BOLETIN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA

Serie D:


GENERAL 9 de junio de 1997 Núm. 152

INDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000009 Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados por el que

se amplía el plazo, hasta el 30 de junio de 1997, para que la Subcomisión

de estudio sobre los sistemas privados de previsión social, creada en el

seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, finalice sus

trabajos (Página 2)

Control de la acción del Gobierno

COMUNICACIONES DEL GOBIERNO

200/000003 Comunicación del Gobierno en la que se solicita la

celebración de un debate de política general en torno al estado de la

Nación (Página 2)

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COMPOSICION Y ORGANIZACION DE LA CAMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000009

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy ha

acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Tercero.2 de la

Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio

de 1996, ampliar, hasta el próximo día 30 de junio, el plazo para que la

Subcomisión de estudio sobre los sistemas privados de previsión social

(núm. expte. 154/000009), creada en el seno de la Comisión de Economía,

Comercio y Hacienda, finalice sus trabajos.


Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo

97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO

COMUNICACIONES DEL GOBIERNO

200/000003

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el

acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:


(200) Comunicación del Gobierno.


AUTOR: Gobierno.


Comunicación del Gobierno en la que se solicita la celebración de un

debate de política general en torno al estado de la Nación.


Acuerdo:


Admitir a trámite para su deliberación ante el Pleno conforme al artículo

196 del Reglamento, trasladar a los Grupos Parlamentarios y publicar en

el BoletIn Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


ComunicaciOn del Gobierno al Congreso de los Diputados solicitando un

debate de polItica general en torno al estado de la NaciOn

Finalizado el primer año desde la formación del nuevo Gobierno, considera

éste oportuno solicitar a la Cámara la celebración del debate de política

general en torno al estado de la Nación. La celebración de este debate es

un exponente más de la normalidad democrática que vive nuestra sociedad y

manifestación del deseo del Gobierno de situar en sede parlamentaria las

cuestiones que suscitan interés en los ciudadanos.


La proyección exterior de España y los compromisos adquiridos en el seno

de la Unión Europea por nuestro país constituyen la primera referencia

del debate. La actividad del Gobierno en estos meses ha estado dirigida a

establecer las condiciones necesarias para la incorporación de España a

la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.


En las próximas semanas dos importantes encuentros internacionales, la

reunión de la Conferencia Intergubernamental de Jefes de Estado y de

Gobierno y la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en Madrid,

definirán la evolución de las instituciones de la Unión Europea y de la

estructura de seguridad occidental para los próximos años.


España se encuentra, en consecuencia, en un momento crucial y pleno de

posibilidades. Se nos presenta la oportunidad de participar activamente

en todos los acontecimientos relevantes que configurarán el futuro de

Europa. De nuestra capacidad para encontrar posiciones sólidas

ampliamente respaldadas por la sociedad española, dependerán los

resultados finalmente obtenidos. Es un momento para el diálogo sincero,

para la búsqueda de acuerdos y posiciones comunes. Es un momento en que

la estabilidad política, siempre benéfica, adquiere una especial

importancia.


El asegurar el acceso de España a la Unión Económica y Monetaria, así

como el convencimiento del Gobierno de la necesidad de una transformación

de la sociedad española justifica que se acometan reformas en

prácticamente todas las áreas de la vida económica. Se trata, en muchos

casos, de reformas parcialmente iniciadas en anteriores legislaturas, que

se han intensificado o completado en los últimos meses.





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La recuperación económica ha sido fuertemente impulsada por un conjunto

de medidas legislativas, administrativas y de gestión que han contado

tanto con los apoyos parlamentarios suficientes, como con la disposición

favorable de los agentes sociales. La política económica del Gobierno ha

hecho posible entrar en una senda de estabilidad y confianza cuyos

resultados resultan ya palpables.


En pocos meses, se han alcanzado tasas de inflación desconocidas, tipos

de interés similares a los del resto de países europeos y un clima

inversor muy favorable. Singular importancia tiene, por la trascendencia

social de este problema, la reducción del desempleo que ha tenido lugar

en este tiempo. Intensificar la creación de empleo estable es sin duda el

principal objetivo hacia el que se dirige y por el que continuará

luchando la política económica del Gobierno.


La madurez de las organizaciones sociales que vertebran nuestro país se

ha manifestado en el clima de diálogo social del último año. Dentro de

las lógicas y necesarias discrepancias sobre el modo de llevar a cabo las

reformas estructurales, los agentes sociales han demostrado ser

conscientes del importante momento en el que España se encuentra.


Entre otros, el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema

de Seguridad Social, como aplicación de los compromisos asumidos en el

Pacto de Toledo, y el Acuerdo por la Estabilidad del Empleo que permite

mejorar las condiciones laborales, reforzando al mismo tiempo la

negociación colectiva, son, por su incidencia social, dos logros de gran

valor político. Ambos están recibiendo un amplio respaldo de los grupos

parlamentarios representados en la Cámara y la mejor valoración de los

españoles.


Ha sido deseo del Gobierno que las administraciones públicas, y en

concreto, la Administración General del Estado, no fueran ajenas a las

rápidas transformaciones que se han operado en este período. Los

Presupuestos Generales del Estado para 1997 y la Ley de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social, aprobadas por las Cortes, son la más

nítida plasmación de la política del Gobierno para este año, y

constituyen la expresión de su compromiso de instaurar una política de

austeridad en todos los niveles de la Administración, que permita

mantener y mejorar los programas que sostienen nuestra sociedad del

bienestar. En un escenario de fuerte reducción del déficit esos programas

sociales no sólo no se han reducido sino que han aumentado en cuantía y

efectividad.


Las actuaciones en el área educativa han estado dirigidas a mejorar la

calidad y hacer posible la libre elección de centro, a la vez que se

garantiza el acceso a la educación gratuita. También se ha trabajado

intensamente en la consolidación de otro de los pilares del bienestar

social, el Sistema Nacional de Salud, mediante la paulatina introducción

de mejoras en la gestión a la vez que se daba apoyo e impulso a los

trabajos desarrollados en la Subcomisión creada al efecto en el Congreso.


El mejorar la calidad de los servicios y, al tiempo, reducir los gastos

públicos, evitando así la necesidad de aumentar los ingresos, es el

objetivo con el que se han proyectado un conjunto de medidas de reforma

de la Administración a desarrollar a lo largo de la Legislatura. La

inmediata reorganización y reducción de los Departamentos Ministeriales,

ya anunciadas en el Debate de Investidura, fueron seguidas de un conjunto

de reformas orgánicas dirigidas a reestructurar y racionalizar la

Administración General del Estado. Se trata de transformar la

Administración en un instrumento austero, transparente y eficaz, capaz de

atender las demandas de una sociedad moderna y plural que exige

respuestas rápidas y eficientes.


En este camino, la aprobación de la Ley de Ordenación y Funcionamiento de

la Administración del Estado ha supuesto un paso trascendental para la

modernización y racionalización de la Administración Pública.


En el ámbito autonómico, los esfuerzos del Gobierno se han dirigido hacia

dos objetivos, tal y como quedó ampliamente reflejado en el debate sobre

el Estado de las Autonomías celebrado en el Senado el pasado mes de

marzo. En primer lugar, culminar el Pacto Autonómico, suscrito en 1992

entre los grupos parlamentarios más representativos, con el fin de

completar el proceso de traspasos de competencias, según el modelo

previsto en la Constitución y los Estatutos de Autonomía. En estos

primeros meses, además, se han reformado los Estatutos de Autonomía de

Aragón y Canarias, y ha sido aprobada por el Pleno del Congreso la

reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.


En segundo término, dotar de una financiación adecuada a las Comunidades

Autónomas implicándolas en los esfuerzos para alcanzar la convergencia,

en el ámbito de la más estricta solidaridad interregional y mediante una

adecuada corresponsabilidad fiscal.


El nuevo modelo de financiación acordado para las Comunidades Autónomas

de régimen común, cumple fielmente estos objetivos. El reciente acuerdo

para la renovación del Concierto Económico con el País Vasco, la próxima

actualización del régimen fiscal navarro y el efectivo desarrollo del

régimen Económico Fiscal de Canarias completarán el esquema de

financiación y dotarán de la necesaria estabilidad a todas las

Administraciones Públicas españolas.


Como plasmación concreta del impulso del Gobierno a su programa político

y de investidura, se ha remitido a las Cámaras un amplio conjunto de

textos legales en los que se afronta la modernización de España, la

creación de empleo, la consolidación de los sistemas de bienestar, las

reformas estructurales y el sometimiento pleno de la acción de Gobierno

al control jurisdiccional. La próxima aprobación por las Cortes Generales

del proyecto de Ley de Gobierno completará el desarrollo legal de una

institución básica en nuestro ordenamiento constitucional.


Singular importancia tiene el conjunto de iniciativas legales destinadas

a la preservación y mejora del medio ambiente, objetivo por el que este

Gobierno apuesta decididamente.


Para concluir, esta comunicación no puede omitir la mención a la política

seguida contra el terrorismo en este período. Junto a la decidida

cooperación de terceros países, es preciso destacar que la creciente

actividad social en rechazo de los actos terroristas es el principal

valor




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político a conservar entre todos, todo lo cual facilita el éxito de la

labor policial.


Los próximos meses van a marcar de forma decisiva el futuro de nuestro

país. El Gobierno acude a este Debate del estado de la Nación con el

propósito de hacer balance de la situación política general, y de seguir

sumando esfuerzos con todos los grupos parlamentarios. Por ello, solicita

su apoyo para que las lógicas diferencias existentes sean un elemento

enriquecedor del debate y permitan aprovechar con plenitud las

oportunidades que España tiene ante sí.