CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 97



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión de la Diputación Permanente núm. 4
celebrada el jueves, 10 de julio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Solicitud formulada por 14 diputados pertenecientes al Grupo Socialista
del Congreso, de convocatoria de la Diputación Permanente para que por la
misma se solicite celebración de sesión extraordinaria de la Comisión de
Infraestructuras, con el siguiente orden del día: Comparecencia del
Ministro de Fomento para explicar las medidas urgentes que piensa adoptar
el Gobierno ante el requerimiento de la Comisión Europea por violación
del Derecho comunitario, que había sido advertido por diversos grupos
parlamentarios, en relación con la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que
se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE. (Número de
expediente 062/000010) (Página 4898)
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SUMARIO



Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.

El Señor Presidente informa de la solicitud, formulada por 14 diputados
pertenencientes al Grupo Socialista del Congreso, de convocatoria de la
Diputación Permanente para que por la misma se solicite celebración de
sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras con el fin de
que comparezca el Ministro de Fomento para explicar las medidas urgentes
que piensa adoptar el Gobierno ante el requerimiento de la Comisión
Europea por la violación del Derecho comunitario, lo que había sido
advertido por diversos grupos parlamentarios, en relación con la Ley
17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la
Directiva 95/47/CE.

En defensa de dicha solicitud interviene, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Pérez Rubalcaba.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.

Basándose en el artículo 73 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
intervienen el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista,
y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.

Sometida a votación la solicitud de comparecencia formulada por 14
diputados pertenecientes al Grupo Socialista del Congreso, se rechaza por
17 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.

Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.




Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión de la Diputación
Permanente, convocada a solicitud de catorce diputados miembros de la
misma, pertenecientes al Grupo Socialista, en escrito en el que solicitan
--y que constituye el objeto del orden del día de esta Diputación--
sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras para la que, a
su vez, proponen el siguiente orden del día: Comparecencia del Ministro
de Fomento para explicar las medidas urgentes que piensa adoptar el
Gobierno ante el requerimiento de la Comisión Europea por violación del
Derecho comunitario, que había sido advertido por diversos grupos
parlamentarios, en relación con la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que
se incorpora el Derecho español la Directiva 95/47 CE.

Para la presentación de la solicitud, tiene la palabra, en nombre de los
firmantes, el señor Pérez Rubalcaba.




El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, comparezco ante esta Diputación Permanente para solicitar, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la comparecencia del Ministro
de Fomento, como señalaba el Presidente, con el fin de informar a esta
Cámara de la posición que el Gobierno va a adoptar en relación con la
carta de emplazamiento que la Comisión Europea acordó enviar al Gobierno
español el 26 de junio, en relación con la ley conocida como Ley de la
televisión digital.

Quiero comenzar por decirles, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, que lamentamos la convocatoria de esta Diputación Permanente,
hubiéramos preferido que no se hubiera convocado. Ello por dos razones
que voy a explicar rápidamente. La primera, porque cuando discutimos el
decreto-ley que dio origen a la ley sobre la que hoy tratamos ya tuvimos
ocasión de expresar en esta Cámara nuestras graves dudas en relación con
su acomodo a la normativa comunitaria. Fuimos incluso más allá y
afirmamos drásticamente, porque así lo creíamos, que ésta era una
normativa, un decreto-ley que luego se transformó en ley, que iba
frontalmente contra algunos aspectos de la normativa comunitaria.

Me van a permitir que me autocite brevemente. Dije en aquel momento, en
ese debate, que el Gobierno español no se había limitado a transponer una
directiva, que había ido mucho más lejos y que serían los servicios de la
Comisión, y en su caso el Tribunal de Luxemburgo, los que acabarían con
esta ley encima de la mesa. Efectivamente, la carta de emplazamiento dice
que la normativa a la que me refiero contiene disposiciones que
sobrepasan el ámbito de la mera transposición de la Directiva 95/47. Es
casi la misma expresión. Efectivamente, la Comisión Europea coincide con
el Grupo Parlamentario Socialista en que el Gobierno ha ido mucho más
allá de lo que le facultaba la mera transposición de una directiva, la de
liberalización de la televisión digital. Añade más la Comisión Europea.

En su carta de emplazamiento dice que la nueva ley, que tiene su origen
en el decreto-ley que discutimos a primeros de este año, introduce además
disposiciones que, desde la perspectiva de la Comisión, refuerzan y
agravan los obstáculos que ya figuraban en el real decreto-ley y que
constituyen infracciones del Derecho



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comunitario. Lo que la Comisión viene a decir --y sobre esto volveré más
adelante-- es que en su tramitación como ley en este parlamento la
contraposición entre nuestra normativa y la normativa comunitaria se
acentuó todavía más.

En aquel debate dijimos más cosas, hicimos algunas preguntas públicas en
la Cámara. Por ejemplo, nos preguntamos por qué en España tenía que haber
un doble sistema de autorización que no existía en ningún otro país de
Europa. Desgraciadamente, la Comisión también nos vino a dar la razón en
esto, y en el escrito al que vengo haciendo referencia plantea
literalmente que mal se entiende que pueda justificarse que la
certificación previa se está refiriendo siempre a la homologación de los
descodificadores si la ley, en su artículo 1, ya prevé otro control que
permite a la Administración conocer las características de los aparatos.

Efectivamente, la directiva impedía esa doble autorización que nuestro
Gobierno había impuesto en el decreto-ley y que luego este parlamento
sancionó. Una vez más, nos encontramos con una infracción del Derecho
comunitario. Somos el único país de Europa en el que hay un doble
sistema, por cierto confusísimo, de autorización para emitir por esta vía
de televisión digital.

Nos preguntábamos más. Decíamos en aquel momento que por qué en España
tenía que haber un proceso de homologación de los descodificadores que el
resto de los gobiernos europeos habían dejado simplemente en manos de los
organismos de certificación europea. Y una vez más la Comisión, en su
carta de emplazamiento, nos viene a dar la razón. Dice literalmente que,
con independencia de que se admita o no la autodeclaración, el texto de
la ley exige como condición previa una certificación que es incompatible
con el artículo 30 del Tratado de Roma. Por tanto, una vez más la Unión
Europea hace suyas nuestras razones, porque efectivamente en la directiva
se impedían estos procesos de doble autorización que el Gobierno español
introdujo, sobrepasando con mucho el ámbito de una mera transposición.

Y decíamos más. Hablábamos también de la autorización de tarifas en aquel
momento y decíamos que por qué el Gobierno se reservaba para sí la
autorización hasta diciembre de 1998, toda vez que la directiva
establecía que las tarifas debían ser objeto de acuerdo entre los
operadores. Una vez más la directiva, la carta de emplazamiento, nos
viene a dar taxativamente la razón. Les ahorro trámites o lecturas;
seguramente la tienen ustedes, como la tengo yo. Dice textualmente que la
disposición transitoria segunda concede a la autoridad administrativa
unos poderes que nada tienen que ver con aquellos que quería establecer
la directiva comunitaria y que ciertamente se rompe el espíritu de la
directiva cuando el Gobierno rescata, quita de la Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomunicaciones, competencias que sólo corresponden a
dicha comisión, de acuerdo con la normativa comunitaria que en todos los
países se ha venido implantando con estas características.

En resumen, señorías --no voy a seguir dando argumentos aunque los hay--,
la Comisión Europea ha venido a reconocer en su carta de emplazamiento
que cuando dijimos en esta Cámara que el decreto-ley y la ley posterior
violaban la normativa comunitaria no estábamos sino diciendo algo que era
evidente. Tengo que decirles, señorías del Grupo parlamentario
mayoritario, que ésa es la razón por la que lamentamos esta Diputación
Permanente, porque nos la podíamos haber ahorrado si ustedes hubieran
hecho caso. Si el grupo mayoritario de esta Cámara hubiera escuchado
nuestros argumentos, puestos jurídicamente en razón, elementales para
quienes conocen el Derecho comunitario, podían haber corregido estas
formulaciones y con toda seguridad nos hubiéramos ahorrado esta
Diputación Permanente. Hoy aquí, señorías, no discutimos sólo los
argumentos del Grupo Parlamentario Socialista para decir que la ley que
este Parlamento aprobó contraviene la directiva comunitaria. Ya
discutimos también los argumentos de la Comisión. Es la Comisión la que
viene a decirle al Gobierno, alegue usted, porque a nuestro juicio hay
graves, flagrantes incumplimientos de la normativa comunitaria.

Sinceramente, señorías, creemos que ustedes nos podían haber ahorrado
este bochorno escuchando los argumentos puestos en razón que dimos en el
debate del decreto-ley al que vengo haciendo referencia. Nos lo podían
haber ahorrado. El problema es que ustedes no quisieron. Y tengo que
decirles que comprendo perfectamente por qué ustedes no quisieron. A
ustedes no les valía la mera transposición de la directiva. No les valía,
porque ustedes lo que realmente querían --me refiero al Gobierno y al
grupo mayoritario que le apoya-- era intervenir en el mercado de la
televisión digital; intervenir para favorecer a unos y perjudicar a
otros, pero intervenir finalmente. Y, ciertamente, esa intervención es
incompatible con una directiva que lo que quiere es liberalizar el
mercado de la televisión digital. Por esa razón a ustedes no les valía y
por esa razón ustedes no se limitaron a trasponer la directiva, sino que
fueron mucho más allá y establecieron algunas normas que a ustedes les
permiten intervenir para discriminar a favor de unos y en contra de
otros. No se han limitado, señorías, señores de la mayoría, a hacer esto,
porque la ley se tramitó en este Parlamento y se introdujeron algunos
artículos adicionales que, como recordaba en la carta de emplazamiento la
Comisión, no sólo evitaban las posibles confrontaciones entre el Derecho
comunitario y el Derecho español, sino que venían aún más a agravar esas
contradicciones.

Una vez más me voy a referir en particular a un artículo, a la letra a)
del artículo 7, artículo ya famoso por el que si dos no se ponen de
acuerdo, en dos meses la razón la tiene uno, que es un artículo que
sonroja a cualquiera que lo lea más allá de dos veces. Ustedes



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pónganse de acuerdo, ahora, no se preocupen, si ustedes no se ponen de
acuerdo, la razón la tiene éste. Pues a éste la basta esperar los dos
meses de turno y ya tiene la razón. Verdaderamente es un elemental
mecanismo de discriminar, de favorecer a uno frente a otro. Pues bien, ya
dijimos también en esta Cámara lo que nos parecía esta letra a) del
artículo 7. Lo dijo mi compañero de grupo Jenaro García-Arreciado cuando
en el Pleno de la Cámara manifestó que el proyecto de ley --se refería
siempre a la letra a) del artículo 7-- lejos de incentivar el acuerdo
incentiva el desacuerdo, porque premia con la imposición de su opción
tecnológica a uno de los agentes, al que le basta negarse para que ese
acuerdo le dé la razón. Literalmente decía eso mi compañero de grupo. Y
tengo que decirles una vez más que la Comisión Europea vuelve a reconocer
que teníamos razón. Efectivamente, en la carta de emplazamiento a la que
vengo haciendo referencia dice que la solución técnica elegida por el
legislador español tiene como consecuencia inmediata inevitable debilitar
enormemente la posición negociadora de un operador, lo que puede llevar
sin duda a una distorsión de la competencia. Ciertamente los argumentos
son casi calcados, y por otra parte nada originales porque se le ocurren
a cualquiera que lea el artículo de marras.

En resumen, señorías, la Comisión Europea en este párrafo que acabo de
leer viene a exponer lo que nosotros dijimos en este Parlamento: que se
trataba de una ley que escondía un objetivo distinto de aquel que ustedes
argumetaron públicamente aquí, que se trataba de una ley que finalmente
pretendía beneficiar a unos y perjudicar a otros. Ese es el argumento que
utiliza la Comisión Europea sobre una discusión jurídica que nosotros
hemos manifestado reiterada y machaconamente en esta Cámara. Señorías,
cuando un Gobierno hace una ley que beneficia a unos, que casualmente son
sus amigos, y perjudica a otros, que casualmente no lo son, estamos ante
un flagrante y verdadero abuso de poder, y eso es lo que la Comisión
Europea pide al gobierno que rectifique en este momento.

No es la única razón por la que no queríamos la convocatoria de esta
Diputación Permanente. Había otra más elemental, que seguro que los
grupos parlamentarios comprenden perfectamente. Nosotros queríamos que el
ministro compareciera en esta Cámara y creíamos que el Gobierno podía
haber resuelto el tema y habernos ahorrado esta Diputación Permanente sin
más que adelantar la comparecencia del Ministro Arias-Salgado. Pedimos la
comparecencia el propio día 26. Dijimos que, dada la gravedad de las
formulaciones que hacía la Comisión Europea, el ministro debía
comparecer, sobre todo, y esto es lo más importante, porque de lo que se
trata es de hablar de una ley aprobada por este Parlamento.

La Comisión Europea, por cierto por primera vez desde que España es
miembro de la Comisión de la Unión Europea, no cuestiona un acto del
Ejecutivo ni un decreto ni una decisión; cuestiona una decisión de este
Parlamento. Al Grupo Parlamentario Socialista le parecía elemental que el
Gobierno, antes de contestar las pertinentes alegaciones a la Comisión
escuchara a los grupos parlamentarios que hemos participado en la
discusión, elaboración y aprobación de esta ley acerca de lo que teníamos
que decir en relación con la misma. Nos parece elemental. ¿Qué razones
puede tener el Gobierno para no escuchar a este Parlamento, que es
formalmente el que ha aprobado la ley que ahora es requerida por parte de
la Comisión Europea por contravenir la normativa comunitaria? No se nos
ocurre ninguna, bueno, una, el desprecio al Parlamento; el menosprecio,
el hacer de menos al Parlamento, cosa que, por cierto, no es la primera
vez que sucede. Sólo esa. Pero el Gobierno lo podía haber solucionado con
facilidad, compareciendo en el período ordinario de sesiones el propio
lunes día 29, si no recuerdo mal; o compareciendo esta semana o la que
viene. Casualmente comparece el ministro, a petición propia, el lunes, el
día siguiente al que se agota el plazo de contestación a la Comisión
Europea de las alegaciones. Que alguien me dé alguna razón que explique
por qué el Gobierno no quiere escuchar a los grupos parlamentarios en
relación con un tema que nos afecta, puesto que es una ley de este
Parlamento la que está siendo cuestionada por la Comisión Europea. Por
estas dos razones les aseguro, señorías, que no nos complace la
convocatoria de esta Diputación Permanente. Nos hubiera gustado que no se
hubiera celebrado, que nos hubieran hecho caso en los debates que hemos
tenido en la Cámara, y nos hubiéramos ahorrado el bochorno.

En segundo lugar, nos hubiera gustado también que el Gobierno, sin más,
hubiera adelantado la propuesta de comparecencia del ministro y no
habríamos celebrado esta Diputación Permanente. Aún estamos a tiempo,
porque creemos que es muy importante por problemas de fondo. Porque
nosotros somos los responsables de la elaboración de esa ley ante la
Comisión Europea, creemos que es muy importante que el Gobierno
comparezca aquí para escuchar lo que los grupos parlamentarios tienen que
decir en relación con la carta de emplazamiento. Por eso vamos a pedir al
Presidente, a través del trámite reglamentario correspondiente, que el
ministro venga mañana, que es viernes; todavía puede venir al Parlamento
y escuchar lo que éste tiene que decir antes de contestar a Bruselas, que
tiene hasta el domingo para hacerlo. Nos parece que es el mínimo respeto
que el Gobierno le debe a un Parlamento que está siendo cuestionado en
cuanto a su capacidad legislativa o a su fiabilidad legislativa por una
ley que finalmente sólo el Gobierno es responsable de haber hecho, porque
es el que la mandó a esta Cámara, en las condiciones en las que
finalmente se aprobó.

Ahora bien --termino, señor Presidente--, por si esto no fuera posible,
por si los grupos de la Cámara estimaran



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que nuestra petición no está llena de sentido común parlamentario,
queremos decirle algo al grupo parlamentario mayoritario para que se lo
traslade al Gobierno: queremos decirle que nos evite un nuevo
bochorno,que nos evite que la Comisión haga o escriba un aviso motivado y
que posteriormente la ley española vaya al Tribunal de Luxemburgo, que
nos evite que el Tribunal de Luxemburgo, por primera vez en la historia
de la pertenencia de España a la Unión Europea, paralice una serie de
artículos de una ley aprobada por este Parlamento, que nos lo evite. Y
creemos
--lo reiteramos y lo hemos dicho varias veces aquí, el primer día
cuando discutimos el decreto-ley al que me he referido al principio de mi
intervención-- que si no se publica una norma que rectifique y corrija la
norma que actualmente está en vigor, eso que acabo de decir se va a
producir. Lo hemos dicho una vez y acertamos. Desgraciadamente me temo
que volveremos a acertar, salvo que el Gobierno haga algo a lo que por
cierto nos tiene acostumbrados, algo que le gusta, que es hacer un
decreto-ley; que le dé por primera vez gusto a su cuerpo con nuestro
apoyo parlamentario (Risas.), que haga un decreto-ley para corregir los
abusos de poder que hay en la ley de la televisión digital, para corregir
el trato discriminatorio que hay de unas plataformas a las otras,
casualmente a favor de las que son amigas del Gobierno y en contra de
aquellas que parece que no son tan amigas del Gobierno; que corrija la
ley de acuerdo con lo que dice la Comisión Europea, y les aseguro que
tendrán nuestro voto. Nosotros convalidaremos ese decreto-ley y nos
ahorraremos un tercer bochorno cuando el Tribunal de Luxemburgo, como yo
creo que va a suceder, paralice la ley española si no hacemos lo que el
grupo parlamentario socialista propone. Señores del grupo parlamentario,
les pido que le trasladen al Gobierno de nuestra parte que no jueguen con
el crédito europeo de España ante las instituciones comunitarias, que no
jueguen con ese crédito.

Termino diciéndoles que no hagan otra cosa --ya es lo último que les voy
a pedir, que también creo que afecta a la propia dignidad de esta
Cámara--, que no manden cartas a Bruselas diciendo que esto de las leyes
españolas, bueno, que sí, que se pueden aplicar, pero que uno puede
flexibilizarlas, que las transitorias pueden ser dos o cuatro meses, que
ya veremos. Eso que no lo hagan, por favor, que no lo hagan más, porque
eso es, si me permiten, bananero, que no lo hagan más; que las leyes se
aplican en España correctamente, que si no se aplican intervienen los
tribunales y que si un gobierno quiere modificar una ley lo que tiene que
hacer es mandar otra ley al Parlamento, en este caso un decreto-ley, y le
aseguro --lo reitero una vez más, señor Presidente-- que el Grupo
Parlamentario Socialista lo apoyará.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.

¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la solicitud? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

También a mi grupo hasta este momento, una vez que hemos escuchado al
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pérez Rubalcaba, le
extrañaba la convocatoria de esta sesión de la Diputación Permanente, a
los efectos que se han indicado en el escrito presentado por el Grupo
Socialista.

Aunque nosotros compartimos también las razones de procedimiento que ha
alegado el señor Pérez Rubalcaba, teniendo en cuenta que los hechos se
producen por el requerimiento que el comisario respectivo y la Comisión
Europea han hecho ante una presunta conculcación del Derecho comunitario
por parte de una ley recientemente aprobada por el Parlamento español,
entendemos, en resumen, que lo que se está planteando de facto por el
señor Pérez Rubalcaba al final, es adelantar la comparecencia del señor
Ministro de Fomento ante la Comisión de Infraestructuras del lunes, en
que está convocada, a la fecha de mañana. En este punto, por estar ya
convocada formalmente para el lunes la Comisión de Infraestructuras y la
comparecencia ante la misma del señor Ministro de Fomento, don Rafael
Arias-Salgado, a los efectos de informar de ese tema, aunque hay un
procedimiento de 15 días abreviado (que también llama la atención como
cosa excepcional que ha hecho la Comisión Europea de 15 días, aceptando
incluso los alegatos que se aportan en las razones que ha dado el
comisario respectivo para evitar perjuicios a terceros por la aplicación
de la entrada en vigor de la ley, que pudieran ser lesivos para intereses
y de difícil corrección), nosotros apoyamos la solicitud de comparecencia
del propio Gobierno, la citación que ya se ha hecho por la Presidencia de
la Cámara para el próximo lunes de la Comisión de Infraestructuras y que
se guarden estos calendarios. No entendemos que en este momento, con una
convocatoria adelantada al día de mañana del señor Ministro ante la
Comisión correspondiente, pueda resolverse nada que pudiera modificar el
procedimiento formal ante la Comisión Europea. En lo que sí tenemos que
estar preocupados, y en esto participo de la inquietud del señor
Rubalcaba, es en que tenemos que evitar cualquier bochorno que afectaría,
no tanto al Ejecutivo, porque no es en verdad quien ha dictado un decreto
o una orden ministerial que tendría que ser, en su caso, revocada por el
Tribunal de Luxemburgo, sino que es una ley cuya génesis y órgano creador
es precisamente el Parlamento español, las Cortes Generales y



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concretamente en ese caso este Congreso de los Diputados.

Por tanto nosotros, señor Presidente, siendo cautelosos con el
procedimiento que abre la Comisión Europea y respetando todo el
procedimiento que pueda culminar en cualquiera de las instancias, bien
que se resuelva, bien que pase al Tribunal de Luxemburgo, en ese caso mi
grupo confía en las medidas que tome la Presidencia de la Cámara, para
velar por el buen nombre, prestigio, competencia y soberanía de los actos
legislativos de esta Cámara.

En cuanto al hecho formal de la reunión de la Comisión de
Infraestructuras creo que debe ser del próximo lunes como así está hecha
la convocatoria.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Parlamentario Vasco comparte en el fondo la intervención que ha
realizado el señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria, por lo que
no voy a ser reiterativo en esos argumentos.

El fondo de la cuestión, como ha expresado el señor Pérez Rubalcaba, está
en si esa comparecencia debe celebrarse antes del agotamiento del período
de presentación de alegaciones o no. El señor Rubalcaba inteligentemente
planteaba una pregunta ¿por qué después y no antes? Creo que éste es el
fondo de la cuestión, ya que en otro caso no estaríamos reunidos hoy
aquí.

La respuesta del Grupo Parlamentario Vasco es que cada uno tiene que
asumir sus obligaciones. La respuesta al requerimiento por infracción del
Derecho comunitario corresponde al Gobierno; es el Gobierno el que debe
contestar. Aquí lo que procede es debatir un tema apasionante y que tiene
mucha trastienda, pero el debate de fondo, en principio, está convocado
ya formalmente para el lunes, como decía el señor Mardones, por lo que
tendremos que dejar esos argumentos para ese día.

La gravedad del tema radica, ni mucho más cerca ni mucho más lejos, de
cuando existen recursos de inconstitucionalidad. El señor Pérez
Rubalcaba, inteligentemente, con habilidad, ha querido subrayar la nota,
pero esta misma Cámara ha conocido en múltiples casos recursos de
inconstitucionalidad, una y otra vez, a leyes aprobadas por esta Cámara y
no hemos conocido tantas campanas en el viaje. Que la Comisión Europea
realice una carta de emplazamiento como muchas otras tiene la importancia
que debidamente tiene, ni más ni menos.

En todo caso, el Grupo Parlamentario Vasco en la medida que pueda seguirá
trabajando también legislativamente para que exista un descodificador
universal único --ya que al final ese es el fondo de la cuestión-- para
que los usuarios puedan acceder a los programas de las plataformas sin
más dificultades tecnológicas que las propias de estos aparatos.

Insistir en los plazos, en disposiciones transitorias, si examinásemos
los precedentes en relación al cumplimiento de plazos en disposiciones
transitorias podríamos divertirnos todos muy mucho y sacar conclusiones
en ese sentido. Por eso creo que es procedente centrar el tema, responder
al señor Rubalcaba que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, y
es responsabilidad del Gobierno asumir las alegaciones de esta carta de
emplazamiento y discutir, porque es un tema de fondo y tampoco a humo de
pajas la Comisión Europea dice lo que dice y hay que examinarlo en sus
justos términos y con rigor desde esa perspectiva, teniendo en cuenta que
el Gobierno tendrá el lunes las alegaciones respondidas y podremos
retomar con más sosiego durante el mes de julio el debate, es una buena
oportunidad para discutir con el Gobierno y con el Ministro de Fomento en
la comisión de Infraestructuras. Pretender adelantar a mañana la
Comisión, podría ser novedoso, pero no se le oculta, señor Pérez
Rubalcaba, que es al Gobierno al que le compete responder a esas
alegaciones.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: El Grupo Parlamentario Socialista solicitó
el día 1.º de julio pasado la convocatoria de esta Diputación Permanente
para que decidiera la comparecencia del Ministro de Fomento ante la
Comisión de Infraestructuras, a fin de dar cuenta de las medidas que
piensa adoptar el Gobierno ante el requerimiento de la Comisión Europea
por violación del derecho comunitario en relación a la polémica Ley 17/97
de la Televisión digital.

Debo decir, en primer lugar, que no acabamos de entender el sentido de
algunas cuestiones que envuelven esta convocatoria. Obviamente, se da
cumplimiento reglamentario a la petición de una quinta parte de los
miembros de esta Diputación Permanente, pero nos sorprende la demora con
que se ha convocado esta sesión: exactamente nueve días después de que se
produjera la solicitud de la misma. Ignoro si es la práctica habitual,
creo que no; en cualquier caso, a este grupo no le satisface en absoluto
la tardanza y piensa que debiera existir una mayor agilidad en este tipo
de convocatorias; es más, estamos convencidos que en algunos casos una
mayor agilidad evitaría conflictos innecesarios.

En segundo lugar, también nos llama la atención que se haya decidido
unilateralmente por la Presidencia,



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y con anterioridad a la sesión de hoy, la convocatoria de la Comisión de
Infraestructuras para el próximo lunes día 14, exactamente la fecha
solicitada por el Gobierno en su escrito del día 2 de julio, cuando de la
lectura del artículo 61.2 no se deduce que la determinación de la fecha
corresponda a éste, es decir al Gobierno, quizá sí el orden del día, pero
no la determinación de la fecha.

El tema no es anecdótico, tiene su trascendencia, ya que aunque parecía
que la petición socialista había quedado resuelta cuando el Gobierno
solicitó comparecer el día 2 de julio pasado, hemos podido ver claramente
en la sesión de hoy que esto no es así y que existían y existen
discrepancias entre los grupos sobre la idoneidad del día 14, por lo que,
cuanto menos, nos hubiera gustado, señor Presidente, que se hubiera
consultado a los portavoces sobre la fecha de la convocatoria, cosa que
tampoco se ha hecho.

En tercer lugar constatamos, y se deduce de lo anterior, que no sabemos
con demasiada certeza qué hemos venido a hacer hoy aquí. Se pide por el
Grupo Socialista que la comparecencia se produzca antes de la
finalización del plazo que Bruselas concede al Gobierno para contestar
sobre los cargos que la Comisión le atribuye y que completarán el
expediente que permitirá a la Comisión formarse una opinión razonada
sobre el asunto, pero esto no se pedía en la solicitud de convocatoria de
la Diputación; por tanto, supongo que no se debe votar nada, ni lo pedido
y menos lo ya concedido, a no ser que haya una posibilidad reglamentaria
distinta que este portavoz desconoce.

Por otro lado, no nos parece una barbaridad que el Grupo Socialista
quiera una fecha anterior al día 14 para esta comparecencia, aunque no lo
pidió. Tiene su lógica que desde la oposición se quieran condicionar
todas y cada una de las acciones del Gobierno. El argumento de que ésta
es una ley, precisamente por ser ley aprobada por el Parlamento, tiene
cierta solidez, pero me siento perfectamente identificado también con el
argumento utilizado por el señor González de Txabarri, en el sentido de
que todas las leyes que son llevadas al Tribunal Constitucional también
son leyes de esta Cámara y no se utiliza un mecanismo de consulta previa
a las Cortes. También tiene su lógica la actitud del Gobierno cuando
entiende que la información ya se brindará a la Cámara el próximo lunes,
que no quiere ser prisionero de un mandato imperativo, que entiende que
será el momento de reproducir, o así lo entiendo yo, el enésimo debate
político sobre el tema digital, y que, a la vez, defiende su derecho a
contestar lo que le parezca porque así lo cree conveniente y, además,
porque la ley se lo permite. En cualquier caso, esta posición
gubernamental no nos parece mal, es más, el Gobierno se ha metido en el
lío digital con socios coyunturales, el Gobierno tiene que salir de él y
además quiere hacerlo solo o, cuanto menos, sin escuchar a priori a los
que hemos sido y necesariamente hubiéramos vuelto a ser críticos. Es su
legítima decisión.

No voy a entrar en el tema de fondo, en el requerimiento de Bruselas y la
contestación del Gobierno, ya hablaremos el lunes o cuando toque; pero
nos gustaría disponer de toda la documentación, requerimiento de
Bruselas, carta del Ministro y alegaciones, para poder formarnos un
criterio más ajustado y no tener que formarlo en base a los recortes de
prensa.

Es suficientemente conocida nuestra opinión sobre el tema digital y las
serias dudas que nos ha generado cómo se ha llevado la transposición de
la Directiva 95/47. Por tanto, ver ahora que las dudas de este grupo son
compartidas por la Comisión Europea en cierto sentido nos satisface
puesto que, cuando menos, vienen a confirmarla, pero, de otro lado,
también lamentamos la coincidencia, y preferiríamos sinceramente habernos
equivocado, como no podía ser de otra forma, puesto que, por mucho que lo
hubiéramos advertido, no nos gusta ver al Gobierno envuelto en una
situación embarazosa y menos aún nos gustaría que hiciera el ridículo
como podría llegar a suceder si este asunto no tuviera un final decoroso.

Quizá para algunos cualquier final que no suponga ganar en este asunto
por 10 a 0 sea equivalente a una derrota. Nosotros somos más modestos,
por tanto menos orgullosos, y nos permitimos sugerirles un ejercicio de
humildad y que por quien corresponda se negocie y se decida una salida
airosa al asunto, porque rectificar es de sabios. En todo caso, este
aspecto lo dejamos para el lunes o para cuando sea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Con independencia del voto que se ha de producir
al final y al que me referiré posteriormente, nosotros también, como ha
hecho el Grupo Socialista, queremos entrar en el fondo de la cuestión
para que se nos oiga en estas circunstancias y para que se conozca
nuestra posición actual.

Nuestros objetivos permanecen en pie y vamos a seguir luchando por ellos
a través de los medios oportunos y hasta el final. Nosotros hemos
adoptado el criterio de defensa del usuario frente a la defensa del
interés mercantil, del interés de las empresas o de los lobbies
comerciales europeos. Desde ese punto de vista vamos a seguir luchando
por el usuario, teniendo en cuenta que puede recibir señales por cable a
través del satélite en tecnología digital o a través de las ondas
terrestres y que, además, como el precio por el que andan estos aparatos
es en torno a 50.000 ó 60.000 pesetas, utilice un solo descodificador y
sea un descodificador abierto universal. Por tanto, es una batalla
nuestra en la que no vamos a declinar bandera.




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Hemos luchado también, como SS. SS. saben, por fútbol de calidad en
abierto y por cadenas en abierto cuantas más mejor. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Desde
ese punto de vista vamos a seguir luchando por la defensa de una
comunicación no monopolizada, por tanto, contra las dinámicas de
monopolización y de exclusividad que ya empezamos a sufrir y no en poco
grado en este país como intentaré detenerme un poco después en mi breve
exposición. Por tanto, vamos a seguir luchando en esta dirección.

Estos son nuestros objetivos y es objetivo de la izquierda intervenir en
el mercado de cara al interés de los usuarios. Cuando aquí se está
hablando de no intervenir en el mercado por partidos de izquierdas,
nosotros, perdónenme, no lo entendemos, no terminamos de entenderlo,
porque también homologando esta situación respecto a lo que está pasando
en muchos otros países creemos que estamos en la órbita de partidos que
están luchando por esta intervención en el mercado de cara a la defensa
de un solo descodificador y de cara a la lucha contra las dinámicas y las
patologías de concentración de monopolio.

¿Qué sería lo racional ahora mismo tal como están las cosas y teniendo en
cuenta la dinámica de negociación que se ha iniciado en el tema de fútbol
en este momento preciso, si se abandonan batallas viscerales? Lo racional
sería, teniendo en cuenta además que se ha anunciado una tercera
plataforma y de cara también al mercado y de cara a la pluralidad, que
hubiese una sola plataforma, poniéndose de acuerdo a través de una
negociación de composición del accionariado correspondiente. Pero, en
todo caso, si no se ponen de acuerdo en constituir una sola plataforma lo
racional sería que las distintas plataformas se pusieran de acuerdo para
dos cuestiones que están en entredicho y que tarde o temprano se van a
despejar en favor de uno o de otro: en la distribución de los paquetes de
fútbol y en el tema de la utilización de un solo descodificador. Eso es
lo racional, que poco a poco se abrirá paso. Lo que pasa es que cuanto
más tiempo tarde en abrirse paso, mayo perjuicio para los usuarios
posiblemente y para la libertad de comunicación.

Desde ese punto de vista, hay soluciones técnicas para todos si se impone
una solución racional. Por ejemplo, que se utilice por todas las
plataformas el descodificador que conocemos en España, el simulcrypt; que
lleguen a un acuerdo comercial y tecnológico que permita la utilización
de un solo descodificador. Otra solución sería que se introdujera un
interfaz común, una rectificación de bajo precio a este descodificador,
que no es abierto; ésa sería la segunda solución. Y la tercera solución,
la que se está imponiendo poco a poco, incluso en los últimos acuerdos
habidos en Alemania entre Bertelsmann y Kirch, consiste en un
descodificador abierto, universal, compatible. Estas son las tres
posibilidades que, si se ponen de acuerdo, no tienen por qué perjudicar a
nadie.

Pensamos que esta fase ha acabado y que empieza una nueva, en la que
deben superarse querellas de tipo visceral. Hasta ahora, la dinámica que
se venía observando es que alguna plataforma, o las plataformas,
intentaban triunfar a costa del fracaso de las demás, sobre las cenizas
de las demás, y estábamos también ante la ley del más fuerte y más
rápido; quien con mayor fuerza, volumen y rapidez ocupara el mercado se
podía quedar con todo ese mercado. Si al mismo tiempo se introducían
técnicas de exclusividad, nos podíamos encontrar con que, efectivamente,
ésa era una salida, puesto que no hay mercado para tres plataformas, ni
siquiera para dos, pero si una derrota a las otras dos, y se queda con el
mercado, entonces, subiendo artificialmente los precios, puede ser
rentable, pero, de nuevo, aparece el perjuicio de los usuarios con el que
no estamos de acuerdo. Pensamos que esto ya no es posible en función de
la Ley del fútbol, y no sólo de la Ley del fútbol, sino de las nuevas
dinámicas de negociación que se están introduciendo y de los propios
intereses de los clubes, muchos de los cuales ya han gastado el dinero de
los próximos cinco o seis años; por esto y por las limitaciones del
mercado español, creemos que se debería cerrar una fase y abrir otra.

Además, teniendo en cuenta que en una de las plataformas está insertada
Telefónica, con un 35 por ciento --para cumplir la ley, deberá bajar al
25 por ciento-- habida cuenta que estamos ante una nueva tecnología, la
digital, ante la cual no puede desistir Telefónica ni nadie que piense en
el futuro, y teniendo en cuenta también que se trata de inversiones
grandes para una empresa privada normal, pero no para telefónica --puede
ser 10 ó 12 días de cash-flow lo que tenga que invertir al año--, no es
posible esa estrategia de ganar por rendimiento a la plataforma
contraria; no es posible.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor ALCARAZ MASATS: Por tanto, pensamos que estamos en una nueva
fase y, desde ese punto de vista, que se pueden iniciar las negociaciones
de esa nueva fase.

Efectivamente, la Comisión Europea establece unos criterios respecto a
nuestra ley y, presumiblemente, también respecto a lo que es un
descodificador abierto. Esto es lo que nos preocupa de la carta de
emplazamiento de la Comisión Europea. La Comisión Europea no es siquiera
un Gobierno; es respetable, por descontado, pero no es el Vaticano. No es
el Vaticano, es la misma Comisión Europea que nos está hablando del
olivar, o la que no ha embargado de manera adecuada en relación con el
asunto de las «vacas locas», o la que



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está actuando de una manera que ya veremos en qué consiste respecto a los
camiones españoles, sin que haya dado una respuesta oportuna en el
momento adecuado. Por tanto, con independencia del respeto que haya que
tener a esa carta de emplazamiento, para nosotros no hay Vaticano posible
en esto, señorías, y mucho menos cuando no se procede de manera adecuada,
como creemos que podría ocurrir en este caso. Estamos de acuerdo con el
señor Bangemann y con el colegio de comisarios si lo que intentan, por
gran mayoría, es rectificar la ley porque tiene defectos técnicos; ahora
bien, si se intenta rectificar la ley en la dirección de que el supuesto
mercado libre pueda llevar a los usuarios a tener que utilizar dos
descodificadores, estamos rotundamente en contra del señor Bangemann y de
la Comisión Europea. Hay criterios que pueden ser positivos, que pueden
ser adecuados para la realidad de otros países como Francia, etcétera,
donde, en razón de criterios de mercado, se impuso el simulcrypt a una
velocidad determinada --por cierto, antes de que surgieran las normas-- y
que tiene una extensión también determinada, pero aquí, en España, no
ocurre eso y, por tanto, nosotros no podríamos aceptar recomendaciones
tendentes a que hubiera que utilizar dos o más descodificadores en
función de requerimientos técnicos de las distintas plataformas que se
conjuguen en el espectro del mercado español. Nosotros pensamos que,
desde el punto de vista de defensa de los intereses de los usuarios,
incluso puede haber una estrategia distinta a la que está planteando el
Gobierno. ¿Por qué no plantear rectificar la ley en esa dirección? ¿Por
qué no plantear que, quitando de la ley los términos simulcrypt y
multicrypt, vayamos a una redacción donde se diga, aproximadamente, que,
en el caso de tener que modificar la ley, el sistema de acceso del
descodificador, el sistema de acceso condicional, debe ser abierto y
universal, y que, en función de eso, no haya que operar rectificaciones
técnicas de ningún tipo y el usuario no tenga que comprar otro
descodificador --bien alquilarlo o hacerse con él a través de un proceso
de leasing-- y pueda recibir, por ese descodificador, el cable, el
satélite, las ondas hertzianas, lo que sea.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.

Si eso es lo que pide el señor Bangemann, de acuerdo; si se ven defectos
técnicos en la ley, de acuerdo por nuestra parte, pero no estaríamos de
acuerdo con ningún proceso que nos lleve a dos descodificadores. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
¿Quién puede marcar que sea un descodificador abierto o cerrado? La
comisión adecuada, lo mismo que en Inglaterra Optel y compañías en otras
naciones de la Unión Europea o del exterior, aquí es la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones la que debe señalar qué es un
descodificador abierto o no. En función de eso, estaríamos de acuerdo,
pero no estamos de acuerdo que en función de distintas presiones --por
cierto habrá que aclarar si se han producido--, se nos lleve a una
situación en la que salga perdiendo el mercado, en función del precio
--porque ya no es tendente a costes--, en función de la compra de uno o
más aparatos y en función del pay per view, el precio final, de forma que
el mercado se puede distribuir en distintas posibilidades, según los
medios de los usuarios; con eso no estamos de acuerdo.

Termino, señor Presidente, pero ya que nos han hecho venir, déjenos
terminar nuestra argumentación, porque todavía no sabemos muy bien para
qué estamos.




El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alcaraz, no se preocupe.

Finalice sus argumentaciones.




El señor ALCARAZ MASATS: Aprovechando que pasaba por aquí voy a terminar
mi argumentación.

Estaríamos de acuerdo en esta estrategia que pasa por aquí, a nuestro
juicio, y también pasaría por ir hasta las últimas consecuencias, por ir
al Tribunal de Luxemburgo en el tema de la lucha contra la concentración
y de la posibilidad de posición de abuso de dominio en este país.

Murdoch o el famoso tema de la MSG Premiere, también devuelto por la
Comisión Europea, son dos temas que se parecen como una gota de agua a
otra gota de agua, si aquí se argumenta a partir de ahí.

Ya he quitado el tema de los descodificadores por otro sitio, yendo a uno
universal, compatible, único, abierto y ahora vamos a la posible
concentración en grado de abuso de dominio. Ustedes saben que en Alemania
se constituyó una nueva empresa, la MSG, Medial Service, con un conjunto
de empresas, y a partir de ahí apareció la famosa estrategia --lo voy a
reducir mucho emparentándolo con el asunto de Murdoch en Inglaterra-- de
la migración de las contrataciones que se recibían en analógico al
digital. Era una posición muy preferente, muy predominante y se le dijo:
no, es una posición de dominio intentar esa migración que aquí se ha
empezado a producir de la recepción en analógico a lo digital. A Murdoch,
que crea una empresa se le dice: vale esa empresa, pero con la condición
de que usted esté fuera de la misma, que está migrando desde lo analógico
a lo digital. Estas son las posiciones que se están adoptando en Europa
en estos momentos. También hay un ejemplo tercero que se puede utilizar
de cara, a nuestro juicio, a que hay que ir hasta las últimas
consecuencias en el tema de la posición de abuso de dominio. Son palabras
de la Comisión Europea que para nosotros no es Vaticano, pero a



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veces coincidimos, respecto a Cablevisión, al acuerdo entre Canal + y
Telefónica que ya denunciamos un 23 de septiembre y después se documentó
en función de una denuncia de Antena 3 que tendía a una posición de abuso
de dominio.

Por tanto termino mostrando nuestra posición de manera muy resumida. Si
el señor Bangemann quiere rectificar la ley porque tiene problemas
técnicos de cara a un descodificador abierto o respecto a técnicas que
conduzcan a descodificadores con un interfaz común que cuantifiquen como
abierto un descodificador, de acuerdo, rectifiquemos la ley en esa
dirección. ¿Quién marca que un descodificador es abierto o cerrado? La
misma comisión que lo hace en el resto de los países, Optel, en
Inglaterra lo acaba de hacer; por tanto, la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones.

En segundo lugar, de acuerdo en una estrategia que conduzca a ver de
manera análoga a como se ha hecho con Murdoch, con la MSG o aquí a otros
niveles, pero que también procedían de esta argumentación entre Canal + y
Telefónica, ir hasta las últimas consecuencias a ver si hay o no una
operación de concentración en este país, ir hasta el Tribunal de
Luxemburgo en este tema. Es nuestra estrategia --yo no sé la del
Gobierno-- en el primer tema y en el segundo.

Termino diciendo que nosotros vamos a seguir luchando por esto que acabo
de decir: fútbol abierto, no en exclusividad; se pueden tener
exclusividades pero el modo de aplicarla es abriéndolas, tal y como se ha
aprobado en la ley. En segundo lugar, un solo descodificador por usuario
para recibirlo todo y todas las plataformas, aquí ya se han anunciado
tres, y todo es porque ahora empiezan las ondas hertzianas con una enorme
fuerza, el tema del cable también va a empezar con enorme fuerza dentro
de pocos meses, y el tema de la distribución digital, de la técnica
digital, que es en lo que ahora estamos asentando nuestra argumentación,
que todo se reciba con un solo descodificador. En la misma dirección
nosotros vamos a seguir luchando y en esa dirección marcha la proposición
de ley que hemos presentado en este Congreso de cara a que no se den las
patologías de concentración que tantísimo ha denunciado la Comisión
Europea, fundamentalmente el Parlamento Europeo, vamos a seguir luchando
contra la concentración y la constitución de grupos multimedia en este
país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, en primer lugar he de decir que yo también
lamento la celebración de esta Diputación Permanente, y confieso que es
la primera vez, desde que soy miembro de esta Cámara, que he sentido
cierto rubor o cierta vergüenza por el comportamiento de un grupo
parlamentario que ha hecho que se convocara la Diputación Permanente
simple y exclusivamente porque no podía esperar hasta el lunes para
escuchar al Ministro de Fomento. Estoy segura, señorías, de que si
buscáramos y rebuscáramos en los precedentes de esta Cámara probablemente
nunca encontraríamos una sola convocatoria de este órgano, del órgano
máximo de la Cámara entre períodos de sesiones, para debatir simplemente
si el Ministro de Fomento comparece en esta Cámara el viernes o comparece
el lunes para informar sobre una cuestión.

Señores del Grupo Socialista, da la impresión de que estamos descubriendo
sobre ustedes exactamente cuál es su auténtica prioridad, que parece que
en los últimos tiempos nos es nada más que la conocida como Ley de
televisión digital y su defensa a ultranza de un monopolio, un monopolio
privado que les viene favoreciendo. Están ustedes dispuestos a todo,
incluso --y se lo digo con todo cariño-- a hacer un poco el ridículo en
el día de hoy convocando la Diputación Permanente sin pensar lo que
significa poner en marcha todos los servicios de la Cámara, los gastos de
esta sesión, gastos que ustedes aducían en algunas ocasiones cuando se
convocaba a la Diputación Permanente, simplemente --y hay que decirlo--
para convocar una comisión que ya está convocada a petición propia,
insisto, a petición propia del Ministro, para explicar exactamente los
mismos argumentos que ustedes solicitan en el día de hoy. Por tanto, creo
que esta convocatoria ha sido más bien una estrategia partidista o
publicitaria al objeto de abordar exactamente las mismas cuestiones que
vamos a abordar en la Cámara el próximo lunes.

Señorías, no es cierto lo que ha manifestado el Grupo Socialista. Dicen
que quieren la sesión del próximo viernes, o sea, mañana para que el
Ministro oiga sus argumentos antes de que conteste en nombre del Gobierno
español a la carta de emplazamiento que el Comisario de Comercio Interior
ha dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores en relación con la conocida
como Ley de televisión digital. Argumento falso. En primer lugar porque
las posiciones del Grupo Socialista y las posiciones de todos los grupos
son públicas, notorias y, además, bien conocidas por todos. Estoy segura
de que el Gobierno agradece muchísimo su colaboración y estaría encantado
de escuchar otra vez sus argumentos, pero no creo que necesite que le
recuerden sus propios argumentos. En los últimos meses no se han dedicado
ustedes a otra caso y ha sido su exclusiva prioridad.

En segundo lugar, si de verdad persiguieran hacer una aportación
constructiva a las alegaciones, ¿quién les ha impedido dirigir una carta
al señor Ministro explicándole su posición por escrito? ¿No podían haber



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pedido una entrevista al señor Ministro para hacerle patente su postura?
(Risas.) No se rían, señores diputados, porque no lo han hecho así. Si
tenían tanto interés en que el señor Ministro, antes de contestar...

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Continúe, señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Si tenían interés en que el señor Ministro
conociera su postura, su diferente postura si es que la han modificado
respecto a lo que contienen los «Diarios de Sesiones», creo que podrían
haberla hecho patente por algunos medios sin necesidad de convocar a esta
Cámara. Por cierto, los argumentos que se han facilitado en el día de hoy
no hacen sino reproducir lo que ya se ha debatido en esta Cámara durante
algunos meses. No lo han hecho así y creo que, por el contrario, lo único
que persiguen es debilitar al Gobierno español. He dicho al Gobierno
español, Gobierno de todos porque así lo ha decidido la mayoría de los
españoles.

Señorías, buena prueba de lo que estoy diciendo hoy --ya lo había dicho
algún destacado portavoz del Grupo Socialista, y hoy lo ha repetido el
que ha actuado como portavoz en esta sesión-- es la queja de que el
Gobierno abusa de los decretos-leyes y legisla con decretos-leyes. Pues
bien, han llegado a decir, y hoy lo han repetido, que el próximo Consejo
de Ministros, es decir el Consejo de Ministros que se celebre mañana
viernes, incluso antes de que comparezca el señor Ministro en esta
Comisión para que escuche los argumentos de la Cámara, que es lo que se
pide, modifique una ley aprobada por este Parlamento. O sea que, a
instancias de un grupo parlamentario que defiende un interés concreto, un
monopolio privado, el Ejecutivo modifique todo lo debatido y aprobado por
el Congreso y el Senado hace quince o veinte días, por decir una fecha.

Señorías, espero un poquito más de seriedad en este tema, porque lo único
que les queda, en materia de televisión digital, es que cuestionen la
legitimidad de las votaciones mayoritarias del Congreso y del Senado. Y
digo votaciones mayoritarias, no votaciones del grupo mayoritario, sino
votaciones mayoritarias, de todos los grupos de esta Cámara. Ojalá que
ustedes no hubieran provocado la reunión de hoy, sabiendo, como digo, que
el lunes nos volvemos a reunir para tratar esta misma cuestión.

Señorías, compete al Gobierno, y sólo al Gobierno, no al Parlamento,
contestar a la carta de emplazamiento y formular las alegaciones. Como he
dicho, las posiciones de todos los grupos parlamentario son conocidas y
están en los «Diarios de Sesiones». No obstante, el Gobierno ha
solicitado comparecer para informar sobre las alegaciones que va a
presentar. Precisamente por respeto a los procedimientos comunitarios y a
la propia Comisión Europea ha solicitado hacerlo el lunes, justo después
de que venza el plazo de presentación de esas alegaciones a la Unión
Europea. En el fondo de la cuestión está, como siempre, que una buena
oposición ayuda a gobernar mejor. Les digo mi opinión: defendiendo
intereses concretos, como lo están haciendo, ni se ayuda a gobernar mejor
ni tampoco, si me lo permiten, se ganan elecciones. Si dedicasen ustedes
al empleo, a la formación, a la educación, a los problemas de la
drogadicción, las mismas energías que están dedicando al tema digital,
sin ninguna duda les iría mejor y, además, alguna propuesta constructiva
podrían hacer, pero ustedes solamente están dedicados al tema digital,
para ustedes lo único importante y lo único que existe es el tema
digital. No se dan cuenta de que la sociedad demanda otras cuestiones,
demanda respuestas alternativas, si es que las tienen, a los problemas
reales que afectan a los ciudadanos, que ustedes han dejado en un segundo
plano.

Raya en lo ridículo hablar de bochorno del Parlamento español simplemente
por la apertura de un proceso de infracción. Además, como ustedes bien
saben, el Parlamento español está acompañado en esta cuestión por otros
parlamentos, porque también el Parlamento británico y el alemán aprobaron
leyes que fueron objeto de medidas cautelares. Por tanto, no traten esta
cuestión como si fuera un hecho extraordinario cuando es una cuestión muy
normal en los países cuando se defienden intereses de los Estados.

Bochorno me produce a mí que ustedes se echen las manos a la cabeza y
hablen de escándalos, porque creo que no están muy legitimados para
hablar de esas cuestiones, sobre todo si no pierden la memoria. ¿Se les
han olvidado los expedientes abiertos por la Comisión en la etapa del
Gobierno socialista, que ha tenido que resolver el Gobierno del Partido
Popular, el Gobierno del presidente Aznar? ¿Les suena, por ejemplo, el
expediente de Airtel? ¿Les suena el expediente abierto en torno a
Sogecable, empresa a la que posibilitaron una alianza exclusiva con la
Compañía Telefónica, compañía de control público? Entonces les abrieron
un expediente en Europa precisamente por favorecer exactamente al mismo
grupo que están defendiendo hoy, y que conste que ese grupo tiene todo el
derecho a defender, pública y jurídicamente, sus posiciones. Lo que no es
de recibo es la posición de un grupo parlamentario, de un grupo político,
que defiende intereses concretos, en este caso un monopolio privado. ¿Es
serio, señorías, que un grupo de la oposición --me gustaría saberlo--
esté celebrando y festejando un expediente abierto al Gobierno de España,
al Gobierno de todos los españoles, porque favorece a un monopolio
privado? En mi opinión, no.

También tengo unas cuantas dudas que, con el permiso de la Presidencia,
me gustaría plantear. Tengo curiosidad por saber si es verdad que el
señor González se entrevistó con el comisario Van Miert y le pidió que
iniciara acciones contra España en esta cuestión. Tenemos



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la impresión de que ha repartido instrucciones a todos sus militantes,
independientemente de la responsabilidad que ocupan, y que en algunos
casos las están siguiendo con creces. También tengo curiosidad por saber,
dado que hasta la fecha los comisarios originarios de un país se
abstienen de participar en aquellos conflictos que afectan al Estado
miembro por el que son comisarios europeos, por qué el comisario Marín,
el respetado comisario Marín, militante del Partido Socialista, ha roto
esa tradición y ha apoyado el expediente. Sería bueno que supiéramos al
final dónde se sitúan ustedes, al lado de que país se sitúan; si están al
lado de España o van en contra del Reino de España por defender un
monopolio privado.

Señorías, no parece que sea lo más sensato y coherente que un comisario
español, que el grupo mayoritario de la oposición en el Parlamento de
España y que el ex presidente del Gobierno de España insten y celebren
los expedientes que se incoan en Europa en torno a leyes aprobadas por
este Parlamento. Esa actitud no sólo es criticable desde el Gobierno, sin
ninguna duda es una actitud poco respetuosa con este Parlamento y con los
ciudadanos españoles. Pero, como les decía antes, ¿por qué acontece todo
esto? ¿Saben ustedes por qué? Porque ustedes están dispuestos a todo en
esta materia. ¿Y por qué están dispuestos? Porque en el pasado han
concebido --siempre concibieron-- la comunicación como un instrumento de
poder y en estos momentos la conciben como un instrumento para recuperar
el poder. No tienen ustedes, señorías, más canción que la de acusar al
Gobierno de abusar y de tener objetivos ocultos en la aprobación de esta
ley. El único objetivo que se ha pretendido con la aprobación de esta ley
es, al mismo tiempo que incorporar la directiva, establecer las
condiciones que permitan garantizar una situación de competencia efectiva
en el mercado de la televisión digital partiendo de la situación en que
se encuentra el mercado español en esa materia. Ustedes acusan sin parar
al Gobierno de abuso de poder en la aprobación de esta ley y no se dan
cuenta de que están acusando a este Parlamento, porque es este Parlamento
el que por mayoría de sus miembros ha aprobado esta ley. ¿Es que,
señorías, creen que todas las leyes que se aprueben mayoritariamente por
esta Cámara son abuso de poder? Yo creo que los tiempos del abuso de
poder, de la prepotencia y de la arrogancia ya pasaron hace tiempo.

(Rumores.)
El problema que nos ocupa hoy, señorías, es mucho más sencillo que todo
eso. No tiene nada que ver con las libertades públicas. Estamos hablando
simplemente, en primer lugar, de un problema técnico. Se trata de la
introducción en el mercado español de un descodificador, de un aparato
abierto que permita ver todas las plataformas digitales. En segundo
lugar, es un problema comercial. Se trata de abrir a la competencia, a
través de un descodificador abierto, un mercado cautivo, un mercado
controlado en estos momentos por un monopolio privado, ya que el actual
descodificador es cerrado. Señorías, si leen el discurso de su antiguo
Secretario General, Felipe González, en el reciente debate sobre el
estado de la Nación verán que el señor González se refiere a la consigna
que ustedes usan siempre, está claro: abuso de poder, pero también dice
que es un asunto económico. Rasgo de sinceridad del señor González que
pueden ustedes encontrar en la página 4612 del «Diario de Sesiones» del
día 11 de junio de 1997 y que pone de manifiesto que lo del abuso de
poder no es más que una excusa para encubrir lo otro.

En fin, señorías, una sesión desgraciada la de hoy, que no tiene
justificación cuando el Gobierno ha pedido comparecer, lo va a hacer
dentro de 72 horas, y cuando son públicas y notorias las posiciones de
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Concluyo, señor Presidente, diciendo que el Gobierno español presentará
las alegaciones que crea convenientes, que seguimos manteniendo la plena
legalidad conforme a las normas españolas y comunitarias de lo acordado
en este Parlamento y por este Parlamento, y con sumo gusto el Gobierno
explicará su postura el próximo lunes. Esperemos que el Grupo Socialista
presente nuevas propuestas el lunes, propuestas originales, porque si lo
que van a hacer el lunes es más de lo mismo habrá quedado al descubierto
su estrategia poco respetuosa con el Parlamento y en defensa de intereses
concretos que no parece que deban estar en el ideario de ninguna
formación política que pretende representar a los ciudadanos.

Señorías y ahora sí que finalizo, la Comisión Europea es un órgano
político y quien afirma, como ustedes hacen, que la apertura de un
procedimiento de infracción, simplemente eso, es una violación de la
normativa europea, está distorsionando intencionadamente el esquema
institucional de la Unión Europea.

No he entrado en el fondo jurídico de la cuestión porque, sin ninguna
duda, vamos a tener oportunidad de hacerlo el próximo lunes y porque en
esta Diputación Permanente ningún grupo ha expresado ninguna postura
diferente de las ya conocidas con antelación.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Pérez Rubalcaba
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.

Señor Pérez Rubalcaba, ¿a qué efecto?



El señor PEREZ RUBALCABA: Por el artículo 73. Brevemente, además, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Tiene la palabra.




El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.

Brevemente, como decía, contestaré básicamente a la señora Mato. El resto
de los grupos han planteado



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sus opciones, que me parecen perfectamente legítimas. Coincido con
algunas de las cosas que ha dicho el señor Alcaraz, pero, la verdad, no
con su pasión empresarial. No entro en eso; ha hecho unas disquisiciones
sobre las empresas en las que no entro. Sobre el descodificador único sí.

Lo que le digo es que sí pero no a martillazos. Me parecería magnífico
que se pusieran de acuerdo en que hubiera uno, mejor para el usuario,
pero no a martillazos y, sobre todo, no imponiendo uno, que es lo que
hace el artículo 7.º, apartado a), que el señor Alcaraz inteligentemente
hoy ha pretendido matizar. Por cierto, aunque sólo hubiera sido por eso,
hubiera tenido sentido que el Ministro Arias lo hubiera escuchado, porque
usted, señora Mato, decía: ningún grupo ha cambiado de posición. No es
verdad; yo he oído hacer algunas matizaciones al señor Alcaraz que, por
cierto, comparto, sobre el artículo 7.º, apartado a),que es uno de los
artículos claves de este tema y que no votaron muchos otros grupos
parlamentarios (canarios, Convergència i Unió, nosotros). La postura no
fue tan unánime; los argumento se repitieron y todos eran los mismos
porque es evidente, señora Mato, que usted no puede obligar a que dos
personas se pongan de acuerdo diciendo a una: aguanta dos meses que
ganas. Es tan evidente que eso favorece a unos y perjudica a otros que no
sé cómo ustedes tienen cara para defenderlo. ¿Cómo me dice que vengo a
defender aquí intereses particulares cuando usted defiende públicamente
que dos personas se pongan de acuerdo pero que a una le bastan dos meses
para ganar la batalla? ¡Por favor! ¿Sabe quién es ésa? Es la plataforma
digital del Gobierno, más llamada gubernamental. Pero cómo me dice que yo
defiendo intereses particulares aquí. ¿De qué está usted hablando? Usted
defiende unos intereses concretos en una batalla mediática que llevan
mucho tiempo realizando y que a la oposición la ocupa, pero no como al
Gobierno, porque ustedes tienen metidos a transportes, justicia, a las
direcciones generales, al fiscal general del Estado. Si ustedes están por
tierra, mar y aire. (Risas.) Señora Mato, ¡por favor! ¿Qué me está
diciendo usted? ¿Que me preocupa? Pues sí, me preocupan las libertades
públicas, porque detrás de todo ello, y no lo digo yo, lo dice quien
escribe en su nombre, se halla la batalla por el poder de la
comunicación, que ustedes entienden bien. Ustedes entienden bien lo de si
no me quieren que me teman. Eso lo entienden ustedes maravillosamente; yo
no. (Rumores.)
Déjeme que le diga alguna cosa más. El problema de fondo es por qué no
viene el ministro. Usted se sorprendía y decía: nunca ha pasado.

Diciéndolo claramente, nunca ha pasado porque el Gobierno siempre ha
cedido. Cuando se ha producido un trámite como éste, la oposición pide la
Diputación Permanente para que el Gobierno venga. El Gobierno evita la
Diputación Permanente y viene sistemáticamente; repase usted la historia
de la Cámara. Y yo he sido Ministro de la Presidencia y se lo digo:
siempre cedimos. El Gobierno vino, evitamos la Diputación Permanente y
punto final. Por tanto, si pasa esta vez es porque el Gobierno no ha
querido venir, y usted no me ha dado un solo argumento para justificar
por qué el Gobierno no ha querido venir en estas dos semanas, ni uno.

En cuanto a lo del respeto a la Comisión, señora Mato, si usted quiere
respetar a la comisión haga usted estas tres cosas. La primera, no la
engañe. Lea usted la carta de emplazamiento y verá cómo en distintas
ocasiones la Comisión dice que se siente engañada por acuerdos con el
Ministro de Fomento que luego no se cumplieron. Por tanto, si quiere
usted respetar, no la engañe.

Segundo, si usted quiere respetar a la Comisión, cumpla la normativa
comunitaria que dice que hay normas técnicas (y ésta lo es, usted lo
decía) que tienen que ir previamente a la Comisión, antes de ser
aprobadas por el Parlamento. Eso lo dice la normativa comunitaria, y
usted lo sabe bien. Si quiere respetar a la Comisión, cumpla la normativa
en lo que a las competencias de la Comisión se refiere.

Y tercero, si quiere respetar a la Comisión, diga a este Parlamento lo
que está pasando, porque aquí hemos discutido este proyecto de ley y
jamás ningún miembro del Gobierno ni usted como representante del Grupo
Parlamentario mayoritario nos han dicho que había negociaciones con la
Comisión Europea. Jamás nos han dicho que había cruce de cartas; jamás
nos han dicho aquí que la Comisión Europea tenía serias dudas sobre la
normativa que estábamos aprobando, y eso me parece gravísimo.

Se hubiera respetado a la Comisión si ustedes hubieran alertado a este
Parlamento de lo que estaba ocurriendo. Señores diputados, ustedes están
tramitando un proyecto de ley y tenemos algunos conflictos con la
Comisión Europea. Eso sí hubiera sido colaboración, señora Mato; eso
hubiera sido respeto a la Comisión.

Por tanto, no me venga a mí con esta historia de que esto es único; es
único porque el Gobierno no ha cedido. Como es único también, de paso se
lo digo, que el Gobierno fije de motu proprio la fecha de su
comparecencia, eso sí que es único. La fecha de comparecencia se fija
aquí, en esta Cámara, no lo hace el Gobierno. Eso sí que es único, que el
Gobierno escriba y diga voy el 14. No, hombre, no, el Gobierno viene
cuando digamos todos. Eso sí que es único, las dos cosas: un trámite
innecesario porque el Gobierno no ha querido venir y un trámite en el que
el Gobierno fija directamente cuando viene. Eso sí que es único.

Déjeme que acabe ya. No me ha dado ni un solo argumento. Yo le digo que
quiero discutir con el Ministro estas cosas, no para debilitar la
posición española, que, como usted bien sabe, la conocen bien en Europa,
no para eso, sino para discutirlo, para hablarlo, porque yo le dije en
esta Cámara, lo dijimos nosotros, que estábamos aprobando leyes que
contradecían la normativa



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europea, y queremos saber la posición del resto de los grupos
parlamentarios porque hubiera sido enormemente interesante tener un
debate antes de que el Gobierno contestara interpretando el sentir del
Parlamento, porque, finalmente, va a contestar respecto a una ley que
nosotros hemos aprobado. Creo que ésta hubiera sido una forma inteligente
por parte del Gobierno de abordar un conflicto, que lo tiene, como han
señalado aquí todos los grupos parlamentarios, que lo tiene, y serio,
porque le recuerdo, señora Mato, que en los treinta y nueve años de la
historia de la Unión Europea, antes Mercado Común, sólo se ha aplicado
este procedimiento ocho veces y nunca a España, por cierto. Por tanto,
algo excepcional debe ser, algo grave debe pasar.

Le digo dos cosas más, y ya termino. Yo sabía que usted me iba a sacar
este asunto de la Comisión porque he visto en su diario de cabecera esa
mañana la preparación artillera --estoy hoy muy militar--, de este
debate. He visto como preparaba el asunto con un diario (que no sé si
siguen o les sigue, no lo sé muy bien), por cierto, de forma poco
inteligente. Que no le sigan echando manos por ahí, le aconsejaría; no
creo que a nadie de la Comisión Europea le haya hecho gracia ver eso, que
es un conjunto de calumnias, de infundios, incluso con acusaciones
personales a algún comisario, le aseguro que le han hecho un flaco favor
al Gobierno español. Se lo aseguro. Quien haya tenido la idea de decir:
vamos a enredar un poco para ayudar al Gobierno en el debate de hoy,
diciendo que los socialistas se han metido en la Comisión Europea, les ha
hecho un flaco favor. Ha confundido un gobierno bananero con la Comisión
Europea, con el colegio de comisarios, y ése quizás sea también el
problema de fondo, señora Mato, que quien a ustedes les dirige los pasos
en esta batalla se lo está haciendo muy mal, no se puede calumniar
gratuitamente a los comisarios europeos, créame, eso no se puede hacer,
eso no es bueno, y no se pueden decir cosas como las que se dicen ahí.

Usted me preguntaba si Felipe González se había reunido, y tal. No tengo
ni idea. Sí le digo que la Comisión Europea, el colegio de comisarios, lo
ha aprobado por consenso, todos los comisarios, todos, liberales,
radicales, democristianos, socialdemócratas, todos contra el Gobierno del
PP, qué casualidad; todos contra la plataforma digital gubernamental del
Gobierno español, qué casualidad; todos defendiendo el monopolio de
Prisa, qué casualidad. Señora Mato, ¿porqué no busca usted una
explicación más sencilla? Todos contra la vulneración de la normativa
europea. Eso sí que es la verdad.

Por lo tanto, no busque usted pactos contra natura, que no existen, por
consenso, incluyendo los dos comisarios españoles, y no me extiendo más
porque no me parece razonable.

Acabo leyéndole una cosa de la carta de emplazamiento, lo digo por esto
de los monopolios, que es una murga que me empieza a aburrir. Señora
Mato, hoy aquí, y el lunes en el Parlamento, le aviso ya porque será
usted seguramente la portavoz, no vamos a discutir sólo la posición de
los socialistas; vamos a discutir sobre lo que es la posición oficial en
este momento de la Comisión Europea. Ya sé que a usted le importa poco, a
mí mucho. La normativa europea me importa mucho porque es tan Derecho
como el Derecho español. Me importa mucho. Por tanto, vamos a discutir
sobre eso, y vamos a discutir, por ejemplo, sobre un párrafo en el cual
la Comisión Europea dice que la Comisión estima que la aplicación de la
disposición sólo podría resultar en un debilitamiento de la competencia
en un mercado relevante, y añade que se traduciría en que el competidor,
la plataforma digital gubernamental, disfrutaría temporalmente de un
verdadero monopolio. ¿Se da cuenta de lo que dice la Comisión? Monopolio,
el de la plataforma digital gubernamental, el de la plataforma de
Telefónica, Televisa, y por cierto de aquel periódico que hoy escribe
contra la Comisión Europea, que forma parte también de esa plataforma
digital.

Por consiguiente, la Comisión Europea dice que los que están defendiendo
el monopolio son ustedes, no nosotros (eso lo dice la Comisión, no lo ha
dicho nunca el Grupo Parlamentario Socialista), como a continuación añade
--le recomiendo que lo lea, y también al señor Alcaraz-- que esa
disposición afectaría a los consumidores, a los que se han suscrito ya a
una plataforma. Dice claro que les afectaría, y son unos cuantos miles. A
usted no le preocupan, a mí, razonablemente...




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, concluya, por favor.




El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya, señor Presidente.

Por tanto, señora Mato, es la Comisión la que dice que ustedes están
defendiendo un monopolio; es la Comisión la que dice que ustedes están
haciendo una normativa que infringe la normativa comunitaria, no el Grupo
Parlamentario Socialista, que ya lo dijo y que hoy lo repite una vez más;
es la Comisión la que dice que esta normativa favorece a una empresa
frente a otra, y esa empresa es la de sus amigos, es la Comisión la que
lo dice, no el Grupo Parlamentario Socialista; es la Comisión la que dice
que ustedes están perjudicando a los consumidores, no el Grupo
Parlamentario Socialista, que también lo dice; es la Comisión la que dice
que ustedes han hecho una ley llena de trabas, de vericuetos, de trucos,
para perjudicar a unos y beneficiar a otros, y eso nadie lo puede dudar.

A usted le preocupa que a mí me preocupe y me da clases de estrategia
política. Mire usted, me da igual. La escucho con simpatía, le agradezco
mucho los consejos políticos, pero no se preocupe por la oposición, ya lo
resolveremos nosotros. Pero lo que sí nos preocupa



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son los artículos de la Constitución, española y europea, que ustedes
vulneran con esta ley. Me preocupa que ustedes actúen a favor de un
monopolio y, encima, nos echen la culpa a nosotros de hacerlo a favor de
no sé qué intereses ocultos que, particularmente, nunca hemos defendido,
porque aquí, señora Mato, no estamos en la guerra que usted quiere
dibujar. Aquí estamos en otro problema.

Finalmente y ahora sí que termino, señor Presidente, ¿sabe cuál es el
problema de fondo? Que aquí no discutimos una ley del Gobierno ni del
Parlamento. Aquí discutimos una cacicada política de ustedes, que tiene
un punto de inflexión en la ley, pero que tiene otras actitudes y
actividades, algunas que hemos discutido aquí y otras que
desgraciadamente no podemos discutirlas pero que ustedes y su Gobierno
practican diariamente.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba. (El señor Alcaraz
Masats, pide la palabra.)
Entiendo que ha sido solamente mencionado y no para contradecirle. El
turno del señor Pérez Rubalcaba ha sido en invocación del artículo 73,
porque entendió que había sido contradicho, y así lo estimó la
Presidencia, por la portavoz del Grupo Popular, pero ahora no he
encontrado en la intervención del señor Pérez Rubalcaba ninguna
contradicción con las posiciones de SS. SS.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, el señor Pérez Rubalcaba dice
que está de acuerdo con un solo descodificador, pero no a martillazos. Yo
no he traído el martillo, señor Presidente. (Risas.)
Pido contestar porque imprime un cierto sentido coercitivo a la posición
de Izquierda Unida. Por consiguiente, le pido que me dé un turno para
explicar esta posición. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, eso sería entrar en el fondo del
asunto, en lo que es su legítima posición, y estoy seguro que tendrán
ustedes oportunidad de hacerlo en lo sucesivo, pero hoy sería reabrir el
debate. Por tanto, lo lamento, pero no procede.

Señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el portavoz del Grupo Socialista se ha delatado clarísimamente
y recurro al «Diario de Sesiones», sin tener que irme mucho más lejos.

Usted lo ha dicho. Convendría que respetaran un poco a la Comisión
Europea, como convendría que respetaran también a este Parlamento, porque
la ley no la ha aprobado ni el Gobierno ni el Grupo Popular; la ha
aprobado este Parlamento con la mayoría de los grupos de la Cámara. Por
tanto, como en este período de sesiones todavía no tenemos mayoría
absoluta --y si los electores quieren, la tendremos para la próxima
legislatura--, como, además, el Grupo Popular y el Gobierno Popular no
tienen como norma de actuación el rodillo, porque ya lo hemos vivido
muchos años, en esta ocasión no es el Grupo Popular el que ha aprobado la
ley, sino el Parlamento español el que ha aprobado una ley con, eso sí,
un voto en contra del Grupo Socialista.

En cualquier caso, como decía, usted se delata. Mucho respeto a la
Comisión Europea. No sabemos si Felipe González ha ido o no a ver a Van
Miert y le ha pedido o no que abra una expediente, que lo intente, o que
haga lo posible para que se abra un expediente a España. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.

¡Silencio, señorías!



La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.

Tampoco tenemos confirmado si el comisario Marín, por fin, se ha
abstenido, como ha ocurrido siempre en la Comisión o no. Pero lo que sí
sabemos, porque usted nos lo ha dicho, es que toda la Comisión, todo el
Parlamento Europeo, todos los comisarios han votado en contra del
Gobierno Popular, han votado todos contra la plataforma digital, que
usted llama la plataforma digital del Gobierno. Yo no sabía que los
comisarios europeos, que la Comisión Europea se dedicaba a votar contra
un Gobierno, pero usted nos ha dicho que ha votado contra un Gobierno (y
acudo al «Diario de Sesiones»), ha votado contra una plataforma digital,
y unas cuantas cosas más de las que no me ha dado tiempo a tomar nota,
pero que podremos leer en un futuro próximo para bochorno de todos los
aquí presentes.

No creo que la misión de la Comisión Europea sea votar contra ningún
gobierno, ni tampoco que la misión del portavoz del grupo mayoritario de
la oposición sea decir en esta Cámara que un Parlamento Europeo, que una
Comisión Europea, que unos comisarios europeos están votando contra el
Gobierno del Partido Popular, tratando, como siempre, de desprestigiar
única y exclusivamente el Gobierno dirigido por el presidente Aznar, sólo
porque están defendiendo unos intereses particulares de una empresa que
hoy tiene un régimen de monopolio de televisión de pago concedido única y
exclusivamente por un Gobierno socialista, en condiciones diríamos, por
no entrar en detalles, un tanto irregulares. Por tanto, señorías, en este
tema habría mucho que callar. En cualquier caso, y para que no hagamos
tantas sangre ni tanto escándalo, ¡oh, que horror! porque su único tema
es el digital y su única preocupación es defender a un grupo empresarial,
para que no hagamos tanto problema, quiero decirles



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que justo en vísperas de las elecciones generales ustedes aprobaron un
acuerdo en Consejo de Ministros, y usted era ministro en esas fechas, si
mal no recuerdo porque ya ha pasado tiempo, acuerdo en el que se
constituyó la sociedad Cablevisión que, como usted sabe, se entregaba al
grupo Sogecable, grupo propiedad de la empresa que también hoy están
defendiendo y que llevan varios meses haciéndolo, porque ustedes son
monográficos, siempre defienden a un mismo monopolio privado, a un mismo
grupo empresarial privado. En esa época ya lo defendían. También se abrió
un expediente que obligó a que no se llevara a cabo, no sólo porque la
Comisión Europea lo mandó, sino porque fue un espectáculo bochornoso en
toda España, para todas la instituciones y para todos los grupos.

(Rumores.) Sí, sí, señorías... Y ese grupo empresarial no pudo salir
adelante porque era una concentración excesiva y vergonzosa para quedarse
con el monopolio de la televisión de pago, monopolio que, como digo,
ustedes habían concedido de manera privilegiada a un grupo empresarial
determinado.

¿Qué es lo que pasa ahora? Que ese grupo empresarial pretende seguir
manteniendo su monopolio. Como resulta que el Gobierno ha cambiado y
ahora no es el Gobierno socialista sino el Gobierno popular y éste aboga
por que haya competencia, por que se liberalicen los servicios de
televisión y por que haya más de un medio de comunicación de televisión
de pago, resulta que hay que atacar al Grupo Popular. Señorías, estamos
tratando de defender a los consumidores. En la reunión de hoy, es triste
decirlo, no estamos hablando ni de libertades, ni siquiera de empresas,
ni de libertad de empresas, ni de libertades económicas, estamos hablando
simplemente de un aparato descodificador, que es de lo que se trata. ¿Qué
es lo que pasa? Que ustedes quieren que el descodificador sea cerrado.

¿Para qué? Para que por ese aparato no pueda entrar ninguna plataforma
más. ¿Qué es lo que pretende el Gobierno? Que ese aparato descodificador
sea abierto, de manera que el ciudadano pueda elegir la opción que
prefiera para que, de verdad, haya competencia en materia de televisión
de pago, competencia que siempre beneficia al consumidor y al ciudadano.

Porque ustedes sabrán, y siempre pongo ese ejemplo, que cuando ha habido
competencia en teléfonos móviles, los precios han caído, los terminales
han bajado de precio y la comunicación se ha expandido muchísimo más de
lo que hasta ahora lo ha hecho la televisión de pago. Lo que pretendemos
es que la televisión de pago llegue a todos, llegue a mejor precio,
llegue con mayor calidad y con posibilidades de elección. Eso es lo que
pretende la norma que ha aprobado el Parlamento español.

No voy a entrar en el fondo de la cuestión porque, usted mismo lo ha
reconocido, los argumentos son los mismos. Usted quiere que el Ministro
comparezca en esta Cámara antes del lunes, que es la fecha que él ha
pedido, porque quieren decir que el primer grupo de la oposición es el
que ha exigido que el Gobierno venga aquí. Pues no, han llegado tarde,
porque el Gobierno lo ha hecho a petición propia. Por tanto, el lunes
comparece el Ministro a petición propia, no a petición de ningún grupo de
esta Cámara. Sin perjuicio de que ustedes hayan pedido que comparezca, el
Ministro de Fomento comparece el lunes, a petición propia, en la Comisión
de Infraestructuras. ¿Por qué comparece el lunes? Se lo he dicho antes,
por respeto a los procedimientos comunitarios, por respeto a la Comisión
Europea, ya que no es lógico que se entere de lo que se le va a decir en
unas alegaciones a través de los medios de comunicación o por medio de
esta Comisión, sino que se entere directamente por medio del Ministro de
Fomento. Por tanto, lo normal es que comparezca después de presentar
todas las alegaciones que crea convenientes.

Me dice usted: es que teníamos mucho que contarle al Ministro y nos
hubiera gustado que escuchara a los grupos parlamentarios. No van a decir
nada nuevo, sino lo mismo, que ya lo conoce el señor Ministro, porque lo
ha debatido en esta Cámara, porque hemos traído el decreto-ley del
proyecto digital que se debatió en esta Cámara, porque hubo un debate de
totalidad, porque ha habido un debate en el Senado, porque se ha votado
numerosas veces en esta Cámara y porque están los «Diarios de Sesiones».

Como ya he dicho, en los últimos meses su única preocupación ha sido el
tema digital. Por todas partes hemos estado oyendo y oyendo sus
explicaciones y sus alegaciones, entre comillas, en torno a lo que es la
ley digital y el trato de favor que quieren tener con un monopolio
privado. Además, unos medios de comunicación de un grupo empresarial al
que ustedes apoyan se han encargado de darle bombo y platillo. Por tanto,
nos hemos enterado todos en España de qué es lo que ustedes defienden y
de qué es lo que ustedes quieren. No creo que sea necesario convocar la
Diputación Permanente para que el Ministro venga a esta Cámara y le
vuelva a explicar lo mismo que el «Diario de Sesiones» de esta Cámara ha
recogido durante muchos meses.

Señorías, como les decía antes, la Comisión Europea de momento ha mandado
una carta de emplazamiento. Eso no presupone --y ustedes no deben
prejuzgar-- que se haya condenado ni que se haya juzgado a España, porque
no estamos hablando de un órgano jurisdiccional; estamos hablando de un
órgano político. Será, en su caso, el Tribunal de Justicia el que tenga
que decidir. Por tanto, ustedes están prejuzgando una actuación antes de
que se produzca, lo cual es bastante preocupante y supone un falta de
respeto.




El señor PRESIDENTE: Señora Mato, concluya, por favor.




La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor Presidente.

Como ya he dicho, estamos nada más que ante una cuestión técnica y, al
final, la Comisión Europea lo que



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ha planteado es un problema entre dos principios compatibles entre sí y
sobre la primacía de uno sobre otro, que en este caso --y España ha de
adecuarlo-- es el principio de libre circulación de mercancías --de una
mercancía, como es un descodificador-- y el principio de libre
competencia; si para garantizar la libre competencia se ha mermado un
poco la libre circulación de mercancías. Yo, desde luego, apuesto y
siempre apostaré por la libre competencia porque beneficia al ciudadano,
beneficia al consumidor y beneficia, a la postre, a todas las empresas,
incluso a las que ahora reciben buenos dividendos porque están en régimen
de monopolio.

Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.

Vamos a proceder a la votación. Los servicios de la Cámara pueden
proceder al llamamiento por si algún miembro de la Diputación Permanente
no se encuentra en este momento en la sala.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, para una cuestión de orden.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: ¿En qué términos se va a producir la votación,
señor Presidente? En función de las intervenciones que hemos oído,
estamos un poco en duda en este momento.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, se va a proceder a votar la solicitud
del Grupo Socialista en los términos defendidos por el propio grupo, que
es el objeto del orden del día que ha motivado la convocatoria. Si
ustedes quieren se lo vuelvo a leer, pero estoy seguro de que se hacen
perfecta idea de cuáles son los términos del objeto de la convocatoria:
solicitud para que se celebre sesión extraordinaria de la Comisión de
Infraestructuras y comparezca el Ministro de Fomento para explicar las
medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno ante el requerimiento de
la Comisión Europea por violación del Derecho comunitario, que había sido
advertido por diversos grupos parlamentarios, en relación con la Ley
17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la
Directiva que conocen sobradamente SS. SS.

El Grupo Socialista ha especificado en este trámite que pretende que esa
solicitud de comparecencia se verifique antes de la fecha en la que el
Gobierno ha anunciado --y ha solicitado también de acuerdo con el
Reglamento-- su propia comparecencia, por las razones políticas y
jurídicas que ha expuesto su portavoz. En consecuencia, sometemos a
votación la solicitud de comparecencia del Gobierno en los términos
sostenidos por el señor Pérez Rubalcaba, en nombre de los 14 diputados de
su grupo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 26; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de solicitud del Grupo
Socialista.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta minutos de la tarde.