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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 42, de 17/09/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
ACTOS DE CONTROL 17 de septiembre de 1996 Núm. 42
INDICE
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para el acceso de las personas afectadas por minusvalías o
impedimentos de carácter físico a las enseñanzas de educación física
universitarias (Página 4)
161/000148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la liberación del pago del peaje en la autopista A-7 a su paso
por Tarragona (Página 5)
161/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra
de Guadarrama (Página 6)
161/000150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
remisión a la Cámara de un plan de ayudas al sector de ganado vacuno
(Página 6)
161/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
establecimiento de un plan de formación de pilotos para obtener la
titulación de piloto privado, y de personal de mantenimiento de
aeronaves, destinado a personal funcionario (Página 7)
161/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la reconsideración de la decisión de segregar la
gestión de los puertos de Avilés y Gijón (Asturias) (Página 8)
161/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
reconsideración de la cuantía de las subvenciones concedidas a la
provincia de Cádiz para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales de principio de año y en virtud del Real Decreto-Ley 4/1996,
de 1 de marzo (Página 9)
161/000155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones para favorecer el
reflotamiento de la empresa PICUSA, de Padrón (La Coruña) (Página 10)
161/000156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de reforma de la carretera
N-550, a su paso por Padrón (La Coruña) (Página 11)
161/000157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la laguna de Gallocanta (Página 12)
161/000158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de un plan de recuperación
de la riqueza pesquera de la plataforma continental (Página 13)
161/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la protección de la flota pesquera (Página 14)
161/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, de ayuda para iniciación de
actividades empresariales, encuadrado en la política de reinserción de
reclusos (Página 15)
161/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a remitir la causa del secuestro y asesinato de
don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y funcionario de Naciones
Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya (Página 15)
161/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa al deslinde de los cauces de dominio público hidráulico
(Página 16)
161/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a normas reguladoras de las actividades
subacuáticas (Página 17)
161/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la protección de la laguna de Torrevieja (Página 18)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000014 Rechazo por el Pleno de la Cámara de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se acuerda la constitución de
una Comisión no permanente encargada de la elaboración de un Informe que
sirva de base para la necesaria revisión del modelo de Estado actual
(Página 19)
162/000031 Rechazo por el Pleno de la Cámara de la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre el sector
industrial azucarero español (Página 19)
162/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la protección de los
intereses españoles frente a actuaciones extraterritoriales de otros
Estados y, en particular, por actuaciones derivadas de la aplicación por
Estados Unidos de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity», conocida
como Ley Helms-Burton (Página 19)
162/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la necesidad de delimitar las líneas marítimas de
interés social (Página 20)
162/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre ayudas destinadas a la reactivación económica de las
comarcas mineras del carbón (Página 21)
162/000042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre política forestal (Página 22)
162/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre realización de pruebas
y ensayos nucleares por parte de China (Página 23)
INTERPELACIONES URGENTES
172/000010 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre posición del Gobierno respecto a la problemática del sector
lácteo (Página 24)
172/000011 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política
educativa a desarrollar por el Gobierno en el curso académico 1996/1997,
así como sus perspectivas futuras (Página 24)
172/000012 Interpelación urgente formulada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno va a garantizar la mejora
de la calidad de la enseñanza que contempla la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE) (Página 25)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000102 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Rodríguez
Sánchez (G. Mx), sobre posición del Gobierno acerca de la pretensión de
la Comisión del Sistema Eléctrico (CSEN) de lograr la segregación de los
complejos industriales minero-eléctricos de gestión integrada, de la
Empresa Nacional Siderúrgica, S. A. (ENDESA), de As Pontes y de Andorra
(Página 27)
181/000103 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Antonio Ríos
Martínez (G. IU-IC), sobre funcionamiento de la Dirección de la Oficina
Presupuestaria y de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria (Página 27)
181/000106 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez
Molina (G. P), sobre aumento de gasto que supone la creación de las
cuatro Direcciones Generales en el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) (Página 28)
181/000109 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), relativa al balance de aplicación del último
Real Decreto-Ley sobre indemnizaciones a los damnificados por la rotura
de la presa de Tous (Página 28)
181/000110 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre razones que han movido al Gobierno
español a rechazar la petición de extradición tramitada por el Gobierno
belga en relación con el ciudadano de esa nacionalidad Georges Callewaert
(Página 29)
181/000111 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre balance de actuación llevada a cabo por
la Comisión Nacional del Amianto (Página 29)
181/000112 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), relativa a previsiones sobre la modificación
de la actual regulación sobre empleo del amianto en línea con la vigente
en otros países de la Unión Europea (UE) como Francia, Alemania, Holanda,
países nórdicos, etc. (Página 29)
181/000113 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), relativa a previsiones sobre el desarrollo
reglamentario de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Página 30)
181/000114 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre resultado del informe elaborado por los
servicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las causas
del accidente laboral que ha costado la vida a 4 trabajadores de la
empresa Repsol Petróleo en Puertollano (Ciudad Real) el pasado 26-8-96
(Página 30)
181/000115 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre previsiones sobre la cesión de la Torre
de San Vicent y su entorno, ubicada en el municipio de Benicassim
(Castellón) y propiedad actualmente del Patrimonio del Estado, al
Ayuntamiento de esa ciudad (Página 31)
181/000116 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Rodríguez
Sánchez (G. Mx), sobre aspectos del derecho internacional en los que
fundamenta el Gobierno español su actitud de apoyo a los ataques de
Estados Unidos contra Irak el 3 y 4-9-96 (Página 31)
181/000117 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre planes y fechas para ejecutar la
regeneración de la playa de L'Almadraba en Denia (Valencia) y la
construcción de un sendero marítimo (Página 31)
181/000118 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre planes y fechas para la ejecución de la
variante de la carretera M-340, a su paso por la ciudad de Nules
(Castellón) (Página 32)
181/000119 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Sanjuán de
la Rocha (G. S), sobre intervención de las Fuerzas de Seguridad del
Estado en los incidentes producidos por las protestas de los trabajadores
del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) (Página 32)
181/000120 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i
Canadés (G. C-CiU), relativa a la opinión del Ministro de Defensa sobre
si la actual legislación de objeción de conciencia estimula el
crecimiento del número de objetores (Página 33)
181/000122 Pregunta formulada por el Diputado don Bernardo Bayona
Aznar (G. S), sobre destino de las instalaciones y terrenos del
Ministerio de Defensa en Aragón que no van a tener ya uso militar
(Página 33)
181/000123 Pregunta formulada por el Diputado don Sergio Moreno
Monrove (G. S), sobre intención de corregir la decisión de subir el
impuesto especial sobre el Alcohol y las bebidas derivadas (Página 33)
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000147
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000147.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para el acceso de las personas
afectadas por minusvalías o impedimentos de carácter físico a las
enseñanzas de educación física universitaria.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en el seno de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara.
El Real Decreto 1423/1992, de 27 de noviembre, regula la incorporación de
las enseñanzas de Educación Física a la universidad y el acceso de
estudiantes a estos estudios. El Real Decreto 594/1994, de 8 de abril, se
ocupa del desarrollo de los estudios y titulaciones específicas de los
técnicos deportivos.
Por otra parte, la LOGSE, en su artículo 31, establece las condiciones
para el acceso a la formación profesional específica de aquellos
alumnos/as que no reunieran los requisitos académicos, a través de una
prueba regulada por las administraciones educativas.
En todos estos casos, del desarrollo de lo establecido en los mismos, se
deriva la posibilidad de establecer pruebas de aptitudes personales para
la actividad física y el deporte. Aunque en la mayoría de los casos, sólo
establecen la calificación de apto o no apto, las pruebas que se aplican,
de forma general, se establecen atendiendo a criterios normalizados hacia
la actividad física y el deporte.
Sin embargo, las personas afectadas por minusvalías o impedimentos de
carácter físico, incluyendo las de carácter ligero, se ven en la práctica
con serias dificultades para el acceso a este tipo de estudios. Y en el
mejor de los casos, al amparo de la actitud voluntaria de determinados
centros que, sensibles a las características de estas personas, pudieran
establecer variaciones con carácter excepcional.
La Ley 13/1992, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, es
clara al respecto al prever que las medidas tendentes a la promoción
educativa, cultural, laboral y social de los minusválidos se lleven a
cabo mediante su integración a las instituciones de carácter general; y
más concretamente en el ámbito de la educación establece: «El minusválido
se integrará en el sistema ordinario de la educación general recibiendo
en su caso, los programas de apoyo y recursos que la ley reconoce».
«Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible,
la educación de los minusválidos se llevará a cabo en centros
específicos. A estos efectos funcionará en conexión con los centros
ordinarios, dotados de unidades de transición para facilitar la
integración de sus alumnos/as en centros ordinarios».
A nuestro entender es claro lo que la ley establece, y no tiene ningún
sentido que la formulación de unas pruebas específicas de aptitud física
no contemplen pruebas adaptadas para personas con minusvalías que, en
ningún caso, deberían estar excluidas de la posibilidad de acceso a estos
estudios, máxime si tenemos en cuenta que en el más alto nivel de
rendimiento y alta competición, existen pruebas adaptadas, competiciones
y grandes acontecimientos de carácter deportivo (como las olimpiadas, por
ejemplo).
El objetivo de esta Proposición no de Ley, pretende corregir esta
situación anómala, que debería estar regulada con carácter oficial en
todos los casos.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1.En todos los estudios de carácter universitario, medio, formación
profesional o específicos de técnicos deportivos, relacionados con las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que para su acceso tengan
establecidas pruebas de aptitud física, se corrijan los textos y
normativas añadiendo que se realizarán pruebas físicas adaptadas a
personas con minusvalías.
2.Desde el Ministerio de Educación y Cultura, se lleve a cabo el
correspondiente análisis y graduación de las diferentes minusvalías, a
efectos de establecer las pruebas de acceso y la posterior realización de
los diferentes estudios con las suficientes garantías.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--Inés Sabanes
Nadal, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000148
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000148.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a la liberación del pago del peaje en la
autopista A-7 a su paso por Tarragona.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley para liberar el
pago del peaje en la autopista A-7 a su paso por Tarragona para su
discusión en la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente.
La carretera N-340, en su acceso a la zona norte de la ciudad de
Tarragona, presenta de forma habitual graves problemas de circulación. Se
trata de un tramo que dispone de una capacidad reducida, un solo carril
por sentido, insuficiente para absorver la enorme intensidad de tráfico
existente. El tráfico se ha estimado en 50.000 vehículos diarios, con
máximos de 9.000 vehículos en hora punta, agravándose aún más esta
situación en los meses de verano.
La intensidad de la N-340 en este tramo responde a tres tipos de tráfico
distintos. En primer lugar, hay que decir que la N-340 sirve de vía de
comunicación de las poblaciones que existen entre el Vendrell y Tarragona
para llegar a esta ciudad. La N-340 es además una vía interna del
municipio de Tarragona, que necesariamente deben utilizar los residentes
en las urbanizaciones del municipio para desplazarse al centro de la
ciudad. Y por último, esta carretera se usa en verano para acceder a las
numerosas playas situadas en esta zona.
Las características de la zona provocan un gran tráfico de vehículos
pesados: camiones, autobuses, autocares, que ayudan a incrementar el
colapso y los impactos negativos de todo orden que ya de por sí supone el
tráfico de esta carretera. La apertura de Port Aventura no ha hecho sino
agravar aún más la situación.
Es urgente, por consiguiente, encontrar una solución que evite los
problemas circulatorios de la N-340 en su acceso norte por Tarragona. Hay
que señalar, en otro orden de cosas, las notorias dificultades que se
presentan tanto en el desdoblamiento de esta carretera, como en la
construcción de una variante, ya que se trata de un zona con un alta
densidad poblacional. Un trazado paralelo a la autopista A-7 aparece como
el único recorrido alternativo posible a estudiar. A su vez, este trazado
presenta dificultades a causa del impacto ambiental negativo que supone
construir una nueva carretera en una zona de bosque mediterráneo de
frágil equilibrio ecológico, así como por su elevado coste, puesto que se
trata de una zona abrupta, donde sería obligado construir diversos
túneles para salvar el desnivel existente y para evitar las
urbanizaciones.
La autopista A-7 cubre el mismo recorrido que tendría esa variante de la
N-340, por lo que la conversión de la A-7 en una carretera libre de pago
entre las salidas 31 y 34 aparece como una buena solución. El nulo
impacto ambiental de esa decisión, un mejor aprovechamiento de las
infraestructuras existentes y los ahorros económicos y financieros en la
construcción de la variante, son factores a tener muy en cuenta en la
toma de esta decisión.
Además, se da la circunstancia, que la concesionaria de la A-7, ACESA, ha
anunciado la intención de construir un tercer carril por sentido entre le
Vendrell y Salou. Parece llegado el momento, pues, de iniciar
negociaciones con ACESA.
Liberar la carretera N-340 del tráfico de paso que podría desviarse hacia
la A-7, significaría liberar esta carretera de esta carga y dejarla como
una vía de circulación exclusivamente urbana y de acceso a las playas de
la zona.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de
Ley.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar con la
concesionaria de la autopista A-7 un convenio que permita liberar el
peaje existente a su paso por Tarragona en la salida número 33
(Tarragona-Valls), con vistas a resolver definitivamente el colapso que
sufre la carretera N-340 en su acceso norte por Tarragona.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 1996.--Joan Saura
Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000149.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley de elaboración del plan de ordenación de los
recursos naturales de la Sierra de Guadarrama.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de ley de elaboración
del plan de ordenación de los recursos naturales de la Sierra de
Guadarrama, para su discusión en la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente.
La Sierra de Guadarrama, situada entre las provincias de Madrid, Segovia
y Avila, es uno de los espacios de mayor valor ecológico, económico y
científico-cultural del centro peninsular. Su proximidad a la capital de
España hace de ella un paraje tan necesario para la salud de millones de
personas como presionado por los usos humanos, que no siempre son los
adecuados para el equilibrio ecológico o de la población con el
territorio.
En los últimos tiempos, la Sierra del Guadarrama viene siendo objeto de
múltiples actuaciones de todo tipo, pero en general aislados entre sí y
completamente ajenos a los objetivos sociales y a los condicionantes
ecológicos de la zona. Grandes infraestructuras de transporte,
instalaciones hosteleras o recreativas, plantas de tratamiento de
residuos industriales, etc. pugnan por establecerse en un territorio que
en muchos lugares y aspectos ha alcanzado ya su límite de saturación.
Detrás de tales iniciativas aparecen siempre los intereses especulativos
sobre el suelo, que a cambio de un substancioso beneficio para muy
escasos propietarios, degrada el medio y la calidad de vida del conjunto
de la población, así como sus expectativas de implantar un tejido
económico sólido. En cambio, las comarcas guadarrameñas, presentan unas
enormes deficiencias de determinados servicios sociales, en especial de
carácter ambiental (gestión del agua, residuos, recuperación de espacios,
etc.) que deberían ser la base de un desarrollo sostenible basado en los
recursos locales.
La Ley 4/89 de conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre, prevé en su Título II la preceptiva elaboración de
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales para cualquier espacio,
independientemente de que vaya a ser protegido o no, o ya lo esté, en
todo o en parte. Dada la situación expuesta, la Sierra de Guadarrama
requiere la aplicación de esta Ley a la mayor brevedad, a fin de informar
ulteriores planificaciones de diferentes sectores, que son, asimismo,
necesarias en los ámbitos estatal, autonómico y municipal. Puesto que el
espacio en cuestión implica a las Comunidades Autónomas de Castilla y
León y de Madrid, será preciso establecer un dispositivo
interadministrativo al efecto, contando también con la presencia estatal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de
Ley.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el
establecimiento de un dispositivo administrativo conjunto entre los
organismos ambientales competentes del Estado y las Comunidades Autónomas
de Madrid y de Castilla y León, que proceda a la elaboración del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 1996.--Francisco
Frutos Gras, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000150
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000150.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre remisión a la Cámara de un plan de ayudas al
sector de ganado vacuno.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley de creación de
un Plan de ayudas al sector de ganado vacuno, para su discusión en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
No cabe duda que este año en curso va a ser histórico en el mercado de
carnes, la crisis desatada en el sector, por la denominada vulgarmente,
como enfermedad de las «vacas locas», está originando una situación, que
para unos determinados productores va a suponer un período único por los
beneficios y por la recuperación de los precios, mientras que para otros
puede ser el año de la gran crisis por el volumen de pérdidas que puede
conllevar.
En un principio se pensó, que la crisis extrema iba a provocar un
incremento en la demanda de vacuno nacional, la realidad es que la crisis
de las «vacas locas» ha desatado un pánico tal, que la demanda de ganado
vacuno, del Reino Unido o de otros países, ha caído en los principales
mercado comunitarios en unos porcentajes muy superiores a los esperados.
En el caso español y según datos manejados por el sector, la demanda
interna se ha reducido, desde abril, en unas 5.000 toneladas mensuales
que había que sumar a las 3.000 toneladas que se han dejado de exportar.
Obviamente, el sector del ganado vacuno está siendo enormemente
perjudicado en este proceso, siendo el volumen de pérdidas acumuladas
desde marzo hasta mediados de julio cercanas a los 15.000 millones,
pudiendo alcanzar éstas a lo largo del año una cifra superior a los
50.000 millones de pesetas según estimaciones de las organizaciones de
ganaderos. Estas pérdidas están provocadas tanto por la disminución en el
consumo de carne de vacuno, en un 30% aproximadamente, y por la caída en
los precios en más de 100 pesetas el kilo de ternero.
A su vez la crisis desatada en el sector del vacuno está originando
distorsiones en la consecución del objetivo de inflación, dados los
efectos que ha provocado en sectores substitutivos. En el caso del sector
del ovino con subidas de precios superiores al 10% y en la demanda del
5%, originando unos ingresos «extra» en este período de más de 5.000
millones de pesetas; en el sector del porcino con una subida de precios
desde abril superior al 30% y un crecimiento medio de la demanda del 5%;
y por supuesto en el avícola con unos ingresos «extra» superiores a los
10.000 millones de pesetas entre abril y junio y un crecimiento en la
demanda de pollos superior al 10%, faltando aun por ver la evolución del
sector en el período veraniego dada la afluencia masiva de turistas a
nuestro país.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-lniciativa per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de
Ley.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que a la mayor
urgencia posible remita a la Cámara un Plan de medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia fiscal, de Seguridad Social y
crediticias, con el fin de reparar los efectos producidos en el sector
del ganado vacuno por la posible vinculación entre la enfermedad conocida
vulgarmente como «de las vacas locas» o encefalopatía espongiforme bovina
(EEB) y el síndrome de Creutzfeldt-Jacob.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 1996.--Mercé
Rivadulla y Gracia, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000152
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000152.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre establecimiento de un plan de formación de
pilotos para obtener la titulación de piloto privado, y de personal de
mantenimiento de aeronaves, destinado a personal funcionario.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
En España se sigue una doble política con relación a las denominadas
aeronaves de estado, es decir aquellos medios aéreos propiedad del estado
que no están adscritos a las Fuerzas Armadas. En el caso de los medios
que están adscritos a la Guardia Civil y al Cuerpo de Policía Nacional su
pilotaje y mantenimiento está en manos de personal funcionario, y
desarrollan sus propios cursos de formación en sus propias escuelas. Y en
el caso de las demás aeronaves pertenecientes al Estado, éstas se dejan
en manos privadas para el cometido de las funciones que dieron origen a
su adquisición.
Los criterios para que las aeronaves de la DGT y de la DGP sean operadas
por funcionarios se resumen para el Gobierno en respuesta a pregunta de
este Grupo Parlamentario en el «BOCG» (26-12-95), donde se indicaba que
el hecho de que los pilotos del servicio de helicópteros de la Dirección
General de la Policía sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía,
responde, entre otros, a los siguientes criterios:
--Conveniencia para la operatividad policial del doble carácter de
funcionario policial y piloto, en aras a la eficacia de cualquier tipo de
servicio que exige en cada momento sepan determinar dónde empieza y dónde
termina la responsabilidad y competencia como policía y como piloto al
mando de una aeronave policial, que en otro caso no existiría.
--Necesidad de que el piloto conozca además el mundo policial, sus
métodos, funciones, objetivos, actividades, etc., ya que no se utiliza la
aviación como medio de transporte, sino como instrumento policial que
permite una mayor rapidez, maniobrabilidad, accesibilidad y dominio del
entorno.
--La experiencia de casi la totalidad de policías europeas y americanas
aconsejan, por su mejor rendimiento y eficacia, la formación de policías
para funciones de pilotos y jefes de tripulaciones policiales.
--Asimismo, la coordinación e integración en cualquier dispositivo
policial es más adecuada si el piloto reúne también su condición de
funcionario de policía.
--Los pilotos del Cuerpo Nacional de Policía son policías que adquieren
esta especialidad. Las necesidades de reserva y seguridad en los
servicios se considera que están mejor garantizadas con la pertenencia de
los pilotos al propio Cuerpo Nacional de Policía.
Los criterios contenidos en la respuesta no pueden ser más lógicos y
acertados,y por ende aplicables a cualquier servicio aéreo del Estado,
por tanto, ¿cómo se explica la cesión de medios aéreos de titularidad
pública hacia la iniciativa privada para la realización de servicios que
por su importancia debería realizar el sector público en su totalidad,
como, por ejemplo, la extinción de incendios o misiones de vigilancia y
control de distintas actuaciones en diferentes sectores e incluso
misiones de policía, como es el caso de Aduanas? ¿Qué razones existen
para que no sean funcionarios los pilotos y el personal de mantenimiento
de otros Organismos Públicos?, como el Servicio de Vigilancia Aduanera,
la Secretaría General de Pesca Marítima Española y la Dirección General
de Medio Ambiente. ¿Cómo es posible que medios del Estado se entreguen a
empresas privadas para su mantenimiento y pilotaje cuando podrían y
deberían ser de responsabilidad única del Estado?
El Gobierno debería acometer un plan de formación de pilotos de aeronaves
destinado a personal funcionario en el marco de un programa de
reasignación de plantillas y de asunción de prestaciones de carácter
público que actualmente se están realizando por la iniciativa privada,
aunque con recursos de capital público.
Además el posible efecto de trasvase de funcionarios a la empresa privada
se evitaría limitando los cursos a la concesión de habilitación exclusiva
al título de piloto privado de avión o helicóptero, ya que este tipo de
licencia faculta a volar en cualquier aeronave, siempre que se haga sin
remuneración, no pudiendo pilotar aeronaves comerciales, que se explotan
con remuneración, y no sería el caso, ya que este personal, recibiría su
retribución por ser funcionario público, o lo que es igual, personal
estatutario en la línea de la DGT y DGP, y siendo dichas aeronaves
tipificadas como de Estado, es decir, Aeronaves Estatales y no
Comerciales.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer, en el seno
de la Administración General del Estado, un plan de formación de pilotos,
con vistas a obtener la titulación de piloto privado, y de personal de
mantenimiento de aeronaves, siendo dicho plan destinado a personal
funcionario en el marco de un programa de reasignación de plantillas y de
asunción de prestaciones de carácter público que actualmente se están
realizando por la iniciativa privada, aunque con recursos de capital
público.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 1996.--Willy Meyer
Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000153
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000153.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la reconsideración de la decisión de
segregar la gestión de los puertos de Avilés y Gijón (Asturias).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
reconsideración de la decisión de segregación de la gestión de los
Puertos de Avilés y Gijón, para su debate en la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El desarrollo portuario en un espacio económico como el regional adquiere
una importancia creciente en las circunstancias presentes y en las que se
pueden atisbar del futuro. Los puertos han sido en el pasado un
importante factor de localización de actividad económica. Ahora, en una
economía con un mayor grado de apertura, la oferta portuaria constituye
un elemento capital para el crecimiento económico regional. Algunas
empresas han tomado decisiones estratégicas contando con el dado de un
servicio portuario ágil y económico. Es por eso que las autoridades
portuarias deben responder a las exigencias del momento propiciando
estructuras organizativas capaces de servir a los tráficos y de
economizar costes de funcionamiento.
Estas y otras razones llevaron en su momento a la Autoridad Portuaria del
Estado a fusionar la gestión de los puertos de Avilés y Gijón en un
intento de aprovechar todas la economías de escala que se manifiestan en
dos instalaciones portuarias tan próximas.
Asistimos ahora en la esfera económica a la consecución de un tamaño de
las entidades, cualquiera que sea su actividad, superior al que se
consideró adecuado en el pasado. Dicho en otros términos: uno de los
signos económicos de los tiempos es la fusión, no la desagregación.
Si, además, la decisión segregadora de la identidad y de la gestión de
los puertos asturianos va acompañada de continuas apelaciones a la
competencia entre puertos, la separación de la gestión parece estar
guiada por ese objetivo. Ahora bien, si los puertos de Avilés y Gijón han
de competir entre sí, habrá, como es natural, un triunfador y un
perdedor; un beneficiario y un perjudicado en la batalla por los
tráficos.
No convendría, por tanto, que los puertos asturianos compitieran entre sí
para disipar fuerzas que necesitan para competir con otros puertos de la
Cornisa Cantábrica.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconsiderar su
reciente decisión de proceder a la segregación de la gestión de los
puertos de Avilés y Gijón, para recuperar el tamaño de actividad
portuaria que posibilite la competencia con otras ofertas de servicios
portuarios en la Cornisa Cantábrica.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 1996.--Luis
Martínez Noval, Diputado.--El portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
161/000154
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000154.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre reconsideración de la cuantía de las
subvenciones concedidas a la provincia de Cádiz para reparar los daños
causados por las inundaciones y temporales de principio de año y en
virtud del Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley dirigida al
Gobierno para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
Los pasados meses de enero y febrero del presente año, se desencadenaron
fuertes temporales de agua y viento que causaron, sólo en la provincia de
Cádiz, unas pérdidas superiores a los 3.500 millones de pesetas según las
cantidades inicialmente solicitadas por la Comisión Provincial de
Gobierno en Cádiz.
Estos hechos fueron los causantes de que el 16 de marzo de 1996, se
publicara en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) un Real Decreto de
medidas urgentes para reparar los daños de las inundaciones y temporales,
en el que se contemplaba un crédito extraordinario de 10.000 millones de
pesetas, con carácter ampliable, así como otros 2.000 millones más para
paliar situaciones de emergencia, como daños en infraestructuras
hidráulicas, de educación, regadíos, costas o carreteras.
La sorpresa y la desazón se ha cebado en el pueblo gaditano a tenor del
contenido de un documento de la Dirección General de Régimen Jurídico y
Económico Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas en el
que se viene a recoger las ayudas que va a recibir esta provincia de las
arcas del Estado. Según este escrito, a la provincia de Cádiz le
corresponden 90,74 millones de pesetas de subvención estatal, pudiéndose
duplicar esta cantidad al financiarse los proyectos de ayuda entre el
Estado (50%), y la Junta de Andalucía y la Diputación que aportarían el
50% restante. En otras palabras, con la ridícula ayuda que se pretende
dar no se llegan a cubrir siquiera los destrozos originados en algún
Municipio como, por ejemplo, el de Chiclana de la Frontera, en el que las
lluvias desbordaron el río Iro, produciéndose daños superiores a los 430
millones de pesetas.
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de Ley.
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que reconsidere la
cuantía de las subvenciones concedidas a la provincia de Cádiz para
reparar los daños causados por las inundaciones y temporales de principio
de año y en virtud del Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, en el
sentido de asemejar la cuantía a la cantidad solicitada inicialmente por
la Comisión Provincial de Gobierno de Cádiz que asciende a 3.532 millones
de pesetas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1996.--Willy Meyer
Pleite, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000155
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000155.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a actuaciones para favorecer el
reflotamiento de la empresa PICUSA, de Padrón (La Coruña).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a actuación del Gobierno Para
favorecer el reflotamiento de la empresa PICUSA, de Padrón, para su
debate en Comisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 4 de abril de 1994 el grupo TIPEL presenta suspensión de pagos con una
deuda de 8.445 millones de pesetas. De todas las empresas del grupo,
PICUSA debía 1.000 millones. Esta empresa de curtidos, ubicada en Padrón,
se ve así abocada a producir bajo mínimos hasta febrero de 1995, ya que
no se le suministran ni nuevos créditos ni materias primas. El 10 de
abril de 1995 se declara en quiebra el grupo TIPEL, en el que sólo queda
PICUSA, pues el resto de las empresas del grupo fueron vendidas, teniendo
que asumir la empresa de Padrón en exclusiva la mayor parte de las deudas
del grupo (más de 5.000 millones de pesetas). Todas las actuaciones
legales tuvieron lugar en Catalunya, concretamente en VIC.
El grupo SEPYC, S. A. (Sociedad Española de Pieles y Curtidos), hace una
oferta de 1.000 millones de pesetas por PICUSA, manteniéndola hasta
diciembre de 1995, con la condición de que si en ese plazo no se le vende
la factoría, haría una oferta a la baja.
En octubre de 1995 se dicta auto de insolvencia, momento en el que debía
personarse la Comisión liquidadora, que no lo hace hasta enero de 1996.
Realmente la Comisión liquidadora no se reúne porque RUMASA (Patrimonio
del Estado) no asiste a las juntas, argumentando que no estaba enterado
de las convocatorias o por decidir no asistir. En enero SEPYC, S. A.,
reduce su oferta por la empresa de Padrón a
450 millones de pesetas. Es el representante del Patrimonio del Estado el
que muestra más ahínco en que la venta no se produzca, abogando por que
salga a concurso público.
El 5 de julio de 1995 se celebró una reunión entre el grupo SEPYC, S. A.,
y la Comisión liquidadora en la que no se llega a acuerdo para la venta
de PICUSA por una diferencia de aproximadamente 450 millones, siendo el
principal escollo la actitud del representante del Patrimonio del Estado.
Existen otras ofertas de compra que llegan hasta 500 millones de pesetas.
Desde agosto de 1995, los trabajadores comienzan a cobrar el paro y
acaban las movilizaciones para el reflotamiento de PICUSA.
Existe una operación articulada a través de la SEPYC S. A., la
participación accionarial de todos los trabajadores de la fábrica hasta
un 25% del capital, EUROSIA, sociedad comercial de pieles muy introducida
en Corea, principal mercado mundial de la piel, y el compromiso de
participación de la Xunta de Galiza a través de SODIGA. Esta se
comprometió a dar apoyo financiero tanto a la nueva empresa como a los
trabajadores para su participación en el capital. También el Parlamento
de Galiza por unanimidad apoyó una Proposición no de Ley para tomar las
medidas que posibiliten la recuperación de PICUSA y su continuidad.
El principal escollo sigue siendo uno de los tres síndicos de la Comisión
liquidadora --el representante de Patrimonio-- que continúa apostando por
la subasta pública, alegando el hecho de que el empresario que se hizo
con PICUSA tras la reprivatización de esta empresa que fuera de RUMASA,
percibió 1.500 millones que debería haber devuelto a Patrimonio.
PICUSA lleva cerrada dos años. Es una empresa ultra-competitiva, y fueron
factores externos a su funcionamiento los que la llevaron a la situación
en que está ahora. Siendo tan necesarios los puestos de trabajo y tan
importante contar con economía productiva, sería inexplicable que el
Estado se convierta ahora en la principal dificultad para que un proyecto
de reflotamiento salga adelante.
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar el
reflotamiento de la empresa PICUSA-SEPYC, S. A., de Padrón, como empresa
de curtidos, a través de la aceptación, por los representantes del Estado
en la Comisión liquidadora, de la oferta de compra más beneficiosa para
el erario público y para la recuperación de la actividad de la factoría,
tan importante desde el punto de vista socio-laboral y económico para la
comarca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG).--Begoña Lasagabaster
Olazábal, Portavoz del Grupo Mixto (EA).
161/000156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000156.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa al proyecto de reforma de la carretera
N-550, a su paso por Padrón (La Coruña).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a necesidad de un nuevo
proyecto de reforma de la N-550 a su paso por Padrón, para su debate en
Comisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El proyecto de reforma de la N-550 a su paso por Padrón resultará, de
aplicarse, gravemente perjudicial para el desenvolvimiento urbano, la
vida comercial y el patrimonio histórico de la villa, a la vez que
aumentará la contaminación por ruidos y humos y los problemas de tráfico
que ya padece. A medio plazo será una obra inútil. Los problemas de
tráfico obligarán a proponer otro trazado, lo que multiplicará las
inversiones y provocará mayor impacto ambiental en una zona ya
suficientemente castigada.
Por todo esto presentamos la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Fomento a
retirar su proyecto de reforma de la N-550 a su paso por Padrón y a
estudiar de forma urgente alternativas más adecuadas desde el punto de
vista urbanístico, ecológico, social e histórico-artístico.
Asimismo insta al Ministerio de Fomento a comprometerse a no comenzar las
obras de reforma de la N-550 a su paso por Padrón hasta contar con un
proyecto concreto que subsane los problemas más graves que provocaría el
actualmente previsto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG).--Begoña Lasagabaster
Olazábal, Portavoz del Grupo Mixto (EA).
161/000157
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000157.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre la laguna de Gallocanta.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, sobre la Laguna de
Gallocanta.
MOTIVACION
En el entorno de la Laguna de Gallocanta se están produciendo actuaciones
del uso del agua, que pueden obedecer a intereses privados de carácter
especulativo, y que sin duda tienen graves consecuencias negativas en la
protección del patrimonio natural, contraviniendo la legislación vigente
en materia de aguas y la normativa europea.
La Confederación Hidrográfica del Ebro, la Diputación General de Aragón y
los Ayuntamientos incluidos en el perímetro de la Zona de Especial
Protección para las aves (ZEPA), firmaron el 9 de febrero de este año un
Acuerdo para el Desarrollo Socioeconómico y Conservación de la Laguna de
Gallocanta, por el que se comprometían a observar la normativa vigente
para las captaciones de agua subterránea.
Después de la firma de dicho Acuerdo, la infracción de la Ley ha
continuado, vendiéndose el agua de una parcela a otra (artículo 59.1 de
la Ley de Aguas y 84.3 del Reglamento), y realizándose excavaciones de
nuevos pozos (varios entre el 25 y 30 de junio de este año y en el
término municipal de Bello), al amparo del artículo 52.2 de la Ley de
Aguas (que permite el aprovechamiento de las aguas subterráneas cuando el
volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos, sin que el
Organo de Cuenca ni la Administración Autonómica hayan intervenido para
salvaguardar la Zona Húmeda de Importancia Internacional.
El último estudio de la Diputación General de Aragón, de 1993, ya detectó
174 puntos de captación de agua en la zona, de los cuales 43 en el
municipio de Bello. Desde entonces se han perforado numerosos pozos, y
sería una irresponsabilidad permitir que se continúen abriendo otros
nuevos, antes de que se elabore el estudio de la situación que la
Confederación Hidrográfica del Ebro y la Diputación General de Aragón se
comprometieron a realizar en el Acuerdo de 9 de febrero.
El Pacto del Agua, hecho entre todas las fuerzas políticas de Aragón y
avalado por el Ministerio en su día, y el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro establecen la necesidad de estudiar la declaración de acuífero
sobreexplotado para la Laguna de Gallocanta.
La Laguna de Gallocanta se incluyó en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de
marzo de 1994 («BOE» de 7 de junio de 1994), en cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el Estado Español con la ratificación el 20
de agosto de 1982 del Convenio relativo a Humedales de Importancia
Internacional especialmente como habitat para las Aves acuáticas (Ramsar,
2 de febrero de 1971).
El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se traspone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 92/43/CEE, establece que las
Zonas de Especial Protección para Aves se consideran Zonas de Especial
Conservación y somete los proyectos que se realicen al requisito de
evaluación de las repercusiones en la Zona.
Por su parte, en respuesta a los solicitantes, la Diputación General de
Aragón, supedita el informe favorable del Departamento de Agricultura y
Medio Ambiente, preceptivo para autorizar la realización de actos que
puedan transformar la realidad física y biológica de la zona (art. 1.6
del Decreto 67/1995 de la Diputación General de Aragón, de 4 de abril), a
lo que determine el Organismo de Cuenca de conformidad con la Ley 29/85
de Aguas, y el Real Decreto 849/1996.
La Ley de Aguas también contempla en su artículo 103 las Zonas Húmedas y
establece las medidas necesarias para su conservación, entre ellas que
«toda actividad que afecte a tales zonas requerirá autorización o
concesión administrativa».
En consecuencia, la limitación de los recursos hídricos disponibles en
una cuenca endorreica como Gallocanta, y la especial protección a que se
debe someter como consecuencia de la legislación medioambiental, hacen
inviable la aplicación del artículo 52.2 de la Ley de Aguas y reclaman la
intervención decidida de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Para salvaguardar los derechos de todos los posibles regantes, la
conservación de los recursos naturales, y facilitar
el uso racional del agua sin perjuicio de la Zona Húmeda, se formula la
siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Respetar y exigir el cumplimiento del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, especialmente su artículo 6.3, que somete cualquier proyecto a
evaluación de las repercusiones en el lugar.
2.Declarar provisionalmente el acuífero de Gallocanta en riesgo de
sobreexplotación, basándose en las posibilidades que ofrece la vigente
Ley de Aguas, en las previsiones del Proyecto de Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, y en los compromisos del Pacto del Agua suscrito por
todas las fuerzas políticas de las Cortes de Aragón.
3.Paralizar de forma cautelar todos los trabajos de perforación, hasta
tanto no concluya el estudio del acuífero, previsto en el Acuerdo firmado
por la Confederación Hidrográfica del Ebro junto con el Gobierno de
Aragón y los alcaldes de la Zona el 9 de febrero de 1996.
4.Elaborar por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el plazo de
seis meses, el deslinde del dominio público hidráulico, con objeto de
evitar roturaciones y ocupaciones privadas del entorno inmediato de la
laguna.
5.Instalar instrumentos para la medición del volumen de agua extraída
(caudalímetros) en todos los pozos excavados con anterioridad al 9 de
febrero de 1996.
6.Iniciar la constitución de la Comunidad de Usuarios de la Cuenca de
Gallocanta, como salvaguarda de los derechos de riego para todos los
titulares de fincas rústicas existentes en ella.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1996.--Bernardo
Bayona Azna, Diputado.--El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
161/000158
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000158.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de un plan de recuperación
de la riqueza pesquera de la plataforma continental
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de los dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de un plan de
recuperación de la riqueza pesquera de la plataforma continental, para su
debate en Comisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El actual Gobierno, a través de las autoridades del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, ha declarado en repetidas ocasiones
que era necesaria la recuperación pesquera de la plataforma continental
de la Península como forma de poder contar con recursos propios y no ser
víctimas de padecer la exclusiva dependencia de políticas exteriores en
materia tan crucial para alguna zona del estado como Galicia. Si el
Estado Español posee la mayor flota pesquera de la UE y se halla
igualmente a la cabeza de los países en cuanto a sus niveles de capturas,
es básicamente por la importante contribución gallega a este sector: más
de 10.000 barcos de un total de 20.000 y 33.000 trabajadores de un total
de 85.000. No hablaremos del efecto indirecto en tierra de este
importante sector, tanto en industrias auxiliares como en el sector de la
industria de transformación.
Pero ni el Estado Español ni la UE han realizado una auténtica política
de defensa de los recursos de la pequeña pero productiva plataforma
continental de la Península. En el caso concreto de Galicia, algunas
medidas contempladas en los reglamentos comunitarios nunca afectaron a la
zona VIII C, la del Cantábrico Noroeste. La plataforma está sin ordenar y
existe una permisividad absoluta en artes, tamaños y volumen de capturas
que están provocando un mayor empobrecimiento pesquero de estas aguas
continentales, para mayor quebranto y dificultad de la flota de bajura.
Es esta flota la que supone el 90% del total de los barcos gallegos y
emplea casi el 90% de los marineros. En ella no hay grandes navieras ni
potentes asociaciones de armadores. Representa una verdadera distribución
de beneficios.
La actual anarquía supone, pues, un serio peligro de exterminio
definitivo de una riqueza pesquera ya seriamente afectada. Urge una
política de ordenación de la plataforma continental que tenga en cuenta
zonas de desove, crecimiento y reclutamiento de las distintas especies,
actuaciones de los distintos artes de pesca, tamaños de las mallas,
características técnicas de las embarcaciones, inspección y control
oficial en mar, control de los desembarcos y de la comercialización de
las capturas. Por todo esto presentamos la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación a elaborar y aplicar, de acuerdo con la Xunta de
Galicia, un plan-piloto de recuperación de la riqueza pesquera de la
plataforma continental gallega, comenzando por la costa norte de Lugo y A
Coruña, que contemple las siguientes medidas:
a)ordenación de la plataforma, con el establecimiento de zonas para artes
de arrastre y para artes fijos, y vigilancia efectiva de que se respetan
las zonas de veda por parte de todos.
b)aumento de la luz de malla de los arrastreros de los 40 m/m actuales a
65 m/m, para todas las especies, de manera urgente.
c)establecimiento de las actividades del arrastre a partir de los 200 m
de fondo, para proteger las arribaciones de carioca y demás especies
claves en el sector pesquero gallego.
d)programa de subvenciones para la reconversión de los tamaños de las
mallas, y a artes más selectivas.
e)establecimiento de subvenciones y créditos específicos para la flota
litoral, esto es, de menos de 100 tn de registro bruto, que posibiliten
su modernización y rentabilidad social.
f)elaboración de un programa de control de los desembarcos de capturas y
de su comercialización, que impida el tráfico de tamaños ilegales de las
distintas especies.
g)estudio y aplicación de períodos de descanso según la temporada, el
tipo de especies capturadas y la sobre-explotación del caladero.
Palacio del Congreso de los Dioutados, 31 de julio de 1996.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG).--Begoña Lasagabester
Olazábal, Portavoz del Grupo Mixto (EA).
161/000159
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000159.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a la protección de la flota pesquera.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las continuas violaciones, por parte de la flota pesquera italiana, de
las normativas de la Comunidad Europea y de España, en materia de redes
de deriva y protección de recursos marítimos, quedan sin respuesta por
parte de nuestro país, hecho que viene a añadirse al cúmulo de
situaciones en las que los intereses pesqueros y los recursos naturales
de nuestro país son perjudicados por otros países sin que el Gobierno
Español haga nada por evitar la indefensión de nuestros pescadores y de
nuestras aguas territoriales.
Esta situación de desamparo hace que nuestros pescadores tengan que
enfrentarse, con el único auxilio de organizaciones ecologistas, a los
infractores, mientras que los medios materiales de la Armada Española y
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permanecen ociosos y
sin justificar el desembolso económico que suponen. Las crisis del
Fletán, las periódicas tensiones en el Golfo de Vizcaya y las redes
italianas de deriva en aguas de Mallorca, son constantes ejemplos de
desidia, debilidad y desamparo, que son aún más graves, por cuanto el
Gobierno Español no es capaz de asegurar el cumplimiento de una
legislación que le es favorable. En consecuencia, la falta de una
respuesta firme hace, que ante la debilidad de nuestro país, se
multipliquen las lesiones a nuestros derechos y a nuestra soberanía.
Por todo lo cual, se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Adoptar las medidas oportunas para que los buques y aeronaves de la
Armada y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, presten de
modo efectivo y permanente, protección a nuestra flota pesquera y
garanticen el cumplimiento de las normas españolas e internacionales en
aguas españolas e internacionales.
2.Dirigirse de modo inmediato a la Unión Europea, para que por los medios
oportunos, se haga cumplir al Gobierno Italiano con la obligación de
controlar y sancionar las irregularidades cometidas por su flota
pesquera, y verifique el cumplimiento, que de la normativa internacional,
hacen los pescadores italianos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de agosto de 1996.--José Luis
Centella Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000160
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000160.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley de ayuda para iniciación de actividades
empresariales, encuadrado en la política de reinserción de reclusos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política
Social y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, de ayuda para
iniciación de actividades empresariales, encuadrado en la política de
reinserción de reclusos, para su debate en la Comisión de Política Social
y Empleo.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de los problemas más importantes con los que cuenta la sociedad
española en la actualidad es el alto índice de desempleo, que alcanza a
un 22% de la población activa. Las dificultades con las que se encuentra
gran parte de la población para encontrar un puesto de trabajo se
manifiestan especialmente en determinados sectores de la sociedad, como
la juventud y el personal no cualificado.
El problema del paro es acuciante en el caso de la población que ha
pasado en algún momento por un centro penitenciario, debido al rechazo
social que esta circunstancia provoca. Encontrar un puesto de trabajo
para este sector de la población se convierte en una labor de muy difícil
alcance, lo que puede conducirles a encontrarse en las mismas
circunstancias que un día les condujeron a cometer actos delictivos.
Entre las distintas alternativas que pueden existir para fomentar la
reinserción de los exreclusos en la vida laboral poseen, sin duda, gran
atractivo aquellas que van encaminadas a la reinserción mediante la
formación y la iniciativa propia (autoempleo y las empresas propias).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados, consciente de la necesidad de mejorar las
condiciones de acceso al mercado laboral de la población exreclusa, insta
al Gobierno a que se dicten las disposiciones necesarias para que
establezca un conjunto de ayudas orientadas a iniciar y tutelar la
actividad empresarial de la población exreclusa. En concreto:
--Promover cursos de formación profesional adecuados a las necesidades
del mercado laboral.
--Promover cursos de formación dirigidos al fomento de la iniciativa
propia.
--Promover la asesoría profesional de las actividades iniciadas mediante
acuerdos con Colegios Profesionales, durante un período de 3 años.
--Promocionar ayuda financiera sujeta a la aprobación de un plan de
viabilidad por parte del INEM.»
Madrid, 23 de agosto de 1996.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
161/000161
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000161.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a remitir la causa
del secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano
español y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La
Haya.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El 14 de julio de 1976 tuvo lugar en Chile, el asesinato de don Carmelo
Soria Espinosa, ciudadano español y alto funcionario de Naciones Unidas.
Pese a que quedó más que probado que la Brigada Mulchén de la diana,
policía política de la dictadura militar chilena, fue la responsable de
tal hecho, la Corte Suprema de Chile asentó una serie de precedentes
jurídicos por los que algunos de los actos realizados por miembros de
dicha Brigada son meros actos de servicio del Ejército de Chile.
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Chile resolvió el
pasado día 23 de agosto, aplicar la Ley 2191 de 1978, conocida como la
Ley de Amnistía, a los autores de dicho asesinato, confirmando con esta
sentencia una anterior del magistrado don Eleodoro Ortiz. El Alto
Tribunal establece que no hay pruebas suficientes de acreditación del
estatus de don Carmelo Soria y Espinosa como funcionario, por lo que es
imposible aplicar los tratados internacionales suscritos por Chile sobre
protección de funcionarios de ese rango.
Por lo que se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir la causa del
secuestro y asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español
y funcionario de Naciones Unidas, al Tribunal Internacional de La Haya
para que proceda al total esclarecimiento de los hechos y proceda a la
aplicación y exija el cumplimiento de los tratados internacionales
suscritos por Chile, sobre derechos humanos e inmunidades diplomáticas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 1996.--Angeles
Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000162
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000162.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa al deslinde de los cauces de dominio
público hidráulico.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente.
El pasado día 7 de agosto tuvo lugar una enorme riada que arrasó el
camping de las Nieves en el pirineo aragonés donde entonces se
encontraban registradas 600 personas. Las catástrofes producidas como
consecuencia de las lluvias torrenciales y las inundaciones han sido
abundantes en la historia de la meteorología de la península ibérica. Es
obligado, por lo tanto, hacer esfuerzos, para, en lo posible, poder
evitar dichas catástrofes o, en todo caso, reducir los daños al máximo.
Los bienes que integran el dominio público hidráulico del Estado,
recogidos en el artículo segundo de la Ley de Aguas, comprenden las aguas
continentales, los cauces de corrientes naturales continuas y
discontinuas y los acuíferos subterráneos.
Es competencia de la Administración del Estado, a través de los
Organismos de Cuenca, el efectuar el apeo y deslinde del dominio público
hidráulico. El Organismo de cuenca, en la delimitación del cauce del
dominio público, está obligado a observar además del caudal teórico de la
máxima crecida ordinaria, la observación del terreno y las alegaciones y
manifestaciones de los ribereños interesados y de los prácticos y
autoridades legales, según establece el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Es sabido que no todos los cauces del dominio público hidráulico en los
que se debiera haber procedido al deslinde, por ser éste preceptivo para
el establecimiento de una instalación turística, tienen tramitado el
expediente correspondiente.
Se hace necesario, por lo tanto, proceder al apeo y deslinde de todos los
cauces del dominio público hidráulico y en especial los de alta y media
montaña, donde se ubican la mayor parte de instalaciones turísticas, para
de esta forma poder evitar, en lo posible, tragedias como la de Biescas
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Incluir en el Proyecto de Ley de los Presupuestos de 1997 que se
remitirá a las Cortes Generales, una partida presupuestaria para iniciar
un programa de deslinde de todos los cauces de dominio público
hidráulico, en especial aquellos de alta montaña. Dicho programa deberá
estar finalizado en un plazo de tres años, desde la fecha de aprobación
de dicho Proyecto de Ley.
2.Proceder a la apertura inmediata del expediente de apeo y deslinde de
todos aquellos cauces fluviales donde en sus proximidades se encontraran
ubicadas instalaciones turísticas, en tanto no se haya procedido al mismo
y éste fuera preceptivo para la obtención del permiso de instalación.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 1996.--Mercé
Rivadulla Gracia, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000163
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000163.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a normas reguladoras de las actividades
subacuáticas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a normas reguladoras de las
actividades subacuáticas, para su debate en Comisión.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El descontrol administrativo creado por la Secretaría General de Pesca,
órgano encargado de las titulaciones, inspecciones de enseñanzas,
autorización, control y sanciones del buceo, fue uno de los grandes
problemas de este sector. La legislación laboral cuya aplicación se
delegaba en las comandancias de Marina, provocó todo tipo de
irregularidades.
Debido a la situación que atraviesan las actividades subacuáticas
profesionales, es necesaria la adecuación urgente de la normativa básica,
órganos con competencias y estudios. Con la publicación el 12 de enero de
la orden de 22 de diciembre de 1995, por la que se derogan determinadas
normas reguladoras de actividades subacuáticas, el descontrol y el caos
es absoluto. El Estado Español es, en la práctica, el único europeo que
no tiene legislación de buceo. Muchos colectivos echan mano de cursos de
la Federación Española de Actividades subacuáticas, órgano encargado de
impartir enseñanzas de buceo deportivo-recreativo (no laboral, D
2055/69), con finalidad laboral.
A todo esto hay que añadir la entrada de Asociaciones de buceo
deportivo-recreativo con objetivos mercantiles, cuyos títulos se utilizan
también para trabajar. Los buceadores deportivos se dedican a realizar
trabajos subacuáticos con todo el peligro que esto conlleva. Los
trabajadores subacuáticos se ven indefensos ante la falta de una
normativa de seguridad específica en su trabajo, lo que incrementará el
número de accidentes laborales mortales e invalideces totales y
parciales. La derogación por la orden de 22 de diciembre de 1995 de la
posibilidad de obtener tarjetas profesionales conlleva que no se puedan
obtener titulaciones de este tipo y que los instructores profesionales no
puedan trabajar. Los sindicatos y las Administraciones Públicas facilitan
la impartición de cursos de buceo deportivo no reglado para la
realización de tareas laborales de buceo, incumpliendo así la normativa
vigente.
En cuestión de enseñanza de buceo, sólo quedan los estudios de Formación
Profesional de Grado Medio (LOGSE) de Técnico de Buceo de Media
Profundidad que regulan los Reales Decretos 727/94 y 750/94, pendientes
de desarrollar, de duración de dos cursos académicos y en torno a las
1500 horas lectivas. Es necesaria la aparición de un título menor de
buceo laboral que permita trabajar con seguridad a un colectivo
profesional de variado origen, siendo imposible hacerlos cursar toda la
Formación Profesional.
Por todo esto presentamos la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Elaborar, con la audiencia y participación de las Comunidades Autónomas
afectadas, una norma que regule el ejercicio de las actividades
subacuáticas, en sustitución del decreto de 25 de septiembre de 1969, n.º
2055/69. Mar y sus Playas, de forma que:
a)Se redefinan los tipos de buceo que existen en el Estado Español
(profesional-laboral, deportivo, recreativo, militar).
b)Se indique minuciosamente las atribuciones de cada uno de ellos.
c)Se delimiten las atribuciones ministeriales y las de las Comunidades
Autónomas sobre su regulación y control.
2.Elaborar y publicar urgentemente las Normas de Seguridad para la
práctica de las Actividades Subacuáticas, tras la derogación de la Orden
de 30 de julio de 1981 (Ministerio de Agricultura y Pesca), así como
dotarse de una norma de Sanciones en materia de Actividades Subacuáticas,
cuya vigilancia y aplicación correrá por cuenta de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia.
3.Crear titulaciones menores de Buceo Profesional-Laboral que cubran las
necesidades reales del sistema productivo actualmente, para ser expedidas
por las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
4.Publicar urgentemente una norma, teniendo en cuenta las competencias
autonómicas en la materia, para:
a)Dar atribuciones a los certificados profesionales de los títulos de
buceo profesional del MAPA, recientemente derogadas, y al título de
Técnico de Buceo a Media Profundidad (Real Decreto 727/94 y 750/94)
b)Posibilitar la renovación de los carnets profesionales de los títulos
de buceo profesional del MAPA, tras la derogación de la Resolución de la
Secretaría General de Pesca Marítima de 6 de septiembre de 1993.
5.Hacer una propuesta de convalidaciones de titulaciones MAPA a Técnico
de Buceo a Media Profundidad, y de reválida para los buceadores
profesionales-laborales, a aplicar por las Comunidades Autónomas con
competencias educativas.
Madrid, 2 de septiembre de 1996.--El Portavoz del Grupo Mixto, Francisco
Rodríguez Sánchez.
161/000164
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000164.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a la protección de la laguna de
Torrevieja.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comision de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
La Laguna de Torrevieja ha servido, desde 1802, para la extracción de
sal, explotación económica que ha configurado la vida de un pueblo y que,
a la vez, ha sido compatible con la preservación de una zona de rico
valor medioambiental protegido por decisión de la Generalitat Valenciana.
Dicha laguna pertenece al Patrimonio del Estado que cede su explotación
percibiendo por ello un canon. En todo caso parece obvio que el Estado es
responsable último en el mantenimiento y conservación del paraje.
Sin embargo, en los últimos años se han producido algunas situaciones
perjudiciales para la integridad de la laguna. En 1970 se iniciaron las
obras de construcción de un saleoducto que transporta sal disuelta en
agua desde la población de El Pinós. Pero con el agua se arrastran lodos
de diversa composición que, al no retirarse desde hace algún tiempo,
provocan aterramientos que, paulatinamente, reducen la extensión de la
laguna.
Por otra parte, la prensa alicantina se ha hecho eco de la intención de
la empresa concesionaria de solicitar los permisos correspondientes para
la desecación de buena parte de la laguna con el fin de alterar los
sistemas tradicionales de extracción de sal, lo que supondría una
intolerable agresión al medio ambiente de la zona.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.ºNegar cualquier permiso que permita la desecación de parte de la
Laguna de Torrevieja o cualquier otra alteración de la Laguna.
2.ºPromover una investigación sobre el estado físico de la Laguna de
Torrevieja y adoptar las medidas oportunas para eliminar los
aterramientos producidos por los lodos provenientes del saleoducto.
3.ºInformar a la Cámara en el plazo de tres meses, del cumplimiento de
las medidas acordadas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre ce 1996.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000014
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
acuerda la constitución de una Comisión no permanente encargada de la
elaboración de un Informe que sirva de base para la necesaria revisión
del modelo de Estado actual (número de expediente 162/000014), publicada
en el BoletIn Oficial de las Cortes Generales, Serie, D, número 10, de 16
de mayo de 1996.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
162/000031
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
rechazó la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, sobre el sector industrial azucarero español (número de
expediente 162/000031), publicada en el BoletIn Oficial de las Cortes
Generales, Serie D, número 21, de 10 de junio de 1996.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
162/000039
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000039.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la protección de los intereses españoles
frente a actuaciones extraterritoriales de otros Estados y, en
particular, por actuaciones derivadas de la aplicación por Estados Unidos
de la «Cuban Liberty and Democratic Solidarity», conocida como Ley
Helms-Burton.
Acuerdo:
Entendiendo que no se insta al Gobierno a modificar por sí mismo normas
con rango de Ley, sino, en su caso, a presentar el correspondiente
Proyecto de Ley ante la Cámara, y considerando que solicita el debate de
la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por
el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el
Boletín, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
protección de los intereses españoles frente a actuaciones
extraterritoriales de otros estados y en particular por actuaciones
derivadas de la aplicación por Estados Unidos de la «Cuban Liberty and
Democratic Solidarity», conocida también como Ley Helms-Burton, para su
debate en pleno.
EXPOSICION DE MOTIVOS
El apoyo a la evolución en Cuba hacia el pleno respeto de los derechos
humanos en un marco democrático constituye una constante de la Política
Exterior de España, proyecto compartido por todos los miembros de la
Unión Europea.
Por su parte, Estados Unidos en su política de reforzamiento del bloqueo
a Cuba, ha puesto en vigor una nueva Ley, que con carácter
extraterritorial pretende imponer sanciones a aquellas personas físicas o
jurídicas que comercian en Cuba, cuando esta actividad implique el uso de
propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos, que ahora gozan de la
nacionalidad americana.
Esta legislación, conocida como Ley Helms-Burton, ha sido objeto de
rechazo generalizado por parte de los principales socios comerciales de
Estados Unidos. En particular la Unión Europea, tanto a nivel del Consejo
de Ministros como a nivel del Consejo Europeo, ha criticado la aplicación
de esta legislación, que impone con carácter extraterritorial principios
de política exterior americana y en especial medidas para poner en
práctica dichos principios, que no son compartidos por los restantes
países.
El Congreso de los Diputados, en su sesión de 18 de junio de 1996, ha
tenido la ocasión de manifestar sus criterios sobre la política española
hacia Cuba y sobre los efectos de la nueva legislación americana.
Con posterioridad el Consejo de la Unión Europea en su sesión del 15 de
julio de 1996, ha reiterado el rechazo a la aplicación de esta
legislación americana, condenando su carácter extraterritorial. Asimismo
ha hecho un llamamiento al Presidente Clinton, para que deje sin efecto
las disposiciones del Título III y ha reiterado su preocupación por las
medidas ya adoptadas en aplicación del Título IV de dicha Ley.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha identificado una serie de
medidas que se podrían utilizar en respuesta al perjuicio causado por la
aplicación de esta Ley a los intereses de las sociedades de la Unión
Europea y ha encomendado al Comité de Representantes Permanentes que
efectúe los preparativos para una acción comunitaria y coordinada a
escala nacional.
En su virtud el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.ºQue apoye en el seno de la Unión Europea la decisión de someter esta
cuestión a un grupo de resolución de controversias en el marco del
sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de
Comercio.
2.ºQue adopte, con carácter urgente, las medidas legislativas necesarias
que neutralice las repercusiones extraterritoriales de la legislación
estadounidense, que dañen a personas físicas o jurídicas españolas o
radicadas permanentemente en España garantizando la protección de los
intereses españoles y que permita coordinar esta actuación con otras
decididas a escala de la Unión Europea y que establezca un procedimiento
por el cual se pueda identificar a aquellas sociedades extranjeras, que
entablen actuaciones contra intereses españoles.
Madrid, 18 de julio de 1996.--El Portavoz Luis de Grandes Pascual.
162/000040
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000040.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre la necesidad de delimitar las líneas
marítimas de interés social.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la necesidad de la
delimitación de las líneas marítimas de interés social para el Estado
Español, para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La explotación del transporte marítimo en régimen de cabotaje entre la
Península y las Islas, entre otras líneas, ha sido desarrollada en España
tradicionalmente mediante la figura del Contrato de Servicio Público a
través de concesión, articulado sobre unas bases y unos requisitos a
partir de los que y por el procedimiento de libre concurrencia licitaban
las empresas interesadas, a una de las cuales la Administración Pública
adjudicaba el servicio. De tal forma se ha estado siempre garantizando la
transparencia del proceso a la vez que se ha estado asegurando la
capacidad y solvencia del futuro transportista en función de la
prestación del servicio y de la salvaguardia del interés nacional que ha
constituido siempre la esencia del contrato de prestación de los
servicios a los que se obliga la empresa marítima transportista. Mediante
dicha fórmula basada en la naturaleza de servicio público se han cumplido
los compromisos estatales de garantía de comunicación entre las regiones
periféricas, los controles tarifarios, el desarrollo económico
interregional, el transporte del correo, la disponibilidad estratégica de
los buques del concesionario para el transporte de tropas militares, el
diseño de los buques conforme a las necesidades logísticas del
Departamento de Defensa --entre otros-- han sido constantemente
requeridos como compromisos permanentes en la explotación del servicio.
Los acuerdos comunitarios relativos a la liberalización del tráfico
marítimo de cabotaje que a lo largo de los años próximos se irán poniendo
en práctica en los países de la Unión Europea no deben en modo alguno
resultar incompatibles con la filosofía de servicio público que ha
imperado a lo largo de los últimos años y a la que hemos hecho
referencia. Pensamos que la liberalización de los tráficos marítimos, la
libre competencia y, en definitiva, el principio de igualdad de
oportunidades no están reñidos con una prudente función fiscalizadora de
la Administración General del Estado.
En el pasado año 1995, el antiguo MOPTMA denunció el contrato regulador
que le vincula con la Compañía Trasmediterránea con el indicativo de que
ello no suponía en modo alguno que se acortase su período de vigencia,
sino que claramente no se extenderá más allá de los veinte años
previstos al firmarlo. De acuerdo con lo que manifestó el MOPTMA, el
motivo de la denuncia debía enmarcarse «dentro de las actuaciones de
adaptación que impone el proceso de liberalización del transporte
marítimo acordado en el seno de la Unión Europea, proceso que culminará
el 1 de enero de 1999 y que hace necesaria una armonización en las
condiciones de competencia de las distintas navieras que operan en un
mercado abierto». También en 1995 se modificó la «prima de gestión» en
línea de coherencia con las futuras nuevas políticas a efectos de ir
reduciendo la aportación del Estado al mantenimiento de los servicios de
manera tal que éstos se mantengan esencialmente por las tarifas abonadas
por los usuarios. De ahí la conveniencia --según se indicaba en la Orden
Ministerial que desarrolló estos planteamientos-- de revisar determinadas
fórmulas incentivadoras hoy totalmente superadas.
Las relaciones contractuales de la Compañía Transmediterránea con el
Estado conservarán su vigencia hasta finales de 1997. A partir de
entonces cesará su derecho a percibir las aportaciones vinculadas al
mantenimiento de determinados servicios, pero igualmente desaparecerá su
obligación de sostener todos aquellos que hoy se prestan. Desde el punto
de vista de la defensa del bien público y del interés general y dado que
desde 1998, las líneas de «interés general» deberán ser objeto de otro
tipo de tratamiento resulta pues evidente la necesidad de definir de
nuevo esta clase de servicios marítimos y de regular normativamente la
concesión de los mismos. En tal previsión, el pasado 18 de diciembre de
1995 se dictó por el antiguo MOPTMA una resolución por la que se abría un
concurso de consultoría y asistencia para el «estudio del tráfico
marítimo interinsular y de relación con la Península y del interés social
de las líneas existentes en las Comunidades Autónomas de Baleares y
Canarias». Las causas que lo motivaban se exponen con toda claridad en su
Pliego de prescripciones. Así se señala en él que tras la denuncia del
Contrato entre el Estado y la Compañía Transmediterránea «se hace
necesario prever el establecimiento de un nuevo mecanismo de aportación
de subvenciones para aquellas líneas que siendo deficitarias, siguen
efectuándose con criterios de interés social». Por otro lado «el proceso
de asunción de competencias en materia de transporte de las Comunidades
Autónomas de Baleares y Canarias implica que serán éstas las que
definirán y autorizarán en su ámbito territorial los servicios de
aquellas líneas no rentables con las compañías que se consideren más
idóneas, quienes en su caso, podrán percibir las compensaciones adecuadas
que previamente se hayan estipulado y acordado en los contrato-programas
pertinentes».
Consiguientemente, y por las razones anteriormente expuestas, parece
relativamente urgente la delimitación por parte de la Administración
General del Estado la definición de las líneas marítimas de interés
social a efectos de dar paso a la elaboración reglamentaria de los
pertinentes concursos que garanticen la prestación de tales servicios.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de
cuatro meses presente ante la Cámara la norma mediante la cual se definan
las líneas marítimas de interés social y de interés del Estado, así como
los criterios que impregnarán los pertinentes concursos públicos mediante
los cuales se garanticen por parte del Estado la prestación de los
servicios que hasta el momento vienen siendo prestados por la Compañía
Trasmediterránea y que, teniendo en cuenta las políticas de
liberalización del trafico marítimo permitan el mantenimiento de
servicios públicos del Estado con el necesario nivel que exige la norma
comunitaria.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 1996.--El Diputado,
José Segura Clavell.--El Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
162/000041
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000041.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre ayudas destinadas a la reactivación económica
de las comarcas mineras del carbón.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no Ley sobre el mantenimiento y adopción de nuevas medidas de
ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de las comarcas
mineras del carbón, para su debate en el Pleno del Congreso de los
Diputados.
MOTIVACION
El Real Decreto 2203/1995, de 28 de diciembre, sobre los costes
específicos derivados de la minería del carbón,
establece en su artículo tercero un conjunto de ayudas relativas a la
racionalización del sector de minería del carbón CECA, en el marco del
régimen diseñado por la Decisión 3632/93/CECA, de 28 de diciembre de la
Comisión de la Unión Europea. Entre estas ayudas se han previsto un
montón importante destinadas a financiar actuaciones y proyectos para la
reactivación económica de las comarcas mineras, con cargo a un 0,5 por
cien de la facturación eléctrica del año correspondiente.
Dichas ayudas han sido reguladas por orden del Ministerio de Industria y
energía de 16 de febrero de 1996, «BOE» de 23 de febrero, en la que se
abordan las actividades susceptibles de ayuda, el ámbito territorial, los
beneficiarios, las clases y cuantía de las ayudas y el procedimiento de
concesión de las mismas. La entrada en vigor de la orden ha generado una
dinámica muy positiva en las comarcas mineras con un elevado número de
proyectos, tanto empresariales, destinados a la creación de empleo, como
de entidades públicas para la transformación medioambiental, urbanística
y cultural de las comarcas.
Hasta el mes de mayo el número de proyectos empresariales aprobados se
eleva a 49 con una inversión de 12.400 millones de pesetas, 2.500
millones de subvención y una previsión de creación de 674 puestos de
trabajo. A su vez los proyectos dotacionales aprobados han sido 51, con
una inversión de 8.700 millones de pesetas y una subvención de 5.000
millones de pesetas.
Los datos expuestos y el clima de esperanza generada avalan la necesidad
de mantener el programa de reactivación con los fondos previstos y
proceder a alguna medida complementaria destinada a la mejora de las
infraestructuras del transporte y a la implicación social en el proceso
de reactivación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Mantener las ayudas destinadas a impulsar la reactivación económica de
las Comarcas mineras del carbón contenidas en la Orden 16 de febrero de
1996, hasta el año 2002, consistentes en la existencia de
disponibilidades financieras por un montante equivalente al 0,5 por cien
de la facturación eléctrica del año correspondiente para hacer frente al
coste de actuaciones derivadas de la reactivación.
2.La aprobación de un convenio para cinco años de actuaciones en vías de
comunicación del MINER con las Comunidades Autónomas y Diputaciones
respectivas.
3.La creación de una Comisión de Seguimiento del Plan de Reactivación en
el seno de la Dirección General de Minas y en la que se integren las
organizaciones sindicales y las asociaciones representativas de los
municipios mineros.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 1996.--El Diputado,
José Luis Rodríguez Zapatero.--El Portavoz sustituto primero del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
162/000042
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000042.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre política forestal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre política forestal, para su debate en Pleno.
MOTIVACION
Un referente inestimable para la organización de la lucha contra los
incendios forestales han sido los trabajos realizados por las Ponencias
creadas en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado que
elaboraron sucesivamente el Informe de 1993 y el Informe de evaluación de
julio de 1995 que, a su vez contiene una serie de recomendaciones y
propuestas de acción, para estos dos próximos años cuyo impulso y
coordinación corresponden al Gobierno.
Como señala en dichos trabajos, desde que se aprobó el último Informe de
1993, la legislación en esta materia ha evolucionado apreciablemente,
señalando entre otras normas, la existencia de la Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios
Forestales, el RD 2488/1994, de 23 de diciembre, por el que se regula la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza (cuyo principal objetivo
es el impulso de la cooperación entre la Administración General del
Estado y las de las CC.AA. para la elaboración de planes y programas, la
realización de actuaciones de protección, conservación, restauración y
mejora de los recursos naturales y que, en 1995, creó un Comité
especializado en su seno para la lucha contra los incendios forestales).
Asimismo destaca la importancia de la inclusión de una nueva regulación
de los delitos forestales en el nuevo Código Penal, finalmente aprobado
mediante LO 10/1995, de 23 de noviembre.
En cuanto a la prevención destaca la importancia de los problemas para
que la selvicultura alcance extensión suficiente, básicamente la dotación
económica del Plan de Acciones Prioritarias contra incendios forestales
(PAPIF) y la aplicación a esta actividad de otros programas por las
Comunidades Autónomas.
Asimismo se destaca la existencia de un borrador de Anteproyecto de Ley
Básica de Montes y aprovechamientos forestales, en fase de consulta con
las Comunidades Autónomas, y los trabajos realizados por el ICONA en este
sentido. Concluye resaltando la necesidad del desarrollo de las
recomendaciones, mediante la presentación urgente por el Gobierno a las
Cortes Generales del citado Proyecto, que ordene la política forestal
sobre los diversos Planes Generales, uno de ellos para la defensa contra
incendios forestales.
La Ministra de Medio Ambiente señaló recientemente en el Pleno del
Congreso la voluntad de adaptar la antigua Ley de Montes como instrumento
prioritario de la política de reforestación, mediante una nueva Ley
forestal que, además, se adecue a los compromisos y convenios
internacionales, citando el propio quinto plan de la Unión Europea sobre
desarrollo sostenible o la Agenda 21. Sin embargo, este Proyecto, no
figura entre los 42 Proyectos de Ley que constituyen el Programa previsto
para 1996 que ha hecho público la Vicepresidencia Primera del Gobierno y
Ministerio de la Presidencia.
Cabe subrayar en este contexto las decisiones adoptadas en la «Cumbre de
la Tierra», celebrada en Río de Janeiro en 1992 que exigen prestar una
especial atención «a la protección, ordenación sostenible y conservación
de los bosques». Para ello pide a los países que formulen a nivel
nacional políticas y estrategias que conduzcan a la ejecución de
Programas forestales nacionales apropiados para responder a los problemas
y desafíos que las masas forestales presenten en cada caso.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que lleve a cabo la
coordinación de las Administraciones implicadas y del sector forestal,
para que se cumplan todas las conclusiones y recomendaciones del informe
de la Ponencia del Senado sobre incendios forestales y que, con especial
urgencia:
--Se remita a las Cortes Generales el Proyecto de Ley básica de Montes y
desarrollo forestal.
--Se elabore un Programa Forestal que preste especial atención a la
protección, conservación y desarrollo sostenible de nuestros bosques,
dando cumplimiento por parte de nuestro país a una de las decisiones
adoptadas en la Cumbre de la Tierra.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 1996.--El Portavoz
sustituto primero del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
162/000043
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000043.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre realización de pruebas y ensayos nucleares
por parte de China.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo previsto en los
artículos 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley sobre la realización
de pruebas y ensayos nucleares por parte de China.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió), Joaquim
Molins Amat.
PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LA REALIZACION DE PRUEBAS Y ENSAYOS NUCLEARES
POR PARTE DE CHINA
Antecedentes
En la pasada Legislatura el Congreso de los Diputados aprobó una
Proposición no de Ley sobre no proliferación de armas nucleares, que
establece una posición institucional clara y consensuada en materia de
armamento atómico.
En el texto aprobado, entre otros aspectos, se instó al Gobierno para
que, en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), se
llevaran a cabo los esfuerzos necesarios para lograr la adhesión al mismo
de todos aquellos países poseedores de armas nucleares.
Asimismo, se estableció la necesidad de impulsar la conclusión en la
Conferencia de Ginebra del Tratado de Prohibición Total de Pruebas
Nucleares (CTBT), con objeto de prohibir totalmente la práctica de
cualquier tipo de ensayo atómico o explosión nuclear y condenar, de forma
expresa, las pruebas y ensayos nucleares realizados por Francia y China.
No obstante, en la actualidad, las negociaciones para la conclusión del
Tratado de Prohibición Total de las Pruebas Nucleares están paralizadas
desde el pasado mes de junio, fecha en que debían haber concluido.
Además, China continúa realizando pruebas nucleares de gran potencia y ha
manifestado su intención de realizar más antes de que se concluya el
Tratado CTBT.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la proliferación del
armamento nuclear supone un grave riesgo por su poder destructivo y su
capacidad de causar daños a las generaciones venideras, debe impulsarse
el desarme nuclear y, en particular, la prohibición total y definitiva de
las pruebas atómicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«1.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que impulse la
conclusión del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT),
de modo que contemple la prohibición total de cualquier tipo de ensayo o
prueba nuclear.»
«2.El Congreso de los Diputados condena las pruebas y ensayos nucleares
realizados por China e insta al Gobierno a dirigirse a sus autoridades
para que cancelen definitivamente su programa de pruebas atómicas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim Molins
Amat.
INTERPELACIONES URGENTES
172/000010
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
posición del Gobierno respecto a la problemática del sector lácteo
(número de expediente 172/000010), cuyo texto se inserta a continuación
de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 181 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Interpelación Urgente para debatir en el Pleno de la Cámara.
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la problemática del sector
lácteo, y en consecuencia qué medidas piensa adoptar ante la nueva crisis
que se cierne sobre ese sector, derivada del posible cobro de la
denominada «supertasa» a los ganaderos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de septiembre de
1996.--Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra
(BNG).--Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz Grupo Mixto (BNG).
172/000011
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política educativa a
desarrollar por el Gobierno en el curso académico 96/97, así como sus
perspectivas futuras (número de expediente 172/000011), cuyo texto se
inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente Interpelación Urgente, dirigida al
Gobierno.
El nuevo curso escolar esta a punto de iniciarse, y acaecidas y conocidas
las medidas propuestas por el Gobierno que han causado una gran conmoción
en la sociedad y en especial en la comunidad educativa, hacen necesario
el conocer con exactitud las medidas que el Gobierno va a poner en marcha
para el desarrollo y financiación de la LOGSE y de la ESO así como los
problemas adicionales que puedan surgir en este ámbito en aspectos como
la calidad de la enseñanza, la escolarización, o la impartición de
asignaturas como la religión y el de las tasas, selectividad, profesorado
y nuevas titulaciones en el ámbito universitario.
Por todo ello se formula la siguiente
INTERPELACION URGENTE
para debatir en el Pleno de la Cámara, sobre la política educativa a
desarrollar por el Gobierno en el curso académico 96/97, así como sus
perspectivas futuras.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1996.--María
Jesús Aramburu del Río, Diputada del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
172/000012
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre
el modo en que el Gobierno va a garantizar la mejora de la calidad de la
enseñanza que contempla la Ley Orgánica General del Sistema Educativo
(LOGSE) (número de expediente 172/000012), cuyo texto se inserta a
continuciación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo
establecido en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Interpelación Urgente al
Gobierno, sobre el modo en que va a garantizar la mejora de la calidad de
la enseñanza que contempla la LOGSE.
MOTIVACION
Durante el último decenio, el sistema educativo español ha experimentado
una profunda transformación. En un lapso de tiempo breve, su estructura
ha sufrido una modificación que puede ser calificada de radical, desde la
perspectiva de la alteración de las convicciones y rasgos culturales que
conforman los sistemas de enseñanza. En la velocidad, profundidad y
características adoptadas por este proceso de reforma han influido
múltiples factores. De entre ellos, destacan tres con claridad: las
modificaciones en el marco normativo; los cambios demográficos en la
sociedad española y la mejora de la situación económica, que ha permitido
aumentar la renta disponible de las familias repercutiendo de forma
apreciable en la demanda de educación.
En el artículo 27 de la Constitución Española se establece tanto el
derecho de todos los ciudadanos a la educación, como la obligación de los
poderes públicos de garantizar el cumplimiento efectivo del mismo
mediante una programación general de la enseñanza. Como representantes de
la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, los sucesivos parlamentos
elegidos desde esta fecha han procedido a la aprobación de leyes
generales que han configurado un marco legal y una realidad educativa,
muy distintos a los existentes durante la vigencia de la Ley General de
Educación de 1970.
La profundidad de los cambios se relaciona con la evolución demográfica
de la sociedad española. Por una parte, durante estos años se han
incorporado a las aulas de los niveles educativos medios y superiores las
sucesivas cohortes nacidas durante los años en los cuales se habían
producido las modificaciones en la tasa de natalidad más profundas de los
últimos decenios. Este hecho ha implicado variaciones destacadas en el
número de alumnos dentro de los diversos tramos del sistema educativo.
Por otra parte, se ha producido un fenómeno de signo inverso en los
primeros escalones del mismo, al verse afectados por la reducción de la
base de la pirámide de población que ha tenido lugar en el último
decenio.
Este aumento del flujo de estudiantes hacia las etapas educativas media y
superior contribuye a la elevación del nivel cultural de nuestro pueblo.
Tendencia que se compagina con las necesidades crecientes de una
estructura productiva cada vez más dependiente del conocimiento, que
exige no ya sólo una mano de obra provista de destrezas profesionales,
sino el que esa capacitación se asiente en una sólida base cultural
previa, precisamente para poder responder también a un mercado laboral
más diferenciado y cambiante, donde la competitividad productiva tienen
mucho que ver con el capital humano altamente capacitado para reaccionar
ante los continuos cambios de la sociedad, la cultura y el sistema
productivo.
Además de definir los rasgos de la situación educativa actual, la
combinación simultánea de los factores señalados ha determinado que la
atención concedida a la provisión pública de la educación haya pasado a
ser, al mismo tiempo, una de las primeras preocupaciones sociales y uno
de los principales capítulos del gasto de las administraciones públicas.
La provisión pública de los servicios educativos no sólo tiene la función
de satisfacer una demanda social reciente, sino también la de sentar las
bases para una economía sólida y próspera fundamentada en la capacitación
humana y tecnológica de la mano de obra. Una de las inversiones sociales
más rentables es la del capital humano, así lo entienden todos los países
desarrollados que han hecho de la inversión educativa uno de los pilares
de su desarrollo económico.
Ello es más destacable si se tiene en cuenta que hace poco más de un
decenio, la inmensa mayoría de los indicadores sobre la importancia que
la sociedad española concedía a la educación mostraban una diferencia
sustancial respecto a los de las economías más avanzadas. La aproximación
de los indicadores durante esta lapso de tiempo, viene reflejada, entre
otros aspectos, por la magnitud del esfuerzo realizado por los
contribuyentes y, en general, el conjunto de la sociedad, para acortar
distancias respecto a aquellas naciones que dedican más recursos a ese
fin y han conseguido un nivel superior de bienestar material.
En la actualidad, la enseñanza es considerada, tanto por la mayoría de
los ciudadanos como en el ordenamiento legal, un servicio de relevancia
primordial en el desarrollo del talento y las aptitudes de los ciudadanos
en la transmisión de los valores sociales y, a partir de ello, común
objetivo deseable para fomentar la equidad o la igualdad de
oportunidades.
Los aspectos relacionados con la vertiente económica de la educación, y
de manera particular con la estructura y características del gasto
público realizado, o que debe realizar
la sociedad española en educación, son por su propia naturaleza
instrumentales. Este carácter instrumental de los aspectos económicos del
gasto en educación no debe llevar a suponerlos de importancia secundaria.
Primero, porque la programación de las necesidades es una de las
exigencias fijadas por el ordenamiento vigente. Segundo, debido a que el
cumplimiento de los compromisos legales requiere la provisión de recursos
presupuestarios para hacerlos efectivos. Y tercero, por cuanto el
conocimiento y análisis de la utilización de los recursos disponibles
constituyen una de las vías más precisas para revelar con nitidez y con
mayor rapidez desajustes entre demanda y oferta educativa y mejorar el
grado de correspondencia entre los principios del marco legal y los
objetivos específicos que exige la situación real en un momento dado.
El desarrollo de la LOGSE debe orientarse a alcanzar un triple objetivo:
definir la estructura y organización del sistema educativo, determinar su
distribución territorial y evaluar los recursos públicos necesarios para
su financiación. Estos objetivos se abordan basándose en el
convencimiento de que, como se afirma en el preámbulo de la LOGSE, el
objetivo de la educación es proporcionar a los alumnos «una formación
plena que permita conformar su propia y esencial identidad, así como
construir una ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir
dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y
en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la
solidaridad».
En este mismo ámbito de los principios, y en relación con las capacidades
que se le demandan al sistema educativo, las administraciones públicas
deben basarse también en la concepción reflejada en el citado preámbulo,
cuando dice que «la mejor adecuación de la respuesta a las crecientes y
cambiantes necesidades colectivas depende de la formación e instrucción
que los sistemas educativos son capaces de proporcionar, de la
transmisión de conocimientos y saberes que aseguran, y de la
cualificación de los recursos humanos que alcanzan. La educación permite,
en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad,
sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión,
tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o
aparezcan continuamente con la dinámica de la sociedad».
Durante los últimos años se ha producido un importante aumento de los
recursos públicos dedicados a la educación no universitaria. Con este
crecimiento el porcentaje español de gasto público en enseñanza no
universitaria respecto del PIB se sitúa en un valor próximo a la media de
los países de la Unión Europea.
Debe subrayarse, en consecuencia, la importancia de la asignación de los
nuevos recursos entre los diferentes niveles educativos. Fomentar el
aumento de los titulados en enseñanza secundaria es uno de los objetivos
más urgentes para corregir el marcado desequilibrio actual respecto a la
media de los países de la Unión Europea. Dentro de este objetivo adquiere
especial relevancia la reforma de la formación profesional, que permita
un cambio en la percepción social de estos estudios y su conexión
permanente y de mutua influencia con los sistemas de formación no
reglados.
La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo,
supone una reestructuración del Sistema Educativo actual e introduce
innovaciones importantes al Sistema establecido por la Ley General de
Educación de 1970. Entre los aspectos más relevantes deben destacarse:
-- La ampliación de la etapa de enseñanza obligatoria y gratuita hasta
los 16 años, en la actualidad limitada hasta los 14 años. Estos dos años,
junto a los dos últimos de la EGB configura un nuevo ciclo educativo de
importancia capital para el sistema escolar en su conjunto, que suprimen
lo que era una opción temprana a los 14 años entre la Formación
Profesional y el BUP, existente desde la Ley General de Educación,
aumentando así la oferta de educación obligatoria. Estos dos hechos
--aumento de la escolarización y supresión de la opción temprana-- han de
ser valorados como de enorme importancia social.
--La educación infantil, definido como un nivel no obligatorio, sin que
ello signifique menoscabo de su importancia como nivel educativo, con
finalidades específicas y no sólo de atención y cuidado, ya que los
efectos educativos de esta etapa son puntos de partida para el éxito de
la educación primaria que le sigue, además de ser elemento de
compensación social.
--La reforma profunda de la formación profesional con una doble
proyección. En primer lugar, ofertando una formación profesional de base
durante la etapa de la educación obligatoria. En segundo lugar, previendo
el acceso a una formación específica de aquellos que superen con éxito
las etapas educativas previas, apostando por una formación más
cualificada.
--La adecuación y ordenación de los contenidos de la enseñanza, regulados
por ciclos de una forma más flexibles, de forma que los centros y los
profesores dispongan de la posibilidad de adaptarlos a las condiciones de
los alumnos, sin perder la referencia de un currículum común para todos
regulado por la administración, que garantice la formación básica y la
equiparación de los centros en condiciones de auténtica igualdad de
oportunidades.
--La mejora de las condiciones de calidad de la enseñanza, como la
reducción de alumnos por aula, la formación permanente del profesorado,
innovación educativa, orientación psicopedagógica, tutorías, etc., y, en
particular, la adopción de medidas que propicien una mayor autonomía de
los centros. Esta autonomía debe suponer, a su vez, una mejora en la
gestión de los recursos materiales y humanos de los mismos, así como un
acercamiento del servicio educativo a las necesidades de los ususarios.
La Disposición Adicional Tercera de la LOGSE establece:
1.Los Poderes públicos dotarán al conjunto del sistema educativo de los
recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la ley, con el fin de garantizar los objetivos en ella previstos.
Al objeto de situar nuestro sistema educativo en el nivel que permita su
plena homologación en el contexto europeo, respondiendo a las necesidades
derivadas de la movilidad y el libre establecimiento, el gasto público al
finalizar el proceso de aplicación de la reforma será equiparable al de
los países comunitarios.
2.Los Poderes públicos establecerán las necesidades educativas derivadas
de la aplicación de la reforma, de manera que se dé satisfacción a la
demanda social, con la participación de los sectores afectados.
3.Con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza las
Administraciones educativas promoverán los recursos
necesarios para garantizar, en el proceso de aplicación de la ley, la
consecución de los siguientes objetivos:
a)Un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria
será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación
secundaria obligatoria.
b)Una oferta de actividades de formación permanente para que todos los
profesores puedan aplicar los cambios curriculares y las orientaciones
pedagógicas y didácticas derivadas de la aplicación y desarrollo de la
ley.
c)La incorporación a los centros completos de educación obligatoria de,
al menos, un profesor de apoyo para atender a los alumnos que presenten
problemas de aprendizaje y la creación de servicios para atender dichas
necesidades en los centros incompletos.
d)La inclusión en los planes institucionales de formación permanente del
profesorado de licencias por estudio u otras actividades para asegurar a
todos los profesores a lo largo de su vida profesional la posibilidad de
acceder a períodos formativos fuera del centro escolar.
e)La creación de servicios especializados de orientación educativa,
psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan
enseñanzas de régimen general de las reguladas en la Ley.
En la reciente comparecencia de la Ministra de Educación y Cultura en la
Comisión del Congreso expuso la voluntad del Gobierno de no derogar la
LOGSE y de garantizar la calidad de la enseñanza.
La circular de 15 de julio sobre organización de los centros públicos que
impartan BUP/COU, Formación Profesional, Garantía Social, Educación
Secundaria para el curso 1996/1997 contradice seriamente lo establecido
en la LOGSE para garantizar la mejora de la calidad de la enseñanza.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta al
Congreso de los Diputados la siguiente Interpelación Urgente al Gobierno
para que informe a la Cámara acerca del modo en que va a garantizar la
mejora de la calidad de la enseñanza que contempla la LOGSE.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000102
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000102.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Posición del Gobierno acerca de la pretensión de la Comisión del Sistema
Eléctrico (CSEN) de lograr la segregación de los complejos industriales
minero-eléctricos de gestión integrada, de la Empresa Nacional
Siderúrgica, S. A. (ENDESA) de As Pontes y de Andorra.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria
Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez
Objeto: Ministro de Industria
Texto
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto de la insistente pretensión de
la CSEN de lograr la segregación de los complejos industriales
minero-eléctricos de gestión integrada, de ENDESA-As Pontes y de Andorra?
Madrid, 18 de julio de 1996.--Francisco Rodríguez Sánchez.
181/000103
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000103.
AUTOR: Ríos Martínez, Pedro Antonio (G. IU-IC).
Funcionamiento de la Dirección de la Oficina Presupuestaria y de la
Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Presupuestos.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos
Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez
Objeto: La creación en Presidencia del Gobierno, de un Director de la
Oficina Presupuestaria y dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, de
un Director General de Análisis y Programación Presupuestaria, puede
generar una cierta descoordinación de la política presupuestaria del
Gobierno.
Texto
¿Cuál será el funcionamiento de ambas Direcciones Generales y las
estructuras de coordinación entre ambas y las de los demás Ministerios?
Madrid, 18 de julio de 1996.--Pedro Antonio Ríos Martínez.
181/000106
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000106.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (G. P).
Aumento de gasto que supone la creación de las cuatro Direcciones
Generales en el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Objeto: Al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad
Texto
¿Supone aumento de gasto la creación de las cuatro Direcciones Generales
en el INSALUD?
Madrid, 2 de septiembre de 1996.--Antonio Gutiérrez Molina.
181/000109
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000109.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Balance de aplicación del último Real Decreto-Ley sobre indemnizaciones a
los damnificados por la rotura de la presa de Tous.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Cuál es el balance de aplicación del último Real Decreto-Ley sobre
indemnizaciones a los damnificados por la rotura de la presa de Tous?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000110
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000110.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Razones que han movido al Gobierno español a rechazar la petición de
extradición tramitada por el Gobierno belga en relación con el ciudadano
de esa nacionalidad Georges Callewaert.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué razones han movido al Gobierno español a rechazar la petición de
extradición tramitada por el Gobierno belga en relación con el ciudadano
de esa nacionalidad Georges Callewaert?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000111
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000111.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Balance de actuación llevada a cabo por la Comisión Nacional del Amianto.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Cuál es el balance de actuación llevada a cabo por la Comisión Nacional
del Amianto?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000112
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000112.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Previsiones sobre la modificación de la actual regulación sobre empleo
del amianto en línea con la vigente en otros países de la Unión Europea
(UE) como Francia, Alemania, Holanda, países nórdicos, etc.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la actual regulación sobre empleo
del amianto en línea con la vigente en otros países de la UE como
Francia, Alemania, Holanda, países nórdicos, etc.?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000113
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000113.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Previsiones sobre el desarrollo reglamentario de la vigente Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el desarrollo reglamentario de la
vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000114
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000114.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Resultado del informe elaborado por los servicios del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales sobre las causas del accidente laboral que ha
costado la vida a 4 trabajadores de la empresa Repsol Petróleo en
Puertollano (Ciudad Real) el pasado 26-8-96.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Cuál es el resultado del informe elaborado por los servicios del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las causas del accidente
laboral que ha costado la vida a 4 trabajadores de la empresa Repsol
Petróleo en Puertollano (Ciudad Real) el pasado 26 de agosto?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000115
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000115.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Previsiones sobre la cesión de la Torre de San Vicent y su entorno,
ubicada en el municipio de Benicassim (Castellón) y propiedad actualmente
del Patrimonio del Estado, al Ayuntamiento de esa ciudad.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Tiene prevista el Gobierno la cesión de la Torre de San Vicent y su
entorno, ubicada en el municipio de Benicassim (Castellón) y propiedad
actualmente del Patrimonio del Estado, al Ayuntamiento de esa ciudad?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000116
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000116.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (G. Mx).
Aspectos del derecho internacional en los que fundamenta el Gobierno
español su actitud de apoyo a los ataques de Estados Unidos contra Irak
el 3 y 4-9-96.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Mixto (BNG)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez
Objeto: Sr. Ministro de Asuntos Exteriores
Texto
¿En qué aspectos del derecho internacional fundamenta y en defensa de qué
intereses justifica el Gobierno Español su actitud de apoyo a los ataques
de EE. UU. contra Irak el martes 3 y el miércoles 4 de septiembre de
1996?
Madrid, 4 de septiembre de 1996.--Francisco Rodríguez Sánchez.
181/000117
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000117.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Planes y fechas para ejecutar la regeneración de la playa de L'Almadraba
en Denia (Valencia) y la construcción de un sendero marítimo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal de IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué planes y fechas tiene el Gobierno para ejecutar la regeneración de
la playa de L'Almadraba en Denia (Valencia) y la construcción de un
sendero marítimo?
Madrid, 4 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000118
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000118.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Planes y fechas para la ejecución de la variante de la carretera M-340, a
su paso por la ciudad de Nules (Castellón).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué planes y fechas tiene el Gobierno para la ejecución de la variante
de la M-340 a su paso por la ciudad de Nules (Castellón)?
Madrid, 4 de septiembre de 1996.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000119
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000119.
AUTOR: Sanjuán de la Rocha, Carlos (G. S).
Intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los incidentes
producidos por las protestas de los trabajadores del Ayuntamiento de
Marbella (Málaga).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Carlos Sanjuán de la Rocha
Texto
¿Por qué causa se ha roto la política de prudencia y de agotamiento de
las vías del diálogo antes de hacer intervenir
a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante las protestas totalmente
legítimas de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, ordenando
intervenir a éstas, lo que incrementaba un problema de orden público, y
sin que al parecer existiera intento de mediación por parte del Gobierno
Civil de Málaga o de la Delegación del Gobierno de Andalucía con el
Ayuntamiento de Marbella para evitar el problema de orden público que la
urgente convocatoria de un pleno para derogar el convenio colectivo
significaba?
Madrid, 3 de septiembre de 1996.--Carlos Sanjuán de la Rocha.
181/000120
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000120.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Opinión del Ministro de Defensa sobre si la actual legislación de
objeción de conciencia estimula el crecimiento del número de objetores.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Carles Campuzano i Canades
Objeto: Al Ministro de Defensa
Texto
¿Cree el Sr. Ministro de Defensa que la actual legislación de objeción de
conciencia estimula el crecimiento del número de objetores?
Madrid, 4 de septiembre de 1996.--Carles Campuzano i Canades.
181/000122
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000122.
AUTOR: Bayona Aznar, Bernardo (G. S).
Destino de las instalaciones y terrenos del Ministerio de Defensa en
Aragón que no van a tener ya uso militar.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Bernardo Bayona Aznar
Texto
¿Cuál es el destino de las instalaciones y terrenos del Ministerio de
Defensa en Aragón y que no van a tener ya uso militar?
Madrid, 5 de septiembre de 1996.--Bernardo Bayona Aznar.
181/000123
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000123.
AUTOR: Moreno Monrove, Sergio (G. S).
Intención de corregir la decisión de subir el impuesto especial sobre el
Alcohol y las bebidas derivadas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda
Diputado don Sergio Moreno Monrove
Texto
¿Tiene el Gobierno la intención de corregir su decisión de subir el
Impuesto Especial sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, convalidado
en el Pleno del día 3 de septiembre de 1996 y que tan graves
consecuencias van a producir al sector especialmente radicado en la
Comarca de Jerez?
Madrid, 5 de septiembre de 1996.--Sergio Moreno Monrove.