VI LEGISLATURA

Serie D: 30 de julio de 1998 Núm. 311

GENERAL

ÍNDICE

Páginas

Composición y organización de la Cámara

Comisiones, Subcomisiones y Ponencias

158/000037 Propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la

solicitud, presentada por el Grupo Socialista del Congreso, de creación

de una Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, así como enmiendas formuladas a la

misma

6

Secretaría General

291/000003 Resolución de la Mesa de la Cámara, de 21 de julio de 1998,

por la que se modifica la plantilla orgánica de la Secretaría General

del Congreso de los Diputados. Corrección de error

8

292/000011 Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 21 de

julio de 1998, de convocatoria interna para la provisión, en régimen de

contratación laboral, de ocho plazas de vigilantes de instalaciones, en

la Dirección de Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso

de los Diputados

8

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Pleno

162/000259 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, sobre regulación de la publicidad de

productos del tabaco

12

162/000260 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa a las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en

el entorno de Doñana

13

162/000261 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa a la construcción de dos vías terrestres de

comunicación atravesando la cara norte de la Sierra de Guadarrama

promovidas por el Ministerio de Fomento.


14

162/000262 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre posición de España en el conflicto de Oriente Próximo

15

162/000263 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa a la introducción de la televisión terrestre

16

162/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, relativa a la introducción de la televisión

digital por ondas terrestres

17

162/000266 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre determinación de una tarifa telefónica plana

independiente del tiempo para el acceso a Internet de los usuarios

residenciales y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

19

Páginas

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, relativa a iniciativas del Gobierno en relación con la defensa de

los derechos del pueblo palestino

20

161/001128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a mantener

la Oficina Consular de la localidad portuguesa de Valença Do Minho

21

Comisión de Justicia e Interior

161/001107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso, de modificación del Real Decreto 137/1993, de 29

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

21

161/001109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre la urgente necesidad de apertura del nuevo centro

penitenciario de Palma de Mallorca

22

161/001129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para regular el cambio

voluntario de sexo.


23

Comisión de Educación y Cultura

161/001108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre derogación de la Orden del Ministerio de Educación y

Cultura de 29 de noviembre de 1995, por la que se homologan los títulos

de licenciado en filología valenciana a los de filología catalana

25

161/001130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a la

homologación al grado superior de danza de las titulaciones anteriores a

la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo

(LOGSE) en un período transitorio hasta el año 2004, así como a la

implantación de exámenes libres de danza en los centros oficiales

25

161/001131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre medidas para evitar el retraso en la concesión de becas

para universitarios

25

161/001133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, por la que se insta al Gobierno a que a los alumnos que se

matriculen de primer curso de una titulación universitaria en

facultades, escuelas técnicas superiores o colegios universitarios, que

tengan más de cuatro puntos en selectividad pero no alcancen los cinco y

que cumplan con los requisitos económicos para ser beneficiario de una

beca se les conceda a partir del curso 1998/1999, al menos, la mitad de

la cuantía de la beca que les correspondería de haber obtenido cinco

puntos en selectividad

27

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, sobre actuaciones del Gobierno en relación con los planes de

reestructuración del sector público empresarial

28

161/001113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, sobre «Construcciones Navales Santodomingo,

S.A.»

29

161/001115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre alternativas al cierre de la mina de Reocín

30

161/001124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, por la que se insta al Gobierno a poner en marcha y ejecutar

las disposiciones previstas en el desarrollo del plan de viabilidad del

Grupo de Empresas Álvarez para asegurar su futuro industrial y

empresarial, contribuyendo así a la renovación y desarrollo del tejido

económico de Vigo y Pontevedra

31

Comisión de Política Social y Empleo

161/001123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a que

modifique el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, sobre reordenación

de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

32

161/001125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa a la adopción de medidas que detecten el

incumplimiento de las normativas de higiene y salud laboral en la

industria del calzado

33

Páginas

Comisión de Sanidad y Consumo

161/001117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre el restablecimiento del servicio de ginecología del INSALUD

en el área sanitaria 8 (Navalcarnero y Villaviciosa de Odón) de Madrid

33

Comisión de Infraestructuras

161/001110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del

Congreso, relativa a la construcción del tramo de autovía Alto de Santo

Domingo-Ourense

34

161/001116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre el cumplimiento por el Gobierno de los compromisos asumidos

para el soterramiento de la línea férrea a su paso por Getafe (Madrid)

35

161/001135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, sobre control de chatarra.


36

Comisión de Medio Ambiente

161/001111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre realización de un Plan Integral de Depuración y Saneamiento

del río Segura

37

161/001114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Mixto, sobre elaboración de mapas de riesgos y adopción de planes de

emergencia y otras medidas de seguridad respecto de presas o embalses

hidrográficos o industriales

38

161/001134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para evitar la construcción de

una minicentral eléctrica en el paraje del Campillo, perteneciente al

término municipal de Zaorejas (Guadalajara)

38

Mociones consecuencia de interpelaciones

Urgentes

173/000093 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por

el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el acercamiento de todas las

personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su

lugar de origen

39

173/000094 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por

el Grupo Socialista del Congreso, sobre el recorte de las prestaciones

económicas por incapacidad temporal de los trabajadores y trabajadoras

40

173/000095 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por

el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el derecho a

percibir prestaciones sociales a que dan lugar las contrataciones a

tiempo parcial

41

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001696 Pregunta formulada por el Diputado don Lluís Miquel Recoder i

Miralles (GC-CiU), sobre opinión del Gobierno en relación con la grave

situación por la que atraviesa el respeto a los derechos humanos en

Colombia

42

Comisión de Justicia e Interior

181/001690 Pregunta formulada por la Diputada doña María Cristina

Almeida Castro (GMX), sobre medidas específicas para solucionar el

incremento de la criminalidad de la Comunidad de Madrid

42

181/001691 Pregunta formulada por la Diputada doña María Cristina

Almeida Castro (GMX), sobre medidas para evitar las vejaciones y el

trato indebido en las cárceles de la Comunidad de Madrid y sancionar a

los responsables de los mismos

42

181/001721 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Caldera

Sánchez-Capitán (GS), sobre opinión del Director General de la Guardia

Civil acerca de si están garantizadas las labores de vigilancia y

protección asignadas a dicha Institución

43

181/001722 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Caldera

Sánchez-Capitán (GS), sobre razones del descenso del número de vehículos

de la 621 Comandancia de la Guardia Civil (Salamanca) desde el año 1995

43

Páginas

Comisión de Defensa

181/001692 Pregunta formulada por el Diputado don Alfonso Perales

Pizarro (GS), sobre explicación que se puede dar sobre el incidente

ocurrido frente a la costa de Conil de la Frontera (Cádiz), en que un

proyectil impactó a 5 metros aproximadamente de un pesquero del Puerto

de Conil

44

181/001693 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre explicación de los hechos ocurridos en la

mañana del martes 30 de junio de 1998, cuando un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Roche (Cádiz).


44

181/001694 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre razón por la que las autoridades militares no

realizaron los avisos necesarios para evitar posibles daños a los

pescadores de la zona en la mañana del martes 30 de junio de 1998,

cuando un proyectil de la Armada cayó junto a tres pesqueros que

faenaban cerca de Cabo Roche (Cádiz)

45

181/001695 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre explicación del Gobierno a la realización en

estas fechas de prácticas de tiro, que ponen en grave riesgo la práctica

pesquera y la atracción turística de la zona de Cabo Roche (Cádiz)

45

Comisión de Educación y Cultura

181/001698 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre causas de la paralización o suspensión de las

ayudas a las misiones arqueológicas en el extranjero

46

181/001699 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre motivos de la suspensión de las ayudas a las

misiones arqueológicas en el extranjero en los meses de verano

46

181/001700 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre medidas para impedir que la paralización de

las ayudas a las misiones arqueológicas en el extranjero suponga la

ruptura de compromisos internacionales ya asumidos

47

181/001701 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre motivos por los que no se adoptaron medidas

con anterioridad a la suspensión de las ayudas a las misiones

arqueológicas en el extranjero

47

181/001702 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre medidas para adelantar el importe de las

ayudas a las misiones arqueológicas en el extranjero y evitar que los

investigadores españoles suspendan su participación en yacimientos

considerados como de «importancia excepcional»

48

181/001703 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre proceso de creación de un centro de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Guadalajara

48

181/001704 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre razones del rápido proceso de constitución

del centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en

Guadalajara, así como de selección de su personal

48

181/001705 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre designación directa de profesores en el

centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creado

en Guadalajara

49

181/001723 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco

Alcaraz Ramos (GMX), sobre previsiones acerca de promover alguna

actividad especial para conmemorar el 250 aniversario del descubrimiento

de Pompeya por el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre.


49

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001688 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando

Peralta Ortega (GMX), sobre previsiones acerca de la dotación total

necesaria para poner en marcha el Campus Universitario de Mieres

(Asturias), a cargo de los llamados «fondos de minería»

50

Comisión de Infraestructuras

181/001689 Pregunta formulada por la Diputada doña María Cristina

Almeida Castro (GMX), sobre proyectos de inversión en infraestructuras

que va a cumplir efectivamente el Gobierno en la Comunidad de Madrid

50

Páginas

Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

181/001697 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Rodríguez

Zapatero (GS), sobre razones por las que se ha denegado la autorización

de compatibilidad al Presidente del Consejo Regulador de la denominación

de origen «Queso Zamorano».


51

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000115 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso

de inconstitucionalidad número 2307/1990, promovido por el Presidente

del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento

Vasco 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco

52

232/000117 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso

de inconstitucionalidad número 572/1991, promovido por el Presidente del

Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 14/1990, de 28 de

noviembre, de las Cortes de Castilla y León, de Concentración Parcelaria

52

233/000123 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión

de inconstitucionalidad número 2776/1990, planteada por la Sección

Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, en relación con los

números 2 y 3 del artículo 154 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales

53

Comunidades Autónomas

093/000009 Comunicación del Acuerdo adoptado por la Mesa y Portavoces de

la Comisión Constitucional en relación con el Protocolo de Colaboración

entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de

Castilla y León sobre coordinación de actuaciones en materia de

infraestructura viaria, suscrito el día 3 de abril de 1988

54

093/000010 Comunicación del Acuerdo adoptado por la Mesa y Portavoces de

la Comisión Constitucional en relación con el Convenio de cooperación

entre las Comunidades de Madrid y Castilla y León sobre distribución de

actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes,

suscrito el día 3 de abril de 1998

54

093/000013 Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de infraestructura

viaria en zonas limítrofes

55

composición y organización de la cámara

Comisiones, Subcomisiones

y Ponencias

158/000037

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.


AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores.


Nueva comunicación de que la citada Comisión ha aprobado la propuesta de

creación de una Subcomisión, relativa al cincuenta aniversario de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Acuerdo:


1. Admitir los puntos 1 y 2 de la iniciativa de referencia como

propuesta de creación de una Subcomisión y someter al Pleno de la Cámara

y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


2. En cuanto a los puntos 3 y 4 de la iniciativa citada, cuyo contenido

es propio de una Proposición no de Ley aprobada en Comisión, tomar

conocimiento, advirtiendo a la Comisión de Asuntos Exteriores que la

ejecución del contenido correspondiente al punto tercero está

condicionada a la creación, en su caso, por el Pleno de la Cámara de la

Subcomisión mencionada.


3. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Exteriores.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


La Comisión de Asuntos Exteriores en su sesión del día 24 de junio de

1998, ha aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado

tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los

Diputados, de 26 de junio de 1996, la siguiente propuesta de creación de

una Subcomisión, incluida en su exposición de motivos, relativa al

cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos (núm. expte. 158/37).


«Exposición de motivos

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas,

reunida en París, adoptó solemnemente la Declaración Universal de

Derechos Humanos, el primer texto internacional con este alcance, que ha

servido de base para todos los desarrollos posteriores con vistas a la

protección y a la promoción de los derechos humanos a escala universal.


Al celebrar este año el 50 aniversario de la Declaración, las Naciones

Unidas han emprendido toda una serie de actividades encaminada a

conmemorar aquel acontecimiento y hacer balance de lo realizado desde

entonces y de todo cuanto resta por hacer para lograr el efectivo

respeto de los derechos fundamentales de todas las personas en el mundo.


También han recomendado que todos los Estados pongan en marcha programas

de esta índole, a fin de difundir y poner en práctica los valores

proclamados en la Declaración.


En este marco, el Gobierno español ha creado un Comité Nacional para el

50 aniversario de la Declaración (Real Decreto 2011/1997, «Boletín

Oficial del Estado» de 20 de enero de 1998), que, bajo la presidencia de

honor de SS.MM. los Reyes, será presidido por el Ministro de Asuntos

Exteriores y en el que se prevé la presencia de un representante de cada

una de las Cámaras parlamentarias.


La Comisión de Asuntos Exteriores considera que el Congreso de los

Diputados, en cuanto órgano depositario de la soberanía popular, debe

participar en esta conmemoración no sólo en el aspecto simbólico sino

con actuaciones sustantivas y con contenido.


Por todo ello:


1. La Comisión de Asuntos Exteriores propone al Pleno la creación de

una Subcomisión de estudio que convocará audiciones de expertos

nacionales, internacionales y defensores de los derechos humanos para

escuchar sus opiniones y sugerencias acerca de la mejor manera de

potenciar la política de promoción de los derechos humanos. Esta

Subcomisión se regirá por la Resolución de la Presidencia del Congreso

de los Diputados de 26 de junio de 1996.


2. Dicha Subcomisión emitirá un informe sobre la política española de

promoción y protección de los derechos humanos por áreas geográficas y

Convenios Internacionales, tal como recoge el Comité de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas, cuyas conclusiones y recomendaciones elevará

para su aprobación a la Comisión de Asuntos Exteriores, que a su vez

propondrá el debate y eventualmente aprobación de una resolución por el

Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 10 de diciembre de 1998

(cincuentenario de la Declaración) o en la fecha más próxima posible.


3. La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno:


a) A enviar a dicha Subcomisión un informe circunstanciado acerca de la

política de promoción de los derechos humanos por áreas geográficas y

Convenios Internacionales, tal como recoge el Comité de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas y su trayectoria desde la transición democrática

y la Constitución, en el momento actual y sus perspectivas a corto y

medio plazo.


b) A enviar a la Subcomisión la relación de los Convenios o Protocolos

Internacionales sobre protección de los derechos humanos que no hayan

sido todavía ratificados por España, así como de las reservas o

declaraciones interpretativas hechas en ratificaciones o adhesiones

anteriores que ya no se justifiquen y que, por tanto, convendría retirar.


4. La Comisión de Asuntos Exteriores presta su plena colaboración al

Comité Español para el Cincuentenario de la Declaración Universal de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas creado por el Real Decre-

to 2011/1997.»

A la mencionada propuesta se formularon 4 enmiendas, cuyo texto,

asimismo, se inserta.


Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y los efectos que procedan.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio

de 1998.-El Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Javier

Rupérez Rubio.


A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores

Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presentan las

siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley relativa al 50

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para su

debate en la Comisión de Asuntos Exteriores en el punto 16 del orden del

día de la sesión núm. 37 (161/1106)

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1998.-José Navas

Amores, Diputado.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario

Federal Izquierda Unida.


Enmienda número 1

De adición.


Al apartado 1.


Se añade a continuación de «... audiciones de expertos...»: «..., y

defensores de los Derechos Humanos...».


Motivación

Incluir expresamente no sólo a los expertos de carácter académico sino

también a las personas que luchan por los derechos humanos en primera

línea.


Enmienda número 2

De modificación.


Al apartado 2.


Se sustituye «... a escala internacional en todos sus aspectos...» por

«... por áreas geográficas y convenios internacionales, tal como recoge

el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas...».


Motivación

Utilizar la terminología oficial de las Naciones Unidas.


Enmienda número 3

De modificación.


Al apartado 3.


Se sustituye «... a escala internacional en todos sus aspectos...» por

«... por áreas geográficas y convenios internacionales, tal como recoge

el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas...».


Motivación

Utilizar la terminología oficial de las Naciones Unidas.


Enmienda a la Proposición no de Ley relativa al 50 aniversario de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos presentada para su debate

en la Comisión de Asuntos Exteeriores

El Grupo Parlamentario Popular propone las siguientes enmiendas:


Enmienda

De modificación:


Donde dice «Por todo ello presentamos la siguiente Proposición no de

Ley», debe decir:


«La Comisión de Asuntos Exteriores promoverá la constitución de una

ponencia de estudio que convocará audiciones de expertos nacionales e

internacionales para escuchar sus opiniones y sugerencias acerca de la

mejor manera de potenciar la política de promoción de los derechos

humanos.


Esta ponencia emitirá un informe sobre la política española de promoción

y protección de los derechos humanos a escala internacional en todos sus

aspectos, cuyas conclusiones y recomendaciones elevará para su

aprobación a la Comisión de Asuntos Exteriores, que a su vez propondrá

el debate y eventualmente aprobación de una resolución por el Pleno del

Congreso de los Diputados el próximo 10 de diciembre de 1998

(cincuentenario de la Declaración) en la fecha más próxima posible.


Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los

Diputados insta al Gobierno a:


1. Enviar a la Comisión de Asuntos Exteriores un informe

circunstanciado acerca de la política de promoción de los derechos

humanos a escala internacional y su trayectoria desde la transición

democrática y la Constitución, en el momento actual y sus perspectivas a

corto y medio plazo.


2. Enviar a la Comisión de Asuntos Exteriores la relación de los

convenios o protocolos internacionales sobre protección de los derechos

humanos que no hayan sido todavía ratificados por España, así como de

las reservas o declaraciones interpretativas hechas en ratificaciones o

adhesiones anteriores que ya no se justifiquen y que, por tanto,

convendría retirar.»

Enmienda

De adición:


Añadir un punto 3 que debe decir:


«Prestar su plena colaboración al Comité español para el Cincuentenario

de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

creado por el Real Decreto 2011/1997.»

secretaría general

291/000003

En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 310, de 28 de

julio de 1998, se ha duplicado el contenido de las páginas 16 y 17,

error que se subsana mediante la presente nota.


Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 1998.


292/000011

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,

se ordena la publicación en el «BOCG. Sección Congreso de los

Diputados», de la convocatoria interna para la provisión de ocho plazas

de vigilantes de instalaciones.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


convocatoria interna para la provisión de ocho plazas de vigilantes de

instala-

ciones

En ejecución de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en

su reunión celebrada el día 21 de julio de 1998, y de conformidad con lo

establecido en el artículo 6 del Convenio Colectivo del personal laboral

del Congreso de los Diputados, se aprueba la convocatoria interna para

la provisión, en régimen de contratación laboral, de ocho plazas de

vigilantes de instalaciones, en la Dirección de Gobierno Interior de la

Secretaría General del Congreso de los Diputados, cuatro de ellas en la

especialidad de Electricidad y las cuatro restantes en la especialidad

de Fontanería.


La convocatoria se regirá por las siguientes bases:


Primera. Funciones

Las funciones del puesto serán las de revisión de instalaciones de los

edificios de la Cámara y resolución de emergencias que surjan en las

mismas, y en general en el mantenimiento de los edificios, especificadas

en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los

Diputados. Los seleccionados cubrirán el servicio de noche, y, en turnos

rotatorios, el diurno de sábados, domingos y festivos.


Las plazas estarán dotadas con la remuneración que se establezca en el

Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.


Segunda. Requisitos

Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir

los siguientes requisitos:


a) Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.


b) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos, según los

casos:


1. Especialidad de Electricidad: Título de Técnico Auxiliar

correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional de Primer

Grado (rama de Electricidad y Electrónica, profesión Electricidad), o el

de Técnico Auxiliar correspondiente a las enseñanzas del Módulo

Profesional Nivel 2 (rama de Electricidad y Electrónica, profesión

Instalador-Mantenedor Eléctrico), o el de Técnico en Equipos e

Instalaciones Electrotécnicas correspondientes a la Formación

Profesional específica de Grado Medio, familia profesional Electricidad

y Electrónica.


2. Especialidad de Fontanería: Título de Técnico Auxiliar

correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional de Primer

Grado (rama de Construcción y Obras, profesión Fontanería), o el de

Técnico Auxiliar correspondiente a las enseñanzas del Módulo Profesional

Nivel 2 (rama de Construcción y Obras, profesión Instalaciones de Agua,

Gas y Calefacción), o el de Técnico Auxiliar correspondiente a las

enseñanzas del Módulo Profesional Nivel 2 (rama de Electricidad y

Electrónica, profesión Instalación y Mantenimiento de Equipos de Frío y

Calor), o el de Técnico en Montaje y Mante-nimiento de Instalaciones de

Frío, Climatización y Producción de Calor, correspondiente a la

Formación Profesional específica de Grado Medio, familia profesional de

Mantenimiento y Servicios a la Producción.


c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de

las correspondientes funciones.


Tercera. Comisión de Selección

La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de

Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará

integrada por los siguientes miembros:


- Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.


- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del

Congreso de los Diputados o el Director de Gobierno Interior de la

Secretaría General del Congreso de los Diputados.


- El Jefe del Departamento de Personal y Gobierno Interior del Congreso

de los Diputados que actuará como Secretario.


- El Jefe del Departamento de Infraestructura e Instalaciones del

Congreso de los Diputados.


- Un profesor técnico de Formación Profesional, especialidad de

Instalaciones Electrotécnicas, para la selección correspondiente a las

plazas de la especialidad de electricidad.


- Un profesor técnico de Formación Profesional, especialidad de Oficina

de Proyectos de Construcción, para la selección correspondiente a las

plazas de la especialidad de fontanería.


La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la

presencia, cuando menos, de tres de sus miembros.


Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros

presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del

Presidente de la Comisión de Selección.


Corresponde a la Comisión de Selección las funciones relativas a la

determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación

de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas

sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.


Cuarta. Solicitudes

Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se

ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como

anexo I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los

Diputados, y se presentarán, en el Registro de la Dirección de Gobierno

Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en días laborables

-excepto sábados- de las nueve a las catorce horas, hasta el día 10 de

septiembre de 1998.


El candidato consignará en la solicitud su nombre y apellidos, número de

DNI y demás datos reflejados en el modelo de solicitud. En particular

deberá manifestar de manera clara y expresa el cumplimiento de los

requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria. Asimismo,

deberá expresar necesariamente la especialidad por la que opta y el

título que aduce para participar en el proceso de selección.


El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de

resultar seleccionado, presentará el documento previsto en la base

octava, y que asume el compromiso de firmar el correspondiente contrato

e incorporarse a su puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar

desde la notificación de su selección.


Los candidatos deberán aportar currículum profesional o académico, así

como la documentación que acredite los datos reflejados en los mismos.


Quinta. Admisión de aspirantes

Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión

de Selección dictará resolución declarando aprobada la relación

provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las

pruebas, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la cual

se hará pública en el «BOCG. Sección Congreso de los Diputados» y en el

tablón de anuncios de la Cámara.


Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la

relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que haya

motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo,

la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento,

la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes

admitidos y excluidos y en la que se indicará el lugar, fecha y hora de

realización del primer ejercicio y, en su caso, el orden de actuación de

los aspirantes.


Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se

harán públicos por la Comisión de Selección en el tablón de anuncios de

la Cámara, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo

de las mismas.


Sexta. Procedimiento de selección

El proceso de selección para el acceso a las plazas constará de dos

pruebas, ambas eliminatorias.


Primera prueba.-Consistirá en la realización de pruebas psicotécnicas

encaminadas a determinar la aptitud de los aspirantes para el desempeño

del puesto de trabajo convocado. El tiempo máximo para la realización

del ejercicio se determinará por la Comisión de Selección en función del

tipo de cuestionario y del número de preguntas.


Segunda prueba.-Constará de dos partes:


a) Realización de una prueba de carácter práctico y dificultad adecuada

a la titulación exigida para participar en el presente proceso

selectivo, relacionada con las tareas propias de la especialidad a la

que opte el aspirante. Para la realización de esta prueba se les

entregarán a todos los aspirantes los materiales y las herramientas

necesarios para la total realización de la misma.


b) Realización de una entrevista personal que podrá versar sobre

cuestiones relativas a la prueba práctica realizada, experiencia

profesional en puestos similares desempeñados con anterioridad,

funciones específicas del puesto convocado y aclaraciones que se

consideren necesarias con relación al currículum profesional que en su

caso, hubiera aportado el aspirante.


Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un

mínimo de 5 puntos para aprobar cada una y poder realizar la siguiente.


Al final de cada prueba se hará pública en el tablón de anuncios del

Congreso de los Diputados una relación de los aspirantes aprobados, con

expresión de la puntuación alcanzada. Juntamente con la publicación de

los resultados de la prueba se harán públicas la fecha, la hora y el

lugar de realización de la prueba siguiente.


Séptima. Aspirantes propuestos

Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión de Selección hará

pública en el tablón de anuncios de la Cámara la relación de los

aspirantes cuya contratación se proponga, cuyo número no podrá ser

superior al de plazas convocadas, y que vendrá determinada por el orden

de puntuación total obtenida por los aspirantes que hayan superado las

dos pruebas, elevando dicha propuesta a la Mesa del Congreso de los

Diputados para su aprobación.


Octava. Presentación de documentos

Con carácter previo a la formalización de los contratos, y en el plazo

de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que

se haga pública la relación de aspirantes propuestos para su

contratación, éstos deberán presentar en la Dirección de Gobierno

Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados el

documento original del título por el que haya sido admitido a participar

en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base segunda

de la convocatoria.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


proposiciones no de ley

Pleno

162/000259

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre regulación de la publicación de productos

del tabaco.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los

Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre

regulación de la publicidad de productos del tabaco, para su debate en

el Pleno de la Cámara.


Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, nuestro

país ha pasado del puesto 21 del mundo en la lista de consumo de

cigarrillos per capita en 1980 en 1980, al número 12 en los últimos

años, por lo que muy pocos países han tenido el dudoso honor de subir de

forma tan fulgurante en la escala del consumo.


Además, la mayoría de las personas que consumen tabaco, pertenecen a la

población de los países en vías de desarrollo (se estima que un tercio

de la población del globo por encima de los 15 años). En estos mismos

países muere anualmente un millón de personas a causa del tabaco, cuando

la cifra mundial se eleva a tres millones de muertes.


Del mismo modo llama la atención que los varones adultos de nuestro país

son fumadores en un 48 por 100, encontrándose entre los que más fuman de

la UE. Si bien el número de hombres que fuman sigue siendo mucho más

elevado que el número de mujeres, no es menos cierto que la diferencia

está disminuyendo progresivamente desde hace algún tiempo y así, el 42

por 100 de las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 39 años

fuma habitualmente.


Es también alarmante el hecho de que la mayoría de los fumadores

adquieran el hábito de fumar durante su juventud, lo que da muestras de

los riesgos que corren los niños y jóvenes si no se toman medidas para

lograr que el consumo de este producto disminuya drásticamente. Razón

por la cual se deben tomar las medidas encaminadas a erradicar la

publicidad del tabaco.


El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea ha adoptado en

fechas recientes una posición común encaminada a aprobar una Directivas

relativa a la armonización de la legislación de los distintos Estados

miembros en lo referente a la publicidad y patrocinio de productos del

tabaco.


Por todo ello, se presente la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción de las

siguientes medidas:


1. Que no se agoten los plazos establecidos en la Directiva

comunitaria, referentes a la aplicación de la misma en nuestro país,

sino que se adelanten dichos plazos para que el cumplimiento de dicha

Directiva relativa a la prohibición de la publicidad directa e indirecta

de los productos del tabaco, se lleve a cabo lo más pronto posible.


2. Prohibir totalmente la publicidad y propaganda de cualquier tipo de

labores de tabaco en medios de comunicación audiovisuales, radiofónicos,

prensa escrita, vallas publicitarias, transportes públicos, así como en

espectáculos públicos.


3. Prohibir la comercialización de labores de tabaco en cualquier forma

en aquellos edificios públicos o privados en donde exista la prohibición

de fumar y en especial en aquellos que estén relacionados directa o

indirectamente con la salud y la educación de los ciudadanos.


4. Realizar campañas de información y de sensibilización para cambiar

el comportamiento de los fumadores de tabaco en público, con el fin de

que prevalezcan la cortesía y el respeto a los no fumadores.


5. Incluir en el etiquetado de los productos del tabaco un número de

teléfono de llamada gratuita que facilite a los consumidores una

información objetiva sobre el consumo de tabaco y los programas para

dejar de fumar.


6. Obligar a que todas las labores del tabaco muestren de forma visible

y legible en un lugar destacado de su envase, la fecha de duración

mínima o, en su caso, la fecha de caducidad.


7. Exigir que todas las labores del tabaco lleven impresas de forma

visible y legible en lugar destacado de sus envases, el precio final de

las mismas, que será el precio a cobrar por los expendedores al

consumidor, salvaguardando el recargo a que tengan derechos los

propietarios de una autorización, siempre que dicho recargo se ajuste al

permitido por la norma correspondiente para su venta última al público

en general.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1998.-María

Ángeles Maestro Martín, Diputada.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


162/000260

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a las actuaciones del Ministerio de Medio

Ambiente en el entorno de Doñana.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente proposición no de Ley, relativa a las actuaciones

del Ministerio de Medio Ambiente en el entorno de Doñana, para su debate

en Pleno.


Motivación

Desde el pasado día 25 de abril, fecha en la que se produjo la rotura de

la balsa de las minas de la empresa Boliden en Aznalcóllar, las

Administraciones central y autonómicas han llevado a cabo diversas

iniciativas encaminadas a la minimización de los graves daños ecológicos

y ambientales causados. En este período, el Ministerio de Medio Ambiente

ha demostrado un especial interés en evitar las repercusiones dentro de

los límites del Parque Nacional de Doñana, manteniendo frente al

Gobierno de la Junta de Andalucía actitudes poco justificables en base a

la distribución de las competencias en medio ambiente.


En el momento actual, resulta de todo punto urgente una posición nítida

del Ministerio de Medio Ambiente frente a la Unión Europea, basada en la

cooperación y un planteamiento integral del futuro del Parque Nacional y

del Parque Nacional de Doñana. No es concebible que las Administraciones

implicadas en la restauración de los espacios dañados por la rotura de

la balsa minera no formen un frente común, con actuaciones perfectamente

articuladas, que puedan recibir la máxima cobertura de las instituciones

europeas e internacionales.


En particular, las decisiones del Ministerio de Medio Ambiente relativas

a la limpieza y regeneración del cauce del río Guadiamar y al programa

de actuaciones denominado «Doñana 2005» -cuyo contenido no ha sido

consensuado ni en el Consejo Asesor de Medio Ambiente ni con la Junta de

Andalucía-, requieren algunas clarificaciones en cuanto a su

articulación con el Programa de actuaciones para la recuperación del

entorno de Doñana, aprobado por el Gobierno de la Junta de Andalucía, y

a los compromisos pendientes del MIMAM derivados del Plan de Desarrollo

Sostenible del entorno de Doñana.


Por todo ello, el Grupo Socialista presente la siguiente Proposición de

Ley sobre actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en el entorno de

Doñana.


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a:


1. Urgir al Ministerio de Medio Ambiente para que la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir proceda al tratamiento de las aguas

contaminadas retenidas en Entremuros, de acuerdo con la mejor tecnología

disponible.


2. Asegurar el mantenimiento y correcto funcionamiento del grupo de

expertos del CSIC mediante las adecuadas dotaciones presupuestarias,

cuantificando dichas dotaciones, así como incorporar a dicho grupo de

trabajo a los expertos propuestos formalmente por las Universidades de

Andalucía.


3. Explicitar las actuaciones previstas por el Ministerio de Medio

Ambiente en relación con la adquisición de tierras pertenecientes al

dominio público hidráulico del río Guadiamar, pendiente de deslinde.


4. Confirmar que las actuaciones del MIMAM previstas dentro del Plan

«Doñana 2005» se llevarán a cabo con recursos adicionales a los

comprometidos antes la Unión Europea para la ejecución del Plan de

Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana.


5. Proceder, de forma urgente, a la presentación integrada de las

actuaciones previstas por el Ministerio de Medio Ambiente y por el

Gobierno de la Junta de Andalucía, cara a la regeneración del entorno de

Doñana afectado por la rotura de la balsa minera de Boliden, ante la

Comisión Europea, para la obtención de recursos con los criterios de

cofinanciación aplicados por los Fondos estructurales a los países

miembros, sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por

parte de la empresa.


6. Iniciar, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, de forma urgente,

la revisión de los sistemas de gestión del Parque Nacional y del Parque

Natural de Doñana, en orden a mejorar la eficacia de dicha gestión y a

favorecer las tareas de recuperación de los espacios actualmente

afectados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 1998.-Cristina

Narbona Ruiz, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000261

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la construcción de dos vías terrestres

de comunicación atravesando la cara norte de la Sierra de Guadarrama

promovidas por el Ministerio de Fomento.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número

de Registro 58623, y considerando que solicita el debate de la

iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley

conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el

Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el

Boletín Oficial de las Cortes Generales , así como notificarlo al Grupo

proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la construcción

de dos vías terrestres de comunicación atravesando la cara norte de la

Sierra de Guadarrama promovidas por el Ministerio de Fomento, para su

debate en el Pleno.


Exposición de motivos

La Sierra de Guadarrama, a pesar de su proximidad a diversos núcleos de

problación, constituye en sí misma un ecosistema de gran valor

ecológico, paisajístico, social y cultural. Precisamente, su proximidad

a un núcleo de población tan importante como es Madrid ha dado lugar a

que la misma sufra una fuerte presión humana, turística y urbanística

que se ha traducido en un impacto negativo para su valores ecológicos.


En este sentido, tanto la Comunidad Autónoma de Madrid como la Comunidad

Autónoma de Castilla y León han promovido diversas iniciativas para la

elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la

Sierra que, en base a los valores mencionados diera lugar a su

declaración como Espacio Natural Protegido e, incluso, se ha promovido

un Plan de Ecodesarrollo; sin embargo, por distintas razones no han

llegado a ver la luz.


En la actualidad, el Ministerio de Fomento tiene previsto la realización

de dos proyectos de infraestructuras de comunicación terrestre hacia las

capitales de Segovia y Ávila, atravesando la cara norte de la Sierra de

Guadarrama, que precisamente es una de las zonas mejor conservadas.


Estos proyectos tendrían un impacto ambiental y socioeconómico muy

grave, ya que destruiría y alteraría el hábitat de muchas especies y

supondría una barrera infranqueable para el ganado y muchas especies

animales, al requerir un vallado. La ganadería de la zona se vería

seriamente afectada, ya que el trazado propuesto para la vía de

comunicación, que consiste en una autopista de peaje para unir la

autopista A-6 por San Rafael con Segovia capital, corta varias vías

pecuarias utilizadas habitualmente por los ganaderos de la zona.


Los trazados propuestos atraviesan zonas de bosque y encinar de elevado

valor ecológico, en las que habitan numerosas especies animales

protegidas, entre ellas destaca el águila imperial, el águila real, el

buitre negro, la cig¸eña negra -que en la actualidad es objeto de un

Plan de Recuperación-, el gato montés y la nutria, además de numerosos

anfibios y reptiles.


Estos proyectos supondrían también un aumento de desintegración social

al romper la unidad territorial de los municipios de la falda de la

sierra.


Además, tanto el proyecto de unir Ávila con la carretera N-VI,

contemplada en el Plan Director de Infraestructuras como una autovía y

convertida ahora en autopista por el Ministerio de Fomento, como el

proyecto de unir la autopista A-6 por San Rafael con Segovia capital,

independientemente de sus graves afecciones ambientales, no se

justifican ni por problemas de saturación de tráfico de acuerdo con los

datos disponibles sobre la intensidad media de vehículos, ni por la

existencia de un alto índice de siniestralidad.


Las opciones elegidas por el Ministerio de Fomento son la peor solución

para unir tanto la A-6 como la N-VI con las capitales de Segovia y de

Ávila.


En el caso particular del proyecto de unión de Ávila con la carretera

N-VI, el pasado 23 de febrero se publicada en el Boletín Oficial del

Estado la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente por la que se formulaba la

Declaración de Impacto Ambiental del estudio informativo de dicha vía de

comunicación. La Declaración proponía, como opción más ventajosa para

realizarla desde el punto de vista ambiental, socioeconómico,

paisajístico y del patrimonio ecológico, una alternativa que coincidía

con la opción contemplada en el Plan Director de Infraestructuras y que

no es la elegida por el Ministerio de Fomento para realizar la

autopista. Es decir, el Ministerio de Fomento no ha cumplido la

Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente ni

las recomendaciones de la misma que proponía la alternativa más barata y

respetuosa con el entorno y con el bienestar de los ciudadanos.


Este hecho ha tenido como consecuencia la oposición de numerosas

poblaciones de la zona, así como de otros colectivos ecologistas,

sociales y ganaderos que se ven gravemente perjudicados por la opción

del Ministerio de Fomento.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. La definición de la solución de comunicación entre la autopista A-6

y Ávila capital, de la siguiente manera:


a) Que la misma no sea una autopista de peaje.


b) El cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por

el Ministerio de Medio Ambiente, mediante resolución por la que se

formula el estudio informativo de la autovía Ávila N-6 de la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental, y publicada el 20 de febrero

de 1998 en el Boletín Oficial del Estado.


2. La definición de la solución de comunicación entre la autopista A-6

y Segovia capital de la siguiente manera:


a) Que la misma no sea una autopista de peaje.


b) Que en la Declaración de Impacto Ambiental se contemplen

alternativas que no incidan en los ecosistemas de la Sierra de

Guadarrama, ni en sus valores ecológicos, paisajísticos, sociales y

culturales y que minimicen los impactos ambientales, adoptando la

alternativa más ventajosa desde el punto de vista ambiental y

socioeconómico.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 1998.-Cristina

Narbona Ruiz, Diputado.-Jerónimo Niego González, Diputado.-María Ángeles

Amador Millán, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000262

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre posición de España en el conflicto de

Oriente Próximo.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y




siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre posición de España en

el conflicto de Oriente Próximo, para su debate en el Pleno del Congreso

de los Diputados.


Motivación

España ha venido manteniendo ante el conflicto de Oriente Medio una

posición comprometida y responsable, basada en el derecho del pueblo

palestino a su autodeterminación, incluyendo la posibilidad de un Estado

Palestino, y el derecho del pueblo israelí a vivir dentro de fronteras

seguras y reconocidas, todo ello en aplicación de las Resoluciones 242 y

338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.


Con el impulso, entre otros, de España, la Unión Europea ha adoptado

también una política comprometida con la paz en la región y de defensa

de los derechos del pueblo palestino. Así se expresaba en la Declaración

de Florencia de 1996 y en la adoptada el pasado año en Amsterdam. Al

mismo tiempo, si la Unión Europea es el principal contribuyente al

esfuerzo económico necesario para crear las bases de un futuro ente

soberano palestino, Gaza y Cisjordania se han situado a la cabeza entre

los destinatarios de la cooperación española para el desarrollo.


Esta posición comprometida, y el apoyo a una solución basada en el

principio «paz por territorios» que enmarca los Acuerdos de Oslo, ha

sido expresada en reiteradas ocasiones de manera unánime por el Congreso

de los Diputados y por su Comisión de Asuntos Exteriores, que también ha

manifestado su inequívoco rechazo a la creación de nuevos asentamientos,

ya que la alteración unilateral del «statu quo» es una grave violación

del espíritu de los Acuerdos de Oslo y supone un gesto de provocación

que incrementa la tensión ya existente.


La reciente visita del Presidente del Gobierno a Oriente Próximo ha

significado un claro abandono de la coherencia y responsabilidad hasta

ahora mantenidas por España. En claro contraste con la firmeza expresada

por la Presidencia británica de la Unión Europea, el Presidente Aznar ha

mostrado una actitud complaciente con el bloqueo que el Gobierno Israelí

ha impuesto sobre el proceso de paz y una posición comprensiva hacia el

anuncio de nuevos asentamientos en un lugar tan sensible como Jerusalén.


Ha renunciado a defender la posición española ante el proceso de paz, ha

olvidado el acuerdo unánime de la Comisión de Exteriores del Congreso de

los Diputados que lamentaba «los obstáculos que el mismo Gobierno

israelí crea para alcanzar una paz justa y permanente en la zona» y que

afirmaba «los mismos derechos que asistieron al pueblo judío para

establecer el Estado de Israel son los que asisten al pueblo palestino

para hallar una solución legítima a sus aspiraciones nacionales»

(Proposición no de Ley aprobada el 24 de junio de 1998).


La sorprendente actitud del Presidente del Gobierno, sus silencios, sus

intervenciones carentes de contenido político en una visita de

inevitable gran carga política, han dañado de manera irresponsable la

enorme credibilidad y la capacidad de influencia de España en la zona al

tiempo que debilitan la acción común de la Unión Europea.


La eventualidad de una nueva Conferencia que revitalizase el proceso de

paz no pasa por abdicar de nuestras posiciones, como lo ha hecho el

Presidente del Gobierno; menos aún lo justifica la posibilidad de que

esa Conferencia pudiera celebrarse en Madrid. Tampoco es comprensible

que, ante la difusa posibilidad de que el Gobierno de Netanyahu decida

en las próximas semanas desbloquear el proceso, se renuncie a que árabes

e israelíes conozcan pública y directamente nuestras posiciones.


Una fotografía con Netanyahu, en Tel Aviv o en Madrid, no puede

justificar que el Presidente Aznar haya vaciado de contenido una visita

que debía servir para que España renovase, de manera inequívoca, su

compromiso con una paz justa.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados:


1. Reitera su firme compromiso con una paz justa y duradera entre

árabes e israelíes y su exigencia de que se reanude cuanto antes el

proceso iniciado en Madrid, en 1991, y continuado en Oslo, en 1993.


2. Manifiesta, en ese sentido, su inequívoco respaldo al derecho que

tiene el pueblo palestino a ver garantizadas sus aspiraciones

nacionales, incluyendo la creación de un Estado Palestino.


3. Expresa, una vez más, su firme rechazo a la creación de nuevos

asentamientos, que suponen una grave violación del espíritu de los

Acuerdos de Oslo y una grave amenaza para el proceso de paz, hoy

debilitado por la actitud del Gobierno de Benjamin Netanyhau.


4. Reclama el más absoluto respeto a la situación de Jerusalén, cuyo

estatus definitivo habrá de abordarse en la fase final del proceso.


5. Insta al Gobierno a manifestar públicamente su compromiso con esta

posición, tradicionalmente mantenida por España, y transmitirlo así a

las partes implicadas en el conflicto de Oriente Próximo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio

de 1998.-Rafael Estrella Pedrola, Diputado.-María Teresa Fernández de la

Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


162/000263

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la introducción de la televisión

terrestre.


Acuerdo:


Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número

de Registro 58671, y considerando que solicita el debate de la

iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley

conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el

Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el

Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo

proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la introducción

de la Televisión Terrestre, para su debate en Pleno.


Motivación

El sector audiovisual español se encuentra inmerso en un proceso de

transformación sustancial como consecuencia de la introducción

simultánea de nuevas tecnologías y nuevos modos de difusión.


En los últimos años se ha producido el inicio de las emisiones de

televisión digital por satélite, con la constitución de dos plataformas

españolas, y la implantación definitiva y regulada de la televisión por

cable, habiéndose convocado y resuelto los concursos correspondientes a

la casi totalidad de las demarcaciones.


Es indudable, por otra parte, que la utilización de la tecnología

digital permite mejorar la calidad de la recepción de señales de audio y

vídeo, al tiempo que posibilita la incorporación de gran número de

servicios interactivos, haciendo así realidad el camino hacia la

sociedad de la información.


La incorporación de la tecnología de la televisión digital a las

emisoras de la denominada televisión terrestre, o terrenal, permitirá

además aprovechar al máximo el recurso escaso que limitaba el número de

programaciones diferentes que podían recibirse en los hogares, al

multiplicar por cuatro la capacidad del espectro disponible, ofreciendo

al mismo tiempo una calidad de imagen muy mejorada.


En ese sentido, el cambio a la televisión digital supondrá un cambio

cualitativo y cuantitativo comparable, por una parte, a la introducción

de la televisión en color y, por otra a la aparición de los canales

autonómicos y el inicio de las emisiones de los tres canales de

televisión privada.


Ahora bien, la introducción de la televisión digital terrestre tendrá

efectos muy importantes sobre muchos sectores económicos y sobre los

propios consumidores. En el caso de estos últimos obligará a renovar 20

millones de equipos de recepción de televisión o, al menos, a incorporar

un descodificador. En cuanto a los sectores económicos afectaá a la

industria de equipamiento, a los proveedores de infraestructuras de red

y del servicio portador, a la industria de contenidos, al sector de la

publicidad, a los operadores de cable y a las propias cadenas de

televisión, tanto públicas como privadas, de ámbito estatal, autonómico

e incluso local.


Transformaciones mucho menores, como la implantación de la televisión

por satélite o las telecomunicaciones por cable que afectan a un número

limitado de hogares, han sido objeto de una discusión parlamentaria.


En este caso, sin embargo, el Gobierno pretende regular esta

transformación fundamental mediante un Decreto y una simple Orden

amparándose en una disposición adicional de la Ley 66/1997, de 30 de

diciembre, introducida en la última fase de su tramitación en el Senado.


El Grupo Parlamentario Socialista considera que dada a transcendencia de

estas normas para el futuro del sector audiovisual español en su

conjunto y en aras del interés general, es imprescindible la elaboración

de un Proyecto de Ley que permita una tramitación Parlamentaria

destinada a conseguir el máximo consenso, máxime si se tiene en cuenta

que no existen razones de urgencia que justifiquen la necesidad de una

regulación inmediata.


Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presente la

siguiente

Proposición no de Ley

1. Instar al Gobierno a paralizar la tramitación del Proyecto del Real

Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión

Digital Terrestre, así como el proyecto de Orden por el que se aprueba

el Reglamento Técnico para la prestación del servicio de la Televisión

Digital Terrestre.


2. Instar al Gobierno a abrir un Debate Público, con participación de

las Comunidades Autónomas, de los sectores interesados, de los Consejos

de Consumidores y Usuarios, de la CMT y del Consejo Superior de Medios

Audiovisuales, una vez que se haya creado, sobre el futuro del sector

audiovisual y, en concreto, sobre la forma en que debe regularse la

introducción de la Televisión Digital Terrestre para maximizar sus

efectos positivos sobre el conjunto de la sociedad.


3. Instar al Gobierno a, en base a las conclusiones de ese Debate

Público, elaborar un Proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre que

pueda ser discutido en ambas cámaras en aras a obtener el máximo

consenso Parlamentario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio

de 1998.-Alfredo Pérez Rubalcaba, Diputado.


162/000265

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley relativa a la introducción de la televisión

digital por ondas terrestres.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales, así como notificarlo al Grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los

Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley de Introducción

de la Televisión Digital por Ondas Terrestres para su debate en el Pleno.


La tecnología digital ha supuesto no sólo una auténtica revolución en el

sector informático y de los contenidos, sino también en las

telecomunicaciones, afectando por igual a los sectores convergentes del

audiovisual y las telecomunicaciones.


Las posibilidades que ofrece la tecnología digital de ofertar mejor

calidad de señal así como una mayor capacidad de transmisión, hacen que

técnicamente se pueda incrementar el número de canales de televisión o

de otros servicios como datos, voz o canales de acceso a las redes de

información como pudiera ser Internet, como ya hemos podido comprobar en

el satélite.


En la actualidad le corresponde el turno a la televisión por ondas

terrestres, que gracias a la digitalización ve multiplicada sus

posibilidades y capacidades por cuatro o cinco veces, haciendo que

podamos ver más programas de los que podemos ver hoy mediante tecnología

analógica y con una calidad óptima.


Este incremento de las posibilidades de oferta, si bien es cierto que

técnicamente es posible y ejecutable prácticamente de inmediato mediante

la articulación de las inversiones oportunas, implica una serie de

efectos en el sector audiovisual y de la industria a él asociada que

merece la pena evaluar de antemano para así ponderar su efectos y

repercusiones, así como para poder estimar todas sus potencialidades,

ara que la introducción de la televisión digital por ondas terrestres en

nuestro país repercuta en un nítido beneficio para el conjunto de la

sociedad española, sus ciudadanos, su industria y su sector audiovisual.


Puesto que la introducción de la televisión digital por ondas terrestres

vendría a modificar el panorama de la televisión en nuestro país, con un

escenario de apenas diez años en sus términos actuales, y que por tanto

podría venir a romper el difícil equilibrio comercial y financiero en el

que se encuentren las televisiones tanto estatales como autonómicas,

hacen que resulte razonable el posibilitar un amplio debate con las

entidades de televisión que desde la consideración de su papel de

protagonistas en este sector, garantizce la introducción en nuestro país

de esta nueva oferta tecnológica.


En todo caso la introducción de la tecnología digital por ondas

terrestres no sólo afecta a las empresas de televisión sino también al

sector publicitario que las financia, al de la producción audiovisual

que las muestre de contenidos y que deben atenerse todos ellos al

cumplimiento de la Ley 25/1994, que establece determinados límites de

publicidad y cuotas de reserva de producción nacional y europea que debe

tenerse en cuenta a la hora de ponerse en marcha, además de afectar

directamente a los fabricantes de receptores y terminales de televisión

y como no a los usuarios que se verían obligados a ir migrando a una

tecnología, la analógica, a la digital, lo cual les fuerza a renovar sus

aparatos de televisión con el esfuerzo económico familiar que ello

implica.


Las múltiples repercusiones que la introducción de la televisión digital

por ondas terrestres implica, y que en ningún caso debe llevar aparejado

en el que se termine dando una televisión para unos pocos que es negada

al conjunto, que entre otras cosas la haría económicamente inviable,

hace necesario el que se garantizce un proceso de elaboración que

implique no sólo el diálogo con todos los interesados, sino también su

articulación legislativa adecuada, como garantía de introducción de la

televisión digital por ondas terrestres en nuestro país para la

prestación del servicio público esencial que es la televisión a todos

sus ciudadanos, junto con el resto de nuevas posibilidades que la

tecnología digital lleva aparejada.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

presenta la siguiente Proposición no de Ley:


Proposición no de Ley

«El Congreso de la Diputación insta a Gobierno a:


1. Remitir al Congreso de los Diputados en el próximo periodo de

sesiones un Proyecto de Ley de Televisión y Radio Digital por Ondas

Terrestres, que acorde con el marco jurídico actual de la televisión en

nuestro país, posibilite una regulación adecuada y no precipitada, de

manera que se vea garantizada la implantación de una Radio y de una

Televisión Digital Terrenal para el conjunto de los ciudadanos. Por

tanto el Gobierno deberá paralizar la actual elaboración de normas de

carácter reglamentario para la implantación de la Televisión Digital por

Ondas Terrestres, para garantizar la apertura de un amplio debate con

los sectores afectados por su introducción, como son las empresas de

televisión, sector de la publicidad y de la producción audiovisual,

consumidores y fabricantes de equipos receptores de televisión y de la

industria de electrónica de consumo de nuestros país.


2. Que entre otros criterios, el Proyecto de Ley a remitir a esta

Cámara, tenga en consideración los siguientes:


- Garantía de emisiones simultáneas digitales en abierto para la actual

oferta televisiva difundida con señal analógica.


- Plazos y coberturas que garanticen la recepción y disfrute de la señal

digital de televisión por ondas terrestres con carácter universal.


- Articulación de un plan técnico que no suponga ruptura del actual

equilibrio en la financiación de la oferta televisiva de carácter

generalista en abierto como garantía de la prestación del servicio

público esencia de la televisión en nuestro país.


- No fijación predeterminada de plazo para la finalización de las

emisiones en señal analógica por ondas terrestres.


- Desarrollo de plazos para la implantación de la televisión y de la

radio digital terrenal que sea simultáneo tanto para los ámbitos estatal

como autonómicos, como garantía de oferta conjunta mínima suficiente,

que posibilite una oferta suficientemente atractiva para los

consumidores.


- Posibilidad de llevar a cabo desconexiones territoriales en los

canales de ámbito estatal, que posibiliten el cumplimiento de las

vigentes exigencia del Estatuto de la Radio y Televisión y de la Ley de

Televisión Privada para la emisión de programación regional».


Palacio de Congreso de los Diputados, Madrid, 8 de julio de 1998.-Felipe

Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal Izquierda

Unida.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal

Izquierda Unida.


162/000266

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre determinación de una tarifa telefónica plana

independiente del tiempo para el acceso a Internet de los usuarios

residenciales y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,

dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales, así como notificarlo al grupo proponente.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de

dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo

193 y siguiente del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre determinados de una

tarifa telefónica plana independiente del tiempo para el acceso a

Internet de los usuarios residenciales y PYMES, para su debate en Pleno.


Exposición de motivos

El desarrollo en España de la sociedad de la información está ligada al

desarrollo en Internet, y en particular al incremento del número de

usuarios con capacidad para conectarse a dicha red y a la frecuencia de

dichas conexiones.


El factor más importante para el desarrollo rápido de dicha red, en

otros países, ha sido la existencia casi generalizada de tarifas

telefónicas en el ámbito local de carácter plano, es decir, con un coste

independientes de la duración de la llamada. Pero además el impacto de

Internet sobre la red telefónica junto con el carácter plano de las

tarifas locales, ha impulsado el desarrollo de soluciones tecnológicas

tendentes a separar el tráfico de Internet del telefónico en las propias

centrales locales. Se ha introducido, con ello, una racionalización de

los recursos y un abaratamiento de los servicios. Se puede concluir que

el mantenimiento en España de tarifas comunes para servicios diferentes,

representa un cuello de botella al desarrollo de Internet, provoca la

saturación de centrales no diseñadas para este tipo de tráfico y

desincentiva la introducción de tecnologías más eficientes por parte de

Telefónica.


Por otra parte y conocido que una de las causas del llamado

desequilibrio tarifario del servicio metropolitano, es el bajo nivel de

utilización de la red telefónica metropolitana. Se hace necesario en

consecuencia la habilitación de medidas para incrementar los ingresos

generados por dicha red, lo que contribuiría a incrementar la

productividad de la misma y a eliminar la necesidad de proceder a

reestructuraciones tarifarias negativas para los usuarios. En este

sentido es significativo que los ingresos de Telefónica por la

utilización de los servicios de Internet han alcanzado de acuerdo con la

estimaciones de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

los 5.500.92 millones de pesetas en 1997 y llegarán

a 25.430 millones de pesetas en el presente año 1998, si se mantienen

las tarifas actuales.


Finalmente es necesario considerar que el tratamiento tarifario común de

las llamadas de Internet junto con las del servicio telefónico genera

problemas de sobretarificación debido a que las llamadas que no se

completan en los centros servidores de los Prestadores de Servicios de

Internet son facturadas a los usuarios, bajo la forma de llamadas de muy

corta duración. Esta sobretarificación no sólo supone la facturación al

usuario de un servicio que no recibe, sino también un tratamiento

inadecuado al servicio de acceso al Internet.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en ejercicio de

las funciones que le atribuye la Ley General de las Telecomunicaciones y

previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

proceda a establecer una tarifa específica para el acceso por los

usuarios a los Prestadores de servicios de Internet con las siguientes

características:


1. La tarifa deberá estructurarse en tres conceptos:


a) Una cuota de conexión similar a las utilizadas para el servicio

telefónico, incluida las rebajas por el concepto de línea adicional.


b) Una cuota de abono mensual similar a las de las líneas telefónicas

normales.


c) Una cantidad adicional de carácter fijo al mes que deberá estar

asociada a un determinado número de horas de conexión a los números de

los Proveedores de Servicios de Acceso a Internet que decida el abonado.


La tarifa adicional del apartado c), podrá ser distinta en virtud de las

siguientes características:


- El número de horas de comunicación a que dé derecho.


- La franja horaria en que se utilicen dichas horas.


- El carácter acumulativo o no de las horas contratadas en un cierto

período de tiempo.


2. Telefónica deberá evitar la facturación de aquellas llamadas de

acceso a Internet en las que no se haya establecido la conexión IP

efectiva con el Proveedor de Servicios de Acceso a Internet, con el fin

de evitar la facturación por llamadas no completadas en el servidor de

acceso a Internet. Este mismo criterio se deberá aplicar también a las

llamadas que se realizan desde cualquier tipo de línea, aunque no tenga

contratado este servicio específico.


3. Los números seleccionables por el usuario bajo esta tarifa podrán

ser los de los Proveedores de Servicios de Acceso a Internet o los

puntos de presencia de los operadores de datos que les den servicio.


El tráfico en exceso del tiempo al que se refiere la tarifa c) que

pudiera realizar un abonado al servicio, les será facturado a un precio

proporcional en términos de dos pesetas por minuto.


4. La tarifa c) deberá incluir, al menos, dos opciones diferentes. Una

de ellas contemplará la posibilidad de utilización de la línea desde las

veinte horas de cada día hasta las ocho horas el día siguiente y su

importe no podrá ser superior a las 1.000 pesetas mensuales. La otra

contemplará la posibilidad de utilización de línea de 24 horas de cada

día y su importe no podrá ser superior a

las 5.000 pesetas mensuales. Esta última marca el límite superior para

el resto de tarifas que se establezcan de acuerdo con el apartado c).


Las líneas suministradas bajo la presente tarifa deberá permitir sin

problemas comunicaciones de voz, fax grupo III y datos hasta 33.600 vps.


Esta última velocidad se deberá actualizar en consonancia con la

evolución que sigan en el mercado la velocidades de transmisión de datos

de los módems de gran público.


Palacio de Congreso de los Diputados, Madrid, 8 de julio de

1998.-Alfredo Pérez Rubalcaba y Víctor Morlán Gracia, Diputados.-María

Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del

Congreso.


Comisión de Asuntos Exteriores

161/001127

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley relativa a iniciativas del Gobierno en relación

con la defensa de los derechos del pueblo palestino.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos

Exteriores, asimismo dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo

proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco

Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente

Proposición no de Ley relativa a iniciativas del Gobierno en relación

con la defensa de los derechos del pueblo palestino, para su debate en

Comisión.


Exposición de motivos

El Presidente del Gobierno realizó recientemente un viaje por Oriente

Próximo, con visita a Israel y Palestina. La condescendencia y

cordialidad demostrada con el Primer Ministro israelí y sus postulados

contrastó con el distanciamiento respecto de la Autoridad Palestina y

sus reivindicaciones. Los cincuenta años del Estado de Israel no

provocaron más que tensiones, agresiones y violación de derechos humanos

para los pueblos de la zona, especialmente el Palestino, que se vio

privado de su derecho básico a vivir en paz y libertad en su propia

tierra. Precisamente, el proceso de paz iniciado en Madrid en 1991 y

seguido con los acuerdos de Oslo de 1993 están en peligro por la actitud

intransigente del Gobierno de Israel. La Unión Europea está excluida de

las negociaciones de paz y sus opiniones apenas son tenidas en cuenta,

por lo que la actitud del Gobierno español resulta todavía más

llamativa, y no contribuye a un arreglo justo, pacífico y negociado

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar medidas diplomáticas y económicas de presión con Israel que

conduzcan a que su Gobierno se muestre dispuesto a respetar los acuerdos

israelo-palestinos adoptados hasta hoy.


2. Defender, en todos los organismos internacionales, los derecho

sinalienables del pueblo palestino, entre ellos el derecho a su

autodeterminación y el retorno de los refugiados.


3. Consecuentemente, mostrarse dispuesto a reconocer al Estado

palestino, si así lo requiere la Autoridad Nacional Palestina.


4. Proponer, en el seno de la Unión Europea, la congelación condicional

del acuerdo interino de intercambios económicos, firmado el 22 de

diciembre de 1995, así como la cooperación científica con Israel.


Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio

de 1998.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña

(BNG).-Guillerme Vázquez Vázquez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

(BNG).


161/001128

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a mantener la

Oficina Consular de la localidad portuguesa de Valença Do Minho.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos

Exteriores.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la

siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos

Exteriores.


El Gobierno ha manifestado su intención de cerrar la Oficina Consular de

Valença Do Minho en Portugal, si bien se mantendrá abierta mientras dure

la Exposición Universal de Lisboa.


Esta localidad, en la misma frontera con Galicia, llega a acoger en

algunas fechas hasta 30.000 visitantes españoles, y son numerosos los

habitantes de Orense y Pontevedra que por motivos históricos, tienen

intereses en territorio portugués próximo a la frontera, e incluso en la

misma villa residen 300 gallegos y son comunes la celebración de

matrimonios entre parejas de ambos lados de la frontera.


Asimismo, por razones de tránsito turístico se han abierto dos

Consulados Honorarios en Leiria y Cstelo Branco, y este criterio es de

aplicación plena para el mantenimiento del Consulado de Valença.


Por todo lo cual, se presente la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener la Oficina

Consular de la localidad portuguesa de Valença Do Minho.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio

de 1998.-Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal de

IU.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de IU.


Comisión de Justicia e Interior

161/001107

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición no de Ley de modificación del Real Decre-to 137/1993, de 29

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e

Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

en los artículos 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,

tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley de

modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se

aprueba el Reglamento de Armas.


Exposición de motivos

El artículo 104 del Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el

Reglamento de Armas, establece que «la duración de la vigencia de las

licencias determinada en los artículos anteriores se reducirá a dos años

cuando sus titulares o solicitantes hayan cumplido la edad de sesenta

años, y a un año cuando hayan cumplido setenta años de edad. También

podrá reducirse por la autoridad competente la duración si, al tiempo de

su concesión, por razones de edad o de posible evolución de enfermedad o

defecto físico del solicitante, susceptibles de agravarse, se comprueba,

a través del informe de aptitud o de pruebas complementarias, que no es

posible expedirlos para la totalidad del plazo normal de vigencia».


El presente Real Decreto vulnera el artículo 14 de nuestra Constitución,

toda vez que conempla una flagrante discriminación entre españoles por

razón de edad, ya que cualquier español que tenga una edad comprendida

entre los dieciocho y los sesenta años ha de solicitar, a efectos de

obtención del permiso de armas para caza, el Certificado de Antecedentes

Penales que tiene una validez de cinco años.


Sin embargo, como consecuencia del artículo 104 del Real Decreto

137/1993, para los mayores de sesenta o setenta años, cada vez que cada

dos años o anualmente, respectivamente, hayan de renovar el permiso de

armas, habrán de aportar, de acuerdo con el contenido del artículo 97

del mismo cuerpo legal, el correspondiente Certificado de Antecedentes

Penales.


Además de sufrir tal agravio, se les está obligando a un mayor esfuerzo

tanto económico (a través del pago de las correspondientes tasas), como

burocrático, toda vez que han de formalizar cada dos años o anualmente

todos los requisitos que el resto de ciudadanos realizan una vez cada

cinco años.


Así pues, sería conveniente introducir una modificación en el artículo

104 de dicho cuerpo legal para que las personas mayores de setenta años

no se sintieran discriminadas por razón de su edad. La única diferencia

que por razón de su edad debiera existir en relación con las personas

cuya edad estuviera comprendida entre los dieciocho y setenta años de

edad radicaría en la necesidad de obtener un visado o autorización,

expedida por la autoridad gubernativa competente a la vista del informe

elaborado por el Colegiado Médico que les practique las pruebas de

aptitud.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más

breve posible proceda a modificar el artículo 104 del Real Decreto

137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.


La modificación de este precepto legal debe contemplar los siguientes

aspectos:


a) La duración de las Licencias de Armas será de cinco años, si bien

para los mayores de setenta años, para su plena eficacia, deberán ser

visadas cada dos años por la autoridad gubernativa competente, a la visa

del informe elaborado por el Colegiado Médico que les practique las

pruebas de aptitud.


b) Para los mayores de ochenta años dicha formalidad deberá efectuarse

con carácter anual.


c) Para estos supuestos, la Administración homologará una licencia de

Armas con espacio suficiente destinado a los respectivos visados

gubernativos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 1998.-Luis de

Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001109

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición de no de Ley sobre la urgente necesidad de apertura del

nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e

Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de

dirigirse a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo

193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la urgente necesidad

de apertura del nuevo Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, para su

debate en la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos

El grado de hacinamiento crónico que viene soportando el obsoleto Centro

Penitenciario de Palma de Mallorca, conlleva:


1. Que los reclusos y reclusas ingresados no reciban de la

Administración el mismo grado de prestaciones que el resto de los

reclusos del sistema penitenciario español.


2. Que los funcionarios no puedan realizar su labor de forma eficaz, en

deterioro de la seguridad y del tratamiento de las personas y del propio

centro penitenciario.


3. Que muchos de los reclusos de Baleares sean trasladados a prisiones

de la Península con el siguiente problema afectivo y económico para él y

sus familiares.


Por estos motivos, dentro del plan de amortización y creación de nuevos

centros penitenciarios, se abordó la construcción de un nuevo centro que

fuera la solución de toda la problemática descrita.


Este nuevo centro se encuentra desde hace meses virtualmente terminado y

no ha entrado en funcionamiento en contra de las previsiones anunciadas

por el Gobierno, porque se ha priorizado la apertura de otros Centros

que no se encontraban en una situación tan dramática como la del Centro

Penitenciario de Palma de Mallorca.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:


Solucione de forma inmediata los problemas de personal y de medios

materiales, de forma que el nuevo Centro Penitenciario de Palma de

Mallorca se ponga en funcionamiento dentro del segundo semestre del año

1998, dando prioridad, si fuera necesario, a esta apertura sobre

cualquier otra que pudiera estar prevista.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 1998.-María Teresa

Riera Madurell, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001129

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre medidas para regular el cambio voluntario de

sexo.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e

Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la

siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión

correspondiente.


En el ordenamiento jurídico español no existe ninguna normativa que

regule el cambio voluntario de sexo. En julio de 1987 el Tribunal

Supremo reconoció el derecho de una transexual a inscribirse legalmente

con otro sexo y nombre que el de su nacimiento, lo que creó

jurisprudencia. Pero como no había ni hay leyes que regulen la

transexualidad, durante varios años cada juez aplicó su propio criterio.


A partir del año 1991, fecha en la que el Tribunal Supremo dicta su

cuarta sentencia relativa al tema, es cuando los criterios de los jueces

comienzan a unificarse y, sobre todo, los del Ministerio Fiscal, que

hasta esas fechas había recurrida de forma sistemática las sentencias

favorables al cambio de sexo. De las sentencias citadas es de gran

interés la de 19 de abril de 1991, dictada por la Sala Primera del

Tribunal Supremo, pues en ella se sistematizan los principios rectores

para la concesión del cambio de sexo. A los que se refiere concretamente

son:


- Se exige que el transexual haya terminado toda su transformación

quirúrgica antes de permitirle la modificación en el Registro Civil. Se

sigue, por consiguiente el modelo de cambio de sexo planteado en la Ley

italiana de 1982, en el sentido de que la transexualidad es irreversible.


- Una vez dictada la resolución favorable al cambio de sexo, éste se

traduce a nivel legal en una anotación marginal en la partida de

nacimiento con el nuevo sexo y nombre pero sin que tenga lugar una

modificación total de la misma.


En el ámbito de la Unión Europea existen cuatro países que han

introducido legislación específica sobre transexualidad: Dinamarca

(1973-75), la República Federal de Alemania (1981), Italia (1982) y los

Países Bajos (1985).


En los últimos años se han empezado a plantear en los juzgados demandas

de cambio de sexo y nombre por personas que no han concluido su proceso

de transexualización, demandas que, en algunos casos, han tenido como

resultado sentencias favorables a las solicitudes de los/as

interesados/as. En la mayoría de los casos se trataba de personas que

por razones médicas o económicas no habían concluido su proceso de

transexualización y sólo en contados casos se entraba más de lleno en el

tema y se daba por parte de los jueces un argumento no exento de lógica

y es el de dar prioridad al sexo social y psicológico sobre el aspecto

morfológico en base a que, en último extremo, la irreversibilidad física

es imposible, por no poderse varias hasta la fecha el código genético.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo también

se han ocupado, en los últimos años, de la cuestión transexual. El

primero pronunciándose en 3 ocasiones en demandas relativas a la

vulneración de los artículos 8 y 12 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos que protegen la vida privada y el derecho a contraer matrimonio.


El Parlamento Europeo con una Resolución sobre discriminación de los

transexuales de 12 de noviembre de 1989, llena de buenas intenciones

pero, como todas las resoluciones no vinculantes, completamente ignorada

por los Estados miembros y por el propio Parlamento que, en casi 10

años, ha sido incapaz de crear el servicio de denuncias ante la Comisión

sugerido en el punto 13 de la Resolución.


Dado que el procedimiento para un cambio de sexo de los transexuales aún

no está previsto o regulado en todos los Estados de la Unión Europea,

que los costes del mismo no corren a cargo de la Seguridad Social, que

los transexuales están todavía discriminados, marginados y a veces

criminalizados en todas las partes, que el índice de desempleo de los

transexuales durante la fase de cambio de sexo es de un 60 a un 80 % y

que la transexualidad es un problema psicológico y médico pero también

de la sociedad, que no sabe hacer frente a un cambio de los papeles

sexuales específicos culturalmente establecidos, es por lo que se

presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes

medidas:


1. Dictar disposiciones legales en el plazo más breve posible, sobre el

derecho de los transexuales a un cambio de sexo de carácter

endocrinológico, plástico-quirúrgico y estético, el procedimiento y la

prohibición de su discriminación, que debiera conceder las siguientes

posibilidades:


- Diagnóstico diferencial, psiquiátrico y psicoterapéutico, de la

transexualidad en el sentido de ayuda al autodiagnóstico.


- Período de consulta: seguimiento y apoyo pricoterapéutico, información

sobre lo que supone el cambio de sexo, reconocimientos médicos.


- Control diario de comportamiento de las hormonas, lo que significa

vivir de acuerdo con la nueva identidad sexual durante por lo menos un

año.


- Operación quirúrgica practicada, tras ser autorizada por un equipo de

profesionales integrado por un o una médico médicos especialista, un o

una psicoterapeuta.


- Reconocimiento jurídico del cambio de nombre, corrección de la

inscripción del sexo en la partida de nacimiento y en el documento

nacional de identidad.


- Posterior asistencia psicoterapéutica y médica.


2. Emitir una circular a Instituciones Penitenciarias para que los

transexuales a los que no se les haya reconocido su cambio de sexo en

documento oficial acreditativo de su identidad sean ingresados, en caso

de condena por comisión de delitos, en la Prisión que corresponda según

el sexo socialmente reconocido y por el que desarrollan su vida.


3. Estudiar la posibilidad de que los costes del tratamiento

psicológico, endocrinológico, quirúrgico, plástico-quirúrgico y estético

de los transexuales corran a cargo de la Seguridad Social.













4. Conceder prestaciones sociales a los transexuales que,

inmerecidamente, hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su

adaptación social, así como:


- Crear consultorios para transexuales y que protejan financieramente a

las organizaciones de autoayuda.


- Desarrollar una campaña de información y formación sobre los problemas

y derechos de los transexuales, y en particular a la policía, a los

funcionarios de fronteras, a las centrales de información, a la

administración militar y a los centros de detención.


- Preparar documentos de identidad donde conste, a petición del

interesado, la condición de transexual del titular durante el período de

adaptación sexual.


- Incluir como causa de asilo la persecución por motivos de

transexualidad.


- Adoptar medidas para favorecer puestos de trabajo a los transexuales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio

de 1998.-Inés Sabanes Nadal, Diputada.-Presentación Urán González,

Diputada.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal

de Izquierda Unida.


Comisión de Educación y Cultura

161/001108

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre derogación de la Orden del Ministerio de

Educación y Cultura de 29 de noviembre de 1995 por la que se homologan

los títulos de Licenciado en Filología Valenciana a los de Filología

Catalana.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José María Chiquillo Barber, Diputado por Valencia, adscrito al

Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), de conformidad con el

vigente Reglamento de la Cámara en su artículo 193 y concordantes, tiene

el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, ante la

Comisión de Educación y Cultura, para la derogación de la Orden del

Ministerio de 29 de noviembre

de 1995 que homologa los títulos de Filología Valenciana a los de

Filología Catalana, todo ello en virtud de lo siguiente.


Exposición de motivos

Desde hace unos años y desde ese Ministerio de Cultura se ha permitido

que existiese una discriminación hacia el idioma valenciano y una

fragante ilegalidad contra el Estatuto de Autonomía de todos los

valencianos vulnerando su artículo 7.


De esta forma y en virtud de la Orden del Ministerio de Educación de 29

de noviembre de 1995 (BOE número 292, de 27 de diciembre de 1995),

aquellos valencianos que deseaban estudiar su idioma propio se

encontraban con que en el catálogo de títulos universitarios oficiales

aparecía homologado el título de Licenciado en Filología Valenciana al

de Licenciado en Filología Catalana.


En su virtud el Diputado que suscribe presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desde el

Ministerio de Educación y Cultura se inicien los trámites

administrativos para que, de conformidad con el vigente Estatuto de

Autonomía de la Comunitat Valenciana, se proceda a la derogación de la

Orden del Ministerio de Educación de 29 de noviembre de 1995 (BOE número

292, de 7 de diciembre de 1995), que homologa los títulos de Licenciado

en Filología Valenciana, como equivalentes al título de Licenciado en

Filología Catalana, y en tal sentido apruebe e incluya en el catálogo de

títulos universitarios oficiales la titulación de Licenciado en

Filología Valenciana.»

Palacio del Congreso de los Diputados.-José María Chiquillo Barber,

Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/001130

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la homologación

al grado superior de danza de las titulaciones anteriores a la

implantación de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo

(LOGSE) en un periodo transitorio hasta el año 2004, así como a la

implantación de exámenes libres de danza en los centros oficiales.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta

la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de

Educación y Cultura.


La danza es una actividad que implica a cientos de miles de estudiantes,

a cientos de artistas y docentes. Es un punto de referencia

indispensable en la cultura de este siglo, un arte en continuo

desarrollo que traspasa las fronteras y transmite las emociones y

sentimientos más humanos. Es una disciplina indispensable en la

formación de los más jóvenes por sus valores socializadores, creativos y

comunicativos.


Sin embargo, miles de personas están afectadas y discriminadas por la

insensibilidad del Ministerio de Educación y Cultura que se niega

sistemáticamente a homologar a grado superior las titulaciones oficiales

anteriores a la LOGSE. Se les discrimina frente a otras enseñanzas

artísticas que en situaciones similares tienen ya la equivalencia a

grado superior de los estudios cursados en los años anteriores a la

promulgación de la LOGSE. Al no hacer equivalentes a grado superior los

títulos de danza, su actividad se desprestigia social y

profesionalmente. Se les niega la posibilidad de desarrollarse en los

niveles académicos más altos. Se les impide acceder a las plazas que

ofertan los centros oficiales.


También existe la necesidad de implantar de nuevo los exámenes libres de

danza dada la realidad de la enseñanza de danza en nuestro país en donde

un 80 por 100 de los alumnos y profesionales de danza se forman en

centros privados, ya que los centros oficiales no llegan a cubrir el 10

por 100 de la enseñanza de la danza. No existen centros oficiales en

muchas de las comunidades y ciudades del Estado. Los miles de alumnos de

los centros privados no pueden optar al reconocimiento oficial de sus

estudios. Por ello la labor que realizan los centros privados de danza

es básica tanto en la iniciación de la danza como en la formación de

futuros intérpretes.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la homologación al

grado superior de danza de las titulaciones anteriores a la implantación

de la LOGSE en un periodo transitorio hasta el año 2004, así como a la

implantación de exámenes libres de danza en los centros oficiales.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio

de 1998.-Inés Sabanes Nadal, Diputada.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


161/001131

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre medidas para evitar el retraso en la

concesión de becas para universitarios.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirime a

esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presentar la siguiente

Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y

Cultura.


Motivación

En el curso 97/98 la concesión de las becas para universitarios ha

rebasado aproximadamente un mes con respecto a años anteriores. Durante

este curso las primeras becas concedidas resueltas lo fueron en el mes

de noviembre, en cambio en los dos años anteriores lo fueron en el mes

de octubre.


Un mes puede no ser demasiado tiempo para el Gobierno, pero sí lo es

para las necesidades económicas de muchos miles de estudiantes

universitarios que tienen que pagarse los libros, el autobús o alquilar

un piso.


Los motivos de este retraso son fundamentalmente dos, el primero de

ellos es que tanto en el curso 96/97 como en el 97/98, la convocatoria

de becas y ayudas al estudio se ha publicado con más de quince días de

retraso con respecto al curso 95/96.


Por otro lado, hasta el curso 96/97 se producía la renovación de la beca

dentro de un mismo ciclo educativo, la cual se deba siempre que la

situación económica familiar del alumno no hubiese variado

sustancialmente.


Esto garantizaba al alumno universitario que si en el primer curso de un

ciclo era beneficiario de beca, en los siguientes cursos sólo debía

preocuparse de alcanzar los requisitos académicos para ser nuevamente

beneficiario de beca.


En el curso 97/98 se ha eliminado la renovación por ciclos de las becas

y ello ha provocado también un retraso en su resolución.


Para que las becas se resuelvan lo más rápidamente posible en el tiempo

sería necesario publicar la convocatoria de becas lo antes posible,

nunca más allá de 30 de junio, y por otra parte garantizar al alumno

universitario, que sea beneficiario de una beca, la renovación como

mínimo, al año siguiente, siempre que la renta familiar no haya variado

sustancialmente y que cumpla los requisitos académicos.


Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


«A que la publicación de la convocatoria de becas se produzca con

carácter inmediato.


A que el alumno universitario que haya conseguido beca durante un curso

ésta se le renueve como mínimo para el siguiente curso, siempre que la

renta familiar de ese alumno no haya variado sustancialmente y cumpla

con los requisitos académicos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio

de 1998.-Miguel Ángel Heredia, Diputado.-María Teresa Fernández de la

Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001133

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que a los

alumnos que se matriculen de primer curso de una titulación

universitaria en facultades, escuelas técnicas superiores o colegios

universitarios, que tengan más de cuatro puntos en selectividad pero no

alcancen los cinco y que cumplan con los requisitos económicos para ser

beneficiario de una beca se les conceda a partir del curso 1998/1999 al

menos la mitad de la cuantía de la beca que les correspondería de haber

obtenido cinco puntos en selectividad.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presentar la siguiente

Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Educación y

Cultura.


Exposición de motivos

Desde que se publicó el Real Decreto 2298/1983,

de 28 de julio se ha ido progresando y mejorando en el sistema de becas




y ayudas al estudio, tratando que éste alcanzase al mayor número de

estudiantes y con atención especial hacia aquellos alumnos procedentes

de familiar con menores recursos económicos.


Dentro de este contexto, sería muy importante solucionar un caso

concreto que afecta a innumerables estudiantes universitarios que hasta

la fecha no son beneficiarios de beca.


Hasta el momento, para que un alumno universitario de primer curso pueda

recibir beca en las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios

universitarios necesita cinco puntos en las pruebas de selectividad.


Si un alumno procede de una familia con elevada renta y tiene más de

cuatro puntos en el examen de selectividad pero no alcanza los cinco,

podrá matricularse sin problemas en una titulación universitaria de

cinco años, ya que no precisa de beca para cursarla.


Sin embargo, para un alumno procedente de una familiar con renta baja

que se encuentre en la misma situación, es decir con más de cuatro

puntos en el examen de selectividad pero que no alcance los cinco y que

también desee cursar una titulación universitaria de cinco años; si

además debe separase del núcleo familiar por distancia al Centro de

Estudios, se verá privado de obtener una beca de hasta 550.000 pesetas.


Esto provoca que un buen número de alumnos que se encuentran en esta

última situación decidan cursar estudios en escuelas universitarias para

poder conseguir una beca, sin la cual se verían privados de acceder a la

Universidad.


Sería pues importante buscar una fórmula que tratase de dar solución a

este problema, la cual, podría ser que se concediese a estos alumnos al

menos la mitad de la cuantía que le correspondería de haber obtenido

cinco puntos en selectividad. Esto sería una solución intermedia entre

conseguir la cuantía completa de la beca y quedarse sin beca, en muchos

casos tan sólo por unas décimas en la prueba de selectividad.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


A que los alumnos que se matriculen de primer curso de una titulación

universitaria en facultades, escuelas técnicas superiores o colegios

universitarios, que tengan más de cuatro puntos en selectividad pero que

no alcancen los cinco y que cumplan con los requisitos económicos para

ser beneficiario de una beca, se le concederá a partir del curso 1998/99

al menos la mitad de la cuantía de la beca que les correspondería de

haber obtenido cinco puntos en selectividad.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio

de 1998.-Miguel Ángel Heredia, Diputado.-María Teresa Fernández de la

Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001112

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley sobre actuaciones del Gobierno en relación con los

planes de reestructuración del sector público empresarial.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,

Energía y Comercio.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Cámara para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presentar la siguiente

Proposición no de Ley sobre actuaciones del Gobierno en relación con los

planes de reestructuración del sector público empresarial.


Motivación

El anuncio por el Gobierno de la existencia de un Plan de Empresa para

Bazán que incluye un notable ajuste de plantilla ha creado una

comprensible preocupación en las zonas donde se localizan las factorías

de Bazán por los efectos negativos que se pueden derivar para los

niveles de actividad y empleo de las mismas. De otra parte, la

experiencia adquirida de la acción del Gobierno en esta materia invita a

sospechar que el proceso de reestructuración de la empresa se realizará

de forma poco transparente y con escasa participación de los Sindicatos

y de las Administraciones Públicas afectadas.


Los presupuestos del Ministerio de Industria y Energía para los

ejercicios 1997 y 1998 contienen partidas destinadas a actuaciones a

actuaciones de reindustrialización cuyo destino final no es conocido por

la Cámara a pesar de las diversas iniciativas que el Grupo Parlamentario

Socialista ha adoptado para que el Gobierno proporcione información

fiable, suficiente y a tiempo. Es preciso que el Gobierno establezca un

mecanismo adecuado de participación de las Comunidades Autónomas y de

las demás Administraciones Públicas para coordinar las actuaciones en

esta materia y distribuir los recursos presupuestarios de conformidad

con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; sin

embargo, el hecho de que el Gobierno no haya convocado la Conferencia

Sectorial de Industria en esta legislatura es expresivo de su escasa

voluntad política para fomentar la cooperación entre las

Administraciones Públicas y potenciar la eficacia de la acción pública.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. Establezca un marco suficiente de información y participación de los

sindicatos, instituciones y agentes sociales afectados en el proceso de

aprobación y ejecución del Plan de Empresa de Bazán.


2. Incorpore a los objetivos estratégicos del Plan de empresa de Bazán

la participación en programas de cooperación con la industria europea y

la formación de alianzas comerciales, tecnológicas y societarias.


3. Elabore un programa de incorporación a la empresa Bazán de nuevos

trabajadores que permita la compensación parcial de las pérdidas de

empleo asociadas al Plan, el rejuvenecimiento de la plantilla y el

mantenimiento del nivel tecnológico de la misma.


4. Convoque la Conferencia Sectorial de Industria, en el plazo más

breve posible, para debatir y adoptar acuerdos relativos a las

siguientes materias:


Actuaciones coordinadas de las Administraciones Públicas en relación con

la información y participación asociadas a planes de reestructuración

del sector público empresarial.


Criterios y procedimientos para la distribución de los fondos

presupuestarios dotados en el Ministerio de Industria y Energía para

actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio de 1998 y, en

particular, para la asignación de fondos que fomenten la dinamización

económica de las zonas afectadas por el Plan de Empresa de Bazán.»

Palacio del Congreso, 25 de julio de 1998.-Juan Pedro Hernández Moltó,

Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista.


161/001113

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre Construcciones Navales Santodomingo, S.A.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,

Energía y Turismo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los

Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre

Construcciones Navales Santodomingo, S.A., para su debate en la Comisión

de Industria.


La empresa Construcciones Navales Santodomingo arrastra desde principios

de la década de los 90 una situación, seguida y continuada, de problemas

económicos que desembocan en una suspensión de pagos y un acuerdo con

todos los acreedores para reflotar el astillero en el año 1993,

asumiendo la representación de esta empresa, un reducido grupo de

empresarios y suministradores que arrastraron al astillero, después de

una mala gestión tanto en términos de contratación como de objetivos

económicos, a la actual situación que ha dado lugar a una nueva

suspensión de pagos presentadas a finales de abril del presente año y

que está en proceso de discusión en el juzgado por ser muy próxima a la

anterior.


Paralelamente y a petición del Ministerio de Industria, en el mes de

enero, empresarios de la Ría se reunieron con el Director General de

Industria, señor Paú Guardans, el cual les dijo que para salvar la

situación presenten planes u ofertas de compra del astillero, puesto que

el Ministerio está dispuesto a prestar ayuda y que hay decisión política

de no cerrar las instalaciones, marcando como fecha tope el 30 de marzo

de 1998. Dentro de ese plazo se presentaron tres propuestas, quedando al

final únicamente dos, al ponerse de acuerdo dos de los oferentes para

realizar una oferta conjunta.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida

presenta la siguiente Proposición no de Ley

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas

necesarias para resolver, dadas las ofertas ya existentes, la compra de

la empresa Construcciones Navales Santodomingo, S.A., a aquella oferta

que más preserve el empleo existente y que menor coste para la

Administración suponga.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 1998.-José Navas

Amores, Diputado.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida.


161/001115

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley sobre alternativas al cierre de la mina de

Reocín.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre alternativas al cierre de la mina de Reocín.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,

Energía y Turismo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortees Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de Cámara, el Grupo Mixto

presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre alternativas al cierre

de la mina de Reocín, para su debate y votación en la Comisión de

Industria, Energía y Turismo, a instancia del Diputado Ricardo Peralta

Ortega (Nueva Izquierda).


Las previsiones de la compañía AZSA de reducir progresivamente la

plantilla en los próximos años hasta cerrar la explotación del interior

de la mina de Reocín en noviembre del año 2000, están introduciendo otro

grave motivo de preocupación para una comarca, como la del bajo

Saja-Besaya y el entorno de Torrelavega, en Cantabria, especialmente

castigada por las crisis económica y el desempleo, y que, en este caso,

afectaría a casi cuatrocientos empleos directos y a otros muchos

inducidos por la explotación minera.


Ante esta situación es necesario anticiparse y prevenir los efectos

negativos que se deriven de la reducción de actividad, adoptando cuantas

iniciativas sean necesarias para corregir tanto la desaparición de

puestos de trabajo, como la degradación ambiental y paisajística

producida a lo largo de más de un siglo en una amplia superficie que se

extiende, principalmente, por el Este de Reocín, aunque incluya también,

en menor medida, a los municipios de Torrelavega y Cartes.


Estas iniciativas deben ir en tres direcciones: La primera, que por

parte de la Administración Autonómica se recaben y comprometan partidas

presupuestarias para desarrollar el Plan de Viabilidad pactado entre

AZSA-Reocín y sus trabajadores, con los medios económicos adecuados para

el mejor cumplimiento del Plan Industrial y de Empleo de la citada

empresa, profundizando -mucho más allá de las mínimas y coyunturales

ayudas que hasta ahora se han aprobado y de los problemas de

interlocución y desplantes del Consejo de Gobierno de Cantabria con el

Comité de Empresa- en el apoyo a los planes de investigación y tareas de

prospección que puedan prolongar la actividad y explotación de nuevos

yacimientos y ampliando la cobertura social en materia de desempleo,

jubilaciones anticipadas, indemnizaciones, programas de formación o

reciclaje profesional, subvenciones específicas para sociedades

laborales..., a los trabajadores afectados.


La segunda, concentrar los esfuerzos de las Administraciones Públicas y

la propia empresa, en la elaboración de un ambicioso Plan de

Reindustrialización para Torrelavega y la comarca del Besaya, que

compense las pérdidas de empleo directas del cierre de la mina y las

altas cifras de paro que padece la zona, exigiendo compromisos fijos

plurianuales en los Presupuestos desde 1998 al 2003 y respuestas

inmediatas de la Unión Europea para el establecimiento de un régimen de

ayudas a la minería metálica -y poder disponer, durante el mismo

período, de un volumen suficiente de recursos con los que optimizar la

eficacia de las inversiones y sus efectos multiplicadores en la creación

de empleo- en los mismos términos que a la minería energética, para

poner fin a la situación de agravio y discriminación energética, para

poner fin a la situación de agravio y discriminación que padece el

sector en Cantabria respecto, por ejemplo, a las comarcas carboníferas

de León o Planes. Un Plan de Reindustrialización que debe aplicarse, no

sólo a las propias actividades extractivas o de transformación que AZSA

pueda seguir desarrollando en nuevos yacimientos o línea de producción,

sino también a la formación de tejidos industriales de nueva

implantación que contribuyan a la diversificación económica y a la

renovación tecnológica de la estructura fabril existente.


Y la tercera vía, basada en la cofinanciación de la empresa u otras

iniciativas privadas, por los Ayuntamientos, las Administraciones y la

Unión Europea a través de sus propios programas, para la elaboración

urgente de un proyecto de rehabilitación paisajística y ambiental y

convertir, dentro de una visión global e integral que se articularse con

algunas actuaciones que se están llevando a cabo en La Viesca, los

terrenos sobre los que exista la seguridad de que no van a ser

susceptibles de ninguna otra reutilización o posibles usos más rentables

económica, social o ambientalmente, en un área de esparcimiento

necesaria para unos núcleos urbanos muy próximos y de elevada densidad

de población, con problemas de equipamiento en el terreno del ocio, el

deporte, la cultura, el turismo o actividades recreativas o de servicios

de distinta índole, y que podrá añadir otras oportunidades de empleo y

reequilibrar el paso excesivo del sector minero y el industrial, tanto

en la propia ejecución de la rehabilitación ambiental y paisajística,

como en el mantenimiento y explotación de las distintas ofertas de

servicios que pudieran crearse (e independientemente de otras

orientaciones o actividades que pudieran dársele al resto del espacio

minero).


Una rehabilitación, por un lado, que debería garantizar la seguridad y

estabilidad de unos terrenos, objeto de profundas transformaciones

geomorfológicas e hidrológicas, mediante grandes zanjones, sistemas de

galerías, lagos artificiales, escombreras, diques, lavaderos,

infraestructuras viarias..., y, por otro lado, la corrección o

neutralización de los distintos grados de contaminación por el

tratamiento de la blenda, galena y pirita, extraídas, que hayan podido

sufrir el acuífero subterráneo y los ríos Saja y Besaya.


Asimismo, la supervivencia y conservación de numerosos testimonios e

instalaciones -edificios, caminos, galerías, túneles, puentes, útiles,

ferrocarriles, procesos fabriles, maquinaria...- permitiría incorporar

al proyecto un escenario didáctico y social en el que podrán combinarse

itinerarios específicos, museos científicos y tecnológicos, centros de

investigación e interpretación de la explotación minera, reconstrucción

o puesta en funcionamiento con fines turísticos o escolares de algunos

tramos de ferrocarril minero, carriles-bici, senderismo, auditorios al

aire libre, circuitos lacustres o fluviales, etc., con los consiguientes

beneficios económicos, sociales y culturales para la población.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:


1. Incorpore, en sus previsiones presupuestarias, hasta al menos el año

2003, créditos específicos dirigidos a financiar un Plan Específicos de

Reindustrialización, Usos Alternativos de los Espacios Mineros

Abandonados, Rehabilitación Ambiental y Medidas Sociales en la comarca

del Besaya, a elaborar por el Consejo de Gobierno de Cantabria, para

compensar el previsible cierre de la mina de Reocín.


2. Promueva, en el seno de la Unión Europea, el establecimiento de

ayudas a un régimen específico de la minería metálica para la

modernización de sus procesos productivos y la investigación sobre

nuevos yacimientos.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 1998.-Ricardo

Peralta Ortega, Diputado.-José María Chiquillo Barber, Portavoz del

Grupo Parlamentario Mixto.


161/001124

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a poner en marcha

y ejecutar las disposiciones previstas en el desarrollo del plan de

viabilidad del Grupo de Empresas Álvarez para asegurar su futuro

industrial y empresarial, contribuyendo así a la renovación y desarrollo

del tejido económico de Vigo y Pontevedra.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,

Energía y Turismo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de

dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo

193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al

Gobierno a poner en marcha y ejecutar las disposiciones previstas en el

desarrollo del plan de viabilidad del Grupo de Empresas Álvarez para

asegurar su futuro industrial y empresarial, contribuyendo así a la

renovación y desarrollo del tejido económico de Vigo y Pontevedra.


Motivación

El Grupo de Empresas Álvarez es una actividad económica con gran interés

para la provincia de Pontevedra. Tiene un plan de viabilidad que fue

pactado entre los sindicatos y los propietarios de la empresa, fue

aprobado por las autoridades autonómicas y recibió el apoyo del Consejo

de Ministros en el otoño de 1997.


Además el Grupo de Empresas Álvarez tiene el apoyo institucional y

unánime tanto del Ayuntamiento de Vigo, que se ha comprometido a

colaborar en su futuro, aceptando las obligaciones de orden urbanístico

que se derivan de la aplicación del mencionado plan de viabilidad e

implican a la Administración Local, como del Ayuntamiento de Pontevedra

que ya el 25 de abril de 1996 aprobó, por unanimidad, una moción en la

que se instaba a todos los poderes públicos (Xunta y Administración

Central) a procurar la viabilidad del Grupo de Empresas Álvarez.


Teniendo en cuenta que la estabilidad y seguridad para el futuro del

Grupo de Empresas Álvarez son una apuesta decidida por el futuro

industrial de la provincia de Pontevedra y teniendo en cuenta que los

retrasos que se están produciendo en la aplicación del mencionado plan

de viabilidad, están generando una grave crispación social tanto en Vigo

como en Pontevedra, y además están introduciendo elementos de dificultad

para el futuro de GEA, como proyecto industrial y empresarial, es por lo

que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, para su toma en

consideración la siguiente:


Proposición no de Ley

«La Comisión de Industria, Energía y Turismo insta al Gobierno a poner

en marcha y ejecutar antes del 30 de junio las disposiciones de orden

laboral, económico, financiero e industrial, previstas en el desarrollo

del plan de viabilidad del Grupo de Empresas Álvarez para asegurar el

futuro industrial y empresarial de este Grupo y así contribuir a la

renovación y desarrollo del tejido económico de Vigo y Pontevedra.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1998.-Arrate

Varela Vázquez, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz,

Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Política Social y Empleo

161/001123

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a que modifique el

Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, sobre reordenación de la

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política

Social y Empleo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la

siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de

Política Social y Empleo.


El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, sobre reordenación de la

Organización Nacional de ciegos Españoles, en su artículo 8. 3 recoge

las facultades de control del Consejo de Protectorado, órgano de tutela

de la ONCE, que preside el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y en

el que la Administración ostenta mayoría suficiente para asegurar dicho

control, que además queda detallado en sus diversos apartados hasta

cubrir las principales actividades de la institución.


Ahora bien, ese control no ha funcionado hasta aquí, más que para

limitar la libertad comercial de la ONCE en lo que se refiere al sistema

de sorteos del cupón, materia que aún siendo importante no es la de

mayor interés general de las que asume institucionalmente la ONCE.


La razón primaria de esta ineficacia en el control público sobre la ONCE

ha sido la falta de voluntad política de los distintos gobiernos para su

aplicación, pero también es cierto que el Real Decreto vigente contempla

un control excesivamente genérico que favorece la inhibición de la

administración.


La experiencia acumulada en la última década hace evidente que una

institución como la ONCE con un presupuesto de más de 400 mil millones

de pesetas y que tiene delegada por el Estado una función social tan

transcendental respecto a los ciegos y deficientes visuales, y una labor

de cooperación social hacia otras discapacidades mediante la Fundación

ONCE dotada con el 3 por 100 de los ingresos anuales brutos procedentes

del cupón y que dispone de un holding empresarial que abarca un amplio

abanico de actividades económicas, necesita un cambio.


Por tanto, la única solución a este problema pasa por un cambio de

actitud gubernamental, tomando en serio a partir de ahora el

funcionamiento transparente y acorde con sus fines sociales.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que modifique el

Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, sobre reordenación de la

Organización Nacional de Ciegos Españoles, que incluya una regulación

adecuada del marco de actuación de la ONCE, conteniendo los criterios de

funcionamiento en sus diversas facetas, afianzando la efectividad de los

instrumentos de control, así como un nuevo modelo de participación

interna que dé a sus afiliados y trabajadores la posibilidad de tomar

parte en las decisiones internas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 1998.-Inés Sabanes

Nadal, Diputada.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida.


161/001125

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(162) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas que detecten el

incumplimiento de las normativas de higiene y salud laboral en la

industria del calzado.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política

Social y Empleo.Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al

Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes

Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la

Comisión de Política Social y Empleo relativa a la adopción de medidas

que detecten el incumplimiento de las normativas de higiene y salud

laboral en la industria del calzado.


Exposición de motivos:


Un total de once trabajadoras del sector del calzado han sido afectadas

por la enfermedad conocida por la parálisis del calzado, fruto de la

ingestión de elevadas dosis de gases con la sustancia N-Hexano en su

puesto de trabajo, debido a la falta de condiciones de seguridad.


Los adhesivos y disolventes utilizados en la industria del calzado

constituyen uno de los mayores riesgos potenciales para los trabajadores

del sector. De hecho en estas últimas décadas se han detectado un total

de 43 casos de parálisis del calzado, según un estudio epidemiológico

elaborado por médicos de la cátedra de Medicina de la Universidad de

Alicante.


Las condiciones de seguridad e higiene son la gran asignatura pendiente

de los sectores manufactureros que, como el calzado, se nutren en buena

parte de la economía sumergida, que dificulta aún más el control de

seguridad necesaria para que los trabajadores puedan efectuar sus tareas

sin riesgos para su salud.


Para paliar esta situación, serían necesarias la adopción de medidas que

vayan corrigiendo estas deficiencias, es por lo que el Grupo

Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Que se adopten las medidas necesarias para que se utilicen en la

industria del calzado colas que no sean nocivas para la salud.


- Que se establezcan los mecanismos necesarios para que se detecte lo

antes posible el incumplimiento de la normativa de higiene y salud

laboral, en lo que se refiere a la utilización de adhesivos y

disolventes.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 1998.-María Luisa

Bartolomé, Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Sanidad y Consumo

161/001117

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre el restablecimiento del servicio de

ginecología del INSALUD en el área sanitaria 8 (Navalcarnero y

Villaviciosa de Odón) de Madrid.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y

Consumo.Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo

proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de la

Cámara, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre

el restablecimiento del servicio de ginecología del INSALUD en el área

sanitaria (Navalcarnero y Villaviciosa de Odón) de Madrid, para su

debate y votación en la Comisión de Sanidad y Consumo, a instancia de la

Diputada Cristina Almeida Castro (Nueva Izquierda).


El INSALUD ha centralizado en el nuevo Hospital de Alcorcón, el servicio

de atención ginecológica del área sanitaria 8 de Madrid, suprimiendo las

consultas de ginecología que hasta ahora realizaban los especialistas en

los municipios de Navalcarnero y Villaviciosa de Odón.


Según manifestaciones de los responsables provinciales del INSALUD, los

encargados de realizar las consultas y revisiones ginecológicas

ordinarias, serán los médicos de atención primera que, si lo consideran

necesario, remitirán a sus pacientes al citado Hospital para que les

sean realizadas las pruebas de diagnóstico que sean precisas.


Con esta medida, la Administración sitúa a las mujeres de esta zona de

Madrid en la disyuntiva de aceptar que sus revisiones ginecológicas sean

realizadas por facultativos que, sin poner en duda su preparación, no

son especialistas en ginecología, o tener que desplazarse hasta el nuevo

Hospital desde poblaciones que, de ningún modo, pueden considerarse

cercanas.


Como quiera que estas decisiones claramente discriminatorias, que

afectan a un colectivo de quince mil mujeres de la zona, empobrecen la

atención sanitaria precisamente en un ámbito que precisa de mayor

desarrollo, como es la sanidad rural, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que restablezca el

servicio de ginecología en los municipios de Navalcarnero y Villaviciosa

de Odón, en el área sanitaria 8 de Madrid, mediante el mantenimiento de

las consultas ginecológicas llevadas a cabo por especialistas, en estas

poblaciones, sin perjuicio del desarrollo del Hospital de Alcorcón y su

servicio de alta resolución.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio

de 1998.-Cristina Almeida Castro, Diputada.


Comisión de Infraestructuras

161/001110

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Proposición no de Ley relativa a la construcción del tramo de Autovía

Alto de Santo Domingo-Ourense.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de

Infraestructuras.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo en honor de

dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193

y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar para su debate en la Comisión de Infraestructuras, la

siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción del tramo de

Autovía Alto de Santo Domingo-Ourense.


Exposición de motivos

El Plan Director de Infraestructuras elaborado por el anterior Gobierno

y aprobado por el Congreso de los Diputados en diciembre de 1995

contempla una vía de alta capacidad de conexión entre Santiago y Ourense.


El entonces Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente había iniciado

la realización de un Estudio Informativo previo, Estudio que prosiguió

el actual Ministerio de Fomento.


Paralelamente la Xunta de Galicia realizaba un Estudio Informativo para

la construcción de una autopista de peaje en el mismo itinerario.


Esta situación compleja se resolvió con la firma de un Convenio entre el

Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia. Según este Convenio se

construirá una autopista de peaje entre Santiago y Alto de Santo Domingo

(Pontevedra), supeditando la prolongación de esta autopista hasta la

ciudad de Ourense a que se incremente la densidad de tráfico rodado a

10.000 vehículos/día como intensidad media en este tramo.


Ante esta decisión que generó una gran insatisfacción entre los

ciudadanos e instituciones ourensanas, Caixa Ourense hizo una oferta de

financiación del tramo Ourense-Alto de Santo Domingo al objeto de que

pudiera ser construida simultáneamente con el de Santiago-Alto de Santo

Domingo. No obstante, el Gobierno en respuesta parlamentaria de fecha 10

de febrero dice no tener conocimiento de ninguna propuesta de

financiación por parte de Caixa Ourense, a la vez que se reafirma en que

no podrá ser licitada la concesión de este tramo en tanto el crecimiento

del tráfico no permita su rentabilidad económica.


Por otra parte, frente a los 10.000 vehículos/día que estipula el

Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia en la

referida respuesta del Gobierno se señala que la intensidad media diaria

en el tramo Alto de Santo Domingo-Ourense en 1996, oscilaba entre 5.332

vehículos/día en las proximidades de Alto de Santo Domingo y los 9.762

vehículos/día en el acceso a Ourense.


Ateniéndonos, pues, al criterio de intensidad de tráfico y al de

rentabilidad económica como autopista de peaje, es fácil estimar la no

realización del tramo Alto de Santo Domingo-Ourense ni a corto ni a

largo plazo, sobre todo si tenemos en cuenta la pérdida de población y

el envejecimiento de la misma en la provincia de Ourense. No obstante,

la no ejecución del tramo Alto de Santo Domingo-Ourense, además de ser

un claro incumplimiento del Pan Directo de Infraestructuras ejecutado

por un gobierno de signo político al actual, pero aprobado por el

Parlamento, sería una clara quiebra del principio de solidaridad, de

redistribución y de reequilibrio territorial.


En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista

presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación.


Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


A que estudie las fórmulas necesarias, incluida la de autovía libre de

peaje, que permitan la construcción del tramo Alto de Santo

Domingo-Ourense, de la autopista Santiago-Ourense, de forma simultánea

al tramo Santiago-Alto de Santo Domingo.


Palacio del Congreso, 25 de junio de 1998.-Pilar Novoa Carcacia,

Diputada.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista.


161/001116

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre el cumplimiento por el Gobierno de los

compromisos asumidos para el soterramiento de la línea férrea su paso

por Getafe (Madrid).


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento de la

Cámara, el Grupo Mixto presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre

el cumplimiento por el Gobierno de los compromisos asumidos para el

soterramiento de la línea férrea a su paso por Getafe, para su debate y

votación en la Comisión de Infraestructuras, a instancias de la Diputada

Cristina Almeida Castro (Nueva Izquierda).


El casco urbano del municipio de Getafe, en la Comunidad Autónoma de

Madrid, se encuentra dividido por el trazado ferroviario de la línea de

cercanías C-4. Con el objetivo de solventar los problemas que esta

división supone para un importante sector de la población, el Gobierno,

por medio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

firmó en 1996, con el Ayuntamiento de Getafe y el Consejo de Gobierno de

la Comunidad de Madrid, un Convenio por el que las tres Administraciones

se comprometieron a cofinanciar actuaciones de integración de la

infraestructura ferroviaria.


En dicho Convenio, se recogía que cada una de las Administraciones

firmantes aportaría una tercera partes de los créditos presupuestarios

necesarios para las obras de soterramiento de la citada línea férrea a

su paso por Getafe, entre los puntos kilométricos 13,200 y 16,200.


Sin embargo, el Gobierno no sólo ha dejado de realizar las

consignaciones presupuestarias precisas, sino que además el Ministerio

de Fomento ha anunciado su intención de no cumplir los compromisos

asumidos, lo que ha provocado la movilización de las ciudadanas y los

ciudadanos de este municipio mediante la creación de una plataforma

vecinal.


Las reacciones a esta decisión del Ejecutivo han sido variadas: la

plataforma vecinal mencionada ha realizado una exitosa campaña de

recogida de firmas para su entrega en la sede ministerial, y el propio

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha llegado a asumir la

aportación del 50 por 100 del presupuesto necesario para la ejecución de

las obras, lo que soluciona sólo parte del problema, por carecer la

Corporación Local afectada de créditos suficientes para financiar la

otra mitad, salvo que se comprometa en muy costosas operaciones de

endeudamiento.


Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe, en sesión plenaria, ha acordado

solicitar la dimisión del titular del Ministerio de Fomento, primer

responsable del incumplimiento de los citados compromisos, que ni

siquiera ha aceptado reunirse con los responsables municipales para

explicar los motivos que le han llevado a no participar en la

financiación de las obras.


Si siempre es necesario que los poderes públicos atiendan las

necesidades y procuren satisfacer las demandas de las ciudadanas y los

ciudadanos, ante quienes, en última instancia, responden; es

imprescindible que cuando éstas se plasman en compromisos o instrumentos

concretos, como es el mencionado Convenio, se efectúen de forma

escrupulosa, especialmente cuando no se presentan razones justificadas

para eludir su cumplimiento.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en

cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento de Getafe

y la Comunidad Autónoma de Madrid, participe, en la cuantía que le

corresponde, en la financiación de las obras necesarias para el

soterramiento, a su paso por Getafe, de las vías de la línea C-4 de la

Red de Cercanías, habilitando urgentemente las partidas y los créditos

que sean necesarios e incluyendo esta previsión en los próximos

ejercicios presupuestarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 1998.-Cristina

Almeida Castro, Diputada.-José María Chiquillo Barber, Portavoz del

Grupo Parlamentario Mixto.


161/001135

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Federal de izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre control de chatarra.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en elBoletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta

la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de

Industria.


El escape radiactivo (de Cesio-137) que se produjo a finales de mayo en

la empresa Acerinox de Cádiz ha puesto de manifiesto, junto a otros

incidentes similares, el vacío existente en cuanto a la normativa de

control de chatarra que, procedente principalmente de países de la

Europea central y oriental, llega a las plantas de fundición de nuestras

acerías (más del 50 por 100 de la chatarra consumida en España es de

importación).


La situación de desregulación y de falta de control en los países de

origen hace que debamos extremar aquí las medidas de seguridad para

identificar aquellas partidas de chatarra que contengan materiales

radiactivos, sin olvidar el control de la chatarra producida en nuestro

propio país. Si no es así, se pondrá en riesgo permanente a los

trabajadores de dichas empresas y al conjunto de la población, además de

la paralización de las instalaciones contaminadas.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición de no Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas

necesarias y urgentes, tendentes a:


1. Regular legalmente el control de las partidas de chatarra dirigidas

a su fundición en acerías y a los sectores de fundición de metales no

férreos, conteniendo las siguientes prescripciones:


a) Instalación de controles radiactivos en aduanas portuarias.


b) Instalación de controles radioactivos en aduanas portuarias.


b) Instalación de pórticos medidores de radioactividad en la entrada de

las acerías o fundaciones e inspecciones complementaria, ya sea visual o

por otros medios de las diferentes partidas.


c) Instalación de detectores de radioactividad en la salida de humos de

los hornos de fundición de las acerías, o en las propias coladas

continuas.


d) Instalación de detectores de radioactividad en las empresas que se

dediquen a suministrar o importar chatarra.


e) Establecerla exigencia de que los contratos de compra de chatarra,

importada o no, vayan acompañados de certificado de ausencia de

materiales o sustancias radioactivas.


f) Los delegados de prevención de aquellas empresas que tengan algún

riesgo de almacenar o manipular materiales o sustancias radioactivas

ejercerán las competencias de consulta, de vigilancia y de control

respecto de dichos riesgos. Información puntual y precisa de las

diferentes partidas de chatarra que entran en la empresa y de su

procedencia. Participación en los mecanismos específicos de control de

la radioactividad. Establecimiento de formación específica para dichos

delegados de prevención y para el conjunto de los trabajadores de las

empresas afectadas sobre los mecanismos de detección y prevención de

riesgos para la salud.


g) Reconocimientos médicos específicos y periódicos en las acerías,

fundiciones y empresas de recogida y de importación de chatarra para

todos los trabajadores.


h) Establecer un protocolo de actuación en caso de que se detecte

chatarra radiactiva.


2. Promover en las instancias correspondientes de la Unión Europea una

regulación que establezca el control de entrada de chatarra en las

fronteras terrestres y marítimas procedentes de los países no

comunitarios y mecanismos similares a los planteados en el apartado

anterior, así como actuar entre otras instancias internacionales para

solucionar este problema.


3. Para que en los casos detectados en nuestro país, se paralice la

partida de materiales sospechosos de contener sustancias radiactivas,

así como los medios de transporte utilizados para trasladar la misma,

hasta que los organismos competentes en la materia evalúen el riesgo

corrido y en todo caso evaluar los efectos que sobre la salud humana

hayan podido provocar dichos materiales y medios de transporte.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio

de 1998.-Mariano Santiso del Valle, Diputado.-Rosa Aguilar Rivero,

Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comisión de Medio Ambiente

161/001111

La Mesa de la Cámara, en su reunión el día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre realización de un Plan Integral de

Depuración y Saneamiento del río Segura.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación

y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don José María Chiquillo Barber, Diputado por Valencia, adscrito al

Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana), de conformidad con el

vigente Reglamento de la Cámara en su artículo 193 y concordantes, tiene

el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, ante la

Comisión de Medio Ambiente para la realización de un Plan Integral de

Depuración y Saneamiento del río Segura, todo en ello en virtud de lo

siguiente.


Exposición de motivos

Desde hace unos años los ciudadanos de la comarca alicantina de la Vega

Baja, vienen sufriendo constamente a los efectos que produce a su paso

por las poblaciones de la citada comarca la falta de saneamiento del

citado río.


Si bien esta situación viene produciéndose desde hace cerca de veinte

años, en los últimos años ha sufrido un empeoramiento muy grave, así y

desde entonces muchas han sido las protestas vecinales ante la citada

situación, producida por la falta de depuración de las aguas residuales

que se vierten al río a su paso por las Comunidades de Murcia y

Castilla-La Mancha.


A los malos olores que resultan del todo insoportables durante el

verano, hay que añadir la falta de un caudal mínimo, la suciedad

acumulada y la mortandad de peces que todo lo anterior ha producido en

diversas ocasiones.


Esta situación se agrava por el hecho de incidir en la salud pública de

los habitantes de la comarca, además de causar graves efectos sobre la

agricultura y turismo de Alicante.


En su virtud el Diputado que suscribe presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desde el

Ministerio de Medio Ambiente, y de forma urgente por la gravedad de la

situación, se inicen lo trámites necesarios para la realización de un

Plan Integral de Saneamiento y Depuración del río Segura.


Madrid, 25 de junio de 1998.-José María Chiquillo Barber, Portavoz del

Grupo Parlamentario Mixto.


161/001114

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Proposición no de Ley sobre elaboración de mapas de riesgos y adopción

de planes de emergencia y otras medidas de seguridad respecto de presas

o embalses hidrográficos o industriales.


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio

Ambiente.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y

publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo

Mixto presente la siguiente Proposición no de Ley sobre elaboración de

mapas de riesgos y adopción de Planes de emergencia y otras medidas de

seguridad respecto de presas o embalses hidrográficos o industriales,

para su debate y votación en la Comisión de Medio Ambiente, a instancia

de la Diputada Mercé Rivadulla Gracia (Iniciativa-Els Verds) y del

Diputado Ricardo Peralta Ortega (Nueva Izquierda).


La catástrofe ecológica ocurrida en el entorno del Parque Nacional de

Doñana, tras la rotura de una presa que contenía residuos altamente

contaminantes provenientes de una explotación minera, ha dejado patente

la falta de previsión de las Administraciones Públicas ante las

situaciones de emergencia que pueden derivarse de la existencia de este

tipo de embalses.


La actuación de las Administraciones, en este caso, demostró la ausencia

de medidas adecuadas de seguridad y control ante situaciones de altísimo

riesgo potencial, no sólo para el medio ambiente, sino también para la

integridad física de las personas que viven en el entorno de estas

instalaciones.


Se hace necesario, por tanto, que todos aquellos que tienen

responsabilidad en prever, evitar o paliar los efectos de estas

catástrofes, adopten las medidas, incluso legislativas, que sean

necesarias que impidan situaciones, como las que siguieron a la rotura

de la tristemente famosa presa de Aznalcóllar.


Por lo que se presente la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en

colaboración con las Administraciones con competencias y organizaciones

de defensa medioambiental y sindicales, adopte de forma urgente las

medidas, incluso normativas o de iniciativa legislativa, que sean

necesarias para la inmediata elaboración y puesta en marcha de sistemas

eficaces de seguridad y control, y la confección de mapas de riesgo y

Planes de emergencia, referidos a presas y embalses hidrográficos e

industriales.













En todos estos instrumentos, deberán precisarse claramente

los órganos y Administraciones que, en cada caso, deban asumir la

responsabilidad de las actuaciones, así como los necesarios mecanismos

de coordinación.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1998.-Mercé

Rivadulla Gracia, Diputada.-Ricardo Peralta Ortega, Diputado.-José María

Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/001134

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la construcción de una

minicentral eléctrica en el paraje del Campillo, perteneciente al

término municipal de Zaorejas (Guadalajara).


Acuerdo:


Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,

admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194

del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio

Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo

proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la

siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio

Ambiente.


En el municipio de Zaorejas, en la provincia de Guadalajara, y más

concretamente en el paraje conocido como el Campillo, está prevista la

construcción de una minicentral eléctrica. Este paraje se encuentra

dentro del futuro Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el cual

declarará el Alto Tajo como espacio protegido.


Los vecinos de la zona, han realizado varios actos de protesta contra la

puesta en marcha del proyecto de construcción de dicha minicentral,

debido a que el paraje en el que se encuentra es muy rico en lo que a

flora y fauna se refiere, pues dicha zona del Alto Tajo es de las pocas

zonas que se mantienen vírgenes en nuestra geografía.


Entendemos que la creación de dicha minicentral sería una equivocación

grandísima, pues el medio ambiente de dicha zona, así como el equilibrio

ecológico de la misma se verían seriamente afectados, debido a que el

emplazamiento elegido para construir dicha minicentral eléctrica es un

paraje compuesto por una cascada natural de unos 25 metros de alto. En

esta zona se encuentran numerosas especies protegidos, como el caso del

águila real, el halcón peregrino, el alimoche, el búho real, el buitre

leonado, la chova piquirroja, y, sobre todo el águila perdicera.


Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado un programa de preservación

medioambiental para el entorno del Alto Tajo, con un plazo de ejecución

de 4 años y 134 millones de pesetas de presupuesto, aportando al

cincuenta por ciento con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las

medidas necesarias y urgente conducente a evitar que en el municipio de

Zaorejas, en la provincia de Guadalajara, y más concretamente en el

paraje conocido como el Campillo, la construcción de una minicentral

eléctrica, al encontrarse este paraje dentro del futuro de Ordenación de

Recursos Naturales, el cual declarará el Alto Tajo como espacio

protegido. El permitir la construcción de dicha minicentral, acabaría

con una de las zonas que aún permanecen vírgenes dentro de nuestra

geografía nacional, y supondrían un grave daño para la flora y la fauna

del lugar, compuestas de numerosas especies protegidas.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 1998.-Presentación

Urán González, Diputada.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Urgentes

173/000093

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el acercamiento de

todas las personas privadas de libertad al centro penitenciario más

cercano a su lugar de origen.


Acuerdo:


Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme

al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la

primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de

Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así

como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Begoña Lasagabaster

Olazabal, Diputada de Eusko Alkartasuna al amparo de lo establecido en

el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de

la Interpelación urgente relativa al acercamiento de todas las personas

privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de

origen.


Moción

«El Congreso de los Diputado, de conformidad con el artículo 25.2 de la

Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria

1/1979, en virtud de los cuales las penas privativas de libertad y las

medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y

reinserción social -siendo éste uno de los fines primordiales de las

Instituciones Penitenciarias; así como del artículo 12.1 de la Ley

Orgánica General Penitenciaria que establece la orientación general de

que cada área territorial debe contar con el número suficiente de

centros penitenciarios para satisfacer las necesidades penitenciarias y

evitar el desarraigo social de los penados y de acuerdo a las

recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia-, insta al




Gobierno.


1. Presentar en el plazo de tres meses información relativa a todos los

presos del Estado español, especificando los lugares de empadronamiento

y el centro penitenciario en el que se encuentran cumpliendo condena

según su situación penal y grado de clasificación.


2. A atender el mandato contenido en el informe del Parlamento Europeo

019019El respeto a los Derechos Humanos en la Unión Europea'',

aprobado en el Pleno de 17 de septiembre de 1996, en el cual se insta al

Gobierno español a poner en práctica las recomendaciones del informe del

Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en el que

se pide el acercamiento de presos a sus lugares de origen.


3. A tener en cuenta el Acuerdo del Pleno del Parlamento Vasco, de 28

de diciembre de 1995 en el que, ratificándose en su decisión de que todo

persona privada de libertad lo esté en la cárcel más próxima a su

entorno social y familiar debiendo quedar garantizada la realización

íntegra de sus derechos individuales, instaba al Gobierno del Estado a

poner en marcha un plan de acercamiento que permitiere, en el mínimo

plazo posible, que todas las personas privadas de libertad cumplan su

pena en Euskal Herria. En coherencia con este planteamiento, el Plan de

Acercamiento aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes

Ciudadanas del Parlamento Vasco el 20 de febrero de 1997 debe ser un

instrumento válido a la hora de ejecutar la competencia penitenciaria

del Gobierno.


Madrid, 25 de junio de 1998.-Begoña Lasagabaster Olazabal,

Diputada.-José María Chiquillo Barber, Portavoz del Grupo Parlamentario

Mixto.


173/000094

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el recorte de las

prestaciones económicas por incapacidad temporal de los trabajadores y

trabajadoras.


Acuerdo:


Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme

al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la

primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de

Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así

como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente

moción consecuencia de interpelación urgente sobre el recorte de las

prestaciones económicas por incapacidad temporal de los trabajadores y

trabajadoras.


Moción

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proponer, a la mayor brevedad, las medidas legales oportunas para

derogar el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 131 bis del texto

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada

al mismo por el artículo 39 de la Ley 66/1997,

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social, de modo que sean respetadas plenamente las competencias que

corresponden a los Servicios Públicos de Salud en la expedición de altas

médicas de trabajadores en situación de Incapacidad Temporal.


2. Modificar el apartado 4, del artículo 1 del Real Decreto 575/1997,

de 18 de abril, según redacción dada por el artículo único del Real

Decreto 1117/1998, de 5 de junio, de modo que entre tanto se adopten las

medidas legales anteriores:


a) La Inspección Médica u órgano similar del Servicio de Salud

correspondiente disponga de quince días hábiles para poder contestar a

la comunicación del facultativo adscrito al INSS sobre partes de alta

médica de trabajadores en situación de Incapacidad Temporal.


b) De existir disconformidad por parte de la Inspección Médica u órgano

similar del Servicio de Salud o de no recibirse en el plazo mencionado

el informe de éstos, los facultativos adscritos al INSS no podrán

expedir los correspondientes partes de alta.»

Palacio del Congreso, 25 de junio de 1998.-Francisco Arnau Navarro,

Diputado.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista.


173/000095

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(173) Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el derecho a percibir

prestaciones sociales a que dan a lugar las contrataciones a tiempo

parcial.


Acuerdo:


Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme

al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la

primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de

Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así

como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los

Diputados, se formula la siguiente moción consecuencia de Interpelación

Urgente, dirigida al Gobierno, sobre el derecho a percibir prestaciones

sociales a que dan lugar las contrataciones a tiempo parcial.


El Gobierno está destacando, como medida importante para incentivar la

creación de empleo, la extensión y potenciación del trabajo a tiempo

parcial. En el Plan de Acción para el empleo del Reino de España, de

abril de 1998, se recoge la intención de incentivar la contratación a

tiempo parcial estable, con bonificaciones en las cuotas sociales.


Es verdad que nuestro país se encuentra por debajo de la media

comunitaria en lo relativo a la presencia del contrato a tiempo parcial

en el total de asalariados pero, según informaciones del Ministerio de

Trabajo y Asuntos y Asuntos Sociales, tan sólo el 5 por 100 de los

trabajadores que buscan empleo en nuestro país un contrato a tiempo

parcial. Por tanto, de extenderse el trabajo a tiempo parcial, no sería

como opción voluntaria sino ante la imposibilidad de encontrar un empleo

a tiempo completo, además del carácter mayoritariamente femenino de este

tipo de contratación.


Cuestión de capital importancia es la protección social que devengan

estos contratos. El Gobierno ha reconocido protección social plena a los

llamados contratos marginales (inferiores a doceh oras a la semana o

cuarenta y ocho mensuales) corrigiendo el despropósito de la reforma

laboral de 1994. Pero esta reforma también estableció nuevas reglas para

computar cotizaciones a efectos de prestaciones futuras.


Ahora se computan las horas efectivamente trabajadas por lo que se

restringe el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a las

prestaciones de la Seguridad Social, ya que para tener derecho a una

determinada prestación social, un trabajador a tiempo parcial que

trabaje media jornada deberá haber cotizado el doble de días que un

trabajador a jornada completa. Es decir, para un trabajador que realiza

el 50 por 100 de la jornada habitual, cada día de cotización equivaldría

a medio día computable, por lo que si se necesitan 180 días como período

de carencia general, equivaldría en su caso a 360 días de cotización a

tiempo parcial.


Se ha puesto fin de esta forma a la consideración como día cotizado a

efectos de reunir los períodos de carencia necesarios, con independencia

de la duración de la jornada.


En consecuencia el Grupo Parlamentario Federal de IU presenta la

siguiente

Moción

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que antes de que

finalice el año en curso, 1998, promueva la modificación del régimen

jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial en el sentido de

considerar como día cotizado a efectos de reunir los períodos de

carencia necesarios para acceder a las prestaciones sociales del sistema

público de la Seguridad Social, con independencia de la duración de la

jornada laboral.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 1998.-Pedro

Vaquero del Pozo, Diputado.-Rosa Aguilar Rivero, Portavoz Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


preguntas para respuesta oral

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001696

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión

AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (GC-CiU).


Opinión del Gobierno en relación con la grave situación por la que

atraviesa el respeto a los derechos humanos en Colombia.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Asuntos Exteriores.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el «Boletín Oficcial de las Cortes Generales».


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo

Martínez-Conde.


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputaado don Lluís Recorder i Miralles.


Texto:


¿Cuál es la opinión del Gobierno en relación con la grave situación por

la que atrviesa el respeto a los derechos humanos en Colombia?

Madrid, 1 de julio de 1998.-Lluís Recoder i Miralles, Portavoz del Grupo

Parlamentario Catalán (CiU).


Comisión de Justicia e Interior

181/001690

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Almeida Castro, María Cristina (GMX).


Medidas específicas para solucionar el incremento de la criminalidad de

la Comunidad de Madrid.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Justicia e Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Crupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.


Diputada doña Cristina Almeida Castro

Objeto:


Según la última Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad de Madrid, la tasa delictiva ha aumentado en un 45 por

100 en los municipios de la periferia desde 1992 a 1997.


Texto:


¿Piensa adoptar el Gobierno algún tipo de medidas específicas para

intentar solucionar el espectacular incremento de la criminalidad en

estos municipios?

Madrid, 21 de junio de 1998.-Cristina Almeida Castro.


181/001691

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Almeida Castro, María Cristina (GMX).


Medidas específicas para evitar las vejaciones y el trato indebido en

las cárceles de la Comunidad de Madrid y sancionar a los responsables de

los mismos.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Justicia e Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Crupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.


Diputada doña Cristina Almeida Castro

Objeto

Según la última Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad de Madrid, en los ocho centros penitenciarios de esta

región, se ha reducido un espectacular incremento de las quejas por

vejaciones y trato indebido.


Texto

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar este tipo de

actuaciones en las cárceles y, en su caso, sancionar a los responsables?

Madrid, 29 de junio de 1998.-Cristina Almeida Castro.


181/001721

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).


Opinión del Director general de la Guardia Civil acerca de si están

garantizadas las labores de vigilancia y protección asignadas a dicha

institución.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Justicia e Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Crupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior.


Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán

Texto

¿Considera del Director general de la Guardia Civil que están

garantizadas las labores de vigilancia y protección asignadas a la

Guardia Civil, a pesar del importante descenso del número de vehículos a

su disposición en la provincia de Salamanca, teniendo en cuenta además

la limitación de kilometraje, carencia de combustible y escasez de

piezas de repuesto en caso de avería para el resto de los vehículos que

prestan servicio en Salamanca?

Madrid, 13 de julio de 1998.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán.


181/001722

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).


Razones del descenso del número de vehículos de la 621 Comandancia de la

Guardia Civil (Salamanca) desde el año 1995.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Justicia e Interior.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior

Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán

Texto

¿Cuáles son las razones por las cuales el número de vehículos de la 621

Comandancia de la Guardia Civil (Salamanca) han disminuido en 24

unidades desde 1995?

Madrid, 13 de julio de 1998.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán.


Comisión de Defensa

181/001692

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Perales Pizarro, Alfonso (GS).


Explicación que se puede dar sobre el incidente ocurrido frente a la

costa de Conil de la Frontera (Cádiz), en que un proyectil impactó a 5

metros, aproximadamente de un pesquero del Puerto de Conil.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Justicia Defensa.Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al

señor Diputado preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Alfonso Perales Pizarro

Objeto

Pregunta al Ministro de Defensa

Texto

¿Qué explicación puede dar el gobierno sobre el incidente ocurrido

frente a la costa de Conil de la Frontera (Cádiz), en que un proyectil

impactó a 5 metros, aproximadamente de un pesquero del Puerto de Conil?

Madrid, 2 de julio de 1998.-Alfonso Perales Pizarro.


181/001693

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Explicación de los hechos ocurridos en la mañana del martes 30 de junio

de 1998, cuando un proyectil de la Armada cayó junto a tres pesqueros

que faenaban cerca de Cabo Roche (Cádiz).


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Defensa.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto

En la mañana del martes 30 de junio de 1998, un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Verde, con grave

peligro para su integridad.


Texto

¿Qué explicación da al gobierno a estos hechos?

Madrid, 3 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos.


181/001694

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Razón por la que las autoridades militares no realizaron los avisos

necesarios para evitar posibles daños a los pescadores de la zona en la

mañana del martes 30 de junio de 1998, cuando un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Roche (Cádiz).


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Defensa.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados a 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto

En la mañana del martes 30 de junio de 1998, un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Roche, con grave

peligro para su integridad.


Texto

¿Por qué no se realizaron por las autoridades militares los avisos

necesarios para evitar posibles daños a los pescadores de la zona?

Madrid, 3 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos.


181/001695

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Razón por la que las autoridades militares no realizaron los avisos

necesarios para evitar posibles daños a los pescadores de la zona en la

mañana del martes 30 de junio de 1998, cuando un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Roche (Cádiz).


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Defensa.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados a 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos

Objeto

En la mañana del martes 30 de junio de 1998, un proyectil de la Armada

cayó junto a tres pesqueros que faenaban cerca de Cabo Roche, en una

zona de pesca artesanal.


Texto

¿Qué explicación da el Gobierno a la realización en estas fechas de

prácticas de tiro, que ponen en grave riesgo la práctica pesquera y la

atracción turística de la zona?

Madrid, 3 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos.


Comisión de Educación y Cultura

181/001698

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Causas de la paralización o suspensión de las ayudas a las misiones

arqueológicas en el extranjero.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados a 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos

Objeto

El Gobierno ha suspendido las ayudas a las misiones arqueológicas en el

extranjero, medida que afecta a nueve misiones, cuyos investigadores han

conocido la decisión con el viaje ya preparado.


Texto

¿Cuáles son las causas de la paralización o suspensión de estas ayudas?

Madrid, 10 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos.


181/001699

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Motivos de la suspensión de las ayudas a las misiones arqueológicas en

el extranjero en los meses de verano.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados a 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos

Objeto

El Gobierno ha suspendido las ayudas a las misiones arqueológicas en el

extranjero, medida que afecta a nueve misiones, cuyos investigadores han

conocido la decisión con el viaje ya preparado.


Texto

¿Por qué se produce esta suspensión en los meses de verano, que son

aprovechados por los investigadores españoles para realizar sus

actividades en el exterior?

Madrid, 10 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos.


181/001700

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Medidas para impedir para la paralización de las ayudas a las misiones

arqueológicas en el extranjero suponga la ruptura de compromisos

internacionales ya asumidos.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:


El Gobierno ha suspendido las ayudas a las misiones arqueológicas en el

extranjero, medida que afecta a nueve misiones, cuyos investigadores han

conocido la decisión con el viaje ya preparado

Texto

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impedir que esta paralización

suponga la ruptura de compromisos internacionales ya asumidos, con el

consiguiente daño para la imagen de España y de sus investigadores en el

extranjero?

Madrid, 10 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


181/001701

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Motivos por los que no se adoptaron las medidas con anterioridad a la

suspensión de las ayudas a las misiones arqueológicas en el extranjero.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Diputado preguntante

proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:


El Gobierno ha suspendido las ayudas a las misiones arqueológicas en el

extranjero, medida que afecta a nueve misiones, cuyos investigadores han

conocido la decisión con el viaje ya preparado

Texto

¿Por qué no se adoptaron medidas con anterioridad, teniendo en cuenta

que el Secretario de Estado de Cultura ya tenía conocimiento de la

existencia de problemas en el «Instituto de Patrimonio Histórico», para

evitar reestructuraciones en estas fechas?

Madrid, 10 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


181/001702

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Medidas para adelantar el importe de las ayudas a las misiones

arqueológicas en el extranjero y evitar que los investigadores españoles

suspendan su participación en yacimientos considerados como de

«importancia excepcional».


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:


El Gobierno ha suspendido las ayudas a las misiones arqueológicas en el

extranjero, medida que afecta a nueve misiones, cuyos investigadores han

conocido la decisión con el viaje ya preparado

Texto

¿Va a tomar el Gobierno alguna medida para adelantar el importe de las

ayudas, poco más de 29 millones de pesetas, para evitar que los

investigadores españoles suspendan su participación en yacimientos que

han sido considerados como de «importancia excepcional»?

Madrid, 10 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


181/001703

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Proceso de creación de un centro de la Universidad Nacional de Educación

(UNED) en Guadalajara.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:


El pasado verano se creó un centro de la UNED en Guadalajara, impulsado

por el Presidente de la Diputación Provincial y Senador del PP, en el

que han acabado trabajando este año, una decena de familiares de

dirigentes de este partido político

Texto

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de creación de este centro de la UNED?

Madrid, 13 de julio de 1998.-Manuel Francisco Alcaraz Ramos

181/001704

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (GMX).


Razones del rápido proceso de constitución del centro de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Guadalajara, así como de

selección de su personal.


Acuerdo

Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Diputado preguntante

y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto:


El pasado verano se creó un centro de la UNED en Guadalajara, impulsado

por el Presidente de la Diputación Provincial y Senador del PP, en el

que han acabado trabajando este año, una decena de familiares de

dirigentes de este partido político

Texto

¿Cuáles fueron las razones que motivaron el extraordinariamente rápido

proceso de constitución de dicho centro universitario y de selección de

su personal?

Madrid, 13 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


181/001705

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx.).


Designación directa de profesores en el centro de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED) creado en Guadalajara.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.













Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Objeto

El pasado verano se creo un centro de la UNED en Guadalajara, impulsado

por el Presidente de la Diputación Provincial y Senador del PP, en el

que han acabado trabajando este año, una decena de familiares de

dirigentes de este partido político.


Texto

¿Por qué se prescindió de resolver la convocatoria de puestos de

profesores mediante los correspondientes concursos, prefiriendo la

«designación directa»?

Madrid, 13 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


181/001723

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. Mx.).


Previsiones acerca de promover alguna actividad especial para conmemorar

el 250 aniversario del descubrimiento de Pompeya por el aragonés Roque

Joaquín de Alcubierre.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Educación y Cultura.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura

Diputado don Manuel Alcaraz Ramos

Texto

¿Tiene previsto el Ministerio de Educación y Cultura promover alguna

actividad especial para conmemorar el 250 aniversario del descubrimiento

de Pompeya por el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre?

Madrid, 14 de julio de 1998.-Manuel Alcaraz Ramos.


Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001688

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. Mx.).


Previsiones acerca de la dotación total necesaria para poner en marcha

el Campus Universitario de Mieres (Asturias), a cargo de los llamados

«fondos de la minería».


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Industria, Energía y Turismo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y

Turismo

Diputado don Ricardo Peralta Ortega

Objeto

Según las previsiones oficiales, la cantidad necesaria para poner en

marcha el Campus Universitario de Mieres, a cargo de los llamados

«fondos de la minería», asciende a veintidós mil millones de pesetas, de

los que actualmente, sólo se han consignado siete mil.


Texto

¿Que previsiones hay para dotar el resto de esta cantidad?

¿Con qué partidas o créditos presupuestarios?

¿En qué fechas?

Madrid, 29 de julio de 1998.-Ricardo Fernando Peralta Ortega.


Comisión de Infraestructuras

181/001689

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTORA: Almeida Castro, María Cristina (G. Mx.).


Proyectos de inversión en infraestructuras que va a cumplir

efectivamente el Gobierno en la Comunidad de Madrid.


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Industria, Energía y Turismo.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la Sra. Diputada

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Mixto (Nueva Izquierda)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras

Diputada doña Cristina Almeida Castro

Objeto

El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, incumple

sistemáticamente los compromisos y previsiones presupuestarias de

inversión en infraestructuras para la Comunidad Autónoma de Madrid. Así

ha sucedido, por ejemplo, con el proyecto para el soterramiento de la

línea de ferrocarril en Getafe, o en los proyectos para la ejecución de

la llamada «M-50».


Texto

¿Que Proyectos de inversión en infraestructuras va a cumplir

efectivamente el Gobierno en la Comunidad de Madrid?

¿Con qué partidas o créditos presupuestarios?

¿En qué fechas?

Madrid, 29 de julio de 1998.-María Cristina Almeida Castro.


Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas

181/001697

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Rodríguez Zapatero, José Luis (G. S.).


Razones por las que se ha denegado la autorización de compatibilidad al

Presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen «Queso

Zamorano».


Acuerdo:


Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artícu-

lo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de

Régimen de las Administraciones Públicas.


Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Sr. Diputado

preguntante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio

de 1998.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Federico

Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Régimen para las

Administraciones Públicas

Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero

Objeto

Al Secretario de Estado de la Administración Pública.


Texto

¿Cuáles son las razones por las que se ha denegado la autorización de

compatibilidad al Presidente del Consejo Regulador de la denominación de

origen «Queso Zamorano»?

Madrid, 3 de julio de 1998.-José Luis Rodríguez Zapatero.


Tribunal Constitucional

232/000115

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de

inconstitucionalidad número 2307/1990, promovido por el Presidente del

Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco

4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y

Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín

Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la

sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez

Bereijo, Presidente; don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y

González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal

Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don

Carles Viver Pi-Sunyer, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás

S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 2.307/1990, interpuesto por

el Presidente del Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del

Estado, contra diversos preceptos de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de

Ordenación del Territorio del País Vasco. Han comparecido y formulado

alegaciones el Parlamento Vasco, representado por el Letrado don José

María Oses Abando, y el Gobierno Vasco, representado por los Letrados

don Javier Balza Aguilera y don Mikel Legarda Uriarte. Ha sido Ponente

el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el

parecer del Tribunal.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA

AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.


Ha decidido

Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en

consecuencia, declarar:


1. Que son inconstitucionales y nulos el artículo 21 en cuanto se

remite al párrafo segundo del artículo 17.3 de la Ley 4/1990, de 31 de

mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, así como la

disposición adicional segunda de la misma.


2.o Que el artículo 25 de esta Ley 4/1990 no vulnera el orden

constitucional de competencias interpretando en el sentido señalado en

el fundamento jurídico 5.o

3.o Desestimar el recurso en todo lo demás.


Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».


Dada en Madrid a 2 de julio de 1998.


232/000117

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de

inconstitucionalidad número 572/1991, promovido por el Presidente del

Gobierno contra determinados preceptos de la Ley 14/1990, de 28 de

noviembre, de las Cortes de Castilla y León, de Concentración Parcelaria.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y

Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín

Oficial de las Cortes Generalesel encabezamiento y el fallo de la

sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.





Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez

Bereijo, Presidente; don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y

González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal

Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don

Carles Viver Pi-Sunyer, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás

S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 572/1991, promovido por el

Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de la

Comunidad autónoma de Castilla y León 14/1990, de 28 de noviembre, de

Concentración Parcelaria. Han sido parte el Abogado del Estado, en la

representación del Gobierno que por Ley ostenta y el Letrado de la

Comunidad de Castilla y León, don Fernando Herrero Batalla, en

representación de la Junta de aquella Comunidad Autónoma. Ha sido

Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el

parecer del Tribunal.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA

AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LACONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley de

Castilla y León 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración

Parcelaria, y en consecuencia:


Declarar que el inciso «estarán presididas con voto de calidad por el

Juez de Primera Instancia a cuya jurisdicción pertenezca la zona; si

hubiere varias, por el Decano o por aquél en quien éste delegue» del

artículo 7.1 y los artículos 66.1.3 y 4, 100.b) y 94.1 de la Ley 14/1990

son contrarios al orden constitucional de competencias y, por tanto,

nulos.


Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».


Madrid, 2 de julio de 1998.


233/000123

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(233) Recurso de inconstitucionalidad.


AUTOR: Tribunal Constitucional.


Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de

inconstitucionalidad número 2.776/1990, planteada por la Sección Segunda

de la Audiencia Provincial provincial de Burgos, en relación con los

números 2 y 3 del artículo 154 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales.


Acuerdo:


Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y

Documentación de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín

Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la

sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez

Bereijo, Presidente; don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y

González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal

Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don

Carles Viver Pi-Sunyer, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás

S. Vives Antón y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 2.776/1990, planteada por

la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, en relación con

los números 2 y 3 del artículo 154 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, por supuesta vulneración

de los artículos 24.1, 117 y 118 C.E. Han intervenido en el proceso el

Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal

General del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego

González Campos, quien expresa el parecer del Tribunal.


FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA

AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA.


Ha decidido

Estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en

consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y

bienes en general» del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la medida en que no

excluye de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a

un uso o servicio público.


Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».


Dada en Madrid a 15 de julio de 1998.


Comunidades autónomas

093/000009

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(093) Convenios entre Comunidades Autónomas.


AUTOR: Comisión Constitucional.


Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa y los Portavoces de la

citada Comisión, en relación con el Protocolo de Colaboración entre la

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Castilla y

León, sobre coordinación de acutuaciones en materia de infraestructura

viaria, suscrito el día 3 de abril de 1998.


Acuerdo

1. Comunicar al Senado y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas

firmantes del Convenio que el Congreso de los Diputados no manifiesta

reparo al mismo, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes

Generales.


2. Asimismo, trasladar a los Grupos Parlamentarios.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


La Mesa y los Portavoces, en su reunión del día 16 de junio, ha tomado

el siguiente acuerdo:


«La Mesa y los Portavoces de la Comisión Constitucional ha examinado los

siguientes convenios entre Comunidades Autónomas:


Protocolo de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha y la Junta de Castilla y León sobre coordinación de actuaciones

en materia de Infraestructura viaria, suscrito el día 3 de abril de 1998

(93/9).


Teniendo en cuenta el contenido de los mismos, considera que no es

competencia de la Cámara su aprobación por ser acuerdo entre Comunidades

Autónomas dentro del ámbito de sus competencias, por lo que únicamente

procede la comunicación a los Grupos Parlamentarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 1998.-El Presidente

de la Comisión Constitucional, Gabriel Cisneros Laborda.


093/000010

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(093) Convenios entre Comunidades Autónomas.


AUTOR: Comisión Constitucional.


Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa y los Portavoces de la

citada Comisión en relación con el Convenio de cooperación entre las

Comunidades de Madrid y Castilla y León sobre distribución de

actividades en materia de infraestructura viaria en zonas limítrofes

suscrito el día 3 de abril de 1998.


Acuerdo

1. Comunicar al Senado y a los Presidentes de las Comunidades Autónomas

firmantes del Convenio que el Congreso de los Diputados no manifiesta

reparo al mismo, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes

Generales.


2. Asimismo, trasladar a los Grupos Parlamentarios.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa




Martínez-Conde.


La Mesa y los Portavoces, en su reunión del día 16 de junio, ha tomado

el siguiente acuerdo:


«La Mesa y los Portavoces de la Comisión Constitucional ha examinado los

siguientes convenios entre Comunidades Autónomas:


Convenio de cooperación entre las Comunidades de Madrid y Castilla y

León sobre distribución de actividades en materia de infraestructura

viaria en zonas limítrofes, suscrito el día 3 de abril de 1998 (93/10).


Teniendo en cuenta el contenido de los mismos, considera que no es

competencia de la Cámara su aprobación por ser acuerdo entre Comunidades

Autónomas dentro del ámbito de sus competencias, por lo que únicamente

procede la comunicación a los Grupos Parlamentarios.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 1998.-El Presidente

de la Comisión Constitucional, Gabriel Cisneros Laborda.


093/0000013

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(093) Convenios entre Comunidades Autónomas.


AUTOR: Comunidad de Madrid.


Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad

Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de infraestructura viaria en

zonas limítrofes.


Acuerdo:


Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al

Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 1998.-El

Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa

Martínez-Conde.


CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA JUNTA DE

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN MATERIA

DE INFRAESTRUCTURA VIARIA EN ZONAS

LIMÍTROFES

En Valladolid a 3 de abril de 1998.


Reunidos

De una parte, el excelentísimo señor don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez,

Presidente de la Comunidad de Madrid, en uso de las atribuciones

conferidas por el artículo 7, b), de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,

de Gobierno y Administración, y previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de

2 de abril de 1998.


De otra parte, el excelentísimo señor don José Bono Martínez, Presidente

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en uso de las

atribuciones conferidas por el artículo 5, b), de la Ley 8/1995, de 21

de diciembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La

Mancha.


Exponen

Primero.-La Comunidad de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha tienen atribuidas por los artículos 26.5 y 31.1, d),

respectivamente, de sus Estatutos de Autonomía, competencias exclusivas

en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en

sus propios territorios, que comprenden las operaciones de conservación,

explotación y mejora de las mismas.


Segundo.-Debido a la situación geográfica de ambas Comunidades

Autónomas, con amplia zona fronteriza entre ambas, es preciso coordinar

las actuaciones en materia de infraestructura viaria con el fin de

optimizar recursos de ambas Administraciones en beneficio de los

ciudadanos que en ellas habitan.


Tercero.-En materia de conservación, explotación y mejora de la red de

carreteras, es preciso que se optimicen los recursos con el fin de poder

atender adecuadamente la demanda en los tramos cuyo tráfico es

propiamente local e interno a cada región.


Estipulaciones

Primera. Objeto del Convenio.


El objeto del Convenio es materializar un acuerdo de distribución y

coordinación de actuaciones en materia de conservación, explotación y

mejora de los tramos de carretera fronterizos, sin que ello afecte a la

titulación de los mismos.


A los efectos previstos en este Convenio se entenderá por conservación,

explotación y mejora las siguientes actuaciones:


- Conservación: Operaciones que proporcionan a la carretera el mejor

nivel posible de utilización en el momento presente y en el futuro. La

conservación se clasifica en conservación ordinaria, que comprende los

trabajos que mantienen las carreteras en su situación actual;

conservación preventiva, que trata de mantener las condiciones de

utilización actuales en el futuro, mediante reparaciones superficiales y

conservación extraordinaria, que comprende las operaciones de gran

reparación.


- Explotación: El conjunto de actuaciones encaminadas a la defensa de la

vía y a su mejor uso. Así, son operaciones de explotación de carreteras

la ordenación y reordenación de accesos, la regulación de las zonas de

dominio público y protección adyacente a la carretera y la defensa de la

legalidad vigente en materia de publicidad y medio ambiente.


-Mejora: Todas las actuaciones sobre las carreteras que no sean de

conservación o explotación, estando excluidas aquellas que supongan un

nuevo trazado de planta de la carretera.


Segunda. Vigencia.


El presente Convenio entrará en vigor, una vez ratificado por la

Asamblea de Madrid y por las Cortes de Castilla-La Mancha, transcurridos

treinta días desde la recepción por las Cortes Generales de la

comunicación de la celebración del mismo, si en dicho plazo no se

formulan reparos por las Cortes Generales o por alguna de las Cámaras,

de acuerdo con lo establecido en los artículos 14.13 y 32 del Estatuto

de Autonomía de Madrid, y en los artículos 9.2, d), y 40.1 del Estatuto

de Autonomía de Castilla-La Mancha.


En caso de que manifiesten reparos, la entrada en vigor de Convenio se

producirá una vez obtenida la autorización de las Cortes Generales.


Este Convenio tendrá un plazo de vigencia de cuatro años, renovable

automáticamente por períodos similares si no se produce la denuncia

expresa del mismo por alguna de las partes con una antelación mínima de

seis meses a la terminación del plazo vigente, o prorrogado, en su caso.


Asimismo, finalizará la vigencia del Convenio con anterioridad al

cumplimiento de cada período si se denuncia expresamente el mismo por

alguna de las partes con un antelación mínima de seis meses.


Tercera. Compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.


La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería

de Obras Públicas, se compromete a realizar las actuaciones de

conservación, explotación y mejora de los tramos de carreteras que

vienen definidos en el anexo 1 de presente Convenio, y se sitúan dentro

del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid y son de competencia de

esta última.


Cuarta. Compromiso de la Comunidad de Madrid.


La Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Obras Públicas,

Urbanismo y Transportes, se compromete a realizar las actuaciones de

conservación, explotación y mejora de los tramos de carreteras que

vienen definidos en el anexo 2 del presente Convenio y que se sitúan en

el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y

son de competencia de esta última.


Quinta. Mantenimiento de parámetros de diseño y seguridad.


Ambas Administraciones se comprometen a aportar los recursos necesarios

para mantener dichos tramos con los parámetros de diseño y seguridad que

fijen los correspondientes Planes de Carreteras para los tramos de

características similares.


Sexta. Obras de acondicionamiento, refuerzo o reparación.


Si fuera necesario ejecutar en alguno de los tramos recogidos en los

anexos citados obras de acondicionamiento, refuerzo o reparación, la

financiación y gestión de las mismas correrá a cargo de la

Administración que asume su conservación y mantenimiento.


En este caso, la Administración titular de la carretera (por su ámbito

geográfico) se compromete a aportar la disponibilidad de los terrenos

necesarios, así como facilitar los permisos y tramitaciones precisas

dentro de su región para proceder a la ejecución de las obras.


Séptima. Inclusión de nuevos tramos.


En caso de producirse situaciones similares a las previstas en este

Convenio respecto de tramos de carreteras fronterizos no contemplados en

los anexos 1 y 2, podrán incluirse los mismos mediante acuerdo entre

ambas partes, que se recogerá como addenda al presente Convenio.


Octava. Coordinación de actuaciones.


Ambas Administraciones se comprometen, en el ámbito de sus competencias,

a coordinar las actuaciones necesarias en aquellos tramos de carreteras

que tienen algún tipo de continuidad entre ambas regiones, tanto en

cuanto a sus parámetros de diseño, como a su planificación en el tiempo.


Novena. Comisión de Seguimiento.


Para el seguimiento de este Convenio y, especialmente, lo referente a la

cláusula octava, se creará una Comisión de Seguimiento, que estará

compuesta por los Directores generales de Carreteras de ambas

Comunidades Autónomas y dos miembros de cada Comunidad designados por

ellos.


ANEXO 1

TRAMOS DE CARRETERAS A CONSERVAR

Y EXPLOTAR LA JUNTA DE COMUNIDADES

DE CASTILLA-LA MANCHA

1-CM-4006. Intersección N-403 (río Guadarrama). Intersección N-IV (La

Guardia). Tramo: Puente del Río Tajo, N-400. Longitud: 1,000 kilómetro.


Categoría: Comarcal.


2-CM-4006. Intersección N-403 (río Guadarrama). Intersección N-IV (La

Guardia). Tramo: N-400, a límite de provincia de Madrid. Longitud: 5,2

kilómetros. Categoría: Comarcal.


3-CM-4004. Valmojado-Yepes. Tramo: Puente sobre el río Tajo (límite de

Madrid) a N-400. Longitud: 2,1 kilómetros. Categoría: Comarcal.


4-CM-236. (M-236): De la M-225, a límite de provincia. Tramo: M-225, a

límite de provincia. Longitud: 2,7 kilómetros. Categoría: Comarcal.


5-CM-237. (M-237): De Pioz a la M-225. Tramo: Límite de provincia a la

M-225. Longitud: 4,8 kilómetros. Categoría: Comarcal.


6 (sin denominación). Carretera de Valdeavero a Azuquecaa de Henares

por Villanueva de la Torre. Tramo: Límites de la provincia de

Guadalajara M-119. Longitud: 1,2 kilómetros. Categoría: Comarcal.


ANEXO 2

TRAMOS DE CARRETERA A CONSERVAR Y EXPLOTAR POR LA COMUNIDAD DE MADRID

1-M-507. Navalcarnero-Rozas del Puerto. Tramo: Límite de la provincia

de Toledo, puntos kilométricos 34,5 al 37,0. Longitud: 2,5 kilómetros.


Categoría: Red Secundaria.


2-M-307. Del kilómetro 39 de la N-IV a San Martín de la Vega. Tramo:


Punto kilométrico 0 al límite de provincia. Longitud: 3,2 kilómetros.


Categoría: Red Secundaria.


3-M-229. Brea de Tajo-Orusco. Tramo: Comprendido entre los límites de

la provincia de Guadalajara. Longitud: Cuatro kilómetros. Categoría:


Secundaria.


4-M-119. Alcalá de Henares-N-320. Tramo: Límites de la provincia de

Madrid a N-320. Longitud: 0,5 kilómetros. Categoría: Red Secundaria.