas iniciativas que estime oportunas para hacer

posible el fomento eficiente de las actividades de innovación

industrial, mediante incentivos adecuados a las empresas industriales y

financieras que dediquen recursos a tales actividades, considerando,

para ello, medidas de carácter fiscal y financiero complementarias

respecto de las actualmente vigentes.


Madrid, 4 de septiembre de 1998.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


162/000272

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Proposición no de Ley sobre la igualdad de oportunidades para las

personas con discapacidad.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS

CORTES GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Ala Mesa del Congreso

Don Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo

Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo

previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,

presenta para su discusión ante el Pleno una Proposición no de Ley sobre

la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.


PROPOSICIÓN NO DE LEY QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN

(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Exposición de Motivos

La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la

evolución registrada a lo largo de los últimos quince años, evolución

que ha tenido como punto de partida fundamental la Ley 13/1982, de 7 de

abril, de Integración Social de los Minusválidos (en adelante LISMI).


Si bien, por un lado, se debe reconocer que nuestro ordenamiento

jurídico prevé diferentes medidas encaminadas hacia una inserción real y

equitativa de las personas con discapacidad, por otro, se debe

reflexionar sobre el hecho de que las mismas no son en la actualidad

suficientes, o bien deben ser objeto de reforma con el fin de adaptarlas

a las necesidades del colectivo de las personas con discapacidad.


No es necesario entablar grandes debates para llegar a la conclusión de

que el colectivo anteriormente mencionado tiene serias dificultades de

integración laboral y necesita que las Administraciones Públicas, dadas

las especiales dificultades con que se encuentran, articulen cuantos

instrumentos fueren posibles para permitir la máxima normalización

8

de la vida social de todas las personas afectadas por

disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales.


Es por ello por lo que la presente propuesta plantea dar un paso más en

el proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades de las

personas con discapacidad, con la finalidad de ayudar a las mismas a

asumir su plena responsabilidad como miembros de la sociedad a la que

pertenecen.


Cabe señalar, en este sentido, las medidas de inserción laboral que se

articulan en la presente iniciativa, medidas no sólo de modificación de

aspectos sobre los que su eficacia se ha puesto en tela de juicio, sino

de acción positiva imprescindibles para eliminar las dificultades de

carácter endémico tendentes a conseguir, en la medida de lo posible, el

acceso al mundo laboral ordinario en plano de igualdad con el resto de

ciudadanos.


De entre las primeras cabe señalar las siguientes: la revisión de la

cuota de reserva debido a su inadecuación al mercado laboral actual y a

su flagrante incumplimiento sobre el cual se han hecho eco diversos

estudios e informes, la actualización de las medidas específicas de

fomento de la ocupación que abarcan desde el incremento de las

bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, hasta

la potenciación de la contratación a tiempo parcial.


De entre las segundas puede señalarse la regulación de los llamados

«enclaves temporales» o el definitivo y tan esperado desarrollo del

artículo 34 de la LISMI con objeto de dar cumplimiento a la creación del

contrato especial de formación profesional para los discapacitados, así

como la posibilidad de creación de un modelo de empresa mixta con un

sistema de subvenciones análogo a los Centros Especiales de Empleo, cuya

finalidad principal debe ser incrementar sustancialmente la contratación

de personas discapacitadas.


Asimismo, para aquellas personas con discapacidad que no les sea posible

trabajar, cabe destacar también la propuesta de que el Gobierno estudie

la posible articulación de un sistema de prestaciones por dependencia en

el que se prime el principio de autonomía personal. En este sentido, ese

estudio deberá contemplar también una posible modificación de la

regulación actual de la pensión de invalidez en su modalidad no

contributiva, con objeto de eliminar cualquier trato restrictivo e

incorporar el principio de autonomía personal de los causantes del

derecho.


También se insta al Gobierno a que modifique el actual sistema de

coeficientes de valoración con la finalidad de adecuarlos a los

principios básicos de la Organización Mundial de la Salud, así como a

los avances tecnológicos en el tratamiento de ciertas patologías, con

objeto de lograr que no sean un impedimento sino un instrumento efectivo

de integración de las personas con discapacidad mediante el estudio de

las posibilidades reales de acceso a determinados puestos de trabajo.


Finalmente, se insta al desarrollo de los equipos multiprofesionales

cuyas funciones y cometidos vienen llevándose a cabo por los equipos de

valoración y orientación, y se reclama la regulación de los servicios de

apoyo a la integración laboral, tan necesarios y tan ausentes al mismo

tiempo.


En definitiva, la presente iniciativa se enmarca teniendo en cuenta el

objetivo global de las Naciones Unidas en relación a las normas

uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con

discapacidad adoptadas por la Asamblea General de 20 de diciembre de

1993, así como la Resolución sobre la igualdad de oportunidades de las

personas con minusvalías del Consejo y de los representantes de los

Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de

Europa el 20 de diciembre de 1996.


Asimismo, con esta propuesta se impulsa también el propio mandato del

Pleno del Congreso de los Diputados cuando, después del Debate de

Política General del día 12 de junio de 1997, que aprobó una Resolución

en la que se propugnaba claramente en el sentido de «iniciar el proceso

de revisión de la Ley de Integración Social de los Minusválidos para

adecuarla a las actuales necesidades de la población discapacitada» e

«impulsar nuevas medidas para facilitar la integración al mercado

laboral de la población discapacitada».


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

presenta la siguiente Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, sin perjuicio

de las competencias que sobre la materia tengan asumidas las Comunidades

Autónomas y dentro del plazo de seis meses desde la aprobación de la

presente Proposición:


1. Modifique el actual sistema de coeficientes de valoración

determinantes del grado de minusvalía a que se refiere el artículo 11 de

la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los

Minusválidos, y desarrollados en la Orden de 8 de marzo de 1984, con la

finalidad de:


a) Disminuir la rigidez en la aplicación de los mismos, teniendo en

cuenta los criterios y principios de la Organización Mundial de la Salud

insertos en la «International Classification of Impairments,

Disabilities and Handicaps».


b) Contemplar los avances tecnológicos en el tratamiento de ciertas

patologías.


c) Valorar y determinar, con mayor precisión, las posibilidades de

integración real y capacidad de trabajo de las personas discapacitadas.


2. Con objeto de garantizar la correcta aplicación de los criterios de

valoración a que hace referencia el apartado anterior, y con el fin de

hacer posible un seguimiento de los itinerarios personalizados de

integración social, proceda al desarrollo de los equipos

multiprofesionales a que hace referencia el artículo 10 de la Ley

13/1982, de 7

de abril, de Integración Social de los Minusválidos.


3. Estudie la posible articulación de un sistema de prestaciones por

dependencia en la que se dé una mayor garantía al principio de autonomía

personal de las personas discapacitadas. En este sentido:


a) Deberían tenerse en cuenta los ingresos que se reciben actualmente

procedentes de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva y

las bonificaciones

9

fiscales que pueden recibir los miembros de

la unidad económica de convivencia en la que se integra la persona

discapacitada, contemplando la posibilidad de computar de forma más

prioritaria y autónoma los recursos propios de la persona discapacitada.


b) Debería valorarse una posible rebaja del nivel de disminución

requerido con la finalidad de eliminar cualquier trato restrictivo.


4. Estudie la posibilidad de articular un sistema de pensiones de

invalidez que permita la compatibilidad entre pensión y salario, con el

objetivo de facilitar y promover el paso de «pensionista» a trabajador.


5. Apruebe un Proyecto de Ley que modifique el artículo 38 de la Ley

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en

relación a la cuota de reserva, en el sentido de establecer una

graduación en el porcentaje de la cuota exigible, ampliando el número de

empresas obligadas a emplear trabajadores discapacitados. Dicha

modificación deberá contemplar, además, cuantas medidas fueren

necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en la mencionada

cuota, así como el establecimiento de incentivos específicos para

aquellas empresas que sobrepasen el porcentaje previsto.


6. Estudie la posibilidad de crear un canon que permita compensar la

obligación de contratar personas discapacitadas para aquellas empresas

que no cumplan con el límite mínimo de reserva de puestos de trabajo

para personas con disminución, todo ello teniendo en cuenta el modelo

establecido en los distintos países de nuestro entorno, así como lo

dispuesto en las recomendaciones del Consejo de Europa.


7. Apruebe una nueva normativa que regule los servicios de apoyo a la

integración laboral de las personas con disminución que contemple los

objetivos de los servicios, la metodología de trabajo y el potenciar su

factor de integración al trabajo ordinario.


8. Regule los criterios por los que un trabajador de un Centro Especial

de Empleo puede integrarse en el mercado ordinario de trabajo, así como

el retorno de un trabajador que, habiendo seguido un proceso de

integración a la empresa ordinaria, no haya podido conseguir este

objetivo.


9. Apruebe un Proyecto de Ley de actualización de las medidas

específicas de fomento de la ocupación de los trabajadores

discapacitados, así como de creación e impulso de otras nuevas, con

objeto de facilitar la integración al mercado laboral de los mismos.


Dicho Proyecto de Ley deberá contemplar, como mínimo:


- La incentivación de la contratación a tiempo parcial.


- El incremento de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la

Seguridad Social.


- El incremento de las subvenciones a la contratación de trabajadores

discapacitados.


10. Dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 34

de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los

Minusválidos, en relación a la creación de un contrato especial de

formación profesional para los minusválidos.


El contenido básico de este contrato deberá contemplar, en todo caso,

las correspondientes exenciones o reducciones en las cuotas

empresariales a la Seguridad Social, así como las subvenciones a este

tipo de contratación.


11. Regule un modelo de empresa mixta al que se puedan acoger aquellas

empresas que, cumpliendo con un determinado porcentaje de la cuota de

reserva, puedan contratar en régimen de trabajo protegido a personas con

disminución, articulando a la vez un sistema de ayudas o subvenciones

análogas a las establecidas actualmente para los Centros Especiales de

Empleo.


12. Apruebe un Proyecto de Ley que regule los llamados «enclaves

temporales» con objeto de que los Centros Especiales de Trabajo puedan

ceder a las empresas, con las debidas garantías, trabajadores

discapacitados, potenciándose el empleo de los mismos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre 1998.-Joaquim

Molins i Amat, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

Unió).


Comisión de Infraestructuras

162/001097

162/000271

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre medidas para evitar

perjuicios a los usuarios de Internet, sea tramitada como Proposición no

de Ley en Pleno.


Acuerdo:


Aceptar la declaración de voluntad y disponer su conocimiento por el

Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, a la Comisión de

Infraestructuras, al Grupo proponente y publicar en el BOLETÍN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES (nuevo número de expediente 162/000271).


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


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Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG.


Congreso de los Diputados», serie D, núm. 301, de 29 de junio de 1998.