Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 187, de 10/10/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL 10 de octubre de 1997 Núm. 187
INDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
elaboración de un plan de futuro para Radiotelevisión Española (RTVE)
(Página 3)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre defensa de los límites España-Portugal (Página 3)
161/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a propuesta de modificación de la normativa
para el acceso al nombramiento de Intérpretes Jurados (Página 4)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/000462 Corrección de errata de la aprobación, con modificaciones,
de la Proposición no de Ley, relativa al Programa Estratégico de
Renovación Urbana (URBAN), de la Bahía de Pasajes (Guipúzcoa) (Página 5)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/000680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la situación del sector lácteo como consecuencia
del fracaso en la obtención de una cuota adicional de un millón de
toneladas por parte de la Unión Europea (UE) y del Plan de reordenación
del sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno (Página 5)
Comisión de Política Social y Empleo
161/000679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reforma de la Ley 24/1997, de
15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad
Social para hacer compatible la pensión de orfandad con la realización
por parte del beneficiario de trabajos lucrativos por cuenta ajena o
propia (Página 6)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000049 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
materia de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en
el trabajo (Página 7)
173/000050 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para solucionar los problemas
de los emigrantes que vienen a España, su situación social y laboral, así
como para mitigar las dificultades de todo tipo que encuentran a su
llegada (Página 9)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000921 Corrección de errata de la pregunta sobre número de
empleos que está previsto reducir en la base naval de Rota (Cádiz)
(Página 10)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000169
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un plan de futuro para
Radiotelevisión Española (RTVE).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en el Pleno de la Cámara.
El futuro de RTVE, en cuanto empresa pública, cuyo objetivo se dirige a
la prestación de un servicio público esencial, en absoluto está
asegurado. Máxime cuando su servicio implica una dimensión adecuada,
incompatible con un modelo residual y, por tanto, con la reducción o
privatización parcial. En este sentido, la demanda de un Pacto de Estado,
argumentada en el Congreso por el Director General de RTVE, se ha
convertido en un simple titular sin contenido y sin siquiera proceso de
elaboración. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida muestra su profunda preocupación con respecto al futuro de RTVE,
habida cuenta además de la falta de modelo de financiación, de los
incumplimientos con respecto a la Ley vigente y de la ausencia total de
una estrategia para evitar el aumento de la deuda y la asunción de la
deuda acumulada en los últimos años.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Teniendo en cuenta el carácter público de RTVE se considera que dicha
empresa, en función de su capacidad con respecto a la producción propia,
debiera proceder a aumentar la producción y emisión de espacios de
calidad, tendentes a reequilibrar la actual situación que, en general,
tiende al sensacionalismo desmesurado y a la llamada televisión «basura».
2. Elaborar urgentemente un plan de futuro para
RTVE. Dicho plan ha de contener una estrategia de cara a evitar el
aumento de la deuda y tendente a enjugar la deuda acumulada en los
últimos años.
3. Que cualquier reducción de plantilla debe supeditarse al plan de
futuro pendiente de elaboración, y que tiene en la Subcomisión creada al
efecto en este Congreso un punto de referencia inexcusable.
4. Que el servicio público esencial que presta RTVE es imprescindible
para cualquier sociedad democrática, más aún en el seno de la Unión
Europea.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--Felipe
Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000677
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre defensa de los límites España-Portugal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
En la actualidad están teniendo lugar reuniones de la Comisión de Límites
España-Portugal, para alcanzar un acuerdo sobre determinados aspectos que
afectan a ambos Estados fronterizos.
Existe preocupación entre colectivos de ciudadanos de la comarca del
Baixo Miño (Pontevedra), acerca de las conclusiones que se deriven de las
mencionadas reuniones, en lo que se refiere a la defensa de sus
intereses.
En primer lugar existen problemas relativos a la definición y
clarificación de la propiedad (española o portuguesa) de islas existentes
en el tramo final del río Miño. En islas como Morraceira das Varandas o
Morraceira do Grilo, que gozan incluso de calificación como Monte
Comunal, la Administración portuguesa impide el ejercicio de los derechos
que corresponderían a los ciudadanos gallegos, amparándose en que no se
definen como españolas en el Tratado de Límites vigente, considerándolas
por tanto internacionales. Asimismo existe indefinición sobre la
propiedad de otras islas estables que existen en la desembocadura del
río.
En segundo lugar, existe preocupación entre los pescadores, por la
modificación del nuevo Reglamento de Pesca a aprobar para el tramo
internacional del río Miño y que vendría a sustituir al actual;
especialmente en lo que se refiere a la obligatoriedad de que cada
embarcación cuente con dos tripulantes, lo que alteraría el modo habitual
de pesca en la parte española que en muchos casos se realiza con un sólo
tripulante; sin que se tenga conocimiento, desde hace cuando menos 30
años, de accidentes mortales; y cuando además de llevarse a cabo la
medida, cada embarcación debería incrementar el esfuerzo pesquero, lo que
no ayudaría al control del mismo.
En tercer lugar y no menos importante, son las agresiones
medioambientales que sufre el río Miño. Los constantes dragados
transversales que se realizan, para permitir el paso del Ferry Caminha-A
Pasaxe, está produciendo pérdida de arena en las playas, colmatación
zonas, alteración de zonas de desove, etcétera.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Defender en el seno de la Comisión de Límites España-Portugal, entre
otras, las siguientes cuestiones:
1. Mención expresa, y definición clara de la propiedad de todas las islas
existentes en el río Miño, teniendo como base lo establecido en el actual
Tratado de Límites.
2. La no aceptación de que en la prevista modificación del Reglamento de
Pesca, se imponga la obligatoriedad de que las embarcaciones tengan que
enrolar dos tripulantes.
3. La Consideración de las medidas necesarias para que el dragado regular
a que se está sometiendo en la actualidad al río, no afecte a su
equilibrio medioambiental y por tanto no perjudique su riqueza
piscícola.»
Madrid, 24 de septiembre de 1997.--Guillerme Vázquez Vázquez.
161/000678
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a propuesta de modificación de la
normativa para el acceso al nombramiento de Intérpretes Jurados.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a propuesta de modificación de
la normativa para el acceso al nombramiento de intérpretes jurados, para
su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
El Real Decreto 79/1996, de 26 de enero, modificó varios artículos del
Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de
Asuntos Exteriores. En primer lugar, se otorgó carácter oficial no sólo a
las traducciones escritas, sino también orales, así como a las inversas,
además de las directas, realizadas por intérpretes
jurados. En segundo lugar, se permite el acceso a los exámenes para
nombramiento de intérprete jurado a los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea. En tercer lugar, se elevó el nivel
académico exigido para presentarse a los exámenes para la obtención de
los nombramientos, y normas de equiparación de los mismos. Y por último,
se abrió la posibilidad de que los licenciados en Traducción e
Interpretación pudiesen solicitar a la oficina de Interpretación de
Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, el nombramiento de
intérprete jurado, sin realización de exámenes, mediante la acreditación
de haber superado, dentro de dicha licenciatura, las asignaturas que
otorguen a los titulados una preparación específica en traducción
jurídica y económica e interpretación oral en la o las lenguas para las
que se solicite el nombramiento.
El Decreto sólo contempla las traducciones al castellano y viceversa,
tanto para acceder al nombramiento a través de exámenes (Orden, 8 febrero
1996) como para el acceso con el título de Licenciado en Traducción e
Interpretación, que debe ser con créditos en lenguas extranjeras, para
las que se solicite el nombramiento, siempre en combinación con el
castellano (Orden 21 de marzo de 1997).
Como se ve quedan excluidas otras lenguas cooficiales del Estado español,
como el catalán, el gallego y el vasco. Y, en el caso de los licenciados,
aquellos que, contando con los créditos necesarios en lenguas
extranjeras, su combinación no fuese con el castellano, sino con otra u
otras lenguas cooficiales en el Estado.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar los requisitos establecidos en la Orden de 21 de marzo de
1997, que desarrolla el artículo 15.2 del Real Decreto 2555/1997 de 27 de
agosto, para el acceso de los licenciados en Traducción e Interpretación
al nombramiento de «intérprete jurado» del Ministerio de Asuntos
Exteriores, de forma que tengan validez los créditos referidos a cada una
de las lenguas extranjeras para las que se solicita el nombramiento, en
combinación con cualquier lengua cooficial en el Estado español y no sólo
con el castellano.
2. Dar carácter oficial a las traducciones escritas u orales de una
lengua extranjera a cualquier lengua cooficial en el Estado y viceversa
que realicen los intérpretes jurados, y contemplar, en los exámenes para
nombramiento de intérpretes jurados, la posibilidad de traducción escrita
y oral a otra lengua cooficial en el Estado, y no sólo al castellano,
modificando consecuentemente las normativa establecida por el Real
Decreto 79/1996 y la orden de 8 de febrero de 1996, por la que se dictan
normas sobre los exámenes para nombramiento de intérpretes jurados.»
Madrid, 24 de septiembre de 1997.--Francisco Rodríguez Sánchez.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/000462
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 180, de 30 de
septiembre de 1997, figura por error bajo el epígrafe de «Comisión de
Educación y Cultura», debiendo figurar bajo el de «Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda», el núm. de expte. 161/000462, correspondiente a la
aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Socialista del Congreso, relativa al Programa Estratégico de
Renovación Urbana (URBAN), de la Bahía de Pasajes (Guipúzcoa).
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 1997.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
161/000680
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la situación del sector lácteo, como
consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota adicional de un
millón de toneladas por parte de la Unión Europea (UE) y del Plan de
reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la situación del sector lácteo como consecuencia del
fracaso en la obtención de una cuota adicional de un millón de toneladas
por parte de la Unión Europea y del Plan de Reordenación del Sector que
tiene previsto poner en marcha el Gobierno, para su debate en la Comisión
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de Motivos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fracasó en la
obtención de una cuota adicional de leche para España, según la solicitud
realizada de un millón de toneladas, y que fuera aprobada mediante una
Proposición no de Ley de este Parlamento. Fracasó tanto al presentar los
problemas específicos del sector de España en el Consejo Monográfico
celebrado en Holanda, como en el Consejo de aprobación del paquete de
precios para este año. Lamentamos profundamente este fracaso por afectar
a los intereses básicos de muchos ganaderos españoles, en especial la de
aquellos que no tienen otras alternativas productivas, como muchos de los
situados en la cornisa Cantábrica o en zonas de montaña, y los que están
desarrollando un plan de mejora de sus explotaciones para asegurar la
viabilidad de las mismas.
Para mitigar esta situación el Ministerio de Agricultura ha estado
elaborando un plan de reconversión encubierta para el sector, que trata
de solucionar el desfase existente entre la producción actual y las
cuotas provocando el abandono forzoso de pequeños ganaderos para que la
cuota así liberada permita el ajuste de cuotas en otras explotaciones.
La aprobación forzosa de estas medidas equivaldría a una vuelta atrás y a
una renuncia a los niveles de producción alcanzados con el esfuerzo de
muchos ganaderos. Las medidas contempladas van a promover el abandono
forzoso de la producción de leche de un número elevado de ganaderos, esto
se realizará a través de las siguientes medidas:
a) Por la aplicación de un plan de calidad sin medidas alternativas
para la mejora de las explotaciones.
b) Por la pretendida reducción de los primeros compradores, que va a
eliminar a los únicos recogedores de leche en algunas comarcas.
c) Por la puesta en marcha de un sistema de retención obligatoria a
todos los ganaderos que sobrepasen su cuota, sin contemplar ningún tipo
de medidas compensatorias para los pequeños, y para aquellos que están en
el proceso de mejora de sus explotaciones para asegurar su viabilidad.
El Gobierno pretende aplicar este plan de reconversión encubierta sin
tener en cuenta sus efectos sobre el empleo y la economía de numerosas
zonas rurales, y ante la incertidumbre añadida, derivada de la ocultación
de los resultados de la campaña 1996-97, finalizada el pasado 31 de
marzo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Hacer públicos los datos de producción láctea de la campaña
1996-97.
b) Darle prioridad en el seno de la Unión Europea a la negociación
para conseguir el aumento de nuestra capacidad de producción en un millón
de toneladas, y entre tanto articular los mecanismos necesarios en orden
a evitar que la supertasa por exceso de producción, recaiga sobre los
ganaderos.
c) Reconsiderar el Plan de Reordenación del Sector Lácteo español,
diseñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
consensuar con las Comunidades y sectores implicados, un Plan de
Ordenación Global del Sector que conduzca a un Sector productor basado
fundamentalmente en explotaciones familiares eficientes y competitivas, y
un sector industrial técnicamente avanzado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 1997.--José
Blanco López, Diputado.--Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
Comisión de Política Social y Empleo
161/000679
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre reforma de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social para
hacer compatible la pensión de orfandad con la realización por parte del
beneficiario de trabajo lucrativos por cuenta ajena o propia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política
Social y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Política Social y
Empleo.
Exposición de Motivos
La Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad
Social, recientemente aprobada por consenso de todas las fuerzas
parlamentarias, ha supuesto un paso adelante en el desarrollo del Pacto
de Toledo, teniendo como base, junto con los principios de
contributividad y equidad, el principio de solidaridad, el cual exige que
se proceda a atender situaciones de necesidad de aquellos que
verdaderamente requieran protección social, sin que pueda ser exigible un
mayor esfuerzo al sistema para hacer llegar recursos a personas que se
encuentran en disposición y en situación de procurarse los medios
necesarios de subsistencia.
De acuerdo con estos principios irrenunciables del sistema, se procede a
ampliar la edad de los beneficiarios de las pensiones de orfandad, para
que puedan continuar su formación académica o profesional, hasta los 21
años o 23, en caso de ausencia de ambos padres, en los supuestos en que
el beneficiario no realice trabajos lucrativos.
Dado que no es de justicia que cualquier nivel de rentas que el
beneficiario pudiera procurarse, conlleve automáticamente la pérdida del
derecho a su percepción, en la Exposición de Motivos de la Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social se señala
que se conservará la pensión de orfandad aunque se realicen trabajos
lucrativos, siempre que la remuneración no supere el cincuenta por ciento
del salario mínimo interprofesional. Sin embargo esta excepción no ha
sido recogida expresamente en el artículo 175.2 de la Ley, a pesar de que
durante su tramitación, tanto en el Senado como en el Congreso, fueron
presentadas sendas enmiendas transaccionales por el Grupo Parlamentario
Popular, las cuales fueron rechazadas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas
necesarias en el articulado de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, a tenor
de su exposición de motivos, en el sentido de hacer compatible la pensión
de orfandad, con la realización por parte del beneficiario de trabajos
lucrativos por cuenta ajena o propia, siempre que su remuneración no
supere, en cuantía anual, el cincuenta por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional en los supuestos contemplados en el artículo 175.2 de la
Ley General de la Seguridad Social.»
Madrid, 25 de septiembre de 1997.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
MOCIONES CONSECUENCIA
DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Moción consecuecia de interpelación urgente sobre política del Gobierno
en materia de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad
en el trabajo.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme
al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera
sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de
Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así
como publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
moción consecuencia de interpelación urgente sobre política en materia de
prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en el
trabajo.
Motivación
Durante los seis primeros meses de 1997 se ha producido un importante
incremento de los accidentes de trabajo de un 6,5%, respecto al mismo
período del año anterior y han tenido una especial significación algunos
accidentes mortales como el que ocurrió en el puerto de Valencia con 18
trabajadores muertos. Ello ha producido una especial inquietud entre los
trabajadores, centrales sindicales y empresarios y exige la adopción de
medidas para proteger la salud y la seguridad en el trabajo.
La LPRL define un modelo mixto, público-privado, que se basa en los
principios de prevención, responsabilidad, participación y de
coordinación. Ese modelo no funciona solo, sino que depende en gran
manera como todas las actividades preventivas del impulso del sector
público
y especialmente del impulso del Gobierno de España, aunque estén
transferidas las competencias de ejecución en materia laboral.
El sector público tiene que protagonizar una labor de impulso y control:
-- Hay que potenciar el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.
Cumplir con el artículo 8 de la Ley pero facilitando los medios y los
recursos necesarios.
-- Hay que utilizar de forma adecuada la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
-- La Administración Laboral tiene que coordinarse con el Ministerio de
Sanidad y el Ministerio de Industria, porque la elaboración de normas, el
control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la
investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la
necesidad de coordinar las actuaciones de las administraciones
competentes.
-- Debe impulsarse el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Para conseguir una mayor eficacia en materia de prevención de riesgos
para proteger la salud y la seguridad en el trabajo el Grupo Socialista
propone la siguiente
Moción
Medidas que favorezcan un clima a favor de la prevención de riesgos para
proteger la seguridad y la salud en el trabajo.
-- Elaboración y puesta en marcha, de acuerdo con los empresarios,
sindicatos y comunidades autónomas, de un conjunto de actuaciones para
sensibilizar a las empresas, trabajadores, profesionales y a los
ciudadanos sobre la importancia de la prevención de los accidentes y las
enfermedades y específicamente de la prevención de los riesgos laborales
y la mejora de las condiciones de trabajo.
Formación
-- Programas de formación dirigidos a los funcionarios de las distintas
áreas relacionados con la prevención de riesgos para proteger la salud,
la seguridad en el trabajo y la vigilancia del cumplimiento de esta
normativa.
-- Promover la aprobación de Planes de formación, adecuados a los
distintos niveles y necesidades, según empresas, sectores y cualificación
profesional, fijando fechas y plazos que permitan hacer un seguimiento de
su cumplimiento.
-- En los contratos formativos se incluirá como obligación la realización
de clases prácticas relativas a la prevención de riesgos laborales
dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores.
Desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
-- El Gobierno previa consulta a las Organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, culminará en el plazo más breve
posible el desarrollo reglamentario de la Ley y traspondrá a nuestro
ordenamiento interno las Directivas de la Unión Europea que quedan por
incorporar y en concreto las que se refieren a las disposiciones mínimas
de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles, al desarrollo de las previsiones de la Ley respecto
a la mujer embarazada y a los jóvenes, a las disposiciones mínimas
destinadas a mejorar la protección de los trabajadores de las industrias
extractivas a cielo abierto o subterráneas, etcétera.
Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y salud laboral
De forma inmediata se pondrá en funcionamiento la Fundación prevista en
la DA Quinta de la LPRL, mediante la aprobación de sus estatutos y su
constitución para que pueda cumplir sus objetivos de promover las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las
pequeñas empresas.
Mejora de los sistemas de información
-- Se impulsará por el Gobierno la mejora de la cobertura, la calidad, y
la comparabilidad de los datos sobre los distintos aspectos relacionados
con la seguridad y la salud de los trabajadores. Para ello por un lado se
mejorarán los sistemas de información existentes de tal forma que puedan
definirse escenarios prioritarios de intervención, para contribuir de
forma sólida al diseño de políticas preventivas más eficaces.
-- Se diseñarán sistemas específicos de información sanitaria en salud
laboral que provean información más ajustada a la realidad de los
problemas de salud de los trabajadores en los distintos ámbitos
territoriales: información acerca de la accidentalidad de los
trabajadores que no tienen cubierta la contingencia de accidente por la
S. S.; información no solo de las enfermedades profesionales definidas
como tales a efectos legales, sino en general de las enfermedades
relacionadas con el trabajo.
-- Las administraciones sanitarias de salud pública establecerán la
coordinación entre los servicios de prevención y los servicios
asistenciales del Sistema Nacional de Salud de cara a la colaboración de
los mismos en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las
enfermedades relacionadas con el trabajo.
-- El Gobierno propondrá en el ámbito de la Unión Europea el
establecimiento de sistemas de información en salud laboral homogéneos y
metodológicamente comparables.
Planes de inspección
-- La Conferencia Sectorial correspondiente, a propuesta de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerará la aprobación de
planes de inspección con las siguientes orientaciones:
-- Plan general de actuación en materia de vigilancia del cumplimiento de
la LPRL.
-- Programas específicos de inspección de centros de trabajo del sector
de la construcción.
-- Se aprobarán programas específicos de inspección dirigidos a las
minas.
-- Sin perjuicio de las actuaciones promovidas por denuncias de los
ciudadanos o por situaciones de accidente, se priorizarán en las
programaciones la actuación sobre sectores o empresas cuyos índices de
incidencia
sean superiores a la media.
Servicios de prevención
-- Dada la importancia de los servicios de prevención en las previsiones
de la LPRL, se dará especial importancia en el momento actual a la
constitución de los mismos y su puesta en funcionamiento para lo que la
Administración del Estado de acuerdo con las Comunidades Autónomas
programarán la actuación de la Inspección de Trabajo para comprobar y
favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Servicios
de Prevención.
Coordinación administrativa
La administración laboral, sanitaria y de industria, acordarán un
programa de actuación conjunta para que se cumplan las previsiones de
coordinación previstas en la Ley, del que darán cuenta al Congreso.
Actuaciones preventivas de los Departamentos Ministeriales
Se cumplirán de forma inmediata por parte de los Ministerios las
obligaciones establecidas en la DA 8, sobre la aprobación y aplicación de
planes de organización de las actividades preventivas en los
departamentos correspondientes y en los centros, organismos y
establecimientos de todo tipo dependientes de los mismos.
Desarrollo de experiencias concretas
-- El Gobierno impulsará y apoyará la puesta en marcha de experiencias de
«comunidades seguras» en ámbitos locales (municipales, comarcales...) que
se coordinen e integren en proyectos de este tipo ya en funcionamiento a
nivel europeo, priorizándose en dichas experiencias la participación de
la comunidad de cara a la promoción de la seguridad y la prevención de
accidentes.
Información al Parlamento
Cuatrimestralmente el Gobierno remitirá al Parlamento información sobre
el cumplimiento de las previsiones de la LPRL y las actuaciones que el
Gobierno haya desarrollado para mejorar la prevención y la salud de los
trabajadores.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de
1997.--Fernando Gimeno Marín, Diputado.--Jesús Calcera Sánchez-Capitán,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
173/000050
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política del
Gobierno para solucionar los problemas de los emigrantes que vienen a
España, su situación social y laboral, así como para mitigar las
dificultades de todo tipo que encuentran a su llegada.
Acuerdo:
Calificar de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al
artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera
sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de
Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así
como publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya formula la siguiente moción dirigida al Gobierno
consecuencia de interpelación urgente sobre la política del Gobierno para
solucionar los problemas de los emigrantes que vienen a España, su
situación social y laboral, así como para mitigar las dificultades de
todo tipo que encuentran a su llegada.
Moción
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en el marco de los organismos e instituciones
internacionales y especialmente en el de la Unión
Europea, políticas homogéneas de recepción de flujos migratorios basadas
en la integración social, la solidaridad, la convivencia y la igualdad.
En este contexto apostar por que el Parlamento Europeo y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sean los garantes del control y aplicación
de estas políticas.
2. Remitir a esta Cámara iniciativas legislativas tendentes a la
modificación de la Ley de Extranjería así como de las normas que la
desarrolla, para garantizar las previsiones recogidas en el artículo 13
de nuestra Constitución, al menos con los siguientes contenidos:
a) Facilitar y simplificar el régimen de entrada en el Estado
español, eliminando la discrecionalidad de las Administraciones y de los
funcionarios policiales, tanto en la concesión de visados como en la
admisión en frontera.
b) Garantía de tutela y protección judicial, estableciéndose la
posibilidad real de ejercer los recursos correspondientes, obligando a
dictar todos los actos de la Administración con los requisitos formales y
una adecuada motivación.
c) Reconocer y desarrollar el derecho a la reagrupación familiar, de
acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, haciendo extensivos los
derechos del titular del permiso de residencia al resto de la familia.
d) Reconocer los derechos de reunión, asociación y afiliación libre
a un sindicato, además del derecho a la libre circulación y residencia,
sin restricciones arbitrarias, tal y como recoge el artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles.
e) En materia de derechos laborales, liberar al residente permanente
de la necesidad de conseguir permiso de trabajo, no limitando éstos a
determinados sectores o territorios y estableciendo un derecho preferente
para cónyuges y familiares. Acceso de los inmigrantes a los planes de
promoción y formación profesional, garantizando la igualdad de
condiciones.
3. Crear la Secretaría de Estado para las Migraciones, con objeto de
garantizar coherencia y eficacia en la definición de la política
migratoria en todas sus vertientes (emigración, inmigración, retorno,
integración).
4. Resolver de forma inmediata la situación inhumana en la que se
encuentran los inmigrantes en las ciudades de Ceuta y Melilla adoptando
al efecto las medidas presupuestarias que se estimen necesarias.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 1997.--Willy
Meyer Pleite, Diputados del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de IU-IC.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000921
En el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 184, de 7 de
octubre de 1997, figura por error, bajo el epígrafe de «Comisión de Medio
Ambiente», debiendo figurar bajo el de «Comisión de Defensa», el núm. de
expte. 181/000921, correspondiente a la pregunta formulada por el
Diputado don Alfonso Perales Pizarro (G. S), sobre número de empleos que
está previsto reducir en la base naval de Rota (Cádiz).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 1997.