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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 55, de 21/01/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 55
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión de la Diputación Permanente núm. 3
celebrada el martes, 21 de enero de 1997
ORDEN DEL DIA:
--Solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Federales de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, de convocatoria de la
Diputación Permanente para debatir y, en su caso, aprobar la
comparecencia en las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca e
Infraestructuras, respectivamente, de los titulares de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Fomento, para exponer la
evaluación que ha hecho el Gobierno de los daños provocados en la
Agricultura y en las infraestructuras de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el reciente temporal, así como para informar de los plazos
de ejecución de las medidas que tengan previsto adoptar para paliar sus
efectos, y las medidas que piensen adoptar para evitar que se repitan los
daños causados por la situación de abandono institucional en que se
hallan grandes áreas de dicha Comunidad (número de expediente 062/000007)
(Página 2667)
--Solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, de convocatoria de la Diputación
Permanente para debatir y, en su caso, aprobar la comparecencia ante la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, del Secretario de Estado de
Hacienda y del Director General de la Agencia Tributaria, para informar
de la prescripción de expedientes de la Inspección de Tributos por un
valor aproximado de doscientos mil millones de pesetas (número de
expediente 062/000008) (Página 2676)
--Solicitud formulada por 15 Diputados pertenecientes al Grupo Socialista
del Congreso, que suponen más de una quinta parte de los miembros de la
Diputación Permanente, de Convocatoria de esta para que por la misma se
solicite celebración de sesión extraordinaria de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda con el siguiente orden del día: comparecencia del
Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, para informar
sobre la acusación formulada por el mismo contra los anteriores
responsables de ese Ministerio y de la Agencia Tributaria de pérdida de
200.000 millones de ingresos Fiscales (número de expediente 062/000009)
(Página 2681)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
Solicitud formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, de convocatoria de la Diputación
Permanente para debatir y, en su caso, aprobar la comparecencia en las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca e Infraestructuras,
respectivamente, de los titulares de los ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Fomento, para exponer la evaluación que ha hecho
el Gobierno de los daños provocados en la agricultura y en las
infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el reciente
temporal, así como para informar de los plazos de ejecución de las
medidas que tengan previsto adoptar para paliar sus efectos y las medidas
que piensen adoptar para evitar que se repitan los daños causados por la
situación de abandono institucional en que se hallan grandes áreas de
dicha Comunidad (Página 2667)
El señor Presidente informa de la solicitud de convocatoria de la
Diputación Permanente, presentada por los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, para debatir y, en su
caso, aprobar la comparecencia en las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca e Infraestructuras, respectivamente, de los titulares
de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Fomento.
En defensa de dicha solicitud interviene el señor Alcaraz Masats, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); la señora Rubiales
Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Posada Moreno,
del Grupo Parlamentario Popular.
Intervienen en un turno excepcional de réplica el señor Alcaraz Masats,
la señora Rubiales Torrejón y el señor Posada Moreno, siendo retirada la
solicitud de comparecencia por el señor Alcaraz Masats.
Solicitud formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, de convocatoria de la Diputación
Permanente para debatir y, en su caso, aprobar la comparececia ante la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Secretario de Estado de
Hacienda y del Director General de la Agencia Tributaria, para informar
de la prescripción de expedientes de la Inspección de Tributos por un
valor aproximado de doscientos mil millones de pesetas (Página 2676)
En defensa de la solicitud de comparecencia, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo
Parlamentario Mixto, interviene el señor Saura Laporta.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Almunia Amann, del Grupo Parlamentario Socialista, y Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, se aprueba la solicitud de comparecencia por
unanimidad.
Solicitud formulada por 15 Diputados pertenecientes al Grupo Socialista
del Congreso, que suponen más de una quinta parte de los miembros de la
Diputación Permanente, de convocatoria de ésta para que por la misma se
solicite celebración de sesión extraordinaria de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda con el siguiente orden del día: Comparecencia del
Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, para informar
sobre la acusación formulada por el mismo contra los anteriores
responsables de ese Ministerio y de la Agencia Tributaria de la pérdida
de doscientos mil millones de ingresos fiscales (Página 2681)
En defensa de dicha solicitud, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Almunia Amann.
En turno en contra, interviene el señor Aguirre Rodríguez.
En turno por alusiones intervienen los señores De Grandes Pascual, Acebes
Paniagua y Almunia Amann.
En turno de réplica, interviene el señor Aguirre Rodríguez.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la solicitud debatida, se rechaza por 17 votos a
favor, 27 en contra y cinco abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.
--SOLICITUD FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA Y MIXTO, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACION
PERMANENTE PARA DEBATIR Y, EN SU CASO, APROBAR LA COMPARECENCIA EN LAS
COMISIONES DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA E INFRAESTRUCTURAS,
RESPECTIVAMENTE, DE LOS TITULARES DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION Y DE FOMENTO, PARA EXPONER LA EVALUACION QUE HA
HECHO EL GOBIERNO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS EN LA AGRICULTURA Y EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, POR EL RECIENTE
TEMPORAL, ASI COMO PARA INFORMAR DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LAS
MEDIDAS QUE TENGAN PREVISTO ADOPTAR PARA PALIAR SUS EFECTOS, Y LAS
MEDIDAS QUE PIENSEN ADOPTAR PARA EVITAR QUE SE REPITAN LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LA SITUACION DE ABANDONO INSTITUCIONAL EN QUE SE HALLAN GRANDES AREAS
DE DICHA COMUNIDAD (Número de expediente 062/000007)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados miembros de
la Diputación Permanente, que ha sido convocada con el orden del día que
se les repartió previamente, por tres solicitudes de grupos
parlamentarios, suficientemente legitimados para producir esta sesión. El
punto primero del orden del día es, de entre aquellas solicitudes, la
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, para debatir y, en su caso,
aprobar la comparecencia en las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca e Infraestructuras, respectivamente, de los titulares de los
ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Fomento, para
exponer la evaluación que ha hecho el Gobierno de los daños provocados en
la agricultura y en las infraestructuras en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el reciente temporal, así como para informar de los plazos
de ejecución de las medidas que tengan previsto adoptar para paliar sus
efectos, y de aquellas medidas que piensen adoptar para evitar que se
repitan los daños causados por la situación de abandono institucional en
que se hallan grandes áreas de dicha Comunidad.
Para la presentación y defensa de la solicitud, tiene, en primer lugar,
la palabra el señor Alcaraz, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A estas alturas, nadie dudará de la urgencia de las comparecencias que
solicitamos en este acto, máxime cuando, por unas o por otras razones, se
trata siempre de adecuar el tiempo parlamentario al tiempo real, por malo
que sea, y de cara también --cuestión que debe afectarnos a todos los
Diputados-- a la recuperación del prestigio de la política.
Sin duda, el temporal ha sido muy fuerte --sigue siendo muy fuerte--,
pero se tiene la sensación general de que ciertos daños, sobre todo los
producidos en obras públicas, y singularmente en carreteras, han sido
desproporcionados, no se esperaban, lo que quiere decir que hay un cierto
estupor, fundamentalmente, por lo que se refiere a las carreteras de
actual construcción. Ciertas explicaciones que han dado responsables de
la administración autonómica han invertido la argumentación al decir que,
efectivamente, se han roto carreteras del año 1992, pero también las de
1960 y 1950, lo que abona y alimenta, naturalmente, el estupor al que me
estoy refiriendo. Desde ese punto de vista, nos preguntamos cómo se han
gobernado las obras públicas, las carreteras, sector que desde el año
1992 hasta ahora está desarrollando una imagen de incorporación de
Andalucía a Europa y al siglo XXI.
Ahí está la anécdota contradictoria que se ha producido en Cádiz y que no
me resisto a sintetizar: unos camiones marchaban hacia la parte superior
de una sierra, en ese momento la carretera de acceso a esa parte de la
sierra estaba cortada, los camioneros preguntaron por dónde tendrían que
tirar y les dijeron que volvieran por el puente romano, que no se había
caído. Paradójico. En este momento no estamos pidiendo que vuelvan a
gobernar los romanos, pero no excluimos que en alguna chirigota del
próximo carnaval de Cádiz se haga referencia a esta anécdota.
Este tema, señor Presidente, exige una reflexión: en principio, debiera
empezar a bajar el volumen de esa prepotencia ingenieril que venimos
sufriendo en los últimos años con respecto a las soluciones que se están
dando a Andalucía. El temporal no está en la oposición, pero ha puesto de
manifiesto muchísimas cosas, ha realizado una auténtica radiografía de la
situación en nuestra comunidad autónoma, y muchos nos preguntamos por qué
somos tan vulnerables, por qué somos tan frágiles, incluso en relación a
temporales del mismo volumen ocurridos en Europa, por qué no responden
las infraestructuras públicas, por qué habría que hacer otras tantas
infraestructuras que están pendientes.
Junto a estos daños, a los que ahora me referiré, naturalmente está el
volumen, también altísimo, de otros producidos en la agricultura --para
algunos cultivos ya no será la cosecha del siglo, sino, en todo caso, la
segunda o tercera cosecha del siglo--, en ganadería, en infraestructura
municipal y de todas las entidades locales, en viviendas y en enseres.
La respuesta que determinados sectores de la política, singularmente los
representantes del Gobierno central y del autonómico, han dado a la
catástrofe ha sido, a nuestro juicio, improvisada, sobre todo con
respecto a las primeras valoraciones, justificativa y confusa, y se ha
desplegado con toda virulencia ese interminable conflicto, que a veces
raya en la astracanada, entre el Gobierno central y el Gobierno
autonómico. Hasta el simple hecho de un vuelo en helicóptero se convierte
en una querella de alemanes, porque no cabían todos. ¿Por qué no se paran
ciertos motores, los necesarios hasta la campaña electoral, y nos
aprestamos a coordinar soluciones, que deben proceder de todas y cada una
de las administraciones en función de sus competencias, responsabilidades
y niveles?
Hace una semana, el Gobierno autonómico evaluaba provisionalmente los
daños, excluyendo el patrimonio histórico y los enseres personales, en
unos 50.000 millones de pesetas, y pedía, según parece, que el Gobierno
central afrontara el coste íntegro del temporal. Pocos días después, la
valoración subía a más del doble, con datos que nos llegaron procedentes
de la Delegación del Gobierno, datos que se habían hecho en este segundo
tramo junto a la administración autonómica. Por daños conjuntos de las
dos administraciones figuran ya 65.330 millones y por daños en bienes del
Estado unos 35.212 millones de pesetas, es decir, una cuantía superior a
los 100.000 millones de pesetas, que afectan de manera determinada a
todas y cada una de las provincias --Almería, 11.000 millones; Cádiz,
17.000; Córdoba, 5.000; Granada, 13.000; Huelva, 13.000 también en
números redondos; Jaén, 4.000; Málaga, 19.000, y Sevilla, 12.000--, daños
a los que habría que sumar los producidos, sin duda muy altos, en
agricultura y en el medio rural en general.
Habría que sumar la cuantía de estos daños a la de ocasiones anteriores.
Para tomar un punto de referencia objetivo establecido por algunas de las
organizaciones empresariales, vamos a aceptar la valoración más baja que
se ha hecho de estos años, no la más alta, que aporta una cuantificación
bastante importante que aumenta muchísimo la que anteriormente he
expuesto. El temporal ha provocado el arrastre de millones de toneladas
de tierra fértil, por escasa forestación y por falta de infraestructura
fundamentalmente.
La valoración de los daños que se ha hecho afecta de la siguiente forma a
los distintos cultivos: para el olivar, daños por valor de 28.250
millones; la remolacha, 8.000 millones; cultivos herbáceos, 7.000
millones ; frutas y hortalizas, 40.500 millones; fresas, 7.500 millones;
invernaderos de flor cortada, 1.200 millones; infraestructura rurales,
34.800 millones; ganadería, 1.250 millones, que suman un montante de
128.500 millones, que también se pueden estratificar teniendo en cuenta
las distintas provincias: Huelva, 9.500 millones; Jaén, 18.000; Málaga,
7.000; Sevilla, 20.000; Almería,
28.000; Cádiz, 21.500; Córdoba 14.500 y Granada 10.000 millones.
Yendo a cifras oficiales y, de otra parte, tomando como punto de
referencia las que ciertas organizaciones empresariales han valorado en
la banda baja, aquí aparece un volumen de enorme importancia y ahora se
trata de adoptar medidas urgentes. En este caso sí está absolutamente
justificada, desde el punto de vista constitucional, la promulgación de
un decreto; en otros muchos que venimos discutiendo en esa Cámara, no
--hay recursos basados en este argumento--; pero en este caso no hay
ninguna duda.
A nuestro juicio, se trata de promulgar un decreto urgente que contenga
un crédito ampliable, teniendo en cuenta los daños y la necesidad de
reparar de inmediato una serie de cuestiones para afrontar, junto a la
agricultura, el tema de viviendas, enseres y daños en el medio rural.
Estamos hablando en este nivel, pero lo mismo hemos dicho a nivel
autónomo. Teniendo en cuenta que muchas catástrofes a veces han concitado
de inmediato un decreto, pero después no se han pagado totalmente las
medidas que se adoptaron --concretamente me puedo referir a los problemas
del año pasado--, es en este momento cuando hay que hacer de verdad
política de manera urgente.
Yo creo --también lo hemos dicho a nivel autonómico-- que ésta es la
oportunidad del Gobierno del Estado para verificar su credibilidad y que
están dispuestos a hacer política concreta en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. No va a valer la amnesia, ni el olvido en este caso. Vamos a
intentar que se promulgue un decreto y, a partir de ahí, no se va a
olvidar este tema, como se olvidan otros de inmediato que concitan fotos,
sublevaciones y todo tipo de medidas que se van a adoptar pero que
después se olvidan. En este caso la situación es muy grave y nadie está
dispuesto a olvidar este tema para que se cumplan las medidas adecuadas
que se adopten.
Junto a la reparación de las obras públicas y a todo tipo de medidas a
las que me referí al principio de mi intervención, hay algunas que están
sonando en los distintos sectores. Por ejemplo, eliminación del requisito
de las peonadas, que sirven para acceder al subsidio agrario en los
territorios fuertemente afectados por el temporal. Ahora se exigen, como
ustedes saben, 40 peonadas. La necesidad de una cantidad adicional al PER
--se ha dicho que son cientos de miles de millones, pero son sólo 17.000
millones de pesetas--, un PER extraordinario, para que los ayuntamientos,
que no tienen presupuesto y están endeudados hasta las cejas, puedan
hacer frente a los daños causados en su nivel de responsabilidad y para
que las obras empiecen a realizarse este mismo año.
A nivel agrario, junto a los grandes temas de infraestructuras,
planteamos lo que están pidiendo las organizaciones empresariales: la
necesidad de flexibilizar las condiciones para la concesión de las ayudas
agrícolas y ganaderas. En el tema concreto del algodón, es preciso
remodelar el rebasamiento del cupo nacional y que haya una exención en
las penalizaciones por este rebasamiento. La necesidad del adecentamiento
y el arreglo inmediato --las cantidades que se barajan son ridículas y
las medidas que se proponen siempre olvidan este tema-- de los caminos
rurales. La reparación de las acequias, canales y demás conducciones
hidráulicas. En los últimos años (me refiero a los últimos 50 ó 60 años,
y sigue la situación igual) se está perdiendo el 50 por ciento del agua
en los canales y en las demás acequias y conducciones hidráulicas, lo
mismo que el 60 por ciento del agua de lluvia ha tenido que ir al mar por
falta de regulación.
También planteamos la necesidad de que las explotaciones familiares
agrarias puedan empezar a contar con un seguro integral de explotación,
ayudas a fondo perdido; la reducción de los índices y módulos del sistema
de estimación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la
exención de cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
rústica del año 1997, etcétera. Creemos que es precisa cierta exención
--después hablaremos algo más de este tema en el segundo punto-- del pago
de la cuota a la Seguridad Social a los agricultores y ganaderos,
empresas familiares y trabajadores incluidos tanto en el REA como en el
RETA; la necesidad de préstamos a los afectados por el temporal, a bajo
interés, con carácter modulado; y, más en general, la necesidad de crear
un plan de ordenación rural.
Termino, señor Presidente, diciendo dos o tres cosas brevísimas que
sintetizan nuestra posición, que expresa una gran parte del sentir
andaluz en estos momentos, con independencia de los conflictos entre las
distintas administraciones, que rebasan la necesidad de asentar la
conciencia en las soluciones que se están planteando.
Es una oportunidad política, de respuesta, que el Gobierno central no
debe desconocer en este momento y que hay que asumir con todas sus
consecuencias. Precisa una valoración adecuada, un decreto urgente con
crédito ampliable y el cumplimiento, a corto plazo, de todos los
compromisos, promesas y medidas que se adopten. No vale el olvido.
Debiera terminar ya cualquier obstáculo que se derive del no
entendimiento entre las distintas administraciones.
También queremos recordar que el temporal sigue, lo que hasta cierto
punto justifica mucho más nuestra petición de comparecencia urgente de
los ministros correspondientes, en este caso del Ministro de Fomento y de
la Ministra de Agricultura, porque, con independencia de la evaluación
que se haga, nos interesa conocer también, al mismo nivel, las medidas
que se
vayan a adoptar y en qué plazo se van a cumplimentar las soluciones
reguladas.
Termino diciendo que ahora de verdad empieza la batalla política. Después
de haber ayudado en las circunstancias graves que han ocurrido, ahora
empieza la batalla, al cumplimentar las soluciones y que éstas sean
justas. Nosotros vamos a dar aquí, de manera rigurosa y constante, esta
batalla aquí y en las instituciones de todos los niveles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Entiende la Presidencia que la ausencia del señor Chiquillo, que es el
otro firmante de la solicitud, en nombre del Grupo Mixto, hace que se
haya consumido el turno a favor con la intervención del señor Alcaraz,
del Grupo de Izquierda Unida.
En consecuencia, ¿algún grupo parlamentario desea consumir un turno en
contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Al Grupo Parlamentario Vasco le parece razonable la solicitud de
comparecencia realizada. Dada la transcendencia que han tenido estas
inundaciones en Andalucía, nos parece razonable que exista una valoración
por parte del Gobierno en torno a estas inundaciones y la exposición
detallada de las medidas que piensa adoptar ante la magnitud de esta
catástrofe. Al margen de la intervención que ha realizado el señor
Alcaraz, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, nos consta que en el registro ha entrado en el día de
ayer, presentada por el Gobierno, la solicitud de comparecencia del
Subsecretario del Ministerio de Fomento ante la Comisión de
Infraestructuras y del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para
informar de estos daños precisamente, por lo cual entendemos que, al
margen de ponerse medallas o apuntarse tantos en relación a que estas
comparecencias se produzcan, lo que es trascendente es el objeto del tema
que nos ocupa, y es algo que deberíamos atender en esta Diputación
Permanente, dado que el temporal, ciertamente, ha puesto de manifiesto la
fragilidad de estas infraestructuras.
Para terminar, no quisiera reavivar en ningún caso el discurso de
agravios interterritoriales que está sustentado por hilvanes en este
Estado. Sólo quisiera dejar colgada una pregunta, al hilo de la
intervención del señor Alcaraz. ¿Qué hubiera pasado, señor Presidente, si
ese discurso hubiese sido sostenido en sus mismos términos por un
portavoz del Grupo Catalán, de Convergència i Unió, o por un portavoz del
Grupo Vasco?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar
nuestro apoyo a la petición formulada por los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto para debatir y, en su
caso, aprobar la comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca y en la Comisión de Infraestructuras de los titulares del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de
Fomento para que expongan la evaluación que ha hecho el Gobierno de los
daños provocados en la agricultura y en las infraestructuras en la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el temporal que aún asola a esta
comunidad.
Mi grupo parlamentario realizó el pasado viernes, día 17 de enero, una
petición de comparecencia en las comisiones respectivas de estos dos
mismos ministros, así como de los de Justicia e Interior, responsables de
la protección civil, de Trabajo y Asuntos Sociales, como titular de un
ministerio que es competente para la adopción de medidas de carácter
laboral que se precisan, y de Economía, como responsable de las
decisiones necesarias para hacer frente a los diversos y graves problemas
crediticios provocados por las lluvias en Andalucía.
Mi grupo no pidió la convocatoria de la Diputación Permanente, señor
Presidente, como consecuencia del propio debate producido en este mismo
órgano el día anterior, el jueves de la semana pasada, cuando mi grupo
pidió la comparecencia del Ministro de Economía y del Presidente de
Telefónica para que informaran del proceso de privatización total de esta
compañía, que hoy ya ha sido consumado. Sus señorías recordararán que ese
mismo día y aquí mismo por parte de los diferentes grupos parlamentarios
se dio la razón a la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Socialista, pero se votó mayoritariamente en contra,
alegando que faltaban sólo quince días para el comienzo del período de
sesiones y que se podía esperar a que este tiempo transcurriera y se
cumpliera ese deseo de comparecencia, comparecencia que, pese a ser
votada mayoritariamente en contra, todos estimaban necesaria. En
cualquier caso, deseamos fervientemente que la iniciativa de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Mixto corra hoy mejor suerte y
pueda recibir el apoyo de esta Diputación Permanente.
Mi grupo piensa que merece la pena que el problema que ahora discutimos
no sólo se debata, sino que
se resuelva ya lo más urgentemente posible. La situación por la que están
atravesando miles de personas en Andalucía exige el esfuerzo de todos los
grupos presentes en esta Diputación Permanente y, sobre todo, del
Gobierno de España. Pensamos que la comparecencia de los ministros de
Agricultura y de Fomento son necesarias, pero no son suficientes, y,
sobre todo, que la grave situación de Andalucía no admite ninguna demora
ya. El temporal que ha sufrido España en el mes de diciembre pasado, que
continúa en el presente mes de enero y al que todavía no se le ve fin, ha
afectado a todo el territorio nacional, pero de forma muy especial a
Andalucía, y no podemos esperar a que termine. La situación no lo
permite. Está siendo un temporal durísimo, tanto por la cantidad de los
daños producidos, como por la calidad de los mismos, por su intensidad y
por su duración. Nueve víctimas mortales más el niño desaparecido ayer en
la provincia de Jaén son un triste balance que por sí solo lo justifica,
pero no es el único efecto perverso producido en Andalucía. Desde el
pasado 11 de diciembre se han venido sucediendo diferentes frentes de
lluvia que han llevado a situaciones de emergencia en diversas
poblaciones y causado importantes daños en Andalucía, situación que se
mantiene, desgraciadamente, al día de hoy y sin visos claros de
terminación. Lamentablemente se puede decir que actualmente cada día que
pasa es peor, porque, señorías, y nunca mejor dicho, llueve sobre mojado.
Tengo que añadir a continuación que no comparto las afirmaciones del
portavoz de Izquierda Unida. De sus palabras iniciales, señor Alcaraz, no
parecía que hubiera temporal en Andalucía, sino que lo que había era
conflicto entre administraciones públicas, dejadez de los ingenieros o
prepotencia ingenieril. Yo le diría, señor Alcaraz, que no debería usted
ayudar tanto al Partido Popular, que ellos tienen la posibilidad de
defenderse y de hacerlo solos, y recuerde que para su grupo parlamentario
no ha tenido especiales consecuencias favorables, desde un punto de vista
electoral, la política de pinza, de la que, por lo visto, su grupo
parlamentario todavía siente añoranza.
En Andalucía durante estos meses ha funcionado, señorías, la relación
entre los ayuntamientos afectados y el Gobierno de la Junta de Andalucía,
así como la adecuada coordinación con determinados efectivos: bomberos,
policía local, Guardia Civil, las agrupaciones de protección civil,
etcétera. Esto ha posibilitado respuestas rápidas a situaciones de
emergencia que se han producido, así como la adopción de medidas
preventivas: evacuaciones, realojamiento de población, etcétera.
En situaciones de emergencia es imprescindible una información fluida y
puntual de todos los organismos implicados, al efecto de permitir una
mejor valoración de la situación y la adopción de medidas preventivas.
Numerosos alcaldes andaluces, sobre todo de la provincia de Sevilla, de
la que soy Diputada, han puesto de manifiesto, señorías, la falta de
información, e incluso la negación de la misma por parte de la Delegación
del Gobierno en Andalucía y especialmente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, en lo referente a la regulación de cuencas
y embalses. La Diputada que les habla, señorías, ha pedido al Gobierno
que lleve a cabo una información sobre esta denuncia para que depure las
responsabilidades que, en su caso, se podrían haber producido. Esperamos
la respuesta del Gobierno.
En cualquier caso, señorías, podemos afirmar que el temporal que se está
viviendo hoy en Andalucía, cuando aún, repito, no está concluido, es, en
opinión de los expertos, señor Alcaraz, el más grave e intenso en lo que
va de siglo o, al menos, por no exagerar, el más grave sin duda desde que
hay democracia en España. En cualquier caso, la pluviometría registrada
en este período, según datos del Instituto de Meteorología, parece ser la
más alta desde que existen datos fiables. La magnitud de las
precipitaciones registradas, los elevados niveles de embalse y las
condiciones de saturación hídrica del suelo han actuado en interrelación
provocando un episodio de inundaciones en el que destaca no sólo la
intensidad de sus efectos en determinadas zonas sino la amplia extensión
territorial que se ha visto afectada. Todas las provincias de Andalucía
han registrado importantes y extensos daños tanto en infraestructura
municipal y viviendas como especialmente en vías de comunicación y en
agricultura, como ha recordado el señor Alcaraz.
Desde el pasado 26 de diciembre la Junta de Andalucía, en colaboración
con la Administración local y la Administración general del Estado, ha
venido desarrollando el estudio y la valoración de los daños producidos,
actividad ésta que se ha visto superpuesta con actuaciones de emergencia
casi diarias ante las nuevas inundaciones producidas. Los factores
causantes de las catástrofes han sido diversos. En el caso de las
precipitaciones, no destacan por su carácter especialmente intenso sino
por su muy considerable persistencia. La larga duración de las
precipitaciones, tanto por su carácter diario como por la constante
sucesión de frentes durante muchas semanas, se ha unido a unas
condiciones generales del suelo caracterizadas por un escaso déficit
hídrico, motivado por las abundantes precipitaciones ocurridas a lo largo
del pasado año, así como por los bajos índices de evaporación respecto de
los habituales tras un verano en Andalucía moderadamente cálido. Ambos
hechos constituyen, señor Alcaraz, los auténticos factores clave, desde
un punto de vista estrictamente natural, al explicar los bajos índices de
infiltración del suelo y, por tanto, la mayor relevancia adquirida por la
escorrentía superficial. En estrecha relación con estos factores, hay que
resaltar los elevados niveles presentados por los embalses de forma
previa a las lluvias, así como la gran velocidad con la que se han
alcanzados niveles críticos, motivando el
desembalse preventivo como garantía del mantenimiento de los umbrales de
seguridad para la laminación. El elevado nivel de capacidad en que se
encuentra la mayoría de los embalses en Andalucía, junto a la posibilidad
de que se sigan produciendo nuevas lluvias, a lo que se sumarán en
algunos casos las aportaciones debidas al deshielo, han aconsejado hacer
desembalses de carácter moderado.
Como daños destacables hay que lamentar, como ya he dicho, la muerte de
nueve personas en circunstancias relacionadas directamente con las
inundaciones, así como distintos accidentes de tráfico con víctimas bajo
condiciones meteorológicas adversas. En distintas ocasiones, los daños en
viviendas han sido más importantes, registrándose episodios en los que se
ha producido el colapso de las mismas. En estos casos, que normalmente
suponen la existencia de edificaciones antiguas o de construcción
deficiente, han podido registrarse daños personales o, en cualquier caso,
daños generales de consideración. Al margen de daños en viviendas, hay
que señalar también la incidencia de las inundaciones en las
infraestructuras municipales, incluyendo red viaria, saneamiento,
mobiliario urbano, zonas de recreo al aire libre, etcétera. Ampliamente
afectada ha resultado la red de carreteras en toda Andalucía, siendo
numerosos los cortes que se han producido de las mismas --más de cien
carreteras cortadas a lo largo del período de las inundaciones--, así
como los daños ocasionados en las mismas. Por su parte, la red y el
transporte ferroviario también se han visto afectados, aunque en menor
medida.
Muy considerablemente afectado ha resultado también el sector agrario,
tanto en lo que se refiere a los daños directos a cultivos y ahogamiento
de ganado como al retraso en la recogida de algunas cosechas y los daños
sufridos por las infraestructuras agrarias: caminos rurales y riegos. Hoy
dicen las propias centrales agrarias que las cifras de los daños casi se
han duplicado desde la primera valoración que llevaron a cabo en el mes
de diciembre. Tanto la Delegación del Gobierno en Andalucía como el
propio Gobierno andaluz han cifrado los daños del temporal en más de
110.000 millones de pesetas, a fecha de 15 de abril de 1997; esta cifra,
desgraciadamente, todavía se puede incrementar.
Ante este panorama que todavía no ha terminado, ¿qué debemos hacer,
señorías? Primero, y sin duda alguna, estrechar y mejorar la colaboración
y la coordinación entre las diferentes administraciones públicas, sobre
todo la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación. El Presidente de
la Junta se ha dirigido por carta el Presidente del Gobierno de la
nación, al señor Aznar, pidiéndole en este sentido la actuación y la
colaboración urgente entre ambos gobiernos para hacer frente a esta
situación catastrófica rápidamente descrita.
En segundo lugar, proceder inmediatamente a dictar una norma de contenido
similar al Real Decreto-ley de 1 de diciembre de 1989. Señorías, ayer
cuando preparaba esta intervención leía los dos primeros párrafos del
Real Decreto-ley de 1 de diciembre de 1989 y les voy a reproducir a
ustedes literalmente lo que dice, porque es igualmente aplicable a la
situación actual que vive la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dice así:
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha resultado afectada por importantes
daños y pérdidas de diversa naturaleza en los servicios públicos,
viviendas, industria, agricultura y comercio por las recientes lluvias
torrenciales e inundaciones producidas en diversos municipios de la
misma. Por ello, resulta necesario adoptar urgentemente un conjunto de
medidas paliativas y reparadoras que sean adecuadas a la situación creada
y contribuyan al restablecimiento inmediato de la normalidad en las zonas
siniestradas, estableciéndose a su vez los procedimientos que garanticen,
con la necesaria rapidez y flexibilidad, la financiación de los gastos
que se deriven de la reparación de los daños catastróficos producidos y
de la realización de los servicios públicos afectados.
Este real decreto, señorías, fue consecuencia de las graves inundaciones
que se produjeron en Andalucía durante los meses de octubre y noviembre
del año 1989 y que afectaron --lo recordará la alcaldesa de Málaga,
aunque entonces no lo era, pero se acordará porque ya era política activa
por esa circunscripción-- fundamentalmente a la provincia de Málaga, a
Córdoba y a Sevilla. Las lluvias torrenciales se produjeron durante
octubre y noviembre; el 1 de diciembre el Gobierno de la nación dicta
esta importante disposición normativa que afecta directamente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En tercer lugar, señorías, no podemos esperar a que pase el temporal, se
tienen que adoptar medidas urgentes ya para que se palien y reparen los
daños causados. En cuarto lugar, hay que intentar restablecer la
normalidad en la zona siniestrada. Los daños afectan, como hemos dicho
reiteradamente, a la agricultura, a las infraestructuras de titularidad
pública y de titularidad autonómica, a las viviendas, a los equipamientos
municipales, a los enseres familiares. El Estado tiene que hacer frente a
esta catástrofe que sufre Andalucía, como lo ha hecho en otras ocasiones:
Real Decreto-ley de 1989, Real Decreto-ley de 1996, con Andalucía y con
otras comunidades autónomas, con Cataluña concretamente: Real Decreto-ley
11/1994, de 28 de octubre, Real Decreto-ley 12/1994, de 25 de noviembre.
Creemos que la regulación que mejor se adapta a la actual situación es,
como les he dicho, la del Real Decreto-ley de 1 de diciembre de 1989, que
contiene un variado conjunto de medidas de diversa índole, a alguna de
las cuales ha hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida y con quien
en este caso sí coincidimos; medidas de contenido presupuestario, medidas
de carácter educativo, laborales, fiscales, crediticias --hasta
de interrupción del cómputo de plazo--, civiles, administrativas y de
toda naturaleza.
Se concedió en aquella ocasión en ese Real Decreto-ley un crédito
ampliable con cargo a la sección 31. En 1989 eran 25.000 millones de
pesetas. Hoy sería necesaria una cuantía mucho mayor, y es el Estado el
que tiene que realizar el gasto para hacer frente a esta catástrofe. La
comunidad autónoma y los ayuntamientos lo deben sin duda alguna
complementar. Cuando se fija la transferencia de ingresos a una comunidad
autónoma no se prevén, como SS. SS. muy bien saben, los efectos
catastróficos que se puedan producir en los servicios transferidos, pues
la mayor parte de los ingresos tiene carácter finalista.
Concluyo mi intervención afirmando que por parte de mi grupo se considera
urgente la adopción por el Gobierno de la nación de medidas de carácter
extraordinario que vengan a paliar los efectos devastadores que el
temporal está produciendo en Andalucía, y estas medidas no pueden ser
sino similares a las contenidas en el citado Real Decreto-ley de 1 de
diciembre de 1989. De la climatología adversa hasta ahora nadie ha dicho
que también seamos responsables los socialistas, aunque hay algunos que
parece que así lo indican.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Rogaría a los portavoces de los grupos que comunicaran a la Mesa las
suplencias que se vayan a producir o se hayan producido, a efectos de
tenerlas en cuenta para la votación subsiguiente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor Presidente.
He oído con suma atención la intervención del señor Alcaraz. Debo decir
que, en mi opinión por lo menos, si la reunión de la Diputación
Permanente está justificada en período extraordinario, en que no hay
sesiones, es precisamente cuando ocurren sucesos como éstos, sucesos en
los cuales un temporal de lluvias tan grande ha afectado a toda España,
pero muy especialmente a Andalucía, de una forma muy intensa, tanto en
obras públicas, como en agricultura, en comercio o en vivienda. Esto es
así. Y ese temporal de lluvias continúa, porque esta misma noche hemos
tenido noticias de que ha habido mayores desgracias. En esas condiciones
se debe actuar con una urgencia inmediata, en el corto plazo, pero con
una planificación de semanas, quizá de meses, en que todas estas
actuaciones se engarcen para que puedan, si no solventar, sí al menos
paliar los daños ocasionados.
El Gobierno es consciente de esta situación. La ha seguido día a día. Ha
actuado con los medios que tiene en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en las demás comunidades autónomas afectadas para paliar cada hecho
concreto con las fuerzas propias del servicio de conservación de cada uno
de los departamentos. Sin embargo, cree que debe establecerse un proceso
en el que se recoja esa urgencia y que al final se actúe con plena
efectividad. Por ello ha presentado ayer lunes la solicitud de
comparecencia de los subsecretarios de Fomento y de Agricultura en la
Comisión de Infraestructuras y en la de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Yo creo que esa es la actuación correcta. Estamos en este momento en un
proceso de evaluación de los daños y de las actuaciones urgentes, proceso
que continúa. Como estas comparecencias van a ser de carácter muy
urgente, probablemente tendrán que repetirse luego para seguir evaluando
daños que aparezcan en el futuro, después de los habidos en semanas
precedentes. Yo creo que ésa es una primera actuación, que responde
perfectamente a ese sentido de urgencia que el portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la portavoz del Grupo
Socialista han señalado, por la intensidad de este problema.
Posteriormente hay que realizar una serie de actuaciones. Naturalmente la
Administración central, el Gobierno, debe actuar y debe hacerlo con suma
eficacia. Debe actuar, en primer lugar, con una visión clarísima de
cooperación entre las administraciones públicas. Esto es algo que forma
parte esencial de nuestra Constitución y de nuestro sistema político,
pero en casos como éste, en casos extraordinarios, en que inevitablemente
se exacerban las contradicciones entre los diversos servicios, se
exacerba la intención, humana, por otra parte, de intentar no ser el
responsable máximo de tener que paliar los daños, no ser el responsable
de lo que ha ocurrido, sobre todo no ser el responsable de tener que
reparar lo que ha ocurrido, hay una tendencia --dicho en palabras quizá
vulgares-- a tirarse la pelota unos a otros. Esto no debe ocurrir aquí, y
yo aseguro que el Gobierno de la nación va a actuar en ese aspecto con
absoluta claridad y absoluto deseo de cooperación. Yo creo, y debo
decirlo aquí, que ya hay un precedente claro ante la Junta de Andalucía
de cómo dos gobiernos de partidos distintos pueden colaborar
perfectamente. Hace muy poco la Junta de Andalucía ha recibido los 20.000
millones de anticipo de la deuda histórica, algo que ha hecho este
Gobierno y lo ha hecho convencido de que la relación entre gobiernos
trasciende de la relación entre partidos, y desde luego en sucesos
extraordinarios los ciudadanos no perdonarían a los políticos de
cualquier partido que pusieran los intereses partidistas por encima de la
actuación dirigida a una ciudadanía que sufre precisamente por los
avatares de la naturaleza.
Por ello ese proceso tiene que ser un proceso rápido, urgente, pero no
pueden quemarse etapas. No puede ahora establecerse exactamente en qué va
a consistir el decreto-ley. Todos podemos estar de acuerdo en líneas
generales con lo señalado por el señor Alcaraz y por la señora Rubiales.
Ciertamente ese reral decreto no puede
ser muy diferente del Real Decreto-ley de 1 de diciembre de 1989. Se
diferenciará en la magnitud de las partidas, pero la finalidad tiene que
ser muy parecida y las medidas serán similares. Habrá algunas en las que
no coincidamos los grupos políticos. Quizás algún grupo político quiera
introducir en ese decreto-ley extraordinario acciones que no sean
extraordinarias, que serían simplemente intentos ideológicos a incluir en
ese decreto-ley, pero si nos ponemos como meta que nuestro esfuerzo debe
ir dirigido a paliar esos daños y a reponer la situación, yo creo que
encontraremos las fórmulas para que ese decreto-ley sea efectivo, aunque
suponga una dificultad para el desarrollo presupuestario del año 1997,
porque a veces, cuando hacemos un presupuesto para un año y ajustamos muy
certeramente cuál va a ser el déficit o cuáles van a ser los ingresos o
los gastos, olvidamos a veces que se producen estos fenómenos naturales,
que es en los que está justificada la emisión de deuda pública
precisamente: para paliar en un año o en unos meses los daños que se han
producido, pagándose por toda la sociedad, en diez o doce años, por
emisión de deuda pública, los daños ocasionados.
Quiero decir también que me preocupan esas manifestaciones del señor
Alcaraz dando por hecho que, en algún caso, derrumbamientos de obras
públicas, especialmente carreteras, pueden no tener el origen o no en la
magnitud suficiente en que se hayan producido estos hechos naturales.
Esto es algo grave y es algo que debe investigarse también. Esa
investigación no se puede realizar ni en días ni en semanas, porque ahí
está comprometido el crédito de muchas personas que han participado en
esas obras públicas, y no puede decirse alegremente que se han derrumbado
porque no estaban bien construidas. Ahora bien, si no estaban bien
construidas y se han derrumbado, es muy grave que haya ocurrido eso. Por
lo tanto, estamos ante una situación que también habrá de ser
investigada.
Yo creo que el Gobierno está actuando de forma sensible a esta situación,
dándose cuenta de la urgencia con la que debemos emplearnos, dispuesto a
que vengan ya aquí los subsecretarios de Agricultura y de Fomento a
explicar cuál es la situación y las medidas que se han ido tomando por
los servicios de conservación, trabajando simultáneamente en la
preparación de ese real decreto-ley, que yo creo que puede realizarse en
cuestión de semanas, pero que exigirá un conocimiento más completo de los
daños causados. Creo que es un planteamiento que podemos aceptar todos,
en el que la única pretensión del Gobierno --como no puede ser de otra
forma-- es responder, ante una avalancha o ante una tormenta, ante unos
fenómenos naturales, protegiendo a la población que ha sido especialmente
dañada. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Posada.
Señor Alcaraz, sabe S. S., porque así lo puse de manifiesto en la reunión
anterior de la Diputación Permanente y porque conoce el Reglamento, que
cuando no se ha consumido el turno en contra no hay derecho a réplica. La
Presidencia no ha observado que S. S. haya sido contradicho, salvo en lo
imprescindible para fijar la posición de los distintos grupos. ¿Desea
utilizar algún otro turno?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, con el debido respeto, yo creo
que sí he sido suficientemente contradicho, aunque no se haya utilizado
el turno en contra. En este sentido, siguiendo el precedente de la
reunión anterior, en la que el señor Rubalcaba pudo hacer uso de un turno
de réplica, y fue menos contradicho, yo pido poder utilizar cuatro o
cinco minutos de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, su valoración sobre la contradicción,
efectivamente, no coincide con la apreciación de la Presidencia, pero, en
cualquier caso, para un turno de réplica, tiene cinco minutos.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.
La idea fundamental de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya radica en
objetivar la situación por encima de intereses partidistas y mucho menos
electorales --porque parece que las elecciones no están a la vista--, de
cara a intentar buscar soluciones, no a intentar capitalizar de forma
partidista o electoral el tema de la catástrofe ocasionada por el
temporal. Ese es el asunto fundamental, ese es el tema clave.
En segundo lugar, en el seno de este debate parlamentario y de los
próximos, lo que intenta Izquierda Unida --y yo no he calificado a favor
o en contra la querella de alemanes entre la Administración central y la
Administración autonómica; simplemente la he caracterizado por encima,
sin aludir a quién empata o quién gana, señora Rubiales-- es nuclear un
consenso en esta situación o, para relativizarlo, ayudar o cooperar en el
consenso de cara a que el real decreto, cuantitativamente, sea justo y en
la dirección de que las medidas se cumplan en un tiempo adecuado. La
intención de Izquierda Unida no es otra. Esa es la intención, aquí y en
Andalucía. Por eso, no estamos cayendo en ningún tipo de provocaciones,
señor Presidente. Estamos elaborando los discursos --yo siento que otros
no estén elaborados y contesten simplemente con tics y clichés ya muy
manidos-- y estamos elaborando la iniciativa. Siento que haya tenido que
ser Izquierda Unida la única fuerza, apoyada por el Grupo Mixto para
hacer esta petición, que haya tenido la iniciativa suficiente para traer
este tema aquí en el momento oportuno y con la fuerza oportuna. Yo lo
siento
mucho, porque este es el tema de fondo: la falta de iniciativa en los
momentos fundamentales, en los sitios en donde hay que ejercerla y con el
volumen que hay que darle, y lo es menos el tema de las querellas
superfluas, muchas veces frívolas, que se están utilizando, incluso
promoviendo conflictos interinstitucionales en un tema que no puede
resistirlo. Este es el tema de fondo, todo lo demás son frivolidades al
paso y discursos poco elaborados.
Por eso no voy a contestar a lo que ha dicho el señor González de
Txabarri; simplemente voy a recordar que en 1981 hubo una gran inundación
en Bilbao y hubo una gran solidaridad, y hace muy pocas fechas también en
Cataluña la hubo y hubo también una gran solidaridad. Simplemente voy a
contestar de esa manera y no de otra. No voy a utilizar ningún tipo de
adjetivos ni clichés baratos, no me voy a subir a ningún tren barato en
esta situación, que sigue afectando a personas, a enseres, a viviendas y
a infraestructuras. Incluso he hablado de fechas, ni siquiera de
gobiernos anteriores. La señora Rubiales ha dedicado el 80 por ciento de
su tiempo a justificar un Gobierno, y sólo el 10 por ciento a hablar de
las causas, de las consecuencias y de las medidas que hay que afrontar.
Ni siquiera me he referido a lo que ha ocurrido con la carretera de
circunvalación de Málaga, hace poquísimo tiempo inaugurada, ni ahora me
voy a parar en ese tema.
Siento mucho que haya habido una reacción extemporánea en esta situación,
y lo único que digo es que saludamos que a iniciativa de la propuesta de
convocatoria de esta Diputación Permanente se haya generado un ritmo
parlamentario mucho más intenso que haya provocado la petición de
comparecencia de los subsecretarios de Estado correspondientes a los
Ministerios de Agricultura y de Fomento, y si este ritmo se va a mantener
en las circunstancias y con el contenido que le ha dado el portavoz del
Partido Popular, señor Posada, teniendo en cuenta el objetivo fundamental
de Izquierda Unida y teniendo en cuenta que se ha anunciado un decreto
urgente, aunque no se ha hablado --no lo he oído por lo menos-- del tema
del crédito ampliable, habida cuenta del resto de las circunstancias,
nosotros nos daríamos por satisfechos si esta situación adquiere el ritmo
que aquí se ha anunciado.
Repito: nosotros no hemos valorado como fuerza política los daños
ocurridos en Andalucía, y tampoco yo he calificado las valoraciones que
se han hecho; simplemente he dado los volúmenes y he dicho que
últimamente ya está habiendo coincidencia en las valoraciones. Me he
cuidado mucho de no expresar ni un solo adjetivo; no sé por qué se me
responde de determinada manera. Lo único que pido es que se tenga en
cuenta la situación a la que nos estamos enfrentando como políticos
serios y cuál es la salida que merece esta situación.
Por tanto, si hay una comparecencia urgente de los señores
subsecretarios, que hablarán en nombre del Gobierno, como no podía ser de
otra manera, y si a esa comparecencia siguen otras rápidas con las
medidas y los plazos en que esas medidas se van a ejecutar, nosotros nos
daríamos por satisfechos en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz. (La señora Rubiales Torrejón
pide la palabra.)
Tiene la palabra muy brevemente --se lo ruego encarecidamente-- la señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor Presidente, le aseguro
que voy a ser absolutamente telegráfica. Quiero decir que compartimos con
el señor Alcaraz ese deseo de intentar soluciones --creo que era la
voluntad de todos los grupos que están aquí presentes--, y lo cierto es
que hemos apoyado la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida porque queremos cooperar al consenso y a la búsqueda de las
soluciones, porque es lo que requieren y lo que necesitan de nosotros los
andaluces, y la prueba está en que nosotros habíamos pedido cinco
comparecencias. Yo he dicho que eran necesarias dos, pero no suficientes;
que creíamos que había que hacer más, pero eso no obstaba para que
apoyáramos la iniciativa de Izquierda Unida, porque nos parecía
evidentemente plausible. Lo único que he hecho ha sido hacer unas
afirmaciones al hilo de las realizadas por el señor Alcaraz, que están
escritas en el «Diario de Sesiones» de esta Diputación Permanente, igual
que lo están las mías, y por tanto de la lectura de unas y de otras se
puede perfectamente colegir que desde luego no he utilizado el 80 por
ciento de mi tiempo para justificar a ningún Gobierno, porque en este
caso concreto no necesitaba de ninguna justificación.
He dicho y reitero que las inundaciones se produjeron en el año 1989, en
los meses de octubre y noviembre, y el 1 de diciembre estaba ya formulado
el decreto-ley. Creo que no merece la pena en este ánimo de consenso y
voluntad introducir elementos que nos separen o que nos dividan.
Solamente quiero hacerle referencia al señor Alcaraz a eso de que la
única fuerza que ha tenido iniciativa, la única, le recuerda la historia
de ese fundamentalismo, que son los únicos que están en posesión de la
verdad. Nosotros creemos que la verdad la compartimos probablemente todos
y que ese convencimiento en ser los únicos en casi todo es lo que les
pierde.
En cualquier caso, señorías, yo creo que lo importante de esta Diputación
Permanente es que el Gobierno --que es el que tiene que traer la
iniciativa concreta-- fuera capaz de dar solución a los gravísimos
problemas que tiene Andalucía. La solución de las comparecencias está
bien, pero lo que necesita la Comunidad Autónoma de Andalucía es que se
adopten medidas concretas, medidas urgentes y medidas económicas que
hagan frente a la situación de catástrofe
que está viviendo esta comunidad autónoma. En aras a ese acuerdo y a ese
consenso es por lo que creemos que merece la pena este debate, es decir,
para conseguir del Gobierno que sea consciente de que el conjunto de los
grupos parlamentarios representados en esta Diputación Permanente le
exigen --porque la situación de Andalucía así lo demanda-- una inmediata
y urgente solución, mediante la utilización en este caso de la vía
constitucional del real decreto-ley que es para los supuestos más
específicos y más concretos. Cuanto antes mejor, señor Posada; que el
Gobierno presente esta iniciativa que, posteriormente, puede ampliarse,
modificarse y redactarse. Pero Andalucía tiene que tener ya una respuesta
para que vean los andaluces que se está dando respuesta a los gravísimos
problemas que en estos momentos están ocurriendo. (El señor Posada Moreno
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Brevísimamente, señor Presidente, para agradecer
al portavoz de Izquierda Unida, señor Alcaraz, y al portavoz del Grupo
Mixto, aunque no esté presente, la retirada de la propuesta, recogiendo
la oferta que hace el Grupo Popular que naturalmente habla como grupo y
en nombre del Gobierno. Es un compromiso del Gobierno, y yo creo que de
toda la Cámara, actuar con la urgencia necesaria y, al mismo tiempo, con
la intensidad y con la objetividad precisas para dar satisfacción a los
afectados por esta catástrofe. Creo que aquí ha quedado claro un tema: el
deseo de todos y la urgencia que vemos todos en actuar para paliar la
catástrofe. Yo creo que llevaremos a cabo bien las actuaciones si todos
los grupos renuncian a un protagonismo partidista que en este caso
--insisto-- está fuera de lugar y me atrevería a decir --y es opinión
mía-- que se volverá electoralmente contra el grupo que lo utilice, si
todos juntos intentamos hacer un real decreto-ley que tendrá que ser
ampliable o no --eso lo veremos cuando se discuta--, pero que tiene que
ser suficiente para reponer la situación existente antes de la
catástrofe.
Muchas gracias. (La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, ¿a qué efecto solicita la palabra?
La señora RUBIALES TORREJON: Mi grupo no tenía constancia de que el
portavoz de Izquierda Unida hubiera retirado la petición. Me ha
sorprendido el señor Posada cuando lo ha mencionado y quería saber
exactamente si Izquierda Unida ha retirado la petición de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: El señor Posada ha interpretado que con las últimas
palabras del señor Alcaraz se daba por retirada la iniciativa,
condicionada, según nos ha parecido entender, a las comparecencias que el
Gobierno tiene solicitadas. (El señor Alcaraz Massats pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASSATS: Señor Presidente, ayer se presentaron las
iniciativas a instancias de Izquierda Unida. La comparecencia se va a
celebrar en nombre del Gobierno y va a haber otras muy rítmicas de cara a
un decreto urgente, se nos ha dicho, en las próximas semanas. Nosotros
estamos de acuerdo con que eso se haga así, y nos reservamos la opinión
de lo que contenga ese decreto, pero nosotros vamos a apostar por un
crédito ampliable. (Rumores.)
Siento que el Partido Socialista no haya tenido iniciativa en este tema
(Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar el debate en este punto, si la
iniciativa se ha retirado.
--SOLICITUD FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA Y MIXTO, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACION
PERMANENTE PARA DEBATIR Y, EN SU CASO, APROBAR LA COMPARECENCIA ANTE LA
COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA, DEL SECRETARIO DE ESTADO DE
HACIENDA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, PARA INFORMAR
DE LA PRESCRIPCION DE EXPEDIENTES DE LA INSPECCION DE TRIBUTOS POR UN
VALOR APROXIMADO DE DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESETAS (Número de
expediente 062/000008)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día: solicitud,
suscrita a su vez por los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y Mixto, de convocatoria de esta Diputación para debatir, y en
su caso aprobar, la comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio
y Hacienda, del Secretario de Estado de Hacienda y del Director General
de la Agencia Tributaria, para informar de la prescripción de los
expedientes de la inspección de tributos por un valor aproximado de
200.000 millones de pesetas.
Por el grupo proponente de Izquierda Unida, y entiendo también que en
nombre del Grupo Mixto que suscribió la solicitud, dada la ausencia del
señor Chiquillo, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hace muy pocos días el Secretario de Estado de Hacienda
denunció en una rueda de prensa que el Estado dejaría de ingresar 200.000
millones de pesetas como consecuencia de retrasos y de irregularidades
atribuibles al anterior Gobierno socialista.
Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo y el Grupo Parlamentario
Mixto de forma inmediata solicitamos la comparecencia urgente del
Secretario de Estado de Hacienda, solicitud, a nuestro entender, que no
necesita justificación, en el sentido que creemos que la gravedad, desde
el punto de vista fiscal pero también desde el punto de vista político,
de la denuncia efectuada por el Secretario de Estado de Hacienda
justifica ampliamente la comparecencia del Secretario de Estado de
Hacienda en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, el trámite en el que estamos hoy es que dos grupos
parlamentarios solicitamos la comparecencia del Secretario de Estado. No
descartamos la petición posterior de comparecencia del Ministro de
Economía y Hacienda, pero consideramos en su momento, y mantenemos hoy,
que en la medida que el responsable político directo del tema que nos
ocupa es el Secretario de Estado de Hacienda y en la medida que, además,
el autor personal de la denuncia fue el Secretario de Estado de Hacienda,
a quien corresponde, en primer lugar, dar explicaciones y comparecer es
al Secretario de Estado de Hacienda, y en ese sentido --posteriormente en
otro punto del orden del día existe la petición de comparecencia del
Ministro de Economía y Hacienda-- creemos que sería oportuno , y así lo
considera nuestro grupo, que desde el punto de vista del procedimiento
hoy se pudiera aprobar por consenso la comparecencia del Secretario de
Estado de Hacienda y, en función de lo que diera de sí esta
comparecencia, solicitar posteriormente también la comparecencia del
Ministro de Economía y Hacienda. Pero insistimos que la responsabilidad
política es del Secretario de Estado de Hacienda y que como fue quien
efectuó esta denuncia es el que la tiene que demostrar en sede
parlamentaria.
Queremos también explicitar con qué actitud nuestro grupo parlamentario
afronta este tema. (Varios señores Diputados pronuncian palabras que no
se perciben.) Sí, yo ya sé que el Presidente del Gobierno es el
responsable de todo y lo podríamos...
El señor PRESIDENTE: No crucen interpelaciones e interrumpan al Diputado
en su exposición.
Continúe, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Quería decir con qué actitud nuestro grupo
parlamentario afronta este debate. Tres son nuestras palabras. Queremos
esclarecimiento, urgencia y rigurosidad. Es decir, creemos que este
debate merece un esclarecimiento urgente y riguroso. Posiblemente un
esclarecimiento urgente y riguroso lo merecería este debate en cualquier
país, pero quiero recordar hoy que estamos en uno de los países de mayor
fraude fiscal de toda la Unión Europea, que este fraude fiscal se produce
fundamentalmente en determinados sectores sociales y económicos y que,
por tanto, el calado y el contenido de una denuncia como la que ha
efectuado el Secretario de Estado de Hacienda merece, insistimos, un
esclarecimiento urgente y riguroso.
Dicho en negativo: no pensamos que podamos someter a los ciudadanos y
ciudadanas de este país a un largo debate partidista que lleve a la
confusión y que, al tiempo, no aclare el alcance real de la presunta
denuncia del Secretario de Estado de Hacienda. En ese sentido hemos de
lamentar que este debate esté situado en buena parte en unos términos de
confusión y de debate partidista. Una gran preocupación nuestra es que
si, como decimos, no se produce un esclarecimiento urgente y rápido, se
puede producir un triple efecto en la sociedad española. El primer efecto
es una pérdida de credibilidad de la Administración tributaria. Nosotros
pensamos que en estos momentos como efecto de cómo se ha producido esta
denuncia existe, en primer lugar, una pérdida de credibilidad de la
Administración tributaria. En segundo lugar, se puede derivar un efecto
de un aumento de las actitudes antifiscales en este país; y, en tercer
lugar, se puede incrementar la conciencia, en buena parte basada en
hechos reales, de que en este país la política fiscal y la lucha contra
el fraude fiscal tiene dos raseros: para los poderosos y para el resto de
ciudadanos. Por tanto, hay que evitar este triple efecto: hay que evitar
una pérdida de credibilidad de la Administración tributaria, hay que
evitar un incremento de las conciencias o de las actitudes antifiscales y
hay que evitar que solidifique la percepción de que en este país en temas
de materia fiscal existen dos raseros.
En este sentido hemos de decir que el Gobierno no puede efectuar una
denuncia como lo ha hecho, no puede. El Gobierno no puede hacer una
denuncia de estas características en una rueda de prensa, como si
estuviera en la oposición. El Gobierno no puede efectuar una denuncia de
estas características sin un informe previo riguroso. El Gobierno no
puede hacer un goteo de informaciones en algunos medios de comunicación.
El Gobierno no puede situar esto fuera del Parlamento, porque si hace
todo esto se podría pensar que detrás de la actitud del Gobierno no hay
una actitud de Gobierno por resolver un problema, sino de erosión del
Gobierno anterior. Por tanto, desde el punto de vista de las formas, el
Gobierno se ha equivocado.
Decimos esto con el añadido de que quien más se ha equivocado ha sido el
Presidente del Gobierno. El Presidente del Gobierno no puede intentar
instrumentalizar la presunta pérdida de 200.000 millones de pesetas para
justificar una decisión como la congelación salarial de los funcionarios.
Esto no lo puede hacer el Presidente
del Gobierno, y no lo puede hacer ni por sus intereses, porque la
denuncia que hace no justifica su decisión de congelación salarial y hace
perder credibilidad a la denuncia del propio Gobierno, ni incluso desde
el punto de vista de los intereses del Gobierno.
En este sentido cuando nosotros pedimos la comparecencia del Secretario
de Estado de Hacienda lo que estamos pidiendo es: primero, que el
Secretario de Estado de Hacienda fundamente la denuncia con un informe
por escrito con todo aquello que la ley permita que se puede decir. En
segundo lugar, que previamente a la comparecencia reparta el informe a
los grupos parlamentarios. En tercer lugar, que se produzca el debate
parlamentario y, en cuarto lugar, que el Gobierno y el Secretario de
Estado tienen la obligación de explicar desde su Gobierno cómo hacen
frente a esta situación. El Gobierno no está sólo para denunciar. Ha de
denunciar aquello que se ha hecho mal, si es que se ha hecho mal, pero el
Gobierno tiene que decir hoy cómo hace frente a los posibles problemas
que existen.
Quiero acabar dirigiéndome al Gobierno diciendo, en síntesis --si
decíamos esclarecimiento urgente y riguroso--, que hoy el Gobierno se va
de aquí con una obligación: ha de demostrar su denuncia y ha de plantear
respuestas positivas a los problemas que existan. Estas son las dos
obligaciones con las que el Gobierno sale hoy de aquí y que nos ha de
demostrar y proponer en la próxima Comisión de Economía.
Quiero también decirles a los señores y señoras de la mayoría y al
Gobierno que con la misma contundencia que decimos esto en relación al
Gobierno les decimos que cuenten con nosotros en el caso de que ustedes
demuestren que existen responsabilidades. Decimos esto con la autoridad
moral y política que nos da haber sido, ser, y esperamos continuar
siéndolo, uno de los grupos políticos que más ha insistido en la
necesidad de lucha contra el fraude fiscal. Pensamos que la lucha contra
el fraude fiscal, que una política fiscal progresista está en el centro
hoy, en Europa y en el mundo, de aquello que separa las posiciones
progresistas de las posiciones conservadoras.
Por tanto, demuestren, propóngannos propuestas de futuro, y no tengan
miedo que, si existen responsabilidades, tendrán también el apoyo de
nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco participa de la exposición que acaba de
realizarse en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nos parece que la utilización de los procedimientos fiscales y
sus consecuencias es un tema sumamente grave en orden al debate
partidista; nos parece que no es un tema que debiera prestarse al juego
del debate partidista y lamentamos mucho que se haya producido en los
términos en los que lo hemos conocido. Me da la impresión, señor
Presidente, a la vista de estas actuaciones, de que no estamos en un país
serio. Si la situación fuera cierta parece que lo normal es que el
Gobierno, en primer lugar, compareciera en esta Cámara a efectos
políticos por propia iniciativa, y que si hubiese efectos delictivos se
acudiera a un juzgado, ya que esos son los mecanismos de actuación que
parecen más propios de un país serio. Sin embargo, reiteradamente nos
encontramos en este sentido con actuaciones en el terreno fiscal que no
son propias del actual Gobierno. Hace años conocimos situaciones con
famosos bastante similares que hacen ver que existen en el poder ciertos
mecanismos de actuación que no se consiguen superar o que existen
inercias en ciertos organismos del Estado que llevan a comportamientos
que no son muy edificantes para los ciudadanos.
Entendemos razonable que el Secretario de Estado de Hacienda fundamente
sus acusaciones y las concrete ante esta Cámara, y que se participe de
una metodología, que ha explicado con detalle el señor Saura, en relación
a esta materia, que nos parece que es rigurosa y meticulosa tal como la
ha expuesto. En lo político hay que dar respuesta a las inquietudes de
los ciudadanos, inquietudes que han sido suscitadas en un debate que
seguramente no debió producirse y que deja en evidencia un cierto estado
de opinión muy generalizado que existe entre los ciudadanos de que en
estas materias que afectan al bolsillo, como en otras que afectan a la
justicia, existen dobles raseros en el Estado. Lo malo es que, actuación
tras actuación, actuaciones de este orden ponen en evidencia que,
lamentablemente, resulta así. El fraude fiscal es uno de los temas que
afecta a la línea de flotación de la credibilidad de las instituciones
democráticas. Es una de las pruebas del nueve de las instituciones
democráticas y con estas polémicas se pierde credibilidad en lo
institucional, circunstancia que lamentamos. Es uno de los grandes temas
en los que habría que acometer acciones más eficaces.
En lo que respecta al Grupo Vasco, sustentado por Diputados del Partido
Nacionalista Vasco, además de hacer declaraciones grandilocuentes, nos
esforzamos para que las haciendas forales vascas realicen planes que sean
efectivos de cara a este fraude fiscal. Por ello, entendemos que hay que
poner coto cuanto antes a esta alarma social, confirmar estas teorías, si
son ciertas, y tener los datos reales. Sería razonable también que se
produjera, además del conocimiento de los datos que se solicitan, la
territorialización de los mismos; si sólo se producen ante la Agencia
Tributaria o también
ante otras administraciones fiscales, como las haciendas forales vascas o
navarras. En ese sentido, apoyaremos cuantas medidas se estimen oportunas
para poder aclarar esta situación que no debiera de haberse producido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias señor Presidente.
En torno a la polémica suscitada en base a la sentencia del Tribunal
Supremo, a propósito de sus efectos indirectos sobre la creación de
jurisprudencia sobre la prescripción de las actuaciones inspectoras y sus
posibles efectos sobre la recaudación, el Grupo Parlamentario Catalán
quisiera manifestar que estas polémicas sí han generado cierta inquietud
en la sociedad hasta un punto que creo que hay cierta confusión.
Por otra parte, la interpretación que ha hecho el propio Gobierno de la
sentencia del Tribunal Supremo ha causado inquietud y un cierto estado de
opinión controvertido en la propia Agencia Tributaria, pero también ha
generado una cierta inquietud por la alteración que ha provocado esta
polémica sobre el necesario clima de seguridad jurídica que siempre debe
garantizar esta Cámara al ciudadano. Por ello entendemos que es oportuna
y necesaria la petición que ha hecho el Gobierno de comparecencia
extraordinaria del Secretario de Estado de Hacienda, responsable político
de la Agencia Tributaria, y nos parece acertada también la iniciativa que
ha planteado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, coincidente con
esa petición del propio Gobierno.
En consecuencia, creemos que deberíamos tomar en consideración esas
peticiones. Creemos que es preferible, en primer lugar, analizar la
situación en base a la información que el Secretario de Estado de
Hacienda pueda aportar a esta Cámara y partiendo del contenido de esa
información podamos luego realizar los grupos parlamentarios el oportuno
debate para conocer las restantes opiniones políticas en relación a las
consecuencias de los hechos y las interpretaciones que hace el propio
Gobierno y, en cualquier caso, posteriormente llevar a cabo otras
iniciativas parlamentarias, las que procedan. Creemos que en estos
momentos quizá lo razonable y oportuno es atender la petición del
Gobierno de comparecencia del Secretario de Estado, analizar su
información, someternos a debate en torno a su contenido y luego
contemplar otras posibles comparecencias.
Hoy, señor Presidente, no es el momento de debatir en profundidad la
materia objeto de polémica y que ha dado pie a declaraciones cruzadas
entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nuestro grupo
parlamentario no va a tomar parte en esta dialéctica de acusaciones
cruzadas. Como dijo ya mi portavoz ante los medios de comunicación no
vamos a aportar ni armas ni municiones en esta contienda. No hemos
propiciado en períodos anteriores las descalificaciones y acusaciones
como argumentos de crítica política y tampoco lo vamos a hacer en esta
legislatura. Por consiguiente, que ningún grupo de esta Cámara, señorías,
nos busque para secundar estrategias de crítica y de erosión política que
vuelvan a crispar la vida política del país, porque de todo ello siempre
se desprende, en primer lugar, un efecto de distracción sobre los
aspectos fundamentales de la acción política y, en segundo lugar, un
clima de desasosiego de la sociedad que sólo nos conduce a que se
distancie la sociedad del poder político.
Así pues, que nadie espere de Convergència i Unió que contribuyamos a
alentar las polémicas suscitadas, pero sí vamos a estar en el debate de
forma rigurosa, para analizar el marco normativo vigente, para analizar
los comportamientos generados por la Agencia Tributaria, para incluso
exigir responsabilidades, si procediera --sin duda que sí--, y para poder
esclarecer al máximo posible el marco legal y tomar las decisiones
normativas que tengamos que impulsar para que en un futuro las cosas
estén mucho más claras.
Quiero indicar que la doctrina sobre la duración de los expedientes
incoados por la inspección tributaria es muy amplia y viene de hace
muchos años. Esta es una, digamos, dialéctica técnico-jurídica que viene
arrastrándose desde hace muchos años y, por tanto, la posible
interpretación de hasta dónde deben ir los matices legales
interpretativos sobre la duración de los expedientes incoados en relación
con su descripción ha arrojado mucha literatura y mucha tinta en los
manuales y en los ámbitos más académicos y más técnicos, digamos, de
nuestra sociedad.
Esta circunstancia ha sido en numerosas ocasiones objeto de debate en
esta Cámara. Hemos tenido muchas oportunidades de discutir estas
cuestiones en trámites legales y en iniciativas en esta Cámara y a nadie
debe sorprenderle la sentencia del Tribunal Supremo. Ha habido una
sentencia, ni la primera ni la segunda; la segunda no es exactamente
igual que la primera. Sin duda va a haber más sentencias, muchas más
sentencias, en torno a esta materia, que van a matizar esta cuestión. El
propio Gobierno se hace eco de la conveniencia de interpretar la duración
de los expedientes y su prescripción en el proyecto de ley que nos ha
anunciado que va a presentar en esta Cámara sobre el estatuto del
contribuyente, en el que ya contempla una interpretación de cuál debe ser
el criterio aplicable sobre la duración de los expedientes.
Yo les pediría, señorías, en nombre de mi grupo, que no anticipemos ese
debate, que lo hagamos en el contexto legal, en el ámbito legislativo que
nos corresponda; que no extraigamos conclusiones ni nos precipitemos
en hacer análisis críticos sobre posibles derivaciones de posibles
sentencias del Tribunal Supremo, que son simplemente sentencias que
instruyen interpretación de la norma, pero en definitiva compete a esta
Cámara establecer claramente cómo debe ser la norma. Por tanto, que esta
Cámara haga de Cámara legislativa, de autoridad legislativa, y entre en
ese debate, sin duda polémico y controvertido, con serenidad, y que lo
hagamos en el contexto en el que debemos hacerlo, que es en el debate de
normas legales.
No obstante, señor Presidente --y termino--, quiere mi grupo insistir en
que sí cree conveniente la comparecencia del Gobierno, del Secretario de
Estado. Y repito que no nos vamos a sumar a posibles estrategias de
grupos políticos, ni vamos a adoptar más posición que la sensata para
conocer ampliamente la postura del Gobierno y luego prestarnos a sacar
las conclusiones que sean oportunas. Esta es, pues, señorías, la posición
de nuestro grupo parlamentario. Por consiguiente, si se acepta por todos
los grupos la propuesta de comparecencia que ha hecho el propio Gobierno,
que nos parece sensata y oportuna, creo interpretar entonces que la
iniciativa de Izquierda Unida no tendría necesidad de someterse a
votación por ser admitida o aceptada esa iniciativa del Gobierno y, por
tanto, cabría solamente, señor Presidente, someter a debate y a votación
la iniciativa planteada por el Grupo Socialista, que en sí misma tiene
una similar pretensión, pero nuestro grupo entiende que debería
precederse a contemplar la comparecencia del Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía tras conocer primero un debate conducido
o presentado por el Secretario de Estado de Hacienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad, coincido con lo que decía en sus anteúltimas palabras
el señor Homs ahora mismo: no hay necesidad de que sea votada esta
petición de comparecencia en la medida en que todos sabemos que el
Secretario de Estado de Hacienda y el Director de la Agencia Tributaria
van a comparecer, lo han solicitado antes de que celebremos esta
Diputación Permanente, incluso se nos ha informado a través de un
Diputado del PP presente en esta Diputación Permanente de cuándo: la
próxima semana; lo tienen ustedes aquí, en los teletipos. Por tanto, lo
que los señores Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
solicitan ya está otorgado, fuera de esta Cámara, por un acuerdo entre un
Diputado del Grupo Popular presente en esta sesión y el propio Gobierno,
con lo cual si se pone a votación votaremos a favor y si no se pone a
votación no pasa nada, porque va a tener lugar la comparecencia. La
cuestión es si basta con esto. Y como ahora tendré ocasión de decir, al
argumentar la petición del Grupo Socialista en el siguiente punto,
entendemos que no basta, en absoluto basta con la presencia del
Secretario de Estado de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo considera, escuchados los argumentos expuestos por el señor
Saura, que existen coincidencias entre la solicitud del Grupo de
Izquierda Unida y la petición formulada por el propio Gobierno. Es
voluntad del Gobierno comparecer ante esta Cámara, y así se hizo expreso
en el registro. Por tanto, consideramos que los argumentos que han sido
expuestos también por los grupos del PNV y de Convergència i Unió vienen
a sumarse a los que mueven al Gobierno a solicitar esta comparecencia.
No tengo que ocultar, en ningún caso, que en las conversaciones que se
pueden mantener entre el grupo que respalda al Gobierno y el propio
Gobierno se plantea cuál puede ser el horizonte de las decisiones que
vaya a adoptar este Parlamento y, por tanto, nuestra impresión y la del
Gobierno es que sería necesaria la comparecencia cuanto antes, de la
manera más inmediata y más rápida posible, y por supuesto habilitando el
período extraordinario para que la Comisión de Economía pueda recibir en
sede parlamentaria esta comparecencia. Yo no tengo que añadir muchos más
argumentos a los que aquí ya se han desgranado, máxime cuando los
anteriores intervinientes no han considerado el momento oportuno de
entrar en ninguna cuestión más del debate que está planteado y de la
polémica que está produciéndose en torno a esta materia. Sí he de decir,
en todo caso, que el Gobierno, en la presentación de esta realidad que se
ha encontrado en la Agencia Tributaria, tiene la actitud positiva de
resolver los problemas que allí están planteados por anteriores
administraciones. Tan es así que en esa actitud positiva y con las
medidas adoptadas por el Gobierno desde mayo de 1996 podemos anunciar que
no se está produciendo ningún tipo de retraso que de alguna manera dé
continuidad a la situación de estancamiento que se había producido en
ejercicios anteriores.
Debo reconocer que cuando se produce una estimación de caída de ingresos
porque se pueda perjudicar, en un inmediato futuro, el horizonte de un
conjunto de expedientes y de inspecciones de la Hacienda pública, está
claro que esa caída de ingresos tiene que repercutir de manera directa en
las posibilidades de encuadrarlo en una política presupuestaria. Es
decir, esa minoración que se pueda producir en la recaudación,
en este caso, por defectos de procedimiento tiene que tener en un futuro
un impacto en la política presupuestaria, en las diferentes partidas que
el presupuesto de gastos tiene. Por tanto, sabiendo --como es cierto--
que si se llega a consolidar la doctrina que se está generando en las
diferentes sentencias podrá producirse ese quebranto de ingresos, ese
quebranto de ingresos, sin ningún género de duda, también tendrá su
impacto gradual en el presupuesto de gastos. Por consiguiente, es cierto
que esa minoración de ingresos que se pueda producir afectará al
presupuesto de gastos de este año, y muy probablemente al presupuesto de
gastos de años siguientes, por cuanto la minoración de ingresos no se
producirá exclusivamente en un ejercicio, sino que se producirá
gradualmente, en el caso de que lleguen a ser absoluta realidad las
estimaciones que se han hecho desde el Gobierno.
Por último, la comparecencia que el Gobierno ha solicitado al Grupo
Popular le parece que es oportuna y que se desarrolle con las exigencias
que aquí se han planteado, en el sentido de que sea una comparecencia en
la que se demuestren las denuncias que se han hecho públicas y que se
presenten las propuestas positivas que ya se han puesto en marcha desde
el mes de mayo de 1996. Tengo que anunciar que veo que tiene bastante
buena sintonía el Grupo de Izquierda Unida con lo que en su momento pueda
hacer o inspirar este grupo parlamentario al Gobierno en el sentido de
que ese informe previo que está usted solicitando, señor Saura, nos
parece que sería un buen elemento para el trabajo y el debate de esa
Comisión. Es también cierto que nos encontramos en sintonía con la
voluntad política que ha expresado el señor Saura respecto a que el
Secretario de Estado de Hacienda venga a comparecer acompañado del
Director General de la Agencia Estatal, y así hemos presentado un escrito
de ampliación de dicha comparecencia para solicitar que se produzca esa
presencia en sede parlamentaria. Por tanto, nosotros votaremos
lógicamente a favor la propuesta de habilitar un período extraordinario
para la comparecencia del Secretario de Estado. Y nos gustaría en este
sentido, como se ha propuesto por otros portavoces, que se produjera esta
votación desde el consenso, por lo que trasladamos esta voluntad al Grupo
de Izquierda Unida, a los efectos de que adopte las medidas que considere
oportunas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
El grupo proponente ha manifestado a la Presidencia su intención de
mantener la solicitud y de someterla a votación. Por tanto, vamos a
proceder a la misma.
Votación sobre la solicitud, formulada por los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida y Mixto, de comparecencia ante la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda del Secretario de Estado de Hacienda y del Director
General de la Agencia Tributaria para informar de la prescripción de
expedientes de la Inspección de Tributos por un valor aproximado de
200.000 millones de pesetas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--SOLICITUD FORMULADA POR 15 DIPUTADOS PERTENECIENTES AL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE SUPONEN MAS DE UNA QUINTA PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA
DIPUTACION PERMANENTE, DE CONVOCATORIA DE ESTA PARA QUE POR LA MISMA SE
SOLICITE CELEBRACION DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE ECONOMIA,
COMERCIO Y HACIENDA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: COMPARECENCIA DEL
VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA INFORMAR
SOBRE LA ACUSACION FORMULADA POR EL MISMO CONTRA LOS ANTERIORES
RESPONSABLES DE ESE MINISTERIO Y DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE PERDIDA DE
200.000 MILLONES DE INGRESOS FISCALES (Número de expediente 062/000009)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Solicitud formulada
por 15 Diputados pertenecientes al Grupo Socialista del Congreso a los
efectos de que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda con el siguiente orden del día:
Comparecencia del Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda para informar sobre la acusación formulada por él mismo contra
los anteriores responsables de ese ministerio y de la Agencia Tributaria
de pérdida de 200.000 millones de ingresos fiscales.
Para la defensa de la solicitud tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista solicitó la
comparecencia urgente del Vicepresidente económico del Gobierno, señor
Rato, el pasado día 15, el mismo día en que se conocían a través de los
medios de comunicación acusaciones infundadas sobre un comportamiento
irregular de la Hacienda pública en la anterior legislatura, y al día
siguiente, el 16, pedimos que esa solicitud de comparecencia urgente
fuese debatida en esta Diputación Permanente del día de hoy.
Hemos hecho la petición de comparecencia y la petición de debatir hoy la
comparecencia del Vicepresidente económico del Gobierno a la mayor
brevedad
posible porque entendemos que el tema de que estamos hablando no admite
dilación en su esclarecimiento, con todas las consecuencias que se
derivan de él, para conocer qué hay realmente detrás de esas acusaciones.
Creemos que es un tema de enorme sensibilidad entre millones de españoles
contribuyentes que tienen derecho a que se les garantice una actuación
independiente de cualquier interés espúreo de la Hacienda pública y de
los gobernantes que la dirigen. Pedimos la comparecencia urgente porque
el comportamiento del Gobierno en este asunto, empezando por el
comportamiento de su Presidente, siguiendo por el de sus dos
Vicepresidentes y pasando por el del Secretario de Estado de Hacienda,
nos parece absolutamente intolerable. De no aclararse cuanto antes y
hasta el último detalle qué hay detrás de esas acusaciones y de las
insinuaciones a que han dado lugar esas acusaciones, nos encontraremos
con consecuencias de enorme gravedad para la confianza que los ciudadanos
puedan tener en una hacienda pública que cumpla con su función y que
nunca puede estar doblegada ante los intereses individuales o colectivos
de un particular, circunstancia que es mucho más grave si ese particular
es el partido que nos gobierna.
En lo que se ha dicho se ha faltado a la verdad, se ha mentido. Hay que
decir las cosas como son. En este asunto no hay, no ha habido ni podría
haberla habido, ninguna amnistía fiscal, como dijo de forma absolutamente
irresponsable el Presidente del Gobierno. No ha habido olvido, no ha
habido perdón, no ha habido regalos, no ha habido favores, sino un
comportamiento absolutamente correcto de la Administración tributaria, un
comportamiento absolutamente correcto de los funcionarios de la
Administración tributaria y de los dirigentes políticos que han tenido
responsabilidades para organizar e impulsar el trabajo de esa
Administración tributaria durante todo el período cubierto por los
gobiernos socialistas.
No estamos en la misma actitud, señor Homs. En este debate unos y otros
no somos iguales. Ninguna fuerza política puede quedarse al margen de lo
que aquí estamos debatiendo. Coincido mucho más con lo que dijo el otro
día un consejero de la Generalitat hablando de la demagogia que había
empleado el Gobierno que con esa voluntad de quedarse al margen y pedir
calma, porque hay asuntos que por la gravedad que tienen se deben tratar
con serenidad, pero no se deben dejar a un lado.
Han faltado a la verdad nada menos que el Presidente del Gobierno, los
dos Vicepresidentes del Gobierno y el responsable directo, como
Secretario de Estado de Hacienda, de la Administración tributaria. Se ha
calumniado a los anteriores responsables de la Administración tributaria,
funcionarios y políticos, y tanto los funcionarios como los políticos
tenemos derecho a que, si hemos actuado correctamente, se nos reconozca
así y los ciudadanos lo sepan. Tanto los ciudadanos como los políticos y
los funcionarios, todo ciudadano español, incluso un político, tiene
derecho a defender su honor y su dignidad y a defenderse de las
calumnias. Todos tenemos el derecho e incluso la obligación de hacerlo,
porque aquí no sólo está en juego --y ya sería muy importante-- el honor
y la dignidad de unas personas, sino que, repito, está en juego la
confianza de los ciudadanos ante el modo en que funcionan las
instituciones, ante el modo en que se comportan los gobernantes, ante la
posibilidad de que pueda peligrar su condición de ciudadano, sus derechos
como ciudadano, por el hecho de no compartir políticamente las ideas de
una mayoría parlamentaria de un partido que gobierna.
Se ha calumniado, se ha acusado de delito, se ha pisoteado la dignidad, y
los hechos son los hechos y están ahí, y se deben conocer cuanto antes.
Los hechos son que hay una sentencia de la Audiencia Nacional, de
noviembre de 1994, que por primera vez modifica un criterio sobre los
plazos de que dispone la Administración tributaria para liquidar
actuaciones inspectoras y que, inmediatamente después de conocida esa
sentencia de la Audiencia Nacional, en noviembre de 1994, la
Administración tributaria y los responsables de Hacienda dictaron las
oportunas instrucciones para agilizar al máximo las actuaciones de los
servicios, de manera que esa peligrosa doctrina, que en su día podría
quedar sentada en el Supremo por una sentencia de la Audiencia Nacional,
evitase cualquier daño y cualquier perjuicio a los intereses generales de
la Hacienda al favorecer cualquier posibilidad de ventaja individual
hacia personas o entidades que estuviesen siendo investigadas por
presunto fraude fiscal y que pudiesen beneficiarse de la doctrina que en
su día quedase sentada --si es que quedaba sentada-- por ese criterio
jurisdiccional. Esas instrucciones específicas se ratifican y se
intensifican a medida que se acerca la fecha en que el Supremo va a ver y
a conocer el recurso sobre la sentencia de la Audiencia Nacional y, entre
tanto, todos los expedientes que estaban pendientes de liquidación y que
pudieran verse afectados por una consolidación de esa jurisprudencia
quedaron liquidados. Todos los expedientes quedaron liquidados, salvo
dos, que tuvieron especialísimas dificultades: uno, que tuvo dificultades
de tipo competencial con una diputación foral, y otro, dificultades que
pudieron ser superadas con posterioridad al año 1995. Es más, en el
traspaso de poderes al nuevo Gobierno --que dice no haberse enterado
hasta hace pocos días de lo que sucedía--, el 6 de mayo de 1996, se
entregan en el Ministerio de Economía y Hacienda dos documentos por parte
de los responsables del Gobierno anterior a los responsables actuales; se
entregan en mano al señor Costa, y en esos documentos se advierte de los
asuntos pendientes, del riesgo que supone la posible consolidación en el
Tribunal Supremo de la jurisprudencia que pueda sentar una única
sentencia de febrero de 1996,
que es la que se viene comentando, y se informa de que no hay
jurisprudencia sobre este tema porque sólo hay una sentencia, pero que,
como diferentes tribunales superiores de justicia hacen presumibles
futuros pronunciamientos del Supremo en el mismo sentido, desde hace
tiempo la Agencia ha venido adoptando las medidas necesarias, con lo que
se ha conseguido que la totalidad de los órganos liquiden dentro del
plazo reglamentario, con la única excepción de la Delegación de Madrid,
donde se han desarrollado planes de actuación especiales durante al año
1995 para resolver el problema.
Esta información se ha entregado en dos documentos. Uno, a los actuales
responsables del Gobierno en materia tributaria el 6 de mayo del año
pasado, y hay que decir que quien fue responsable de la Delegación
especial de Madrid durante el período en que se produjo la acumulación,
curiosamente, fue nombrada jefa de gabinete del actual Secretario de
Estado de Hacienda, luego no creo que haya podido acusar a su jefa de
gabinete de actuaciones negligentes y mucho menos de actuaciones dolosas,
ni siquiera culposas. Meses después del traspaso de poderes, el 16 de
diciembre de 1996, hace un mes y cuatro días, se produce una resolución
del Tribunal Económico-Administrativo Central, que, como todos ustedes
saben, no es más tribunal que otros, sino menos, porque es
administrativo, porque es un órgano del Poder Ejecutivo, es un órgano
intermedio para tratar de resolver contenciosos de los contribuyentes con
Hacienda antes de llegar a la vía judicial, es un órgano que depende del
Poder Ejecutivo. Y esa resolución de 16 de diciembre, de hace un mes y
cuatro días, es la que sin venir a cuento, sin necesidad, reconociendo
que no hay sentada jurisprudencia, cambia el criterio del Ministerio de
Hacienda y empieza a dar la razón a la sentencia de febrero de 1996,
cuando no tienen por qué dársela. A partir de ahí es cuando alguien,
algún inteligente --no sabemos si en el Ministerio de Hacienda, en la
Secretaría de Estado de la Comunicación o en la calle Génova, me da
igual-- algún inteligente empieza a pensar que, habiendo renunciado a
defender los intereses de la Hacienda pública, porque, dicho vulgarmente,
el Gobierno se baja los pantalones y renuncia a seguir defendiendo los
intereses generales, a alguien hay que echarle la culpa. En el Parlamento
no vamos a permitir que esa culpa se eche a quien no la tiene y
acudiremos donde haya que acudir para reponer la verdad y defender el
honor y la dignidad de las personas; pura y simplemente no lo vamos a
permitir. Entérense de una vez. El Gobierno tiene que venir a responder
aquí, no basta con un Secretario de Estado; tiene que venir el
Vicepresidente económico del Gobierno --y eso es lo que solicitamos-- a
decir qué hay de esto, si los hechos son como son o como a él le gustaría
que fuesen; que venga y lo explique cuanto antes, porque la cuestión no
admite demoras ni admite neutralidades. Es una cuestión muy seria,
señores del Partido Popular, trasládenselo a los señores del Gobierno.
¿Quién ha diseñado este montaje? ¿Quién va a dar la cara asumiendo la
responsabilidad de haberlo diseñado? ¿Quién va a decir que lo blanco es
blanco y lo negro, negro, en vez de tratar de hacernos comulgar con
ruedas de molino diciendo que lo negro es blanco y lo blanco es negro?
¿Quién? Que venga. Seguro que no ha sido el Secretario de Estado de
Hacienda; estoy convencido de ello. Los hechos de los que nos puede
hablar el Secretario de Estado de Hacienda son conocidos, él los conoce
desde el 6 de mayo de 1996, como nosotros conocemos la resolución del
Tribunal Economico-Administrativo de diciembre de 1996 y como debiera
haber conocido ayer el señor Vicepresidente Económico del Gobierno la
sentencia del viernes pasado del Tribunal Supremo, que no es igual que la
de febrero, cuando hizo las declaraciones a Europa Press. Hoy figura en
algunos medios: Rato dice que una nueva sentencia del Supremo ratifica
que los expedientes de inspección no pueden paralizarse, tratando de
agarrarse a una sentencia que no le da asidero para renunciar a la
defensa de los intereses generales, litigando hasta el último segundo
para impedir que la sentencia de febrero de 1996 haga jurisprudencia.
Esta cuestión no puede quedar así, ni puede quedar así la cuestión de la
lista de amigos, señor De Grandes y señor Acebes. No me olvido de
ustedes. Ustedes no son del Gobierno pero han hablado de la lista de
amigos. ¿Dónde está esa lista? Pónganla encima de la mesa, dénsela al
Presidente del Congreso. ¿Existe la lista o no? Si existe, dénsela al
Presidente del Congreso, para que todos la conozcamos y que el Gobierno
investigue. Queremos preguntar al señor Rato qué investigaciones ha
empezado a emprender, porque él dice que no la conoce, que no existe tal
lista, pero ustedes han hablado de lista de amigos. Ustedes han sugerido
que conocían nombres propios presuntamente beneficiados de las
actuaciones. (Rumores.) Sí lo han dicho, sí. Y no sólo ustedes, también
lo ha dicho el Presidente del Gobierno ante los ojos de quienes ven los
Desayunos de Radio 1 y escuchan Radio Nacional; lo ha dicho y es
intolerable ese tipo de acusaciones sin ningún fundamento. Digan qué
nombres son. Pónganlos en la mano del Presidente del Congreso para que a
través de él toda la Cámara y todos los ciudadanos sepan de qué estamos
hablando, de quiénes estamos hablando. Si saben de quiénes estamos
hablando, díganlo, y veremos de quiénes son más amigos. Yo no sé de qué
personas o entidades se trata en esos expedientes, pero quiero saberlo, y
creo que no tenemos más remedio que saberlo, por la insidia que ustedes
han creado hablando de amigos beneficiados que no se van a ir de rositas,
entre comillas, señor Acebes --lo decía usted; se van a ir de rositas
ellos, y todos los demás, políticos o no políticos, funcionarios o no
funcionarios, ciudadanos en general, nos vamos a quedar bajo la sospecha
y la duda, mientras que los que estén en esa lista se van a ir de
rositas, y no queremos que se vayan de rositas. Queremos que si usted los
conoce, lo diga, y si no reconozca que no los conocía, y que no vuelva a
utilizar ni una sola vez en la vida política, ni fuera ni dentro de esta
Cámara, ese mal estilo, que es el estilo de Nixon en sus días peores,
cuando decía a su asesor, que también acabó como él expulsado de la vida
política: Hay que buscar --no diré la palabra exacta que decía sino una
parecida para que pueda constar en el «Diario de Sesiones»-- al más
indeseable que conozcas para ponerlo al frente de la Agencia Tributaria y
atacar a nuestros enemigos. No queremos que esto se consolide. Hay que
reconocer públicamente, señor Rato, señor Aznar, señor Alvarez-Cascos,
señor Costa, señor Acebes, señor De Grandes, que los hechos no son como
ustedes han dicho que son, que si tienen una lista no tienen ningún
derecho a ocultarla, y que si no la tienen no la había el día 15, el día
16 ni el día 17. Si hay lista debemos saber cómo la conocen ustedes y a
través de quién, porque es delito conocer esa lista hasta que no se
regule el levantamiento del secreto fiscal para este tipo de situaciones,
cosa que vamos a proponer. Hay que saber quién lleva la lista a La
Moncloa y a Génova, y hay que pedir responsabilidades. Este país no se
merece ese estilo ni esas prácticas ni esas calumnias ni esas insidias;
no se lo merece y no está dispuesto a consentirlo. Y para todo eso, señor
Presidente, señoras y señores Diputados, cuanto antes venga aquí, a esta
Cámara, el señor Rato, mejor para él, mejor para la Cámara, mejor para el
buen crédito de personas que hoy están bajo sospecha de forma
absolutamente gratuita y calumniosa, y mejor para los ciudadanos de este
país y para la convivencia entre todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Para turno en contra tiene la palabra el señor Aguirre, en nombre del
Grupo Popular. (El señor De Grandes pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón. Tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, es obvio que he sido
aludido y quisiera consumir un turno que no tengo inconveniente en que
sea después de la respuesta del Grupo Popular, pero si entiende que es
mejor ahora mismo lo hago ahora mismo.
El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo ahora o a continuación, como guste su
señoría.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Prefiero hacerlo después. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Almunia, yo voy a imprimir a mis palabras bastante calma,
utilizando un tono no le voy a decir que cordial pero sí por lo menos más
pacífico, porque le veo a usted francamente alterado. (El señor Almunia
Amann: ¡Por supuesto, no le quepa la menor duda!--La señora Aroz Ibáñez:
Hay razones.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Respeten el turno del
orador.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Es verdad. Debo reconocer que en otros
episodios de la vida política española no le he visto, en ningún momento,
que haya tomado ese nivel de alteración cuando, desde las filas del
gobierno al que usted pertenece... (Rumores.) Perdón, desde las filas del
partido al que usted pertenece --he sido preciso--, se han protagonizado
un conjunto de escándalos... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías,
les llamo al orden.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Sí, sí. Es que yo considero que las
alteraciones tienen que tener un denominador común. Hay que alterarse de
igual manera cuando se producen episodios como los que ustedes han
protagonizado, por lo menos, para poder decir hoy cuáles son las razones
de su alteración. Voy a intentar, en lo que a mí respecta, ser persona
más moderada en los tonos y en las afirmaciones.
Usted sabe, señor Almunia, que las distorsiones procedimentales, en el
sistema de inspección, no se producen hasta determinado año. Es decir,
que dentro de un calendario podemos observar dos fases distintas: un
momento en el que no hay ninguna distorsión y un momento en el que
comienzan a producirse estas distorsiones; curiosamente, con el mismo
marco legal. Y son ustedes los autores del reglamento cuya interpretación
desde el año 1990 empezó a generar inquietud en los profesionales de la
administración tributaria. Quiero que quede claro el hecho de que hay dos
fases distintas: en una, hay distorsiones y, en otra, no las hay, porque
la pregunta que ya nace es: ¿Cuál es la razón de que, en un momento
determinado, con el mismo marco legal, no se produzcan distorsiones y
cuál es la razón de que, en un momento determinado, con el mismo marco
legal, se empiecen a producir distorsiones? (El señor Fernández Marugán
pronuncia palabras que no se perciben.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán, le llamo al orden.
(Rumores.) Señorías.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Como saben ustedes, hay un momento en el que
se empiezan a producir retrasos en el período de inspección, y hay un
momento en el que se empieza a producir un conjunto de advertencias de
los efectos que pueden producir estos retrasos. Usted, señor Almunia,
casi podría decir quién inició esas advertencias. ¿Por qué no le dice a
esta Diputación Permanente cuál fue el primer informe que advirtió de las
consecuencias que podrían tener esos retrasos? Se lo podría decir: es muy
anterior a 1994. ¿Por qué en aquel momento, cuando se produce el informe
de la Dirección General de Tributos --Dirección General de Tributos
nombrada por un gobierno socialista--, no se comenzó a adoptar medidas y
se vieron las derivaciones que se pudieran producir por esos retrasos?
Retrasos que, como he dicho hace un momento, no se habían producido
anteriormente con el mismo marco legal. Por lo tanto, después de ese
informe de la Dirección General de Tributos, comienza a nacer una
doctrina diametralmente opuesta; doctrina que viene marcada por sucesivas
sentencias en la materia, por parte de distintos tribunales. Y la
administración tributaria permaneció en una actitud pasiva, expectante,
por ver si en algún momento se podía producir alguna sentencia que de
alguna manera modificara esta doctrina que se estaba consolidando.
Señor Almunia, a las filas de su grupo parlamentario le sorprende, le
incomoda, probablemente porque le afecta políticamente, la transparencia
informativa del Gobierno popular. (Risas.) Usted ha aludido aquí al
traspaso de poderes, y nos ha dicho que ya en aquella ocasión le habían
facilitado ustedes al Gobierno un documento, que hoy puede verse
parcialmente reflejado en un medio de comunicación, en el que le
comunicaban que existe un procedimiento complejo abierto como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y que la insistencia de
la doctrina de las diferentes sentencias puede tener derivaciones. Yo
creo que el Gobierno le daría las gracias por la información que le
trasladó en este documento, pero déjeme decirle una cosa: la sentencia
del Tribunal Supremo es pública, no pone en conocimiento gran cosa.
Cuando ese documento le habla al Gobierno de la insistencia con la que
pueden estar reiterándose sentencias, viene a confirmar las inquietudes
que están mostradas en los pronunciamientos del Gobierno sobre las
consecuencias de estos retrasos. Desde luego, lo que no comunicó el
Gobierno saliente al Gobierno entrante fue el tamaño, la cuantía, la
dimensión y el perjuicio que se podría derivar de consolidarse esta
doctrina.
Su señoría ha hecho mucha gala de que ese era un argumento en el que se
apoyaba para decir que ya habían ustedes avisado, pero ustedes no habían
avisado más que de un hecho público, como es la existencia de dicha
sentencia. (La señora Rubiales Torrejón: !Fíjate si no llegamos a
avisar!) Hemos escuchado en su intervención algunas calificaciones y
observaciones que yo considero claramente erróneas, y yo diría que de
alguna manera inciertas. Nos viene a decir que se ha calumniado.
Coincidirá conmigo, señor Almunia, que hacer público que existe una
posibilidad de quebranto en las arcas públicas y decir que ese posible
quebranto se puede producir por la negligencia de las autoridades
políticas de la administración tributaria anterior, no es ninguna
calumnia. Si usted considera que calificar de negligencia la acción
política es una calumnia, probablemente tenemos un concepto distinto de
lo que significa la palabra negligencia, o lo que no quiere es poner de
manifiesto que durante un período de tiempo se estaban produciendo una
serie de estancamientos en la tramitación de los expedientes de
inspección.
Yo considero, señor Almunia, que la administración socialista tuvo en su
momento suficientes antecedentes como para poner mayor actividad en la
solución de los temas que se estaban planteando. Le he mencionado antes
el informe de la Dirección General de Tributos, pero también seguramente
conocerá la existencia de diferentes informes de los servicios de la
auditoría interna de la administración tributaria, y usted mismo ha
mencionado la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Por tanto, con anterioridad a que ustedes abandonaran el Gobierno
tuvieron más de un documento, más de una advertencia de que se podía
producir y se estaba produciendo todo un proceso de retrasos que
afectaría a la capacidad de ingresos del Estado.
La voluntad del Gobierno, señor Almunia, será seguir recurriendo este
tipo de procedimientos porque, aunque en este momento las diferentes
sentencias no parecen ser muy favorables a los intereses de la
administración tributaria, no queremos dejar de realizar los esfuerzos
oportunos para defender los intereses del Estado ante los tribunales.
Pero, no nos engañemos, ahí hay toda una doctrina que se está
consolidando y que, si en un futuro termina por ser fuente de Derecho,
impactará directamente a lo que podemos llamar un agujero en la
administración tributaria.
Hemos repasado en este trámite convenientemente los hechos. Mi grupo
considera que la comisión --acaba de aprobarse en esta Diputación
Permanente que se convoque en período extraordinario, con la presencia
del secretario de Estado-- es sede parlamentaria suficiente para poner de
relieve cuáles son los hechos, cuáles son las derivaciones, cuáles son
las responsabilidades y cuáles son las soluciones que se tienen que
adoptar para aminorar el impacto de estas actuaciones.
Por estas razones vamos a votar en contra de la petición que ustedes
formulan aquí. Con la aprobación unánime de la anterior comparecencia
estamos dando
respuesta suficiente y política a la polémica actual sobre los hechos
protagonizados en anteriores administraciones tributarias bajo el mandato
de la administración socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Los señores De Grandes Pascual y
Acebes Paniagua piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Para un turno de alusiones, que recuerdo a SS. SS. que está tasado
reglamentariamente en tres minutos, tiene, en primer lugar la palabra, el
señor De Grandes y, posteriormente, el señor Acebes.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Procuraré ser breve y no ocupar más de esos tres minutos, sin perjuicio
de advertir que no habrá pasado desapercibido que las acusaciones son
graves y el tono, también.
El estilo ya lo conocemos, señor Almunia. Lo acaba de demostrar el
Presidente de su Grupo Parlamentario, pidiendo que al Vicepresidente
Primero se le ponga un bozal. Eso es expresión muy clara de cuál es el
estilo que usan y vienen usando desde hace muchos años en esta Casa.
Señor Presidente, sin entrar en el fondo, sí tengo que decir, porque
parece que amenazan con ir a los tribunales --por tanto, cuidaré mis
palabras--, que el Gobierno se ha limitado a comunicar a la opinión
pública, como era su deber, el dato incontestable de que las
consecuencias de las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal
Supremo y numerosos tribunales superiores de Justicia y otros tribunales,
permiten aventurar que más de 600 expedientes, de una deuda de un
montante igual o superior a 200.000 millones de pesetas, habrían
prescrito como consecuencia de una negligencia política, que sería
imputable a los antiguos responsables políticos de la Agencia Tributaria
y en todo caso, tanto el Gobierno como yo mismo cuando me he podido
pronunciar, he dejado fuera, de forma respetuosa, a los funcionarios que
nada tienen que ver y que siempre han sido diligentes. Por mi parte, me
he limitado a hacer un juicio de valor político, reiterando que todo
conduce a pensar que hay una negligencia grave en términos políticos que
pudiéramos denominar, en deformación ya que están hablando de tribunales
y de delitos, de comisión por omisión.
Valoré también, y lo mantengo, que no se trata de expedientes aislados,
sino de un volumen ingente, repito, de más de 600 expedientes; y que no
se trata de pequeños contribuyentes, les guste o no, sino de personas
físicas y de personas jurídicas, con una media de deuda de unos 300
millones de pesetas. (La señora Villalobos Talero: Eso lo sabes tú,
Almunia.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Déjenme acabar.
En ningún momento he imputado comisión de delito alguno, porque no me
corresponde, y eso pese a haber sido requerido expresamente por los
medios de comunicación. (Rumores.) Expresamente no quise hacer
pronunciamientos de ese tipo. (El señor Almunia Amann: Estas son
alusiones.)
Dicho esto, resulta chocante que se escandalicen, señorías del Grupo
Socialista, que desde que accedieron al poder vienen haciendo juicios de
intenciones sobre las medidas del Gobierno, calificándolas de regalos a
amigos del Gobierno a cambio de supuestos apoyos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor De Grandes. Tendrá su turno, señor
Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Estamos en un turno de alusiones. Esto no es una
respuesta. Estamos dispuestos a tener un debate con el Gobierno aquí.
El señor PRESIDENTE: Tendrá su turno por réplica, y, si lo desea, un
turno por alusiones.
Señor Almunia, le llamo al orden.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias por su amparo, señor Presidente.
Estas calificaciones no les escandalizan; esas descalificaciones no
suponen juicio de intenciones ni supuesto delito de prevaricación a
nuestro Gobierno. Nosotros las hemos contestado en términos políticos. No
se nos ha ocurrido decir que nos estaban calumniando.
Lo ocurrido permite valorar que el comportamiento detectado tiene toda la
apariencia de favorecer amigos, les guste o no. No se trata, repito, de
los menos favorecidos, como ustedes presumen.
Existe, por tanto, relación de causa-efecto entre sus descalificaciones y
la nuestra, con la diferencia de que en su historial, señor Almunia, le
guste o no a su grupo y al Gobierno que apoyó, rezaba, siguiendo la glosa
de aquel dicho de un famoso comercio, que quien practicó la elegancia
social del regalo no fuimos nosotros, sino el Gobierno socialista en su
momento. Les quiero recordar ahora el caso Corcuera, que está sub iudice
y, por tanto, respetémoslo.
Por último, señor Almunia, amenazar ahora con acudir a los tribunales
para cercenar la libertad de expresión...
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes, le ruego concluya.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Sí, sí, estoy en ello, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues, procúrelo con carácter inmediato porque ha
concluido su tiempo.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Intentar cercenar la libertad de expresión
de nada menos que un portavoz parlamentario indica, señor Almunia, que
ustedes con las elecciones no sólo perdieron la potestas sino también la
auctoritas.
Señor Almunia, digamos con Quevedo que no callaré por más que con el dedo
que demande silencio, amenace miedo. Seguiré hablando, y le recuerdo que
existe la exceptio veritatis... (Un señor Diputado: !Si sabe latín!) Me
lo enseñó el señor Griñán, que era compañero mío, buen alumno y buen
latino. (El señor Griñán Martínez: Estaba en castellano.) Si quieren
seguir ese camino no tendremos inconveniente, y yo tendré el honor de
ponerme la toga para defender la libertad de expresión que usted me
niega.
Nada más. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en el turno de alusiones con brevedad porque, pese a que puede
enfadarse y emplear el tono solemne que quiera el señor Almunia, los
hechos son muy tozudos y, además, muy contundentes.
El anuncio de la Secretaría de Estado, que ahora se pretende desvirtuar
con el discurso del señor Almunia, es muy claro: hay una bolsa de fraude
de 200.000 millones de pesetas que afecta a 600 expedientados. Esto es lo
que dice el secretario de Estado, y no hay que imputárselo a nadie porque
lo dice públicamente y con absoluta transparencia.
Dice también que ha habido retrasos en la inspección... (El señor Almunia
Amann: Lo ha dicho él, no lo ha dicho el secretario de Estado.) No se
ponga nervioso, hombre. Sabemos, señor Almunia que su respeto a la
libertad de expresión...
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, respete el turno que está utilizando
el orador para manifestar sus argumentos.
Continúe, señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Decía, señor Almunia, que su respeto a la
libertad de expresión está dejando mucho que desear pero, por favor,
déjeme terminar, si no por la libertad, por lo menos por la cortesía
parlamentaria. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor Acebes, no
establezcan diálogos cruzados.
El señor ACEBES PANIAGUA: Decía, bolsa de fraude de 200.000 millones,
aunque les guste poco oírlo; 600 expedientados, lo dice también el
ministerio; retrasos en la inspección de dos años de media y cinco en
algunos de esos casos; avisos a los políticos por parte de los
funcionarios de que se estaban produciendo esos retrasos en perjuicio de
la Hacienda pública y sentencia del Tribunal Supremo estableciendo que,
con más de seis meses, han prescrito. Esta es la verdad de los hechos. No
sé de qué se escandalizan.
Por otra parte, sus portavoces, como decía antes el señor De Grandes,
diciéndonos todos los días que nosotros con nuestras políticas, por
acción o por omisión, beneficiamos a los amigos. ¿Qué querían, en
términos políticos, que les dijésemos cuando luego tenemos que afrontar
estos hechos tan contundentes y tan tozudos, a pesar de que usted se
enfade mucho, a pesar de que utilicen la técnica del insulto --acaban de
leer lo que ha dicho el ex Presidente del Gobierno, señor González,
respecto al Vicepresidente, señor Cascos, algo absolutamente
intolerable-- o algunas de las expresiones que S. S. acaba de verter?
¿Sabe por qué se está produciendo su desorientación o su nerviosismo a la
hora de hacer oposición, como manifestaba también algún portavoz suyo con
las calumnias? Porque estos hechos están poniendo de manifiesto algunas
actitudes políticas y nuestra crítica siempre es política.
Ahora hemos descubierto del señor González y de todos ustedes que le han
acompañado durante el Gobierno cuál era su Estado del bienestar. Serán
amigos --supongo que no enemigos ni indiferentes-- quienes se han
enterado de que por su inactividad o por su omisión --pónganle el
calificativo que quieran-- no van a tener que pagar 200.000 millones de
pesetas a Hacienda. Ese es el Estado del bienestar al que ustedes se
referían. Eso lo han puesto de manifiesto los hechos ante los ciudadanos
españoles, eso es lo que les molesta, eso es lo que les crispa y están
dispuestos a todo, hasta, incluso, a intentar privarnos de la libertad de
expresión con tal de que no lo pongamos de manifiesto. Lo seguiremos
haciendo y lo seguiremos intentando, digan lo que digan. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Acebes.
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Responderé a la triple réplica encubierta bajo presuntas alusiones. Da
igual. A uno o a tres, todos dicen lo mismo.
Déjeme, señor Presidente, hacer un comentario antes de entrar en la
respuesta. Han empleado lo de la transparencia política del Gobierno y la
defensa de la libertad de expresión. Hoy en La Coruña, don Miguel Angel
Rodríguez analiza en una conferencia la transparencia
política al servicio de la libertad de expresión. Se ve dónde encuentran
ustedes su jurisprudencia y su inspiración. Así les va.
Una cosa es escandalizarse ante la insidia, la calumnia, el pisotear el
honor y la dignidad de funcionarios y de personas que han estado
sirviendo a los intereses generales y otra cosa es el nerviosismo. No
confundan la indignación con el nerviosismo. Yo estoy indignado con cómo
manipulan ustedes el poder que tienen a partir de las elecciones de
marzo. (Rumores.) Estoy indignado ante el hecho de que los contribuyentes
españoles no sepan si sus expedientes están en la calle Génova, sede del
Tribunal Económico-Administrativo o en la calle Génova, un poco más
arriba. (Rumores.) Estoy indignado con eso, pero nerviosos están ustedes.
Así les va y el ciudadano nota que están ustedes nerviosos.
Yendo al asunto, Aznar denuncia que el PSOE utilizó a Hacienda para hacer
regalos y favores. Eso es acusar de un delito, es acusar de
prevaricación. ¿Dónde están los fundamentos de todo un Presidente del
Gobierno para anunciar esto?¿Quién los tiene? ¿Los tiene él en La
Moncloa? ¿Los tienen ustedes en la calle Génova o tiene razón el
Vicepresidente económico del Gobierno, al que nos gustaría ver aquí
respondiendo en nombre del Gobierno y no a ustedes que hablan en nombre
del Gobierno con total soltura, pero no pertenecen a él ? El señor Rato
dice que nadie conoce esos nombres. ¿Cómo pueden ustedes edificar esta
mentira y esta calumnia sobre unos nombres que no conoce el
Vicepresidente económico del Gobierno? ¿Quién los conoce? ¿Dónde están?
Si no están, ¿por qué dicen, insinúan que los tienen o dirigen el dedo,
sin atreverse a hacerlo con total claridad, afirmando nombres y
apellidos? ¿Por qué introducen la insidia?
Dice usted, señor De Grandes, que no ha dicho nada. El periódico del cual
extraigo algunas frases entrecomilladas, que tampoco se mordió la lengua,
«culpó al Gobierno de Felipe González de favorecer con este intercambio
de cromos a los amiguetes...» (Esto es acusar de un delito, igual que
hizo el Presidente del Gobierno) «El señor Acebes aprovechó la denuncia
de Costa» --es verdad, mejor asesorado jurídicamente no se pilló los
dedos, usted sí-- «y retó al PSOE a que identifique a sus amigos ricos
para que devuelvan los 200.000 millones y no se vayan de rositas».
Es todo falso. Datos de las actas liquidadas en los últimos años por
Hacienda: 1990, 117.000 actas, 237.000 millones de pesetas; 1993, tres
años después, 161.000 actas, 403.000 millones de pesetas; 1995, 160.300
actas, 433.924 millones de pesetas. Dentro de estas cifras... (Rumores.)
--señores, escuchen, a ver si se enteran de lo que está pasando--, dentro
de estas cifras, decía, están esos 600 expedientes. Por si no se habían
enterado, están liquidados. A 31 de diciembre de 1995 no quedó ni uno
solo de los expedientes que pudieran verse afectados por la sentencia de
la Audiencia de noviembre de 1994, posteriormente confirmada por el
Supremo, por liquidar, y la inmensa mayoría de ellos estaban totalmente
liquidados el 7 de abril de 1995. (Rumores.) !Sí, señores, a ver si se
enteran de lo que sucede!
Lo que pasa es que los presuntos defraudadores, una vez que Hacienda les
liquida una deuda tributaria, acuden a los tribunales para tratar de
esquivar el cumplimiento de esa deuda tributaria que Hacienda en el año
1993, 1994 ó 1995 ha reconocido y ha constituido en acta de liquidación.
Ahora su Gobierno, el que ustedes apoyan, se está dirigiendo hacia la
renuncia de los derechos que le corresponden para que esas actas de
liquidación ya firmadas por Hacienda puedan salir triunfantes de los
tribunales. Sí, señores, eso es lo que está sucediendo. (Rumores.) El
Tribunal Económico-Administrativo Central, que es el Poder Ejecutivo, que
es el Gobierno, ha cambiado de criterio sin que la jurisprudencia le
obligue a ello. Lo reconoce en su resolución de diciembre de 1996, y
algún listo --entre comillas-- ha creído que esa renuncia ante los
tribunales, no basada en una jurisprudencia vinculante sino en el
criterio de renunciar a seguir ejerciendo derechos, se la podía endosar
no a quien cambia de criterio, sino a quien no cambió de criterio. No
estamos dispuestos a aceptarlo y queremos que venga el Vicepresidente
económico. Si no viene él haremos que venga, porque habrá grupos
parlamentarios que no soporten mucho tiempo la tensión de estar
esquivando ese tipo de comportamientos y tendrán que afrontar en período
ordinario de sesiones su responsabilidad. Quienes todavía hoy les apoyan
en esta historia dejarán de apoyarles y, si no, al tiempo.
Regalos. Mire, una cosa es hablar de regalos en términos políticos y otra
cosa es hablar de regalos que incluyen en la dádiva un delito de
prevaricación. Regalo, en términos políticos, es modificar a la baja el
Impuesto sobre Sociedades a través de la regularización de balances, la
regulación de las plusvalías, las rebajas de los módulos, la reducción
del tipo de sociedades para determinadas empresas, la nueva regulación
tributaria para los clubes de fútbol, el artículo 5.º de la Ley de
Acompañamiento, la prórroga de las concesiones a los concesionarios de
autopistas, el protocolo eléctrico; ésos son regalos en términos
políticos. Ustedes tienen su política y nosotros la nuestra; ustedes
favorecen a unos, pocos y poderosos, y nosotros a otros. Pero esos
regalos hay que hacerlos en el marco de la ley (Varios señores Diputados:
¡Claro!) y se pueden denunciar políticamente sin estar acusándoles a
ustedes de un delito. Ustedes son unos políticos que responden y
representan a determinados intereses y se deben a quien se deben (El
señor Del Burgo Tajadura: Filesa.), pero háganlo sin crispar la vida
política, sin introducir la insidia como único instrumento de debate con
la oposición y sin malversar el crédito de la Hacienda pública, que ha
sido muy costoso establecer en nuestro país,
un país que durante decenios no había tenido cultura de cumplimiento de
las obligaciones con Hacienda y que en el último periodo, en los últimos
trece años, ha empezado a adquirir esa conciencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Estamos en el turno de réplica y, por tanto, tiene la palabra el señor
Aguirre, que es quien ha consumido el primer turno. (El señor De Grandes
Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, sin perjuicio de que el
representante de mi grupo agote el turno de réplica correspondiente, creo
que ha vuelto a haber alusiones y, por tanto, solicito la palabra. Le
aseguro que en un minuto acabaré.
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes, las alusiones que he percibido en
el discurso se entienden incluidas en el razonamiento de la réplica. Si
S. S. ha entendido que ha habido alguna alusión personal o de grupo,
tiene la palabra, efectivamente, por un minuto y, posteriormente, la
tendrá el señor Aguirre.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Seré breve, efectivamente, y le aseguro que me limitaré a lo que entiendo
que son no ya alusiones sino amenazas concretas de que me quieren llevar
a los tribunales por supuesta imputación de delitos. Así de sencillo y
así de claro. Me está amenazando con llevarme a los tribunales porque he
acusado al Gobierno y a sus componentes de prevaricación. (Varios señores
Diputados: ¡Sí!) Me están dando la razón. He explicado que en lo absoluto
yo entiendo la vida política de otra manera, pero además le quiero decir,
señor Almunia, que repase las lecciones de derecho o que se asesore
mejor.
Usted sí que está realizando naturalmente actos que inducen al delito. Le
está pidiendo al Gobierno que dé los nombres y las listas, cosa que no
puede hacer por ley, ya que cometería un delito. Se lo está pidiendo al
Gobierno. (El señor Almunia Amann: No, a ti.) Está haciendo imputaciones
de prevaricación al Gobierno también cuando dice que ha renunciado a
seguir, cuando lo que ha hecho ha sido una valoración presumiendo que
conforme a la sentencia del Supremo y las sentencias subsiguientes que se
han producido, hay que pensar que se va a producir jurisprudencia y, por
tanto, sin perjuicio de que en este instante se están realizando todos
los actos necesarios para seguir los expedientes, presume, naturalmente,
como lo presumen los técnicos de Hacienda, que será inútil. Así pues, no
amenace, debatamos con libertad. Yo no pienso llevar al señor Ciscar a
los tribunales, en absoluto; le pienso contestar en términos políticos,
porque su cantinela y la de usted, señor Almunia, de que hacemos regalos
a los ricos la entiendo en términos políticos. Es una calumnia, significa
una bagatela permanente, pero no le pienso llevar a los tribunales. Le
pienso contestar aquí y ahora, en el Parlamento, que es donde
corresponde. (El señor Almunia Amann pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Almunia, la portavoz adjunta de su grupo me ha transmitido la
intención de su señoría. Tiene la palabra por un minuto estrictamente
para aclarar el malentendido, si es que ha sido así, percibido por la
Presidencia y por su grupo.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, ya sabe usted la dificultad que
tiene deslindar entre lo que es una réplica y lo que es una alusión.
Evidentemente, el señor De Grandes no se ha sustraído a la confusión
reglamentaria de mezclar una cosa con otra.
Quiero precisar dos cosas. La lista de los nombres que se conozcan, de
esos 600 expedientes, no se la pido al Gobierno, se la pido al señor De
Grandes y al señor Acebes que dicen que la conocen (El señor De Grandes
Pascual: No, no.-- El señor Acebes Paniagua: ¿Dónde?), porque utilizan
esos nombres como instrumento para sembrar dudas sobre la honorabilidad
de las personas, incluso sobre el comportamiento, con arreglo a la ley,
de personas que han mantenido responsabilidades importantes. Si no tiene
la lista, reconózcalo palmariamente de una vez por todas y acabemos ya
con el juego de decir que tiene los nombres, pero que no los encuentran.
Segundo, acudir a los tribunales. Si hay que acudir a los tribunales por
parte de un ciudadano, se acude. Lo que el Partido Socialista no ha hecho
ni quiere hacer, lo que el Grupo Parlamentario Socialista no ha hecho en
el pasado ni quiere hacer es convertir los tribunales en un campo más de
batalla política. Ustedes lo han hecho repetidas veces. A ver si
aprenden.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Para cerrar el turno de réplica, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, vuelvo a insistirle, señor Almunia, me hubiera gustado que
la indignación que hoy hace pública la hubiera puesto de manifiesto con
motivo de episodios francamente lamentables y dañinos para la democracia
española que han protagonizado miembros del partido al que usted
pertenece. En cambio, en aquellas ocasiones esa indignación vi que se
troncaba en complacencia, en excusas y en disculpas.
Aquí de lo que se trata al final, señor Almunia, es de reconocer, como
reconocen los informes internos de la Agencia Tributaria, que se ha
producido una tramitación
absolutamente negligente de los expedientes de inspección, dentro del
marco legal establecido y vigente, que ha propiciado que se tengan serios
indicios de que se va a producir un perjuicio para los ingresos de la
Hacienda pública, y ese perjuicio a la Hacienda pública se produce bajo
los mandatos de la dirección política del Partido Socialista en dicha
Agencia Tributaria. Por lo tanto, habría que preguntarse a quién
benefician esos retrasos que se han planteado en las tramitaciones y
podríamos averiguar que hay una parte de los contribuyentes cuyos
expedientes no tuvieron ningún tipo de retraso y tuvieron todo tipo de
diligencia, como está mandado en la praxis administrativa, y que otros
expedientes no tuvieron esa diligencia. Así pues, hay unos expedientes,
unas inspecciones que se han visto clarísimamente beneficiadas y hay
otros expedientes que han seguido la rigurosidad de los reglamentos de
inspección. A juicio de cualquier observador, se ve que existe un agravio
comparativo en el trato que han tenido unos y otros expedientes. Yo no sé
si se podrá o no presumir que en el campo de ese trato beneficioso
existen unas relaciones que se puedan llamar amistosas, pero en cualquier
caso es un hecho que ese beneficio no se hará a los enemigos. Por lo
tanto, se podrá presumir que a lo mejor en esa bolsa, bolsa que yo
desconozco, habrá más de algún amigo.
Usted nos decía que se plantean regalos en términos políticos en un
conjunto de medidas que ha adoptado el Gobierno en su política económica.
Yo no creo que el tema de hoy sea hablar de esas medidas que usted ha
enunciado, pero en materia de regalos de medidas políticas habría que
hacerle un repaso a sus actuaciones cuando estuvieron en el Gobierno, y
encontraríamos muchos ejemplos que podrían citarse en este debate, pero
creo que no ha lugar.
En cualquier caso, señor Almunia, tenga usted la seguridad de que el
Gobierno está manteniendo su esfuerzo en recurrir todos los expedientes
para poder defender los intereses de la Hacienda pública. De todas
formas, quienes han creado las condiciones para que esas sentencias sean
contrarias al interés de la Hacienda pública son unos dirigentes
políticos de la Administración tributaria bajo los mandatos del Partido
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera poner de relieve, en primer lugar, que no todos los grupos
parlamentarios estamos en la misma situación para abordar estos debates y
que no existe la igualdad de oportunidades del debate cruzado celebrado
entre los portavoces del Grupo Socialista y el Grupo Popular. Se ha
podido constatar con claridad la abundante documentación que ambos
portavoces poseen en relación a este tema y nosotros tenemos que confesar
con toda claridad que no es ésa nuestra situación. Salvo la lista, yo
creo que hemos conocido todas y cada una de las situaciones, y lamentamos
que no hayamos podido conocer la lista porque hubiéramos salido mucho más
ilustrados de esta sesión.
Creo que el desarrollo de la sesión se ha excedido en el objeto de la
misma, que provenía en origen de una solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista para que el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda compareciera urgentemente para poder informar en relación al
tema que nos ocupa, porque se ha pasado a debatir sobre la situación de
estos 200.000 millones de ingresos fiscales. Tanto el portavoz del Grupo
Socialista como el portavoz del Grupo Popular han llegado a las
conclusiones. Nosotros habíamos entendido, señor Presidente, en el debate
anterior que a propuesta de Izquierda Unida se había procedido a
establecer una metodología de trabajo, a efectos de que el Secretario de
Estado de Hacienda compareciera en primer lugar, a fin de que se pudiera
tener todo tipo de datos sobre la materia que nos ocupa. Nos vamos a
someter, por tanto, a esa metodología de trabajo, reconociendo que la
mayoría de los datos que con tanta vehemencia se han defendido por una
parte y por otra no están en posesión del Grupo Parlamentario Vasco y, en
consecuencia, no es que estemos esquivando el debate, señor Almunia, en
ninguno de los casos. Participamos atónitos a una reparto de papeles
entre los dos grupos mayoritarios en un estilo y en un tono que no es el
nuestro y que lamentamos mucho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo parlamentario, en esta segunda oportunidad que tenemos de
intervenir en este debate desgraciado y controvertido, quisiera expresar
dos o tres reflexiones adicionales a las que hemos aportado, alguna de
ellas para matizar interpretaciones que he visto que se han hecho de la
posición política adoptada por mi grupo.
No nos vamos a inhibir, señor Almunia, no nos vamos a inhibir. Y no nos
vamos a inhibir, en primer lugar, porque jamás lo hemos hecho, y, si no,
dígame usted un precedente. No nos vamos a inhibir. Nuestro grupo,
responsablemente, lo que sí ha dicho es que no quiere tomar parte en este
proceso, he dicho yo concretamente en esta dialéctica de acusaciones
cruzadas, pero he manifestado que sí vamos a entrar y a pronunciarnos en
el debate riguroso.
Sin duda son graves las acusaciones vertidas y entiendo la indignación.
Ahora bien, para nosotros lo que procede es escuchar el fundamento de
estas acusaciones. Para nosotros lo que es serio y responsable es conocer
los argumentos del Gobierno en los que basa estas acusaciones. Por eso
entendemos que la presencia del Secretario de Estado de Hacienda es la
oportuna, es la conveniente para conocer el alcance de todas estas
acusaciones vertidas, así como la argumentación en la que se basan. Luego
nos pronunciaremos sobre la posición política de mi grupo. Luego veremos
si ha habido precipitación o ha habido irresponsabilidad o causas de
negligencia por anteriores gobiernos. Luego haremos una valoración tras
conocer las bases y los argumentos que fundamentan las acusaciones. Esto
es lo serio, a nuestro juicio. Esto es lo procedente en estos momentos.
No sufra, no va a haber inhibición. Va a haber una posición clara de
nuestro grupo, pero tras conocer cuáles son los argumentos en los que se
fundamentan las acusaciones. Creo que esto es lo procedente
políticamente. Tenga usted en cuenta que no nos oponemos a la presencia
del Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía. No nos oponemos.
¿Cómo nos vamos a oponer a que comparezca en esta Cámara el Ministro de
Economía para dar la información que proceda a todas sus señorías? No nos
vamos a oponer. Lo que es procedente en estos momentos es contar con la
presencia del Secretario de Estado, quien con mayor detalle y precisión
va a darnos la información que hoy requerimos para poder luego
pronunciarnos al respecto. Por tanto, no entienda mal mi posición y le
rogaría que no sometiera a votación la petición de comparecencia, porque
no creo que sea la voluntad de todos los grupos de esta Cámara. Creo que
la voluntad ahora de todos los grupos de esta Cámara es consumir esa
primera fase de la presencia del Gobierno y luego las que sean
convenientes. A eso no nos vamos a oponer, con lo cual no nos haga
cómplices y no se anticipe usted a hacernos cómplices de ninguna
estrategia política. Lo he dicho en mi intervención. Que nadie nos busque
para hacernos cómplices de ninguna estrategia política. Ahora bien, sin
duda, vamos a estar al lado de la verdad, y si ha habido actuaciones de
imprudencia política, lo vamos a decir. Lo que no vamos a estar jamás,
señorías, señor Presidente, es encubriendo nada.
Comprendo la indignación de su grupo al conocer las acusaciones, sin
duda; incluso que se pueda rayar en reacciones, lógicas, de llevar a los
tribunales estas acusaciones, porque algunas de ellas incurren en delito
si están fundamentadas, y si no están fundamentadas, todavía más. La
verdad es que, en ese sentido, mi grupo no va a darle más, digamos,
cuerda a esa dialéctica cruzada de acusaciones, como ha ocurrido esta
mañana, porque no conducen a ninguna parte. Sí creo que es procedente
escuchar y conocer con detalle los argumentos que el Gobierno debe darnos
y que todos los grupos deseamos conocer y, luego, ya tendremos
oportunidad de analizarlos.
En mi intervención he empezado diciendo que hoy no debatíamos el
contenido de la materia que nos ha llevado a esta discusión, sino que se
trataba de analizar si procedía o no solicitar la presencia del Gobierno.
Mi inhibición no es en torno al contenido y, en ese sentido, señor
Almunia, le ruego que no me lleve usted a unas interpretaciones que no
son las de nuestro grupo. No vamos a inhibirnos, vamos a expresar nuestra
posición política y tenga la certeza de que, si ustedes tienen razón,
también lo expresaremos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, para no reiterar los argumentos que ha dado nuestro
grupo en la primera intervención. En todo caso, quiero constatar que
hemos asistido a un debate, más que de grupos parlamentarios, entre un
Gobierno y el anterior. Una de las personas que ha intervenido decía que
aquí los informes los conocíamos todos. Yo creo, y en eso coincido con el
representante del Grupo Vasco, que aquí hay mucha información que sólo
conocen el Gobierno actual y el Gobierno anterior, y se trata de realizar
un debate parlamentario, no sólo entre el Gobierno actual y el anterior.
Nosotros creemos que con el acuerdo que hemos tomado anteriormente, la
comparecencia del Secretario de Estado, se inicia un proceso. Nuestra
posición clara es que las formas en que el Gobierno ha efectuado esta
denuncia han sido totalmente equivocadas e instrumentalizadas
políticamente y que tras esta primera fase de comparecencia del
Secretario de Estado ha de venir una valoración política y, a buen
seguro, responsabilidades políticas, porque una denuncia de estas
características acaba con responsabilidades políticas en función de si la
denuncia tiene contenido o no. Esta denuncia no va a poder quedar sin
exigir a alguien responsabilidades y, en ese sentido, al final de este
proceso nos van a encontrar.
Nosotros, que fuimos el primer grupo parlamentario que tomamos la
iniciativa de solicitar la comparecencia del Secretario de Estado y que
entonces pensamos que no era el momento de que el Ministro de Economía y
Hacienda viniera, creemos que hoy, procedimentalmente, tampoco es el
momento. No vamos a votar en contra de la comparecencia del Ministro de
Economía y Hacienda y nos hubiera gustado que el Partido Socialista se
sumara a la retirada de la solicitud de esa comparecencia, como compás de
espera para un paso
posterior. Nuestra posición, insisto, va a ser de abstención. No quisimos
pedir la comparecencia del Ministro de Economía; pensamos que iniciamos
un camino coherente y creemos que va a haber necesidad de hacer
valoraciones políticas y de asumir responsabilidades políticas, pero,
como digo, estamos en un compás de espera y, en ese sentido, no nos
parece procedente la comparecencia del Ministro de Economía cuando hemos
acordado la del Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la solicitud de quince Diputados, miembros de la
Diputación Permanente y pertenecientes al Grupo Socialista, que piden la
convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda para la comparecencia del Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía, al afecto de informar sobre la acusación formulada por el mismo
contra los anteriores responsables de este Ministerio y de la Agencia
Tributaria de pérdida de 200.000 millones de ingresos fiscales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 27; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud
debatida.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.