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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 131, de 20/01/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 131
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión de la Diputación Permanente núm. 5
celebrada el martes, 20 de enero de 1998
ORDEN DEL DIA:
--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso de los Diputados con el siguiente Orden del día: debate de la
Proposición no de Ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
insta al Gobierno a cesar de inmediato al Fiscal General del Estado y a
la remoción del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
(Número de expediente 162/000191) (Página 6847)
--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso de los Diputados con el siguiente Orden del día: 1) Solicitud,
formulada por 83 Diputados del Grupo Socialista del Congreso, de creación
de una Comisión de Investigación sobre las actuaciones desarrolladas por
ENDESA en relación con el control de la sociedad chilena ENERSIS. (Número
de expediente 156/000008); y 2) Habilitación, en su caso, del mes de
enero para la constitución y trabajos de la Comisión de Investigación
sobre actuaciones desarrolladas por ENDESA en relación con el control de
la sociedad chilena ENERSIS (Página 6860)
--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Sanidad y Consumo con el siguiente Orden del día: Comparecencia urgente
del Ministro de Sanidad y Consumo para informar, con carácter previo a la
firma del correspondiente acuerdo, del contenido de la negociación que se
está llevando a cabo con Farmaindustria, para hacer efectiva la reducción
de 65.000 millones de pesetas anuales en el gasto farmacéutico público,
decidida por el Gobierno, y sus consecuencias en relación con los
derechos actualmente reconocidos a los pacientes para acceder a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. (Número de
expediente 213/000487) (Página 6871)
--Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo con el siguiente Orden del día:
Comparecencia urgente del Ministro de Industria y Energía para informar
de la posición del Gobierno respecto del Plan de modernización,
racionalización, reestructuración y reducción de actividad de la
industria minera española ante la postura de la Comisión Europea. (Número
de expediente 213/000498) (Página 6878)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso de los Diputados con el siguiente orden del día: Debate de la
proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
insta al Gobierno a cesar de inmediato al Fiscal General del Estado y a
la remoción del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional
(Página 6847)
En defensa de la solicitud interviene el señor Belloch Julbe, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un turno extraordinario intervienen los señores Belloch Julbe,
González de Txabarri Miranda y Ollero Tassara.
Sometido a votación el primer punto del orden del día, se rechaza por 23
votos a favor y 28 en contra.
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso de los Diputados con el siguiente orden del día: 1) Solicitud,
formulada por 83 diputados del Grupo Socialista del Congreso, de creación
de una comisión de investigación sobre las actuaciones desarrolladas por
Endesa en relación con el control de la sociedad chilena Enersis; y 2)
Habilitación, en su caso, del mes de enero para la constitución y
trabajos de la comisión de investigación sobre actuaciones desarrolladas
por Endesa en relación con el control de la sociedad chilena Enersis
(Página 6860)
En defensa de la solicitud interviene el señor Hernández Moltó, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un turno extraordinario intervienen los señores Hernández Moltó y
Aguirre Rodríguez.
Sometido a votación el segundo punto del orden del día, se rechaza por 23
votos a favor y 27 en contra.
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Sanidad y Consumo con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente
del Ministro de Sanidad y Consumo para informar, con carácter previo a la
firma del correspondiente acuerdo, del
contenido de la negociación que se está llevando a cabo con
Farmaindustria para hacer efectiva la reducción de 65.000 millones de
pesetas anuales en el gasto farmacéutico público, decidida por el
Gobierno, y sus consecuencias en relación con los derechos actualmente
reconocidos a los pacientes para acceder a la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud (Página 6871)
En defensa de la solicitud interviene la señora Amador Millán, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Núñez
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el tercer punto del orden del día, se rechaza por 22
votos a favor y 28 en contra.
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo con el siguiente orden del día:
Comparecencia urgente del Ministro de Industria y Energía para informar
de la posición del Gobierno respecto del Plan de modernización,
racionalización, reestructuración y reducción de actividad de la
industria minera española ante la postura de la Comisión Europea (Página 6878)
En defensa de la solicitud intervienen los señores Martínez Noval, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Rodríguez Sánchez y Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Santiso del Valle, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un turno extraordinario intervienen el señor Martínez Noval y la
señora Fernández González.
Sometido a votación el cuarto punto del orden del día, se rechaza por 22
votos a favor y 27 en contra.
Se levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de mañana.
-- SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: DEBATE DE LA
PROPOSICION NO DE LEY DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A CESAR DE INMEDIATO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y A
LA REMOCION DEL FISCAL JEFE DE LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
(Número de expediente 162/000191)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
De acuerdo con los artículos 56 y siguientes del Reglamento hemos
convocado la Diputación Permanente, que se reúne para examinar y debatir
el orden día que tienen previamente repartido, y que está constituido por
cuatro puntos, el primero de los cuales es la solicitud de celebración de
una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados con el
siguiente orden del día: debate de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso por la que se insta al Gobierno a
cesar de inmediato al fiscal general del Estado y la remoción del fiscal
jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
En virtud de los artículos indicados, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Socialista en defensa de la solicitud.
El señor BELLOCH JULBE: Con la venia, señor presidente. En primer
término, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que aclarar que el
motivo de este acto no es en modo alguno, desde nuestra óptica, discutir
la cuestión jurídica de si la Audiencia Nacional es competente o no lo
fuere para instruir, y en su caso investigar, los delitos cometidos
durante la dictadura militar chilena y la argentina, aunque nuestra
posición sea la de que sí es competente. Pero no es ése el objetivo que
pretendemos debatir, no es ésa la razón, el motivo por el cual
consideramos imprescindible que se proceda a convocar un Pleno
extraordinario y urgente; el motivo no es la posición jurídica final
mantenida por los señores Fungairiño y Cardenal, sino y la argumentación
utilizada, los términos empleados para fundamentar esa conclusión.
Nos referimos, sobre todo, al siguiente párrafo que, desde nuestro punto
de vista, es nuclear dentro del conjunto del dictamen: Las Juntas
Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden
constitucional establecido mediante acta institucional, que tenía por
objeto precisamente subsanar las insuficiencias de que ese orden
constitucional adolecía para mantener la paz pública.
Ese informe, inicialmente anónimo aunque evidentemente atribuido al señor
Fungariño, tiene una fecha muy concreta, la de 2 de octubre de 1997. Ese
mismo día ocurría algo importante en Madrid: llegaba el general chileno
Torres Vela, amigo personal del dictador Pinochet. Este fiscal, como
saben SS. SS., tuvo un papel absolutamente decisivo en todos los consejos
de guerra, por lo menos en los más significativos consejos de guerra de
1973. ¿Cuál era la finalidad de ese dictamen? Creemos los socialistas --y
de ahí la necesidad de debatir urgentemente esta materia en plenario--
que se pueden sostener dos hipótesis: una, que se tratara de un informe
preparado precisamente para la declaración que Torres Vela tenía que
prestar ante el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional,
declaración que se produjo al día siguiente, día 3; dos, que se hizo a
petición o por inspiración de ese general o ambas cosas.
Lo cierto, para que comprendan en qué basamos esa suposición, es que el
tal informe contiene datos erróneos que no están previstos en la causa,
que no pueden salir de causa. ¿A qué se puede deber esa presencia de
datos erróneos que no pueden extraerse de la causa judicial? Pues a una
de dos hipótesis, bien que el señor Fungairiño no leyera debidamente la
causa, lo cual no es probable ni se compadece bien con el expediente
profesional del señor Fungairiño, o más probablemente a que ha recibido
información por causas extraprocesales, concretamente del general Torres
Vela.
Les voy a decir alguno de los errores obvios, que por cierto después se
han multiplicado en más de un lugar. Imputa la máxima responsabilidad de
los hechos ocurridos en Chile a los carabineros, que, como saben ustedes,
viene a ser una organización análoga a la Guardia Civil, cuando los
hechos son, como también saben la mayoría de SS. SS., que la mayor
responsabilidad correspondió a la Dina, organización de inteligencia
militar dependiente directamente de las órdenes del dictador Pinochet.
Pero hay más errores. Por ejemplo, en Argentina se confunde la fecha del
decreto de la Presidencia que supuestamente habría justificado la
intervención, no es de 1974, sino de febrero de 1975, y no se refiere a
todo el territorio nacional, se refiere a la provincia de Tucumán.
Además, entre paréntesis, se les olvida decir que antes de que la
presidenta firmara ese decreto, había sido, eso sí, expulsada de la Casa
Rosada y detenida por la Policía. El decreto que extiende a todo el
territorio nacional --y es otro error del documento-- es de fecha
posterior, de octubre de 1975, y ya no lo firma la presidenta sino el
presidente en funciones Italo Luna. Son dos ejemplos de errores, entre
otros muchos de los que contiene el documento, que no resultan, insisto,
de la causa criminal, que tienen que tener necesariamente una fuente
extraprocesal.
Con todo, lo verdaderamente importante, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Socialista, es que los argumentos utilizados en ambos
decretos, los argumentos utilizados en la defensa por los militares
argentinos son exactamente la frase que hemos transcrito, el que ellos no
pretendían subvertir el orden constitucional, sino que simplemente
trataban de restablecerlo y evitar sus disfunciones y anomalías. Eso es
lo verdaderamente grave, que el argumento básico de defensa de los
golpistas es asumido, en términos prácticamente literales, por quien es
el fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Esta argumentación, inicialmente asumida por ese fiscal, desgraciadamente
es apoyada con posterioridad por el fiscal general del Estado --vamos a
llamarle tal y como se nombra la institución, aunque pensemos que
realmente merecería otro nombre--, y lo que es más grave, intenta
equiparar lo ocurrido en el golpe militar en Chile o Argentina a las
situaciones de excepcionalidad que contemplan todas las constituciones
democráticas y, por tanto, también la Constitución española: los estados
de excepción, sitio, etcétera.
¿Cómo es posible esa equiparación? ¿Qué tienen en común las situaciones
excepcionales previstas en nuestra Constitución española con la dictadura
militar, con los golpes de Estado militares en Chile y Argentina? Todos
sabemos que no tiene nada que ver, que las situaciones excepcionales,
algo en lo que está de acuerdo toda la doctrina, no son más que la
confirmación del propio orden constitucional. No derogan ese orden
constitucional, sino que lo confirman, mientras que creo yo que no habrá
duda en pensar que esas dictaduras lo que significaron no fue sólo, por
descontado, la subversión del orden constitucional, sino, más propiamente
hablando, la plena destrucción de ese orden constitucional, la plena
destrucción del Estado de Derecho, la plena destrucción de los derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, la
argumentación de ese documento por parte del fiscal Fungairiño, avalada
por el fiscal Cardenal, está basada en una concepción ideológica muy
precisa. Por ser más bien cuidadoso, diríamos que trata de propiciar,
justificar o explicar el golpe de Estado. Esa concepción ideológica es la
que late en el fondo de ese dictamen, en el fondo de la posición de apoyo
del fiscal Cardenal a la postura del señor Fungairiño, aunque, desde
luego, esté disfrazada de argumentos jurídicos. Eso no modifica en
absoluto que ésa sea la base ideológica en que está inspirado el
documento. Desde esa óptica, sin tener esa posición ideológica,
es siempre negativo y lamentable para cualquier funcionario público.
Desde la óptica de los socialistas, resulta simplemente intolerable,
cuando quien mantiene esa opción ideológica, aunque la disfrace de
lenguaje jurídico, resulta que son las personas encargadas de defender la
legalidad democrática, el principio de legalidad y el Estado de Derecho.
Prescindo de temas accesorios, aunque realmente importantes, porque no
son el núcleo de la intervención. Por ejemplo, el que de hecho se
sustrajera de la Junta de Fiscales Generales los documentos que avalaban
la competencia de la Audiencia Nacional, tanto los procedentes de los
juzgados de instancia como los procedentes de alguna organización
profesional, es grave, pero no es lo fundamental, desde el momento en que
insistimos que no son los aspectos jurídicos los que determinan la
urgencia de la convocatoria por nosotros solicitada.
El fiscal general del Estado trató en todo momento de justificar lo
injustificable, incluido el párrafo antes transcrito, aduciendo que no ha
sido correctamente interpretado. Desde nuestra óptica, si fuera un simple
problema de interpretación, el problema se podría haber resuelto muy
sencillamente. ¿Por qué no compareció de manera inmediata el señor
Fungairiño, tan dado, por otro lado, a declaraciones públicas no siempre
particularmente discretas, a decir de manera clara y sin ambages que él
no estaba dispuesto a mantener otra actitud que no fuera la de condena de
las dictaduras militares y a rectificar los entuertos? ¿Por qué no lo
hizo? Más bien hizo exactamente lo contrario. Como ustedes saben, en unas
declaraciones a El Mercurio, Chile, consideró oportuno mantener esa misma
posición, afirmando sin más que las actuaciones que se persiguen contra
el régimen militar instaurado por el golpe de Estado del general Pinochet
no trataban de subvertir el orden constitucional implantado en Chile por
el Gobierno de Allende. ¿Por qué frente a estas declaraciones, frente a
ese documento el fiscal general del Estado lo avala?
Trataré, por tanto, de resumir la posición de nuestro grupo. En primer
lugar, consideramos que la defensa de posiciones políticas disfrazadas
con el hábito --no sé si en este caso sería mejor decir con el uniforme--
de lo jurídico es intolerable cuando ese posicionamiento parte,
precisamente, de quienes tienen el deber, la función constitucional de
velar por el principio de legalidad democrática.
Segundo. Defender a finales del siglo XX o explicar de cualquier modo la
legitimidad de un golpe de Estado contra la democracia precisamente como
medio de subsanar las deficiencias que presenta ese propio orden
constitucional (por cierto ningún golpe de Estado se ha dado por otro
argumento distinto a ése en toda la historia y en todos los países)
constituye no sólo una ideología antidemocrática impropia de un país
civilizado, constituye una ideología criminal. Supone amparar a tipos
como Pinochet o Astiz; supone amparar sus asesinatos, sus torturas y sus
secuestros.
Tercero. Quien piensa que el orden constitucional es insuficiente para
mantener la paz pública, teniendo en cuenta que de ese orden
constitucional forman parte también aquellas situaciones de excepción a
que antes he aludido, no puede, pensamos, seguir ocupando dignamente los
cargos de fiscal jefe de la Audiencia Nacional y de fiscal general del
Estado; a lo mejor sí el de fiscal general del Gobierno.
Cuarto. La responsabilidad política por su actuación recae necesariamente
en el Gobierno de la nación que los designó y, desde luego, compete al
Gobierno, como una mínima inicial medida, proceder al cese y remoción de
uno y otro, porque ambos han quedado fuera de los límites de la
Constitución española. No estamos ante un conflicto, así lo pensamos,
entre partidos; no creo que sea serio seguir hablando como argumento,
para evitar discutir a fondo de esta materia, de que el señor Fungairiño
preste servicios en la instrucción de causas importantes, como si con
ello se quisiera decir que es imposible que cualquier otro fiscal español
tenga la capacidad de instruir dignamente esas mismas causas. No parece
serio seguir insistiendo en esa línea argumental.
Aquí no hay nada que capitalizar; aquí lo que hay es un problema mucho
más grave en el que todos, empezando por el Gobierno y siguiendo por el
resto de las instituciones del Estado --esta Cámara, sin duda-- tenemos
que intentar no sólo repudiar sino corregir. Son unas declaraciones que
deben avergonzar a cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad
cívica, no ya siquiera democrática. Este país, España, no se merece tales
comportamientos y menos aún nos mereceríamos que queden impunes.
Mal estuvo que el Gobierno se empecinara en nombrar al señor Fungairiño
contra todo consejo, podemos decirlo; tampoco entraremos mucho en ese
tema porque está pendiente ante los tribunales, que ya resolverán sobre
el carácter legal o ilegal de ese nombramiento. Peor estaría, sin
embargo, que persistiera en su actitud y no rectificara el error, en el
que a estas alturas creo ya empezarán a pensar, que se cometió con ese
nombramiento. No hacerlo así demostraría una ceguera y una falta de
sensibilidad que ciertamente al Grupo Parlamentario Socialista nos
escandalizaría y nos preocuparía.
La gravedad de todo lo dicho hasta ahora justifica, en opinión de nuestro
grupo, de manera sobrada la necesidad de convocar y debatir en un Pleno
extraordinario la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Su
urgencia viene determinada no sólo por la gravedad obvia de las conductas
que denunciamos sino por un hecho que no se escapa a ninguna de SS. SS.,
y es que sobre estas materias hay afortunadamente investigaciones
judiciales pendientes en las que están interviniendo precisamente esos
dos fiscales. Y a estas alturas,
me da la impresión --convendrán con nosotros--, que no puede sostenerse
de ellos la necesaria imparcialidad en la realización de sus funciones,
en la realización del principio de legalidad democrática. Es urgente, por
tanto, tratar de evitar que continúe esa situación.
Si el grupo parlamentario que sostiene principalmente al Gobierno
decidiera no dar la oportunidad de ese debate --yo espero que lo
considere seriamente y lo permita--, si mantuviera, en definitiva, la
posición negativa tendríamos que decir que nos lo explicamos, que es
lamentable pero nos lo explicamos, porque, en definitiva, podía
significar a lo mejor que las posiciones del fiscal Fungairiño y del
fiscal Cardenal coinciden con las posiciones del señor Aznar y del
Gobierno, o incluso que ésa es la posición de Aznar y del Gobierno y que
sus fiscales se han limitado de manera disciplinada a acatar sus
instrucciones. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular: Eso es
una falacia.--Rumores.) Esa sería una explicación, lamentable pero
comprensible y de algún modo coherente con lo que ha sucedido en el
pasado, porque ciertamente desde su nombramiento ambos fiscales se han
limitado a cumplir estrictamente las instrucciones del Gobierno.
Por tanto, si ustedes nos niegan la posibilidad de debate seguro que le
vemos una explicación. Nos sorprendería y nos preocuparía más que otros
grupos parlamentarios pudieran unirse a esa iniciativa. No
comprenderíamos que se pretendiera impedir u obstaculizar el debate. Si
así lo hicieren, tendrán que explicarlo con cuidado, sobre todo a sus
propios votantes.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de la
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez,
que me ha anunciado que compartirá su turno --les ruego que sean
escrupulosos respecto al tiempo-- con el señor Peralta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, quiero expresar el apoyo a la
celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los
Diputados para debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que insta al Gobierno a cesar de inmediato al fiscal general
del Estado y a la remoción del fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional. Y lo hacemos así porque pensamos que hay un tema central, que
se maneja en los siete folios del fiscal jefe de la Audiencia y en la
nota del fiscal general apoyando la argumentación del fiscal jefe de la
Audiencia, que justifica nada menos que asesinatos y desapariciones
ocurridas durante las dictaduras militares en Chile y Argentina, que
afectaron además a ciudadanos españoles. Pensamos que no es de recibo
que, en un régimen democrático, instituciones que debían de velar por la
pureza del régimen democrático, la vigencia de la Constitución y de los
valores que en ella están establecidos se dediquen a justificar, en
nombre de las insuficiencias del régimen democrático, que se puedan dar
golpes y represiones características precisamente de los Estados de
terror. Si es que se da algún tipo de aval a las fuerzas militares y a
los aparatos policiales para que puedan actuar de esta manera
discrecional, y encima en nombre de los principios democráticos, pensamos
que se abre un camino peligrosísimo que desgraciadamente no está lejos de
ser andado por muchos regímenes actuales en el mundo. Muy cerca de
nosotros, muchas veces se nos llena la boca de grandes aclamaciones
haciendo condenas en contra de regímenes que no respetan los derechos
humanos.
Señorías, pensamos que es muy fácil caer en la tentación de acabar con la
divergencia, con la diversidad y con la oposición precisamente en
momentos de convulsión política, por los que pasan inevitablemente todos
los Estados democráticos del mundo. En ese sentido, queremos expresar
nuestra preocupación porque se vaya a privar a la competencia
jurisdiccional española de defender los derechos de las familias de
nuestros desaparecidos y de que, además, no se dé cobertura a la
investigación de jueces españoles que, contando precisamente con la
cobertura de la Junta de Fiscales de Sala, desde hace prácticamente más
de un año querían que fuesen reprobados internacionalmente --por lo
tanto, inmovilizados físicamente --muchos de los autores de hechos
ominosos, de hechos cobardes y de hechos que van en contra de los
derechos humanos y del más elemental sentido de la convivencia. Si el
Congreso de los Diputados del Estado español no colabora a que haya un
repudio internacional de golpistas, asesinos y torturadores, estamos
abriendo la puerta a que, en nuestro Estado, golpistas, asesinos y
torturadores puedan ver justificado en un futuro próximo cualquier tipo
de desmán o de actuación al margen de la ley. Por lo tanto --y ya para
acabar--, expresamos nuestro apoyo a la petición del Grupo Parlamentario
Socialista porque consideramos que sería un acto de justicia, un acto de
legitimidad democrática que nuestros aparatos institucionales, y en
concreto los judiciales, fueran observantes máximos de lo que son las
virtudes, las leyes y los principios democráticos. Si no es así, que este
Congreso de los Diputados actúe consecuentemente haciendo valer la
legalidad a la que todos debemos estar sometidos, incluidos jueces y
fiscales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Nueva Izquierda ya el 19 de noviembre de 1997 solicitaba la
comparecencia en el Congreso de los Diputados del fiscal general del
Estado, con el objeto de poder llevar a cabo en esta Cámara, una cámara
política, un debate sobre unos temas de clara naturaleza política que han
dado lugar a un arduo debate en las más importantes instancias
judiciales, especialmente fiscales, de nuestro país en los últimos meses,
debate que se ha centrado fundamentalmente en torno a unos razonamientos
que se exponían en una anterior intervención y que vienen a decir que, en
cuanto a que la finalidad del exterminio de la disidencia política fuera
una subversión del orden constitucional, no cabe olvidar que las juntas
militares --argentina y chilena-- no pretendían sino la sustitución
temporal del orden constitucional establecido mediante acta
institucional, que tenía por objeto precisamente subsanar las
insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la
paz pública.
Evidentemente, señorías, como se desprende de esta lectura, es un debate
pura y propiamente político, pero se ha celebrado en instancias
judiciales y ha dado lugar a que se escucharan respuestas, por ejemplo de
la Unión Progresista de Fiscales, denunciando ese tipo de razonamientos
como incompatibles con el desempeño de un cargo público en una sociedad
democrática. Términos similares se utilizaban por la Asociación de
Derechos Humanos. En una declaración conjunta de Jueces para la
Democracia, Asociación Pro Derechos Humanos, Federación de Juristas
Progresistas y Asociación Catalana de Juristas Demócratas, se decía que
esos razonamientos responden a una postura ideológica, tanto por el
contenido de las declaraciones como por el medio de comunicación en que
se habían difundido, el diario El Mercurio, el periódico que prestó mayor
apoyo a la dictadura, y se decía que la absolución del discurso político
de las dictaduras militares por parte del fiscal jefe de la Audiencia
supone un prejuicio ideológico antidemocrático que afecta a su
imparcialidad. Estos razonamientos fueron debatidos y respaldados por el
propio fiscal general del Estado, que llegó a afirmar --se ha dicho
también-- literalmente: el informe de Fungairiño está muy bien
confeccionado y es ajustado al ordenamiento jurídico español. Nos parece
que esta situación, señorías, merece sin lugar a dudas una doble
consideración. En primer lugar, la de un verdadero disparate político, es
absolutamente increíble que en un Estado de Derecho normal los órganos
judiciales se enzarcen en este tipo de debates de naturaleza propiamente
política, cuando lógicamente las instancias judiciales no son el lugar
idóneo para llevarlo a cabo. En segundo lugar, nos parece también un
auténtico disparate jurídico, y buena prueba de ello es que, a pesar de
la opinión del fiscal general del Estado diciendo que ese informe era un
informe ajustado al ordenamiento jurídico español, la posición final
sostenida por la Fiscalía General del Estado no guarda relación con ese
tipo de consideraciones y ha defendido la competencia de la jurisdicción
española, al menos en lo relativo al caso chileno.
Por tanto, señorías, si nos encontramos en presencia de un auténtico
dislate jurídico y político y tenemos en cuenta precedentes de algunas de
estas personas (en el caso concreto del fiscal Fungairiño, no hace mucho
descalificaba al secretario general del principal partido de la
oposición, que había sugerido el tema de los indultos, y decía que eso
era un disparate, tema en el que además el fiscal general del Estado
decía que era un tema político que él no comentaba, y ese tipo de
descalificaciones se habían vertido previamente en relación con el propio
Gobierno, cuya posición de trasladar presos al País Vasco había
calificado de bajada de pantalones), deberíamos concluir en buena lógica
que el resultado hoy sería el cese. Sin embargo, señorías, el resultado
real es totalmente distinto. Hoy no sólo no se cesa sino que incluso se
le premia, se le quitan castigos; eso que él se atrevió a calificar de
una simple multa de tráfico ya no es motivo de preocupación para el señor
Fungairiño: le ha sido retirada esa sanción.
En esta situación, ¿qué pensará el ciudadano de la calle, y no sólo el
ciudadano de la calle en este país, sino en el extranjero, en Chile y en
Argentina, de que las máximas instancias fiscales de nuestro país hagan
el tipo de declaraciones que han hecho en relación con los crímenes
horrendos de las juntas militares? Pues en esta situación, señoría, de lo
que no cabe la menor duda es de que la única lógica que se está
cumpliendo escrupulosamente es la del nombramiento de estas personas.
Cuando se hicieron los nombramientos, pasando por encima de todas las
opiniones, de todos los trámites, no cabe duda de que se esperaba de
ellos este tipo de actuaciones. Pero esta Cámara y los ciudadanos de
nuestro país, los demócratas de nuestro país no podemos consentir que
estén vigilando la legalidad democrática quienes en el fondo y
explícitamente no la comparten. Por eso, señorías, nos parece que este
tema es muy grave, y no cabe hacer la menor referencia a la posición del
señor Fungairiño, que compartimos, frente al terrorismo etarra. El no
compartiría ese tipo de argumentos, y no los comparte en actuaciones
judiciales que sigue con especial denuedo en relación con determinados
ciudadanos de nuestro país. Y como el tema es muy grave, señorías,
termino diciendo que desde Nueva Izquierda manifestamos nuestro pleno
respaldo a este debate, que en todo caso, a través de una proposición no
de ley presentada por nuestro grupo, se tendrá que celebrar una vez se
haya reanudado el período ordinario de sesiones.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como el señor Belloch ha empezado su intervención --para disipar dudas de
lecturas equivocadas-- diciendo que no es objetivo de su debate el
cuestionar si es o no competente la Audiencia Nacional para enjuiciar
casos de actuaciones de juntas militares, de golpes de Estado, de
asesinatos, de conculcación de derechos humanos, de desaparición de
personas, etcétera, yo también comienzo diciendo que por parte de mi
grupo no es objetivo de este debate ni mi intención denegarle al partido
y al grupo parlamentario que toma esta iniciativa la posibilidad de
celebrar, señor Belloch, un debate que en esta materia es legítimo que se
haga en esta Cámara. Tengo que empezar también haciendo una reafirmación
de principios democráticos. Comparto el fondo de su intervención y la
mayoría de los argumentos que en base política --no entro en cuestiones
de Derecho ni de competencias-- los demócratas tenemos que suscribir
pública y privadamente y en cualquier acto de nuestra actividad, ya sea
institucional o no. Rechazo, por supuesto, todas esas conculcaciones de
órdenes constitucionales democráticos por juntas militares o golpistas de
cualquier signo civil o militar. Rechazo cualquier conculcación de
derechos humanos, de asesinatos, de crímenes de lesa humanidad. Ahora
bien, lo que yo no he alcanzado a comprender son las razones del señor
Belloch para entrar en lo que yo tengo que votar aquí, que no es si estoy
a favor o en contra de determinados nombramientos o de determinadas
actuaciones de uno o de dos fiscales, sino que para dilucidar esta
cuestión en un debate amplio haya que convocar un Pleno extraordinario
del Congreso de los Diputados al amparo de una decisión de la Diputación
Permanente. Y como eso no se me alcanza, voy a votar que no a la
convocatoria de un Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados
durante el mes de enero para ajustarme a un procedimiento formal, que
quiero dejar bien claro. Me gustaría que se llegara al compromiso
--aunque no lo haya dicho el señor Belloch--, en el caso de que sea
rechazada esta petición de un Pleno extraordinario durante el período del
mes de enero, de presentar esta iniciativa de la proposición no de ley
para el orden del día de un Pleno ordinario. Y ahí sí que le gustará a
este portavoz y a mi grupo intervenir en debates de fondo sobre estas
situaciones. Pero ahora, a lo que estoy emplazado no es a votar si estoy
a favor o en contra, porque ya he hecho una declaración de principios de
estar en contra de todo eso, en lo que coincido con el señor Belloch, de
denuncia de actos de ese tipo, pero en un debate amplio nosotros tenemos
que tener la sensatez, la prudencia y el realismo político que tuvieron
las fuerzas políticas españolas a partir de 1975, cuando con un amplio
consenso democrático votamos por la elección de Cortes Constituyentes y
votamos por un planteamiento de la convivencia española mirando hacia
adelante y no para pedir cuentas en una ruptura hacia el pasado. Ese es
el detalle que yo quiero tener con los demócratas argentinos y chilenos,
que han atravesado también y están atravesando todavía situaciones
delicadas, con figuras en Chile como la del dictador Pinochet, que
prácticamente secuestra el orden constitucional vigente. Pero esos
pueblos y esos parlamentos que han tomado decisiones democráticas después
de la dictadura de las juntas militares tienen que tener también
reconocimiento por parte de esta Cámara.
Ese debate lo haremos en su momento y me sumaré gustoso a muchas de las
ideas que ha expuesto el señor Belloch, que compartimos los que somos
demócratas y los dos lo somos. Pero yo me quiero ajustar al formalismo
porque quisiera dar a este debate toda la preponderancia que debe tener
en un Pleno ordinario del Congreso de los Diputados, dentro de quince o
veinte días, cuando el señor presidente del Congreso, de acuerdo con la
Mesa y la Junta de Portavoces, apruebe la convocatoria del primer Pleno
ordinario de la Cámara con su orden del día, para que éste sea un tema de
orden normal con un debate político muy interesante, no solamente con
respecto a terceros, sino también por lo que respecta al señor fiscal
general del Estado y, sobre todo, al fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, el señor Fungairiño.
El señor Belloch sabe cuál es la opinión de este diputado porque se la he
expresado. Siempre he defendido que en estos nombramiento se respeten los
planteamientos del Consejo Fiscal, cosa que se obvió ampliamente.
Crítico, por supuesto, y rechazo esos juicios que el señor Fungairiño ha
hecho en este caso. Pero como para lo que estamos aquí es para votar si
celebramos un Pleno extraordinario para esta materia, por esas razones de
forma, que no de fondo, mi grupo votará en contra de la celebración de
esta sesión extraordinaria del Pleno.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
De la intervención del señor Belloch, portavoz socialista en la
presentación de esta iniciativa, entendemos que existen dos aspectos que
habría que subrayar. Por una parte, la calificación que merecen a los
grupos parlamentarios --en este caso al Grupo Parlamentario Vasco-- las
afirmaciones del fiscal jefe de la Audiencia,
el señor Fungairiño de que la Junta Militar no pretendía sino la
sustitución temporal del orden constitucional establecido para subsanar
sus deficiencias. En segundo lugar, si existen razones de urgencia para
convocar un Pleno ante la gravedad de las mismas.
En relación al primer tema, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que
esta frase, que está textualmente recogida en dicho informe, es una frase
realmente escandalosa; que son contenidos llamativos los que se recogen
en tan pocas palabras y que también es pertinente el análisis del titular
que sostiene dichas tesis. Desde nuestra posición parlamentaria, son
afirmaciones y tesis ciertamente reprobables y que no compartimos. El
Grupo Parlamentario Vasco cree que son ciertamente graves las
afirmaciones que están recogidas en tan breves líneas. Es verdad también,
como decía el señor Belloch en el informe, que se pueden contextualizar
dichas frases, además de que existen inexactitudes o errores en el
análisis de lo sucedido en la situación argentina. Situación que el Grupo
Parlamentario Vasco, como conocen SS. SS., siguió y ha seguido muy de
cerca porque unas decenas de desaparecidos en dicho régimen eran
militantes también del Partido Nacionalista Vasco, y quiero recordar como
figura emblemática a toda la familia Arozamena, que desapareció en dichas
circunstancias.
En consecuencia, entendemos que son graves dichas afirmaciones del fiscal
jefe de la Audiencia y creemos que hay que leer el conjunto del informe
donde se califican como crímenes dichas circunstancias y, en
consecuencia, se califican las acciones.
Creo que es oportuno recordar también que el fiscal general del Estado ha
reconocido expresamente lo desafortunado de esta frase. Decía el señor
Belloch que no es procedente el análisis legal --él mismo ha hecho
algunas consideraciones en dicho sentido-- y nosotros quisiéramos
remarcar desde dicha perspectiva que el que unas actuaciones sean
repugnantes o que nosotros mismos las entendamos como auténticos crímenes
no supone necesariamente que puedan ser perseguidos en un país distinto a
aquel en que se cometieron y en cualquier tiempo. El orden público
procesal y los requerimientos del Estado de Derecho hacen necesario que
para poder juzgar unas conductas así lo permitan las normas sustantivas,
el Derecho Penal vigente en el momento de cometerse y las reglas de
competencia procesal. El informe emitido por la Secretaría Técnica de la
Fiscalía General del Estado, ceñido desde esta perspectiva a las
posibilidades materiales y procesales citadas, propone archivar la
investigación argentina y continuar con la chilena por una razón tan
clara como que los sucesos argentinos son anteriores a que en este Estado
se tipificase el genocidio, lo que no lo convierte en menos repugnante
pero sí en atípico. En todo caso, dado que el señor Belloch ha indicado
que este no es el debate, no creo que proceda seguir en esta línea.
Creo que lo sustantivo es la reflexión primera. Al Grupo Parlamentario
Vasco le molestan este tipo de afirmaciones, como he expresado en la
línea anterior. En la Comisión de Justicia e Interior tuvimos la
oportunidad de manifestar nuestro descontento por este tipo de
consideraciones, también en alguna otra ocasión, como cuando el señor
Cardenal consideró en su famosa Memoria de la Fiscalía del País Vasco que
el pluralismo político es la raíz de los males que apuntaban, pero en
este caso concreto se efectúan para justificar una competencia y, en
definitiva, para enjuiciar. Entendemos que con el conjunto de actuaciones
que se están llevando a cabo desde que fue público y conocido este
informe se está intentando, de alguna manera, confundir a la opinión
pública. El Grupo Parlamentario Vasco no comparte esta estrategia porque
creo que, de alguna forma, se está intentando mezclar la repulsa --que
entendemos que es generalizada-- por estas terribles acciones y por estos
crímenes de Estado (de ahí viene la tipología y denominación de ese tipo
de hechos) con la posibilidad de su enjuiciamiento en el Estado español.
Creemos que son dos circunstancias que, en todo caso, habría que
distinguir.
Como última consideración, antes de entrar en las razones de urgencia,
quisiera significar, señor presidente, que nos llama la atención el tenor
de la nota o de las actuaciones que en relación a este informe está
realizando el Grupo Socialista; que haga casus belli de un informe en la
línea que lo está haciendo. Creemos que en Chile y en Argentina hay mucha
gente también que se está riendo de lo que está sucediendo en el Estado
español; el hecho de que pretendamos hacerles analizar a estas alturas
del siglo sus crímenes de Estado cuando en el Estado español hay
ciertamente dificultades --en legítima defensa, por supuesto-- para poder
analizar la guerra sucia, nos resulta sorprendente. Creemos que el Grupo
Socialista, que mantiene en esta Diputación Permanente a un diputado que
tiene una acusación fiscal nada más y nada menos que de 23 años y está
empeñado en que esta investigación a nivel judicial no se lleve a cabo
con la debida diligencia y con criterios de un Estado de Derecho, no es
el que está más legitimado para levantar la voz de una forma tan
llamativa. Creo que en esos países, allende los mares, están haciéndose
ese tipo de preguntas. En todo caso, en Argentina se aprobó una ley de
punto final y sería interesante, dado que el debate se propone, extraer
las conclusiones debidas para ser de alguna forma conocedores de qué es
lo que sucede cuando se fomentan leyes de punto final o procesos bajo la
mesa que tienen como objetivo llegar a una situación de punto final.
Creemos que el análisis político de lo que sucedió en Argentina y en
Chile está sustantivizado. En el Grupo Parlamentario Vasco no tenemos
ninguna duda en relación a las calificaciones que esos crímenes de Estado
nos merecen, lo que no creemos, señor presidente, insisto,
es que a estas alturas del siglo existan razones de urgencia para
provocar un Pleno extraordinario en relación a este tema.
Esta es la postura del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra don Luis Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista plantea la necesidad de que celebremos
durante este mes de enero un Pleno con el objeto de debatir una
proposición no de ley que ellos presentaron el día 18 de diciembre, si no
recuerdo mal. Esta proposición no de ley tiene dos puntos: insta al
Gobierno a cesar de inmediato al fiscal general del Estado y a la
remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional. De entrada me
pronuncio sobre lo que es estrictamente el objeto de la petición del
Grupo Socialista, como es la convocatoria del Pleno extraordinario,
manifestando, como ya hemos anunciado, que nuestro grupo parlamentario va
a votar en contra de dicha solicitud, y me explicaré.
El tema de esta proposición no de ley socialista no es nuevo, arranca del
polémico informe del fiscal Fungairiño presentado al Consejo Fiscal,
informe que contiene una serie de frases yo diría escandalosas, incluso
barbaridades, que parecen legitimar la actuación de los militares
argentinos y chilenos durante la dictadura, y ya desde estas filas hemos
manifestado anteriormente, cuando se produjeron, que nos parecían
deplorables y absolutamente inadmisibles. En ese sentido, puedo añadir
incluso que desde estos bancos coincidimos en la mayoría de las críticas
que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Belloch, ha
vertido en contra del contenido de ese párrafo específico. También
expresamos, como lo hicimos en su momento, nuestra crítica al aval del
fiscal general del Estado, no a la tesis de fondo sobre la no competencia
de la Justicia española en estos asuntos, sino a lo que podríamos
denominar la comprensión o las excusas del fiscal general a las tesis de
ese fiscal de la Audiencia Nacional. En ese sentido pienso que no podrían
ser más contrarías a esas opiniones las del propio ministro de Justicia
argentino, tal como expresó ayer aquí en Madrid. Pero francamente, señor
presidente, no nos parece que este asunto merezca una convocatoria
urgente del Pleno; en primer lugar, porque el tema no nos parece tan
urgente, como también pensamos que no le debió parecer al Grupo
Socialista en el mes de diciembre, ya que no presentó hasta el día 18 la
proposición no de ley, desaprovechando de esa manera los plenos
ordinarios que se produjeron en ese mes para debatir el asunto. Supongo,
por tanto, que no pasará nada si esperamos dos o tres semanas para
debatirla, cuando se reemprenda el período ordinario de sesiones. Que
quede claro que aquí no se está negando el debate, sino que simplemente
se está situando en el tiempo, cuando se reinicien las sesiones
parlamentarias.
Pero también tenemos serias dudas sobre la oportunidad, dejando de lado
la urgencia de la petición. Tenemos, por ejemplo, fundadas dudas sobre
que el Congreso de los Diputados sea quien tenga que pedir la remoción
del fiscal general de la Audiencia Nacional, iniciativa que entendemos
corresponde al fiscal general o al Consejo Fiscal y no al poder político.
Este primer punto de la proposición no de ley pensamos que entra en
contradicción con el Estatuto del ministerio fiscal, pero en todo caso
estamos dispuestos a que nos demuestren lo contrario, simplemente estoy
exponiendo nuestra posición después de haber estudiado la situación.
Pero yendo aún si quieren un poco más lejos, nuestro grupo parlamentario
entiende que aquí no se están discutiendo las convicciones democráticas
de nadie, y menos de aquellos grupos políticos que a lo largo de los años
las han demostrado día tras día, sino el sentido de la responsabilidad
política así como de la utilización también política de un lamentable e
injustificable episodio, uno más, que pone en evidencia algo que viene de
lejos, que no es nuevo, como es el problema de la politización de ciertos
ámbitos de la justicia española, algo que sin lugar a dudas pensamos
nosotros que constituye un problema de Estado pero del que no es sólo
responsable este gobierno y en el cual existen importantes
responsabilidades por parte de los gobiernos anteriores. Desde esta
perspectiva también pensamos que el cese del fiscal general del Estado
sólo empeoraría la situación; este problema no se resuelve cambiando al
fiscal general cada seis meses sino con un cambio de actitud, pensamos,
de las principales fuerzas políticas sobre el tema. Pero, repito, señor
presidente, éste no es el debate de hoy y reitero nuestro voto contrario
a la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no puedo decir
que celebre porque el tema de fondo es suficientemente triste, pero, en
alguna medida sí tiene que valorar positivamente que por fin este tema se
esté tratando aunque sea con motivo de esta petición de un Pleno
extraordinario en esta Cámara.
Hasta ahora hemos sido el único grupo que en este tema ha manifestado
alguna sensibilidad porque como obras son amores y no buenas razones
somos el único grupo que ha formulado acusación ante la Audiencia
Nacional por los desaparecidos en la represión argentina. Y esta
acusación formulada por nuestro grupo no fue precisamente muy bien
recibida ni alabada por algunos de los grupos que hoy quieren
protagonizar este hecho sino que, al contrario, ya alegaron que quizá
había en ello una actitud poco sostenible jurídicamente. Somos también el
grupo que cuando ha comparecido el fiscal general del Estado le hemos
preguntado clarísimamente por qué no había dado instrucciones, entre
otros al señor Fungairiño, para que compareciera en el expediente que se
tramita para tratar de depurar estas responsabilidades y también en ese
punto nos quedamos absolutamente solos. Por ello hoy vemos que nuestro
esfuerzo no ha sido un esfuerzo baldío y que se empieza a tomar
conciencia clara de cuál es la importancia de los derechos humanos por
encima de criterios de territorialidad y cómo el ir cediendo en una forma
muy poco políticamente sostenible a estas interpretaciones puede llegar
hasta el extremo de que algunos funcionarios públicos en informes que se
les atribuyen justifiquen de forma nada velada determinadas actuaciones
absolutamente antidemocráticas.
Estamos tan absolutamente convencidos de la sensibilidad que va a tener
esta Diputación Permanente acerca del tema que casi no vamos a entrar en
el fondo porque pensamos que lo lógico y lo sensato es que dejando de
lado incluso las fechas en que nos movemos se acuerde la celebración de
ese Pleno extraordinario. Algunos podrán decir que ese Pleno
extraordinario es innecesario por la proximidad ya del período de
sesiones y que podríamos hacerlo en el próximo mes de febrero, pero el
tema es de tal importancia que a nuestro grupo no le importaría en
absoluto, es más lo celebraría, que fuera un Pleno extraordinario el que
debatiera este tema, y que lo debatiera en sus tres importantísimos
aspectos, el primero no solamente en lo primordial, que es la posición
clarísima de esta Cámara que es competente y está obligada a pronunciarse
políticamente en algo que efectivamente hasta la fecha no ha tenido más
que pronunciamientos muy poco institucionales cual es la condena de esas
actitudes en otros países; en segundo lugar nos parece que esta Cámara,
en ese Pleno, como ya hemos intentado que haga en otras ocasiones, tiene
que definir de forma muy clara qué modelo de ministerio fiscal tenemos.
Es muy cómodo hoy hablar del fiscal del Gobierno, cuando ese fiscal de
Gobierno es el que se ha heredado de anteriores conductas, y lógicamente,
ahora se soportan las consecuencias de esa formulación y de esa
concepción de la institución. Es ocasión, también con este motivo, de que
nos planteemos qué modelo de fiscal general del Estado queremos y qué
modelo de institución, para que quede perfectamente claro que no tiene
por qué ser dependiente del Gobierno. Pero, en tanto en cuanto los dos
partidos mayoritarios mantengan la tesis de la dependencia del fiscal
general del Estado del Gobierno en su nombramiento y en las instrucciones
que se le remiten, carecen de mucha legitimidad para tratar de exigir
responsabilidades en este tema.
En tercer lugar, porque queremos que de una forma muy clara este tema,
que tiene importancia de por sí, se separe por completo de la pelea
particular que entre los grupos mayoritarios se traen acerca de la
situación de la Audiencia Nacional. Nos parece, sinceramente, muy poco
presentable que un tema de esta importancia se utilice como un
instrumento más en una pelea cual es la sustitución del señor Aranda o la
del nombramiento del señor Fungairiño. Este tema merece mucho más respeto
y debería tener un tratamiento al margen por completo de esa otra
polémica, por importante que sea.
En todo caso, vamos a dejar perfectamente claro que será en ese Pleno
extraordinario, que no dudamos de que se va a celebrar, donde nos
pronunciaremos sobre el fondo acerca de si procede o no procede el cese
del fiscal general del Estado y procede o no procede la remoción del
señor Fungairiño. Sí queremos dejar claro que en esta petición de Pleno
extraordinario estamos de acuerdo en que se celebre; pero, desde luego,
no compartimos bajo ningún concepto la utilización instrumentalizadora de
estas gravísimas manifestaciones por parte del señor Fungairiño, avaladas
por el señor fiscal general del Estado, ni compartimos que se puedan
mantener tesis de petición de una imparcialidad y de una independencia de
la fiscalía por los grupos políticos que precisamente están mediatizando
la institución y están totalmente de acuerdo en que la Fiscalía general
del Estado sea un instrumento más del Gobierno y no sea un instrumento
más de nuestra sociedad. Aquí radica una de sus principales
contradicciones.
En todo caso, esperamos que por coherencia con lo que se está haciendo en
la mañana de hoy, los grupos políticos que se manifiestan tan
categóricamente preocupados por la desaparición de nuestros ciudadanos,
se personen en el correspondiente sumario en el que sólo está Izquierda
Unida, tratando de depurar responsabilidades, mantengan la competencia de
nuestros tribunales en la defensa y en la protección de esos ciudadanos y
llevemos adelante una forma acorde de comportamiento que no nos coloque
en esta situación esquizofrénica de decir unas cosas aquí y no decirlas
fuera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
En alguna de las intervenciones anteriores se ha mostrado quizá cierta
sorpresa ante el contenido de esta iniciativa. Lo primero que debo decir
en nombre del Grupo Popular, al que me honro hoy en representar, es que
no nos produce sorpresa alguna esta iniciativa, porque se inscribe dentro
de lo que viene siendo la línea de oposición del Partido Socialista, en
los últimos meses sobre todo, el campo que ha elegido para ejercer
legítimamente esa oposición. Cada uno elige el campo que quiere y, con
mayor frecuencia, el campo que puede. Yo creo que esta iniciativa es todo
un síntoma de cuál es el campo que hoy día el Partido Socialista
encuentra a la hora de hacer oposición, los resquicios, por lo visto, que
a su propio juicio este Gobierno le va dejando para ejercerla. Todo un
síntoma. Esta convocatoria de Diputación Permanente forma parte de una
estrategia que, por el momento, va hacia ninguna parte, sin duda porque
todavía no hay una línea de alternativa que plantear y que ofrecer. (El
señor Leguina Herrán: A la cuestión.--Rumores.) La cuestión es ésa.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor OLLERO TASSARA: Es un intento de justificar la incapacidad para
hacer oposición, una oposición constructiva sobre los temas que preocupan
hoy a los ciudadanos españoles que sin duda son muchos y disimular en
pleno mes de enero, en la calma parlamentaria, una capacidad de
iniciativa que hoy el Partido Socialista no tiene en la sociedad española
y atribuirse un protagonismo que ya algunos le han criticado por lo
artificioso y lo falto de mayor fundamento.
Se ha dicho al principio que no íbamos a hablar aquí de una cuestión
jurídica y lo que tenemos delante es un informe jurídico, mejor o peor
hecho pero un informe jurídico. Desde luego, no tendría mucho sentido que
convirtamos a esta Cámara en una especie de instancia de revisión de los
informes de la fiscalía. No sé si entre las iniciativas, imaginativas sin
duda, que tiene preparadas el Grupo Socialista para el próximo período de
sesiones sobre el Estatuto del ministerio fiscal, figura que
constituyamos aquí una comisión para analizar los informes de los
fiscales e indagar inquisitorialmente sobre la concepción ideológica
--por utilizar el término de su portavoz-- que pueda haber bajo alguno de
sus pasajes, que no párrafos, como ahora tendremos ocasión de precisar.
Lo que hay es un informe jurídico, sobre el que nuestro grupo no se va a
pronunciar por razones obvias, ni tampoco, desde luego, vamos a defender
la necesidad de constituir a esta Cámara en juez de las concepciones
ideológicas de los miembros de la fiscalía, cuando curiosamente se ha
discutido que, en aplicación de la propia ley y por razones puramente
legales, se destituyera al antecesor del fiscal ahora cuestionado. El
juego de los poderes hay que respetarlo y no parece que sea muy
aconsejable montar estos números aunque sólo sea a efecto de fuegos
artificiales.
El señor portavoz socialista sabe muy bien cómo a la hora de interpretar
un texto, aunque sea un texto como éste donde uno se encuentra con un
párrafo de 21 líneas y con 15 líneas entre punto y seguido y punto y
seguido, lo cual justificaría, que esta Cámara debatiera la posibilidad
de vetar al señor Fungairiño para ingresar en la Real Academia Española,
sin duda ninguna (puestos ya a dejar al margen lo jurídico, por qué no
podríamos entrar también ese otro aspecto estético de la cuestión), a la
hora de interpretar un texto jurídico, ya desde Savigny y no digamos nada
de los pandectistas que le siguieron, el criterio sistemático es de
obligado cumplimiento con una notable prioridad. El portavoz socialista
ha faltado a la verdad cuando ha calificado de párrafo el pasaje que ha
leído, porque no es tal párrafo; no solamente porque no empieza después
de un punto y seguido, sino porque ni siquiera está entre dos puntos y
seguido, sino que son cinco líneas inmersas en esas 15 líneas que nada
menos, que hay entre punto seguido y punto y seguido, gracias a la nada
envidiable habilidad del señor Fungairiño para enjaretar oraciones
subordinadas unas con otras, haciendo un uso del punto y coma que llega a
ser un poco agobiante.
Si hacemos la interpretación sistemática del informe, nos encontramos con
que en su título, según parece, el informe va a tratar de los
responsables de los asesinatos (parece que ha habido asesinatos, así lo
juzga el señor Fungairiño), secuestros y desapariciones masivas de
disidentes políticos ocurridos durante la dictadura militar (parece que
hay una dictadura militar) en Argentina. Ese es el título; así empieza el
señor Fungairiño su informe.
El párrafo cuarto --me refiero al orden, no al número que no lo tiene--,
nos habla de cómo durante la dictadura militar (porque parece que hubo
una dictadura militar), se procedió al aniquilamiento sistemático de
sectores de población mediante asesinatos, secuestros, torturas en
dependencias militares y desapariciones de las víctimas en fosas comunes
o por el lanzamiento de los cadáveres al mar, por razones escalonadas de
disidencia política: primeramente sospecha de pertenencia al grupo
terrorista montonero; después, mera sospecha de izquierdismo subversivo;
finalmente, meras relaciones amicales o familiares con dichos
sospechosos. Así defiende el señor Fungairiño a la dictadura argentina.
(Rumores.)
En el párrafo sexto, se plantea si serían o no imputables, desde el punto
de vista de la persecución en España, determinados delitos a los
integrantes de la junta militar que ordenaron los asesinatos y
desapariciones masivas. En el párrafo siguiente, cuando se refiere
a los datos que posee, dice que no surge de los datos que se posee que el
exterminio ordenado por los militares argentinos estuviese motivado por
la pertencia de las víctimas a determinados grupos étnicos (está viendo
si es aplicable el tipo penal del genocidio).
La motivación de la criminal actuación de la junta militar fue la
venganza frente a los atentados terroristas de los montoneros y la
eliminación física de todo rasgo de disidencia política. Así defiende el
señor Fungairiño a los militares argentinos.
Los españoles muertos o desaparecidos (al parecer, unos 300), no lo
fueron por su condicion de españoles (está viendo si sería eso
aplicable), sino por encontrarse en el punto de mira de la disidencia
política que los exterminadores quisieron eliminar. Esto es lo que dice
el informe.
Llegando a donde está el pasaje --que no párrafo-- que el portavoz ha
citado, se plantea el problema que entendemos nuclear del informe, y es
si cabe equiparar a efectos penales, con el ordenamiento español en la
mano, al ejército de un país extranjero con bandas armadas. Ese es el
problema que se plantea ahí. Y se nos dice inmediatamente antes del
pasaje que ha citado el portavoz en las líneas iniciales (líneas
iniciales que él se las ha saltado por las razones que él sabrá porque,
al contrario, cuando se evita lo sistemático y se extrae un pasaje por
algo será ya que el resto del informe no permite en modo alguno la
argumentación que aquí se ha desarrollado); se nos dice, repito, antes de
ese pasaje: Es discutible que las Fuerzas Armadas argentinas en un todo
puedan ser consideradas como una banda armada. En cuanto a la finalidad
del exterminio de la disidencia política --ahí entra luego en juego el
pasaje citado-- para continuar luego diciendo, y ahora vamos a volver
sobre él (Varios señores diputados: Léelo.) que luego se extralimitaron
hasta extremos tales que en lo operativo llegaron a convertirse ellos
mismos en criminales y, en lo político, llegaron a destituir a dicho
presidente. En el párrafo séptimo se alude a unos delitos de
prostitución, que ni siquiera habían sido alegados por los que habían
presentado la denuncia, por tanto sacando a relucir conductas aún más
degradantes de los asesinos aludidos. Se refiere luego a lo que considera
laudable propósito de no dejar impunes estos crímenes de lesa humanidad y
las posibilidades que el ordenamiento español ejerce al respecto, y las
dos últimas palabras del informe son: militares delincuentes. Ese es el
informe del que el portavoz socialista ha extraído, de manera
notablemente laboriosa, un pasaje para intentar montar toda esta historia
que nos trae aquí.
Por tanto, no hay ningún intento de equiparación a ninguna fórmula de
excepción ni nada que se le parezca. Lo que se está discutiendo es si
cabe considerar o no a efectos penales que un ejército es una banda
armada. Ya Hans Kelsen se preguntaba la diferencia que hay entre un
Estado y una banda de ladrones --se refería en general, no respecto a
ninguna etapa concreta de la historia del mundo-- y al hacerlo citaba a
San Agustín, lo cual demuestra que este problema es tan grave que, a
veces, lleva a plantear curiosos compañeros de página, como en este caso.
Es un viejo tema de la teoría del Derecho y de la filosofía del Derecho:
la frontera entre la fuerza bruta y asesina y el auténtico derecho como
utilización de la fuerza legítima.
En el informe de la Secretaría Técnica del fiscal general del Estado
sobre esta misma cuestión, informe de enorme pulcritud y, dicho sea, por
cierto con más puntos y seguidos, se dice: estamos ante una organización
nacida en el seno del propio Estado. No es una organización surgida del
Ejército y paralela al mismo, sino que parece ser, más bien, el mismo
Ejército, con sus mismos mandos y estructuras. Lo que se está discutiendo
es, si cabe o no considerar banda armada y, por tanto, delito de
terrorismo lo que se está contemplando aquí. Esta es la realidad.
El problema que se suscita con estas intervenciones es el de un debate
imposible, porque por un lado tenemos unos informes que razonan
jurídicamente y se pretende encabalgar un debate político encima y el
resultado final es que cuando los aludidos intentan salir al paso de esas
interpretaciones, que ya ven en los medios de comunicación, las
consecuencias son tan chocantes como la siguientes: Los hechos han de
poder tipificarse como terrorismo con arreglo a la ley española y, según
ella, terrorismo supone la finalidad de subvertir el orden constitucional
o alterar gravemente la paz pública, y añade este informe de la
Secretaría Técnica: hay que entender que se refiere al orden
constitucional español. Otra cosa llevaría al absurdo de entender que se
están protegiendo todos los órdenes constitucionales, también los
antidemocráticos o los dictatoriales, lo cual no parece que sea muy
razonable, pero es un intento absolutamente inútil: en revistas
humorísticas era un género que se llamaba diálogo para besugos ya que es
imposible establecer un diálogo entre un razonamiento jurídico, más o
menos logrado y más o menos contundente, y unos legítimos criterios de
valorización política, pero indudablemente no hay manera de conseguir un
discurso fluido.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor presidente.
Quiero dejar claro en nombre de mi grupo, que el famoso pasaje, tantas
veces citado hoy aquí, del señor Fungairiño es un excurso, porque en ese
momento no está analizando si el Ejército es o no una banda armada, sino
que hace un excurso, casi diría una excursión, o en términos castizos yo
diría que se mete en un jardín, porque no sabe muy bien adónde va. Si lo
que pretende sugerir el señor Fungairiño al decir que la
junta militar no pretendía sino la sustitución temporal del orden
constitucional establecido mediante acto institucional, y todo esto que
se ha dicho aquí, es que inicialmente había algún atisbo de legitimitad
en la conducta de estos asesinos, que posteriormente derivaron a una
falta de legitimidad en el ejercicio, quede claro que nuestro grupo no
comparte en absoluto esa postura, que le parece enormemente desafortunada
esa lamentable excursión incluida en el informe, porque entendemos que
nunca hubo legitimidad de origen ni de ejercicio, ni la puede haber
cuando hay conductas de este tipo que atentan a derechos humanos
fundamentales, las protagonice quien las protagonice. Quede eso claro y
quede constancia aquí en esta sesión.
Por supuesto, suscribimos el laudable propósito de que se persigan estos
crímenes en el orden internacional. Alguien como yo, que se dedica
académicamente a la filosofía del Derecho y que, por cierto, en agobiante
minoría defiende que hay un Derecho prepositivo que incluso no necesita
no ya la interpositio legislatoris, que eso ya lo deja claro nuestro
Tribunal Constitucional, sino ni siquiera la constitucional. A la hora de
ser reclamado me quedo más solo que la una; desde luego, ninguno de los
catedráticos de Derecho socialistas comparte esa postura y me alegra que
en el cincuentenario de los derechos humanos se esté apoyando en esta
Cámara esa postura que académicamente es una postura desvalida; me alegra
en toda el alma. (Rumores.) Ojalá seamos coherentes también en el ámbito
académico.
Señor portavoz, creo que ha sido un error de escenografía y de
planteamiento por su parte esta especie de test de democracia que ha
querido plantear en esta Cámara; inevitablemente y a pesar de su
esfuerzo, lo ha tenido que hacer con un aire de perdonavidas, incluso ha
habido una velada amenaza en sus palabras cuando se ha referido a otros
grupos diciendo: Mucho ojo, a ver quién no vota aquí conmigo porque su
democracia va a quedar más o menos mancillada. A nosotros nos parece que
estos planteamientos son realmente lamentables. De todas maneras, nos
recuerdan que ustedes cuando gobernaban y consiguieron el apoyo de algún
otro grupo, a aquello lo llamaban algo así como el bloque constitucional,
con lo cual siempre han jugado a eso. Ustedes son los demócratas, ustedes
son los constitucionales, los demás son unos pobres diablos que esperan
que ustedes les acrediten como legitimados. Afortunadamente, estamos
legitimados por muchos millones de votos (Un señor Diputado: ¡Bien!) a
los que ustedes desprecian al poner en duda, siquiera remotamente, el
carácter democrático de este grupo. (Un señor Diputado: ¡Otro bien!)
Otro aspecto, señor portavoz, al que me permito aludir: Yo no sé si S. S.
ha viajado mucho por Argentina y Chile.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, hágalo brevemente.
El señor OLLERO TASSARA: Voy a terminar, señor presidente.
Tuve el privilegio de estar en Argentina las vísperas de las elecciones
que ganó la Unión Cívica Radical. Por cierto, los asesores de Alfonsín
eran casi todos filósofos del Derecho, uno de ellos mi buen y malogrado
amigo Carlos Santiago Nino. Viví aquellas vísperas y también he tenido
ocasión de ir bastante a Chile por motivos académicos y cualquier español
que esté hoy en primaria sabe que conviene actuar con cierta prudencia a
la hora de dar siquiera la remota impresión de que España y sus
instituciones fundamentales pretenden convertirse en tribunal de las
transiciones de países hermanos nuestros. Esa es una gravísima
imprudencia y una torpeza difícilmente perdonable. Si quieren saber lo
que están pensando los chilenos, hable usted con ellos, ayer hablé con
uno por teléfono (Varios diputados: Pinochet) y le dirán que parece
mentira que no hayamos aprendido todavía. Precisamente hablé con alguien
muy cercano a sus posturas.
Entendemos que lo que hay aquí es una operación artificiosa al servicio
de una estrategia absolutamente equivocada. Parece que ustedes no
encuentran el modo de abordar los problemas reales de los ciudadanos
españoles, se muestran muy preocupados por otros problemas, también por
los del sector eléctrico chileno, a quienes dan consejos diciendo que
tengan cuidado con la invasión extranjera, incluso con la española, y eso
explica que hoy en esta sesión vayamos a hablar también del sector
eléctrico chileno.
El señor PRESIDENTE: Cíñase a la cuestión, señor Ollero, y concluya, por
favor.
El señor OLLERO TASSARA: Para ustedes --y con esto termino, señor
presidente-- la cuestión está en que no se hallan en condiciones de hacer
oposición hablando de los problemas de los españoles y tienen que
plantear su posición en el Cono Sur. Vayan acercándose un poco a la
realidad española que nos irá muy bien a todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Belloch Julbe pide la palabra.)
Señor Belloch, sabe que no hay un nuevo trámite. El Reglamento establece
que hay turno de réplica cuando se fija turno en contra. No se ha hecho
por los grupos parlamentarios que han intervenido formalmente y por
muchos de ellos no se ha hecho formal ni materialmente.
Si quiere intervenir, señor Belloch, hágalo muy brevemente, en términos
exclusivamente referidos a quien entiende que le ha contradicho; pero le
hago observar
que no puede reabrir un debate general, además de que no es oportuno,
porque tenemos un orden del día muy apretado.
Tiene cinco minutos, señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente y muy
brevemente.
En primer lugar, la satisfacción por comprobar que la práctica totalidad
de grupos parlamentarios comparten el fondo de la posición del Grupo
Parlamentario Socialista, partiendo de que el planteamiento realizado por
ambos fiscales es inadmisible en sí mismo. En ocasiones se han puesto
inconvenientes de tipo procedimental y otras veces se ha cuestionado la
urgencia.
Respecto de la urgencia, nos interesa hacer una pequeña concreción.
Nosotros pensamos que sí es extraordinariamente urgente, porque desde
nuestra óptica es un escándalo viviente que esos dos fiscales puedan
seguir ejerciendo sus funciones ante procedimientos judiciales abiertos.
Es un escándalo que, desde luego, se ha suscitado en las opiniones
públicas de Chile y Argentina (Rumores.), pero también en la inmensa
mayoría de ciudadanos que tienen sensibilidad en estos temas, que son,
por otro lado, la mayoría.
A partir de ahí, comprendemos que en el caso de algunas opiniones
vertidas en particular por el PNV, por no decir por los nacionalistas en
general, quizá se ha tenido en cuenta más bien la incomodidad de su
propia posición y la conveniencia de orientar el debate hacia otros temas
que no hacia el fondo de la cuestión, pues estoy convencido que, pese a
la obligación que tienen de asumir la posición del Gobierno, la verdad es
que comparten nuestros planteamientos en el fondo y la forma; por lo
tanto, no consideramos que hayamos sido contradichos. La urgencia está
justificada por la dignidad de esta institución, por la seriedad, por la
gravedad del problema planteado y por la necesidad de que en esos
procedimientos judiciales haya fiscales que puedan merecer la
calificación de fiscales imparciales en términos subjetivos y objetivos.
En el caso del representante del Partido Popular, sí que ha habido un
planteamiento de oposición en cuanto al fondo y a él voy a dedicar los
pocos minutos que ya me quedan. Lo primero que habría que decir es que,
desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista no ha acusado al señor
Fungairiño y al señor Cardenal de negar que existió una dictadura ni de
negar que existieron torturas, crímenes o asesinatos. Si fuera esa la
acusación, hasta su Gobierno lo hubiera cesado. No hemos acusado de eso;
hemos acusado que trata de legitimar y justificar el golpe de Estado en
función de que, a través de ese golpe, se pretendía volver a restablecer
el orden constitucional conculcado y restablecer la paz pública. Por lo
tanto, ha contestado a algo que, como suele ser frecuente en S. S., nada
tiene que ver con lo que habíamos expuesto como Grupo Parlamentario
Socialista.
¿Pero más que eso, sabe qué es lo que nos preocupa de verdad a los
socialistas? Pues que usted resuelva problemas de esta naturaleza con
pequeños sarcasmos, frivolidades de maestro, excesos y --éstas si--
excursiones académicas, hablando de cuestiones y de problemas de ese tipo
como que son molestos, cuando estamos tratando algo tan grave como la
existencia de verdadero genocidio y de verdadero terrorismo, problemas
realmente fundamentales que merecerían un tratamiento de tipo distinto.
Terminando ya, y como usted ha empezado, tampoco a nosotros nos ha
sorprendido nada, porque ya lo dijo su presidente precisamente a
Mercurio. Al presidente Aznar se le hizo una pregunta sobre cuál era su
parecer en esta materia, si le correspondía o no a la justicia española
someter a juicio la actuación de los gobiernos militares de Chile y
Argentina, y dejó claro, como usted ha hecho, que debíamos respetar los
modelos de transición democrática; por lo visto le llamamos modelo de
transición democrática a las dictaduras de Chile y Argentina. ¿Es eso un
modelo de transición democrática o son dos dictaduras que practicaron el
más terrible genocidio? ¿Cómo lo calificaría usted? Nosotros lo
calificamos como dictaduras que practicaron genocidio y terrorismo.
Además, para que no haya ninguna duda, cuando le preguntan si debe
incidir en la independencia de jueces y fiscales, dice que en los jueces
no es posible, dado que el sistema lo impide, pero concluye diciendo:
Ahora bien, la posición del fiscal es una cuestión distinta y se puede
interpretar ya no como una postura individual, sino como una visión que
lleva implícita la posición del Gobierno. Habas contadas. Es que en
realidad el señor Aznar y su Gobierno comparte los planteamientos del
señor Fungairiño y el señor Cardenal.
Nada más, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.
Señores González de Txabarri y Ollero, muy brevemente.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente. Un
minuto nada más.
El señor PRESIDENTE: El tiempo lo marca la Presidencia, señorías, y no ha
dicho otra cosa.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El fondo de la cuestión lo ha
dicho el señor Belloch, es decir, que estos fiscales no sigan en otras
causas, y esa es la pregunta. ¿En qué causas, señor Belloch? Ese es el
problema. (El señor Belloch Julbe: En éstas.)
El señor PRESIDENTE: No establezcan diálogo, señor Belloch. Continúe
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Porque no son imparciales.
Nosotros lo que entendemos precisamente es que deben seguir en la
investigación de éstas y de otras causas; ese es el tema.
Señor Belloch, dado que están en Chile y que están tan preocupados por la
guerra sucia, creo que es muy procedente que recurran al Derecho
comparado. ¿Cómo hacer al ex ministro del Interior, luego nombrado
ministro de Transportes, diputado y miembro de esta Diputación
Permanente, senador vitalicio? Esa es la cuestión, señor Belloch.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Mencionaré tres aspectos nada más, muy brevemente. En primer lugar, la
intervención del portavoz socialista ha insistido en sus argumentos
anteriores, con lo cual hace un homenaje en el fondo al señor Fungairiño,
al que nos presenta como un fiscal nato. Desde luego, no sé si algunos
tienen cierta preocupación a la hora de pensar que el señor Fungairiño
pueda estar frente a ellos como fiscal. Yo por lo que sí tendría enorme
preocupación sería por tenerlo como abogado defensor, porque si el
abogado defensor de los militares argentinos les larga el chorreo que hay
en este informe...; con abogados defensores así, aviado va el acusado. Ya
se ve que el señor Fungairiño había nacido para fiscal y no para otra
cosa, porque como abogado defensor es una auténtica calamidad.
En segundo lugar, en esa laboriosa búsqueda que ustedes van a tener que
seguir realizando de alguna línea de oposición que llegue a merecer la
confianza de los españoles, yo modestamente le sugeriría que quizá sería
buena una cierta homogeneidad de discurso, porque lo que no se puede es
clamar aquí ante la gravedad de estos hechos, que la tienen, son muy
graves, y calificar de estúpida operación la actitud de los que intentan
también perseguir otros hechos muy graves y mucho más cercanos. Ahí
existe una falta de coherencia. Lo que no se puede, cuando se habla de
esos otros hechos, es pedir la supresión de la Audiencia Nacional y,
cuando se habla de éstos, convertirla en el Tribunal Internacional de La
Haya. Ese es un disparate; aclárense ustedes. ¿Qué quieren hacer, por
fin, de la Audiencia Nacional? ¿Quieren eliminarla o hacer de ella un
tribunal internacional? Aclárenlo; lo que no se puede es querer las dos
cosas a la vez.
Y, por último, insisto en el respeto a la transición que algunos han
tenido que protagonizar en circunstancias enormemente graves. No es lo
mismo hacer la transición, como se decía aquí, después del hecho
biológico que con el dictador dentro. Eso es algo que exige un respeto y
una prudencia, de la que el señor portavoz no ha hecho gala en ningún
momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de este primer punto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo Socialista.
-- SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) SOLICITUD,
FORMULADA POR 83 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE CREACION
DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR
ENDESA EN RELACION CON EL CONTROL DE LA SOCIEDAD CHILENA ENERSIS (Número
de expediente 156/000008); Y 2) HABILITACION, EN SU CASO, DEL MES DE
ENERO PARA LA CONSTITUCION Y TRABAJOS DE LA COMISION DE INVESTIGACION
SOBRE ACTUACIONES DESARROLLADAS POR ENDESA EN RELACION CON EL CONTROL DE
LA SOCIEDAD CHILENA ENERSIS.
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: solicitud formulada
por 83 diputados del Grupo Socialista para la celebración de una sesión
extraordinaria del Pleno en la que se debata la creación de una comisión
de investigación sobre las actuaciones desarrolladas por Endesa en
relación con el control de la sociedad chilena Enersis y la habilitación,
en su caso, del mes de enero para su constitución y trabajos.
Para la presentación de la solicitud, en nombre de los 83 diputados,
tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Si no le importa al señor Ollero, o aunque le importe, efectivamente
vamos a hablar del sistema eléctrico chileno y de las incidencias que la
empresa pública española Endesa ha tenido en relación a sus negocios en
Chile y con la citada empresa.
Quizá al Grupo Parlamentario Socialista lo primero que le interesaría
sería resaltar las causas por las que este asunto se está debatiendo
aquí, en este momento, en una Diputación Permanente, que no corresponde a
ninguna estrategia diseñada para ocupar el tiempo en el mes de enero,
sino que responde a la necesidad que hemos tenido que asumir, toda vez
que la disposición del grupo mayoritario y de los grupos que le
acompañaron
fue puesta de manifiesto impidiendo que este asunto se tratara en el mes
de diciembre, creando un precedente que, para nosotros, desde luego, no
debería estar en los anales de la cortesía ni de la colaboración
parlamentaria, puesto que consideramos que un asunto de esta naturaleza
debe debatirse en momentos de actualidad, en momentos en los que tienen
el nivel de trascendencia y de importancia adecuado. No pensamos que
estos asuntos puedan incluirse dentro de las cuestiones testimoniales o
que fueran historia parlamentaria. Este es el motivo fundamental por el
que traemos este asunto a esta Diputación Permanente y queremos que se
resalte una vez más. El Grupo Parlamentario Popular y sus socios
parlamentarios impidieron que este asunto se discutiera en el mes de
diciembre.
En cualquier caso, éste es un asunto que trae consecuencia de una
comparecencia que el presidente de Endesa, señor Martín Villa, realizó
ante esta Cámara el día 29 de octubre --apuntemos la fecha porque, desde
entonces hasta aquí, algo ha llovido ya--, en una Comisión en la que, por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, quisimos sinceramente tener un
acto de responsabilidad y de prudencia en relación al grave asunto del
que estamos hablando. En diferencia a lo que hubiera sido el tratamiento
de un tema como éste hace algún tiempo, y si la oposición la hubiera
ejercido otro partido político, y en diferencia claramente a lo que han
venido siendo los debates de esta naturaleza en otros momentos, el Grupo
Parlamentario Socialista quiso ser prudente con un debate que --somos
absolutamente conscientes-- afecta no sólo a las instancias públicas o al
debate político, sino que estaba afectando, también y de una manera
directa, a muchos accionistas --por lo tanto, a muchos ciudadanos de este
país-- que, tanto antes del proceso de privatización iniciado en los
pasados meses como en el mismo proceso de privatización, habían confiado
en una compañía que, sin duda alguna, ha puesto de manifiesto
deficiencias claras en su capacidad de gestión y de estrategias. Con
aquel nivel de prudencia, quisimos hacer un gesto --que probablemente
después ha sido malinterpretado o del que se ha abusado-- y este grupo
parlamentario, este mismo portavoz que les habla llegó a ofrecer una
posibilidad de debate, discreto, prudente y que, por lo tanto, compensara
las deficiencias de información y no tuviera el escándalo que en ningún
caso queremos que tenga un debate como éste, en la medida en que tengamos
que atender los intereses de los ciudadanos privados que están en esa
empresa. Con relación a la información que solicitábamos --y que no nos
ha sido facilitada--, en aquel momento dijimos --decía yo mismo--: «No
creo que el procedimiento tenga que ser crear una comisión de
investigación, pero usted,..» --me refería al señor Martín Villa-- «tiene
que buscar algún mecanismo de relación». Ya que la subcomisión que
teóricamente tenía que cumplir estas cuestiones ni siquiera estaba
constituida, decíamos: «Creo que usted debe iniciar un proceso urgente de
clarificación, de información a la opinión pública española. ¿A través de
los grupos parlamentarios? Nos parece que sí. No necesitamos, y mucho
menos con usted, la formalidad de una comisión, ni siquiera de una
subcomisión; necesitamos la garantía y la evidencia de que aquí no hay
gato encerrado y la garantía y la evidencia de que éste es un error que
no se va a volver a repetir.»
Por lo tanto, ésta es una posición que el Grupo Parlamentario Socialista
esgrimió el 29 de octubre del año 1997. Por cierto, oferta que fue
asumida por el propio presidente de Endesa y Comisión que concluyó con la
--para nosotros, entonces-- esperanzadora cita del presidente de la
Comisión, que se responsabilizó para coordinar el encuentro que había
sido solicitado.
Pues bien, señoras y señores diputados, si esto sucedió el 29 de octubre,
tres meses después, ni una llamada, ni una comunicación, ni un contacto,
ni una información. Sinceramente, señoras y señores diputados, hoy
pensamos que lo que fue un acto de prudencia y de responsabilidad por
nuestra parte al no formalizar en aquel momento la petición de una
comisión de investigación ha sido asumido por el Gobierno como un abuso
de confianza de este grupo parlamentario. Nos parece que si desde aquel
29 de octubre --ojo, desde aquel 1 de agosto, en que se formalizaron las
decisiones que han tenido como consecuencia después los poco gratos
acontecimientos que hemos tenido en el sector eléctrico chileno-- no se
ha producido esta información por los procedimientos que, repito, hemos
solicitado, es que aquí habrá algo que esconder, y si no hay nada que
esconder alguien nos tendrá que decir por qué no hemos sido informados.
Nos parece que este Congreso de los Diputados debe poner pie en pared en
asuntos como este, en los que un Gobierno, un presidente de empresa
pública o un ministro de un Gobierno, sea el que fuere, se esconde detrás
de la lentitud de un procedimiento administrativo o de reglamento
parlamentario para no dar información a la opinión pública de un asunto
de naturaleza a veces técnica y probablemente fría, es verdad, pero de
una trascendencia indiscutible, una operación que afecta a 250.000
millones de pesetas de una empresa de naturaleza mayoritariamente pública
en este momento y que no han sido explicados ante la Cámara ni ante la
opinión pública.
Nosotros queremos inaugurar una nueva etapa de solicitud de estas
comisiones de investigación y de estos debates; créanme, no estamos
poniendo en tela de juicio hoy la falta de honestidad ni las negligencias
morales de ningún responsable político, pero hay una evidencia, estamos
reconociendo, acusando y coincidiendo con los acusados en que aquí ha
habido responsabilidades políticas y de gestión, sin lugar a dudas.
¿Dónde mejor para discutirlo de una forma
serena, tranquila? No queremos criminalizar ni penalizar estas
comisiones, estos debates, pero lo que no queremos desde luego es
frivolizar tampoco operaciones de alcance internacional de 250.000
millones de pesetas.
En este sentido hemos pedido la comisión de investigación, por muchas
razones, y las hemos expuesto en más de una oportunidad: por la dimensión
de la operación, por la situación estratégica del sector, por la propia
defensa de los intereses de esta Cámara y de la dignidad de esta Cámara,
su autoestima. Les recuerdo, señoras y señores diputados, que este es un
debate que ha sido objeto de comisión de investigación en el Parlamento
chileno. No queremos medir la estatura de cada parlamento ni el nivel de
preocupación de cada parlamento, pero no nos resignamos y nos resistimos
a que este Parlamento tenga un milímetro menos de preocupación por los
asuntos que afectan a la inversión pública de este país, a la dimensión
internacional de este país y al prestigio de las instancias públicas de
este país, que ningún otro afectado o ningún otro parlamento del mundo.
Por tanto, nos parece que hay razones suficientes, que, repito, las hemos
dicho, y convendrá quizá recordarlas, que tienen que ver con los
distintos niveles de responsabilidad de este proceso, desde el Gobierno a
la SEPI, a los responsables de empresa, a la pasividad con que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores ha actuado en un asunto como
este, a las posibles consecuencias que haya tenido y que hayan afectado a
ciudadanos inversores de este país, pequeños ahorradores que han
depositado su confianza y que quieren seguir depositándola. Estamos
hablando de una empresa que aún tiene el 40 por ciento de capital público
de cara al futuro. Por tanto, estamos hablando de cuestiones que no
pueden ser objeto de silencio ni de un tratamiento como el que ha tenido.
Endesa es una empresa que ha sido investigada y sancionada en órganos
nacionales competentes a raíz de la demostración de que ha actuado bajo
información privilegiada. Son palabras mayores. ¿Recuerdan ustedes el eco
de algunos debates de menor dimensión económica, no digo de menor
trascendencia, que hemos tenido en esta misma Cámara? ¿Lo recuerdan? Yo
creo que por escasa que fuera la memoria y por poca que fuera --si se me
permite la expresión-- la vergüenza torera, los grupos parlamentarios
deberían igualar el nivel de preocupación por los temas.
Pero si había razones antes, ahora las hay mucho más. ¿Después de qué?
Después de leer el Diario de Sesiones de la comisión de investigación del
parlamento chileno y de la comparecencia de los responsables públicos
españoles. Son palabras mayores las que allí se pronuncian. Acusan a
responsables públicos y a empresas públicas, por tanto al Gobierno de
este país, de falaces, opacos, leoninos, torticeros. Les extraña en aquel
Parlamento que no se investiguen en el Parlamento español estas
cuestiones. Les acusan de incompetentes, de haber abusado en la decisión
apoyando a unos socios minoritarios respecto a unos socios mayoritarios.
Les acusan de que se anteponga el fin y que el fin justifique los medios.
Les acusan de colaboradores necesarios para que se haya producido una
situación ilegal, y les acusan de mentir. Yo no me resisto a no
reaccionar frente a estas situaciones, máxime cuando además los
responsables públicos, supongo que con algo de decaimiento, reconocen
algunas de estas acusaciones. El propio señor Martín Villa dice en esa
Comisión: Sabemos que hemos podido ser insuficientemente transparentes.
(Ya saben que tiene habilidad para no reconocer la totalidad de las
responsabilidades y de los problemas) Dice el responsable público de la
empresa pública española: Perdóneme por lo vago de mi intervención. El
lenguaje se puede escribir en renglones derechos o torcidos. Seguramente
los hombres de Endesa hemos escrito algunos de esos renglones torcidos
--¡vaya que si torcidos!--. Es evidente que si hubiéramos sabido la
situación que se iba a desencadenar, lógicamente habríamos actuado de
otra forma o no habríamos actuado. ¿Sigo? Quizá no hace falta. La
penúltima página del «Diario de Sesiones» es una perla, se le acusa de
mentir y se demuestra que se ha mentido. ¿Y no ha pasado nada? ¿No hay
ningún responsable? Al final espero que no sea responsable el jefe del
negociado del registro, que se le olvidó algún documento. ¿Nadie? Nos han
tomado el pelo y aquí no se nos ha contado a nadie qué ha pasado. ¿Esa
operación sigue en marcha? ¿Las negociaciones se han arreglado? Algo
fundamental: ¿alguna instancia del Gobierno ha tomado medidas contra el
que engañó los intereses públicos? ¿Algún responsable de la SEPI, del
Ministerio de Industria o del Ministerio de Justicia --bueno, de ahí
espero poco--, de algún otro Ministerio ha tomado alguna iniciativa legal
querellándose contra el que ha hecho un abuso de confianza con los socios
de Endesa? ¿O es que nos hemos quedado clavados? ¿O es que se nos ha
quedado así la cara? ¿Es que nadie tiene capacidad de reacción, nadie
tiene capacidad de asumir su propia responsabilidad? Yo espero que
alguien nos diga que alguien se ha querellado contra lo que se llamaba la
banda --nunca mejor dicho-- de los catorce, y los gestores clave, y
Yuraszeck y quien fuera; alguien tendrá que haber tomado decisiones de
este tipo. ¿Alguien nos dice si ha sido cesado algún asesor jurídico?
¿Quién eligió esos asesores jurídicos? ¿Saben ustedes que al final se ha
demostrado que la capacidad operativa de Endesa está al nivel de lo peor
que ustedes se puedan imaginar? Porque al final ¿saben qué sucedió? Que
parece que nos engañó alguien que no acreditó poderes suficientes para la
operación y que además no se comprobaron. No soy jurista, pero aquí hay
juristas y espero que algunos que hacen alardes más de literatos que de
juristas, repasando sus textos, puedan indignarse con el mismo nivel de
indignación que lo hacen en otros asuntos.
Esto es todo lo que ha venido sucediendo. Luego, después de todo esto,
alguien nos tendrá que contar toda esta cuestión. Cuánto ha costado esa
operación, qué cambios ha habido en la estrategia, cómo está afectando a
una empresa que estos días, además, está tomando la decisión para volver
a privatizar el segundo tramo.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy acabando, señor presidente.
Luego, nos parece imprescindible, por autoestima de esta Cámara, que nos
sometamos a un proceso de conocimiento. Dijimos en su momento:
No; no hace falta investigación. Hasta hoy. Ayúdennos, ayúdense a
corregir errores. Errores que, además, han sido asumidos por la propia
empresa pública.
Este fin de semana conocí una información --probablemente coincidente con
algunas otras que hoy se debaten-- de que, a prisas y carreras, en mala
noche y en mala posada --diría la teresiana--, se ha presentado por parte
del Grupo Popular una petición de comparecencia del presidente de la
empresa pública Endesa. Bien, como cortina de humo no está mal; pero no
sean ustedes más papistas que el Papa. El señor presidente de Endesa
reconoce y dice en su comparecencia que si tuviera oportunidad de
explicar en algún tipo de debate en profundidad las razones por las que
tomó la decisión que tomó, nos convencería. No impidan que la empresa
pública Endesa pueda explicarse hasta sus últimas consecuencias; no para
cumplir el trámite, no.
Ya sé que ustedes van a decir que no apoyan esto porque ya han pedido una
comparecencia del señor Martín Villa; ahórrense eso, ya nos lo sabemos,
no tiene credibilidad, créamne, y, además, no va a ser eficaz y no va a
contribuir a lo que yo espero que todos queramos contribuir: que no se
vuelvan a cometer esos errores. ¡Que no queremos meter en la cárcel a
nadie, oiga! Que no queremos penalizar políticamente, ¡que no! Que
queremos dejar de hacer el ridículo que hemos hecho. Que queremos que
fuera de este país vean que aquí hay suficiente capacidad de reacción
frente a comportamientos chapuceros y negligentes. Eso es lo que
queremos, no queremos otra cosa. No lo impidan ustedes. Y, además,
háganlo pronto porque si no, en un momento en el que además, repito, se
está iniciando otro proceso de privatización de esta compañía, estarán
alargando una situación innecesariamente, que es la de poner bajo
sospecha lo que ha sucedido en esta operación y que implica al Gobierno
de España, a la SEPI y a los responsables de Endesa. Tengan por una vez
reflejos suficientes y contribuyan a solucionar este problema.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Vamos a hablar de una empresa emblemática del Estado español, gran parte
de cuyo valor de hoy se debe a la explotación de lignitos de As Pontes de
García Rodríguez, empezando su carrera fulgurante y multimillonaria
precisamente a partir de la explotación de la central térmica de As
Pontes.
Y no hay mejor ocasión que ésta para, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, expresar la solidaridad con la ciudad de Ferrol y su comarca,
gravemente afectada por las consecuencias del desastre ocurrido el día 13
de enero. Como representante del Bloque Nacionalista Galego, deseo y
espero que todos los grupos parlamentarios de la Cámara contribuyan a
impulsar y agilizar todo tipo de iniciativas que solucionen las
especiales carencias que en materia de infraestructuras y comunicaciones
ferroviarias y por carretera padece Ferrol y que el desastre puso en
evidencia clamorosa.
Una vez dejada constancia de esta situación, pensamos que la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista tiene interés por varios motivos.
Desde la posición del Bloque Nacionalista Galego, contraria a la
privatización de empresas públicas y sumamente crítica con el actual
proceso de trasnacionalización, lo que en términos eufemísticos llaman
los poderes hegemónicos globalización de la economía, pensamos que la
comisión de investigación tiene una ocasión importante de averiguar cómo
se realizan ciertos procesos de trasnacionalización de empresas que
tienen un importante valor estratégico, ya que son empresas
fundamentalmente energéticas, y cómo se establece la relación de los
grandes capitales a nivel interestatal.
En este sentido, hay una segunda cuestión que nos anima a votar
favorablemente a que se celebre el Pleno que posibilite esta, comisión de
investigación y es cómo se efectúa la relación político-económica entre
los grandes sectores del capitalismo. No cabe duda de que, cuando menos,
hay sospechas de que las relaciones son, en este caso, relaciones de
amistades peligrosas, sin duda vinculadas a la temática que estuvimos
debatiendo en el punto anterior; pero, sobre todo, hasta qué extremo
intereses particulares pueden ser protegidos y amparados para ser
beneficiados, cuando se trata de intereses particulares que además son
minoritarios; cómo los gobiernos y los estados, en cada caso, no actúan
para defender los intereses que eufemísticamente llaman nacionales, sino
muchas veces los intereses exclusivamente oligárquicos.
En tercer lugar, como se trata de una empresa pública y depende de
órganos y de instituciones del Estado,
sería bueno saber en este proceso de trasnacionalización, que resultó
cuando menos sospechosamente fraudulento o extraño, cuál fue el papel de
la SEPI, cuál fue el papel y el amparo del Gobierno al proceso, e incluso
la posición abiertamente pasiva o distante de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Finalmente, quiero decirles que Endesa sigue siendo una empresa pública y
que aunque es posible, desgraciadamente, que dentro de poco dejemos de
tener capacidad para que sus presidentes tengan que comparecer en este
Congreso de los Diputados, aún hoy el Estado español es el accionista
mayoritario. Pensamos que sería una buena ocasión para saber cómo se
hacen las ofertas públicas de venta, qué tipo de gestores claves utilizan
y si benefician o no realmente a la economía del Estado español,
entendida como la economía de la mayoría de la población, que fue la que
en definitiva pudo hacer posible el desarrollo de empresas como Endesa,
igual que lo hizo posible una comarca tan importante y tan sumamente
castigada como la de Ferrol-Terra y toda la del Eume, que hoy se
encuentra en una situación tan tremendamente difícil como es volver al
año 1920, cuando ya estaba en el año 1960 y sin que estas empresas de
enclave hayan servido para mejorar su situación infraestructural.
Por tanto, vamos a apoyar esta comisión de investigación en la esperanza
de que se hagan los procesos de manera transparente y desde la posición
de quien se niega a aceptar estas privatizaciones fraudulentas y estas
trasnacionalizaciones, que no benefician a las naciones entendidas como
mayorías públicas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente
En nombre de Nueva Izquierda tengo que decir, señor presidente, señorías,
que la pretensión de la empresa Endesa --de mayoritaria participación
pública al día de hoy-- en relación con la empresa chilena Enersis ha
sido motivo de constante actualidad en los últimos meses, ha dado lugar a
una comisión de Investigación en el Parlamento chileno y ha sido motivo
de múltiples rumores en los mercados de capitales. En esta situación,
señorías, nos parece que es necesario el que en este Parlamento se tenga
una información fehaciente, suficiente y constatada acerca de las
actuaciones que se han llevado a cabo por esa empresa pública y por los
distintos segmentos de la Administración que han participado y colaborado
en sus actuaciones. Desde ese punto de vista, en Nueva Izquierda vamos a
apoyar la posición planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de mi grupo, Coalición Canaria, con respecto a la
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de la convocatoria de un
Pleno extraordinario para la creación de una comisión de investigación en
el caso de las actuaciones de Endesa sobre el control de la sociedad
chilena Enersis.
Comienzo con los mismos argumentos de mi intervención en el anterior
punto del orden del día. No entendemos en esta materia la necesidad de un
pleno extraordinario del Congreso de los Diputados en el mes de enero,
con toda la importancia que pueda tener cualquier asunto en cuanto a
transparencia informativa. Por tanto, entiende mi grupo que esto es más
bien cuestión de una iniciativa del propio grupo en los períodos
ordinarios, a partir del 1 de febrero, y para el orden del día del Pleno
del Congreso de los Diputados, si así se estima.
Voy a hacer otras observaciones, de carácter formal algunas otras de
fondo, porque me preocupa esta temática dentro una actuación que sale a
veces del juego de intereses políticos y entra en el juego de intereses
comerciales. Dicho esto, quiero hacer la salvedad de que los grupos
minoritarios, al menos al mío, no quiere excluir ninguna comisión de
investigación en el Congreso de los Diputados sobre la materia que lo
merezca, ni el esfuerzo de trabajo que supone para los grupos
minoritarios, con muy pocos portavoces, de tenernos que multiplicar. Ya
hemos sufrido en los pasados meses de esta presente legislatura, en los
períodos de sesiones del año pasado y éste, las consecuencias de una
proliferación de comisiones de investigación, de subcomisiones, de
ponencias, etcétera, algunas de las cuales, por esa hipertrofia, han
llevado a la inoperancia de la mismas. Parece ser que hay alguna
solicitud, aunque el portavoz socialista lo ha criticado como una cortina
de humo --en fin, es legítimo hacer cualquier oferta y cualquier
crítica-- de comparecencia del presidente de Endesa, del señor Martín
Villa, ante la comisión respectiva. Yo soy partidario de que en esta
materia tengamos la sensatez y la prudencia necesarias en interés no
solamente de partido, legítimo por otra parte, sino en interés de Estado.
Estas son operaciones que a veces se realizan en el escenario de luchas
de tiburones, de intereses de multinacionales, que son las únicas grandes
empresas que pueden entrar en el sector del que estamos hablando aquí.
Aquí estamos hablando de un sector eléctrico, de políticas que en muchos
países siguen siendo de empresas estatales o paraestatales o con
protección legislativa estatal como sector estratégico y, por tanto, sus
cifras en negocio son verdaderamente abrumadoras. Se juega en la economía
libre de mercado y, por lo tanto, con sus reglas,
que muchas veces no tienen que ver nada con las de la trasparencia
política. Porque nadie va a una subasta diciendo lo que está dispuesto a
pagar por el bien subastado. Esa es una operación que se realiza dentro
de la discrecionalidad más absoluta.
Claro que yo estoy de acuerdo con el portavoz socialista cuando dice que
nada hay que esconder. Eso, dicho en términos genéricos, vale, en
términos específicos los propios reglamentos de las Cámaras de muchos
países tienen materias que no es que es escondan, es que se dejan al
trámite reservado. ¿O es que aquí no escondemos los debates del uso de
los fondos reservados? ¿No tenemos aquí comisiones cerradas a los medios
informativos, en las que los señores ministros del Gobierno comparecen
sólo ante esos portavoces para darles información bien sobre la lucha
antirerrorista, bien sobre fondos reservados, es decir, sobre aquellas
cuestiones que no pueden estar a la luz del conocimiento general porque
serían utilizadas por las partes contrarias, que haría un uso perverso de
la información y del dato que hubiera por ahí? Pero ha dicho también el
portavoz del Grupo Socialista que él se congratula por inaugurar una
nueva etapa de estas comisiones de investigación y que no hay que
frivolizar. En esa línea y hago la parte reflexiva a su discurso: no
frivolicemos, pero ni unos ni otros, que no pretendan unos frivolizar ni
que otros se dejen meter en esa casuística envenenada de determinados
casos.
Se ha dicho que hay que inaugurar una nueva etapa de estas comisiones de
investigación. Eso me hubiera a mí gustado que hubiera ocurrido en la
anterior etapa del gobierno socialista con las operaciones de Iberia
respecto a Viasa y a Aerolíneas Argentinas, porque nos íbamos a encontrar
con determinadas sorpresas al ver lo que ha ocurrido con las operaciones
que le toleró el anterior gobierno a Iberia y a su presidente respecto a
las compras hechas en relación a Viasa --la empresa de aviación
venezolana-- y a Aerolíneas Argentinas. Ahí están los resultados. ¿Se
pidió una comisión de investigación entonces para hacer estas
operaciones? Claro que es legítimo que en cada país que es objeto de una
operación de una empresa exterior extranjera su Cámara de representantes,
su Parlamento, trate de pedir unas explicaciones, como si nosotros cuando
se hizo la operación de Volkswagen sobre Seat hubiéramos también tratado
de pedir estas explicaciones en sede parlamentaria con una comisión de
investigación. Esto es lo que yo, a una persona sensata y prudente como
es el señor Hernández Moltó, en responsabilidad de política de Estado,
digo que tenemos que hacer sobre esta cuestión. Si aquí, en una comisión
de investigación, el primer punto que se pide es saber las actuaciones de
Endesa en relación con los acuerdos suscritos con los denominados, entre
comillas, gestores clave y con los órganos de supervisión del mercado de
valores en Chile y sobre todo donde se pide es en los Estados Unidos,
esto genera una situación de inseguridad sobre cualquier operación legal
y legítima que cualquier empresa española de ámbito estatal pueda
realizar en operaciones de libre mercado exterior sobre otras empresas.
Esto hará que se entre en una situación de inseguridad y sean descartados
de cualquier índice de conveniencia de operaciones con empresas españolas
porque se dirá en el mercado internacional: cuidado con estas operaciones
con empresas españolas porque serán objeto de creación de comisiones de
investigación, que aunque, como bien ha dicho el señor Hernández Moltó,
no tienen carácter peyorativo ni de poner en duda la honorabilidad de
personas o de decisiones, sí se generan en ese mercado internacional
donde se barajan todos los factores a favor o en contra de cargarse
operaciones de esta envergadura y de este tipo. Esto es lo que lleva
precisamente a que seamos aquí tremendamente prudentes. Que se haga
dentro de la discreción y de la prudencia de los propios instrumentos que
tiene la Cámara; yo no me estoy oponiendo a ninguna de estas cuestiones,
pero no en el sentido más escandaloso, en su sentido acústico si se
quiere de noticia periodística y de noticia política, de hacer una
comisión de investigación para este tema de Endesa, empresa que tuvo una
magnífica gestión con su anterior presidente, don Feliciano Fuster, que
ha sido una empresa de una agradable cualificación permanente en valores
de Bolsa en España y en valores de cualquier otra actuación que hayan
tenido las empresas españolas en este orden de cosas.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Por estas razones y en aras de una prudencia de Estado, señor Hernández
Moltó, nosotros no consideramos oportuna la creación de una comisión de
investigación a este respecto.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Es fácil compartir la intervención del señor Hernández Moltó, en su
calidad de portavoz del Grupo Socialista, en su contenido, exposición y
argumentos; el problema es llegar a la misma conclusión de fondo.
Es bien cierto que el presidente de Endesa, el 29 de octubre de 1997, en
su intervención ante la Comisión de Industria de esta Cámara, se ofreció
para explicar en una sesión específica, o en profundidad en algún otro
foro, las circunstancias a través de las cuales se
estaban produciendo estos procesos de las intervenciones de Endesa con el
tema Enersis, las relaciones que de antiguo venían sosteniendo estas dos
empresas y las del presente que estaban materializando.
Este parlamentario se ha interesado en algún momento ante la Mesa de la
Comisión por cómo se iba a materializar la consecución de dicho
ofrecimiento y creo que haríamos bien en reconocer que también por parte
de los miembros de la Comisión ha existido una lentitud en los ritmos. La
situación real es que dicha comparecencia no se ha materializado, e
incluso un ofrecimiento que yo creía que era más extenso de explicar en
profundidad, en aspectos no tan formales, dicha situación, tampoco ha
encontrado el cauce oportuno para que pudiera materializarse; ese por lo
menos es un dato objetivo. Digo que no compartimos la conclusión final de
la intervención del señor Hernández Moltó por que en definitiva lo que se
hace es dar un salto en el vacío, un salto cualitativo yendo a los
recursos procedimentales o de reglamento más extraordinarios para poder
materializar dicha situación. Si el presidente de Endesa se ofreció para
explicar el tema en profundidad, tal y como usted ha manifestado, y yo
mismo fui testigo de esa intervención, yo creo que ahí existe un hilo
suficiente como para poder acometer un tema tan interesante y conocer las
explicaciones oportunas en relación a este tema. Digo que será el salto
más extraordinario porque se solicita hoy la celebración de una sesión
extraordinaria de Pleno y además para que se haga una comisión de
investigación. Como sabe el señor Hernández Moltó las condiciones que ha
manifestado en relación a la constitución de las comisiones de
investigación son claramente compartidas por este grupo parlamentario.
Nosotros quisiéramos trabajar en un Congreso así, donde se pudiesen hacer
realmente trabajos de investigación política con rigor, con seriedad,
guardando el secreto si éste debiera guardarse, y lamentamos mucho que
esa no sea la situación sobre la que se analice la constitución de estas
comisiones de investigación.
Señor Hernández Moltó, la intervención que ha realizado usted en el día
de hoy no la sostiene su grupo parlamentario, por ejemplo, en la ponencia
de reforma del reglamento. No es ésa la posición del Grupo Socialista, no
ya antes, como decía el señor Mardones, sino en este momento.
Señor presidente, nosotros entendemos que existen procedimientos mucho
más adecuados y más oportunos para acometer este tema que el de la
constitución de una comisión de investigación. Es bien cierto que en un
momento en el que se están realizando procesos de liberalización por un
lado, procesos de privatización por otro, estas Cámaras harían bien en
preguntarse cómo desarrollar la acción de control del Gobierno en esos
procesos de privatización y en esos procesos de liberalización. Esa es la
cuestión de fondo.
En el tema que nos ocupa de Endesa y de Enersis es bien cierto que ha
podido existir diletantismo, si se quiere, en la formalización de dicha
comparecencia pero haríamos bien en aceptar que los miembros de la
Comisión ante el guante lanzado por el presidente de Endesa para
comparecer en foros, incluso no formales, tampoco hemos sabido recoger el
guante.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista, a través
de su portavoz, el señor Hernández Moltó, nos plantea ante esta
Diputación Permanente la convocatoria de un Pleno extraordinario para
plantear la creación de una comisión de investigación sobre la inversión
realizada por la empresa Endesa sobre la empresa chilena Enersis. Nuestro
grupo parlamentario, Convergència i Unió, entiende que éste no es el
escenario o el marco político ideal para debatir la creación de una
comisión de investigación a través de la convocatoria de este Pleno
extraordinario y por este motivo, y por las consideraciones que a
continuación explicaré, se va a oponer a la convocatoria del mismo.
En primer lugar, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió,
entiende que antes de plantear la posibilidad de si es necesaria o no la
creación de una comisión de investigación sobre dicha inversión, sí es
políticamente correcta la comparecencia ante la Comisión de Industria y
Energía del presidente de Endesa para que explique con todo tipo de
detalles e informe a dicha Comisión de qué forma y de qué manera se ha
ultimado la operación de inversión por parte de Endesa sobre Enersis,
operación que, dicho sea de paso, representa la mayor inversión de una
compañía española en cuestiones internacionales, ya que asciende a la
cantidad de 2.500 millones de dólares. Es en este escenario y en este
marco político donde nuestro grupo parlamentario Convergència i Unió va a
plantear las dudas y los interrogantes que tiene al respeto como, por
ejemplo, cuál va a ser la estrategia internacional de dicha compañía
eléctrica española, cuáles son o van a ser sus planes de expansión en
Latinoamérica; cuáles son y han sido los problemas internos reales que
han sucedido en el seno de Enersis, problemas que ya en su primera
comparecencia el 29 de octubre pasado nos explicó hasta donde podía y
conocía el presidente de Endesa respecto a la posición de los socios de
Enersis; y cuáles han sido las consecuencias que ha experimentado en
dicha inversión la compañía española de Endesa. También nos preocupa si
dicha inversión ha
afectado o es posible que pueda afectar a aspectos patrimoniales de
Endesa; cuál es la participación en la gestión del futuro consejo de
administración de Enersis por parte de la compañía española y,
lógicamente, a pesar de que conocemos dichas informaciones a través de
los medios de comunicación, si dicha inversión ha afectado o puede
afectar a la cotización de dicha compañía eléctrica española.
En definitiva, nosotros entendemos que la comparecencia del presidente de
Endesa ante la Comisión de Industria y Energía de este Congreso va a ser
una continuación de la comparecencia efectuada el 29 de octubre, en la
que ya el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apreció no
dificultades pero sí dudas en dichas inversiones, planteando una serie de
dudas que tenía al respecto, como cuál era el estado de negociación que
mantenía la compañía Endesa con los administradores de los fondos de
pensiones que también son accionistas de Enersis; cuál era el grado de
relación entre estos administradores de fondos de pensiones y si eran
favorables al acuerdo de Endesa; nos interesamos sobre cuál era el grado
de negociación con el señor Yuraszeck y sobre cómo habían evolucionado
las cotizaciones del valor de Endesa desde la firma del protocolo. En
definitiva creemos, sinceramente, que el marco político y parlamentario
adecuado para decidir si es necesaria una comisión de investigación
debería de ser, en todo caso, en la comparecencia, y con la información
que el presidente de Endesa nos facilite en dicha comisión.
Hay otra cuestión de fondo importante, a nuestro entender, y en este caso
coincidimos plenamente con la manifestada por el portavoz socialista en
la comparecencia del presidente de Endesa del 29 de octubre de 1997. En
dicha comisión el portavoz socialista estaba totalmente de acuerdo con
las posiciones de Convergència i Unió, en el sentido de que no era
necesaria una comisión de investigación para conocer con detalle los
aspectos de la inversión de Endesa sobre Enersis y sí consideraba
necesario el portavoz socialista poner en marcha un mecanismo
parlamentario, que no existía en aquella ocasión, pero que hoy sí existe,
creado por el Pleno del Congreso de los Diputados como es esa subcomisión
de industria y energía para seguir y analizar con detenimiento todos los
procesos de privatización, en este caso de inversión de una compañía
pública española en el extranjero. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Pensamos que
habiéndose creado esta subcomisión en el marco de la Comisión de
Industria y Energía, sería necesario, en el caso de que todas SS. SS. lo
consideren oportuno, trabajar en el seno de esta subcomisión, para seguir
con detalle y analizar con profundidad esta inversión de Endesa sobre
Enersis.
Hay una tercera cuestión, a nuestro entender,...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya,
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Termino, señor presidente.
Como decía anteriormente, hay una tercera cuestión, a nuestro entender,
que quizá podría tener consecuencias lesivas y perjudiciales para el
erario público español en el caso de que prosperara la comisión de
investigación sobre esta inversión de Endesa sobre Enersis. Teniendo en
cuenta que hay un proceso de privatización del 20 por ciento de las
acciones de Endesa, que van a ponerse en manos de todos los ciudadanos
españoles dentro del próximo trimestre, entendemos que estos trabajos, si
coincidieran con los trabajos de la comisión de investigación, serían
altamente perjudiciales para el erario público español.
Otra cuestión importante --y con ello finalizo, señor presidente-- es que
no sé si las informaciones aparecidas en los diferentes medios de
comunicación son correctas, en función del planteamiento que ha hecho el
portavoz del Partido Socialista, en el sentido de que, a nuestro
entender, creemos que en Chile no existe ninguna comisión de
investigación específicamente creada para analizar el asunto de Enersis
sobre Endesa. Lo que sí sabemos que existe en el Parlamento chileno es
una comisión especial investigadora de la normativa aplicable a los
traspasos de acciones de grupos controladores de empresas y del rol de
las entidades administrativas que tienen por misión regularlas; es decir,
es una comisión institucional, no creada específicamente para la compra
de Endesa sobre Enersis, sino una comisión institucional que existe en el
Congreso de los Diputados chileno para analizar no solamente este proceso
de privatización, sino todos los procesos de privatización en general.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar el apoyo del Grupo Federal de Izquierda Unida a la
propuesta del Partido Socialista, compartiendo algunos criterios que nos
llevan a manifestar nuestro desagrado con la situación creada por el
propio presidente de Endesa, señor Martín Villa, puesto que ha incumplido
el compromiso que adquirió en la Comisión de Industria, donde todos
entendimos que se iba a producir una comparecencia, incluso restringida a
los portavoces de la Comisión, en la que se nos informaría
exhaustivamente del proceso de renegociación después de la crisis creada
tras la operación chilena.
No se ha producido esta comparecencia, ni ninguna información adicional,
y las noticias que llegan desde Chile son preocupantes para los intereses
de Endesa y también para la imagen de nuestro propio país en las
actuaciones en Latinoamérica. Más allá de algunas cuestiones que se han
expresado por distintos portavoces hasta este momento, creo que la
actitud prudente que hay que guardar, en cuanto a proteger las
inversiones de empresas españolas significativas, no puede pasar nunca
por la complicidad ante hechos, no sé si delictivos, pero, al menos,
moralmente impresentables.
Los hechos reales son que en una inversión que supone más de 1.500
millones de dólares hay un grupo de siete directivos chilenos --el señor
Yuraszeck muy ligado a la dictadura chilena, que fue uno de los
promotores en 1988 del intento de continuidad del dictador, y el
presidente actual, Carlos Cáceres, fue también ex ministro de la
dictadura--, una serie de intereses económicos muy ligados a la dictadura
chilena que están presentes desgraciadamente en el control de estas
empresas, y no sus verdaderos accionistas que son los fondos de pensiones
chilenos. Pues bien, los hechos reales y reconocidos por el propio señor
Martín Villa son que una operación, entre comillas, inteligente,
encabezada por don Rafael Miranda, delegado de Endesa-España, y Alfredo
Llorente, gerente del área internacional, junto con José Yuraszeck y
Marcos Zylberberg, negociaron un acuerdo que suponía pagar casi 500
millones de dólares a siete directivos por el 0,06 de las acciones B que
estaban entre otras en la empresa Chispas, en la idea de que ésta era la
llave para acceder al control real de la empresa Endesa-Chile y el grupo
chileno. Todo esto se desmontó porque lógicamente los fondos de pensiones
que tienen casi el noventa y tantos por ciento en estas empresas se
consideraron estafados. Los titulares de la prensa chilena fueron: El
robo del siglo.
Pues bien, ante este tipo de cosas nuestro país no puede permanecer
impasible y lo que nuestro grupo, en una actitud prudente, pidió al señor
Martín Villa en su anterior comparecencia fue que, al menos, se depuraran
responsabilidades entre los directivos de Endesa-España que fueron
responsables de este desaguisado, desaguisado que está poniendo en
cuestión y en riesgo otro tipo de operaciones de empresas españolas ante
la actitud de estos nuevos bucaneros de intentar buscar llaves falsas en
vez de buscar actitudes mucho más transparentes. Es más, la Bolsa chilena
ha sancionado en primera instancia a los propios directivos que hicieron
esta operación por parte de Chile y, además, se sigue un litigio
importante porque los fondos de pensiones se consideran perjudicados,
según distintas evaluaciones, entre 1.000 y 1.400 millones de dólares.
Por tanto, hay una cuestión de fondo muy importante que no está resuelta
y, de no resolverse satisfactoriamente las alegaciones que se hacen de
que aquellos firmantes no tenían suficientes poderes, nos podemos
encontrar con que incluso estos señores destituidos hoy en Chile formen
parte, por las opciones preferentes de compra que tienen a título
personal y no como empresa, del consejo de administración de
Endesa-España. Otro hecho objetivo es que estas operaciones cuando
salieron a la luz pública produjeron un perjuicio económico a Endesa que,
según las declaraciones del propio Ministro de Economía, señor Rato,
supusieron una pérdida en la puesta en el mercado de las acciones de
Endesa de más de 100.000 millones de pesetas del valor en Bolsa de esas
acciones.
Por tanto, es lógico que mostremos una seria preocupación y que se pida
una información exhaustiva. Creemos que, si el señor Martín Villa no se
considera corresponsable, lo mínimo es depurar responsabilidades. Creo
que podría venir muy bien que, también ante el Gobierno chileno, incluso
ante los miles de interesados en los fondos de pensiones chilenos, haya
algún gesto, se hagan las mismas manifestaciones que hacía el señor
Martín Villa reconociendo que no preveía la reacción de la opinión
pública chilena y que fue una operación desafortunada. Esas cosas se
pagan en la gestión de las empresas --en este caso, hablamos de una
empresa con participación pública-- con las destituciones
correspondientes.
Termino diciendo que apoyamos la necesidad de esa comisión de
investigación. Creemos que debe servir precisamente para salvar el buen
nombre de Endesa o de otras empresas en el Cono Sur.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
senor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Al iniciar esta intervención, quisiera expresar, en primer lugar, un
deseo, señor Moltó: que consigan ustedes en este período de sesiones
encontrar el sitio para hacer la oposición, porque tener por todo
argumento para pedir una comisión de investigación que usted no ha
recibido una llamada y que no ha recibido información me parece un
argumento de bastante poco fundamento. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Han transcurrido varias fechas desde la celebración de la Comisión en la
que don Rodolfo Martín Villa compareció para expresar los elementos que
habían rodeado la participación de Endesa en Enersis. Al igual que usted
ha leído alguno de los párrafos de su intervención, me parece que sería
también muy prudente leer alguno de los párrafos de la intervención de
don Rodolfo Martín Villa, sobre todo aquel en el que dice, al inicio de
su segundo turno (y abro comillas en la cita): «En primer lugar, una
oferta muy sincera de información; no hay nada que ocultar en el tema de
Chile, y por la vía que estimen la Presidencia y la Mesa, estoy dispuesto
a que SS. SS. conozcan todos los datos necesarios para que puedan ejercer
su tarea». Cierro la cita.
Más adelante, en el mismo texto y en el mismo turno de intervención, se
puede leer: «Pero como tengo la absoluta seguridad de que nada se debe de
ocultar, en los términos en que decidan la Presidencia y la Mesa y
respetando los compromisos de la otra parte que, insisto, no afectarían
en ningún caso a aspectos que ronden a la ética o a los comportamientos
de las personas sino a que terceros no conozcan unas determinadas
estrategias que entonces podrían perjudicar a unos y a otros, estoy a la
entera disposición de la Comisión y de SS. SS.»
Aquella comparecencia terminó con una intervención del presidente de la
Comisión de Industria, que también es bueno recordar y dejar en el
«Diario de Sesiones». El senor presidente concluyó diciendo: «Señor
Martín Villa, este presidente va a recoger su sugerencia y también la del
portavoz del Grupo Socialista para poder coordinar un encuentro, que ya
anuncio que será con todos los portavoces de los grupos parlamentarios,
para tener una posibilidad de profundizar todavía más en estas
cuestiones.» (Las cuestiones eran precisamente la participación de Endesa
en Enersis.)
Yo no sé si usted se ha dirigido o no a la Comisión de Industria
--parecería que sí-- pero sabrá que obra en poder de esa Comisión, debido
al envío que ha hecho la empresa Endesa, copia de todos los poderes
otorgados a ejecutivos de Endesa para actuar en la operación de Enersis;
de los diferentes documentos sobre la regulación eléctrica, tanto en
España como en Chile; de un documento sobre los antecedentes de la
negociación anterior, concluida sin éxito en septiembre de 1996, entre
Endesa y Enersis; antecedentes sobre la actual negociación de la alianza
estratégica entre Endesa y Enersis; información sobre el funcionamiento
de las opas, tanto en la legislación chilena como en la española, y de
todos los contratos, todos sin excepción, firmados con motivo de la
operación que hoy estamos debatiendo. Le insisto, parecerían que, porque
usted no ha recibido una llamada, quiere poner en marcha una comisión de
investigación. Mi grupo le anticipa que está en línea con el
pronunciamiento del presidente de Endesa de querer abordar este proceso
con toda la transparencia que esta Cámara requiera. Y así lo hemos hecho,
en efecto. Pero le voy a decir algo con toda cordialidad, ni ha sido una
petición de comparecencia deprisa y corriendo ni tampoco ha sido con mala
intención, con intenciones noctámbulas o en malas posadas, como ha dicho
usted en su intervención. La mala posada era mi despacho, donde he
propuesto que se haga esa iniciativa, si no le importa. Con todo el
respeto, seguimos intentando que esta Cámara vea este proceso con toda
transparencia.
Yo creo que usted se está perdiendo en un problema de formalidades;
porque incluso aduce que en el mes de diciembre no hubo posibilidades de
tener esta comparecencia, habida cuenta de que no sé qué grupos
obstaculizaron no sé qué iniciativa. Pues menos gestos con los dedos,
señor Moltó. Haga ese gesto justamente a la dirección de su grupo y
pregúntele por qué motivo se obstaculizaron algunas iniciativas para
entrar en los órdenes del día. No haga los gestos que hacía, insisto. Lo
que ocurre es que yo tengo la impresión de que ustedes están intentando
sembrar cualquier tipo de sospecha en esta operación. Y le insisto, no
hay absolutamente nada que esconder en esta operación que estamos hoy
debatiendo aquí en la Diputación Permanente.
Prácticamente se lo han dicho los anteriores portavoces. Muchas de las
informaciones que usted ha querido hacer planear hoy sobre este debate
como absolutamente perniciosas están, casi todas, publicadas en la prensa
chilena. Si tanto le ha interesado, usted tendrá que saber clarísimamente
cuáles han sido los intereses de Enersis y de Endesa en firmar esta
operación. También tendrá que conocer perfectamente por qué a Endesa le
ha parecido oportuno iniciar esta operación en el ámbito internacional.
Por cierto, hay que recordar que no es la primera vez que Endesa está
invirtiendo en Latinoamérica; por lo tanto, hay antecedentes también en
otros mandatos. Yo no sé si lo que le ocurre a usted es que no le parece
oportuna esta inversión, pero que hoy Endesa haya pasado a ser, por así
decirlo, el accionista mayoritario de Enersis creo que es bastante bueno;
sobre todo, porque va a permitir que exista una buena capacidad de
expansión en Latinoamérica.
Como sabe usted, Latinoamérica, y esta zona muy concretamente, tiene unos
horizontes de crecimiento de consumo eléctrico muy óptimos. Yo pienso que
usted conoce perfectamente que en todas esas partes de Sudamérica se está
procediendo a privatizar mucho el sector eléctrico, que estamos hablando
no con un operador de segunda fila, sino, precisamente, con el primer
grupo eléctrico de la América latina, que no sólo lo es por su capacidad
de expansión y de crecimiento, sino, fundamentalmente, porque es el
principal grupo de generación, de distribución y de transporte eléctrico.
En una palabra, si allí hubiera corona, estamos en conversaciones y en
negociaciones con la joya de la corona del sector eléctrico de
Latinoamérica. Usted sabe también que el marco jurídico y el marco
societario que mandata las operaciones en Chile ha venido a obligar de
manera condicionada cuáles han tenido que ser los pasos que se han dado
en Chile para poder proceder a la toma societaria de una manera pacífica
y negociada y no de una manera hostil. Y sabe usted perfectamente en qué
se dividía la composición de las acciones de Enersis y, si no, yo se lo
recuerdo, no tengo ningún inconveniente en citarle cuál es la
característica de la sociedad Chispas, cuáles son las características
de las acciones A y B, que sabe que se diferencian en que unas tienen
operaciones de mercado y las otras no son nunca por valor de mercado, que
las primeras son negociables en Bolsa y las segundas, no, y que las
segundas son, precisamente, la llave para poder negociar en Bolsa las
primeras.
Creo que, conociendo como conoce usted el marco jurídico y el marco
societario, sabe que no había otro camino para entrar. Sabe también que
había una serie de condicionantes en el entorno político que añadían
algunas dificultades al ya difícil entorno jurídico. Sabe usted que se
estaba en plena campaña electoral y sabe usted de qué gobierno viene la
privatización, no muy saludable, del sector eléctrico en Chile. Sabe
usted cuál es en este momento la opinión de los operadores, de los
empresarios y de la clase política respecto a aquel proceso de
privatización, que tuvo características muy singulares que se enmarcan en
la particularidad de aquel Gobierno que procedió a esa privatización.
Todo ello generó condiciones para que los instrumentos con los que,
permítame la redundancia, se ha instrumentado la operación de
Endesa-Enersis hayan tenido que tener las características que han tenido.
Pero no bastó con eso. En el momento en que se comprobó que esos
obstáculos estaban generando dificultades que podrían en un momento
concreto ser insuperables, hay que recordar y traer a este debate qué
hicieron los representantes de Endesa para salvaguardar los intereses
generales de la empresa en esas inversiones. Sabe usted perfectamente que
aquel acuerdo de alianza estratégica que se había suscrito se denunció y
dejó de tener vigencia. Sabe usted que se intentó avanzar en el contrato
de compra-venta de las acciones B que habían quedado pendientes, para
completar la participación que teníamos en esa parte societaria. Sabe
usted también que se denunció el contrato de gestión, porque estaba
firmado con personas que después se ha demostrado que no actuaron con la
debida buena fe en estas relaciones.
Incluso se llegó a revisar el acuerdo de participación del capital
chileno en Endesa, bajándolo del 5 al 0,5 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, concluya, por favor.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Son acciones que supusieron por parte de Endesa una reacción eficaz para
no perder la posición ni los pasos y avances que se habían dado para
participar en el mayor holding eléctrico de toda Latinoamérica. No
obstante, algún ilustre socialista español se paseó por Chile e hizo
algunas declaraciones no precisamente muy oportunas, queriendo alertar de
los riesgos de entregar una empresa pública chilena, situada en un sector
sensible de la economía chilena, a una empresa extranjera. Yo
personalmente hubiera medido más mis palabras en aquella ocasión y mucho
más desde el liderazgo del socialismo que ostenta la persona que las
pronunció. Por eso me parece que va a ser muy bueno que tengamos esa
comparecencia, para poder repasar con detenimiento cuál fue la
participación que tuvo en aquellos días del mes de octubre de 1997 ni más
ni menos que don Felipe González en relación con este proceso.
Por lo tanto, insisto, todas las dificultades tras la lectura de la
prensa chilena y de la información que obra en poder de este grupo han
repercutido en que las conversaciones con los fondos de pensión se hayan
renegociado, que se esté renegociando el contenido de la alianza
estratégica. Se han rescindido asimismo los contratos con los ejecutivos,
que en su momento resultaron poco prudentes, y se ha avanzado en la
compra del 49 por ciento restante, como le decía antes. En definitiva,
Endesa ha conseguido situar en el directorio de Enersis concretamente
tres representantes, de los siete, y pactar la presidencia de dicho
directorio.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, concluya, por favor,
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Sí, señor presidente, concluyo.
Por las razones de forma que he argumentado al inicio de mi intervención
y por las razones de fondo que le acabo de relatar, considero poco
prudente la petición de la comisión de investigación, pero considero
absolutamente necesario que esta Cámara dé un paso más en el conocimiento
de los hechos y del entorno societario, jurídico y accionarial que ha
rodeado todo el proceso de inversión de Endesa en Enersis. Por esa razón
considero muy prudente que avancemos en esa comparecencia y considero
imprudente su petición de creación de una comisión de investigación y el
voto mayoritario de esta Cámara, uniéndonos al de otros grupos, va a ser
negativo a su petición.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre. (El señor Hernández
Moltó pide la palabra.)
Señor Hernández Moltó, no quiero perder ni un segundo repitiendo la
argumentación reglamentaria que ya conoce S. S., porque ha estado
presente en el debate.
Un minuto.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Un minuto, en primer lugar, para emplazar
públicamente al señor portavoz del PP a que acredite ante los medios de
comunicación en esta Cámara la calumnia que ha levantado en este momento
en relación con las declaraciones del señor González en Sudamérica, queja
que también hizo
llegar el señor Martín Villa, producto de la intoxicación que el señor
Aznar está produciendo por todos los países de Sudamérica. (Rumores.)
Queda emplazado, señor Aguirre, a que públicamente traiga una sola
declaración del señor González en la dirección que usted ha dicho. Le han
gastado una mala pasada hoy, créame.
Respecto al debate que estamos produciendo, y por continuar con la
cuestión, quiero decir que no es verdad que Endesa o el Gobierno español
tuvieran una sola dirección para llegar a hacerse con la mayoría de
Enersis. Se ha dicho que era el único camino. No. Ya sabemos que es el
peor camino, un camino que nos ha llevado al abismo y al caos, y que, en
ese sentido, no han estado finos precisamente los responsables de Endesa.
Es una operación en la que nosotros hemos dicho: estamos de acuerdo. Tan
de acuerdo estábamos que el diseño de esta operación estaba iniciado ya
hace algunos años. En lo que estamos en desacuerdo es en cómo se ha
producido.
Lo que no nos puede pedir ningún grupo, para justificar su propia
posición tibia, es que seamos responsables y prudentes. Prudencia y
responsabilidad, todos; pero, desde luego, también se le debe exigir a
quien es el responsable de gobenar y tomar las decisiones, que en este
caso --por si alguno no lo recuerda, y aunque le moleste-- es el Grupo
Popular, y a los grupos que le apoyan. Por lo tanto, nosotros somos
absolutamente prudentes, tanto como que pedimos una comisión de
investigación.
El único problema es que yo no estoy insatisfecho por no recibir la
llamada del señor Martín Villa. Créame. Posiblemente pueda vivir unos
años más sin que el señor Martín Villa me llame. Con lo que no puedo
vivir mucho tiempo más es sintiéndome burlado y engañado, y yo espero que
cualquier parlamentario --por su autoestima-- tampoco aguante mucho
tiempo en esta burla que ha cometido el señor presidente de Endesa con
nosotros. En ese sentido, no tergiversemos el asunto porque, escuchando
al señor Aguirre, a ver si al final la culpa de todo esto la va a tener
el señor Homs, que es el presidente de la Comisión, que no ha convocado.
Porque efectivamente el señor Martín Villa dijo: estoy a disposición.
Pero esto me recuerda aquello de mucho te quiero, perrito, pero de pan,
poquito. Menos palabra y más presencia, y más consecuencia con lo que se
dice.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó. (El señor Aguirre
Rodríguez pide la palabra.)
Adelante, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Hernández Moltó, yo le agradezco su
emplazamiento, pero cualquier emplazamiento que me venga del Grupo
Socialista, y muy concretamente en materia de Endesa, no lo cumpliré
hasta que el portavoz de su grupo no cumpla la comprobación y la
contrastación de aquella amenaza que lanzó sobre estos escaños cuando
dijo que entre estos escaños se sentaban las personas que se habían
forrado con información privilegiada en la OPA de Endesa a eléctrica.
Cuando su portavoz consiga demostrar aquella acusación, entonces, yo me
consideraré emplazado a lo que usted tenga por conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Vamos a proceder a la votación.
Ruego a los portavoces que comprueben si están debidamente cubiertas las
suplencias, para proceder a la votación.
Comienza la votación de la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo Socialista
que acaba de debatirse.
-- SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION
DE SANIDAD Y CONSUMO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: COMPARECENCIA
URGENTE DEL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA INFORMAR, CON CARACTER
PREVIO A LA FIRMA DEL CORRESPONDIENTE ACUERDO, DEL CONTENIDO DE LA
NEGOCIACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CON FARMAINDUSTRIA, PARA HACER
EFECTIVA LA REDUCCION DE 65.000 MILLONES DE PESETAS ANUALES EN EL GASTO
FARMACEUTICO PUBLICO, DECIDIDA POR EL GOBIERNO, Y SUS CONSECUENCIAS EN
RELACION CON LOS DERECHOS ACTUALMENTE RECONOCIDOS A LOS PACIENTES PARA
ACCEDER A LA PRESTACION FARMACEUTICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
(Número de expediente 213/000487)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día de esta Diputación
Permanente: solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Socialista
para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Sanidad y Consumo, en la que habría de comparecer con carácter urgente el
ministro de Sanidad para informar, con carácter previo a la firma del
correspondiente acuerdo, del contenido de la negociación que se está
llevando a cabo con Farmaindustria para hacer efectiva la reducción de
65.000 millones de pesetas anuales en el gasto farmacéutico público,
decidida por el Gobierno, y sus consecuencias en relación con los
derechos actualmente reconocidos a los pacientes para acceder a la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Para la defensa de la solicitud de los diputados del Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Con todo entusiasmo, porque a lo mejor a la tercera va la vencida, voy a
defender la petición del Grupo Parlamentario Socialista, que trata de que
comparezca con urgencia el ministro de Sanidad, el señor Romay Beccaría,
para que explique ante esta Cámara el contenido de las negociaciones que
está llevando a cabo con Farmaindustria, de las que hemos tenido
conocimiento por los medios de comunicación.
En los primeros días de enero se dio noticia de la culminación de un
acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la patronal farmacéutica en
virtud del cual se van a aprobar las medidas que van a dar cumplimiento a
la decisión que ha tomado el Gobierno de reducir en 65.000 millones
anuales el gasto público farmacéutico. De esas informaciones, señor
Presidente, sabemos que una parte la va a aportar la industria
farmacéutica en concepto de retorno de sus beneficios, 15.000 millones, y
del resto sólo sabemos que el Gobierno y la industria farmacéutica están
decidiendo una modificación de los derechos de los pacientes en relación
con la prestación farmacéutica. Se nos habla de la elaboración de una
lista de medicamentos que van a quedar excluidos de la financiación
pública; se nos dice a continuación que, no obstante esa exclusión, los
médicos del sistema público van a seguir recetando esos medicamentos en
unas recetas oficiales. Desconocemos cuáles son los medicamentos que se
incluyen en esa lista, no sólo lo desconoce el Grupo Parlamentario
Socialista, sino todo el mundo. El ministro insiste en que siguen
trabajando en esa lista, de la que lo único que se conoce, por lo visto,
es lo que suma el importe que hasta ahora financiaba la sanidad pública.
Y de la misma manera que se nos dice por parte de Farmaindustria que el
acuerdo no se va a firmar hasta que no haya sido ratificado su contenido
por el consejo de Gobierno de la patronal farmacéutica, modestamente los
diputados del Grupo Parlamentario Socialista queremos tener conocimiento
de cuáles son los criterios con los que se están adoptando esas medidas,
entre otras razones, para poder saber si estamos ante una medida que
trata de racionalizar el consumo de los medicamentos, en cuyo caso el
Grupo Socialista, que la inició cuando tenía la responsabilidad de
gobernar, la explicará y la apoyará, o estamos ante un recorte
importantísimo de la prestación farmacéutica, hecho exclusivamente con
criterios de recorte de gasto público, que va a transferir más de 200.000
millones de pesetas, que hasta ahora pagaba la sanidad pública, al
bolsillo de los pacientes, eso sí, los que puedan pagarlo. Porque si los
medicamentos se van a seguir recetando, y esa decisión no va a ir
acompañada de la explicación y la asunción de responsabilidad en el
sentido de que se trata de uso racional y no de recorte de prestaciones,
entonces, señor presidente, tenemos derecho a exigir que el Gobierno lo
explique y que, por tanto, nos dé ocasión de poder explicar y tomar
posición como grupo político ante una medida de tanta transcendencia.
Además, señor presidente, algún directivo de Farmaindustria, que es el
que da la información a los medios de comunicación, ha vinculado esta
decisión con la condición de contribuyentes de los pacientes y nos dice,
en un tono didáctico, que, como pagamos el impuesto sobre la renta,
tenemos que ser conscientes de que, si pagamos determinada tarifa,
tenemos que contribuir al pago de los medicamentos. Esta afirmación,
señor presidente, como comprenderán SS. SS., nos sume en la mayor de las
preocupaciones y, en todo caso, querríamos tener la oportunidad de
defender los intereses de los pacientes, los derechos de los pacientes, y
no que sea sólo la patronal farmacéutica la que tenga que velar por
ellos. Si lo que se está decidiendo es una modificación de los derechos
de los ciudadanos en relación con una prestación tan fundamental como es
la farmacéutica, creemos que este Parlamento debe tener ocasión de
conocerlo.
Y, por último, señor presidente, hay otro dato que también nos sorprende
y sobre el que nos gustaría tener la oportunidad de que el señor ministro
de Sanidad y Consumo dé explicaciones. El acuerdo de financiación de la
sanidad, señor presidente, se ha impuesto por el Gobierno y por los
grupos que le apoyan para cuatro años. Y a una propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista que pedía que tuviera vigencia sólo en 1998,
habida cuenta de los desacuerdos que suscita, recibimos el voto negativo
en el Pleno de la Cámara; por tanto, se ha impuesto un modelo de
financiación para cuatro años; se ha impuesto a las comunidades
autónomas, se ha impuesto a todos los agentes del sector, se ha impuesto
a todo el personal sanitario. Es decir, el marco financiero de la
sanidad, el que ha decidido el Gobierno, se ha impuesto para cuatro años.
Pues bien, en este acuerdo con Farmaindustria se nos explica que es sólo
para dos años y que dentro de dos años la industria farmacéutica va a
tener ocasión de renegociar las condiciones económicas de sus relaciones
con el Sistema Nacional de Salud.
Por tanto, razones de fondo, qué consecuencias van a tener estas
decisiones sobre los derechos de los pacientes que hoy tienen reconocidos
en relación con la prestación farmacéutica; razones de vigencia, por qué
esa exclusión tan llamativa del plazo que se ha impuesto a todo el mundo
excepto a la industria farmacéutica; y la trascendencia que, desde el
punto de vista económico, tiene el acuerdo. Señor presidente, estamos
hablando de casi 300.000 millones de pesetas para cuatro años, 300.000
millones de pesetas en medicamentos
que hasta ahora financiaba íntegramente la sanidad pública y que van a
dejar de ser financiados por la sanidad pública, con un añadido, y es que
esos medicamentos que se van a seguir recetando por los médicos del
sistema público y que va a tener que pagar en su integridad, al cien por
cien, el paciente, además van a tener precio libre. La ley de
acompañamiento a los presupuestos de 1998 que se ha aprobado en el
Parlamento contiene una disposición que liberaliza los precios de los
medicamentos no financiados públicamente. De manera que estamos hablando
de una cuestión muy importante. Espero que los diputados del Grupo
Popular entiendan que éste es un asunto que afecta a los ciudadanos, que
afecta a sus derechos, que afecta a sus intereses, a su salud y, en
consecuencia, que tengan la sensibilidad de apoyar una petición que no es
nada más, señor presidente, que el señor ministro de Sanidad y Consumo
tenga a bien venir al Parlamento a explicar el acuerdo, y ello antes de
que se firme, porque, una vez firmado, naturalmente que tendremos
conocimiento de él, pero entonces ya no podremos contribuir a su mejora
con las aportaciones de los distintos grupos ni tendremos ninguna
posibilidad de tratar de enderezar lo que hasta ahora, señor presidente,
tiene muy mala traza.
Por todo ello, me permito solicitar hoy aquí, en esta reunión de la
Diputación Permanente, que hasta ahora no ha acogido las peticiones de mi
grupo, que en esta ocasión se atienda esta petición y que se acuerde que
el ministro de Sanidad y Consumo comparezca ante la Cámara antes de que
se firme el acuerdo; es decir, que se retrase la firma del mismo o bien
que comparezca en período extraordinario, habilitando a la Comisión de
Sanidad y Consumo para poder recibir la información que me parece que
legítimamente y en nombre de muchos ciudadanos demandamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amador.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Si no es así, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez,
primero, y el señor Peralta, después.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias señor presidente.
De una forma breve pero no carente de entusiasmo, quiero expresar, en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, el apoyo a la comparecencia del
señor ministro de Sanidad, porque pensamos que se está utilizando la
demagogia con muchas cuestiones referidas al gasto social.
Sin duda, nadie se va a oponer a la racionalización del gasto público en
cualquier materia que tenga trascendencia social, pero nos preocupa
sobremanera la evolución que están llevando los acontecimientos
políticos, que consiste en reducir el gasto público rebajando el nivel de
cobertura de lo que son necesidades sociales y, en este caso concreto,
las necesidades, las coberturas, de tipo sanitario. Sería gravísimo que
se dejase al amparo de los propios medios de cada ciudadano el cuidado de
sus dolencias. Por tanto, pensamos que la actual situación no se puede
rebajar más en cuanto a la cobertura de los enfermos, de los pacientes.
Hoy ya hay que pagar parte de los medicamentos que son muchas veces
totalmente necesarios, no ya para el cuidado de la salud, sino para
impedir que ésta se deteriore mucho más. Hay otros medicamentos que hay
que pagar en su totalidad y que, sin embargo, son necesarios para
aquellos que padecen enfermedades de carácter vírico, de las que no vamos
a hablar en este momento; sería todo un modelo de cómo se tratan desde la
perspectiva clasista, puede durar más y está mejor cuidado quien más
tiene. Sería peligroso que esta filosofía no ya se abriese paso, que se
abrió, sino que se consumase a unos niveles que hiciesen que la sanidad y
la cobertura farmacéutica del Estado español de los años setenta
resultara hoy envidiable.
Creemos desde el Bloque Nacionalista Galego que, efectivamente, esto no
se puede hurtar a un debate parlamentario. Los ciudadanos no entenderían
que se pudiese llegar a esta reducción a costa de la cobertura
farmacéutica general sin que tuviésemos la oportunidad de debatirlo
plenamente y de abrir la boca al respecto, por lo menos para saber lo que
cada uno piensa de las intenciones del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Desde Nueva Izquierda manifestamos nuestra posición claramente favorable
a la comparecencia que se plantea por parte del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se trata, en definitiva, de que este Parlamento tenga ocasión de conocer
con anticipación una operación muy importante por su cuantía económica.
Estamos hablando de en torno a 65.000 millones de pesetas; por tanto una
cifra muy importante económicamente y cuya concreción se desconoce. Se
habla de 15.000 millones que serán aportados por la industria
farmacéutica a través del retorno de beneficios, aunque nos cabe la duda
razonable de si esto va a ser así o si, tal como se indicaba, en virtud
de la liberalización de precios que se introduce en la ley de
acompañamiento, lo que va a ocurrir es que, finalmente, van a ser los
propios ciudadanos los que van a pagar esos 15.000 millones que
formalmente aportaría la industria farmacéutica. ¿Y qué pasará con los
restantes 50.000 millones de pesetas?
¿A través de qué procedimiento se piensa llevar a cabo ese ahorro por
parte del Gobierno? Es una operación, insisto, señorías, muy importante
desde el punto de vista económico.
También es muy importante desde el punto de vista social. Estamos
hablando de un derecho, el derecho a la asistencia sanitaria, a la
prestación farmacéutica, que forma parte del conjunto de derechos que
proporciona la Seguridad Social y que, por tanto, afecta a prácticamente
la totalidad de la población española. Es, pues, un tema de la máxima
trascendencia y que tiene que merecer la necesaria acogida parlamentaria.
Finalmente, señorías, estamos hablando de una operación que supone la
introducción en el sistema de Seguridad Social, el reforzamiento en el
sistema de Seguridad Social, de criterios puramente economicistas. Aquí
sabemos la cuantía exacta de millones que se tienen que obtener y ese es
el objetivo, obtener una cifra determinada de ahorro. Por tanto,
criterios economistas, puramente economicistas, por encima de criterios
de racionalización o de ampliación de derechos de los ciudadanos. En este
caso concreto podríamos hablar de racionalización del gasto farmacéutico,
materia en la que Nueva Izquierda está dispuesto a aportar ideas.
Por todo ello, señorías, es por lo que nosotros vamos a apoyar también,
con el máximo entusiasmo, esta comparecencia solicitada por el Grupo
Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad, señor presidente, dado que
mi grupo parlamentario comparte las razones de fondo.
Es un tema muy importante y hace falta, en este caso, una gran
información ante la Cámara por parte del señor ministro de Sanidad y
Consumo con respecto al acuerdo de colaboración entre la Administración
pública sanitaria y Farmaindustria. En primer lugar, para que no haya
ninguna nube sobre qué intereses está defendiendo Farmaindustria y no se
confundan con los de otros que pueden ser también legítimos. Pero mi
grupo entiende que el señor ministro de Sanidad y Consumo, el Gobierno
está sometido a una función de control de este Parlamento no así
Farmaindustria, como es obvio.
Mi grupo conoce la solicitud que ha presentado el Gobierno, el Ministerio
de la Presidencia, pidiendo la comparecencia, en sesión extraordinaria de
la Comisión correspondiente, del señor ministro de Sanidad y Consumo.
Nosotros entendemos que el momento procedimental para realizar esta
comparecencia es cuando se tenga conocimiento exacto de cuál es el
alcance del acuerdo, es decir, cuando se haya firmado, para no perturbar
el apoyo al Gobierno y no encontrarnos aquí en una situación de
deficiencia, ya que cualquier acuerdo hasta última hora puede sufrir una
modificación. Si el Gobierno solicita, como ha hecho, la presencia del
ministro de Sanidad y Consumo para informar del acuerdo firmado, no el
que se dice que se va a firmar, por nuestra parte no hay nada en este
momento que impida al Gobierno tener esta prioridad y no debemos
solicitar en un tiempo del verbo distinto, la constitución de una sesión
extraordinaria de la Comisión en los tres días hábiles que quedan en esta
semana para que tenga que estar el ministro aquí explicando lo que
todavía no ha firmado.
Por estas razones, señor presidente, nosotros no votaremos a favor de una
reunión extraordinaria de esta Comisión para que el señor ministro venga
a comparecer antes de firmar el acuerdo con Farmaindustria; queremos que
venga posteriormente a la firma del convenio, tal como entendemos que es
la propuesta del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
En el Grupo Parlamentario Vasco compartimos básicamente las posiciones
que ha manifestado ahora el señor Mardones, portavoz del Grupo de
Coalición Canaria. Nosotros no tenemos más noticias que las que los
medios de comunicación han manifestado en relación a este convenio que
debe suscribir el Ministerio con Farmaindustria y, por tanto, tampoco
hemos podido dar una opinión favorable ni desfavorable, así como
manifestar cuáles son nuestros propios posicionamientos en relación a
este tema.
Nos parece razonable que se adopten medidas racionalizadoras del consumo
farmacéutico, entendiendo por tales aquellas decisiones cuyo objetivo y
consecuencia sea la mejora de la prestación farmacéutica y los fondos,
contenidos y orientación del convenio es lo que debe ocupar básicamente.
No participamos del criterio de interferir unas negociaciones del
Gobierno con la industria farmacéutica en este caso, y manifestaremos la
posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación al convenio una vez se
haya suscrito, y si lo que el Gobierno pretende es únicamente lograr un
ahorro económico, perjudicando y deteriorando la atención farmacéutica,
el posicionamiento del Grupo Parlamentario Vasco será negativo. Es decir,
apoyaremos el convenio si responde a las premisas de la adecuación a las
necesidades reales de la salud de la población y a la eliminación o
desintegración de consumos innecesarios y no en caso contrario. Si el
fondo de la cuestión es si la
comparecencia debe realizarse antes o después de la firma, entendemos,
por dos razones, que debe ser a posteriori: una primera, por no
interferir, como he dicho, en el marco de las negociaciones, como ha sido
habitual en posicionamientos similares a éste en esta materia y en otras,
y una segunda, además porque queda pendiente la deliberación de las
medidas en el Consejo Interterritorial. En ese foro las distintas
administraciones sanitarias pueden incidir, dar su opinión, modificar
alguna de las posiciones. Por tanto, entendemos que es razonable que se
realice una negociación con esta metodología.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha seguido con la máxima atención todo el
proceso que ha llevado a este preacuerdo entre el Ministerio de Sanidad y
la industria farmacéutica y nos ha llamado también la atención la
solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista, solicitud
que se concreta en un momento anterior en el tiempo a la firma del
acuerdo, como expresa el propio grupo proponente.
Ante esta situación, el propio Gobierno pidió el día 14 la comparecencia
ante la Comisión. Esta es una comparecencia que ha sido admitida a
trámite por la Mesa de la Cámara y en este momento supongo que la
fijación de la fecha concreta para que se pueda producir depende de la
Mesa de la Comisión de Sanidad. ¿Será antes o después de la firma del
acuerdo? Pues sinceramente, no lo sé. Quizá el hecho de que la Diputación
Permanente se celebre en una fecha muy próxima a la de la propia firma
dificultará el que pueda haber una comparecencia anterior a la misma. En
todo caso, nosotros, como grupo parlamentario, nos quedamos sumamente
tranquilos sabiendo que el propio Gobierno deberá responder ante el
Congreso de los Diputados, y en su caso ante la Comisión de Sanidad,
sobre el contenido de este acuerdo. Es más, tenemos la duda, y una duda
diríamos fundamentada, de que la comparecencia por parte del ministro
ante la Comisión previa a la firma del acuerdo sirviera para modificar de
alguna forma la posición del Gobierno, que ya está sumamente comprometida
por la industria farmacéutica.
Nuestro grupo parlamentario obviamente va a votar en contra de la
solicitud del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente.
La verdad es que ver y oír para entender, y yo comprendo que haya algún
grupo parlamentario que más que haber seguido con atención esta
información, yo diría que lo ha hecho con calculada atención y con alguna
posición de otro tipo de información.
No es posible que vendamos que el interés por conocer las condiciones en
las que se está cifrando un pretendido ahorro de 65.000 millones de
pesetas sea mayor en los que soportan al Gobierno y para quien no soporta
al Gobierno no haya que dar mucha explicación, y voy a decir porqué.
La Ley de Acompañamiento y la de los Presupuestos produjeron un tipo de
acuerdo, una orientación sobre por dónde debía de caminar la política
sanitaria y sobre determinadas prestaciones en cuanto a la factura
farmacéutica; se produce una discusión importante sobre la financiación
de la sanidad en los pactos entre los partidos que apoyan al Gobierno; se
toma un acuerdo en el Congreso y después el Gobierno negocia con
Farmaindustria y llega a acuerdos diferentes. Por ejemplo, no sabemos qué
volumen de medicinas serán las afectadas y sobre qué enfermedades, quién
va a pagar esos 65.000 millones de pesetas, porque de los presupuestos
saldrán menos, pero ¿se van a seguir recetando y las pagarán al cien por
cien los enfermos a los que les sean recetadas? ¿Y cuando a un enfermo un
médico le recete esa medicina la tendrá que consumir o no? Se dice que
son medicamentos de escaso valor, de escaso alcance curativo. ¿Entonces
por qué se recetan si tienen escaso valor terapéutico?
En suma, no es lógico que el Grupo Parlamentario Socialista presente una
solicitud el 9 de enero para pedir una comparecencia en la que se
explique lo que está significando un peso y una proyección pública
importante en un momento determinado, y ahora se diga que como queda poco
para que se firme el acuerdo ya nos informarán de lo que han firmado.
¿Pero cómo es esto? Si aquí hemos aprobado unas condiciones, si hemos
aprobado unos presupuestos habrá que informar antes de que se produzca
esa firma. ¿O acaso no ven más cuatro ojos que dos? ¿O es que el sancta
sanctorum es lo que el ministro negocie con Farmaindustria? Yo no
entiendo que no tenga que producirse esta comparecencia, cuando además la
medida, que es urgente y que es factible, se va a producir en medio de
una Comisión de Sanidad. Yo no entiendo por qué hay problemas para que el
ministro venga a la Comisión de Sanidad antes de firmar el acuerdo a
explicar cómo se va a concretar el mismo. Eso no va a perjudicar para
nada, no vamos a influir para nada en negativo en la negociación con la
empresa. ¿O acaso aquí estamos buscando a ver si los miles de millones
los paga Farmaindustria
o los pagan los ciudadanos? Si es así, que se diga.
Yo no entiendo, señor presidente, las excusas que aquí se han dado
mezclando si es urgente o si no es urgente, si es previo a la firma o si
no lo es, como si no tuviera ninguna relación con los presupuestos y con
la financiación que acabamos de aprobar en la Ley de Acompañamiento.
Por todo ello, señorías, nosotros vamos a apoyar la petición que hace el
Grupo Socialista, porque aquí no se pide ni más ni menos que el ministro
diga lo que ha dicho en la prensa, pero que lo diga aquí y lo explique, y
que sea antes de la firma del acuerdo para que lo que ha aprobado este
Parlamento y se va a concretar no se negocie sin el conocimiento del
mismo. Yo no encuentro ninguna razón, permítanme que se lo diga, para
votar en contra de esta petición porque es moderada en cuanto al
objetivo. Simplemente se pide que comparezca el ministro y que lo haga
cuanto antes. La fecha es la que hemos buscado los grupos, no se culpe
ahora a los que proponen una sesión extraordinaria la fecha en la que se
discute. Esta petición se presentó el 9 de enero, porque toda esta
discusión se estaba produciendo en medio de las fiestas navideñas, y no
veo por qué no se puede aprobar, con independencia de que después cada
grupo defienda y dé la opinión que estime más oportuna en la evolución de
este problema.
Señor presidente, nosotros vamos a votar a favor de esta petición de
sesión extraordinaria porque creemos que se debe de hacer antes de la
segunda semana de febrero y lamentamos profundamente que no haya sido el
propio ministro el que, a instancia propia, haya solicitado la
comparecencia para dar a los representantes del pueblo la misma
información que está dando a la prensa antes y después de negociar
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos. Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la mejor respuesta a la solicitud presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, y defendida de manera muy moderada, como
siempre, por la señora Amador, es decir que el ministro de Sanidad y
Consumo comparecerá a petición propia ante la Comisión correspondiente de
esta Cámara antes de que incluso finalice el mes de enero, antes de que
comience el período ordinario de sesiones. Mayor diligencia no cabe. Y
comparecerá para informar sobre el contenido de las negociaciones que el
Gobierno y Farmaindustria están llevando a cabo con el objetivo de hacer
efectiva la reducción de 65.000 millones de pesetas anuales en el gasto
farmacéutico público y sus consecuencias en relación con los derechos
actualmente reconocidos a los pacientes para conceder a la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud la importancia y la categoría
que actualmente tiene y que nadie quiere minimizar.
La comparecencia del ministro responde, por tanto, a la urgencia con la
que ha sido solicitada, pero la comparecencia no puede ni debe ser previa
a la firma del acuerdo, como desearía el Grupo Parlamentario Socialista,
como desea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y otros grupos,
firma que según previsiones razonables --mi grupo no lo sabe--, podría
tener lugar el próximo día 22. ¿Y por qué no puede ser previa? Por las
siguientes razones. En primer lugar porque las líneas generales del nuevo
pacto con Farmaindustria, resultado de las negociaciones llevadas a cabo
a lo largo de las últimas semanas, han quedado establecidas en un
documento de intenciones elaborado el pasado 31 de diciembre. No
obstante, como es lógico y como ocurre en toda las negociaciones, quedan
por cerrar algunos aspectos, algunos flecos de menor cuantía en relación
con la aportación de Farmaindustria en los años 1998 y 1999 que deben
quedar resueltos en lo que queda de plazo de aquí a la fecha de la firma.
Es en este plazo --y me parece que mañana si no estoy mal informado yo--
cuando se reúne la junta directiva de Farmaindustria para dar el visto
bueno al acuerdo. Segunda razón, por un elemental respeto y consideración
a la voluntad negociadora de las partes, así como por la discreción y
prudencia que deben presidir ésta y cualquier negociación hasta su
culminación definitiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular considera razonable y
conveniente que la comparecencia del señor ministro se produzca en el
plazo más breve, y si es posible antes de que termine el mes de enero,
pero con posterioridad a la firma del acuerdo que compete sólo a la
responsabilidad del Gobierno, en cumplimiento, señor Ríos, de un mandato
que procede del Consejo de Política Fiscal y Financiera que recoge la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
No seré yo, señorías, el que vaya a informar sobre las cláusulas de un
acuerdo que aún desconocemos. Será el señor ministro de Sanidad el que lo
haga, facilitando a los miembros de la Cámara todos los datos y cifras
del mismo en un plazo récord --y fíjense lo que les voy a decir--,
completamente desconocido en los calendarios utilizados por anteriores
gobiernos para informar al Congreso del contenido de acuerdos de esta
naturaleza. Pero sí diré con mucha brevedad, señorías, que el nuevo
acuerdo de financiación sanitaria, adoptado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera el pasado mes de diciembre, incorpora una fuerte
inyección económica en el Sistema Nacional de Salud en virtud de una
mayor aportación presupuestaria del Estado, 83.300 millones, la adopción
de medidas para el control de incapacidad temporal, 40.000 millones, y la
adopción de medidas para la racionalización del gasto farmacéutico,
65.000 millones. El acuerdo del Consejo se recoge, como antes dijimos, en
los Presupuestos Generales del Estado para 1998 a través de una enmienda
que se presenta y aprueba en el Senado y se aprueba definitivamente en el
Congreso de los Diputados, concretamente el día 23 de diciembre. Este
acuerdo y su reflejo presupuestario necesitaban la suscripción de un
pacto con Farmaindustria que lo hiciese posible.
Esto es lo que el Gobierno ha hecho con diligencia y con eficacia, y
esperemos que con éxito y que se firme en los plazos que tenga previsto.
El acuerdo se ha elaborado con un horizonte temporal de dos años,
prorrogable a otros dos. No ha sido posible firmarlo a cuatro años, dado
que en los próximos meses se van a incorporar nuevas medidas, precios de
referencia, y la industria, por lo visto, tenía dificultades para
firmarlo sin ver antes cuál era el comportamiento interanual del gasto.
¿Cómo se ha logrado el objetivo de alcanzar los 65.000 millones de ahorro
para 1998? Es una pregunta que late en todas las intervenciones de los
grupos. Yo no lo voy a decir aquí con pelos y señales porque tampoco me
lo sé muy bien, eso lo sabrá el ministro, pero será sencillamente cuando
queden perfectamente delimitadas todas las cláusulas del acuerdo; hoy
sería anticiparse a un texto que todavía no es definitivo. Si puedo decir
lo siguiente. En primer lugar, mediante una aportación finalista del
sector de 29.145 millones a tanto alzado que modifica el acuerdo previo
mediante el cual la industria establecía descuentos escalonados en
función del porcentaje de crecimiento de gasto, y que Fanmaindustria
pagará a lo largo de 1998, de forma fraccionada. Segundo, mediante la
instrumentación de bajadas de precios de productos concretos, revisión
selectiva del precio de los medicamentos, laboratorio por laboratorio,
por un valor de 10.000 millones.
Hay otras dos medidas que no tienen nada que ver con el acuerdo, pero que
sería conveniente que esta Cámara las recordara.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Núñez, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor presidente. En primer lugar,
mediante la elaboración de un nuevo real decreto de financiación
selectiva de medicamentos que tendrá un impacto de 32.000 millones. Dado
que la tramitación de este real decreto no estará ultimada hasta el mes
de abril, se calcula que el ahorro durante el año 1998, desde su entrada
en vigor, supondrá 22.000 millones. Y en segundo lugar, mediante la
puesta en marcha de los medicamentos genéricos, que supondrá un ahorro en
1998 de aproximadamente 4.000 millones adicionales.
Estos dos últimos puntos, el tercero y el cuarto, no forman parte, como
es lógico, del pacto con Farmaindustria, sino que son cálculos del
Ministerio. Quiere esto decir que la lista de medicamentos, la lista
negativa, obedece a criterios técnicos de racionalización del consumo
farmacéutico y no a criterios económicos y que, por tanto, no se ha
negociado con Farmaindustria.
La diputada doña Angeles Amador insinuó hoy, y sobre todo insinuó y dijo
en la última rueda de prensa, que yo seguí con mucha atención, y lo
repitió como un ritornello,que entiendo que nace de la preocupación por
un tema que es muy sensible porque afecta a la parte más débil de la
sociedad, dijo literalmente: O estamos ante una política de uso racional
del medicamento, en cuyo caso estamos de acuerdo y lo apoyaremos, o
estamos ante una medida de recorte de la prestación sanitaria, en cuyo
caso estaremos radicalmente en contra, y eso, reitero, lo repitió varias
veces como síntesis de todo el mensaje.
Pues bien, quede claro que estamos en lo primero, que el Gobierno está en
lo primero y que el grupo parlamentario está en lo primero: que estamos a
favor de una lista de medicamentos que obedezca a criterios de
racionalización del consumo famacéutico, y que estamos y estaremos
radicalmente en contra de cualquier medida que supusiera recortes de
prestaciones sanitarias esenciales y, con más radicalidad si cabe, si
afectara a pensionistas y jubilados, a los que también se envía, desde
sus palabras, un mensaje de intranquilidad sin mucho fundamento.
En términos generales, y con independencia de reducciones puntuales de
precios, el nuevo acuerdo que se firmará en los próximos días duplica con
creces la aportación que se hubiese recibido de haberse prorrogado el
vigente. Y si esto vale para 1998 en las cifras ya reseñadas, también
vale para 1999
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor, concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino. Y digo que vale para 1999 pues el
impacto correspondiente al próximo ejercicio sería de 16.000 millones de
aportación directa, complementado con 10.000 adicionales en los mismos
términos que los establecidos para 1998.
Estos son los datos con los que contamos y que evidencian que el Gobierno
está actuando con diligencia, está actuando con eficacia, está cumpliendo
el acuerdo del Consejo y está cumpliendo las normas que figuran en la Ley
de Presupuestos. Dejemos al Gobierno que lo haga, controlemos lo que ha
hecho, pero no bloqueemos su actuación.
Por todo ello, nosotros nos oponemos a la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.)
¿Los portavoces garantizan la presencia de titulares y suplentes en
número suficiente como para avalar sus respectivas posiciones?
(Asentimiento.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista.
-- SOLICITUD DE CELEBRACION DE UNA SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION
DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA PARA INFORMAR
DE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO DEL PLAN DE MODERNIZACION,
RACIONALIZACION, REESTRUCTURACION Y REDUCCION DE ACTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA MINERA ESPAÑOLA ANTE LA POSTURA DE LA COMISION EUROPEA (Número
de expediente 213/000498)
El señor PRESIDENTE: Punto 4 y último del orden del día: solicitud de
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo para que se produzca la comparecencia urgente del
ministro del ramo a efectos de informar de la posición del Gobierno
respecto del Plan de modernización, racionalización, reestructuración y
reducción de la actividad de la industria minera española ante la postura
de la Comisión Europea.
Para la presentación de la solicitud, en nombre de del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, en estos momentos se están produciendo en el entorno minero de
las cuencas centrales de Asturias hechos, movilizaciones y, en algunos
casos, desgracias que nos llevan a tratar con un total tono de seriedad y
de rigor una cuestión que tiene consecuencias muy importantes no sólo
económicas sino también sociales.
Señorías, quiero recordar, por hacer brevemente el relato de lo que ha
ocurrido, que el día 12 de mayo de 1997 se firmaba felizmente un acuerdo
muy importante, que hacía referencia e incidía no sólo en la producción y
en el empleo minero de Asturias, sino en el resto de España. Sin embargo,
después de aquella firma --firma que hacía referencia pozo a pozo, y aquí
tengo todos los documentos, a una previsión de futuro hasta el año 2001--
a pesar de que el Gobierno comprometió su posición en aquel documento, a
partir de entonces empezaron a aparecer, primero en tono de filtraciones
y de rumores y después algunas cartas procedentes del responsable de la
Unión Europea en materia energética en las que se ponía en duda la
voluntad o capacidad de la Unión Europea, en este caso de la Comisión,
para dar validez o para aprobar, en la correspondiente publicación del
boletín de la Comunidad, las ayudas públicas a la minería, y más
concretamente las ayudas públicas a las empresas Hunosa y Figaredo
radicadas en Asturias.
Desde entonces, señorías, ése pareció ser el pretexto tras el cual el
Gobierno inició una renegociación del plan que había firmado en el mes de
mayo, y a partir de entonces han ido cambiando todas las circunstancias,
los argumentos y las razones que se adujeron desde el Gobierno para no
llevar adelante, para no hacer efectivo, a partir del 1 de enero, aquel
plan que habían firmado en relación con Hunosa y Figaredo, el 12 de mayo
de 1997. Incluso se habló por parte del Gobierno de dificultades para
cumplir determinados parámetros fundamentales en aquel acuerdo, como la
producción, recuerdo que se habló de una reducción de 600.000 toneladas
de producción anual y se habló de mayores problemas en el cumplimiento de
lo firmado en relación con la plantilla. La plantilla para el año 2001
está en torno a los 7.000 empleos y, sin embargo, se hablaba de la
imposibilidad, por dificultades europeas, de llevar a cabo un conjunto de
contrataciones paralelas a las prejubilaciones, en total 1.016
contrataciones, y sencillamente, de no ocurrir eso, en lo que estaríamos
sería en un cierre de la empresa y no en un ajuste de su dimensión y de
su tamaño.
Todas esas razones que se adujeron, señorías, desde el Gobierno fueron
cambiando. De manera que en estos momentos ya no son, parece ser, los
argumentos europeos los que impiden la vigencia del acuerdo firmado, sino
que son otras cuestiones que sólo contribuyen a introducir agravios
comparativos o elementos de discusión entre comunidades autónomas
españolas o entre distintos sectores de la actividad económica. Debido a
todos esos argumentos y a la falta de claridad en la posición del
Gobierno, en lo que se refiere al cumplimiento del pacto que firmó,
señorías, nosotros queremos que comparezca urgentemente, y es lo que va
implícito en nuestra petición, el ministro de Industria y Energía en la
Comisión correspondiente para dar a conocer la posición del Gobierno en
esta materia.
Nosotros queremos también decir anticipadamente que queremos que el
ministro comparezca para darle todo nuestro apoyo y que defienda el plan
que firmó el 12 de mayo ante la Unión Europea, ante la Comisión. Entre
otras razones, señorías, porque la Comisión Europea, y eso tiene que
reconocerlo paladinamente el Gobierno, no tiene base jurídica ninguna --a
tenor de la decisión 36/32 de la Ceca, y en particular del artículo 4.º
que se refiere a las ayudas a la reducción de actividad-- para obligar a
nadie, ni a España ni a ningún país, a reducir el empleo en una
explotación minera ni a reducir la producción. A lo único que le faculta
jurídicamente a la Comisión esa decisión de la Ceca es
sencillamente a aprobar o desaprobar reducciones de ayudas. Pero discutir
niveles de ayudas y tendencias de reducción de las ayudas sí es posible
de acuerdo con el contenido del artículo 4.º; más allá de ahí no hay base
jurídica para otra cosa.
Señorías, tengo frente a mí una buena cantidad de decisiones publicadas
en el Boletín de las Comunidades Europeas de la propia Comisión, en
relación con la autorización de ayudas a empresas del carbón, públicas y
privadas, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y también en España,
y en ninguna de ellas habla para nada la Comisión ni de producción ni de
empleo, se limita a dar por buenos determinados niveles de las ayudas y
determinados niveles de retroceso de estas ayudas en términos
porcentuales, que en unos casos están relacionados con el IPC y en otros
no.
Por tanto, señorías, no hay ningún argumento europeo que pueda cuestionar
la posición que el Gobierno viene manteniendo en la negociación con las
centrales sindicales. Queremos que el ministro comparezca, que nos
explique todo eso y, en último término, señorías, queremos mostrarle todo
nuestro apoyo desde el Grupo Parlamentario Socialista para que se sienta
más respaldado a la hora de defender punto por punto, frente a la
Comisión Europea, el contenido del plan que firmó el 12 de mayo de 1997.
En todo caso, señorías, también queremos decir al Gobierno español que si
la Comisión Europea mostrara al respecto una actitud demasiado empecinada
en no permitir las ayudas --insisto, las ayudas, que es lo único que
puede decidir--, nosotros vamos a recomendar al Gobierno español que vaya
a los tribunales, que mantenga la misma firmeza y convicción que muestra
ante otras decisiones que contravienen decisiones comunitarias; por
ejemplo, quiero recordar la rebaja del IVA de las autopistas, respecto a
la que el propio Gobierno manifestó explícitamente que no tendría ningún
inconveniente en ir a los tribunales. En el caso de ser fallida su
posición de defensa de ese acuerdo en Bruselas, nosotros respaldaremos
que acuda a los tribunales con su posición para sacar adelante un acuerdo
que fue saludado por todos como un buen acuerdo para la minería asturiana
y para toda la minería española.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Queremos manifestar nuestro apoyo a la petición de comparecencia del
señor ministro de Industria, precisamente para que explique la posición
del Gobierno en relación con los temas que se habían pactado respecto de
las ayudas y la viabilidad de las cuencas mineras que aquí son
consideradas cuencas mineras españolas, y hacerlo desde la posición de un
grupo político que tiene su actividad centrada también en un distrito
electoral, del cual soy diputado, que cuenta con minería que creo que es
española, a pesar de que no fue contemplada en el plan negociado con
Bruselas aduciendo que no era precisamente el carbón CECA sino lignitos
pardos. Quiero decir, además, que lo hago siendo consciente de que es un
carbón que no ha contado con ningún tipo de apoyo hasta ahora, que ha
servido de base al gran esplendor de Endesa y que no tiene asegurada su
continuidad después del año 2007, pero pensamos que los gobiernos deben
respetar aquello que pactan con las fuerzas sociales y políticas. Deseo
que, en todo caso, el triunfo sea en esta ocasión para los mineros de
Asturias y para todos los que defienden un modelo social de continuidad
de los puestos de trabajo, por tanto de no empobrecimiento de muchas
zonas del Estado español, y con la conciencia de que es lo mismo que
queremos para nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez. Su intervención, la
que le sigue del señor Peralta y la que posteriormente realice el Grupo
de Izquierda Unida son a título de proponentes, por tanto de suscriptores
de la solicitud.
Adelante, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Se ha hecho referencia a que el pasado 12 de mayo de 1997 se celebraba un
acuerdo entre las empresas hulleras públicas y las centrales sindicales,
acuerdo que mereció el respaldo de Nueva Izquierda porque nos parecía que
era una solución importante y un paso adelante respecto a encontrar
soluciones razonables, viables, para un sector que está en proceso de
reestructuración desde hace muchos años y que tiene una incidencia
notable en el empleo, especialmente en una región como Asturias, donde la
minería tiene un papel económico estratégico.
Tal como se ha puesto de manifiesto, desde esa fecha hasta ahora nos
hemos encontrado, señorías, con una situación de innumerables rumores en
torno a la aplicación de dicho acuerdo y, finalmente, nos encontramos al
día de hoy con una huelga de más de dos semanas por parte de miles de
trabajadores asturianos, con notable incidencia en sus familias, y
desgraciadamente también con algunos hechos, especialmente la muerte de
un minero, que trascienden claramente esas circunstancias que han rodeado
los acontecimientos de estos últimos días. Lógicamente, los trabajadores
mineros y el conjunto de los ciudadanos de nuestro país se preguntan qué
es lo que pasa. ¿Por qué se discute un acuerdo que se firmó el pasado 12
de mayo? ¿Es que quien firmó ese acuerdo no sabía cuál era la posición de
la Unión Europea? De ser eso así, no cabe
la menor duda de que nos encontraríamos en presencia de un clarísimo
supuesto de incompetencia por parte de las autoridades públicas que
suscribían dicho acuerdo, porque ellos son los interlocutores de Bruselas
y ellos tienen la obligación de saber cuál es la posición de Bruselas.
Cuando las centrales sindicales pactan con ese Gobierno tienen que ser
conscientes de que están pactando posiciones que tienen el respaldo de
Bruselas y que no van a ser desautorizadas posteriormente, porque si esa
duda se extiende, no habrá capacidad para suscribir nada.
En última instancia, señorías, nos parece que esta situación o es lo que
hemos dicho, un caso de incompetencia por parte de quienes firmaron ese
acuerdo, o es pura y simplemente un paso más en lo que es la auténtica
política del Ministerio de Industria: liquidar o, dicho de otra manera,
privatizar. En estos últimos años hemos comprobado que se puede
privatizar aquello que es rentable. Lo que no es rentable sólo tiene una
salida con esa filosofía: liquidar. No es extraño que el señor Piqué
anunciara a finales de 1996 el fin de la minería. A la vista de las
protestas que se suscitaron, tuvo que ir señalando fechas distintas y,
finalmente, dejarlo en la absoluta incertidumbre.
Todos estos acontecimientos que han rodeado los últimos días son pura y
simplemente una prueba más de esa política, en nuestra opinión,
extraordinariamente errónea. Y desde luego, nosotros encontramos
plenamente justidicada la protesta de miles de ciudadanos. Creemos que
esa protesta, esa preocupación de miles de ciudadanos de nuestro país y
ese conjunto de circunstancias que han rodeado los últimos días la
discusión de la problemática minera tiene que tener una acogida en este
Parlamento y, por tanto, hemos suscrito esa petición de comparecencia y
pedimos el apoyo a la misma.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo suscribió conjuntamente esta petición entendiendo que los
hechos que están sucediendo en Asturias en estos momentos son muy graves.
Diez mil trabajadores están en huelga desde hace 15 días, una
convocatoria de huelga provocada fundamentalmente por el incumplimiento
del Gobierno en cuanto al respeto del acuerdo firmado entre los
sindicatos y el Ministerio de Industria. Este acuerdo fue calificado en
su día de responsable por el propio Gobierno en lo que a la actitud
negociadora de los sindicatos se refería, y curiosamente en este momento
estamos observando cómo se les califica de lo contrario. No hay que
olvidar que este acuerdo nace de unas movilizaciones importantes, sobre
todo en Castilla y León que las negociaciones son suscritas por las
federaciones mineras de Comisiones y UGT y ante la sorpresa producida
cuando los sindicatos han intentado negociar el convenio de las empresas
públicas del carbón, Hunosa y Figaredo.
El Gobierno se parapeta en la barricada de la Unión Europea para intentar
vulnerar este acuerdo, para intentar reducir la producción y para
intentar reducir las ayudas, sabiendo perfectamente, como ya reconoce
ahora en la mesa de negociación, que esta carta del señor director de la
Energía, don Pablo Benavides, no es realmente vinculante, que en todo
caso es discutible, no teniendo todavía un carácter firme. Creemos y es
una de las consecuencias de esta petición, que hay que pedir
responsabilidades a los responsable de SEPI o del Ministerio de Industria
que han provocado esta situación, con el lamentable fallecimiento de un
trabajador y con una situación en este momento de orden público en las
cuencas mineras que se puede calificar de ocupación. Ha habido ya incluso
algún incidente y heridos entre personas que no tienen nada que ver con
el propio conflicto, se han producido daños en establecimientos y
viviendas de las cuencas mineras y hay una verdadera ocupación policial
que no vivíamos desde hace muchos años en Asturias. Por lo tanto,
insisto, la responsabilidad exclusiva de este conflicto compete a
aquellos que alegremente han intentado escudarse en esa carta para
renegociar de nuevo, impidiendo sobre todo las recolocaciones e
intentando reducir aún más la producción y provocando el cierre de algún
pozo minero.
Uno de los aspectos fundamentales del acuerdo es la creación de 1.061
puestos de trabajo en el período negociado. Por tanto, es normal que los
jóvenes de las comarcas se sientan solidarios, entre otras cosas, porque
una parte importante de ellos tienen desgraciadamente sólo esa
expectativa posible de empleo en los próximos tiempos. Es por ello por lo
que efectivamente hay un apoyo de la población a estas movilizaciones y
de toda Asturias, pero en particular en las cuencas mineras. A esto no se
le puede llamar vandalismo, porque también viene provocado por la
desmesurada actuación de las fuerzas de orden público, de la que en otro
momento y en la Comisión correspondiente pediremos también explicaciones.
¿Qué inversiones serían necesarias en un proceso de reindustrialización
para crear 1.000 puestos de trabajo? No hay ningún otro instrumento más
que éste.
También nos parece una irresponsabilidad que el Gobierno no haya agotado
la negociación la semana pasada y que la haya dilatado una semana más, lo
que está provocando el alargamiento del conflicto y el riesgo de tener
nuevos incidentes, más heridos y otro tipo de acontecimientos. Nos parece
también una irresponsabilidad porque, una vez aparentemente desbloqueado
el problema fundamental que generó el conflicto, que era la excusa
de la Unión Europea y que ahora parece que ya no se mantiene, se tenía
que haber continuado negociando con los sindicatos hasta agotar las
posibilidades de acuerdo e impedir que hubiera una semana más de
conflictividad, con lo que ello supone. Es una grave irresponsabilidad
haber aplazado por decisión del Ministerio de Industria y sobre todo del
señor Prada y del señor presidente de Hunosa la negociación al próximo
jueves.
Por todo ello, lógicamente apoyamos esta petición. Es verdad que el señor
Piqué es uno de los ministros que más comparece en esta Cámara; lo que
nos gustaría es que compareciera cuando existe el problema y no cuando
aparentemente está en vías de solución. Deseamos que esa solución se
produzca e insistimos en que es un conflicto convocado por el propio
Gobierno, porque los sindicatos siguen siendo tan responsables ahora como
lo eran al principio del conflicto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
El señor Mardones, por Coalición Canaria, tiene la palabra. Ruego a todas
SS. SS. brevedad, dado lo avanzado de la hora.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré brevemente, señor presidente, en
razón de la hora.
Mi grupo ha tenido conocimiento de la petición del Gobierno en la que el
señor ministro de Industria y Energía, señor Piqué, solicita su
comparecencia ante la Comisión repectiva para informar, dentro de este
mes de enero y con carácter urgente, de la situación y del plan del
Gobierno español para modernización, racionalización, reestructuración y
reducción de la actividad de la industria minera española, tal como
solicita la propia iniciativa de los grupos que la han firmado. Mi grupo
quiere expresar su solidaridad, como siempre hemos mantenido, y recuerda
esas imágenes que mueven a la solidaridad de la huelga de los mineros, de
los afectados, de las víctimas precisamente tanto de acuerdos de la
Comisión Europea como de las coyunturas en que la industria nos coloca, y
el propio Grupo Socialista las ha vivido en su carne política cuando hizo
la reestructuración del sector siderometalúrgico y naval, ha vivido los
problemas laborales y sociolaborales que se transformaban en problemas
políticos. En ese orden de ideas nosotros queremos también una solución
al respecto, pero entendemos, ante la solicitud del ministro de Industria
y Energía de comparecer, que es en ese momento cuando se tienen que
obtener aquí las informaciones respectivas. Manteniendo el principio de
solidaridad que nosotros respetamos y al que nos adscribimos, nosotros en
este aspecto formal no vamos a votar la convocatoria extraordinaria de la
Comisión de Industria y Energía por esta vía, sino por la de la
comparecencia que ha solicitado el Gobierno al respecto.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Trataré de hacer con toda brevedad mi
intervención, señor presidente, pero creo que todos los grupos
parlamentarios tenemos perfecto y legítimo derecho a ofrecer un relato de
los hechos y de los acontecimientos. Porque algunos relatos que hoy se
han producido en torno a este tema en esta sesión de la Diputación
Permanente han omitido aspectos y argumentos que a nuestro juicio son
esenciales para la comprensión exacta del problema y, desde luego, de la
realidad concreta de la negociación y en los términos en que ésta se
produce.
Quiero decir --como han señalado anteriores portavoces-- que en el Grupo
Parlamentario Popular también tenemos pesar porque se haya producido la
muerte de un minero asturiano dentro de un contexto de movilizaciones, de
barricadas, de cortes de tráfico y de incendios, que desde luego no
podemos ni queremos compartir. Creemos que poco se ayuda a la minería
dando, digamos, amparo político a quienes han preferido abandonar la mesa
de negociación para instalarse en la barricada. (Rumores.) Creemos,
señorías, que ese no es el discurso sereno que necesita la minería
asturiana ni la minería de otras regiones de España. Algunos portavoces
han llegado casi a decir --extrapolando argumentos-- que los heridos y
los conflictos tienen un culpable y que ese culpable es el Gobierno de la
nación.
Nada más demagógico y, desde luego, nada más desajustado a lo que es la
verdad y la realidad.
Algunos, en el relato de la historia, han hecho referencia a una serie de
antecedentes y de acontecimientos que son el preámbulo de la situación
actual, pero han omitido aspectos importantes y trascendentes. Han
omitido --seguramente que no por casualidad--, por ejemplo, que el día 21
de mayo, cuando sindicatos y Ministerio de Industria firman un acuerdo
que todos celebramos y que todos apoyamos, que en el apartado séptimo de
dicho acuerdo se dice literalmente: Los acuerdos aquí recogidos no
suponen que se vaya necesariamente a alcanzar un acuerdo definitivo sobre
el plan de empresa y el correspondiente contrato-programa. Las
negociaciones proseguirán. Ese era el apartado séptimo del acuerdo que
efectivamente se firma entre los sindicatos más representativos y el
propio Ministerio de Industria. ¿Qué quiero decir con ello? Pues quiero
decir que, dentro del programa de actuación, como SS. SS. saben
perfectamente (y aprovecho para decir que no tiene precedentes conocidos
en la historia de la minería asturiana y española), el plan 1998-2005
requería, además, que se estableciese una nueva negociación para el plan
de empresa 1998-2001, y específicamente con aquellas empresas que
han de suscribir contratos-programa. ¿Y de qué estamos hablando? Pues
estamos hablando, señorías, de que ese punto séptimo no se cerró y está
todavía en proceso de negociación. Alguien decía que por qué tanta
dilación, pero hay que recordar que no se está perdiendo ni un minuto ni
un día; se sigue intentando aproximar posturas y tratando de favorecer
negociaciones para que culminen en un acuerdo, que quiere el Gobierno y
que quiere el Grupo Parlamentario Popular. Agradecemos también el apoyo
al ministro de Industria, que algunos portavoces han manifestado, para
que consiga llegar a un feliz término en las negociaciones de la minería
española y específicamente en la minería pública.
¿A qué hacen referencia esos aspectos que quedaron abiertos en el
apartado séptimo del acuerdo que se firmó el 21 de mayo de 1997?
Básicamente, a tres aspectos. En primer lugar, el de las recolocaciones,
al que alguien ha hecho ya referencia. Insisto, tendrán que hablar en la
mesa de negociación y no en las barricadas ni fuera de la mesa de
negociación. Los interlocutores --a saber, los sindicatos y el
Ministerio-- tendrán que hablar para ver cómo se pueden recolocar esos
1.061 trabajadores. Hay tesis --y SS. SS. las conocen-- de los que pasan
por que se recoloquen en su mayor parte en la empresa pública Hunosa, y
hay otras tesis que pasan por que se recoloquen en sectores de
diversificación. Habrá que buscar un punto de acuerdo y tendremos que
propiciar, entre todos, el acuerdo.
¿A qué segundo aspecto se refieren esos flecos abiertos que son objeto de
la negociación que nunca debió abandonar la mesa? Pues se refiere,
fundamentalmente, a los incrementos salariales y --cómo no-- a los
deslizamientos de los incrementos salariales.
Finalmente, el tercer aspecto que quedó abierto --que también lo han
firmado los sindicatos, junto con el Ministerio, y que se debe seguir
negociando en la mesa y no desde las barricadas-- es el referido a las
prejubilaciones.
Hay otras tesis que ustedes conocen, pero yo voy a obviar hacer aquí un
relato de cantidades en términos absolutos que pueda no propiciar el buen
clima para el debate. Me consta especialmente que SS. SS. conocen esos
datos y saben el esfuerzo del Gobierno y el apoyo que desde el Grupo
Parlamentario Popular damos al Gobierno en un afán por cerrar un buen
acuerdo para la minería pública y para la minería privada también,
planteamiento que ha sido aceptado en Bruselas sin ningún tipo de
problema.
Cuando alguien hacía referencia a que hay gobiernos liquidadores, yo
quiero recordar, porque me parece que es muy oportuno en este debate y en
el día de hoy, que un Gobierno que pretenda liquidar la minería, como se
ha dicho frívolamente, no es el Gobierno que el pasado 16 de enero
--ustedes lo saben--, a través de un acuerdo de Consejo de Ministros,
establecido unas ayudas que superan los 85.000 millones de pesetas y que
afectan a 77 empresas mineras. Un gobierno que en su Consejo de Ministros
adopta estos acuerdos no es un gobierno que quiera liquidar la minería ni
que tenga insensibilidad con un problema social que subyace en Asturias
especialmente en el tema de la minería del carbón. Un gobierno que quiera
liquidar la minería no publica en el «Boletín Oficial del Estado»,
concretamente el pasado 30 de diciembre de 1997, el régimen de ayudas, el
marco jurídico y el proceso de selección. Y un gobierno que no tenga
sensibilidad social ante el sistema de la minería y los aspectos sociales
que giran en torno a la minería pública en nuestro país no es un gobierno
que se compromete, como se ha comprometido sin precedentes conocidos en
la historia parlamentaria española, a establecer unos sistemas de ayudas
a través de lo que se ha dado en llamar y se llama el Plan de desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, porque es un gobierno --y desde el
Grupo Parlamentario Popular así lo entendemos y así lo apoyamos-- que
tiene sensibilidad social, pero, lo que es tan importante o más, quiere
dar alternativa a una industria que --SS. SS. lo saben como yo-- tiene
crisis no solamente en España, sino también en otros países de la Unión
Europea.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Fernández, por favor.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Concluyo, señor Presidente.
Cuando algunos portavoces pretenden eludir los marcos jurídicos
aplicables, invitan a un apoyo yo diría que no sincero, sino a un apoyo
que pretende que el Gobierno incurra en dificultades, porque ese es su
estilo y su talante, no sería desaconsejable que se estableciese, en
memoria retrospectiva, por qué la situación actual es la que es, qué pasó
y qué dice la Comisión Europea. Todas SS. SS. tienen el plan de futuro de
la minería, obra en poder de todos ustedes. Pues bien, en los
antecedentes dice con toda claridad que hay varias cartas de la Comisión
Europea, de noviembre de 1996 y de 2 de abril de 1997. ¿Qué decían en
síntesis? Pues que las ayudas no eran transparentes porque no figuraban
en los Presupuestos Generales del Estado. Eso ya no va a pasar, porque
los Presupuestos Generales del Estado de 1998 contienen y regulan
específicamente el marco de ayudas a la minería del carbón. Que no se
adaptaban los planes anteriores a los sistemas de ayuda, que había
desviaciones y que, en definitiva, había un incumplimiento total de lo
que imponía la decisión CECA del año 1993 por no haberse producido la
adecuación y haberse producido desviaciones más que importantes en el
plan 1994/1997. Esos son los antecedentes, esa es postura del Gobierno
que respalda el Grupo Parlamentario Popular, y como estamos preocupados,
al igual que muchas de SS. SS., como queremos que haya un
buen acuerdo y queremos apoyar ese acuerdo, vamos a votar que no a la
solicitud del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida, pero
saben SS. SS. perfectamente --nadie lo ha dicho-- que ayer mismo por la
tarde el ministro Piqué solicitó en el registro de la Cámara la
comparecencia a petición propia para explicar el estado de las
negociaciones y, estoy segura, para recibir el apoyo leal desde la
oposición, para que entre todos seamos capaces de presentar un buen
acuerdo en materia de minería y de carbón y que sea aprobado por la
Comisión Europea. Eso es lo que quiere el Gobierno y lo que apoya sin
duda el Grupo Parlamentario Popular. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, solicito intervenir dos
segundos, para que la verdad quede reflejada en el «Diario de Sesiones».
No es verdad que los sindicatos se hayan levantado de la mesa para ir a
la barricada, llevan desde la última reunión de la semana pasada pidiendo
a gritos que se adelante la reunión --se supone que la última-- que se
celebrará el próximo jueves. Más no han podido hacer los sindicatos para
que esa reunión hubiera tenido lugar el lunes, el martes, incluso mañana.
Nada de eso fue posible. Esa es la verdad, señor presidente. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: El señor Martínez Noval sabe que desde el
Grupo Parlamentario Popular no tenemos por costumbre introducir la no
verdad en nuestros debates parlamentarios (Rumores.), y tendrá que
explicar por qué él defiende de forma velada la barricada ahora mismo en
Asturias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías. Vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud que acaba de debatirse
de los diputados del Grupo Socialista.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta minutos de la tarde.