CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 827



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL NÚÑEZ PÉREZ



Sesión núm. 72



celebrada el martes, 21 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia urgente del señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo) para informar sobre:



- El expediente de la expropiación forzosa que afecta a la familia
Arias-Salgado realizada en 1990, en aplicación del Plan General de
Ordenación Urbana de 1986, aprobado por el Ayuntamiento socialista de
Marbella (Málaga). Apetición propia. (Número de expediente 214/
000143.) ... (Página 24608)



- Las circunstancias que han rodeado la operación inmobiliaria
acordada por él y su familia con Jesús Gil y los otros miembros del
equipo de gobierno del G.I.L. en Marbella (Málaga), valorar la
conformidad de la misma con la legalidad y la ética política y
asumir, en consecuencia, la responsabilidad política derivada de
dicha operación inmobiliaria. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/001350.) ... (Página 24608)

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Se abre la sesión a las seis de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, buenas
tardes. La Comisión de Infraestructuras se reúne esta tarde para
celebrar las siguientes comparecencias: la primera y urgente, del
ministro de Fomento para informar sobre el expediente de la
expropiación forzosa que afecta a la familia Arias-Salgado realizada
en 1990, en aplicación del Plan general de ordenación urbana de 1986,
aprobado por el Ayuntamiento socialista de Marbella. El autor de esta
solicitud es el Gobierno. La segunda, del Grupo Parlamentario Mixto,
también es urgente y es la del ministro de Fomento para explicar las
circunstancias que han rodeado la operación inmobiliaria acordada por
él y su familia con Jesús Gil y los otros miembros del equipo de
Gobierno en Marbella, valorar la conformidad de la misma con la
legalidad y la ética política y asumir, en consecuencia, la
responsabilidad política derivada de dicha operación inmobiliaria.

De acuerdo con el Reglamento, los debates se ordenarán de la
siguiente manera: en primer lugar, le daremos la palabra al señor
ministro; después al grupo parlamentario que ha solicitado también la
comparecencia; a continuación, podrán fijar posición los grupos
parlamentarios que así lo deseen; inmediatamente después tendrá la
palabra el ministro para la correspondiente réplica; daré un
brevísimo turno a los grupos para que también la tengan y cerrará el
señor ministro. Tengo que advertir a las señoras diputadas y señores
diputados, para la buena marcha de estos debates, que deben centrarse
en el objeto de la comparecencia, que es muy claro y muy concreto.

Por lo tanto, yo les rogaría que ateniéndose a esto me eviten a mí
tener que llamarles a la cuestión; en todo caso, así lo haría.

Con estas advertencias, y supongo que claras porque han tratado de
reflejar lo que dispone el Reglamento para el debate de este tipo de
comparecencias, vamos a comenzar la reunión, dando la bienvenida y la
palabra al señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías,
como ha indicado el presidente de la Comisión, comparezco a petición
propia para informar sobre un expediente de expropiación forzosa que
afecta a una propiedad familiar, expropiación realizada en 1990 en
aplicación del Plan general de ordenación urbana de 1986, aprobado
por el entonces Ayuntamiento socialista de Marbella. Permítanme una
sucinta exposición de los hechos. En febrero del año 1980, al
fallecimiento de nuestra madre, recibimos mis hermanos y yo en pro
indiviso el 50 por ciento de la finca denominada Huerta Zaragoza del
Paraje Puerto Rico, calificada como rústica. Ese 50 por ciento del
terreno tenía en el momento de iniciarse el procedimiento
expropiatorio algo menos de 20 hectáreas, unos 175.000 metros
cuadrados. De acuerdo con la ley del suelo y las ordenanzas
urbanísticas de entonces, año 1980, se permitía el tipo de
edificación siguiente: la parcela mínima tenía que ser de 50.000
metros cuadrados y el volumen edificable 0,2 metros cúbicos por metro
cuadrado, permitiéndose sólo una vivienda unifamiliar por parcela,
además de los edificios de los servicios de caza o pesca y viviendas
de guardas de personal agrícola y familiares. Así consta en el documento
número 1, que dejaré a la Mesa, certificación del Ayuntamiento
de Marbella de 21 de marzo de 1980.

Segundo, en 1986 el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el
Partido Socialista Obrero Español, aprueba un nuevo Plan general de
ordenación urbanística -en lo sucesivo me referiré a él como plan
general- que sitúa la finca Puerto Rico bajo la denominación sistema
general de áreas libres, es decir, pierde su condición de propiedad
privada y pasa a ser dominio público por imperativo del plan general.

Esta calificación por sí misma comporta una expropiación. Para
compensar la recalificación y la expropiación de valor, el plan
socialista asigna una capacidad de aprovechamiento que se expresa en
unidades de aprovechamiento. Ala finca Puerto Rico le correspondieron
40.967 unidades de aprovechamiento, de las que el 50 por ciento, es
decir, 20.500 redondeando la cifra, pertenecían a mi familia. Ello
fue establecido por acuerdo del 23 de julio de 1990 del pleno del
Ayuntamiento socialista de Marbella, que además de determinar
inicialmente la compensación en 40.967 unidades de aprovechamiento,
empezó a concretar las compensaciones a cuenta de ella mediante la
asignación de unas parcelas edificables en la zona de los Nagüeles.

Dejaré como documento número 2 a disposición de SS.SS., la
certificación del acuerdo adoptado en esa fecha por el Ayuntamiento
de Marbella, donde se asignan las 40.900 unidades de aprovechamiento
a la finca Puerto Rico, expropiada por aplicación del Plan general.

Cada unidad de aprovechamiento viene a equivaler a un metro cuadrado
de superficie edificable, por tanto, en el momento de compensar la
expropiación habrían de valorarse los 20.500 metros cuadrados de
superficie edificable asignados a la finca Puerto Rico. De todo ello
se deduce: a) que la primera y única recalificación de la finca
Puerto Rico la hace el Ayuntamiento socialista de Marbella. b) Que la
finca Puerto Rico al ser incluida en los llamados sistemas generales
de áreas libres pierde su condición de propiedad privada y adquiere
la de dominio público, por lo que sus propietarios al producirse tal
expropiación adquieren el derecho a obtener la correspondiente
compensación a modo de justiprecio. c) Que la compensación consiste
en la asignación de unos 20.500 metros cuadrados de superficie
edificable, expresada en unidades de aprovechamiento y de que en
ningún momento, por consiguiente, ni entonces ni después se da una
permuta de terreno no edificable por edificable. Es el Ayuntamiento
socialista de Marbella el que confiere edificabilidad a la finca
Puerto Rico y fija la compensación por su expropiación.

Tercero. Desde la fecha del acuerdo municipal del Ayuntamiento
socialista hasta la fecha de las elecciones locales transcurren diez
meses, por lo que el Gobierno municipal socialista no es que no
ejecute el acuerdo, es que no tiene tiempo porque pierde las
elecciones y no llega a otorgar el acta de ocupación inherente al
procedimiento expropiatorio. En las elecciones municipales del 26 de
mayo de 1991 el pueblo de Marbella decidió, efectivamente, cambiar de
equipo gobernante. Los nuevos dirigentes municipales, pertenecientes
al Grupo Independiente Liberal, en el marco del mismo expediente
expropiatorio, primero, mantuvieron la condición de dominio público
de la finca, es decir, mantuvieron la expropiación; segundo,
decidieron unilateralmente no aplicar las compensaciones



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definidas por el Gobierno municipal socialista y, tercero,
manifestaron su interés en modificarlas de acuerdo con los
propietarios expropiados. Dos años y medio después de las elecciones
municipales, el 16 de diciembre de 1993, se llegó a un nuevo
planteamiento de compensación, por el que se procedía a la ocupación
municipal de la finca Puerto Rico y se compensaba con las siguientes
parcelas: parcela de unos 16.155 metros cuadrados en el proyecto de
compensación Lomas del Puerto, con 6.462 metros cuadrados
edificables; parcela de 2.190 metros cuadrados en la Reserva de los
Monteros, con 547 metros cuadrados edificables, y dos parcelas de 800
metros cuadrados y 899 respectivamente en la urbanización Golf Río
Real. En relación con estas dos últimas parcelas, el acuerdo de
compensación preveía su cambio por otra de 600 metros cuadrados
edificables en la Reserva de Los Monteros, que el Ayuntamiento en ese
momento no podía ceder por no tener la titularidad. El conjunto de
los terrenos suponen la obtención de 7.609 metros cuadrados
edificables frente a los 20.500 metros cuadrados reconocidos en las
compensaciones acordadas por el Ayuntamiento socialista.

De todo ello se deduce lo siguiente. a) Que la compensación acordada
en superficie edificable por el Ayuntamiento socialista en 1991 era
más beneficiosa que la acordada por el Grupo Independiente Liberal
dos años y medio más tarde. b) Que, por tanto, no hay mejora alguna
en la compensación convenida por el nuevo Ayuntamiento gobernado por
el Grupo Independiente Liberal. c) Que el acuerdo de compensación es
de diciembre de 1993 y quien les habla, como es obvio, no era
ministro de Fomento. d) Que, aunque se produce acuerdo sobre la
compensación justiprecio, el acuerdo recae en el marco de un
procedimiento de naturaleza expropiatoria.

Cuarto. Es importante recordar en este momento que, en cumplimiento
de la legalidad vigente, el Ayuntamiento de Marbella, previamente al
otorgamiento en escritura pública del acuerdo de compensación,
solicitó un informe pericial, que encargó a don Segundo Pastor Gómez,
agente de la propiedad inmobiliaria. …Este dictaminó que la finca
Puerto Rico, incluida en el sistema general de áreas libres, valía
235.712.400 pesetas. Dictaminó también que las compensaciones
acordadas valían: parcela Lomas del Puerto -voy a redondear las
cifras- 168 millones de pesetas; parcela 32 de Los Monteros, 35
millones de pesetas; parcela 34 de Los Monteros, 32 millones de
pesetas. En total sumaban 235.130.400 pesetas. De acuerdo con el
dictamen pericial, tampoco hay, por tanto, mejora alguna con respecto
al valor inicialmente asignado a la finca Puerto Rico. Como documento
número 4 dejaré a la Mesa el dictamen emitido por el perito.

Quinto. El procedimiento, sin embargo, quedó estancado. Sólo el 6 de
marzo de 1998, cinco años después del acuerdo de compensación, el
Ayuntamiento de Marbella aceptó elevar el acuerdo a escritura
pública. La lentitud del procedimiento es relevante porque implica
que no ha habido tramitación privilegiada. Recuerdo a SS.SS. que el
Partido Popular gobierna desde 1996.

Sexto. Es también relevante recordar que en el momento de formalizar
en escritura pública el acuerdo de compensación estaba todavía en
tramitación el nuevo Plan general de ordenación urbana, que no había
cumplido aún el trámite de
información pública previo a la aprobación provisional del
Ayuntamiento. De ahí que en la escritura pública del acuerdo de
compensación se incluyese una cautela: se prevé que, en el supuesto
de no ser aprobado definitivamente el plan general, el Ayuntamiento
de Marbella debería sustituir las parcelas dadas en compensación por
otras con superficies y volúmenes equivalentes, de común acuerdo.

Séptimo. En 1998, una vez elevado a escritura pública el acuerdo de
compensación, se ponen en venta todas las parcelas. Un año después,
en abril de 1999, se eleva a escritura pública la venta de las
parcelas de Los Monteros por un precio de 74 millones de pesetas; y
en julio se formaliza en documento privado la venta de las parcelas
de Las Lomas del Puerto por 160 millones de pesetas. (Se adjuntan
como documentos 6 y 7 los contratos de venta.) En el convenio firmado
en documento privado se reseñan dos circunstancias. En la exposición
de motivos se da cuenta de que el plan general está aún pendiente de
aprobación definitiva; y en la estipulación cuarta se reseña que el
plan general, aún no aprobado, afecta a unos 5.000 metros cuadrados
de la parcela Lomas del Puerto, que se dedican a equipamientos. Sin
embargo, con fecha 8 de julio de 1999, previamente al convenio
privado, el Ayuntamiento había aceptado compensar nuevamente los
5.000 metros cuadrados afectados por otros equivalentes y contiguos a
los afectados. Estos últimos, aunque son no edificables se cambian de
uso en el nuevo plan general y pasan a ser edificables. La
recalificación prevista -en un plan todavía no aprobado- recae, por
tanto, sobre una parcela propiedad del Ayuntamiento, que remite a
esta recalificación para pagar la compensación debida. Si el plan
general no llegara a aprobarse definitivamente, se aplicaría la
cautela prevista en el convenio de compensación. Así figura todo ello
en escritura pública de permuta de 22 de septiembre de 1999, por la
que se repara el error sufrido por el Ayuntamiento al afectar a
equipamientos íntegramente, unos 5.200 metros cuadrados de la parcela
Lomas del Puerto. La nueva parcela, de igual extensión, está ubicada
contigua y al norte y tiene un valor idéntico al que en el plan
general, pendiente de aprobación, se dedica a equipamientos. Yasí lo
dictamina el 7 de julio de 1999 el agente de la propiedad
inmobiliaria don Segundo Pastor Gómez, en informe que se adjunta en
la escritura de la permuta, y que dejo aquí como documento número 8.

De ello se deduce que el Ayuntamiento de Marbella no recalifica
ninguna parcela perteneciente a la familia Arias-Salgado sino que el
plan general recalifica una de las parcelas, propiedad del
Ayuntamiento, para poder cumplir y pagar el convenio compensatorio de
expropiación.

Octavo. El precio obtenido por la venta de todas las parcelas
entregadas en compensación en 1999 asciende a 234 millones de
pesetas. Recuérdese que el perito designado unilateralmente por el
Ayuntamiento cinco años antes, en 1993, al inicio del procedimiento
compensatorio, las había valorado en 235. 134.400 millones de
pesetas. De todo ello se deduce que el precio obtenido en la venta,
lejos de reflejar un proceso especulativo y abusivo se corresponde
con la valoración pericial hecha cinco años antes. Podría hablarse a
justo título de quebranto patrimonial.

Conclusiones. Primera. No existe ninguna operación urbanística del
ministro de Fomento ni de la familia AriasSalgado.




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Estamos ante un procedimiento de naturaleza expropiatoria de una
herencia familiar que se articula mediante un convenio compensatorio
en el que a modo de justiprecio se compensa a los expropiados con
superficie edificable. La entrega del terreno heredado es forzosa y
no voluntaria aunque el justiprecio sea acordado. Segunda. Es el
Ayuntamiento socialista de Marbella el que en 1991 recalifica la
finca rústica Puerto Rico, le confiere la condición de dominio
público y para compensar el acto expropiatorio le reconoce 20.500
metros cuadrados de superficie edificable. El Ayuntamiento socialista
adopta el acuerdo el 23 de julio de 1991. Tercera. En ningún momento,
ni con el Ayuntamiento del PSOE ni con el Ayuntamiento del Grupo
Independiente Liberal se produce una permuta de terreno no edificable
por terreno edificable. La permuta se produce entre un terreno al que
el equipo municipal socialista ha reconocido un volumen de
edificabilidad equivalente a 20.500 metros cuadrados de superficie
edificable y unas parcelas con volumen de edificabilidad equivalente.

La permuta es el mecanismo que el Ayuntamiento utiliza para pagar en
especie el justiprecio por un acto de expropiación que no puede pagar
en dinero. Cuarta. El convenio compensatorio se acuerda en 1993,
cuando el PSOE gobierna en España y el PP está en la oposición, lo
que excluye la posibilidad de cualquier actuación indebida desde el
Gobierno. Es más, cuando el que les habla es nombrado ministro de
Fomento el convenio compensatorio está firmado y no sufre ya ninguna
modificación posterior que no estuviese prevista en su propio texto.

Quinta. El procedimiento es lento. Comienza en 1990, se reinicia en
1991 y sigue hasta 1999, casi 10 años, lo que excluye cualquier
intervención destinada a obtener un trato privilegiado. Sexta. El
procedimiento seguido es plenamente ajustado a derecho. Nadie ha
hecho imputación alguna de ilegalidad. Séptima. El precio que se
obtiene por la venta de las parcelas entregadas en compensación es
igual al valor asignado a la finca expropiada, lo que excluye
cualquier imputación de enriquecimiento, ni lícito ni ilícito, ni
justo ni injusto, simplemente no hay enriquecimiento porque no se
obtiene más de lo que se tiene, ni menos aún pelotazo, afirmación
utilizada por la cadena SER en términos ofensivos, descalificadores
y calumniosos; mi familia no quería vender la finca. Octava. En ningún
trámite del procedimiento expropiatorio se obtiene mejora o ventaja
con respecto a la situación inicial. Ni con respecto a la situación
inicial decidida por el ayuntamiento socialista ni con respecto a la
nueva situación inicial decidida por el ayuntamiento del Grupo
Independiente Liberal. La prueba irrebatible radica precisamente en
que el precio de venta obtenido en 1999 coincide con la valoración
hecha en 1993 por el perito designado unilateralmente por el
Ayuntamiento de Marbella. Por tanto, aún en el supuesto sin
fundamento de que se afirme que se han hecho recalificaciones
ventajosas, como afirman las informaciones de la SER y del diario El
País, lo cierto es que no han mejorado el precio final obtenido en
relación con la valoración pericial. Noveno. El Ayuntamiento de
Marbella en ningún momento recalifica ninguna parcela de la familia
Arias Salgado ni del ministro de Fomento. El Ayuntamiento de Marbella
prevé y decide cambiar el uso de parcelas de su propiedad a través
del Plan general de ordenación urbanística para poder pagar a modo
de justiprecio la compensación convenida en el procedimiento de
naturaleza expropiatoria. Y, décima. En ningún momento el que les
habla, ni antes ni después de ser nombrado ministro, ni directa ni
indirectamente, ni por sí ni por persona interpuesta, ha tenido la
más mínima intervención en el procedimiento. Constituyen, por tanto,
falsedad todas las informaciones que afirman o inducen a pensar al
lector o al oyente que el ministro de Fomento ha negociado con el
Gobierno municipal del Ayuntamiento de Marbella. Durante los diez
años que dura el procedimiento el asunto ha sido llevado con plenitud
de poderes por uno de mis hermanos.

Eso es todo, señorías. Todo lo demás es una auténtico montaje, un
montaje calumnioso, producto de una práctica política indigna,
atentatoria al derecho al honor y esta es la razón por la que esta
misma mañana se ha presentado una demanda por mis hermanos y por mí
contra la Cadena SER y contra los responsables de la información
difundida a través de la cadena y después por periódicos del mismo
grupo de comunicación. Yo, señorías, a partir de este momento, reto a
la Cadena SER y al diario El País a que publiquen íntegramente las
conclusiones de dicho informe, sin entrecomillados, sin
deformaciones, sin comentarios introducidos; a ver si tienen la
valentía, después de haber puesto en marcha una información
claramente calumniosa, de dar publicación íntegra a las conclusiones
del informe que acabo de transmitir a SS.SS. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto es el autor de la
siguiente solicitud de comparecencia. En su representación le damos
la palabra al señor López Garrido.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia, que ha convertido al final en un alegato contra un
medio de comunicación. Da la impresión de que esta comparecencia se
pidió sólo por usted (en la Cámara los diputados de Nueva Izquierda
hemos pedido también su comparecencia), para desde esta tribuna
lanzar otra vez un ataque furibundo a un medio de comunicación, que
ha relatado toda una serie de hechos que en cuanto a sus aspectos
formales se parece bastante a lo que usted nos ha contado hace un
momento acerca de fechas y personas implicadas en todas estas
decisiones administrativas; por tanto, nos parece que se trata de una
información que correspondía al hecho en cuestión y que otra cosa es
la valoración que se hace sobre esos hechos. La nuestra, lógicamente,
es distinta a la que usted parece extraer de su comparecencia.

En cuanto al relato de hechos, me va a permitir que destaque algunas
cuestiones. Efectivamente, en 1990 hay un pleno del Ayuntamiento de
Marbella que decide la ocupación de la finca Puerto Rico a cambio de
otras propiedades; se pretende ejecutar ese procedimiento a cambio de
otras propiedades, me parece que se llaman Los Nagüeles. En 1991
preside el Ayuntamiento de Marbella don Jesús Gil y Gil, cambian las
circunstancias de un acuerdo que usted y su familia tenían. Por
cierto, otra de las cosas curiosas es que usted derive la
responsabilidad hacia uno de sus hermanos en cuanto a la gestión de
estas acciones, dado que claramente él actuaba como un administrador
de un propietario que no estaría evidentemente en la inopia sino que



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sabría constantemente qué era lo que se estaba haciendo; por tanto,
deseo de sacar de sí esa responsabilidad no tiene ningún sentido. En
todo este proceso existen responsables y, desde luego, usted es uno
de ellos, puesto que es el propietario, que utilice o no un gestor a
ese respecto me parece que es secundario. Por cierto, usted es el
propietario más importante porque me parece que son tres hermanos los
que poseían esos terrenos y usted es el que poseía la mitad.

Llega el Ayuntamiento de Jesús Gil y Gil, cambian las circunstancias
y algo que podía haberse llevado a cabo, ejecutando aquello que se
previó en el acuerdo con el Gobierno socialista, no se hace y se
inicia una negociación con el equipo de Jesús Gil y Gil, personaje
muy conocido en ámbitos urbanísticos, políticos y deportivos y sobre
el cual recaen en estos momentos entre 50 y 100 querellas por temas
que tienen que ver con tráfico de influencias, corrupción
urbanística, etcétera. En ese momento hay una situación en la que
entra la familia Arias Salgado a negociar con Jesús Gil y Gil sobre
qué hacer en relación con la finca Puerto Rico. Hay un acuerdo final
que se adopta el 16 de diciembre de 1993. En ese momento el
Ayuntamiento acepta la negociación a la que se ha llegado y lo mismo
hace la familia Arias-Salgado con una condición que se establece, que
es una recalificación de zonas verdes. Usted hace mucho hincapié en
que el Ayuntamiento no recalificó terrenos de propiedad de la familia
Arias-Salgado; por supuesto que no. El Ayuntamiento lo que hace es
que cuando Jesús Gil y Gil negocia con la familia le dice: yo le voy
a dar a cambio de la finca Puerto Rico unos terrenos de menor
cantidad territorial, pero para que valgan más yo me comprometo
a recalificarlos y a elevarlos, por tanto, de precio. La forma es
distinta que si sobre uno de sus terrenos recalificase el
Ayuntamiento, pero los efectos son exactamente los mismos. Se trata
de terrenos que serán suyos y el Ayuntamiento se compromete a
recalificarlos cambiándolos de zona verde y escolar, que parece ser
que era el uso al que iban destinados, a zona edificable, por tanto,
con un objetivo de revalorización especulativa, no porque fuera
necesario para el pueblo de Marbella, porque esos terrenos iban a ser
para usted, sino simplemente porque para pagarle en contraprestación
el Ayuntamiento utiliza arbitrariamente esas competencias y dice que
va a recalificarlo. Lo recalifica en beneficio de usted, no para
beneficio de Marbella. Ahí existe una negociación por la cual el
Ayuntamiento de Marbella decide beneficiar a una persona o personas
privadas utilizando terrenos que en ese momento eran del pueblo de
Marbella. Esa es una situación que se produce en 1993 cuando esas
ofertas mutuas llegan a la culminación. En ese momento usted no era
todavía ministro, era diputado, y se produce esa confluencia de
intereses entre Jesús Gil y Gil, Ayuntamiento de Marbella y la
familia Arias Salgado. Pero una de las condiciones que hay ahí,
porque ustedes no habrían aceptado otra cosa, es que se recalificaran
esos terrenos. Ustedes sabían que esos terrenos eran zona verde y
aceptan que el Ayuntamiento los recalifique para pagarles, quitando
esa zona verde, quitando esa zona escolar y convirtiéndolos de forma
arbitraria y para un objetivo puramente privado en unos terrenos
edificables.

Desde comienzos de 1996, usted es ministro de Fomento, el Ministerio
que se ocupa de la ordenación del territorio, el que más tiene que
ver con el urbanismo, el Ministerio
y el ministro que más cuidado han de tener con sus actividades
públicas o privadas cuando afectan al urbanismo o a la especulación
de terrenos.

Ya el 19 de diciembre de 1996 hay una sustitución de las dos fincas
de Golf Río Real por una en Los Montoros, la llamada finca 34. En
1997 se aprueba el plan general y el 6 de marzo de 1998 de pronto, no
se sabe por qué el plan aprobado en 1997 se acelera; el Ayuntamiento
le comunica a usted oficialmente el mismo día que esos terrenos se
han recalificado, como ustedes querían, y se eleva a escritura
pública el convenio entre la familia Arias-Salgado y el Ayuntamiento
de Marbella con una cláusula de salvaguarda que dice exactamente: las
partes convienen en que, en el supuesto de que el Plan general de
ordenación urbana de Marbella o las modificaciones al mismo no fueran
aprobadas en los términos de volúmenes edificables recogidos en el
convenio, el Ayuntamiento de Marbella compensará a los señores Arias-
Salgado inmediatamente con otras superficies y volúmenes equivalentes
de común acuerdo. Hay una cláusula de salvaguarda porque,
seguramente, en ese momento ustedes sospechaban -usted tenía
información al respecto a través del Ministerio- que el plan general
podría ser suspendido por las enormes irregularidades que contenía.

Efectivamente, así sucede en el año 1998: el plan general termina
siendo suspendido por la Junta de Andalucía. Es decir, siendo usted
ministro de Fomento hubo una negociación con el señor Gil y Gil para
acelerar la formalización de los acuerdos, para elevarlos a escritura
pública y para introducir una cláusula de salvaguarda, que no es muy
habitual y que prevé lo que podría suceder en el futuro y
efectivamente sucedió: que se suspenda el plan general.

Al año siguiente, existe otro acontecimiento al que usted no se ha
referido para nada en su intervención y que me gustaría que aclarase.

Me parece que ocurrió el 17 de agosto -sobre esas fechas- en los
presupuestos de inversiones del Ayuntamiento de Marbella -tengo aquí
la copia de ese documento-. Esta hoja que tengo aquí se llama tipo de
inversión: sistemas generales de áreas libres (SGAL). En este
documento dice que el Ayuntamiento de Marbella prevé que el
Ministerio de Fomento aporte este año 53 millones de pesetas a la
zona de referencia SGAL 17, es decir, esos terrenos que eran suyos,
que fueron heredados por su familia y permutados con el Ayuntamiento
de Marbella. Justo unos meses después, cuando se ultima la operación
con el Ayuntamiento de Marbella y se formaliza el convenio, aparece
en los presupuestos del Ayuntamiento que el Ministerio de Fomento
destina 53 millones de pesetas a esa zona que será un merendero,
parque o algo por el estilo. No es normal que el Ministerio de
Fomento, en vez de hacer carreteras y grandes inversiones en obras
públicas, destine 53 millones de pesetas para mejorar un merendero de
una zona que corresponde a dominio público del municipio de Marbella.

Esa inversión un tanto curiosa o extraordinaria del Ministerio de
Fomento, destinada justamente a ese terreno, es otro elemento que nos
gustaría que aclarase. En el verano de este año se redondea ese
convenio que su familia y usted firmaron con el señor Gil, quedando
ratificado aun cuando sigue suspendido el Plan general de ordenación
urbana.

Los diputados de Nueva Izquierda hacemos las valoracionesque le diré
a continuación; valoraciones que explican



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que esto sea un elemento de importancia informativa, por ejemplo, y
que haya una comparecencia suya en esta Cámara a petición propia y a
petición de los diputados. Primero, usted llega a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Marbella, cuando está regido por el señor Gil, que
sustituye al que hubo cuando el Ayuntamiento estaba dirigido por un
gobierno socialista. En la acción del Ayuntamiento y en la
negociación con ustedes hay actividad especulativa. El Ayuntamiento
utiliza arbitrariamente sus competencias y se compromete a
recalificar unos terrenos que serán suyos en el futuro. A lo mejor
formalmente no eran suyos, pero luego, en la práctica, es igual; como
dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo pero es igual. Hay un
compromiso y una actividad especulativa conocida por ustedes, que va
a realizar el Ayuntamiento sobre sí mismo; pero el señor Gil está
acostumbrado a eso y a mucho más. Los beneficios previsibles, por las
informaciones que tenemos, no son para nada los que usted ha
presentado. El valor del metro cuadrado en las zonas de los terrenos
que el señor Gil le va a dar a usted no está en las 16.000 pesetas
que resultarían del cálculo de los 235 millones de la permuta, sino
en torno a las 60.000 pesetas/metro cuadrado, como poco. Eso es lo
que dice la gente que entiende de valoraciones en esa zona, en la
llamada milla de oro de Marbella.

Segundo -y voy terminando, señor presidente-, después del acuerdo de
1990, después de la previsión de un beneficio que podría llegar a mil
millones de pesetas -lo que comúnmente se llama pelotazo-, usted
negocia con Gil y Gil; incluso después de ser nombrado ministro de
Fomento, sigue negociando con él; negocia elevar a escritura pública
el acuerdo de un convenio y la introducción de un cláusula de
salvaguarda. Usted no tiene la precaución de distanciarse nítidamente
de esa operación y se mezcla en un convenio con una persona como Gil
y Gil, que es el símbolo de la corrupción urbanística en España.

Tanto es así, que incluso ustedes promueven que lugares donde pueda
gobernar Gil, como Ceuta y Melilla, pierdan competencias urbanísticas
en favor de la Administración central. Esa persona considerada de tal
catadura y por la que se toma esa decisión -está en la Ley de
acompañamiento de este año, en el artículo 64, que dice: la
aprobación definitiva del Plan general de ordenación urbana de esas
ciudades (se refiere a Ceuta y Melilla) y de sus modificaciones o
revisiones competerá al Ministerio de Fomento- se convierte en su
socio de convenios urbanísticos en Marbella. Le extraña a usted que
sea objeto preferente de información que el ministro de Fomento
llegue a ese acuerdo y negocie con Gil y Gil. Podrían haberse
limitado a aplicar lo que acordaron in illo tempore y, sin embargo,
entran en una negociación con esa persona y siguen negociando.

Tercero, es claro que en el momento que es usted nombrado ministro de
Fomento -y aquí no vamos a entrar en subjetividades-cambia
absolutamente su situación en relación con cualquier operación
urbanística que tenga más o menos visos especulativos, en la que
usted se beneficiará de determinadas permutas, negocios y convenios
con un ente como el Ayuntamiento de Marbella. Usted era ministro de
Fomento e implica a ese cargo en esa operación; es decir, su
presencia como ministro de Fomento provoca que esa operación tenga
unas características diferentes que no tendría si no fuese ministro
y, en consecuencia,
lógicamente uno puede sospechar que ha habido información
privilegiada, tráfico de influencias, presencia de ese cargo,
ostentación de ese cargo para que vaya mucho mejor y se favorezcan
mucho más esas operaciones. Usted no hace nada por salirse de ahí,
usted no hace nada para que le pase lo que se dice de la mujer del
césar, y se introduce esa famosa cláusula de salvaguarda en esa
negociación que se hace en una escritura cuando usted es ministro de
Fomento. Ala vez,...




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego que termine.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Ya termino, señor presidente.




Quiero que me aclare qué pasa con esos 53 millones de pesetas
destinados a ese fin de esa finca SGAL-17 del Ministerio de Fomento.

La reacción, por último, es, por una parte, la de decir que ese medio
de comunicación al que se ha referido manipula y oculta información,
se querella contra él y parece que se va a querellar contra un
locutor de ese medio también y, a su vez, recibe el apoyo inestimable
del señor Piqué, que dice que todo el Gobierno apoya al señor
AriasSalgado (es curioso que un Gobierno apoye determinadas
actividades privadas de una persona que pertenece a ese Gobierno; es
una cosa insólita en este país) y, además, lanza un ataque furibundo
a un medio de comunicación y al grupo Prisa en general, del que
depende ese medio de comunicación, que significa, en última
instancia, un ataque furibundo a la libertad de expresión (Rumores.-
El señor Pons Franco: ¡Qué barbaridad!), y eso significa algo muy
grave en un Gobierno que viene, respecto de ese medio de
comunicación, atacándolo desde que empezó esta legislatura y, por
tanto, no es una novedad que esto, al final de la legislatura,
suceda.

Por último, señor ministro, y sin entrar en subjetividades, esto que
se llama el conflicto de intereses,...




El señor PRESIDENTE: Señor López-Garrido, lleva usted siete minutos
de más.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.




Según lo que se llama conflicto de intereses, esta actuación es
merecedora, sin duda, una vez más, de una dimisión por su parte. No
es una dimisión por Telefónica, por las autopistas, por los
aeropuertos, por Correos, por las inversiones sectarias que han
denunciado unos ingenieros de caminos, etcétera; es una necesaria
dimisión, que vendría muy bien sin duda a su Gobierno y a su grupo de
cara a las próximas elecciones, por especulación o connivencia con
especulación inmobiliaria de la mano de una persona muy destacada en
el campo de la corrupción inmobiliaria y que usted no ha tenido el
pudor, el prurito, de mantener a distancia, y también por la
implicación en ello, inevitable, objetiva y con independencia de sus
intenciones, de la existencia de un cargo como es el de ministro de
Fomento, que es el ministro de la ordenación tributaria, es el
ministro de urbanismo. Por tanto, es especialmente grave esa
conducta, esa relación en alguien que tiene que encarnar la legalidad



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total y la apariencia de la legalidad, no solamente la legalidad, la
ética y la apariencia de la estética en ese tipo de actuaciones.




El señor PRESIDENTE: A continuación, damos la palabra al señor
ministro, puesto que se trata de dos comparecencias: una por el
artículo 203 y otra por el artículo 44, que es el turno de palabra
que ha utilizado el autor de la comparecencia en este momento.

El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo lamento
su intervención, señoría, de verdad. Como catedrático de derecho
constitucional y como diputado de esta Cámara, usted sabe que muchas
de las cosas que ha dicho no son ciertas.

Yo no he lanzado en mi intervención ningún ataque furibundo a ningún
medio de comunicación. Ahora, usted sí ha hecho una defensa furibunda
de un medio de comunicación y, por tanto, no sé en estos momentos
cuál es el nivel de su representación. (Rumores.) Eso como primera
afirmación.




Segundo, señoría, usted ha venido a recoger literalmente todas las
informaciones, sin añadir ni comentar nada, que han dado tanto la
Cadena SER como el diario El País. Me voy a permitir trasladarle el
ejercicio de análisis que yo he hecho con esa información, porque,
como usted sabe muy bien, se puede incurrir en falsedad por
ocultación o por deformación; yo le voy a relatar las falsedades por
ocultación y por deformación en que han incurrido esos medios de
comunicación y en las que ha incurrido S.S., repitiendo literalmente
lo que ellos han dicho.

Primera falsedad por ocultación. Se oculta o se deforma que no
estamos ante una operación urbanística, sino ante un procedimiento de
naturaleza expropiatoria, que supone la pérdida forzosa de una
herencia familiar que no se quiere vender. Usted omite
permanentemente que hay una familia que está siendo expropiada y que
todo el procedimiento es para fijar una compensación como
justiprecio. Es impropio de un jurista haber omitido que estamos en
el seno de un procedimiento expropiatorio, señoría; es impropio,
y añadiría, es indigno. Usted no puede ocultar que se trata de la
negociación de un justiprecio provocada por una expropiación; eso no
lo puede usted ocultar y, sin embargo, lo ha intentado ocultar a lo
largo de toda su intervención, porque todas las cosas que usted dice
adquieren otro sentido, si no se oculta el dato de que se está
negociando un justiprecio.

Segunda falsedad por ocultación. Se oculta o se deforma que, en puro
rigor, no hay en ningún momento una permuta de terreno de nulo valor
por ser modificable por un terreno edificable; Esa es otra falsedad.

Hay una permuta de un terreno, con 20.500 unidades de
aprovechamiento, equivalentes a 20.500 metros cuadrados de superficie
edificable, por unas parcelas con menor superficie edificable como
compensación por la inclusión de la finca expropiada en el sistema
general de áreas libres; inclusión que supone, señoría, un acto
expropiatorio, porque la finca pierde su condición de propiedad
privada para pasar a ser de dominio público, y esa premisa, señoría,
explica después por qué hay que continuar negociando cualquiera que
sea el
equipo municipal gobernante, porque a nadie se le puede exigir que
renuncie a su patrimonio familiar, y lo que se negocia con el
Ayuntamiento de Marbella es la restitución del patrimonio familiar
expropiado -tiene facultades para ello- por una Administración
pública.

Tercera falsedad por ocultación. Se oculta o se deforma que las
compensaciones acordadas por el Ayuntamiento socialista de Marbella
en 1991 son, en superficie edificable, más beneficiosas que las
acordadas por el equipo del Grupo Independiente Liberal. Y yo le
digo, señoría, nosotros pedimos al Ayuntamiento de Marbella,
cualquiera que sea su equipo gobernante, que aplique las
compensaciones acordadas en el año 1991; no deseamos otras.

Cuarta falsedad por ocultación. Se oculta o se deforma que las
recalificaciones que hace el Ayuntamiento de Marbella no recaen sobre
parcelas de la familia Arias-Salgado -insisto en ello-, sino sobre
parcelas propiedad del propio Ayuntamiento, que recalifica terreno, a
través de modificaciones del plan general, para poder pagar las
compensaciones acordadas y a que viene obligado a modo de
justiprecio. Yo no puedo entrar en la forma en que el Ayuntamiento va
a pagar, señoría, porque eso no lo negocia el Ayuntamiento. Él
acuerda pagar en la forma que puede y pone encima de la mesa unas
parcelas, que están contempladas de una determinada manera en el Plan
general de ordenación; la otra parte está negociando en un
procedimiento forzoso, señoría, no en un procedimiento libre de
negociación.




Quinta falsedad por ocultación. Se oculta o se deforma que todo el
procedimiento es plenamente ajustado a derecho.




Sexta falsedad por ocultación. Se oculta o deforma que el precio
obtenido en 1999 por la venta de las parcelas dadas en compensación,
es idéntico a la valoración pericial encargada cinco años antes,
unilateralmente, por el Ayuntamiento de Marbella y que, por tanto, no
hay enriquecimiento; se oculta que no se obtiene más valor de lo que
ya tiene. Porque usted podrá decir lo que quiera, señoría. No se
puede hablar de la gente que más o menos sabe aquí, en una
intervención parlamentaria, para hacer inmediatamente después una
imputación. Yo presento los dos dictámenes periciales que encarga el
Ayuntamiento de Marbella; aporte usted otros dictámenes periciales de
signo contrario: Además aporto las escrituras de venta de los
terrenos. Por tanto, quien diga que se puede obtener más dinero, que
lo demuestre. En los precios de venta otorgados conseguidos y, por
tanto, acreditados en los documentos, tanto en escritura pública como
documento privado, el precio obtenido es el que es, y cualquier otro
que se quiera aportar es una pura especulación y, además, se hace con
intención calumniosa. Es tener intención calumniosa hacer una
valoración que trata de inducir a pensar que se ha producido un
enriquecimiento. Señoría, las parcelas están ya vendidas y el precio
obtenido es exactamente de 235 millones de pesetas.

Séptima falsedad por ocultación. En la información se alude
constantemente al ministro de Fomento, incluso al referirse a
trámites y momentos del procedimiento compensatorio en los que el que
les habla no era ministro de Fomento, y se oculta así que no pudo
intervenir para nada en dicho procedimiento compensatorio, como
permanentemente se quiere sugerir en la información comentada y



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como, en el fondo, ha reiterado usted aquí indignamente, se lo digo
así, poniendo siempre como primer sujeto al ministro de Fomento y no
a la familia Arias-Salgado, que es muy distinto. Cuando el que les
habla es nombrado ministro de Fomento, el convenio compensatorio está
ya firmado y no experimenta ningún cambio posterior que no estuviese
contemplado en su propio texto.

Octava falsedad por ocultación. Se oculta que el ministro de Fomento
en ningún momento negoció nada, ni con el Ayuntamiento socialista, ni
con el Grupo Independiente Liberal, ni con su presidente ni con el
alcalde de Marbella. La administración del patrimonio familiar la
lleva con plenitud de poderes uno de los hermanos de quien les habla,
eso no es trasladar la responsabilidad; cuando se otorga plenitud de
poderes a un representante es justamente porque no se quiere
intervenir en el procedimiento, y naturalmente el patrimonio es
familiar y en régimen de pro indiviso, circunstancia que para usted
no existe pero que naturalmente tiene unas consecuencias.

Usted da mucha importancia al cambio de equipo municipal y a que eso
produce una situación más ventajosa para la familia Arias-Salgado.

Eso es falso, no se produce una situación más ventajosa. En primer
término, estamos en un procedimiento expropiatorio y forzoso, donde
no hay en sentido estricto una negociación, salvo en lo que afecta al
justiprecio. El Ayuntamiento, el nuevo equipo municipal decide
eliminar las compensaciones acordadas por el Ayuntamiento socialista,
y lo decide unilateralmente, pide que se negocien otras distintas,
cosa que se empieza a hacer y, finalmente, después de varios años, se
llega a un acuerdo en el que el volumen edificable de las parcelas
que se entregan en compensación como justiprecio es tres veces menor
en metros cuadrados que el acordado por el Ayuntamiento socialista.

Por eso le digo yo aquí y ahora, sin ningún problema, que se vuelva a
las compensaciones del Ayuntamiento socialista, ahora mismo. Las
compensaciones del Ayuntamiento socialista eran más favorables que
las que acordó el equipo municipal del Grupo Independiente Liberal,
porque acordó mucha más superficie edificable. Es un dato objetivo
que está en el acuerdo del ayuntamiento socialista de 1991. Usted,
señoría, ha incurrido en otras afirmaciones que no quiero continuar
calificando pero que son impropias de un jurista que es catedrático
de derecho constitucional, porque de esa condición, señoría, no se
puede olvidar usted aunque sea diputado y ejerza una función de
representación política. Usted ha dicho que yo soy el ministro
competente en materia de urbanismo, y yo le digo que el urbanismo
está transferido a las comunidades autónomas y que la única
modificación de esa situación está precisamente en la Ley de
acompañamiento, atribuyendo al Ministerio de Fomento la aprobación
última de los planes de ordenación de Ceuta y Melilla. Pero el
Ministerio de Fomento en estos momentos no tiene ninguna competencia
en materia de urbanismo, y usted lo sabe, y usted ha venido aquí a
afirmarlo con una intención que yo no quiero continuar calificando
pero que es impropia de S.S. e impropia de un catedrático de derecho
constitucional.

Ha incurrido usted en una notable contradicción. Si el plan general
tiene que ser finalmente aprobado por la Junta de Andalucía y usted
me atribuye a mí buena información, lo lógico es que yo hubiera
tenido posibilidades de entrar
en las parcelas compensatorias, pero no he tenido ninguna
posibilidad, ni yo ni mi familia, porque las parcelas compensatorias
las pone encima de la mesa el Ayuntamiento y usted las toma o las
deja; si no las toma, tiene que ir usted a los correspondientes
recursos contencioso-administrativos, pero no hay ninguna libertad de
negociación. Por eso las cláusulas de garantía que se incluyen en el
convenio compensatorio y en la escritura pública tienen una lógica
aplastante. No está aprobado el plan general y, por consiguiente,
r el precio de la expropiación puede quedar reducido a cero si el plan
general decide que las parcelas que se entregan como compensación no
valen nada. ¿A quién se le puede exigir eso, señoría? ¿Por qué hay
que renunciar al justiprecio de la expropiación? ¿Por qué? ¿Me lo
quiere usted decir, señoría? Las cláusulas de garantía tienen pleno
sentido; son, a mi juicio, propias e inherentes a determinado tipo de
contratos. Insisto, es el Ayuntamiento de Marbella el que elige el
método de pago, no hay ninguna libertad por la otra parte contratante
para incidir en cuál es el método de pago que utiliza el Ayuntamiento
de Marbella, ninguna libertad, y eso lo sabe S.S.

En el ámbito de las valoraciones, le insisto, es carente de rigor
decir la gente que más o menos sabe de estas cosas. Si usted viene
aquí a acusarme a mí de algo, traiga usted un dictamen pericial y
entonces acúseme. Si no, no cometa la indignidad en la que ha
incurrido. (Rumores.-Protestas.- El señor Blanco López: ¡Es un
insulto!) No cometa esa indignidad, señoría, porque yo en mi
intervención he dicho que las parcelas están vendidas, y usted ha
insistido en que se puede obtener un precio superior, cuando ese
precio superior obviamente ya no es obtenible, y habla usted de miles
de millones de pesetas. Eso es inducir a pensar que hay un acto
especulativo, e incluso un pelotazo, como ha dicho S.S., y eso es
atentar al honor, teniendo en cuenta los datos que yo he puesto
encima de la mesa. Usted no opinó sobre esos datos, usted venía
predeterminadamente a defender una determinada información que está
hoy ante los tribunales de justicia, y yo lamento que lo haya hecho.

Por último, insisto, yo me ocupo muy poco en general del patrimonio
familiar, pero hay una cosa obvia. La Ley de incompatibilidades
autoriza a los altos cargos a ocuparse de la administración de su
patrimonio familiar, y usted lo sabe también. Yo no me he ocupado de
la administración del patrimonio familiar, porque en este caso es un
patrimonio familiar pro indiviso, que administran mis hermanos y que
negocian mis hermanos sin que yo tenga ninguna intervención. Ya sé
que me afecta, obviamente, en sus consecuencias jurídicas, pero el no
intervenir es la actitud correcta. Yo no puedo evitar que el
Ayuntamiento de Marbella ejerza las facultades exorbitantes que tiene
como Administración pública, y usted las conoce, señoría, ni que se
administre correctamente un patrimonio familiar en régimen de pro
indiviso. Es lo que yo le pido que reconozca S.S., y que no
contribuya a la difusión de una información que usted sabe que tiene
ribetes calumniosos. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Al solicitar la palabra el señor ministro, que
puede hacerlo en cualquier momento del debate, como dice el
Reglamento, nos ha cambiado el orden que habíamos establecido para
combinar las dos formas de debate de dos comparecencias. Así ha sido
y, por



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tanto yo le tengo que dar la palabra, como es lógico, al señor López
Garrido para que replique. Repito que, al pedir la palabra el señor
ministro, de acuerdo con las facultades que le otorga el Reglamento
de pedirla en cualquier momento, cambia el orden del debate que
habíamos previsto para combinar dos formas de comparecencia, y
después los grupos tendrán otra vez la facultad de intervenir, como
es lógico, y también la de replicar.

El señor López Garrido tiene la palabra.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Yo quisiera empezar a su vez lamentando el
tono del señor ministro al responder a mi intervención. Yo no he
hecho una intervención insultando de la forma en la que usted lo ha
hecho, sino valorándolo como hecho político grave y merecedor de
responsabilidad política, y diciendo además que, sin entrar en
subjetividades e intenciones, pero objetivamente, en esta Cámara, que
no es un tribunal de justicia donde hay que venir prevaliéndose de
pruebas, de dictámenes, de documentos, etcétera, usted no puede
exigirme que iniciemos un procedimiento casi penal, con fiscales, con
abogados y demás, para que usted responda de ese tema dentro de siete
u ocho meses.

Por lo tanto, le agradecería que retirase esa expresión de
indignidad, que me parece que está absolutamente fuera de lugar, y
eso sí que es un insulto fuerte que significa muy poca actitud
democrática de aceptar lo que es un debate parlamentario y lo que es
el control parlamentario del Gobierno, cosa que este Gobierno
desgraciadamente soporta muy mal, porque el hecho de que los grupos
parlamentarios, por ejemplo, el mío, le hayan pedido que venga usted
aquí -usted lo ha hecho por sí mismo-, le da la oportunidad de que
públicamente pueda defenderse de eso que considera usted imputaciones
calumniosas. Eso usted lo considera una especie de deshonor o de
amenaza, y una crítica o una valoración de una actuación del ministro
de Fomento la convierte automáticamente en una actuación indigna de
un parlamentario. Yo creo que no sería digno de los grupos
parlamentarios que ante una información así sencillamente no
quisiésemos que el Parlamento fuese el lugar en donde se viviesen
todas esas informaciones. Así que me gustaría que esa palabra
desapareciese del «Diario de Sesiones», entre otras cosas porque yo
no tengo nada personal contra usted, como usted sabe, y además nos
conocemos hace tiempo, y no ha sido para nada ésta una intervención
personalizada. Sin embargo, la suya sí que ha sido una intervención
personalizada, hiriente e insultante hacia este diputado.

Cuando usted dice esto de las informaciones, las falsedades, las
ocultaciones, yo no veo cuáles son exactamente esas falsedades u
ocultaciones a las que usted se refiere, o que quiera usted hacer que
en un Parlamento nosotros tengamos que ir detallando cosa por cosa, y
en la medida que se nos olvide determinado detalle eso ya se
convierte en una falsedad por ocultación. Dice que esto es una
operación urbanística, es un procedimiento expropiatorio. Nadie ha
dicho que no sea un procedimiento expropiatorio. Se inicia por un
procedimiento expropiatorio, y sin duda forma parte de ello y termina
formando parte de ello una operación urbanística en la medida que hay
un tema de recalificación o de compromiso de recalificación sometido
a un convenio o a un acuerdo. Usted nos quiere convencer de que aquí
hay un diktat, y no es así. Ustedes negocian y convienen, y eso se
llama convenio, y el justiprecio al final es un convenio que se hace,
que se puede decir que sí y se puede decir que no, y ustedes negocian
con el Ayuntamiento de Marbella dirigido por el señor Gil, y negocian
una escritura, donde aparece esa cláusula de salvaguarda, todas esas
cosas se negocian. La prueba es que en la propia escritura dice:
Convienen las partes... (es una expresión absolutamente contractual)
que en el supuesto de que el Plan general de ordenación urbana no
fueran aprobados en los términos..., etcétera, etcétera, el
Ayuntamiento compensará a los señores Arias-Salgado inmediatamente
con otras superficies y volúmenes equivalentes de común acuerdo. Eso
dice la estipulación, me parece que pone tercero, de esta escritura
de elevación a pública del convenio urbanístico otorgado por el
Ayuntamiento de Marbella y la familia Arias-Salgado, de común
acuerdo. Hay un acuerdo, hay una negociación, no es una ley, no es un
decreto que se le impone a alguien, sino que hay una negociación. Por
lo tanto, no entiendo por qué negar que aquí está habiendo una
negociación.

Ajustado a derecho. No es un tema que se haya planteado aquí, no se
ha planteado para nada y me parece que las informaciones tampoco.

Podríamos haber ido a la dimensión jurídica del asunto. Usted ha
sacado como dimensión jurídica del asunto, por cierto, el asunto de
la capacidad de los altos cargos para administrar su patrimonio. No
he querido entrar en un debate jurídico sobre el cumplimiento o no de
la ley, precisamente porque no es ese el debate. Usted sí lo ha
sacado. La Ley 11/1995, de incompatibilidades de los altos cargos
dice en su artículo 4, efectivamente, que las actividades privadas
compatibles son, dice, la mera administración del patrimonio, es
decir, no la disposición sino la mera administración. Pero, -y eso es
lo que hay que valorar en este caso políticamente, yo no he querido
llevarlo a la cuestión jurídica- dice siempre esa ley: En todo caso,
cuando el ejercicio no comprometa la independencia e imparcialidad de
ese alto cargo en el ejercicio de su función. No me dirá que no tiene
nada que ver el ministro de Fomento con la ordenación territorial, y
con temas que tienen que ver directa o indirectamente con el
urbanismo, porque ese Ministerio sí que tiene una presencia muy
evidente en todo lo que se refiere al ámbito urbanístico, aunque haya
transferencia de competencias; tiene más que la ministra de Justicia
o que el ministro de Sanidad; tiene más. No cabe duda de que el
Ministerio de Fomento tiene una especial relación con esas
cuestiones.

Dice usted que también es indigno hablar de que el ministro de
Fomento no era ministro en determinados momentos. Yo no sé cómo
habrán sido esas informaciones, pero yo he sido absolutamente
exquisito a la hora de ir al principio de mi intervención, reflejando
la cronología de los hechos y ha llegado el momento en que dije:
Yahora ya era usted ministro de Fomento. Me parece que lo he dicho
cuando era realidad. Desde luego yo no he confundido para nada el
momento en que usted era ministro y el que no lo era. Apartir de 1996
era usted ministro de Fomento, y en el año 1998, siendo usted
ministro de Fomento, hay una negociación con el Ayuntamiento de
Marbella y hay una cláusula en esa negociación de escritura que habla
del común



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acuerdo, del convenio; hay una negociación. A usted le podrá parecer
magnífico tener una negociación, desarrollar una negociación, porque
no estamos en el campo penal o jurídico, con el señor Gil. Esa es una
valoración suya, permítame usted a mí que me parezca antiestético,
por emplear el más benévolo de los calificativos que se me ocurren,
estar en negociaciones durante tiempo, en que hay elementos de
calificaciones y recalificaciones con el señor Gil, por parte de
usted, que era en ese momento ministro de Fomento. Esa es una
valoración absolutamente subjetiva, y no es indigno pensar que eso no
es bueno, lo mismo que tampoco es indigno que alguien piense de forma
distinta.

Termino, señor presidente, en cuanto al tema de la familia Arias-
Salgado, el ministro de Fomento, etcétera. Por supuesto, es una
cuestión privada, es un patrimonio privado de una familia, pero una
de las personas que están ahí, que no está obligadamente, pues podía
no estar, es una persona que a su vez es ministro de Fomento. No
puede uno desvincularse de eso cuando le interesa. Tiene sus
consecuencias políticas, tiene su implicaciones, es lógico que las
tenga y que la gente se preocupe, porque actividades privadas de un
ministro de Fomento pueden poner en cuestión su independencia,
etcétera; es una cosa natural que se debata en un Parlamento.

Dice usted que no ha gestionado nada. Es una cosa que sucederá en el
ámbito privado de su familia, de quién gestiona o no gestiona. Aquí,
en España, no existe desgraciadamente para la cuestión de los
terrenos lo que sí existe en Estados Unidos, que es la encomienda de
gestión, el aparcamiento de una serie de propiedades, en este caso de
terrenos, para que no haya ninguna duda de que uno no está
aprovechándose de su cargo, en este caso de ser ministro de Fomento,
en una operación privada con un ayuntamiento. Para eso está la
llamada encomienda de gestión, que me parece que no existe en este
caso -no es obligada en España- y me parece que no es la cuestión
aquí. Otra cosa es que si en su caso hay un hermano que se ocupa de
eso más que otros, es una cuestión interna, pero aquí no estamos ante
una regulación jurídica que sería deseable que existiese; lo mismo
que para las acciones también debería existir para el patrimonio
inmobiliario en donde hay también una capacidad especulativa notable,
al mismo tiempo que sucede con el tema inmobiliario.

Termino diciendo que hay una parte fundamental en todo esto que ha
contaminado, a su vez, la cuestión, que naturalmente tendremos que
juzgar aquí. Lo ha dicho en su intervención, destinada a luchar
denonadamente contra las supuestas amenazas que vienen de un medio de
comunicación. Automáticamente viene a decir que yo ya no soy
representante de un grupo parlamentario, de unos diputados o de una
forma de pensar, sino que vengo en representación de un grupo de
comunicación, expresión que, empleando las últimas palabras en donde
ya ha dejado de decir indigno y ha dicho «no quiero calificar». Pues
yo tampoco quiero calificar. Quiero que quede claro que lo mismo que
en esta sesión estamos defendiendo que el Parlamento se ocupe de las
cosas que interesan a la gente, que esté cerca de lo que interesa a
la gente y no lejos, en este caso defiendo la libertad de expresión
de los medios de comunicación, desde luego de ese medio y de
cualquier otro. Es muy importante defender la libertad de expresión
en España. Es una de las cosas que sí hay en España. Hay otras cosas
que no hay o hay menos, pero en España sí que hay libertad de
expresión. Espero que estas palabras suyas, atacando fieramente a un
medio de comunicación que le critica y que valora determinadas cosas,
no sean el inicio de lo que yo juzgaría una grave evolución en su
Gobierno, en su grupo parlamentario o en su partido hacia una lesión
o disminución de uno de los valores fundamentales de la democracia
española que es la libertad de expresión.




El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Comprendo
que el señor López Garrido pueda sentirse molesto por alguna
expresión, pero yo también tengo derecho a sentirme molesto porque
usted ha insinuado que en el marco de un procedimiento expropiatorio,
donde se pierde una propiedad familiar, el resultado es un pelotazo.

Y usted ha utilizado esa palabra. Lo recordará. Está en el «Diario de
Sesiones». Eso es ofensivo, señoría. Si usted quiere que yo retire la
palabra indignidad, estoy dispuesto a retirarla, pero retire usted
también que ha habido un pelotazo de varios miles de millones de
pesetas. Porque si usted continúa afirmando eso sin ningún dato, sin
ninguna prueba, sin ningún documento que permita sostener esa
información, eso es una indignidad. Yo retiraré esta expresión si
usted retira lo que ha calificado usted de operación especulativa que
tiene posibilidades de calificarse como pelotazo.

Yo sí puedo, y tengo el derecho desde mi comparecencia, exigirle a
usted rigor. Me hace mucha gracia que constantemente se esté
distinguiendo entre lo político y lo jurídico, lo legal y lo público
o lo político otra vez, como si fueran cosas muy distintas. Señoría,
el rigor es exigible siempre en cualquier debate político. El Estado
de derecho tiñe todo de juridicidad, y lo sabe usted mejor que yo
como catedrático de derecho institucional, y los debates políticos
también. No se pueden hacer debates políticos al margen de lo que
dicen las leyes cuando se trata de argumentar a favor o en contra de
la legalidad de una actuación. Yo tengo derecho a exigir este rigor
en la valoración de la finca y tengo derecho a exigirle rigor en la
utilización de normas jurídicas que definen una actuación y una
conducta. ¡Claro que tengo derecho! Eso forma parte del debate
político. Es más, yo entiendo el debate político de tal manera que no
pueda entrar nunca en contradicción con el rigor, porque si no, su
señoría degrada el debate político. Resulta que el rigor es una cosa
y el debate político otra. No, señoría. El debate político tiene que
ser riguroso.

Vuelvo a insistir, señoría: No se ha olvidado un determinado detalle
en la información que da lugar a la petición por mi parte de
comparecencia urgente ante esta Comisión. Se ha obviado sistemática e
intencionadamente señalar que todo se produce en el marco de un
procedimiento expropiatorio. Yen el marco de un procedimiento
expropiatorio hay un diktat. Sí señor, lo hay. Es el diktat de lo
toma o lo deja. Su señoría lo sabe. Y en el marco de ese
procedimiento expropiatorio, cada parte hace lo posible, como es
lógico, para obtener la compensación que estima justa. Ese es el
esfuerzo máximo que cabe. Usted sabe, señoría, que hay



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un principio básico en las relaciones entre la Administración pública
y los administrados, que es la desigualdad jurídica de las partes y
las potestades exorbitantes que tienen las administraciones públicas
en sus relaciones con los particulares. No puede poner en pie de
igualdad a unos propietarios privados en sus conversaciones y en su
negociación con una administración pública, porque está usted
perdiendo rigor y faltando a la verdad. Hay una desigualdad de
posición, en la que una parte tiene una posición jurídica
privilegiada y exorbitante, y la otra parte tiene una mínima o nula
capacidad de negociación. Eso es lo que determina un procedimiento
expropiatorio. ¿Por qué se produce el convenio? Porque a la
Administración pública le interesa ir rápidamente, es su interés, y a
los particulares les interesa obtener también, sin los costes que
supone un largo procedimiento judicial, el justiprecio. Esa es la
razón que impulsa a las partes a obtener un acuerdo, pero de ninguna
manera una libre negociación. Si hubiera una libre negociación de
verdad, sin amenaza de expropiación y sin necesidad de tener que
acudir a los tribunales de justicia, los justiprecios tendrían otras
características, como tienen otras características los convenios
privados entre partes iguales.

Dice S.S. que nadie ha puesto en duda la legalidad de todo el
procedimiento y de la actuación, criticando mi afirmación de que todo
el procedimiento es ajustado a derecho. ¡Pero es que eso es muy
importante en el debate político y fuera del debate político! Que
todo el procedimiento sea legal, que todo el procedimiento sea
ajustado a derecho, es un factor político de primera magnitud en un
debate político. Si hubiera habido ilegalidad, no quiero decir las
cosas que habría dicho usted aquí hoy. Luego el ajuste a la legalidad
es un factor de primerísima importancia para calificar las conductas,
señoría. No puede ser de otra manera.

El concepto de mera administración del patrimonio, que está recogido
en la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, es justamente lo que
se produce. Dice usted que no caben actos de disposición. ¡Pero si no
hay ningún acto de disposición! Hay una expropiación. Es el
ayuntamiento el que dispone de los bienes de una familia, no la
familia la que dispone de esos bienes. Por tanto, estamos en el
supuesto de expropiación. El acuerdo sobre el justiprecio es un acto
de mera administración, plenamente legal y conforme a la Ley de
Incompatiblidades de altos cargos, y lo sabe usted muy bien, señoría.

Después, el juego y la utilización del ministro de Fomento, antes de
ser ministro de Fomento y después de ser ministro de Fomento. Es
clarísimo que la información que se ha suministrado sobre este caso
ha pretendido en todo momento, de manera indirecta, relacionar al
ministro de Fomento con la totalidad del procedimiento, tanto cuando
era ministro de Fomento como cuando no lo era. Eso es lo que yo llamo
falsedad por ocultación. Nada les habría costado a los medios de
comunicación decir: En el momento en que se produce todo este
procedimiento, el ministro de Fomento no es ministro de Fomento. Se
obliga al lector a saberlo sin necesidad de reseñarlo en la
información. Eso, señoría, es faltar a la verdad por ocultación,
porque el escándalo se pretende derivar de la calidad de ministro de
Fomento de uno de los hermanos Arias-Salgado. Por tanto hay que decir
cuál es su intervención en todo el procedimiento: cuando no era
ministro de Fomento y cuando
era ministro de Fomento, si es que ha tenido algún tipo de
intervención. Esa es una manera de inducir o sugerir una dimensión
política a un procedimiento expropiatorio que no la tiene.

Fíjese, señoría, cómo el lenguaje le traiciona, una vez más. Ha
acudido usted al ejemplo de los Estados Unidos para referirse a la
llamada encomienda de gestión. Y habla, a continuación, de una
operación privada con un ayuntamiento. Señoría, aquí no hay ninguna
operación privada con un ayuntamiento, hay la declaración de voluntad
de acordar un justiprecio en un convenio que tiene naturaleza
jurídico-administrativa. No hay ninguna operación privada. Estamos en
un procedimiento expropiatorio regulado por el derecho administrativo
y revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa. Eso lo
sabe S.S. No hay ningún convenio privado, hay un acuerdo sobre el
justiprecio que no es privado, pertenece al procedimiento
administrativo de expropiación forzosa. Esto es así, lo debería saber
S.S. y lo debería haber dicho.

Amí las críticas no me molestan, lo que me parece que no es de recibo
es la deformación de la realidad y la falta de veracidad, directa o
indirecta, de determinadas informaciones. Cuando se entrecomillan las
frases, se amputan en su sentido, se sacan de contexto, se sugiere
sin decir, se afirma a medias, se están utilizando técnicas muy
viejas; son técnicas muy viejas y las utilizan sobradamente las
informaciones que han dado lugar a mi comparecencia. He tenido la
oportunidad de trasladárselas a ustedes y leérselas; son una serie de
falsedades por ocultación, falsedades y deformaciones por ocultación
en la información, porque en este procedimiento expropiatorio no hay
absolutamente nada que esté fuera de la legalidad ni que suponga
ningún tipo de enriquecimiento. Si yo le digo a S.S., y está en
escritura pública, que el precio final son 234 millones y le aporto
un dictamen hecho en el año 1993 por un perito en el que el precio de
la finca originaria es 264 millones, verán que no hay enriquecimiento
ni nada que se le parezca. …Esta es la pura realidad y esto es un
montaje, como se va a hacer permanentemente de aquí a las elecciones.

Mire usted, el contrato famoso de Correos ha sido objeto de tres
debates en esta Cámara; en ningún momento nadie ha podido demostrar
que se trate de un contrato lesivo para Correos, nadie, porque es un
contrato altamente beneficioso para Correos. El Grupo Socialista
habla ahora de otros pelotazos; va a hablar del pelotazo de la
operación Chamartín y va a hablar del pelotazo de las autopistas de
peaje. (Varios señores diputados: Sí, sí.) En el ámbito de la
operación Chamartín, operación no concluida... (El señor Blanco
López: Se sale del debate.-La señora Cava de Llano y Carrió: No saben
escuchar.) No; es que el señor López Garrido se ha referido a ellas.

El señor Garrido se ha referido a ellas para, a continuación,
plantear mi dimisión, y eso, señorías, forma parte de una estrategia
electoral, porque no hay ningún pelotazo en ninguno de esos
supuestos. Fíjese hasta qué punto se deforman los hechos que el
cambio que hemos hecho en el derecho de reversión tiene un único
objetivo: evitar que un especulador profesional, ex concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y comprador a bajo precio de
derechos de reversión, los revenda por miles de millones de pesetas,
incrementando el coste de la operación Chamartín, operación



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Chamartín que puso en marcha el Gobierno socialista y en relación con
la cual ha habido una novación de la concesión mucho más favorable
para los intereses del sector público y de los madrileños, porque
prevé 150.000 millones de pesetas en infraestructuras y equipamientos
para el pueblo madrileño. Yen materia de autopistas, las
concesionarias privadas van a invertir por primera vez en España en
carreteras libres de peaje más de 160.000 millones de pesetas;
Señoría, todo esto forma parte de una estrategia electoral y lamento
que en el marco de esa estrategia electoral se haya planteado este
tipo de debate, que pone en tela de juicio la honorabilidad de una
familia, por la forma en que esto se ha planteado, por la forma en
que se ha transmitido y por la forma en que parcialmente se ha
recogido por S.S. en este debate. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones de los
grupos, de mayor a menor, tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Me voy a ceñir a la materia porque
de la operación Chamartín, de Correos y autopistas tendremos
oportunidad de seguir hablando, no lo dude, señor ministro.

Protesto en lo formal, porque no es habitual lo que ha hecho el señor
presidente. Si se acumulan ambas comparecencias, como hemos aceptado
todos los grupos parlamentarios, lo lógico es que el procedimiento
sea el habitual, el que se sigue siempre, no el de doble turno del
señor ministro, con lo cual tiene más ventajas. Pero eso no es lo
importante; yo espero de su benevolencia que me dé el tiempo
suficiente para poder expresarme con claridad y con tranquilidad.




No se merecen, señor ministro, los ciudadanos españoles los continuos
sobresaltos que provoca su gestión, tanto en lo que hace referencia a
lo público como en lo que hace referencia a lo privado. Y, desde
luego, visto su comportamiento aquí esta tarde, pareciera, señor
ministro, que usted considera que vivimos en otros tiempos en los que
determinados apellidos eran intocables. No es así. Esto es un
Parlamento, y en un Parlamento se controla la gestión del Gobierno.

Ylos medios de comunicación, como bien decía el señor López Garrido,
tienen la inexorable obligación de informar a los ciudadanos acerca
de lo que ocurre, especialmente cuando participa en determinadas
operaciones un miembro, y significado, del Gobierno. Ysi se da cauce,
se da excusa y se dan posibilidades a los medios de comunicación ante
la confusión de lo público y lo privado en la que usted incurre, con
mucha mayor razón aún se han de ocupar de estos asuntos. Desde luego,
de mí no lo podrían sacar ni supongo que del señor López Garrido
porque no negociamos con el señor Gil. Por tanto, ese montaje
electoral tiene una base objetiva: su familia. Y aquí utilizamos el
término extenso que entienden todos los ciudadanos, señor ministro:
usted y sus hermanos. Por tanto, usted está involucrado, ha negociado
con el señor Gil, alcalde de Marbella. Ese es un primer dato
objetivo.

Exige usted demasiado. Ha exigido al señor López Garrido venir aquí
cargado de documentos que ratifiquen sus posiciones. Permítame una
sola excursión hacia una de las cosas que ha dicho: Correos. Fíjese
que usted nos ha
hablado aquí en dos ocasiones de un informe, que al parecer usted
tiene, que valora la operación de alquiler de la sede de Correos a la
empresa Monthisa, en Campo de las Naciones, hecho ese informe por
Tinsa. Lo ha dicho dos veces en la Cámara. Se lo hemos pedido en dos
ocasiones, la última el día 15 de diciembre, y al día de hoy usted no
lo ha envíado. Esa es su transparencia. ¿Cómo creer, pues, en la
rotundidad de sus afirmaciones, si tampoco están basadas en documento
alguno? Ahora lo veremos, señor ministro, a lo largo de mi
exposición, y verá usted que del conjunto de críticas y del análisis
de lo ocurrido no me queda más remedio que finalizar solicitándole
que se vaya, que tiene que marcharse por la extremada gravedad de los
hechos que aquí hoy se juzgan. Hechos. Voy a dar por sentados algunos
de ellos, como usted lo ha iniciado: finca no urbanizable -este es un
hecho importante, original- recibida por herencia, Huerta de
Zaragoza, del paraje Puerto Rico, 200.000 metros cuadrados, del 50
por ciento de los cuales usted es propietario -por cierto, en uno de
los comunicados que usted dio el día 19 de diciembre decía que sólo
lo era el 25 por ciento y luego hemos sabido que era del 50 por
ciento-, en una zona con bastantes pendientes y colindante con suelos
forestales. Usted sabe muy bien -no lo ha dicho aquí, y ya empiezo a
dar nuevas informaciones que usted no ha traído a colación en su
intervención- que el Plan especial de protección del medio físico de
la provincia de Málaga, señor ministro, califica ese paraje como
complejo serrano. Por estas circunstancias, físicas y jurídicas, es
un suelo no urbanizable. Además -el Plan general de ordenación urbana
del año 1986 así lo calificó-, es un suelo no urbanizable, ni
siquiera, señor ministro, atendiendo a los criterios extensivos de su
legislación, la de su Gobierno. Usted ha dicho que no es responsable
en materia de urbanismo pero, ¿no es usted responsable de la
regulación básica de las normas del suelo? ¿No es usted responsable
para proponerla a esta Cámara? Usted tiene la mayoría. Ni siquiera
con su Ley 6/1998, que pretende hacer todos los suelos urbanizables,
como usted sabe, se podrían calificar de urbanizables los suelos
originarios que traen causa del problema del que hablamos.

Efectivamente, el acta de la sesión ordinaria celebrada por la
Corporación municipal de Marbella el 23 de julio de 1990 -yo también
voy a dar, señor ministro, documentos que he repartido a los medios
de comunicación, y también voy a pedir a los periódicos y radios que
informan adecuadamente que expliquen a los ciudadanos los documentos
que yo voy a dar aquí esta tarde- determina que una vez que el plan
del año 1986 calificó esta propiedad como sistema general de áreas
libres, se debe establecer una compensación. Atención, señor
ministro, porque insistentemente -y no es lo más importante- ha
estado usted haciendo referencia a un procedimiento expropiatorio,
y no es así. No es así.

No existió nunca expediente expropiatorio. ¿Se lo explico, señor
ministro, con la ley en la mano, con la ley vigente en aquel momento?
Pues porque la obtención de sistemas generales de áreas libres, como
lo que ocurrió con la finca que usted y sus hermanos heredaron, de
acuerdo con la Ley del Suelo vigente en aquel momento se puede
realizar por dos procedimientos: el de expropiación, que no es el
caso porque no hay procedimiento expropiatorio, y el



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de ocupación directa mediante el procedimiento de compensación,
compensando a quien pierde su terreno para uso dotacional con suelo
en zonas con exceso de edificabilidad, que es lo que a usted le
ofreció el ayuntamiento socialista en aquel momento y que usted
aceptó. Cuando hablo de usted, permítame que utilice el singular
refiriéndome en este caso al conjunto de sus familiares.

Señor ministro, hay que advertir que cuando a ustedes les hacen la
propuesta de compensarles con aprovechamientos en la zona de Los
Nagüeles no se hace una valoración económica, puesto que la ley no lo
exigía, sino que lo que se hace es compensarles en unidades de
aprovechamiento y ustedes aceptan el acuerdo. Por cierto, ha dicho
varias veces -primer documento que también he repartido a los medios
de comunicación- que los terrenos se valoraron en 235 millones de
pesetas y ¡atención! esa valoración se hizo en el año 1995 con el
señor Gil como alcalde de Marbella y no en 1990. En el año 1990,
señor ministro, no hay valoración económica sino una propuesta de
compensación en unidades de aprovechamiento en la zona de Los
Nagüeles que ustedes aceptan. Sin embargo, el 16 de diciembre de
1993, aceptado por ustedes, el Ayuntamiento de Marbella -y aquí tengo
el acta- propuso un convenio firmado personalmente por el señor Gil.

¡Qué casualidad!, firmado por Gil, que es el rey de los convenios,
cuyo ayuntamiento ha firmado más de 400 y él personalmente no ha
firmado casi ninguno. Yo le reto a que me presente los convenios
firmados en persona, no por delegación, por el señor Gil. Pues bien,
éste lo fue. El señor Gil firmó con el representante de sus
intereses, con su hermano, un convenio mediante el cual se anulaba el
del año 1990 y se modificaban las compensaciones obteniendo nuevos
terrenos en Lomas del Puerto, Los Monteros y Golf Río Real, y dejaban
sin efecto el acuerdo compensatorio anterior, de 23 de julio de 1990.

Esto se firmó el 16 de diciembre de 1993 y al día siguiente, 17 de
diciembre, no siendo tampoco habitual que el señor Gil presida el
pleno del ayuntamiento, se somete el convenio a consideración del
Ayuntamiento de Marbella. La oposición no tiene noticia de este
convenio, ni siquiera se le da la posibilidad de estudiarlo, por lo
que en consecuencia, además de que el grupo municipal socialista no
compartía la modificación establecida, los tres concejales del grupo
PSOE-Andalucía votaron en contra de la ratificación y modificación
del convenio al que sistemáticamente vengo haciendo referencia.

Además, señorías, los nuevos terrenos en Lomas del Puerto están
calificados - y usted lo sabe, aquí lo dice- como zona verde: ZV1,
ZV2 y EP, equipamiento público.

Es verdad que la compensación se supedita a la aprobación definitiva
de la modificación o revisión del Plan general de ordenación urbana
de Marbella, que ya he dicho que mi grupo, el grupo municipal
socialista, votó en contra. Ahora bien, al tiempo que se cambian los
terrenos y se lleva a cabo la modificación se hace otra cosa más, que
es aumentarles en el convenio la densidad y edificabilidad de las
parcelas que reciben. En Lomas del Puerto, según acta del
ayuntamiento, se les conceden 60 viviendas -los periodistas tienen
este documento- por hectárea de densidad. Este es el libro de fichas
aprobado el 17 de agosto de 1999 -esto no lo ha dado usted- por el
Ayuntamiento de Marbella, donde se establecen las fichas de la
edificabilidad
y de la densidad de edificación del polígono Lomas del Puerto en
el que se situaban los terrenos con los que a ustedes se les
compensaban los anteriores, y fíjese usted qué causalidad: densidad
resultante aproximada en vivienda por hectárea para la media del
polígono, 34 viviendas por hectárea, siendo la propuesta que se hace
a la familia AriasSalgado, como he dicho con anterioridad, de 60
viviendas. Yo no le pongo ningún calificativo a este hecho: 60 por un
lado y 34 para el resto de los propietarios que tienen derechos en
esa parte. El 19 de diciembre de 1996, las dos parcelas de Golf Río
Real -esto no es demasiado importante- se cambian por otra en Los
Monteros y desde el año 1993 -y aquí viene lo importante, señor
ministro-Gil -usted lo sabe- inicia la revisión del plan general de
Marbella. El señor Gil es el rey del convenio, y usted lo sabe.

Siempre, por múltiples denuncias que existen en los tribunales, en la
técnica urbanística que promueve el señor Gil en Marbella, se dan dos
circunstancias básicas: una, el beneficio del promotor y dos, el
perjuicio del interés público. Eso es conocido por toda España. El
señor Gil siempre beneficia al promotor privado con quien establece
el convenio y siempre perjudica el interés público. El modelo del
convenio urbanístico del señor Gil, como en el caso de la
compensación que ustedes aceptaron, señor ministro, se basa en
ocupaciones intensivas de suelo y en alta densidad de edificación
frente a las dotaciones de carácter público que ha de tener todo
proceso de urbanización, y ustedes lo aceptaron. El documento de
revisión del plan constituye, señor ministro, una suma de convenios,
el que propone el señor Gil a partir del año 1993; es decir, una
propuesta para la legalización de los desafueros urbanísticos del
señor Gil. Por eso, el 20 de julio del año 1998 -y a esto usted no ha
hecho referencia, se lo ha callado piadosamente-, por resolución de
la Comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo de
Málaga -aquí la tengo- se denegó, señor ministro, la aprobación de
algunas determinaciones de la propuesta de modificación del plan que
hacia el señor Gil, entre ellas, todas las revisiones que afectaban a
terrenos previstos como dotacionales y de equipamientos. Aquí está:
Boletín Oficial de la provincia de Málaga, 10 de agosto de 1998. Es
decir, de acuerdo con esta declaración de quien es competente para
aprobar o no las modificaciones del plan de ordenación que suponían
entregarle a usted unas parcelas que siendo zona verde y equipamiento
público se convertían en suelo urbanizable, quien es competente, es
decir, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, le
dice al señor Gil que de acuerdo con los criterios urbanísticos no se
puede hacer esa nueva calificación, esa modificación del plan. ¿Esto
qué significa? Que desde ese momento los terrenos de Lomas del Puerto
continuaban siendo zona verde y equipamiento público. El 7 de agosto
del año 1998 el señor Gil, demostrando su amor a la ley, una vez
vista esta negativa -recordará usted y todos los españoles-, aprueba
con nocturnidad un documento de revisión del plan para el que no
tiene competencias. Ese documento, ¿quién lo recurre? No su grupo, no
el Grupo Parlamentario Popular, que en este tema ha dado asistencia
siempre a las decisiones del señor Gil, ¡qué casualidad!; lo recurre
el Grupo Socialista, y lo recurre el Grupo Socialista dirigiéndose al
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.¿Y qué dice el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía?



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Mediante auto suspende la aprobación del ayuntamiento del señor Gil,
suspende la legalización de los desafueros urbanísticos que quería
desarrollar el señor Gil. Por tanto, vuelve a mantener como zona
verde y equipamiento público las parcelas de las Lomas del Puerto que
a ustedes se les entregaban y que -y aquí viene lo verdaderamente
grave, señor ministro- ustedes aceptaban. Porque el 8 de julio de
1999 su familia, su hermano Gabriel Arias-Salgado, en nombre de todos
ustedes, ratifica -también entregado este documento a la prensa- el
convenio con el Ayuntamiento de Marbella que aprueba posteriormente
la comisión de gobierno de 13 de agosto de 1999. Por cierto, también
recurrida por el grupo municipal socialista. Ya veremos qué ocurre
con la ratificación del convenio que ustedes hacen en el año 1999 con
el ayuntamiento presidido por el señor Gil. El grupo municipal
socialista, cuya portavoz está invitada en esta sesión y tengo el
honor de que me acompañe, ha recurrido de nuevo la ratificación de
este convenio. Fíjese usted, señor ministro, este convenio se
ratifica por el Ayuntamiento de Marbella en contra de los órganos
competentes; es decir, la Administración autonómica, en contra de las
decisiones de los tribunales. Aquí es donde se le puede hacer a usted
hacer el máximo reproche; y aquí tengo, por si usted también quiere
verlo, la interposición del recurso de mi grupo. En el año 1993 es
cierto que era discutible que ustedes hubieran dado cobertura a un
comportamiento ilegal porque el convenio les dice le doy zona verde y
equipamiento público pero me comprometo a su recalificación, a su
modificación. Pero es que en el año 1999, cuando ustedes ratifican el
convenio -por cierto, usted se ha hartado de decir, señor ministro,
que era por imposición del ayuntamiento y no es así-, lo que dice el
acta que yo he entregado y que tengo aquí, celebrada el 13 de agosto
de 1999, es que comparecen de una y otra parte el ayuntamiento y sus
familiares y acuerdan tanto la modificación en 1996 del convenio como
la ratificación del mismo, con una serie de segregaciones de
determinadas parcelas y agrupaciones ulteriores en el año 1999. Por
tanto, hay voluntariedad por su parte, hay evidente voluntariedad, no
hay imposición del ayuntamiento, porque si ustedes no hubieran
aceptado la imposición del ayuntamiento habrían tenido otras muchas
vías para actuar. Ahora le diré algunas de ellas.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya abreviando.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sí, señor presidente.

Son ustedes quienes reciben los terrenos en zona verde. No cabe
excusa posible, pues -como antes le decía- usted es el ministro
responsable del suelo. Acepta con este comportamiento -aunque hoy nos
ha dicho que vendió esas parcelas, usted hace de transmisor- el
inaceptable propósito de construir, porque están destinadas a la
edificación en una zona verde y en un bien de dominio público, lo que
es más grave todavía. Señor ministro, a fecha de hoy -también he
entregado este documento a los medios de comunicación; usted tampoco
lo ha dicho-, tengo una nota simple del Registro de la Propiedad de
Marbella, de 17 de diciembre de 1999, de la parcela zona verde 1 del
sector VB-11, de 14.400 metros de los que ustedes obtienen por
ese procedimiento de segregación 13.100 metros. Fíjese lo que dice el
registrador de la propiedad: Destinada la presente parcela a sistemas
libres de dominio y uso público, entre guiones, zonas verdes.

Diciendo esto el registro, ustedes ratifican este convenio
voluntariamente con el Ayuntamiento de Marbella.

Aquí asistimos al hecho de que un ministro del Gobierno de España, o
sus familiares, permite que de acuerdo con la legalidad que impone el
señor Gil, que es contraria a la legalidad vigente de los órganos
competentes, se pretenda construir en una parcela verde y de dominio
público. Usted sabe que el dominio público, señor ministro, es
inalienable por su naturaleza, no puede estar sometido al comercio;
ustedes han negociado sobre un bien que es de dominio público y los
órganos superiores así lo determinan. Esto es gravísimo y usted por
eso tiene que marcharse del Gobierno, señor ministro. Y y el señor
Aznar, que es el responsable porque conoce esta situación, tiene
grave responsabilidad en la materia. Le voy a decir algo más. Lo que
usted ha hecho es como si el ministro de Trabajo tuviera una empresa
y todos sus trabajadores no estuvieran dados de alta en la misma, o
como si el ministro de Hacienda no hiciera la declaración sobre la
renta, o como si la ministra de Medio Ambiente tuviera una empresa
que hiciera vertidos tóxicos a diario en ríos o en cauces de agua, o
como si la ministra de Justicia cometiera delitos comunes todos los
días. Así es su comportamiento. Es decir, el ministro responsable de
la materia urbanística, de la Ley del Suelo, consiente que un
familiar suyo, en su nombre y representación, negocie con un
ayuntamiento la compensación de un terreno que está calificado como
de zona verde y de dominio público. Usted ha dicho que no hay nada
ilegal. Eso es ilegal. El comportamiento del Ayuntamiento de
Marbella, al que ustedes dan asistencia y cooperan en la firma del
convenio frente a lo decidido por un Tribunal Superior de Justicia,
señor ministro, y por una Administración que tiene competencias,
continuando en la declaración de zona verde a una zona verde y de
equipamiento público, dotándola de edificabilidad, es plenamente
ilegal. Además, lo más grave es el comportamiento que han tenido
ustedes. Le voy a leer una declaración de su jefe de filas, el señor
Aznar. En el PP no nos vamos a dedicar -acabo, señor presidente- a
fomentar agrupaciones que esconden intereses particulares contantes
y sonantes (Gil) ni a grupos minoritarios de carácter marginal para
extender particularismos que no son más que restos arqueológicos
simbólicos. Cuando decía esto el señor Aznar el 14 de julio de 1999,
ante la junta directiva nacional del PP, usted y su familia estaban
negociando con el autor de esta diatriba que le lanzaba el presidente
del Gobierno de España; usted estaba negociando con él. Por eso le
digo que difícilmente pasa usted el listón ético exigible incluso por
su partido; mire que es ancho como la mar océana, pero es que usted
ni siquiera lo cumple.

Voy brevísimamente, señor presidente, a entrar en varias
consideraciones telegráficas acerca de las contradicciones en las que
ha caído el señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, lleva usted hablando veintidós
minutos. En dos minutos tiene usted que concluir.




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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo rápidamente.

Usted dio tres comunicados aquel día contradiciéndose abiertamente en
ellos. En el primero se nos decía que habían heredado 100 hectáreas
cuando sólo eran 39, que cada hermano tenía un 25 por ciento cuando
usted tenía un 50; en el segundo que el ayuntamiento le quita 5.000
metros cuadrados, luego tiene que reconocer que se los repone; en el
tercero que venden dos parcelas en Los Monteros y que obtienen, según
usted, 74 millones de pesetas.

Señor ministro, voy al último punto porque de acuerdo con el
requerimiento del señor presidente no puedo disponer de más tiempo,
que es el aspecto económico, que para mí no es el más importante.

Créame, señor ministro, que para mí no es el más importante. El más
importante tiene que ver con las informaciones de que le he hablado,
tiene que ver con el comportamiento del ministro negociando un
convenio y ratificándolo en el año 1999 con un ayuntamiento que está
en ese momento fuera de la legalidad, fuera totalmente de la
legalidad. Pero usted nos ha dicho que el 28 de abril del año 1999,
señor ministro, vendió dos parcelas en la reserva de Los Monteros a
una sociedad, Prefabricados Inol, S. A., por un importe de 74
millones de pesetas, superficie 2.190 y 2.004 metros cada una, en
total unos 4.200 metros. Si nosotros dividimos, como hacía el señor
López Garrido, el importe del metro cuadrado nos salen 17.644
pesetas. Yo hoy he consultado a la Agencia Tributaria de Málaga -y
vamos a hacer pública esa consulta, señor ministro- y los baremos que
la Agencia Tributaria, delegación de Marbella, a efectos de
comprobación de las liquidaciones tributarias por transmisiones
patrimoniales, como es ésta, o por IVAque se devengan en operaciones
de compraventa, los baremos oficiales que aplica la Agencia
Tributaria de Marbella aseguran un valor mínimo en la zona de Los
Monteros de 25.000 pesetas el metro cuadrado y máximo de 35.000
pesetas el metro cuadrado. Vamos a pedir una liquidación
complementaria, señor ministro; pídala usted, le invito a que la
pida. Pida a la Agencia Tributaria que valore si los 74 millones que
usted declara y su familia ha recibido por la transacción patrimonial
de esta finca se adecua a los valores de mercado o no. Es más -y
estoy autorizado a decirlo-, he contactado con el presidente de la
comunidad de propietarios de la urbanización Los Monteros, quien me
indica que en el año 1999 el precio de venta no es en ningún caso,
para ninguna zona de esa urbanización, inferior a las 40.000 pesetas
por metro cuadrado. ¿Y usted nos quiere hacer creer a los ciudadanos
españoles, como ha dicho aquí hoy, que ha perdido dinero? Debe ser el
único español que en un procedimiento de diez años, en una zona como
Marbella, desde el año 1990 al año 1999 pierde dinero en una
transacción inmobiliaria. Señor ministro, esto no es creíble en
absoluto.

Nosotros hacemos un cálculo muy distinto. Hoy nos hemos enterado,
porque usted hasta entonces no lo había dicho, que los 16.000 metros
de Lomas del Puerto los han vendido, dice usted, por un importe de
160 millones de pesetas. Del mismo modo, las valoraciones que
nosotros hacemos del valor medio de la zona nos dan que en ningún
momento ninguna de las noventa viviendas que allí se pueden construir
-es decir, la densidad de edificación son noventa viviendas- estará
por debajo de los 30 millones
de pesetas. Es decir, que el volumen económico de la operación, la
haga usted o a quien se la ha vendido -usted ha sido transmisor-,
estará en el entorno de los 1.700 millones de pesetas. En ningún modo
nadie creerá en Marbella -y habrá informes periciales, no el único
que encargó el señor Gil en el año 1995- que la repercusión del valor
del suelo es inferior al 30 por ciento en ese volumen de venta, es
decir, que en modo alguno menos de 600 millones la operación.




El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, no me obligue a quitarle la
palabra.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.

Esto se llama, vulgarmente, señor ministro -le guste o no-, un
pelotazo. Alguien ha dado un pelotazo contra los intereses públicos.

En medio estaba el ministro de Fomento, responsable del urbanismo,
que ha recibido un evidente trato de favor. ¿O es que el señor
ministro no ha escuchado lo que ha ocurrido con la otra familia
copropietaria de la finca Huerto de Zaragoza? ¿Qué ha ocurrido a la
otra familia? Que están sin nada, señor ministro. ¡Qué suerte tienen
ustedes! La otra familia ha tenido que querellarse contra Gil. Yo
modestamente le voy a decir lo que debían haber hecho ustedes. Frente
a una agresión a los intereses públicos de esa naturaleza debían
haber exigido su derecho, legítimo, señor ministro, el de su familia,
a la compensación en una zona no calificada como verde ni de
equipamiento público. Ustedes deberían haber exigido, como hace la
otra familia, por la vía incluso de la querella, por la vía penal, la
defensa de sus intereses sin agresión alguna a la legalidad. Ustedes
deberían haber exigido ningún trato de favor y limitar, eliminar,
abandonar cualquier sospecha de enriquecimiento injusto, como en este
caso será.

Por todo ello, por esa confusión, por estos hechos, señor ministro,
mi grupo parlamentario no puede sentirse satisfecho más que cuando
usted abandone el digno Gobierno de España y de todos los españoles.

(Aplausos.- El señor Centella Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Centella, -en uso de la facultad que le
concede el Reglamento al señor ministro, de acuerdo con el artículo
70.5, vuelve otra vez a solicitar la palabra para intervenir y
contestar al señor Caldera. Yo creo que incluso el debate queda así
mucho más enriquecido y cuando usted intervenga también tendrá la
posibilidad de replicarle, si así puede hacer el señor ministro,
porque es su derecho.

El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, como precisión, me pasan nota de que el informe
de Tinsa ha sido remitido a esta Cámara el pasado día 17 de
diciembre, para su entrega a los diputados miembros de la Comisión de
Infraestructuras. (El señor Torres Sahuquillo: No nos ha llegado.)
Por consiguiente, señoría, retire usted la acusación de falta de
transparencia porque el informe está ya en la Cámara. (Protestas.-
Varios señores diputados: ¡No, no!)



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En toda su intervención, señoría, subyace, como en la que hizo el
señor López Garrido, la existencia de una igualdad entre partes: el
ayuntamiento de un lado y una familia particular por otro. Y
simplemente el colocar en posición de igualdad a ambas partes implica
ya falsear todo...




El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, que los que estén utilizando o
tengan encendidos los móviles los apaguen.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría,
hay, por tanto -y tenerlo en cuenta siempre es conveniente para poder
después sentar conclusiones que se ajusten a la verdad-, una
desigualdad entre las partes.

Señoría, hay una expropiación, hay un acto de expropiación por parte
del Ayuntamiento de Marbella, lo cual no significa que se tengan que
seguir todos y cada uno de los trámites específicos del procedimiento
expropiatorio. Yo no sé si usted es jurista o no, pero cuando una
propiedad privada pasa a ser dominio público se produce un acto de
expropiación, en aplicación del plan general, por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento socialista de Marbella. Eso es un acto de
expropiación. Si no hubiera acto de expropiación, señoría, no habría
necesidad alguna de reconocer compensaciones. Las compensaciones a
las que tiene derecho el propietario son, a modo de justiprecio, las
consecuencias del acto de expropiación. Aquí hay un acto de
expropiación y el Ayuntamiento socialista de Marbella concede a una
finca 40.900 unidades de aprovechamiento; a mi familia le
corresponden la mitad, 20.500 aproximadamente, y eso equivale a
20.500 metros cuadrados de superficie edificable. Señoría, eso lo
hace el ayuntamiento socialista: 20.500 metros de superficie
edificable, que el ayuntamiento socialista empieza a pagar, señalando
unas compensaciones en la zona de Los Nagüeles; pero el hecho es que
asigna 20.500 metros cuadrados de superficie edificable y ese dato es
incontestable, señoría. Como es incontestable que esos 20.500 metros
de superficie edificable se compensan por el ayuntamiento gobernado
por el Grupo Independiente Liberal mediante parcelas que tienen 7.600
metros de superficie edificable, casi tres veces menos. Ese es otro
dato absolutamente incontestable.

Ha reflexionado S.S. sobre los promotores privados. Nosotros no somos
promotores de nada. Dice usted que el ayuntamiento del Grupo
Independiente Liberal siempre favorece a los promotores privados. Muy
bien, ¿a mí que me cuenta usted? Yo soy simplemente un propietario
expropiado por el ayuntamiento y no tengo nada que ver con la
promoción.

Señoría, usted deforma y en cierto modo manipula todo lo que afecta a
las calificaciones, recalificaciones, presencia de zonas verdes como
medio de pago en compensación por la expropiación realizada. Eso son
decisiones unilaterales de los ayuntamientos. Los expropiados no
pueden entrar en ello. La posible recalificación de una zona verde
sólo depende del ayuntamiento y sólo puede hacerlo manteniendo el
equilibrio de los estándares que marca la ley y el planeamiento. El
pueblo de Marbella en este caso -yo no puedo saber lo que se ha hecho
en todos estos años- legalmente mantiene en el conjunto del plan las
mismas
zonas y los mismos aprovechamientos, aun cuando están ubicadas en
distinta área del Ayuntamiento de Marbella. No tengo conocimiento de
lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Marbella. Lo que sí sé es
que el grupo municipal socialista ha tenido muchas más posibilidades
que yo de impugnar. Me parece muy bien que impugne usted todo y,
además, en el fondo nos está dando la razón ¿Por qué? Porque si
finalmente los tribunales de justicia fallan a favor de lo que
pretende el grupo municipal socialista, si finalmente la Junta de
Andalucía no aprueba el Plan general de ordenación, están
salvaguardados todos los intereses públicos y entrarán en el terreno
de la ilegalidad los actos unilaterales realizados por el
Ayuntamiento de Marbella ¿Por qué me imputa a mí los actos
unilaterales realizados por el Ayuntamiento de Marbella y debatidos y
aprobados por el pleno del ayuntamiento de Marbella? ¿Qué tiene que
ver una familia expropiada con los procedimientos administrativos que
se siguen en el seno del ayuntamiento? Es el colmo de la deformación
trasladar responsabilidades a una familia expropiada, es el colmo de
lo que constituye la deformación. Esto es una expropiación, se
obtiene el justiprecio y no tengo ninguna posibilidad de entrar en
términos reales en qué forma se produce el pago de esa expropiación.

Yo no he negociado nunca, ni mi familia tampoco, sobre un bien de
dominio público; nueva afirmación que deforma lo que es un
procedimiento administrativo. El dominio público es aquello en lo que
se convierte la finca propiedad de mi familia por decisión unilateral
del Ayuntamiento de Marbella y es el plan general que se debate a lo
largo de un procedimiento prolijo el que establece lo que son zonas
verdes, lo que no lo son y las recalificaciones pertinentes, sin que
los expropiados tengan nada que ver con la tramitación de ese plan
general. Y, naturalmente, en el momento de negociar una compensación,
de ofrecer una compensación, el ayuntamiento ofrece lo que quiere
ofrecer. Yo no puedo ir al plan general y decir: No; yo quiero ésta
¿Dónde se ha visto eso en un procedimiento administrativo? Si después
el plan general no resulta aprobado, es lógico que los convenios
tengan lo que es una cláusula habitual y no excepcional. Si el plan
general no resulta finalmente aprobado, usted me tiene que buscar
otra compensación, otros ámbitos, otros terrenos para pagar el
justiprecio. Eso es lo que está en la lógica de las cosas y lo que
está en la lógica de los procedimientos administrativos.

Todas las imprecisiones que señala usted de los comunicados que
existen constituyen en todo caso un argumento a mi favor. Son
comunicados con imprecisiones y con alguna contradicción por falta de
conocimiento de todos los datos del problema. Efectivamente la
exigencia de salir al paso de una información calumniosa lleva a
hacer una primera y una segunda respuesta que tiene algunas
imprecisiones, y eso es exacto. Después, con conocimiento de causa y
con todos los datos en la mano, se hace la contestación en debida
forma.

Señoría, a mí me parece perfecto todo lo que usted dice sobre las
valoraciones y yo no lo voy a discutir. Pida usted el dictamen a la
Agencia Tributaria y encargue usted todos los dictámenes periciales
que quiera. Lo que yo le digo es que yo aporto un dictamen pericial,
que encarga unilateralmente el Ayuntamiento de Marbella, donde la
finca originaria se valora en 235 millones de pesetas y las parcelas
entregadas



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como compensación se valoran en 234 millones de pesetas. No me cuente
usted más historias, porque ese es el precio de venta. Yle digo otra
cosa, señoría. Las cosas valen lo que se obtiene en el mercado y el
precio que efectivamente se recibe, y todo lo demás son
elucubraciones, legítimas, pero elucubraciones. Usted puede pensar
que una determinada propiedad vale tanto, pero como a usted no se lo
paguen, no lo vale, y aquí las parcelas se valoran por un perito en
el año 1995, creo recordar, en 235 millones de pesetas y finalmente
ese dictamen pericial es el que opera en el mercado. Y no me hable
usted de la futura utilización de las parcelas, porque las parcelas
se venden justamente porque no interesan a mi familia (interesaba la
finca de Puerto Rico, que nunca se quiso vender), y a cambio, por
expropiación, dan unas parcelas con un valor que el perito dictamina.

El qué se va a hacer con esas parcelas no es cuestión que afecte al
expropiado, señoría. Ya es el colmo que el expropiado tenga que
cuidar por salvaguardar qué se va a hacer con las parcelas en el
futuro. ¡Ya tiene bemoles llegar a afirmar eso, señoría! Eso no se
tiene de pie.

Estamos en presencia de una manipulación, señoría, es una
manipulación. Ustedes pretenden hacer de esto un montaje político de
cara a las elecciones y no tienen ustedes ningún apoyo ni ningún
fundamento para asentar las afirmaciones que han hecho. Si hay
ilegalidades, los tribunales de Justicia las decidirán. Un expropiado
no es nunca responsable de la tramitación de un Plan general de
ordenación urbanística. Es el colmo esa afirmación, señoría, es el
colmo. Está usted haciendo responsables a los expropiados de las
vicisitudes en la tramitación de un Plan general de ordenación
urbanística. Eso es el colmo. Y pretender que una familia expropiada
tiene responsabilidades públicas en el procedimiento de expropiación,
señoría, es un sinsentido y un auténtico disparate jurídico.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, por cinco minutos, puede usted
replicar.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente. Me
permitirá, primero, que me felicite por el hecho de que el informe
sobre Tinsa -tantas veces por nosotros reclamado- esté en la Cámara.

Eso sí, señor presidente, no podemos marcharnos de esta sesión sin
que se nos entregue, porque si está aquí desde el día 17, siendo tan
importante para mi grupo parlamentario, usted comprenderá que es
inadmisible que a 21 de diciembre no dispongamos de ese documento.

Por tanto, como no lo tenemos -yo reto a cualquier miembro de esta
Comisión a que diga si lo tiene-, y yo le pido, por favor, que se nos
reparta hoy. Y me felicito porque me da la impresión de que sólo la
necesidad de comparecencia del señor ministro para justificarse da
lugar a que podamos ir obteniendo pequeños documentos.

Vamos al fondo de la cuestión. ¿Cómo que ya es el colmo? Me parece
muy débil su explicación, señor ministro. Yo le he dado una serie de
argumentos que tienen un enorme peso político, ético o moral y
jurídico. ¿Cómo que imputar la responsabilidad a los expropiados es
ya el colmo? Pero si es que en el acta de 1993, señor ministro, que
se lleva a la sesión ordinaria celebrada por aquella corporación
el 17 de diciembre, se reproduce exactamente el acuerdo, es
que ustedes aceptan: don Gabriel Arias-Salgado y don Jesús Gil y Gil
manifiestan una serie de acuerdos. Claro que es en un procedimiento
ya le he dicho que no de expropiación, de compensación, que no es
exactamente lo mismo. No se agarre usted, como a un clavo ardiendo, a
la magia de las palabras, porque no ha habido procedimiento
expropiatorio y, por tanto, no hay necesidad de justiprecio
tradicional. Hay necesidad de compensación en unidades de actuación.

Usted, señor ministro, dice que le encantaría haber recibido y volver
otra vez a lo que le ofreció el Gobierno socialista. ¿Por que no se
lo dijo a Gil en el año 1993? ¿Por qué aceptó usted acordar someter
al pleno de la corporación una serie de modificaciones en las
compensaciones acordadas en el pleno de 23 de julio de 1990? ¿Por qué
aceptó usted es ministro del Gobierno; entonces era diputado, de
acuerdo -que a ustedes se les valorara una densidad de 60 viviendas
por hectárea donde se les ofrecía la compensación, cuando para el
resto de quienes tenían derechos en ese polígono el volumen de
edificación sólo era de 34 hectáreas? Aquí hay un trato de favor que
ustedes aceptan en el convenio que firman con el señor Gil. ¿Por qué
aceptan ustedes en la cláusula séptima, que así se recoge
literalmente en la transcripción del acta de dicha corporación, que
las partes acuerdan -no imagino yo que esta terminología signifique
una imposición-, dejar sin efecto el acuerdo a su vez compensatorio
del pleno del Ayuntamiento de 23 de julio de 1990 en cuanto a las
compensaciones en él mencionadas? Es que hay participación activa
señor ministro en la búsqueda de lo que yo entiendo que ustedes
reconocen como derecho propio, pero le estoy explicando cómo esa
búsqueda de compensación choca frontalmente con la legalidad
establecida, y lo más grave, señor ministro, lo verdadera y
radicalmente grave para un ministro del Gobierno de España es dar
cobertura a través de un procedimiento negocial a una manifiesta
ilegalidad que todo el país conoce, cual es las operaciones
urbanísticas del señor Gil, que están suspendidas por los órganos
competentes, en este caso la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Málaga, y no se puede alegar que es una
decisión arbitaria de índole administrativa, porque sometida, no
directamente esta misma propuesta sino la aprobación irregular que
hizo el señor Gil de las modificaciones del plan general, a control
jurisdiccional, es decir, al control de los tribunales por auto de la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, se suspenden las modificaciones propuestas por el señor
Gil, entre ellas la de recalificar o modificar la calificación
urbanística de las fincas que le habían sido entregadas. ¿Es que
usted y su familia pueden alegar ignorancia sobre el lugar donde se
sitúan las Lomas del Puerto? La parcela que a usted le ofrecían, esa,
señor ministro, es zona verde en todos los planos que aún hoy figuran
en la corporación municipal, zona verde, equipamiento público, y
ustedes en el año 1999 ratifican un convenio en instrumento público,
que luego se lleva al órgano administrativo, en este caso al
Ayuntamiento de Marbella, aceptando la edificabilidad de una parcela
que es verde y de una dotación de carácter público, es decir, dando
cobertura a una flagrante ilegalidad.¿Qué comportamiento deberían
haber tenido ustedes?



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Aquí lo tenemos, señor ministro, con la la familia Martínez Hidalgo,
cuando en el mismo procedimiento fue compensada con otros terrenos
-atención, sí urbanizables, como eran los de Los Nagüeles que le
ofrecía a ustedes como unidades de compensación el Ayuntamiento
socialista. Ahí no habría habido nada que alegar porque la ley estaba
de parte de la calificación urbanística de aquellas unidades que se
le ofrecían a cambio. Ustedes debían haberse opuesto a la propuesta
del señor Gil. Fíjese qué personaje el señor Gil, con el cual ustedes
están negociando, aunque sea en defensa de sus derechos; un personaje
que culpa públicamente a su ex abogado de los fallos en el convenio
que afectaba a la familia Martínez Hidalgo y que dio lugar a que esta
familia aún no haya visto resarcidos sus legítimos derechos. Pero,
¿desde cuándo, señor ministro, se puede negociar con un personaje que
deja los intereses municipales en manos de su abogado privado? ¡Por
el amor de Dios! ¿Qué confusión es esta entre el interés público, la
norma pública y los intereses privados? Este es el personaje que le
dice a su abogado privado: compénsame estas operaciones urbanísticas
que estoy desarrollando y busca los terrenos a entregar a la familia
Martínez Hidalgo. Pero, ¿qué es esto? ¿Para qué están los fedatarios
públicos del Ayuntamiento de Marbella? ¿Para qué están los técnicos,
los arquitectos y los urbanistas del Ayuntamiento de Marbella? Este
es el personaje con el que el ministro de Fomento de España ha
buscado la satisfacción de un interés que, usted dirá lo que quiera -
acabo, señor presidente-, pero desde luego no puedo aceptarle que me
diga que qué tiene que ver con el coste de estos metros cuadrados.

¿Cómo voy a dar crédito yo preferente o prevalente, señor ministro,
al dictamen de un registrador de la propiedad inmobiliaria del año
1995 frente al de la Agencia Tributaria? ¿Cómo, señor ministro?
entonces usted es el español más generoso que existe. Han vendido una
parcela en la Reserva de Los Monteros en el año 1999 a 17.000 pesetas
el metro cuadrado. Eso es lo que yo digo que hay que comprobar, y
usted debería de ser el primer interesado en pedirle a la Agencia
Tributaria que haga un dictamen y una revisión de esa transacción
inmobiliaria. Lo voy a pedir yo si no, en nombre de mi grupo
parlamentario, porque la Agencia Tributaria me dice que los índices
de valoración en esa zona, señor ministro, son el triple de lo que
usted dice haber recibido.




El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando.




El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.

No ha contestado el señor ministro a estas afirmaciones que estoy
haciendo. ¿A quién he de dar crédito, a la Agencia Tributaria o a un
dictamen encargado por el señor Gil? ¿A quién, señorías, he de dar
crédito? ¿Cómo puedo aceptar una valoración de 235 millones en esos
bienes con este precedente? Yo le garantizo a usted que no he tenido
tiempo de comprobar con la Agencia Tributaria el índice de
valoraciones de la zona de las Lomas del Puerto, pero también lo
pediré, y veremos si los 160 millones que se declaran de valor de los
16.000 metros cuadrados en ese polígono y en esa unidad de actuación
son adecuados o no a la legalidad tributaria que considero, señor
ministro, que el
primero que tiene que estar empeñado en defender es usted. De ahí que
todo lo que nos ha explicado esta tarde se caiga por su propio peso y
le repita en nombre de mi grupo que usted no puede seguir en este
Gobierno y que el presidente debe cesarle.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, en
primer término, sigue usted falseando la realidad al no admitir la
desigualdad de las partes. Usted coloca a una familia expropiada en
igualdad de condiciones que al poder público, y a partir de ahí usted
distorsiona y deforma toda la realidad.

El nuevo equipo municipal que gana las elecciones en el año 1991
rechaza literalmente las compensaciones acordadas por el Ayuntamiento
socialista de Marbella. Simplemente, no quiere aceptar esas
compensaciones, y así lo traslada a los expropiados. Quiere negociar,
en el marco de sus facultades exorbitantes, otras compensaciones
distintas. Frente a eso, un expropiado no tiene nada que hacer,
señoría: o lo toma o lo deja. Por tanto, señorías, en un
procedimiento administrativo, las partes son desiguales: hay una que
tiene facultades exorbitantes, que se llama Administración pública, y
hay otra que se encuentra en una posición de inferioridad jurídica,
que se llama particular. Segundo, queda excluida toda posibilidad de
trato de favor desde el momento en que el precio inicial en que se
valora la finca coincide con el precio efectivo de venta, y me
referiré también a esto al concluir, porque S.S. ha hecho especial
hincapié en ello.

Señoría, fíjese usted en qué brutal contradicción incurre y por qué
toda su argumentación es producto de la manipulación política. Usted
dice ni más ni menos que mi familia hace una operación urbanística
que da cobertura a las actuaciones del Grupo Independiente Liberal y
al mismo tiempo señala que por los tribunales y por las
administraciones públicas esos mismos actos o actos relacionados con
ellos están suspendidos. Las dos cosas al mismo tiempo no son
posibles, señorías. No se puede dar cobertura porque estamos en un
procedimiento administrativo donde los particulares, por el hecho de
convenir una compensación, no dan cobertura a nada, señoría. Le
vuelvo a insistir en que no deforme usted, la realidad. Es el plan
general de ordenación que pone en marcha un ayuntamiento el que
determina lo que en el futuro va a ser zona verde, lo que va a
continuar siéndolo o lo que va a dejar de serlo, y el plan tiene que
sujetarse a unos estándares que marca la ley y, por tanto, conserva
un equilibrio y puede calificar como zonas verdes lo que antes no lo
eran y convertir en zonas edificables lo que antes eran zonas verdes,
pero eso los expropiados no pueden ni impulsarlo, ni evitarlo, ni
frenarlo, ni hacer nada, porque es un procedimiento administrativo
que se sigue en el seno del Ayuntamiento de Marbella; tienen mucho
más que hacer los grupos municipales que una familia expropiada.

Señoría, en todo este procedimiento, en esa mínima parte en la que
hay un cierto grado de negociación o de convenio, no se negocia con
un señor; se negocia con una institución, que es el Ayuntamiento de
Marbella. Por favor, en eso tengan ustedes rigor. ¿O es que por el
hecho de que



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el pueblo de Marbella ha elegido a un determinado equipo municipal
gobernante, uno tiene que abstenerse de defender el justiprecio en un
procedimiento expropiatorio? Esa es la realidad.

Finalmente, señoría, espero que la Agencia Tributaria emita
formalmente un dictamen y diga cuál es el valor. Pero si lo tiene muy
fácil, señoría. La venta está en escritura pública, esa escritura
pública está siendo liquidada por la Administración tributaria; por
consiguiente, la Administración tributaria va a tener la oportunidad
de decir lo que le venga en gana y lo que convenga, porque todo es
transparente, está todo en escritura pública. En la parte que afecta
a las Lomas del Puerto, está todavía en convenio privado, pero,
fíjese, en el momento en que se produce este incidente, está
preparada la escritura pública. Por eso, dejo aquí el borrador de
escritura pública que ha preparado el notario. están en escritura
pública. ¡Si es todo público y transparente, señoría! Por tanto, la
Agencia Tributaria por teléfono le puede a usted contar lo que le
parezca oportuno. Lo importante es lo que la Agencia Tributaria
liquide, y señoría, el precio de mercado es el que obtiene usted
cuando vende un terreno, y no hay otro, y todo lo demás es una
elucubración. Me podrá usted decir que se ha negociado mal ese
precio. A lo mejor tiene usted razón, se ha negociado mal ese precio
de venta. Lo único que le digo es que ese precio figura en escritura
pública, está por tanto, por así decirlo, con todos los requisitos
formales que exige la ley, y las autoridades tributarias tendrán la
oportunidad de decir lo que les parezca oportuno, como es lógico, en
aplicación de la ley tributaria.(Los señores Ortiz González y
Centella Gómez piden la palabra.)



El señor PRESIDENTE: En relación con la solicitud del informe de
Tinsa, me dice el señor letrado que está en estos momentos reunida la
Mesa calificando los documentos que hayan entrado. Por tanto, una vez
que se tenga calificado el documento, inmediatamente se distribuirá a
los grupos, como es costumbre de esta Mesa y conocen todos los grupos
parlamentarios que así se hace.

Señor Ortiz, antes intervendrá el señor Centella, que ha esperado
mucho tiempo para hacer su intervención, pero el formato del debate
es el que ha surgido con aplicación estricta del Reglamento y de
acuerdo con los derechos que tienen los grupos y el propio Gobierno.

Por tanto, el señor Centella tiene la palabra.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, permítame que yo no crea
que el formato sea el que ha surgido, sino el que ha escogido el
señor ministro, a nuestro modo de ver en un intento claro de romper
el debate, pero no es eso lo más importante que se va a decir aquí
esta noche.

Permítame, señor ministro, que empiece con cierto tono de humor
señalando que, cuando menos, nos resulta curioso que por parte del
ministro de Fomento, que es la persona que más expropia en este país,
se señale la desigualdad entre las partes cuando hay una
expropiación. ¿Sabe a qué le sonará esto a las miles de personas que
usted ha expropiado en estos cuatro años? ¿Esa es la idea que usted
tiene de su papel como ministro a la hora de expropiar? ¿Usted cree
realmente que usted ha ejercido unas facultades desorbitantes
cuando ha expropiado? Nosotros creemos que si eso es así,
usted debería de haber actuado. Claro, nosotros al final sacamos la
conclusión de que usted, con tal de defender sus intereses
particulares, está dañando la propia imagen de la Administración.

Repito, le va a resultar muy curioso a todo el país oír hablar al
ministro de Fomento de indefensión de las partes cuando un ciudadano
normal es expropiado.

Entro ya en otro tema, señor ministro. Usted ha venido aquí a
justificar que no ha dado un pelotazo. Usted ha venido aquí, y es lo
que le hemos escuchado, más preocupado por denostar a un medio de
comunicación que por hacer un debate parlamentario. Permítame que
empiece por decirle que para nosotros el tema de su posible beneficio
económico no es lo más grave. Sí creemos que lo ha habido, porque
usted ha hecho unas cuentas, que puede hacer aquí en esta Cámara con
toda legitimidad, pero en Marbella y en Málaga no se las cree nadie,
y al final el pueblo de Marbella y el de Málaga es el que nos tiene
que juzgar a todos, a usted y a nosotros, porque estamos aquí en
calidad de representantes públicos, y esas cifras no se las cree
nadie, sino que, al contrario, servirán un poco de burla y de
escarnio de lo que ha dicho el señor ministro en esta Cámara, pues
son cifras que son para eso, para la burla y el escarnio. Si han
vendido a ese precio, son los peores vendedores de Marbella en estos
momentos. Me gustaría saber cuándo han vendido -no ha dicho usted,
por lo menos yo no lo he escuchado, la fecha de la venta-, pero no
creo que usted y su familia tengan tan poca capacidad como para ser
los peores vendedores que hay en Marbella en este momento. Los
precios, cuando menos, tienen que triplicar la cifra que usted ha
dado, sin hacer un cálculo excesivo. Por tanto, repito, a nosotros
nos ha dejado un poco asombrados que usted haya venido aquí solamente
a decir, en plan de víctima, que ha perdido dinero.

Aquí estamos hablando de algo bastante más grave que de que usted
haya dado un pelotazo o no, y usted ha hecho aquí afirmaciones que
realmente dañarán e indignarán a muchos de sus compañeros que están
trabajando en la Costa del Sol por intentar acabar con esa política
que usted y su familia han avalado. Señor ministro, para nosotros, lo
más grave de este caso es que mientras las fuerzas democráticas
estábamos rechazando un Plan general de ordenación urbana, mientras
las fuerzas democráticas estábamos rechazando una política
urbanística que se viene a llamar urbanismo a la carta -por supuesto,
a la carta de los promotores-, el ejemplo que usted ha dado con esa
operación urbanística - porque una expropiación es una operación
urbanística; no voy a entrar en si ha habido expropiación o no,pero
es una operación urbanística- es un ejemplo claro de lo que es el
urbanismo a la carta, un urbanismo por el que se priva a la ciudad de
Marbella de unos terrenos públicos para beneficio de particulares.

¿Usted sabe cuántas zonas verdes, cuántas zonas de equipamiento se
han perdido en Marbella de esa forma? ¿Sabe cuánto daño se ha hecho a
la ciudad de Marbella con esa forma de hacer política? Pues en esa
forma de gobernar han participado usted y su familia. Por tanto,
cuando miles de personas exigían en la calle ese cambio de política
urbanística, cuando ocurría todo esto, la familia Arias-Salgado, por
la puerta falsa del Ayuntamiento de Marbella-puerta falsa que en
Marbella es el club financiero-,



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participaba en ese urbanismo a la carta, negociaba ese urbanismo a la
carta sobre la base de un plan que no existía más que en los
proyectos de Gil.

Ha dicho y ha repetido hasta la saciedad, y además ha sido uno de sus
elementos exculpatorios, que usted en el año 1993 no era ministro.

Efectivamente, pero en ese año sí era usted un alto dirigente del
Partido Popular y ese mismo Partido Popular, en el año 1991, ya
negociaba con el señor Gil acuerdos en la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol, y ya en los años 91, 92, 93, 94 y 95 el señor
Gil alardeaba de tener excelentes relaciones con altos dirigentes del
Partido Popular, alguno de los cuales ahora parece ser que sería de
su familia. Por tanto, sí existía ya una relación entre el Partido
Popular y el señor Gil en los años 1991 a 1995, hasta que alcanzaron
ese acuerdo en la Mancomunidad de Municipios para gobernar juntos y
también en la Diputación de Málaga en el año 1995. Usted no era
ministro, pero sí era un personaje relevante de la vida política y le
repito que el señor Gil alardeaba de sus buenas relaciones con los
dirigentes del Partido Popular. Ahora empezamos a ver cuáles eran
estas relaciones.

Esto es para nosotros lo más grave, su comportamiento. Usted y su
familia se han situado, junto con otras familias, al otro lado de la
línea que separa a los defensores del Estado de derecho de quienes
entienden que los trámites administrativos y los planes generales de
ordenación urbana, cuando son aprobados, no son una barrera para
hacer negocios. Esa línea que usted, su familia y otras familias han
traspasado es la que en Marbella y en la Costa del Sol separa a la
gente que defendemos el Estado de derecho de la gente que busca
convenios en los cuales se anuncian recalificaciones y planes futuros
para saltarse ese Estado de derecho y utilizar esos convenios en
beneficio propio. Son su familia y otras familias las que están
tratando de convertir Marbella y la Costa del Sol en un terreno
abonado para la especulación urbanística, cuando no para cosas
peores. Señor ministro, permítame que eso nos indigne a los que
llevamos años trabajando, junto con otros compañeros, intentando que
se comprenda que hay normativas legales y que los planes de
ordenación urbana no son planes hasta que no son aprobados. Nosotros
creemos que efectivamente una normativa legal -y la expropiación es
normativa legal- no significa un atraco al ciudadano, sino que es un
instrumento de la Administración. Usted, como ministro de Fomento,
debe saberlo, porque ha planteado aquí que una expropiación es
prácticamente un atraco a mano armada a un particular. Le repito que
usted es el ministro de Fomento y por mucho que haya detrás de una
expropiación o de cualquier otro elemento urbanístico, no significa
ni más ni menos que hay instrumentos para salvaguardar el interés
general y, por tanto, los que llevamos tanto tiempo intentando que se
comprenda que el Estado de derecho es la única garantía que tenemos
los ciudadanos de que se respeten los derechos nos sentimos agredidos
en estos momentos por el comportamiento de su familia, porque hemos
trabajado y hemos dado la batalla en situaciones muy difíciles, en
condiciones en las que situarse al otro lado de la línea significaba
ni más ni menos que ser cómplices de los que estaban en ese otro
lado, de los que hacían esas operaciones inmobiliarias. Por lo visto,
su familia es la única
que ha perdido dinero en Marbella con una operación inmobiliaria en
la que ha estado por medio el señor Gil.

Si algo me queda por preguntarle a estas alturas, a pesar de ese
esfuerzo por hacer el debate portavoz a portavoz, es si su Ministerio
ha comprometido dinero en actuaciones en Marbella. Eso también es
grave, no sólo porque sería estética y éticamente algo que cantaría
mucho, sino porque en Málaga, en Marbella y en la Costa del Sol
estamos esperando que su Ministerio invierta en actuaciones que le
competen directamente, en las que tiene obligación y que no se hacen
por falta de dinero. Sin embargo, van a invertir en una actuación que
evidentemente no era de su directa responsabilidad. Nos parece que es
mucha casualidad que ustedes no tuviesen otra posibilidad de invertir
en toda la Costa del Sol, en Marbella, que no fuese precisamente en
esos terrenos de los que habían sido ustedes propietarios y donde
habían participado en una operación de cambio que usted ha definido
como expropiación -podemos hablar en términos jurídicos-, pero que en
realidad es un acuerdo, un convenio, y hay acuerdo cuando ambas
partes lo aceptan. Si no, ustedes tenían la vía que han cogido
algunos ciudadanos honestos, que es ir a los tribunales y combatir
esa política urbanística desde esa instancia; política que
afortunadamente ya se está combatiendo y los tribunales están
empezando a dar la razón a quienes hemos defendido otro modelo. Pero
ustedes escogieron el camino fácil, el camino que escogieron otras
familias que en Marbella se han hecho de oro en estos momentos, es
decir, descubrieron el camino fácil, el del convenio, el del acuerdo.

Ha dicho usted que ha negociado con la institución. ¿No sabe usted
cómo se negocia en Marbella? Aquí hay una concejala del Ayuntamiento
de Marbella y podría explicarle con más autoridad que yo cómo se
negocia con él. Si usted habla de que se negocia con una institución,
o intenta tomarme el pelo, y perdone que utilice esta expresión, o es
que no conoce nada del asunto, cosa que yo dudo, porque evidentemente
su familia de algo le habrá tenido que informar. En Marbella no se
negocia con el Ayuntamiento. En Marbella le llevan al señor Gil los
papeles al club financiero para que los firme. Los negocios no se
hacen en el Ayuntamiento. Por lo tanto, no me diga que usted ha
negociado con una institución porque eso no se lo cree nadie, ni en
Málaga ni, afortunadamente, en todo el Estado. Usted ha negociado con
el señor Gil, al nivel que haya sido, porque en Marbella se negocia
con el señor Gil al nivel que sea. Creo que usted se ha situado en
esa otra línea, en la de su familia, porque efectivamente en Marbella
los que se sitúan son las familias. Usted se ha ido a la otra parte
de la línea, donde está la gente que está haciendo mucho daño al
Estado de derecho en la Costa del Sol. Y usted ha perdido
credibilidad no solamente como ministro sino como demócrata. Usted
tiene graves responsabilidades y en este momento también las tiene el
Partido Popular, que ha salido en su defensa, nosotros creemos que en
parte por ignorancia. Usted ha hablado mucho de la ignorancia, pero
nosotros creemos que usted no ha informado al Partido Popular de todo
lo que allí ha ocurrido, y su partido sale en su defensa. Aquí y
también en Málaga, el Partido Popular tiene la responsabilidad de
decir si avala esa forma de hacer política, esa forma de actuar, esa
forma de hacer convenios sobre la base de un Plan general de
ordenación urbana



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que no existe. Los planes generales de ordenación urbana no existen
hasta que no son aprobados. ¿Cómo se pueden adelantar valoraciones,
cómo se puede vender algo en función a un Plan de ordenación urbana
que no existe, señor ministro? Esto lo hacen en la Costa del Sol
quienes sabemos, tienen nombre y apellidos, muchos de ellos apellidos
italianos, pero no lo puede hacer la familia de un ministro. No se
puede vender un terreno en función de un plan que no existe. Por lo
tanto, el Partido Popular debe decir si avala esa forma de hacer
política, si se sitúa al lado de los que defendemos el Estado de
derecho o se sitúa en la otra línea, la de aquellos que utilizan los
convenios urbanísticos para saltarse ese Estado de derecho. Como
diputado malagueño, como persona que vive y que piensa vivir muchos
años en la Costa del Sol, espero que el Partido Popular escoja el
segundo camino. Sé que en la Costa del Sol, aparte de algún alcalde
como el de Torremolinos, hay mucha gente del Partido Popular que está
convencida de la defensa del Estado de derecho. Yo espero que el
Partido Popular escoja ese segundo camino, el de la defensa del
Estado de derecho y de la exigencia del cumplimiento de la legalidad,
que, repito, en un plan general, es aplicar el plan vigente. Si el
Partido Popular escoge ese camino, gente como usted sobra en el
Gobierno, porque, como le he dicho es un descrédito no solamente para
su Ministerio, sino para todos aquellos que queremos dignificar la
actuación pública. Por lo tanto, yo no solamente voy a pedir su
dimisión, que sería una más, y estas alturas puede pasar al libro
Guinness de los récords de este país por ser el ministro al que más
dimisiones se ha solicitado. Debe ser el presidente del Gobierno,
debe ser el Partido Popular el que le ponga a usted en su sitio, que
no es otro que el de situarlo fuera del Gobierno, porque con su
actitud ha dañado lo que debe ser la imagen de un gobernante.




El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Por cortesía
parlamentaria voy a contestar a S.S. No lo puedo hacer in extenso
porque S.S. no ha dicho nada nuevo. Se ha limitado a hacer
afirmaciones genéricas, siempre descalificatorias. Por consiguiente,
eso no tendría más respuesta que utilizar yo un sistema de
afirmaciones descalificatorias de sentido inverso, pero no lo voy a
hacer.

Tiene razón en que antes no he contestado, en respuesta a la
intervención de otro portavoz, al dato dado por el diario El País
sobre que el Ayuntamiento de Marbella espera que Fomento financie la
conversión de la antigua finca Puerto Rico en un parque periurbano.

Solamente la forma de dar el titular implica la poca credibilidad que
le da al periódico el documento de que dispone, que es simplemente
una memoria financiera del Plan general de ordenación urbana, que no
tiene ninguna eficacia jurídica y que puede decir lo que quiera poner
en el documento el Ayuntamiento de Marbella, sin que nadie lo pueda
evitar. Yo solamente le puedo responder a lo siguiente. Eso tiene muy
fácil comprobación y si hubiera buena fe se habría comprobado con
carácter inmediato. No hay ni un solo elemento en los presupuestos
vigentes que permita al Ministerio de Fomento hacer esa inversión, ni
en los presupuestos de 1999 ni en
los del año 2000 que va a aprobar probablemente mañana; eso como
primer punto. Se podría haber buceado en los presupuestos del Estado
para ver si en el Ministerio de Fomento había crédito para invertir
en el término municipal de Marbella; no lo hay. Además, el Ministerio
de Fomento no tiene competencias para hacer esa inversión, cosa
también de elemental comprobación. Y no se habría dicho nada de ello
si no fuera para inducir una noticia y un hecho escandaloso. Por
mucho que diga el Ayuntamiento de Marbella o cualquier otro
ayuntamiento de España que el Ministerio de Fomento va a invertir en
parques y jardines, está haciendo un planteamiento unilateral, bajo
su propia responsabilidad, que yo no puedo evitar. Probablemente, en
otras memorias financieras de otros ayuntamientos de España también
se querría que el Ministerio de Fomento invirtiera. Yo le doy los dos
datos que son absolutamente fundamentales: el Ministerio no puede
hacer esa inversión legalmente hablando, punto primero, y, punto
segundo, no hay crédito presupuestario que permita gastar esa
cantidad. Por tanto, en ningún momento, de haberlo propuesto, el
interventor del Estado habría fiscalizado ese gasto; con eso basta,
señoría. La buena fe hubiera permitido hacer esta comprobación
elemental. Lo que pasa es que no ha habido buena fe.

Señoría, en el ámbito jurídico, las ventas sometidas a condición
suspensiva son el pan nuestro de cada día. Un expropiado no puede
saber si se va a aprobar o no el plan general, cómo se va a
aprobar... (El señor Centella Gómez hace gestos negativos.) Señoría,
no haga gestos. Uno puede discutir y soportar la crítica, pero lo que
no puede aceptar es que me diga que un expropiado va a saber cómo va
a quedar finalmente el Plan general de ordenación urbana de Marbella.

El borrador que se somete a información pública contiene unas
calificaciones de suelo, y lo único que se garantiza en el convenio
de compensación elevado a escritura pública es que en el supuesto de
que las parcelas previstas para pagar como compensación continúen
siendo zona verde el Ayuntamiento tiene la obligación de dar otras.

Eso es lo que dice la cautela que se introduce en el acuerdo de
compensación. Se dice: En el supuesto de que las parcelas definidas
como compensatorias sean calificadas finalmente por el plan como zona
verde el Ayuntamiento tiene que identificar otras parcelas para pagar
la compensación. Por tanto, señoría, es absolutamente normal y figura
así en todos los convenios.

Señoría, no olvide usted lo que les he dicho a los otros portavoces.

Estamos en el marco de un procedimiento administrativo y yo le digo
que este convenio, elevado a escritura pública, no es impugnable en
la vía civil, solamente lo es en la vía contencioso-administrativa.

Quiere ello decir que es un acto administrativo, antes que un
convenio, y es prácticamente un convenio de adhesión, señoría. Usted
sin duda sabe lo que es un contrato de adhesión. Cuando usted compra
un billete de avión está usted firmando un contrato de transportes y
¿cuál es su capacidad de negociación? Cuando el Ayuntamiento le
ofrece a usted una compensación o un justiprecio su capacidad de
negociación es mínima, señoría, por el principio de la desigualdad de
las partes que la ley establece, lógicamente, en favor de las
administraciones públicas. Por último, señoría, el Estado de derecho
lo garantizan los tribunales de justicia



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en última instancia. Si usted tiene conciencia de que ha habido
vulneración de la legalidad, acuda a los tribunales de justicia.

Nosotros entendemos que en el procedimiento administrativo, en el que
nosotros ni entramos ni salimos, se ha producido un acto de
expropiación, y lo único que nos afecta a nosotros es ese acto de
expropiación, y, por tanto, la necesidad de identificar un
justiprecio compensatorio de la expropiación. Señoría, usted confunde
procedimiento administrativo de expropiación con expropiación en el
sentido técnico, y cuando una propiedad privada queda, por decisión
del plan, convertida en dominio público eso es un acto de
expropiación, por un procedimiento distinto al ordinario de
expropiación, pero la conversión de la propiedad privada en dominio
público es un acto expropiatorio. Señoría, en todos los manuales de
derecho administrativo, eso se llama acto expropiatorio. Si ustedes
pierden de vista esta premisa, naturalmente, podrán sacar todas las
consecuencias que quieran, pero son las consecuencias que derivan
única y exclusivamente de su imaginación, son las consecuencias que
derivan de sus intereses políticos, pero no las que derivan de la
verdad.




El señor PRESIDENTE: Señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, le voy a contestar no por
cortesía parlamentaria sino porque es mi obligación, como diputado,
participar en el debate. Efectivamente era difícil a estas alturas, y
usted ha elegido el método, decir nada nuevo. Repito que usted ha
elegido un método que no es el usual en un debate y usted sabrá por
qué lo ha hecho.

Señor ministro hay una cosa de la que parece que no se ha enterado o
con la que trata de confundirnos. Usted o su familia se han podido
negar a firmar ese convenio. Austed no le han amenazado con una
pistola para que lo firme, usted está todos los días firmando
convenios de expropiación; no les diga a los ciudadanos de este país
que un convenio es un atraco a mano armada. Su Ministerio está
firmando convenios todos los días. Usted se podía haber negado y
tenía que haber exigido un convenio sobre terrenos de un plan
aprobado y vigente. Ese es el problema. El problema de Marbella es
que se intenta trabajar sobre un plan que no existe y eso en un
Estado de derecho se defiende en los tribunales y en la actuación
política, que es donde usted no ha querido defenderlo. Por eso usted
está en la otra línea. Repito, a usted no le han obligado a firmar
convenio alguno, como me imagino que usted no obligará a firmarlos a
los cientos de ciudadanos que usted expropie. No venga a repetirnos
que usted ha sido obligado, usted podía y se tenía que haber negado y
tenía que haber exigido un convenio en función del plan vigente, que
es el único que existe en Marbella. Porque eso es lo que en Marbella
diferencia a la gente que defiende el Estado de derecho de los que no
lo hacen, que unos defendemos un plan vigente, legalmente aprobado, y
otros quieren hacer negocios en función de un plan que no existe, el
plan sobre el que usted ha hecho la operación no existe. Se ponen
cláusulas de salvaguarda y eso, en Marbella, tiene nombres y
apellidos. Usted, en el año 1999, ministro de este Gobierno, tenía
que saber eso y tenía que haber hablado con su familia diciéndoles:
dejad aparcado el asunto de Marbella. Esa era su obligación
mientras fuese ministro y usted no lo ha hecho.

Tampoco me ha dicho cuándo vendieron los terrenos, me gustaría que me
lo dijese; si ha sido en el año 1999 o fue antes. Ustedes tenían que
haber negado, tenían que haber exigido el cumplimiento de la
legalidad. Eso hace que usted sobre en el Gobierno y que quede
desacreditado en este país como demócrata. No voy a entrar en los 53
millones. Ya sabe usted que unos Presupuestos Generales del Estado no
hay que buscar 53 millones; sabe que se pueden invertir 53 millones
sin que vengan en los presupuestos con nombres y apellidos; sabe que
el Ministerio puede hacer convenios con ayuntamientos para
cofinanciar determinadas actuaciones, lo sabe usted. ¡Cómo van a
venir en los Presupuestos Generales del Estado esos 53 millones!
Usted sabe que eso no es así, que hay gastos que no vienen en los
presupuestos. Ojalá viniesen, así lo he defendido; pero usted tiene
una discrecionalidad que va mucho más allá de esos 53 millones. De
modo que tampoco es cierto que si no vienen en los presupuestos no se
pueden gastar, y tampoco lo es que el Ministerio de Fomento no puede
hacer un convenio con el Ayuntamiento para hacer una inversión en un
sitio si no es de su competencia. Hay parques en la provincia
malagueña y en otros muchos sitios del Estado en los que ha
participado el Ministerio de Fomento. Eso es posible; sobre que vaya
a ser o no, no tenemos otro elemento más que el escrito del
Ayuntamiento de Marbella -y no de El País- que usted no ha desmentido
hasta hoy. El Ministerio de Fomento no había desmentido que no fuera
a participar en esa financiación. Era un elemento posible hasta hoy y
sigue siéndolo. Quizá después de hoy no lo sea, pero estaba ahí, es
un dato real, no vayan a darle la vuelta.

Para terminar, si yo he dicho poco, usted ha dicho menos en su
contestación. No nos ha dicho si se posiciona usted del lado de los
que creen que un Plan general de ordenación urbana no es válido hasta
que no se aprueba y que, mientras no se apruebe, no se debe negociar
nada en función de ese plan. Yo se lo he preguntado y usted no lo ha
dicho; evidentemente, su familia lo ha demostrado con los hechos.

Usted tiene poca credibilidad para rechazar un plan que no está
aprobado. Esa es la clave del problema, que han negociado ustedes en
función de un plan que no estaba aprobado, que no era ley, y han
rechazado la ley que es el plan vigente. Eso, repito por enésima vez,
es lo que le ha situado a usted en la otra línea frente a los que
defendemos el Estado de derecho en Marbella. Los jueces están para lo
que están. Por desgracia, en Marbella también tenemos alguna
experiencia negativa en ese sentido, pero no es éste el momento de
debatirlo. En Marbella y en la Costa del Sol tenemos mucha
experiencia en situarnos en el lado del Estado de derecho frente a
los que han querido especular con la Costa del Sol.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, no
sé si sabe usted mucho de algo que se llama disciplina presupuestaria
y de la Ley de disciplina presupuestaria, enviada por este Gobierno
al Congresode los Diputados, que rige todo el gasto público. Supongo



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que usted no la conoce y no se la ha estudiado. Sí le digo lo
siguiente: este Ministerio no tiene competencia para invertir en
parques y jardines. Cualquiera que sea el convenio que yo haga, tiene
que ir, en primer término, al Consejo de Ministros; una vez que va a
él tiene que ser fiscalizado por el interventor. Yo le digo que el
interventor jamás fiscalizaría favorablemente un convenio de esta
naturaleza porque el Ministerio no puede convenirlo por falta de
competencias. Eso le gustará o no porque quizá entienda que es
posible, pero, de acuerdo con las normas que este Gobierno se ha dado
y ha aprobado esta Cámara, eso no es legalmente posible, créalo
usted, no es legalmente posible. Difícilmente puedo yo comprometer un
gasto que no es legalmente posible.

En segundo lugar, señoría, le insisto: el procedimiento para aprobar
un plan general de ordenación urbanística es un problema de las
autoridades públicas; es un problema de aplicación de la ley, de
aplicar los controles que la ley prevé y de fiscalizarlo finalmente
en el pleno de un ayuntamiento. Entiendo que el Ayuntamiento de
Marbella ha dado en algún momento aprobación provisional a este plan,
lo desconozco, y que está pendiente de aprobación definitiva por la
Junta de Andalucía. Pero, señoría, cuando el plan es prácticamente
universal, como todo plan general de ordenación urbanística, no puede
frenar la vida de una ciudad, y hay una cosa que es absolutamente
lícita, legítima, y justamente en garantía de la legalidad se
introduce una condición suspensiva. ¿Qué significa esa condición
suspensiva? Se dice: a mí no me cometa usted ninguna ilegalidad, no
me dé usted parcelas no urbanizables; si esas parcelas son no
urbanizables y son zona verde usted me tiene que dar otras. La
condición suspensiva del convenio, señoría, es la garantía de la
legalidad; luego no me acuse usted de ir en contra de la garantía de
la legalidad, porque lo que garantiza la aplicación de la ley y de
que finalmente las parcelas recibidas van a ser parcelas ajustadas a
la legalidad es esa condición suspensiva, señoría. Esa es la pura
realidad, lo que pasa es que sus intereses electorales pasan hoy por
mencionar cuestiones; sí señoría, pasan por decir otras cosas y hacer
una campaña con determinado tipo de problemas que en puridad y
analizados de buena fe no lo son. Porque ustedes tienen los
tribunales de justicia, la Junta de Andalucía, ustedes forman parte
del pleno del Ayuntamiento de Marbella, ustedes tienen los medios que
les da el Estado de derecho, precisamente, todos, para someter a
revisión la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento. Pero en
esa legalidad procedimental del Ayuntamiento los particulares
expropiados, señoría, tienen muy poco que decir.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ortíz.




El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Señor presidente, no tema que vaya ni a
extender demasiado el debate ni mucho menos a reabrirlo.

Sí quiero centrar mi breve intervención -espero-, señor presidente,
en dos afirmaciones fundamentales. La primera es, señor ministro, que
cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y no por adhesión
personal ni por adhesión política, sino por convicción, por la convicción
que el señor ministro ha trasladado en su excelente, lúcida,
precisa y a mi juicio contundente intervención. La segunda
afirmación, señor ministro, es que no se empeñe en lo inútil; como
dice un viejo dicho parlamentario los empeños inútiles generan
melancolía. Es inútil, señor ministro, sólo se convence, como dice un
viejo refrán español, al que quiere ser convencido y ni su señoría,
señor ministro, ni yo ni toda la Cámara podrán convencer a los que
han intervenido, a pesar de que para eso tengan que negar la realidad
y negar los hechos. Aquí se han negado hasta los hechos, se ha
actuado en función de un prejuicio, de una valoración previa, de un
juicio condicionado desde el origen, que evidentemente es una
manipulación o es un montaje, pero evidentemente se ha actuado desde
una valoración concreta y predeterminada. Son inútiles, señor
ministro, todos sus argumentos y los que yo pudiera agregar, si se me
ocurriera alguno, a los que ha utilizado su señoría; es un empeño
perfectamente inútil.

En este orden de cosas, es natural que desde esa valoración previa se
haya negado los hechos, se haya negado un hecho fundamental: que la
primera y única recalificación que se ha hecho la hizo el
Ayuntamiento socialista en el año 1990, recalificación. Podría hacer
alguna excursión por una disciplina que es el derecho urbanístico en
la que tengo alguna autoridad, pero no vale la pena, señor Caldera;
la primera y única recalificación que aquí se ha hecho la ha hecho el
Ayuntamiento socialista en el año 1990. Se ha negado que ha habido
permuta de un suelo no edificable por otro edificable; se ha olvidado
que no ha habido mejora alguna, al contrario, que se ha pasado de
20.500 metros cuadrados a 7.609 metros cuadrados, si no he tomado mal
la nota de la intervención del señor ministro. Por consiguiente, se
niega la evidencia, se niega que no ha habido mejora alguna sino que
en todo caso ha habido un quebranto; que no ha habido tramitación
privilegiada, y esto es absolutamente obvio. Se ha dicho que aquí lo
que se pretendía era un alegato contra un medio de comunicación,
olvidando que lo que ha hecho el señor ministro es ir utilizando la
sede parlamentaria para un ejercicio de legítima defensa evidente, es
un ejercicio de pura legítima defensa. En un segundo momento parece
que ha habido por parte del señor López Garrido cierta marcha atrás,
si me permite la expresión coloquial, y un cierto reconocimiento de
los hechos formales según ha dicho el señor López Garrido, tal y como
ha relatado la secuencia de los hechos el señor ministro.

Se ha querido extrapolar la valoración que a ustedes les merece y
también el señor Gil ha querido extrapolarlos sobre el señor
ministro. Esa extrapolación de la valoración de ustedes con el señor
Gil a la familia Arias-Salgado es cuando menos gratuita. En
definitiva, la familia Arias-Salgado ha tenido que entenderse con
quien es y era el alcalde de Marbella, el alcalde que le ha tocado en
suerte, en expresión coloquial. No puede ignorar que el señor alcalde
de Marbella es el señor Gil y su equipo es el equipo del señor Gil.

Ya se han negado cosas increíbles para un modesto experto en derecho
urbanístico. Se ha dicho, por ejemplo, por alguien experto en derecho
constitucional, que debe saber muy poco de derecho urbanístico, que
la cláusula desalvaguarda que incorpora el convenio es algo
excepcional,



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es como un privilegio, es un caso raro, cuando en el derecho escrito
y en la praxis del derecho urbanístico español las cláusulas de
salvaguarda son absolutamente elementales y usuales. Son el pan
nuestro de cada día. Se ha podido negar que los convenios
urbanísticos se hacen desde el ius imperii de la Administración y que
el privado es un administrado que está sometido al ius imperii de la
Administración. Estamos en presencia del derecho administrativo,
señorías, no del derecho civil. Valía la pena que ustedes recordaran,
que el derecho administrativo es aquel que se caracteriza por que la
Administración tiene una posición del imperio, tiene una posición de
poder. En definitiva, tanto en el mundo de los hechos, en la negación
de los hechos, en la negación de las evidencias, como en la
formulación de valoraciones jurídicas increíbles, se ha actuado en
función de un juicio de valor. Por tanto, señor ministro, no se ponga
melancólico porque el empeño en el que se ha embarcado de intentar
convencer es perfectamente inútil, se estrella contra la realidad.

Por olvidárseles todo, a algunos se les ha olvidado hasta la
aritmética, es decir, la tabla de multiplicar. Se ha dicho que la
Agencia Tributaria no admite un valor de repercusión menor de 35.000
ó 40.000 pesetas. Señoría, si multiplica esos miles de pesetas por
los 6.000 y pico metros cuadrados edificables, no por los 16.000
brutos, tendrán SS.SS. una cifra del orden de los 235 ó 240 millones,
que es la cifra que el señor ministro ha barajado, con el valor
inicial de aquellos 20.500 metros cuadrados y el valor final de los
6.000 ó 7.000 metros cuadrados edificables dentro del conjunto de los
16.000. Señor ministro, no se sumerja en la melancolía, no va a
convencer de ninguna manera a quien no quiere ser convencido.

Permítame que diga algunas cosas más, muy pocas, señor presidente, al
señor Centella: no tenga duda de que el Partido Popular nunca actúa
desde la ignorancia y, en este
caso, desde ninguna ignorancia. Tengo aquí el dossier de este asunto
y me lo he estudiado y mi grupo hace suyo el criterio del señor
ministro desde la convicción, desde haberse estudiado los temas y
haber escuchado cuidadosamente su intervención, con ánimo de creer,
no con el ánimo de contradecir, se diga lo que se diga y pase lo que
pase. En cuanto a la recalificación de zonas verdes, me entran
tentaciones de traer una estadística de las recalificaciones de zonas
verdes que se han hecho por los ayuntamientos españoles, algunos del
PP y también socialistas, todos los que usted quiera. Eso sí que era
recalificar zonas verdes.

Acabo, señor presidente. Señor ministro, tiene nuestro apoyo. La
historia de su dimisión no es más que una cláusula de estilo -sabe
que es un concepto jurídico- que ya forma parte de las intervenciones
habituales del señor Caldera, sobre todo de las de los últimos meses.

No se preocupe, usted cesará cuando lo decida el señor presidente del
Gobierno, pero no cuando lo pida el señor Caldera y no lo hará de
ninguna manera a impulsos del señor Caldera.

Señorías, señor ministro, ni destrozos ni regalos ni pelotazos. Para
destrozos, regalos y pelotazos, los 14 años del PSOE que han
soportado los españoles. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy
bien! -Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, con esto concluye la sesión. En la
anterior cometí el atrevimiento de despedirles felicitándoles las
Pascuas. Vuelvo a hacerlo. ¡Felices Navidades y feliz año 2000! Y si
tengo que repetirlo otra vez, con mucho gusto les volveré a
felicitar.




Se levanta la sesión.




Eran las nueve de la noche.