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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 250, de 03/03/1998
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL 3 de marzo de 1998 Núm. 250
INDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000195 Rechazo de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Socialista del Congreso sobre régimen de incompatibilidades de los
altos cargos de las empresas públicas, así como enmienda formulada a la
misma (Página 3)
162/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para creación de
empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias (Página 3)
162/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre medidas para proceder a la excarcelación de los
insumisos (Página 5)
162/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre reconocimiento de
pensiones y otras prestaciones que pudieran derivarse de la convivencia
efectiva (Página 6)
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000069 Interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que el Gobierno
piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los
medicamentos registrados, así como la accesibilidad económica de toda la
población a los mismos (Página 6)
172/000070 Interpelación urgente presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado
de 1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad
Social (Página 7)
172/000071 Interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre participación autonómica en la delegación del
Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (Página 7)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000063 Moción consecuencia de interpelación urgente formulada por
el Grupo Socialista del Congreso, sobre exclusión de medicamentos de la
financiación pública, así como enmiendas formuladas a la misma, y rechazo
por el Pleno de la Cámara (Página 8)
173/000064 Moción consecuencia de interpelación urgente formulada por
el Grupo Parlamentario Mixto, sobre siniestralidad laboral, así como
enmiendas formuladas a la misma (Página 9)
Aprobación por el Pleno de la Cámara, con modificaciones, de la
moción consecuencia de interpelación urgente formulada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre siniestralidad laboral (Página 13)
173/000065 Moción consecuencia de interpelación urgente formulada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la política
a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son víctimas las
mujeres, así como enmiendas formuladas a la misma, y rechazo por el Pleno
de la Cámara (Página 14)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/011480
181/001388 Conversión en pregunta con respuesta oral en Comisión de
la pregunta con respuesta escrita formulada por el Diputado don Bernardo
Bayona Aznar (G. S), sobre coste de la financiación pública de la
enseñanza infantil impartida en centros privados, en el año 1997
*
*
*
*
*
*
CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000195
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, relativa al régimen de incompatibilidades de los altos cargos
de las empresas públicas (núm. expte. 162/000195), publicada en el «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 234, de 26 de enero de 1998.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo se publica la enmienda presentada a dicha Proposición no de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado por A Coruña,
Francisco Rodríguez Sánchez (BNG), al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Enmienda a la Proposición
no de Ley relativa al régimen de incompatibilidades de los altos cargos
de las empresas públicas presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Enmienda
Tipo de Enmienda: De adición.
Añadir al final del punto 3.º un párrafo nuevo, con el siguiente texto:
«Esta obligación de comparecer se extenderá a los Parlamentos de las
Comunidades Autónomas, cuando se trate de empresas con centros, con
importante actividad, ubicados en sus territorios, y de acuerdo con sus
competencias estatutarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1998.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG).--Ricardo Peralta Ortega,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000214
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre medidas para creación de empleo a través de
la reducción de las horas extraordinarias.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para creación de empleo a
través de la reducción de las horas extraordinarias, para su debate en
Pleno.
El artículo 40.1 de la Constitución se propone como un objetivo del
Estado Social y Democrático de Derecho que es el Estado español, el pleno
empleo, ordenando que «Los poderes públicos promoverán las condiciones
favorables para el progreso social y económico y para una distribución de
la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política
de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política
orientada al pleno empleo.»
Los datos existentes en nuestro país en relación a la tasa de paro,
superior al 20%, junto con las bajas tasas de actividad y de ocupación,
unido a la existencia de un gran número de parados de larga duración y de
parados con baja cualificación y a un grado de precariedad en el trabajo
sin calificativo, revelan la existencia de unos diferenciales en estas
magnitudes en relación a nuestros socios europeos, que produce en
nuestros ciudadanos y ciudadanas, por un lado, la sensación de
alejamiento del entorno europeo y, por otro, muestra, que el problema del
desempleo y la precarización del trabajo en España sea la principal
preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas,
y por tanto debe de ser la prioridad número uno de la política económica
y social.
A nadie se le escapa que esta tasa de paro se debe a múltiples factores,
que, entre otros, se derivan de la evolución de nuestro modelo
productivo, de la introducción de las nuevas tecnologías, de las nuevas
formas de organización del trabajo en el seno de las empresas, de la
apertura económica a espacios económicos más amplios, así como a
fenómenos de concentración oligopolítica, deslocalización y
descentralización empresarial.
Así, en los últimos 20 años nuestra economía ha manifestado cuatro
períodos concretos: las crisis económicas de los años 70 y la destrucción
de empleo y aumento del paro hasta 1985, la recuperación económica de los
cinco años siguientes con un intenso crecimiento del PIB y del empleo, la
profunda recesión hasta 1994 con destrucción de puestos de trabajo y
aumento del desempleo y, por último, la recuperación iniciada a mediados
de 1994 en la que nos encontramos aún.
La cuestión es que en esos 20 años el PIB ha crecido un 56% y el empleo
ha permanecido invariable. A esta relativa incapacidad de nuestra
economía para generar suficientes puestos de trabajo no han sido ajenos
los procesos de desmantelamiento industrial sin reindustrialización
pareja, el control de la inflación como objetivo central de la política
económica o las políticas monetarias restrictivas.
Pero también es verdad que cada vez es más difícil establecer una
relación mecánica entre crecimiento del PIB y empleo. En realidad la
brecha entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de la ocupación no
es sino el crecimiento de la productividad del factor trabajo.
Frente a esta manifiesta incapacidad para crear el empleo suficiente por
parte de un tejido empresarial y económico sometido a los cambios y
políticas enunciados anteriormente, tanto las políticas europeas desde el
Libro Blanco de Delors, así como las distintas cumbres europeas sobre el
empleo, y las políticas laborales practicadas por los gobiernos de
distinto signo político del Estado español, han recomendado y ensayado,
según las épocas, distintas fórmulas para crear empleo. Estas fórmulas
han estado encuadradas, en general, en una flexibilización y
desregulación del mercado de trabajo, así como la habilitación de
políticas activas encaminadas a incentivar la formación, el reciclaje y
la cualificación profesional, a potenciar la contratación indefinida
mediante bonificaciones y desgravaciones fiscales de dudosa eficacia, a
aplicar reducciones de las cuotas de la Seguridad Social, o bien a
facilitar el empleo temporal, a tiempo parcial, etcétera.
Es decir, en cuanto a desregulación laboral y políticas activas,
prácticamente todo se ha intentado, pero los resultados obtenidos no han
producido los efectos esperados por el conjunto de los ciudadanos, ya que
el desempleo sigue teniendo las mismas dimensiones y nuestra economía
sigue manifestándose incapaz de generar el suficiente número de puestos
de trabajo que nuestra sociedad demanda.
Tal es así, que incluso en situaciones económicas favorables como la que
actualmente vivimos, en donde se están produciendo incrementos incesantes
y substanciales de productividad y de beneficios empresariales, éstos no
se han traducido en un crecimiento proporcional del empleo, produciéndose
además como consecuencia del crecimiento de los salarios reales por
debajo del crecimiento de la productividad, una distribución de la renta
a favor del excedente empresarial. La solución pasa por ver cómo se
reparte el producto social generado, fijando una distribución ajustada de
los incrementos de productividad entre salarios, beneficios empresariales
y reducción de la jornada laboral.
La realidad, otra vez, parece mostrar lo contrario, Desde 1983 la jornada
laboral anual pactada --la jornada registrada en los convenios
colectivos-- se ha ido reduciendo de forma lenta pero sostenida hasta
1993, año en el que se produce un punto de inflexión, repuntando
ligeramente en 1995 y de forma más preocupante en 1996 y 1997. Este hecho
no puede ser ajeno a la desregulación introducida por las distintas
«reformas laborales» puestas en marcha desde 1994 que han aumentado el
poder discrecional de la clase empresarial en temas relativos a
relaciones laborales.
De la misma forma, podemos observar la tendencia ascendente de las horas
extraordinarias a partir de 1993. Además de la influencia de la
recuperación económica en el aumento de las mismas, los cambios
normativos son otra vez determinantes pues, como ya hemos comentado, se
amplía la discrecionalidad del empresario para regular la jornada de
trabajo, influyendo también, no cabe duda, el abaratamiento relativo de
las horas extraordinarias y la nueva regulación del trabajo a tiempo
parcial que puede conducir a incrementos de jornada mediante horas
extraordinarias.
Todo parece indicar que es necesario estudiar en profundidad nuevas
fórmulas de creación y reparto de empleo, empezando por la reducción del
tiempo de trabajo y en especial, en este caso, de las horas
extraordinarias que se realizan en nuestro país.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta
la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que con el objetivo de
creación de empleo, adopte las modificaciones legislativas oportunas con
el fin de reducir drásticamente el volumen de horas extraordinarias que
se realizan en la actualidad en nuestro país, teniendo en cuenta las
siguientes premisas:
1. No podrán realizarse horas extraordinarias, entendiéndose por éstas
las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada de trabajo,
salvo que por causas justificadas, tecnológicas o económicas, se acuerde
lo contrario en convenio colectivo o se realicen para prevenir o reparar
siniestros u otros daños extraordinarios o urgentes.
2. En todo caso, el número de horas convenidas no podrá ser superior a
cuarenta al año. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de
su contrato realicen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada
general en la empresa, el número máximo anual de horas extraordinarias se
reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.
3. La realización de horas extraordinarias se registrará diariamente y se
totalizarán semanalmente, entregando copia del resumen semanal al
trabajador, y a los representantes legales de los trabajadores en la
empresa.
4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria.
5. Las horas extraordinarias realizadas se compensarán siempre por tiempo
de descanso retribuido incrementado,
en un 75 por 100 sobre la duración de estas horas, salvo que en convenio
colectivo sectorial se acuerde la remuneración económica, que también
será incrementada en un 75 por 100 sobre la remuneración ordinaria.
6. La cotización por horas extraordinarias, tanto las motivadas por
fuerza mayor como las restantes, se verá incrementada, al menos, en un
cincuenta por ciento, tanto en la parte que corresponda a la empresa como
la que corresponda al trabajador.
7. Las anteriores medidas se aplicarán en todas las empresas de forma
transitoria hasta el 1 de enero del año 2000 en el que se producirá la
total eliminación de las horas extraordinarias.
8. Las empresas que no pongan en marcha las medidas anteriormente
enunciadas, serán penalizadas mediante una sobreprima de como mínimo el
doble a pagar a la Seguridad Social en concepto de cotizaciones por horas
extraordinarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 1998.--Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
162/000215
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para proceder a la excarcelación de
los insumisos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para proceder
a la excarcelación de los insumisos, para su debate ante el Pleno del
Congreso.
Exposición de motivos
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en su pasada sesión de 17
de febrero de 1998, la toma en consideración de una Proposición no de Ley
presentada por los Grupos Parlamentario Popular, Convergència y Unió y
Coalición Canaria, que suprime las penas de prisión y multa para «los
supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y
prestación social sustitutoria, rebajando las penas de inhabilitación
para dichos supuestos».
En dicho Pleno se debatieron asimismo diferentes propuestas presentadas
por los respectivos Grupos Socialista, Parlamentario Mixto y Mixto de
(NI-IC). Las propuestas debatidas significan concepciones diferentes
sobre el alcance y ámbito de las sanciones que corresponde aplicar en
esta nueva situación, siendo la aplicación del ámbito del derecho
administrativo y su consecuente eliminación del Código Penal, lo que
distingue el régimen sancionador que propone la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista.
Sin embargo, la motivación del conjunto de las propuestas de modificación
que se presentaron y debatieron parten del fundamento común de la
aprobación de un modelo diferente de Ejército, el profesional, proceso
iniciado ya a partir de los excedentes de cupo aprobados en 1998 y
respecto del mantenimiento de un ejército formado por contingentes
humanos de adscripción obligatoria.
Consecuentemente, las iniciativas coinciden asimismo en el objetivo
suprimir las penas de prisión, modificación requerida por la necesaria
adecuación y proporción entre la gravedad de la infracción y sus
consecuencias, con motivo del período transitorio que transcurra hasta la
desaparición del carácter obligatorio del Servicio Militar.
Y esta misma preocupación de dar respuesta a situaciones que afectan a la
generación actual de jóvenes de nuestro país, motiva consecuentemente
plantear la situación de los insumisos presos que actualmente están en
las cárceles, para quienes también debe preverse el beneficio que
comporta las modificaciones propuestas en tanto entre en vigor la nueva
legislación.
Las circunstancias que han motivado la unanimidad parlamentaria en torno
a la necesidad de suprimir las penas privativas de libertad por
incumplimiento del servicio militar obligatorio, fundamenta y justifica
por tanto la necesidad de adoptar una fórmula que permita equiparar la
situación de los que, por dichos motivos, cumplen penas de hasta dos años
de prisión y que se van ver perjudicados durante el período de
tramitación y aprobación parlamentaria de la Ley.
Un instrumento sería sin duda el ejercicio de la gracia de indulto que,
de conformidad con el artículo 62 de la Constitución española, excluye la
concesión de indultos generales. En este sentido, su regulación
modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero, establece un procedimiento
para su tramitación que permite promover su concesión individualizada,
mediante el ejercicio de la petición correspondiente, así como mediante
la acción y voluntad del Gobierno durante su tramitación y concesión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposicion no de Ley
«El Congreso de los Diputados, dada la especial trascendencia y urgencia
de la medida, insta al Gobierno a
adoptar, a la mayor brevedad posible, todas las medidas necesarias que
permitan la concesión de la remisión de las penas privativas de libertad
y pecuniarias impuestas a aquellas personas que actualmente se encuentran
cumpliendo esta clase de penas como consecuencia de haber sido condenadas
en aplicación de los actuales artículos 527, 528 y 604 del Código Penal
vigente.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 1998.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
162/000216
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición no de Ley sobre reconocimiento de pensiones y otras
prestaciones que pudieran derivarse de la convivencia efectiva.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en Pleno.
Actualmente existe una imposibilidad legal de percibir pensiones de
viudedad dado que la Ley impide formalizar y regularizar determinadas
relaciones de afectividad similar a la conyugal, con independencia de su
orientación sexual.
Esta situación supone un claro incumplimiento del principio
constitucional de no discriminación por razones de sexo o circunstancias
personales.
En estos momentos se están tramitando en el Congreso de los Diputados
diferentes proposiciones de ley, para modificar la legislación existente,
en el sentido de reconocer los mismos derechos respecto del resto de
formas familiares, a las uniones estables en relación de afectividad
similar a la conyugal.
Recientemente el caso de Antonio Mata, como otros de similares
características están pleiteando, con la Seguridad Social porque estando
en situación de unión estable con una relación de afectividad similar a
la conyugal hasta la muerte de su compañero, la Seguridad Social les
deniega formalmente la pensión alegando: «por no acreditar matrimonio con
el fallecido».
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Adopte las medidas necesarias para que la Seguridad Social conceda el
reconocimiento a efectos de pensión u otras prestaciones que pudieran
derivarse de la convivencia efectiva, mientras dura la tramitación en el
Congreso de los Diputados de las reformas legislativas en marcha, para
asimilar los derechos a las parejas de hecho con relación de afectividad
similar a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, en los
casos en que existan impedimentos legales que hayan generado la
imposibilidad de legalizar una situación a pesar de existir una
convivencia y afecto continuados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 1998.--Inés
Sabanés Nadal, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000069
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre medidas que el Gobierno piensa adoptar para
garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos
registrados, así como la accesibilidad económica de toda la población a
los mismos (núm. expte. 172/000069), cuyo texto se inserta a continuación
de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Artículo 181 del Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la
siguiente interpelación urgente, dirigida al Gobierno para su debate en
el Pleno de la Cámara.
En los últimos días se ha generado una gran alarma social, sobre todo
entre los grupos sociales con menos recursos económicos (pensionistas,
parados, etcétera) y con más necesidades sanitarias (enfermos crónicos,
discapacitados físicos y psíquicos), ante el anuncio de retirar la
financiación pública a un importante número de medicamentos.
La inquietud de la opinión pública se ha incrementado a partid de
declaraciones contradictorias, por parte de altos cargos del Gobierno,
acerca de la eficacia terapéutica de los medicamentos excluidos, que por
otra parte podrán ser publicitados libremente en medios de comunicación
de masas y verán incrementados sensiblemente sus precios.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
formula la siguiente:
Interpelación urgente, para su debate en el Pleno de la Cámara, sobre
medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los medicamentos registrados, así como la
accesibilidad económica de toda la población a los mismos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1998.--Angeles
Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
172/000070
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre
la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su
relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (núm.
expte. 172/000070), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad
con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 180 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la
ejecución del Presupuesto de 1997.
Motivación
La información presentada por el Gobierno sobre la ejecución del
Presupuesto del Estado para 1997 en términos de caja refleja el
inclumplimiento de las previsiones de recaudación en algunas figuras
claves de nuestro sistema tributario, y el incumplimiento del programa
electoral del PP en materia de inversión pública.
Asimismo, no suministra información suficiente sobre las consecuencias
del nuevo sistema de financiación autonómica, ni sobre la ejecución vía
capítulo VIII de proyectos de inversión que el Gobierno aseguró que
serían financiados «extrapresupuestariamente» con los mayores recursos
provenientes de privatizaciones.
Por éstas y otras varias razones, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre la
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación
con el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 1998.--Josep
Borrell i Fontelles, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
172/000071
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea (núm. expte. 172/000071), cuyo texto se
inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de la Diputada Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada por Guipúzcoa (EA), al amparo de Lo
dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente interpelación urgente sobre Participación autonómica en la
delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Motivación
El proceso de integración europea ha supuesto la asunción por parte de la
Unión Europea de un número cada vez mayor de competencias en materias
que, en muchos casos, pertenecen a la esfera competencial de las
Comunidades Autónomas.
Al objeto de mantener el equilibrio del reparto de competencias
establecido en la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía
se hace indispensable articular la participación de las Comunidades
Autónomas en el proceso europeo de la toma de decisiones.
Hasta la fecha y transcurrida ya más de una década desde la adhesión, la
participación de las CC. AA. se ha vehiculizado principalmente a través
de los siguientes cauces:
-- Mediante el «Acuerdo sobre la participación interna de las CC. AA. en
los asuntos comunitarios europeos a través de Conferencias Sectoriales»,
de 30 de noviembre de 1994, adoptado por la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas, hoy objeto de regulación por
la Ley 2/97 de 13 de marzo.
-- La participación reducida en algunos Comités de la Comisión Europea
(apenas se prevé la participación para 55 de los más de 300 Comités
existentes y quedando fuera de algunos de los más importantes).
-- La creación de la figura del Consejero para Asuntos Autonómicos en la
Representación Permanente del
Estado en la Unión Europea, aún cuando la función de este Consejero sea
exclusivamente informativa.
No obstante lo anterior queda pendiente de articular la reforma más
importante en cuanto a la participación de las Comunidades Autónomas en
el proceso europeo de toma de decisiones, que no es otra que su presencia
en el Consejo de Ministros y sus Grupos de Trabajo.
Dado que a nivel comunitario no existe impedimento legal y algunos que
otros Estados de la Unión Europea que cuentan con regiones con
competencias legislativas propias ya han articulado mecanismos para la
participación de sus regiones, länder, etcétera, parece necesario e
indispensable en el momento actual abordar esta cuestión.
Por todo lo expuesto, se interpela de forma urgente al Gobierno sobre la
participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 1998.--Begoña
Lasagabaster Olazábal, Diputada por Guipúzcoa (EA).--Ricardo Peralta
Ortega, Portavoz del Grupo Mixto.
MOCIONES CONSECUENCIA
DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000063
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre exclusión de medicamentos de la financiación pública
(núm. expte. 173/000063), cuyo texto se inserta a continuación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
moción consecuencia de interpelación urgente sobre exclusión de
medicamentos de la financiación pública.
Moción
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se de estricto cumplimiento al acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en lo previsto en el apartado IX Medidas de Ahorro
en el Sistema Nacional de Salud.
2. Que en consecuencia se retire la propuesta de lista de exclusión de
fármacos de la financiación pública anunciada por el Gobierno.
3. Que el Ministerio de Sanidad y Consumo inicie un nuevo proceso con las
CC. AA., los expertos, los agentes sociales, los consumidores, para
formular una propuesta en política farmacéutica que garantice que todos
los medicamentos eficaces, seguros y de composición adecuada, sean
financiados por el Sistema Nacional de Salud.
4. Que se rescinda el Convenio firmado por el Ministro de Sanidad y
Consumo con Farmaindustria el 19 de enero de 1997.
5. Que se cumpla el compromiso del Ministerio de impulsar efectivamente
una política de medicamentos genéricos.
6. Que se desarrolle el compromiso de implantar los precios de referencia
de forma que los servicios del Sistema Nacional de Salud compren y
prescriban de entre los principios activos existentes en el mercado y que
son seguros, eficaces y de composición adecuada, aquellos que tengan
menor precio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 1998.--María
Angeles Amador Millán, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el
artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta 1 enmienda a la
moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista sobre exclusión de medicamentos de la financiación pública.
Texto alternativo:
Moción
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que al objeto del alcanzar, en el Consejo Interterritorial de Salud,
el necesario grado de consenso en tomo a la lista de medicamentos
excluidos de la financiación del Sistema Nacional de Salud, inicie el
correspondiente proceso de conversaciones con las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas.
2. Que proceda a impulsar decididamente, conforme a lo estipulado en el
epígrafe IX del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27
de noviembre de 1997, una política activa de genéricos.
3. Que proceda a adoptar las medidas oportunas para implantar los precios
de referencia en el Sistema Nacional de Salud, de forma tal que se compre
y prescriba
de entre aquellos principios activos presentes, en el mercado que, siendo
seguros, eficaces y de composición adecuada, resulten más baratos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Portavoz, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente
Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente
enmienda a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la exclusión de medicamentos no
financiados por la Seguridad Social.
Madrid, 24 de febrero de 1998.--Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.--Joaquim Molins i Amat, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Convergencia i Unió.
Enmienda
De modificación.
El texto que se propone quedará redactado como sigue:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Que se dé estricto cumplimiento al acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en lo previsto en el apartado IX Medidas de Ahorro
en el Sistema Nacional de Salud.
2) Que promueva, con el máximo consenso posible, en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, a partir del criterio
aportado por los órganos de competencia técnica acreditada en este ámbito
una lista final de medicamentos excluidos de la financiación de la
Seguridad Social que mantenga la cobertura de las necesidades básicas de
salud de la población.
3) Que el Ministerio de Sanidad y Consumo continúe activamente su
política de genéricos ya iniciada.
4) Que se implanten los precios de referencia en el plazo previsto.»
Justificación
Adecuar el texto de la moción a la situación real en este ámbito.
173/000064
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre siniestralidad laboral (núm. expte.
173/000064), y de las enmiendas presentadas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara,
el Grupo Mixto presenta la siguiente moción, consecuencia de la
interpelación urgente sobre siniestralidad laboral, a instancia del
Diputado Ricardo Peralta Ortega (Partido Democrático de la Nueva
Izquierda) y de la Diputada Mercé Rivadulla Gracia (Iniciativa-Els
Verds).
Moción
«La preocupante evolución de las cifras de siniestralidad laboral obliga
a reforzar el conjunto de medidas que se están aplicando y en este
sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo
de 3 meses, y previa consulta con la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y, en su caso, de la Conferencia sectorial
correspondiente, elabore un plan de choque contra la siniestralidad
laboral inspirado en los siguientes criterios:
1.º Constitución inmediata de la Fundación prevista en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2.º Potenciar la participación social en la vigilancia de la normativa
vigente, promoviendo la colaboración de las Administraciones Locales en
relación con las obras sobre las que tienen competencias.
3.º Completar el desarrollo normativo pendiente en la materia y, en
particular y con carácter inmediato, cumplimiento de las previsiones
contenidas en la Disposición Adicional Novena de la Ley de Prevención de
Riegos Laborales y en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de
los Servicios de Prevención.
4.º Acelerar la ejecución del Plan suscrito con las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social,
especialmente en los aspectos relacionados con pequeñas empresas y
sectores de más siniestralidad.
5.º Promover con urgencia la coordinación de las Administraciones
competentes para que en el curso 98-99 se concreten resultados en el
objetivo de la mejora de la educación en materia preventiva de los
diferentes niveles de enseñanza y, de manera especial, en la oferta
educativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, así como la adecuación de la promoción de los recursos
humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.
6.º Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de la
normativa sobre prevención de riegos laborales, tanto con la provisión de
más medios humanos y técnicos para esa labor, en línea con los parámetros
europeos,
como son la programación prioritaria de actuaciones en tal sentido dentro
del Plan nacional anual de la Inspección.
7.º Reforzar la eficacia de las actuaciones sancionadoras en la materia,
mediante las reformas legislativas, si proceden, y mediante la dotación
de más medios para ese objetivo en colaboración con las administraciones
competentes.
8.º Promover la creación de un registro de empresas sancionadoras por
infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales para
hacer efectiva la previsión legal de limitación en la facultad de
contratar con la Administración.
9.º Interesar del Fiscal General del Estado la máxima coordinación con
las Inspecciones de Trabajo para mejorar la eficacia de la labor de la
Fiscalía en la defensa de la normativa penal sobre delitos contra la
seguridad y salud laboral.
10.º Primar en la ejecución de las obras contratadas por la
Administración el criterio de garantizar la máxima seguridad laboral.
11.º Consultar con las organizaciones empresariales y sindicatos más
representativos la limitación del número máximo de horas extraordinarias
en los sectores y profesiones con más siniestralidad laboral.
12.º Negociar con las organizaciones empresariales y sindicatos más
representativos la concreción del ajuste de las cotizaciones sociales de
los contratos temporales a la incidencia de los mismos en el conjunto de
gastos del sistema de Seguridad Social.
El citado Plan será presentado por el Ministro de Trabajo, previa
remisión de documento, ante la Comisión de Política Social y Empleo de
esta Cámara.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 1998.--Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada.--Ricardo Peralta Ortega, Portavoz del Grupo
Mixto.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente enmienda a
la Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre siniestralidad
laboral.
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto número 13 con el siguiente texto:
«13. Tomar las medidas necesarias para que por parte de las empresas se
cumplan los requisitos mínimos exigibles, a fin de garantizar la
seguridad y proteger la salud de los trabajadores, a través de:
* realización en todas las empresas de la evaluación inicial de los
riesgos;
* elaboración de los planes de prevención, a partir de la evaluación de
riesgos;
* obligación de la empresa a información a los trabajadores sobre los
riesgos existentes y especialmente en el caso de los trabajadores
perteneciente a contratas, subcontratas y grupos de empresas;
* formación de los trabajadores en materia preventiva, centrados
específicamente en el puesto de trabajo;
* medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios,
evacuación de trabajadores);
* vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos
inherentes al trabajo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1998.--Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de
Interpelación Urgente, del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política
del Gobierno dirigida a reducir, de manera significativa, los índices de
siniestralidad laboral en nuestro país (núm. expte. 173/000064).
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
Enmienda
De sustitución.
Sustitución del punto 3.º:
3.º Se completará el desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en particular se aprobará un Real Decreto de
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
Administración del Estado y por otro lado, un Real Decreto que adapte los
capítulos III y V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito
de los centros y establecimientos militares.
Enmienda
De adición.
Adición de nuevos párrafos al punto 5.º
Se aprobarán programas de formación dirigidos a los funcionarios de las
distintas áreas relacionadas con la prevención de riesgos para proteger
la salud, la seguridad en el trabajo y la vigilancia del cumplimiento de
esta normativa.
Se promoverá la aprobación de planes de formación, adecuados a los
distintos niveles y necesidades, según empresas, sectores y cualificación
profesional, fijando fechas y plazos que permitan hacer un seguimiento de
su cumplimiento.
En los contratos formativos se incluirá como obligación la realización de
clases prácticas relativas a la prevención de riesgos laborales dirigidas
a elevar el nivel de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La administración laboral, sanitaria y de industria, acordarán un
programa de actuación conjunta para que se cumplan las previsiones de
coordinación previstas en la Ley, del que darán cuenta al Congreso.
Enmienda
De adición.
Adición de nuevos párrafos al punto 6.º
La Conferencia Sectorial correspondiente, a propuesta de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo considerará la aprobación de
planes de inspección con las siguientes orientaciones.
-- Plan general de actuación en materia de vigilancia del cumplimiento de
la LPRL.
-- Programas específicos de inspección de centros de trabajo del sector
de la construcción.
-- Se aprobarán programas específicos de inspección dirigidos a las
minas.
-- Sin perjuicio de las actuaciones promovidas por denuncias de los
ciudadanos o por situaciones de accidente, se priorizarán en las
programaciones la actuación sobre sectores o empresas cuyos índices de
incidencias sean superiores a la media.
Enmienda
De adición.
Adición de nuevo punto 13.º
El Congreso de los Diputados declara que quedan vigentes los puntos
aprobados en esta Cámara en septiembre de 1997 en la Moción aprobada
consecuencia de interpelación urgente sobre política en materia de
prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en el
trabajo.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 184 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente enmienda a la moción consecuencia de interpelación
urgente sobre siniestralidad laboral (núm. expte. 173/000064).
Madrid, 24 de febrero de 1998.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Enmienda
De modificación.
Se sustituye el texto de la moción por el siguiente:
La preocupante evolución de las cifras de siniestralidad laboral obliga a
reforzar el conjunto de medidas que se están aplicando y en este sentido,
el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más
breve posible, previa consulta con la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y, en su caso, de la Conferencia Sectorial
correspondiente, adopte las siguientes medidas contra la siniestralidad
laboral:
1.º Constitución de la Fundación prevista en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2.º Potenciar la participación social en la vigilancia de la normativa
vigente, a través de la aplicación de las disposiciones de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, promoviendo la colaboración de las
Administraciones Locales en relación con las obras sobre las que tienen
competencias.
3.º Completar el desarrollo normativo pendiente en la materia y, en
particular y con carácter inmediato, el cumplimiento de las previsiones
contenidas en la Disposición Adicional Novena de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de
los Servicios de Prevención.
4.º Ejecución del Plan suscrito con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en los aspectos
relacionados con pequeñas empresas y sectores de más siniestralidad.
5.º Promover con urgencia la coordinación de las Administraciones
competentes para que en el curso 98-99 se concreten resultados en el
objetivo de la mejora de la educación en materia preventiva de los
diferentes niveles de enseñanza y, de manera especial, en la oferta
educativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, así como la adecuación de la promoción de los recursos
humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.
6.º Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto con la provisión
de más medios humanos para esa labor, en línea con los parámetros
europeos, como con la programación prioritaria de actuaciones en tal
sentido dentro del Plan Nacional anual de la Inspección.
«Se intensificará la colaboración de la Inspección de Trabajo y las
Comunidades Autónomas a través de las Inspecciones Provinciales y los
Centros de Seguridad e Higiene de las Comunidades Autónomas.»
7.º Reforzar la eficacia de las actuaciones sancionadoras en la materia,
mediante las reformas legislativas, si proceden, y mediante la dotación
de más medios para ese objetivo en la colaboración con las
administraciones competentes.
8.º Establecer los procedimientos adecuados en orden a garantizar la
publicidad de las sanciones impuestas en materia de riesgos laborales en
los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
9.º Interesar del Fiscal General del Estado la máxima coordinación con
las Inspecciones de Trabajo y las Comunidades
Autónomas para mejorar la eficacia de la labor de la Fiscalía en defensa
de la normativa penal sobre delitos contra la seguridad y salud laboral.
10.º Primar en la ejecución de las obras contratadas por la
Administración el criterio de garantizar la máxima seguridad laboral.
11.º Impulsar a través del diálogo social la limitación del número máximo
de horas extraordinarias en los sectores y profesiones con más
siniestralidad laboral.
Justificación
Mejora técnica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta las siguientes
enmiendas a la interpelación urgente sobre siniestralidad laboral.
Enmienda
De adición.
En el punto 6.º añadir in fine: «y las reformas legislativas necesarias
al efecto».
Enmienda
De modificación.
En el punto 8.º donde dice: «sancionadoras», debe decir: «sancionadas».
Enmienda
Al punto 11
De modificación.
Sustituir por el siguiente texto: «11.º Promover una negociación entre
las organizaciones empresariales y sindicatos más representativos que
concrete una proposición de ley que limite la realización de destajos y
del número de horas extraordinarias, así como de la jornada máxima
laboral a 35 horas semanales.»
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto 14.º con el siguiente texto: «14.º Promover la
reforma legislativa sobre la caracterización de los grupos de empresas,
contratas y subcontratas, y la determinación de las distintas
responsabilidades de estos agentes empresariales derivadas de los
accidentes laborales.»
Enmienda
De adición.
Añadir un nuevo punto 15.º con el siguiente texto: «15.º Promover la
reforma legislativa de la contratación laboral que reintroduzca en el
ordenamiento jurídico el principio de causalidad en la contratación
laboral y la estabilidad en el empleo como regla general, limitando para
casos excepcionales y tasados la contratación precaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito se rectifica el escrito con número de
registro 44893, de 24 de febrero.
Donde dice: «Enmienda a la interpelación urgente sobre siniestralidad
laboral».
Debe decir: «Enmiedas a la moción consecuencia de interpelación urgente
sobre siniestralidad laboral».
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat presenta la siguiente enmienda a la moción
consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno
dirigida a reducir, de manera significativa, los índices de
siniestralidad laboral en nuestro país (núm. expte. 173/000064).
Moción
«La preocupante .../... criterios:
1.º (Sin modificaciones.)
2.º Potenciar la participación social en la vigilancia de la normativa
vigente.
3.º a 9.º (Sin modificaciones.)
10.º Primar en la ejecución de las obras contratadas por la
Administración el criterio de garantizar la máxima seguridad laboral,
promoviendo la colaboración de las Administraciones Locales en relación
con las obras sobre las que tienen competencias.
11.º (Sin modificaciones.)
12.º (Supresión.)
El citado .../...» resto igual.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 1998.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
173/000064
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre siniestralidad laboral (núm. expte.
173/000064), ha acordado lo siguiente:
«La preocupante evolución de las cifras de siniestralidad laboral obliga
a reforzar el conjunto de medidas que se están aplicando y en este
sentido, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo
más breve posible, previa consulta con la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo y, en su caso, de la Conferencia sectorial
correspondiente, elabore y adopte las siguientes medidas contra la
siniestralidad laboral:
1.º Constitución de la Fundación prevista en la Disposición Adicional
Quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
2.º Potenciar la corresponsabilidad en la vigilancia de la normativa
vigente, a través de la aplicación de las disposiciones de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, promoviendo la colaboración de las
Administraciones Locales en relación con las obras sobre las que tienen
competencias.
3.º Se completará el desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y, en particular, se aprobará un Real Decreto de
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
Administración del Estado y, por otro lado, un Real Decreto que adapte
los Capítulos III y V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al
ámbito de los centros y establecimientos militares.
4.º Ejecución del Plan suscrito con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en los aspectos
relacionados con pequeñas empresas y sectores de más siniestralidad.
5.º Promover con urgencia la coordinación de las Administraciones
competentes para que en el curso 98-99 se concreten resultados en el
objetivo de la mejora de la educación en materia preventiva de los
diferentes niveles de enseñanza y, de manera especial, en la oferta
educativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, así como la adecuación de la promoción de los recursos
humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales. Se
aprobarán programas de formación dirigidos a los funcionarios de las
distintas áreas relacionadas con la prevención de riesgos para proteger
la salud, la seguridad en el trabajo y la vigilancia del cumplimiento de
esta normativa.
6.º Reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en la vigilancia de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto con la provisión
de más medios humanos para esa labor, en línea con los parámetros
europeos, como con la programación prioritaria de actuaciones en tal
sentido dentro del Plan Nacional Anual de la Inspección.
Se intensificará la colaboración de los Centros y Gabinetes de Seguridad
e Higiene de las Comunidades Autónomas con la Inspección de Trabajo y la
Seguridad Social para el mejor desarrollo de la función inspectora en la
materia.
La Conferencia Sectorial correspondiente, a propuesta del Ministerio y,
previa consulta con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, considerará la aprobación de Planes de Inspección con las
siguientes orientaciones:
-- Plan General de Actuación en materia de vigilancia del cumplimiento de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-- Programas específicos de inspección de centros de trabajo del sector
de la construcción y otros sectores con altos índices de siniestralidad.
-- Sin perjuicio de las actuaciones promovidas por denuncias de los
ciudadanos o por situaciones de accidente, se priorizarán en las
programaciones la actuación sobre los sectores o empresas cuyos índices
de incidencias sean superiores a la media.
7.º Reforzar la eficacia de las actuaciones sancionadoras en la materia,
mediante las reformas legislativas, si proceden, y mediante la dotación
de más medios para ese objetivo en colaboración con las Administraciones
competentes.
8.º Establecer los procedimientos adecuados en orden a garantizar la
publicidad de las sanciones impuestas en materia de riesgos laborales en
los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
9.º Interesar del Fiscal General del Estado la máxima coordinación con
las Inspecciones de Trabajo y las Comunidades Autónomas para mejorar la
eficacia de la labor de la Fiscalía en la defensa de la normativa penal
sobre delitos contra la seguridad y salud laboral.
10.º Primar en la ejecución de las obras contratadas por la
Administración el criterio de garantizar la máxima seguridad laboral.
11.º Impulsar a través del diálogo social la limitación del número máximo
de horas extraordinarias en los sectores y profesiones con más
siniestralidad laboral.
12.º Tomar las medidas necesarias para que por parte de las empresas se
cumplan los requisitos mínimos exigibles, a fin de garantizar la
seguridad y proteger la salud de los trabajadores, a través de:
-- realización, en aquellos casos en que se establezca como obligatorio
por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de la
evaluación inicial de los riesgos.
-- elaboración de los Planes de prevención, a partir de la evaluación de
riesgos.
-- obligación de la empresa de informar a los trabajadores sobre los
riesgos existentes, y especialmente en el caso de los trabajadores
pertenecientes a contratas, subcontratas y grupos de empresas.
-- formación de los trabajadores en materia preventiva, centrados
específicamente en el puesto de trabajo.
-- medidas de emergencia (primeros auxilios, lucha contra incendios,
evacuación de trabajadores).
-- vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos
inherentes al trabajo.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
173/000065
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la política a llevar
a cabo para erradicar la violencia de la que son víctimas las mujeres
(núm. expte. 173/000065), cuyo texto se inserta a continuación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida formula la
siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, para debatir en
el pleno de la Cámara, acerca de la política a llevar a cabo para
erradicar la violencia de la que son víctimas las mujeres.
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:
1. La creación de unidades especiales de policía, con formación concreta
en el tema de violencia doméstica; así como implantar estas unidades de
la Guardia Civil en las zonas rurales.
2. Garantizar la seguridad de la mujer maltratada a través del
alejamiento del agresor del domicilio familiar y garantizar igualmente la
protección policialmente a la mujer cuando ella lo requiera o lo aconseje
la reiteración de la violencia y amenazas de muerte.
3. Garantizar la asistencia integral a las mujeres maltratadas que
incluya la asistencia jurídica gratuita, asistencia letrada en turno de
oficio y asistencia psicológica.
4. Garantizar juicios ágiles, así como que se prescinda del requisito de
reiteración de violencia para que se considere delito y se produzca el
arresto del agresor.
5. Personación de las instituciones como acusación particular en los
juicios.
6. Elaborar planes de formación y reinserción para el maltratador
poniendo énfasis en el psicólogo y en el asistente social, como
complemento a las medidas penales.
7. Garantizar un salario de emergencia a aquellas mujeres maltratadas sin
recursos y/o dependientes económicamente de su maltratador,
incorporándolas a los programas de formación y/o reciclaje y reinserción
laboral creados a tal efecto. Facilitar becas para el acceso a los cursos
de formación profesional.
8. Dotar suficientemente al fondo de pensiones impagadas para hacer
posible el cobro de las pensiones a las mujeres víctimas de malos tratos.
9. Habilitar a través de los conciertos oportunos una línea de créditos
blandos, para las mujeres que los soliciten y estén afectados por malos
tratos.
10. Conseguir de los medios de comunicación que fomenten la repulsa
social a la violencia contra las mujeres, así como elaboración de un
Código Etico para la emisión de una programación e información que
respete los valores del no sexismo y la igualdad entre hombres y mujeres.
11. Garantizar la asistencia sanitaria y psicológica a las mujeres
maltratadas, formando al personal sanitario, policial y asistencial para
su atención.
12. Coordinar con todas la instituciones públicas planes específicos que
incluyan la prestación de servicios sociales para las mujeres
maltratadas,
13. Proceder a la ampliación y reforma de las casas de acogida que darán
independencia y libertad a las mujeres, en lugar de tutela, y hacerlas
corresponsables de su gestión.
14. Establecer en el sistema curricular un área específica de igualdad de
oportunidades y no violencia. Incorporar estas materias complementarias
en la educación reglada.
15. Posibilitar la concesión de asilo político a las mujeres procedentes
de zonas donde no se respeten los derechos de las mujeres y lo estén
perseguidas por su no aplicación.
16. Inclusión del criterio de mujeres víctimas de violencia doméstica en
el baremo de viviendas sociales en régimen de alquiler o compra.
17. Creación de un comité de coordinación entre el movimiento de mujeres,
colectivos profesionales implicados e instituciones, para la elaboración,
seguimiento y evaluación de medidas y hechos en relación a la violencia
doméstica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 1998.--María
Jesús Aramburu del Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal
IU.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar las siguientes enmiendas a la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, acerca de la política a llevar a cabo para erradicar la violencia
de la que son víctimas las mujeres (núm. expte. 173/000065).
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 1998.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
Enmienda
Al punto 2
De adición de la expresión: «... y aquellos frecuentados por la
víctima...», tras la expresión: «... domicilio familiar...».
Enmienda
Al punto 3
De adición.
Añadir in fine la expresión: «... dotando con más medios económicos el
servicio».
Enmienda
Al punto 4
De supresión.
Suprimir desde: «... así como que se prescinda...», hasta el final del
punto.
Enmienda
Al punto 6
De sustitución.
6. Introducir en los planes de formación penitenciarios, módulos de
igualdad de trato y no discriminación como complemento a las medidas
penales del maltratador.
Enmienda
Al punto 7
De sustitución.
7. Garantizar la inclusión en los programas de emergencia económica a
aquellas mujeres maltratadas, sin recursos y con un marido o compañero
insolvente.
Enmienda
Al punto 8
De sustitución.
8. Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensiones
para los casos de separación y divorcio.
Enmienda
Al punto 10
De sustitución.
10. Conseguir que los medios de comunicación, especialmente los
«públicos», fomenten la sensibilización social en su condena contra la
violencia y la promoción de los valores no sexistas.
Enmienda
Al punto 13
De sustitución (este punto, por sistemática, debería ser el punto 16 bis
de la moción).
16 bis. El Congreso de los Diputados encomienda a la Comisión Mixta
Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer a que incluya en el informe
solicitado por el Pleno de 17.2.98 los requisitos que deben conformar las
casas de acogida, y esto en colaboración con las asociaciones de mujeres
que vienen trabajando en esta problemática para proceder a su ampliación.
Enmienda
Al punto 16
De supresión.
Enmienda
Al punto 17
De sustitución.
17. Asimismo, el Congreso de los Diputados encomienda a la Comisión de
los Derechos de la Mujer a que estudie la conveniencia de la creación de
un Comité Coordinador entre el movimiento de mujeres, colectivos
profesionales implicados e instituciones, para la elaboración,
seguimiento y evaluación de las medidas puestas en marcha y hechos
relacionados con la violencia doméstica.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar
la siguiente enmienda a la moción, consecuencia de interpelación, acerca
de
la política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son
víctimas las mujeres.
Madrid, 24 de febrero de 1998.--Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.--Joaquim Molins i Amat, Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán.
Enmienda
De modificación.
Se sustituye el texto de la moción por el siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar desarrollando las cuatro propuestas efectuadas en la
Conferencia Sectorial Extraordinaria, dedicada a la violencia contra las
mujeres, que se celebró el 26 de noviembre de 1997:
1. Creación de una Comisión Interministerial, compuesta por los
Ministerios de: Educación y Cultura, Justicia, Interior, Sanidad y
Trabajo y Asuntos Sociales, con el fin de coordinar las actuaciones que
se lleven a cabo para reducir la violencia y paliar sus consecuencias.
2. Elaboración de un Plan de Acción contra la Violencia, para los tres
próximos años.
3. Realización de una campaña de sensibilización en el año 1998 a nivel
de todo el Estado en medios de comunicación. Esta campaña, con un importe
de 160 millones de pesetas, se llevará a cabo cuando se apruebe el Plan
de Acción.
4. Revisión de la legislación existente y de los procedimientos legales,
así como revisión y seguimiento de las sanciones impuestas por los
delitos de violencia contra las mujeres. Este acuerdo se ha incluido
dentro de las diferentes actuaciones del Plan de Acción.
2. Aplicar las diez medidas siguientes contra los malos tratos a mujeres,
aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 16 de enero de 1998.
1. En la convocatoria de subvenciones a ONGS con cargo al IRPF 98 se crea
una línea nueva de programas de apoyo a niños y niñas que han sufrido las
consecuencias de la violencia doméstica y se incrementa la dotación
presupuestaria de programas de apoyo y asesoramiento a mujeres
maltratadas.
2. A lo largo de 1998 habilitar nuevos Centros de Acogida para Mujeres.
3. En el Plan de Empleo de 1998 contemplar Cursos de Formación para el
Empleo para mujeres víctimas de la violencia y así facilitar su
reinserción laboral y social.
4. A lo largo de febrero y marzo de este año se van a realizar módulos
formativos dirigidos a mandos superiores de Policía y Guardia Civil, así
como se van a desarrollar Jornadas sobre Violencia Doméstica dirigidas a
miembros de la Policía y Guardia Civil.
5. A lo largo de 1998 se van a crear 11 servicios nuevos de atención a la
mujer en el ámbito de las comisarías de policía en Cádiz, Tenerife,
Valladolid, Vigo, Córdoba, Almería, Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara y Murcia y asimismo en este año se incrementará el número de
plazas de mujeres policías y guardias civiles.
6. Campaña de sensibilización de ámbito estatal en los meses de marzo y
abril de este año elaborada conjuntamente por las CC. AA., FEMP y la
Administración del Estado.
7. Publicación y difusión de una Guía de Recursos existentes en el ámbito
de todo el territorio del Estado para mujeres maltratadas. La Guía se
presentará a finales de marzo.
8. A lo largo de este año se pondrán en marcha Oficinas de Asistencia a
las víctimas de delitos violentos en las sedes de Juzgados y Tribunales y
en las Fiscalías.
9. Promover en colaboración con los Colegios de Abogados, la creación de
turnos de oficio específicos para las causas criminales por malos tratos
en el entorno familiar, a lo largo de este año.
10. En 1998 se va a proceder a la normalización de los reconocimientos
médicos forenses para garantizar la acertada calificación jurídico penal
de los comportamientos violentos en el ámbito familiar.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el Plan de Acción
contra la violencia hacia las mujeres que se está elaborando en el seno
de la Comisión Interministerial constituida al efecto, se incluyan las
siguientes medidas, aprobadas en los Plenos del Congreso de los Diputados
de 16 de noviembre de 1997 y de 17 de febrero de 1998.
Justificación
Muchas de las medidas que se proponen en la moción se están aplicando en
la actualidad, al estar contenidas en el paquete de medidas urgentes
contra los malos tratos a mujeres, aprobado por el Gobierno el pasado 16
de enero de 1998.
De otra parte, la Comisión Interministerial constituida al efecto está
elaborando conjuntamente con las Comunidades Autónomas un Plan de Acción
contra la Violencia, de inminente presentación.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/011480 y 181/001388
La Presidencia de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
184/011480.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Solicitud de que se incluya en el orden del día de la próxima sesión que
celebre la Comisión correspondiente su pregunta sobre coste de la
financiación pública de la enseñanza infantil impartida en centros
privados, en el año 1997.
Acuerdo:
1. Tener por convertida la iniciativa en pregunta con respuesta oral en
Comisión y trasladarla, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento,
a la de Educación y Cultura (nuevo número de expediente 181/001388).
2. Comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al señor Diputado
preguntante, así como publicarlo en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 1998.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.