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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 819, de 15/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 819
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 62
celebrada el miércoles, 15 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre estado de las relaciones entre España y Marruecos
tras la llegada al trono de Mohamed VI. (Número de
expediente 181/002763.) ... (Página 24355)
- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista del Congreso), sobre
actuaciones para garantizar la aplicación de nuestra legislación
laboral por las representaciones extranjeras acreditadas en España.
(Número de expediente 181/002783.) ... (Página 24357)
- Del mismo señor diputado, sobre aplicación de la ley 18/1991, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por las
representaciones extranjeras acreditadas en España. (Número de
expediente 181/002784.) ... (Página 24357)
- Del mismo señor diputado, sobre cumplimiento del criterio de
reciprocidad en la aplicación por España de las normas laborales y
fiscales, así como por las representaciones extranjeras acreditas en
Madrid. (Número de expediente 181/002785.) ... (Página 24357)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas ante las disfuncionalidades
registradas en la representación de España en Rumanía. (Número de
expediente 181/002786.) ... (Página 24359)
- Del mismo señor diputado, sobre criterios que han justificado la
anulación de la intervención en la Casa de América del candidato a la
presidencia de Colombia por el Partido Liberal. (Número de
expediente 181/002796.) ... (Página 24361)
- Del señor Navas Amores (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre valoración de la destitución del ministro de Interior
de Marruecos. (Número de expediente 181/002799.) ... (Página 24362)
- Del señor Solé Tura (Grupo Socialista del Congreso), sobre opinión
del Gobierno en relación con el levantamiento del embargo a
Yugoslavia. (Número de expediente 181/002800.) ... (Página 24364)
- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista del Congreso), sobre
posición del Gobierno ante la Conferencia que la Organización Mundial
del Comercio celebró en Seattle (Estados Unidos de Norteamérica) a
partir del día 30 de noviembre de 1999. (Número de
expediente 181/002802.) ... (Página 24365)
- Del mismo señor diputado, sobre valoración de los resultados de la
cumbre de La Habana (Cuba). (Número de
expediente 181/002803.) ... (Página 24366)
- Del señor Campuzano y Canadés (Grupo Parlamentario Catalán -
Convergència i Unió), sobre medidas en el seno de la comunidad
internacional para prevenir incidentes como los protagonizados por
las fuerzas de orden público de Marruecos en la ciudad de El Aaiún,
en el mes de septiembre de 1999. (Número de expediente 181/002806.)
... (Página 24367)
- De la señora Balletbó Puig (Grupo Socialista del Congreso), sobre
estado en el que se encuentran las negociaciones del proceso de paz
en Oriente Medio. (Número de expediente 181/002813.)
... (Página 24368)
- Del señor Navas Amores (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre conclusiones de la reunión sobre cooperación mantenida
en Malabo con Guinea Ecuatorial en el mes de octubre de 1999. (Número
de expediente 181/002818.) ... (Página 24369)
Proposiciones no de ley: - Relativa a la nominación de Juan Carrero
Sarategui para el Premio Nobel de la Paz del año 2000.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de
Izquierda Unida, Vasco (EAJPNV) y Mixto. (Número de
expediente 161/001773.) ... (Página 24372)
- Sobre impulso de medidas y acciones para favorecer un proceso de
evolución rápida de Bielorrusia hacia la democracia y el pluralismo.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001771.) ... (Página 24372)
- Sobre apoyo al acuerdo de la Mesa regional del Magdalena medio de
trabajo permanente por la paz, relativo a la lucha contra las
actividades paramilitares y la defensa de los derechos humanos.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto. (Número de expediente 161/001741.) ... (Página 24374)
- Por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con las
decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo y Naciones Unidas, se
inicien los trámites diplomáticos y políticos necesarios para que los
derechos humanos sean respetados en el Tíbet por el Gobierno
comunista. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 161/001745.) ... (Página 24377)
- Sobre los derechos humanos en Perú. Presentada por el Grupo
anterior. (Número de expediente 161/001766.) ... (Página 24382)
Dictamen sobre - Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, así
como Declaración que España va a formular a la misma. (Número de
expediente 110/000294.) ... (Página 24385)
- Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del mar, hecho en Nueva York el 23 de mayo de 1997.
(Número de expediente 110/000295.) ... (Página 24396)
- Convenio de responsabilidades que han de asumir el Reino de España
y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con respecto a la 24.a reunión de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (Alicante, 12 al 16 de julio de 1999), y 1.a
reunión extraordinaria (Alicante, 7 al 9 de julio de 1999), hecho en
Roma el 2 de julio de 1999. (Número de expediente 110/000296.) ...
(Página 24396)
- Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Autoridad
internacional de los fondos marinos, hecho en Kingston el 27 de marzo
de 1998. (Número de expediente 110/000297) ... (Página 24396)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comienza esta
sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que se va a celebrar de
acuerdo con el orden del día que todos ustedes conocen con algunas
pequeñas modificaciones que paso a someter a su consideración y, en
los términos reglamentarios, también a su aprobación.
Primero quiero comunicarles que dos proposiciones no de ley que
figuran en el orden del día, pero todavía sin el parecer definitivo
de la Mesa, ya lo han recibido y es positivo, con lo cual las
consideraremos. Son las relativas a Bielorrusia y a la petición de
que el Premio Nobel sea concedido al señor Carrero.
En segundo lugar, no entra la proposición del Grupo Parlamentario
Mixto sobre el proceso electoral y la situación en Guatemala porque
fue presentada anteayer y no tiene todavía el parecer de la Mesa.
Respecto a las preguntas, querría informarles que las que figuran con
los números 2801 y 2817 serán incluidas mañana en el orden del día y,
consiguientemente, contestadas por el señor ministro.
Al mismo tiempo, se incluyen en el orden del día las dos preguntas
relativas a las actuaciones del Gobierno sobre el 50 Aniversario de
la Declaración de los Derechos Humanos, formulada una de ellas por el
señor Burballa. Ambas serán contestadas por el señor ministro en la
sesión de mañana.
Esas son las modificaciones que sufre el orden del día. (El señor
Estrella Pedrola pide la palabra.)
Señor Estrella
El señor ESTRELLA PEDROLA: En primer lugar, señor presidente, para
anunciar la retirada de la pregunta número 6; dado que el Gobierno de
Chile ha decidido aplazar la presentación de la demanda ante el
Tribunal de La Haya no creo que proceda.
En segundo lugar, para suscitar una cuestión al presidente y a la
Comisión. En el orden del día figuran una serie de instrumentos
internacionales, de acuerdos y convenios, incluido uno que es objeto
de enmiendas a la declaración que España va a formular, me refiero al
de las lenguas regionales minoritarias, y nuestra pregunta es la
siguiente: la de hoy es la última sesión de la Comisión, el de la
semana próxima previsiblemente va a ser el último Pleno de la
legislatura; por tanto, estos acuerdos no van a terminar de ser
tramitados en la presente legislatura. No sé si tiene sentido que
iniciemos la tramitación -porque este sería el inicio de la
tramitación de estos acuerdos- cuando la disolución de las Cámaras
previsiblemente -y no conozco en detalle si esto afecta también a los
convenios- va a hacer que queden decaídos y que se tenga que iniciar
el procedimiento nuevamente. Mi pregunta sería, ¿se tiene que iniciar
nuevamente el procedimiento también con los convenios? En caso
afirmativo, ¿tiene sentido que procedamos a hacer este trámite, que
no tiene ninguna utilidad?
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, lo digo con cierta vacilación,
porque es una pregunta pertinente, pero mi respuesta en principio
sería positiva a cumplir el trámite
que nos ha sido encomendado y que, en función de los plazos
reglamentarios, se ha ido cumpliendo.
Yo ya sé que lo que quede parcialmente concluido necesitará un
comienzo ex novo en la siguiente legislatura, pero no creo que eso
sea razón para que nosotros presumamos que va a ser así y
consiguientemente dejemos de cumplir lo que tenemos encomendado. De
manera que provisionalmente al menos el parecer de la Presidencia
sería que procediéramos a su debate y eventual aprobación o rechazo,
como conviniera. (El señor Robles Fraga pide la palabra.)
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Siento tener que darle la razón al señor
Estrella en esta última reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores,
pero es para que se vaya acostumbrando al espíritu de consenso del
Grupo Popular. La verdad es que no veo que abrir un debate que no
tiene sustancia jurídica posible, por cuanto tenemos enmiendas y
presumiblemente son enmiendas sobre las que no habrá consenso en esta
Comisión, sea de mucho interés.
El señor PRESIDENTE: Sus señorías están presumiendo que el Congreso
está disuelto, y el Congreso no está disuelto y la Presidencia no va
a presumir que las Cámaras estén disueltas. Consiguientemente, vamos
a seguir con nuestro trabajo hasta que se produzca el momento de la
disolución. Eso está muy claro. El artículo 207 dice, efectivamente:
«Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato,
quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y
resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que
constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente». Pero
es disuelto el Congreso de los Diputados. El Congreso de los
Diputados no está disuelto y yo no tengo por qué presumir que se va a
disolver o cuándo se va a disolver. De manera que vamos a continuar
con la tramitación como se hace normalmente. ¿Hay alguna observación
previa más? (Pausa.) No la hay.
PREGUNTAS
- DELSEÑOR ROBLES FRAGA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO),
SOBRE ESTADO DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS TRAS LA
LLEGADA AL TRONO DE MOHAMED VI. (Número de expediente 181/002763)
El señor PRESIDENTE: Dicho todo lo cual, vamos a proceder a solventar
el orden del día.
Quiero saludar y agradecer la presencia entre nosotros del señor
Secretario de Estado, don Fernando Villalonga, que va a contestar al
número abundante de preguntas y querría pedir a todos los señores
diputados autores de las preguntas que se atuvieran, en la medida de
lo posible, a los tiempos que en su momento marcamos, porque si no el
trámite resultaría excesivamente largo. Señor secretario de Estado,
bienvenido de nuevo.
Vamos a comenzar con la pregunta número 1 relativa a las relaciones
entre España y Marruecos, de la que es autor el señor Robles.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Es evidente que España y Marruecos mantienen
unas relaciones que son especialmente intensas, que son distintas de
las que podemos mantener con otros países, no solamente por vecindad
y continuidad geográfica, sino porque todo tiene que ver con todo, no
se puede diseccionar la relación de España y Marruecos en sectores
como se hace en las relaciones internacionales y diplomáticas con
excesiva frecuencia. Son relaciones que van más allá de la historia,
que tienen vocación de futuro y en las que nuestro país siempre ha
tenido y debe seguir teniendo un interés vigilante y desde luego el
convencimiento de que son relaciones en las que nos jugamos gran
parte de nuestro futuro.
Es razonable pensar que la muerte de Hassan II y la llegada al trono
de Mohamed VI abre una nueva etapa en el vecino país marroquí y que
es también una oportunidad para seguir incrementando, como se ha
hecho de forma muy notable en los últimos años, la presencia española
y la capacidad española de contribuir al progreso y al desarrollo del
pueblo marroquí.
El salto cualitativo dado en los últimos años por España y su mayor
presencia, no solamente en el terreno económico, financiero y
comercial, sino en el terreno de la cooperación y en el terreno
estrictamente político, son, creo, una de las mejores bazas y uno de
los patrimonios más provechosos con los que nuestra política exterior
contribuye a la prosperidad, a la seguridad y a la libertad de todos
los españoles.
Estas relaciones no solamente son de carácter clásico, también se
relacionan con una vieja interconexión y hermandad cultural y desde
luego tienen consecuencias muy notables y repercusiones inmediatas en
el debate nacional español y no me refiero naturalmente sólo a la
pesca, al comercio, a la cuestión del Sahara, me refiero a que
nuestro país tiene, y tendrá en el futuro también, una intensa y
espero que fecunda vinculación con el pueblo marroquí. Ya hay muchos
marroquíes que viven entre nosotros, hay muchos españoles que tienen
vinculaciones personales, familiares, empresariales, de trabajo con
Marruecos y es lógico pensar que en el futuro y cuando se acaba una
legislatura -y esta tendrá que acabarse en un momento o en otro- hay
que mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, todo lo que tenga
que ver con Marruecos nos importa, nos interesa y nos concierne.
Por eso creo que en esta Comisión convenía plantear esta pregunta o
iniciativas de este tipo. Son muchos los contactos que ha habido
desde la llegada al trono de Mohamed VI, son muchos los viajes, las
visitas, las reuniones que ha habido y por eso pregunto al secretario
de Estado en qué momento estamos en las relaciones entre España y
Marruecos, muy especialmente tras la llegada al trono de Mohamed VI.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Efectivamente, las relaciones
entre España y Marruecos se encuentran en un momento muy positivo,
más allá de las dificultades concretas en sectores específicos.
Como S.S. conoce el pasado 16 de agosto, todavía en período de duelo
oficial por el fallecimiento del rey Hassan II, se produjo la visita
del presidente del Gobierno al rey Mohamed VI. El presidente del
Gobierno fue el primer jefe de gobierno europeo y occidental que fue
recibido por el nuevo rey de Marruecos, y eso constituye una muestra
del papel clave que tiene Marruecos dentro de la política exterior
española, al reafirmar en esta nueva etapa que inicia Marruecos el
carácter privilegiado y prioritario que se hizo con ese viaje de
nuestras relaciones bilaterales.
Como sabe S.S., también es una tradición en la democracia española
que el primer viaje de un presidente del Gobierno al exterior al
iniciar su mandato sea siempre a Marruecos, y ello ha sido
correspondido por Mohamed VI con la deferencia de que el presidente
del Gobierno de España haya sido también el primero en ser recibido
por el rey de Marruecos.
Las relaciones políticas evolucionan positivamente. El Tratado de
amistad, de buena vecindad y cooperación de 1991, que fue el
instrumento fundamental para la potenciación de esas relaciones,
funciona bien; funcionan bien las reuniones a alto nivel, a nivel de
jefes de gobierno de ambos países. Se han celebrado cinco reuniones
hasta ahora, la última el pasado mes de abril en Madrid. Hay que
destacar también un importante flujo de visitas bilaterales desde
entonces, reflejo e impulso de las relaciones no sólo entre Gobiernos
sino también entre distintos poderes e instituciones del Estado,
entre éstas las Cortes Generales y también las comunidades autónomas.
Me gustaría destacar que las relaciones entre España y Marruecos van
más allá de lo que son las relaciones institucionales y afectan
también a la sociedad en su conjunto y a la sociedad civil. Dentro de
ese buen momento de las relaciones quisiera destacar la labor
desarrollada por el Comité Averroes, que busca ese mejor conocimiento
a través del diálogo. En el terreno económico y comercial España
sigue siendo el segundo proveedor de Marruecos, tras Francia;
nuestras exportaciones a Marruecos son las más voluminosas de las
destinadas al continente africano y Marruecos absorbe unos 150.000
millones de pesetas de productos españoles al año, es nuestro mayor
mercado fuera de los países de la OCDE.
Más allá del comercio, tres instrumentos destinados al impulso de las
relaciones económicas y financieras, como conoce S.S., están dando
buenos resultados: el acuerdo marco de cooperación económica y
financiera de 1996, por el que se ponen a disposición de Marruecos
facilidades financieras por un importe de 150.000 millones de pesetas
para el período 1996-2001; el acuerdo de conversión de deuda
marroquí, suscrito en diciembre de 1996, que prevé la reconversión de
deuda hasta un montante de 11.000 millones de pesetas; y el acuerdo
de promoción y protección recíproca de inversiones de 1997, que
facilitará desde luego las inversiones españolas en Marruecos y las
marroquíes en España.
En materia de pesca, como S.S. conoce, aunque sea competencia de la
Unión Europea, España es el Estado miembro más afectado por las
negociaciones para la sustitución del acuerdo que caducó a finales de
noviembre. En aquellas aguas teníamos más de 400 barcos y el Gobierno
está convencido de que un nuevo marco de relaciones entre las dos
partes, entre Marruecos y la Unión Europea, garantizará a Marruecos,
a la Unión Europea y a España, un progreso y desarrollo que busca la
protección de nuestros intereses pesqueros.
Por último, las relaciones de cooperación también funcionan bien.
Marruecos es país prioritario de la cooperación española y en 1998
fue el primer país receptor en el mundo de ayuda española no
reembolsable, con cerca de 6.000 millones de pesetas y, como conoce
S.S., dicha cooperación se basa en los convenios de cooperación
científico- técnica y de cooperación cultural. Tenemos institutos
Cervantes, programas de educación. En definitiva, las relaciones son
buenas; más allá de las dificultades concretas con las que nos
encontramos en el terreno pesquero las relaciones entre España y
Marruecos son buenas y esperemos que se mejoren durante el reinado de
Mohamed VI.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No tengo nada más que decir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LAAPLICACIÓN DE NUESTRA
LEGISLACIÓN LABORAL POR LAS REPRESENTACIONES EXTRANJERAS ACREDITADAS
EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/002783)
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY 18/1991 DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) POR LAS REPRESENTACIONES
EXTRANJERAS ACREDITADAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/002784)
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE RECIPROCIDAD EN LA
APLICACIÓN POR ESPAÑA DE LAS NORMAS LABORALES Y FISCALES, ASÍ COMO
POR LAS REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS ACREDITADAS EN MADRID. (Número
de expediente 181/002785)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2, de la que es autor el señor
Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Con su permiso, señor presidente,
formularé conjuntamente las números 2, 3 y 4, que se refieren a las
mismas materias.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Es una cuestión poco conocida pero que a
veces suele ser objeto de noticias en la prensa de todo el mundo; son
situaciones en las que un diplomático protegido por su inmunidad o
una representación diplomática acumula enormes cantidades de multas
de tráfico, situaciones en que se produce un despido de un
funcionario nacional en una representación extranjera, sin que la
representación se someta a las leyes nacionales en materias
laborales; situaciones en las que las representacionesdiplomáticas no
realizan las obligadas retenciones del IRPF a los empleados
nacionales que tendrían que efectuar su declaración de la renta y
declarar sus ingresos. Todo ello crea una situación bastante opaca,
por una parte, y genera en ocasiones tensiones. Además tenemos la
impresión de que, aunque existen convenios internacionales que
regulan los privilegios e inmunidades y que regulan también las
obligaciones vinculadas al goce de esos privilegios e inmunidades, no
existen mecanismos de reciprocidad. Hay países que son muy exigentes,
hay ciudades que han tomado medidas, por ejemplo, la ciudad de Nueva
York, para lograr que los diplomáticos paguen las multas de tráfico.
Quisiera saber cuál es la situación en España, cómo nos encontramos
en cuanto a la aplicación de la legislación laboral, en cuanto a la
aplicación de la legislación fiscal y en cuanto a la existencia o no
de mecanismos de reciprocidad.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): La situación es distinta. En
materia de legislación laboral el Ministerio remitió a las misiones
diplomáticas cuatro notas verbales circulares en las que se subraya
la estricta necesidad del cumplimiento de las obligaciones laborales
en España del personal local administrativo, técnico y de servicios,
de criados particulares de los miembros de las misiones diplomáticas
y el inevitable cumplimiento de la normativa española aplicable en la
materia.
Este cumplimiento se deriva de las normas generales que regulan las
relaciones diplomáticas, el artículo 41 del Convenio de Viena, que
habla de: Sin perjuicio de esos privilegios e inmunidades, todas las
personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar
las leyes y reglamentos del Estado receptor. Hemos insistido en la
necesidad de que el personal contratado en España sea inscrito en la
Seguridad Social. Por otra parte, se han expuesto los preceptos más
relevantes de la legislación laboral española, sobre todo
relacionados con contratación y con el desarrollo de las funciones
laborales del personal empleado local, vacaciones, horarios,
despidos, etcétera.
También se sugirió en aquellas notas que, en los casos en que las
misiones fuesen demandadas ante la jurisdicción española con ocasión
de contratos o de relaciones laborales,
se hiciesen representar procesalmente por un letrado para hacer valer
sus medios de defensa ante los órganos jurisdiccionales españoles.
Nosotros exigimos como requisito indispensable para la expedición del
documento de identidad que acredita al personal contratado local la
presentación por parte de las misiones en materia laboral de una
prueba documental que confirme la inscripción del contratado en la
Seguridad Social española, por ejemplo.
Nosotros sólo conocemos los problemas de índole laboral cuando se nos
plantea alguna controversia ante los tribunales, esa es otra
realidad, y en este punto convendría recordar que el Convenio de
Viena de relaciones diplomáticas establece que los Estados soberanos
y sus representaciones en el exterior gozan de inmunidad. Ese
principio de la inmunidad se traduce, por un lado -igual para los
tres aspectos fiscal y laboral-, en la facultad que tienen las
misiones diplomáticas de hacer valer su inmunidad ante los órganos
jurisdiccionales españoles y, por otro lado, en que las sentencias
dictadas por los tribunales no puedan ser ejecutadas, ya que el
Convenio de Viena y la propia doctrina del Tribunal Supremo español
reconocen que los bienes de que sea titular la embajada o la misión
en cuestión están destinados al desenvolvimiento de sus funciones y
por tanto no son susceptibles de embargo o de ejecución equivalente.
Es decir, que por un lado existe la obligación que podemos hacer
efectiva mediante medidas como, por ejemplo, expedición de tarjetas,
inmunidades, etcétera, pero, por otro lado, siempre nos encontramos
al final con la inmunidad de jurisdicción de las misiones
diplomáticas en materia laboral y en materia fiscal.
En materia fiscal he de decirle que el Convenio de Viena sobre
relaciones diplomáticas es parte integrante del ordenamiento interno,
establece la exención fiscal para todos los agentes diplomáticos
sobre impuestos directos, el mismo privilegio se reconoce a los
miembros de la familia de un agente diplomático y que formen parte de
su casa y que no sean nacionales del Estado receptor; los miembros
del personal administrativo y técnico, sus familias y los miembros
del personal de servicio que no sean nacionales del Estado receptor
ni tengan en él residencia permanente también gozarán de la exención
de impuestos directos sobre los salarios por sus servicios. Los
criados particulares de los miembros de la misión que no sean
nacionales del Estado receptor ni tengan en él residencia permanente
también estarán exentos de impuestos directos sobre los salarios que
perciban por sus servicios. Todas estas personas están excluidas del
ámbito de la aplicación de la Ley del IRPF.
Sin embargo, en lo que afecta a los empleados locales de las misiones
diplomáticas, tanto de nacionalidad española como residentes legales
en España, el Ministerio, con el fin de facilitar el cumplimiento de
lo establecido en la Ley, remitió a todas las embajadas y organismos
unas notas verbales que llevaban como anejo un documento informativo
sobre las obligaciones tributarias que afectan al personal contratado
local de las misiones diplomáticas, incluyendo las tablas donde
figuran los importes del rendimiento anual, el modelo de impreso y
las retenciones que deben practicar. ¿Cuál es el problema con el que
nos encontramos? El problema con el que nos encontramos es que existe
una
serie de misiones que colaboran a la hora de hacer las retenciones
del IRPF con el Estado y otras que no, pero el Estado no puede
obligar a las misiones diplomáticas a que se conviertan en agentes
del fisco español. Esto es una realidad. El principio de buena fe
rige, algunas misiones lo cumplen, otras no. No se puede obligar a
que colaboren en una tarea recaudatoria del Ministerio de Economía y
Hacienda o de la Hacienda pública española practicando las
retenciones, de manera que después la obligación derivada del
impuesto sobre la renta de las personas físicas recaerá directamente
en el contratado local. Esta es la situación con la que nos
encontramos. En España 36 embajadas cumplen perfectamente con ese
principio de buena fe de practicar las retenciones, otras no, pero el
hecho jurídico real y reconocido por la doctrina y por el Tribunal
Supremo es que las embajadas, las misiones diplomáticas, no tienen
por qué convertirse en agentes recaudatorios del fisco español y, por
tanto, no tienen obligación jurídica de colaborar en la recaudación
del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La normativa de la reciprocidad se intenta aplicar siempre que se
puede. Hay veces en que el Estado acreditante aplica a nuestras
embajadas una serie de medidas de carácter policial o de restricción
de movimientos que, por la propia naturaleza jurídica de nuestro
sistema político, nos impide, al menos aquí en España, aplicar a esas
misiones diplomáticas de forma recíproca, pero en toda materia fiscal
y laboral intentamos siempre aplicarlo hasta donde se puede. De todas
formas, es difícil el trato diferente a misiones individualizadas, en
la medida en que viene a complicar enormemente la tarea de protocolo
y sobre todo la tarea de coordinación de la Administración española
en su conjunto, pero se intenta aplicar el principio de reciprocidad
hasta donde se puede, tanto en medidas fiscales como en materia de
multas, de exención de impuestos fiscales, etcétera. Esto siempre es
objeto de negociación, últimamente ha ocurrido con el Reino Unido en
materia de tratamiento fiscal de los institutos británicos y el
Instituto Cervantes de España en el Reino Unido, y se suele hacer por
vía de negociación siempre. La reciprocidad puede ser también un
instrumento de negociación diplomática, como de hecho suele ser. Por
ejemplo, en el caso último que hemos tenido del Reino Unido, el
tratamiento fiscal de los institutos culturales ha funcionado bien y
hemos quedado satisfechos después de unas largas negociaciones que
afectaban a impuestos locales y a estatales también.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLAPEDROLA: Señor secretario de Estado, ha señalado
usted una cifra, ha dicho que hay 36 representaciones que cumplen en
materia fiscal. Le pediría que, a ser posible hoy mismo, nos hiciera
llegar la relación de esas representaciones que cumplen y de las que
no, tanto en materia fiscal como en materia laboral.
Quisiera trasladarle el respaldo absoluto del Grupo Socialista a
cualquier esfuerzo que se haga desde el Gobierno para intentar
resolver esta situación, situación que crea casos realmente
flagrantes. No hace mucho tiempo, noviembre de 1998, se dictaba una
sentencia contra la embajada de Estados Unidos en España por despido
improcedente
del empleado don Gregorio Trampal, y se condenaba a la embajada a
abonar por la demanda de extinción de contrato 15.900.000 y, como
indemnización complementaria por los salarios que había dejado de
percibir, 3.600.000. La representación de Estados Unidos ni siquiera
se ha presentado ante las autoridades judiciales, en este caso el
Juzgado de lo Social. Esa cantidad al final lo vamos a pagar todos
los españoles a través del Fondo de Garantía Salarial, no sé si en su
totalidad o en parte. No tengo muchas cifras, pero lo único que sé, a
través de una respuesta parlamentaria, es que a lo largo de esta
década el Fondo de Garantía Salarial ha abonado del orden de 30
millones por cantidades no devengadas por representaciones
diplomáticas en estos conceptos. Ahora estamos hablando de una
sentencia que se sitúa en torno a los 20 millones por sí sola.
Como usted decía, las cuentas destinadas al desenvolvimiento de las
funciones de las representaciones diplomáticas no son embargables,
hay otras que sí, pero parece ser que alguna de ellas han aprendido
el truco y todas las cuentas son calificadas con ese fin, por tanto,
no es posible proceder al embargo. Creo que es inaceptable que en el
territorio de un país se creen islotes en lo que se refiere a la
aplicación de la legislación sobre derechos de los ciudadanos. En
este caso concreto, la actuación de la representación de Estados
Unidos, como ha habido alguna otra anterior, es absolutamente
denunciable, criticable, deplorable y no contribuye en absoluto al
mantenimiento de unas relaciones cordiales y fluidas como las que
deben presidir nuestros vínculos entre Estados Unidos y España, como
entre España y otros países que están acreditados en España.
Yo no sé qué se puede hacer ante esto. Quizá la única vía, yo lo
apuntaba en mi tercera pregunta y usted lo ha señalado en su última
respuesta, es la vía de la reciprocidad. Nos encontramos con que hay
países a los que sí se están aplicando a las representaciones
españolas una serie de exigencias y nosotros estamos tratando de
cumplir, por lo que tengo entendido, pero aquí no existe la misma
voluntad. En ese sentido, le pediría, por una parte, que se ejerciese
la presión necesaria, en concreto en el caso al que me he referido,
ante la representación de Estados Unidos. Quiero dejar constancia, en
nombre del Grupo Socialista, de nuestra posición al respecto, en este
caso como en cualquier otro similar.
También queremos que se siga por la vía de la reciprocidad y que se
sea tan exigente como se es con nosotros allí donde están acreditados
representantes españoles, sean o no diplomáticos, pero que gozan de
estatuto diplomático. Los convenios de Viena están en vigor, pero
quizá sería conveniente estudiar la posibilidad de una posición común
de la Unión Europea respecto a la aplicación de estos convenios.
Hablando de la reciprocidad, ha hecho usted referencia a determinados
países donde aplican restricciones a los movimientos de los
diplomáticos. Una práctica leninista muy conocida, por supuestas
razones de seguridad, era restringir los movimientos de los
diplomáticos. Algunos países todavía la conservan, tienen esos tics
autoritarios, pero creo que no estamos hablando de situaciones que
sean homologables. Lo que hay que hacer es ir convenciendo
progresivamente a esos países de que nada hay, por parte de la
presencia de diplomáticos españoles o de otros países, que pongan en
riesgo su seguridad, al contrario, la libertad de movimientos
contribuye a un conocimiento más ajustado de la realidad de esos
países.
Nada más por mi parte, sino hacerle esas dos peticiones: la primera,
actuación concreta, firme, ante la representación de Estados Unidos;
la segunda, reciprocidad lo más exacta y ajustada posible.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
MEDIDAS ANTE LAS DISFUNCIONALIDADES REGISTRADAS EN LA REPRESENTACIÓN
DE ESPAÑA EN RUMANÍA. (Número de expediente 181/002786)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5, de la que es
también autor el señor Estrella.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLAPEDROLA: Señor secretario de Estado, a este diputado
ha llegado, como entiendo que también al Ministerio de Asuntos
Exteriores, dirigidos al ministro, una serie de escritos en los que
se plantean ciertas disfuncionalidades en la representación española
en Rumanía. Vaya por delante que este diputado considera que nuestro
embajador en Rumanía es un excelente profesional, sin embargo
entiendo que algunas de las acusaciones que se realizan en estos
escritos que yo he recibido pueden coincidir con la realidad.
Se habla, por ejemplo, de las consecuencias de desigualdad que puede
generar el acuerdo hispano-rumano sobre protección y promoción de
inversiones. No hay una equiparación en el tratamiento de lo que son
inversiones extranjeras o inversor extranjero. Se habla también del
mal funcionamiento de nuestra representación consular, quizá por
escasa dotación de medios. Yo le voy a poner un ejemplo. Ayer en el
Pleno de la Cámara se hablaba del caos al que el ministro de Fomento
y otros miembros del Gobierno, con la complicidad de la niebla,
sometieron el pasado puente a centenares de miles de ciudadanos
españoles. La representación española en Bucarest, con motivo de las
últimas elecciones municipales y europeas, enviaron una circular en
la que decían que las listas electorales estarían expuestas desde el
lunes 26 de abril hasta el 3 de mayo de 1999 y que se podían
comprobar en una serie de teléfonos, y en el caso de existir errores
en los datos consignados en las listas deben de ser cumplimentados
por el interesado antes del día 4 de mayo. Era perfecto, sólo había
un problema y era que la carta que se enviaba a los ciudadanos
españoles que están inscritos en el registro llevaba matasellos
precisamente del 4 de mayo de 1999, es decir, el día en que terminaba
el plazo para alegar. Yo no sé si eso es culpa también del señor
Arias-Salgado, entiendo que él no es responsable todavía de los
servicios de correos de Rumanía, pero tampoco de la estampación
postal en el consulado de España en Rumanía.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Sinceramente, no conozco el
caso concreto o los errores administrativos que se han podido
producir a la hora de matasellar una carta o una convocatoria, pero
desde luego la única disfuncionalidad de la que es consciente el
Ministerio de Asuntos Exteriores son unas quejas que tienen nombre y
apellido, son concretamente de don Félix Ducha Arrizabalaga, que es
el representante de una asociación que se llama de Ayuda a los
españoles en Rumanía. Se queja del funcionamiento de la sección
consular, como S.S. ha dicho, y también sobre el acuerdo para la
promoción y protección recíproca de inversiones entre España y
Rumanía. Yo quiero recordar a S.S. que el señor Arrizabalaga es el
único representante de la asociación mencionada que figura inscrito
en el registro de matrícula de la sección consular, y asimismo el
señor Arrizabalaga representa en Rumanía a un tour-operator español
que se llama Organización mundial de viajes y excursiones, sociedad
anónima. El señor Arrizabalaga ha reclamado desde el principio un
trato específico para su agencia de viajes, o su tour-operator, por
parte de la sección consular en Bucarest a la hora de gestionar
visados para los ciudadanos rumanos que sean clientes de su
touroperator. Se le expresó que no es posible ofrecerle un trato de
favor por encima de lo otorgado a los restantes ciudadanos rumanos
que desean viajar a España, pues ello supondría un trato
discriminatorio entre ciudadanos rumanos solicitantes de visados para
entrar en nuestro país.
Es preciso señalar que la sección consular de la embajada está
abierta y disponible para cualquier ciudadano español que necesite
sus servicios, así se le ha dicho al señor Arrizabalaga, durante el
horario de oficina los días laborales y disponemos también de un
teléfono de emergencia para actuaciones urgentes fuera de dicho
horario y en días festivos, cosa que el señor Arrizabalaga parece no
entender.
Creo que se trata simplemente de una crítica interesada de alguien
que tiene un interés muy particular en un determinado funcionamiento
personalizado de la sección consular y, sinceramente, yo no le daría
más importancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor secretario de Estado, desde luego,
como usted sabrá perfectamente, el señor Arbizabalaga no fue
compañero mío de colegio y, por tanto, no me une ninguna relación con
él ni tengo en absoluto ningún interés en defender los intereses,
valga la redundancia, de este señor. No obstante, él y la asociación
que ha constituido han dirigido una serie de escritos en los que
plantean algo referido a la representación consular. Yo no he hecho
ninguna alusión ni ninguna referencia a los criterios de concesión de
visados, y lo he hecho deliberadamente, no lo tomo en consideración.
Sí he hecho referencia a que algo funciona mal cuando se abre un
plazo para las listas del censo y para rectificaciones, y la carta
que comunica la publicidad de las listas del censo y la fecha de
rectificaciones sale del consulado el día que termina el plazo. Algún
crédito hay que darle a eso porque está el matasellos.
En segundo lugar, yo no sé si tienen razón o no, pero por lo que yo
leo en el texto del acuerdo de protección y promoción de inversiones,
no parece que tengan la misma consideración en el acuerdo los
ciudadanos españoles residentes en Rumanía, al ser considerados o no
inversores, que los ciudadanos rumanos residentes en España. Por
tanto, parece que algún error podría haber, quizá, que sería
subsanable en todo caso, en la redacción de ese acuerdo de protección
de inversiones.
Esto era todo lo que tenía que plantearle, y no es cuestión de darle
crédito o no, es que del texto se desprende claramente que está
descompensado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Yo no creo, de verdad, que
tenga entidad suficiente como para que sea motivo de una discusión
parlamentaria un error, que por supuesto existe, porque está el
matasellos, pero no va más allá de un error meramente administrativo,
que intentaremos corregir, como se producen en todas las
administraciones y en todas las casas. (El señor vicepresidente,
YáñezBarnuevo García, ocupa la Presidencia.) Ahora bien, también
pongamos entre paréntesis críticas que a veces pueden ser
interesadas, y vuelvo a repetir que yo creo que en este caso también
lo son, y así me lo dicen los servicios.
En lo que se refiere a la aplicación del acuerdo para la promoción
recíproca de inversiones, en ese acuerdo se utilizó el criterio de la
residencia para definir respecto a nuestro país el término de
inversor en lo referente a personas físicas. La residencia por lo
tanto es el concepto sobre el que se articula la normativa española
en materia de movimientos de capital y, en particular, la legislación
sobre inversiones españolas en el exterior. De esta forma titulares
de la inversión española en el exterior son las personas físicas
residentes en España, con independencia de su nacionalidad. Yo creo
que esto clarifica los términos de la aplicación de ese acuerdo.
Por otro lado, he de decir a S.S. que, evidentemente, hubo un
problema de avalancha de solicitudes de visados en Rumanía, pero eso
ya lo hemos intentado resolver creando una nueva plaza de oficial
administrativo encargado de visados, se ha desplazado una funcionaria
española y, desde luego, se han autorizado contrataciones temporales
para atender mejor el servicio de visados de nuestra embajada en
Rumanía. Hemos dispuesto también mejoras materiales, pero lo que no
podemos hacer es dar trato discriminado de favor a nadie por una
circunstancia absolutamente personal o porque sea el presidente de
una asociación, asociación, vuelvo a repetir, cuyo único miembro
inscrito en el registro de matrícula es él. No sé a dónde va esa
asociación, lo amplia que es y cuántos asociados hay, pero el único
asociado inscrito en el registro de matrícula en el consulado es este
señor, lo cual no creo que sea una organización con mucha
representatividad de la colonia española en Bucarest.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CRITERIOS QUE HAN JUSTIFICADO LA ANULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA
CASA DE AMÉRICA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA POR EL
PARTIDO LIBERAL. (Número de expediente 181/002796)
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Pasamos a la
pregunta número 7, sobre criterios que han justificado la anulación
de la intervención en la Casa de América del candidato a la
presidencia de Colombia por el Partido Liberal. Es autor de la
pregunta don Rafael Estrella Pedrola, que tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Estoy ya acostumbrado y acepto como un
hecho cotidiano que el Gobierno conteste cosas sobre las que no se le
ha preguntado como, por ejemplo, los criterios de concesión de
visados. No le he preguntado por ello, por tanto no era procedente la
respuesta a ese respecto.
El pasado mes de octubre estaba prevista la intervención en la Casa
de América del candidato a la presidencia de Colombia por el Partido
Liberal, don Horacio Serpa. La Casa de América, desde su creación, ha
venido siendo un centro de encuentro entre España y América Latina
pero también entre los propios latinoamericanos. Ha sido un centro
cuya actuación ha estado presidida por el respeto mutuo y por la
tolerancia, y eso ha sido precisamente lo que ha contribuido a dar a
la Casa de América un marchamo de prestigio, de institución
acreditada, porque en la Casa de América pueden convivir y pueden
participar personas de distintas ideologías, pueden participar
personas que tienen visiones contrapuestas sobre el futuro de sus
propios países. En ese sentido, yo creo que la Casa de América ha
prestado en el pasado y va a seguir prestando en el futuro una
contribución importante a la consolidación del diálogo nacional en
muchos países de América Latina. El pasado mes de octubre estaba
prevista esa intervención del señor Horacio Serpa, estaba programada
con varias semanas de antelación, sin embargo, parece ser que a raíz
de una visita del presidente del Congreso, don Federico Trillo, se
producen una serie de instrucciones emitidas desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores que culminan con la cancelación, sin justificación
alguna más allá de que pocos días después venía el presidente actual
de Colombia, de la conferencia del señor Horacio Serpa. Mi pregunta
se refiere a cuáles son las razones de esa cancelación.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Yo podría salirme por las
ramas y dar una respuesta difuminada sobre la cancelación o la
posposición de la conferencia del señor Horacio Serpa en la Casa de
América pero le voy a ser muy claro y muy sincero. El único
responsable de la cancelación de esa conferencia soy yo, para nada
tiene que ver el presidente de esta casa ni ninguna visita que se
hubiese hecho. Las
razones se las explico a S.S. como se las expliqué a María Enma Mejía
y al propio señor Serpa.
La Casa de América es un foro abierto y plural a todos los políticos
latinoamericanos, lo ha sido y lo seguirá siendo, y en la
programación de la Casa de América está la prueba de lo que le digo a
S.S. Ahora bien, la Casa de América también es un organismo público
que tiene que compaginarse, en la medida de lo posible, con la
política exterior del Estado. Sinceramente, a mí no me pareció,
aunque posiblemente la reacción fue tardía, que viniendo el
presidente de Colombia en visita oficial al día siguiente, o a los
dos días, se montase una mesa con el ex presidente de Colombia, el
candidato de la oposición y el número dos de la candidatura de la
oposición; hay que ser un poco cuidadosos. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) En ningún momento yo censuré esa conferencia sino
que les dije que se pospusiese para una semana después, cuando se
produjese la visita del presidente Pastrana, o para dentro de quince
días. A mí sinceramente me parecía una utilización partidista en la
política interna colombiana del foro de la Casa de América, con toda
la plana mayor de la oposición colombiana, justo cuando al día
siguiente o a los dos días se producía la visita del presidente
Pastrana. Sinceramente se lo digo, me parece que es utilizar la
libertad de expresión y del foro que es la Casa de América en
intereses que son absolutamente partidistas de la política interna
colombiana y que nos pueden afectar a nosotros también. La Casa de
América es una casa financiada con dinero público. Nunca se canceló
esa conferencia, sino que se pospuso, y yo creo que lo que estoy
diciéndole es muy razonable.
En la Casa de América nos movemos siempre entre el filo de la navaja
por la cercanía que tenemos con todos los temas americanos y por ahí
pasan hasta miembros de la guerrilla, pero somos cuidadosos de que
esto interfiera lo menos posible -ese foro de debate que se produce
en una casa pública- en la política exterior española. Y le soy muy
sincero. El único responsable de la cancelación o de haber pospuesto
esa conferencia soy yo. Doña María Emma Mejía y don Horacio Serpa han
tenido y tienen abierta la Casa de América para cuando quieran. Para
una semana después de ese día 19 les ofrecimos fechas para poder
realizar esa conferencia, y siguen teniendo abiertas las puertas. Yo
mismo he presentado a don Horacio Serpa en una conferencia en la Casa
de América, cuando nos vino a hablar del proceso de paz, y vuelvo a
repetir que la Casa de América sigue estando abierta a todas las
fuerzas políticas colombianas así como a todas las fuerzas políticas
latinoamericanas, ahora bien, intentando compaginar que ello no
interfiera en la política exterior española. A mí, sinceramente, no
me parece serio montar una conferencia con toda la plana mayor de la
oposición colombiana justo un día antes de la llegada del presidente
Pastrana en visita oficial. Esa es la razón. Más claro no puedo ser.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo no sé lo que es serio o no serio porque
el acto estaba programado con cuatro semanas de antelación. (El señor
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica
(Villalonga Campos): No en su composición.) El acto estaba programado
con bastante antelación. Yo tuve la ocasión de asistir a la
conferencia del señor Horacio Serpa en otro recinto y fue una
conferencia exclusivamente del señor Serpa, no fue una mesa redonda
con los participantes a los que usted se ha referido; eso quizá
hubiera sido una opción, haber modificado el formato; yo creo que el
Gobierno tiene experiencia en modificar los formatos de las
reuniones, desde el encuentro con Yeltsin.
No estoy de acuerdo con su opinión, en primer lugar, porque no es
cierto que el señor Pastrana viniera a España en visita oficial; no
era una visita oficial del señor Pastrana y usted lo ha dicho tres
veces. No era una visita oficial, venía en visita privada para
asistir, porque le apetecía, a la entrega de los premios Príncipe de
Asturias. Yo tengo conocimiento de que aquí ha habido probablemente
un exceso de celo que ha llevado de la autocensura a la censura,
porque tengo el convencimiento de que el señor Pastrana estaba
completamente ignorante de esa decisión que usted tomó, y que la tomó
además inmediatamente después de una visita del señor Trillo a la
Casa de América y después de que el señor Trillo se dirigiese al
ministro de Asuntos Exteriores para plantearle que le parecía
inoportuno, esa comparecencia. Yo creo que limitar las posibilidades
de la Casa de América, limitar los derechos que hasta ahora ha venido
ofreciendo la Casa de América como foro de expresión de opiniones,
con unas reglas de juego que son el respeto mutuo -y le puedo
asegurar que en la conferencia del señor Serpa hubo solamente respeto
hacia la figura del presidente Pastrana, limitándose a expresar sus
puntos de vista sobre el proceso de paz, sin entrar en confrontación
ni en ataques al presidente de su país, porque en ese sentido el
señor Serpa tiene una visión de lo que es hablar del propio país
cuando se está fuera de él- es deplorable. Yo considero un gesto
rayano en la intolerancia la decisión que usted adoptó.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Me parece tremendamente
injusto que S.S. diga que se pasó de la autocensura a la censura. No
se ha censurado a nadie en la Casa de América. Le vuelvo a repetir
que yo mismo he presentado al señor Serpa en una conferencia en la
Casa de América y que el señor Serpa tiene abiertas las puertas de la
Casa de América. Simplemente consideré que por razones de política
exterior no era conveniente que se produjese esa conferencia,
conferencia que tenía una mesa cuya composición no se conoció hasta
el último momento. ¿Quiere saber S.S. cuál era la composición de esa
mesa? Ex presidente Samper, doña María Emma Mejía, el señor Serpa y
don Felipe González. Sería o no sería una visita oficial, pero era
una visita de trabajo del presidente de Colombia y, sinceramente, no
me gusta trasladar a la Casa de América maniobras de política interna
colombiana, como de ningún otro lugar, en el entendimiento de que la
Casa de América se le ofreció al señor Serpa para una semana después.
Es decir, no
quisimos utilizar la Casa de América, como organismo público, para
inquietar al presidente Pastrana.
Usted tiene más información que yo, pero a mí no me llamó el
presidente Trillo y tengo conocimiento de que tampoco habló con el
ministro de Asuntos Exteriores, ni fue esa suspensión consecuencia de
ninguna intervención del presidente del Congreso de los Diputados,
fue una decisión exclusivamente mía y le vuelvo a repetir que no se
censuró sino que simplemente se les ofreció otras fechas para después
del viaje del presidente Pastrana. Y este ha sido el criterio de Casa
de América, es decir, que si se produce una visita de Estado, Casa de
América no servirá para que la oposición... (El señor Estrella
Pedrola: ¿Visita de Estado?) No, si es igual, se produzca una visita
de Estado o una visita oficial de un jefe de Estado, da igual, no
quiero que se utilice la Casa de América para hacer política interna.
Como foro de debate intelectual, perfecto. Por eso, tanto el señor
Serpa como todos los políticos latinoamericanos, sean o no de la
guerrilla, oficiales o no, tienen la Casa de América abierta, pero
por favor que no se utilicen las instituciones oficiales simplemente
para hacer política interna que pueda incomodar a la política
exterior española. Esto es lo que digo, no hay censura ni ninguna
otra actitud extraña en esto.
- DELSEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE VALORACIÓN DE LA DESTITUCIÓN DEL MINISTRO DE INTERIOR
DE MARRUECOS. (Número de expediente 181/002799)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, de la que es autor el señor
Navas.
El señor Navas tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Quisiera escuchar la valoración del Gobierno
respecto al cambio en uno de los ministerios más importantes de
Marruecos de uno de los hombres que tenía más peso político no sólo
en el actual Gobierno, sino en los anteriores, y también respecto a
la incidencia que este cambio podría tener para las transformaciones
políticas que se deben desarrollar en Marruecos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERaCIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): El Gobierno español no entra a
valorar, porque no le corresponde, los cambios de personas en
gobiernos e instituciones de otros países, ni lo hace tampoco en el
caso de Marruecos. Nosotros seguimos con atención y con esperanza la
evolución de la situación en Marruecos desde la entronización de
Mohamed VI y hemos transmitido en reiteradas ocasiones al país vecino
nuestro aliento y nuestro respaldo en el proceso de consolidación del
Estado de derecho, comprometido con libertades individuales y
colectivas y con el respeto y promoción de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Considero que es muy importante que el
Gobierno valore estos cambios. De todas formas, en su segunda
respuesta comprenderemos si el Gobierno valora o no realmente estos
cambios en un país sobre el que España tiene una prioridad en cuanto
a los ejes de su política exterior. Por tanto, cualquier cambio
sustancial en los órganos de gobierno de ese país afecta a España,
interesa a España y España lo debe evaluar.
El cambio de monarca en Marruecos ha generado unas expectativas para
los deseados cambios democráticos respecto a una etapa anterior en la
que su padre, Hasan II, fue un rey dictador que consiguió como
principales méritos el apoyo de Estados Unidos en política exterior y
que produjo un continuo tira y afloja de contenciosos con España,
siempre tensionando y nunca resolviendo, y que asumió poderes propios
de un presidente de Gobierno y muchos del Poder Legislativo, incluso
del Judicial. Por lo tanto, el cambio en la monarquía debería traer
como consecuencia cambios sustanciales en el modelo político
imperante en un país que, como digo, es tan relevante para la
política exterior española.
Creo que la destitución del ministro de Interior es un elemento
importante para evaluar la voluntad de cambio del nuevo rey de
Marruecos. De todas formas, tiene que demostrar intenciones que
actualmente sólo son teóricas y que debe plasmar en realidades. Tiene
que abandonar ese país la práctica endémica de torturas y el
desprecio a la ley por el Estado. La confirmación de un cambio
debería afectar a la política seguida por Marruecos respecto a la
celebración del referéndum en el Sáhara y no sólo crear la comisión
real para asuntos referidos al Sáhara y nombrar un diplomático como
representante ante la Minurso, que, evidentemente son gestos, sino
que lo que necesitamos, después de los gestos, son realidades. Porque
va pasando el tiempo y seguimos en un escenario similar al anterior,
con unos 65.000 recursos presentados por Marruecos sobre el censo de
la Minurso, y eso que ya incorporó las tres tribus de litigio sobre
su vinculación a saharauis o no saharauis. Se han presentado 147.000
personas con derecho a voto, y a pesar de todo Marruecos sigue
dificultando y obstruyendo el proceso para la celebración del
referéndum. Tienen que demostrar que los gravísimos acontecimientos
que se han producido en septiembre en El Aaiún no sólo no se van
a volver a producir, sino que el Estado va a actuar contundentemente
contra los responsables de aquellas actuaciones policiales. La
voluntad de cambio del rey tiene que afectar, lógicamente, al
presidente del Gobierno. A veces no sabemos si la voluntad de cambio
del rey coincide con la del presidente del Gobierno y viceversa. No
sabemos si existe la permanente coordinación de intenciones que pudo
haber en la destitución del ministro de Interior, que realiza el rey
estando el presidente del Gobierno en Francia y de la que no pudo
hacer valoraciones puesto que no tenía datos suficientes para poder
actuar. Hay que acabar con la impunidad del aparato policial y con
una corrupción omnipresente en el conjunto del Estado. Daría
credibilidad a esta nueva etapa el que estas cuestiones dejaran de
ser enunciados y se convirtieran en realidades. ¿Qué es lo que
podríamos decir en este momento, tras un año de Gobierno, aunque no
coincide totalmente con el cambio de monarquía, pero hay una
vinculación? Hay tensiones
internas en el Gobierno y del Gobierno con sectores de la
sociedad que presionan contra esta transformación. El primer ministro
no está desarrollando los objetivos del programa electoral y la
declaración programática ante el Parlamento. Hay una escasa
producción legislativa, habiéndose aprobado sólo 12 de los 35
proyectos de ley que ha presentado el propio Gobierno, lo que
contribuye, lógicamente, a crear una mala imagen ante los sectores
sociales marroquíes ilusionados con que Marruecos entre en una etapa
hacia la democracia. (El señor vicepresidente Yáñez-Barnuevo García
ocupa la Presidencia.)
Cómo no vamos a valorar las relaciones bilaterales, y cómo España
puede no estar al tanto de estas cuestiones. Creo que todavía no
podemos ser optimistas respecto a la evolución de los contenciosos
tradicionales con Marruecos, tanto el de Ceuta como el de Melilla. No
sé si el Gobierno se ha posicionado públicamente ya respecto a la
propuesta que hizo el primer ministro sobre la posibilidad de doble
nacionalidad, marroquí y española, para los habitantes de Ceuta y
Melilla. Todos sabemos qué ha pasado con el convenio de pesca, que no
es bilateral, sino con la Unión Europea, pero que afecta al 90-95 por
ciento de la flota pesquera española. Por lo tanto, la evolución de
las relaciones bilaterales, más allá de las declaraciones políticas
y yo digo que vacías, porque lógicamente se tienen que sustentar en la
realidad, no nos llevan a apreciar cambios sustanciales a mejor. Es
manifiestamente mejorable el cumplimiento por Marruecos del acuerdo
de readmisión de ilegales y de la lucha contra la inmigración ilegal.
Por lo tanto, consideramos que el Gobierno debe seguir impulsando la
transformación democrática en este país, su construcción
y profundización, el Estado de derecho y el desarrollo de políticas que
hagan desaparecer los desajustes económicos y sociales que hay en ese
país. Mientras tanto, lo que hay no son más que buenas intenciones, y
es curioso cómo nos recuerdan las diferentes varas de medir que
existen a la hora de materializar las relaciones exteriores con un
país como Marruecos, que es tan relevante para la política exterior
de España. Los acontecimientos que han estado sucediendo en Marruecos
en los últimos años se enfrentan duramente con lo que debería ser una
política exterior española que priorizase y tuviese en cuenta
permanentemente los valores democráticos y los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Tiene la palabra el
señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): No estamos de acuerdo con el
señor Navas en sus últimas palabras. España, vuelvo a reiterarle, ha
transmitido a Marruecos el aliento y el respaldo en todo el proceso
de consolidación del Estado de derecho, en las reformas democráticas,
en el compromiso con las libertades individuales y colectivas, en la
promoción de los derechos humanos y en el proceso de transición con
el referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental.
Antes he contestado a una pregunta sobre el estado de las relaciones
España-Marruecos. Creo que es un estadobueno, más allá de las
dificultades concretas, pero la actitud
del Gobierno español y de toda la diplomacia española es constructiva
y positiva de cara a las reformas que se están emprendiendo en el
país vecino.
-DELSEÑOR SOLÉ TURA(GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE OPINIÓN DEL
GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO A YUGOSLAVIA.
(Número de expediente 181/002800)
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Pasamos a la
pregunta número 9, sobre la opinión del Gobierno en relación con el
levantamiento del embargo a Yugoslavia, que firma el diputado don
Jordi Solé Tura. En su nombre va a formular la pregunta don Antonio
GarcíaSantesmases Martín-Tesorero.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Señor secretario de
Estado, ¿cuál es la posición del Gobierno español en relación con la
discusión actual, dentro de la Unión Europea, sobre la conveniencia
o no del levantamiento del embargo a Yugoslavia en el momento en que
nos encontramos?
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): El señor secretario
de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): En el momento actual, España
es partidaria de la suspensión de las sanciones que afectan de forma
más directa a los ciudadanos yugoslavos. De todas maneras, me
gustaría recordar a S.S. que los Estados miembros de la Unión Europea
tienen impuestas en la actualidad las siguientes sanciones a la
República Federal de Yugoslavia, sanciones que España desde luego
comparte: en primer lugar, se prohíbe la venta y suministro de
petróleo y productos petrolíferos y se exceptúa de esta sanción a
Montenegro y Kosovo; no se conceden visados a una serie de ciudadanos
yugoslavos, en función de su vinculación con el régimen de Milósevic;
se han congelado los fondos de la República Federal de Yugoslavia y
la de Serbia en España y se ha prohibido efectuar en Yugoslavia
determinadas inversiones económicas; se han prohibido vuelos
comerciales con origen o destino del territorio de la Unión Europea y
el territorio de la República de Serbia y tras la aprobación de la
resolución sobre Kósovo 12/44 del Consejo de Seguridad nuestro país
adoptó una política hacia Yugoslavia destinada a aislar el régimen
del presidente Milósevic, en la convicción profunda de que ésa es la
base de las sanciones por la responsabilidad que Milósevic y su
administración tienen o han tenido en los conflictos que se han
producido en Yugoslavia desde 1991. También hemos intentado colaborar
con la oposición democrática, transmitir al pueblo yugoslavo el
mensaje de que su futuro reside en el inicio de una transición
democrática y en un progresivo acercamiento a las instituciones
europeas.
Como le he dicho antes, nosotros defendemos la suspensión de las
sanciones que afectan de forma más directa a los ciudadanos
yugoslavos y nos gustaría buscar un
refuerzo de aquellas sanciones que afectan al régimen y que lo
sustentan.
Esa es más o menos la filosofía de la posición española.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): El señor Santesmases
tiene la palabra.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Yo creo, señor secretario
de Estado, que la panoplia de medidas tiene sentido en la perspectiva
del segundo y tercer punto que usted ha mencionado. El primero sería
una panoplia de medidas sobre los vuelos comerciales, sobre los
fondos en España o el problema de la venta del petróleo. Todo eso
tiene una perspectiva, que es el aislamiento del régimen político de
Milósevic y el apoyo a la transición democrática. Sobre esto quisiera
que profundizara un poco más.
La pregunta fundamental es si hoy está más aislado el régimen de
Milosevic, si está menos, si está más unida la oposición, si hay
posibilidades de una transición a la democracia en Serbia. Cuando se
produjo el conflicto en Kosovo, continuamente se insistió en esta
Cámara, por parte de los ministros de Exteriores y de Defensa, en la
necesidad de apostar por un Kosovo multiétnico y por una
democratización de Serbia. Desgraciadamente -creo que lo discutiremos
mañana con el señor ministro-, después del informe de la OSCE, no
podemos decir que se haya avanzado en un Kosovo multiétnico, sino que
más bien comienza a haber otro tipo de limpieza étnica distinta de la
que había antes. Sigue habiendo limpieza étnica, sigue habiendo
venganza, sigue habiendo luchas de exterminio, de depuración de otra
etnia. Y la pregunta es si se ha avanzado en la democratización de
Serbia.
No sé si vería el sábado pasado un reportaje de televisión en el que
se mostraba la imagen de la división de la oposición, las
dificultades que había. Se decía que nunca hubo tantos chicos jóvenes
que quisieran estudiar español en Yugoslavia, porque es una manera de
marcharse del país, que hay una juventud que no se ve integrada. La
pregunta que se hacía es si el aislamiento del régimen puede provocar
esa transición, quién la lideraría y cómo puede actuar Europa. El
problema es que la comunidad internacional actúa en ocasiones como
bomberos, que en un momento determinado tratan de apagar fuegos y en
ocasiones propagan una fogata todavía mayor, más allá de las buenas
intenciones.
La panoplia de medidas tiene sentido en la lógica del proceso y mi
pregunta es: ¿Cuál es la lógica del proceso? Me gustaría que
profundizara en ella, señor secretario de Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): El señor secretario
de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Yo no puedo entrar en el
detalle, porque todavía no ha pasado el suficiente tiempo, sobre
cuáles son los efectos de las medidas. Creo que se ha producido un
mayor aislamiento y una legitimación interna de la oposición en
Yugoslavia, que se ha manifestado
en demostraciones públicas, en apoyo internacional. Eso es un hecho.
Creo que tenemos que seguir perseverando en este tipo de sanciones,
ser implacables con Milosevic y su régimen, pero desde luego más
abiertos y más tolerantes en todo lo que afecta a la población civil
yugoslava. Ese es el camino y esa es la vía.
Ese tipo de medidas suele tener efecto a medio plazo, nunca a corto.
Todavía es pronto, pero por lo que hemos visto se ha avanzado
bastante.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA CONFERENCIA QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO CELEBRARÁ EN SEATTLE (ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) A
PARTIR DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 181/
002802)
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Pasamos a la
pregunta número 11, sobre la posición del Gobierno ante la
conferencia que la Organización Mundial del Comercio celebrará -ha
celebrado- en Seattle (Estados Unidos de Norteamérica) a partir del
30 de noviembre de 1999. La pregunta la formula don Rafael Estrella
Pedrola. Tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Como ha dicho el presidente, se ha
celebrado y ha terminado, como todos sabemos, como el rosario de la
aurora.
La pregunta, tramitándose en esta fecha, creo que es más fácil para
el Gobierno. Antes de la cumbre de la Organización Mundial del
Comercio no sabíamos cuál era la posición del Gobierno español y
ahora le será más fácil expresarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): El señor secretario
de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): En el tema de Seattle nos
dejamos llevar mucho por lo que ha sido el reflejo, un poco
superficial, de los medios de comunicación. Seattle es un proceso muy
complejo, que sólo empieza ahora, que terminará dentro de tres años,
lo mismo que la ronda Uruguay, y no me atrevería a decir que ha sido
un fracaso. Hay una voluntad de todos de avanzar en Seattle.
Le podría decir que hay una posición de la Unión Europea, que S.S.
conoce, y en la que España ha contribuido a su formalización. Desde
luego, en la mención a particularidades, por ejemplo en materia
pesquera o en un margen de flexibilidad para los países menos
adelantados, en el resultado de la exclusión del Consejo y en su
detalle, España ha contribuido para que tuviésemos unas directrices
claras y la Unión Europea no se viese tentada a actuar por libre en
unas negociaciones tan complejas. Lo que sí le puedo decir es la
posición global española y creo que del mundo del desarrollo de la
Unión Europea. En Seattle, ¿qué se plantea? La liberalización del
comercio. Nosotros somos partidarios de la liberalización del
comercio. Sin liberalización
del comercio no puede haber desarrollo. El comercio es un elemento
esencial para el desarrollo de los países menos avanzados. Ahora
bien, ¿qué liberalización? Queremos una liberalización de verdad, una
liberalización que no sustituya el actual sistema por un sistema de
oligopolios. Algunos países del Tercer Mundo en algunos productos se
han convertido en el centro de actuación de oligopolios, por ejemplo
con el banano. Desmontar el sistema de protección europeo del banano,
un sistema de cuotas, para conceder el mercado europeo a dos
compañías que tienen prácticamente el monopolio de la producción y
que son norteamericanas no nos parece que sea un proceso de
liberalización sino todo lo contrario, una regresión.
Liberalización, sí, pero asumiendo el coste medioambiental. Las
empresas europeas tienen que instalar depuradoras, tienen que ser
cuidadosas con el medio ambiente. No puede ser que la liberalización
se produzca sin que los países en vías de desarrollo tengan también
en cuenta ese coste porque entonces se estaría jugando con
competencia desleal. Liberalización, sí, pero sin dumping social, sin
salarios de miseria, con Seguridad Social, con protección social, sin
explotación infantil, porque lo contrario sería actuar en competencia
desleal contra una producción europea u occidental que tiene que
tener en cuenta ese tipo de costes. Éstas son reflexiones generales
que plantean el marco de dificultad de negociación de un proceso de
liberalización comercial como es el de Seattle. En resumen,
liberalización, sí, pero de verdad y, desde luego, con avances
sociales y avances medioambientales para toda la humanidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García): Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Las valoraciones que acaba de hacer el
secretario de Estado son lo suficientemente genéricas como para ser
asumibles plenamente. Entiendo las dificultades que puede tener el
Gobierno a la hora de aceptar el concepto de liberalización como un
axioma y comparto la mayor parte de las reflexiones que ha hecho el
secretario de Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En
primer lugar, porque este es un proceso que sólo acaba de iniciarse y
que va a durar tres años. La historia de la Ronda Uruguay quizá esté
perdida en la memoria de muchos, pero no en la mía, y ahí está la
experiencia. Sin embargo, este es un proceso mucho más amplio, mucho
más ambicioso. La Organización Mundial de Comercio es bastante más
que el GATT, tiene un estatuto de organización internacional, cuenta
con competencias en la regulación de barreras no tarifarias
-etiquetado, criterios sanitarios, medio ambiente, al que se ha
referido el secretario de Estado- y también tiene un órgano para la
resolución de litigios. Es decir, estamos ante una autoridad
reguladora del comercio mundial en un mundo desigual. Quizá lo que se
ha evidenciado en Seattle es que, mientras hay una serie de países
que están dispuestos a avanzar en la eliminación de todo tipo de
trabas al comercio (o de casi todo tipo de trabas porque habrá que
hablar también de la política agrícola común de la que nuestro país
se beneficia
en torno a un billón de pesetas), hay otros países que estarían
dispuestos, pero que quieren mantener determinados mecanismos de
protección de sus mercados internos y, por otra parte, van asumiendo
que hay una ética internacional, por ejemplo, que el trabajo infantil
es absolutamente inaceptable, execrable, que determinados niveles de
protección de los trabajadores son absolutamente exigibles. Hay otros
casos, el tema de los astilleros coreanos no es un problema de
dumping social o laboral, sino de financiación del Estado coreano a
sus astilleros, porque los salarios en esos astilleros son de un
nivel bastante elevado, pero hay unas inyecciones de recursos que
abaratan artificialmente los costes de producción.
Creo que se impone una reflexión -a lo largo del próximo año va a
haber otra ronda en pocos meses- para ir perfilando una posición
española que, impulsada por el Gobierno o por quienes estén en el
Gobierno, pueda ser compartida por todos los grupos parlamentarios
para que se defina un perfil español, que no tiene necesariamente que
ser castizo, de lo que España, desde la perspectiva de sus intereses
y de su visión de Europa y del mundo, considera que debe defenderse
en este proceso que, como he dicho antes y ha señalado el secretario
de Estado, va a durar tres años todavía.
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE DE LA HABANA (CUBA).
(Número de expediente 181/002803)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El Gobierno ha elegido que esta pregunta
se viese hoy y no mañana en que hay un comparecencia del ministro. Yo
no tengo inconveniente en formularla al secretario de Estado y así
vamos tomando un pequeño aperitivo antes del debate de mañana con el
ministro, que lo llevará otro portavoz de mi grupo.
Hace unos meses, el presidente Aznar decía que iba a haber una cumbre
que se celebraría en La Habana. Aunque la cumbre tenía unos
contenidos importantes, las respuestas ante un mundo global, y creo
que había masa crítica suficiente como para producir una cumbre con
contenidos propios, se ha convertido, no sé si por carencia de
posiciones, por afán de protagonismo o por mirar demasiado a Miami,
en la cumbre de la patada a la espinilla dada al anfitrión antes de
llegar al país que recibe, en la cumbre de los gestos. Si la de hace
unos años fue la cumbre de la corbata, ésta ha sido la cumbre de la
camisa, en definitiva se han trivializado las cumbres. Se ha cometido
un error muy grave con la distorsión del mecanismo de las cumbres; se
cometió ya en la famosa cumbre de la corbata.
Desde el momento de su creación hasta ahora, las cumbres habían
tenido la virtud de convencer a todos los países de que no se podía
introducir en ellas los contenciosos bilaterales, las diferencias
bilaterales. Eso era precisamente lo
que había garantizado el éxito de las cumbres. En la cumbre de Chile,
el presidente del Gobierno introdujo un conflicto bilateral, una
confrontación buscada, provocada, que nos llevó a estar quinientos
días sin embajador en Cuba. Ahora, nuevamente, se ha hecho una serie
de gestos que han convertido esta cumbre en la cumbre del
protagonismo español, pero no por su contribución respecto a los
problemas de América Latina sino por su confrontación con el
dirigente, con el dictador Fidel Castro. Nos parece lamentable desde
el punto de vista de los intereses de España en su política exterior
y desde el punto de vista de la contribución de España a la
transformación política, social y económica en Cuba. Cualquier
dirigente que haya ido a Cuba ha tenido encuentros con la oposición,
buena parte de los gobernantes que han estado en la Habana han tenido
encuentros con la oposición, pero no ha sido esa la noticia, sino su
contribución a los debates sobre los contenidos de la cumbre. No ha
sido así en el caso del presidente del Gobierno y nos parece
lamentable.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): En la cumbre de La Habana
ocurrió lo que suele pasar a veces en ese país. Es tanta la atracción
que despiertan aquel país y sus dirigentes que, como ha dicho S. S.,
cosas importantes y de contenido se convierten en la cumbre de la
camisa, de la corbata o la de Tropicana. Esto es lo que suele pasar
con los viajes de los dirigentes a La Habana, pero recomendaría a S.
S. que leyese un artículo, recientemente aparecido en un diario de
tirada nacional, del presidente de esta Comisión para tener un
análisis serio de lo que ha ocurrido allí.
La cumbre de La Habana ha sido con contenidos y se ha abordado el
problema de la globalización. Decir en La Habana que el problema de
la globalización o de las crisis globales no se resuelve con vueltas
a políticas intervencionistas y del pasado, sino con las mismas
recetas que está aplicando el continente, esto es con privatización,
con reformas, con equilibrios, con políticas de contención del gasto,
es mucho porque se manifiesta en aquel país. Esto es lo que se ha
dicho allí. Más allá de lo que son meras anécdotas, tengo que decir a
S. S. que ha sido una cumbre tremendamente exitosa. ¿Patada en la
espinilla? No, ninguna patada en la espinilla. Estamos tremendamente
satisfechos de que la cumbre haya podido tener lugar. El gran fracaso
de la cumbre hubiese sido no celebrarla en La Habana, y el gran éxito
ha sido celebrarla allí.
Que el Gobierno español manifieste su postura sobre las libertades y
sobre los derechos humanos, me parece que es lo mismo. Lo hizo el
presidente Zedillo, lo hizo el presidente Cardoso, de la misma forma
que se entrevistaron todos, delante de los medios de comunicación,
con la disidencia interna; esa disidencia interna poco organizada, de
individualidades, perseguida en su vida personal y sinceramente
fastidiada. Es decir, una disidencia no organizada y dispersa es lo
que vimos allí. Desde luego, pudieron hablar delante de los medios de
comunicación, entrevistarse con el presidente del Gobierno, como
hicieron también con el
presidente de México, así como con el presidente Cardoso,
prácticamente con todos los líderes políticos, y creo que fue un gran
éxito; es decir, en La Habana se puede hablar con tranquilidad de
absolutamente todo. Y no nos pareció ninguna patada en la espinilla,
ni muchísimo menos, una agresión al anfitrión. ¿Hubiese propuesto S.
S. no entrevistarse con la oposición y no marcar cuál es la posición
del Gobierno español respecto a las libertades en Cuba? ¿Hubiese
preferido S.S. hacer caso omiso de una situación interna? Creemos que
no.
Cuba tiene problemas y lo sentimos, como lo hacen la mayoría de
países iberoamericanos, pero es importante mantener un diálogo
sincero, crítico y decirlo allí, como se dijo. Si S.S. lee la prensa
internacional, y no sólo la de Miami, verá cómo lo que usted critica
es alabado, desde luego, por los comentaristas internacionales. Creo
que la cumbre de La Habana y la posición del Gobierno español fue
impecable absolutamente, esto más allá de las meras anécdotas. Lo
dice la oposición y, desde luego, lo dicen los comentaristas
internacionales europeos y norteamericanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor secretario, por supuesto, lo dirá la
señora Albright, que había remitido una carta a los tres jefes de
Gobierno pidiéndoles que adoptaran determinadas actitudes y, además,
que las expresaran con la mayor gestualidad posible. Ese es el
problema, yo creo, la gestualidad. No es el acto político en sí,
entrevistarse con la oposición, que me parece no sólo legítimo sino
necesario. Yo quiero que mi Gobierno haga eso porque es lo que he
querido también que mi Gobierno hiciera cuando mi partido gobernaba,
y así se ha hecho y así lo han hecho otros dirigentes. Pero no ha
sido esa la única noticia de su presencia en la cumbre. Ha tenido que
ser en esta Comisión para que sepamos que el presidente del Gobierno
también ha hablado de la globalización, porque en los medios de
comunicación españoles fue tal el estruendo que creó su llegada, como
elefante en una cacharrería, hablando de otras cuestiones y del
dictador en un tono que no es el más correcto para dirigirse al
anfitrión y para mantener unas relaciones de respeto mutuo, que
convirtieron un elemento sólo en el centro de la noticia. Pero ahí
está el resultado.
Por supuesto, yo sí he leído el artículo de quien preside esta
Comisión. De lo que más me he alegrado es de que haya cambiado su
posición, con respecto a cuando estaba en la oposición, sobre la
presencia del jefe del Estado en las cumbres iberoamericanas. Creo
que ahí hay una convergencia bastante importante en esas
apreciaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, como he sido citado, tengo que
decirle que mi posición sobre la presencia del jefe del Estado en las
cumbres iberoamericanas siempre ha sido la misma.
Tengo que manifestarle, señor Estrella, que no es muy fino
normalmente en la apreciación no ya de las opiniones sino de los
hechos, y no querría volver a recordárselo.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado. (Pausa.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO CATALÁN CONVERGÈNCIA Í UNIÓ),
SOBRE MEDIDAS EN EL SENO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA PREVENIR
INCIDENTES COMO LOS PROTAGONIZADOS POR LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO
DE MARRUECOS EN LA CIUDAD DE ELAAIÚN, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
1999. (Número de expediente 181/002806.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, de la que es autor el señor
Campuzano, no presente en la sala.
Señor Guardans, ¿quiere hacerse cargo de la pregunta del señor
Campuzano?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sin duda, porque, al menos, constará en el
«Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Se refiere a las medidas en el seno de la
comunidad internacional para prevenir incidentes como los
protagonizados por las fuerzas del orden público de Marruecos en la
ciudad de El Aaiún, en el mes de septiembre de 1999. ¿La da por
formulada?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La doy por formulada, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Señor presidente, medidas muy
pocas.
La información con la que contamos es la de que los incidentes en El
Aaiún tuvieron un origen de carácter social; que las autoridades
marroquíes tomaron una serie de medidas para favorecer la
participación de los saharauis en las instituciones establecidas para
abordar los problemas de la región, en línea con las instrucciones
impartidas por el rey Mohamed VI; que Naciones Unidas continúa
aplicando el plan de arreglo del contencioso; que se envió, tras los
incidentes, una delegación, el 6 de octubre, para reunirse con los
grupos que habían formulado estas reclamaciones; que la composición
de esa delegación gubernamental estuvo formada por los ministros de
Interior, de Asuntos Exteriores, de Asuntos Generales del Gobierno,
de Trabajo y Transportes y de Enseñanza Superior; que se formó una
nueva comisión sobre la del Sahara, de la que no formó parte ya el
anterior titular del Ministerio de Interior; y que no podemos
realmente analizar si se ha producido un cambio importante de la
política marroquí, desde luego, sobre el Sahara, pero sí,
naturalmente, un cambio de la gestualidad hacia la población
saharaui.
De esto es de lo que puedo informar a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, agradezco la respuesta.
No tengo nada más que precisar.
- DE LA SEÑORA BALLETBÓ I PUIG (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES DEL PROCESO DE PAZ
EN ORIENTE MEDIO. (Número de expediente 181/002813.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la que es autora la
señora Balletbó, que tiene la palabra.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor presidente, la pregunta hace
referencia a las negociaciones del proceso de paz en Oriente Medio.
Quería tener información puntual por parte del secretario de Estado,
ya que, como es sabido, estas negociaciones se reanudan, una vez que
el nuevo primer ministro israelí, el laborista Ehud Barak, asume la
responsabilidades de Gobierno en Israel. Sobre lo anterior, hay unos
datos esperanzadores en cuanto a una cierta facilidad para el
desplazamiento de ciudadanos palestinos de la zona, por ejemplo, de
Gaza a Cisjordania, para trabajar; unas ciertas facilidades en el
control de la frontera. Estas facilidades venían acompañadas, por lo
menos, a nivel de declaraciones por parte de Barak, de la congelación
de los asentamientos judíos en tanto se negociara, esto por lo que
haría referencia al lado palestino. Por otra parte, es sabido que
hoy, en Washington, se reanudan las negociaciones con Siria y que en
el frente del norte, en el Golán, la reanudación de estas
negociaciones se hace con el apoyo del Parlamento israelí, que se
consiguió ayer mismo, tras un duro debate.
Con relación a este problema, hay un punto espinoso: la devolución de
los Altos del Golán, ocupados por Israel desde hace 30 años. Por todo
ello, en el fondo, tenemos un marco difícil que es, por una parte, la
dificultad que representa todo el movimiento de los colonos, apoyado
por la derecha, los cuales han anunciado oposiciones, manifestaciones
y tensiones en este sector, sobre todo, teniendo en cuenta que,
además, cualquier acuerdo que se produzca respecto a Siria tiene que
ser aprobado en un referéndum. En consecuencia, necesita que los
acuerdos adoptados sean aprobados plenamente por la población
israelí.
Asimismo, existe el problema, que ha surgido como noticia el pasado
lunes, en relación a la muerte, al ser abatido por una unidad de
élite israelí, de un destacado dirigente de Hamas, no en la zona de
Cisjordania, lo cual tensiona este proceso, por lo que quería que el
secretario de Estado nos explicara algo sobre las informaciones que
tiene, cómo ve este proceso sobre el que se han hecho tantos
esfuerzos y que parece, finalmente, que encauza una recta final.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Señor presidente, últimamente,
como ha dicho la señora Balletbó, creemos
que se está consolidando el clima político regional más favorable que
se produce con el cambio de Gobierno en Israel, con una solución
pacífica. Han sido muy significativos los avances de las últimas
semanas en la banda siria, que hasta el momento seguía sin
desbloquearse.
En relación con la banda palestina, a pesar de que se están poniendo
en práctica las disposiciones del memorándum de Sharm-el-Sheikh y se
han iniciado las negociaciones sobre el estatuto permanente, han
surgido algunas dificultades en relación con los redespliegues
militares, así como con la política israelí de asentamientos, que
ahora le explicaré a S.S., sobre todo problemas de orden público que
pueden empañar el proceso, como el asesinato o la muerte de ese
dirigente de Hamas.
En cuanto a la banda siria, se ha avanzado mucho tras la visita de
Margaret Albright a la región, tras anunciarse que las negociaciones
se reanudarán el próximo 15 de diciembre en Washington, en el punto
en que fueron abandonadas en febrero de 1996. Esta buena noticia ha
sido posible por los contactos indirectos, fundamentalmente a través
de los Estados Unidos, que han mantenido Siria e Israel a lo largo de
los últimos meses y que han permitido desbrozar el camino para la
reanudación de las negociaciones. Estas versarán sobre la aplicación
de las resoluciones de Naciones Unidas 242 y 338, es decir, paz por
territorios, y otros aspectos como los acuerdos de seguridad entre
ambos países y las cuestiones relativas a los problemas del agua y la
normalización de relaciones bilaterales. Estas negociaciones hacen
posible que se vaya recuperando progresivamente la confianza de
lograr una solución global al conflicto tal y como fue concebida en
la conferencia de Madrid.
Hay que señalar también la importante y discreta labor que, en
relación con la banda siria, ha llevado a cabo el enviado especial de
la Unión Europea, embajador Moratinos, durante los largos meses de
estancamiento del proceso de paz, que hizo de él en aquel momento el
único canal de comunicación fluido que existía entre sirios e
israelíes y que ha hecho posible el relanzamiento de estas
negociaciones para la solución del conflicto en el Golán.
En cuanto a la banda libanesa, estas negociaciones sirio-israelíes
tendrán un efecto positivo y también su relanzamiento. Barak adoptó
el compromiso, como sabe S.S., durante la campaña electoral de
retirar las tropas israelíes del sur del Líbano antes de que
terminase el año 2000, y desde entonces las autoridades de Israel han
reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de mantener ese
compromiso, pero también subrayando que esta retirada tendría lugar
en el marco de un acuerdo en la banda siria en lugar de ser una
medida meramente unilateral. Nosotros esperamos que las negociaciones
en la banda siria preparen también el camino para reanudar las
negociaciones en el Líbano, que a su vez deberían conducir a la
aplicación de la Resolución 425 del Consejo de Seguridad, de forma
que se garantizase la estabilidad regional tras la retirada de Israel
del sur del Líbano.
Nosotros esperamos también que la reanudación de las negociaciones en
las bandas siria y libanesa contribuyan a facilitar la solución del
problema de los refugiados que, como es notorio, constituye uno de
los aspectos más complicados no sólo de las negociaciones
bilaterales, sino también de las multilaterales del proceso de paz.
En cuanto a la banda multilateral, debo informar a S.S. de que es
previsible que las perspectivas que se abren ahora en la banda siria
contribuyan también a dar un impulso positivo a la banda multilateral
del proceso que, como SS.SS. saben, debe dar respuesta a cuestiones
tan fundamentales como el agua, los refugiados, la seguridad
regional, el desarrollo económico regional, y desde luego rebasan la
capacidad de negociación bilateral de las partes.
Hasta ahora existían reticencias de algunos países para relanzar esta
banda multilateral hasta que no se hubiesen resuelto las
negociaciones bilaterales, es decir, la banda siria, la banda
palestina y la banda libanesa. Creemos que la reanudación de la banda
siria contribuirá a que se despejen estas reticencias, y estamos
trabajando con la Unión Europea para que esto sea posible y, como se
señala en el Consejo Europeo de Helsinki, se pida a todas las partes
que se esfuercen en la plena y pronta reanudación de las actividades
en este ámbito, ya que el progreso paralelo en todas las bandas
redundará en el interés general de esta fase del proceso de paz.
Permítame que me refiera ahora a la banda palestina, que sin duda
sigue siendo un punto neurálgico en el proceso de paz, y que fue la
primera en relanzarse tras las elecciones de Israel gracias a la
firma del memorándum de Sharm-el-Sheikh, sobre el que ya hemos tenido
oportunidad de debatir en esta Cámara en anteriores ocasiones.
Me gustaría, para informar a S.S. de la situación actual, referirme a
tres aspectos distintos íntimamente relacionados: la aplicación de
las disposiciones del acuerdo interino tal y como se recogen en el
memorándum de Sharm-elSheikh, la marcha de las negociaciones sobre el
estatuto permanente y el impacto negativo que sobre el clima
negociador han tenido determinadas actuaciones del Gobierno israelí
en relación con los asentamientos y la demolición de viviendas
palestinas.
En relación con el primero de estos temas, creemos que las partes han
realizado un esfuerzo importante para aplicar Sharm-el-Sheikh. A
título de ejemplo se puede mencionar el redespliegue territorial
israelí, la liberación de dos contingentes de prisioneros palestinos
y la apertura de un paso seguro por el sur. Sin embargo, todavía no
ha tenido lugar el redespliegue que había sido previsto para el
pasado 15 de noviembre, y tampoco se ha puesto en práctica la
liberación del tercer contingente de presos, o la apertura de un paso
seguro por el norte. A pesar de esto, las partes siguen negociando y
esperamos que sean capaces de llegar a un acuerdo que supere el
estancamiento temporal.
En cuanto a las negociaciones del estatuto permanente, como saben SS.
SS. se iniciaron el 8 de noviembre y van avanzando con discreción. El
objeto es llegar a un acuerdo marco que tendría que estar listo para
mediados del próximo mes de febrero, y un arreglo permanente en
septiembre en temas como fronteras, arreglos de seguridad, agua,
refugiados y también Jerusalén. Especialmente refugiados y Jerusalén
son temas de una gran complejidad, por lo que es previsible que
surjan desacuerdos y desde luego estos plazos se dilaten.
Quiero señalar que el anuncio de algunas licitaciones para
construcción de viviendas en asentamientos israelíes han provocado
una airada reacción de autoridades palestinas. Finalmente, el anuncio
de Barak de la congelación de
la autorización de nuevos proyectos han hecho que las partes vuelvan
a sentarse, pero se trata de un asunto que todavía no está
satisfactoriamente resuelto y no se ha puesto el punto final a los
asentamientos. Nosotros mantenemos siempre la postura de que los
asentamientos son acciones unilaterales contrarias al derecho
internacional, que afectan al clima de confianza y de buena fe que
debe presidir las negociaciones, y desde luego que prejuzgan el
resultado del proceso de paz.
En definitiva, estamos en un momento de consolidación de un mejor
clima regional y de un encauzamiento del proceso de paz, que ha
abierto una gran oportunidad para alcanzar ese resultado que todos
hemos deseado durante tantos años, y creemos que es el resultado de
una voluntad por la paz. Por tanto, reconocemos el mérito de la parte
palestina y, sobre todo, del nuevo Gobierno de Israel. Sin embargo,
la complejidad del problema, que ha hecho que el conflicto dure
tantísimo tiempo, nos hace prever que surgirán dificultades y
estancamientos en esta nueva etapa, pero creemos que con esa voluntad
de paz, que es esencial para avanzar en el proceso, podrán ser
superadas.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor secretario de Estado, quiero
agradecerle la exhaustiva información, con amplio detalle del momento
en que se encuentran estas negociaciones. Debo añadir que no sólo
como representante del Gobierno, sino también con la responsabilidad
que tiene como secretario de Estado para la Cooperación y el
Desarrollo, de una forma u otra hay que estar atentos a este proceso,
porque lo que parece evidente es que las ayudas que se puedan aportar
(en el sentido de marcar frentes de esperanza y de aceptación, tanto
en presencia como en muestras de amistad, y quizá también en el
ejercicio permanente de la cooperación), pueden ayudar a que ese
proceso se vaya consolidando, no como protagonistas, que tampoco nos
corresponde, pero sí como miembros de la Unión Europea dentro de una
posición muy privilegiada, que es la que tiene España por la historia
y por los famosos acuerdos de la cumbre de Madrid, en donde este
proceso se relanza.
- DELSEÑOR NAVAS AMORES (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN SOBRE COOPERACIÓN MANTENIDA
EN MALABO CON GUINEA ECUATORIAL EN EL MES DE OCTUBRE DE 1999. (Número
de expediente 181/002818)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, de la que es
autor el señor Navas, relativa a Guinea Ecuatorial.
Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: La doy por formulada, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Ya he tenido ocasión de hablar
sobre la Comisión mixta de cooperación hispano- guineana, aunque no
recuerdo bien si fue en la Comisión de desarrollo o en esta Comisión
de Asuntos Exteriores. De todos modos, diré que, en la práctica,
antes de esta novena Comisión mixta de cooperación
hispanoecuatoguineana, el Gobierno de Guinea Ecuatorial llegó a negar
la existencia oficial de la cooperación española e incluso a hostigar
y amenazar a los cooperantes que trabajaban allí en áreas de atención
primaria, de salud, de educación básica, negándoles los visados
durante varios meses -del verano de 1998 a la primavera de 1999-, lo
que dio como resultado una situación totalmente insostenible, dado
que Guinea es el segundo receptor de fondos del Instituto de
Cooperación con el mundo árabe y países en desarrollo.
Por tanto, creemos que con la celebración de la Comisión mixta se han
conseguido los siguientes objetivos. En primer lugar, hemos dotado de
legalidad los proyectos que España ha ido e irá desarrollando en
Guinea Ecuatorial y que desde 1994, en que acabó el período de
vigencia del anterior plan marco de cooperación, carecían de
cobertura legal y de reconocimiento formal por parte de Guinea
Ecuatorial. En segundo lugar, hemos incluido a Guinea Ecuatorial en
el modelo vigente de las comisiones mixtas trianuales que la AECI
ejecuta con todos los países referentes, dejando de ser la excepción
al sistema de planes marco, ya que España se comprometía
unilateralmente a la ejecución de los proyectos sin apenas exigir
compromisos al estado receptor, al Estado guineano, y en esto también
se ha avanzado. En tercer lugar hemos canalizado el modelo de gestión
de los proyectos de cooperación a través de organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y empresas y hemos abandonado el modelo
solicitado por Guinea Ecuatorial de gestión directa por el Estado, en
contra de la moderna práctica de la cooperación internacional. El
Gobierno de Guinea Ecuatorial ha aceptado que los fondos sean
directamente gestionados por la entidad ejecutora titular de la
subvención o contrato de la Agencia, abandonando su pretensión
inicial de gestión presupuestaria directa. Hemos consensuado con el
Gobierno de Guinea Ecuatorial que los proyectos de cooperación no
sean objeto de represalias dentro del debate político, pues en esas
condiciones es imposible llevar a cabo ninguna labor humanitaria de
desarrollo económico y social, ya que, si estos programas son objeto
de instrumentalización política desde ambos países, está claro que
los únicos perjudicados reales serán las capas más desfavorecidas de
Guinea Ecuatorial, que son los auténticos beneficiarios de nuestra
cooperación. Asimismo, hemos incorporado el compromiso económico de
Guinea Ecuatorial de asumir en sus presupuestos las responsabilidades
que se determinen de mutuo acuerdo en la ejecución de proyectos,
particularmente en el área sanitaria y educativa, habida cuenta de
los previsibles ingresos que la renta del petróleo producirá en el
país durante los próximos años; veremos si eso también se cumple.
Todo esto es novedoso respecto a otras comisiones mixtas, en la
medida que introduce la corresponsabilidad entre Guinea y España.
Por último, hemos acordado continuar con el grueso de nuestra
cooperación, centrada en la educación y en la sanidad
básica, en el fortalecimiento del sistema productivo agrícola y
en las actividades que fomenten y refuercen la identidad cultural y
las raíces hispánicas de Guinea Ecuatorial.Los nuevos proyectos
acordados están en fase de identificación; algunos, como la reforma
educativa o la introducción de nuevos modelos de formación
profesional, están en un estado más avanzado de formulación y el
suministro de agua a poblaciones rurales o la asistencia técnica para
la mejora del funcionamiento de sectores clave para el desarrollo
están ya listos y creemos que su ejecución se llevará a cabo en los
próximos meses.
De manera que yo destacaría, como conclusión principal de esta novena
Comisión mixta, el hecho de que por primera vez la cooperación
española obtiene cobertura legal y, desde luego, salvamos la
situación en la que las autoridades de Guinea Ecuatorial no
reconocían el estatuto de nuestros cooperantes y, por tanto, la
cooperación española, con todo el riesgo e inseguridad jurídica que
esto provocaba.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor secretario de Estado, le recuerdo que su
anterior intervención sobre este asunto fue en la Comisión de
cooperación. Si es evidente que en esa Comisión de cooperación se
profundiza más, las intervenciones giran más alrededor de aspectos
puramente de cooperación, en la Comisión de Asuntos Exteriores
intentamos ampliar esto a las relaciones políticas, que tienen una
vinculación clara con los programas de cooperación, con las
prioridades que España elige a la hora de aplicar los presupuestos
y programas de cooperación, y usted mismo acaba de reconocer que, en
este aspecto, es el segundo país en importancia. Por tanto, hay una
clara reflexión política alrededor de la cooperación española con
Guinea.
El segundo elemento que le quiero plantear es que nosotros vamos a
intervenir haciendo una valoración que nace tras un conocimiento
superficial del acuerdo, porque ustedes se han negado a entregar el
acuerdo; no lo tienen los cooperantes que cada día realizan sus
misiones en Guinea y esta fuerza política tampoco tiene registrada la
remisión de esta documentación, por lo que estamos esperando que nos
llegue. ¿Cuál es la razón de que ustedes no hayan entregado el
contenido de este acuerdo a las fuerzas políticas ni a los
cooperantes? Todo lo que gira alrededor de la falta de información
siempre es grave, malo, negativo, ya que induce a seguir la vieja
filosofía de piensa mal y acertarás.
Haciendo una reflexión política sobre este acuerdo, resulta que
España no sólo da cobertura legal a la cooperación española allí,
sino que, fruto del proceso, de los acuerdos respecto a las
relaciones que la Unión Europea va a tener con distintos países, en
concreto africanos, siempre hay una dependencia clara de la Unión
Europea respecto al tipo y nivel de las relaciones que tiene ese país
africano con el país que fue su colonia, en este caso España.
Nosotros acabamos de dar a Guinea un plus para conseguir su
incorporación dentro de los procesos de cooperación económica,
cooperación para el desarrollo, etcétera e incluso unplus de
credibilidad política a Guinea ante la Unión Europea.
Eso es especialmente preocupante para nosotros, porque el Gobierno
actual ha demostrado un especial interés en llegar a normalizar las
relaciones con Guinea, pero eso, que es loable, a nosotros nos
satisfaría si a la vez fuese acompañado de un avance sustancial,
evaluable de los procesos democráticos que tenía que llevar a cabo
este Gobierno. Por tanto, hay una clara contradicción entre ese
interés especial que se está mostrando en avanzar en las relaciones
con Guinea, sin tener en cuenta algo que para nosotros es
fundamental: el desarrollo democrático de este país. ¿Cuál es el
nivel político de este pacto? Y vuelvo a hacer esa comparación entre
cooperación y política. Usted ha hecho un comentario que a mí me
preocupaba: la supeditación a las necesidades que el propio Gobierno
guineano tenía para gestionar la cooperación. Había un claro debate
alrededor de si tenía que ser una cooperación bilateral, entre
Gobierno y Gobierno, o si el Gobierno de España aprobaría programas
con organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no
gubernamentales están básicamente en la educación y en la sanidad,
aparte del programa de cacao, que yo apartaría en este momento.
Respecto a los cooperantes españoles, como usted muy bien ha dicho, a
pesar del avance formal en la normalización de las relaciones con
Guinea ésta nos responde con un trato realmente vergonzante hacia
nuestros cooperantes. Se ha expulsado a cooperantes, se les ha
hostigado, se han negado visados, no se han renovado las tarjetas de
residencia a muchos de ellos, hay dificultades para la matriculación
de vehículos, hay materiales en los puertos que se deterioran porque
impiden su envío a los lugares que los demandaban. En concreto, ha
habido libros de texto, material docente, que se ha convertido en
inservible almacenado en los puertos guineanos.
Por tanto, ese es el marco real; esperemos que con este acuerdo
cambie sustancialmente, pero no olvidemos que es fundamental que la
cooperación española no solo guarde los criterios de evolución
democrática respecto a los derechos humanos, sino que a la vez
incorpore un modelo de gestión entre el Gobierno español y las
organizaciones no gubernamentales, porque objetivamente el nivel de
corrupción que existe en ese país es terrible. Dudo mucho de que
pueda llegar a su destino cualquier tipo de financiación externa que
caiga en manos de las autoridades guineanas, del entorno del
presidente, y no quiero hacer mención de lo que está pasando con los
recursos que genera el propio petróleo.
Para acabar, le diría que con este acuerdo sin contrapartidas
democráticas se están defraudando las esperanzas que muchos guineanos
tienen en España. Es curioso, yo no he llegado a comprender por qué
nos siguen idealizando tanto. Pero creo que con este acuerdo y sin
esas contrapartidas se están defraudando esas ilusiones y esas
expectativas y demuestra que la opción política del Gobierno para
Guinea es la opción que representa Teodoro Obiang y eso realmente
a nosotros nos parece negativo.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Señor Navas, usted
sabe que lo que está diciendo no es verdad porque desde la Comisión
de Cooperación conoce cuál es el sentido último de este acuerdo. Este
Gobierno no apuesta por Obiang, ni muchísimo menos, sino que ha
apostado claramente por las libertades, por la reforma en Guinea
Ecuatorial y de hecho no hemos tenido ningún gesto especial con el
Gobierno de Guinea Ecuatorial. Cuénteme S.S. en cuatro años cuáles
han sido las visitas que se han celebrado o los gestos políticos que
hemos tenido con el Gobierno de Guinea Ecuatorial que realmente no ha
avanzado un ápice en el proceso de democratización.
Yo soy partidario de la separación de la cooperación y de la
política, sobre todo de la cooperación humanitaria, de la cooperación
básica. Este es un tema asumido por todos en la Comisión de
Cooperación al Desarrollo y desde luego por las teorías de
cooperación internacional. Si afectamos la política a la cooperación
al fin y al cabo los que se verán perjudicados serán nuestros
cooperantes y la población de Guinea Ecuatorial. La situación,
después de cuatro años en el Gobierno, a la que habíamos llegado sin
una comisión mixta de cooperación, era la que he descrito a S.S. y la
que describí también en la Comisión de Cooperación al Desarrollo: el
Gobierno de Guinea Ecuatorial empezaba a cuestionar la legalidad de
la presencia de las organizaciones no gubernamentales y del estatuto
de nuestros cooperantes en Guinea Ecuatorial. A mí eso me preocupaba
por la inseguridad jurídica que para los cooperantes españoles se
producía al no tener una cobertura legal. Si esta Comisión mixta nos
ha permitido tener una cobertura legal y seguir manteniendo la misma
cooperación, con su misma naturaleza en materia educativa y en
materia sanitaria, bendito sea Dios. Este es el último sentido de la
Comisión mixta. No tiene ningún significado de apoyo político, no ha
habido ningún gesto en su firma, yo no he viajado nunca a Guinea
Ecuatorial ni siquiera para firmar esta Comisión mixta de
cooperación. ¿Qué hemos conseguido? Todo lo que le he dicho a S.S.:
tener una corresponsabilidad por parte del Gobierno de Guinea
Ecuatorial en los programas educativos y sanitarios, tener una
cobertura para nuestros cooperantes, no hemos accedido a la petición
de gestión de fondos por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial y
sinceramente creo que hemos logrado salvar lo que es la cooperación
básica y humanitaria. No ha habido tampoco ni siquiera una
modificación en la naturaleza de nuestra cooperación hacia Guinea.
Le aseguro, señoría, que no hay ningún acuerdo secreto y hoy mismo le
remitiré, como he hecho también con otros diputados que me lo han
solicitado, el texto del acta de la novena Comisión mixta entre
Guinea Ecuatorial y España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Con esto llegamos al final del trámite de las preguntas. Quería
agradecer de nuevo al señor secretario de Estado su presencia y las
explicaciones que ha ofrecido a los preguntantes.
Muchas gracias. (Pausa.)
- PROPOSICIONES NO DE LEY.
- RELATIVA A LA NOMINACIÓN DE JUAN CARRERO SARATEGUI PARA EL PREMIO
NOBEL DE LA PAZ DELAÑO 2000. PRESENTADA POR LOS GRUPOS SOCIALISTA DEL
CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (PNV) Y MIXTO. (Númer
úmero o de de expedien-expediente te 161/161/001773) 001773)
El señor PRESIDENTE: Continúa el orden del día con la consideración
de las diversas proposiciones no de ley que tenemos en el orden del
día. Algunos señores diputados me piden alguna alteración en la
consideración de las proposiciones no de ley. Concretamente se me
indica que desearían comenzar con la que figura con el número 21, la
relativa al Premio Nobel de la Paz, para continuar después con la
número 20, relativa a Bielorrusia, la tercera sería la número 17, la
cuarta sería la número 18 y la quinta la número 19. ¿Hay algún
inconveniente en que se proceda de esa forma? (Pausa.)
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, ¿que ha pasado con la que
nosotros habíamos registrado sobre Guatemala?
El señor PRESIDENTE: Me informa el señor letrado que ha sido
dictaminada pero con un tiempo tan corto que no ha sido posible
introducirla en el orden del día, entre otras razones porque las
proposiciones no de ley tienen que ser sometidas a plazo de
publicación y plazo de enmiendas y por lo visto fue dictaminada en la
última reunión de la Mesa de la Cámara. No hubiera habido mayor
inconveniente, pero el Reglamento manda en este caso. ¿Hay algún
inconveniente para que procedamos a ese cambio de orden en la
consideración de las proposiciones no de ley? (Denegaciones.)
Vamos a entrar, en primer lugar, en la consideración de la
proposición no de ley número 21, relativa a la nominación de Juan
Carrero Sarategui para el Premio Nobel de la Paz del año 2000, de la
que son autores, si no me equivoco, prácticamente la totalidad de los
grupos presentes en esta Cámara.
El primer firmante es el Grupo Socialista.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, hemos estado hablando
entre los distintos portavoces y estamos todos de acuerdo en que la
Presidencia proceda a la lectura del texto que después será sometido
a votación, rogándole al presidente, como es habitual, que fije una
hora de votación.
El señor PRESIDENTE: Las votaciones tendrán lugar a partir de la una
de la tarde. En cualquier caso, no antes de esa hora.
Proposición no de ley, como digo, presentada por todos los grupos
parlamentarios, relativa a la nominación de Juan Carrero Sarategui
para el Premio Nobel de la Paz del año 2000. Dice la proposición no
de ley: «En nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, Grupo
Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Parlamentario Vasco y Grupo Parlamentario Catalán, tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente proposición no de ley relativa a la
nominación de Juan Carrero Sarategui para el Premio Nobel de la Paz
del año 2000 para su tramitación en la Comisión de Asuntos
Exteriores. 'Motivación. Atendiendo a la petición del comité de apoyo
a la candidatura de Juan Carrero Sarategui al Premio Nobel de la Paz
para el año 2000, el Congreso de los Diputados da su apoyo a la
candidatura de Juan Carrero y quiere agradecerle su dedicación al
trabajo solidario y su contribución personal a la concienciación de
la opinión pública y a las instituciones europeas en relación a
trágicos acontecimientos y a las situaciones de injusticia que,
especialmente desde 1990, se vienen sucediendo en la región de los
Grandes Lagos de África.' 'Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de ley.
1. El Congreso de los Diputados se adhiere a la propuesta de
nominación de Juan Carrero Sarategui para el Premio Nobel de la Paz
del año 2000.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y
promover la propuesta de nominación de Juan Carrero Sarategui para el
Premio Nobel de la Paz del año 2000.' 'En el Palacio del Congreso a
16 de noviembre de 1999.' La firman doña María Teresa Riera Madurell,
en nombre del Grupo Socialista; don Pedro Cantarero Verger, en nombre
del Grupo Popular; don Carles Campuzano i Canadès, en nombre del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); don Luis Alcaraz Masats, en
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida; don Iñaki Anasagasti
Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV) y don Joan Saura Laporta en
nombre del Grupo Mixto.
Esta es la proposición no de ley. ¿Algún señor diputado desea tomar
la palabra? (Pausa.) Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Escuchando la lectura que ha hecho el señor
presidente, veo que el formato no es muy estándar, es decir, no puede
haber un punto 1 y un punto 2, habrá un punto único que será el 2 y
el primero será una especie de considerando o de ... Normalmente en
las proposiciones no de ley se insta al Gobierno, se hacen los
puntos. Es un problema de redacción, pero ...
El señor PRESIDENTE: No hay formato estándar. Son dos ideas
diferentes: por una parte, el Congreso de los Diputados manifiesta su
adhesión a esa candidatura y, por otra parte, el Congreso de los
Diputados pide al Gobierno que promueva esa candidatura. No hay
formato. Pasaremos a la votación en el momento oportuno.
- SOBRE IMPULSO DE MEDIDAS YACCIONES PARA FAVORECER UN PROCESO DE
EVOLUCIÓN RÁPIDA DE BIELORRUSIA HACIA LA DEMOCRACIAY EL PLURALISMO.
PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001771)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la consideración de la proposición
no de ley que figura con el número 20 sobre impulso de medidas y
acciones para favorecer un proceso de evolución rápida de Bielorrusia
hacia la democracia y el pluralismo. El autor de dicha proposición no
de ley es el Grupo Parlamentario Socialista. Hay una enmienda
presentada a dicha proposición no de ley en nombre del Grupo Popular.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Señorías, el Grupo Socialista ha querido
traer a esta Comisión el caso de Bielorrusia porque Bielorrusia,
señorías, es un país que en la actualidad une a los sufrimientos
consecuencia de la pobreza los sufrimientos que se derivan de la
falta de libertades. Señorías, la situación política y económica de
Bielorrusia es en estos momentos francamente alarmante. Su economía,
muy ligada a la de Rusia, se vio terriblemente afectada por la crisis
de 1998 y como consecuencia de ello las reservas del Banco Nacional
están bajo mínimos, los precios del pan, la leche, la vivienda, la
electricidad y los carburantes aumentan cada día y de ser un país
exportador de carne y de leche ha pasado a tener que importar
productos tan básicos como los cereales y la carne de otros países
vecinos como Lituania, Polonia o Ucrania. Hoy día, señorías, puede
decirse que aproximadamente el 70 por ciento de la población puede
considerarse sumida en la más absoluta pobreza.
Históricamente, señorías, Bielorrusia ha sido durante siglos un país
disputado, devastado y dividido entre Rusia, Polonia, Lituania y, a
raíz de las dos guerras mundiales, también por Alemania. Después de
siete décadas como república soviética, Bielorrusia declaró su
independencia el año 1991. La primera Constitución postcomunista fue
aprobada el 30 de marzo de 1994 y desde entonces Bielorrusia es una
república. En estos años, el presidente Lukashenko ha cambiado dos
veces la Constitución -en mayo de 1995 y nuevamente en noviembre de
1996- otorgando cada vez más poderes al jefe del Estado y, aunque la
Constitución contempla y dota al Estado de instituciones democráticas
como el Parlamento, no puede hoy día en absoluto considerarse a
Bielorrusia como un país democrático.
Tras el referéndum de 1996 Lukashenko creó, al margen de la
Constitución, la llamada Asamblea Nacional que está formada por dos
cámaras -la Cámara de Representantes y el Consejo de la República-,
cuyos miembros, señorías, no son elegidos por elección directa. Por
su origen inconstitucional son muchos los países que no han dado su
reconocimiento al nuevo Parlamento. El jefe del Estado es también el
jefe de la Policía de seguridad y del ejército. Además, desde el
referéndum de noviembre de 1996, entre las atribuciones del
presidente está también la de designar a la mitad de los miembros y
al presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.
Por la información de que disponemos, Lukashenko ha convertido a
Bielorrusia en el Estado policial. En el Ministerio del Interior
trabajan unas 120.000 personas y nadie
sabe cuánta gente puede trabajar para los servicios especiales, con
unos sueldos -parece ser, señorías- al menos cuatro veces superiores
a los de cualquier otro trabajador. Los opositores al régimen son
perseguidos y la mayoría de líderes de la oposición encarcelados. La
lista de la que disponemos, señorías, es interminable. Por eso a
nuestro grupo nos parece extremadamente oportuno que esta Comisión
exprese su más profunda preocupación por la situación política y
económica en que se encuentra Bielorrusia y también nuestra
solidaridad con todos los demócratas que en Bielorrusia están
luchando a favor de las libertades y del pluralismo. Además,
señorías, el mandato de Lukashenko terminó el pasado 20 de julio y
desde entonces el país no tiene un presidente legal. Por esto,
señorías, en el punto 3 de la proposición no de ley proponemos exigir
la rápida convocatoria de elecciones libres en las que participen sin
obstáculo de ningún tipo todas las fuerzas políticas del país, lo que
implica, lógicamente, la previa liberación de todos los presos
políticos.
El pasado 17 de octubre las fuerzas democráticas de Bielorrusia
organizaron en la capital, Minsk, lo que se ha conocido como «la
marcha de libertad» contra la dictadura de Lukashenko. Según la
información de la que disponemos fue la concentración más masiva de
los últimos años, pero fue disuelta una vez más, con contundencia,
por la Policía y sus líderes encarcelados.
Señorías, aunque tal como afirmamos en la exposición de motivos el
protagonismo del proceso de democratización de Bielorrusia
corresponde sin ninguna duda a los bielorrusos y bielorrusas, nuestro
país como parte de la Europa democrática debe contribuir en la medida
de lo posible a que dicho proceso se lleve a cabo y, por ello,
proponemos en el punto 4 de esta proposición no de ley impulsar en el
ámbito de la Unión Europea todas aquellas medidas y todas las
acciones que favorezcan un proceso de evolución rápida de Bielorrusia
hacia el pluralismo y la democracia.
Por todo lo que les acabo de decir, señorías, pido el voto favorable
de todos los grupos para el conjunto de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene presentada una enmienda a
esta proposición no de ley. El señor Ricomá tiene la palabra para
exponerla.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: No es la primera vez que se plantea
el problema de Bielorrusia en esta Comisión. Ya en mayo de 1997 el
Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley acerca
de la situación en el país después de celebrar su referéndum
constitucional que, quedando aprobada por unanimidad tras la
inclusión de las enmiendas socialistas, dejó, entendemos,
perfectamente claro la preocupación de la Cámara por los
acontecimientos que se iban sucediendo en el país y el apoyo de la
Cámara a la oposición democrática movilizada en pro de las libertades
y del pluralismo. Esta sensibilidad común, conjuntamente con los
hechos tristes que han venido acaeciendo en el país y que ha relatado
la portavoz del Grupo Socialista, que lo han conducido actualmente a
atravesar una situación de extrema pobreza, obligan, no podía ser de
otra manera, a encontrar de nuevo la unanimidad en esta Comisión,
partiendo como base del texto que
propone el Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido nosotros
hemos presentado una enmienda que, manteniendo tanto la forma como el
fondo derivados de lo que se pretende en la proposición del grupo
proponente, amplía, afina y se ciñe más a lo que es la realidad
actual de lo que viene sucediendo en Bielorrusia.
Obviamente no tenemos nada que comentar a los dos primeros puntos de
su proposición. Pobreza y falta de libertades son cuatro palabras que
contienen la suficiente fuerza y la suficiente expresividad como para
que nos podamos imaginar sin margen de error la dramática situación
por la que está atravesando el pueblo bielorruso, ante la cual nos
debemos posicionar claramente en favor de la recuperación del
pluralismo democrático y también en solidaridad con el sufrimiento de
sus gentes. Es a partir del punto 3 donde introducimos el efecto de
nuestra enmienda, que es una enmienda técnica, porque, como decía
antes, consideramos que enriquece desde el momento en que afina más
con la situación que está viviendo actualmente el pueblo bielorruso.
Concretamente el tercer punto apela a la exigencia de la rápida
convocatoria de elecciones libres, circunstancia en la que creo que
estamos todos totalmente de acuerdo, pero en beneficio de la
concreción entendemos que no podemos obviar en el texto que aprobemos
hacer referencia al mecanismo que se ha articulado para conseguir tal
objetivo. Por ello en nuestra enmienda sugerimos vincular la
convocatoria de elecciones al diálogo político que actualmente, y
auspiciado por la OSCE, vienen manteniendo Gobierno y oposición
bielorrusa. De ahí nuestra adición en el sentido de exhortar a las
autoridades del país a que atiendan y asuman seriamente dicho diálogo
político.
Finalmente, en el último punto de la proposición no de ley,
consideramos también necesario vincular la política española a lo que
es la política común de Europa en torno al país en concreto y en
torno también a la zona, dada la gran dependencia que existe, como ya
se ha dicho, entre Bielorrusia, país en cuestión, y Rusia, por
ejemplo. Por tanto, entendemos que la redacción del punto 4, en lugar
de decir: «Impulsar en el ámbito de la Unión Europea...», debería
decir simplemente: «Continuar impulsando la política que viene
aplicando la Unión Europea...». Creemos que es desde esta óptica
desde donde se puede hacer más fuerza, desde donde pueden pesar más
las exigencias hasta la recuperación del pluralismo y de las
libertades y, por tanto, desde donde se pueden ir acortando los
caminos para conseguir este objetivo, que ha quedado claro que es
común del grupo proponente y, estoy seguro, de todos los grupos que
pertenecen a esta Cámara.
Por consiguiente, solicito del Grupo Socialista la aceptación de esta
enmienda, y en este sentido decimos con satisfacción que votaremos
favorablemente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea hacer uso
de la palabra?
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Quisiera decir que aceptamos la mejora
técnica que el Grupo Popular propone a los apartados 3 y 4 y, aunque
ya lo ha dejado claro el portavoz del Grupo Popular, me gustaría
dejar constancia de
que no lo aceptamos como una enmienda a la totalidad, sino como una
enmienda parcial a los puntos 3 y 4, ya que prácticamente lo que
propone el Grupo Popular es exactamente nuestro texto.
El señor PRESIDENTE: Así lo haremos en el momento de la votación. La
proposición socialista será sometida a votación tal y como ha sido
enmendada por el Grupo Popular.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, una cuestión de orden.
Acaba de decir: tal y como ha sido enmendada por el Grupo Popular.
Pero yo entiendo que, aunque el Grupo Popular ha puesto su enmienda
en un solo texto, en realidad lo que hace es presentar dos enmiendas
a los puntos 3 y 4 de la proposición. Pediría al Grupo Popular que
estudiara cómo lo va a plantear porque, en función de eso, fijaremos
nuestra posición en el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Es bien sencillo. Dejamos los dos
primeros puntos idénticos a como han sido presentados por el Grupo
Socialista e introducimos una adición en el punto 3 y una adición en
el punto 4, ambas adiciones de tipo técnico.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que no tiene ningún impacto sobre el
resultado final, de manera que, si el Grupo Socialista admite esos
cambios o esas enmiendas, eso es lo que será sometido a votación.
- SOBRE APOYO AL ACUERDO DE LA MESA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE
TRABAJO PERMANENTE POR LA PAZ, RELATIVO A LA LUCHA CONTRA LAS
ACTIVIDADES PARAMILITARES Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y
MIXTO, SEÑOR ALCARAZ RAMOS (Número de expediente 161/001741)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 17, que será el tercero en el
orden de la consideración de las proposiciones no de ley, proposición
no de ley ésta presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relativa a la Mesa regional del Magdalena Medio de
trabajo permanente por la paz.
El señor Navas tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Nuestro grupo, como creo que el resto de la
Cámara, ya se ha podido expresar en diferentes ocasiones, tanto en la
Comisión de Asuntos Exteriores como en el propio Pleno, y en la
visita que tuvo el presidente colombiano a España también se pudo
dejar constancia de la sensibilidad que tenemos todos los grupos
parlamentarios en apoyar el proceso de pacificación que se viene
desarrollando en Colombia, un proceso que debe de abarcar múltiples
aspectos en una sociedad profundamente
impregnada por una cultura de la violencia para resolver cualquier
problema y que tiene sus primeros pasos importantes en la estrategia
que ha marcado el Gobierno para alcanzar ese objetivo de pacificar el
país, que no es otra que la de llegar a acuerdos con los agentes
sociales, con los representantes de los ciudadanos que están
afectados directamente por la acción de la violencia. Esta acción de
la violencia origina múltiples consecuencias, una de las cuales son
los desplazados, cientos de miles de personas que viven diariamente
una realidad que es especialmente dura, desplazados de sus lugares de
origen, a lugares en los que se ubican sin ningún tipo de condición
de hábitat, sanitaria, educativa o económica, por tanto personas que
necesitan participar y que quieren participar activamente en
conseguir ese objetivo de paz para normalizar la convivencia en el
país y poder retornar a sus lugares de origen. Una violencia que
origina también otro tipo de consecuencias, como son las acciones
denominadas paramilitares como respuesta a las acciones de la propia
guerrilla, una situación de impunidad que se ha venido dando en la no
tramitación de denuncias y en la no persecución eficaz de la cantidad
de delitos importantes que se producen en aquel país: asesinatos,
masacres, desplazamientos... Como digo, incluso intentar luchar por
la vinculación que alguna parte del Estado está teniendo en la acción
de los propios grupos paramilitares, que en el 90 por ciento de las
ocasiones tienen como víctima a la sociedad civil, aquella sociedad
que no se ha levantado en armas contra nadie, y que lo único que
produce es un pesar y una insatisfacción, porque son, como digo, las
consecuencias claras y directas del conflicto.
Por todo ello, nosotros pensamos que es especialmente importante que
la comunidad internacional apoye, impulse y aliente las conclusiones
de este acuerdo que se ha dado entre el Gobierno colombiano y los
representantes de los desplazados, esta mesa de diálogo, y diga que
está junto a ellos para que esos objetivos se puedan cumplir. Por
tanto, es una proposición no de ley muy básica, en la que nosotros
queremos que el Congreso inste al Gobierno a manifestar ante el
propio Gobierno colombiano el apoyo de nuestra nación al acuerdo de
la Mesa regional de Magdalena Medio de trabajo permanente por la paz,
relativo a la lucha contra las actividades paramilitares y la defensa
de los derechos humanos, y para ofrecerse a dicho Gobierno y a las
organizaciones ciudadanas de la zona en cuanta colaboración ambas
partes puedan requerir.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la
señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Antes de pasar a la defensa de la
enmienda me gustaría hacer una pequeña corrección que por un error de
transcripción mecanográfica consta en el texto de nuestra propia
enmienda. En el punto 2, cuando se habla de «un plan urgente de
preservación», debe decir «prevención». Es sin duda un error, y
autoenmiendo el texto.
Voy a defender brevemente esta enmienda. Efectivamente, el pasado 16
de marzo esta Comisión, con motivo de la visita del presidente
Pastrana, presentó, debatió, aprobó y posteriormente le entregó en el
Pleno una proposición no de ley sobre el proceso de paz en Colombia,
que fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos. Ahí, en resumen, el
presidente Pastrana recibió todo el apoyo también del Parlamento
español y del Gobierno español al inicio de las conversaciones de paz
que planteaba para resolver la grave situación de Colombia. En
resumen, nosotros decíamos entonces y reiteramos ahora en cuatro
pinceladas que la situación que atraviesa Colombia se caracteriza por
una grave crisis de derechos humanos, un grave empobrecimiento de la
población, grave también es la degradación y extensión de un
conflicto armado y grave igualmente la situación de los desplazados,
casi un millón y medio de ciudadanos, de personas de las clases más
desfavorecidas, que están siendo utilizadas como escudos humanos por
todas las partes del conflicto y están produciendo un éxodo
absolutamente inaceptable. Pero no basta con un acuerdo de paz entre
el Gobierno y la guerrilla, si bien solamente con una parte de la
guerrilla, aunque muy importante, las FARC, si no hay un cese de la
actividad armada o si se siguen utilizando como instrumentos para
lograr objetivos políticos la extorsión, el chantaje, el secuestro y
las masacres contra unos y otros y contra la población campesina.
Entre las bandas armadas, los grupos denominados de autodefensa, los
paramilitares para entendernos, vienen actuando o han venido actuando
casi con total impunidad y en ocasiones bajo la cobertura o la
connivencia de determinados sectores próximos al Gobierno. Se dice de
ellos, de estos grupos paramilitares, que son los más duros y
sanguinarios y que no secuestran, sino que directamente matan y esto
debemos condenarlo, pero nosotros nos planteamos si podemos hacer una
distinción entre unos grupos armados y otros.
Esta proposición no de ley, que supone respaldar el acuerdo que ha
firmado el Gobierno con la mesa Regional del Magdalena Medio por la
paz, la vamos a apoyar, puesto que nos parece una iniciativa loable.
¿Y por qué exactamente con estas personas, con estos grupos que
trabajan con los desplazados en la zona del Magdalena Medio? Porque
parece ser que son quienes con mayor virulencia sufren los ataques de
los grupos paramilitares, de los grupos armados llamados de
autodefensa. Por tanto, vamos a apoyar esta enmienda, que sin duda va
a suponer también un avance en la medida en que el Gobierno
colombiano extremará la vigilancia y el control de estos grupos. Pero
me temo, señorías, que son demasiados papeles, demasiadas palabras
y demasiados acuerdos mientras sigue habiendo demasiados secuestros,
demasiadas muertes y demasiados desplazados. Y no pretendo mostrar
ningún desánimo, porque 50 años de conflicto armado no se pueden
resolver fácilmente; sin embargo, junto al apoyo de este Parlamento y
de nuestro Gobierno al proceso de paz en Colombia, debemos exigir
también el cese de las actividades violentas a todos los grupos
armados y hacer llegar también la exigencia de que se libere a todos
los secuestrados. Entre ellos, no puedo por menos que hacer una
mención especial al ciudadano navarro don Santiago López Esparza, en
manos de las FARC desde el pasado día 6 de junio. Conocemos los
esfuerzos de nuestro embajador en Colombia, nos consta que está
trabajando con la dedicación, el rigor y el buen hacer que le
caracterizan y que viene demostrando pero, teniendo en cuenta además
que este Parlamento se va a pronunciar acerca de su apoyo una vez más
al proceso y al acuerdo de
paz que el Gobierno colombiano va a firmar con un importante
colectivo de la sociedad, aprovechamos también para exigir el final
de este secuestro y de todos.
Junto a ello, el punto 2 de nuestra enmienda a la proposición no de
ley abunda aún más en la atención a los grupos de desplazados, ya que
entendemos que solamente desde un plan global de atención a estos
grupos de campesinos, desde un plan global de prevención de los
desplazamientos y de atención integral de los mismos se puede
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Sólo desde ese
plan se puede combatir el problema con propuestas concretas. Por todo
ello, nuestro grupo ha presentado esta enmienda de adición, que
entendemos es complementaria a la proposición no de ley que nos
presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Antes he cometido un ligero error, que es no
haber mencionado que la proposición no de ley está firmada también
por el señor Alcaraz, en nombre del Grupo Mixto, y no sé si querría
hacer uso de la palabra en este trámite o posteriormente.
El señor ALCARAZ RAMOS: Voy a intervenir brevemente.
Creo que los argumentos que se han ido aportando clarifican, y tengo
que decir que por nuestra parte aceptaríamos la enmienda del Grupo
Socialista. A Nueva Izquierda le preocupa la situación que se ha
producido en este Estado amigo y hermano, tal y como hemos tenido
ocasión de poner de manifiesto, en particular cuando centramos buena
parte de nuestra intervención en el análisis de la situación en
Colombia al hablar de la sesión sobre derechos humanos que celebró
Naciones Unidas en Ginebra. Desgraciadamente, este tema es
reiterativo y tenemos la impresión de que, aunque presentemos esta
proposición no de ley y aunque se presenten otras por otros grupos o
se hable del mismo con ocasión de otras iniciativas parlamentarias,
los avances son escasos y más bien hay un sentimiento de retroceso.
Nosotros entendemos que España debe jugar en el proceso de
cooperación global con Latinoamérica un papel fundamental, no
solamente en el plano de la retórica, sino en el de lo concreto. De
nuevo tenemos que insistir en estas últimas sesiones de la
legislatura para que al menos quede constancia de la preocupación del
Parlamento español por una cuestión tan extraordinariamente grave
como la que estamos comentando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: También voy a ser muy breve.
Efectivamente, como decía la portavoz socialista, está habiendo
muchas palabras, pero mientras tanto el drama continúa. Sin embargo,
no deja de ser oportuno que este Parlamento se pronuncie y que quede
claro que no nos pasa desapercibido lo que está ocurriendo en
Colombia, no sólo desde la perspectiva de víctimas concretas, algunas
de ellas españolas, secuestradas y liberadas o no por parte de la
guerrilla o de las FARC, sino desde el punto de vista de lo que es la
propia sociedad colombiana representada por su
Gobierno. Pero yo querría referirme particularmente a toda la
sociedad colombiana, que está sufriendo el drama de su país. Todos
los que tengamos cerca -en mi caso lo tengo en la propia familia- a
miembros de esa sociedad colombiana realmente sabemos hasta qué punto
tienen la sensación de que su país está atravesando una situación
absolutamente dramática.
Sin entrar en la literalidad de lo que es la enmienda, mejor dicho,
de lo que era la proposición no de ley originaria y esta adición que
plantea el Grupo Socialista, mi grupo manifiesta su apoyo, ya que
entiende que muestra abiertamente el compromiso de esta Cámara con la
situación en Colombia y con el diálogo en favor de la paz, pidiéndose
claramente que el Gobierno se implique todavía más si cabe, y subrayo
el si cabe, en ese apoyo y manifestación de solidaridad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No seré yo el que rompa el consenso con
respecto a la posición de este Parlamento y de España en definitiva
sobre el proceso de paz en Colombia y la situación que está
atravesando. Ahora bien, quisiera hacer dos matizaciones. En primer
lugar, que me parece especialmente oportuna la enmienda socialista.
Creo que debemos aprovechar todas las ocasiones que podamos para
decir a las FARC y al ELN de Colombia que la política de secuestros
es inaceptable y que España no puede tolerar que se secuestren
ciudadanos españoles exclusivamente para financiar acciones armadas y
que dichos ciudadanos españoles serán defendidos con todas las voces
que puedan alzarse para denunciar y reclamar estos hechos que nos
parecen lamentables. Yesto teniendo en cuenta que nuestro país juega,
ha jugado y jugará sin duda un papel importante en el apoyo desde
Europa al proceso de paz de Colombia. Creo que la claridad es el
mejor aliado para una labor de apoyo y que tenemos que aprovechar
cuanta ocasión se nos presente para recordar a las FARC y al ELN, que
son los que practican esta política sistemática de secuestros de
ciudadanos colombianos, extranjeros y españoles cuando toca, que eso
es inaceptable e indefendible, no solamente desde el punto de vista
de la opinión española, sino también desde el punto de vista de los
partidos políticos españoles.
En segundo lugar, nuestro socio, nuestro interlocutor es la República
democrática de Colombia. Aquí no hay un conflicto en el que nosotros
pudiéramos mantener una actitud de equidistancia, no lo hay ni lo
puede haber. El Estado democrático colombiano, con todas sus
dificultades, con todas sus carencias y con todas sus limitaciones,
sin duda muchas provocadas por la situación de insurgencia y de lucha
armada de grupos guerrilleros desde hace muchos años, además del
narcotráfico y todos los demás problemas que tiene Colombia,
representa lo mejor de la esperanza de los colombianos. Y desde luego
desde la democracia española, desde el Estado democrático español, no
podemos sino decir claramente que nuestro socio y nuestro aliado es
la República de Colombia, y que no podemos adoptar posiciones o hacer
discursos que, incluso por omisión, permitan hacer pasar el mensaje
de que hay un conflicto en
Colombia, en el que hay varias partes, y en el que unos son tan malos
como otros. El Estado democrático colombiano tiene muchos enemigos:
las guerrillas ya citadas, los paramilitares y los narcotraficantes,
pero debe saber dónde están sus amigos y, desde luego, sus amigos
están en la democracia española.
La situación de Colombia es dramática, pero lo sería mucho más si no
fuéramos conscientes de que lo que está en juego es la democracia de
Colombia, es la soberanía misma de Colombia y su existencia como un
Estado independiente y soberano, miembro de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones. También por eso tenemos que decir que no
solamente consideramos lamentable que se secuestren ciudadanos
españoles y de otros países, y por supuesto colombianos, sino que es
totalmente inaceptable que cuando hay un proceso de paz abierto la
guerrilla más numerosa, las FARC, utilicen la zona que se les ha
despejado para que puedan considerar cómo avanzar y negociar mejor el
proceso de paz, para realizar ataques en masa contra instalaciones
del Estado democrático colombiano en todo el territorio o en los
alrededores de esa zona de despeje. Esto también habrá que decirlo, y
habrá que decírselo claramente a los señores de las FARC. Si lo que
se pretende es contar con la benevolencia de nuestro país o de
nuestro Parlamento para hacer pasar la imagen de que hay un conflicto
con partes que todas son igual de buenas o malas, creo que esto es
inaceptable e inasumible. Desde luego ése no es el espíritu del Grupo
Popular y no creo que sea el de ninguno de los grupos que están aquí
hoy.
Dicho todo esto y con todas estas observaciones, anuncio el voto
favorable de mi grupo al texto presentado y a la enmienda del Grupo
Socialista, que nos parece especialmente oportuna.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Mi grupo ya ha manifestado, en su exposición
de motivos, que el conflicto de Colombia es especialmente complejo y
que es evidente que inciden sobre él múltiples factores. Por tanto, a
la hora de incorporar análisis, en los cuales estamos todos
completamente de acuerdo, de elementos que son identificativos de
causas que originan la actual situación de violencia que se vive
allí, no dejan de ser más que meras afirmaciones, a lo largo de las
cuales nosotros hemos alcanzado ya un consenso en esta Comisión, por
lo que son bien aceptadas por mi grupo.
Simplemente quiero recordar que en la Mesa regional de Magdalena
Medio de trabajo permanente por la paz se ha llegado a una serie de
acuerdos sobre unos problemas muy concretos. Nosotros podemos
ampliarlos, superar el nivel del acuerdo que han alcanzado ellos e
introducir todos esos elementos sobre los que cada uno de nosotros,
individualmente además, opinamos exactamente igual. Por tanto, en
aras de conseguir mantener ese total consenso que existe en la Cámara
alrededor de las iniciativas para el proceso de pacificación en
Colombia, aceptamos las dos enmiendas que propone el Grupo
Parlamentario Socialista, y entendemos que en cualquier posible
debate que abarque amplios aspectos del proceso de pacificación de
Colombia podremos abordar en detalle todos y cada uno de los elementos
que son constitutivos de la actual situación que se vive en
ese país.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, en el momento de las
votaciones, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, sobre la Mesa de paz de
Magdalena Medio , será sometida a votación con la enmienda a la que
se ha referido la señora García Manzanares, propuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES
ADOPTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y NACIONES UNIDAS, SE INICIEN LOS
TRÁMITES DIPLOMÁTICOS Y POLÍTICOS NECESARIOS PARA QUE LOS DERECHOS
HUMANOS SEAN RESPETADOS EN EL TÍBET POR EL GOBIERNO COMUNISTA CHINO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/001745)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a continuación al debate de la
proposición no de ley que se encuentra recogida en el punto número
18, relativa al Tíbet, y de la que es autor el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso. En su nombre, tiene la palabra la señora
García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Buenos días, señoras y señores
diputados. Antes de entrar en la defensa de esta proposición no de
ley, querría hacer algún tipo de confesión personal, y pedir
disculpas previamente si con ello puedo herir la sensibilidad de
alguna persona.
Este verano tuve ocasión de visitar el Tíbet de manera
semiclandestina, y, como otras personas que lo han visitado de esa
misma manera, tuve la oportunidad de sentir el pánico, el terror, la
falta de respeto por los derechos humanos que se sienten en todo el
territorio ocupado por los chinos, de cualquier nacionalidad que se
sea. Desde el mismo momento en que intentas conseguir el visado o
traspasar la frontera se siente esa sensación de desprecio hacia los
derechos más elementales y hacia la dignidad humana. Sin embargo, esa
sensación no era nada comparada con lo que después pude ver, sentir y
lo que me llevó a tener una preocupación y un compromiso respecto a
ello, creo que como todos los demócratas que defendemos el principio
de la libertad y del respeto a la persona. Por eso, pensé si
merecería la pena dedicar un tiempo a estudiar y profundizar en las
razones que hacen que un lugar tan lejano y tan olvidado como el
Tíbet, territorio ocupado por la República comunista china, pudiera
ser trasladado al Congreso de los Diputados de España y pudiéramos,
de manera serena, reflexionar en común todos los que aquí nos
sentamos, para ver cómo podemos hacer un esfuerzo para que no sigan
desarrollándose estas violaciones de los derechos humanos.
Es verdaderamente inconcebible que gobiernos que se sientan en la
Asamblea de la ONU, gobiernos democráticos, no condenen como se
merece esta sistemática violación. Y esto es así -creo yo- porque la
República PopularChina, este gigante demográfico y militar, parece
tener
bula, una patente de silencio, debido a su relevancia estratégica
y -¿por qué no decirlo?- también a causa de las grandes y complacidas
esperanzas que su nuevo capitalismo suscita en las multinacionales
que miran hacia ella con ojos condescendientes y golosos. Por eso es
conveniente recordar o -lo que viene a ser lo mismo- combatir el
olvido. Desde que China invadió el Tíbet en 1950 los derechos humanos
recogidos en la Carta de las Naciones Unidas de 1948 no han dejado de
ser violados, pese a las promesas hacia el exterior del Gobierno de
la República Popular China. Múltiples informes avalan esta
aseveración, entre ellos los de Naciones Unidas, Amnistía
Internacional, la Asociación internacional de abogados del Tíbet,
etcétera, así como los elaborados por la propia Oficina de Derechos
Humanos del dalai-lama. Violaciones que incluyen decenas de casos de
torturas, torturas por aplicación de descargas eléctricas, palizas,
exposición intensa al frío en celdas pequeñas y oscuras, pinchazos y
férulas en la boca, quemaduras intensas por contacto con chimeneas
ardientes, incluyendo la extracción de fluidos corporales hasta la
muerte.
Las desapariciones siguen produciéndose en la actualidad, ignorándose
el paradero de las personas desaparecidas. Las autoridades chinas
actúan con total impunidad. A finales de 1997, se contabilizaban
1.216 prisioneros políticos y de conciencia, aunque el número real
probablemente sea mucho mayor. En esta relación se incluyen mujeres,
jóvenes y niños menores de 18 años. Tanak Jigme Sangpo, de 71 años,
el prisionero político más veterano del Tíbet lleva 30 años
encarcelado y su liberación está prevista para el 2011. En 1997 fue
condenado a seis años de cárcel por presidir la Comisión de búsqueda
de la reencarnación del panchen-lama. La mayor parte de los
prisioneros fueron detenidos arbitrariamente, con cargos imprecisos,
como poner en peligro la seguridad del Estado, incluyendo los monjes
que han sido presos por haber fracasado en los trabajos con los
equipos de reeducación. La falta de garantías jurídicas es absoluta:
detenciones prolongadas sin cargos, condenas sin pruebas, falta de
asistencia jurídica y torturas. Ese es el panorama desolador. Las
prisiones y campos de trabajos forzados abundan en Tíbet,
especialmente en Lhasa, en condiciones que a menudo hacen imposible
la supervivencia. Los derechos de las mujeres son pisoteados en
Tíbet. Las políticas de aborto y de esterilización forzadas se
contabilizan por miles. Son miles de mujeres tibetanas las que son
multadas, entre 200 y 400 dólares, una cantidad desmesurada para los
ingresos de una familia tibetana, por el delito de quedarse
embarazadas. La terrorífica política de natalidad china se ha
aplicado con rigor, y aunque oficialmente se permite a las minorías
étnicas tener dos hijos por mujer, frente al único que se les
autoriza a las mujeres chinas, la muerte y la fuerte emigración de
chinos hacia Tíbet ha convertido a la población tibetana en
minoritaria en su propia tierra. Los niños que han nacido más allá
del límite demográfico marcado por las autoridades chinas ven negado
su derecho a la escolarización y a las ofertas de empleo.
Las autoridades chinas intentan eliminar la cultura y la civilización
tibetana, sobre todo uno de sus soportes, la religión budista.
Amenudo, el Partido Comunista chino, desde su óptica totalitaria, ha
justificado la negación de los derechos de la persona en la
afirmación de los derechos colectivos.
Sin embargo, esos derechos colectivos también están siendo
destruidos en Tíbet, en particular uno de los más preciados, el
derecho a una identidad cultural, pero también los derechos a la
salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. Desde abril de
1996, una nueva campaña del Gobierno chino ha hecho de los
monasterios y conventos religiosos uno de sus principales objetivos.
El resultado de las sesiones de reeducación patriótica para instruir
a los monjes sobre la maldad del dalai-lama ha propiciado que haya
más de 3.000 expulsiones de monjes y religiosas y que, según los
informes del propio Gobierno chino, entre 46.000 y 100.000 monjes y
religiosas budistas hayan recibido reeducación patriótica. Más de
1.787 monasterios y templos han sido invadidos por la reeducación. La
discriminación racial contra los tibetanos es un hecho que incluye
las esferas del empleo, la representación pública, la educación y la
salud. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos del Tíbet son
chinos o escogidos por el Gobierno chino. Los trabajadores son
obligados a dedicar buena parte de sus jornadas de trabajo -en
algunos casos de ocho a doce días al mes- al Gobierno chino, sin
remuneración alguna. En el terreno de la educación, los tibetanos
deben pagar por recibir esos servicios. Por ejemplo, en la escuela
deben pagar las sillas, los pupitres y, por supuesto, los libros y
cuadernos. En los hospitales, los tibetanos son frecuentemente
obligados a pagar el precio completo de la prestación sanitaria, lo
cual hace difícil su acceso a los hospitales, hospitales que son
gratuitos para la población de origen chino. La educación se
suministra en lengua china, incluida la escuela primaria, lo que
supone una clara discriminación contra los niños de lengua materna
tibetana. Todo ello conduce a que el 30 por ciento de los niños
tibetanos estén sin escolarizar.
Una de las mayores amenazas a la supervivencia tibetana es la
política de transferencia masiva de población, iniciada a mediados de
1994. El establecimiento de los nuevos inmigrantes chinos ha ido
unido a la construcción de viviendas, ofertas de empleo, escuelas y
hospitales para ellos en los grandes centros urbanos y en otras
áreas, marginando crecientemente a la población tibetana, sobre todo
en los entornos rurales. De hecho, los 6.000.000 de habitantes
tibetanos han sido sobrepasados ya por los 7.500.000 colonos chinos,
que han impuesto su economía, economía a medida, dentro de la cual
los tibetanos están absolutamente desplazados. A todo lo descrito se
puede unir el expolio y la devastación del medio natural en el Tíbet.
Por otra parte, y desde 1972, hay estacionadas en Tíbet armas
nucleares y laboratorios de investigación militar. Ha sido arrojada
sin control basura en las llanuras cercanas, lo cual ha causado la
muerte y graves enfermedades por radiación a un número no
contabilizado de nómadas tibetanos. Por si esto fuera poco, estos
días teníamos que leer en la prensa como el presidente chino, Jiang
Zemin, prestaba su apoyo incondicional a Rusia frente a cualquier
injerencia -se decía- por parte de los países democráticos, de los
países occidentales, ante la invasión y la barbarie que se está
cometiendo en Chechenia. Todo el armamento nuclear se pone a
disposición de Rusia por si con el propio no le basta. Esa es la
situación. Tíbet está siendo también un almacén de armamento nuclear
y de experimentos, y lassituaciones de los tibetanos, derivadas de
enfermedades
producidas por la radiación, recogidas en los informes de Amnistía
Internacional y del Parlamento Europeo, son realmente alarmantes.
En definitiva, como resultado de todas estas violaciones de derechos
individuales y colectivos, de la persecución política, cultural y
religiosa a la que está sometido el pueblo tibetano desde 1959, desde
el año en que China tiene el control total y desde el exilio forzoso
del dalai-lama, aproximadamente más de 1.200.000 tibetanos, un sexto
de la población, han sido torturados. Se registran más de 100.000
casos de muerte directa como consecuencia de esa represión y de esas
torturas. Esa represión, que ha supuesto que más de 115.000 monjes y
religiosas se hayan tenido que exiliar, se ha recrudecido en los
últimos dos años. Por supuesto, no solamente es la población del
Tíbet, también la población china es sufridora de la falta de
escrúpulos, de la barbarie de su Gobierno, de la falta de democracia
y de la falta de derechos civiles.
Nosotros queríamos denunciar esta situación, intentando plantear,
dentro del ámbito de las relaciones diplomáticas y del papel que un
Estado democrático como España debe jugar, no sólo en el Parlamento
Europeo sino también en el Consejo Europeo, que todas y cada una de
las resoluciones o conclusiones que se han adoptado por parte del
Parlamento Europeo fueran trasladadas por nuestro Gobierno ante la
próxima cumbre y ante la Asamblea de Naciones Unidas. Nos parece muy
hipócrita que, al mismo tiempo que se está discutiendo la
incorporación a la Organización Mundial de Comercio y el
establecimiento de unos convenios bilaterales con China para un
desarrollo comercial y económico, que al mismo tiempo que tenemos un
interés comercial y que existe un interés que nos puede beneficiar a
todos, no se exija que eso conlleve también por parte de la República
Popular China la aceptación de todas y cada una de las reglas de
juego de los Estados democráticos y el avance en el principio del
respeto a los derechos humanos.
El contenido de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista recoge de manera literal -no añade ni quita nada- las
resoluciones que se han adoptado por parte del Parlamento Europeo el
pasado mes de diciembre de 1998 y en abril de 1999. A mi juicio, son
unas propuestas mesuradas, que pretenden que haya un consenso y un
diálogo para poder hacer posible que se cumplan esos acuerdos. Eso es
lo que se pide al Gobierno de España, que ante el Consejo Europeo, y
en el ámbito de las competencias que tiene, ejerza un papel
importante para que se tome conciencia cuanto antes y se cumplan cada
uno de esos puntos recogidos en las resoluciones del Parlamento. Por
último pedimos que se estudie la posibilidad de invitar al dalai-lama
a que exprese en el Parlamento español cuál es la oferta de diálogo
que está haciendo para que el pueblo tibetano pueda recuperar un
espacio de libertad religiosa, cultural, política y social. Nosotros
nos basamos en estas resoluciones y nos gustaría que el papel del
Parlamento español y del Gobierno en la próxima cumbre sea activo y
defensor de esos criterios por encima de todos los intereses,
teniendo en cuenta los intereses económicos y comerciales frente a
China y con el resto de los países de la Unión.
Quiero finalizar recordando que el 22 de septiembre de este mismo año
el presidente de los Estados Unidos, el señor Clinton, llegó a decir,
en la Asamblea de las Naciones Unidas que el derecho de injerencia
humana para detener las matanzas y violaciones de los derechos
humanos exige que la comunidad internacional refuerce su capacidad de
intervención. Se estaba refiriendo, entonces, al conflicto de Kosovo.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Hierro, vaya concluyendo, por
favor.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Termino, señor presidente.
También dijo que es cierto y es lógico que cualquier razón
humanitaria, cualquier razón de derechos humanos, se anteponga a los
intereses económicos. Esto está entrecomillado y recogido en el acta
de la Asamblea de Naciones Unidas. Creo que desde el 22 de septiembre
las cosas han ido en otra dirección y espero y confío que podamos
encauzarlas en el sentido de que se retomen las directrices que
emanan del Parlamento Europeo. Yo estoy abierta a cualquier
aportación por parte del Grupo Popular o de otros grupos que pudiera
llevarnos a una posición consensuada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Creo que es oportuno que debatamos la
situación en el Tíbet y que este Parlamento se pronuncie sobre este
tema, porque la represión que está sufriendo el pueblo de Tíbet no
tiene parangón o, mejor dicho, sí lo tiene en otros lugares del
planeta en donde hemos reaccionado todos -la así llamada comunidad
internacional- con una fuerza con la que no lo hacemos en el caso del
Tíbet. Y no lo hacemos sencillamente porque quien reprime en el Tíbet
es, nada menos, que el primer país del mundo y, en cierto sentido la
primera potencia mundial, aunque no lo sea todavía en términos de
fuerza, puesto que se supone que es Estados Unidos, y eso le da una
cierta patente de corso para estar ejerciendo unas violaciones
constantes de los derechos humanos sobre los ciudadanos del Tíbet,
individualmente considerados, y sobre el pueblo de Tíbet como tal
pueblo, como tal nación tibetana e incluso, aunque tenga un alcance
mediático muy inferior, sobre otras zonas sometidas a la jurisdicción
de la República Popular China, que forman parte de sus fronteras
interiores, y que tienen una represión prácticamente equivalente a la
que sufre el propio pueblo del Tíbet. Por tanto, que nos
pronunciáramos con la moderación y con el lenguaje diplomático y las
cautelas que corresponden a una Comisión de Asuntos Exteriores,
solidarizándonos con el pueblo del Tíbet y exigiendo que el Consejo
Europeo y la Comisión Europea, cada una en el marco de sus
competencias y responsabilidades específicas, sigan instando al
respeto a los derechos humanos en el Tíbet, me parece absolutamente
oportuno.
Bien es cierto que la proposición no de ley del Grupo Socialista, no
nos parece correctamente redactada en alguno de sus puntos, sobre
todo, en la primera parte. Entendemos
también, desde un sentido de responsabilidad que puede ser más o
menos discutible, pero que es el que es por parte de mi grupo
parlamentario, la inquietud que provoca un pronunciamiento
contundente, como el que se derivaría de la aprobación de este texto,
por parte del Gobierno y del grupo mayoritario que lo apoya. Según el
conocimiento que tenemos, aunque no haya intervenido todavía el
portavoz del Grupo Popular, y no voy a hacer yo de portavoz, en las
conversaciones que he podido tener respecto de las intenciones en
esta proposición no de ley, ha transmitido a este grupo la inquietud
que plantea el hecho de que, en vísperas de una cumbre de alto nivel
entre la Unión Europea y China, se haga un pronunciamiento de esta
firmeza y de esta solidez. Nosotros entendemos que eso es un
argumento de peso. Por tanto, señor presidente, en nombre de mi grupo
nos vamos a abstener.
No sé si el Reglamento permite la votación separada de párrafos de la
proposición no de ley en Comisión. Entiendo que sí. Si eso es así, mi
grupo pedirá la votación separada de los dos puntos de esta
proposición no de ley, se abstendrá en el punto primero y, sin
embargo, votará favorablemente al punto 2. Entendemos que no hay
ningún obstáculo, ni siquiera esa cumbre de alto nivel entre la Unión
Europea y China, para que este Parlamento pida que el Gobierno dirija
oficialmente la invitación al dalai-lama para que tenga ocasión de
comparecer y expresar exactamente cuál es la realidad y ser invitado
a este Parlamento.
Por tanto, respecto a los pronunciamientos políticos de fondo,
compartimos la inquietud del Grupo Socialista, lo que no significa
que nos parezca oportuno en este momento que el Parlamento se
pronuncie formalmente sobre ello. Las dos cosas no son la misma, y
quien lleve un mínimo de tiempo en la política exterior sabe que eso
es así; sin embargo, entendemos que es perfectamente oportuno
plantear esa invitación y el punto segundo lo votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: En este debate se puede fijar claramente,
dando un repaso a la situación internacional, el criterio de que los
que no somos países realmente relevantes, importantes, grandes
potencias en el mundo, estamos supeditados a los intereses de todo
tipo de esas grandes potencias. En este caso concreto es sobre el
interés que ha tenido este país en ocupar un territorio que no era
suyo, en el cual hay un pueblo que tiene su historia, su cultura, sus
tradiciones, su lengua, su razón de ser y de existir y su derecho a
poder ser un pueblo que rija sus propios destinos. Cuando ocurre la
ocupación, y hasta estos momentos, se está aplicando allí una
política de asimilación forzada de ese pueblo y, por tanto, se está
provocando la pérdida de esa vinculación con lo que es el tronco de
cualquier pueblo, que es su historia, el desarrollo de su cultura y
la posibilidad de ejercer libremente sus designios.
Para Izquierda Unida no hay un calendario a lo largo del ejercicio,
ni implantado por el calendario anual, ni por el calendario que pueda
tener la comunidad internacional, para tener relaciones entre sí, ni
para conformar convenios y acuerdos en las fechas que sean. Nuestro
grupo en todos y cada uno de los días del calendario, independiente
de las
circunstancias colaterales que existan, reclama y sigue reclamando el
cumplimiento de los derechos humanos y, en este caso concreto,
reclama de China el abandono de ese territorio, para que pueda
desarrollarse libremente el pueblo tibetano. Una ocupación de estas
características no puede dar otro resultado más que el definido por
la portavoz del Grupo Socialista: detenciones arbitrarias,
prisioneros políticos, presos de conciencia, desaparecidos,
impunidad; qué vamos a decir de los derechos de las mujeres en el
Tíbet, torturas, etcétera. Por tanto, ante esta realidad, y es una
realidad bastante objetiva, me parece de una frialdad injustificable
mirar para otro lado, esconderse debajo del cascarón y plantear y
teorizar que, según el calendario en que nos encontramos, no sería
oportuno para no molestar de nuevo a la gran potencia, escondernos,
mirar para otro lado y no denunciar la realidad que se está viviendo
día a día en ese territorio.
Por tanto, abogamos por el derecho de los tibetanos a definir su
futuro; condenamos la política de asimilación forzada; requerimos a
China respeto a los derechos humanos; requerimos que la única fórmula
de solucionar estos conflictos es el diálogo y la negociación y
mantendremos también nuestro discurso de forzar, de alimentar la
colaboración y la cooperación con el pueblo tibetano, ya sea con los
exiliados, con sus instituciones, con el propio pueblo allí
establecido, en el Tíbet, para que al menos minoren, en la medida de
lo posible, las graves consecuencias que está generando esta
ocupación china.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Tendríamos que empezar agradeciendo
la detallada exposición que sobre la situación en el Tíbet ha
efectuado la señora García-Hierro. En su descripción, bajando incluso
al terreno del detalle, fruto sin duda de su experiencia personal en
el terreno, creo que ha conseguido algo importante, que es traer al
recuerdo y al análisis de la Comisión la trágica magnitud del
problema que desde hace casi medio siglo, desde la ocupación de
China, viene sufriendo el pueblo tibetano. Cada párrafo de su
exposición de motivos -que se ha preocupado de detallar con toda su
intensidad- viene capitaneada por terribles calificativos,
consecuencia sin duda también de no menos terribles actuaciones. Se
ha hablado de torturas, desaparecidos, prisioneros políticos,
vulneración de los derechos de las mujeres, eliminación de la
identidad como pueblo, discriminación racial y religiosa,
colonizaciones dirigidas y, por último, expolios al entorno natural.
Todo ello, sin duda, un rosario de vergüenzas que dan perfecta cuenta
de la situación extrema en la que se encuentra la comunidad del
dalai-lama, como consecuencia de la presión constante y a todo nivel
que viene efectuando el Gobierno comunista chino.
La posición del Grupo Parlamentario Popular, como en toda violación
de derechos humanos allá donde se produzca y a cargo de quien sea,
sólo puede ser de condena de los hechos, solidaridad con los
sometidos y firmes deseos teóricos y prácticos de resolución de la
situación. Entendemos que hasta aquí existe plena coincidencia con el
sentir que motiva la presentación de la proposición no de ley, es
decir,
con el fondo de la misma. A partir de aquí, en lo que yo diría la
forma en la elección de caminos para llegar a un objetivo que se
comparte, donde mantenemos ciertas discrepancias de principio, puesto
que no descarto la posibilidad de llegar a acuerdo con el grupo
proponente. Esas discrepancias se centran básicamente en dos puntos:
el primero, como señalaba, plantear caminos diferentes para intentar
mejorar o solucionar el problema. El Grupo Socialista en su
proposición no de ley plantea actuaciones que son redundantes,
plantea actuar donde ya se viene actuando, y en otras resoluciones
que figuran en la proposición entendemos que adopta excesiva rigidez
en cuanto a actuaciones que podrían ser de utilidad para solucionar
el problema. El segundo punto de discrepancia es, sin duda, el de la
oportunidad. Esta proposición no de ley se ha planteado previamente a
dos fechas importantes: una, la disolución de las Cortes Generales,
con lo que las instancias al Gobierno quedan siempre un poco en el
aire, en el terreno de la ambigüedad, pues tiene que salir un nuevo
Gobierno de unas nuevas Cortes Generales, queda casi como flotando.
Entendemos que es un tema lo suficientemente importante como para
evitar estas ambigüedades. Y después, la segunda fecha a considerar,
por la que entendemos que quizá no sea le momento más oportuno, es la
cumbre Unión Europea- China, que tiene que celebrarse el día 21, de
aquí a una semana, en Pekín. Que a una semana de diálogos, de
conversaciones, teniendo en cuenta que a lo largo de la historia
siempre se ha demostrado que al final es la palabra, es el diálogo lo
que puede llegar a dar resultados positivos, que a una semana de que
se produzca una etapa más de ese diálogo, se tome algún tipo de
decisión o de actuación a nivel de algo tan importante como es el
Congreso de los Diputados, si ese acuerdo es comprometedor o rígido,
puede que no sea empuje positivo lo que le estemos dando a la cumbre
que se tiene que celebrar.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que insistir está
bien, no se pierde nada, pero quizá el tiempo que se destina a ello
puede dedicarse a aplicar esfuerzos en otros planos. El Grupo Popular
piensa que la rigidez de gestos podría provocar que China se
enquistara en sí misma, tuviera una excelente excusa, el sentirse
ofendida, y que decidiera cerrarse a toda posibilidad de diálogo,
que, insisto, es para nosotros la herramienta, el utensilio necesario
y por el que debemos velar. Por tanto, como decía, ante estas dos
fecha claves, la prudencia aconseja no tomar iniciativas y dejar
pasar estas fechas. También hay que recordar que la Unión Europea ya
viene manteniendo estos diálogos políticos y también sobre derechos
humanos con la República Popular China. Su próxima cita, repito por
importante, el día 21 de diciembre. En estos diálogos deja clara
constancia de su posición en aras de normalizar la situación en la
zona. Como muestra, un botón. El pasado año el Consejo de Asuntos
Generales de la Unión Europea aprobó unas directrices para la
política común en el Tíbet basada en seis grandes líneas -es el carné
de identidad de la Unión Europea ante esta cuestión-, como son:
abordar la situación de los derechos humanos, impulsar el diálogo
entre el Gobierno chino y el dalai-lama, el envío de misiones
regulares de expertos al Tíbet, ayuda al desarrollo en la región,
capacitación de la población tibetana y preservación de su cultura y
finalmente, programas para las pequeñas
empresas, para tibetanos, y consideración, de acuerdo con las
autoridades chinas, de una convocatoria para una conferencia de
donantes. Dichas directrices ya han sido notificadas y comunicadas a
las autoridades chinas. Por su parte, España viene cumpliendo las
normas de la citada política común, de forma que en sus contactos
bilaterales oficiales viene tratando el tema de los derechos humanos,
tanto en general, en China Estado, como en el caso del Tíbet.
Por todo lo expuesto, consideramos que la mejora en el problema del
Tíbet exige una aproximación firme pero cautelosa, que evite al
Gobierno chino adoptar una postura defensiva y cerrada al diálogo. Y
como en el fondo estoy convencido de que nuestra única discrepancia,
por lo que he podido escuchar a los otros ponentes, es si es mejor ir
por la margen izquierda o por la margen derecha para llegar a un
objetivo, desde el Grupo Popular vamos a intentar trazar la línea
recta por el centro entre ambas márgenes con una enmienda que
intentará recoger las sensibilidades que se han citado. Una enmienda
que sin duda pretende, primero, reafirmar el papel de España dentro
de la política común para el Tíbet; promover, como no podía ser de
otra manera, el respeto a los derechos humanos, e impulsar el diálogo
- y lo repito otra vez, creo que es la cuarta- como mejor vía para
avanzar positivamente en el conflicto. Todo ello, además, ante la
cumbre del próximo día 21.
En concreto, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tendría dos
puntos, que, para acabar, voy a leer. Son breves. El primero dice:
instar al Gobierno a continuar promoviendo la aplicación de las
directrices de la política común de la Unión Europea hacia el Tíbet,
basada en la promoción de los derechos humanos, y al impulso al
diálogo entre el Gobierno chino y el dalai-lama, muy especialmente en
la próxima cumbre Unión Europea-China, que se celebrará el día 21 en
Pekín. El segundo, instar al Gobierno a continuar, incluyendo la
cuestión del Tíbet y de los derechos humanos, en el diálogo bilateral
entre España y China.
Con la esperanza, aún no perdida, de que pueda recoger toda la
sensibilidades expresadas, dejamos al grupo proponente la aceptación
o no de dicha enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene el Grupo Popular algún inconveniente en
que se invite al dalai lama a visitar España? Porque creo que no
habría ningún inconveniente en que se hiciera. Digo yo, no es mía la
proposición.
Señora García-Hierro, tiene la palabra.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señor presidente, ha puesto usted
el dedo en la llaga. Lo que nos separa en estos momentos de poder
tomar un acuerdo, creo que por unanimidad de esta Comisión, es
precisamente que no vemos cuál es el problema político que se crea
para que alguien que está defendiendo unas ideas de manera pacífica y
que está renunciando a la independencia de su territorio, simplemente
está pidiendo la defensa de los derechos civiles, religiosos,
culturales, los derechos humanos de su pueblo, pueda expresarse. Ha
sido reconocido premio Nobel de la paz hace diez años. Está
manteniendo una actitud que en nada se parece a la que mantiene el
Gobierno de la República Popular China, queno solamente ha desoído de
manera continuada todos los
requerimientos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, sino que
ha incrementado de manera durísima las torturas y la represión a su
propio pueblo, el chino; además, se permite estar permanentemente
interfiriendo cuando los países defensores de los derechos humanos
quieren defender un grupo, una etnia, interviene amenazando y dando
su apoyo a asesinos como Milósevic, y que recientemente presta
incondicionalmente todo el apoyo a Rusia para que siga matando a los
chechenos.
Es verdad que tenemos un país que tiene que jugar el papel que nos
corresponde, que es muy importante, de valores en la Unión Europea y
en el Consejo, y al mismo tiempo está la encrucijada con los
intereses económicos y comerciales, pero nosotros no podemos aceptar
la enmienda, si es una enmienda a la totalidad, que excluye
precisamente la posibilidad de que pueda haber una voz que se exprese
en libertad en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, en la
Cámara democrática de todos y cada uno de los ciudadanos de España
que nos sentimos defensores de estos valores universales. Por tanto,
no se puede mirar hacia otro lado y decir que eso no es posible. Es
la razón que nos separa de poder llegar a un acuerdo.
Nosotros no creemos que nuestra proposición sea redundante en
absoluto, recoge de manera muy somera lo que dice el Parlamento
Europeo, pero estábamos dispuestos a aceptar una redacción más light
-entre comillas-, del Partido Popular, siempre y cuando ese fuera un
primer punto y se aceptara el segundo punto, el de la visita.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Hierro, me va a permitir una cosa.
Como saben ustedes, yo no tengo por qué intervenir en las
discusiones, pero sí me he preocupado de que el sentido de los
pronunciamientos de esta Comisión tuvieran siempre una cierta lógica.
No tendría absolutamente ninguna lógica que esta Comisión en este
momento evitara pronunciarse sobre el Tíbet. Primera consideración.
Segundo, no tendría absolutamente ninguna lógica que, además,
evitando pronunciarnos sobre el Tíbet lo hiciéramos de manera
perifrástica. Sería motivo de escarnio y ridículo. Tercero, no sé
exactamente lo que está haciendo el Gobierno español u otros
gobiernos, lo que sí sé es lo que creo que tiene que hacer esta
Cámara. El día 21 vamos a presentar la resolución de esta Comisión y
de esta Cámara sobre los derechos humanos. El día 21 vamos a recibir
la visita de una comisión de diputados -entre comillas- del
Parlamento chino. No estoy dispuesto a que recibamos a los diputados
del Parlamento chino aplaudiendo, se lo digo con toda franqueza, como
tampoco estaría dispuesto a que recibiéramos a otros diputados en las
mismas condiciones. De manera que, siguiendo la práctica, que es
sana, que ha seguido esta Comisión, les ruego, señora García-Hierro y
señor Ricomá, que se vayan a un rinconcito, se pongan de acuerdo y me
vengan con un texto que reciba el consenso de todos los grupos.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Le agradezco muchísimo su
intervención...
El señor PRESIDENTE: No me lo agradezca, no, pero en el momento de la
votación quiero un texto que recoja un consenso de todos. ¿Está
claro?
- SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001766.)
El señor PRESIDENTE: Con ello pasamos al punto último de las
proposiciones no de ley que se refiere a una proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista sobre la situación de los derechos
humanos en el Perú y, para su exposición, tiene la palabra el señor
Yáñez.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Llamo la atención sobre una
circunstancia, señor presidente, que se refiere al desarrollo de los
debates de la mañana de hoy. Hemos tratado distintos aspectos de
derechos humanos en Bielorrusia, en el Tíbet, en Colombia y ahora en
Perú. Son distintas magnitudes, distintas situaciones que yo no trato
de comparar, lo que sí afirmo -y creo que nadie en esta Comisión me
desmentirá- es que la Comisión en su conjunto en toda esta
legislatura, y creo que también en anteriores, ha hecho el esfuerzo
por preocuparse de los derechos humanos en el mundo sin
discriminación de países o de regímenes bajo los que esos derechos
humanos son violados. Digo esto no gratuitamente, lo digo para
aquellos que en alguno de esos países a veces nos acusan de ocuparnos
especialmente de lo que ocurre en ese determinado país. Hoy ha sido
un ejemplo de que, con regímenes distintos, en continentes diferentes
y con situaciones muy diversas, esta Comisión ha continuado
interesándose por los derechos humanos sin discriminación y sin hacer
excepciones que podían entenderse como interesadas.
La señora García-Hierro incluso ha citado una frase del presidente
Clinton en las Naciones Unidas que yo modestamente hago mía, porque
otra de las acusaciones que se hace con frecuencia a este país, a
esta Cámara, pero también a otros países y a otras cámaras, es la
injerencia en asuntos internos. Decía Clinton: cualquier
consideración de preservar los derechos humanos se debe anteponer a
los intereses económicos. Yo creo que las críticas a las injerencias
en asuntos internos, además de ser ya obsoletas y corresponder al
pasado de las relaciones internacionales, a las consideraciones de
las relaciones entre los países, son siempre críticas interesadas,
porque yo me pregunto, si un extranjero, un forastero, una persona
ajena a Perú, elogia al presidente Fujimori y hace grandes alabanzas
de su política, ¿eso es injerencia en asuntos internos o no? Porque
no he visto todavía -y tiene el presidente Fujimori muchos amigos en
el exterior que le elogian con frecuencia- en ningún medio de
comunicación ni a ningún amigo político del presidente Fujimori que
rechace esos elogios porque constituyen una injerencia en asuntos
internos del Perú.
En definitiva -y entro ya muy brevemente en la cuestión-, los
derechos humanos, su respeto, las denuncias de sus violaciones, cada
vez impregnan más e inspiran más la política exterior de todos los
países democráticos y en general la actitud de la comunidad
internacional. Y he dicho que no me iba a extender excesivamente
porque los señores comisionados, los señores y señoras diputados han
tenido ya ocasión de oír y de participar en debates anteriores sobre
los derechos humanos en Perú. Concretamente el 15 de octubre de 1997
tuve ocasión de presentar ante esta
misma Comisión una proposición no de ley sobre los derechos humanos
en Perú y la de hoy es una nueva edición, por una razón muy sencilla
-habría otras-, porque no se han cumplido algunas de las
consideraciones que aprobamos por unanimidad en esta Comisión, y en
algunos asuntos incluso se ha agravado la situación. En aquella
resolución se instaba al Gobierno español a que, en sus relaciones
con el Gobierno de Perú, se le instara al más escrupuloso respeto de
los derechos humanos y a tener en consideración los informes de las
instituciones y organizaciones de reconocida solvencia y dedicadas a
la protección de los derechos humanos. Pues bien, el Gobierno del
Perú no solamente ha hecho caso omiso de esta y otras resoluciones,
sino que hace pocos meses acaba de salirse unilateralmente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos; en una palabra, de ignorar
la competencia del organismo supranacional que está dedicado a los
temas de derechos humanos en el continente. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA agrupa a todos los países del
hemisferio y tiene un reconocido prestigio en el continente y fuera
del continente. Además, cualquier denuncia del tratado por el que un
país es miembro de dicha Corte tiene sus reglas y hay maneras y usos
para que un país salga de la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, como los hay también en Europa para la salida,
entrada o mantenimiento de un país en la Corte Europea de Derechos
del Hombre. Sin embargo, Perú se ha salido simple y llanamente por
una decisión unilateral de su Gobierno y, por tanto, ilegal porque ha
aducido diversas razones, sentencias, que no le han gustado, y porque
hay diversos procesos en marcha que le gustan menos todavía de los
que suponía no iba a ser objeto de sentencia hipotéticamente
desfavorable. La lógica de la Corte Interamericana es continuar con
esos asuntos, aunque el Gobierno de Perú ignore su competencia.
Concretamente, hay un asunto que ya tratábamos en la resolución del
15 de octubre de 1997, entre otros muchos, que es el canal 2 de
televisión de Perú, que fue expropiado al señor Baruch Ivcher, que es
un ciudadano peruano de origen israelí que fue despojado de su
nacionalidad para así desplazarlo de la propiedad de un canal de
televisión, dado que la legislación peruana prohíbe que un extranjero
sea propietario de un medio de comunicación. Dicho canal, como
decíamos en 1997, se había caracterizado por denunciar los casos más
flagrantes de violación de derechos humanos, de tortura, de escuchas
telefónicas, de persecución de opositores y, sobre todo, el
enriquecimiento ilícito de Vladimir Montesinos, el misterioso
personaje, brazo derecho del presidente Fujimori y jefe oficioso de
los servicios de inteligencia del régimen. Eso para el régimen de
Fujimori es algo intolerable y procedió a quitarle la nacionalidad al
señor Ivcher y arrebatarle su cadena de televisión. Desde entonces
hay un proceso judicial que continúa. El señor Ivcher y su familia
han tenido que exilarse de su país, como otros muchos peruanos, y el
tema está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo
que nos trae a esta proposición no de ley.
Señor presidente, señores diputados, el reforzamiento de la
resolución de 1997, con los cuatro puntos de la proposición no de ley
en su parte dispositiva, es una contribución a esa idea que decía al
principio de luchar por el respeto de los derechos humanos en todo el
mundo. La condena por
esta actitud del Gobierno peruano no la iniciamos nosotros, que ni
siquiera utilizamos en la parte resolutiva la palabra condena, ni
palabras de esa naturaleza, pero lo ha hecho, eso sí, la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP); la secretaria de Estado
norteamericana Madeleine Albright; la Corte Europea de Derechos del
Hombre; la Cámara de representantes norteamericana, en la resolución
5.7; el Senado norteamericano, en la resolución 209 y, después de
presentar el Grupo Socialista esta proposición, lo ha aprobado
también por unanimidad el Congreso de los Diputados de la República
Argentina.
Señor presidente, pido al resto de los grupos el apoyo a esta
proposición, que tendrá más fuerza cuanto más consenso reciba de los
grupos parlamentarios que componen la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean tomar la palabra a este
respecto? Les recuerdo que no hay ninguna enmienda presentada al
texto de esta proposición no de ley.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: En nombre de Nueva Izquierda y de manera muy
breve, queremos sumarnos a la iniciativa, felicitar al Grupo
Socialista y apoyar lo que no solamente es una iniciativa positiva,
sino que ha sido muy bien documentada por el señor Yáñez.
Es verdad que Perú en muchas ocasiones se ha quedado en una especie
de limbo de no saber si es un Estado dictatorial o no. Para nosotros
existen pocas dudas al respecto. Como se indicaba en la exposición
del portavoz del Grupo Socialista en esta sesión -hay que
congratularse porque en las postrimerías de la legislatura nos
hayamos pronunciado ante algo tan cercano al corazón, como puede ser
un Estado latinoamericano-, nos parece oportuna esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Como decía el portavoz socialista, nos
encontramos debatiendo de nuevo un asunto que a esta Comisión le ha
llevado mucho trabajo, aunque le ha dado también mucha satisfacción a
lo largo de esta legislatura, que es hablar de derechos humanos en
zonas concretas, como es el Perú. Esto me recuerda un viaje del
presidente del Gobierno, señor Aznar, donde rehusó hacer cualquier
valoración sobre la situación de los derechos humanos en aquel país y
huyó de las acometidas de los distintos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Navas. Podría pedir a todos, a
los que están haciendo cosas serias y a los que no lo están haciendo
porque están manteniendo tertulias, que moderen sus tonos de voz o
salgan fuera, porque, si no, es difícil mantener la atención.
Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Continuo diciendo que es muy peculiar la forma
en la que este Gobierno se ha posicionado sobre cómo y de qué manera
se estaban violando los derechos humanos en el mundo y cómo y de qué
manera se tenían que hacer las relaciones bilaterales, en gran
parte de las ocasiones pasando por encima de realidades tan crudas y
tan duras como la que se vive en Perú. Cuando en desarrollo de la
propia Constitución una serie de ciudadanos recogen firmas para
provocar un debate sobre la continuación para posteriores mandatos
del presidente del Gobierno, la Cámara ya ha aprobado una ley,
propuesta por el Gobierno, que imposibilita la aprobación de esta
propuesta ciudadana. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Navas. Señor Robles, señor Ricomá,
señor Guardans, señora Del Hierro, señor Estrella, yo sé muy bien que
es importante lo que están haciendo, por eso les pediría que lo
hicieran fuera de la sala. Tanto más importante es que salieran de la
Comisión para que el resto de los señores diputados pudiera escuchar
al señor Navas. Señor Robles, señor Ricomá, negocien fuera, que es
mucho más productivo.
Señor Navas, puede continuar.
El señor NAVAS AMORES: En mayo del año pasado, el Congreso peruano
aprobó una ley que limitaba las atribuciones del Consejo Nacional de
la Magistratura, órgano constitucional responsable del nombramiento y
destitución de jueces y fiscales, socavando la independencia de este
órgano, hecho que ocasionó la dimisión colectiva de todos sus
miembros. El fiscal de la nación declaró públicamente que su propia
autonomía e independencia estaban restringidas. Organizaciones
intergubernamentales y críticos del Gobierno manifestaron con
preocupación que se estaba menoscabando el Estado de derecho, la
independencia del Poder Judicial y la protección de los derechos
humanos. Aproximadamente 4.000 personas se encuentran cumpliendo
condena o en espera de juicio en aplicación de leyes antiterroristas
que no se ajustan a las normas internacionales de justicia procesal.
Continuaron las amenazas y otros actos de intimidación contra quienes
critican al Gobierno y entre estos amenazados de muerte están
bastantes parlamentarios de la oposición. No vamos a hablar de la
campaña de esterilización forzada de mujeres que emprendió el
Gobierno, con lo que supone de vulneración de derechos humanos. El
Gobierno siguió haciendo caso omiso de las recomendaciones del
sistema interamericano para la protección de los derechos humanos de
que se pagara una indemnización a familiares de víctimas de
violaciones de estos derechos.
En este marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar
de que reconoce públicamente que ha habido algún progreso en materia
de protección de derechos humanos desde la anterior visita que
realizó a Perú en 1993, menciona que desde 1995 no ha recibido
ninguna queja relacionada con desapariciones o ejecuciones
extrajudiciales en este país. Es una mejora sustancial, comparándola
con la situación que se vivía con anterioridad a ese año. No
obstante, la Corte Interamericana -de ahí las reticencias del modelo
político del señor Fujimori a aceptar y mantener una vinculación con
este órgano de derechos humanos- manifestó su preocupación ante la
falta de independencia de la judicatura, la falta de pleno respeto al
Estado de derecho y a las normas de justicia procesal y el uso de
tribunales militares para investigar casos de violaciones de derechos
humanos y a enjuiciar civiles. La Corte
instó a las autoridades a que aprobaran las leyes de amnistía de 1995
y establecieran la verdad sobre los casos de violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado. Continuaban encarcelados al menos 600
presos de conciencia y las condiciones de reclusión de los presos
continúan siendo especialmente penosas. Perú ha sido récord mundial
de desaparecidos, 5.000, y la inmensa mayoría de los detenidos
desaparecidos lo ha sido bajo el mandato del modelo político, que
algunos quieren comparar con democrático, del señor Fujimori. De todo
esto no ha habido prácticamente condenas ni detenciones.
Lo que está ocurriendo en ese país nos lleva a dos conclusiones.
Primero, que hay una violación sistemática de derechos humanos
mediante la represión y, segundo, que hay una violación permanente de
normas democráticas, una de cuyas características es el
aniquilamiento de los adversarios, la eliminación de la diversidad
política.
Una propuesta de estas características es especialmente oportuna
porque nos permite posicionarnos a cada uno por una condena clara y
taxativa de comportamientos de estas características ante lo que
quizás otros entienden que debe ser el pragmatismo de la política
exterior, que debe pasar por encima de realidades tan sangrantes como
éstas para pronunciar discursos vacíos de contenido que lo único que
van a alimentar es el mantenimiento durante más tiempo de estos
dictadores teñidos de pseudodemócratas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Mientras tengo mi cabeza en las cumbres del
Himalaya y pienso en los altos intereses del Estado...
El señor PRESIDENTE: O en las cumbres de los Andes.
El señor ROBLES FRAGA: Me permito señalar la necesidad de volver a
los Andes. Y, como estamos en los Andes, quiero hacer un par de
correcciones técnicas, no de fondo, a la propuesta socialista, que
nos parece no solamente correcta sino coherente con las proposiciones
no de ley ya adoptadas, discutidas y ampliamente debatidas en esta
Comisión.
En primer lugar, donde se dice «el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno...» no puede decir a instar; deberá decir «...recordar al
Gobierno de Perú la necesidad del más escrupuloso respeto a los
derechos humanos». Desde el punto de vista de la redacción del texto
es mejor, que, después de «...protección y promoción de los derechos
humanos» se añada «y sus obligaciones como parte del sistema de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos», puesto que Perú es un país
signatario de San José. Por tanto, el punto primero del texto
quedaría de la siguiente manera: Uno, recordar al Gobierno de Perú la
necesidad del más escrupuloso respeto de los derechos humanos y a
tener en consideración las competencias de las instituciones de
reconocida solvencia en la protección y promoción de los derechos
humanos y sus obligaciones como parte del sistema de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. La idea es que no se trata
solamente de las competencias de
las instituciones, sino de que la República de Perú tiene
obligaciones internacionales como parte de un sistema interamericano
que defiende y promueve el respeto de los derechos humanos. Creo que
así queda mejor expresado lo que aquí se quiere decir.
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez tiene la palabra, a efectos de
admisión de la enmienda.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Aceptada, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, será sometida a votación la
proposición no de ley del Grupo Socialista con la enmienda in voce
aceptada, que ha sido leída por el señor Robles.
DICTAMEN SOBRE:
- CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS, HECHA EN
ESTRASBURGO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE
ESPAÑA VA A FORMULAR A LA MISMA. (Número de expediente 110/000294)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con los tratados y acuerdos
internacionales, que también serán sometidos a votación en su
momento. El primero de ellos es la Carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de
1992, así como la declaración que España va a formular a la misma.
Como saben SS.SS., esta Carta del Consejo de Europa ha sido objeto de
una ponencia y de enmiendas que a la declaración que España se
piensan presentar.
Yo querría invitar a todos los grupos parlamentarios a que se
manifestaran al respecto por el orden consabido, de menor a mayor.
Empezaremos por el Grupo Mixto, cuyo portavoz en este momento es el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, voy a defender, en nombre
de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Verds, una serie de
enmiendas, con el ruego de reservar un pequeño espacio de tiempo a
otros representantes del Grupo Mixto que quisieran hacer algún
posicionamiento, como ha sido habitual.
Mi grupo ha presentado dos enmiendas. Me va a permitir, señor
presidente, que empiece por la número 2, que hace referencia al bable
asturiano. En el texto no se incluye este idioma y es verdad que la
configuración legal que se le ha dado, tanto en el estatuto como en
la reciente ley del bable asturiano, puede llevar a confusión ya que
el concepto de oficialidad no queda suficientemente claro. Entendemos
que debe incluirse junto con otras modalidades de hablas que también
se incluyen en la enmienda número 4 del Grupo de Convergència i Unió,
con la que estaríamos de acuerdo. En cualquier caso -así se lo he
comunicado al portavoz del Grupo de Convergència i Unió-, la
denominación oficial que se utiliza en los textos asturianos es
bable asturiano, no solamente asturiano, como figura en su enmienda.
Mayor importancia tiene para nosotros la enmienda número 1, en la que
se habla del catalán en cualquiera de sus variantes lingüístico
geográficas en Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana. Es
verdad que en esta introducción a la declaración había algo que nos
llamaba la atención y es distinguir entre el euskera del País Vasco y
el vascuence en Navarra. No entendemos muy bien a qué obedece este
cambio. Centrándome en la unidad de la lengua catalana, hay que
recordar que la Comisión de Educación y Cultura de este Congreso
aprobó una proposición no de ley, por mayoría, en la cual se
reconocía...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: De nuevo tengo que pedir a aquellos que no están
interviniendo directamente en el debate que moderen sus ansias
comunicatorias o las realicen fuera de la sala. Al mismo tiempo, les
querría pedir algo que les he solicitado varias veces y es que
apaguen sus móviles y no hablen a través de ellos cuando están en la
sala, porque me parece que es una falta de consideración para todos
los demás.
Puede continuar, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Decía que la Comisión de Educación y Cultura
aprobó una proposición no de ley en esta legislatura en la cual, a
todos los efectos para el Estado, se reconocía la unidad lingüística
de la lengua propia hablada tanto en Cataluña como en las Illes
Balears y en la Comunidad Valenciana, aunque su estatuto haya
preferido utilizar la denominación de valenciano.
Para Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya es irrenunciable la
defensa de la racionalidad científica que subyace. En ningún momento
cuando se debata un tema lingüístico podemos permitir que se produzca
una ruptura de una lengua común; insisto, con independencia de la
denominación que se le dé, igual que, aunque la Constitución hable de
castellano, en muchas ocasiones usemos el término español. No sucede
nada, a coloquial, porque en los textos legales figure una
denominación, pero es importante hacer esta matización porque se
pueden deducir efectos jurídicos al entender que la lengua hablada en
el País Valenciano es distinta porque se denomina de forma diferente
de la común denominación que se aplica en Cataluña y en les Illes
Balears. También hay una enmienda que apoyaremos sobre la situación
en Aragón, pero que no viene al caso defenderla en este momento.
Para evitar cualquier disfunción en el ámbito europeo posterior hemos
presentado esta enmienda. Sin embargo, para buscar una fórmula de
consenso y evitar que se reproduzca un conflicto sin duda indeseable
-en esto podemos coincidir aquellos que de verdad pensamos que da
igual que la lengua se llame catalán como valenciano, pero creemos en
la necesidad de defender la lengua propia de nuestra tierra-,
propondría una transaccional in voce que consistiría en que al inicio
de la declaración de España dijera: España declara que, a los efectos
previstos en los citados artículos, se entienden por lenguas
regionales o minoritarias en cuanto lenguas reconocidas como
oficiales en el estatuto de autonomía de las respectivas comunidades
autónomas. Punto. Que acabara ahí y que no se nombraran las
lenguas, insistiendo en que se hace referencia a las que han sido
declaradas oficiales; hay otras modalidades. Creo que eso tiene un
sustento jurídico importante. La oficialidad se declara en el
estatuto y se perfecciona con la previsión del artículo 3 de la
Constitución, pero con la declaración de oficialidad, en cuanto ley
orgánica que son los estatutos, pasa a formar parte del bloque de
constitucionalidad. Podríamos encontrarnos con la redacción actual
con una situación curiosa y no previsible a corto plazo, con que
alguna comunidad autónoma declarara oficial otra lengua. Podría
adoptarse esa opción en Aragón, con lo cual quedaría excluida de la
lista de comunidades autónomas que aquí figuran y nos podríamos
encontrar con la necesidad de tener que reformar esta declaración de
España.
Nos parece que esta enmienda viene a solucionar el problema y evita
cualquier disputa. Es cierto que no entramos en el fondo del
problema, como nos gustaría, pero, insisto, en aras a alcanzar un
consenso, queda claro que la denominación oficial del artículo 7 del
estatuto de autonomía es el valenciano. No hace falta que volvamos a
entrar en el debate sobre la unidad idiomática del catalán, que desde
la racionalidad científica, debe guiar la elaboración de las normas
jurídicas siempre que sea posible, pero esto nos parece
irrenunciable.
El señor PRESIDENTE: Hay dos peticiones de palabra del Grupo
Parlamentario Mixto. ¿Ha presentado el señor Serrano alguna enmienda?
El señor SERRANO VINUÉ: Señor presidente, no he presentado enmienda
pero mi intención, en este turno, es presentar una enmienda in voce
de mejora técnica.
El señor PRESIDENTE: Preferiría que interviniera cuando entremos en
el turno de los grupos que no han presentado enmiendas.
El señor Guardans, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para la presentación de las enmiendas que
suscribe su grupo, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Estamos ante un convenio, la Carta europea
de las lenguas regionales o minoritarias, de enorme importancia y
ante el que sorprende que en España todavía pueda suscitar el más
mínimo debate. Se entiende que así haya ocurrido en Francia, donde,
al fin y al cabo, su Tribunal Constitucional, el Consejo
Constitucional francés, para ser más precisos, ha declarado que era
necesario modificar la Constitución francesa para poder ratificar
este acuerdo, lo cual ha creado una gran polémica. No vamos a
pronunciarnos sobre lo que hace nuestro país vecino, pero, poniéndolo
en boca de quienes desde Francia autorizadamente lo han dicho, es una
visión centralizadora y jacobina que ignora la realidad
plurilingüística en Francia.
En nuestro caso eso no es así. Cuando oye uno a algún portavoz, o
incluso cuando intenta negociar para llegar a vías de consenso,
parece que aquí estamos en una situación preconstitucional donde
hablar de tal o cual lengua, de tal o cual idioma, del nombre que
lleva o de cómo se tiene que proteger, es algo que se puede discutir
o tener en más o menos aprecio, ignorando no sólo que existe la
Constitución
sino la literalidad de cada uno de los estatutos de autonomía,
que fijan claramente la necesidad de proteger las lenguas oficiales y
las otras. Querría empezar dejando claro que lo que no puede ser y lo
que no podría hacer el Gobierno español es añadir a esta Carta una
declaración que no estuviera en perfecta sintonía, sin que la separe
de ello ni un papel de fumar, con el derecho positivo vigente español
y, particularmente, con el llamado bloque de constitucionalidad,
integrado por la Constitución y los estatutos de autonomía. Ese es el
marco en el que se sitúan nuestras enmiendas. Aquí no estamos
intentando sacar, por la vía espuria de un documento jurídico
presentado en la Comisión de Asuntos Exteriores, algo distinto en
materia de protección lingüística. Señor presidente, sería absurdo
que nuestro grupo pretendiera perfeccionar la protección lingüística
de la lengua catalana o de cualquiera de las otras lenguas, oficiales
o no, que se hablan en España por la vía de modificar o enmendar un
tratado internacional; sería ridículo y jurídicamente inconsistente.
Lo único que pretenden nuestras enmiendas es que la declaración que
el Reino de España va a presentar a la Carta europea esté en perfecta
sintonía con la Constitución, insisto, y con los estatutos de
autonomía. Ese es el marco de nuestras enmiendas.
Antes de comentarlas en sus propios términos, querría hacer otra
afirmación de carácter netamente político. Algún portavoz, al inicio
de esta sesión y durante ella de forma informal, ha pretendido
descalificar este debate por el hecho de que se produzca a apenas
unas semanas de la disolución de esta Cámara, como si por el solo
hecho de que esta Cámara vaya a disolverse hubiera que interrumpir
toda su actividad parlamentaria. Por esa misma regla de tres, buena
parte del Pleno, no ya de las Comisiones sino del Pleno del Congreso
de ayer, hubiera tenido que ser retirado del orden del día y el
propio Grupo Parlamentario Popular debería haber retirado ayer la
presentación de varias proposiciones de ley, no ya proposiciones no
de ley o textos que por la vía de urgencia, con dos semanas más de
plazo, ya hubiéramos aprobado. El Grupo Parlamentario Popular sometió
ayer a votación en el Congreso proposiciones de ley que evidentemente
no podrán ser aprobadas en la legislatura, y nadie le negó su derecho
a hacerlo, entre otras cosas, porque la votación del Pleno del
Congreso, en un sentido o en otro, tiene y tendrá, incluso después de
la disolución del Parlamento, un claro valor político.
Señor presidente, el texto que resulte después de aceptar o rechazar
las enmiendas, después de las votaciones que tengamos al final de
esta sesión, esta declaración de España en relación con el artículo
2, párrafo segundo, y el artículo 3, párrafo primero, tendrá un gran
valor político con independencia de que la tramitación parlamentaria
de este texto internacional pueda decaer, como muy probablemente
ocurra, por la disolución -por otro lado, constitucionalmente
forzada- de esta Cámara. El Gobierno estaría cometiendo un fraude con
el Parlamento si se separara de este texto, salvo que en su momento
el Parlamento fuera contra sus propios actos y una Comisión de
Asuntos Exteriores dentro de cinco, seis o siete meses se pronunciara
frontalmente de forma distinta a como lo va a hacer hoy. Si no fuera
así y expresamente la próxima Comisión de Asuntos Exteriores no se
pronunciara radicalmente en contra delo que hoy va a decidir, repito
que sería un fraude que el
Gobierno pretendiera ignorar lo que hoy va a votar esta Cámara y
tramitar desde cero, de nuevo, la ratificación parlamentaria de este
acuerdo con una declaración aneja que no se correspondiera con la que
hoy esta Cámara va a votar. Jurídicamente lo podrá hacer;
políticamente, será un fraude y un desprecio al Parlamento que hoy
sólo razones reglamentarias, incluso de imperativo constitucional y
de plazos, impiden la declaración con la que debería ser finalmente
aprobada la Carta.
Dicho esto, en cuanto al propio texto de las enmiendas, algunas se
explican por sí mismas. Mi grupo no tiene ninguna intención en
levantar polémicas lingüísticas en España. No ha sido nunca la
intención de mi grupo ni lo fue en ese famoso debate en la Comisión
de Cultura sobre la unidad de la lengua ni tenemos ningún interés al
respecto. Creemos que este es un tema que tiene que ser resuelto en
el foro académico y no político y con eso somos coherentes también.
Por tanto, la denominación que han de tener las lenguas que aquí se
están protegiendo, las lenguas oficiales, es la que aparece por
imperativo legal -por decirlo así-, la que aparece legalmente en los
estatutos de autonomía. Aceptaremos que ni siquiera se diga cuál es
esa denominación. Por tanto, aceptamos esa enmienda in voce que se
redacta al párrafo primero de la declaración en la que se suprime la
denominación de las lenguas, y lo que queda claro es que aquí estamos
hablando de la protección de las lenguas reconocidas como oficiales
en los estatutos de autonomía de las respectivas comunidades
autónomas y que a esas lenguas se les aplica esa protección que a
continuación se enumera en los artículos 8, 9 y 10. Por tanto, mi
grupo acepta y votará a favor de esa enmienda in voce presentada en
este momento.
Por otro lado, mi grupo mantiene las demás enmiendas que tiene
planteadas, salvo que algún otro grupo presente alguna enmienda de
sustitución in voce, cosa que podría ser, pero preferiría que fuera
planteada antes de que me pronuncie al respecto, adelantando ya que
vamos a alterar un poco la redacción de nuestra enmienda número 4 por
razones netamente técnicas, no políticas.
Después de haberlo comentado con el portavoz del Partido Aragonés
Regionalista y después de comprobar exactamente cuál es el nombre que
lleva el asturiano en el Estatuto de Autonomía del Principado de
Asturias, que es el bable asturiano, entendemos que es perfectamente
posible adaptarlo. Nosotros no pretendemos con esta enmienda número 4
reconocer por esta vía espúrea una oficialidad superior a la que los
estatutos de autonomía otorgan a estas lenguas, sólo entendemos que
estas lenguas han de merecer una protección tal cual esos estatutos
de autonomía ya establecen, no más, señor presidente, pero tampoco ni
un ápice menos. Nosotros lo que pretendemos es que se declare que
esas lenguas merecerán una protección en el marco de este convenio e
incluso especificamos qué tipo de protección se tiene que establecer
y ese es el contenido de esta enmienda número 6. Que finalmente esta
enmienda pueda ser modificada o matizada y hagamos un pronunciamiento
más genérico es una posibilidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Se está refiriendo a la enmienda número 4?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La enmienda número 4 y la 6 van juntas,
señor presidente, en la medida que en la enmienda número 4 decimos
que: junto con las lenguas oficiales existen otras lenguas que no
tienen netamente carácter oficial, pero que tienen también una
protección de los poderes públicos, y la enmienda número 6 dice qué
apartados del convenio tienen que aplicarse a esas lenguas que han
quedado introducidas por la enmienda número 4. Es el juego de las dos
enmiendas. La enmienda número 5 es un enmienda netamente técnica de
corrección, por el hecho de haber introducido esto.
Por tanto, a la espera de la intervención de otros portavoces que
puedan precisar o enmendar alguna de nuestras enmiendas y podamos
llegar a matizar alguna cosa, nosotros mantenemos nuestras enmiendas
en estos términos. Insisto, y le pido perdón, señor presidente, por
la insistencia, pero me parece políticamente de primerísimo orden que
tengamos todos esto bien claro, al menos así lo interpreta mi grupo.
Si hoy se aprueba un texto como declaración de España y la Comisión
de Asuntos Exteriores aprueba un texto como declaración de España,
por el solo hecho de que la tramitación parlamentaria impida la
culminación del iter parlamentario de este texto legal, sería un
fraude a este Parlamento que el Gobierno, después de las próximas
elecciones, sea el que sea el próximo gobierno, pretendiera empezar
de cero e ignorar la votación que hoy va a tener lugar aquí.
El señor PRESIDENTE: No hay más grupos que hayan presentado
enmiendas.
Vamos a escuchar a los portavoces de los demás grupos.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Intervengo de forma muy breve. Coincido con
lo que ha manifestado el portavoz de Convergència i Unió y felicito
la decisión del presidente de esta Comisión en el sentido de que,
independientemente de que estemos en el tramo final de la
legislatura, en todo caso, el texto consensuado que de aquí salga con
toda seguridad será un punto de referencia, no será un trabajo en
balde, y será considerado en la próxima legislatura.
Haciendo referencia también a la declaración que España ha hecho en
relación al artículo 2º, cuando en el párrafo segundo se enumeran los
diferentes estatutos de autonomía, las comunidades autónomas y hasta
la forma de denominar las distintas lenguas, quizá no por
insensibilidad, a lo mejor por desconocimiento, se omite lo que en
estos momentos el Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce en su
artículo 7, es decir, no solamente la oficialidad sino también, a
través de una ley de lenguas, lo que va a ser la organización en el
espacio y el modo de protección de esa realidad lingüística que
Aragón tiene en estos momentos, ya sea el aragonés o la fabla
aragonesa, el castellano, el catalán chapurriau o el catalán hablado
en aragonés. Si me permiten, les voy a leer textualmente lo que dice
el Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 7: Las lenguas y
modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección, se
garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma
que establezca una ley de las Cortes de Aragón para las zonas de
utilización predominante de
aquéllas. Queda, pues, claro que sería bueno corregir de alguna
manera el error en este texto que se nos plantea por parte del
Gobierno. Independientemente de la redacción final que resulte,
nosotros no veríamos mal que dejáramos el texto abierto en relación
con los estatutos de autonomía y no pusiéramos aquí ningún tipo de
trabas que hicieran este texto de alguna forma insuficiente de aquí a
medio plazo. Coincido con el portavoz de CIU en el sentido de que
aquí no estamos hablando de utilizar ninguna vía para oficializar más
o menos una lengua, sino simplemente de dejar claro lo que los
estatutos de autonomía establecen.
Quiero aprovechar esta ocasión para, enlazando con la filosofía de
esta Carta europea de las lenguas en lo que supone protección de un
patrimonio cultural que es de todos, y sin descender a lo que sería
un debate lingüístico o filológico sino simplemente político,
hacerles ver cuál es la situación actual de esta realidad plurilingüe
en Aragón, donde más de 90.000 aragoneses hablan otras lenguas además
del castellano; de ellos, casi 90.000 hablan catalán chapurriao
y 30.000 hablan aragonés o fabla aragonesa. Hay ciertas similitudes en
el caso concreto de la fabla aragonesa y el bable asturiano y es ahí
donde hay un cierto peligro de pérdida de esta riqueza histórica
acumulada en los últimos siglos. El bable y la fabla aragonesa, a
diferencia del euskera, del gallego o del catalán, no tienen los
instrumentos mediáticos y de proyección que otras lenguas tienen y,
en ese sentido, es necesario hacer mención a esa especial
sensibilización. Si me permiten la anécdota, yo he tenido el honor de
ser el primer diputado, creo que de la historia democrática española,
en utilizar el aragonés de una forma muy breve en el trámite de Pleno
de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en el Pleno. Para
mí fue un honor y casi un gesto político.
En ese contexto, presentamos una enmienda in voce, de carácter
eminentemente técnico, que lo que pretende es mejorar la redacción y
en todo caso concretar las denominaciones, hablando en concreto de
fabla aragonesa o aragonés o del asturiano como bable asturiano. En
aras de simplificar el texto para que en la próxima legislatura no
haya lugar a dudas de cuál ha sido la filosofía que nos ha guiado en
esta tramitación, nos gustaría que en la enmienda número 4, de
Convergència i Unió, no se hiciera ninguna referencia a comarcas
específicas y dejar, en el caso concreto de Aragón, que sea la propia
ley de lenguas de Aragón la que determine esta cuestión. Aunque
queramos ser especialmente sintéticos a la hora de especificar lo que
son espacios, comarcas o territorios, sin lugar a dudas, es posible
que olvidemos alguno, sin embargo, si lo dejamos completamente
abierto a lo que determinen los estatutos, estoy seguro de que no
excluiremos a ninguno.
Para terminar, en relación con la organización de las votaciones y
para que conste, quiero manifestar que yo votaré sólo esta enmienda
in voce y que en el resto de las votaciones de esta sesión de la
Comisión de Exteriores será el diputado de Unión Valenciana, José
María Chiquillo, quien actuará en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre de Unión Valenciana
para fijar posición respecto a
la declaración que va a presentar España en relación con esta Carta
europea de lenguas regionales o minoritarias, y quiero iniciar la
intervención desde el escrupuloso respeto a lo que es el bloque de
constitucionalidad. Por parte de algún portavoz se ha hablado de,
simplemente, remitirnos a lo que es el bloque de constitucionalidad.
Tomando como punto de partida el artículo 3 de la Constitución, el
punto 1 establece que «El castellano es la lengua española oficial
del Estado» y el punto 2 que «Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo
con sus Estatutos», por lo que el bloque de constitucionalidad lo
compone, por un lado, la Constitución, norma básica de convivencia de
los españoles, y, por otro, en cada uno de los territorios,
indudablemente, sus respectivos estatutos de autonomía.
Cuando estamos hablando de una declaración de España (creo que de una
manera clara y sin ningún tipo de indefinición; otra cosa es que se
pueda añadir algo al texto presentado por el Gobierno), creo que en
el párrafo que recoge las lenguas reconocidas como oficiales en los
estatutos de las respectivas comunidades autónomas es importante esta
cita textual y no simbólica, porque una parte fundamental de ese
bloque de constitucionalidad, los estatutos, lo dicen claramente. El
Estatuto del País Vasco, en su artículo 8.1, habla del euskera como
lengua propia; el Estatuto de Cataluña, en su artículo 3.1, declara
el catalán como lengua propia de Cataluña; el Estatuto de Galicia, en
su artículo 5.1, señala que la lengua propia de Galicia es el
gallego; el Estatuto de las Islas Baleares, en su artículo 3, dice
que la lengua catalana es la propia de las Islas Baleares, y en el
caso del Estatuto de la Comunidad Valenciana, su artículo 7 tampoco
deja lugar a dudas de que el valenciano es la lengua propia, la
lengua diferenciada de los valencianos y que una ley establecerá los
criterios de su aplicación.
Por eso, remitiéndome a ese artículo 7 del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, creo que es importante, desde el respeto
escrupuloso a una parte fundamental del bloque de constitucionalidad,
que en esta declaración de España se contemplen esas lenguas que,
como tales, aparecen en los respectivos estatutos de autonomía,
porque estamos hablando de un documento que va a la Unión Europea,
donde pueden no conocer cuáles son las lenguas oficiales nombradas en
los estatutos, y es fundamental que en el documento que envíe España
aparezcan claramente determinadas, relacionadas y explicitadas cuáles
son las lenguas cooficiales del Estado español establecidas en sus
respectivos estatutos de autonomía.
También se ha apelado a un acuerdo de la Comisión de Educación y
Cultura del Congreso de los Diputados que habla, ya en un debate más
filológico, de la cuestión de las lenguas propias o de una lengua
autonómica, en el caso del idioma valenciano. Creo que hay que volver
a apelar al bloque de constitucionalidad, porque nuestro estatuto de
autonomía es una ley orgánica aprobada después de un trámite
parlamentario en sede parlamentaria, Congreso y Senado, con un amplio
consenso en la Comunidad Valenciana, y el artículo 7 de ese Estatuto
no deja lugar a dudas cuando habla del valenciano como lengua
cooficial propia de los valencianos, y en la Ley de uso y enseñanza
del valenciano se habla de lengua propia, lengua cooficial, lengua de
los valencianos. Se puede apelar a un acuerdo de la Comisión
de Educación y Cultura del Congreso, que es muy legítimo, pero creo
que también es importante apelar a acuerdos de las Cortes
Valencianas. Incluso, en relación con el tema que nos ocupa, hace
apenas un año y medio, en el Senado se aprobó una moción en la que se
hablaba de las lenguas cooficiales y se hablaba claramente del
valenciano como lengua a incluir en esta Carta europea, porque es una
lengua denominada oficial en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el Estatuto, el bloque de
constitucionalidad y los acuerdos tanto del Senado como de las Cortes
Valencianas, sede parlamentaria donde reside la soberanía de los
valencianos, que somos los que tenemos que darnos las leyes que van a
regir nuestra propia lengua, creo que se puede apelar a un acuerdo de
la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, que es legítimo,
pero creo que también es importante tener en cuenta la voluntad de
los valencianos, la voluntad clara y rotunda de un Estatuto que no
deja lugar a dudas. Por lo tanto, creo que es fundamental que en la
declaración española, donde se habla de las lenguas que se reconocen
como oficiales en los estatutos de autonomía de las respectivas
comunidades autónomas, se cite textualmente el euskera en el País
Vasco, el catalán en Cataluña y en Baleares, el gallego en Galicia,
el valenciano en la Comunidad Valenciana, etcétera, porque incluso
podríamos caer en una contradicción. Si en la segunda parte que se
pretende añadir a esta declaración decimos que se incluya el bable
asturiano, el aranés, ¿por qué en ese segundo párrafo se añaden
textualmente variedades lingüísticas y por qué en la primera parte,
en la consustancial de la declaración, no se va a citar textualmente
el valenciano, el catalán, el gallego y el euskera?
Creo que por lógica y por coherencia, en el documento que tiene que
presentar el Estado español ante la Unión Europea, la declaración a
presentar en esta Carta europea de lenguas regionales y minoritarias,
como lengua propia, lengua reconocida en el Estatuto de la Comunidad
Autónoma Valenciana, tiene que aparecer claramente explicitado el
valenciano como lengua propia de los valencianos, y en ese sentido
vamos a manifestar nuestro voto en el día de hoy en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor de Puig.
El señor DE PUIG I OLIVÉ: Señor presidente, como los comisionados se
habrán dado cuenta, estamos ultimando la posibilidad de llegar a
acuerdos cuando ya parecía que estaban todos ultimados. Éste es el
problema que nos acaba de llegar.
Tengo que decir, señor presidente, que, empezando a ser muy mayores,
hemos hecho muchas cosas en esta vida, y una de las que ha hecho el
diputado que les habla es haber sido durante siete años el ponente de
la Carta de las lenguas minoritarias en el Consejo de Europa; es
decir, que durante siete años trabajé en este texto como
parlamentario de todos los países. Imaginen hasta qué punto conozco
este tema hasta qué punto lo seguí y hasta qué punto les tengo que
decir que mi esfuerzo durante estos siete años en Estrasburgo fue el
de conseguir que la Carta no se quedara muy por debajo de la
situación legal que las lenguas tienen
en España. Y quiero proclamar aquí, porque es el momento, que España,
desde que hay democracia, desde que hay Constitución, desde que hay
estatutos, es el país que mejor protege las lenguas minoritarias de
toda Europa, y me parece necesario señalarlo.
De ahí que ratificar esta Carta no supone añadir gran cosa a lo que
ya específican las comunidades autónomas. Es más, para decirlo
claramente: en las leyes de normalización lingüística hay bastante
más de lo que dice esta Carta, Carta que era para todos y que, como
estamos viendo, se ratifica también a la carta. Lo cierto es que para
nuestra legislación y para nuestro país, no ofrece dificultad alguna,
por lo que creo que pueda ser fácil llegar a un acuerdo en lo que se
refiere a ratificar los puntos exactos en que se va a aplicar la
Carta en nuestro país. Nuestro Gobierno, en aquel momento, estuvo de
acuerdo. El señor Solana, ministro de Educación y Cultura, fue uno de
los cuatro ministros que firmaron la Carta, en el año 1992, en
Estrasburgo, y luego han pasado siete años sin que se ratificara.
Sin embargo, tengo que decir aquí y que conste en el «Diario de
Sesiones», para que no se piense que fue negligencia de un Gobierno
anterior ni siquiera de este Gobierno, que, quienes seguimos
trabajando en esto, quisimos esperar a que el Tribunal Constitucional
se pronunciara sobre contenciosos en relación a las leyes de
normalización lingüística, porque habría sido una barbaridad
ratificar esa Carta con unos criterios que después hubieran podido
ser modificados por el Tribunal Constitucional. Como el Tribunal
Constitucional dictaminó sobre las leyes de normalización
lingüística, ahora sabemos perfectamente hasta qué punto podemos
ajustar la aplicación de esta Carta a la legislación vigente en este
país.
Nuestro grupo, señor presidente, presentó hace un año en el Senado
una moción para plantear la ratificación. Tengo que decir con gran
satisfacción que, en lo que se refiere a la aplicación párrafo a
párrafo de la Carta europea de las lenguas, el Gobierno nos presenta
el mismo texto que en aquel momento presentó mi grupo. Por tanto,
máxima satisfacción porque, en el detalle concreto, el Gobierno ha
seguido nuestro propio criterio, y ahí no tengo más que decir.
En cualquier caso, no fue así en el primer párrafo de la moción, que
es lo que está apareciendo ahí como un cierto problema. Nosotros
decíamos en la moción del Senado que preferíamos hablar de lenguas
oficiales en los estatutos de autonomía, y punto; sin entrar en lo
que a mí me parece que es la locura de las guerras y de los
conflictos lingüísticos. Y como el movimiento se demuestra andando,
nosotros dijimos: hablemos de las lenguas oficiales de los estatutos,
y todos sabemos cuáles son. Hay una denominación legal, jurídica y
política que está en los estatutos de autonomía, y no hay más que
hablar y todo el mundo lo tiene que aceptar.
El Gobierno, cuando nos trae este punto a ratificación, sí incluye la
denominación de las lenguas y, a partir de este hecho, hay una
enmiendas donde se vuelve a redundar en la denominación de las
lenguas. La posición de nuestro grupo continúa siendo: mejor no
entrar en la denominación de las lenguas, citar los criterios de los
estatutos de autonomía, tanto en lo que se refiere a las lenguas
oficiales de comunidad autónoma, como a aquellas lenguas que, no
siendo oficiales, son declaradas de protección, como el bable, como
el aragonés; están en los estatutos son leyes orgánicas, todo el
mundo sabe a qué nos referimos, por tanto, no nos metamos en
berenjenales.
En este sentido, el trabajo que mi grupo ha realizado ha sido el de
intentar conciliar posiciones. Hace unos minutos se me planteaba, si
estaba dispuesto a que se eliminara la denominación de las lenguas no
oficiales, pero sí protegidas, y dije que sí. Alos pocos minutos se
me dice que se va a mantener este texto. Nosotros vamos a votar en
coherencia con lo que planteamos en el Senado porque creemos que es
lo mejor.
Hemos presentado una transaccional, señor presidente, para conciliar
una de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que
parece que hay un consenso general a la enmienda número 6, si no me
equivoco, y tengo que añadir que nosotros podemos aceptar tanto la
transaccional in voce presentada por el Grupo Mixto, como también, si
la hubiera, alguna otra transaccional en el mismo sentido, es decir,
citar los estatutos y no meternos a citar las lenguas, ni
considerarlas, ni calificarlas. Esta es la única manera, señoras y
señores, de irnos del debate académico y politizado de discutir si es
valenciano, si es catalán... Hay una legalidad, está vigente, están
claros los estatutos. No entremos en eso. No podemos entrar a decir:
es que los académicos... En primer lugar, no estamos hablando de eso.
En este trámite se trata de decir qué puntos de esta Carta aplicamos
en España, a partir de nuestra legislación, y evitemos lo que ya está
apareciendo aquí, que es el litigio entre unos y otros, que me parece
superado, afortunadamente, por la legalidad vigente, aunque,
evidentemente, todos tenemos nuestra propia opinión y mi grupo
también con respecto a considerar esta lengua u otra. Yo lo tengo,
pero en este caso yo me aplico: estamos ante un instrumento
internacional y nosotros no nos podemos mover de la legalidad
vigente, sea cual sea la consideración académica que podamos tener.
Creo que nuestra posición es clara, es diáfana y vamos a votar en
consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: La Carta europea de las lenguas regionales o
minoritarias del Consejo de Europa fue elaborada en aquel momento con
la idea de proteger aquellas lenguas regionales o minoritarias
históricas de Europa de las que algunas corren el riesgo de
desaparecer con el tiempo, contribuyendo de esta forma al
mantenimiento y al desarrollo de las tradiciones de la riqueza
cultural de Europa. Asimismo, la Carta pretende subrayar el valor de
lo intercultural, del plurilingüismo, y considera que la protección y
el fomento de las lenguas regionales o minoritarias no debe hacerse
nunca en detrimento de las lenguas oficiales, de la necesidad de
aprenderlas, representando una contribución importante a la
construcción de una Europa basada en los principios de la democracia,
de la diversidad cultural en el ámbito de la soberanía nacional y de
la integridad territorial.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el derecho a utilizar una
lengua regional o minoritaria en la vida privada y pública constituye
un derecho irrenunciable, de
conformidad con los principios contenidos en el Pacto internacional
de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, y de acuerdo
con el espíritu del Convenio del Consejo de Europa para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Como ha subrayado el orador que me ha precedido en el uso de la
palabra, Luis María de Puig, la situación de las lenguas minoritarias
en España es la del país que mejor protege las lenguas minoritarias
de todos los países del Consejo de Europa. Nuestros específicos
estatutos de autonomía, que dan carácter de lengua oficial a las
principales lenguas minoritarias establecen mecanismos que, como ha
dicho Luis María de Puig, de lejos superan los niveles de protección
que están contenidos o señalados en la Carta europea de lenguas
minoritarias del Consejo de Europa. Nosotros, como es lógico, estamos
completamente a favor de tramitar y aceptar este instrumento de
ratificación y nos felicitamos de que llegue en este momento a la
Cámara, ahora bien, lo que no podemos aceptar es que se utilice este
trámite de ratificación para profundizar en problemas y contenciosos
de diversa índole que nada tienen que ver con este trámite y para los
cuales existen otras vías y otros mecanismos de actuación. Lenguas
minoritarias en España, como ya se ha dicho, son todas aquellas que
los estatutos de autonomía reconocen y señalan como oficiales o que
designan y señalan que son dignas de protección.
Dicho esto, paso al análisis de las enmiendas que se proponen.
Nuestro grupo parlamentario no puede aceptar la enmienda número 1,
del Grupo Parlamentario Mixto, porque no se adapta al mandato de la
moción que aprobaron los grupos parlamentarios en el Senado. En este
sentido, tampoco podemos aceptar la enmienda número 2.
En la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) se puede adivinar una intención subyacente de profundizar en
contenciosos y problemas de los que no se trata en este momento y que
podrían poner en duda las denominaciones lingüísticas que se
establecen en los estatutos de autonomía. Por tanto, no votaremos
tampoco a favor de esta enmienda.
Respecto a la enmienda número 4, el Grupo Parlamentario Popular
estaba en principio a favor de la enmienda de compromiso que había
propuesto el PAR, pero, tal como están las cosas, desea formular una
enmienda in voce, que paso a señalar: Asimismo, España declara a los
mismos efectos que también se entienden por lenguas regionales o
minoritarias aquellas que así se señalan, se protegen y se amparan en
los estatutos de autonomía.
Respecto de la enmienda número 5, estaríamos a favor. Por lo que se
refiere a la enmienda número 6, creo que el Grupo Socialista, en boca
de Luis María de Puig, había presentado una enmienda de compromiso
que nosotros apoyaríamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo lamento un poco el tono de la
intervención del portavoz del Grupo Popular haciendo, como es
habitual en él, juicios de intenciones sobre mis enmiendas, porque
los juicios de intenciones nunca son agradables, señor presidente.
Aveces en aras del consenso y del buen hacer uno no protesta, pero
llega
un momento en que uno no tiene por qué seguir soportando que otro
portavoz diga el porqué determinadas enmiendas se han presentado.
Dicho esto, paso a comentar cuál es la situación en que quedan
nuestras enmiendas después de tantas ofertas y contraofertas, porque
entiendo que, como dueño de las enmiendas, me tengo que pronunciar.
En primer lugar, la enmienda número 3 queda retirada porque se ha
llegado ya a un acuerdo -que parece que algún portavoz no ha
alcanzado a entender- de cómo queda redactado el párrafo primero de
la declaración, que dirá: España declara que, a los efectos previstos
en los citados artículos, se entienden por lenguas regionales o
minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos
de autonomía de las respectivas comunidades autónomas. En esos
términos es en los que entiendo que hemos llegado todos a un
consenso. Se suprime el resto del inciso...
PRESIDENTE:
El señor ¿Podría leerlo de nuevo, por favor, señor Guardans?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: España declara que a los efectos previstos
en los citados artículos se entienden por lenguas regionales o
minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en los estatutos
de autonomía de las respectivas comunidades autónomas.
Dejo a discreción del letrado si prefiere o es más cómodo que esto se
plantee como enmienda in voce colectiva o si es más sencillo que sea
una enmienda in voce a mi propia enmienda, y por tanto sustituya a mi
enmienda número 3. Es una enmienda in voce que ha presentado el señor
Alcaraz y que suscribimos los demás, es una enmienda in voce del
señor Alcaraz a la luz de la cual yo retiro la mía, o es una
transaccional a la mía; lo dejo a gusto del letrado, pero en todo
caso no vamos a someter a votación los dos textos.
El señor PRESIDENTE: O del presidente, si no le parece mal.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Del letrado, emitiendo un dictamen que
será aceptado o no por el presidente.
En cuanto a la enmienda número 4, acepto la transacción que ha
presentado a mi grupo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
y pediré que se someta a votación lo siguiente: Asimismo, España
declara a los mismos efectos que también se entienden por lenguas
regionales o minoritarias las que los estatutos de autonomía de
Cataluña, Aragón y Asturias protegen y amparan en los territorios
donde tradicionalmente se hablan. Sin mención a ningún detalle
concreto, pero aclarando de qué estatutos estamos hablando porque en
el Estatuto de Autonomía de Extremadura no aparece ninguna lengua
minoritaria ni tampoco en el de Galicia; por tanto, me parece un
tanto esotérica la propuesta de algún otro portavoz de no mencionar
siquiera de qué estatutos estamos hablando.
La enmienda número 5 quedaría para votación en sus propios términos
porque entiendo que es técnica derivada de lo anterior.
Para la enmienda número 6, también acepto la transacción que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista, y
quede constancia de la buena voluntad de este grupo parlamentario
para lograr un consenso. La enmienda número 6 quedará sustituida por
el texto que tiene el señor presidente, y que agradecería fuera leído
para que conste en el «Diario de Sesiones», que espero coincida con
el que yo leí en su momento, por el cual, en lugar de detallar letra
por letra y artículo por artículo las reglas de la carta que se
aplican a estas lenguas minoritarias de las que venimos hablando, se
hace la proclamación genérica de que esas lenguas -las del párrafo
segundo- tendrán la protección que sea razonable en aplicación de los
principios de la carta.
En esos términos es como entiendo que, al menos respecto de mis
enmiendas, debería llevarse la votación.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Dicho en tono jocoso, aprovechando que esta
va a ser mi última intervención como diputado en la Comisión de
Asuntos Exteriores, y si no le molesta al señor Guardans -que sé no
ha habido ninguna mala intención por su parte-, me gustaría que
figurara si esto permite el consenso que me siento muy satisfecho de
haberlo propiciado. Por tanto, aceptando ese texto consensuado,
retiraría la enmienda número 1.
En cuanto a la enmienda número 2, creo queda subsumida, con las
modificaciones que ha sufrido, en la enmienda número 4 presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a ver si nos aclaramos.
(Rumores.) Pediría cierta atención, señor Campuzano y señor Alcaraz.
La primera enmienda, cuyo origen era del Grupo Parlamentario Mixto,
del señor Alcaraz, queda retirada; la segunda también; la tercera,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); queda también retirada la
cuarta tiene una subversión, que no es una subversión sino una
versión adicional. (Risas). Les pediría atención pues en otro caso
nos perdemos todos.
El Grupo Popular me hace llegar también una reformulación de esa
enmienda que sería: Asimismo, España declara a los mismos efectos que
también se entienden por lenguas regionales o minoritarias aquellas
que así reconocen, protegen y amparan los estatutos de autonomía. ¿Es
lo mismo, no?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, señor presidente, es una enmienda a mi
enmienda y no la acepto. Por tanto, no puede ser sometida a votación.
Es muy sencillo.
El señor PRESIDENTE: ¿Por qué no la acepta? ¿Cuál es la diferencia?
¿Dónde está la teología?
El señor GUARDAN I CAMBÓ: La teología está sencillamente en que el
Grupo Popular, con esa idea del café para todos, pretende incluso
crear lenguas minoritarias en Andalucía, Galicia y Extremadura.
Estamos dispuestos a suprimir, señor presidente en aras del consenso,
la mención al aranés, al catalán de Aragón o al aragonés de tal, pero
no a que se diga de qué estatutos estamos hablando.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué inconvenientes tiene el Grupo Popular en
aceptar «donde tradicionalmente se habla»? ¿Hay algún problema
teológico o teosófico que se me escape? Lo digo por buscar un poco el
sentido del acuerdo.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Estimamos, señor presidente, que es mucho
mejor la nuestra.
El señor PRESIDENTE: Aparte de que eso es normal en cada uno de los
grupos, ¿habría algún inconveniente en acercar las posturas?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, nos hemos pasado toda la
mañana intentando aceptar posturas y nos hemos encontrado con que en
el último momento han dado la vuelta completamente a una negociación
que estaba cerrada, con lo cual no pensamos gastar más energías en
rizar un rizo que no se puede rizar.
El señor PRESIDENTE: Qué le vamos a hacer. Vamos a votar. (El señor
Chiquillo Barber pide la palabra.)
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Es una idea. Igual que en la segunda parte
de la declaración se pretende que se cite expresamente Estatuto de
Autonomía de Cataluña, de Aragón, etcétera, porque eso lo mantenéis,
y hacéis casus belli de que se mantenga la segunda parte de la
declaración: reconocer los estatutos de Cataluña, Aragón y Asturias,
por el mismo motivo entiendo que en la primera parte de la
declaración también podría establecerse reconocer los estatutos de
autonomía del País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia, Valencia y
Navarra. Sería lo lógico. (Un señor diputado: Y Andalucía.)
El señor PRESIDENTE: Lo que el Reglamento pide es que se voten las
enmiendas una a una. Segundo, el Reglamento pide e indica con toda
razón es que se voten aquellas enmiendas in voce que efectivamente
sirvan para acercar posturas, si no acercan posturas no se votan
porque no existen. Ya voy viendo por dónde hay acercamiento y por
dónde no hay acercamiento. Si no hay indicaciones nuevas vamos a
proceder primero a la votación de las enmiendas tal como estaban
aquellas que subsisten, y luego vamos a votar el texto del acuerdo y
de la declaración.
Señor Puig.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señor presidente, usted sabe que yo siempre
evito perturbar las cosas, que tengo una duda que es seria, respecto
a la propuesta que acaba de presentar el Grupo Popular. Yo estaba a
favor de la propuesta tal como la había presentado Convergència i
Unió, donde se señalaban los estatutos de Cataluña y Aragón. Sólo me
asalta una duda y confieso que yo no la puedo resolver. No sé si hay
algún otro estatuto en España que tenga también una declaración de
protección de lengua. No sé si el de Extremadura la tiene. Confieso
mi ignorancia en este momento. En ese sentido quizá valdría la pena
hacer una cosa más genérica, porque sería grave que nos olvidáramos
de un estatuto donde se señala que se protege otra lengua. Es la duda
que me asalta.
El señor PRESIDENTE: Es una observación muy puesta en razones y que
pretendía cubrir la enmienda del Grupo Popular. ¿Más peticiones de
palabra? (Pausa.)
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, respecto de este punto,
yo creo que eso no es así y además estamos haciendo una mención de
los estatutos concretos donde eso ocurre, que tienen un régimen
distinto al de los que tienen lengua oficial. Por tanto, sometería a
votación dejándolo donde se hablan y con esa mención a los tres
estatutos concretos. En cuanto a la ordenación de la votación que ha
comentado el señor presidente, hay una duda que asalta y querría
aclarar. Nosotros estamos retirando la enmienda número 3, señor
presidente, porque hay un texto nuevo al párrafo primero de la
declaración, y por tanto no he entendido muy bien en qué momento se
vota ese texto; pero sólo por eso retiramos nuestra enmienda número
3. Entiendo que ese texto nuevo es una transaccional a la enmienda
del Grupo Mixto, y por consiguiente eso también tendrá que votarse.
El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón, lo que pasa es que
modestamente era el tema que yo dejaba para el final. ¿Quién más
quiere tomar la palabra? (Pausa.)
El señor Estrella me la pedía antes.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Para preguntarle si se va a pasar a
votación antes las proposiciones no de ley que están pendientes de
votar.
El señor PRESIDENTE: No, vamos a votar primero esto, porque si no
perdemos la memoria.
Entiendo que no hay ningún tipo de acuerdo posible, ni siquiera sobre
la fórmula que in voce había propuesto el señor Alcaraz para el
primer párrafo. De manera que, señoras y señores diputados, ¿cuáles
son las enmiendas que finalmente se retiran? ¿Las número 1 y 2 del
señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ RAMOS: Se mantine la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Pero la transaccional no se puede votar si no se
acuerda.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, se puede admitir
perfectamente una transaccional a una enmienda si la acepta el autor
de la enmienda. Luego si el señor Alcaraz acepta una transacción a su
enmienda...
El señor PRESIDENTE: ¿A qué enmienda nos estamos refiriendo?
El señor GUARDANS CAMBÓ: A la número 1, del Grupo Mixto, por la cual
se da una nueva redacción al párrafo primero, y eso es lo que se
somete a votación.
El señor PRESIDENTE: No, esa enmienda consiste en partir el párrafo,
en anular la mitad del párrafo, ¿no?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En eliminar eso. (El señor Martínez Casañ
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, eso no puede ser en ningún
momento una enmienda transaccional puesto que tiene un objeto
completamente distinto. Nosotros tenemos un texto que viene del
Senado y la enmienda número 1 del señor Alcaraz no hace referencia a
ese texto.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué dice el Senado, señor Martínez Casañ?
(Rumores. Pausa.)
Creo que hemos llegado al punto justo de confusión en donde lo único
que se puede hacer es votar las enmiendas, y es lo que vamos a hacer.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, yo planteo mi enmienda como
enmienda que formulo in voce al grupo de Convergència i Unió y si
ellos están de acuerdo en votar la número 3, se debería votar.
El señor PRESIDENTE: La enmienda del señor Alcaraz es la que pretende
que el párrafo primero de la declaración diga: España declara que los
efectos previstos en los citados artículos se entiende por lenguas
regionales o minoritarias las lenguas reconocidas como oficiales en
los estatutos de autonomía de las respectivas comunidades autónomas.
El señor ALCARAZ RAMOS: Efectivamente, si se acepta como
transaccional, bien; en otro caso, la presento como enmienda a la
enmienda número 3 de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿Convergència i Unió la acepta como
transaccional?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La acepto perfectamente como
transaccional, en sustitución de mi enmienda número 3.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
Señores, vamos a proceder de la manera siguiente: la primera votación
se va a referir a la enmienda número 1, del Grupo Mixto. (El señor
Robles Fraga pide la palabra.)
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, podría usted dar un receso
de medio minuto para que por fin todo el mundo sepa que se está
votando, cómo se está votando y cuál es la postura de los demás
grupos respecto a las transaccionales, las enmiendas que subsisten y
las que no subsisten. Temo que hay cierta confusión, y conviene
aclarar antes de proceder a votar para que por lo menos sepamos lo
que estamos haciendo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer otra cosa, y es proceder a la
votación de las proposiciones no de ley. Al final de las votaciones
veremos cuál es la situación y tenemos dos alternativas: una,
continuar con la sesión; y dos, continuar mañana a las cuatro de la
tarde.
Procedemos a la votación de las proposiciones no de ley.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, está usted alterando el
orden del día sin la conformidad de los grupos.
El señor PRESIDENTE: No, no estoy alterando el orden del día.
Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley en el
orden que han sido discutidas.
En primer lugar, proposición no de ley para solicitar el Premio Nobel
de la Paz del año 2000 al señor Carrera.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, votamos la proposición no de ley sobre Bielorrusia,
presentada por el Grupo Socialista y con las modificaciones que
fueron sometidas y aceptadas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
En tercer lugar, votamos la proposición no de ley originariamente
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida sobre el Magdalena
Medio con las enmiendas que fueron propuestas y aceptadas del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En cuarto lugar, votación sobre la proposición no de ley sobre el
Tíbet, originariamente presentada por el Grupo Socialista y en la
redacción que doy lectura.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: A) Continuar
promoviendo la aplicación de las directrices de la política común de
la Unión Europea hacia el Tíbet basada en la defensa y promoción de
los derechos humanos y al impulso al diálogo entre el Gobierno chino
y el dalai-lama, basada en la defensa y promoción de los derechos
humanos y al impulso al diálogo entre el Gobierno chino y el dalai-
lama, muy especialmente en la próxima cumbre Unión Europea-China que
se celebrará el día 21 en Pekín. B) Continuar incluyendo la cuestión
del Tíbet y de los derechos humanos en el diálogo bilateral entre
España y China.
Dos. El Congreso de los Diputados acuerda que se adopten las medidas
oportunas con el fin de que el dalailama pueda ser invitado por esta
Cámara a exponer ante ella el estado del diálogo con el Gobierno
chino, la situación del pueblo tibetano y sus propuestas sobre la
mejora de los derechos humanos, la libertad y el autogobierno del
Tíbet.
Sobre este texto se procede a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
En quinto y último lugar, votamos la proposición no de ley sobre los
derechos humanos en Perú, presentada por el Grupo Socialista, con las
modificaciones in voce que fueron sugeridas por el Grupo Popular y
aceptadas por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Cinco minutos de receso.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados miembros de la
Comisión, se acaban los cinco minutos y consiguientemente se reanuda
la sesión de esta Comisión de Asuntos Exteriores.
- CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O MINORITARIAS, HECHA EN
ESTRASBURGO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE
ESPAÑA VA A FORMULAR A LA MISMA. (Número de expediente 110/000294.)
El señor PRESIDENTE: El tema que vamos a discutir es el de la carta
europea de lenguas regionales, retomando el debate en donde lo
habíamos dejado.
Tengo tres peticiones de palabra, una del señor Martínez Casañ, otra
del señor Guardans y otra del señor Alcaraz.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Perdón, señor presidente. Una cuestión de
orden.
Yo entiendo que ya ha habido un debate muy amplio. Si hay acuerdo
sobre las enmiendas, muy bien y si no lo hay también.
El señor PRESIDENTE: Esa cuestión de orden la hace el señor
presidente.
El señor Martínez Casañ tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Después de estos cinco minutos que la
Presidencia nos ha obsequiado para intentar acercar posturas,
propongo una enmienda in voce sustituyendo la enmienda in voce que ha
presentado el Grupo Mixto, en el sentido de que el párrafo primero de
la declaración sería como sigue: España declara que a los efectos
previstos en los citados artículos se entienden por lenguas
regionales o minoritarias en cuanto a lenguas reconocidas como
oficiales en los estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Baleares, Galicia,
Comunidad Valenciana y Navarra.
El señor PRESIDENTE: Esa sería una primera transaccional, que veo por
el asentimiento de las cabezas de SS.SS. que cuenta con un cierto
beneplácito. Me congratulo de ello.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Por mi parte, y en aras también del
consenso, la enmienda número 4 introduce un párrafo segundo nuevo que
dice: Asimismo, España declara a los mismos efectos que también se
entienden por lenguas regionales o minoritarias las que los estatutos
de autonomía protegen y amparan en los territorios donde
tradicionalmente se hablan.
A efectos del «Diario de Sesiones», señor presidente, permítame que
quede constancia de que estamos hablando -para eso sirve el «Diario
de Sesiones»- de las lenguas que se hablan, que no son oficiales, en
Cataluña (el aranés), en Aragón y en Asturias. Nos parece bien en
aras del consenso que eso no aparezca expresamente en la Carta que se
le añade.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Simplemente intervengo a efectos de aceptar
la propuesta que hacía el señor Martínez Casañ.
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Para que quede constancia el hecho del
aragonés y sobre todo de cara a esa ley de lenguas que se va a
tramitar en las Cortes de Aragón, a fin de que pueda hacer oficial el
aragonés en algunos territorios.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No voy a hablar del habla andaluza, pero
que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de que la
interpretación que hace la Comisión puede ser o no la que ha hecho el
portavoz de Convergència i Unió. Es lo suficientemente amplia como
para que todos quepamos dentro de ese texto.
El señor PRESIDENTE: Señor Puig.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señor presidente, estoy muy satisfecho de que
las propuestas que he hecho hace dos horas a algunos de los
portavoces al final sean aceptadas. Han pasado dos horas, lo hemos
discutido todo y al final lo que yo proponía al portavoz del Grupo
Popular se ha aceptado. Como decía el portavoz de mi grupo, la
interpretación que yo he hecho no es solamente referente a esos tres
estatutos de autonomía, sino a todos, por la duda que antes me
asaltaba.
El señor PRESIDENTE: El texto de la declaración, que es el único al
que se han presentado enmiendas, tendría un
primer párrafo, que no voy a reproducir, que es el que ha leído el
señor Martínez Casañ; tendría un segundo párrafo, que es el
procedente de la enmienda número 4, presentada por Convergència i
Unió, en los términos en que ha leído el señor Guardans, es decir,
acabando allí donde dice: amparen los territorios donde
tradicionalmente se habla. Tendría un tercer párrafo, que sería el
procedente de la enmienda transaccional del Grupo Socialista, que
diría: Las lenguas citadas en el párrafo segundo -que es el que
eventualmente añadiríamos- se aplicarán todas aquellas disposiciones
de la parte tercera de la carta que puedan razonablemente aplicarse
en consonancia con los objetivos y principios establecidos en el
artículo 7. Esa transaccional sustituiría toda la enumeración que
figura en el texto originario.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, yo entiendo que la Carta
es un poco espesa y es un poco espeso todo. El esquema es muy
sencillo. Hay un párrafo primero, que ya estaba en la declaración, y
un párrafo segundo que también estaba. Eso sigue siendo así, sólo que
el párrafo primero tiene una redacción distinta. Hay un nuevo párrafo
segundo que introduce unos idiomas que no estaban originariamente
previstos, a los que nosotros, a través de una enmienda, les
añadíamos una serie de cuestiones, y eso es lo que desaparece. Por
tanto, lo que desaparece es nuestra enmienda número 6. Pero no se
suprime donde dice: artículo 8..., artículo 9... eso no se suprime,
eso está perfectamente vigente referido al párrafo primero, es decir,
a los idiomas oficiales de los estatutos de autonomía, en eso no hay
discusión alguna entre ninguno de los portavoces.
El señor PRESIDENTE: Voy a ver si he entendido bien la transaccional.
(El señor Puig i Olivé pide la palabra.)
Señor Puig.
El señor PUIG I OLIVÉ: Señor presidente, lo que desaparece es la
enmienda número 6, es decir la enumeración por párrafos. Se mantiene
la propuesta del Gobierno en lo que se refiere a las lenguas
oficiales de las comunidades autónomas, con todos sus párrafos. En
realidad no desaparece nada, simplemente la enmienda número 6, que
debía aplicarse a las otras lenguas no oficiales, ha sido sustituida
por la enmienda transaccional. Por tanto la enmienda, párrafo a
párrafo, que presentaba Convergència i Unió es retirada.
El señor PRESIDENTE: En este momento tengo una cierta confusión al
respecto.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, todos los portavoces lo
tenemos muy claro, porque lo hemos trabajado. Si me lo permite le
clarifico exactamente dónde estamos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer una cosa, porque la Presidencia
necesita en este punto un texto muy preciso de lo que vamos a votar,
y yo en este momento no lo tengo.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: ¿Me permite que le facilite el trabajo,
como autor de las enmiendas?
El señor PRESIDENTE: Dígame.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Vamos a repasar la declaración tal como
quedaría si, finalmente, se aprueba la declaración.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que acabo de decir.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pero como creo que eso no se corresponde
con lo que habíamos acordado le digo lo que yo entiendo, haciéndome,
por una vez, portavoz de los demás portavoces, porque creo que es el
consenso al que hemos llegado.
La declaración quedaría en los siguientes términos. En primer lugar,
un párrafo primero que diría: España declara... etcétera, en los
términos de esa transaccional que hemos acordado entre todos. A
continuación: Asimismo... en los términos de nuestra enmienda número
4, tal como ha sido leída, es decir con el texto transaccional. A
continuación vendría un párrafo del texto original que dice: A las
lenguas citadas en el párrafo anterior... etcétera. Lo que ocurre es
que donde dice anterior debe decir primero, y eso se corresponde con
nuestra enmienda número 2, señor presidente. Repito, donde dice: A
las lenguas citadas en el párrafo anterior... debe decir: A las
lenguas citadas en el párrafo primero... y a partir de ahí sigue
exactamente en sus propios términos. Hay un párrafo final, que es el
texto que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, que dice
que las lenguas del párrafo segundo regirán ...etcétera. Y nosotros
retiramos nuestra enmienda número 6. Ese es el esquema al que creo
que hemos llegado todos los portavoces, señor presidente. (El señor
Martínez Casañ pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, para contribuir a aclarar
las cosas un poco más.
Como quiera que el texto que presentaba el Gobierno solamente hablaba
de lenguas oficiales, y como quiera que hemos introducido las lenguas
no oficiales minoritarias en la enmienda número 4 transaccionada, la
enmienda número 5 es la que hace referencia al régimen de protección
que deberán tener estas lenguas minoritarias no oficiales que
acabamos de introducir y que, por tanto, no figuraban en el
articulado del texto.
La enmienda número 5 es consecuencia de la enmienda número 4,
transaccionada, que hemos introducido. Y la enmienda número 6, que
retira el Grupo Catalán de Convergència i Unió en favor de la
transaccionada, es la que hace referencia al nivel de protección que
deberán tener estas lenguas minoritarias no oficiales que hemos
introducido, nivel de protección que no es el mismo que el que estaba
previsto en el texto presentado por el Gobierno y que estamos
discutiendo en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: ¿Están todos los grupos de acuerdo con esa
descripción? (Asentimiento.)
Vamos a votar exactamente esa propuesta, con todas las transacciones.
(El señor Serrano Vinué pide la palabra. Rumores.)
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Simplemente quiero pedir votación separada
del segundo párrafo; no se alteren, señorías.
El señor PRESIDENTE: ¿El segundo párrafo nuevo?
El señor SERRANO VINUÉ: Efectivamente. En relación a la enmienda
número 4 de Convergència i Unió, sobre el caso aragonés y el
asturiano, en los que más ayudas se van a quedar en el aire.
El señor PRESIDENTE: Votamos únicamente por separado el segundo
párrafo, el resto se vota conjuntamente.
Votamos el texto de la declaración que España realiza a la Carta
europea de las lenguas regionales o minoritarias, tal como ha
resultado de las transacciones habidas, con la excepción del párrafo
segundo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Párrafo segundo de dicha declaración, en los términos que resultan de
las transacciones habidas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar el resto de los acuerdos internacionales. Presumo que
ninguna señora diputada ni ningún señor diputado tendrán ganas de
exponer las razones de su voto, si no, estoy dispuesto a darles la
palabra.
Punto número 22: Carta Europea de las lenguas regionales
o minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 noviembre de 1992, así como
declaración que España va a formular a la misma.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL
DEL DERECHO DEL MAR, HECHO EN NUEVA YORK EL 23 DE MAYO DE 1997.
(Número de expediente 110/000295)
El señor PRESIDENTE: Punto número 23: Acuerdo sobre privilegios e
inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, hecho en Nueva York el 23 de mayo de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
-- CONVENIO DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE
ESPAÑAY LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y
LA ALIMENTACIÓN CON RESPECTO ALA24.a REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL
DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (ALICANTE, 12 AL 16 DE JULIO DE 1999) Y 1.a
REUNIÓN EXTRAORDINARIA( ALICANTE, 7 AL9 DE JULIO DE 1999), HECHO EN
ROMA EL 2 DE JULIO DE 1999. (Número de expediente 110/000296)
El señor PRESIDENTE: Punto número 24: Convenio de responsabilidades
que han de asumir el Reino de España y la Organización de las
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación con respecto a
la 24 reunión de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAAUTORIDAD
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, HECHO EN KINGSTON EL 27 DE MARZO
DE 1998. (Número de expediente 110/000297)
El señor PRESIDENTE: Punto 25 y último: Protocolo sobre privilegios e
inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
hecho en Kingston el 27 de marzo de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis treinta en que
continuará la misma.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.