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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 70, de 08/11/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
ACTOS DE CONTROL 8 de noviembre de 1996 Núm. 70
INDICE
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre protección de los derechos humanos en Afganistán
(Página 2)
161/000231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el proceso de paz en Guatemala (Página 3)
161/000232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
relación con los polígonos de tiro, y en concreto los de las Bardenas
Reales (Navarra) y Anchuras (Ciudad Real) (Página 4)
161/000234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre protección de los Derechos Humanos en el conflicto
bélico en la región de Kivu en Zaire (Página 4)
161/000235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a propuesta del convenio del Ministerio de
Educación y Cultura con la Junta de Castilla y León para la enseñanza de
la lengua gallega (Página 5)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados, para hacer posible un mayor respeto a la
pluralidad lingüística (Página 6)
162/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al Consejo Consultivo de Privatizaciones (Página 8)
162/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al pago de la supertasa de la campaña 1995-1996
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como a la dotación
de mayores recursos al Programa nacional de abandonos de producción, al
objeto de constituir una reserva nacional de cuotas (Página 9)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES
173/000017 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con
nuestra integración en la estructura militar de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Página 10)
173/000018 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada
por el Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en relación
con las personas mayores (Página 11)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000178 Retirada de la pregunta formulada por la Diputada doña
Belarmina Martínez González (G. S), sobre medidas en relación con la
situación puesta de manifiesto por investigaciones sociológicas que
sitúan a nuestro país entre aquellos de índice de natalidad más baja
(Página 12)
181/000225 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre declaración de zona de actuación
especial de los municipios de las comarcas de La Safor y La Ribera, en la
provincia de Valencia (Página 12)
181/000226 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre medidas para paliar los daños producidos
en las comarcas de La Ribera y La Safor, en la provincia de Valencia, por
las lluvias de los días 10 y 11-9-96 (Página 13)
181/000227 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre ubicación de un campo de entrenamiento y
polígono de tiro para el Ejército del Aire en el campo de maniobras de
Chinchilla (Albacete) (Página 13)
181/000228 Pregunta formulada por la Diputada doña María Enedina
Alvarez Gayol (G. S), sobre diagnóstico etiológico de carácter
epidemiológico hecho del brote epidémico de neumonía habido en Alcalá de
Henares (Madrid) (Página 13)
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000230
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000230.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre protección de los derechos humanos en
Afganistán.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre protección de los Derechos Humanos
en Afganistán.
MOTIVACION
Durante los últimos meses Afganistán vive el terror de la guerra
prolongada en el tiempo y su población se sumerge en la oscuridad y
sufrimiento.
Las nuevas autoridades afganas han procedido a una aplicación de la ley
islámica en su más pura ortodoxia, lo que les lleva a mantener a las
mujeres fuera de sus puestos
de trabajo, impedir que las niñas vayan a los colegios, su acceso a
estudios superiores, lo que lleva a cabo bajo amenaza y coacción
incidiendo en conductas discriminatorias y en un atentado frontal a lo
que pueda ser cualquier configuración de los derechos del hombre y del
ciudadano. Las mujeres afganas se encuentran virtualmente recluidas y no
pueden salir de sus casas sino bajo la compañía de los varones de su
propia familia.
Esta situación, aun cuando tenga su base en patrones socio-culturales de
conductas y prácticas consuetudinarias basadas en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres, nos obliga a incidir sobre ellas y
exigir el cumplimiento de los derechos humanos sin excepción.
Es posible que se alegue que esta proposición supone una injerencia en
los asuntos de otro estado, lo que resulta rechazable, por cuanto que los
derechos del hombre gozan de protección internacional (y gracias a esta
protección internacional penetran en el corazón mismo del santuario de la
soberanía nacional).
Por ello se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1.Haga llegar a los foros internacionales la preocupación del Estado
español por la vulneración de los derechos humanos que se está llevando a
cabo por las actuales autoridades afganas con respecto a las libertades y
derechos de las mujeres en dicho país.
2.Lleve a cabo las gestiones pertinentes en los organismos
internacionales, tendentes a que por las actuales autoridades afganas se
garanticen los derechos y libertades de sus ciudadanos sin distinción de
condición, sexo y opinión, conforme a los convenios internacionales sobre
protección de los derechos humanos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 1996.--Alfred
Boix Pastor, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Margarita Pin
Arboledas, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz sustituto primero del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000231
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000231.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el proceso de paz en Guatemala.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre el proceso de paz en Guatemala.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la última década, España ha desarrollado una política activa e
innovadora de impulso a los procesos de paz, reconciliación y
democratización de varios países centroamericanos que sufrían
enfrentamientos y guerras civiles de larga duración con altísimo coste en
vidas humanas, heridos, huérfanos refugiados y desplazados.
En estrecha colaboración con las Naciones Unidas y otros países amigos,
el servicio exterior de España, nuestros diplomáticos, las Fuerzas
Armadas y de Seguridad, las Organizaciones no Gubernamentales, ha llevado
a cabo una eficaz y brillante labor reconocida internacionalmente.
Hoy existen sistemas democráticos en todos los países de Centroamérica y
en El Salvador y Nicaragua los procesos de pacificación y reconciliación
cumplieron ampliamente sus objetivos con la cooperación eficiente de
España en su implementación.
En Guatemala, tras 35 años de guerra civil, se avanza bajo los auspicios
de la ONU hacia una paz definitiva tras la firma en México, el 12 de
septiembre, del acuerdo de paz «para el fortalecimiento del poder civil»,
que se completará antes de fin de año con la firma del alto el fuego y la
desmovilización y reinserción de los guerrilleros.
El largo enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército y los
paramilitares, ha dejado un saldo de 200.000 muertos, un millón de
desplazados y más de medio millón de huérfanos.
Ahora tras casi diez años de comienzo de los primeros contactos entre
guerrilla, partidos políticos y distintos mediadores, con avances y
retrocesos, las negociaciones van llegando a su resultado final
satisfactorio en cuyo proceso ha jugado un papel relevante España y su
Gobierno a través de la Misión de las Naciones Unidas para la
verificación de los Derechos Humanos (MINUGUA) que se constituye en marzo
de 1994.
De los cinco pilares de MINUGUA, las asesorías militar, policial, legal,
asuntos indígenas y derechos humanos, España dirige tres (la militar,
policial y legal), y en su nombre tres jefes y oficiales de nuestras
fuerzas armadas y de seguridad.
Por todo ello y dado que estamos en el momento crítico de conseguir la
paz definitiva, es por lo que presentamos esta Proposición no de Ley con
el ánimo de llevar al nuevo Gobierno y al nuevo equipo de Asuntos
Exteriores, el espíritu, la voluntad y la decisión que guió en la última
década los esfuerzos sostenidos de los gobiernos españoles en colaborar
con los pueblos y Repúblicas de América Central en la búsqueda de un
futuro de paz, bienestar, desarrollo y democracia.
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Garantizar con su apoyo, acogida y organización, la firma a finales de
noviembre en Madrid del acuerdo sobre la desmovilización y reinserción de
los guerrilleros entre el gobierno guatemalteco y la Unión Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG).
2.Garantizar en los programas de cooperación los fondos necesarios para
hacer realidad en la práctica la reinserción de los guerrilleros
guatemaltecas después de la firma de paz.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 1996.--Luis
Yáñez-Barnuevo García, Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista.--Joaquín Almunia Amann, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000232
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000232.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con los polígonos de tiro, y en concreto
los de las Bardenas Reales (Navarra) y Anchuras (Ciudad Real).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Defensa
de la Cámara.
El año 2001 termina el contrato de arrendamiento del polígono de tiro de
las Bardenas Reales, de Navarra, que viene disfrutando el Ministerio de
Defensa. Durante los últimos años tanto el parlamento de Navarra, como el
Gobierno foral, como la Junta de las Bardenas y los Ayuntamientos de los
pueblos colindantes se han pronunciado en repetidas ocasiones en contra
de la prórroga de ese contrato de arrendamiento.
Recientemente el Gobierno ha decidido cancelar el proyecto de campo de
tiro del Ejército del Aire en la localidad de Anchuras (Ciudad Real).
Esta decisión no debe en modo alguno afectar a la decisión que se tome
acerca del polígono de Bardenas. Hay una importante sesibilización social
acerca de la desaparición de ese polígono de tiro. El desmantelamiento de
esa instalación militar en las Bardenas Reales lo reclama la inmensa
mayoría de la sociedad navarra para preservar una zona de gran valor
ecológico.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.No prorrogar el arrendamiento sobre los terrenos de las Bardenas Reales
y cese en su condición de polígono de tiro.
2.A plantear alternativas, tanto a Anchuras como a Bardenas, para cubrir
las necesidades del Ministerio de Defensa, en materia de polígonos de
tiro, de manera que se haga uso de criterios de respeto al medio
ambiente, a los usos tradicionales, y buscando el mínimo impacto sobre la
zona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 1996.--Julián
Fernández Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000234
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000234.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre protección de los derechos humanos en el
conflicto bélico en la región de Kivu en Zaire.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores, sobre protección de los Derechos Humanos
en el conflicto bélico en la región de Kivu en Zaire.
MOTIVACION
El desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos da lugar a
actos de barbarie y ultrajes para la conciencia de la Humanidad; y ello
pese a que las naciones desarrolladas hemos proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los
seres humanos, sean liberados del terror de la guerra y el temor,
producido por otros seres humanos; proclamación que hemos plasmado en
múltiples declaraciones de derechos por no hablar de la tipificación del
genocidio.
Pese a la anterior declaración, son más de dieciséis años de guerras los
que vienen castigando la región subsahariana de los Grandes Lagos.
Múltiples éxodos, hambre y muerte han llenado la actualidad diaria de
Ruanda, Burundi, Zaire y Uganda. La Unión Europea ha declarado su
profunda inquietud ante la grave situación desencadenada en el sur de
Kivu. Esta crisis erosiona los esfuerzos realizados tanto regionales como
internacionales para instaurar la paz en la región de los Grandes Lagos.
La Unión Europea, al igual que lo manifestó en la anterior legislatura
nuestro Grupo Parlamentario mediante una proposición no de ley aprobada
por el Pleno del Congreso, se reafirma en la necesidad de celebrar una
Conferencia Regional sobre la paz, la seguridad y la estabilidad en la
Región de los Grandes Lagos, bajo el patrocinio de la ONU.
En la actualidad se han reavivado los conflictos bélicos en la frontera
de Zaire, entre soldados zaireños y banyamulengues, tutsis de origen
ruandés. Este nuevo conflicto afecta a más de un millón de personas,
procedentes fundamentalmente del pueblo Hutu y que se encontraban
refugiados en diversos campos de Zaire, en la provincia de Kivu, tras el
masivo éxodo provocado por la guerra civil de 1994 en Ruanda y que en la
actualidad se encontraban bajo la protección de la Alta Comisaría de la
ONU para los refugiados.
Frente a esta nueva situación se necesitan medidas urgentes y
contundentes por parte de la comunidad internacional, así como que se
materialicen los compromisos adquiridos en su día en orden a asegurar el
respeto de los Derechos Humanos y la persecución y castigo de los
culpables de genocidio.
Por ello se formula la siguiente Proposición no de Ley:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Emprender una política activa en los organismos internacionales
competentes especialmente en el seno de la Unión Europea y en las
Naciones Unidas para desarrollar un plan urgente y ambicioso de ayuda
humanitaria y de emergencia en favor de los refugiados.
2.Apoyar las iniciativas que vayan encaminadas a enviar una fuerza
militar internacional que restablezca la paz en la zona.
3.Solicitar a la Secretaría General de las Naciones Unidas la celebración
de una conferencia de los Grandes Lagos, que pueda dar soluciones
globales de índole política, social y económica en la zona, sobre la base
de la reconciliación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--Alfred
Boix Pastor, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz sustituto primero del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000235
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000235.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a propuesta del convenio del Ministerio de
Educación y Cultura con la Junta de Castilla y León para la enseñanza de
la lengua gallega.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley relativa a propuesta de convenio del
Ministerio
de Educación y Cultura con la Junta de Castilla y León para la enseñanza
de la lengua gallega, para su debate en comisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Congreso de los Diputados se adhirió a la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos en sesión de la Comision de Educación y Cultura,
celebrada en el mes de septiembre. Precisamente, en su artículo 5, la
Declaración reconoce el principio de que los derechos de todas las
comunidades lingüísticas son iguales e independientes de la consideración
jurídica o administrativa. Asimismo, en su artículo 24, se reconoce que
toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado
de presencia de su lengua, como vehicular y como objeto de estudio, en
todos los niveles de educación dentro de su territorio.
Una lectura positiva del artículo 3 de la Constitución española,
especialmente de sus parágrafos 2 y 3, avala el reconocimiento oficial de
la diversidad lingüística y cultural al margen de consideraciones
administrativas o jurídicas.
Está claro que los Estatutos de Autonomía de Galicia, Euskadi y Catalunya
dejaron aclarada la cooficialidad en sus territorios, como lengua propia,
del euskera, catalán y gallego. Pero estas lenguas se extienden por
territorios que, administrativamente, no pertenecen a las antedichas
comunidades autónomas. En el caso de Aragón, su Estatuto alude a la
protección de las «manifestaciones culturales, modalidades lingüísticas
propias de Aragón». Existe un convenio (1986) de colaboración entre el
Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de esta comunidad
autónoma para posibilitar la enseñanza de la lengua catalana, dentro del
horario escolar lectivo, en las comarcas orientales de Aragón.
En el caso del gallego, toda la comarca del Bierzo y la franja más
occidental de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tienen
como lengua propia el gallego. El Estatuto de Autonomía de Castilla y
León (Ley Orgánica 4/1983, 25 de febrero), en su artículo 26.16, alude al
fomento de la cultura, «con especial atención a las distintas modalidades
culturales de la comunidad y a sus intereses y necesidades». Por otra
parte, la Ley de Castilla y León 1/1991, de 14 de marzo, creó y reguló el
funcionamiento de la entidad local «Comarca del Bierzo», consciente de
que es una comarca genuina desde el punto de vista cultural,
económico-social, lingüístico y geográfico. No existe, sin embargo,
cobertura administrativa para la protección del gallego y de sus usos en
esta comarca y en la zona occidental de Zamora. La situación del gallego
en estos territorios provocó movimientos culturales, en su defensa y
quejas al Procurador del Común de Castilla y León, orientadas al
reconocimiento de la lengua gallega en la comarca del Bierzo.
Por todo esto, presentamos la siguiente proposición no de ley, orientada
a dar los primeros pasos para el reconocimiento de la cooficialidad del
gallego como lengua de esta comarca de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, que aún no cuenta con competencias plenas en materia de
Educación, pero que sí ha reconocido administrativamente como zona
diferenciada la comarca del Bierzo.
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Educación y
Cultura a establecer un convenio de colaboración con la Junta de Castilla
y León para posibilitar.
a)El estudio en toda la zona occidental de Castilla y León y, de forma
especial, en la comarca del Bierzo, de la lengua gallega como asignatura
en los centros de primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional.
b)El establecimiento de una Comisión Mixta de composición paritaria
MEC-Junta de Castilla y León, para estudiar la problemática cultural y
educativa de esta lengua en las comarcas occidentales de Castilla y León,
especialmente el Bierzo, y dotar a los centros educativos de los medios
necesarios para afrontar su enseñanza.
Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--El Portavoz Grupo
Mixto (BNG), Francisco Rodríguez Sánchez.
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000059
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000059.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre reforma de la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, para
hacer posible un mayor respeto a la pluralidad lingüística.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y ss. del Reglamento del Congreso,
presenta, para su discusión en el Pleno, una Proposición no de Ley sobre
reforma de la Norma General de Etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios envasados, para hacer posible un mayor respeto
a la pluralidad lingüística.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
PROPOSICION NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I
UNIO) SOBRE REFORMA DE LA NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACION Y
PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS, PARA HACER POSIBLE UN
MAYOR RESPETO A LA PLURALIDAD LINGÜISTICA
ANTECEDENTES
La Resolución del Parlamento Europeo de 30 de octubre de 1987 sobre las
lenguas y culturas de las minorías regionales y étnicas en la Comunidad
Europea recomienda a los Estados miembros, en su apartado 9, que «regulen
la información al consumidor y el etiquetado de productos en las lenguas
regionales y minoritarias».
Con anterioridad a esta recomendación del Parlamento Europeo la
Generalitat de Catalunya ya había aprobado el Decreto 389/1983, de 15 de
septiembre, en cuyo artículo primero se establecía que «los datos
obligatorios y facultativos del etiquetaje de los productos que se
distribuyan en el ámbito territorial de Catalunya figurarán en los
idiomas catalán o castellano o bien en ambos idiomas».
El Gobierno planteó ante el Tribunal Constitucional un conflicto de
competencia contra el mencionado Decreto de la Generalitat, considerando
que el mismo contradecía al Real Decreto estatal 2058/1982, de 12 de
agosto, que, en su artículo 20, disponía que «los datos obligatorios del
etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España
se expresarán necesariamente en la lengua española oficial del Estado».
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 69/88, de 19 de abril,
resolvió el mencionado conflicto considerando que no era inconstitucional
el Decreto 389/1983 de la Generalitat de Catalunya, dado que el mismo «no
se opone a ninguna norma estatal que haya sido formulada como básica».
Inmediatamente después de la mencionada Sentencia, el Gobierno aprobó el
Real Decreto 1122/1988, de 23 de septiembre, que derogó el Real Decreto
2058/1982. En el mencionado Real Decreto el Gobierno consideró norma
básica el nuevo artículo 19 de la Norma General de Etiquetado,
Presentación y Publicidad de los productos alimenticios envasados,
artículo que, en una redacción coincidente a la del artículo 20 que
anteriormente no tenía la declaración de básico, establecía que «los
datos obligatorios del etiquetado de los productos alimenticios que se
comercialicen en España se expresarán necesariamente al menos en la
lengua oficial del Estado».
La Generalitat de Catalunya planteó un conflicto de competencia contra el
Real Decreto 329/1989 que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional
en su Sentencia de 19 de septiembre de 1996. En esta reciente Sentencia
el Tribunal Constitucional considera que «el artículo 19 de la Norma
General aprobada por el Real Decreto 1122/1988, a diferencia de lo que
sucedía con el artículo 20 de la aprobada por el Real Decreto 2058/1982,
reúne las condiciones formales necesarias a los efectos de su
calificación como norma básica, siendo materialmente encuadrable en la
competencia exclusiva estatal sobre bases y coordinación general de la
Sanidad (artículo 149.1.16.ª, inciso segundo, C. E.) dada la
trascendencia para la salud de los consumidores de la disciplina que en
la misma se establece».
Por tanto, a partir de esta nueva Sentencia, los datos obligatorios del
etiquetado de productos alimenticios que se comercialicen en España
deberán expresarse necesariamente al menos en castellano y ello es así
únicamente porque el Real Decreto estatal que así lo establece tiene la
calificación de norma básica. En consecuencia, queda invalidada la
normativa de la Generalitat de Catalunya (Decreto 389/1983, de 15 de
septiembre), que posibilitaba que este etiquetado figurara en catalán, en
castellano o bien en ambos idiomas para los productos que se distribuyan
en el ámbito territorial de Catalunya.
No obstante, el Tribunal Constitucional reconoce también en su Sentencia
de l9 de septiembre de 1996 que «a partir de la prescripción estatal con
arreglo a la cual los datos obligatorios del etiquetado se expresarán
necesariamente al menos en castellano, la Generalitat se encuentra
plenamente habilitada para establecer igual necesidad por lo que hace a
la lengua catalana, si en atención a lo establecido en el artículo 3 del
Estatuto de Autonomía de Catalunya lo considera procedente».
En consecuencia, a partir de la reciente Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, la normativa autonómica no puede posibilitar el
etiquetado únicamente en la lengua oficial propia de la Comunidad
Autónoma, pero sí que puede obligar a que, además de en castellano, se
etiqueten también en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma
todos los productos que se distribuyan en su ámbito territorial. Y ello
es así únicamente como consecuencia de que el Real Decreto estatal que
establece la obligación de etiquetar al menos en castellano tiene la
consideración de norma básica. Si formalmente ese Real Decreto no tuviera
tal consideración de norma básica, la normativa autonómica aludida
seguiría siendo plenamente aplicable.
A partir de ahora, si no se modifica la normativa estatal que regula
estos aspectos (actualmente se trata del Real Decreto 212/1992, de 6 de
marzo, que ha sustituido en los mismos términos al Real Decreto
1122/1988) en el sentido de no considerarla como básica, aquellas
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que, de acuerdo con lo
que establecen sus Estatutos de Autonomía, quieran llevar a término la
normalización linguística en su territorio (dando cumplimiento a la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a las propias recomendaciones
del Parlamento Europeo en este ámbito y al artículo 3 de la Constitución
que establece que la pluralidad linguística «será objeto de especial
respeto y protección») deberán forzosamente obligar a etiquetar
los productos que se distribuyan en su territorio también en la lengua
oficial propia y, por tanto, se pasaría de un régimen legal que equipara
en igualdad a las distintas lenguas oficiales y que se basa en la
libertad de elección, a un nuevo régimen legal de carácter obligatorio
para todas las empresas que pretendieran comercializar y distribuir sus
productos en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua oficial
propia.
Por todo ello, y para evitar la ruptura del marco de igualdad entre las
diferentes lenguas establecido hasta el momento, haciendo posible un
régimen de permisibidad, que contribuya también a dar cumplimiento a las
propias recomendaciones del Parlamento Europeo, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo
máximo de tres meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley,
apruebe un Real Decreto que modifique la Disposición Adicional del Real
Decreto 212/1992, de 6 de marzo, a los efectos de no considerar el
artículo 20 de la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad
de los Productos Alimenticios como dictado al amparo de lo establecido en
el artículo 149.1.16 de la Constitución, posibilitando así la aplicación
de aquellas normas autonómicas que regulan el etiquetaje de los productos
que se distribuyen en su ámbito territorial en cualquiera de las lenguas
que en el mismo son oficiales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
162/000060
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000060.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la que se regula el
Consejo Consultivo de Privatizaciones, para su debate en Pleno.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno viene enunciando con insistencia su propósito de elaborar un
programa de privatizaciones del sector público empresarial. Aunque el
llamado «programa de privatizaciones» consiste hasta ahora en la simple
exposición de las intenciones del Gobierno, sin embargo el Proyecto de
Ley de medidas fiscales, administrativas y sociales incluye un conjunto
de disposiciones, claramente desreguladoras, dirigidas a hacer del
anunciado programa un proceso completamente discrecional y del que se
margina no solamente cualquier control de esta Cámara, sino también el
control efectivo de los órganos internos de la Administración General del
Estado (AGE).
El Gobierno también ha enfatizado que el control se realiza a través de
un Consejo Consultivo de Privatizaciones, órgano colegiado consultivo y
asesor, compuesto por expertos y empresarios de conocido prestigio, que
informa o informará todos los procesos de privatizaciones que emprenda el
Gobierno y lo presenta como la garantía de transparencia, control y
objetividad en la venta de las empresas públicas rentables.
El régimen jurídico de ese Consejo Consultivo, caso de existir, permanece
en la total opacidad. No se conoce una norma que prevea la composición
del mismo, el sistema de designación de sus miembros, sus derechos y
obligaciones, la naturaleza de sus funciones, la eficacia de sus actos y
sus reglas de funcionamiento.
Es evidente que si ese Consejo existe debe tener una formalización
jurídica administrativa ya que es imperativo que, desde el punto de vista
político, la Cámara pueda tener acceso e información de su funcionamiento
como lo tiene respecto de cualquier otro órgano o ente que actúe en
relación o en el ámbito de la AGE, cualquiera que sea su naturaleza.
Además, y también desde un punto de vista político, es necesario dotar de
las máximas garantías de imparcialidad y objetividad a los miembros de
este Consejo que ha de asesorar al Gobierno sobre la venta de las
empresas públicas más importantes de nuestro patrimonio productivo. Para
ello, el Consejo ha de conocer todos los datos contables, económicos, de
producción y financieros de las empresas, con el riesgo que este
conocimiento de datos siempre sensibles, y que en ocasiones excederán del
derecho de información de los accionistas, puede plantear en relación con
la exigencia de confidencialidad.
El artículo 103.2 de la Constitución establece que «los órganos de la
Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo
con la Ley» y el artículo 12
de la Ley 10/83 de Organización de la Administración Central del Estado
establece que los órganos que tengan un nivel asimilado incluso a una
Subdirección General, deberán ser creados «a iniciativa del Departamento
o Departamentos interesados y a propuesta del Ministro de la Presidencia,
mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros».
La Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en su
artículo 11.2, establece los requisitos a que cada Administración Pública
debe someterse en la creación de un órgano, y en el artículo 22 y ss. de
esta misma Ley se fijan las reglas mínimas del régimen jurídico de los
órganos colegiados. También conviene recordar que en el Proyecto de
LOFAGE, actualmente en tramitación parlamentaria, su artículo 36 señala
que son órganos colegiados aquellos «a los que se atribuyan funciones
administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o
control» y deberán ser creados --de acuerdo con el artículo 10 y 65 del
proyecto de LOFAGE-- por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.
En cuanto al régimen de garantías e imparcialidad debe aplicarse a los
miembros del Consejo el régimen de incompatibilidades establecido en la
Ley 12/95, de 11 de mayo, muy especialmente en lo referente a los
Principios Generales, regulados en el artículo 2 de esta Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Proceder a la regulación pertinente del recientemente creado Consejo
Consultivo de Privatizaciones.
2.Que los miembros del mencionado Consejo queden sujetos al Régimen de
incompatibilidades previsto en la Ley 12/95 y a la obligatoriedad de
declaración de su régimen de patrimonio y actividades, dadas las
sensibles actividades y decisiones que tendrán que adoptar.
3.Que el Consejo se abstenga de actuar hasta la normalización de su
situación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--Juan Pedro
Hernández Moltó, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000061
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000061.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al pago de la supertasa de la campaña
1995-1996 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como a
la dotación de mayores recursos al Programa nacional de abandonos de
producción, al objeto de constituir una reserva nacional de cuotas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento, presentar la siguiente Proposición no
de Ley, para su debate en el pleno relativa al pago de la supertasa de la
campaña 1995-96 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y a
dotar de mayores recursos el Programa Nacional de Abandonos de
producción, al objeto de constituir una reserva Nacional de Cuotas.
EXPOSICION
El sector lácteo ha venido ocupando, tradicionalmente, un lugar de gran
importancia, en la economía de algunas Comunidades Autónomas (Galicia,
Asturias, Cantabria), por su productividad y por su alto porcentaje de
población ocupada.
Resulta preocupante la situación de los productores de leche que
disponiendo de unas cuotas insuficientes para asegurar la viabilidad de
sus explotaciones han empeñado sus esfuerzos y ahorros en la mejora de
las mismas, confiando con que podrían contar con cuotas adicionales
procedentes de la Reserva Nacional, tal como está contemplado en la
propia normativa de cuotas y ha ocurrido en otros países europeos, o bien
por la ampliación de la cuota asignada a España; ganaderos que trabajan
directamente sus explotaciones, que no disponen de otras alternativas
productivas y obtienen rentas de trabajo en la mayoría de los casos
inferiores a 1,5 veces la renta de referencia.
Por ello, la situación de estos ganaderos, es especialmente delicada ante
la amenaza de multas, por los excedentes de la pasada campaña, al haber
sobrepasado las que tenían asignadas por pura necesidad y que en el caso
de aplicarse, arruinaría sus economías familiares, y ante la falta de
perspectivas y horizontes al observar, como en los Presupuestos Generales
para 1997 no se contempla asumir con cargo a los mismos, la posible
multa, ni recursos suficientes para la puesta en marcha de Programas
Nacionales de Abandono de Producción, al objeto de constituir una Reserva
Nacional de cuotas.
Se desconoce asimismo, a estas alturas, a cuanto asciende el exceso de
producción, después de las compensaciones, y la cuantía de la sanción por
parte de la Unión Europea, a nuestro país.
En consecuencia y teniendo en cuenta las importantes repercusiones,
sociales y económicas que se derivan de dichas circunstancias, es por lo
que se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.ºHacer públicos los datos por exceso de producción en la campaña
1995-96, especificados por Comunidades Autónomas y con indicación del
número de ganaderos excedidos, así como la cuantía de la sanción impuesta
por la Unión Europea.
2.ºQue el Gobierno asuma el correspondiente pago sin aumento del déficit
público.
3.ºDotar de mayores recursos el Programa Nacional de Abandonos de
Producción, al objeto de constituir una Reserva Nacional de cuotas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--José
Blanco López, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz sustituto primero del Grupo Parlamentario
Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES
173/000017
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
173/000017.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política de defensa
de nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura
militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme
al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera
sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de
Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así
como publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Moción, consecuencia de la Interpelación sobre la política de
seguridad y defensa de España en relación al cambio de estatus de nuestro
país en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
Los cambios acaecidos en el plano internacional a partir del fin de la
«guerra fría» han afectado directa y principalmente al escenario
geoestratégico europeo, haciendo desaparecer factores tan fundamentales
durante varias décadas como la «dinámica de bloques» e introduciendo
nuevos factores de inestabilidad.
La desaparición del Pacto de Varsovia y el estallido de los conflictos
armados en la antigua Yugoslavia ponen claramente sobre la mesa la
necesidad de articular un modelo de seguridad pan-europea capaz de hacer
frente a los retos y necesidad de Europa en el ámbito de la paz.
En ese marco se hace más que nunca necesario activar, reformando
profundamente sus mecanismos de toma de decisiones e incrementando
sustancialmente sus medios, estructuras como la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
Por otra parte, para que esa nueva arquitectura de seguridad pan-europea
pueda llegar a ser una realidad sería imprescindible que la Unión Europea
(UE) contara con una verdadera política exterior y de seguridad común
(PESC), base política, a su vez, de una auténtica Identidad europea de
seguridad y defensa.
España debe estar a la cabeza del esfuerzo por reformar el Tratado de la
Unión Europea en ese sentido, apostando para que la Conferencia
Intergubernamental encargada de revisar ese texto sea un éxito.
El incremento de la capacidad de actuación en el campo de la seguridad
por parte de la UE es inversamente proporcional al reforzamiento
funcional o geográfico de estructuras provenientes de la «guerra fría»
como la OTAN.
La OTAN es una organización hegemonizada por una potencia extrarregional,
que hace pivotar su estrategia y su táctica en el obsoleto concepto de
disuasión nuclear y que, además, no cuenta en su seno ni con la totalidad
de países europeos ni tampoco con el cien por cien de miembros de la UE.
En el seno de la OTAN será prácticamente imposible desarrollar una
identidad europea de seguridad y defensa.
Por otro lado, las intenciones de reformar su funcionamiento,y
esencialmente, de ampliar la Alianza Atlántica hacia el Este provocan
grandes recelos en países como la Federación Rusa que de hecho, terminan
constituyendo en sí mismos elementos de inestabilidad.
España ingresó en la OTAN en 1981 y, a través de Referéndum, decidió
permanecer en ella siempre y cuando se cumplieran tres condiciones: La
reducción de la presencia militar Estadounidense en nuestro país, el no
tránsito o almacenamiento de armamento nuclear por territorio nuclear y
la no incorporación a la estructura militar integrada de la OTAN.
El mantenimiento de España en la Alianza Atlántica ha de hacerse
respetando escrupulosamente esas condiciones, o en todo caso,
modificándolas por el mismo método con el que se establecieron, es decir,
convocando un referéndum políticamente vinculante y aprobándose por el
Congreso la correspondiente Ley Orgánica.
En todo caso, modificar esas condiciones no reportaría beneficio
sustancial alguno para España y, por el contrario, reforzaría la OTAN, lo
que iría en detrimento de la puesta en marcha de una verdadera PESC de la
UE y de la activación de la OSCE, introduciendo al tiempo vivas
inquietudes en la opinión pública sobre la hipotética futura
nuclearización del país.
MOCION
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Respetar escrupulosamente las condiciones para la permanencia de España
en la OTAN decididas por la ciudadanía en el Referéndum de marzo de 1986.
2.De considerar necesario modificarlas, solicitar la autorización
contemplada en la Constitución para convocar el correspondiente
referéndum y remitir a esta Cámara el oportuno proyecto de Ley Orgánica.
3.Actuar en el seno de la Conferencia Intergubernamental encargada de
reformar el Tratado de la Unión Europea a favor de que ésta cuente con
una verdadera política exterior y de seguridad común, a partir de la cual
se establezca una auténtica identidad europea de seguridad y defensa
desde la que afrontar los retos de paz y estabilidad del continente,
utilizando preferentemente conceptos e instrumentos como la diplomacia
preventiva y teniendo como objetivos, entre otros, el desarme nuclear y
convencional.
4.Impulsar la creación de un nuevo marco de seguridad pan-europea en el
que la UE juegue un papel fundamental y que tenga como estructura central
una OSCE reformada en sus procedimientos de toma de decisiones y dotada
de los medios suficientes de actuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--Willy
Meyer Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz primera del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Julio Anguita González, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
173/000018
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
173/000018.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre política general en
relación con las personas mayores.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme
al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera
sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de
Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así
como publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Moción consecuencia de Interpelación Urgente, sobre la Política del
Gobierno en relación a las personas mayores.
MOTIVACION
A pesar de la firma del Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del
Sistema de Seguridad Social, el Grupo Socialista considera que ante las
constantes contradicciones que se vierten en los medios de comunicación,
el Gobierno debe mantener, impulsar y desarrollar las actuaciones
establecidas en las recomendaciones internacionales, el Plan
Gerontológico y el Plan Concertado en políticas para las personas
mayores.
Dichas líneas de actuación han de dirigir las decisiones del Gobierno
permitiendo concretar las medidas que impulsen el desarrollo de medidas
activas y solidarias en favor del colectivo de personas mayores.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
MOCION
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.ºGarantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y
del complemento de mínimos, así como de las Pensiones no Contributivas y
las pensiones adaptadas para los emigrantes.
2.ºGarantizar la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas.
Facilitando los mecanismos que potencien su control.
3.ºTransferidas las competencias de gestión del INSERSO, proceder a la
creación de una Dirección General de Personas Mayores que coordine las
políticas en esta materia, desde una instancia administrativa que
facilite la toma de decisiones.
4.ºDesarrollar el acuerdo para consolidar en toda España la red
socio-sanitaria de atención a las personas mayores dependientes.
5.ºImpulsar el desarrollo del Plan Gerontológico y conseguir en la VI
Legislatura aproximar el número de plazas residenciales al objetivo del
3,5 plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Ampliar la Ayuda a
Domicilio hasta lograr la ratio de que 8 mayores de cada 100 puedan
recibirla. Finalizar el mapa para la creación de Hogares y Centros de
Día.
6.ºGenerar e impulsar servicios de ayuda al apoyo informal, mediante: la
información, orientación y formación de familiares y los recursos
intermedios como estancias diurnas, temporales y vacaciones.
7.ºEstablecer dentro del Plan Gerontológico un Programa específico para
la atención de los afectados por la enfermedad de Alzheimer, con medidas
preventivas y asistenciales, del que será debidamente informada la
Comisión de Política Social y Empleo.
8.ºGestionar con carácter centralizado en Programa de Vacaciones Tercera
Edad, el Programa de Termalismo, el Programa de Teleasistencia y los
cofinanciados por la Unión Europea, dando competencias a las CC. AA. en
la elaboración de los pliegos, la valoración de las ofertas y la
posterior adjudicación del concurso, o de los proyectos en su ámbito
territorial.
9.ºContinuar con el desarrollo de servicios sociales para los mayores
emigrantes y los convenios de pólizas sanitarias, en línea con la
reivindicación del Consejo General de la Emigración.
10.ºColaborar con la U. E. en todos los foros internacionales donde se
estudie la problemática de las personas mayores y poner en marcha las
medidas que desde estas instancias se aprueben.
11.ºFortalecer el desarrollo del voluntariado en el colectivo de las
personas mayores, así como el movimiento asociativo.
12.ºFinanciar y apoyar la realización de estudios de postgrado en
Gerontología y Geriatría en las Universidades.
13.ºPotenciar y coordinar las investigaciones para la aplicación de
nuevas tecnologías y de Ayudas Técnicas que faciliten la integración
social y el bienestar de las personas mayores.
14.ºContribuir a incorporar en la sociedad española, no sólo el respeto
por nuestros mayores, sino también la importancia de su papel activo y
participando en beneficio de nuestro país.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000178
En la sesión de la Comisión de la Política Social y Empleo, del día 5 de
noviembre de 1996, ha quedado retirada por manifestación de voluntad de
la Diputada doña Belarmina Martínez González (Grupo Parlamentario
Socialista) la Pregunta sobre medidas en relación con la situación puesta
de manifiesto por investigaciones sociológicas que sitúan a nuestro país
entre aquéllos de índice de natalidad más baja (número de expediente
181/000178) («B. O. C. G.» Serie D, número 52 de 7-10-1996).
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del
Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
181/000225
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000225.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Declaración de zona de actuación especial de los municipios de las
comarcas de La Safor y La Ribera, en la provincia de Valencia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Tiene previsto el Gobierno proceder a la declaración de zona de
actuación especial en relación con los municipios de las comarcas de La
Safor y La Ribera, en la provincia de
Valencia, afectados por las intensas lluvias de los días 10 y 11 de
septiembre pasado?
Madrid, 30 de octubre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000226
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000226.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Medidas para paliar los daños producidos en las comarcas de La Ribera y
La Safor, en la provincia de Valencia, por las lluvias de los días 10 y
11-9-96.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar los graves daños
producidos en las comarcas de La Ribera y La Safor, en la provincia de
Valencia, por las intensas lluvias de los días 10 y 11 de septiembre
pasado, con especial incidencia en la localidad de Tabernes de la
Valldigna, donde los daños se incrementaron por el desbordamiento del río
Vaca y del muro de contención que rodea la parte alta del casco urbano, y
todo ello agravado por el efecto barrera producido por el actual diseño
de la A-7 y la vía férrea Gandía-Valencia?
Madrid, 30 de octubre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000227
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000227.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Ubicación de un campo de entrenamiento y polígono de tiro para el
Ejército del Aire en el campo de maniobras de Chinchilla (Albacete).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Tiene previsto el Gobierno ubicar un campo de entrenamiento y polígono
de tiro para el Ejército del Aire en el actual campo de maniobras de
Chinchilla (Albacete)?
Madrid, 30 de octubre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000228
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000228.
AUTOR: Alvarez Gayol, María Enedina (G. S).
Diagnóstico etiológico de carácter epidemiológico hecho del brote
epidémico de neumonía habido en Alcalá de Henares (Madrid).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputada doña María Enedina Alvarez Gayol
Texto
¿Qué diagnóstico etiológico de carácter epidemiológico ha hecho el
Ministerio de Sanidad y Consumo del brote epidémico de neumonía habido en
Alcalá de Henares?
Madrid, 29 de octubre de 1996.-- María Enedina Alvarez Gayol.