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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 140, de 14/05/1997
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BOLETIN OFICIAL

DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

VI LEGISLATURA

Serie D:


GENERAL 14 de mayo de 1997 Núm. 140

INDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000015 Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados por el que

se crea, en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, una

Subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el

sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura (Página 3)
154/000016 Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados por el que

se crea, en el seno de la Comisión Constitucional, una Subcomisión para

el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad

pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público

Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer

las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la

Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias (Página 3)

154/000017 Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados por el que

se crea, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, una

Subcomisión para el estudio de la regulación de las situaciones y efectos

jurídicos derivados de las uniones de hecho, con independencia del sexo

de sus integrantes, y otras formas de convivencia distintas del

matrimonio (Página 3)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000096 Enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley presentada

por el Grupo Socialista del Congreso, sobre incorporación definitiva a

los museos nacionales y de titularidad estatal de obras de arte

pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización (Página 4)
Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de Ley

presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre incorporación

definitiva a los museos nacionales y de titularidad estatal de obras de

arte pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización

(Página 4)




Página 2




162/000129 Enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley presentada

por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la explotación

sexual de los niños (Página 5)

Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de Ley

presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la

explotación sexual de los niños (Página 5)

Comisión de Economía, Comercio y Hacienda

161/000411 Aprobación, con modificaciones, de la Proposición no de

Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),

por la que se insta al Gobierno a regular un Estatuto Fiscal Especial

para las cofradías de pescadores, así como enmienda formulada a la misma

(Página 6)

161/000421 Aprobación, con modificaciones de la Proposición no de Ley

presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre

mejora de la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

(Página 6)

Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo

161/000485 Aprobación de la Proposición no de Ley presentada por el

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre destino del 1% del

Producto Nacional Bruto (PNB) para la lucha contra la pobreza en el

Tercer Mundo, así como enmiendas formuladas a la misma (Página 7)

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000043 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario

Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas a

impulsar para garantizar una política educativa pública (Página 7)

172/000044 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario

de Coalición Canaria, sobre política del Gobierno en materia de

transportes aéreos entre la Península y los Archipiélagos (Página 8)

172/000045 Interpelación urgente formulada por el Grupo Socialista

del Congreso, sobre la política del Gobierno en relación a la regulación

de la interrupción voluntaria del embarazo (Página 8)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000038 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada

por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per

Catalunya, sobre la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas

de delitos, así como enmiendas formuladas a la misma (Página 9)

Aprobación por el Pleno de la Cámara, con modificaciones, de la

moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre

la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas de delitos

(Página 11)

173/000039 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada

por el Grupo Socialista del Congreso, sobre política de potenciación del

uso de genéricos en la prestación farmacéutica y rechazo por el Pleno de

la Cámara (Página 11)




Página 3




COMPOSICION Y ORGANIZACION DE LA CAMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES

Y PONENCIAS

154/000015

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha

acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la

Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio

de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería

y Pesca, de una Subcomisión para el estudio de las reformas necesarias

para modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad

futura (núm. expte. 154/000015), en los siguientes términos:


«a)Tendrá por objeto el estudio de las reformas necesarias para

modernizar el sector vitivinícola español, que garantice su viabilidad

futura y el equilibrio territorial y medioambiental en el Medio Rural.


b)La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada

uno de los Grupos Parlamentarios con más de cien Diputados en la Cámara,

dos representantes de cada uno de los Grupos con más de diez Diputados y

un representante de cada uno de los Grupos restantes.


c)En cualquier caso, el voto será ponderado.»

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en los «BOCG. Congreso de

los Diputados», serie E, núms. 41 y 60, de 23 de julio y 5 de noviembre

de 1996, respectivamente, con el núm. expte. 158/000017.


154/000016

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha

acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la

Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio

de 1996, la creación, en el seno de la Comisión Constitucional, de una

Subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de

titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente

Público Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y

proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión

aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias

(núm. expte. 154/000016), en los siguientes términos:


«La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de

los Grupos Parlamentarios con más de cien Diputados en la Cámara, dos

representantes de cada uno de los Grupos con más de diez Diputados y un

representante de cada uno de los Grupos restantes. En cualquier caso, el

voto será ponderado. La Subcomisión emitirá un informe con los resultados

de los trabajos.»

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en los «BOCG. Congreso de

los Diputados», serie D, núms. 149 y 135, de 25 de marzo y 29 de abril de

1997, respectivamente, con el núm. expte. 158/000029.


154/000017

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha

acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la

Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio

de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior,

de una Subcomisión para el estudio de la regulación de las situaciones y

efectos jurídicos derivados de las uniones de hecho, con independencia

del sexo de sus integrantes, y otras formas de convivencia distintas del

matrimonio (núm. expte. 154/000017), en los siguientes términos:


«La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de

los Grupos Parlamentarios con más de cien Diputados en la Cámara, dos

representantes de cada uno de los Grupos con más de diez Diputados y 1

representante de cada uno de los Grupos restantes. En cualquier caso, el

voto será ponderado. Dicha Subcomisión deberá dar término a sus estudios

antes del 30 de junio de 1997, emitiendo un informe con los resultados de

su trabajo.»

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Nota: La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de

los Diputados», serie D, núms. 124 y 135, de 10 de abril y 29 de abril de

1997, respectivamente, con el núm. expte. 158/000031.





Página 4




CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000096

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del

Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial

de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no

de Ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre incorporación definitiva

a los museos nacionales y de titularidad estatal de obras de arte

pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización (núm.


expte. 162/000096), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,

serie D, núm. 110, de 3 de marzo de 1997.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario

Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el

artículo 194 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta 1 enmienda de

substitución a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario

Socialista sobre Incorporación a los Museos de Obras de Arte (núm. expte.


162/000096).


Redacción que se propone:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter

urgente, acuerde en el seno de la Conferencia de Consejeros de Cultura,

con el apoyo, en su caso, de la Junta de Calificación, Valoración y

Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico Español, los criterios para

la incorporación o depósito a las colecciones de los Museos de

titularidad pública de aquellas obras de arte que por donación o

adquisición pasen a ser propiedad del Estado, pertenecientes a las

empresas públicas que han dejado de serlo o que se encuentran en proceso

de privatización»

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 1997.--El Portavoz

del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim Molins i

Amat.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 194 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo

Parlamentario Socialista sobre incorporación a los Museos de Obras de

Arte (núm. expte. 162/000096).


Madrid, 5 de mayo de 1997.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.


Enmienda de modificación

El texto quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar las gestiones

ya emprendidas para que las piezas más valiosas de las colecciones

artísticas de las empresas públicas recientemente privatizadas o en

proceso de privatización puedan ser contempladas en los Museos Públicos

españoles, mediante fórmulas flexibles, sin perjuicio de los legítimos

intereses de los titulares de las mencionadas empresas.


En este proceso, se tomarán en cuenta, a tenor de los informes técnicos

elaborados por los Museos que vayan a recibir las colecciones, los

criterios y sugerencias de sus patronatos correspondientes, que habrán de

ser emitidos cuando se plantee cada uno de los casos concretos.»

Justificación

Mejora técnica y extensión a todos los Museos de Titularidad Pública de

la posibilidad de incorporar las Obras de Arte mencionadas.


162/000096

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con

motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Socialista del

Congreso, sobre incorporación definitiva a los museos nacionales y de

titularidad estatal de obras de arte pertenecientes a empresas públicas

en proceso de privatización (núm. expte. 162/000096), ha acordado lo

siguiente:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. A, con carácter urgente, recabar la opinión de los patronatos del

Museo Nacional Reina Sofía, Museo del Prado y de la Junta de

Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico

Español, en torno a la incorporación a las colecciones de los Museos

Estatales de las obras de arte pertenecientes a las empresas públicas

privatizadas o en proceso de privatización.


2. Asimismo, acordar, con carácter urgente, en el seno de la Conferencia

de Consejeros de Cultura con el apoyo de la Junta de Calificación

mencionada, los criterios para la posible incorporación o depósito de

parte de




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dichas colecciones, en los restantes Museos de titularidad pública.


3. A instrumentar la operación jurídico-económica necesaria para la

consecución de dicho fin.»

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


162/000129

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del

Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial

de las Cortes Generales, de las enmiendas formuladas a la Proposición no

de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre explotación

sexual de los niños (núm. expte. 162/000129), publicada en el «BOCG.


Congreso de los Diputados», serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente

enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular,

sobre la explotación sexual de los niños, publicado en el «BOCG. Congreso

de los Diputados», serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997. (Núm.


expte. 162/000129.)

Enmienda

Al punto 6 (nuevo)

De adición.


Se propone la adición de un punto 6 nuevo, del siguiente tenor:


«6. a) Aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley 35/1995, de 11 de

diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y

contra la libertad sexual y contemplar en él de forma específica la

situación de los menores sometidos a este tipo de conductas.


b) Proceder, tras el estudio estadístico necesario, a implantar

oficinas de asistencia a las víctimas en aquellas sedes de Juzgados y

Tribunales y en las fiscalías en las que las necesidades lo exijan y

dotarlas de personal especializado en atención a los menores.


c) Difundir el contenido de la Acción común de 29 de noviembre de

1996 a fin de fomentar la presentación de proyectos encaminados a la

lucha contra el tráfico y explotación sexual de niños.


d) Potenciar, a través de acuerdos con los ayuntamientos y

Comunidades Autónomas, programas dirigidos a la detección e intervención

de la explotación sexual de menores y al tratamiento de las víctimas.


e) Impulsar la existencia en todas las provincias de efectivos del

Cuerpo Nacional de Policía especialmente preparados para la intervención

con menores que sufren abusos y explotación sexual.


f) Implantar mecanismos de coordinación y personal especializado que

puedan ser utilizados tanto en Juzgados como en Fiscalías a fin de

agilizar los trámites y reducir los elementos negativos que conlleva para

el menor la denuncia de delitos contra la libertad sexual.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.


162/000129

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con

motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso, sobre explotación sexual de los niños (núm.


expte. 162/000129), ha acordado lo siguiente:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Proseguir e impulsar la cooperación en el seno de la Unión Europea con

objeto de poner fin a la explotación sexual de los niños.


2. Realizar cuantas gestiones sean necesarias, en el marco de las

Naciones Unidas, para lograr la aplicación de las recomendaciones

adoptadas en el Congreso Mundial contra la explotación sexual de los

niños, celebrado en Estocolmo los días 27 al 31 de agosto de 1996.


3. Promover cuantos esfuerzos sean precisos para lograr que el tráfico de

seres humanos sea tipificado como delito a escala internacional y para

que la Convención de los Derechos del niño sea ratificada por todos los

países miembros de las Naciones Unidas.


4. Intensificar la cooperación policial y judicial dentro de la Unión

Europea en la lucha contra la explotación sexual de los niños,

especialmente en el marco del Convenio Europol o de nuevos instrumentos

especiales de cooperación.


5. Impulsar las reformas pertinentes para mejorar los instrumentos del

ordenamiento jurídico español en materia de prevención y persecución de

la explotación sexual de los niños, de modo que junto al eficaz castigo

de los culpables se garantice la adecuada protección y asistencia de sus

víctimas.


6. a) Aprobar el reglamento de desarrollo de la Ley 35/1995, de 11 de

diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y

contra la libertad sexual y




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contemplar en él de forma específica la situación de los menores

sometidos a este tipo de conductas.


b) Proceder, tras el estudio estadístico necesario, a implantar

oficinas de asistencia a las víctimas en aquellas sedes de Juzgados y

Tribunales y en las fiscalías en las que las necesidades lo exijan y

dotarlas de personal especializado en atención a los menores.


c) Difundir el contenido de la Acción Común, de 29 de noviembre de

1996, a fin de fomentar la presentación de proyectos encaminados a la

lucha contra el tráfico y explotación sexual de niños.


d) Potenciar, a través de acuerdos con los ayuntamientos y

Comunidades Autónomas, programas dirigidos a la detección e intervención

de la explotación sexual de menores y al tratamiento de las víctimas.


e) Continuar impulsando la existencia en todas las provincias de

efectivos del Cuerpo Nacional de Policía especialmente preparados para la

intervención con menores que sufren abusos y explotación sexual.


f) Implantar mecanismos de coordinación y personal especializado que

puedan ser utilizados tanto en Juzgados como en Fiscalías a fin de

agilizar los trámites y reducir los elementos negativos que conlleva para

el menor la denuncia de delitos contra la libertad sexual.»

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Comisión de Economía, Comercio y Hacienda

161/000411

La Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, en su sesión del día 7 de

mayo de 1997, aprobó con modificaciones, al haberse introducido

parcialmente la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, la

Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a regular un

Estatuto Fiscal Especial para las cofradías de pescadores (núm. expte.


161/000411), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència

i Unió) y publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,

núm. 114, de 18 de marzo de 1997, en los siguientes términos:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, respetando las

competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y en estrecha

coordinación con éstas, y teniendo presente la importancia que tienen

para el sector pesquero las Cofradías de pescadores, adopte aquellas

medidas necesarias que permitan el pleno desarrollo de su actividad y, en

consecuencia, modifique en el plazo de nueve meses el régimen fiscal,

contable y mercantil que resulte adecuado a tal finalidad.»

A dicha Proposición no de Ley se formuló una enmienda, cuyo texto se

inserta a continuación.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97

del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de

presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley por la que se

insta al Gobierno a regular un Estatuto Fiscal Especial para las

cofradías de pescadores.


Madrid, 6 de mayo de 1997.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.


Enmienda

De modificación.


El texto quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno para que, respetando las

competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y en estrecha

coordinación con éstas, y teniendo presente la importancia que tienen

para el sector pesquero las Cofradías de Pescadores, adopten aquellas

medidas necesarias que permitan el pleno desarrollo de su actividad, y se

analice, en consecuencia, el régimen fiscal que resulte adecuado a tal

finalidad.»

Justificación

Mejora técnica.


161/000421

La Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, en su sesión del día 7 de

mayo de 1997, aprobó con modificaciones la Proposición no de Ley sobre

mejora de la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) (núm.


expte. 161/000421), presentada por el Grupo Parlamentario Popular y

publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 114, de

18 de marzo de 1997, en los siguientes términos:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1.º Una vez conocidas las conclusiones de la Comisión interministerial

para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las

Pequeñas y medianas empresas, comparezca ante la Comisión de Economía,

Comercio y Hacienda para su información.


2.º Instrumente, en el plazo más breve posible, todos los medios para que

las medidas propuestas para dicha




Página 7




Comisión se plasmen en normas legales con el fin de que éstas entren en

vigor a partir del 1 de enero de 1998.»

Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97

del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


Comisión sobre Cooperación y Ayuda al

Desarrollo

161/000485

La Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo en su sesión del día

6 de mayo de 1997, aprobó, en sus propios términos, la Proposición no de

Ley sobre el destino del 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) para la

lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo (núm. expte. 161/000485),

presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el «BOCG.


Congreso de los Diputados», serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997.


«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los

mecanismos de coordinación necesarios para que el conjunto de las

Administraciones Públicas (Administración Central, Autonómica y Local)

alcancen entre todas, y en el horizonte del año 2000, el 0'7 % del PNB

como AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo).


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, incentivar

y facilitar que la sociedad española, desde la iniciativa privada,

alcance y destine, en el horizonte del año 2000, el 0,3 % del PNB para

luchar contra la pobreza en el Tercer Mundo, de acuerdo con las

recomendaciones de Naciones Unidas y la comunidad internacional.»

A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas, cuyos textos,

asimismo, se insertan.


Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97

del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa de la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las

siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario

Popular, sobre destino del 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) para la

lucha contra la pobreza en el Tercer Mundo, publicado en el «BOCG.


Congreso de los Diputados», serie D, núm. 135, de 29 de abril de 1997.


(Núm. expte. 161/000485.)

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 1997.--El Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.


Enmienda

Al punto 1.


De sustitución.


«1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas

presupuestarias precisas para que el objetivo del 0,35%, mediante crédito

ampliable en los Presupuestos Generales del Estado, se consolide y

ejecute durante 1997, se consigne el 0,5% en los Presupuestos Generales

del Estado para 1998, con el fin de alcanzar, en términos de recursos

públicos y mediante la coordinación necesaria con el conjunto de las

Administraciones Públicas, el 0,7% del PNB para AOD, durante la presente

Legislatura.»

Enmienda.


Al punto 2.


De modificación

Modificar el punto 2, a partir de «... facilitar», con la siguiente

redacción:


«2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, incentivar

y facilitar la puesta en marcha de programas de sensibilización para que

la sociedad española comparta el objetivo de lucha contra la pobreza y

disponga de los adecuados mecanismos legales y fiscales que posibiliten

dicha participación.»

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000043

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,

debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas a impulsar

para garantizar una política educativa pública (núm. expte. 172/000043),

cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el

artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.





Página 8




A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula la

siguiente Interpelación Urgente, dirigida al Gobierno para su debate en

el Pleno de la Cámara.


En el presente curso escolar 1996-97 y en los presupuestos para 1997 se

recogen las bases de una política que ha iniciado el recorte en los

recursos a la enseñanza pública y el incremento a la privada. Algunos

ejemplos de las medidas que está llevando a cabo la actual

administración, son el incremento --por encima de la ratio de la LOGSE--

del número de alumnos por aula, la reducción de los gastos de

funcionamiento de los centros, la congelación de las becas, la supresión

de desdobles de idioma y de asignaturas experimentales, el recorte de las

inversiones e incumplimiento de la Memoria económica de la LOGSE,

incumplimiento de los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre

plantillas y profesorado, la modificación a la baja de los requisitos

mínimos de los centros, la ruptura de un modelo de coordinación de los

centros públicos a través de la nueva norma de admisión.


Por otro lado, la negociación del traspaso de competencias en materia de

educación a las diez comunidades autónomas que el próximo 1 de enero las

asumirán, se está haciendo desde los actuales presupuestos, los más

restrictivos de la historia de nuestra democracia, lo que significa

condenar, a aquellas Comunidades Autónomas, que parten de una situación

de clara desventaja en la prestación de los servicios educativos más

básicos, a una gestión deficitaria e insatisfactoria.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda

Unida-Iniciativa per Catalunya formula la siguiente Interpelación Urgente

sobre las medidas a impulsar para garantizar una política educativa

pública.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1997.--María Jesús

Aramburu del Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa

Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federa IU-IC.


172/000044

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,

debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición

Canaria, sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos

entre la Península y los Archipiélagos (núm. expte. 172/000044), cuyo

texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el

artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto

en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los

Diputados, presenta la siguiente Interpelación Urgente, para su debate en

la próxima sesión plenaria, sobre la política del Gobierno en materia de

transportes aéreos entre la Península y los Archipiélagos:


La subida, el pasado 25 de abril, de las tarifas aéreas en los vuelos

nacionales, realizada aparentemente de forma concertada por las Compañías

operadoras (Iberia, Aviaco, Spanair y Air Europa), con especial

incidencia en los Archipiélagos Balear y Canario, supone el

establecimiento de una práctica que --además de implicar una vulneración

del principio de libre competencia-- entorpece la libre circulación entre

el territorio continental español y las Islas y pone al descubierto la

ausencia de políticas en transporte aéreo que garanticen las

comunicaciones con y entre las Islas en condiciones adecuadas para los

usuarios mediante el establecimiento de obligaciones de servicio público

y sus consiguientes obligaciones financieras. Esas políticas encuentran

su fundamento en el artículo 138.1 de la Constitución, en el Reglamento

(CEE) número 2408/92 del Consejo, de 23 de julio y en la Ley 19/1994, de

6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.


Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Coalición Canaria formula la

presente Interpelación Urgente, sobre la política que desarrolla o piensa

desarrollar el Gobierno para garantizar --en condiciones adecuadas-- el

transporte aéreo de personas y mercancías entre la Península y los

Archipiélagos Balear y Canario y para que éste se desarrolle conforme a

los principios y normas del Derecho Comunitario.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1997.--Paulino

Rivero Baute, Diputado del Grupo Parlamentario de Coalición

Canaria.--José Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo

Parlamentario de Coalición Canaria.


172/000045

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,

debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre

la política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción

voluntaria del embarazo (núm. expte. 172/000045), cuyo texto se inserta a

continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del

Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 180 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el

honor de presentar la siguiente Interpelación urgente sobre la política

del




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Gobierno en relación a la Regulación de la Interrupción Voluntaria del

Embarazo.


Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 9/1985, de 5 de junio, que incorporó con la redacción

vigente el artículo 417 bis del Código Penal, supuso un gran avance en

orden a adaptar la punibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo

a los requerimientos constitucionales, en la medida en que se reconoció

la indiscutible preeminencia de los derechos fundamentales de la mujer en

ciertas situaciones de necesidad o de no exigibilidad de otra conducta y

adoptó determinadas garantías para la protección del bien jurídico

constitucional representado por la vida embrionaria fuera de dichos

supuestos.


Sin embargo, tanto desde la perspectiva del reconocimiento de los

derechos de la mujer, como desde la tutela de la vida en formación, dicha

regulación parece hoy insatisfactoria: ni los derechos de la mujer quedan

debidamente amparados si se establece una suerte de «numerus clausus» de

situaciones de no exigibilidad (intentando limitar lo que, de suyo, no es

suceptible de limitación), ni la tutela de la vida embrionaria,

abandonando al albur del discutible intimidante de la amenaza penal,

resulta satisfactoria.


La decisión de ser madre no es hoy, ni desde luego ha sido nunca, un

acontecimiento insignificante en la vida íntima de una mujer. Puede

representar, a veces, una inmensa satisfacción y, otras, una carga

insoportable. El ordenamiento jurídico no puede limitarse a conocer la

inexigibilidad de la continuación del embarazo cuando existe riesgo para

la vida o la salud de la madre, o cuando el embarazo sea consecuencia de

una violación o se presuma que el feto haya de nacer con graves taras,

pues tales límites resultan inadecuados: hay numerosas situaciones,

distintas de las legalmente previstas, en las que el alumbramiento de un

hijo supone para la mujer inconvenientes tan graves que exigirle que lo

haga por medio de la coacción que la amenaza penal representa, resulta

impropio de un orden jurídico democrático.


Y no se crea que mediante el recurso a la pena, por encima de lo que

resulta razonable acudir a ella, se consigue una tutela adecuada del

embrión humano. Al contrario: la desmesura de la reacción penal frente a

la madre introduce un factor de rechazo privando al embrión de la única

protección eficaz (la que procede de la madre) y genera en ella y en

quienes la rodean un menosprecio por el Derecho del que no derivan, para

la vida embrionaria y, más aún, para la comunidad jurídica, sino

consecuencias indeseables.


Visto todo lo cual, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una

Proposición de Ley el día 12 de abril de 1996 para regular la

interrupción voluntaria del embarazo de una forma más adecuada a las

necesidades de la sociedad española.


Una vez aprobado el nuevo Código Penal se estimaba preciso proceder a una

más amplia despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.


Dicha iniciativa fue rechazada por el Pleno del Congreso de los Diputados

el día 18 de junio de 1996.


Sin embargo, sobre este tema sigue produciéndose un grave problema social

que no se puede ocultar, como lo demuestra la reciente Sentencia de 28 de

abril del presente año de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que

se condena a dos médicos por prácticas abortivas y, además, se les

comunica su ingreso en prisión, porque al no haber una regulación legal

suficiente, el juzgado exige el cumplimiento de la resolución judicial.


Con el fin de conocer los criterios de política criminal de este Gobierno

en relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo,

el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente Interpelación

Urgente al Gobierno en el Pleno de la Cámara para que informe en relación

a los criterios que piensa seguir en torno al tema que nos ocupa.


Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1997.--El Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.


MOCIONES CONSECUENCIA

DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000038

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la

Cámara, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes

Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre

la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas de delitos (núm.


expte. 173/000038), y de las enmiendas presentadas a la misma.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 184 del Reglamento de la

Cámara, y derivada de la interpelación urgente sobre la política del

Gobierno en la asistencia a las víctimas de delitos, el Grupo

Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya

presenta la siguiente

Moción

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que acometa, de

manera decidida e inmediata, una política de asistencia a las víctimas de

delitos, que contemple, al menos, los siguientes aspectos:


1. La aprobación urgente de las disposiciones necesarias para el completo

desarrollo y plena ejecución de




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las previsiones de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y

asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad

sexual.


2. El cumplimiento de los trámites precisos para la ratificación del

Convenio 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre la

indemnización a las víctimas de delitos violentos.


3. La implantación de Oficinas de asistencia a las víctimas en las sedes

de Audiencias Provinciales y en todas aquellas sedes de Juzgados con

especial incidencia de tramitación de causas por delitos, con personal

especializado en asistencia jurídica, psicológica y sanitaria, y con

formación permanente y continuada para llevar a cabo estas funciones.


4. La realización de las actuaciones indispensables para el

establecimiento de convenios con las Comunidades Autónomas y con las

Corporaciones Locales, para la encomienda de gestión de estas Oficinas.


5. La incorporación, en los próximos proyectos de Presupuestos Generales

del Estado, de créditos presupuestarios suficientes para el cumplimiento

de las previsiones de la Ley 35/1995.


6. La adopción de las medidas oportunas para que, durante todo el

procedimiento, las víctimas de delitos sean informadas detalladamente de

la posibilidad de acogerse a los beneficios de la Ley 35/1995 y de otras

ayudas públicas, y del procedimiento para hacerlo, y especialmente,

aunque no sean parte en el proceso, cuando se les notifique la sentencia

o resolución definitiva. Para ello, se editarán los formularios y

folletos explicativos que sean necesarios y en los términos que hagan

fácilmente entendibles estos extremos.


7. La elaboración de Informes anuales sobre el número de las ayudas

solicitadas y concedidas a las víctimas y las estadísticas de comisión de

delitos violentos y contra la libertad sexual. Estos Informes anuales se

remitirán a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los

Diputados.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 1997.--Cristina

Almeida Castro, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa

Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y

siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,

presentar las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de

Interpelación Urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda

Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en la

asistencia a las víctimas de delitos.


Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 1997.--El Portavoz

del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.


Enmienda

Al punto 3.


De sustitución.


«3. La realización, en el plazo de seis meses, de un estudio estadístico

en cada una de las Audiencias Provinciales, Juzgados y Fiscalías de la

incidencia de los delitos violentos y contra la libertad sexual a los

efectos de determinar posteriormente la conveniencia de creación de

Oficinas de asistencia en aquellas cuyas necesidades lo exijan.»

Enmienda

Al punto 4.


De adición.


Añadir al final del punto 4 el siguiente texto:


«... en los casos en los que las necesidades lo exijan a la vista del

estudio estadístico previo de la incidencia de este tipo de delitos.»

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 184.2 del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor

de presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de

Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda

Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en la

asistencia a las víctimas de delitos.


Madrid, 5 de mayo de 1997.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.


Enmienda

De modificación.


El texto quedará redactado como sigue:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que acometa, de

manera decidida e inmediata, una política de asistencia a las víctimas de

delitos, que contemple, al menos, los siguientes aspectos:


1. La aprobación urgente de las disposiciones reglamentarias ya

elaboradas por el Gobierno necesarias para el completo desarrollo y plena

ejecución de las previsiones de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de

ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la

libertad sexual.


2. El cumplimiento de los trámites precisos para la ratificación del

Convenio 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre la

indemnización a las víctimas de delitos violentos.





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3. La adopción de las medidas oportunas para que, durante todo el

procedimiento, las víctimas de delitos sean informadas detalladamente de

la posibilidad de acogerse a los beneficios de la Ley 35/1995 y de otras

ayudas públicas, y del procedimiento para hacerlo, y especialmente,

aunque no sean parte en el proceso, cuando se les notifique la sentencia

o resolución definitiva. Para ello, se editarán los formularios y

folletos explicativos que sean necesarios y en los términos que hagan

fácilmente entendibles estos extremos.


4. La elaboración de Informes anuales sobre el número de las ayudas

solicitadas y concedidas a las víctimas y las estadísticas de comisión de

delitos violentos y contra la libertad sexual. Estos Informes anuales se

remitirán a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los

Diputados.»

Justificación

Ajustar el texto de la moción a los términos de la realidad.


Mejora técnica y de redacción.


173/000038

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con

motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,

sobre la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas de delitos

(núm. expte. 173/000038), ha acordado lo siguiente:


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que acometa, de

manera decidida e inmediata, una política de asistencia a las víctimas de

delitos, que contemple, al menos, los siguientes aspectos:


1. La aprobación urgente de las disposiciones necesarias para el completo

desarrollo y plena ejecución de las previsiones de la Ley 35/1995, de 11

de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos

y contra la libertad sexual.


2. El cumplimiento de los trámites precisos para la ratificación del

Convenio 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre la

indemnización a las víctimas de delitos violentos.


3. La realización de cuantas medidas sean precisas para la implantación

de Oficinas de asistencia a las víctimas, en coordinación con las

Comunidades Autónomas y sin perjuicio de las competencias propias de

éstas, dotando a dichas Oficinas del personal adecuado para llevar a cabo

su tarea asistencial. A tal fin, se procederá en el plazo de seis meses a

la realización de un estudio estadístico en cada una de las Audiencias,

Juzgados y Fiscalías, sobre la incidencia de los delitos violentos y

contra la libertad sexual, a los efectos de determinar posteriormente la

conveniencia de creación de Oficinas de asistencia en aquéllas cuyas

necesidades lo exijan.


4. La adopción de las medidas oportunas para que, durante todo el

procedimiento, las víctimas de delitos

sean informadas detalladamente de la posibilidad de acogerse a los

beneficios de la Ley 35/1995 y de otras ayudas públicas, y del

procedimiento para hacerlo, y especialmente, aunque no sean parte en el

proceso, cuando se les notifique la sentencia o resolución definitiva.


Para ello, se editarán los formularios y folletos explicativos que sean

necesarios y en los términos que hagan fácilmente entendibles estos

extremos.


5. La elaboración de Informes anuales sobre el número de las ayudas

solicitadas y concedidas a las víctimas y las estadísticas de comisión de

delitos violentos y contra la libertad sexual. Estos Informes anuales se

remitirán a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los

Diputados.»

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


173/000039

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción

consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Socialista

del Congreso, sobre política de potenciación del uso de genéricos en la

prestación farmacéutica (núm. expte. 173/000039), cuyo texto se inserta a

continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del

Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 1997.--El Presidente

del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme

a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del

vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente

Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre Política de

potenciación del uso de genéricos en la prestación farmacéutica.


Moción

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. A que modifique el marco normativo recientemente aprobado por el

Gobierno en materia de medicamentos genéricos, en aquellos aspectos que

introducen restricciones a la entrada de los mismos en el mercado

farmacéutico español.





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Estas modificaciones han de producirse en el sentido de que el período de

protección de 10 años que se establece para las especialidades

farmacéuticas de investigación original, quede reducida a 6, acomodándolo

al marco de la Directiva 87/21. Igualmente a suprimir el requisito de

identificación con las siglas EFG en el etiquetado, a las especialidades

genéricas.


2. A que inicie actuaciones tendentes a corregir los obstáculos que

existen en el mercado del medicamento y que dificultan la plena

implantación de los medicamentos genéricos.


3. A que desarrolle políticas de potenciación del uso de los medicamentos

genéricos en el marco de la prestación farmacéutica, especialmente, en el

ámbito de la prescripción y la dispensación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 1997.--Pilar Novoa

Carcarcia, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Joaquín Almunia

Amann, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.