VI LEGISLATURA

Serie D: 15 de julio de 1998 Núm. 308

GENERAL

Otros textos

Comisiones, Subcomisiones y Ponencias

154/000008 Aprobación por el Pleno de la Cámara del Acuerdo de la

Comisión de Política Social y Empleo, relativo al Informe de la

Subcomisión para estudiar la situación de los españoles que viven fuera,

así como la de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro

país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones prioritarias;

proponer las medidas -legales y sociales- que es conveniente adoptar

para conseguir solucionar los problemas existentes.


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 23 de junio

de 1998, ha aprobado por unanimidad y sin modificaciones el texto del

Acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo, relativo al Informe

de la Subcomisión, creada en el seno de dicha Comisión, para estudiar la

situación de los españoles que viven fuera, así como la de los

inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país; conocer a fondo

sus necesidades y reivindicaciones prioritarias; proponer las medidas

-legales y sociales- que sea conveniente adoptar para conseguir

solucionar los problemas existentes (154/8), publicado en el «BOCG»

Serie D, núm. 281, de 18 de mayo de 1998.


Se publica a continuación el referido texto, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 1998.-El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


APROBACIÓN POR EL PLENO, EN SU SESIÓN DEL 23 DE JUNIO DE 1998, DEL

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, RELATIVO AL INFORME

ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

QUE VIVEN FUERA, ASÍ COMO LA DE

LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A NUESTRO PAÍS; CONOCER A

FONDO SUS NECESIDADES Y REIVINDICACIONES PRIORITARIAS; PROPONER LAS

MEDIDAS -LEGALES Y SOCIALES- QUE SEA CONVENIENTE ADOPTAR PARA CONSEGUIR

SOLUCIONAR LOS PROBLE-

MAS EXISTENTES (154/8)

LA POLÍTICA MIGRATORIA ESPAÑOLA

Í N D I C E

Página

I. ANTECEDENTES

2

II. COMPOSICIÓN Y SESIONES CELEBRADAS POR LA SUBCOMISIÓN

3

A. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN

3

B. COMPARECENCIAS CELEBRADAS POR LA SUBCOMISIÓN

3

C. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA SUBCOMISIÓN

4

C.1 Documentación solicitada por la Subcomisión

4

C.2 Documentación aportada por los comparecientes

5

C.3 Otra documentación aportada

5

III. VISITA AL VII PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

6

IV. VISITA A LAS CIUDADES DE CEUTA Y DE MELILLA

8

A. VISITA A LA CIUDAD DE MELILLA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

8

B. VISITA A LA CIUDAD DE CEUTA LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 1997

10

V. INTRODUCCIÓN

11

VI. LA SITUACIÓN DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL

EXTRAN-JERO

11

A. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA





EMIGRACIÓN ESPAÑOLA

11

B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

13

B.1 Sobre la participación de los emigrantes

13

B.2 Sobre el apoyo a las Asociaciones

14

B.3 Sobre los Derechos Civiles de los emigrantes españoles

14

B.4 Sobre el retorno de los emigrantes y sus familiares

14

B.5 Sobre las políticas de bienestar

14

VII. LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

16

A. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

16

B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

19

VIII. LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS Y LOS ASILADOS EN ESPAÑA

20

A. CONSIDERACIONES GENERALES

20

B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

21

IX. EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN ESPAÑA

22

A. CONSIDERACIONES GENERALES

22

B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

22

X. OTRAS PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

23

I. ANTECEDENTES

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 25 de junio

de 1996, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del G.P.


Socialista, relativa a la constitución de una Ponencia para el estudio

de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior

y la situación de los inmigrantes en España, así como las actitudes de

la sociedad española ante estos nuevos residentes en España (n.º exp.


162/30), acordó lo siguiente:


«Crear una Ponencia para estudiar la situación de los españoles que

viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han llegado

a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones

prioritarias; proponer las medidas -legales y sociales- que sea

conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes.


Dicha Ponencia se constituirá en el seno de la Comisión de Política

Social y Empleo y deberá desarrollar sus trabajos y preparar su informe

para debate y posible aprobación en el Pleno del Congreso de los

Diputados antes de septiembre de 1997.


La Ponencia tendrá como punto de partida las líneas marcadas en la

Proposición no de Ley, en relación a la situación de los extranjeros en

España y en la Moción sobre políticas para los españoles emigrantes y

residentes en el exterior, aprobadas por este Parlamento en 1991.»

(BOCG D-21/10-6-96; D-33/1-7-96; D.S. n.o 33/25-6-96)

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 2 de julio de 1996, y en

aplicación a las Ponencias no legislativas creadas en la VI Legislatura

de lo dispuesto en el apartado séptimo.3 de la Resolución de la

Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre

procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las

Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, ha acordado lo

siguiente respecto de la

- Ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o

residentes en el exterior y la situación de los emigrantes en España,

así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos

residentes en España.


(n.o exp. 162/30)

Primero: Denominarla «Subcomisión para el estudio de la situación de los

españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los

emigrantes en España, así como las actitudes de la sociedad española

ante estos nuevos residentes en España».


Segundo: Ratificar que el informe que elabore será objeto de debate en

el Pleno de la Cámara.


Tercero: Ratificar que el plazo de finalización de sus trabajos será el

del fin de septiembre de 1997.


(BOCG D-032/27-6-96)

La Subcomisión solicitó al Pleno del Congreso de los Diputados un nuevo

mandato hasta finales de 1997 al efecto de poder concluir sus trabajos.


Esta solicitud fue aprobada por el Pleno en su sesión de 23 de octubre

de 1997.


II. COMPOSICIÓN Y SESIONES CELEBRADAS POR LA SUBCOMISIÓN

A. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN

El día 18 de septiembre de 1996 se constituyó la Comisión con los

siguientes señores Diputados:


AGUIRRE URIBE, María Jesús GV-PNV

CAMPUZANO I CANADES, Carles GC-CiU

FERNÁNDEZ SANZ, Matilde GS

JORDANO SALINAS, Diego GP

MATO ADROVER, Ana GP

RIVERO BAUTE, Paulino GCC

SANJUÁN DE LA ROCHA, Carlos GS

SELLÁN GONZÁLEZ, Presentación GIU

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Guillerme GMx

PRESIDENTE: D. Jerónimo Saavedra Acevedo GS

LETRADO: D. José Luis Ruiz-Navarro Pinar

Doña María Jesús Aguirre cesó como Diputada el 23 de septiembre de 1997,

siendo sustituida por don Carlos Caballero Basáñez. Con fecha 11 de

marzo de 1997, don Jesús Manuel Pérez Corgos sustituyó a doña Enriqueta

Seller Roca y el 14 de octubre de ese mismo año doña Inés Sabanés Nadal

sustituyó a doña Presentación Urán González.


En consecuencia, la composición definitiva de la Subcomisión ha sido la

siguiente:


CABALLERO BASÁÑEZ, Carlos GV-PNV

CAMPUZANO I CANADES, Carles GC-CiU

FERNÁNDEZ SANZ, Matilde GS

JORDANO SALINAS, Diego GP

MATO ADROVER, Ana GP

PÉREZ CORGOS, Jesús Manuel GP

RIVERO BAUTE, Paulino GCC

SABANÉS NADAL, Inés GIU

SANJUÁN DE LA ROCHA, Carlos GS

VÁZQUEZ VÁZQUEZ, Guillerme GMx

PRESIDENTE: D. Jerónimo Saavedra Acevedo

LETRADO: D. José Luis Ruiz-Navarro Pinar

B. COMPARECENCIAS CELEBRADAS POR LA SUBCOMISIÓN

La Subcomisión acordó, en su reunión de 9 de octubre de 1996, solicitar

la comparecencia de altos cargos de la Administración, expertos y

representantes de Organizaciones Sociales, con el fin de que pudieran

aportar sus conocimientos y sugerencias a los trabajos de la misma.


Las comparecencias celebradas por la Subcomisión han sido las siguientes:


- D. Juan Díez Nicolás, Director de CIRES, el 9 de octubre de 1996.


- D. José Carlos Fernández Rozas, Director Profesor del Centro

Universitario de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos, el 9 de

octubre de 1996.


- D. Bernabé López García, Director del Taller de Estudios

Internacionales Mediterráneos (Centro Internacional Carlos V.,

Universidad Autónoma de Madrid (219/94), el 12 de noviembre de 1996.


- D.a Carmen de Miguel Rivas, Coordinadora del Programa de

Sensibilización de la Fundación CIPIE (219/98), el 26 de noviembre de

1996.


- D. Alfredo Arahuetes García (Secretario General de la Fundación

CEDEAL), acompañado por don Pedro Vives Azancot (219/99), el 26 de

noviembre de 1996.


- D.a Almudena Fontecha López, Responsable de Política Migratoria de la

Unión General de Trabajadores (UGT) y Presidenta de la Comisión

Socio-Laboral y de Bienestar Social del Foro de la Emigración (219/105),

el 10 de diciembre de 1996.


- D. Joaquim Giol i Aymedich, Representante de Cáritas Diocesana de

Girona (219/111), el 18 de diciembre de 1996.


- D.a Aurelia Álvarez Rodríguez, Profesora Titular de Derecho

Internacional Privado de la Universidad de León (219/112), el 11 de

febrero de 1997.


- D. Antonio Izquierdo, Catedrático de Sociología de la Universidad de

La Coruña (212/113), el 11 de febrero de 1997.


- D. Francisco Soriano, Responsable de Política Migratoria de Comisiones

Obreras (CC.OO.) (219/119), el 18 de febrero de 1997.


- D. Eduard Sagarra, Profesor de Derecho Internacional Público de la

Universidad de Barcelona (219/120), el 18 de febrero de 1997.


- D. Juan José Rodríguez Ugarte, Presidente de la Comisión Educativa,

Cultural y de Comunicación Social del Foro de la Inmigración (219/137),

el 18 de marzo de 1997.


- D. Juan M.a Bandrés, Presidente de CEA (219/138), el 18 de marzo de

1997.


- D.a Estrella Rodríguez Pardo, Responsable del Area de Inmigrantes y

Refugiados de Cruz Roja (219/151), el 9 de abril de 1997.


- D. Manuel Gutiérrez Pérez, Alcalde de La Mojonera (Almería) (212/563),

el 9 de abril de 1997.


- D. Juan Sánchez Miranda, Vicepresidente de Andalucía Acoge (219/269),

el 24 de junio de 1997.


- D. Alfredo del Río Court, Representante para España de ACNUR (Naciones

Unidas) (219/270), el 24 de junio de 1997.


- D. Manuel Simón, Representante para España de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) (212/738), el 24 de junio de 1997.


- D. Abdel Hamid Beyuki, Presidente de la Asociación de Trabajadores

Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) (219/275), el 24 de septiembre

de 1997.


- D.ª Pilar Estébanez Estébanez, Presidenta de Médicos del Mundo

(219/276), el 24 de septiembre de 1997.


- D. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Subsecretario del Ministerio

del Interior y Presidente de la Comisión Interministerial de

Extranjería, acompañado de D. José Ramón Onega López, Director General

de Política Interior del Ministerio del Interior y Presidente de la

Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (212/783), el día 24 de

septiembre de 1997.


- D. Luis M.ª Cabello de los Cobos y Mancha, Director General de los

Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia (212/873), el día 8

de octubre de 1997.


- D. José Manuel Macías Romero, Director General de Acción e Inserción

Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía

(212/874), el día 8 de octubre de 1997.


- D. José Carvajal Salido, Subsecretario del Ministerio de Asuntos

Exteriores, acompañado de D. José Ignacio Carbajal Gárate, Director

General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos

Exteriores (212/875), el día 8 de octubre de 1997.


- D. Héctor Maravall Gómez-Allende, Director General del Instituto de

Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales (212/1098), el 29 de octubre de 1997.


- D. Valentín Gil López, Representante de SOS Racismo (219/286), el 29

de octubre de 1997.


- D. Álvaro Gil Robles, Presidente del Foro de la Inmigración

(219/287), el 29 de octubre de 1997.


- D. José Manuel Herrera Alonso, Responsable del Programa de Emigrantes

de Cáritas Española (219/293), el 12 de noviembre de 1997.


- D. Antoni Bruel i Carreras, Coordinador General de Cruz Roja Española

(219/294), el 12 de noviembre de 1997.


- D. Antoni Comas i Valdellou, Conseller de Bienestar Social de la

Generalidad de Cataluña (212/1114), el 12 de noviembre de 1997.


- D. Carlos Giménez Romero, Profesor Titular de Antropología de la

Universidad Autónoma de Madrid (219/311), el 25 de noviembre de 1997.


- D. Esteban Ibarra Blanco, Presidente de Jóvenes contra la Intolerancia

(219/312), el 25 de noviembre de 1997.


- D. José Manuel Sánchez García, Responsable de Relaciones

Internacionales del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y

Vicepresidente de la Unión Internacional de Sindicatos Policiales (UISP)

(219/313), el 25 de noviembre de 1997.


- D. Joaquín Arango Vila-Belda, Profesor del Instituto Universitario

Ortega y Gasset (219/314), el 25 de noviembre de 1997.


- D. Juan Luis Cebrián Echarri, Consejero Delegado del Grupo Prisa

(219/315), el 25 de noviembre de 1997.


La Subcomisión quiere hacer una expresa mención de reconocimiento a

todos los comparecientes y expresar su agradecimiento a todas estas

personas por su inestimable y desinteresada colaboración con los

trabajos que se han llevado a cabo. Es por ello que desea adoptar como

primera resolución que el presente Informe sea enviado personalmente a

todos los comparecientes, con la gratitud de los miembros de la

Subcomisión.


C. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA SUBCOMISIÓN

C.1 Documentación solicitada por la Subcomisión

La Subcomisión acordó, al efecto de elaborar el informe, solicitar la

documentación que a continuación se relaciona. Por su parte, los

comparecientes tuvieron a bien proporcionar a la Subcomisión una valiosa

documentación que ha sido tenida muy en cuenta a la hora de emitir el

presente informe.


- Actas y acuerdos del Consejo General de la Emigración (G.P. IU-IC)

- Acuerdos adoptados por los Consejos de Residentes Españoles hasta la

fecha (G.P. IU-IC)

- Documentación de valoración y seguimiento sobre la aplicación del

Reglamento de ejecución de la L.O. 7/1985 y en concreto datos sobre

entrada y residencia de extranjeros en España, acceso a la educación,

familias que han ejercitado el derecho de reagrupación familiar,

asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, acceso

a servicios para la protección de la salud, prestaciones a menores

extranjeros con familia o en situación de desamparo, número de entrada

de extranjeros, número de visados de estancia, residencia, número de

personas con permisos de residencia inicial, ordinario, permanente, por

circunstancias excepcionales, por reagrupación familiar, renovaciones,

acceso al empleo, permisos de trabajo otorgados, especificando su

tipología, y denegaciones de permisos de trabajo (G.P. IU-IC)

C.2 Documentación aportada por los comparecientes

- «Alternativas a una política de Inmigración».


[Entregado por el Director del Centro Universitario de Estudios

Superiores Sociales y Jurídicos «Ramón Carande», D. José Carlos

FERNÁNDEZ ROZAS. (G.P. Socialista) (219/93), durante su comparecencia el

12-11-96]

- «Atlas de la Inmigración Magrebí en España».


[Entregado por el Director del Taller de Estudios Internacionales

Mediterráneos (Centro Internacional Carlos V. Universidad Autónoma de

Madrid), D. Bernabé LÓPEZ GARCÍA. (G.P. Socialista) (219/94), durante su

comparecencia el 12-11-96.]

- Análisis de prensa sobre inmigración, de julio, agosto y septiembre de

1996.


- Historia de resúmenes de prensa.


- Memoria del año 1995.


[Entregado por la Coordinadora de Programas de Sensibilización de la

Fundación CIPIE, D.a Carmen de Miguel Rivas (G.P. Socialista) (219/98),

durante su comparecencia el 26-11-96.]

- Informe CIRES (Actitudes hacia los inmigran-

tes-octubre 1995).


[Entregado por D. Juan Díez Nicolás, Director del Centro de

Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES) (G.P. Socialista)

(219/104), durante su comparecencia el 10-12-96.]

- Comparecencia.


[Entregada por el Alcalde de La Mojonera (Almería), D. Manuel Gutiérrez

Pérez. (G.P. Socialista) (212/563) durante su comparecencia el 9-4-97.]

- «Líneas básicas de una política global de inmigración».


[Entregada por el Vicepresidente de ANDALUCÍA ACOGE, D. Juan Sánchez

Miranda (Inmigrantes) (G.P. Socialista) (219/269), durante su

comparecencia

de 24-6-97.]

- Diversa documentación.


[Entregada por el representante para España de

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), D. Manuel Simón (G.P.


Socialista) (212/738), durante su comparecencia de 24-6-97.]

- Invitación a unas jornadas.


[Enviada el 18-9-97 por el representante de Cáritas Diocesana de Girona,

D. Joaquim Giol Aymedich (G.P. Catalán-CiU) (219/111), después de su

comparecencia.]

- Diversa documentación.


[Entregada por el representante de Cáritas Española, D. José Manuel

Herrera Alonso (G.P. Popular) (219/293), durante su comparecencia de

12-11-97.]

C.3. Otra documentación aportada.


- Búsqueda bibliográfica con referencias relativas al proceso de

inmigración y emigración hacia y desde España desde los años noventa en

adelante.


[Enviado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),

Misión en Chile, del Centro de Información sobre Migraciones en América

Latina (CIMAL), el 27-1-97.]

- «Guía de la Nacionalidad Española».


- «Guía Práctica para los Trabajadores Extranjeros en España».


- «Guía Práctica de Pensiones asistenciales por ancianidad para

emigrantes españoles».


Expedientes conteniendo:


- «Guía de la Nacionalidad».


- «Revista Española de Derecho Internacional».


- «La nacionalidad del trabajador emigrante».


- «Nacionalidad y Emigración».


- «Legislación básica sobre extranjeros».


- «Alternativas a una política de inmigración».


- «Nationality laws in the European Union».


- «Jornadas sobre nacionalidad y extranjería».


- «Estudios de Derecho Europeo Privado».


- «Jornada sobre el Reglamento de la Ley de Derechos y Libertades de los

Extranjeros».


- «Revista de las Comunidades Europeas 'La Ley'».


- «Los movimientos migratorios: la inmigración».


- «La frontera: mito y realidad del nuevo mundo».


- «Boletín de los colegios de abogados de Aragón».


- «Anuario Españoles en el mundo».


- «Enciclopedia jurídica básica».


- «Convenio de Naciones Unidas sobre la protección de los trabajadores

migrantes, de 18 de diciembre de 1990».


- «Ponencia VI: status del extranjero en el Espacio Económico Europeo».


- «Entrada en vigor de la libre circulación de personas en siete de los

quince países de la Unión Europea».


- «Canje de Notas entre el Gobierno de España y EE.UU. sobre supresión

de visados».


- «La fortaleza Europea: el sueño inalcanzable de los inmigrantes».


- «Documentación: el pasaporte comunitario.»

- «La Ley: régimen jurídico de algunos iberoamericanos en el

ordenamiento español».


- «Jurisprudencia del TJCE».


- «Matrimonios de conveniencia».


[Enviado por el Área de Coordinación de Recursos, Información y

Documentación de la Dirección General de Trabajo y Migraciones de la

Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales el 7-2-97.]

- Carta del Consejo General de la Emigración, al Presidente de la

Comisión, el 18-12-96, con varias solicitudes.


[Enviada por el Consejo General de la Emigración al Presidente de la

Comisión el 27-1-97.]

- Acuerdos adoptados por el VII Pleno.


- Acta del VII Pleno (Borrador).


[Enviada por el Consejo General de la Emigración al Presidente de la

Comisión el 18-9-97.]

- Documentación sobre la situación de los migrantes y refugiados en

Ceuta y Melilla.


[Enviada por SOS Racisme al Presidente de la Comisión el 26-9-97.]

- Diversa documentación.


[Entregada por D. Luis María Cabello de los Cobos y Mancha, Director

General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de Justicia

(212/873) durante su comparecencia del 8-10-97) (el 9-10-97 envió otra

documentación).]

- «Formación de mediadores interculturales», de la Consejería de Asuntos

Sociales.


- «La intervención con inmigrantes desde los servicios sociales

comunitarios. Ponencias del curso de formación para trabajadores

sociales celebrado en Marbella», de la Consejería de Trabajo y Asuntos

Sociales de la Junta de Andalucía.


- «La integración social de los inmigrantes africanos en

Andalucía.-Necesidades y recursos», de la Universidad de Sevilla y de la

Junta de Andalucía.


- «Guía del Emigrante Andaluz Retornado», de la Consejería de Trabajo y

Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.


- Folletos varios.


[Entregado por D. José Manuel Macías Romero, Director General de Acción

e Inserción Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de

Andalucía (212/874), durante su comparecencia del día 8-10-97.]

- Diversa documentación.


[Entregada por D. José de Carvajal Salido, Subsecretario de Asuntos

Exteriores (212/875), durante su comparecencia del día 8-10-97.]

- Diversa documentación.


[Entregada por D. Héctor Maravall Gómez-Allende, Director General del

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales (212/1098), durante su comparecencia del

día 29-10-97.]

- «Informe anual sobre el Racismo en el Estado Español-1996».


[Entregado por D. Valentín Gil López, representante de SOS Racismo

(219/286), durante su comparecencia del día 29-10-97.]

- «La inmigración y el asilo en España».


[Entregado por D. Álvaro Gil Robles, Presidente del Foro de la

Inmigración (219/287), durante su comparecencia del día 29-10-97.]

- «Xenofobia en Europa. Instrumentos jurídicos contra el racismo».


- «El crimen racista de Aravaca».


- «Jóvenes contra la Intolerancia. Solidaridad, Tolerancia, Convivencia

democrática».


- Cuadernos de Análisis, 1 y 2.


- «Informe sobre la violencia urbana en la Comunidad de Madrid, primer

semestre 1997».


- «Acciones para un plan de medidas de los clubes de fútbol contra el

racismo y la intolerancia».


- Publicaciones racistas/fascistas.


[Entregado por D. Esteban Ibarra Blanco, Presidente de Jóvenes contra la

Intolerancia (219/312), durante su comparecencia del día 25-11-97.]

- «1977-1997, veinte años después, seguimos abriendo camino».


- Diversas estadísticas.


[Entregado por D. José Manuel Sánchez García, Responsable de Relaciones

Internacionales del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y

Vicepresidente de la Unión Internacional de Sindicatos Policiales (UISP)

(219/313), durante su comparecencia del día 25-11-97.]

III. VISITA AL VII PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE LA EMIGRACIÓN

Los días 19, 20 y 21 de mayo de 1997 se celebró en Madrid el VII Pleno

del Consejo General de la Emigración, al que asistieron los siguientes

miembros de la Subcomisión:.


D. Jerónimo Saavedra Acevedo (Presidente Comisión),

D. Diego Jordano Salinas (G.P. Popular),

D.ª Matilde Fernández Sanz (G.P. Socialista), y

D.ª Presentación Urán González (G.P. IU).


En el transcurso de la sesión que tuvo lugar el día 21 tomó la palabra

el Presidente del Consejo General, Sr. Rodríguez Pardo, quien dio la

bienvenida a los comisionados del Congreso de los Diputados y les

informó de los trabajos que se estaban realizando durante esta sesión

plenaria. En contestación intervino D. Jerónimo Saavedra Acevedo que,

después de hacer un breve resumen sobre los trabajos realizados hasta la

fecha, manifestó la total predisposición de la Subcomisión para recibir

del Consejo General de Emigración todas aquellas propuestas o

sugerencias que considerara convenientes al efecto de poderlas incluir

en el Informe que dicha Subcomisión debía elaborar.


A continuación, intervino doña Matilde Fernández, quien, tras saludar a

los asistentes y recordar la estructura de la Subcomisión y el objeto de

la misma, señaló que en 1990 el Congreso, por unanimidad de todos los

grupos políticos, había aprobado un texto que contenía las líneas a

seguir en política emigratoria, en política inmigratoria y en atención a

refugiados. Los cambios se han producido muy rápidamente y el Parlamento

ha estimado necesario constituir una Subcomisión para elaborar un

documento acorde con la situación actual y con vistas al futuro en

relación con la materia. Señaló que en ocasiones reiteradas ha expuesto

la posición de su partido en relación con las diversas reivindicaciones

del Consejo y manifestó que su Grupo mantenía la petición de

comparecencia del Presidente del Consejo y de los cuatro miembros que el

Consejo había designado, y que el documento que elabore su Grupo lo hará

llegar a este Consejo, para que, mientras se discute con los otros

Grupos,, se puedan recibir las sugerencias que los Consejeros formulen

al respecto. Señaló, asimismo, que su Grupo desearía que el informe se

concluyera en diciembre del presente año, por ser éste el Año Europeo

contra el Racismo; sugirió que en la comparecencia se aporten todos los

acuerdos adoptados por el Consejo durante este mandato, para intentar

incorporarlos, en su caso, al citado documento. Concluyó explicando el

análisis que su Grupo ha hecho de la evolución en política migratoria,

en esta Legislatura y en este primer año de Gobierno conservador,

destacando lo escaso de la misma y manifestando su apoyo al Plan

Integral de Salud anunciado por el Ministro en la sesión inaugural.


A continuación, el Presidente cedió la palabra al Sr. Jordano, quien

tras saludar a los miembros del Consejo y agradecer la invitación,

señaló la escasa representación de las mujeres en el Consejo General de

la Emigración, que es inferior a la que existe en el Congreso de los

Diputados, y deseó que se consiga un mayor interés de la mujer

emigrante, porque la emigración afecta a familias completas. Continuó su

intervención subrayando que para su Grupo el enfoque de los temas

relativos a la emigración han venido dominados no sólo ahora, sino

también en legislaturas precedentes, por el concepto de políticas de

Estado, no de políticas partidistas. Porque el emigrante, que tiene un

problema de alejamiento de la realidad en la que ha nacido, en lograr la

cobertura de una pensión suficiente, una cobertura sanitaria, requiere

que desde España se tenga conciencia de que los mayores problemas en la

emigración surgen a partir de determinadas edades, en que se pierde la

capacidad productiva, y en consecuencia son momentos en que un Gobierno

sensible tiene que atender en mayor medida a los emigrantes. Y tiene que

hacerlo desde la perspectiva de que a los residentes españoles en el

exterior lo que les preocupa es que haya vías para resolver de manera

positiva los problemas planteados. Su Grupo apoya con claridad la

constitución de esta Subcomisión partiendo de un concepto: las políticas

migratorias y los propios flujos migratorios son algo cambiante que

requieren adaptación de las normas a las realidades de cada momento, y

por tanto era aconsejable, con una visión lo más amplia posible, el

marco legal existente, qué reformas había que afrontar y las líneas

básicas que debían seguir las políticas respectivas. Señaló el Sr.


Jordano que las evaluaciones de las actuaciones del Gobierno se pueden

hacer desde distintas ópticas y cada cual en este aspecto cumple su

cometido. Según el principal partido de la oposición se entiende que no

se ha avanzado nada, mientras que por parte del Grupo que apoya al

Gobierno podría decirse que se ha hecho mucho; pero entiende que en

democracia los Gobiernos sucesivos se enlazan unos con otros y

determinadas políticas vienen condicionadas por la actuación del

Gobierno anterior. Recordó lo restrictivo del presupuesto para 1996,

explicó las circunstancias que exigían esa austeridad, y concluyó que se

está creando un marco imprescindible para el futuro desarrollo

económico, y permitir continuar aportando fondos para políticas

sociales. Se refirió a determinadas cuestiones concretas, entendiendo

que para los emigrantes siempre serán escasas, pues no todos tienen

acceso a ellas, y los esfuerzos tienden a mejorarlas en la medida de lo

posible. La acción global que se está llevando a cabo no se queda en

mera acción asistencial, sino que destaca como muy importante el hecho

de respetar el derecho político del emigrante, que conserva su

nacionalidad española y su derecho al voto, para lo cual la

Administración debe facilitar el ejercicio de este derecho al máximo

para lograr una efectiva participación de los residentes en el exterior

en igualdad con sus conciudadanos que residen en España. Aspecto éste en

que se ha hecho un importante esfuerzo. Se refirió a continuación a los

Senadores por la emigración, como representantes directos de los

españoles, propuesta en su día por el Presidente de la Xunta de Galicia,

y destacó la importancia que tendría el que en el Senado se pudiera oír

la voz de la emigración a través de sus senadores directamente elegidos

por quienes la integran, lo cual requerirá reformar la Constitución y

lograr consenso pleno en el tema entre todos los Grupos. Concluyó

manifestando que es necesario llevar a cabo los mayores esfuerzos para

profundizar en políticas de retorno, tanto desde el punto de vista

presupuestario como desde todos los que sea necesario.


Seguidamente intervino doña Presentación Urán, en representación del

Grupo de Izquierda Unida, quien se sumó a los agradecimientos

manifestados por los anteriores intervinientes y señaló que sería

preferible conocer las reivindicaciones que requieren solución a través

de los trabajos de la Subcomisión, prioridades y urgencias que

requieren, ya que el documento del que se parte se ha quedado obsoleto

con el paso del tiempo, debido a la rápida evolución de los flujos

migratorios, para complementarlo después con la comparecencia

específica. Su Grupo desea contar con la participación del Consejo para

elaborar las propuestas a presentar en la Subcomisión, las cuales se les

harán llegar para que manifiesten su punto de vista sobre el particular,

para recoger las reivindicaciones de los españoles residentes en el

exterior. Concluyó reiterando lo expuesto sobre escuchar a los

consejeros y agradeciendo la invitación a participar en este Pleno.


El VII Pleno del Consejo General de la Emigración aprobó propuestas en

materia de derechos civiles y participación sociolaboral y educación y

cultura.


IV. VISITA A LAS CIUDADES DE CEUTA

Y DE MELILLA

Como consecuencia de las informaciones que algunos comparecientes han

proporcionado a la Subcomisión, ésta acordó por unanimidad en su reunión

de 24 de septiembre de 1997, visitar las ciudades de Ceuta y Melilla a

fin de examinar in situ los alojamientos en que se encuentran recogidos

los inmigrantes subsaharianos y argelinos en estas dos poblaciones

españolas.


A. VISITA A LA CIUDAD DE MELILLA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

El día 21 de noviembre de 1997 una delegación de la Subcomisión

presidida por D. Jerónimo Saavedra Acevedo y compuesta, además, por D.a

Matilde Fernández Sanz (G.P. Socialista), D. Jesús Manuel Pérez Corgos

(G.P. Popular), D. Carlos Sanjuán de la Rocha (G.P. Socialista) y el

Letrado D. José Luis Ruiz-Navarro Pinar, visitaron la Ciudad Autónoma de

Melilla.


La visita se inició con la reunión con el Delegado del Gobierno, D.


Enrique Beamud Martín, quien hizo una amplia exposición de la

problemática y tratamiento dado al colectivo de inmigrantes

subsaharianos y argelinos que se encuentran alojados, respectivamente,

en los lugares denominados «Granja Agrícola» y Centro «Lucas Lorenzo».


Respecto de los inmigrantes subsaharianos, se informó a la Delegación

parlamentaria que éstos acceden de distintas formas a la ciudad, bien a

través de las alambradas del perímetro fronterizo, escondidos en

vehículos, en embarcaciones, etc., siempre procedentes de Marruecos.


De inmediato se incorporan a la Granja Agrícola, lugar de acogida de

este colectivo donde existe una dotación de la Sección Provincial de

Seguridad Ciudadana y son atendidos por voluntarios de la Cruz Roja. Al

día siguiente de su llegada suelen personarse en la Comisaría

acompañados por representantes del colectivo, donde son identificados y

se les toma sus huellas dactilares. Salvo las mujeres y los niños, que

tratan de ser alojados en establecimientos hosteleros, el resto queda en

este centro de acogida.


Los inmigrantes subsaharianos, según palabras del Delegado del Gobierno,

no presentan especiales problemas a la seguridad ciudadana, dedicándose

durante el día a trabajos como la venta de periódicos o el cuidado de

coches. En el mes de noviembre el número de subsaharianos acogidos el

centro de la Granja Agrícola era de 900.


Existen cuatro modalidades de salida:


a) Acogimiento en centros de ONGs en base a los programas del IMSERSO.


b) Reclamación por familiares.


c) Admisión a trámite de las solicitudes de asilo.


d) Internamientos en CIEs.


En los dos primeros casos, hasta finales de julio del presente año, los

inmigrantes subsaharianos eran provistos de salvoconductos por la

Delegación del Gobierno y desde dicho mes se les expide cédulas de

inscripción.


El segundo gran colectivo de inmigrantes es el constituido por los

ciudadanos argelinos que tienen una problemática distinta a los

anteriores. Si bien su número es menor, no superan en-la actualidad los

150, tienen una gran incidencia en la seguridad ciudadana,

protagonizando, según la Delegación del Gobierno, un mayor número de

incidentes de orden público y hechos presuntamente delictivos contra la

propiedad y las personas. Las autoridades han organizado su alojo en el

Centro «Lucas Lorenzo», dependiente de la Ciudad Autónoma. Su situación

administrativa varía entre aquellos que se encuentran pendientes de

expulsión y aquellos otros que están tramitando su solicitud de asilo,

que cuando es admitida se les expide sus correspondientes tarjetas de

embarque hacia la Península (este control lo realiza la Sección

Provincial de Extranjería y Documentación).


A continuación, la Subcomisión se entrevistó con el Cónsul General de

España en Nador, D. Fernando Sánchez Rau. De esta entrevista cabe

destacar la exposición que hizo el Sr. Sánchez Rau en relación con el

gran incremento de trabajo que ha experimentado el Consulado durante los

últimos años. Así, mientras en 1992 se expidieron 3.400 visados, en el

presente año de 1997 y hasta el 19 de noviembre, el número de visados

expedidos era de 11.917. Este aumento del trabajo se ha producido sin el

correspondiente aumento del personal, lo que provoca que el servicio que

presta la legación española no sea todo lo eficaz y rápido que debiera.


La Subcomisión se reunió también con los representantes de la

Administración Central en Melilla. En concreto, con D. Eduardo del Rosal

Vergara, Comisario Jefe Provincial, D. José Antonio Ramos Díaz, Teniente

Coronel de la Guardia Civil, D. Avelino González Martí-

nez, Director Provincial del IMSERSO, D. Antonio Rodríguez Clavero,

Director Provincial del Insalud,

D. Julio Caro, Presidente Provincial de la Cruz Roja y D. José Luis

Morillo López, Gerente del Hospital Comarcal. Esta reunión estuvo

presidida por el Delegado del Gobierno.


Por los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado se informó

que, como consecuencia del gran aumento de entradas ilegales de

inmigrantes subsaharianos a Melilla el pasado mes de agosto, se inició

su colaboración con el Ejército en la vigilancia del perímetro

fronterizo gracias a la cual este flujo ha descendido considerablemente.


En efecto, el colectivo de subsaharianos, debido al aumento de los

Programas de Acogida en centros de la Península y al descenso de las

entradas, ha disminuido notablemente. Los datos a fecha 19 de noviembre

de 1997 eran los siguientes: número total 894, mujeres 39 y niños 8. Las

nacionalidades más frecuentes son, por este orden, las siguientes:


Nigeria, Mali, Congo, Gana, Senegal, Somalia y Camerún.


Los representantes sanitarios informaron a la Subcomisión que hasta

agosto del presente año, la asistencia sanitaria al colectivo de

inmigrantes se venía prestando en el campo de la atención primaria por

la Ciudad Autónoma con la ayuda de centros privados, en relación con la

analítica y radiografía, mientras que las necesidades en el ámbito

hospitalario se prestaban a través del Hospital Comarcal.













A partir del citado mes de agosto, la Cruz Roja asume la atención

primaria y el Insalud la atención especializada de este colectivo.


A los inmigrantes se les hace un «screening» epidemiológico que permita

conocer tanto el estado sanitario de cada uno de ellos como el perfil

epidemiológico del grupo. Además de este estudio, que tiene carácter

confidencial para el paciente, el Insalud asume toda la atención

especializada consistente en urgencias, hospitalización, consultas

externas especializadas y pruebas complementarias.


Por su parte, el representante de la Cruz Roja informó que esta

organización lleva prestando atención a los inmigrantes desde 1991, si

bien hasta 1996 no se ha desarrollado de forma programada. A pesar de

ello, la realidad ha desbordado todas las previsiones debido al

incremento de personas, lo que ha obligado a readaptar la actividad a

las circunstancias de cada momento.


La Cruz Roja asume las funciones de distribución de las comidas, la

asistencia sanitaria y la de carácter social. Esta Oficina provincial

está compuesta por un responsable coordinador, dos médicos, una ATS,

tres asistentes sociales, un conductor, dos trabajadores de campo, un

auxiliar administrativo y cuatro voluntarios. En concreto, las funciones

que realiza la Cruz Roja al colectivo de inmigrantes es el siguiente:


reparto de comidas y útiles de aseo, atención médica y medicación,

atención social al colectivo, búsqueda y tramitación de plazas en

centros de la Península para su evacuación, gestión de pasajes para

viajar a la Península, atención pormenorizada a grupos vulnerables,

mujeres y niños, para su alojo voluntario en centros hoteleros.


Finalmente el representante del IMSERSO, después de señalar que Melilla

carece de mecanismos suficientes para hacer frente adecuadamente al

espectacular incremento de inmigrantes que han accedido a la ciudad en

los últimos meses, informó a la Subcomisión que fue, precisamente por

ello, que a partir de junio del presente año, el Instituto, en

colaboración con la Cruz Roja, diseñó un Plan Urgente de choque para

mejorar la situación de necesidad en que se encontraban los inmigrantes

subsaharianos.


Este Plan contempla tres líneas de actuación, a saber: la mejora

inmediata de las condiciones de vida de estos inmigrantes, la

construcción de un centro de acogida temporal digno para estas personas

y el incremento del ritmo de operaciones de acogida en la Península.


En la actualidad, los inmigrantes subsaharianos, como se ha dicho, se

encuentran alojados en el lugar denominado «La Granja», emplazamiento

cedido por la Administración de la Ciudad Autónoma. Este lugar no cuenta

con las mínimas condiciones para atender a las necesidades de estas

personas, máxime si tenemos en cuenta que el colectivo ha experimentado

en 1997 un importante incremento (de 260 personas en octubre de 1996 a

1.250 en septiembre de 1997), siendo en la actualidad 894 personas.


En La Granja se han realizado, no obstante, mejoras que la Subcomisión

ha tenido ocasión de comprobar en la detenida visita que realizó a este

lugar. Así, se lleva a cabo una limpieza diaria y desinfección periódica

del asentamiento. Se han construido, además, 30 duchas y más de 20

piletas para el aseo personal; se proporcionan periódicamente artículos

de higiene personal, así como bandejas y cubiertos para la comida. Se

han efectuado, igualmente, distintos trabajos de albañilería y

fontanería y están en fase de construcción 20 letrinas más. Debe

señalarse que Melilla padece problemas de abastecimiento de agua y que

La Granja no cuenta con las infraestructuras necesarias para atender a

este colectivo tan numeroso, por ello se encuentra en fase de

construcción un depósito de agua.


Respecto del alojamiento, las mujeres y los niños son alojados en

pensiones, aunque hay que señalar que algunas mujeres se han negado a

esta medida. Los hombres, que constituyen la práctica totalidad de este

colectivo de subsaharianos, están ubicados en La Granja que, a pesar de

resultar inadecuada para este menester, se ha visto mejorada con la

instalación de tres grandes carpas, literas y ropa de cama. Además, se

está procediendo al cubrimiento y acondicionamiento de dos antiguos

viveros, así como la habilitación de un comedor. No obstante, las

medidas siguen siendo insuficientes, lo que hace que muchas personas

tengan que dormir en coches y chabolas de un cercano depósito de

chatarra de la ciudad.


Por lo que a la alimentación se refiere, las comidas son realizadas por

la Comandancia General de Melilla, siendo los mismos alimentos que

tienen los soldados españoles. Se sirven en el campamento tres comidas

al día, que son repartidas por personal contratado de la Cruz Roja. Como

ya se ha dicho, se está procediendo al acondicionamiento de un recinto

al efecto de convertirlo en comedor, con un aforo aproximado de 400

personas.


Finalmente, debe señalarse que se encuentra en proyecto la construcción

de un centro estable de acogida temporal para los inmigrantes en

Melilla, lo que, en base a las actuales circunstancias, constituye una

gran satisfacción para la Subcomisión.


Por lo que respecta al colectivo de inmigrantes argelinos, por parte de

la Delegación del Gobierno en Melilla y del IMSERSO se han dado

instrucciones a la Cruz Roja para que proceda a llevar a efecto un plan

de choque en el Centro «Lucas Lorenzo» que afecte a su limpieza,

desinfectación y reparación. Por lo que se refiere a las condiciones

sanitarias y de manutención, el colectivo de nacionales argelinos se

encuentra en idénticas condiciones que los subsaharianos.


Además de esta importante reunión, la Subcomisión del Congreso de los

Diputados realizó una visita protocolaria a D. Ignacio Velázquez Rivera,

Presidente de la Ciudad Autónoma y de la Asamblea de Melilla.


Por la tarde de ese día 21, la Subcomisión giró una visita a los lugares

de acogida ya citados en los que pudo comprobar sobre el terreno las

condiciones precarias en que viven estos dos colectivos.


La visita a Melilla concluyó con una entrevista con miembros de ONGs

melillenses que expusieron su problemática a los miembros de la

Subcomisión.


La Subcomisión quiere expresar su agradecimiento a todas las personas

que le proporcionaron información y ayuda en esta visita y, en especial,

a D. Enrique Beamud Martín, Delegado del Gobierno, sin cuya inestimable

colaboración y hospitalidad la visita no hubiera sido tan fructuosa para

la elaboración del presente informe.


B. VISITA A LA CIUDAD DE CEUTA LOS DÍAS

1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 1997.


Los días 1 y 2 de diciembre de 1997, la Subcomisión visitó la Ciudad de

Ceuta, a la que asistieron: D. Jerónimo Saavedra Acevedo, D.ª Matilde

Fernández Sanz, D. Diego Jordano Salinas, D. Jesús Manuel Pérez Corgos y

D. Carlos Sanjuán de la Rocha y el Letrado D. José Luis Ruiz-Navarro

Pinar.


La visita se inició con una reunión de trabajo con D. Javier Cosío

Romero, Delegado del Gobierno en Ceuta, quien estuvo acompañado por D.


José María Deira, Comisario de la Policía Nacional y D. Julio Quílez,

Teniente Coronel de la Guardia Civil.


En esta reunión se hizo una amplia presentación de la situación en que

se encuentra el perímetro fronterizo con Marruecos y de la situación de

los inmigrantes alojados en el campamento de Calamocarro.


Respecto del perímetro fronterizo, se ha procedido durante los últimos

cinco años a unas importantes obras de impermeabilización entre los

tramos de las localidades de El Biutz y La Cabililla de Benzú, por un

presupuesto de 2.785.156.123 pesetas.


El objetivo de esta obra es, fundamentalmente, construir un sistema que

impida el paso en la frontera con Marruecos, de personas y mercancías de

forma ilegal.


Las obras, que no se encuentran concluidas en su totalidad, consisten en

la construcción de una carretera y una acera a lo largo de los

aproximadamente 8,5 kilómetros de frontera, lo más próxima posible con

la frontera con Marruecos. La acera es una plataforma en la que se

instalan todos los sistemas de seguridad y la carretera es, lógicamente,

un vial que discurre adosado a la acera y, por tanto, sirve de

plataforma de ayuda y acceso a la acera. Además, la carretera pretende

cumplir otras finalidades no estrictamente de seguridad fronteriza, como

son las de acceso a las viviendas antiguas, al polígono industrial a la

población de Benzú, etc.


La seguridad de la frontera se basa en un sofisticado sistema

electrónico que detecta cualquier objeto que traspase las vallas

colocadas.


Por lo que atañe a la inmigración en Ceuta, la Subcomisión fue informada

de que durante 1996 y el presente año 1997 se ha venido experimentando

una tendencia en su flujo. Como consecuencia de los últimos contactos de

la Administración española mantenidos con Marruecos, se aprecia una

mejoría notable, lo que ha derivado en mayores facilidades para la

devolución de los inmigrantes ilegales, cumpliendo con el Convenio

bilateral hispano-marroquí de Readmisión.


También hay que subrayar la estacionalidad a la que se ve sometido el

flujo de inmigrantes a Ceuta. La llegada de un mayor o menor número de

personas que pretenden pasar la frontera irregularmente, depende de

varios factores: el principal son las condiciones de guerra e

inestabilidad política, económica y social de los países de origen, que

empuja a estas personas hacia la Unión Europea como tierra prometida.


Por otro lado, las posibilidades de éxito de la aventura que supone para

estas personas recorrer en condiciones durísimas miles de kilómetros

desde sus países de origen, se ve condicionada en gran medida por las

condiciones climáticas, por lo que el flujo migratorio aumenta en las

estaciones estivales, cuando las lluvias y el frío son menores.


Igualmente debe destacarse el cambio de tendencia que viene

experimentando la corriente migratoria. Así, la población de nacionales

de Argelia en los últimos meses de 1997 ha ido aumentando paulatina y

constantemente hasta convertirse en mayoritaria en el colectivo de

inmigrantes que actualmente se encuentran acogidos en el campamento de

Calamocarro.


Respecto de este centro de acogida, único existente en Ceuta y que fue

visitado por la Subcomisión, debe señalarse que en el mismo conviven dos

colectivos distintos y bien diferenciados, los subsaharianos y los

argelinos.


A pesar de las condiciones del centro son precarias y lo hacen

inadecuado para permanecer en él durante muchos meses, como ocurre en la

actualidad, durante el último año se han llevado a cabo mejoras

importantes. Así, se ha construido una nave dormitorio donde se han

instalado literas. Las antiguas tiendas militares han sido sustituidas

por otras nuevas propiedad de Protección Civil. Se han instalado un

total de diecinueve tiendas, nueve para el colectivo de los

subsaharianos y diez para el de los argelinos. Otras mejoras son la

construcción de un drenaje en la explanada del campamento que facilita

los trabajos de limpieza y desinfección. El techado del lugar donde se

reparte la comida, la ampliación de los puntos de alumbrado, etc.


La alimentación de los inmigrantes de Calamocarro está cubierta por el

Ejército, al igual que en Melilla. Diariamente se reparten las comidas

por el personal de la Cruz Roja. Según se informó a la Subcomisión,

desde octubre de 1996 las raciones de comida han sido aumentadas a 500

por día.


La atención médica, que comenzó a funcionar el 20 de enero de 1997,

cuenta con una médico y un ATS contratados por Cruz Roja con fondos del

IMSERSO. El horario de atención médica es de lunes a viernes, de 10 a 14

horas, las consultas se llevan a cabo en un módulo prefabricado, cedido

por una empresa particular, en tanto es enviado el que se ha solicitado

por el IMSERSO, previsto que esté instalado antes de que finalice 1997.


También ha sido instalada una tienda auxiliar, cedida por Protección

Civil, que se utiliza como hospital de campaña para albergar a aquellos

inmigrantes que requieren cuidados especiales o de observación. La

atención médica especial se realiza en el centro del Insalud.


La Subcomisión quiere resaltar especialmente la labor que en el Centro

de Calamocarro viene prestando D.ª Ana García y sus colaboradores, que

de forma absolutamente altruista están realizando un trabajo encomiable

de atención y ayuda a los inmigrantes. Este grupo de voluntarios, con la

colaboración de la Administración, imparte clases de español para este

colectivo.


La Subcomisión, en el curso de su visita, se entrevistó con las

autoridades autonómicas, en concreto con el Vicepresidente de la Ciudad

Autónoma de Ceuta.


La Subcomisión mantuvo en la sede de la Delegación del Gobierno

reuniones con las siguientes organizaciones no gubernamentales y

voluntarios: D. Joaquín Ríos, Presidente de ACOGE-Ceuta, D.ª Ana García,

D. Julio Parres Aragonés, Presidente de la Asamblea Provincial de Cruz

Roja, D. Diego Sánchez Baglieto, Secretario de la Asamblea Provincial de

Cruz Roja y D. Luis Manuel Aznar, Asesor del Gabinete Técnico de la

Delegación del Gobierno. Todos ellos manifestaron su inquietud por la

situación de precariedad y hacinamiento en que se vive en Calamocarro,

las mejoras que se han venido produciendo en los últimos meses y la

necesidad de encontrar soluciones a este grave problema, entre las que

se encuentran como una de las más importantes el que se agilicen las

salidas de inmigrantes hacia la Península.


La Subcomisión quiere agradecer a todas las personas con las que se

entrevistó, y muy especialmente a D. Javier Cosí Romero, Delegado del

Gobierno en Ceuta, su valiosísima colaboración y amabilidad mostradas

durante esta visita.


V. INTRODUCCIÓN

Esta Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y

Empleo del Congreso de los Diputados, es un órgano esencialmente

político y plural, al estar representados la totalidad de los Grupos

Parlamentarios de la Cámara. En consecuencia, el informe que ha emitido

es un documento que refleja esta pluralidad, propia de un Parlamento

democrático. No se trata, por lo tanto, de un informe que tenga

pretensión didáctica o erudita alguna, sino que su finalidad no es otra

que, a la vista de la realidad de los emigrantes españoles y de los

inmigrantes que viven en nuestro país, proponer soluciones que permitan

mejorar su situación jurídica, económica y social.


Así, el presente Informe, además de la parte de precedentes en la que se

describe el trabajo realizado por la Subcomisión a lo largo de sus casi

20 reuniones, en las que se han celebrado un total de 36 comparecencias,

una visita al Pleno del Consejo General de la Emigración celebrado en

Madrid, y dos viajes a las ciudades de Ceuta y Melilla, comprende cuatro

partes bien diferenciadas.


No debe considerarse una casualidad que la primera parte del informe se

dedique a la situación de los emigrantes españoles residentes en el

extranjero, ya que la Subcomisión ha mostrado a lo largo de sus trabajos

su especialísima sensibilidad por todos los españoles que por una u otra

razón han tenido que abandonar su familia, su casa y su tierra de origen

para vivir fuera de nuestras fronteras. En esta parte del documento, se

realiza una descripción histórica sobre la evolución de nuestra

emigración, así como un planteamiento de la situación jurídica y social

de este colectivo en la actualidad. Se contienen además las

correspondientes propuestas que la Subcomisión realiza al Gobierno de la

nación, a las Comunidades Autónomas, a las Entidades Locales, así como a

otras entidades públicas y privadas.


La segunda parte estudia la problemática de la inmigración en nuestro

país, haciéndose una amplia descripción sobre la situación de los

inmigrantes y unas consideraciones generales sobre este problema. Este

apartado se cierra, al igual que el anterior, con las correspondientes

propuestas que la Subcomisión realiza a los poderes públicos.


La tercera parte analiza el problema de los refugiados y asilados,

haciéndose una descripción sobre esta situación en el mundo y las

repercusiones que la misma tiene en nuestro país. La solicitud de asilo

se ha convertido en un derecho al que nuestra legislación no puede ser

ajeno, por lo que el informe contiene propuestas para mejorar nuestro

ordenamiento jurídico en esta concreta cuestión.


La cuarta y última parte del informe, se refiere al problema del racismo

y la xenofobia en España, considerando que el presente año de 1997 se

celebra el Año Europeo Contra el Racismo y la Xenofobia, que ha generado

una importantísima actividad, tanto en la Unión Europea como en nuestro

país. El informe contiene las correspondientes propuestas para luchar en

España contra la lacra social que supone la intolerancia, la

discriminación, el odio y la violencia contra los colectivos más

desprotegidos.


VI. LA SITUACIÓN DE LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

A. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

EMIGRACIÓN ESPAÑOLA

España fue un país de emigración. Lo fue en el si-

glo XIX, con rumbo a América, en el marco de un proceso atlántico del

que también participaron otros países europeos que acudieron en masa a

unos territorios donde había trabajo, salarios, riqueza y suelo.


Lo ha sido en el siglo XX, también hacia países industrializados de

Europa donde había necesidad de mano de obra no muy cualificada para la

industria y los servicios.


Los poderes públicos de nuestro país empezaron a fomentar la emigración

hacia América a partir de 1853, y al terminarse el siglo, ya se habían

marchado medio millón de personas. Eran, fundamentalmente, gallegos,

canarios y ciudadanos del resto de la cornisa cantábrica que se

dirigieron hacia la República Argentina, Méjico, Cuba y otros países del

centro de América.


Después de los primeros 15 años del siglo XX, España había perdido casi

el 20 por ciento de su población. Nuestro país contaba con apenas

19.000.000 de habitantes y alrededor de 1.800.000 personas habían

emigrado.


Las causas de esta sangría de trabajadores estaban en las injustas

estructuras sociales de la España decimonónica, y en sus grandes

desequilibrios sociales que impedían las igualdad de oportunidades y la

movilidad social de las clases obreras y campesinas.


Es conocido que la integración de los emigrantes españoles fue buena,

que desarrollaron iniciativas y mucha laboriosidad y que crearon -con el

paso del tiempo- servicios, comercio y pequeñas industrias en los países

en los que echaron raíces; ascendieron socialmente y decidieron

permanecer, en la mayor parte de las ocasiones, de forma definitiva.


Una segunda diáspora migratoria se produce como consecuencia de la

Guerra Civil, y otro medio millón de personas salen de España. Como

éxodo político, no debemos incorporarlo en este apartado de emigración,

salvo para recordar el dato de que otros 400.000 españoles fueron a

Francia, 30.000 a Iberoamérica y casi todos ellos a México, 3.000 a la

URSS y 20.000 al norte de África.


La corriente migratoria se reanuda a partir de 1940, y en los veinte

años siguientes-del cuarenta a los sesenta- salen hacia América unos

32.000 ciudadanos al año. Lo hacen como reagrupamiento familiar y como

profesionales y mandos especializados que buscan la promoción que aquí

no ven. Teníamos que reconstruir un país y las personas mejor preparadas

se tuvieron que ir, por uno u otro motivo, y lo hicieron en una cifra

superior a los 600.000.


A partir de 1960, la emigración vive un profundo giro copernicano. Otros

dos millones de españoles se dirigen a Europa entre 1960 y 1973.


Francia, Alemania, Suiza, Gran Bretaña y Países Bajos son los países que

reciben a más españoles. De forma temporal o de manera permanente,

ciudadanos andaluces, gallegos, madrileños, castellanos, valencianos y

extremeños emigran en una tercera etapa.


En esta ocasión, los poderes públicos durante la dictadura sí que

alentaron este éxodo migratorio. La huida del campo a la ciudad, la mano

de obra campesina que no pudo ser absorbida por la industria y el fuerte

crecimiento demográfico, el alto desempleo y el deseo de evitar los

conflictos sociales y laborales de aquella situación política, económica

y social, produjeron y fomentaron la que se ha dado en llamar la última

etapa emigratoria española.


Sustantivas reservas económicas entraron en España procedentes del

ahorro de los emigrantes, superiores a la exportación del país en la

mayoría de aquellos años. Los ingresos de los emigrantes y el turismo

fueron la base de nuestro desarrollo.


Desde 1973 -crisis del petróleo-, los españoles empiezan a retornar a un

promedio de 70.000 al año. Las salidas son muy escasas y para trabajos

temporales. Las más numerosas se producen hacia Suiza para trabajar en

la construcción y hacia Francia para hacerlo en la vendimia y otras

faenas agrícolas. La mayor parte de los años de la década de los ochenta

y el primer lustro de los noventa, no salen del país para trabajar fuera

ni 1.000 españoles por año.


De los millones de hombres y mujeres que desde 1853 a 1973 salieron del

país, permanecen fuera, con nacionalidad española -sea de primera,

segunda o tercera generación- un millón doscientos mil españoles.


¿Por qué el Parlamento en 1997 se sigue ocupando de los españoles

emigrantes y residentes en el exterior? Porque así nos lo manda nuestra




Constitución. No hay mejor argumento.


La Constitución de 1978 diseñó las líneas maestras de la política

migratoria del Estado en su Artículo 42: «El Estado velará especialmente

por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los

trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su

retorno.» Esta formulación constitucional no tiene antecedentes en el

Derecho Histórico.


Durante los siglos XVII y XVIII, estaba prohibido irse del país. Fueron

los liberales del siglo XIX los que reconocieron la «libertad de

emigración» en la Constitución de 1812, en la de 1854 y abiertamente en

la Carta Magna de 1869.


Durante el reinado de Alfonso XII, en 1907, se promulga la primera Ley

de Emigración. En sus 57 Artículos, define y establece la libertad de

todo español para emigrar, crea un Consejo Superior de la Emigración

-consultivo y fiscalizador-, y se preocupa de frenar los posibles abusos

que se pudieran producir en el viaje a ultramar. Esta primera Ley no se

ocupaba para nada de lo que le pudiese suceder en cualquier país a donde

hubiera llegado el emigrante. Y hasta 1956 estuvo vigente esta Ley y

otra del año 1924.


Por eso, los españoles tuvieron que crear en América Sociedades de

Socorro Mutuo y Beneficencia -que hoy aún perviven-, para ejercer entre

ellos la solidaridad de la que se había desentendido su país y

gobernantes.


La Dictadura tampoco se ocupó de los emigrantes en América; la prueba es

que hasta 1956 no se elabora otra Ley en la que se crea el Instituto

Español de Emigración, y hasta 1960 no desarrollan una Ley de Bases de

Ordenación de la Emigración. Cuando la emigración va hacia Europa y las

divisas entran en las arcas del Tesoro.


Once años más tarde, en 1971, otra Ley de corte paternalista -como la de

1960- regula programas a los que pueden acogerse los emigrantes.


Tuvo que llegar la democracia y el despegue económico de nuestro país

para que se superase el paternalismo y se potenciase la participación de

los emigrantes, desde los países donde vivían, a través de los CREs y en

el Consejo General de la Emigración, se facilitase el derecho al voto en

cada proceso electoral, se posibilitase la recuperación de la

nacionalidad española perdida, se dedicasen recursos a políticas

sociales (pensiones no contributivas, servicios sociales, prestaciones

sanitarias, red y ayudas educativas...), se extendiesen las políticas

informativas y culturales y se iniciase una política de retorno.


Hoy, en el Congreso de los Diputados, desde el trabajo de la

Subcomisión, hemos de proponer a todos los poderes públicos las medidas,

aún necesarias, que logren la igualdad de oportunidades y de trato en la

esfera política, social, económica y cultural entre todos los españoles,

residan donde residan.


Derechos tan elementales como el de sufragio, la igualdad de

oportunidades educativas y culturales, el derecho a la información, la

participación administrativa y su derecho a trabajar en las

administraciones, el conjunto de derechos sociales... hemos de asegurar

que al final de este siglo deben estar perfectamente garantizados para

los españoles «del exterior».


Los españoles residentes en el extranjero en el último lustro de este

siglo (con datos de diciembre de 1993) son alrededor de un millón

doscientas mil personas (1.200.000), distribuidas por los cinco

continentes de la siguiente manera:


La población española que vive en Europa reside fundamentalmente en los

países de la Unión Europea y básicamente en Francia (212.000) y Alemania

(134.000). El tercer país de residencia en orden a la importancia de la

colonia española es Suiza (106.000), país que no pertenece aún a la

Unión Europea y que genera algunos conflictos al no estar vinculado al

compromiso de algunos derechos sociales que los países de la Unión

Europea se autoexigen, por lo que estimamos importante que el Gobierno

de España no deje de impulsar las negociaciones entre la Unión Europea y

Suiza. Hoy es una comunidad compuesta por trabajadores y sus familias

que están razonablemente integrados y que poseen características

parecidas a las de los trabajadores autóctonos de su mismo o parecido

nivel socio-laboral. Sus derechos sociales son los mismos que los de los

nacidos en los países donde residen, en igualdad de condiciones.


La segunda y tercera generaciones de esta colectividad de españoles en

Europa se encuentra más integrada aún y formando parte de dos

sociedades; nuestro reto es y será que no se desvinculen del país donde

nacieron ellos o sus padres.


La población española que vive en Iberoamérica se concentra, también, en

pocos países, siendo Argentina el país más importante en número

(270.000), país donde reside la mitad de la población española

desplazada a aquella parte del mundo. Es seguida por Venezuela

(127.000), Brasil (82.000) y Uruguay (28.000).


Tres son las características comunes de la población española en

Iberoamérica:


- Su concentración espacial, no sólo ya en los países que acabamos de

citar, sino también dentro de cada país, concentrándose en una sola zona

y siempre en la capital de los países o en la zona más desarrollada del

país (en Argentina, en Buenos Aires y en el resto de la provincia de

Buenos Aires; en Venezuela, en Caracas y en los estados vecinos,

especialmente Miranda; en Brasil, en el estado de Sao Paulo; y en

Uruguay, en su capital, Montevideo).


- Sus empleos son urbanos y se centran especialmente en el sector

terciario. Trabajan mayoritariamente como autónomos y como pequeños

empresarios.


- Su envejecimiento: la mitad de estos españoles tiene más de sesenta

años y tres cuartas partes de ellos más de cuarenta años.


El retorno a España de estos españoles que un día tuvieron que emigrar

ha sido constante durante toda la década de los años ochenta y los años

pasados de los noventa. En el período 1985-1990, regresaron 90.000

españoles (57.000 de países europeos y 27.000 de países americanos). Y,

en el período 1990-1993 lo han hecho alrededor de 110.000 españoles

(66.000 desde Europa y 37.000 desde América).


La emigración temporal también ha ido descendiendo hasta los datos de

hoy día, que nos permiten decir que casi no existe. Los trabajadores

temporeros a Europa no llegan a 2.300 al año, siendo Suiza y Francia los

únicos países que los demandan y en países no europeos no hay más de

1.000 personas al año con trabajadores desplazados por empresas

españolas y con marineros tripulantes en buques con banderas de

conveniencia.


B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

B.1 Sobre la participación de los emigrantes

La Subcomisión considera que el Gobierno debe revisar y actualizar la

legislación que regula, desde 1987, los dos cauces de participación de

los emigrantes/residentes en el exterior -los Consejos de Residentes y

el Consejo General de la Emigración-. En el futuro habrá que continuar

considerando las recomendaciones realizadas por el Consejo General,

especialmente aquellas que: posibilitan la constitución de los CREs (no

exigiendo un 10 por ciento de participación del censo cuando sólo hay

una candidatura que se presenta) y así el desarrollo de la democracia

participativa; se dotarán de presupuesto reflejado en los Presupuestos

Generales del Estado para su funcionamiento y también para sus procesos

electorales; amplían sus competencias consultivas así como se configuran

otras que obliguen a la consulta previa antes de la toma de decisiones.


El pasado día 26 de diciembre de 1997 se ha aprobado el Real Decreto

2022/1997, sobre los cauces de participación institucional de los

españoles residentes en el exterior que viene a modificar el

anteriormente vigente Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre.


Se recoge en su contenido la obligación de informar al Consejo General

de la Emigración de los proyectos de norma que afecten a la emigración.


La Subcomisión entiende que el Gobierno debe adoptar las medidas

necesarias para que el CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes)

quede concluido en el plazo más breve posible y se revise y actualice

constantemente con los recursos humanos y técnicos que sean necesarios.


B.2 Sobre el apoyo a las Asociaciones

La Subcomisión considera que el Gobierno y los restantes poderes

públicos deben apoyar a los centros de los españoles y potenciar sus

asociaciones y dotarles de subvenciones con estabilidad, especialmente

cuando realizan prestaciones sociales.


Se ha de impulsar un nuevo sentido lo más democrático y cualificado

posible en las Sociedades de Socorro Mutuo y Beneficencia, así como en

el conjunto de los centros sociales y culturales de los españoles en el

exterior para que jueguen el papel de solidaridad o el de difusión

cultural, tal y como hoy día se necesita y demanda. Las Administraciones

han de procurar que no se pierda el patrimonio español en el exterior,

vía fusiones, venta de inmuebles para mejorar otros, constitución de

fundaciones, como la Fundación España en Argentina, realizando

prestaciones de nuevos servicios, etc.


B.3 Sobre los Derechos Civiles de los emigrantes españoles

La Subcomisión está persuadida que las Cortes Generales deben elaborar

una Ley de Nacionalidad, mejor que nuevos cambios en el Código Civil

(somos el único país que tenemos regulada la nacionalidad en el Código

Civil junto con el Vaticano). Una Ley que ordene este tema de la manera

más positiva posible. Que posibilite la recuperación de la nacionalidad

a los españoles o sus descendientes que aún no lo han hecho y que

permita la compatibilidad de la nacionalidad española con la de otro

país si el español, por diversos motivos, se vio obligado a tomarla.


La Subcomisión entiende que hay que modificar la Ley Orgánica 3/1995 que

a la vez es modificación de

la Ley Orgánica 5/1985 sobre Régimen Electoral General para seguir

produciendo los cambios necesarios que posibiliten el voto de los

españoles en el exterior en igualdad de condiciones a los que estamos en

el país y especialmente en las elecciones autonómicas y generales. Para

lo que se tendrá que tener en cuenta las sugerencias y propuestas del

Consejo General de la Emigración y concretamente su propuesta de

configurar mesas electorales en Embajadas y Consulados de España.


La Subcomisión considera que en el supuesto de abordarse la reforma

Constitucional del Senado, en la línea de tender a convertirlo en una

auténtica Cámara de representación territorial, debe estudiarse la

posibilidad de crear la figura del Senador en representación de los

emigrantes; elegido de entre los emigrantes residentes en el exterior,

en uno o varios colegios electorales, por electores que serían los

emigrantes con nacionali-

dad española y residencia estable fuera del territorio español.


B.4 Sobre el retorno de los emigrantes y sus familiares

La Subcomisión considera que todos los poderes públicos del Estado,

siguiendo el mandato constitucional, deben establecer en los próximos

años un Plan Coordinado para posibilitar el retorno de los españoles y

sus familias que lo deseen y lo necesiten.


Ese Plan precisa la configuración de una unidad específica en los

Servicios Exteriores del Estado que disponga de una fluida, correcta,

constante información y desde la que se puedan iniciar las gestiones

para el retorno de los españoles.


El Plan se debe realizar en colaboración con las Comunidades Autónomas y

con los Ministerios afectados, porque debe tener en cuenta política de

vivienda, de empleo, de homologación de títulos y de información y

orientación constante. Los servicios sociales hacia las personas mayores

y especialmente las plazas en residencias o pisos tutelados deberán

disponer de un baremo para atender el sector de los mayores cuando no

disponen de vivienda en nuestro país. El Plan debería prever

especialmente su financiación. Para la concesión de una vivienda pública

o de protección pública, también se elaborará por las Comunidades

Autónomas un baremo donde se tenga en cuenta la solicitud de los

españoles que pretendan retornar.


La Subcomisión entiende que debe concluirse por la Administración del

Estado su labor de recopilación de las normas de las diversas

Administraciones hasta obtener un texto compendiado de normas relativas

a la emigración que se utilice como instrumento de trabajo con carácter

informativo.


B.5 Sobre las políticas de bienestar

La Subcomisión considera que el Gobierno debe consolidar las pensiones

no contributivas para los mayores de 65 años y sin recursos que no

residan en España. Se han de pagar con más frecuencia (ahora es

semestralmente), con más cercanía a los lugares donde se vive y

utilizando preferentemente la Banca y Cajas de Ahorro españolas salvo

que los interesados pidan que el abono de su pensión se efectúe mediante

el pago del cheque bancario que se le entregue en su domicilio. Deberá

existir una Unidad específica en el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales para analizar constantemente los baremos -su objetividad y

precisión- que conducen a las cantidades que reciben en cada país.


La Subcomisión insta al Gobierno para que adopte las medidas pertinentes

para agilizar la tramitación del reconocimiento de prestaciones por la

Seguridad Social española en favor de quienes tengan acreditados

períodos de trabajo en el extranjero.


La Subcomisión insta al Gobierno para que continúe con la ampliación y

diversificación de la oferta de viajes del INSERSO y residencias de

tiempo libre en España a los emigrantes españoles pensionistas y

jubilados.


La Subcomisión insta al Gobierno a que promueva convenios de Seguridad

Social o revisiones, en su caso, con los países donde haya emigrantes

españoles con el objetivo de mejorar tanto la protección social de los

mismos como otras necesidades en línea de equiparación con nuestro país.


La Subcomisión insta al Gobierno para que se realice un Plan de Salud

(Asistencia Sanitaria Básica y Atención Hospitalaria) para atender a los

españoles residentes en países donde no existe una sanidad pública y

universalizada y ellos no disponen de recursos suficientes. Negociando

con entidades privadas o sin fin de lucro y preferentemente españolas.


España no deberá tener ningún hospital cerrado como actualmente nos

sucede en un lugar tan necesario como es Tánger.


La Subcomisión entiende que el Gobierno, aprovechando al máximo las

infraestructuras existentes en el mundo que son obras de los españoles,

ha de impulsar una red de Centros de Día y Residencias para los mayores

que residen en países donde no se ha desarrollado el estado de bienestar

ni la Seguridad Social pública con prestaciones sociales dignas. Son

prioritarios los países de América Central y América del Sur, los países

del Este y Centro de Europa, especialmente Rusia y también Marruecos.


Las subvenciones a las organizacio-

nes o instituciones españolas se darán prioritariamente para cubrir esta

finalidad social con nuestros mayores ausentes.


La Subcomisión propone el establecimiento en las Oficinas Consulares y

Laborales, en colaboración con el INEM y la Red Europea EURES, de un

fichero permanente de concursos y ofertas de empleo público y privado

con amplia difusión entre los españoles residentes en el extranjero

La Subcomisión considera que el Gobierno de la nación y las Comunidades

Autónomas deben potenciar los Centros Culturales Españoles y las

actividades de las Asociaciones Españolas en defensa de las lenguas y

las culturas de nuestro país. El Instituto Cervantes deberá también

mantener contactos con el Consejo General de la Emigración y con los

Consejos de Residentes en cada país para proponer actividades que

también les sean cercanas a los españoles.


La Subcomisión entiende que, a nivel educativo, la Ley Orgánica sobre

ordenación General del Sistema Educativo -Ley 1/1990- dejó claro el

marco para la actuac, de 25 de junio, dejó claro que la acción educativa

en el exterior deberá: atender las necesidades de la población española

en el extranjero, responder a las demandas de aprendizaje del español

por los ciudadanos extranjeros y contribuir a la promoción y difusión de

nuestra lengua y cultura por el mundo. Se garantizará la participación

de los padres, profesores y alumnos en todos los ámbitos de la enseñanza

española en el exterior.


La Subcomisión entiende además que es necesario aumentar los recursos

existentes para potenciar la red actual de colegios y de centros

extranjeros con sección española. Al mismo tiempo, deberían impulsarse

actuaciones impulsadas a dar respuesta a las demandas de enseñanza del

vasco, gallego y catalán, además del castellano que se puedan producir.


Finalmente, y

en colaboración con las Comunidades Autónomas,

se estudiarán los mecanismos que puedan permitir

que los alumnos con lengua propia diferente a la castellana puedan

aprender, además del castellano, su

lengua.


En consecuencia, la Subcomisión insta al Gobierno para que dedique más

recursos a la extensión de la red de colegios, de titularidad pública o

de titularidad mixta, por diferentes países. Hoy disponemos de treinta.


Se debe conseguir un mayor número de Centros Educativos extranjeros

donde haya secciones españolas a través de los convenios entre nuestro

Ministerio de Educación y Cultura y los Ministerios similares de otros

países y primando aquellos donde hay hijos de españoles. Si hoy

disponemos de 32 centros extranjeros en Europa y Estados Unidos donde

hay Secciones Españolas, en los próximos años hemos de seguir

potenciando estos convenios en países donde no se habla español y

prioritariamente en Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda,

Canadá y Estados Unidos.


La Subcomisión entiende que también se deberá potenciar la presencia de

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en los

diferentes países donde hay españoles, para posibilitar la obtención de

títulos universitarios por la universidad española.


La Subcomisión entiende que las Radios y la Televisiones públicas

deberán extenderse por el mundo para llegar a los pocos países donde aún

no llegamos y hacerlo mejorando la calidad de sus contenidos. La Radio y

la Televisión han de ser un medio para conocer la lengua española, para

tener contacto con nuestras Universidades y para divulgar la realidad

pluricultural y plurilingüística del Estado.


La Subcomisión solicitaal Gobierno su apoyo para la búsqueda, selección

y retorno de materiales y documentos de los españoles de la emigración y

del exilio para poder recuperar parte de la memoria histórica de este

país.


VII. LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES

EN ESPAÑA

A. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Primero.- Descripción del fenómeno.


1.1 Evolución histórica: Aspectos cualitativos y cuantitativos.


España ha conocido un rápido aumento del número de residentes

extranjeros en situación regular en las últimas décadas. De 181.544

personas en 1980 se pasó a 399.377 en 1990 y a 538.984 en 1996. En el

año 1997 se ha llegado a una cifra de 600.000.


Junto al flujo inmigratorio efectivo de casi 360.000 inmigrantes

regulares se ha de considerar las 98.382 concesiones de nacionalidad

durante todo este período (58.609, el 59,5 por ciento a americanos;

29.475, el 29,8 por ciento a europeos y 27.888, el 28,3 por ciento a

africanos).


La mayoría de la población extranjera regular está concentrada en

regiones costeras, con gran actividad del sector servicios, y en el

entorno de las grandes ciudades. Baleares, Canarias, la costa

mediterránea de Málaga a Alicante, junto a Madrid y Barcelona,

concentran el 74 por ciento de la población extranjera. La costa

mediterránea ejerce una atracción muy fuerte tanto como lugar de

trabajo, como de retiro, sobre todo entre los europeos.


Los residentes europeos representan el 50,6 por ciento con una cifra

total de 274.081 personas; Reino Unido con el 25,5 por ciento, Alemania

con el 16,4 por ciento y Portugal con el 14,4 por ciento, son los tres

países con mayor número de ciudadanos residentes en España,

manteniéndose en porcentajes similares desde el inicio de la década de

los ochenta.


Los iberoamericanos representan el 19,3 por ciento del total, con una

cifra de 104.049 personas. Los argentinos con el 16,9 por ciento y los

peruanos con el 13,8 por ciento son los más numerosos. Colombianos,

chilenos y venezolanos integran colectivos en torno al 6 por ciento. En

los últimos cinco años ha aumentado sensiblemente el número de peruanos

y en menor medida el de colombianos.


El porcentaje de residentes africanos entre el total de extranjeros en

España se ha incrementado considerablemente desde los primeros años de

la pasada década, pasando de representar el 2,5 por ciento en 1980 al

18,3 por ciento en 1996. Su número total asciende a 98.820, de los que

los marroquíes representan el 78,2 por ciento y los ciudadanos

provenientes de África subsahariana el 10,8 por ciento.


Los inmigrantes provenientes de países asiáticos y de Oceanía, con el

8,1 por ciento y un total de 43.886 personas, se han mantenido en

niveles similares desde finales de los años ochenta. Filipinos (11.770),

chinos (10.816), indios (6.882), son las nacionalidades más

representadas. Destaca también la presencia de japoneses (2.998), en su

mayoría empleados de las empresas niponas establecidas en España.


Es importante señalar que cerca del 60 por ciento de la población

extranjera que reside en España es inactiva, debido al peso específico

del colectivo europeo de jubilados. Sólo un tercio de los residentes

tiene contrato de trabajo.


Los extranjeros ocupados se distribuyen en el sector servicios, con el

64,4 por ciento, el agrario con el 15,2 por ciento, la construcción con

el 8,8 por ciento y la industria con el 6,9 por ciento.


Las circunstancias internas de desarrollo económico y de transformación

social, experimentadas en España en la última década explican en gran

medida el fenómeno inmigratorio hacia nuestro país.


Entre estas circunstancias hay que destacar los niveles retributivos,

incluyendo junto a la renta los niveles de protección social.


Asimismo, la transformación de la estructura familiar y la incorporación

de la mujer a la actividad productiva fuera del hogar explican la

sostenida demanda de servicios personales y en particular del servicio

doméstico.


Los movimientos migratorios tienen su propia dinámica interna, cuya

tendencia es difícil de quebrar. Se inscriben en un ciclo que se inicia

de forma individual, desde puntos concretos, tanto en origen como en

destino; se amplía y se extiende en círculos familiares y geográficos,

se consolida mediante el asentamiento y la creación de redes de apoyo y

solidaridad, se intenta el reagrupamiento familiar y,finalmente, en

ocasiones, se llega al retorno.


1.2 El entorno de la Unión Europea.


El hecho migratorio tiene lugar, de modo particular, en el espacio

comunitario. El contexto económico, social y político europeo opera como

foco de atracción para habitantes de países poco desarrollados en lo

económico y con lejanas perspectivas de futuro en lo social y en

desarrollo democrático.


España, que ha nutrido durante décadas los flujos migratorios, hacia

América y Centroeuropa, se ha convertido, especialmente desde su

incorporación a la Comunidad Europea en un país receptor y en vía de

paso, por su situación geográfica, para amplios flujos de migrantes que

quieren tener destino en otros territorios de la Unión Europea.


La presión demográfica de los países en desarrollo, en especial en la

ribera sur del Mediterráneo, unida a los desequilibrios cualitativos del

mercado laboral europeo que, en determinados sectores económicos, como

la agricultura, los servicios urbanos, el servicio doméstico y la

hostelería, no logra atraer mano de obra europea, por la escasa

consideración social de determinados trabajos, hacen que se

intensifiquen las corrientes migratorias, atraídas por ofertas

salariales extremadamente competitivas; desde finales de la pasada

década los niveles retributivos representaban hasta diez o quince veces

la renta que podía obtenerse en los países de origen de los inmigrantes.


El fenómeno de la inmigración no es un hecho aislado. Todos los países

comunitarios tienen que hacer frente a las cuestiones que suscitan los

flujos.


En este contexto europeo nuestra pertenencia a la Unión influye de

manera decisiva en materia inmigratoria, ya que aunque no exista, por el

momento, una política migratoria común y se mantenga esta materia en el

ámbito de la cooperación intergubernamental, el Título VI del Tratado de

la Unión Europea, Artículo K.1, contempla la realización de acciones

comunes en relación a los requisitos de acceso al espacio económico

europeo por parte de nuevos inmigrantes, reagrupamiento familiar o

acceso al empleo.


La construcción europea como unidad política basada en los principios

del Estado de Derecho, democrático y social, requiere no tan sólo una

política común de control de flujos, sino también el desarrollo de

acciones comunes para propiciar la integración social de los

inmigrantes, la solidaridad, la convivencia y la igualdad, así como para

impulsar políticas destinadas a erradicar la pobreza de nuestro entorno

más inmediato. Es necesario que el Parlamento y el Tribunal de Justicia

de la Unión Europea sean los garantes del control y aplicación de estas

políticas.


Segundo.- Pronunciamientos parlamentarios.


El diseño de la política española de inmigración debe tener en cuenta no

sólo la evolución de este proceso de concertación, sino también la

necesidad de que ésta pueda ser armonizada con las de los socios

comunitarios.


La necesidad de diseñar en España una política inmigratoria específica

viene impuesta por varias razones. En primer lugar porque según el

Tratado de la Unión, la política inmigratoria se sitúa en el denominado

tercer pilar: el de la cooperación intergubernamental, en el que no

existe una política común.


En segundo, porque nuestro país, al igual que otros países del sur de

Europa, se halla enfrentado a retos diferentes de los países del centro

y el norte: el origen de los flujos es distinto y su reciente existencia

plantea problemas específicos de irregularidad, asentamiento, etc.


En tercer lugar, porque el porcentaje de inmigrantes que se encuentran

en España, aun considerando las estimaciones, muy variables, sobre

población irregular, arroja cifras muy alejadas de los países de nuestro

entorno, lo que permite afrontar el futuro de las migraciones sin las

urgencias de determinadas regiones europeas en las que se están llevando

a cabo políticas injustas en relación al inmigrante.


En cuarto lugar, porque la sociedad española tiene una actitud abierta

hacia el inmigrante y lo que en otros países es sentimiento xenófobo o

militancia racista, queda reducido a incidentes aislados, aunque esa

gravedad no debe ocultarse. Es cierto que recientes encuestas entre la

población escolar alertan sobre la necesidad de una adecuada regulación,

en todos los ámbitos, de las relaciones jurídicas de las personas de

distinto origen y raza, sobre las bases del máximo respeto a los

derechos fundamentales y a la diversidad cultural.


Estos factores motivan que el Gobierno español haya adoptado distintas

iniciativas que no tienen correspondencia con medidas análogas de otros

países de la Unión.


Así, la Ley Orgánica 1/1985, sobre derechos y deberes de los extranjeros

en España, respondió a la necesidad de diseñar, por primer vez en

nuestra historia, un instrumento de política de extranjería, sentando

las bases para un tratamiento administrativo de los extranjeros en

España.


Esta norma venía a corregir, por un lado, las deficiencias de la

normativa anterior y responder, por otro, al nuevo marco político

democrático y a la nueva realidad social de España, que había dejado de

ser un país de emigración para convertirse en un destino deseado por

miles de inmigrantes de Europa y del Tercer Mundo.


- La Proposición no de Ley de 9 de marzo de 1991.


Seis años más tarde, el Gobierno presentó en el Congreso de los

Diputados un documento denominado «La situación de los extranjeros en

España. Líneas básicas de la política española de extranjería»,

elaborado como respuesta a una Interpelación Urgente en relación con la

situación inmigratoria en España.


Lo más significativo del documento consistía en una serie de principios

o líneas de actuación para definir una política española en materia de

extranjería. Se reconocía que la cuestión tenía no sólo una vertiente

administrativa, sino una dimensión política.


Como resultado del debate parlamentario, el Congreso de los Diputados

aprobó el 9 de marzo de 1991 una Proposición no de Ley en la que se

instaba al Gobierno a llevar a cabo un programa de actuación descrito en

once medidas, que en conjunto representaba tanto un enunciado de

objetivos, como un catálogo de actividades a desarrollar.


La Proposición establecía los cimientos de una política de inmigración

basada en los tres ejes de control de flujos, integración social de los

inmigrantes y cooperación al desarrollo en los países emisores de

inmigración.


- Las Mociones de 24 de septiembre de 1996 y de 7 de octubre de 1997,

sobre política del Gobierno en materia de inmigración.


Posteriormente, como consecuencia de una interpelación al Gobierno del

Grupo Parlamentario Socialista, el Congreso de los Diputados aprobó por

unanimidad, el 18 de septiembre de 1996, una Moción que contenía

dieciséis medidas de política inmigratoria. Entre ellas cabe destacar la

que instaba al gobierno a «impulsar una política global de inmigración

basada en la voluntad de integrar a estos nuevos ciudadanos», así como

«dotar de recursos suficientes al Plan de los Inmigrantes y potenciar el

Foro de la Inmigración» y también «aumentar progresivamente los recursos

que se dedican a la cooperación con los países en vías de desarrollo».


Se requería también al Gobierno la aplicación de una serie de medidas

tendentes a la fijación anual de los contingentes y a reforzar la

estructura administrativa para la atención a los inmigrantes.


Una nueva Moción sobre política migratoria fue aprobada por el Congreso

de los Diputados el 7 de octubre de 1997, en la que se instaba al

Gobierno a «impulsar políticas homogéneas de recepción de flujos

migratorios basadas en la integración social, la solidaridad, la

convivencia y la igualdad», así como a «remitir a la Cámara iniciativas

legislativas tendentes a la modificación de la Ley de Extranjería en

aquellos apartados que hayan sido superados en los doce años de vigencia

de la Ley».


Tercero.- El consenso sobre la «política activa de inmigración».


Nuestro país no puede recibir un flujo masivo y sin control de

inmigrantes sin hipotecar gravemente su cohesión social y las

posibilidades de integración de los extranjeros regularmente

establecidos en España.


Sin embargo, es evidente que las realidades demográficas y económicas

internacionales hacen que la tendencia sea al crecimiento de los flujos

migratorios. Por esto, ante esa situación, un objetivo esencial del

estado consiste en dominar el volumen de flujos y canalizar la presión

demográfica creciente en los países emisores.


Siendo conscientes de que cualquier política cuyo fin principal consista

en evitar a toda costa la llegada de nuevos inmigrantes está condenada

al fracaso, es necesario que el control vaya acompañado de medidas

activas para la integración social de los inmigrantes.


Se requiere que el conjunto de la sociedad evolucione en el sentido de

dejar de considerar la inmigración como un problema en sí mismo. La

inmigración, como fenómeno social, expresa de manera más categórica,

determinados problemas que tienen planteados nuestras sociedades: la

pobreza, la marginación y la exclusión social. El miedo y la incapacidad

para hacer frente a estos retos son los factores que convierten a la

inmigración en un problema.


Los ciudadanos en su conjunto, las instituciones y los grupos sociales,

deben de partir del reconocimiento de las aportaciones que en el plano

económico, social y cultural, realizan los inmigrantes. Las migraciones,

históricamente y en la actualidad, han constituido y pueden constituir

elementos de progreso y dinamización social. La realidad económica

muestra que no sólo vienen inmigrantes a las puertas de Europa para

mejorar su situación económica, Europa también los llama, ya que

determinados subsectores económicos como algunos cultivos agrícolas o

algunos servicios, desaparecerían si el trabajador inmigrante

desapareciera.


- Los conceptos básicos de la política de inmigración.


Como culminación de las actuaciones en materia migratoria, se ha

consolidado una política activa de inmigración basada en tres ejes o

conceptos básicos: control, cooperación al desarrollo e integración.


El control de los flujos, en el sentido de evitar, mediante instrumentos

de orientación como el visado, prácticas individuales irregulares de

entrada y permanencia y también aquellas de carácter fraudulento

protagonizadas por redes organizadas dedicadas al tráfico de personas y

a su posterior explotación en territorio europeo. La sociedad española

no puede permanecer impasible ante el drama humano que se escenifica en

las puertas de Europa con la llegada de pateras, los naufragios y los

fallecimientos, que aumentan de año en año.


La cooperación al desarrollo con los países emisores de inmigración,

orientada a la erradicación de la pobreza y con la finalidad de atajar

las causas en sus orígenes. La cooperación española al desarrollo debe

dedicar mayor atención a aquellas áreas geográficas donde se manifiesta

la mayor presión demográfica y las tendencias más fuertes de inmigración

hacia Europa, mediante estrategias selectivas de actuación en los

sectores clave de la agricultura, la industria y especialmente la

formación de recursos humanos, cualificando al trabajador en el país de

origen.


Nuestro país tiene un interés vital en la estabilización y desarrollo de

los países del Magreb, a fin de garantizar la existencia de regímenes

estables, de economías en crecimiento, de mercados abiertos a nuestras

inversiones y exportaciones y de poblaciones en proceso de modernización

social y de mejora económica.


La prioridad de la política de inmigración debe situarse en los procesos

de integración. Sin integración, que implica convivencia, igualdad de

oportunidades y mutuo respeto a las creencias, culturas y concepciones

de vida, no va a ser posible desarrollar todas las posibilidades

positivas que nos plantean los fenómenos migratorios. Se trata de

eliminar los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de los

inmigrantes; la existencia de derechos implica, necesariamente, la

asunción de los correspondientes deberes.


La integración social tiene como límite el respeto a los derechos de las

personas y la lucha contra la desigualdad. Las instituciones sociales

que limitan la igualdad, que establecen discriminaciones entre el hombre

y la mujer, que reducen la libertad individual, no pueden ser admitidas

en Europa.


Cuarta.- La necesidad de actualizar y adaptar el enfoque y las

prioridades de los programas de actuación con los inmigrantes.


En España se ha superado el concepto de trabajadores extranjeros en

tránsito o para una corta estancia, la realidad social y laboral del

flujo migratorio obliga a una consideración de signo contrario, ya que

una parte importante de la población inmigrada manifiesta una voluntad

de residencia con carácter permanente. Esta circunstancia determina la

necesidad de orientar la política migratoria hacia la integración

permanente.


Esta nueva orientación exige introducir nuevos enfoques y actualizar

prioridades en los siguientes programas.


- Un nuevo impulso para facilitar la transformación del status de

provisionalidad y temporalidad de los emigrantes en otro de carácter

permanente, para ello son precisas concesiones de permisos de más larga

duración que culminen con la obtención de la nacionalidad española. En

relación a los nacimientos de hijos de residentes regulares debe haber

una aplicación preferente del ius soli. Estas medidas facilitarán la

integración y permitirán el desarrollo de proyectos vitales fundados en

la seguridad legal y en situaciones de residencia permanente.


El Gobierno debe estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos entre la

Administración del Estado y las de los países cuyos nacionales nutren

los principales flujos migratorios, con objeto de cubrir las demandas de

trabajo temporal, especialmente en la agricultura, en forma ágil y con

simplificación de trámites. En este sentido, debe estudiarse la

regulación legal que permita la intervención de empresas de trabajo

temporal en la contratación de inmigrantes en el país de origen con la

participación, en su caso, de organizaciones empresariales y sindicales.


El Gobierno debe proceder, mediante Real Decreto, a establecer los

criterios y procedimientos para la regularización de aquellos

extranjeros que trabajen en el Estado español en situación irregular y

que puedan demostrar su arraigo.


- Es necesario facilitar a los inmigrantes la movilidad laboral

necesaria para que puedan desarrollar sus aptitudes profesionales de

acuerdo con su capacidad y formación profesional. En el ámbito de la

cobertura de desempleo el trabajador extranjero debe tener las mismas

posibilidades de cobertura de la contingencia que el trabajador español.


En el ámbito de la formación laboral se observa la existencia de

numerosas trabas que afectan al inmigrante; debe reconocerse el derecho

de acceso a la formación profesional, lo que permitirá la versatilidad

del trabajador extranjero, su promoción y una posibilidad de retorno.


El Gobierno debe elaborar planes y programas para orientar la actuación

de la Inspección de Trabajo en esta materia, sin perjuicio de las

facultades de planificación que correspondan a las Comunidades Autónomas

con materia de ejecución de la legislación laboral. Las actuaciones

deben potenciarse especialmente en relación al afloramiento del empleo

sumergido en los sectores agrícolas y en los trabajos domésticos.


En relación a la escolarización de los hijos de inmigrantes, y dentro

del objetivo de la integración, es necesario un esfuerzo especial, en

colaboración con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para

lograr una completa escolarización que cuente con profesorado de apoyo y

seguimiento que supla las faltas de capacidad lingüística y los

condicionantes culturales o familiares de origen. En otros niveles de

enseñanza, debe facilitarse la homologación de títulos académicos.


Las Administraciones públicas deben emprender acciones para garantizar a

los inmigrantes el acceso a una vivienda digna, en condiciones similares

a las de los nacionales y de esta forma evitar las concentraciones en

espacios reducidos, que sólo tienen efectos negativos al crear

situaciones de saturación y barrios que se convierten en guetos.


B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

1. La Subcomisión insta al Gobierno a impulsar en el marco de los

organismos e instituciones internacionales y especialmente en el de la

Unión Europea políticas homogéneas de recepción de flujos migratorios

basadas en la integración social, la solidaridad, la convivencia y la

igualdad.


2. La Subcomisión considera que la política de recepción de flujos

migratorios exige actitudes activas de participación de los poderes

públicos, la sociedad de acogida y de los propios inmigrantes,

considerando a éstos como ciudadanos con voluntad de permanencia y no

meros trabajadores temporales.


3. La Subcomisión entiende que los emigrantes no pueden ser

considerados, solamente como mano de obra, sino como personas titulares

de derechos, en especial al desarrollo personal y social, con respecto a

su propia identidad cultural, a la igualdad de trato, eliminando toda

forma de discriminación por motivos de nacionalidad o raza,

particularmente en los ámbitos de las condiciones laborales,

profesionales, educativos, cultural, de vivienda y sanidad.


El inmigrante goza del derecho a vivir en familia y por tanto la

regulación del reagrupamiento familiar debe permitir que esta

posibilidad alcance a los cónyuges, hijos menores y ascendientes a cargo.


El inmigrante tiene derecho a la participación social mediante el

ejercicio de los derechos de sindicación, asociación y reunión. En

cuanto a la participación política, futuras reformas en materia de

legislación electoral deben de contemplar la participación de los

inmigrantes regulares en el ámbito local.


El derecho a adquirir la nacionalidad española debe facilitarse y

avanzarse en la aplicación del ius soli en esta materia.


4. La Subcomisión está persuadida de que la promoción social de los

inmigrantes constituye uno de los aspectos esenciales de la política de

migraciones. Se hace necesario llevar a cabo programas específicos de

empleo, formación y protección social e impulsar el Plan de Integración

Social, sobre todo en la fase de asentamiento. Con participación

destacada en esta materia de los sindicatos y dotando de recursos

suficientes el Plan de Integración Social de los inmigrantes, con

actuaciones para combatir las barreras de orden lingüístico y de

cualificación laboral que dificultan la integración.


5. La Subcomisión insta al Gobierno a remitir a la Cámara iniciativas

legislativas tendentes a la modificación de la Ley de Extranjería en

aquellos apartados que hayan quedado superados tras los doce años de

vigencia de la Ley, para seguir garantizando las previsiones recogidas

en nuestra Constitución.


6. La Subcomisión entiende necesario iniciar el proceso de elaboración

de una Ley de integración de los inmigrantes, como instrumento

imprescindible para articular una política que, implicando a todas las

Administraciones públicas y al conjunto de la sociedad, tenga como

objetivo facilitar e impulsar la integración de los inmigrantes. Esta

Ley debería suponer un amplio reconocimiento de los derechos de los

extranjeros en nuestra sociedad, superando una visión de la normativa en

materia de extranjería demasiado focalizada en el control de flujos.


7. La Subcomisión considera que el objetivo de la integración afecta al

conjunto de Administraciones públicas y, de manera muy singular, a las

Comunidades Autónomas y Administraciones Locales con competencias en

materias claves como sanidad, servicios sociales, vivienda, educación y

cultura. El conjunto de las Administraciones públicas debería asumir la

necesidad de impulsar un Pacto social por la integración como fórmula

para desarrollar esta política global.


8. La Subcomisión cree conveniente, ante la dispersión de funciones en

Direcciones Generales y organismos especializados en materia de

inmigración, plantear la necesidad de crear, en el ámbito de la

organización estatal, un organismo con capacidad ejecutiva y rango, al

menos, de Secretaría de Estado que asuma la totalidad de competencias y

que pueda, de un lado, acometer el diseño de una política global de

migraciones y de otro, establecer un mecanismo de colaboración e

intercambio con el resto de Administraciones Públicas hasta llegar a un

«pacto de Extranjería» que se traduzca en una mejor utilización de los

recursos disponibles y una acción coordinada más eficaz. En este

sentido, se deberá impulsar la creación de un organismo de ámbito

estatal y con participación de todas las Administraciones para articular

una política global de inmigración.


9. El Gobierno debe continuar impulsando la creación de Oficinas únicas

constituidas por los servicios, funciones y personal suficiente y

capacitado para hacer frente, de manera eficaz, a las situaciones que se

producen en los ámbitos territoriales con mayor concentración de

inmigrantes. Es necesario que se expida un nuevo tipo de documentación,

en especial una nueva tarjeta de extranjero.


La Subcomisión considera que con carácter urgente, el Gobierno debe

presentar una norma que regule el régimen interior y de funcionamiento

de los centros de internamiento de extranjeros, así como elaborar un

plan de creación de nuevos centros y de adecuación de los existentes a

los criterios previstos en la nueva normativa.


10. El Gobierno deberá proceder a una modificación de los criterios de

regularización del contingente, con consultas a las Comunidades

Autónomas y oyendo a los sindicatos, diseñando un sistema más ágil,

sencillo y eficaz.


11. El Gobierno deberá llevar a cabo todas las actuaciones pertinentes

para que los diversos consulados desarrollen una actividad ágil y

eficaz, evitando actuaciones arbitrarias y demoras innecesarias.


12. El Gobierno debe impulsar la formación especializada de los

funcionarios de la Administración General del Estado para hacer frente a

las nuevas necesidades que crean los fenómenos migratorios.


13. La Subcomisión considera que es preciso tipificar penalmente la

utilización de embarcaciones o vehículos para el transporte clandestino

de personas. El Gobierno debe incrementar los medios humanos y

materiales y modificar las normas administrativas necesarias para luchar

contra las redes ilegales de tráfico de personas.


14. El Gobierno debe impulsar acciones coordinadas con las

Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en este ámbito y

potenciar y facilitar su participación en la política global de

inmigración. En este sentido el Foro para la Integración social de los

Inmigrantes debe configurarse como un espacio privilegiado de

participación Social, sin perjuicio de considerar que se precisa la

participación integrada de la sociedad, se trata de sumar actitudes

individuales integradoras y acciones colectivas organizadas a través de

organizaciones no gubernamentales y agentes sindicales.


VIII. LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS Y LOS ASILADOS EN ESPAÑA

A. CONSIDERACIONES GENERALES

El Artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado considera

que es un refugiado: «La Persona que debido a fundados temores de ser

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del

país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no

quiere acogerse a la protección de tal país».


Según el reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados, denominado «La situación de los refugiados en el

mundo. Un programa humanitario», son cerca de 22 millones de personas

las víctimas de conflictos armados y guerras civiles que podemos definir

como refugiados. A ellos deberíamos añadir cerca de 25 millones de

personas que podemos calificar como desplazados, entendiendo por tales

aquellos que han tenido que abandonar su lugar de residencia habitual

sin tener que abandonar su Estado.













25 millones de personas que no han

cruzado una frontera pero que tienen las mismas necesidades que los 22

millones que la han tenido que cruzar y que también necesitarán de

programas de repatriación o retorno en su momento. Desde 1960 al momento

de la publicación de este Informe de ACNUR hemos pasado de un millón

cuatrocientos mil refugiados (1.400.000) a esos realmente 47 millones de

refugiados y desplazados.


Afganistán, Bosnia-Herzegovina y Liberia encabezan la lista de Estados

que, en función de las guerras que han padecido en los últimos años,

aportan esa impresionante lista de víctimas de la barbarie.


En este contexto, que desde el punto de vista humanitario debemos como

mínimo definir como grave, existe una amplia denuncia, encabezada por la

propia ONU, sobre la insensibilidad del conjunto de Estados occidentales

para admitir como asilados a esas víctimas de los conflictos armados. El

temor a la inmigración económica, y por tanto las precauciones para

evitar una utilización fraudulenta del derecho de asilo, han provocado

que Europa occidental, Norteamérica y Australia hayan denegado cinco

millones de solicitudes de asilo en los dos últimos años.


El derecho de asilo está en crisis. Tiene que ser revisado y no para

restringirlo. Existe una seria dificultad para «clasificar» a las

personas refugiadas, desplazadas, víctimas de guerras o en situaciones

de alto riesgo. Hoy esta realidad es más difícil y compleja que la que

existía en el mundo de 1950 cuando la Asamblea General de las Naciones

Unidas creó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

Refugiados (ACNUR) para paliar los efectos de la II Guerra Mundial o

cuando

en 1951 se aprobó la Convención de Ginebra o cuando en 1967 también se

aprobó el Protocolo de Nueva York.


Los refugiados son el síntoma de las enfermedades de una época en la que

crece la intolerancia y en la que la riqueza se distribuye muy

injustamente. El mundo actual se está configurando con pocos países

ricos que día a día se hacen más ricos y con muchos países pobres que

cada día lo son más.


Para hacer frente a esta realidad cambiante y compleja hay que actuar,

al menos, en dos direcciones:


a) con una política preventiva cuya «arma» fundamental sea una seria,

constante, continuada y creciente política de ayuda al desarrollo y

también de ayuda a los países que acogen a estos refugiados y

desplazados (el 95 por ciento de los refugiados y desplazados están en

países en vías de desarrollo, en los países ricos sólo reside el 5 por

ciento de estos «nómadas forzosos»);

b) con una revisión de nuestras leyes para afianzar los principios de

los derechos humanos y para reforzar el derecho positivo no sólo para el

refugiado sino también para el desplazado o para las personas en

situación de alto riesgo que necesiten del Estatuto del refugiado por

razones humanitarias utilizado con más generosidad así como de un

desarrollo y aplicación más asidua del acogimiento temporal por estas

mismas razones.


El Estado español no es ajeno a esta situación.


La reforma de la Ley 5/1984 por la Ley 9/1994, que supuso la aplicación

del nuevo procedimiento abreviado de admisión, tanto en frontera como en

el interior del territorio del Estado, entre otras cuestiones ha

implicado una caída en picado del número de solicitantes de asilo. En

1995 se produjo un 52.6 por ciento menos de solicitudes que en 1994, en

1996 un 16.6 por ciento menos en relación con 1995 y un 60 por ciento

menos con relación a 1994. A estas cifras deberíamos añadir la cifra de

alrededor del 60 por ciento de solicitudes que no son admitidas.


En España desde 1983, año en que se registraron 1.400 peticiones de

asilo han ido en aumento hasta 1993 que hubo 12.600 solicitudes. Con la

reforma de la Ley 5/1984 por la Ley 9/1994 se observa un brusco descenso

en el número de peticiones que en 1996 llegó sólo a 4.730 peticionarios.


Antes de 1990, el mayor porcentaje de solicitantes se encontraba entre

los nacionales de países de Europa del Este y particularmente de los

ciudadanos de Polonia. Desde 1991 hasta el año pasado han sido los

latinoamericanos y especialmente los ciudadanos de Perú, Cuba, República

Dominicana y Ecuador los mayores solicitantes.


En 1996 los principales colectivos solicitantes de asilo fueron:


rumanos, iraníes, cubanos, liberianos, nigerianos, armenios, iraquíes y

ecuatoguineanos. Ahora se está produciendo un crecimiento de africanos y

un descenso de latinoamericanos con la petición de asilo.


Pero una cosa es la solicitud y otra el reconocimiento de asilo. En 1996

el número de personas a las que le fue reconocido su estatuto de

refugiado fue de 243 personas, mayoritariamente cubanos y

ecuatoguineanos.


El número total de personas reconocidas como refugiados en España desde

1985 a 1996 fue de 6.200 personas.


Estas cifras ponen de manifiesto, por tanto, una situación que debe ser

corregida.


El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en su informe «La

inmigración y el asilo en España» muestra su preocupación por la

aplicación generalizada de las circunstancias de inadmisión establecidas

en el Artículo 5.6 de la Ley de Asilo, en su modificación de 1994, la

falta de motivación e individualización en numerosas propuestas de

resolución y en las mismas resoluciones, las irregularidades en el

tratamiento individualizado de los casos, la indeterminación del

Artículo 17.2 de la Ley de Asilo, que regula el Estatuto humanitario, la

difícil situación en que quedan los solicitantes de asilo rechazados que

hayan interpuesto un contencioso-administrativo y solicitado la

suspensión del acto administrativo de expulsión o devolución y

finalmente la utilización parcial de las previsiones de la cláusula de

salvaguardia prevista en el Artículo 17.3 de la Ley de Asilo.


Y a la vez la Oficina de ACNUR en España nos ha pedido que reflexionemos

sobre algunos de los cambios de la Ley de Asilo de 1994. Sobre: la

introducción de un procedimiento acelerado de inadmisión a trámite de

solicitudes que se consideren manifiestamente infundadas o cuyo examen

corresponda a un tercer Estado en base a los Tratados Internacionales

firmados por España; el antiguo asilo por razones humanitarias que se ha

reconducido a la Legislación de Extranjería; la nueva figura del

desplazado cuya regulación se reconduce también en la llamada Ley de

Extranjería; la supresión de la posibilidad de regularizar la situación

de los solicitantes denegados de asilo, que entraron legalmente en

España, por la vía de la Ley de Extranjería y por exención de visado.


B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

La Subcomisión insta al Gobierno y al Parlamento a tomar las iniciativas

necesarias para corregir las interpretaciones parciales, alusivas y

restrictivas de nuestra legislación por parte de la Administración

General del Estado y que el Presidente del Foro de Inmigración y la

Oficina de ACNUR en España nos han expresado.


La Subcomisión insta también al Gobierno a que dedique más recursos

económicos y humanos para informar y orientar bien a las personas

demandantes de asilo e informar no sólo del funcionamiento y

procedimiento del asilo sino también de las obligaciones y derechos que

les asisten, especialmente del derecho que tiene a la asistencia letrada

gratuita y al apoyo de un adecuado intérprete durante todo el

procedimiento. Los demandantes del asilo han de disponer de equipos

sociales, médicos y psicológicos especializados con alta

profesionalidad; todo ello refleja la necesidad de crecientes recursos

económicos y humanos.


La Subcomisión considera que el Gobierno ha de estudiar la petición de

las ONGs de conceder permisos de trabajo a las personas que están

esperando su resolución de Estatuto de Refugiado por razones

humanitarias, se encuentran en un acogimiento temporal humanitario o

esperan el resultado de sus recursos tal y como otros países de nuestro

entorno han regulado, facilitando así una vida menos dependiente.


La Subcomisión pide al Gobierno que, a efectos de procedimiento,

equipare la tramitación de los recursos de estos demandantes de asilo a

los relacionados con la Ley 62/1978 para la protección jurisdiccional de

los Derechos Fundamentales de la Persona.


Al mismo tiempo la Subcomisión considera que el conjunto de las

Administraciones deben desarrollar actuaciones tendentes a facilitar la

protección social de los refugiados. Estas actuaciones enmarcadas dentro

de la idea de una integración global, han recibido un importante impulso

en los últimos años.


La Subcomisión entiende que hoy la prioridad sería desarrollar una

política coordinada entre las diferentes Administraciones y las diversas

ONGs que trabajan en este ámbito, con el objetivo de mejorar la eficacia

de los distintos programas existentes, tanto desde el punto de vista de

la acogida como de la integración. El Gobierno estará atento a la

posible necesidad de nuevos centros públicos de acogida a refugiados

(actualmente sólo disponemos de cuatro) y de recursos económicos que

mejoren: las ayudas de emergencia, las ayudas excepcionales, las ayudas

para la reunificación familiar, las ayudas para el retorno al país de

origen o a otro tercero, las ayudas de formación educativa y profesional

o de integración socio-laboral. El Gobierno también potenciará el

Convenio de colaboración entre el IMSERSO y los Ayuntamientos a través

de la FEMP para integrar a estas personas en el territorio español donde

antes puedan insertarse.


La Subcomisión reclama el apoyo a las ONG's que trabajan con refugiados

y desplazados y su consulta en los temas que afectan a estos colectivos.


La Subcomisión considera que es necesario desarrollar una estrategia

preventiva a través de las políticas de cooperación al desarrollo y del

respeto a los derechos humanos en los Estados de origen. Sin olvidar la

mayor presencia española en los programas internacionales de atención a

los refugiados y desplazados en zonas conflictivas y en general sin

recursos.


IX. EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN ESPAÑA

A. CONSIDERACIONES GENERALES

En este año 1997 se está celebrando el Año Europeo contra el Racismo y

la Xenofobia, que ha generado una importante actividad de las

instituciones europeas en desarrollo del Artículo K.3 del Tratado de la

Unión Europea, y que ha culminado con la creación, mediante el

Reglamento n.º 1035/97 del Consejo de Ministros, de un Observatorio

Europeo del Racismo y la Xenofobia.


Esta Subcomisión recomienda que, dentro del observatorio de la

inmigración, se cree una unidad, dotada de recursos humanos adecuados,

para realizar similar trabajo al que realizará el Observatorio Europeo

del Racismo y la Xenofobia.


Igualmente, y en el ámbito más general de Naciones Unidas, la Asamblea

General de las Naciones Unidas durante 1995 declaró el Año contra la

Intolerancia, y aprobó un gran número de resoluciones en las que

expresaba su profunda preocupación y su repudio ante manifestaciones de

racismo, discriminación social, xenofobia y las formas conexas de

intolerancia contra trabajadores migrantes y miembros de su familia. En

las resoluciones de la ONU se alentaba a los Estados miembros a aplicar

y a hacer cumplir la legislación para evitar actos de racismo y

xenofobia.


Finalmente, en 1998 se celebrará el 50 aniversario de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.


Y es evidente que la correcta integración de los inmigrantes en nuestra

sociedad es primordial para evitar marginaciones o situaciones de

desigualdad que conduzcan a una clasificación de ciudadanos de primera y

de segunda. Porque de aparecer estas situaciones estaríamos creando las

condiciones objetivas donde el racismo y la xenofobia pueden

desarrollarse con toda su virulencia.


En tal sentido, la defensa y promoción de los derechos de los emigrantes

y refugiados será uno de los fines específicos del programa nacional de

actividades conmemorativo del cincuentenario de la Declaración Universal

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha de elaborar el Comité

Nacional Español.


B. PROPUESTAS DE LA SUBCOMISIÓN

La Subcomisión considera que el conjunto de propuestas que sostiene este

informe en relación a los inmigrantes y refugiados, ha de construir el

eje principal de las políticas antirracistas que hemos de seguir

desarrollando en el Estado español.


A aquellas propuestas, la Subcomisión entiende que hay que incorporar

los siguientes compromisos a asumir por el conjunto de las

Administraciones:


- La configuración del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

que, en cooperación con el Europeo haga frente a los objetivos que los

15 países de la Unión se han planteado.


- El desarrollo de campañas de sensibilización para que el conjunto de

la sociedad tomemos conciencia del serio problema que tendríamos si

dejáramos crecer los comportamientos racistas.


- La preparación de materiales educativos en los valores de la

tolerancia y el respeto a las diferencias para ser impartidos en el

sistema educativo a todos los niveles, promoviendo un profesorado

cualificado, programas antixenófobos que corrijan actitudes y

comportamientos cercanos al racismo y difundan los principios de no

rechazo al extranjero, respetando la diversidad cultural y social y

avancen en la integración social. No olvidemos que en los últimos años

han crecido las conductas xenófobas y con prejuicios en los escolares y

en los jóvenes (investigación del Catedrático Tomás Calvo y el Informe

«Juventud en España» del Instituto de la Juventud).


- La revisión de los libros de texto para que los niños y los

adolescentes aprendan a conocer la cultura y las costumbres de los otros

niños y adolescentes de la escuela pública, hijos e hijas de inmigrantes.


- El desarrollo de un código de conducta con los medios de comunicación

para que los principios de la educación intercultural y multicultural se

incorporen en los programas y generen formación hacia las familias.


- La potenciación del asociacionismo que trabaje en la prevención del

racismo y la intolerancia y el diseño de programas de actuación en este

campo.


- Un plan de intervención sobre expresiones y manifestaciones de

violencia y/o racismo en los estadios de fútbol o grandes espectáculos

deportivos, a través de un desarrollo normativo específico, tras el

estudio y diagnóstico del alcance de la problemática, así como las

actuaciones de grupos violentos y/o racistas en este entorno, con la

petición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de una mayor

vigilancia de los grupos violentos e intolerantes.


- El necesario apoyo de la Fiscalía General solicitando y vigilando que

los fiscales actúen con dureza ante las expresiones políticas, sociales

o culturales que tengan connotaciones racistas.


A la vez, este Parlamento ha de asumir la preparación de una Ley

Antidiscriminación que plantee, como ya tienen otros países europeos, el

desarrollo del nuevo concepto de ciudadanía (moral, activa y

multicultural), desarrolle nuestro Artículo 14 de la Constitución, y en

definitiva, se dote de herramientas jurídicas para prevenir la

intolerancia, el racismo y la xenofobia en nuestra sociedad y para

castigar todos los actos de violencia racista, desde la incitación al

odio, la distribución de materiales racistas o la participación en

actividades de organizaciones racistas.


X. OTRAS PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

La Subcomisión insta a la Mesa del Congreso de los Diputados para que el

presente Informe sea traducido a los demás idiomas oficiales del Estado,

así como al francés, inglés y árabe para poder facilitárselo a las ONGs,

Sindicatos y Parlamentarios de los países donde se produce éxodo hacia

España.


La Subcomisión considera que es necesaria la búsqueda de un acuerdo con

los medios de comunicación en general y con los colegios de periodistas

en particular, para que la información sobre migrantes no sea

sensacionalista, criminalizadora, invisible salvo que sea imprescindible

y con el objetivo de que el racismo y la xenofobia no se propaguen a

través de ellos.


La Subcomisión insta al Gobierno y a las Cortes Generales para que

adopten los medios necesarios que lleven a la ratificación de aquellos

Convenios Internacionales de Naciones Unidas, OIT... que afecten a

emigrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados que aún no lo hemos

hecho, como es el caso de:


 Convenio 90 de Naciones Unidas

 Convenio 143 de OIT

 Convenio 118 de OIT

 etc.


porque todos ellos desarrollan nuestros principios y objetivos

constitucionales.


La Subcomisión demanda al Gobierno una política activa de negociación de

convenios bilaterales con los países donde residen españoles y con los

países de donde proceden los inmigrantes. Estos convenios ampliarán sus

contenidos en función de las necesidades actuales, como es el caso de la

conveniencia de que los españoles condenados en otros países puedan

cumplir su condena en prisiones españolas y siempre buscando la mejora




de las prestaciones sociales.


Anualmente, el Gobierno remitirá a la Comisión de Política Social y

Empleo del Congreso de los Diputados un informe sobre los hechos más

relevantes producidos en el ámbito objeto de este Informe, así como

sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la ejecución de sus

propuestas.


Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 1998.