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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 15, de 27/05/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
ACTOS DE CONTROL 27 de mayo de 1996 Núm. 15
INDICE
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
elaboración de un catálogo de viviendas vacías para su posterior
exposición pública y adquisición, según baremo de necesidades (Página 2)
161/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre la unidad de la lengua catalana (Página 3)
161/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
elaboración de un plan global de actuaciones para la Comunidad Autónoma
de Galicia (Página 5)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000006 Enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la solicitud de creación por la Comisión Mixta para
la Unión Europea, en su seno, de una Ponencia especial de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión
Europea (Página 9)
162/000006 Aprobación por el Pleno de la Cámara, con modificaciones,
de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la solicitud de
creación por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su seno, de una
Ponencia especial de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de
reforma del Tratado de la Unión Europea (Página 10)
162/000007 Enmienda formulada a la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
crea una Ponencia para analizar la situación actual de la familia en
España y proponer las reformas y medidas que se consideren necesarias
(Página 10)
162/000007 Aprobación por el Pleno de la Cámara, con modificaciones,
de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), por la que se crea una Ponencia para analizar la
situación actual de la familia en España y proponer las reformas y
medidas que se consideren necesarias (Página 10)
162/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
materias para la protección social de la enfermedad de Alzheimer (Página 11)
162/000024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación de una Ponencia de
Estudio de las reformas necesarias para modernizar el Sistema Sanitario y
garantizar su viabilidad futura (Página 11)
INTERPELACIONES URGENTES
172/000001 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los efectos
derivados en la economía española de la reordenación del sector público
empresarial y de la aplicación del Plan estratégico de privatizaciones
(Página 12)
172/000002 Interpelación urgente formulada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre política que piensa adoptar el Gobierno respecto al
cumplimiento por España de los criterios de convergencia para la Unión
Económica y Monetaria (Página 13)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000016 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro Vaquero del
Pozo (GIU-IC), sobre ayudas con cargo a los fondos europeos para el
proyecto de Campus de Ciencias de la Salud, promovido por la Junta de
Andalucía y la Universidad de Granada (Página 14)
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000012
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000012.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un catálogo de viviendas
vacías para su posterior exposición pública y adquisición, según baremo
de necesidades.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la correspondiente
Comisión.
Ante la caótica situación que vive Sevilla, en cuanto al acceso a una
vivienda, por parte de los sectores más necesitados, desempleados,
jóvenes, mujeres solas con cargas familiares, amén de inmigrantes y
sectores literalmente excluidos de la sociedad, en un porcentaje que se
acerca a los 30.000, y teniendo información de que el parque de viviendas
vacías o sin utilizar sobrepasa las 50.000 sólo en la capital de Sevilla;
Teniendo en cuenta el artículo 47 de la Constitución española, que
consagra el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, para lo
cual los poderes públicos deberán desarrollar políticas activas, de cara
a la consecución de este derecho, es por lo que se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un catálogo de
viviendas vacías, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y demás
Organismos públicos, de cara a su posterior exposición pública y, en su
caso, adquisición por los ciudadanos, según baremo de necesidades.»
Madrid, 15 de abril de 1996.--M.ª Jesús Aramburu del Río, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000052
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000052.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre la unidad de la lengua catalana.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Rahola i Martínez, Diputada de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en
Comisión, sobre la unidad de la lengua catalana.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En 1975, diversos académicos españoles estudiosos de las lenguas
románicas afirmaron textualmente: «Que el valenciano es una variante del
catalán. Es decir, el idioma hablado en las Islas Baleares, en la
Cataluña francesa y española, en una franja de Aragón, en la mayor parte
del País Valenciano, en el Principado de Andorra y en la ciudad sarda de
Alguer. Por todo ello, nos causa sorpresa ver este hecho puesto
públicamente en duda y aun ásperamente impugnado, por personas que
claramente utilizan sus propios perjuicios como fuente de autoridad
científica, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a
personalidades que, por su entera labor, merecen respeto de todos y en
primer lugar del nuestro.» Entre los firmantes, figuraban Dámaso Alonso,
Vicente Aleixandre, Emilio Alarcos, Fernando Lázaro Carreter, Antonio
Buero Vallejo, Miguel Delibes, Salvador de Madariaga, Pedro Sainz
Rodríguez, José M.ª Pemán, Pedro Laín Entralgo, Camilo José Cela, José
Antonio Maravall, Rafael Lapesa, Manuel Alvar, etc.
No en vano el Rey, entonces Jefe del Estado, Juan Carlos, firmó el Real
Decreto 31/8/1976, por el cual otorgó reconocimiento oficial al Institut
d'Estudis Catalans, como corporación académica, científica y cultural, y
remarcándolo territorialmente así: «cuyo ámbito de actuación se extenderá
a las tierras de lengua y cultura catalanas.»
El problema de la unidad de la lengua catalana volvió a surgir cuando el
centro-derecha político valenciano llegó al poder y era hegemónico antes
de redactar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, y después a
raíz de su publicación. El Senador socialista Josep V. Bevià Pastor, el
19 de junio de 1979 en su interpelación contra la fragmentación
lingüística que pretendía el Gobierno de UCD argumentaba:
¿«Qué lengua es ese valenciano que pretende el Consell que se incorpora,
y pretende que se incorpore, al sistema de enseñanza de su territorio?
¿Hará falta traer el testimonio unánime de todos los romanistas para
afirmar que el valenciano es una variante de una lengua común que se
habla principalmente en Cataluña, Baleares y el País Valenciano?»
Ante esta irracionalidad lingüística de la derecha valenciana todos los
Senadores socialistas valencianos presentaron una pregunta al Gobierno
(«BOCG» Senado n.º 31 de 14 de diciembre de 1979), donde afirmaban que
todos los científicos del mundo consideraban que «la lengua que se
extiende de Salses a Guardamar del Segura y desde Fraga hasta Mahón y
Alguer es claramente unitaria y, en la actualidad, se la conoce
científicamente como catalán». No
acabó aquí, pues el 24 de septiembre de 1980 el Senador Bevià Pastor
volvió a interpelar al Gobierno central, y según el «Diario de Sesiones»,
cualquiera puede comprobar que preguntó: «si va a seguir dispuesto el
nuevo Gobierno a crear hasta lenguas por Decreto.»
El Senador Alfons Cucó, en su intervención, remarcó: «Contra toda
evidencia y contra toda razón, se está procediendo por lo que respecta al
patrimonio lingüístico y cultural común en Cataluña, del País Valenciano,
de las Baleares, exactamente al contrario de lo que pretende hacer con el
área lingüística y cultura castellana. Lo que en un lado se protege, en
el otro se intenta segregar provocando, como acontece desde hace años en
el País Valenciano, un auténtico conflicto lingüístico que está
adquiriendo cada día mayores proporciones y cuyos resultados no hacen
otra cosa que prolongar entre nosotros, los valencianos, el genocidio
cultural que engendró el centralismo político y el asimilismo cultural
culminante en la dictadura franquista.»
Aún insistió el grupo de Senadores socialistas valencianos con una nueva
interpelación el 22 de junio de 1982, cuando Alfons Cucó recalcó «ya
reiterados en otras ocasiones desde los escaños socialistas, tal como el
reconocimiento de la pertenencia del valenciano al conjunto de la unidad
idiomática de las restantes modalidades de la lengua catalana», según
consta en el «Diario de Sesiones» del Senado núm. 165 de 1982.
Paralelamente a estas demandas parlamentarias, en la «Junta Nacional de
Universidades», en la sesión de su Comisión Permanente celebrada el día
20 de diciembre de 1983, se adoptó el acuerdo de equiparar las
disciplinas de «Lengua y Literatura Catalanas» que con diversos nombres
figuran en las universidades de Catalunya, València y Balears. Este
acuerdo se adoptó en función del Informe elaborado por la Comisión de
Expertos que había nombrado la misma «Junta Nacional de Universidades».
Con el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986) se acordó
encargar la publicación del «Llibre blanc sobre la Unitat de la Llengua
Catalana», el cual fue elaborado por los romanistas Giuseppe Tavani
(Roma), Philip D. Rasico (Nashville, Tennessee), Max Wheeler (Liverpool),
Joseph Gulsoy (Toronto), José Antonio Pascual (Salamanca) y Greog Kremniz
(Viena). Es absolutamente evidente que en el campo académico la lengua
catalana es unitaria y una.
Asimismo en el campo político esta evidencia científica exigía adoptar
decisiones que inciden en la vida administrativa. Así en fecha 17 de
marzo de 1986, en la Conselleria de Educació i Cultura de les Illes
Balears, se reunieron los respectivos representantes de las
administraciones autonómicas de Catalunya, València y Balears, para
acordar la homologación y equiparación con plenitud de efectos académicos
y administrativos de las asignaturas de lengua valenciana, catalana y
catalana modalidad balear. Una vez acordado, aprobaron también enviar al
Ministro de Educación y Ciencia de Madrid el antedicho acuerdo para
regular los traslados de los docentes de enseñanzas no universitarias.
A pesar de este paso adelante, la polémica todavía subsistía. Pero un
académico nada suspicaz de parcialidad, al contrario con total
neutralidad sobre la cuestión, escribió sobre la unidad de la lengua
catalana: «Y cuando se promulgó la Constitución se publicaron versiones
en gallego, eusquera, catalán y valenciano. La administración, este
Ministerio de Educación y Ciencia, del que dependemos, ha creado luego
cátedras y agregadurías de «Lengua y Literatura Valencianas» en los
institutos de aquella región. Y también las hay, previas a esa discusión
que digo, de «Lengua y Literatura Catalanas (modalidad balear)». Todo
esto, no ya para un romanista, sino para cualquier aprendiz de filólogo
resulta entre risible e irritante» (véase «Lengua Española y Lenguas de
España», págs. 56 y 57. Ariel, 1987).
El día 5 de febrero de 1988, los respectivos representantes de las
administraciones de Catalunya, València y Balears acuerdan aprobar el
texto consensuado de un Proyecto de Orden por la cual se regula la
homologación de todas las asignaturas que bajo diversos nombres hacen
referencia a la misma lengua. Desde este acuerdo el Ministerio de
Educación y Ciencia publicó la O. M. de 21 de octubre de 1988, por la
cual se establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de
traslado de Cuerpos de Funcionarios Docentes («BOE» de 26 de octubre de
1988). En el punto quinto de la O. M. se regula que «Los profesores
titulares de las asignaturas de Lengua y Literatura Catalana y Valenciana
podrán participar indistintamente a las plazas vacantes de los Cuerpos de
Enseñanzas Medias existentes en Cataluña, Baleares y Valencia en las
mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior.»
A raíz de este hecho, podemos afirmar que, desde el ámbito
político-administrativo y desde el círculo académico y universitario, la
unidad de la lengua catalana tiene una base garantizada. Asimismo existen
todavía focos de controversia que patullan por fragmentar y desunir la
lengua catalana con la exclusiva finalidad de perjudicarla. Puesto que el
Estado tiene obligación de garantizar --dentro del especial respeto que
constitucionalmente se proclama-- su defensa y su protección, es
necesario que proclame políticamente su unidad. Y por otro lado, puesto
que la lengua catalana es patrimonio de un ámbito territorial que afecta
a cuatro Comunidades Autónomas, y también pertenece al Patrimonio de
territorios lejos de su jurisdicción, como Andorra o las comarcas del
norte de Catalunya bajo administración francesa, todavía se hace más
necesario que el Estado adopte medidas adecuadas para protegerla y
fomentar su difusión. Por todo ello ERC presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
1.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar la unidad de
la lengua catalana en el ámbito territorial que le es propio, de acuerdo
con el criterio de la Junta Nacional de Universidades.
2.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender la unidad de
la lengua catalana de ataques que intenten segregarla, dividirla o
fragmentarla en cualquiera de las Comunidades Autónomas donde es propia.
3.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer mecanismos
para el uso y fomento de la lengua
catalana en las comarcas del norte de Catalunya bajo administración
francesa, de acuerdo con el artículo 27.4 de la Ley Orgánica 4/1979.
4.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a editar una sola
versión de sus publicaciones, en cualquier Organismo o Departamento, en
lengua catalana.
5.El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la
proyección exterior de la lengua catalana en sus entes públicos de
comunicación, radio y televisión.
Congreso de los Diputados, 15 de mayo de 1996.--Pilar Rahola i Martínez,
ERC.--Francisco Rodríguez, Portavoz del Grupo Mixto.
161/000054
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000054.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un plan global de actuaciones
para la Comunidad Autónoma de Galicia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la correspondiente
Comisión.
La última década del siglo XX está conociendo un profundo proceso de
cambios políticos y económicos, que afectan prácticamente a todas las
áreas del planeta.
Las transformaciones políticas y económicas en los países del Este
europeo, la modificación de la hegemonía en el mundo, el proceso de
construcción de una Europa unida, la aparición de un nuevo potencial
económico en el área del Pacífico..., son fenómenos que están modificando
radicalmente el presente y que van a definir un futuro aún más diferente
en el mundo.
El conjunto de transformaciones que estamos presenciando está ya
realizando de hecho una nueva definición de espacios económicos y
políticos, lo que unido a la aceleración de los cambios tecnológicos
están creando una nueva división internacional del trabajo.
En esta situación cambiante y dinámica, la situación económica y social
de Galicia muestra evidentes síntomas de tener una dificultad real de
participar en este proceso de renovación. La gravedad de la situación
económica y social gallega está marcada por la crisis general del modelo
actual de crecimiento y desarrollo y la incapacidad de definir un nuevo
modelo, teniendo en cuenta las modificaciones a que antes aludíamos.
El modelo actual está en crisis, porque está en crisis el conjunto de los
sectores básicos del entramado económico e industrial del país. Las
dificultades actuales y las malas perspectivas del sector
agrícola-ganadero, la continua decadencia y las previsibles limitaciones
en el futuro del sector pesquero que se concretan en reducciones de
cupos, capturas y barcos en el conjunto de caladeros internacionales como
el de la NAFO o en la falta de acuerdo con Marruecos que está imponiendo
la paralización de la flota del banco sahariano, y la mala situación en
la que están empresas y sectores industriales básicos en la estructura
económica del país, dibujan una situación que de no aplicarse medidas
correctoras, puede colocar a Galicia en uno de los peores momentos de su
historia.
Al mismo tiempo que asistimos a las dificultades de los sectores
tradicionales, comprobamos la incapacidad mostrada hasta ahora de
incorporar a nuestro tejido productivo nuevas actividades y subsectores
con proyección económica de futuro. La política de reconversión salvaje y
de abandono de nuestros sectores tradicionales, no viene acompañada de
proyectos reindustrializadores y/o modernizadores que permitan la
recuperación del tejido industrial, acoplando nuevas actividades y
subsectores a los ya existentes.
Se hizo lo más fácil, destruir el que ya existía, prometiendo a cambio
actuaciones compensatorias que con el plazo de tiempo ya pasado, se
convirtieron en falsas promesas sin concreción en la realidad.
El mejor indicador de esta negativa evolución reciente de la economía
gallega está en la incapacidad que demostró en compartir el ciclo alcista
de la economía internacional y española en el período 1986-1990. Un solo
dato es suficientemente revelador, entre 1986 y 1990 el empleo creció en
el conjunto del Estado en 2 millones de personas, mientras que en Galicia
y en el mismo período el volumen de ocupados no sólo no creció, sino que
el empleo descendió en 7.000 personas.
El análisis del empleo con una perspectiva larga, de medio plazo, refleja
con claridad la crisis de la estructura productiva del país y las enormes
dificultades de generar empleo
en la economía gallega. La evolución del empleo demuestra una tendencia
de la caída honda, intensa en sus efectos y continuada en el tiempo, que
conforma un proceso de destrucción de empleo gravísima.
Un primer dato demuestra la brutalidad de este proceso: desde 1976, año
en que se manifestó en Galicia la crisis mundial de 1973, hasta el año
1994, en Galicia se perdieron 304.000 empleos. Dicho de otra manera, en
la fase necesaria del ciclo económico largo que se inicia en 1973, en
Galicia se perdieron 1 de cada 4 puestos de trabajo.
El balance de lo sucedido en este período es dramático: en la Galicia de
1994 trabajan 250.000 personas menos que en 1960. La lectura de esta
cifra desde otra perspectiva de otra información muy preocupante: la
crisis comienza en 1973 y no resuelta aún en términos de empleo, destruyó
muchos más empleos de los que se generan en las décadas desarrollistas de
los 60 y los 70. Es, además, un proceso inacabado, que continúa en 1995 y
que señala una perspectiva de futuro realmente preocupante.
En concreto, la evolución de la población y la evolución del empleo está
comenzando a poner en cuestión la viabilidad de la estructura
socio-económica del país: en 1973 había 1.220.000 ocupados, frente a
820.000 inactivos o parados, en 1984 para 1.374.000 inactivos o parados
sólo hay 916.000 activos, esto es de 1,5 ocupados por cada inactivo a 0,6
ocupados por cada inactivo.
La destrucción de empleo tiene una distribución sectorial muy diferente,
y tiene en la del sector primario y en la industria los peores
comportamientos.
En lo concreto en la economía gallega se dio, de la misma manera que en
el resto de las economías occidentales, un proceso de terciarización de
la actividad, por lo que es cada vez más importante el papel de los
servicios dentro de la actividad económica y por consiguiente dentro del
empleo.
Esto quiere decir que la destrucción de empleo está concentrada en dos
sectores: el sector de la agricultura y, sobre todo, el sector
industrial.
Este solo dato refleja la intensidad de la crisis industrial. En el año
1976, inicio de la crisis industrial, en Galicia había 202.000 personas
trabajando en la industria gallega, en el año 1994 el número de ocupados
industriales es sólo de 132.000. Esto supone una pérdida de 70.000
empleos en la industria, 70.000 empleos en 16 años.
Es decir, las modificaciones generadas por la crisis económica iniciada
en el año 1976, destruyendo 1 de cada 3 empleos industriales de los que
había en Galicia. Este es un dato verdaderamente negativo en una
comunidad, en un país como el nuestro, que ya tiene históricamente un
nivel más bajo de actividad industrial. Para un país como Galicia tan
poco desarrollado, perder en este período 1 de cada 3 puestos de trabajo
es un verdadero descalabro de empleo, un descalabro económico, un
descalabro social.
Hay que hacer aquí también la comparación que se hacía antes con un dato
muy revelador: en Galicia hay hoy menos trabajadores en la industria de
los que había en los años 50. Hay muchas menos personas trabajando en la
industria que antes que se desarrollara en los años 60-70, que fueron los
años de desarrollo industrial, años de instalación de grandes empresas.
Cuando Galicia era un país preindustrial, donde no existían Citroën,
Petroliber, Genosa, Alúmina-Aluminio, etc., había más trabajadores/as en
el sector industrial de los que existen en esta época.
La crisis barrió de forma importantísima el empleo industrial.
Desgraciadamente no es un problema del pasado, lo que es aún más
preocupante, ya que los años donde la destrucción de empleo es más
intensa son en 1992 y 1993, años en los que se llegaron a perder 25.000
empleos por año.
Este dato, realmente preocupante, sirve como reflexión de un aspecto más
amplio: la incapacidad de la estructura económica gallega de aprovechar
la mejor coyuntura económica del ciclo alcista para renovar y modernizar
los sectores y empresas en una situación de demanda alta y de
crecimiento. De hecho, hoy volvemos a encontrarnos con empresas con los
mismos problemas que en el inicio de la reconversión salvaje de
1984-1985, y que durante este período al calor de la mejora de la
coyuntura económica, mantuvieron su actividad en el día a día, sin
utilizar esta buena situación para corregir sus déficit y desequilibrios
financieros y productivos.
Un ejemplo paradigmático de esta situación es el nuevo plan de ajuste en
la construcción naval, que pretende ignorar a los trabajadores, un nuevo
recorte de empleo como única medida que el Gobierno es capaz de imaginar
para viabilizar el sector 10 años después de lo que se denominó primer
reconversión, el Gobierno, sigue diseñando las mismas estrategias, lo que
supone, en nuestra opinión, la confirmación de que éstas fracasaron de
forma rotunda.
En este sentido, que calificamos la década de los 80 como una década
perdida para el desarrollo y el empleo, ya que la economía gallega viene
padeciendo de sus males históricos: economía dependiente, estructura
económica muy desequilibrada, en su distribución sectorial y territorial,
carencias graves en su dotación de infraestructuras básicas, extrema
debilidad cuantitativa y cualitativa del sector industrial, un sistema
financiero expoliador que exporta el ahorro gallego a otros territorios,
ineficiencia en la financiación de la Comunidad Autónoma..., que provocan
y describen al mismo tiempo la crisis en el momento actual de nuestra
estructura económica y social.
Dentro de este marco general de crisis, es especialmente preocupante la
situación y las perspectivas del sector industrial en Galicia, ya que el
modelo de crecimiento de los años 60-70 que entró en crisis a finales de
los 70, aún hoy, 15 años más tarde, no tiene una alternativa de futuro
clara. Resumimos las notas que definen la evolución de la crisis de la
industria gallega en los siguientes puntos:
1.Inexistencia de nuevos proyectos industriales de gran tamaño en
inversión y empleo en los últimos 10 años. Todas las grandes inversiones
industriales que hoy componen el núcleo industrial de Galicia son de los
años 60-70, y en los últimos 10 años, ante la ausencia de grandes nuevos
proyectos, el crecimiento industrial se basó exclusivamente en el aumento
del volumen de algunos grupos, siempre dentro de niveles bajos.
2.Ausencia de inversiones productivas extranjeras. En los últimos años,
en correspondencia al proceso de apertura al exterior y de integración
del Estado español en
la Unión Europea, el capital extranjero entró masivamente en España. Aun
teniendo en cuenta las correctas críticas a la forma e intención de esas
inversiones, multinacionales, éstas contribuyeron a un cierto
relanzamiento industrial.
En Galicia, en los últimos 10 años, no hay ningún nuevo proyecto
industrial multinacional, al contrario, se dan procesos de desinversiones
(Alcan en el sector del aluminio, como ejemplo).
3.Reducción de la capacidad de producción y de empleo en las grandes
empresas. Con mayor o menor intensidad, el conjunto de las grandes
empresas gallegas sufrieron en los últimos años un proceso de
redimensionamiento a la baja, tanto en las empresas públicas como en las
privadas, en planes de reconversión oficializados o en ajuste fuera de
acuerdos.
4.La crisis del modelo industrial tuvo como manifestación concreta una
gran mortandad de empresas, que en los últimos años crearon una
larguísima lista de empresas cerradas, importantes tanto cuantitativa
como cualitativamente en el sector industrial gallego.
5.La lógica consecuencia de la crisis de las empresas fue la reducción de
empleo industrial. Un solo dato refleja el carácter traumático de la
evolución de la ocupación: en el período 1976-1986, el más intenso de la
crisis, se destruyeron 54.380 empleos industriales, esto es, el 20% de
los que había, o dicho de otra manera, se destruyeron 1 de cada 4 puestos
de trabajo en la industria.
Esta difícil situación económica e industrial en Galicia hasta aquí tiene
responsables directos: el Gobierno Central y la Xunta de Galicia, que con
las políticas aplicadas, lejos de paliar los efectos de la crisis,
actuaron, en la mayoría de los casos, como agravantes de la misma.
El Gobierno Central aplicó de forma salvaje una política de reconversión,
que tuvo como único efecto el cierre o la reducción de la actividad y el
empleo de las empresas, sin modificar la capacidad productiva y
tecnológica o la estructura financiera de las empresas, provocando además
una profunda crisis en las comarcas donde se aplicó con mayor intensidad.
La denominada «fase de reindustrialización», que debía de seguir a la
reconversión, se saldó en Galicia con un completo fracaso, ya que en el
período de aplicación de la ZUR y de la ZID, más de seis años entre las
dos, no se instaló prácticamente ningún proyecto industrial
significativo.
Además, el Gobierno Central marginó a Galicia en el programa de
infraestructuras desarrollado en los últimos años. La intensa política de
inversiones en infraestructuras que se concretó en el Plan de Carreteras,
el Plan de Transporte Ferroviario seguido de las inversiones en Alta
Velocidad y la Red de Gasificación... apenas contemplan inversiones
significativas en Galicia, como consecuencia de una concepción neoliberal
de la política económica que concentra la inversión pública en los
territorios donde más contribuye la rentabilidad de los capitales
privados.
La evidencia de esta política inversora poco equilibradora de las
diferencias territoriales y discriminatoria con Galicia está en el
análisis de la inversión regionalizable del Estado por Comunidades
Autónomas, referida a los Presupuestos de 1993 y 1994 y la inversión por
habitante que proporciona su distribución.
El dato de la inversión por habitante es un buen indicador de los niveles
de inversión pública y es especialmente útil para los análisis
comparativos, ya que además de la inversión global tiene en cuenta el
peso poblacional de las diferentes Comunidades.
Con los datos de las inversiones en 1993-1994 el resultado es que Galicia
ocupa el puesto 12 de las 17 Comunidades Autónomas, y sólo supera a
aquellas Comunidades con régimen financiero especial y las islas.
La inversión regionalizable por habitante en Galicia, para el bienio
1993-1994 fue de 13.498 pesetas, un 42 por ciento menos que la media
estatal, que se situó en 23.089 pesetas.
No sólo es el Gobierno Central responsable, también la Xunta de Galicia
es cómplice de esta situación por ser incapaz de definir una política
industrial activa cara a los problemas del país. La dependencia del
Gobierno Central en algún caso es la fe ciega en la capacidad del mercado
para resolver la crisis, común a los diferentes gobiernos, provocó la
ausencia del Gobierno gallego en los procesos de los últimos años.
Especialmente criticable es la actuación de la Xunta de Galicia en el
momento actual en que se aproxima otra fase de intensificación de las
dificultades en el sector industrial, ya que su falta de respuesta
significa en la práctica un abandono de su responsabilidad. El Gobierno
gallego no tiene ningún proyecto al modelo de política industrial a
desarrollar, ninguna actuación sistemática y planificada sobre los
sectores con especial dificultad, y ni siquiera es capaz de responder a
las actuaciones negativas para Galicia que desarrolle el Gobierno
Central.
Por ejemplo, el lamentable papel de la Xunta de Galicia en el proceso
negociador del acuerdo pesquero con Marruecos, que está generando un
fuerte conflicto social, y su ridícula actuación ante el plan de ajuste
en los astilleros.
La situación actual hasta aquí descrita y las malas perspectivas de
futuro hacen necesario, en opinión de EU-EG, una profunda modificación en
las políticas a utilizar, cambiando los objetivos e instrumentos
actuales.
Nosotros pensamos que el desarrollo económico y el empleo deben ser los
objetivos centrales de la política económica
a desarrollar, para el que son necesarios planes concretos de defensa y
de modernización de la agricultura/ganadería y pesca como sectores
básicos que son de la economía en Galicia. Y especialmente en la
coyuntura actual defendemos la necesidad de un plan industrial para
Galicia que partiendo del mantenimiento de las actividades y de empleo
actual, lo defienda de actuaciones de ajuste salvaje, planifique la
incorporación de subsectores industriales nuevos como forma de lograr el
imprescindible crecimiento de empleo y la actividad de la industria en
Galicia.
Defendemos como principal instrumento de ese Plan Industrial la
iniciativa pública, a través de un sector público industrial de
importancia cualitativa y cuantitativamente creciente, que se introduzca
en nuevos procesos y ramas de actividad, que se modernice, que sirva de
guía al sector privado en el modelo de desarrollo industrial que el país
necesita.
Definir un nuevo modelo económico para el país y desarrollar los
instrumentos para conseguirlo es una tarea compleja, que afecta al
conjunto de la sociedad, en la que tiene que estar implicado el conjunto
de agentes e instituciones, pues va más allá de una propuesta como la que
EU-EG realiza en este momento.
Sin embargo, la especial gravedad de la situación hace urgente la
adopción de medidas inmediatas y la asunción de compromisos por el
Gobierno Central.
Las propuestas que hacemos a continuación no agotan los temas planteados
y son en realidad los puntos mínimos de actuación del Gobierno Central en
lo que son sus áreas de competencia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter
inmediato, elabore un plan global de actuaciones para la Comunidad
Autónoma de Galicia con base en los siguientes criterios:
A)En lo relativo al desarrollo industrial:
1.La utilización del Sector Público industrial como elemento decisivo en
una política industrial activa que tenga como objetivo conseguir un
sector industrial más desarrollado cualitativa y cuantitativamente. Para
ello se elaborará un plan de inversiones públicas en Galicia destinadas a
recuperar y renovar su tejido industrial.
2.Actuaciones sobre el Sector Público actualmente existente en Galicia y
dependiente del Gobierno Central con el fin de lograr un incremento de su
importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, con presencia en nuevos
procesos productivos y ramas de actividad y que sirva de guía al Sector
Privado en el proceso reindustrializador. A tal fin se ejecutarán
inmediatamente las siguientes actuaciones:
a)Negociación por el Gobierno Central y la Xunta de Galicia de los
criterios de reparto en el Estado de la inversión pública productiva, con
objeto de incrementar el raquítico nivel de inversiones que actualmente
hace en Galicia el Sector Público.
b) Negociar con la Xunta de Galicia su participación en la elaboración de
las directrices de actuación de las empresas públicas que desarrollan su
actividad en Galicia, sean éstas industriales o financieras. Se entenderá
dicha participación como la capacidad del Gobierno gallego para
intervenir en las decisiones sobre el proyecto de inversión o de
realización de nuevas actividades.
c)Reinversión de parte de excedentes empresariales generados por las
empresas públicas que actúan en Galicia (especialmente ENDESA) en
procesos de desarrollo industrial.
d)Inversión pública a cargo de las propias empresas y/o de la
Administración con el objetivo de completar los ciclos de producción en
aquellos procesos productivos que realizan parte de sus actividades
(normalmente las de mayor valor añadido) fuera de Galicia. Es destacable
que son precisamente públicas las empresas que protagonizan esta falta de
integración económica en sectores tan importantes como el aluminio, la
celulosa-papel, el petróleo...
f)Compromiso de mantenimiento del actual empleo en las empresas públicas.
g)Dinamización del entorno de las grandes empresas públicas, tanto en el
desarrollo de su industria auxiliar como en el del territorio donde están
situadas.
h)Implantación de nuevas actividades del Sector Público en sectores de
futuro, en los que la iniciativa privada ha acreditado su incapacidad
como vía de impulso de la necesaria reindustrialización que compense las
pérdidas de empleo ya producidas.
3.Sustitución del Plan Estratégico de Competitividad para el sector
naval, que implica avanzar en el desmantelamiento definitivo de dicha
actividad por la apertura de una negociación real que debe incluir entre
los interlocutores a la Xunta de Galicia. Este proceso de negociación
debería recoger en lo fundamental las razonables propuestas de los
sindicatos del sector, apoyadas plenamente por IU-IC, tales como la
necesidad imperiosa de consolidar la estructura financiera de los
Astilleros, la realización de inversiones en innovación tecnológica,
dotación al sector de mecanismos de financiación competitivos, diseño de
políticas de formación, mejorar la capacidad de gestión de las empresas,
rejuvenecimiento de los cuadros de personal de los Astilleros y
participación de la Xunta de Galicia en los Consejos de Administración de
los mismos.
B)En lo relativo al sector agrícola-ganadero:
4.Trato específico para Galicia en la aplicación de las cuotas lácteas
atendiendo al volumen de ocupación en el sector privado que alcanza el 28
%, así como el volumen de producción de Galicia en el conjunto estatal y
la absoluta necesidad de una modernización del sector. Los conflictos con
el intento de aplicación de la supertasa en las campañas de 1993 y 1994
acreditan que las asignaciones de cuota en Galicia son insuficientes para
la actual capacidad de producción y actúan como una losa sobre la
potencialidad
de este sector fundamental en la vida económica y social de Galicia.
La renegociación al alza de la cuota estatal fijada por la Unión Europea,
habida cuenta de que en la actualidad España es importadora de leche, así
como reasignación equilibrada de aquélla entre todas las Comunidades
Autónomas es un paso previo absolutamente imprescindible para permitir la
modernización del sector ganadero gallego.
C)En lo relativo al sector pesquero:
5.Defensa del sector pesquero gallego frente a las prácticas restrictivas
de la Unión Europea, con renegociación en el seno de ésta del aumento del
número de licencias y cupos de captura anuales. Exigir de la Unión
Europea la negociación inmediata de caladeros estables, con aumento del
número de licencias y cupos de captura en todos los caladeros
comunitarios, así como en terceros países, con atención preferente a la
resolución positiva de los conflictos en caladeros internacionales (NAFO,
Marruecos).»
Madrid, 16 de mayo de 1996.--Ricardo Peralta Ortega, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.--Willy Meyer Pleite, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000006
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no
de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la solicitud de creación por la Comisión Mixta para
la Unión Europea, en su seno, de una Ponencia especial de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión
Europea (número de expediente 162/0000006), publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, Serie D, número 1, de 12 de abril de
1996.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., el
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las
siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la
solicitud de creación por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su
seno, de una Ponencia especial de seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión Europea, publicada
en el «B. O. C. G.», Serie D, número 1 (expediente 162/0000006).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--El Portavoz,
Joaquín Almunia Amann.
ENMIENDA
De adición de un nuevo apartado 1.º con el siguiente texto:
«1.El Pleno del Congreso de los Diputados, conforme a las propuestas
recogidas en el dictamen aprobado por la Comisión Mixta para la Unión
Europea de 21 de diciembre de 1995, sobre consecuencias para España de la
Unión Europea y reformas institucionales, expresa su determinación de
seguir asociado a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y de
contribuir a la toma de posición española en la reforma del Tratado de la
Unión Europea.»
El actual apartado único de la Proposición no de Ley pasaría a ser
apartado 2 de la misma.
ENMIENDA
De supresión.
Suprimir la siguiente expresión:
«... dirigirse a la Comisión Mixta para la Unión Europea para que ésta
adopte el acuerdo de...».
ENMIENDA
De sustitución.
Sustituir la expresión «... en su seno...» por «... en el seno de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea...».
ENMIENDA
De sustitución.
Sustituir la expresión «... para así coadyuvar a la toma de posición del
Estado español en la reforma del Tratado de la Unión Europea.» por «...
y, finalizada ésta, elevar al Pleno del Congreso de los Diputados un
dictamen que, previo debate y aprobación por la Comisión Mixta para la
Unión Europea, oriente la posición española sobre la propuesta de Reforma
del Tratado de la Unión Europea acordada en dicha Conferencia
Intergubernamental».
162/000006
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la
solicitud de creación por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su
seno, de una Ponencia especial de seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión Europea (número de
expediente 162/000006), ha acordado lo siguiente:
«1.El Congreso de los Diputados, conforme a las propuestas recogidas en
el dictamen aprobado por la Comisión Mixta para la Unión Europea de 21 de
diciembre de 1995, sobre consecuencias para España de la ampliación de la
Unión Europea y reformas institucionales, expresa su determinación de
seguir asociado a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental y de
contribuir a la toma de posición española en la reforma del Tratado de la
Unión Europea.
2.El Congreso de los Diputados acuerda constituir en el seno de la
Comisión Mixta para la Unión Europea una ponencia especial de
seguimiento, encargada de estudiar y discutir el proceso abierto por la
Conferencia Intergubernamental y, finalizada ésta, elevar al Pleno del
Congreso de los Diputados un dictamen que, previo debate y aprobación por
la Comisión Mixta para la Unión Europea, siente la posición española
sobre la propuesta de Reforma del Tratado de la Unión Europea acordada en
dicha Conferencia Intergubernamental.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., el
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
162/000007
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales de la enmienda formulada a la Proposición no de
Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
crea una Ponencia para analizar la situación actual de la familia en
España y proponer las reformas y medidas que se consideren necesarias
(número de expediente 162/000007), publicada en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Serie D, número 1, de 12 de abril de 1996.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., el
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley
del Grupo Catalán (CiU) para la creación de una ponencia para analizar la
situación actual de la familia en España (expediente 162/000007).
ENMIENDA
De supresión.
Suprimir desde: «Esta ponencia deberá analizar especialmente el
tratamiento fiscal...» hasta: «... en calidad de propietario. Asimismo,
...».
MOTIVACION
No prejuzgar ni adelantar las conclusiones de la ponencia sobre reformas
y medidas necesarias para la institución de la familia en España.
Madrid, 20 de mayo de 1996.--Presentación Urán González, Diputada del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
162/000007
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se crea una Ponencia para
analizar la situación actual de la familia en España y proponer las
reformas y medidas que se consideren necesarias (número de expediente
162/000007), ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados acuerda constituir una Ponencia, en el seno
de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar
la situación actual de la familia en España y conocer y proponer
actuaciones al Gobierno.
La Ponencia adecuará su calendario de trabajo a fin de elaborar un
informe que deberá ser debatido en el Pleno del Congreso antes de
finalizar el año 1996, que proponga las políticas y reformas que sean
necesarias para mejorar aquellos aspectos legislativos o de Gobierno
actualmente insuficientes, ante las problemáticas que inciden sobre la
realidad familiar.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
162/000019
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000019.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre materias para la protección social de la
enfermedad de alzheimer.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno de la Cámara.
El progresivo alargamiento de la media de vida de la población, la
creciente longevidad, así como otros factores, han hecho cada vez más
patente para nuestra sociedad actual que enfermedades a las que antes no
considerábamos como tales, hoy así las consideramos, y constituyen un
problema social de primer orden. Tal es el caso de la llamada enfermedad
de alzheimer.
Sabemos por las estadísticas que unos cuatrocientos mil ciudadanos y
ciudadanas españoles padecen dicha enfermedad. Sabemos también que los
cuidados que requieren dichos enfermos son costosísimos: una residencia
para enfermos internos de alzheimer puede cobrar unas 230.000 pesetas al
mes por sus servicios, que incluyen alojamiento, comida, asistencia
sanitaria y medicinas. Y sabemos que, al no poder costearse este gasto,
muchas familias españolas deben hacer frente a los cuidados constantes
que requieren dichos enfermos en el propio domicilio familiar; e incluso,
para ello, algunas familias deben decidirse por la solución de que algún
miembro de la unidad familiar abandone su puesto de trabajo para atender
al enfermo de alzheimer, generalmente la mujer.
Por otro lado, las Administraciones Públicas de ámbito local y
autonómico, así como la estatal, fundamentalmente a través del Inserso,
ofrecen los servicios de la atención residencial al anciano, bien en su
fase de válido, o bien en su fase de asistido. Pero las características
específicas de los enfermos de alzheimer no son contempladas por las
diferentes Administraciones Públicas dentro de sus organigramas de
situaciones de necesidad a proteger.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.ºIncluir específicamente la enfermedad de alzheimer como una situación
de necesidad social sobrevenida, dentro de los esquemas contemplados en
las redes de servicios sociales y de asistencia sanitaria públicos.
2.ºQue se contemple en el Servicio Nacional de Salud la adecuación de las
instalaciones del mismo para acoger de forma adecuada, suficiente y
específica a dichos enfermos, a modo de residencias de enfermos de
alzheimer, de carácter público.
3.ºQue se establezcan en las redes de servicios sociales públicas las
ayudas pertinentes para subvencionar los costos totales o parciales que
el cuidado de los enfermos de alzheimer comportan para las economías de
las familias españolas.»
Madrid, 13 de mayo de 1996.--Pedro Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
162/000024
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000024.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley de creación de una Ponencia de Estudio de las
reformas necesarias para modernizar el Sistema Sanitario y garantizar su
viabilidad futura.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley de creación de una
Ponencia de Estudio de las reformas necesarias para modernizar el Sistema
Sanitario y garantizar su viabilidad futura, para su debate en Pleno.
El grado de equidad conseguido, convierte a nuestro sistema sanitario en
un instrumento importante de cohesión social que es preciso preservar.
Mantener los beneficios del aseguramiento universal y la garantía de que
a los ciudadanos se les atienda según sus necesidades, han de ser el
presupuesto de cualquier reforma.
Por otra parte, es preciso enfrentarse con recursos limitados, a una cada
vez mayor demanda de asistencia sanitaria (por el aumento de las
expectativas de vida y el consiguiente envejecimiento de la población,
por la aparición de nuevas tecnologías y avances científicos, en
ocasiones de muy altos costes, y por los mayores requerimientos de estos
servicios por parte de la población). Todo ello aconseja iniciar una
reflexión sobre el modelo organizativo, y de funcionamiento del sistema
sanitario y sobre su financiación.
Garantizar el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución, que
reconoce el derecho a la protección de la salud, conseguir una atención
más personalizada, reforzar el papel de la sociedad en las instituciones
sanitarias, avanzar en la libre elección de los ciudadanos, conseguir una
sanidad pública y privada más eficiente, aprovechar mejor todos los
recursos sanitarios del país, dotar a las instituciones sanitarias
públicas de mayor autonomía, conectar los dispositivos asistenciales
sanitarios y sociales que han de atender a los colectivos más
desfavorecidos y mejorar la calidad de la asistencia, deben ser objetivos
básicos que desde el acuerdo y el compromiso de todos modernicen el
sistema sanitario y garanticen el cumplimiento de sus fines.
Por todo ello se presenta la siguiente:
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados acuerda la creación de una Ponencia en el
seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, para el estudio de las reformas
necesarias para modernizar el sistema sanitario y garantizar su
viabilidad futura.
La Ponencia estará formada por tres representantes de cada uno de los
grupos parlamentarios con más de cien Diputados en la Cámara, dos
representantes de cada uno de los grupos con más de diez diputados y un
representante de cada uno de los grupos restantes. En cualquier caso, el
voto será ponderado.
La Ponencia emitirá un Dictamen con las conclusiones de sus trabajos, que
una vez aprobado por la Comisión, será remitido al Pleno de la Cámara
para su debate y aprobación definitiva.
Madrid, 7 de mayo de 1996.--Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
INTERPELACIONES URGENTES
172/000001
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los efectos derivados en
la economía española de la reordenación del sector público empresarial y
de la aplicación del Plan estratégico de privatizaciones (número de
expediente 172/000001), cuyo texto se inserta a continuación de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la
Cámara, se formula la siguiente interpelación urgente, dirigida al
Gobierno.
En la intervención del señor Aznar el día de su investidura como
Presidente del Gobierno, afirmaba que una reordenación del sector público
empresarial era necesaria y que ocupaba un lugar destacado en el programa
económico que pretendía llevar a cabo a lo largo de la Legislatura y que
para ello se elaboraría un Plan Estratégico de Privatizaciones. Esta
reordenación tendría como finalidad contribuir a una mejora de la
eficiencia general de la economía y que para conseguirlo sería necesario
una política de saneamiento, una mejora de su gestión y continuar e
impulsar el camino de la privatización y desregulación emprendido desde
nuestro ingreso en la Comunidad Europea, aunque, como reconocería más
adelante, existen razones económicas y sociales que aconsejan la
presencia del Estado en determinados sectores económicos.
En días posteriores, otras personas del Gobierno o muy cercanas a él han
puesto de manifiesto la urgencia y necesidad de aplicar fuertes recortes
en el gasto público e incluso afirmar la necesidad de privatizar todas
las empresas públicas, incluyendo en este afán privatizador hasta las no
rentables, aunque para ello se tuviera que destinar una cantidad de
dinero para hacerse cargo de las mismas.
Estas declaraciones dejan entrever una cierta indefinición, en cuanto al
alcance y efectos de la reordenación del sector público propugnada por el
Presidente del Gobierno.
Por todo ello se formula la siguiente
Interpelación urgente, para debatir con el Gobierno en el Pleno de la
Cámara, sobre cuáles van a ser los efectos derivados en la economía
española de la reordenación del Sector Público Empresarial y de la
aplicación del Plan Estratégico de Privatizaciones.
Madrid, 16 de mayo de 1996.--Felipe Alcaraz Masats, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
172/000002
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre
política que piensa adoptar el Gobierno respecto al cumplimiento por
España de los criterios de convergencia para la Unión Económica y
Monetaria (número de expediente 172/000002), cuyo texto se inserta a
continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 180 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente interpelación urgente al
Gobierno, sobre la política que piensa adoptar respecto al cumplimiento
por España de los criterios de convergencia para la Unión Económica y
Monetaria, para su debate en el próximo Pleno de la Cámara.
Uno de los retos principales de España y de la política española desde el
restablecimiento de la democracia ha sido el superar el aislamiento
histórico de nuestro país y conseguir su plena integración en Europa. Los
sucesivos gobiernos socialistas hicieron de este reto un objetivo
prioritario, y el camino recorrido en esa dirección ha sido
extraordinariamente positivo para España. Al mismo tiempo nuestro país se
ha configurado como uno de los socios más firmes de la Unión en la
voluntad de construir una Europa unida.
La Unión Económica y Monetaria (UEM) es un paso indispensable en ese
proceso y el mejor marco para la economía española. Alcanzar una unión
económica estable supondrá para los países que la integren lograr grandes
ventajas derivadas de la creación de la mayor área de integración
económica mundial y la moneda única será un factor determinante en la
consolidación de una Europa unida.
La UEM es un objetivo altamente beneficioso para el bienestar de los
españoles, ya que la estabilidad macroeconómica que requiere es el mejor
camino para el crecimiento y la generación de empleo, en una economía
abierta e interdependiente. Cumplir los criterios de convergencia y
participar desde el principio en la UEM es la garantía para culminar el
proyecto de modernización de nuestro país, crear empleo, consolidar los
logros sociales alcanzados y conseguir nuevas cotas de progreso y
bienestar para todos los ciudadanos.
España debe y puede participar en la UEM desde el primer momento. Y para
ello debemos estar en condiciones de cumplir los criterios de
convergencia en 1997. Es un objetivo posible. Los resultados alcanzados
por nuestra economía y el acercamiento al cumplimiento de los criterios
establecidos en el Tratado de Maastricht, a lo largo de los últimos años,
justifican la confianza en nuestras posibilidades para alcanzar ese
objetivo. Estamos en la senda marcada por el Programa de Convergencia
actualizado, que debe completarse con las medidas previstas para 1996 y
1997.
En definitiva, que España acceda a la UEM en los plazos previstos es un
reto trascendental para nuestro país, que exige el nuevo Gobierno
posiciones claras y la aplicación de las medidas adecuadas para culminar
lo dispuesto en el Programa de Convergencia, garantizando la cohesión
social y manteniendo los niveles de protección social alcanzados.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Interpelación urgente, para su debate con el Gobierno en el Pleno de la
Cámara sobre si confirma éste la vigencia del Programa de Convergencia
actualizado, en orden al cumplimiento de los criterios de Convergencia
previstos en el Tratado de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 1996.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000016.
AUTOR: Vaquero del Pozo, Pedro (GIU-IC).
Ayudas con cargo a los fondos europeos para el proyecto de Campus de
Ciencias de la Salud, promovido por la Junta de Andalucía y la
Universidad de Granada.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda
Diputado: don Pedro Vaquero del Pozo.
Texto
¿Es intención del Gobierno solicitar ayudas con cargo a los Fondos
europeos destinados a tal fin, para el proyecto de Campus de Ciencias de
la Salud promovido por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada,
con el objeto de que dicho proyecto se dimensione no sólo en el sentido
de cubrir la funcionalidad un mayor y mejor servicio de asistencia
sanitaria y de una enseñanza universitaria de calidad en las
especialidades que giran en torno a la salud, sino que se pueda integrar
también en él una línea de investigación y desarrollo que, a su vez,
incentive la instalación de industrias de producción biomédica en el
entorno de este Campus?
Madrid, 14 de mayo de 1996.--Pedro Vaquero del Pozo.