CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 816



SANIDAD Y CONSUMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ



Sesión núm. 44



celebrada el miércoles, 1 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Relativa al desarrollo de programas socio-sanitarios dirigidos a
las personas con discapacidades y otras dolencias que requieran
atenciones preventivas o paliativas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
001571.) ... (Página 24276)



- Sobre medidas precisas para ampliar la oferta del servicio médico
de fecundación in vitro a todos los grandes hospitales dependientes
de la Comunidad de Madrid. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001410.) ... (Página 24279)



- Relativa al problema que está causando la anorexia en nuestra
sociedad. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001574.) ... (Página 24283)



- Relativa al mantenimiento de las medidas de protección social y a
la agilización del pago de indemnizaciones a las personas afectadas por
el síndrome del aceite tóxico. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001727.)
... (Página 24287)

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- Comparecencia del señor Presidente ejecutivo del Instituto Nacional
de la Salud (Núñez Feijóo) para informar sobre la actitud de los
facultativos del Hospital Ramón y Cajal que han condicionado la
posibilidad de un trasplante cardíaco al ciudadano saharaui Abdelhak
Chaib Mohamed a una mejora de su situación socio-laboral, y para
explicar los criterios que se valoran para la realización de
trasplantes o para cualquier tratamiento, y si entre ellos se
considera la situación sociolaboral del presunto receptor. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 212/002388.) ... (Página 24287)



Preguntas:



- De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida), sobre motivo del cese de doscientos cincuenta
trabajadores contratados por obra y servicio en el Hospital La Paz
del Insalud de Madrid. (Número de expediente 181/002712.)
... (Página 24294)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



-RELATIVA AL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIO-SANITARIOS DIRIGIDOS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y OTRAS DOLENCIAS QUE REQUIERAN
ATENCIONES PREVENTIVAS O PALIATIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001571)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos. Damos comienzo a
la sesión de la Comisión con el orden del día que todas SS.SS.

conocen, que es debate y votación de varias proposiciones no de ley.

Informo a SS.SS. que a petición del Grupo Parlamentario Socialista se
ha retirado la segunda proposición no de ley, sobre realización de
una campaña informativa sobre los productos transgénicos.

A petición del Grupo Parlamentario Popular, y aceptado por los
distintos portavoces, vamos a debatir en primer lugar la que figuraba
en el orden del día como número 3, relativa al desarrollo de
programas socio-sanitarios dirigidos a las personas con
discapacidades y otras dolencias que requieran atenciones preventivas
o paliativas. Dicha proposición no de ley ha sido propuesta por el
Grupo Parlamentario Popular, y para su presentación y defensa tiene
la palabra la señora Pardo.




La señora PARDO RAGA: Permítanme que en primer lugar dé las gracias
por la magnanimidad de la Mesa y la comprensión del resto de los
grupos al acceder a cambiar el orden del día.

Entrando en materia, y en representación del Grupo Parlamentario
Popular, traemos ante el seno de la Comisión de Sanidad esta
proposición no de ley relativa al desarrollo de programas socio-
sanitarios dirigidos a las personas con discapacidad y otras
dolencias que requieran
atenciones preventivas o paliativas. Sus señorías saben de los
cambios demográficos operados en la sociedad española, y el
envejecimiento de la población, la atención a las personas con
envejecimiento y discapacidades y también otras que precisan de
cuidados específicos, hacen necesario el desarrollo de nuevos
servicios con la finalidad de incrementar la calidad de vida de todos
los ciudadanos. Por ello, parece necesario, y así lo considera el
Grupo Popular, al que represento, repito, parece necesario implantar
programas de atención socio-sanitarios que vayan dando respuesta
a las necesidades de las personas y de las familias que los tienen en
su seno, y que se promueva la autonomía personal y la permanencia en
el entorno familiar y social de estas personas afectadas.

Con esta proposición no de ley, mi grupo insta al Gobierno a dedicar
una especial atención a la problemática de un sector amplio de la
sociedad que requiere de cuidados paliativos y/o rehabilitadores. Son
personas que además viven en sus hogares, lo que genera enormes
sobrecargas familiares y está demandando a los poderes públicos la
oferta suficiente, ágil y de calidad, de unidades básicas de atención
o de acceso a tratamientos específicos, como es el caso de los
programas de intervención para discapacitados en el medio acuático.

Estos programas se prescriben habitualmente como cuidado paliativo o
de rehabilitación de determinadas discapacidades, tales como el
síndrome de Down, parálisis cerebrales, plurideficiencias y cualquier
dolencia crónica que conlleve algunos trastornos psicomotrices.




Yo quisiera ponerles un ejemplo que he estado constatando, y es que
en una ciudad como Madrid sólo existen dos instalaciones, y ellas son
de ámbito privado, donde se les ofrece este tratamiento, que consiste
en una piscina climatizada y unos monitores especializados que
atiendan, casi con carácter individualizado, a las personas que
necesiten este tipo de tratamientos o terapias. Es fácil, pues,
imaginar que hay unas dificultades añadidas con las que se encuentran
los afectados y sus familias a la hora de acceder a estos servicios,
dada la escasa oferta existente, como ya se ha puesto de manifiesto,
y es una cuestión que lleva a que en alguna ocasión más de las
deseables algunos de los afectados se queden sin un tratamiento
prescrito o recomendado,



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y la constatación de este hecho preocupa al Grupo Popular. Vemos que
en muchas ciudades hay innumerables instalaciones públicas desde las
que se podría atender esta demanda, simplemente se tendrían que hacer
las reservas de unas horas los días específicos, pero, eso sí, con un
número suficiente de monitores especializados en el tratamiento de
minusvalías en el medio acuático. Bajo estas premisas son con las se
ha argumentado esta proposición no de ley para atender a estas
personas y que no tengan que depender de los medios privados.

Por otra parte, señorías, es verdad que esta proposición no de ley
entra en un terreno socio-sanitario, por lo que podríamos verla lo
mismo en la Comisión de Sanidad que en la de Trabajo y Asuntos
Sociales. Por eso también permítanme que recalque aquí que el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Imserso,
propone una estrategia de carácter local con una fuerte presencia del
movimiento asociativo, por el enorme caudal de experiencia y
conocimientos que estas asociaciones u organizaciones no
gubernamentales pueden aportar. No cabe duda de que una estrategia de
este tipo moviliza recursos y actuaciones en las que están implicadas
las tres administraciones, es decir, Estado, comunidades autónomas y
ayuntamientos. Es en ese contexto en el que se han de encuadrar
determinadas relaciones de cooperación entre las distintas
instituciones, pero fundamentalmente, y quizá por eso lo vemos en la
Comisión de Sanidad, con el Ministerio de Sanidad y Consumo y con la
Federación Española de Municipios y Provincias, a efectos de promover
la atención socio-sanitaria y el impulso de todo tipo de servicios a
nivel local, si es que queremos articular una oferta ágil de
atenciones sanitarias y de servicios sociales, optimizando además el
aprovechamiento de los recursos ya existentes, con la finalidad de
poner a disposición de los posibles usuarios determinadas atenciones
de carácter socio-sanitario con la mayor celeridad posible.

Se trata, pues, de la formación y entrenamiento de los profesionales,
y de la reorientación de determinados servicios, que logre mejorar el
aprovechamiento de todos los recursos existentes, introduciendo
criterios de eficiencia y eficacia para atender estas nuevas demandas
y atender al conjunto de la población, los servicios de atención
específica y peculiar que requieran en el ámbito de programas
relacionados con la atención socio-sanitaria. El desarrollo de estos
servicios representa además, como saben SS.SS., un caudal
importantísimo de nuevos empleos. El actual Gobierno piensa que la
política social más solidaria es la que crea empleo. Es decir, se
apuesta fuertemente por políticas activas de ocupación y en este
sentido va encaminado el segundo punto de esta proposición no de ley
o, lo que es lo mismo, arbitrar mecanismos de gestión ágiles, rápidos
y económicamente lo más rentables posibles. Así se conseguiría, por
una parte, formación de monitores para que encuentren un empleo; por
otra parte, colaboración de organizaciones no gubernamentales o, lo
que es lo mismo, la implicación o participación de la sociedad civil
en temas socio-sanitarios que les preocupen; por último, y quizá el
más importante de todos, atender a aquellas personas con
discapacidades que requieren una atención especial en un medio
acuático.

Por todo lo expuesto, y ya voy terminando, señor presidente, en la
seguridad de que a todos los grupos parlamentarios nos mueve siempre
la voluntad política de mejorar la calidad de vida y la atención
socio-sanitaria de un sector de población especialmente vulnerable,
pido el apoyo para esta iniciativa que, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, he presentado esta mañana ante esta Comisión
de Sanidad.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Corominas.




El señor COROMINAS I BUSQUETA: Nos parece muy satisfactorio que se
plantee el tema que da pie a esta proposición no de ley, aunque, como
decía el representante del Grupo Popular, tal como está formulada, es
más propia de una Comisión de Política Social o incluso de Cultura y
Deporte que de Sanidad. Sobre todo estamos de acuerdo con la
exposición que ha hecho la ponente del Grupo Popular, que da la
impresión de que pertenece a un grupo que no es el que gobierna y que
más bien estaría en un grupo de la oposición, ya que solicita una
serie de cosas que el Gobierno no realiza.

Por otro lado, en esta proposición no de ley no se insta al Gobierno
a que haga prácticamente nada, sino que se insta a que las
corporaciones locales, la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales desarrollen unos programas, ya que si hay algunos en
estos momentos -como decía la ponente hay muy poco en este ambito,
prácticamente no hay nada-, son estos organismos quienes lo están
haciendo, es decir, la Administración local, las entidades no
gubernamentales, y demás entes. Pienso que los Presupuestos para el
año 2000 eran un buen momento para que se hubieran introducido
algunas partidas para demostrar la voluntad del Gobierno en este
tema, porque, como muy bien decía, yo pienso que en esta cuestión hay
dos grandes campos de actuación. Por un lado, está la actuación de
tipo paliativo, de rehabilitación del trastorno concreto y de los
déficit psicomotores fundamentalmente en algunas discapacidades, que
tendría un claro sentido de tratamiento curativo o paliativo y, por
tanto, algo que debería ser visto o cubierto desde el Sistema
Nacional de Salud. También hay otro aspecto importante para este
grupo de pacientes que son enfermos crónicos, que tienen un
trastorno, digamos, de por vida, que es la mejora de su calidad de
vida. Por tanto, sería conveniente considerar estos dos aspectos.

Lo único que lamentamos es que la ponente no haya sido mucho más
arrojada en cuanto a proponer cuestiones concretas, porque realmente
es un tema en el que no hay prácticamente nada, y la proposición no
de ley pienso que lo pone de manifiesto, es decir, no hay nada desde
la perspectiva del Gobierno de este país y, si esta proposición no de
ley sirve, como decía la portavoz, para mostrar la preocupación que
el Grupo Popular tiene por estos temas, bienvenida sea. En este
sentido, nuestro grupo parlamentario le dará soporte, no porque esté
convencido de que lo que aquí se proponga sirva para gran cosa, sino
para demostrar que realmente es un tema que conviene enfocar de una
manera



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seria, buscar alternativas válidas y para que todas las cuestiones
que ha planteado, de las necesidades desde el punto de vista de los
pacientes y de la creación de puestos de trabajo que todo este tipo
de actividades generan, sean tomadas en consideración por el Gobierno
y destinen algunas partidas presupuestarias a tal fin, para que el
gasto sea cubierto por los sistemas públicos de este país con objeto
de mejorar la vida de estos ciudadanos y ciudadanas que bastantes
problemas tienen ya con sus discapacidades como para que se vean
agravados por dificultades de este tipo, sobre todo, de que no puedan
acudir a centros públicos. Vamos a dar soporte a esta proposición no
de ley, aun cuando no nos convence demasiado en su fondo, por la
inconcreción, la vaguedad y el poco compromiso gubernamental,
y espero que el Grupo Parlamentario Popular traduzca en alguna otra
iniciativa un mayor compromiso del Gobierno en estos temas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra la señora Solsona.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Según una declaración de la Organización
Mundial de la Salud (la OMS) de 1986, la rehabilitación implica que
el paciente pueda llegar a conseguir el nivel más alto de adaptación
física, psicológica y social. Incluye todas aquellas medidas
destinadas a reducir el impacto creado por las condiciones de
discapacidad y minusvalía y que la persona afectada pueda conseguir
una integración social óptima. Basándonos en estas consideraciones de
la OMS, a nuestro grupo le parece oportuna la proposición no de ley
del Grupo Popular impulsando medidas socio-sanitarias y de
aprovechamiento de recursos, a fin de mejorar en lo posible los
tratamientos a personas afectadas por el síndrome de Down, parálisis
infantil u otras deficiencias.

Es necesario que la sociedad se sensibilice ante un nuevo grupo de
necesidades que aún cuesta comprender y discriminar de forma
positiva. Además de reivindicar la igualdad de oportunidades para las
personas cuya diferencia se haya en lo físico o en lo psíquico,
debemos apoyar medidas a fin de no fomentar su segregación, sino el
reconocimiento por parte de la sociedad del derecho a realizarse
plenamente con su identidad psicofísica. Por todo ello, señor
presidente, nuestro grupo apoyará, como no podía ser de otra manera,
la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez. (El señor Caballero Basáñez pide la
palabra.)
Perdón, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra
el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Señorías, realmente a nuestro grupo, en
alguna medida, esta proposición no de ley le parece un tanto
patética, porque, se establecen una serie de generalidades con las
que difícilmente se puede estar en desacuerdo, pero al mismo tiempo
entendemos que cuando se plantea faltan determinadas explicitaciones.

Por un lado, ciertamente la portavoz del Grupo Popular ya nos ha
dicho que, por ejemplo, en Madrid hay
una escasa oferta, lo cual de alguna manera indica que alguien no ha
hecho nada para que exista por lo menos esta oferta pública. Por otro
lado, en el tercer párrafo se habla, de optimizar el aprovechamiento
de polideportivos y piscinas climatizadas, existentes en las
corporaciones locales, pero así como en el segundo punto se alude al
establecimiento de convenios con organizaciones no gubernamentales,
en ninguna parte se cita que hay que realizar los convenios que
serían necesarios con corporaciones locales para optimizar
precisamente ese aprovechamiento de polideportivos.




En una proposición no de ley en cuya exposición de motivos se dice
que es preciso un desarrollo alternativo de la acción sanitaria
básica que equilibre la acentuación de la atención curativa respecto
de la atención preventiva paliativa e impulsando el desarrollo de
programas socio-sanitarios, no se habla en ningún momento de la
necesidad también de disminuir determinadas barreras, que serían muy
necesarias para poder poner en marcha aspectos que se contienen en
esta proposición. Por todo ello, aunque realmente tengo que decir que
el cuerpo nos pediría votar en contra de esta proposición no de ley,
nuestro grupo se va a abstener.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: No se preocupe porque hable el último, por
aquello de que los últimos son los primeros; así que a mí me es igual
hablar al principio que al final.

En primer lugar, tengo que expresar mi satisfacción por utilizar esta
sala y porque se haya recuperado el nombre de esta Comisión, de
Sanidad y Consumo, porque cuando nos reunimos en otras salas es
Sanidad con humos, y aquí hoy por lo menos se puede respirar con
tranquilidad.

Entrando en la cuestión que nos afecta, debemos decir que aplaudimos
la iniciativa que ha presentado el Grupo Popular. Aunque aquí se ha
dicho que se refiere a temas genéricos y que también en muchas
autonomías se viene desarrollando, no cabe la menor duda que todavía
hay una desatención a un grupo social que no está atendido
debidamente. La portavoz del Grupo Catalán leyó unos párrafos de una
declaración de la Organización Mundial de la Salud, en los que se
decía que se debe lograr el nivel más alto en lo físico y en lo
psíquico para una óptima incorporación en la sociedad de este grupo
de personas o de discapacitados.

En la iniciativa se habla de un programa concreto para
discapacitados, en medios acuáticos, con los consiguientes
complementos necesarios, como formación de monitores, celebración de
acuerdos con ONG e instituciones especializadas y colaboración con
diputaciones, cabildos y ayuntamientos que tienen instalaciones de
piscinas, para que se permita a horas concretas la utilización por
estas personas. Nosotros lo vemos perfecto y nos gustaría que esta,
vamos a llamarle declaración, porque es más que nada una
manifestación de ideas genéricas, se hiciera llegar a todas las
comunidades, que son las competentes para llevarla a cabo, a fin de
que este grupo de personas, hermanos nuestros, que se encuentren con
esas discapacidades estén atendidos debidamente, y lograr lo que la
OMS pide, que es buscar los



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medios más rápidos para una mejor integración dentro de la sociedad.

Votaremos favorablemente, señor presidente.




-SOBRE MEDIDAS PRECISAS PARAAMPLIAR LA OFERTA DEL SERVICIO MÉDICO DE
FECUNDACIÓN IN VITRO A TODOS LOS GRANDES HOSPITALES DEPENDIENTES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001410)



El señor PRESIDENTE: Anuncio a SS.SS. que por acuerdo de los
portavoces las votaciones se realizarían todas conjuntas a las 12.

Pasamos a la presentación y debate de la proposición no de ley que
figura en el orden del día como número 1, sobre medidas precisas para
ampliar la oferta del servicio médico de fecundación in vitro a todos
los grandes hospitales dependientes de la Comunidad de Madrid, cuyo
autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación
y defensa tiene la palabra el señor Sáenz de Cosculluela. (La señora
Fernández de Capel Baños pide la palabra.)
Sí, señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Para una cuestión de orden.

Nuestro grupo no tiene inconveniente en debatir la proposición si
fuese necesario, pero creemos que es una cuestión que atañe a la
Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene ya iniciadas sus
transferencias competenciales. En este momento escapa al control de
este Parlamento, poder establecer ninguna recomendación desde el
mismo, si no es a través de la propia comunidad autónoma, que tiene
sus mecanismos. Si el grupo proponente lo cree necesario, debatimos
sobre ella, pero creemos que competencialmente no afecta a la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Es evidente que la proposición no de ley ha sido
calificada por la Mesa y reglamentariamente tenemos que someterla a
debate y posterior votación.




Tiene la palabra el señor Sáenz de Cosculluela.




El señor SÁENZ COSCULLUELA: Voy a procurar ser breve, entre otras
cosas porque la justificación de esta proposición no de ley, en sus
aspectos básicos, se consolida con la mera lectura de la propuesta
que ha sido publicada en el Boletín del Congreso.

El objeto de la proposición no de ley, y empezaré ya tratando de
llevar un poco de luz jurídica a las observaciones del Grupo Popular,
pretende que en el marco del convenio de cooperación sanitaria
establecido entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de
Sanidad, este inste las actividades oportunas para que se aumente la
oferta sanitaria en los hospitales de Madrid, dependientes de la
Comunidad Autónoma de Madrid, de la fecundación in vitro.

Esta propuesta, como es lógico, responde a un problema. Creo que no
necesito explicárselo a SS.SS. y sería un pesado si ahora me pusiera
a hablar largo y tendido de lo que significa la fecundación in vitro
en el ámbito de
muchas familias que no pueden tener por procedimientos normales
descendencia. Sería absurdo que en estos momentos desarrollase ante
ustedes la variada información desde el punto de vista técnico o
científico que sería posible para aclarar el alcance de la
fecundación in vitro. Cualquiera de SS.SS. a estas alturas sabe que
ésa es una técnica al alcance ya de todos los servicios sanitarios
españoles y de muchos países del mundo, y , por tanto, técnicamente
hoy es posible que muchas parejas puedan resolver su deseo de tener
descendencia, aun padeciendo determinadas limitaciones que no es el
caso exponer. Por tanto, científicamente, técnicamente, hoy es
posible facilitar la descendencia de muchas parejas.

Hay demanda social, señorías, es evidente. No hay más que ver las
listas de espera de los hospitales de Madrid para hacerse una idea.

Yo creo que además está justificado potenciar este tipo de medidas en
el ámbito de esa política de protección familiar. Algunos se llenan
la boca siempre hablando de la protección a la familia, pero luego,
cuando se articulan mecanismos concretos, parece que ese afán
proteccionista se reduce tan sólo a los gestos y no a las realidades.

Hay una necesidad humana detrás de esta demanda.




Yo le puedo decir, señor presidente, y espero que los señores del
Partido Popular tomen buena nota de ello, que, en este momento, una
pareja, para lograr el tratamiento de fecundación in vitro en Madrid
y sólo un ciclo, de los diversos que es posible plantearse en el
tratamiento, espera hasta cuatro años, cuando en la medicina privada
la espera no sobrepasa las tres o cuatro semanas si se dispone de las
500.000 ó 600.000 pesetas que cuesta el tratamiento privado. Por
tanto, la espera en este momento llega hasta cuatro años, cuando no
es posible plantearse esa espera como técnicamente razonable. En La
Paz, concretamente, que es el último servicio que se ha abierto, en
este momento la espera ya es de un año, y se ha abierto hace seis
meses. En el Hospital Doce de Octubre la espera es de cuatro años. En
el Hospital de Alcalá de Henares es de dos años. Son los tres únicos
hospitales de la Comunidad de Madrid que prestan este servicio de
fecundación in vitro.

Entonces, hay demanda social y es posible resolver este problema
técnico, que al fin y al cabo no deja de ser un problema técnico para
la medicina. ¿Qué razones puede haber para que la satisfacción social
se produzca o para que se impida, depende del punto de vista?
¿Razones económicas, razones políticas? Yo les voy a decir una cosa,
señorías. No puede haber razones económicas, porque en este momento,
los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid donde no se presta
el servicio de fecundación in vitro estan dotados sanitariamente para
prestar el servicio mañana. Hay médicos, hay especialistas, hay ATS,
hay laboratorios y hay todos los recursos necesarios. Mañana podrían
empezar a prestar este servicio en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Por
qué no se hace? Uno puede pensar, pues es que creen que es demasiado
caro el servicio. No es cierto, ya está dotado de personal, existe
ese personal. No quiero pensar que hay un afán de favorecer la
medicina privada, que cubre en cuatro semanas lo que la sanidad
pública tarda en cubrir cuatro años, pero con un coste de 500.000 ó
600.000 pesetas. Esto desde luego lo puede pagar mucha gente, pero
hay muchos



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otros que tienen que sacrificarse enormemente para recibir algo que
es suyo. ¿Razones políticas? Ya hemos intuido cuál puede ser esa
razón política: es que esto no es competencia de la Administración
Central. Es rigurosamente falso, señoría. Lo he estudiado a fondo y
por eso la Mesa ha tramitado esta proposición no de ley, porque
tienen la misma convicción que el diputado que les habla de que
habiendo un convenio de cooperación suscrito el 5 de febrero de 1985
entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Sanidad, a
través de un protocolo en el que se permite al Ministerio instar,
presionar, negociar, convenir lo necesario para ampliar la oferta
pública médica -eso es posible con el convenio-, la proposición es
viable jurídicamente, porque nosotros no pretendemos imponerle a la
Comunidad de Madrid una resolución, sólo pretendemos que el Gobierno,
ejercitando las facultades que le confiere ese convenio de
cooperación, inste a la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus
responsabilidades públicas, que las tiene; el ministro de Sanidad
tiene el derecho y el deber de instar la mejor cobertura de la
prestación sanitaria en toda España, ese derecho y esa obligación las
tiene, y jurídicamente nadie le puede impedir que lo haga,
absolutamente nadie. Otra cosa es, que la proposición no lo pretende,
que este Parlamento vincule jurídicamente a la Comunidad Autónoma de
Madrid para abrir ese servicio, pero esa tontería no la hemos
planteado, porque eso sí sería una tontería desde el punto de vista
jurídico-constitucional. Nosotros no podemos obligar materialmente a
la Comunidad de Madrid a crear este servicio, pero sí podemos, a
través del Gobierno de la nación, instar a ese Gobierno para que haga
lo oportuno para que en Madrid no siga ocurriendo lo que está
ocurriendo, que es un vergüenza, señorías, la verdad es que es una
vergüenza. Que una familia modesta tenga que gastarse 600.000 pesetas
o tenga que optar, si no tiene ese dinero, por esperar cuatro años
para buscar descendencia, cuando técnicamente es viable, cuando se
hace ya en muchos laboratorios ya privados también y cuando
científicamente no hay obstáculo alguno, pues es bastante
inexplicable.

Yo, señorías, les pido que voten a favor, porque no estamos
pidiéndole al Gobierno nada del otro mundo. No le estamos generando
gasto, no le estamos vinculando con una decisión políticamente
discutible, inoportuna o problemática. Si lo único que le pedimos al
Parlamento es que le diga al Gobierno: haga usted lo posible para que
la Comunidad de Madrid lo haga. Si aprueban la proposición, por mi
parte estoy dispuesto a no hablar para nada ni de Telefónica ni de
otras cosas diversas que se prestarían a la polémica, pero, claro, es
que estamos hablando de un coste de probetas, señorías. Lo que vale
poner este servicio en el Hospital Gregorio Marañón no es más que el
material de probetas, el desechable, porque el estable ya está
también ahí. Ahora, si me están diciendo que no se le puede pedir a
la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las competencias
estatales, una cosa de éstas, ya uno no entendería nada, tendría uno
que ponerse fuera de lo que es el diálogo razonable para poder
contestar a una negativa de fondo.

Yo termino ya, señorías. Creo que las cosas han quedado, espero,
suficientemente claras. Les insisto, si tienen escrúpulos por invadir
el ámbito de las comunidades autónomas, piérdanlos, porque ni la Mesa
del Congreso ha
entrado en esa consideración, porque no podía, ni nosotros le estamos
pidiendo al ministro de Sanidad o al Gobierno de la nación que haga
una barbaridad. Se mandata al Gobierno para que aborde e inicie, en
el marco de la colaboración necesaria entre Comunidad de Madrid y el
propio Ministerio, las medidas precisas para ampliar la oferta del
servicio médico de fecundación in vitro a todos los grandes
hospitales dependientes de la CAM. ¿Que la Comunidad de Madrid le
pide dinero al Ministerio por ampliar ese servicio? Pues que lo
negocien. Ya les anticipo que el coste es ridículo. Que lo negocien.

Pero nosotros no estamos aquí estableciendo ninguna pretensión o
formulación que afecte para nada al contenido jurídico-estatutario de
la Comunidad de Madrid ni a las propias competencias del Estado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.




El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Evidentemente, como se señala en la
motivación de esta proposición no de ley, a nadie se le oculta la
trascendencia e importancia de estas nuevas técnicas médicas que
permiten la fecundación artificial humana y que quedan ya bastante
acreditadas con las regulaciones que se van produciendo en el ámbito
internacional.




Por parte de nuestro grupo se piensa que la exposición del portavoz
del Grupo Socialista ha sido bastante clara en lo que respecta al
ámbito competencial, dada la existencia de este protocolo de
coordinación entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma
de Madrid. También, como ya se ha dicho y como figura en la
motivación de esta proposición no de ley, parece que nos encontramos
ante unos plazos de espera de año y medio o dos años, en el ámbito de
la sanidad pública, lo cual, ciertamente, también a nuestro grupo le
plantea la sospecha de que, ante una demanda existente haya un cierto
deseo de impulsar la sanidad privada. En este sentido, quiero decir
una vez más que el Partido Nacionalista Vasco siempre se ha
manifestado -y así actúa en el ámbito que tiene responsabilidad-
claramente a favor de una sanidad pública de calidad. (El señor
vicepresidente, Mingo Zapatero, ocupa la Presidencia.)



Creemos que la situación que motiva esta proposición no de ley
realmente sólo se puede calificar como una vergüenza, porque
aportando algunos datos diría que ante esta situación que existe en
la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Euskadi, con la mitad de la
población aproximadamente, existe una oferta en términos comparativos
dieciocho veces superior, lo cual indica que algo falla. Además
habría que tener también en cuenta que Madrid no deja de ser un punto
de referencia para el resto del Estado. Por todo ello nuestro grupo
va a apoyar esta proposición no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Mingo Zapatero): Por parte de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: La intervención de mi estimado señor
Cosculluela tiene dos contenidos. En un



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aspecto, no cabe la menor duda que sus razonamientos son lógicos, por
cuanto él se refiere a un convenio concreto que existe entra la
Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. También me pregunto por
qué la Comunidad de Madrid no ha hecho en la Asamblea de Madrid las
peticiones necesarias. Pero bien, dejando esta cuestión a un lado,
que yo pienso que es una competencia autonómica, comprendo que la
realidad no sólo existe en Madrid; es lamentable esta situación en
todas las comunidades españolas, salvo, por ejemplo, algunas que
están muy adelantadas, como son la catalana y la vasca. Es un
servicio muy fácil, cuya instalación requiere poco costo, siempre que
se cuente con el personal y los medios.

Rechazo con todo cariño la afirmación de mi gran amigo don Carlos
diciendo que Madrid es una referencia. Nosotros tenemos una
indignación especial en estos días, porque la Comunidad de Madrid ha
embargado los fondos sanitarios de la Comunidad de Canarias. Para mí
no sirve esa referencia que usted habla, señor, porque se está
violentando un principio jurídico admitido en este país desde el
siglo pasado, que es la inembargabilidad de los fondos públicos.

Dejando eso a un lado, y que no admito la referencia de Madrid,
porque no ha sido ejemplar la actitud ni la actuación del consejero,
el que sea, de esta comunidad, yo apoyaría esta iniciativa si se
cambiase en su motivación y en su disposición, de tal forma que se
refiera a todas las comunidades de España, lo que no se recoge en su
redacción actual. Como no creo que vayan a admitir esta propuesta que
hago, pues nosotros no vamos a votar favorablemente.




El señor VICEPRESIDENTE (Mingo Zapatero): Por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: En primer lugar, tengo que decir
que nuestro grupo ha considerado muy seriamente la proposición objeto
de debate. Se dice en ella que se insta al Gobierno, en el marco de
colaboración entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio, a
que adopte las medidas precisas para ofertar el servicio de
fecundación in vitro en todos los grandes hospitales dependientes de
la misma.

Tengo que decirle al señor Sáenz Cosculluela que tal como está
planteado lo del servicio médico de fecundación in vitro, está mal,
porque son servicios de reproducción asistida humana, en los que no
se hace solamente fecundación in vitro, se realiza otra serie de
técnicas de reproducción asistida humana que no dependen de una
probeta, señor Cosculluela, en las que hay que implicar servicios de
ginecología, de obstetricia, de endocrinología, de genética humana,
de neurología. En los grandes hospitales no todos los servicios están
adaptados para aceptar, como prevé la ley, las técnicas de
reproducción asistida humana, que son múltiples. La de fecundación in
vitro es solamente una parte de las técnicas de reproducción asistida
humana, con lo que le digo que la probeta en muchos casos no hace
falta, y en algunos casos quizá tampoco haría falta la placa de
Petri. Por eso le digo que la proposición está mal planteada ya de
entrada, porque los servicios no son de técnicas de fecundación in
vitro, sino de técnicas, múltiples técnicas,
de reproducción asistida humana; entre ellas no olvidemos el gran
papel que tienen los servicios de endocrinología, los de neurología,
por ejemplo, para descartar posibles trastornos de la hipófisis, los
de genética humana, para despistar una serie de enfermedades
congénitas y de taras hereditarias que impiden la procreación normal;
servicios también de urología, para despistar una serie de
cuestiones, en las que inciden todos los servicios de técnicas de
reproducción asistida humana, y así se llama la legislación que en
este momento tenemos en España, la última y la más reciente, emanada
de dos decretos de marzo de 1996. Por lo tanto, en el contenido
inicial no se puede apartar la fecundación in vitro de la otra serie
de técnicas que implican muchísimos servicios en los grandes
hospitales. De ahí, señor Cosculluela, uno de los problemas. No es un
problema técnico, evidentemente, hoy un problema técnico no es ni la
fecundación in vitro ni cualquier otra técnica de reproducción
asistida humana que esté a disposición de los ciudadanos en cualquier
centro de España que pueda ofertarlo, pero sí es un problema técnico
en sí y de organización sanitaria muy claro, porque no en todos los
hospitales se puede ofertar esa coordinación de todos los servicios a
la vez -usted lo sabe, sus portavoces lo saben, y si no lo saben lo
deberían saber, que parte de ellos se establecieron en unos momentos
en los que el Partido Popular no tenía competencias-; por eso se
montan en unos hospitales y no en otros, simplemente por eso. No crea
usted que cualquier persona está en condiciones ni siquiera de
abordar la fecundación solamente in vitro; se necesita un personal
muy especializado. No vayamos aquí a creer que esto es cuestión
puramente mecánica, sino que se necesitan una serie de conocimientos
también de tipo citogenético para estudiar la mórula, para ver cómo
se está produciendo la proliferación celular en los primeros
estadíos, todo eso antes de llevar a cabo la implantación. Así que no
pensemos que es algo puramente técnico ni es tan sencillo.

En la actualidad es verdad que existen en España 114 centros de
reproducción asistida humana, y que hay 37 en Cataluña, 60 en el
resto de España, que son extrahospitalarios, y 15 de estos centros
son de titularidad pública. Por lo que respecta a los centros donde
se ofrecen servicios sanitarios, y vuelvo a insistir, de reproducción
asistida humana, su regulación, como le acabo de decir, aparece en el
decreto de creación de centros de reproducción asistida humana, que
usted parece desatender totalmente y que fue obra del anterior
Gobierno, concretamente en marzo de 1996, con un Gobierno en
funciones. Lo debieron considerar importantísimo, porque el decreto
no solamente regula centros, regula todo, pero casi todo menos los
centros. Por tanto, corresponde, creemos, a la Comunidad Autónoma de
Madrid informar, en su caso, y autorizar esos centros. Le voy a decir
por qué. En primer lugar, quien tiene el honor de dirigirse a usted,
y con todo el respeto, le dice que no ha podido encontrar ese
protocolo de coordinación firmado, que usted asegura que aparece en
una orden ministerial de 5 de febrero de 1995; ni en los archivos de
esta Cámara ni en el Boletín Oficial del Estado ni en los archivos
del departamento de documentación, al que yo lo he solicitado,
aparece ese convenio de colaboración. Yo creo que existe, pero se
debe haber traspapelado y yo no habré sabido encontrarlo, lo admito.

Sin embargo ese protocolo, que se



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plasma en una orden ministerial, no puede contravenir ni usurpar
competencias de las comunidades autónomas, porque esas competencias
emanan de la Constitución, están desarrolladas mediante normas que
tienen rango de ley, como es el caso de los Estatutos de autonomía, y
muy particularmente el caso de la Autonomía de Madrid. Por tanto,
creemos que no podemos aferrarnos a un protocolo que ya le he dicho
que no he podido encontrar -probablemente sea incompetencia por mi
parte el no haber podido hacerlo- y que el desarrollo de esa
competencia viene establecido por los decretos sobre centros de
fecundación in vitro -perdón, ya he caído yo también en el lapsus-,
de reprodución asistida humana, que están perfectamente regulados en
dos decretos, no solamente en uno, los centros y las funciones de los
centros y su regulación. Además, ¿por qué en la Comunidad Autónoma de
Madrid y en otras no? En la comunidad andaluza tenemos el mismísimo
problema, tenemos el gran problema también en la comunidad andaluza
para que se implante en grandes centros hospitalarios. Me parece que
esto viene a ser una disfunción más que sufrimos algunas comunidades
autónomas, que seguimos estando a pesar de muchas gestiones muy
deficientes en algunas cosas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



Señor Cosculluela, si fuera razón política al término de la
legislatura, a una proposición no de ley se le diría chapó
y adelante, pero no estamos por engañar al electorado. Recientemente
algunas comunidades autónomas se han planteado que puede acceder a
las técnicas para cambiar de sexo quien lo desee, y en la comunidad
andaluza ahora mismo tenemos lo siguiente, que enarboló esa bandera y
ahora mismo no hay quien practique el cambio de sexo, excepto en un
centro, y en algunas situaciones especiales, con lo cual ya tenemos
algunos de los problemas, y con relación a un determinado sexo, no al
otro, con lo cual también estamos teniendo otros problemas de
discriminación que podrían ya atentar hasta a los derechos de la
mujer. Se lo digo a título de anécdota. Sería muy fácil hacerlo, pero
hay que hablar con rigor. En este momento sabemos que muy cercano a
la Comunidad Autónoma de Madrid, adonde venía gente desplazada para
solicitar los servicios de técnicas de reproducción asistida humana,
se ha establecido el servicio -está en trámite y en formación y
estará funcionando ya, creo- en el complejo hospitalario de Toledo.

Por último, el abordaje de la ampliación de la cartera de servicios
de un centro debe realizarse respondiendo a un estudio riguroso de
planificación, porque, ya le digo, no se puede decir solamente la
fecundación in vitro, sino que concomitantemente hay que implicar a
servicios de ginecología, de obstetricia, de endocrino, de urología,
de reproducción asistida, de genética humana, de consejo genético,
que es también otro servicio, que no depende solamente muchas veces
de la genética humana. No estaré yo en ningún momento a favor de las
listas de espera, pero en muchos de estos temas también sabemos
quienes trabajamos directamente en relación con esas técnicas -tan
directamente como en uno de los servicios implicados, pioneros
durante muchos años en la sanidad pública española-, señor
Cosculluela, que cuando se inician los trámites, para las consultas
muchos de los casos no llegan nunca a la
fecundación in vitro, porque el tratamiento de un adenoma de
hipófisis, o el tratamiento de una disfunción endocrina, o el
tratamiento de una disfunción neurológica, llega un momento en que se
soluciona el asunto y no hace falta ni llegar a la reproducción
asistida humana, sino que es una cuestión médica muy anterior y que
no da lugar a la fecundación in vitro ni a ninguna otra técnica de
reproducción asistida humana.

Por todo ello, señor Cosculluela, le digo que usted debería haber
planteado técnicamente centros de reproducción asistida humana, y
también valorar que no se trata solamente de un médico, de un
citogenetista y de un ginecólogo, sino que se implican multitud de
servicios. Yo lo lamento, lo comprendo y se lo disculpo, porque usted
no es del sector, pero cualquier persona que estemos relacionada
científicamente con el asunto sabemos que ni son centros de
fecundación in vitro ni son solamente la fecundación in vitro, que es
solamente un aspecto y muy pequeño de las técnicas de reproducción
asistida humana. Por todo ello, señor Cosculluela, nosotros no vamos
a apoyar la proposición. (El señor Sáenz Cosculluela pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz de Cosculluela, ¿para qué me
solicita la palabra?



El señor SÁENZ COSCULLUELA: Solicito un turno de réplica y de paso
-un minuto, no necesito más- para contestar lo que me ha parecido una
tácita alusión. ¿Le explico en qué consiste la alusión, señor
presidente? Se ha hablado de engaño al electorado por presentar poco
antes de las elecciones esta proposición, y al menos eso deseo
responderlo, al menos eso.




El señor PRESIDENTE: Alusiones no ha habido, turno de réplica no
existe. Luego no entiendo...




El señor SÁENZ DE COSCULLUELA: Señor presidente, teóricamente existe
turno de réplica en las proposiciones no de ley; otra cosa es que la
práctica de la Comisión las excluya por estar cargado el orden del
día, pero, desde luego, reglamentariamente, yo tengo derecho a
replicar.




El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto para alguna rectificación.




El señor SÁENZ DE COSCULLUELA: No necesito más, señor presidente.

Soy diputado por Madrid y ésa es la razón de plantear la cuestión que
debatimos. No soy médico, soy jurista, pero el hecho de no ser médico
no implica que se me considere tonto. Tantos requisitos médicos para
exigir dotar técnicamente la proposición, se contestan fácilmente:
esos requisitos, dieciocho veces más en el País Vasco, y, en la
privada, esos requisitos existen, sólo que pagando 600.000 pesetas.

Señoría, no me venga con excusas técnicas, porque esto no tiene
fundamento. En la privada por 600.000 pesetas lo hacen, en la pública
por lo visto hay que tener hasta citogenicistas.




Déjeme decirle tres cosas más. Ustedes dicen que no, pero ustedes lo
dicen porque actúan hipócritamente en la política. Ustedes están
favoreciendo la acción privada.




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Ustedes desprecian a los débiles, que tienen que ahorrar cinco años
para ir a la medicina privada a buscar la reproducción artificial. Y
ustedes, además, desprecian la norma jurídica, porque este Parlamento
tiene derecho a instar al Gobierno, les guste a ustedes o no les
guste. (La señora Fernández de Capel Baños pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, comprendo que el
señor Sáenz de Cosculluela ha reabierto el debate. Tiene la palabra
por el tiempo más breve posible.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: En ningún momento he querido
herir la susceptibilidad del señor Cosculluela, ni mucho menos, ni ha
sido mi intención. Simplemente le he dicho que había una confusión en
el planteamiento, que la fecundación in vitro era solamente una parte
de las técnicas de reproducción asistida humana. Le he dicho que
sería muy fácil para nosotros tener una actitud de decir pues venga,
muy bien, con un Gobierno que está con unas Cortes que practicamente
se están disolviendo, ante una proposición no de ley que difícilmente
va a instar ni a coaccionar a ningún ministerio a una cuestión de
ésas. Simplemente, señor Cosculluela, yo lamento muchísimo que sus
asesores técnicos no le hayan explicado que esto es solamente una
parte y que para llegar al in vitro hay que pasar por otras. (La
señora Amador Millán pronuncia palabras que no se perciben.) Sí,
señora exministra, por favor, usted lo sabe, y si no lo sabe lo
debería saber.




-RELATIVA AL PROBLEMA QUE ESTÁ CAUSANDO LA ANOREXIA EN NUESTRA
SOCIEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001574)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la presentación y debate de la
proposición no de ley relativa al problema que está causando la
anorexia en nuestra sociedad, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la
señora Varela Vázquez.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, todos sabemos que hace escasos
días ha culminado sus trabajos en la Cámara Alta la ponencia sobre
los condicionantes extrasanitarios de la anorexia y la bulimia. Con
el fin de paliar los efectos que causan sobre las personas, y en
especial sobre los jóvenes, los trastornos de la alimentación, y
sobre todo para evitar que dichos trastornos se extiendan en nuestra
sociedad, los senadores y senadoras en las conclusiones de su trabajo
solicitan un gran pacto social, pacto en el que SS.SS. entienden que
deberían verse implicados cinco ministerios: Educación y Cultura,
Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda y
Fomento. En este pacto sería exigible el compromiso firme de todos
los sectores implicados ante esta problemática y que podrían asumir
garantizar medidas eficaces en diversos aspectos, tanto de prevención
como de ayuda, como, por ejemplo, el tema del tallaje en las prendas
de confección, moda y publicidad, dietas, educación, ayuda a las
familias, deporte y danza, etcétera. Los ministerios y los sectores
implicados en este pacto podrían de igual manera mejorar las
reglamentaciones aplicables y podrían asimismo crear un observatorio
nacional de consultas y denuncias.




Todos sabemos, señorías, que el trabajo realizado durante ocho meses
en el Senado, en la ponencia sobre la anorexia y la bulimia, es
importante, y es importante ya no sólo por el trabajo que han
realizado en ella los senadores y senadoras que la conformaron, sino
que además y muy importante es el hecho de que nos han ayudado a
esclarecer las causas de la mencionada enfermedad y nos han hecho ver
y, por tanto, nos han hecho tomar conciencia de la necesidad de
realizar un esfuerzo colectivo, tanto por parte de la sociedad en
general como de la Administración en particular, con el fin de
aportar la máxima ayuda posible a las personas que sufren los
trastornos de la alimentación de la anorexia o la bulimia. También, y
sin escatimar un ápice de valor a las conclusiones de la ponencia
desarrollada en el Senado, hay que añadir que las recomendaciones de
dichas conclusiones son meramente socio-culturales.

Ahora bien, el Grupo Socialista es consciente de que los problemas
causados por las denominadas anorexia y bulimia requierem muchas
soluciones, muchas más, por supuesto, que las meramente socio-
culturales; y ya que estas enfermedades registran un considerable
aumento en número de afectados, causan gran alarma entre la
población, suponen un importante problema de salud y plantean una
situación preocupante en determinados sectores sociales, es por lo
que ha decidido presentar esta proposición no de ley que se debate en
este momento en la Comisión de Sanidad y Consumo.

Quiero continuar mi intervención recordando a SS.SS. que en la
Comisión de Sanidad y Consumo celebrada el 5 de febrero de 1997 se
aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a poner en
marcha medidas de coordinación entre los profesionales sanitarios en
los diferentes niveles de atención primaria, centros de salud y
hospitales, así como la elaboración de un protocolo de atención
terapéutica sobre los trastornos alimentarios. Recuerden también SS.

SS. que el día 1 de diciembre de 1998 se aprobó en el Senado una
moción mediante la cual se instaba al Gobierno a poner en
funcionamiento en el ámbito del Insalud un programa específico de
atención y tratamiento que incluyera un protocolo de actuación, con
el fin de conseguir un tratamiento integral de los enfermos y
enfermas afectados por la anorexia y la bulimia.

Señorías, no me negarán ustedes que en este tema se ha hecho hasta
hora muy poco. Se han puesto en marcha muy pocas medidas que incidan
en el tratamiento sanitario de estas enfermedades, ya que la sanidad
pública aún no está preparada para tratar de una forma específica y
multidisciplinar el problema de la anorexia. En los centros
sanitarios a esos pacientes se les hospitaliza, en el mejor de los
casos, en la sección de psiquiatría, o se les deja en los pasillos,
pero una vez que los niños y niñas pasan del pediatra al médico
general, las familias comienzan con estos enfermos un largo
peregrinaje que nunca se sabe dónde podrá acabar, y sólo se ingresa a
los pacientes cuando éstos se encuentran en estado crítico. Esto
quiere decir que una vez dados de



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alta sabemos que no se les somete al adecuado seguimiento
psicológico.

Hay que poner, señorías, de manifiesto lo que les preocupa a las
asociaciones de padres de anoréxicos. Ellos manifiestan el temor de
que el pacto social propuesto por la Comisión de Educación y Cultura
del Senado para luchar contra esta enfermedad se convierta en un
simple catálogo de buenas intenciones y solicitan que se destinen más
recursos para mejorar la atención y el seguimiento sanitario de los
pacientes. No debemos olvidar la enorme cantidad de enfermos y
enfermas afectados por los trastornos de la alimentación. En estos
momentos, desde el punto de vista de la atención sanitaria, nos
encontramos literalmente en pañales. Por eso, porque la atención
sanitaria en nuestro país está en pañales, debemos dedicar más
recursos a mejorar la atención sanitaria en el aspecto que hoy nos
ocupa. Mientras tanto, no podemos dejar de trabajar para lograr
conseguir, si es que existe, la fórmula clave para que todas las
medidas de prevención sobre esta enfermedad sean lo más efectivas
posibles. Hay que reconocer que en nuestro país existen pocos
profesionales especializados y especializadas en el tratamiento de la
anorexia y la bulimia y que en los centros donde los hay, cuentan con
escasísimos medios para poder realizar un tratamiento efectivo.

Hace dos años ha sido aprobada en esta Comisión la puesta en marcha
de un protocolo de actuación sobre los trastornos alimenticios. Pues
bien, después del tiempo transcurrido, el Gobierno no ha elaborado el
citado protocolo, ni siquiera se ha dignado difundir el protocolo que
el Insalud elaboró en el año 1995 sobre esta materia.

Sus señorías comprenderán que por todas estas razones expuestas creo
oportuno solicitar de todos los grupos parlamentarios el voto
favorable a la proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista, voto favorable para que en el ámbito de gestión del
Insalud se apruebe un programa específico de atención y tratamiento
para los enfermos y enfermas de los trastornos de la alimentación
conocidos como anorexia y bulimia y para que se promuevan, en el seno
del Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud, criterios
de coordinación con las políticas sanitarias de todas las comunidades
autónomas en este campo específico.




Pido el voto favorable, y ya termino, para que, independientemente de
toda la prevención que se pueda realizar sobre esta determinada
enfermedad, una vez que nuestros jóvenes y no tan jóvenes la
padezcan, una vez que ya tienen encima, la enfermedad puedan contar
con una asistencia sanitaria que sea capaz de resolver el tremendo
problema que tienen sobre su cuerpo y sobre su mente.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Reglamentariamente, lo preceptivo es que defienda la enmienda el
Grupo Popular, para lo cual tiene la palabra la señora Sánchez
García.




La señora SÁNCHEZ GARCÍA: En este turno de intervención para la
defensa de las enmiendas me gustaría al mismo tiempo defender la
postura que el Grupo Popular tiene en relación con esta propuesta del
Grupo Socialista.

Una vez más nos encontramos debatiendo un tema que nos preocupa. Creo
que es una preocupación, independientemente de la ideología política,
de todos los grupos que estamos representados en esta Cámara, y por
ello ha ocupado muchas de las iniciativas que en el Congreso y en el
Senado se han presentado, sobre todo hay que añadir y hay que
puntualizar que en esta legislatura.

Hace tan sólo cinco días el Senado ha dado a conocer sus conclusiones
en la ponencia sobre la anorexia a la que ha hecho referencia la
portavoz del PSOE que me ha precedido en el uso de la palabra. Esto
ha sido como consecuencia de una moción que el Grupo Popular presentó
el pasado mes de marzo y durante el debate en dicha ponencia se ha
contado con la presencia de personas e instituciones que permiten
analizar en profundidad ambas enfermedades, con el deterioro que esto
produce.

Quizás hace unos años, tan sólo muy pocos años, se podía pensar que
estos trastornos alimenticios eran algo trivial. Afortunadamente, hoy
todos somos conscientes de que es una enfermedad que se escapa del
ámbito privado y familiar y que está repercutiendo en el entorno de
la familia que lo padece, porque altera las relaciones afectivas,
laborales y de estudios. Por ello, como digo, nos afecta a toda la
sociedad en su conjunto. Éste no es un problema nuevo. Esto, como he
dicho, lo venimos padeciendo hace años, pero, a pesar de ello, ni
aquí ni en la otra Cámara se han tomado medidas o se han propuesto
iniciativas que dieran soluciones a esta demanda. Ha sido, pues, el
Gobierno del Partido Popular el que ha dado una respuesta ágil a
todos estos menesteres desde el año 1997, con un programa de acciones
a través de los diferentes ministerios, como es el de Educación y
Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales y obviamente, como no podía ser
de otro modo, el de Sanidad y Consumo. Todo ello en coordinación y
colaboración con las comunidades autónomas y los diferentes
municipios, intentando con ello erradicar y prevenir una lacra que
afecta a chicos y chicas en edades comprendidas entre los diez y
veinticinco años y que padecen en mayor proporción las mujeres.

Saben SS.SS. que el día 26 de marzo se formó una mesa con diferentes
sectores que quizá, hay que decirlo, nunca hubieran coincidido,
puesto que todos sabemos que son varias las causas que desencadenan
estas enfermedades. Gracias a la sensibilidad de estos sectores y al
buen trabajo, todo hay que decirlo y reconocerlo, de los medios de
comunicación, que han cubierto ampliamente y de forma rigurosa todo
lo relacionado con esta materia, se han llevado iniciativas al
Parlamento. Yo tengo que decir que en esa mesa sectorial, aquí se
habla de padres y se habla de diferentes colectivos, está el Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos, la Asociación de Agencias de
Modelos de España, la Asociación de Agencias de Publicidad, la
Asociación de Autocontrol de la Publicidad, la Federación de
Empresarios de la Confección, la Asociación de Consumidores y
Usuarios de España, el Instituto Nacional de la Juventud, el
Ministerio de Educación y Cultura y, como he dicho, el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

Señorías, parece obvio, a la vista de lo anteriormente expuesto, que
el Gobierno está yendo por el camino adecuado y, en definitiva, se
está realizando ya lo que esta proposición no de ley hoy viene a
pedir. Por ello el Grupo



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Popular presenta una enmienda de modificación a esta iniciativa,
única y exclusivamente en aras al consenso, un consenso que deseamos
haya entre todos los grupos, como ha habido en las diferentes
iniciativas que en ésta y en otras comisiones de esta Cámara se han
presentado. Y paso a explicar el porqué de la enmienda.

El grupo que ha presentado la iniciativa, pide en el primer párrafo
de esa propuesta un programa específico de tratamiento para estos
enfermos. Les tenemos que recordar que dentro del ámbito Insalud ya
se está ofreciendo un tratamiento integral para estas patologías, en
el que inicialmente se aborda la edad y, dependiendo de eso, a través
de los pediatras, de los médicos de familia, de los especialistas en
endocrinología y nutrición, de los psiquiatras o psicólogos, tienen
las medidas paliativas adecuadas, y cuando éstos lo consideran como
mayor gravedad, pasan al internamiento en centros sanitarios con un
tratamiento multidisciplinar, lo que quiere decir que todos los
especialistas que he dicho anteriormente estarían involucrados en ese
diagnóstico.




Dicho esto, hay que reseñar que el Insalud no es partidario de crear
unidades específicas para ninguna patología, incluyendo la anorexia y
la bulimia. Lo lógico es abordarlo de la manera que he dicho y que
quienes requieran asistencia para aquellos complejos procesos sean
ingresados, teniendo actualmente unas actuaciones en los centros que
abordan y resuelven los casos presentados, potenciándose los
dispositivos de hospitalización y los hospitales psiquiátricos de
día, que disponen de programas específicos para este tipo de
trastornos. Quiero decir, en contra de lo que dice la portavoz del
Grupo Socialista, que hay medios y hay muy buenos profesionales que
están dando respuesta a la demanda que la sociedad pide en el tema
sanitario.

En cuanto al segundo párrafo, creemos que debe ir coordinado y en
consonancia con el dictamen de ponencia que sobre el estudio de los
condicionantes extrasanitarios de la anorexia y de la bulimia, como
he dicho anteriormente, ha sido concluido el día 25 del mes pasado.

Además, se deben valorar las conclusiones que llegan a la mesa
sectorial, que fue, como he dicho también anteriormente, creada el 26
de marzo, y que se dan trimestralmente. Si esto se ha iniciado en
marzo y estamos en noviembre, quiere decir que han tenido dos veces
para reunirse y para dar las conclusiones. Tengo que decir que esta
mesa sectorial está en el seno de la Dirección General de Salud
Pública.

Por todo ello, señorías, esperamos la aceptación de estas enmiendas
por el grupo proponente, puesto que estarán ustedes de acuerdo
conmigo en que no podemos instar a que el Gobierno haga algo que ya
está haciendo, que a nuestro juicio están siendo adecuadas todas las
medidas que se están tomando al respecto para paliar y tratar de
erradicar esta enfermedad que, como todos sabemos y no vamos a poner
otra vez de manifiesto, se ceba principalmente en nuestra juventud.

A mí me gustaría, puesto que se ha hecho un esfuerzo, que se tuvieran
en cuenta las enmiendas que hemos presentado y que estamos dispuestos
a valorar con la transaccional que a su vez va a presentar el Grupo
Catalán (Convergència i Unió). Si no fuera así, tendríamos que votar
en contra de una iniciativa que, por primera vez y tratándose
de este tema, no contaría con el consenso de todos los grupos de esta
Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: La proposición no de ley que nos ocupa
reitera otra vez en el seno de esta Comisión la preocupación de sus
miembros por estas enfermedades de tanta incidencia en la juventud y
adolescencia actual.

Señorías, saben sobradamente que esta diputada y su grupo
parlamentario, al que representa, es especialmente sensible ante esta
problemática, y que este especial interés me hace ser muy cuidadosa y
prudente en las decisiones.

El día 10 de marzo de 1997, en el seno de esta Comisión se aprobó una
proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a procurar
las medidas terapéuticas y preventivas destinadas a afrontar dentro
del Sistema Nacional de Salud la reciente problemática de estas
enfermedades de anorexia y bulimia. Desde esta fecha, y dentro de
esta legislatura, hemos dado nuestra aprobación a varias iniciativas
parlamentarias con demandas muy concretas, avaladas por un consenso
de todos los grupos parlamentarios.

El pasado 28 de septiembre compareció en esta Comisión don Enrique
Castellón en calidad de subsecretario del Ministerio de Sanidad, para
informar sobre estas medidas adoptadas en la mesa sectorial sobre los
trastornos de la alimentación, reunida el 26 de marzo de 1999, así
como para dar cuenta del cumplimiento y ejecución de las
proposiciones no de ley aprobadas por esta Comisión.

En esta comparecencia mi grupo ya expresó su posición, con la
percepción de que ya se están tomando medidas concretas para paliar y
prevenir los efectos de esas enfermedades. Señorías, señor
presidente, como ustedes comprenderán el Grupo Parlamentario Catalán
desearía que esta terrible enfermedad, que están padeciendo cientos
de jóvenes y sufriéndola muchísimos familiares, tuviera la prevención
y los tratamientos resueltos con criterios eficaces y de eficiencia.

Pero, señorías, no por mucho madrugar amanece más temprano. No
podemos instar al Gobierno a que apruebe un programa específico de
atención y tratamiento para los enfermos de anorexia y bulimia, que
afecte a los distintos niveles sanitarios y que tenga por finalidad
una atención sanitaria integral, cuando ya se están elaborando, en
colaboración con las comunidades autónomas y en el seno del Consejo
Interterritorial, los criterios que deben seguir para dar respuesta a
los profesionales afectados, familiares y asociaciones y a la
sociedad en su conjunto, a través de un protocolo de atención que va
a sustituir el que ya existe desde 1995.

Es cierto que desde el compromiso político y social de mi grupo
parlamentario, y con razón nuestro trabajo realizado desde la
Comunidad Autónoma de Cataluña en el tratamiento de esas enfermedades
es pionero como ustedes conocen, deseamos que todo el tema de
prevención y tratamiento de anorexia y bulimia avance. También
quisiera recordar a SS.SS., tal como ya lo ha explicitado mi
compañero del Grupo Popular, que hace pocos días han sido



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publicadas las conclusiones de una ponencia de estudio en el Senado
sobre esta temática.

Señorías, esta Comisión se ha caracterizado siempre, en relación con
esas enfermedades, la anorexia y la bulimia, por una voluntad de
trabajo, de solidaridad y compromiso con todas y todos los afectados
y sus familiares. Por este motivo, y en aras de un consenso que
continuamos deseando y por el que trabajaremos para que ello se
cumpla, quisiéramos presentar una transaccional a la propuesta del
Grupo Socialista y a la enmienda del Partido Popular, que iría en
este sentido.

El punto primero de la propuesta del Grupo Socialista quedaría de
esta manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
continúe elaborando, en el ámbito de gestión del Insalud, un programa
específico de atención y tratamiento para los enfermos de anorexia y
bulimia, que afecte a los distintos niveles sanitarios y tenga por
finalidad una atención sanitaria integral de estos enfermos. Este
programa específico deberá contemplar, entre otras medidas, acciones
encaminadas a la detección precoz de dichos trastornos, programas
formativos del personal sanitario y asistencial, creación de plazas
en hospitales de día, ampliación de camas en los hospitales, medidas
de coordinación entre los diferentes servicios que atienden a estos
enfermos, etcétera, así como agilizar el protocolo de actuación de
los trastornos de comportamiento alimentario.

La enmienda del Grupo Popular presenta un punto dos. Mi grupo
propondría, dado que en Cataluña ya tenemos una comisión
intersectorial que está trabajando desde el año 1998 en estos temas,
compuesta por la la Dirección Nacional de Juventud, Sanidad,
Educación, Trabajo y Política Social y Justicia, que se cambiara por
este punto dos que nosotros proponemos: Promover la inclusión de la
anorexia y de la bulimia en los planes de salud de aquellas
comunidades autónomas en que no estuviera, en conjunto con el
Ministerio de Sanidad y Consumo, así como tomar en consideración
estos problemas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

Además propondríamos un tercer punto que viene avalado por otro que
aprobamos el 23 de abril de 1999 en esta misma Comisión, que diría:
Que se remita a la Comisión de Sanidad y Consumo, por parte del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el estudio
sobre el fondo de financiación de las prestaciones sanitarias en
relación con la anorexia y la bulimia, según el texto aprobado en
esta Comisión el día 23 de abril de 1999.

Señorías, presentamos esta transaccional con el ánimo de que se sumen
todos los grupos parlamentarios, de que sea otra vez una aprobación
de consenso de esta Comisión y que sea en bien y beneficio de tantas
adolescentes y tantas madres que están sufriendo esta terrible
enfermedad de la anorexia y la bulimia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Nos encontramos en una situación en la
que tanto la anorexia como la bulimia son enfermedades que en estos
últimos tiempos están dando mucho que hablar. Han existido varias
iniciativas parlamentarias de cara a esta problemática. Ya se ha
citado cómo la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aprobó el
25 de febrero una proposición no de ley instando al Gobierno a poner
en marcha medidas de coordinación de los profesionales en los
diferentes niveles de atención primaria, centros de salud y
hospitales, y a la elaboración de un protocolo de actuación
terapéutica sobre los trastornos alimentarios. También el Senado
aprobó una moción instando al Gobierno a poner en funcionamiento en
el ámbito del Insalud un programa específico de atención
y tratamiento.

Realmente, nuestro grupo entiende que hasta ahora en el ámbito del
Insalud se ha hecho relativamente poco en este sentido. En efecto,
como ha citado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se reunió
una comisión sectorial convocada por el Ministerio de Sanidad, pero
hasta este momento se han adoptado más medidas preventivas en el
ámbito social que en el ámbito sanitario.

En concreto, ya entrando en la proposición no de ley y en las
enmiendas presentadas, entendemos que la enmienda que ha presentado
el Grupo Popular es bastante incompleta y difumina en algún sentido
el contenido de la proposición no de ley. El hecho, por ejemplo, de
que en el segundo punto se hable de tomar en consideración estos
problemas en seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud es señal de que realmente hasta este momento no se ha tenido
excesivamente en cuenta esta problemática en este Consejo
Interterritorial. Por eso insisto en que tenemos la impresión de que
ha habido medidas más de carácter social que de carácter sanitario,
en cuanto a la asistencia sanitaria, y sobre todo, como se indica
también en el primer punto de la enmienda del Grupo Popular, de
abordarlo de una manera multidisciplinar.

Cara al consenso, nos parece correcta la propuesta que presenta el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la aceptaríamos. Pero, caso de
que no sea aceptada por el grupo proponente, finalizo diciendo que
apoyaríamos la proposición no de ley del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o rechazo de la enmienda
presentada por el Grupo Popular y, en su caso, también de la
transaccional, tiene la palabra para exclusivamente la aceptación o
rechazo. Pretendo que no reabra el debate la señora Varela. Tiene la
palabra.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Simplemente voy a utilizar el turno de
réplica. No entro en réplica.

Tengo que decir que el Gobierno en este tema es todo castañuelas y
farándula, todo traca valenciana, meros fuegos artificiales, pero
detrás no hay absolutamente nada. Nosotros no hablamos de prevención,
sino de actuación, y ese verbo parece no entenderlo ni el Gobierno ni
la portavoz del PP. Por supuesto que ha habido consenso hasta ahora
en las iniciativas, pero, dado que el Gobierno desoye este consenso y
se afeita para arriba, no vamos a aceptar las enmiendas.

Las asociaciones de afectados están denunciando que la mesa sectorial
lo que hace son propuestas, pero que no hay fruto, no están viendo
fruto, y esto no me lo invento yo. Lo están denunciando en el Senado.




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El señor PRESIDENTE: Señora Varela, el turno este es exclusivamente
para que acepte o rechace las enmiendas presentadas, nada más.




El señor VILLALÓN RICO: En el Consejo están todos los consejeros
autónomos.




El señor PRESIDENTE: Señor Villalón, no tiene la palabra. Señora
Varela.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Estoy dando las razones, termino en un
segundito.

Pido que el Gobierno no se escude en la mesa sectorial, porque lo que
tiene que hacer es poner en marcha desde Sanidad los mecanismos
necesarios para dar tratamiento a este problema, y por estas razones
no aceptamos las enmiendas.




- RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y A
LA AGILIZACIÓN DEL PAGO DE INDEMNIZACIONES A LAS PERSONAS AFECTADAS
POR EL SÍNDROME DEL ACEITE TÓXICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
001727.)



El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de
ley, esta Presidencia tiene información de una propuesta que quiere
hacer el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación a
la última proposición no de ley, para lo cual doy la palabra con
brevedad a la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTÍN: Efectivamente, quiero comunicar a la
Comisión, para que así conste en el «Diario de Sesiones», que de
acuerdo con la totalidad de los grupos parlamentarios presentes en la
Comisión, y en aras a conseguir el objetivo que la proposición no de
ley plantea, que es que se resuelva definitivamente la situación de
un colectivo con el cual esta Comisión de Sanidad en su conjunto y
por unanimidad, a raíz de los trabajos de la subcomisión, tiene un
compromiso pendiente de cumplir, dejando constancia también de que el
Partido Popular me ha transmitido la solicitud de plazo para permitir
resolver definitivamente el problema, que solamente se puede resolver
cambiando la ley, el real decreto, porque para eso es una Cámara
legislativa, y estableciendo en los presupuestos para el año 2000 la
dotación presupuestaria correspondiente, en este momento, pospongo a
la próxima y última reunión de la Comisión de Sanidad el debate de la
proposición no de ley, en la confianza, que espero no sea defraudada,
de que este aplazamiento, que ya continúa, sucede a otro anterior,
culmine realmente con la solución del problema, que es el objetivo
que ha movido a este grupo parlamentario a presentar la proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: Someto a la Comisión, con arreglo al artículo
68, sacar del orden del día la proposición no de ley a la que se ha
referido la señora Maestro, posponiéndola,
y adquiriendo la Comisión el compromiso de que en la
primera reunión de la Comisión se debatirá esta proposición no de
ley. ¿Lo aprobamos? (Pausa.) Entiendo que por asentimiento es
aceptado.

Como SS.SS. aprecian, el orden del día se había confeccionado con
arreglo al debate de cinco proposiciones no de ley. El tiempo nos
permite, por error de cálculo, tener un receso de media hora, porque
hemos avisado al inicio de la Comisión que las votaciones serían a
las doce. Además el siguiente compareciente, el presidente nacional
del Insalud estaba citado también a esa hora.

Suspendemos la Comisión hasta las doce, y pido a los miembros de la
Mesa y Portavoces, si no tienen inconveniente, que celebremos ahora
reunión de Mesa y Portavoces, con el objeto de confeccionar el orden
del día de la semana del 15, puesto que en la semana del 7 no hay
Pleno. ¿De acuerdo? (Asentimientos.) Muchas gracias.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego ocupen sus escaños, vamos a
proceder a la votación.

Sometemos a votación, en primer lugar, la proposición no de ley sobre
medidas precisas para ampliar la oferta del servicio médico de
fecundación in vitro a todos los grandes hospitales dependientes de
la Comunidad Autónoma de Madrid.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación relativa al desarrollo de programas socio-sanitarios
dirigidos a las personas con discapacidades y otras dolencias que
requieran atenciones preventivas o paliativas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley relativa
al problema que está causando la anorexia en nuestra sociedad.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD (NÚÑEZ FEIJÓO) PARA INFORMARSOBRE LAACTITUD DE LOS
FACULTATIVOS



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DEL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL QUE HAN CONDICIONADO LA POSIBILIDAD DE UN
TRASPLANTE CARDÍACO AL CIUDADANO SAHARAUI ABDELHAK CHAIB MOHAMED
A UNA MEJORA DE SU SITUACIÓN SOCIO-LABORAL, Y PARA EXPLICAR LOS
CRITERIOS QUE SE VALORAN PARALAREALIZACIÓN DE TRASPLANTES O PARA
CUALQUIER TRATAMIENTO, Y SI ENTRE ELLOS SE CONSIDERALASITUACIÓN
SOCIO-LABORAL DEL PRESUNTO RECEPTOR. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/
002388.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, siguiendo el orden del día, damos la
bienvenida al presidente ejecutivo del Insalud, don Alberto Núñez
Feijóo, que comparece a petición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida para informar sobre la actitud de los facultativos
del Hospital Ramón y Cajal, que han condicionado la posibilidad de un
trasplante cardiaco al ciudadano saharaui Abdelhak Chaib Mohamed a
una mejora de su situación sociolaboral, y para explicar los
criterios que valoran para la realización de trasplantes o para
cualquier tratamiento, y si entre ellos se considera la situación
sociolaboral del presunto receptor.

Sin más preámbulos, le damos la palabra al señor Núñez Feijóo.




El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(Núñez Feijóo): Señorías, en primer lugar creo que procede hacer una
referencia a los criterios generales que se siguen habitualmente en
el desarrollo de la actividad trasplantadora en el Sistema Nacional
de Salud para, posteriormente, centrarme en el caso concreto a que se
refiere la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.

El trasplante de órganos y tejidos es hoy una práctica médica
habitual en nuestros hospitales, porque resulta innegable su
utilidad, no sólo clínica sino también social. Desde el punto de
vista legislativo, en nuestro país tenemos tres disposiciones, una
con rango de ley y dos con rango de real decreto, que regulan este
tipo de actuaciones médicas. La Ley es la 30/1979, de 27 de octubre,
en la que se regula, como digo, la extracción y el trasplante de
órganos. Esta ley está desarrollada por un real decreto de febrero de
1980 y también otro real decreto de 1996, en el que se regulan
actividades relativas a la utilización de tejidos humanos.

La legislación española, tanto la ley referida como los dos reales
decretos, establece cuatro principios en esta actuación sanitaria: el
principio de la gratuidad; el principio de la legitimidad, en el
entendimiento de que solamente se podrá realizar este tipo de
actuaciones médicas en centros donde previamente estén acreditados
para realizar los implantes de órganos, así como las extracciones; el
principio de los requisitos que debe cumplir el donante y los
requisitos que debe cumplir el receptor. También en esta legislación
se concreta la exigencia legal de mantener la confidencialidad, así
como la necesidad de desarrollar un organismo coordinador que
colabore con otras entidades internacionales.

Con la legislación vigente en esta materia se puede ya contestar en
parte a la cuestión concretada por S.S., y es que los criterios que
se valoran para la realización de trasplantes están regulados por
disposiciones legales y solamente son criterios de carácter clínico o
terapéutico. Una vez que la legislación concreta los criterios,
¿cuáles son, pues, los requisitos de carácter clínico o terapéutico
para la realización de trasplantes? He de decirles que estos
criterios están consensuados entre los diferentes equipos
oficialmente autorizados, y estos documentos se revisan anualmente,
ampliándose los criterios dependiendo de los resultados y la
experiencia acumulada.

En el caso de trasplantes de órganos sólidos, es decir, corazón,
hígado, pulmón, riñón, la indicación del trasplante se realiza cuando
hay un fallo definitivo e irreversible de la función del órgano en
cuestión. Cuando esto ocurre, es remitido a un centro debidamente
autorizado para que sea realizada esta terapéutica, llevándose a cabo
en el mismo un exhaustivo examen clínico del posible candidato.

Este examen clínico del posible candidato pretende dos objetivos. El
primero es establecer la disfunción irreversible del órgano a
trasplantar, y por lo tanto que el momento de indicación es el
adecuado. El segundo se refiere a la actualización de la situación
clínica general del receptor, constatando que no existe una
contraindicación absoluta o temporal para la realización del
trasplante. ¿Qué se entiende por contraindicación absoluta o
temporal? Por contraindicación absoluta se entiende que ocurre cuando
en el paciente subsisten patologías generalizadas e irreversibles que
van a condicionar la vida del paciente. De hecho, sólo una parte de
los pacientes que presentan un fallo orgánico terminal son
considerados candidatos a trasplantes. Por darles una cifra, de los
más de 7.000 pacientes que cada año fallecen en España por una
insuficiencia hepática terminal, el trasplante está indicado en
aproximadamente el 15 por ciento tan solo. ¿Cuáles son las
contraindicaciones temporales? Se refieren a contraindicaciones
debidas a una determinada situación clínica que se mantiene hasta que
el problema se resuelve. El caso más típico sería el de una infección
activa.

Una vez hecho el examen clínico y observado que no existen problemas
o contraindicaciones absolutos o temporales, automáticamente el
paciente es considerado candidato al trasplante, es incluido en la
lista de espera nacional o local, en función de la clase de
trasplante que sea, se produce la comunicación de un posible donante
y toda la organización le corresponde a la Organización Nacional de
Trasplante en cuanto a la coordinación del órgano y en cuanto a la
coordinación de la extracción, y se aplican con rigurosidad los
criterios de distribución, que se consensuan anualmente con los
equipos de trasplantes y los representantes de las administraciones
de las comunidades autónomas. Todos los dispositivos de alarmas de
trasplantes quedan registrados y archivados y a disposición del
Comité de Transparencia de la Comisión de trasplantes, que tiene
capacidad para auditar estos registros en cualquier momento. Tanto
los criterios de indicación como los protocolos de evaluación de los
pacientes se publican como documentos de consenso técnico de los
equipos de trasplantes.

Llegados a este punto, también podemos ya aventurar parte de la
contestación a S.S., y es que en ningún caso aparecen



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consideraciones extramédicas, como puede ser la situación
socioeconómica del paciente, entre las contradicciones absolutas ni
relativas, algo fácilmente comprobable con sólo consultar los textos
publicados a los que me he referido.

Hasta aquí, pues, la clarificación de los criterios generales que se
siguen en la política de trasplantes en el ámbito del Insalud, me
atreveré a decir en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y ahora,
si les parece, podemos entrar ya en el caso concreto ocurrido en un
hospital del Sistema Nacional de Salud, en este caso en un hospital
del Insalud.

En primer lugar, hemos de decir que el hospital de referencia no es
un centro acreditado para realizar trasplante cardiaco. Por tanto,
los pacientes que pudieran ser tributarios de esta terapéutica son
derivados normalmente a uno de los tres hospitales de Madrid que sí
poseen tal acreditación, que son el Doce de Octubre, el Gregorio
Marañón y el Hospital Puerta de Hierro.

En segundo lugar, los criterios que se utilizan para remitir
pacientes a centros acreditados son los publicados por la Sociedad
General de Cardiología en el libro Normas de actuaciones de clínica
en cardiología, elaborado en 1996, y que está a disposición de todas
sus señorías.

Y en tercer lugar, la decisión de la indicación de trasplante la
marca el equipo del hospital acreditado y los criterios se publican,
como digo, en los documentos de consenso técnico de los equipos de
trasplantes. La asignación del órgano por parte de la ONT se hace en
base a los criterios pactados anualmente por los equipos y en ningún
caso, vuelvo a insistir, aparecen consideraciones extramédicas, como
puede ser la situación socioeconómica del paciente.

El pasado día 13 de octubre saltó a los medios de comunicación la
noticia de que un paciente saharaui de quien, si les parece, omitiré
su nombre, había visto condicionada por parte del Hospital Ramón y
Cajal la posibilidad de acceso a un trasplante cardiaco a su mejora
sociolaboral. Se trata de un paciente de 52 años, que en 1995 tuvo un
infarto de miocardio y al que siguieron sucesivos episodios de
insuficiencia cardiaca. Este paciente ha sido visto en seis
hospitales del Sistema Nacional de Salud, en el Hospital de Melilla,
en el Hospital Carlos Haya de Málaga y en los hospitales, ubicados en
la Comunidad Autónoma de Madrid, La Princesa, Doce de Octubre,
Instituto de Cardiología de la Comunidad de Madrid y en el Ramón y
Cajal.

Se han producido por parte de este paciente dos ingresos en este
último hospital, en el Hospital Ramón y Cajal. El primer ingreso
entre el 5 y el 11 de junio de 1998; es decir, siete días durante el
mes de junio del pasado año. El facultativo de la unidad de arritmias
que le atendió, tras mejorar su estado clínico con la medicación
habitual, realizó una valoración en la que planteó que si volvieran a
repetirse estos episodios podría realizarse una nueva coronariografía
para agotar las posibilidades de revascularización. A continuación,
en el informe añade una frase (que ha sido el motivo, entiendo, de
esta comparecencia) que dice textualmente: Se puede plantear por su
cardiólogo de zona la posibilidad de trasplante cardiaco si mejorase
su situación sociolaboral. Con posterioridad a este ingreso, el
paciente volvió a ser hospitalizado en el Hospital Ramón y Cajal del
23 de julio al 4 de agosto, once días de este año ya, 1999, por un
proceso respiratorio interrecurrente, del que igualmente
se recuperó sin complicaciones, siendo atendido entonces por
otro cardiólogo que en ningún momento planteó la posibilidad de
trasplante.

Es de destacar, pues, que en todas estas ocasiones el paciente ha
sido atendido, tanto en el Ramón y Cajal como en el resto de los
hospitales, sin el más mínimo problema, tanto desde el punto de vista
asistencial como administrativo, pese a su situación y a la carencia
de cualquier documento sanitario acreditativo.

Como digo, desde el día 13 de octubre de 1999, en que el Insalud
tiene conocimiento de esa noticia, se realizan tres actuaciones. La
primera, nada más tener conocimiento de esa noticia, manifestaciones
de los responsables de la Organización Nacional de Trasplantes y del
propio Insalud puntualizando la no procedencia de alegar motivos
extramédicos a la hora de indicación de trasplante o cualquier
terapéutica en este o en cualquier paciente. La segunda, el Insalud
ese mismo día solicita un informe a la dirección del Hospital Ramón y
Cajal para conocer el alcance y contenido de lo ocurrido, y, lo que
es más importante, ese mismo día se inicia la labor de contacto con
ese paciente, al objeto de que sea visto en el hospital que procede,
que en ningún caso sería el Ramón y Cajal, desde el punto de vista de
si estuviere o no indicado un trasplante, y se considera que es el
Hospital Doce de Octubre el que puede atender y valorar clínicamente
si este paciente necesita o no un trasplante cardiaco.

En lo que se refiere al informe del Hospital Ramón y Cajal, he de
señalarles a SS.SS. lo siguiente. Cinco días después de solicitar
este informe se evacua el mismo, y en él se hacen unas
consideraciones de la atención que ha tenido esta persona en este
hospital en el último año. Durante el período mencionado el paciente
ha acudido a urgencias, ha sido hospitalizado, como digo, en dos
ocasiones, y no acude a las consultas programadas que le fueron
asignadas durante este tiempo. Este hospital plantea en su informe
que desde el punto de vista técnico, confirman que no tenía
indicación de trasplante en este momento, pero también se constata
que la frase expresada en el informe de referencia es inadecuada y
desafortunada.

Yen relación con el facultativo que hace este informe y que lo firma,
hemos constatado por sus declaraciones y su trayectoria profesional
que nunca había discriminado a ningún enfermo, y que simplemente
pretendió -según la valoración del facultativo- ayudar a este
paciente a resolver su situación legal en nuestro país. En todo caso,
es evidente que se ha producido un exceso de celo, cuando menos.

Seguro que a SS.SS. les interesa por encima de todo la situación
clínica actual del paciente, y omitiendo, como es natural, los datos
que puede considerarse que afectan a su confidencialidad, les puedo
informar de lo siguiente. Este paciente ha sido valorado a las 48
horas en el Hospital Doce de Octubre. Ingresó en este hospital,
estuvo durante siete días haciendo los reconocimientos oportunos y,
omitiendo datos que entiendo que no afectan a esta comparecencia,
pero sí concretando el que puede interesar en esta comparecencia,
dice el informe que, dada la estabilidad clínica y la excelente clase
funcional con tratamiento médico, no se considera candidato a
trasplante cardiaco y se remite a la consulta externa de la unidad de
insuficiencia cardiaca



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para su seguimiento estrecho y evaluar la necesidad de trasplante, si
procede, en un futuro.

Las conclusiones serían las siguientes. Primera, la realización de
trasplantes es una actividad compleja, que está, creo,
suficientemente regulada en nuestro país. La segunda es que en ningún
caso en esta legislación, ni en la actuación ordinaria de los centros
sanitarios se valoran, dentro de los criterios de idoneidad,
parámetros de tipo socioeconómico o laboral. Tercera, una vez
conocido el hecho, que contrasta esa noticia el 13 de octubre de
1999, el Insalud inicia todas las actuaciones necesarias para
clarificar lo ocurrido, para valorar al paciente y para concretar
exactamente cuáles son las responsabilidades de las personas o
instituciones que intervinieron en este proceso, y se constata que el
paciente durante varios años ha sido atendido en diferentes centros,
cuatro hospitales del Insalud, que ha sido tratado siempre
adecuadamente, sin ningún tipo de discriminación, con independencia,
insisto, de su situación en nuestro país. Se constata que este
paciente no tenía indicación de trasplante cardiaco ni cuando
sucedieron los hechos ni ahora mismo. Es decir, en la actualidad este
paciente sigue sin tener indicación de trasplante cardiaco.

Es evidente, y así se ha reconocido desde el principio, que la frase
recogida en el informe de alta es inapropiada y es cuando menos
desafortunada, y desde luego no se corresponde con la trayectoria
llevada por el propio facultativo ni por el Hospital Ramón y Cajal
ni, obviamente, por el conjunto de centros sanitarios de nuestro
país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo por su
comparecencia y por la información que ha suministrado.

Mi grupo parlamentario ha solicitado esta comparecencia con la
preocupación de que esta situación que afecta a una persona concreta,
que pudiera ser, y desde luego no tengo ningún dato que permita
dudarlo, una actuación aislada o pueda ser expresión de valoraciones,
de opiniones, que a veces en la profesión sanitaria, como en
cualquier otra, pudieran infiltrarse de manera subrepticia y, más
allá de las normas, más allá de los reglamentos, pudieran estar
condicionando en la práctica concreta los derechos a la igualdad, los
derechos a recibir el tratamiento que cada cual requiera en función
estricta de sus necesidades de salud.

Conocen SS.SS. que hechos parecidos no solamente han sucedido en
otros países, sino que han pretendido elevarse a la categoría de
criterio, porque en sanidad estamos en una parcela de la vida en la
cual la diferenciación entre lo social, lo sanitario, etcétera, pues,
teniendo en cuenta que el impacto es sobre la vida de una persona, es
difícil de discernir.

Efectivamente, esa frase está escrita, usted lo ha reconocido, y la
ha calificado de desafortunada. Mi grupo parlamentario quiere
plantear aquí hoy con toda claridad, no ningún tipo de medida
disciplinaria (porque no tengo ninguna razón para pensar que la
persona que la escribió tuviera ningún afán discriminatorio desde el
punto de vista socioeconómico o racista), pero esto está escrito, en
un
hospital público por parte de un servicio que ha dicho que si la
condición para valorar... Yo quiero aclarar aquí, señor Núñez Feijóo,
que yo no voy a entrar en valorar si los criterios establecidos por
el Hospital Doce de Octubre en este caso en relación con este
paciente y que han determinado que no es candidato a recibir ningún
órgano, son apropiados o no. Creo que eso no es competencia de esta
Comisión de Sanidad y en concreto de esta diputada. Pero mi pregunta
es en qué medida hechos como este, no escritos en ningún reglamento,
y que pudieran no estar escritos en ningún informe, están obrando a
la hora de decidir, como decía el médico, que ha hecho declaraciones
públicas ante los medios de comunicación, lo siguiente, explicando su
actuación: En todos los trasplantes se contemplan las circunstancias
generales del paciente, y entre ellas figura la situación
sociolaboral; un trasplante implica una baja de meses y largos
tratamientos con inmunosupresores que requieren de un entorno que
apoye al paciente de una residencia fija; hay que establecer
prioridades para los trasplantes, porque son un bien escaso con un
tratamiento muy difícil.

Estas razones pueden estar escritas o no, pero ¿en qué medida -y es
mi pregunta- pueden estar obrando de manera implícita en los
criterios para administrar ese bien escaso, por razones que
evidentemente son circunstancias que desgraciadamente sufre quien
está en ellas, y no por su voluntad? ¿Y en qué medida esa
administración de bien escaso, que en este caso son órganos
procedentes de donaciones, en otro momento son tratamientos costosos,
ingresos largos, etcétera, pudieran estar detrás de mecanismos
inconscientes o implícitos a la hora de seleccionar con criterios
extrasanitarios qué tipo de personas pueden beneficiarse de un
tratamiento, de una actuación sanitaria concreta?
Efectivamente, esta persona es un indigente, está atendido, sus
necesidades más elementales están cubiertas por un centro de acogida
del Ayuntamiento de Madrid, vive en una pensión, no tiene familia,
sus recursos son muy limitados. La preocupación de mi grupo
parlamentario es en este momento, señor Núñez Feijóo, y más que nunca
(porque corren vientos en contra, porque hay planteamientos no
solamente entre el personal sanitario sino entre la población
general), que pudieran establecerse medidas de selección y de
discriminación de pacientes, independientemente de su nacionalidad,
de su situación legal o de sus características socioeconómicas, y la
gravedad de este asunto es de tal envergadura que requiere ser
atajado con decisión.

Los problemas socioeconómicos deberán ser resueltos por las
instancias correspondientes de protección social, con las que cuentan
tanto el Estado como las comunidades autónomas; los problemas
sanitarios deben ser atendidos independientemente de esos criterios.

Esa ha sido la preocupación.




Quiero decir que insisto en que yo no quiero valorar el informe
clínico del Hospital Doce de Octubre. Estamos ante una persona con
unas condiciones de salud graves, con un infarto masivo anterior, con
arterioesclerosis coronaria difusa (estoy leyendo el informe), con
múltiples irregularidades no susceptibles de revascularización, e,
insisto, no soy yo quien, desde el punto de vista técnico, deba
evaluar si en estas circunstancias el trasplante es una indicación
o no. En cualquier caso, la vida seguirá, espero que



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para muchos años para esta persona, y con la suficiente atención por
parte de la sanidad pública, tal y como así ha sido. Ratifico que mi
información se corresponde exactamente con la que usted ha señalado,
y que, independientemente de su situación legal, la atención por
parte de la sanidad pública, como él mismo afirma, ha sido excelente.

No obstante, con esto termino, señor Núñez Feijóo, mi preocupación
ante el hecho de que los medios de comunicación refieran este tipo de
cosas y que en el Congreso de los Diputados nos preocupemos de este
tipo de temas, fundamentalmente persigue el objetivo de que
situaciones graves, como pudieran producirse relacionadas con este
tema, no tengan que plantearse en concreto en nuestro país, ni porque
estén escritas en un informe ni porque estén obrando de manera
inconsciente en los mecanismos de ahorro, de control de gasto,
etcétera, que pudieran de manera implícita, no explícita, determinar
la procedencia o no de determinados tratamientos o determinadas
actuaciones sanitarias.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Corominas.




El señor COROMINAS I BUSQUETA: Agradezco una vez más al señor Núñez
Feijóo su comparecencia en esta Comisión de Sanidad, dado que es
prácticamente el interlocutor único del Ministerio ante esta
Comisión, y también quiero agradecerle lo que nos ha comentado en su
exposición, que la ha dividido en dos partes. Una primera parte en
que se ha referido a los criterios clínico-terapéuticos y a los
protocolos de evaluación de los trasplantes, que nos ha señalado que
están muy bien determinados, siguen criterios de rigor, de
rigurosidad, y que los protocolos de evaluación también están bien
descritos y en ellos no aparecen consideraciones extramédicas. Sólo
le ha faltado decir, y me parece que es de justicia decirlo, que
tanto estos criterios clínico-terapéuticos, como los protocolos de
evaluación, como la propia Organización Nacional de Trasplantes es
algo, por lo menos de acuerdo con sus palabras, que hicieron bien los
Gobiernos anteriores. Ya que siempre hacen referencia a situaciones
del pasado, ante sus palabras, vale la pena recordarlo. Por tanto, no
vamos a entrar en este aspecto, estamos de acuerdo. Yo pienso que se
ha hecho un buen trabajo en la Organización Nacional de Trasplantes.

No sé, si lo convierten en fundación, si va a funcionar tan bien como
ahora o no, ya lo veremos en el futuro; pero de momento esto
funciona.

Aquí estamos para debatir un tema que yo pienso que sobrepasa el
propio caso concreto. La Comisión de Sanidad y el Congreso de los
Diputados no son una sociedad científica, por tanto no es un lugar
donde vayamos a hacer un estudio de una sesión clínica y de datos
clínicos y valoraciones médicas de este caso, sino que es un
organismo que tiene la representación política de los ciudadanos,
donde se deben hacer valoraciones políticas y donde se deben valorar
también las actuaciones del Gobierno. Y yo pienso que le ha faltado
en su exposición una valoración política de estos hechos que han
acontecido, cosa a la que nos tienen habituados en las comparecencias
del Gobierno, y nos ha faltado la asunción de responsabilidades. Es
decir, cualquier acción de gobierno, cualquier acción política
conlleva un plus, una capacidad de responsabilidad. Ha sido también
habitual que han tendido durante esta legislatura a que los problemas
sean siempre problemas individuales de los sujetos concretos que los
padecen, y que las decisiones que se toman sean siempre decisiones
también personales y poco afortunadas de algunos directivos que nada
tienen que ver con la organización. Y esto realmente cuesta aceptarlo
en una valoración estrictamente política y en un lugar como este.

Ha dicho, por ejemplo, del profesional que atendió el caso, que ha
tenido un exceso de celo. Ha dicho que había realizado unas
valoraciones poco afortunadas. Y esto no es la primera vez. Y cuando
esto sucede reiteradamente, cuando a lo largo de su gestión como
responsable del Insalud han sucedido una serie de cosas que no están
en los papeles, donde se han tomado decisiones no por criterios
sanitarios sino por otras cuestiones, resulta un poco paradójico que
a estas alturas volvamos a centrarnos en las cuestiones estrictamente
médicas, clínicas, de historial clínico, etcétera.

Se ha discutido en una comparecencia en esta Comisión otro problema
con otro trasplante en la Comunidad de Cantabria, por razones también
poco ajustadas, y que el sistema público, y por tanto la normativa de
la Organización Nacional de Trasplantes, decían que no se ajustaba a
los criterios, aunque sí se ajustaba si el paciente podía pagarse su
trasplante, y así se hizo en un centro también adscrito al sistema,
colaborador del sistema, pero haciéndolo con el pago privado por
parte del paciente.

Ha sucedido también que se ha denegado la atención sanitaria a hijos
de inmigrantes sin papeles por parte del Insalud. También fue una
decisión poco ajustada de la gerencia. Se ha llevado a los tribunales
a ciudadanos españoles por no pagar su asistencia, etcétera.

Sorprendentemente, la mayoría de estos problemas individuales suceden
con las gentes menos favorecidas. No quisiera recordar el problema de
la gerencia del Insalud en Cáceres, que motivó también una
comparecencia suya aquí. Usted nos dijo que había actuado muy bien,
pero después, al cabo de unos meses, aprovechando el verano, fue
cesada la gerente en Extremadura.

Cuando se dan tantos casos, señor Núñez Feijóo, ¿usted, como
responsable máximo, tiene algo que decir? Es decir, ¿se han dado
criterios, se auspician por las presiones que se hacen sobre los
responsables el que lleguen a tomar estas decisiones? Esto es lo que
a nuestro grupo nos preocupa, no los casos individuales, no los
problemas que van surgiendo en cada uno de los momentos, sino este
conglomerado que se ha ido dando a lo largo de la legislatura, de
estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular, y que nos hace
sospechar que detrás de todo esto hay alguna preocupación,
probablemente preocupaciones economicistas, preocupaciones que se han
traducido en hablar casi exclusivamente de problemas de gestión. Y
esto conlleva que la presión a la cual se somete a los directivos del
sistema, la presión a que se somete a los profesionales del sistema
lleva a que, probablemente, tal como usted ha manifestado, lleguen a
tomar decisiones poco afortunadas o poco ajustadas. Y resulta que de
estos casos que le he comentado, la mayoría se han dado con
inmigrantes, se han dado con personas con bajo nivel de recursos
económicos, y esto es un plus que agrava la situación.




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Por ello yo le pido que dejen de mirar hacia otro lado cuando pase
algún problema, que asuman levemente, sin ninguna mortificación
excesiva, alguna responsabilidad; es decir, que algo debe pasar, algo
debe fallar en el sistema cuando hay varios casos individuales que no
funcionan, y que intenten analizar qué es lo que pasa y pongan
remedio, para que en casos como este, que son las puntas del iceberg
de lo que ha sucedido, se utilicen criterios estrictamente sanitarios
y no criterios no sanitarios en la resolución. Yo le pediría que nos
aclarara si usted, como responsable máximo del Insalud, ha sometido a
tanta presión de gestión a sus subordinados que les lleva a cometer
algunos de estos errores.

Y para terminar, señor presidente, y no alargarme más, simplemente,
como hoy es la última sesión de la Comisión a la que va a asistir el
señor Núñez Feijóo en esta legislatura, yo le quisiera hacer una
despedida afectuosa y darle las gracias por todas sus comparecencias,
tanto a nivel personal como en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Quiero agradecer la presencia y la
exposición que nos ha hecho el presidente del Instituto Nacional de
Salud, señor Núñez Feijóo, intervención bastante detallada.

Y al hablar en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, que ha
mantenido y mantiene una postura clara de apoyo a las
reivindicaciones del pueblo saharaui tras la situación en que vive,
provocada, todo hay que decirlo, tras la vergonzosa retirada de
España del Sahara, después de esta exposición muy detallada que nos
ha hecho, usted, en un momento dado, ha aludido a la carencia de
cualquier documento sanitario acreditado por este ciudadano de
nacionalidad saharaui objeto de toda esta intervención. Yo
concretamente lo que quería preguntarle es si, después de las
diversas atenciones que ha tenido en varios hospitales españoles, en
Melilla, en Málaga y en Madrid, se ha solucionado esa falta de
documentación sanitaria acreditada. Es decir, si en este momento
tiene o no tiene esa documentación sanitaria acreditada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Mingo.




El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, por su
comparecencia habitual en esta Comisión. Y me voy a centrar, de su
exposición, en lo que considero los dos hechos importantes.

En primer lugar, que en la Organización Nacional de Trasplantes (que
afortunadamente funcionaba bien y que afortunadamente funciona bien,
señor Corominas, licencia que me permito) no hay ningún criterio a
aplicar para hacer un trasplante que tenga que ver con la situación
socioeconómica del paciente, que son criterios técnicos y que son
criterios científicos. Y esto es algo que creo que es muy importante
destacar. Y en segundo lugar, que afortunadamente, con independencia
de la situación socioeconómica del paciente, ha sido tratado
médicamente de una manera correcta en todos los hospitales de la red
del Sistema
Nacional de Salud. Y esto es algo de lo que todos los grupos
parlamentarios nos tenemos que congratular.

Por último, quiero hacer una referencia al facultativo que ha hecho
la nota y quiero insistir en que tengo la impresión personal (que
espero compartan ustedes) de que lo ha hecho con un equivocado
estímulo o sentimiento humanitario, porque, si lo hubiera hecho de
otra manera, no hubiera redactado el informe como lo ha hecho.

Fíjense ustedes que redacta el informe primero diciendo que hay
procedimientos médicos distintos del trasplante, que son los que
aconseja y los que realiza, y después le envía al cardiólogo de zona.

Si él hubiera pensado que estaba indicado un trasplante cardiaco, no
le habría enviado al cardiólogo de zona, le habría enviado al centro
sanitario en el que él conoce perfectamente que se hacen los
trasplantes. Luego él sabe que no hay indicación de trasplante, y él
luego lo confiesa, dice que tiene una actitud humanitaria, y escribe
una frase desacertada. Sobre un fondo humanitario (personalmente creo
que loable), equivocado, se desliza una frase desafortunada que
después se lleva a otros terrenos.

La Organización Nacional de Trasplantes tiene criterios científicos y
técnicos. En la actualidad, y eso lo comparte claramente el Grupo
Parlamentario Popular, no hay ningún criterio economicista o de
distinta actividad en relación con los trasplantes. Afortunadamente,
el paciente del que estamos hablando hoy ha sido tratado
adecuadamente y espero por su bien que no necesite en el futuro el
trasplante cardiaco.




El señor PRESIDENTE: Cuando quiera puede dar contestación a las
distintas intervenciones el señor Núñez Feijóo.




El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(Núñez Feijóo): Intentaré ser breve, dado que el contenido y alcance
de las intervenciones de SS.SS. ha sido también muy concreto, más
planteando cuestiones que pudieran ocurrir en el presente o en el
futuro y menos en relación con el caso concreto que nos atañe.

Y es que la gravedad de este asunto, señorías, hubiera estado en si a
esta persona, teniendo que ser trasplantado, no se le hubiese
procedido a trasplantar, o al menos se hubiese aplazado este
trasplante en base al informe de alta que suscribió este facultativo.

Eso, evidentemente, sería grave. Pero lo que aquí ocurrió, si me
permiten, tiene poco que ver con la gravedad de un asunto en el que
para una persona sin papeles en nuestro país pudiese estar
condicionado el trasplante que necesitaba, cuando lo que ha quedado
demostrado es que esta persona no necesitaba ese trasplante.




Y hay una serie de hechos que cuando menos a SS.SS. les han de hacer
reflexionar. Seis hospitales públicos han visto a este paciente. En
el Hospital Ramón y Cajal ha sido visto este paciente siete días en
el mes de junio de 1998, once días entre los meses de julio y agosto
de 1998, y curiosamente un año y cuatro meses después (un año y
cuatro meses después) de este informe de alta sale en un medio de
comunicación este asunto, ¡un año y cuatro meses después! Cuando
menos debería llevar a preguntarnos cómo es posible que si un año y
medio antes este informe de alta pudiese



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tener algún tipo de problema en el que le recibe, cómo es posible,
insisto, que durante un año y medio no hubiera habido ningún
planteamiento, ningún escrito, ninguna queja, ninguna consulta ante
este centro sanitario o ante cualquier instalación sanitaria del
Servicio Nacional de Salud.

La señora Maestro leía textualmente unas declaraciones, que se
publicaron en un medio de comunicación, del facultativo, en este
caso, del director médico del Hospital Ramón y Cajal. Hay otras
declaraciones que aparecen ese mismo día, y en párrafo continuado,
que dicen textualmente: En ningún momento hemos dicho que este
paciente deba ser objeto de un trasplante.

Fue quizá un exceso de celo, un intento de abarcar todas las
circunstancias lo que derivó en esta frase. Quizá hubiese sido más
correcto poner situación social que laboral, explica. Quiero decir
que en el mismo momento en que se tiene conocimiento de esta noticia,
el facultativo no empieza a concretar que hay problemas laborales o
sociolaborales, sino que ya dice que no estaba indicado el trasplante
y, además ya en ese mismo instante manifiesta su disconformidad con
esa frase.

Pero lo importante, señorías, es saber, una vez ocurridos estos
hechos, qué es lo que ha hecho el servicio sanitario público. El
servicio sanitario público ha hecho, como decía, tres actuaciones.

Mismo momento de conocimiento del hecho: manifestar nuestra
disconformidad. Segunda actuación: en ese mismo día, localizar a ese
paciente y, en cuarenta y ocho horas, verle en un hospital que sí
está acreditado para hacer trasplantes y que sí tiene opinión sobre
una cuestión de esta naturaleza.

Si me permiten, y aunque no sea muy habitual, voy a intentar leer
algunas frases del informe que hace el facultativo que firma ese
informe de alta. Dice textualmente: Me he criado en un medio rural.

He estudiado siempre en la educación pública y trabajado en
hospitales públicos, lo que he llevado siempre con orgullo y que me
ha permitido en todo momento convivir y trabajar en un medio social
muy abierto. En el caso de este paciente ha recibido incluso una
mayor ayuda y comprensión, y cuando he podido he intentado
facilitarle también solución a un problema social. Llevé con este
paciente una buena relación, durante la cual me contó todos sus
problemas por conseguir la nacionalidad española y obtener un puesto
de trabajo. Lamento que una expresión sacada de contexto del informe
de alta haya podido malinterpretarse hasta adquirir justo el sentido
opuesto al que se le quería dar. Su enunciación nunca tuvo como
objeto causar un daño moral al paciente ni un perjuicio al buen
nombre del Insalud y de este hospital, sino intentar ayudar a la
mejor atención de este paciente.

Es tan absurda la frase, señorías, que decir que se remite al
cardiólogo de zona para que evalúe si procede o no un trasplante,
insisto, está fuera de todo planteamiento técnico, terapéutico y
lógico; decir que sea un cardiólogo de zona el que valore la
necesidad de un trasplante, imagínense ustedes si los cardiólogos en
los centros de especialidades valoran o no necesidades de
trasplantes, máxime cuando este hospital no tiene acreditado el
trasplante, y cuando ni el cardiólogo de zona ni el servicio de
cirugía cardiaca ni el servicio de cardiología podrían en este
hospital valorar una propuesta de esta naturaleza.

Pero lo importante, señorías, es tener la constancia de que si
hubiera ocurrido u ocurriese algún hecho de esta naturaleza, nuestro
comportamiento iba a ser exactamente igual. Y es que en nuestro país
no se va a hacer ninguna discriminación por ningún motivo a cualquier
persona que necesite un trasplante o cualquier otra actuación
sanitaria urgente o no urgente. Y esto, insisto, creo que es lo que
ha quedado aclarado definitivamente. No se ha actuado de forma
negligente, no ha habido mala fe y, desde luego, la actuación del
servicio sanitario, tanto de los hospitales del Insalud como del
hospital del SAS, creo que ha sido una actuación perfectamente
contrastada y que acredita que los inmigrantes en nuestro país, con
independencia de su documentación o no, son atendidos en la red
sanitaria pública.

La Organización Nacional de Trasplantes es una estructura sanitaria
asistencial excelente. Yno soy yo, sino que es el ministro de Sanidad
el que cada vez que se le pregunta dice que se siente especialmente
orgulloso de la Organización Nacional de Trasplantes, porque no fue
él quien inició esta andadura, sino que fue una herencia recibida en
mayo de 1996. Por tanto, creo que no me cabe más que, no decir mi
opinión, sino decir la opinión del propio ministro de Sanidad cada
vez que tiene ocasión de hablar de la Organización Nacional de
Trasplantes.

Si reconocemos que la Organización Nacional de Trasplantes es una
estructura excelente en nuestro país, debemos aceptar los protocolos
de la Organización Nacional de Trasplantes. Y si aceptamos los
protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes, debemos
aceptar que el paciente al que usted se refiere, que vivía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, no entraba en los protocolos de la
Organización Nacional de Trasplantes. Si aceptamos la organización y
sus protocolos, es muy difícil de criticar que cuando se hace un
trasplante en contra de sus protocolos resulta que empezamos a
discutir sobre la bondad o no de un sistema que previamente
defendemos.

Es evidente que el que tiene dinero siempre tiene ventajas. El
problema es que el sistema sanitario público no ve a los pacientes en
función de que tengan dinero o que tengan influencias. Si el
protocolo marca el trasplante, se hace; y si no, con independencia
del dinero y con independencia de las influencias, no se hace. Y si
este señor quiere ir a otro centro que no respeta los protocolos de
la Organización Nacional de Trasplantes, desde luego tanto el centro
como él lo harán bajo su responsabilidad.

Señoría, ha quedado acreditado que en nuestro país no se niega
asistencia sanitaria a los inmigrantes, ni en este caso ni en el caso
de los menores a los que usted se refiere. Los menores a los que
usted se refiere, señoría, ha quedado acreditado, en todos los casos,
en todos los casos, que estaban recibiendo asistencia sanitaria en
nuestro país, en todos y cada uno de los casos que puso en
conocimiento la Fiscalía. Y prueba de ello es que, posteriormente, lo
que concretó la Fiscalía era que no tenían un documento acreditativo,
cosa distinta a que tuviesen o no asistencia sanitaria. Y lo que se
ha hecho, después de la Declaración de los Derechos del Niño, del año
1991, hasta 1996, ninguna actuación, ninguna. Cuando conocemos este
hecho dictamos una instrucción y decimos que todos los menores que
residan en nuestro país tienen que tener una acreditación sanitaria.

Y se expide esa acreditación sanitaria, lo mismo que a las



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mujeres embarazadas, tanto durante el embarazo como en el preparto o
en el posparto. Exactamente lo mismo.

Y, señoría, quiero aclararle que la directora territorial de
Extremadura no fue cesada por ese asunto. La directora territorial de
Extremadura decidió dimitir, en contra de la opinión del presidente
del Insalud, a quien no le quedó más remedio que aceptar su dimisión.

Por lo tanto, nada tiene que ver ningún asunto de la gestión del ex
directivo de Extremadura con ningún planteamiento a los que usted
hace referencia. Y, por supuesto, ya le anticipo que tengo dudas de
que hubiese dimitido por eso, pero, en fin, la explicación sobre esas
cuestiones, como es natural, le corresponde a la persona interesada.

¿Qué puede hacer el responsable máximo del Insalud ante todo este
cúmulo de hechos que han sucedido en esta legislatura? Me imagino que
lo único que podrá hacer es trabajar con responsabilidad y decir que
asumimos todos los funcionamientos incorrectos del servicio sanitario
público de nuestro país, desde un informe de alta que pueda hacer
cualquiera de los 37.000 médicos que tiene el Insalud, que seguro que
todos los días suscriben millones de informes de alta, todos, y
cuando hay algún error o algún funcionamiento anormal en el sistema
sanitario público, actuar de forma inmediata, como se ha hecho en
este caso.

Me gustaría no despedirme, señoría, de usted y de su grupo, porque,
evidentemente, qué sería de mi actividad como presidente del Insalud
sin poder venir a la Comisión de Sanidad y mucho menos sin poder
parlamentar con el ilustrísimo portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, al igual que con los distintos portavoces de los
distintos grupos. Es evidente que por mi parte ha sido una enorme
satisfacción poder comparecer cada vez que se me ha llamado y espero
haber respondido, al menos en parte, a las pretensiones de sus
grupos. Pero seguro que tendremos ocasión, fuera de este Parlamento o
dentro, o quizás en cualquier otro sitio que nos veamos, señor
Corominas, de seguir hablando de la buena marcha del sistema
sanitario público de nuestro país, con independencia del Gobierno que
esté en cada momento. Así lo espero y así lo deseo.

En cuanto al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quiero decir
que nosotros hemos acreditado a todos los menores, como consecuencia
de que la legislación española posibilita que los menores tengan
asistencia sanitaria, y estamos acreditando a todas las mujeres
gestantes. Y en relación con los inmigrantes mayores, mientras la ley
no cambie, y creo que ustedes están tratando este asunto en otros
foros y en otras comisiones, no podemos desde el punto de vista legal
dar una acreditación sanitaria, porque somos una administración
pública, estamos sometidos al principio de legalidad y de hecho
tenemos que cumplir la ley. La ley española permite acreditar a los
menores, permite acreditar durante el periodo de la gestación a las
mujeres que estén en esta situación, y, en cuanto a los mayores,
estaremos a resultas de lo que concreten el Congreso y el Senado.

Sobre la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
he de agradecerle el enfoque del asunto y reiterarle que este
facultativo, que era un MIR, en ese momento, un MIR de sexto año,
entendió que podía ayudar con esta frase, y desde luego creemos que
lo importante es que se ha demostrado que los servicios sanitarios
han actuado
de una forma correcta y en el espacio de horas se ha localizado, se
ha visto, se ha internado, se ha ingresado, se han hecho las pruebas
y se ha constatado que este trasplante no era necesario, ni en ese
momento ni en el momento actual. Pero lo que sí hemos dejado es un
nexo de unión permanente entre el Hospital Doce de Octubre y esta
persona para que en el futuro se siga revisando y, si fuere
necesario, para ponernos a su disposición para este tipo de
actuación.




PREGUNTAS:



-DE LA SEÑORA MAESTRO MARTÍN (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA) SOBRE MOTIVO DEL CESE DE DOSCIENTOS
CINCUENTATRABAJADORES CONTRATADOS POR OBRA Y SERVICIO EN EL
HOSPITALLAPAZ DELINSALUD DE MADRID. (Número de expediente 181/002712)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto: contestación a
preguntas. Pregunta formulada por la señora portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTÍN: Señor Núñez Feijóo, en este momento y a la
espera de su respuesta, simplemente quiero formularle la pregunta. En
el mes de septiembre de este año se procede por la Gerencia del
Hospital La Paz, del Insalud, a suspender el contrato o a la no
renovación del contrato de doscientas cincuenta persona que tenían
contrato por tipo de obra y servicio,, y se produce en una situación
en la cual lo único que había sucedido, en el mes de septiembre, es
que el verano se había terminado, pero no la multitud de situaciones
que vienen haciendo que en el citado hospital se esté trabajando en
condiciones de sobrecarga evidentes, con insuficiencias de personal
que llevan a correr el riesgo, al menos, de que la seguridad y la
calidad de la atención sanitaria no sea la adecuada o la que se
estaría en condiciones de prestar si esas condiciones de sobrecarga
de trabajo no se produjeran.

En una situación en la que había compromisos acerca de negociaciones
de bolsa de trabajo, estudios de plantilla, estudios de carga de
trabajo, que no se han producido, mi pregunta, más allá del hecho
concreto que la motiva y que es el cese en su relación laboral de
doscientas cincuenta personas en el mes de septiembre, es qué
situaciones o a través de qué procedimientos piensa abordar el
Insalud las insuficiencias concretas y crónicas de personal que en
diferentes servicios extremadamente sensibles está sufriendo desde
hace mucho tiempo el Hospital La Paz.




El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor presidente del Insalud.




El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(Núñez Feijóo): Señora Maestro, en relación con la cuestión planteada
por S.S. sobre el cese de doscientas cincuenta personas que



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estaban unidas al Hospital La Paz a través de un contrato temporal de
obra y servicio debo decirle que en el Hospital La Paz no ha habido
ni hay ese número de personas contratadas en esa modalidad
contractual. Ni lo ha habido durante el mes de septiembre ni lo ha
habido durante todo el año 1999. Es verdad que en nuestros centros se
utilizan distintas modalidades de contratos, pero la modalidad de
obra y servicio determinado es una modalidad minoritaria, desde el
punto de vista de contratación temporal. Es habitual, y S.S. lo
reflejaba de alguna forma en su exposición, que los centros
sanitarios incrementen significativamente sus contratos en el periodo
estival como consecuencia de vacaciones reglamentarias del personal
adscrito y de la necesidad de cobertura, en la mayoría de los casos,
de este tipo de personal.

Intentando responder a la cuestión que S.S. plantea, los datos del
mes de septiembre de personal contratado temporal en este centro eran
los siguientes: un total de 681 personas (mes de septiembre), de las
cuales 352, es decir el 51 por cien, eran contratos para sustituir
vacaciones; 81 eran contratos de obra o servicio determinado -81, no
250 como S.S., seguro que por algún error u omisión, concretaba-
y 248, por acumulaciones de tareas, para cubrir las bajas, los
incrementos de actividad puntual que se puedan realizar durante este
mes o meses anteriores o posteriores, así como para cubrir
liberaciones sindicales, etcétera. Al finalizar el mes de septiembre
cesaron los contratos de sustitución por vacaciones, quedando un
total de 197 contratos, distribuidos en las siguientes modalidades:
149, por acumulación de tareas y 48 por contrato de obra o servicio.

Por el número de ceses a los que hace alusión su pregunta, me imagino
que S.S. se puede referir a 233 trabajadores de la categoría de
personal sanitario no facultativo que tenían contrato por acumulación
de tareas, cuyos contratos finalizaron durante el mes de septiembre y
cuyo objeto era la sustitución de otros trabajadores por vacaciones.

El motivo es la incorporación al trabajo de éstos últimos, como usted
se puede imaginar por los datos y por el contenido de la explicación
que he intentado dar hace unos minutos.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿alguna aclaración?



La señora MAESTRO MARTÍN: Brevemente, señor presidente.

Gracias por la aclaración. Evidentemente, debía ser a otro tipo de
concepto de contratación al que yo me refería. Pero, en cualquier
caso, no minusvalore el contenido de fondo, que es una insuficiencia
crónica de personal, una situación en la cual desde hace mucho
tiempo, y me consta que no es el único hospital, La Paz, donde no se
cubren por sistema todas, el cien por cien, de las bajas maternales,
de las enfermedades de larga duración, de las vacaciones. Esta
situación llevó a que las ocho organizaciones sindicales que están
representadas en la junta de personal, ocho y por unanimidad,
convocaran una concentración que llegó a juntar en las condiciones de
trabajo de los hospitales, que usted conoce tan bien como yo, a
cuatrocientas personas delante del gerente, pidiendo su dimisión en
este caso concreto, no ya por otras actuaciones relevantes que hemos
tratado en esta Comisión, sino en este caso concreto, por
no abordar de manera adecuada las insuficiencias graves de personal.

Y quiero concretarle algunos ejemplos que se estaban viviendo con
especial carga de trabajo, por ejemplo, en servicios tan sensibles
como el servicio de reanimación de cirugía cardíaca o de reanimación
de cirugía general, que han llevado a este señor gerente a ofertar,
en eso tan querido por ustedes de la oferta y de la demanda y del
mercado y de la competencia, a ofertar, en el área 5 y en el área 4,
la anestesia epidural, las veinticuatro horas, a todas las personas
que lo solicitaran, hecho que, a pesar de que por el señor ministro,
ya hace varios, creo recordar, seguro, dos años, ya se ofertó en el
conjunto del sistema sanitario, evidentemente no ha pasado de una
declaración propagandística. Y el hecho de que en este hospital se
ofertara de manera patente, ha hecho que muchas personas, muchas
mujeres, en este caso, que no tenían posibilidad real de acceder a
este servicio en su propia área, fueran al Hospital La Paz. Hecho que
ha planteado, creo yo de manera irresponsable, la exigencia de que
las matronas, que es el tipo de personal que atiende de una manera
concreta este tipo de ofrecimientos de tratamientos, se hayan visto
obligadas a doblar turnos, circunstancia que, insisto, señor Núñez
Feijóo, desde mi punto de vista, no solamente es una situación de
sobreexplotación de la mano de obra de profesionales, sino que
introduce, cuando estamos trabajando y estamos hablando de personas
que están interviniendo sobre las condiciones de salud de otras,
elementos de inseguridad y de amenazas a la calidad de la atención
sanitaria.

Por lo tanto, entienda, señor Núñez Feijóo, y con esto termino, señor
presidente, que la preocupación que yo pretendía trasladar con mi
pregunta, y que reitero, es cuál es la forma en la que el Insalud, la
gerencia de La Paz, va a abordar la acuciante carencia crónica de
personal que se vive en este hospital y que evidentemente sobrepasa
con mucho el marco de las vacaciones de verano.




El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor Núñez Feijóo cuando
quiera.




El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(Núñez Feijóo): Señoría yo tengo el acta de la junta de personal de
esa fecha y seguro que podemos tener alguna dificultad, no sólo en
cuanto a la catalogación de la fórmula de contratación, sino al
contenido de las actas y a lo que manifiestan los sindicatos. En ese
acta, que tengo a su disposición, en el punto sexto del orden del día
se estudia este asunto y solamente interviene CSIF, que critica no el
cese de los compañeros sino la falta de una bolsa de trabajo, a lo
que usted se refiere, y una actuación de sindicatos. Ningún otro
sindicato intervino en este punto. No sé, tengo dudas, como es
natural, que, con este comportamiento sindical por este caso
concreto, el gerente de La Paz tuviese un problema con cuatrocientos
trabajadores. Insisto, por este caso concreto. O bien los sindicatos
en la junta no manifiestan disconformidad y la manifiestan en otros
foros o bien, en este caso concreto, en el acta del 21 de septiembre
de 1999, no hay discrepancias, o, si las hay, se omiten.

Es verdad que S.S., siempre que tiene ocasión, habla del mercado, de
la oferta, de la demanda, y de todas estas cosas. Nosotros nunca
hemos hablado de este asunto en



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nuestro sistema público de salud, porque entendemos que no es ni un
mercado, ni puede serlo, ni lo será. Lo que sí es una cierta
contradicción es hablar de mercado de oferta pero a la vez hablar de
que hace dos años, por primera vez en este sistema Insalud, se ha
ofertado la analgesia epidural, por primera vez. Si tuviésemos una
visión tan economicista de los asuntos, sería difícil poder decir que
dentro del sistema sanitario público vamos a ofertar y ofertamos la
anestesia epidural como una prestación, insisto, que no tenía el
sistema sanitario. Y, efectivamente, para incrementar esta actividad,
a veces se producen problemas, y usted ha reflejado muy claramente
uno de los problemas, que es el de las matronas. Dado que antes no
había esta prestación y que ahora tenemos una presión asistencial
mayor, porque los que necesitaban este tipo de analgesia acudían a
centros privados y ahora acuden a centros públicos, y dada la escasez
crónica de matronas, y ahí usted lleva toda la razón, que tienen los
hospitales, es posible que haya dificultades para cubrir los turnos
de matronas. No porque haya una política limitativa en materia de
personal, sino porque las prestaciones se han incrementado y el
personal, con dificultad de formación, como las matronas, no ha ido
acompasado al incremento de prestaciones.

En relación con la política de personal de La Paz, solamente me
gustaría, y con esto concluyo, señoría, decirles cuáles son los datos
de la política de personal del Insalud en este fin de legislatura.

Desde el año 1997 al presupuesto de 1999, tres años, el presupuesto
de capítulo 1, es decir, de
personal, ha crecido 100.000 millones de pesetas. De los 100.000
millones de pesetas, 40.000 millones se han destinado al incremento
del IPC. Por consiguiente, nada que objetar; era un imperativo legal.

Los 60.000 millones restantes se han dirigido a incrementos de
personal, incrementos de nuevos servicios, incrementos de
incentivación e incrementos de acción social. Y éstos son los datos,
señoría: 100.000 millones más, en capítulo 1; 40.000 IPC, 60.000 nada
que ver con el índice de precios al consumo. Seguro que todavía
quedan problemas en determinados hospitales, seguro, pero nuestra
política de personal ha estado marcada, primero, por un incremento de
la misma, y, segundo, por un planteamiento de estabilidad y por un
planteamiento de ofertas públicas de empleo generalizadas desde el
año 1997 a la oferta pública de empleo, incluida la del 2000.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez Feijóo, le agradecemos su
comparecencia una vez más en esta Comisión.

Y, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.




Nota: El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Sanidad
y Consumo, del miércoles, 1 de diciembre de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los