Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 804, de 24/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 804
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER PANIAGUA FUENTES, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 42
celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre elaboración urgente de un censo estatal de lobo ibérico y
adopción de medidas para su protección. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
001029) ... (Página 23948)
- Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para
asegurar la terminación del saneamiento del litoral malagueño antes
del año 2002. Prersentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001346) ... (Página 23952)
- Relativa al saneamiento integral del litoral malagueño. Presentada
por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001565) ... (Página 23952)
- Sobre cancelación de la concesión para la construcción del embalse
de Sela, así como rechazo de cualquier petición de construcción de
embalses en el tramo final del río Miño. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001509) ...
(Página 23959)
- Relativa a la realización de los estudios necesarios para la toma
de decisiones dirigidas a resolver los déficits estructurales de agua
en Cataluña y de declaración de interés general de obras de
abastecimiento de las zonas norte y centro de sus cuencas internas.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001579)
... (Página 23962)
- Relativa a las obras de recuperación del cauce y márgenes del río
Arnoia, en el término municipal de Allariz (Ourense) Presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001624)
... (Página 23964)
- Relativa a los efectos derivados para la salud y el medio ambiente
de los campos electromagnéticos, en particular los provocados por las
líneas de alta tensión, así como para la adopción de medidas de
prevención y corrección de sus efectos. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001655)
... (Página 23966)
- Relativa a la construcción de la denominada presa de los Melonares,
en Sevilla. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001662) ... (Página 23971)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE ELABORACIÓN URGENTE DE UN CENSO ESTATAL DE LOBO IBÉRICO
YADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001029)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Señorías, comienza la
sesión. En el orden del día de hoy tenemos nueve proposiciones no de
ley. Esperamos que las votaciones se puedan producir no antes de la
una, pero tampoco posteriormente, para lo cual vamos a procurar
cumplir el Reglamento. Saben ustedes que al contenido de lo que digan
no tienen por qué aplicarle la retórica de Castelar, simplemente
digan lo que desean y todo el mundo lo entenderá.
La primera proposición no de ley, sobre la elaboración urgente de un
censo estatal de lobo ibérico y la adopción de medidas para su
protección, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Para su defensa tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida decidió presentar esta proposición no de ley ante una
situación que está aconteciendo en nuestro país y que nos parece
preocupante, que es la falta de una política clara y decidida de
preservación y de conservación del lobo ibérico.
Señorías, la población de lobo ibérico, según los últimos estudios
que conocemos, se encuentra casi al borde de la extinción al sur del
Duero, aunque en otras zonas de nuestro país en estos momentos puede
ser una especie vulnerable
que no esté en peligro de extinción. Además, la construcción
de nuevas infraestructuras pone en peligro la existencia de esta
especie precisamente en aquellas zonas en las que en estos momentos
no está en peligro de extinción, pero en las que tiene una
problemática específica que puede llevarla a ser considerada como una
especie vulnerable. Aesto tenemos que añadir que el lobo ha sido
considerado secularmente por determinados sectores de la población,
que han tenido y que tienen que seguir conviviendo con él, como una
especie que pone en peligro su sistema económico, ya que ataca sus
rebaños y pone en riesgo su modo de subsistencia. Existe una
actuación clara por parte de los ciudadanos y ciudadanas que requiere
de la intervención de las administraciones públicas para impedir
cazas furtivas o la utilización de cepos o venenos, lo cual, no solo
pone en peligro la subsistencia del lobo sino que está poniendo en
serio riesgo otras especies debido a las transmisiones que se pueden
producir con la utilización de los venenos.
Señorías, creemos que es ineludible que se tomen medidas para que se
puedan hacer los estudios necesarios y, como pide el primer punto de
nuestra iniciativa, para que se elabore urgentemente un censo estatal
desde la perspectiva de establecer una metodología clara y coordinada
entre los diferentes equipos. Creemos que este censo debe contener
diferentes aspectos para considerarlo válido. Señorías, algunas de
las comunidades autónomas en las que hoy está comprobada la
existencia del lobo ibérico, que son: Galicia, Asturias, Cantabria,
La Rioja, Euskadi -en la provincia de Álava-, Navarra, Aragón,
Castilla y León, CastillaLa Mancha, Extremadura y Andalucía, están
empezando a elaborar censos de las poblaciones de lobo, pero con el
problema de que no sean fiables debido a que se están utilizando
metodologías distintas para su elaboración en cada una de las zonas.
Se está realizando de manera parcial el censo en Asturias y Castilla
y León, y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Andalucía
están intentandocerrar un convenio de colaboración para poder
establecer
el censo del lobo en sus territorios, pero utilizando metodologías
diferentes que no van a permitir que haya un censo que pueda
indicarnos realmente las colonias de lobos asentadas en nuestro país.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha estado parado -nuestra
iniciativa está presentada desde hace casi un año- y ha creado un
grupo de trabajo del que forman parte las comunidades autónomas
representadas en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza.
Desde nuestro punto de vista, este grupo de trabajo, que ya está
funcionando, podría elaborar el censo estatal del lobo en
coordinación con las comunidades autónomas puesto que ya están
funcionando en este grupo de estudio formado dentro de la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza.
En el segundo punto de nuestra iniciativa planteamos que el lobo sea
incluido en el catálogo nacional de especies amenazadas, sin
perjuicio de su inclusión también en los diferentes catálogos
regionales. Señorías, creemos que es necesario en algunas zonas de
nuestro país, por ejemplo en el sur del Duero, que el lobo sea
incluido en el catálogo nacional de especies amenazadas, para que
tenga una especial atención. Posiblemente no fuera necesario que en
otras zonas del país incluyera en este catálogo nacional de especies
amenazadas pero sí que fuera declarada especie vulnerable, porque en
algunas zonas de nuestro Estado, concretamente en Castilla y León
(sin pretender plantear que esto sea lo que realmente incida de
manera directa y clara sobre su posible extinción), se permite la
caza del lobo y, desde nuestro punto de vista, no se da la imagen
contrarrestada de protección necesaria de aquellas otras actuaciones
que no son permitidas como la caza furtiva o el uso de cepos y
venenos, precisamente cuando lo que se está planteando es que desde
la Administración se dé permiso para cazar el lobo, generando así
unas expectativas de caza de este animal que pueden conducir -no
podemos asegurar que conduzcan- a aumentar el furtivismo y a que la
ciudadanía se sienta libre, por decirlo de alguna forma, a la hora de
poder cazar este animal aunque no tenga la pretendida autorización de
la Administración.
En el punto tercero planteamos que desde las diferentes partes se
promuevan foros para aproximar posiciones y hubiera un debate para
establecer los criterios de trabajo y resolver los conflictos que
existen fundamentalmente entre los ganaderos, algunos científicos,
los ecologistas y las sociedades cazadoras, para que todos los
sectores implicados se pusieran de acuerdo en proteger esta especie y
así avanzar en la convivencia, entre comillas, del lobo y las
personas. En el tiempo que lleva presentada esta iniciativa ya se ha
celebrado el seminario técnico que proponíamos en ella, y en este
caso incidir -manteniendo la iniciativa como está- en que se
celebrara este seminario de una manera regular y funcionara como lo
han hecho los seminarios para el lince ibérico y el oso pardo.
En el cuarto punto planteamos la creación de bancos de datos y el
depósito de materiales en instituciones que garanticen a largo plazo
su conservación y el acceso para todos los usos que la sociedad pueda
plantearse.
Como se ha creado un grupo de estudios dentro de la Comisión Nacional
de Protección de la Naturaleza, en nuestro quinto punto planteábamos
que se trabaje eficazmente para que haya una total cooperación de
todas las
administraciones públicas en la adopción de medidas para la
conservación de las poblaciones de lobo. Creemos que el trabajo
eficaz de todas las administraciones públicas debe hacerse en
cooperación con todos los sectores implicados en la conservación y
protección del lobo. Por eso proponemos nuestro punto número 5.
En el punto sexto pedimos la elaboración de una estrategia de
conservación. Para ello, en las áreas geográficas donde está
instalada la población del lobo y existe riesgo de extinción,
necesariamente tiene que haberse elaborado antes el censo estatal,
tienen que haberse delimitado exactamente las zonas donde está
ubicado el lobo ibérico, y después elaborarse la estrategia de
conservación necesaria no sólo en las comunidades autónomas sino en
general para todas aquellas zonas con unas condiciones ecológicas
similares para la supervivencia de este animal.
Solicitamos también medidas conducentes a erradicar el furtivismo y
especialmente el uso de venenos. Hacemos hincapié en el uso de
venenos pero no olvidamos que hay otras formas de caza, como es el
uso de cepos y otras similares, que ponen en riesgo esta especie.
Creemos que es necesario que haya trabajos conjuntos hispano-lusos
porque la colaboración con el país vecino, Portugal, es importante
por su situación respecto al lobo ibérico.
En el punto 9 de nuestra iniciativa estamos planteando que se adopten
las medidas necesarias para estudios y minimizar el impacto de los
vallados cinegéticos y de las mallas que limitan las autovías y las
entradas y salidas de vehículos, así como también proseguir la
realización de estudios para conocer los impactos de las autovías
sobre el lobo. Hay ya un estudio realizado en el que desde nuestro
punto de vista tendría que profundizarse. Pensemos que puede seguir
funcionando con nuevos recursos económicos para llevarlo a cabo con
mucha más profundidad. El estudio realizado por Juan Carlos Blanco ya
está concluido, pero falta todavía profundizar en el impacto que las
autovías pueden producir en las manadas de lobos y que a corto y
medio plazo puede ser uno de los motivos por los que en aquellas
zonas el lobo no está en estos momentos en peligro de extinción pero
puede sufrir grandes pérdidas si no es declarado especie vulnerable.
Señorías, en el punto siguiente planteamos una serie de medidas para
intentar evitar los daños que ocasionan los lobos en las zonas
ganaderas y a los ganaderos que viven en las zonas donde está
asentada esta especie. Creemos que es necesaria la cooperación de los
ganaderos con los demás sectores interesados en estos temas para
establecer las medidas correctoras tanto en su funcionamiento como
para conocer cuáles son las inquietudes y los problemas que tienen
unos y otros. Esto tenía que haberse empezado ha hacer también por la
Administración. El grupo que está funcionando dentro de la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza no tiene representación de
los ganaderos, de los ecologistas ni de ningún sector; sólo la
Administración es la que está funcionando en este equipo de trabajo.
La experiencia del Ministerio de Medio Ambiente en cómo han
funcionado los grupos de trabajo sobre el lince y otras especies
tendría que haber puesto de manifiesto que es necesaria la
colaboración de los sectores afectados, y mucho más en la especie que
hoy estamos discutiendo, para que las
experiencias y las aportaciones de todos ellos se vean reflejadas en
un buen trabajo que el Ministerio de Medio Ambiente ha de realizar.
En este punto vamos a tener que hablar no solamente de la
concienciación de los sectores implicados, sobre todo de los
ganaderos, sino también de las medidas compensatorias; medidas
compensatorias que, desde nuestro punto de vista no sólo se tienen
que dirigir para satisfacer lo daños causados cuando el lobo ya los
ha producido. Sería necesario crear un fondo desde la propia
Administración del Estado que, en colaboración y con la participación
de las comunidades autónomas, se pudiera utilizar no solamente para
agilizar las medidas cuando se han sufrido daños por ataques de
lobos, sino también para que los ganaderos se vieran compensados por
su permanencia en una zona con población con lobos. Estaríamos
asentando una población en zonas difíciles que estaría permitiendo
equilibrios ecológicos donde reside el lobo. En este punto estamos
planteando también el que haya suficiente caza para el lobo en las
zonas donde viva, entre otras cosas para evitar o minimizar los
ataques que pueda producir al ganado.
En el punto número 11 planteamos la necesidad de que se aplique con
urgencia un plan de restauración de las poblaciones del lobo ibérico
al sur del Duero, entre otras cosas porque está al borde de la
extinción. Creemos necesario que se planteé un estudio para la
reintroducción y la colonización natural, si es posible - y esto se
tendría que ver a través de este estudio- en el que pudieran
participar investigadores y grupos especializados para tener claro
como podemos volver a tener poblaciones de lobos asentadas de forma
natural en el sur del Duero. Señorías, en concreto lo que estamos
pidiendo es protección para esta especie que en estos momentos está
en peligro de extinción al sur del Duero y que si no se toman medidas
en el resto de las zonas puede considerarse una especie vulnerable
con grandes posibilidades de desaparición.
El señor VICEPRESIDENTE: Señoría no se puede permitir que una
exposición haya durado 24 minutos porque no terminaremos el orden del
día hasta el 2000.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su
defensa tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENAITURRIOZ: En relación a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, nuestro grupo
parlamentario presentó con fecha posterior, el día 8 de marzo del año
en curso, una proposición no de ley relativa a la inclusión del lobo
ibérico en el catálogo nacional de especies amenazadas y la adopción
de medidas para asegurar su conservación y recuperación. La propuesta
de nuestro grupo parlamentario ha sido la de incluir, en plazo y
forma previsto por el Reglamento de esta Cámara, una enmienda de
sustitución al texto de la iniciativa,
El señor VICEPRESIDENTE: Perdone, señora Cortajarena.
Señorías en esta Comisión no se puede fumar.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: A instancias de la iniciativa que
estamos defendiendo en el transcurso
de esta mañana, creemos que todavía no podemos fijar la postura
del Grupo Parlamentario Socialista en relación al acuerdo o
configuración que se va a dar a la proposición no de ley y a su
posterior votación, dado que también se ha presentado enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Popular aunque vamos a tener tiempo
para fijar nuestras posiciones.
La realidad es que en fechas recientes han ido apareciendo en los
medios de comunicación diversas noticias que están alertando a toda
la población sobre la supervivencia del lobo ibérico, que en algunas
regiones de nuestro país se encuentra francamente amenazada. Esta
situación la han denunciado organizaciones ecologístas, expertos en
la materia y están acusando a la Administración, tanto autonómica
como al Ministerio de Medio Ambiente, de dejación de sus funciones
por no adoptar medidas que vayan destinadas a su conservación. Tan
sólo dos comunidades autónomas han tomado medidas; primero Andalucía
y posteriormente Castilla-La Mancha han hecho desaparecer el lobo
como especie cinegética. Según Fernando Palacios, un investigador
conocido y prestigioso del Museo Nacional de Ciencias Naturales y
miembro del grupo LoboSecem España, una estimación a partir del
número de parejas reproductoras podría dar la población actual entre
1.500 y 1.800 lobos. Las poblaciones más importantes se sitúan en el
encuadramiento noroccidental al norte del Duero, excepto dos grupos
reproductores, uno en Zamora, próximo al sur del Duero, y un pequeño
núcleo en peligro de extinción en Portugal. Esta situación es mucho
más grave en las poblaciones del lobo ibérico al sur del Duero que se
encuentran prácticamente extinguidas. Desde 1998 el lobo está casi
extinguido al sur del Duero, Sierra de Gata, Sierra de San Pedro,
Montes de Toledo y Sierra Morena. En esta última, dice Palacios, se
considera especie prioritaria por la normativa europea y se ha
extinguido. Esta situación ha llevado a la organización Ecologistas
en Acción a presentar una denuncia a la Comisión Europea contra el
Estado español por incumplir la directiva Hábitat, al considerar que
ni el Ministerio de Medio Ambiente ni las comunidades autónomas han
adoptado medidas para evitar la extinción del lobo ibérico en el sur
del Duero. Las organizaciones ecologistas, por tanto, han solicitado
la inclusión del lobo ibérico al sur del Duero en el catálogo
nacional de especies amenazadas.
En mayo del año pasado el Grupo de Izquierda Unida, ante esta grave
situación, presentó una iniciativa que es la que estamos discutiendo
esta mañana. ¿Cuáles son las normas que dan protección a esta
propuesta por parte de nuestro grupo parlamentario? La Ley 4/1989, de
27 de marzo, de conservación de los espacios naturales, de la fauna y
de la flora silvestre, respecto el catálogo de especies amenazadas
creado en el año 1990, el 30 de marzo, dice que las comunidades
autónomas tienen capacidad de competencia para establecer sus propios
catálogos de especies amenazadas en sus respectivos ámbitos, si bien
la inclusión de una especie, subespecie o población en el catálogo
nacional conlleva automáticamente para la totalidad del territorio
español la adopción de un plan de recuperación de dicha especie o
subespecie de población. La Directiva 92/43 de la Comunidad Europea,
relativa a la conservación de loshábitat naturales y la fauna y flora
silvestre, también reza y
abunda en el argumento descrito con anterioridad y establece que el
lobo es una especie prioritaria ya que está en peligro de extinción y
su conservación supone una especial responsabilidad habida cuenta de
la importancia de la proporción de la distribución natural, incluida
en el territorio en el que se aplica. Estas especies prioritarias se
señalan como un lugar de importancia comunitaria en que la región
o regiones biogeográficas a las que pertenece contribuyan de forma
apreciable a mantener o restablecer su tipo de hábitat natural -los
define también como zonas especiales de conservación-, y que todo
ello forme parte de la red ecológica europea denominada Natura 2000.
Respecto a las zonas especiales de conservación, las comunidades
autónomas pueden fijar las correspondientes medidas de conservación
para implicar, en su caso, adecuados planes de gestión específicos a
los lugares integrados en otros planes de desarrollo y las apropiadas
medidas reglamentarias o contractuales.
Creemos que todo este bagaje de normativa, tanto proveniente de
nuestro ordenamiento jurídico como de las directivas europeas, induce
a que nuestro grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida hayan presentado estas iniciativas y, por tanto,
solicitamos de la Administración y del resto de los grupos
parlamentarios que se inste al Gobierno a incluir el lobo ibérico en
el sur del río Duero como especie en peligro de extinción en el
catálogo de especies amenazadas; a la inclusión del lobo ibérico al
norte del río Duero como especie vulnerable en el catálogo de
especies amenazadas; a impulsar la cooperación entre las
administraciones públicas en lo relativo a la adopción de medidas de
vigilancia del estado de conservación de la población del lobo
ibérico y de su hábitat; a solicitar a la Unión Europea, a través de
los cauces oportunos, la inclusión del lobo al norte del río Duero en
el anexo 4 de la directiva 92/43, de la Comunidad Europea, relativa a
la conservación de los hábitat naturales de la fauna y flora
silvestre; y por último, al establecimiento de un cauce permanente de
colaboración e información con Portugal, con la finalidad de
coordinar las medidas de conservación de las poblaciones del lobo
ibérico en la península Ibérica. Creemos, señorías, que con la
enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario se mejora el
texto inicial de esta proposición no de ley, dejando para el final la
posición de nuestro grupo, ya que no nos podemos definir ahora por
cuanto tenemos que valorar las enmiendas presentadas por otros grupos
a la iniciativa que estamos discutiendo para ver si llegamos o no a
un acuerdo y podemos presentar una enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE: El Grupo Popular ha presentado una enmienda
a esta proposición no de ley. Para su defensa tiene la palabra don
Antonio Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Intentando hacer una síntesis entre la
oratoria, por supuesto no de don Emilio Castelar sino la mía propia,
y la necesidad de explicar las cosas con precisión y claridad para
que se entienda de qué estamos hablando procuraré hacer un esfuerzo
para, en el menor tiempo posible, razonar el por qué de la
presentación de nuestra enmienda.
Esta proposición no de ley de Izquierda Unida podemos calificarla de
oportuna, además de sensible y ajustada a la descripción de un
problema ecológico existente. Sin embargo, lo que aparece reflejado
en su exposición de motivos -que me apresuro a decir que difiere
notablemente en su forma y en su fondo de lo que acertadamente ha
expresado hoy aquí doña Presentación Urán- es un ejemplo de lo que no
se debe hacer cuando se pretende defender una posición respecto de
algo que ecológicamente es razonable. Existe la costumbre de cargar
las tintas de forma generalizada, de hacer juicios de valor sobre
determinadas cuestiones que tienen interpretaciones muy diversas, y
esa postura radical lo que hace en el fondo es dificultar un
entendimiento y una protección ecológica adecuada y justamente va en
sentido contrario de lo que se pretende defender. Y me voy a
explicar.
La enmienda que presentamos, que se puede entender como una enmienda
de modificación sucinta, precisa cuáles son las poblaciones de lobos
que deben ser objeto de protección como especie amenazada y digna de
ser protegida; exactamente son las poblaciones meridionales de lobos
y más específicamente las del sur del Duero, respetando el resto del
texto de la proposición no de ley de Izquierda Unida. En lo que
diferimos notablemente es en la argumentación de la exposición de
motivos. Y me voy a explicar. En la presentación de su proposición no
de ley, la señora Urán precisa hoy algunas zonas concretas, incluso
propone que sea declarada especie vulnerable del Duero hacia arriba,
en la parte norte. Eso no estaba así específicamente definido en la
proposición no de ley inicial, y es muy importante. Señor presidente,
la diferenciación geográfica es importantísima porque mientras que
las poblaciones de lobos están en franco retroceso y en algunos
sitios ciertamente en peligro de extinción, en la zona sur de la
península, no ocurre lo mismo en la del norte. Han de pensar que las
comunidades autónomas tienen responsabilidades en el plano ecológico
y en la conservación de la naturaleza y que ellos conocen su hábitat
y lo que en ese momento tienen. Pues bien, da la casualidad de que en
Castilla y León las poblaciones de lobos, lejos de disminuir, han
crecido y se han consolidado en los últimos años. ¿Eso qué trae
consigo? No se puede desconocer la historia de las malas relaciones
y el sentimiento atávico del hombre hacia el lobo que está en los
cuentos, que está en los refranes y que está en todo. Es decir, ha
habido una mala relación histórica y para proteger a este magnífico
animal es necesario establecer un nuevo marco de relaciones que
cuente con el conocimiento científico y el apoyo de las
administraciones, pero también hay que tener en cuenta cuáles son las
necesidades y los problemas de las poblaciones humanas. De alguna
forma estamos viviendo una suerte de ecologismo radical y
antihumanista, que es lo que lleva a estos problemas.
Yo no puedo entender el acto de barbarie de presentar un lobo
decapitado en una determinada zona de la península como algo que
justifique la caza de trofeos del lobo, sino una reacción ante ese
ecologismo radical en una provincia concreta, que resulta ser la que
mayor densidad de lobos tiene, por no haber tomado determinado tipo
de medidas o por sobreproteger a un animal en contra de los legítimos
intereses de las poblaciones humanas. Luego es absolutamente adecuado
lo que aparece reflejado en el punto tercero
que ha presentado la señora Urán, donde se dice que hay que buscar
ese foro para intentar que todas las partes sean absolutamente
sensibles y respetuosas con la parte que a cada uno le corresponda.
¿Por qué digo esto? Porque en Andalucía el lobo es una especie
protegida; sin embargo, en Castilla y León es una especie cinegética.
Ninguna de las dos posiciones es caprichosa sino que responde a una
situación real que antes he descrito. En el sur los lobos deben ser
protegidos; en el norte tiene que ser controlada de alguna manera esa
población. Si es una especie cinegética tiene fácil solución algo que
proponía Izquierda Unida, es decir, aprovechar lugares donde hay
cotos de caza, donde hay ungulados, donde hay la alimentación natural
de esas manadas de lobos perfectamente controladas, lo que es
compatible, desde el punto de vista cinegético, con otro tipo de
trofeos de caza. Lejos de ser un peligro, porque una especie puede
estar protegida pero eso no significa que tengan que estar protegidos
todos y cada uno de sus miembros, da lugar a un control e incluso a
la posibilidad de que la aportación económica que se consiga de esa
forma pueda ir en beneficio de las poblaciones de esa zona, con lo
cual de alguna manera estamos satisfaciendo otra de las pretensiones
que aparecen reflejadas en la propuesta de Izquierda Unida.
Señor presidente, yo creo que siempre nos encontramos ante ese juego
que al principio llama la atención pero que al final, después de
cuatro años, resulta aburrido. Es decir, ni los gobiernos ni los
ministerios lo hacen todo bien, ni lo hacen todo mal; ni la oposición
per se siempre tiene razón, ni per se nunca la tiene. Hay que ir a
una posición mucho más sensata y razonable de colaboración y no a esa
especie de escenificación de decir te he pillado en aquello en lo que
no has hecho nada y ustedes no saben de qué están hablando. Es un
juego pueril que no lleva a ningún sitio. Esta es una gran
iniciativa, una iniciativa oportuna y sensible pero que necesita ser
matizada. Por ejemplo, no descubrimos nada en este momento porque ya
el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Comunidad Autónoma de
Castilla y León lleva tiempo colaborando en un plan para favorecer
que las grandes infraestructuras, concretamente las autopistas, no
sean una barrera natural que impida que determinadas especies,
incluido el lobo pueda tener un desarrollo normal en su hábitat. En
las poblaciones de lobos de esa zona hay una serie de ellos que están
marcados y se siguen todos sus movimientos para conocer
específicamente su comportamiento y, por tanto, poderlos proteger
adecuadamente.
Me queda poco más que decir. Solamente quiero hacer una matización
que es importante. De forma casual, parece que hasta casi
premonitoria, el pasado fin de semana la televisión ofrecía un
extraordinario reportaje sobre los lobos y uno descubre que este
problema no es solamente español sino que es mundial. En ese
reportaje se decía que en Estados Unidos las grandes poblaciones de
lobos existentes casi tienen un santuario, que es Alaska -han sido
empujados por la presión humana hacia arriba-, y lo que están
tratando de hacer es algo similar a lo que en este momento aquí
estamos planteando. Más cerca de nosotros, en Alemania, existe
exactamente el mismo problema porque en toda la zona centroeuropea,
con gran cantidad de bosques, ese atavismo, esa especie de mala
relación histórica
entre el hombre y el lobo a que antes me refería se ve todavía
mucho más acentuada. Es decir, no es un problema especial y singular
de España en el sentido de que nosotros seamos más bárbaros que los
otros países europeos, sino que es un problema específico de un
magnífico animal que históricamente ha tenido mala fama. Tanta mala
fama ha tenido que incluso se ha llegado a probar que determinados
ataques atribuidos a lobos no eran realmente de lobos sino de perros
asilvestrados; es decir que el lobo per se siempre ha tenido esa
dificultad de trato.
Poco más hay que añadir. Simplemente quiero reiterar que nuestra
voluntad es de acuerdo, que la proposición no de ley es oportuna y
que quizá desde el espíritu de la colaboración, y no de la permanente
hostilidad Grupo Parlamentario Popular e Izquierda Unida, se podrán
conseguir efectos positivos como el que creo que seremos capaces de
alcanzar hoy con un razonable acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE: Si ustedes no se ajustan a lo que dice el
Reglamento, utilizar diez minutos para la defensa de las
proposiciones y cinco, como máximo, para la defensa de las enmiendas,
tendré que traer al lobo, y no lo digo por usted, señor Medina, sino
en general.
Ya defendidas las dos enmiendas, y sólo a los efectos de decir si se
aceptan o no, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, concédame la palabra antes
de la votación, porque vamos a intentar ponernos de acuerdo en una
enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo que quiera hacer
alguna consideración sobre el lobo? (Pausa.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
ASEGURAR LA TERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO DEL LITORAL MALAGUEÑO ANTES
DELAÑO 2002. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001346)
- RELATIVA AL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL LITORAL MALAGUEÑO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/001565)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a las dos proposiciones no de ley
siguientes, las números 2 y 3. Por la primera, se insta al Gobierno a
tomar las medidas necesarias para asegurar la terminación del
saneamiento del litoral malagueño antes del año 2000 y, la segunda,
que se verá conjuntamente según acuerdo de Mesa y portavoces del 19
de octubre de 1999, es relativa al saneamiento integral del litoral
malagueño. A estas dos proposiciones no de ley se han presentado dos
enmiendas, que supongo que se fundirán en una sola, una de Izquierda
Unida y otra del GrupoPopular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Centella, en nombre de
Izquierda Unida.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Estamos ante uno de los debates más
importantes de esta legislatura en relación con la provincia de
Málaga, porque créannos que, si les decimos que la provincia de
Málaga tiene hoy un problema que necesita una urgentísima solución;
si la provincia de Málaga tiene una asignatura pendiente de ser
aprobada, ésta no es otra que la terminación del saneamiento
integral, terminación que lleva años esperando ser una realidad.
El litoral malagueño ha visto pasar gobiernos de la UCD, gobiernos
del PSOE, está a punto de ver pasar al Gobierno del Partido Popular y
ninguno ha resuelto este importante problema. Han sido muchas las
ocasiones en las que se ha anunciado la inminente realización de esta
obra, incluso se han firmado convenios que así parecían asegurarlo,
pero, a la hora de la verdad, siempre se han incumplido los
compromisos, los plazos, y nuestras playas han seguido arrastrando
durante años unos problemas que no se merecen. Por poner sólo un
ejemplo, diré que la depuradora de Benalmádena fue aprobada en el año
1995 y licitada dos años después, pero hoy todavía no han comenzado
las obras y tampoco se han explicado los motivos de este retraso.
Incluso el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur
aseguró a este diputado hace más de un año que las obras comenzarían
en cuestión de días; sin embargo, como decía, hasta ahora no han
comenzado. Es más, se han venido incumpliendo reiterados compromisos
posteriores. Igual situación se ha vivido en el sector de Estepona-
Manilva, que venía arrastrando problemas desde los fuertes temporales
del año 1989, cuando la regresión progresiva de las playas produjo
daños irreparables, de manera que la única zona de ese sector que se
ha mantenido en servicio ha sido la comprendida entre el río Manilva
y el Puerto de la Duquesa. Desde al año 1989 hasta hoy no se ha
resuelto esto y no sabemos cuándo se solucionará. Podía seguir
poniendo ejemplos de situaciones parecidas desde Manilva hasta Maro a
lo largo de todo el litoral malagueño. Se pueden ver los «Diarios de
Sesiones», tanto del Congreso como del Senado, para comprobar las
veces que los distintos diputados malagueños hemos preguntado por
este asunto, siempre con el resultado de incumplimientos, de plazos
que no se hacen realidad.
Al final, el litoral malagueño no cuenta con un saneamiento integral
terminado y esto supone problemas en varios aspectos. En primer
lugar, porque estamos asistiendo a la degradación de una de las
principales riquezas con que cuenta nuestra provincia desde el punto
de vista medioambiental. Sería realmente triste que esta generación
pasase a la historia como la que ha destruido, que está destruyendo
una de las principales riquezas ecológicas de nuestra zona. En
segundo lugar, esto tiene repercusiones en lo referente a la política
de aguas. Si dispusiéramos de un agua perfectamente depurada, de un
agua que se pudiera reutilizar, podríamos regar campos de golf,
jardines, zonas verdes. Nuestros cálculos, los cálculos del
movimiento ecologista hablan de que se está vertiendo al mar sin
depurar o mal depurada el agua equivalente a la capacidad de un
pantano medio, que, de ser reutilizada, podía liberar a la Costa del
Sol de cualquier suministro de agua potable sin las
grandes inversiones que en este momento alguien podría plantear.
Junto a estos dos elementos hay otro que tiene una gran importancia:
la repercusión que tiene en la principal industria de este país no
contar con unas playas limpias, con unas playas saneadas. Si el
turismo malagueño y el turismo español en general tienen como eje
fundamental el segmento de sol y playa y éste tiene como materia
prima para configurar un producto de calidad el poder contar con unas
aguas en perfecto estado, podrán imaginar la repercusión que tiene el
terminar el saneamiento integral para el mercado turístico. Sus
señorías saben que es un mercado muy competitivo y cada vez más
sensible a condicionamientos medioambientales, a cualquier elemento
de carácter ecológico. Por tanto, la no terminación del saneamiento
integral está siendo muy negativo a la hora de competir con otros
mercados. El incumplimiento de la normativa europea sobre zonas sin
depurar siempre será un lastre para cualquier localidad, para
cualquier zona, pero mucho más en el caso de las zonas turísticas.
Estamos convencidos de que para la Costa del Sol puede suponer una
verdadera catástrofe, y créanme que no exagero. Nos estamos gastando
miles de millones de pesetas en promocionar el litoral malagueño y,
en general, el país por las ferias de turismo de todo el mundo,
estamos hablando de las excelencias de nuestras ofertas turísticas,
pero, al final, si aparecemos en la lista negra de las zonas europeas
que no cuentan con saneamiento, gran parte de estos miles de millones
de pesetas gastados serán inútiles, será dinero malgastado. Podremos
ir a las ferias de turismo Berlín, de Londres, pero si paralelamente
aparece esa lista negra y en ella está la Costa del Sol u otras zonas
del litoral español, habremos causado grandes daños a nuestra
principal industria, a nuestra principal fuente de riqueza y de
creación de empleo.
Como decía, estamos hablando de un problema que es urgente resolver,
máxime cuando esto no requiere una gran inversión; no se trata de una
inversión que pueda resquebrajar ningún presupuesto, estamos hablando
de unos 26.000 millones de pesetas en tres años, cantidad que suena
ridícula, sobre todo si la comparamos con el medio billón de pesetas
que ha generado la Costa del Sol para la industria turística. Se
trata de una cantidad realmente ridícula y, por eso, tienen que
comprender la indignación que ha vivido toda la sociedad malagueña
cuando ha visto que los 12.000 millones de pesetas que figuraban en
los presupuestos plurianuales para el año 2000 en relación con el
saneamiento de la Costa del Sol este año han quedado reducidos a sólo
1.475 millones. Aestas alturas no se sabe con certeza cuándo ni cómo
se terminarán las obras que permitan tener unas playas plenamente
saneadas; después de todo lo visto y oído no existe un compromiso
claro sobre cuándo se verá el final de este largo túnel que ha
condenado a la Costa del Sol a sufrir unas consecuencias que no se
merece. Por tanto, después de años de promesas y de que los diputados
del Grupo Popular hayan anunciado una y mil veces cuándo se
empezarían determinadas obras, anuncios que a la hora de la verdad no
se han visto cumplidos, creo que ha llegado el momento de alcanzar un
compromiso, un acuerdo para, al menos, intentar -sabemos que estamos
ya en condiciones difíciles para cumplir esa normativa europea-
llegar al año 2002 con la normativa europea cumplida.
En relación con este tema también se ha hecho alguna que otra
declaración desafortunada, como cuando el propio delegado del
Gobierno planteó que iba a solicitar una prórroga porque no se iba a
poder cumplir con el plazo. Creemos que eso es tirar la toalla antes
de tiempo, pero además pensamos que es absurdo, puesto que todo el
mundo sabe que el mandato comunitario no admite prórrogas.
Después de estar esperando durante más de 15 años la realización de
esta obra, unido al esfuerzo que la sociedad malagueña hace para
contribuir a la economía de este país, creemos que es justo que hoy
aquí se abra una vía de esperanza, una posibilidad, que ya digo que
es remota, porque el Gobierno en este tema, todo hay que decirlo, no
tiene precisamente mucha credibilidad. Pero nosotros estamos
dispuestos a arrimar el hombro y a hacer un último esfuerzo para que
hoy aquí no se cierre definitivamente la posibilidad de que la obra
del saneamiento malagueño esté terminada para el año 2002, sino que
se abra una puerta, haciendo desde aquí un llamamiento a todas las
administraciones y a toda la ciudad malagueña para que todos juntos
hagamos este último esfuerzo que nuestras zonas turísticas y nuestro
medio ambiente se merece.
En ese sentido, creemos que terminar la obra del saneamiento es la
única garantía para que los problemas que nuestras playas han venido
sufriendo año tras año no se repitan. Pensamos que el Gobierno no ha
sido consciente de lo que se jugaba y que no ha tenido esa voluntad
inversora que hay que tener para invertir en un tema que no es un
capricho de los malagueños, sino que simplemente se trata de colocar
al turismo malagueño en una situación de seguir aportando dinero a la
economía nacional. Por eso, repito, afrontamos este debate desde la
máxima voluntad del consenso, con respecto a la cual tengo que decir
que estamos dispuestos a llegar a acuerdos (lo espero; estoy
convencido de que así puede ser), pero evidentemente no puede ser
exclusivamente sobre la base de la enmienda que nos presenta el Grupo
Popular; no puede ser porque en esta enmienda solamente se habla de
las obras que ya están licitadas, algo que a nosotros nos preocupa
(no es que estemos en contra de lo que se nos plantea), pero quedaría
incompleta. Faltaría más que no se terminasen las obras que ya están
licitadas, pero lo que a nosotros nos preocupa sobre todo son las
obras que ni siquiera están licitadas. Simplemente nos conformamos
con alcanzar un acuerdo que estuviese en torno a las recientes
declaraciones del propio presidente de la Confederación Hidrográfica
del Sur en una jornada en Marbella, declaraciones que el señor Caneda
debe conocer bien, puesto que estaba presente, y en las cuales se
señalaba el horizonte del año 2000 como fecha en la que se podrían
iniciar el resto de las obras que faltan. Desde esa perspectiva creo
que sería posible -en ese sentido las conversaciones mantenidas con
otros grupos lo pueden avanzar- que para la hora de la votación
pudiésemos tener elaborado un texto que englobe lo que aquí se ha
planteado y lo que hoy por hoy se puede demandar, un texto que,
admitiendo lo que plantea la enmienda del Grupo Popular en su primer
apartado, se complete con el hecho de que durante el año 2000 se
presente ese plan que indique los plazos y la forma en que se van a
realizar el resto de las obras de saneamiento integral. Si lo creen
conveniente el resto de los portavoces, podríamos redactar un texto
que se presentaría a la hora de la votación.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Centella, se ha limitado usted a los
10 minutos reglamentarios, lo cual le agradece esta Presidencia.
Usted mismo, esto es, el Grupo de Izquierda Unida había presentado
una enmienda que supongo está subsumida en su intervención.
(Asentimiento.)
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señor presidente, voy a aprovechar el turno
tanto para defender la enmienda como para fijar la posición de mi
grupo.
El saneamiento integral pendiente en la provincia de Málaga y en toda
la Costa del Sol en general es nuestra gran preocupación. El portavoz
de Izquierda Unida; proponente de esta iniciativa, se ha referido al
tiempo que Málaga lleva pendiente de que realize el saneamiento y,
efectivamente, desde hace mucho tiempo, 15 años, fundamentalmente
todos los sectores turísticos de la Costa del Sol y concretamente
toda la sociedad malagueña han venido reclamándolo. Aquí todos los
grupos estamos de acuerdo en que tenemos que insistir en lo vital que
es, tanto desde el punto medioambiental como turístico, realizar
estas inversiones. Estamos de acuerdo con ello y llegaremos siempre a
entendernos en este tema, lo que pasa es que no lo vemos ni desde una
perspectiva tan catastrófica ni desde tanta inacción. Yo creo que
esto es una cosa que hubiese sido posible hacerla de forma paulatina
desde los años 1985, 1986, 1990; incluso cuando se elabora la
directiva en 1991 todavía hay cinco años por delante. Repartido en el
tiempo se podría haber hecho de una forma mucho más light y ahora se
habla de que es la asignatura pendiente. Yefectivamente es la
asignatura pendiente, pero durante este año hemos tenido en la
provincia de Málaga muchas asignaturas pendientes que se han ido
resolviendo, tanto en comunicaciones como en desembocaduras de ríos o
puertos, lo que ha provacado un gran incremento del turismo, siendo
los siete millones de este año un reflejo del número de turistas que
se acercan a nuestra provincia; como más del 50 por ciento de ellas
pertenecen a otras ciudades españolas, el tema que afecta realmente a
toda España.
Desde 1990 o antes, cuando surge con gravedad este problema, hasta
1996, en que se puede empezar a recriminar sus actuaciones al
Gobierno al que se le dirige esta iniciativa, hay una inacción,
iniciándose en 1997, primer eje presupuesto aprobado, las
licitaciones de la obra de la Costa del Sol. Por eso queremos hacer
dos distinciones, siendo este grupo también partidario de presionar
por la necesidad que comparte de que cuanto antes se haga. En los
años 1997 y 1998 se han licitado las obras más importantes: el
colector de Torremuelle, la estación depuradora de Vélez (Málaga), la
de Benalmádena, la estación del Rincón de la Victoria, el colector
del Rincón de la Victoria y el colector de Vélez (Málaga), suponiendo
cada una de las actuaciones entre 1.500 y 3.000 millones de pesetas.
Algunas de estas obras ya se están realizando y todas ellas estarán
iniciadas a finales de este año, como en reiteradas ocasiones se ha
dicho. Quiero decir además que estas obras son las más importantes.
Es cierto que por el propio devenir de la población de la Costa del
Sol, como ha ocurrido en Fuengirola, en que su depuradora se ha
quedado pequeña,
debiendo acometerse una ampliación, o por el deterioro, como ha
ocurrido con el colector de Manilva, que hay que sustituirlo, hay que
adoptar nuevas medidas, igual que hay que adoptar otras menores, como
en el caso de Nerja y Algarrobo, pequeñas depuradoras, para que
complementen las dos grandes de la costa oriental, que son El Rincón
y Vélez, que ya están licitándose.
Pues bien, en relación con todo este conjunto de actuaciones que hay
que hacer, nosotros creemos que con las iniciadas este año se va a
cumplir el bloque principal de depuración de las aguas, puesto que
son las fundamentales, y con respecto a las otras -seguro que
llegamos a un acuerdo en ese segundo punto- se debe dejar claro en el
año 2000 cuándo se van a iniciar y cómo se van a financiar, ya que,
al estar iniciadas estas obras y tener un período de ejecución de
entre 24 y 30 meses en el año 1999, si se deja claro la realización
de las otras en el 2000, prácticamente en el año 2002 o en el 2003 el
saneamiento estaría desarrollado en su integridad, que es lo que nos
importa, más que el cumplimiento de una directiva, que en su
literalidad habla del 2005, aunque presenta etapas, y una de ellas es
el 2002, para determinados municipios. A nosotros nos parece
importante ese enfoque y, en vez del continuo quejido, pensamos que
esta medida hay que llevarla a cabo en un sentido práctico, que se
centraría en concretar todas estas obras fundamentales a las que me
he referido, que se inicien y se realicen en este año 1999 Así
tendríamos garantizado que el bloque fundamental estuviese listo
alrededor del 2002, y para el resto, que son menores, igual que su
período de ejecución, que se concreten claramente su fecha de
ejecución y su forma de financiación.
Todo esto es muy importante para el turismo, pero que no podemos
incidir en el catastrofismo total. Punto uno, se está realizando la
obra; punto dos, hay informes recientísimos. Hace poco tiempo ha
habido uno de la Cámara de Comercio y anteriormente otro de la Junta
de Andalucía sobre la calidad de las aguas, que demuestran que la
mayoría de las aguas de la Costa del Sol están muy bien y que una
parte pequeña es aceptable, no habiendo en ningún caso ninguna en mal
estado, con lo cual no hay que enfatizarla crítica. Las quejas, de
las que se hace eco el portavoz de Izquierda Unida, en relación con
algunos sectores dentro del sector turístico, que son naturales. Es
lógico, porque todos queremos que se invierta más y que se haga lo
más rápidamente posible. Como la inversión ya está en marcha porque
está el plan y porque las obras ya están licitadas e iniciadas,
mientras tanto tenemos que atenernos a la realidad. La realidad es
que la calidad de las aguas sigue dando unos niveles buenos y que el
incremento del número de visitantes en la Costa del Sol sigue siendo
muy alto y superior al del resto. Es bueno que haya inversiones, pero
cuando se quejan de estas multimillonarias inversiones es porque ven
la posibilidad de gran desarrollo en la costa. Como la ven siguen
invirtiendo y como ven que realmente el agua está en condiciones y
que ya se han iniciado estas obras siguen invirtiendo miles de
millones, en residencias y siguen creciendo las urbanizaciones en
toda la Costa del Sol. Darle un tinte catastrofista, como muchas
veces se hace con de este tema, no solamente no es bueno, sino que
además no es cierto.
En consecuencia, espero que lleguemos a un acuerdo consensuado entre
los distintos grupos, porque, en definitiva, estamos todos por la
misma labor: que el saneamiento integral se termine cuanto antes por
el bien de la Costa del Sol y de toda España.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Caneda, la Presidencia le felicita por
atribuirse el tiempo que reglamentariamente le corresponde.
Con relación a esta proposición, el señor Centella tendrá que
intervenir sólo a los solos efectos de decir si acepta o no la
enmienda que ha propuesto el Grupo Popular.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Creo que quedan todavía otros grupos por
intervenir.
El señor VICEPRESIDENTE: Los otros grupos intervendrán, pero esta
Presidencia desea saber si su grupo acepta la propuesta del Grupo
Popular referido a alos puntos 2 y al 3, es decir, a los dos o, por
el contrario, dejamos el tiempo oportuno para que lleguen ustedes a
un acuerdo al final de la votación. Esto es lo único que esta
Presidencia desea en estos momentos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Ya había manifestado a lo largo de mi
intervención que, tal y como estaba redactada la enmienda del Grupo
Popular, no era aceptable por nuestro grupo, pero que estábamos
dispuestos a alcanzar un acuerdo con el resto de los grupos, que
ofreceríamos a la hora de la votación. Por tanto, queda abierta la
presentación de una enmienda transaccional que incluiría la enmienda
del Grupo Popular, pero que se ampliaría con un nuevo apartado que
sería. Lo aclararemos a la hora de la votación.
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo, entonces usted mismo nos dirá si
han llegado a un acuerdo a efectos de realizar las votaciones.
¿Grupos que quieran fijar su posición sobre este tema? (Pausa.)
La representante del Grupo Socialista, Dolores Sánchez, tiene la
palabra.
La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Intervengo brevemente, señor presidente,
para decir que la posición de mi grupo parlamentario va a ser
favorable al espíritu de la proposición no de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida. Digo el espíritu, porque no sabemos cómo va
a quedar definitivamente el texto. Hemos estado viendo una enmienda
transaccional que mi grupo estaría dispuesto a aceptar porque matiza
la enmienda del Grupo Popular en el sentido de acotar plazos para la
ejecución de las obras de saneamiento. Nosotros estamos de acuerdo
con el contenido del texto de la proposición no de ley de Izquierda
Unida y también de su exposición de motivos.
Como bien se ha dicho -y no me voy a extender mucho, porque todo se
ha manifestado ya en esta sede parlamentaria, en el Pleno del
Congreso e incluso en el Senado-, las Cortes Generales ya han
debatido extensamente y a lo largo de varias legislaturas el problema
del saneamiento integral de la Costa del Sol. Desde mi punto de vista
hay
una diferencia en cuanto al tratamiento de este tema entre las
anteriores legislaturas con gobiernos socialistas y esta legislatura
con Gobierno Popular. Hay un dato importante que hay que reseñar y es
que en 1995, a raíz de la directiva europea, el Gobierno central
declara de interés general el saneamiento integral de la Costa del
Sol. Por tanto, en este año, 1995, es cuando el Gobierno central
asume casi íntegramente la responsabilidad de su financiación. Hasta
la declaración de interés general, las obras de saneamiento de la
Costa del Sol y, por tanto, el cumplimiento de la directiva
comunitaria era responsabilidad compartida entre ayuntamientos,
comunidades autónomas y Gobierno central cada uno en su porcentaje
correspondiente. Pero, hay más diferencias. Hasta 1996, año en el que
llega el Gobierno Popular, ya se habían redactado proyectos y se
habían hecho licitaciones de muchas obras, de algunas de estaciones
depuradoras y de colectores que ahora el Gobierno Popular en alguna
de sus respuestas parlamentarias o comparecencias -digamos
coloquialmente- se apunta como gestiones y logros de su Gobierno. Sin
embargo, lo que ha pasado es que muchos de los proyectos iniciados,
de las licitaciones y de las obras se han paralizado por parte del
Gobierno Popular cuando llega en 1996 al gobierno de la nación. Esto
no lo estoy diciendo yo, en respuesta parlamentaria el Gobierno
reconoce que durante 1996, 1997 y 1998 se dedicarón cero pesetas de
los Presupuestos Generales del Estado para el saneamiento integral de
la Costa del Sol; repito cero pesetas. Además, lo venden como un
logro, porque dicen que no se gasta dinero público, pero que las
obras se van a ejecutar por el llamado modelo alemán, es decir,
retrasar el pago hasta la finalización de la obra; cero pesetas.
Creo que el representante del Grupo Popular tiene buena voluntad y
hace el papel que tiene que hacer, pero no tiene ninguna base real
decir que aumentan los turistas en la Costa del Sol porque se ha
mejorado su saneamiento. No hay nadie en la provincia de Málaga que
pueda creerse esa afirmación. Sólo faltaría que en la Costa del Sol
se cerraran hoteles, sólo faltaría que dejaran de venir turistas y
sólo faltaría que se intentara convencer a los malagueños de que el
aumento espectacular de turistas -que, por cierto, no ha bajado, sino
que ha ido en aumento en los últimos años- se debe a la espectacular
inversión en saneamiento que ha hecho el Gobierno central. Esto no es
así.
De cualquier manera, nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que
signifique comprometer a este Gobierno o al que venga -que ojalá sea
otro- en las próximas elecciones con el saneamiento de la Costa del
Sol, porque es fundamental para la provincia de Málaga, ya que
influye de manera determinante en el turismo, aunque no es el único
factor y, sobre todo, porque es absolutamente necesario que a las
puertas del siglo XXI la Costa del Sol sea una costa limpia. Las
playas y sus aguas tienen bandera azul de la Unión Europea desde
principios de los noventa. Por tanto, tampoco nos apuntemos este
éxito como si se hubiese producido en 1996.
Vamos a aceptar cualquier compromiso que signifique que el medio
ambiente en la Costa del Sol en el siglo XXI va a ser aceptable.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley -y con esto termino, señor
presidente- con el convencimiento de que, si el Gobierno Popular
sigue dirigiendo
los designios de esta nación, esta proposición no de ley será
despreciada como lo han sido todos los acuerdos que en este
Parlamento hemos logrado en este y otros temas en relación con el
medio ambiente en la provincia de Málaga. Pero esperamos aprobarlo
también con la esperanza de que los ciudadanos decidan reprobar, tal
y como pedía Izquierda Unida en su segunda proposición no de ley, a
esta ministra a través de los votos. Lo vamos a aprobar con la
esperanza de que a partir de marzo del año 2000 haya un Gobierno
sensible a los problemas y a las necesidades de nuestra provincia.
(El señor Caneda Morales pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: ¿A qué efectos solicita la palabra?
El señor CANEDA MORALES: A efectos de responder a las alusiones a mi
buena voluntad y para hacer algunas matizaciones sobre lo que ha
dicho, solicito un minuto, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: No ha sido aludido, sino nombrado. Pero,
para que vea que esta Presidencia no tiene inconveniente le voy a dar
dos minutos; por favor, limítese a ellos porque transcurridos le
cortaré la palabra.
El señor CANEDAMORALES: Primero, cuando dice que hay proyectos que se
han paralizado, quiero recordar que los que se han licitado han sido
en proyecto y obra, es decir, no había ningún proyecto hecho. Por
eso, se ha tardado tantísimo en hacer este proceso administrativo.
Segundo, la directiva tiene fecha de 1991 y el acuerdo, cuando se
reparte y se declara de interés general, es de 1993 no de 1995.
Tercero, cuando dice que, hasta la fecha, las competencias estaban
compartidas, quiero recordar que, tanto los ayuntamientos como la
Junta de Andalucía como el Gobierno central, los quince años
anteriores, estaban bajo el Gobierno socialista. Simplemente eso.
El señor VICEPRESIDENTE: Le agradezco que no haya cubierto los dos
minutos.
- SOBRE SITUACIÓN DE LAS OBRAS DE CERRAMIENTO DEL ANILLO HÍDRICO DE
HUELVA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001618.)
El señor VICEPRESIDENTE: Por situaciones que se han planteado en
otras comisiones, en vez de tratar el punto número 4 -hasta ahora
hemos hecho las números 1, 2 y 3-, vamos a pasar a la proposición
número 6 y me dirán si llegan a un acuerdo o no sobre las restantes.
Hablaremos ahora sobre la situación de las obras de cerramiento del
anillo hídrico de Huelva, proposición presentada por el Grupo
Socialista, por lo que tiene la palabra su representante.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: Señorías, como bien dice la proposición no
de ley, el cerramiento del anillohídrico es una obra que se contempló
en el Plan metasequía
de 1994 a 1996, elaborado por el Gobierno socialista. Debido a las
abundantes lluvias durante dos inviernos, el Ejecutivo decidió que
esta obra se hiciese por la vía normal que, por desgracia en este
caso, como en otros muchos referentes a ejecución de obras
hidráulicas en esta provincia, se ha convertido en un procedimeinto
verdaderamente dilatado en el tiempo.
El proyecto pretende pasar aguas del embalse del Chanza hasta el
entorno de Doñana mediante un sifón y provocar una gran balsa de
regulación en la Cruz del Término, en el municipio de Moguer. Una vez
que el Gobierno, o en su caso la Sociedad Estatal Hidroguadiana,
finalice estas obras, la Junta de Andalucía se encargaría de llevar a
la práctica la canalización de aguas desde esa balsa hasta los
polígonos de riego existentes. Por último y para que tenga sentido
toda la ejecución de la obra, es necesario hacer una conexión desde
la cuenca hidrográfica del Guadiana a la del Guadalquivir. ¿Por qué
son necesarias estas obras? Porque estamos hablando de la zona de
regadíos de la comarca del entorno de Doñana, que abarca el
territorio desde el estuario del Tinto y del Odiel y la desembocadura
del Guadalquivir, que se abastece exclusivamente de las aguas
subterráneas del acuífero 27. Afecta a varios municipios, como son
Palos, Moguer, Lucena, Bonares, Rociana y Bollullos, que viven
exclusivamente de la agricultura, su única fuente de riqueza, todos
menos uno que comparte la actividad agrícola con la industrial. Estos
municipios producen 140.000 toneladas de fruta al año,
fundamentalmente fresas, aunque son ya numerosas las plantaciones de
arándanos y de frambuesas en la zona, generando unos recursos, a
través de la exportación a Europa, de más de 35.000 millones de
pesetas. Dedican al cultivo la mitad de las hectáreas que tiene el
sector en Huelva que, como todo el mundo sabe, es la primera potencia
europea en la materia.
El agua de riego que se viene utilizando procede del subsuelo y de
las cesiones en precario que hace la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Son muchos los agricultores que, ante esta precariedad, no
se arriesgan a seguir invirtiendo y en muchas ocasiones se ven
obligados a abandonar sus cultivos al no tener agua para regar. Otros
intentan salvar lo que tienen y, ante la precariedad del agua que
reciben, buscan fórmulas para sacar más agua ante la atenta mirada de
la Confederación que, como siempre, les multa debidamente.
Esto es una profunda tristeza, señoría, porque estamos hablando de
asegurarnos el desarrollo económico y social de una comarca en la que
más de 46.000 personas viven de la agricultura, una población que
crece de manera considerable durante las campañas de recogida de
fruta, que dan trabajo y servicio en forma de asistencia sanitaria,
educativa, de vivienda y de atención a personas que vienen desde
cualquier punto de Andalucía o desde el norte de África porque éstos
son sus únicos medios de subsistencia.
Huelva es una de las pocas provincias españolas y andaluzas en las
que hoy se dan las dos condiciones que la Unión Europea exige para la
ampliación de la superficie de regadíos. En primer lugar, el balance
hídrico da excedentes de agua, ya que la provincia es rica en
recursos hídricos superficiales y subterráneos, existiendo una alta
pluviometría en la sierra y el Andévalo; en segundo lugar, nuestra
producción hortofrutícola provincial es demandada en los mercados
internacionales. Huelva, señorías, es una provincia rica en recursos
hídricos, pero pobre en infraestructuras que hagan posible el uso
adecuado de estos recursos. Siendo una provincia rica en recursos
hídricos, nos encontramos con una superficie regable entre las 20.000
y 23.000 héctareas, es decir, entre el 3 y el 4 por ciento, frente al
10 por ciento de la media de las provincias andaluzas, a las que por
cierto hemos dado agua en épocas de extrema sequía, porque Huelva es
una provincia solidaria. La pena es que, siendo una provincia
solidaria, no pueda serlo con el resto de su gente, los agricultores
con los que intenta generar riqueza, porque teniendo agua como
tenemos carecemos de la infraestructura suficiente.
Por todo ello es por los que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente proposición no de ley. El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a, primero, elaborar en el plazo de dos
meses los estudios necesarios para la toma de decisiones sobre la
opción más adecuada para resolver las necesidades de agua de las
zonas indicadas en el proyecto, al objeto de desbloquear la ejecución
de las obras; segundo, ejecutar el desdoblamiento de los ramales
principal y del Tinto desde los depósitos reguladores de Huelva; y
tercero, ejecutar el cierre de la conducción entre el ramal del Tinto
y el final de la conducción a la zona industrial de Huelva.
Esta proposición no de ley, señorías, la presenté en el mes de junio
de este año y, como quiera que, tanto la ministra como los
representantes del Partido Popular, están diciendo constantemente en
los medios de comunicación en la provincia de Huelva que la obra está
ya para licitar, en ejecución, en la provincia no sabemos cuál es la
situación de las obras. Cuando hable ahora el representante del Grupo
Popular, nos podremos enterar, aunque me da la sensación de que son
solamente palabras. De todas formas, como es una proposición no de
ley con la que están de acuerdo tanto los representantes de Izquierda
Unida como del Partido Popular, por lo menos los de Huelva, espero
que se apruebe.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marquínez, del
Grupo Popular, para defender la enmienda que ha presentado.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: ¿El Grupo Popular tiene presentada una
enmienda, señor presidente?
El señor VICEPRESIDENTE: La enmienda, de modificación, queda
redactada de la siguiente forma. El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a continuar con la mayor agilidad las actuaciones
emprendidas de cara a finalizar las obras del cerramiento del anillo
hídrico de Huelva. Justificación, mejora técnica.
Por tanto, el Grupo Popular sí ha presentado una enmienda.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Se planteaba como una enmienda
transaccional, pero se ha presentado en forma de enmienda. De
cualquier manera, tomaremos la palabra para defenderla.
Señor presidente, después de haber hablado de lobos y de litorales
malagueños tan bellos, voy a iniciar mi intervención con una canción
para animar la Comisión de Medio Ambiente. La canción decía:
Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Realmente, es una
sopresa en este caso que el Grupo Socialista reclame obras
hidráulicas, aunque es una sorpresa mantenida a lo largo del tiempo.
Nos reclaman obras hidráulicas cuando, en el momento en que tuvo que
haberlas hecho, no las hizo; cuando puede hacerlas en este momento,
puesto que la Junta de Andalucía tiene competencias de agua, no las
hace y tampoco deja que se hagan en estos momentos en los que el
Gobierno central se propone realizarlas.
Vamos a tratar de argumentar todo esto que decimos. No las hizo, como
ha quedado patente en la propia intervención de la señora Camacho,
puesto que la obra que se reclama ahora data de diez años, cuando el
Partido Socialista gobernaba en Andalucía y a nivel nacional. Desde
hace diez años, gobernando el Partido Popular en los últimos tres el
Gobierno socialista ha tenido tiempo de hacer esta obra que considera
tan importante; nosotros también pensamos así, por lo que estamos
haciéndola, pero no deja de sorprendernos el hecho de que, habiendo
tenido tiempo y considerado la importancia que tiene la obra, no se
hiciera cuando se debió hacer. Digo que tampoco acomete las obras
hidráulicas que considera tan importantes para la provincia de Huelva
porque es sorprendente ver cómo en los presupuestos del Partido
Socialista, en la Junta de Andalucía, se consignaba este año para
obras hidráulicas más de 1.500 millones de pesetas y su ejecución
presupuestaria no ha llegado al 40 por ciento, es decir, que ni
siquiera se han gastado lo que presupuestan para obras hidráulicas.
Si atendemos a los presupuestos de Medio Ambiente de la propia Junta
de Andalucía, en los que se consignaban más de 600 millones para
obras relacionadas con este tema, no se han gastado más allá de 160
millones de pesetas. Es decir, cuando tiene que hacer las obras por
las competencias que tiene asumidas, tampoco las hace. Digo que nos
las deja hacer porque la mayoría de estas obras depende de varios
conceptos: de dotación presupuestaria de proyectos, de convenios con
los usuarios, puesto que se hacen en combinación con los usuarios, lo
que puede retrasarlas algo, así como de informes de impacto ambiental
que emite la Junta de Andalucía. Concretamente se encuentran ahora
mismo paralizadas obras importantes, como presas que tienen aún más
importancia que la de las que estamos hablando, precisamente por la
falta de agilidad de la Consejería de Medio Ambiente. Por tanto, no
deja de ser sorprendente.
Sin embargo, como ha dicho la señora Camacho, estamos absolutamente
de acuerdo en el fondo del tema, que es la importancia de la obra, y
en que hay que hacerla, y no sólo estamos de acuerdo sino que además
lo demostramos, puesto que la empresa Hidro Guadiana, que es la que
tiene asignada ahora mismo la facultad de ejecución de las obras,
tiene previsto invertir en la provincia de Huelva en obras
hidráulicas ni más ni menos que 53.000 millones de pesetas, en los
que están comprendidas las obras que se nos reclaman en esta
proposición no de ley, y concretamente - y lo digo para tranquilizar
a la señora Camacho y también a otros grupos que estén escuchando, y
por supuesto los onubenses lo conocen ya- estas obras se van a
licitar dentro
del presente año, están en fase de licitación. Por tanto, se puede
decir que estas obras son una realidad y no una expectativa. Ypor
supuesto no son palabras, como ha dicho la señora Camacho, esto se
podrá comprobar en un brevísimo plazo puesto que estamos hablando del
presente año.
Pero es que además de estas obras en la provincia de Huelva, repito,
estos 53.000 millones comprenden la presa del Andévalo, la presa del
Jarrama, la segunda fase del sistema del Chanza, la toma de embalse
del Piedra, la depuradora de Huelva, el saneamiento y depuración del
entorno de Doñana, la depuradora del Rocío, la presa de Alcolea, el
cinturón hídrico, la presa de Pedro Arco, el Corunjoso, la ampliación
de la conducción del Chanza, es decir, todas las obras que son
necesarias en la provincia de Huelva, que finalmente en sólo tres
años y algo más de Gobierno del Partido Popular se han podido hacer y
que no se hicieron durante catorce años. Me imagino que el Partido
Socialista en su época de gobierno tendría el interés que demuestra
ahora, pero desde luego no lo concretó en actuaciones que, sin
embargo, ahora nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Quizá
no fue posible, no creemos que eso se debiera a una gestión pésima,
pero la verdad es que los resultados cantan. Los partidos se ganan
con goles y no con buenas voluntades a los puntos, y en este caso
quien mete los goles es el que realiza las obras, y las obras las
estamos haciendo nosotros y en este sentido podemos decir que estamos
ganando por goleada, lo cual le deseo a los equipos españoles en la
Copa de Europa, que no van muy bien, por cierto.
Señor presidente, ¿qué más decir sobre esto? Que todo esto no sólo lo
digo yo sino que lo dicen los ministros y además queda recogido en
los propios medios de comunicación. Es sorprendente ver como en estos
medios de comunicación -voy a hacer un breve ejercicio de
recordatorio de temas que se han dicho y que quedan ahí plasmados por
los medios de comunicación los argumentos de la señora Camacho quedan
bastante flojos; se dice: El Partido Popular asegura que las obras de
la presa del Andévalo comenzarán este año -es una nota de prensa-. La
señora Camacho a eso contestaba que eran simplemente palabras. Bueno,
pues para la presa del Andévalo se puso la primera piedra el día 13
de septiembre; no son palabras, sino hechos del PP.
También se dice que el PP anuncia el inicio en este año de las obras
de la presa del Andévalo, y la señora Camacho contestaba que la única
base es la hemeroteca del presidente provincial, y resulta que se ha
puesto la primera piedra, que ya no es una hemeroteca sino un bien
físico, como una piedra gorda que se puso allí para que se viera que
se iniciaban las obras. El presidente del PSOE en Huelva, cuando se
anunciaba la primera piedra de la presa del Andévalo, nos acusó de
que estábamos en precampaña, y yo diría que si cada vez que se inicia
una campaña el PP tiene que inaugurar la ejecución de una presa, debe
de ser la precampaña más cara del mundo.
También se recoge en los medios de comunicación la colocación de la
primera piedra de la presa del Andévalo. Aquí tenemos otro ejemplo
claro de comunicación en el que se dice que el cierre del anillo
hídrico se licitará este año, lo dicen los medios de comunicación por
informaciones recibidas del Gobierno y de la empresa Hidro Guadiana.
Todo esto son periódicos de Huelva, no me he limitado
a la zona de influencia de la señora Camacho, que es donde ella ha
tenido oportunidad de leer todos estos temas. Planean obras
hidráulicas hasta el 2003 por valor de 25.000 millones de pesetas.
Don Benigno Blanco, que es el secretario de Estado encargado del tema
del agua, dice que confía en que los convenios con los usuarios, los
regantes y las actuaciones de la Junta de Andalucía permitan que se
desarrollen en el tiempo previsto por el Ministerio. Por tanto, no
depende sólo de la acción del Gobierno, que sí pone el dinero y dota
presupuestariamente para que esto se haga. La propia Diputación de
Huelva reclama en este titular de prensa a la Junta de Andalucía que
actúe rápidamente para que se consigan los resultados de agua que se
necesitan. Podríamos estar así un buen rato, porque traigo bastante
documentación de prensa. ¿Esto a qué nos lleva? Aconcluir diciendo
que estamos de acuerdo en que las obras se hagan rápidamente, pero es
que ya se están haciendo, ya están en fase de licitación. Esta es una
obra importante, como muy bien ha dicho la señora Camacho: una gran
parte de la economía de Huelva depende de que estas obras se hagan, y
no por la falta de agua en sí misma, sino por la regulación adecuada
del agua, puesto que ahora mismo están teniendo agua y se están
estableciendo los cultivos. El Gobierno del Partido Popular ha
actuado en tiempo y forma, se van a licitar en el presente año, y
tendremos así cumplidas todas las expectativas que se nos piden en
esta proposición.
Por tanto, yo sometería a la consideración de los grupos una enmienda
transaccional en el sentido de decir que se inste al Gobierno a que
urja lo que ya está realizando, a que se tenga más diligencia en lo
que ya está realizando, pero de ninguna manera a decir que haga lo
que ya se está haciendo.
El señor VICEPRESIDENTE: Para ver si se acepta la enmienda del Grupo
Popular, la señora Camacho tiene la palabra, en nombre del Grupo
Socialista.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: El señor Marquínez sabe que, entre otras
cosas, en este caso también nos separa el tiempo; nosotros hemos
querido concretarlo en dos meses; ya que ellos dicen que la obra
prácticamente está licitada, yo creo que les daría igual; yo pondría
dos meses, tres meses, cuatro meses, lo que no me gusta es lo de
posibilitar, porque sabemos que nos vamos a quedar, a pesar de lo que
ha dicho, de nuevo en palabras, y los agricultores quieren agua y
plazos, no quieren más palabras.
De canción a canción, señor Marquínez, con ustedes la vida sigue
igual, así que no nos pongamos a cantar esta mañana.
El señor VICEPRESIDENTE: Aunque no tenemos orquesta, lo único que le
quería pedir es que nos dijera si va a aceptar o no la enmienda.
La señora CAMACHO VÁZQUEZ: No, no vamos a aceptarla.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Algún grupo tiene la pretensión de
intervenir en este gran tema sobre Huelva? (Pausa.) No hay. De
acuerdo.
- SOBRE CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN PARALA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE
DE SELA, ASÍ COMO RECHAZO DE CUALQUIER PETICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
EMBALSES EN EL TRAMO FINAL DEL RÍO MIÑO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001509)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición, que es
el punto 4, sobre cancelación de la concesión para la construcción
del embalse de Sela, así como rechazo de cualquier petición de
construcción de embalses en el tramo final del río Miño.
El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Socialista del
Congreso. Tiene la palabra la señora Silva.
La señora SILVA REGO: Señorías, no es la primera vez que la petición
de cancelación de la concesión para la construcción del embalse de
Sela llega a esta Comisión, aunque sí que esperemos que sea la
última, porque ahora hay datos elaborados por un grupo bilateral
España-Portugal que obligan a ambos países a cancelar esa concesión.
No quiero extenderme mucho en los datos sobre este embalse porque,
como decía antes, se ha tratado ya reiteradamente en esta Comisión,
aunque sí voy a plantear algunos de forma general.
El aprovechamiento hidroeléctrico del Sela en el río Miño aparece en
el convenio firmado entre España y Portugal en 1968. La
Administración portuguesa otorgó la concesión a la EDP portuguesa en
1977, y la española a Fenosa, hoy Unión Fenosa, en 1978.
En junio de 1991, con la reforma de la legislación de medio ambiente
y ya con mucha mayor sensibilidad hacia el mismo, en Lisboa se insta
a la elaboración de un estudio de impacto ambiental por los
concesionarios. En febrero de 1996 se constituyó un grupo de trabajo
bilateral para emitir un informe sobre el impacto ambiental del
aprovechamiento al no considerar consistente que fuesen los
concesionarios los que evaluasen el impacto.
Quiero continuar leyendo las palabras del señor Landeta Alvarez-
Valdés, del Grupo Parlamentario Popular, pronunciadas en esta
Comisión el pasado 24 de febrero de este año, en relación a este
tema. Decía: Todo se encuentra en estudio en relación a la creación
del grupo de trabajo bilateral de la comisión hispano-portuguesa para
regular el uso y aprovechamiento de los ríos en sus zonas
fronterizas. Y continuaba afirmando: Serán los respectivos
departamentos de España, Ministerio de Medio Ambiente, y Portugal,
los que adoptarán una decisión conjunta acerca de la ejecución de la
presa en cuestión, siempre que resulte viable desde un punto de vista
medioambiental.
Pues bien, ahora ya sabemos que es inviable desde el punto de vista
medioambiental, ya que el informe de evaluación del impacto ambiental
del Sela en el río Miño ya está finalizado, y sus conclusiones, que
paso a leerles, son taxativas y concluyentes: en primer lugar, dar
parecer desfavorable a la construcción del aprovechamiento
hidroeléctrico del Sela en las actuales condiciones, teniendo en
cuenta los impactos negativos que se presentan en ese documento. En
segundo lugar, recomendar que la zona
debe ser especialmente afectada para la conservación del patrimonio
natural e histórico, atendiendo a los elevados valores
medioambientales identificados.
No queda ninguna duda sobre la posición del grupo de trabajo
bilateral, creado con la finalidad de emitir informe sobre la
construcción de este embalse. Ahora ya no existe ningún argumento
para no votar favorablemente a la cancelación de la concesión.
Señorías, el 24 de febrero, cuando intervino en esta Comisión el
portavoz del Grupo Popular, ya existía este informe del grupo
bilateral, el que ahora les muestro, que tiene fecha de octubre de
1998, que está escrito en portugués, porque tuvieron que ser los
responsables portugueses los que nos lo hicieron llegar. Los
responsables del Gobierno español lo tenían y no le habían dado
publicidad. Fuimos los socialistas los que le dimos a conocer. A
partir de este momento, y ya anteriormente de forma reiterada, se han
pronunciado en contra de la construcción del embalse de Sela todos
los ayuntamientos de ambas márgenes del Miño, grupos ecologistas,
movimientos sociales, sindicatos, todos los partidos políticos, el
Parlamento de Galicia unánimemente. Ainstancias del Grupo Socialista
en el Parlamento, la Xunta manifestó su total oposición a este
proyecto, al igual que el Gobierno portugués, y el director general
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, firmante del informe en
representación del Gobierno de España, también hizo pública su
oposición con esta firma. Ya sólo queda que en este Parlamento se
vote de una vez favorablemente a esta proposición no de ley y que el
Gobierno cancele definitivamente la concesión.
Otra posición sería incomprensible, porque, señorías, estamos
hablando de uno de los ecosistemas más importantes de España, situado
en una zona con una economía deteriorada que necesita para su
desarrollo sostenible mantener su patrimonio natural e histórico.
Estamos hablando de una extensa zona donde el río es soporte
fundamental para lograr un importante crecimiento socioeconómico.
Está situado en una zona estratégica, en un área metropolitana muy
desarrollada, con situación transfronteriza, con unas peculiares
características climáticas que favorecen la actividad agrícola
diversificada y de alta calidad, con una belleza del río y del
paisaje que lo circunda que lo convierte en una zona de especial
importancia para un tratamiento medioambiental. Tiene una condición
estuárica y una flora y fauna digna de resaltar. Igualmente, tiene
una gran actividad pesquera fluvial, con grandes potencialidades en
el desarrollo del turismo de calidad ligado a la gastronomía y a la
hostelería que hacen que las localidades ribereñas situadas a ambas
márgenes del río puedan ser zonas de un crecimiento y desarrollo
socioeconómico muy importante en el futuro si se respetan sus
características medioambientales. De realizarse la construcción del
embalse de Sela, se modificarían de tal forma las condiciones del río
y, por tanto, también de las riberas del río Miño, que profundizaría
en los problemas actuales producidos ya por el alto número de
embalses que existen a lo largo de todo este río.
En el informe del grupo bilateral, presidido por Carlos Villarroya,
director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, por
parte española, y Raúl Caisiñas, del Instituto de Aguas, por parte
portuguesa, se realizaron estudios detallados sobre fauna piscícola,
patrimonio histórico-artístico,
cultivo de viña y represamiento del río. Se consideraron,
además, las conclusiones del proceso de información pública, 28
reclamaciones en Portugal y ni más ni menos que 3.255 en España.
En base a todo esto, el grupo de trabajo bilateral considera el
convenio de 1968 y sus negativas consecuencias: las concesionarias
justifican su principal interés en el mantenimiento de la concesión
en lugar de su aprovechamiento hidráulico, que no consideran
prioritario; el aprovechamiento hidroeléctrico del Sela no es
relevante en el abastecimiento de consumo eléctrico creciente en los
dos países; el enorme e insustituible valor ambiental del río Miño,
que quedaría gravemente dañado; produciría impactos muy
significativos en la ictofauna, patrimonio cultural y en la economía
local; se produciría una alteración microclimática que afectaría a
las plantaciones de vino, además de un significativo impacto en el
hidrotermalismo y en las actividades y usos recreativos del río; y
produciría impactos indeterminados en la calidad del agua.
Para finalizar, quiero informar a esta Comisión de que el pasado mes
de octubre, en Lisboa, en la reunión de la Comisión de límites se
trató este tema y a la vista del informe elaborado por el grupo
bilateral, se tomó por unanimidad el acuerdo sobre la cancelación de
la concesión.
Por todo lo expuesto, espero y confío en que hoy voten favorablemente
a esta proposición no de ley, avalando así el procedimiento acordado
entre España y Portugal para emitir una decisión sobre la concesión
del embalse de Sela, que fue la elaboración de un informe de
evaluación de impacto ambiental que, finalizado en octubre de 1998 y
rechazando de forma taxativa la construcción del embalse de Sela, les
obliga a cancelar la concesión. Ahora tiene la palabra el Gobierno de
España. Si el Grupo Parlamentario Popular, grupo que apoya al
Gobierno, vota negativamente, estoy convencida de que aun así no se
hará ese embalse, y les aseguro que les será muy difícil explicar en
Galicia esta decisión. La leeremos en el Parlamento de Galicia,
interpelaremos al Gobierno gallego sobre esta negativa y
confrontaremos su posición con la de la Xunta de Galicia, porque nos
preguntamos dónde queda su coherencia, contentar en Galicia
oponiéndose y votar aquí que no. Se entendería así que, por un lado,
en Galicia decimos una cosa, (como viene siendo muy habitual en otros
posicionamientos en otros temas), mientras que en realidad no tenemos
ninguna sensibilidad política hacia los temas de esa comunidad
autónoma. Habría que preguntarse cómo se entiende que se cree un
grupo de trabajo bilateral para que emita un informe sobre las
consecuencias de la construcción de un embalse y, una vez que éste
emite sus conclusiones no se considere. Confío en que retomen su
posición los parlamentarios del Grupo Popular y que voten
favorablemente, porque de lo contrario estarían abriendo la puerta a
que se cometa un delito ecológico.
El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar posición, porque a esta
proposición no de ley no ha habido ninguna enmienda, tiene la palabra
el señor Vázquez, por el Grupo Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Voy a fijar la posición del
Bloque Nacionalista Galego sobre esta
proposición no de ley, aunque, como ya se ha hecho referencia, el 24
de febrero de este mismo año discutimos varias proposiciones no de
ley en este sentido, alguna de ellas nuestra, para que el Gobierno
tomase las medidas necesarias para anular la concesión para la
construcción del llamado embalse de Sela. En aquel momento esas
proposiciones fueron rechazadas. Digo esto porque curiosamente,
exactamente nueve meses después volvemos a discutir sobre este mismo
asunto, a través de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, que naturalmente el Bloque Nacionalista Galego va a votar
a favor, porque nos parece que es oportuna y porque es necesario el
pronunciamiento en contra de la construcción de este embalse por el
Congreso. Aunque uno no pueda esgrimir para este apoyo argumentos
sustancialmente distintos a los expuestos en aquel pasado mes de
febrero y que figuran recogidos en el correspondiente «Diario de
Sesiones» al que me remito, en todo caso conviene reafirmarse en
algunas cuestiones.
Estamos hablando de una concesión otorgada hace más de veinte años,
aunque al amparo de un convenio firmado por los gobiernos de los
generales Franco y Salazar muchos años antes, para construir un
embalse de gran envergadura en el tramo final del río Miño y cuyo fin
fundamental y único es la producción de electricidad. Por tanto,
estamos ante una concesión otorgada en momentos en los que el
concepto de desarrollo era totalmente distinto al actual, donde el
respeto a la naturaleza no figuraba en las prioridades de ningún
gobierno y donde además la importancia social y económica de este
respeto al medio natural era poco menos que desestimada. Estamos
además ante el intento de construir un nuevo embalse en un río como
el Miño, cuyo aprovechamiento para producir electricidad es abusivo,
y para demostrarlo basta ver el número de embalses existentes en su
curso y en el de sus afluentes.
Construir, un nuevo embalse en un país como Galicia, alto productor
de energía eléctrica, que además apenas obtuvo ventajas comparativas
para el propio desarrollo industrial de esta producción nos parece
francamente excesivo; nos parece francamente excesivo tener que
soportar tantos costos para tan pocos beneficios. En un momento,
además en que -y no viene a cuento ahora-, como SS.SS. saben, los
planes de producción de energía eléctrica en Galicia son amplios y
abarcan toda su geografía y todas las modalidades de producción.
Pero es que, el tramo final del río Miño, hoy afectado por vertidos
contaminantes, desde luego sufriría el golpe mortal, definitivo con
la construcción de este embalse, que hay que decir una vez más
interesa exclusivamente a la empresa eléctrica, pero que desde el
punto de vista del interés general supondría la destrucción del medio
de vida de los habitantes de varios ayuntamientos de ambos lados de
la frontera, al afectarse la producción de vino, el turismo y la
pesca, así como la destrucción de un importante patrimonio cultural y
medioambiental.
Nosotros creemos que desarrollo y medio ambiente deben ser
compatibles, y asimismo creemos que el interés particular no debe
primar sobre el general. La energía eléctrica que se pueda producir
es insignificante, como ya se ha dicho, en el montante global de esta
producción y, sin embargo, el que se ponga fin a los medios de vida
de numerosas personas y el daño ecológico no es insignificante.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego se opone a que se construya
este nuevo embalse, así como a la construcción de embalses
alternativos más pequeños, como parece que es la intención de los
promotores, en un giro ante la total oposición existente tanto en
Galicia como en Portugal, supongo que en un nuevo intento de ver si
así cuela. Digo esto porque en respuesta del Gobierno a este diputado
en marzo de este año se decía literalmente que en las actuales
circunstancias es muy posible que no pueda construirse el
aprovechamiento tal como estaba concebido en los años sesenta, aunque
cabe la posibilidad de un nuevo planteamiento por parte de las
empresas concesionarias basado en la conservación y mejora del
espacio natural Es irónico, francamente. (Risas.)
Es decir, el Gobierno sigue dejando la puerta abierta a que la
empresa concesionaria, a través de proyectos quizá menos
espectaculares o no de tanta dimensión como el inicialmente previsto,
pueda construir aprovechamientos hidroeléctricos en este tramo del
río. Y todo ello, como ya se dijo también, a pesar de la oposición
generalizada de ayuntamientos, vecinos, grupos políticos, incluido
efectivamente el que sustenta al Gobierno, que no sólo a nivel local,
sino incluso a través del propio conselleiro de Medio Ambiente se
declaran públicamente contrarios a esta construcción. Y también en
contra de los informes de impacto ambiental negativos, a los que hizo
referencia ampliamente la señora Silva y que yo no voy a repetir.
Hace nueve meses el Grupo Popular votó en contra de anular la
concesión para la construcción del embalse del Sela. Estoy seguro de
que después de este amplio período de reflexión, en el que sin duda
tuvieron oportunidad de conocer lo que está en juego, van a votar en
esta ocasión favorablemente a esta iniciativa, porque la única
solución sensata y con perspectiva de futuro, es anular la concesión,
y efectivamente se trataría de evitar la construcción no sólo del
embalse proyectado inicialmente, sino de cualquier otro tipo o modelo
de aprovechamiento hidroeléctrico en ese tramo final del río Miño;
evitar también la incertidumbre que está pesando sobre muchos
ciudadanos que desde hace demasiados años están pendientes de que se
hagan o no construcciones de este tipo, y desde luego acompañar esto
de la potenciación de planes de desarrollo económico de la zona,
desarrollando sus recursos naturales y aplicando medidas correctoras
de la actual degradación medioambiental del río que hagan del Miño,
cuando menos ya en su tramo final, un lugar para disfrutar y vivir y
no un nuevo tramo de río muerto para mayor gloria y beneficio de unos
pocos contra el interés general.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la fijación de posición del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Señor presidente, el río Miño
tiene para mí sensibilidad especial. En la década de los sesenta se
proyectaron y construyeron los aprovechamientos hidroeléctricos de
Velle, Castrelo y Frieira en el río Miño entre su confluencia con el
Sil y el tramo en que se hace internacional, frontera con Portugal,
en sus últimos 80 kilómetros. Precisamente de aquellos proyectos fue
coautor y de la dirección de las obras responsable este diputado.
Coincidiendo en el tiempo, en 1968 se suscribió por los gobiernos de
España y Portugal -cosa que se ha recordado- un convenio para regular
el uso y aprovechamiento hidráulico de los tramos internacionales de
todos los ríos entre España y Portugal, los ríos Miño, Limia, Tajo,
Guadiana, Chanza y sus afluentes, y el Miño fue el río llamémosle
regulador del convenio, convenio aún hoy vigente. Se asigna el
aprovechamiento hidroeléctrico a España del 79,5 por ciento del río
Miño, en ese tramo internacional, y el 20,5 por ciento a Portugal.
Las condiciones de la concesión se estudiaron en la novena reunión de
la Comisión de ríos en noviembre de 1976.
De 1978 es la concesión al proyecto presentado por Electricidad de
Portugal ante la Administración portuguesa y por Fenosa, hoy Unión
Fenosa, ante la Administración española, y a partir de ese momento se
adquirieron -cosa que no ha dicho nadie-, por acuerdo amistoso, la
casi totalidad de las 170 hectáreas afectadas por el embalse en
España y las 180 afectadas en Portugal, más 513 de las 515 pesqueiras
que constituyen una riqueza piscícola importante, fundamentalmente
para la lamprea, que es un producto de oro del río Miño.
En la década de los ochenta coincide la paralización de los
aprovechamientos hidroeléctricos, la construcción de presas dentro de
los planes energéticos de Electricidad de Portugal y de Unión Fenosa,
y coincide la entrada en vigor de la legislación de evaluación de
impacto ambiental. Y a ello, en este largo proceso, se ha dedicado la
década de los noventa en las reuniones de la Comisión hispano-
portuguesa desde la vigésimo primera, en 1991, a la última, vigésimo
novena, de hace pocos días, el 15 de octubre de este año. Se encargó
la evaluación de impacto ambiental en 1991, se presentó la misma en
1995 y se emitió informe por el grupo de trabajo bilateral en octubre
de 1998.
En 1998 y 1999 ha habido sobre el salto del Sela una intensísima
actividad parlamentaria, no sólo en el Parlamento gallego, también en
el Congreso y Senado -nos lo han recordado en sus intervenciones los
diputados que me han precedido en el uso de la palabra-, y siempre la
postura de los grupos proponentes, o que defendieron la postura
correspondiente, ha sido inalterable, y la del Grupo Popular lo sigue
siendo: no puede construirse el salto de Sela con las características
que tiene el proyecto aprobado y han de respetarse las condiciones
recogidas en la evaluación de impacto ambiental.
Pero en las proposiciones y conclusiones ha de exponerse todo y no
parte. Lo que dice el grupo de trabajo bilateral en octubre de 1998
es: El proyecto analizado fue concebido hace algunos años con el
objeto de satisfacer las necesidades de los años sesenta, y de forma
especial la generación de energía eléctrica, no contemplando la
protección del medio ambiente como uno de los objetivos
fundamentales. Resulta obvio que en los actuales momentos el proyecto
de salto sería muy diferente, por ello convendría analizar, en
colaboración con las empresas concesionarias, la posibilidad de
aprovechar el potencial hidroeléctrico existente con un proyecto
adecuado a los condicionantes actuales. Este nuevo proyecto debería
disminuir de forma apreciable la superficie inundada, etcétera, y se
deberían mantener intactas la mayoría de pesqueiras y, por supuesto,
todas las fuentes termales -otra fuente, evidentemente, de
posibilidades turísticas y de explotación notable-, y expone las
conclusiones finales en las que recoge ese comentario: Mientras se
mantengan las actuales condiciones.
Lo que dice la comisión en el acta de la reunión -con las
conclusiones aprobadas por unanimidad, sin votos en contra, en la
que, por cierto, hay representantes no sólo de los gobiernos de
España y Portugal, sino también de la Junta de Extremadura, de la
Junta de Andalucía y de la Xunta de Galicia- en lo referente al salto
de Sela es: La construcción del aprovechamiento hidroeléctrico del
Sela, de acuerdo con las características del referido proyecto,
producirá impactos negativos importantes que lo hacen inviable. Los
elevados valores medioambientales que se afectarían aconsejan la
protección y conservación del patrimonio histórico y natural y exigen
que cualquier proyecto alternativo de aprovechamiento hidroeléctrico
del tramo internacional, referido al párrafo 1, del artículo 2 del
convenio de 1968, deberá respetar estos valores. La comisión
recomienda que ambos gobiernos decidan que las empresas
concesionarias presenten proyectos alternativos, compatibles con los
puntos anteriores.
Respetuoso con este acuerdo adoptado por unanimidad el 15 de octubre
de 1999, el Grupo Popular dice no a la proposición no de ley del
Grupo Socialista, claramente opuesta a esa conclusión, y espero que
sea la última vez que se presenta.
El señor VICEPRESIDENTE: Esta Presidencia de nuevo le agradece que se
haya limitado al tiempo prefijado para las intervenciones.
- RELATIVAALAREALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARALATOMADE
DECISIONES DIRIGIDAS ARESOLVER LOS DÉFICIT ESTRUCTURALES DE AGUAEN
CATALUÑAY DE DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE OBRAS DE
ABASTECIMIENTO DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRO DE SUS CUENCAS INTERNAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001579.)
El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo con el orden del día, pasamos al
punto 5, que es una proposición no de ley efectuada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la realización de
los estudios necesarios para la toma de decisiones dirigidas a
resolver los déficit estructurales de agua en Cataluña y de
declaración de interés general de obras de abastecimiento de las
zonas norte y centro de sus cuencas internas.
Para la defensa de esta proposición, tiene la palabra el señor Pérez
de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Buenos días, señor presidente y
señoras y señores diputados.
Señor presidente, vamos a tratar una proposición presentada el 18 de
mayo de este año sobre la cuestión hidráulica y problemas de
abastecimiento en un territorio determinado, en este caso en
Cataluña. Con el tiempo pasado y la coyuntura del momento actual, a
alguien se le puede ocurrir decir que ya ha llovido mucho. Por el
paso del tiempo
les daría la razón. Lamentablemente, la frenética actividad de esta
Comisión no ha permitido que se viera en su debido tiempo. Si se
quisieran referir a la solución del problema por el efecto de las
lluvias, lluvias que hemos tenido y en algunos casos sufrido, les
diría que en esta materia no debemos bromear. No es tiempo de
olvidarse de las dificultades por la sequía. El problema no está
resuelto y mucho menos en la zona mediterránea. Es una zona
geográfica que disfruta y sufre el clima mediterráneo, no con el
rigor de otras zonas, pero con las mismas características y que se
visualiza en una falta de agua para dar cobertura a las necesidades
reales.
Los datos sobre la situación en Cataluña los tiene en la
justificación de la iniciativa. En ellos se puede ver claramente que
Cataluña sufre un déficit estructural que se va a agravar
progresivamente. No me extenderé en ello. Considero que en la
documentación presentada queda suficientemente explícito. No da
respuesta a las necesidades hídricas de Cataluña, no da respuesta a
los problemas estructurales presentes y futuros. Si no se ponen las
condiciones para solucionar el problema, puede representar un ahogo
en el desarrollo de Cataluña, puede condicionar y perjudicar su
futuro, y eso no nos conviene a nadie.
Los catalanes no nos podemos resignar y el conjunto de España no se
lo puede permitir; no se puede permitir que uno de los motores del
desarrollo económico de este país pierda fuerza. Cuando la economía
de Cataluña va mal, en España va mal.
Otro aspecto que se debe considerar que agrava el problema es la
calidad de las aguas, que en Cataluña, por las agresiones que ha
sufrido, es especialmente complejo. Consideramos que paralelamente a
una mejora de la gestión y de la concienciación de la ciudadanía para
conseguir el ahorro, aminorar las pérdidas, profundizar en la
reutilización siempre que sea posible, etcétera, se hace necesario
actuar, y para ello en un primer estadio en esta iniciativa
proponemos que, de acuerdo con la Generalitat de Cataluña y en un
breve plazo de tiempo, expresado en la propuesta con una temporalidad
de dos meses (que en el momento de presentar la propuesta tenía todo
el sentido y era factible y que en cualquier caso sigue vigente), se
elaboren los estudios necesarios para la toma de decisión sobre las
opciones más adecuadas para resolver las necesidades de agua en
Cataluña y la posterior declaración de interés general de las
infraestructuras hidráulicas que correspondan para resolver los
déficit de abastecimiento de sus cuencas internas.
Dar respuesta a esas necesidades, realizar las obras necesarias
llevará tiempo, mucho tiempo. En lo que esté en nuestra mano,
evitemos la demora y con ello los problemas que día a día van a ser
más acuciantes y graves. No nos dejemos deslumbrar por los
espejismos, serán más graves si persiste la sequía.
Termino haciendo referencia a la enmienda presentada por Convergència
i Unió y a la transaccional a que se ha llegado entre el texto del
Partido Socialista y una propuesta de transacción del Partido Popular
para decir de antemano que será aceptada y, por lo tanto, pasaríamos
a votación en su momento el texto transaccionado. Finalizo
solicitando el voto favorable para esta proposición transaccionada,
presentada en representación del Grupo Socialista en el Congreso
y del Partit dels Socialistes de Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE: Le agradezco, que se haya ajustado al
tiempo.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Catalán, que en principio ha
sido aceptada por el Grupo Socialista, según he oído. No obstante,
tiene la palabra, para su defensa, el señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Nosotros básicamente estábamos de acuerdo
con el argumento técnico de la propuesta del Partido Socialista, y
también coincidimos bastante en el argumento sociológico o político
que se pueda haber expresado en este momento. Estábamos básicamente
de acuerdo porque sufrimos un déficit estructural muy claro.
Entendemos que esto puede condicionar, cómo no, el futuro desarrollo
de la zona catalana, que es una zona estratégica para todo el Estado
y en la que se implantan sectores que son básicos dentro de la
economía del Estado y de un fuerte dinamismo. Por tanto, es bien
seguro que las demandas de consumo van a ir en aumento. Ha quedado
patente en años de sequía como este que cabía tomar medidas
excepcionales de retricción y esto ha afectado, en una primera fase,
a lo que es el sector agrario, sector que en Cataluña se resiente más
que en otras partes, básicamente porque ya es muy baja la
implantación que tiene, y si eso fuera in crescendo, podría provocar
a medio plazo incluso el abandono de determinadas zonas rurales.
Por consiguiente, el hecho de la sequía es un problema estructural,
de amplio espectro, afecta a las zonas industriales, a las zonas
rurales y en el futuro puede afectar incluo al consumo. Hasta hoy la
política de administración y regulación del consumo que ha seguido la
Generalitat de Cataluña ha permitido superar épocas de crisis como la
de este verano, pero nosotros necesitamos una solución concreta a
medio plazo. Por tanto, nos parece oportuno y adecuado el hecho de
enfocarlo y definirlo a partir de un estudio a conciencia, pasando
luego a la planificación y más tarde a la ejecución de las decisiones
que se hayan evaluado.
La enmienda tenía una argumentación muy clara, en función de la
presentada por el Partido Socialista, y era suprimir el plazo de dos
meses. Entendemos que es poco operativo, provoca una situación
precipitada en el trabajo e incluso limita las posibilidades de su
contenido, y además se presentó en el mes de mayo, que tenía la
urgencia de la época estival, pero que ahora creo que es el momento
de hacerlo de una forma más serena, sin pausa pero a conciencia. La
otra parte de nuestra enmienda propone contemplar los estudios
presentados por la misma Generalitat. Pensamos que cabe aprovechar el
material del que se dispone y esto garantiza, es bien seguro, un
mejor resultado final.
Por tanto, agradecemos la predisposición a aceptar la enmienda.
Entendemos que el problema tiene suficiente dimensión como para que
haya consenso y agradeceríamos la misma postura por parte del grupo
del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Tubert. Aprovecho para darle
la bienvenida a esta Comisión, ya que es usted el nuevo portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Como el Grupo Socialista ha aceptado su enmienda, pasamos a la toma
de posición sobre esta proposición no de ley del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Comenzaré diciendo que se ha llegado a un
acuerdo transaccional, tanto con el grupo proponente, el Grupo
Socialista, como con el grupo enmendante, Convergència i Unió, en
aras a que los criterios manifestados en esta iniciativa sean
extensibles al resto de comunidades autónomas que pudieran tener
déficit de abastecimiento.
Por hacer un repaso lo más rápido posible sobre la exposición de
motivos y los objetivos de esta iniciativa, se han vertido una serie
de opiniones que son matizables, desde nuestro punto de vista, y
están en contraposición, porque se ha asegurado que esta zona de las
cuencas internas de Cataluña padece un déficit estructural, pero
nosotros lo consideramos coyuntural. Bien es cierto que estos déficit
coyunturales con el paso del tiempo se van convirtiendo en
estructurales. La iniciativa tenía en el mes de mayo urgencia por lo
que está ocurriendo no solamente en las cuencas internas de Cataluña
sino en otras zonas de España, pero, y lógicamente, las lluvias
posteriores han traído perjuicios y beneficios que han palidado de
momento este déficit.
Quisiera centrar mi intervención en una cuestión fundamental. En esta
legislatura hemos hablado en esta Comisión en multitud de ocasiones
de problemas de déficit estructurales o coyunturales en distintas
zonas de nuestro país. Ahora bien, estamos ante una cuestión que pasa
necesariamente por la planificación. La Ley de Aguas, de 1985,
establece uno de esos principios directores en el hecho de la
planificación hidráulica, es decir, se toman medidas de oportunidad
con carácter excepcional y para eso hay mecanismos tanto de la
Administración central del Estado como de las comunidades autónomas.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, presentada por el
Grupo Socialista, se hace referencia a este aspecto. El Real Decreto
de 28 de agosto de 1998, declara de interés general una relación
bastante exhaustiva de distintas obras para abastecimiento y regadíos
y solicita a su urgente realización mediante una serie de
motivaciones, como la de no tener la planificación definitiva que
sería la adecuada y está reservada, como todos conocemos muy bien, al
Plan hidrológico nacional. Al mismo tiempo, tenemos también las
medidas excepcionales adoptadas por el Decreto de 6 de abril de 1999,
de este mismo año, por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya
donde se establecen de medidas de regulación de los recursos que en
aquel momento tenían las cuencas internas de Cataluña.
Sin entrar en ningún debate de filosofía o de ámbito competencial,
quiero decir que comparamos estudios de distintas administraciones.
Por un lado, se hace referencia al plan de cuenca de las cuencas
internas de Cataluña, competencialmente del Gobierno de Cataluña por
el traspaso de transferencias al ser una cuenca intracomunitaria, y,
posteriormente, se hace referencia a unos estudios de esta
institución dependiente también del Gobierno catalán. Me ha hecho
gracia la expresión utilizada en la exposición de motivos cuando dice
que afina las necesidades hídricas desde el punto de vista del año
2012. Lo que se puede decir, y es bastante objetivo, es que las
estimaciones de futuro que podamos hacer en las cuencas internas de
Cataluña o en cualquier plan de cuenca ya aprobado durante estos
últimos dos años, tienen una serie de variables que
condicionan definitivamente el futuro, como puede ser la población
que queremos establecer, los regadíos, las industrias, incluso los
propios recursos hídricos para el ocio.
Uno de los cometidos que tiene el Libro Blanco del agua no es la
planificación, sino la definición de los problemas estructurales o
coyunturales en cuanto a las distintas zonas españolas. Habla
directamente de estos sistemas con déficit y separa los estructurales
de los coyunturales. A los primeros los denomina: aquellos que
incluyendo desalación, reutilización directa e indirecta y
transferencias actuales vigentes no llegan a solucionar los
problemas; en cuanto a los segundos, aparecen no solamente las
cuencas internas de Cataluña, sino también otras zonas del territorio
español como el Guadalquivir o las zonas del Ebro, Baleares
y Canarias con insuficiencia ocasional. Como hemos comentado
anteriormente, esta insuficiencia ocasional se puede convertir en
estructural a base de pasar el tiempo y no haber tomado las medidas
necesarias.
En cualquier caso, la planificación sigue siendo el modelo y la
fórmula a medio plazo para trabajar y solucionar estos problemas.
Deseo decir también que los gobiernos siguen teniendo instrumentos de
trabajo para adoptar medidas urgentes y paliar soluciones. En este
sentido va la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, es
decir, tener en cuenta todas la documentación aportada por las
distintas instituciones, sean del ámbito de la Generalitat o de la
Administración central del Estado y el texto in voce que proponemos
es que se tengan en cuenta estos mismos criterios de declaración de
interés general y estos estudios para tomar medidas urgentes que sean
extrapolables al resto de comunidades autónomas que puedan padecer
déficit estructurales en un momento determinado.
El señor VICEPRESIDENTE: El Grupo Popular ha propuesto una enmienda
in voce. Le doy la palabra al señor Pérez de Tudela a los efectos de
que manifieste si la admite o la rechaza.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Ya hemos comentado que era un texto
consensuado y que vamos a aceptar esta propuesta con algunas
rectificaciones que hemos hecho.
- RELATIVAA LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN DEL CAUCE Y MÁRGENES DEL RÍO
ARNOIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALLARIZ (OURENSE). PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/001624)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley
número 7, relativa a las obras de recuperación del cauce y margen del
río Arnoia en el término municipal de Allariz (Ourense).
Para su defensa, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por decir que Allariz es una
villa de 5.000 habitantes de la provincia de Ourense que formaba
parte de la red de núcleos urbanos más importantes de Galicia en la
Edad Media.
Como gran parte de la Galicia interior, hace años estuvo sometido a
un retroceso demográfico peligroso y preocupante y a un deterioro
económico más que visible.
El río Arnoia es un afluente del río Miño y por esa razón
competencial es un río determinado por la actuación y el control de
la Confederación Hidrográfica del Norte que, por cierto, tiene su
capital en Oviedo, Asturias. Digo todo esto porque posiblemente pueda
resultar extraño que tengamos que venir a discutir aquí nada menos
que obras de recuperación del cauce y márgenes de un río como el
Arnoia, que seguramente no resultará conocido a pesar de que lleva un
gran caudal de agua. Es un problema competencial y político.
Afortunadamente, Allariz cuenta desde hace años con un Gobierno que
fue capaz de convertir esta villa en un modelo de admiración y centro
de atención para todos los ciudadanos de Galicia y, de forma
especial, para los ciudadanos de Ourense y de su capital. Es cierto
que el Gobierno municipal no hizo más que utilizar las
potencialidades de un casco histórico monumental de gran importancia
cultural. Los restos, las huellas de una etnografía sintomática de
toda una manera de concebir la sociedad y la economía de valores
ecológicos y paisajísticos más que notables, llevaron a este Gobierno
a posibilitar un desarrollo turístico, comercial e industrial, que
hoy es patente para todos los ciudadanos que la visitan y un gran
contraste, por oposición, a lo que pasaba antes de los años noventa.
Hoy cualquier ciudadano de Allariz y las gentes que viven en sus
núcleos parroquiales pueden comunicarse con la villa a través de una
red de transporte municipal único en su género en todo Galicia, y por
supuesto está revitalizándose el núcleo urbano a través de ferias, de
mercados, de potenciación del comercio local e incluso de pequeñas
iniciativas industriales que llegan a utilizar la biomasa con la
finalidad de producción de energía eléctrica o la recuperación, con
cierto cuidado ecológico, de las pequeñas minicentrales que existían
ya con anterioridad en el río.
En todo caso, el gobierno municipal en solitario - 5.000 habitantes,
vuelvo a repetir- invirtió más de 250 millones de pesetas para
mejorar el cauce y las márgenes del río. Cuando digo mejorar el cauce
y las márgenes del río me refiero a todos los valores etnográficos
que conllevaba esto: cantidad de molinos de agua, centros
industriales incipientes dedicados a la elaboración del cuero,
pequeños saltos que estaban perfectamente armonizados con las
necesidades de las variantes o de las distintas especies que habitan
el río e incluso la depuración de aguas residuales, que fue el
problema que sirvió de detonador a la aparición del nuevo gobierno
municipal después de una serie de protestas municipales.
Esta falta de ayuda por parte de otras administraciones ya no pudo
ser prolongada por más tiempo a partir del año 1994. Efectivamente,
en 1994 se le concede a la villa de Allariz el premio europeo de
urbanismo y, en 1996, el propio Ministerio de Obras Públicas de aquel
entonces incluye en el programa Hábitat, auspiciado por la ONU, al
ayuntamiento de Allariz por sus buenas prácticas medioambientales.
Inmediatamente después, durante el proceso de tramitación del
programa Hábitat, el gobierno municipal pidió ayuda a la
Administración central pra completar la actuaciones en el río. En
este momento es cuando la Confederación Hidrográfica del Norte
resuelve un concurso por procedimiento
abierto para la contratación de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de las obras de recuperación del cauce y
márgenes del río Arnoia, en el término municipal de Allariz. Después
viene la contratación de asistencia técnica para la redacción de este
proyecto, con membrete del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente, y el gobierno municipal se compromete en la parte que
le corresponde, en la expropiación de terrenos, a la que llega de
mutuo acuerdo con los vecinos, el Ministerio hace el proyecto y gasta
diez millones de pesetas, pero a partir de ahí nunca más se vuelve a
saber nada de la obra.
Este comportamiento indica hasta qué extremo falla a veces la lealtad
institucional cuando hay cambios de gobierno. Yo tengo la información
de primera mano de que la autoridad municipal, en concreto el señor
alcalde de Allariz, intentó por todos los medios llegar a un acuerdo
con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente para que esta obra no fuese
paralizada; incluso también tengo información de primera mano de que
el señor secretario de Estado para la Calidad de la Aguas aceptó que
no era de recibo este comportamiento y que habría que subsanarlo
tratando de obtener el dinero necesario, que no excedía de 126
millones de pesetas, en principio, para acometer esta obra
comprometida.
Para que se vea que no se trataba de obras que pudieran ser
alarmantemente faraónicas o contrarias a una correcta ejecución de
saneamiento y adecuación de las márgenes de un río, el dinero se
gastaba en cada uno de los tramos, en concreto en el área Molino do
Rexo, en plantaciones, y lo siguiente serían las obras de cantería,
con piedra granítica. En el caso del borde del propio núcleo urbano,
que no tiene construcciones alrededor del río, por supuesto, se
gastaban en cantería 35 millones de pesetas, pero el resto eran
plantaciones y limpieza o carpintería de madera. En el área Molino de
Escadas¿?, tal como figuraba en el proyecto, la mayor parte del
dinero iba dedicada a entorno, y en el área Molino Toledo la mayor
parte iba a presa y gavia, 3.372.000 pesetas.
No dudamos de que sea necesario rectificar algunos aspectos del
proyecto, pero hice esas alusiones para que se vea que no se trataba
en absoluto de un paseo, en el sentido convencional, alrededor del
río. Después de los fracasos de relación institucional, presentamos
esta proposición no de ley, a la que vemos ahora con alegría que el
Grupo Popular presenta una enmienda de modificación que, para no
intervenir después, ya anuncio que vamos a aceptar muy gozosos,
porque indica que esta obra se podrá complementar, que los vecinos
que fueron expropiados de mutuo acuerdo con el ayuntamiento verán que
se expropió para una obra que tenía verificación y que estaba
prácticamente asumida por la Administración pública, lo cual
redundará en bien de todos de esa villa que tanto lo merece y, por
supuesto, de las prácticas de la Administración como prácticas
transparentes, consecuentes y basadas en la lealtad institucional.
El señor VICEPRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Popular, para
cuya defensa tiene la palabra el señor Rivas.
El señor RIVAS FONTÁN: El Grupo Popular ha presentadouna enmienda que
dice textualmente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Medio
Ambiente revise el proyecto Obras de recuperación del cauce y
márgenes del río Arnoia, Allariz (Ourense), a fin de adecuarlo a la
tipología propia de las obras hidráulicas y proceder a su licitación.
Debo añadir que esta enmienda pretende mejorar técnicamente, como ha
dicho el diputado que ha defendido esta proposición no de ley.
Suscribo genéricamente las afirmaciones hechas por el diputado señor
Rodríguez de que el ayuntamiento y el concello de Arnoia son un
pequeño e interesante municipio en el que se ha hecho una labor
importante a lo largo de estos últimos años desde la perspectiva que
apuntó el señor Rodríguez. A mí me gustaría añadir que los que hemos
vivido intensamente la vida local, la vida municipal, durante muchos
años sentimos especial satisfacción porque se dé para ayuntamientos
como este la colaboración imprescindible, porque los medios técnicos
y económicos de estos pequeños ayuntamientos casi siempre les
imposibilitan realizar obras de tracendencia, en este caso, en un río
que es importante en Galicia.
Si ha sido buena la gestión de los que han trabajado por este
proyecto desde el municipio con el Ministerio de Medio Ambiente,
también he de destacar el sentido institucional del Ministerio de
Medio Ambiente, que, atendiendo a ese principio constitucional tan
importante de colaboración entre administraciones, tiende la mano,
insisto, a un ayuntamiento pequeño, para realizar una obra importante
para el río Arnoia, para el concello de Allariz y para Galicia. Por
tal motivo, me felicito con el señor Rodríguez de que esta
colaboración sea posible y sea un éxito para todos los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra la
diputada Pilar Novoa, en nombre del Grupo Socialista.
La señora NOVOACARCACIA: El Grupo Parlamentario Socialista coincide
con el grupo proponente en la oportunidad de presentar esta
iniciativa. Es un proyecto, uno más, de competencia del Ministerio de
Medio Ambiente que ha dormido el sueño de los justos en los cajones
del Ministerio. En lo que se refiere a mi provincia concretamente,
son muchos los proyectos que estaban en un proceso avanzado cuando el
Grupo Popular obtuvo las responsabilidades de Gobierno, y el más
relevante es el proyecto de recuperación de márgenes del río Miño a
su paso por la ciudad de Ourense, que, como decía anteriormente,
después de haber sido ejecutada la primera fase, durante cuatro años
ha dormido en los cajones ministeriales y en el que parece que ahora,
porque estamos casi en precampaña electoral, nuevamente el Ministerio
de Medio Ambiente recobra interés.
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente se declaran obras de
interés general que luego no se presupuestan ni se realizan. Frente a
esta desidia del Ministerio de Medio Ambiente y, en concreto, de la
Confederación Hidrográfica se consiente, por ejemplo, en la ciudad de
Ourense, la construcción de una gran área comercial en las márgenes
del río Miño, a sabiendas, y con informe de la Confederación
Hidrográfica, de que parte de esa edificación se construye en zona
inundable, con la desidia total del órgano de cuenca, que es la
Confederación Hidrográfica.
Ajuicio del Grupo Parlamentario Socialista, esta forma de actuación
entra dentro de la forma de ejercer el poder que tiene el Gobierno
del Partido Popular, que utiliza mucha propaganda y hace
declaraciones grandilocuentes que finalmente se quedan en eso: en
propaganda y declaraciones.
En relación con esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario
Socialista, una vez que el autor de la iniciativa ha aceptado la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la votará favorablemente.
- RELATIVAALOS EFECTOS DERIVADOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE
LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, EN PARTICULAR, LOS PROVOCADOS POR LA
LÍNEAS DE ALTATENSIÓN, ASÍ COMO PARALAADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE SUS EFECTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001655)
El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el punto 7, relativo a la obra de
recuperación del cauce y margen del río Arnoia, vamos a entrar en el
punto 8: proposición de ley relativa a los efectos derivados para la
salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos, en
particular, los provocados por las líneas de alta tensión, así como
para la adopción de medidas de prevención y corrección de los
efectos. El autor de esta proposición es el Grupo Socialista del
Congreso. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Dolores
García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso dos
proposiciones no de ley: la primera, referida a la creación de una
subcomisión de estudio y, la que se debate hoy, relativa a paliar,
disminuir y prevenir los efectos nocivos que sobre la salud y el
medio ambiente generan los campos electromagnéticos producidos por
las líneas de alta tensión. Este asunto despierta, cada vez más, una
enorme preocupación e interés social no sólo para la comunidad
científica mundial, sino entre los ciudadanos. Cada vez son más
quienes exigen a las administraciones públicas que apliquen el
principio de precaución, de prevención, de cautela, de defensa de la
salud reconocido en nuestra Constitución.
Si bien es cierto que es un asunto muy controvertido y que, desde
hace décadas, ha suscitado la polémica cuando por primera vez
aparecieron estudios epidemiológicos que relacionaban las leucemia
con la exposición a los campos electromagnéticos, desde entonces la
comunidad científica viene investigando y aconsejando este principio
de cautela y prevención. Restricciones básicas consistentes en el
alejamiento, soterramiento, etcétera, de las líneas de media y alta
tensión de los núcleos de población. En España hemos asistido a un
incremento, sin precedentes por su número y diversidad, de las
fuentes de campos electromagnéticos utilizados con fines
individuales, industriales y comerciales. Entre ellos, cabe destacar
la telefonía celular móvil, los radares, etcétera. Todas estas
tecnologías han enriquecido y
hecho más fácil nuestra vida pero, al mismo tiempo, han suscitado
preocupación por los riesgos sanitarios y asociados al medio ambiente
a diversos estudios científicos que sugieren que la exposición a
campos electromagnéticos emitidos por estos aparatos pueden tener
efectos graves y perjudiciales para la salud, tales como, cáncer,
reducción de la fecundidad, pérdida de la memoria y cambios negativos
en el comportamiento y desarrollo de los niños.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud lanzó un proyecto
internacional y el Congreso de los Estados Unidos ha recomendado no
bajar la guardia, después de haber elaborado dos estudios. Hay otras
experiencias en el Reino Unido y en Luxemburgo, donde la comunidad
científica abunda en la necesidad de que se siga investigando
y tomando medidas de prevención que fijen límites a la exposición de
los seres humanos a los campos electromagnéticos. En este sentido,
las instituciones comunitarias han adoptado diversas directivas,
resoluciones y programas para combatir estos efectos nocivos. Entre
las recomendaciones cabe resaltar la última, la relativa al 3 de
junio de 1999, que pretende limitar la exposición de los ciudadanos
a los campos electromagnéticos, así como el dictamen del Comité de las
Regiones. Ambos aconsejan a los países miembros que adopten una
posición clara, que regulen normativamente los niveles o valores
límite mínimos permisibles para el ser humano y para el medio
ambiente. En su punto 5.4, el Comité de Regiones considera que los
hallazgos que han realizado organizaciones internacionales deben
tomarse en consideración. Estamos ante un asunto sobre el que existe
un amplio consenso científico y político. No se trata de crear alarma
social, tampoco de subirse demagógicamente al tren de la protesta
legítimamente emprendida en diferentes puntos de España por afectados
y asociaciones de vecinos. Eso ya ocurrió en 1994, en esta Cámara, a
iniciativa de otro grupo parlamentario.
Nuestro grupo parlamentario, con seriedad, con rigor, ha venido
trabajando con la comunidad científica y con diferentes expertos para
presentar las dos iniciativas que se trasladan al Congreso, una de
las cuales se discute hoy aquí. También en el Senado hemos mantenido
diferentes iniciativas sin obtener una respuesta satisfactoria por
parte de los Ministerios de Industria y Sanidad, negando lo evidente,
lo que el propio Comité de Regiones y la comunidad científica avalan
con certeza, no asumiedo la responsabilidad de crear una comisión de
estudio, de expertos, ni realizar los informes y estudios
epidemiológicos y de laboratorio pertinentes. Es cierto que se hizo
un informe por el Ciemat pero lo que hace es recopilar viejos
informes internacionales. No afirma que haya problemas, pero tampoco
niega los problemas sobre la salud y el medio ambiente que producen
los campos electromagnéticos. En España, como ustedes saben, existen
aproximadamente 15.000 kilómetros de líneas eléctricas y carecemos de
una normativa oficial que determine cuál debe ser la correcta
instalación, salvo medidas que están recogidas de manera muy puntual
en las normativas urbanísticas municipales o en la Ley 54/1997, que
regula el sector eléctrico. Las únicas medidas puntuales que se han
llevado a cabo para evitar estos efectos negativos han sido como
consecuencia de las denuncias del Defensor del Pueblo o de la
actuación de la justicia, véase caso de Murcia o Aravaca, en Madrid.
Carecemos también de un censo de centros escolares que fue aprobado
en la Comisión de Industria del Senado y que afecta a muchos centros
educativos de España. Como se tiene conocimiento, carecemos de la más
mínima información sobre los riesgos. La propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista trae es que la Directiva 97/11 de la
Comunidad Europea modifique la Directiva 85/337, que supone la
aplicación de la evaluación del impacto ambiental, por una parte, a
la construcción de las líneas aéreas eléctricas con un voltaje igual
o superior a 220 voltios y una longitud de más de 15 metros. Dicha
normativa debería haber estado vigente a partir de marzo de 1999 y
España está fuera de plazo puesto que no ha sido incorporada.
Queremos que se siga investigando y para ello -cuando tengamos
ocasión de debatir la otra proposición no de ley lo desarrollaremos-,
solicitamos que se cree una ponencia en el Congreso de los Diputados
y que se hagan los estudios pertinentes. La propuesta contemplada en
las recomendaciones de la Comunidad Europea, insta a tomar las
medidas necesarias para que la Ley 54/1997, reguladora del sector
eléctrico, establezca las distancias mínimas permisibles, así como
los niveles máximos aceptables para los seres humanos. Pensamos que
debe desarrollarse el reglamento que establezca esos sistemas de
protección de salud y de medio ambiente. Solicitamos, en el punto 2
de la proposición, que se realicen convenios, previo acuerdo con el
Ministerio de Medio Ambiente y de Industria con las comunidades
autónomas y las compañías eléctricas, para ejecutar proyecto de
desvío o pasos subterráneos, enterramientos de las líneas de alta
tensión o para la adopción de otras medidas correctoras de prevención
que se estimen pertinentes en función de su proximidad a núcleos de
población y alto voltaje. Que se remita, en el plazo máximo de seis
meses, un proyecto de ley que incorpore la Directiva 97/11 de la
Comunidad Europea, que modifica la Directiva 85/337, relativa a la
evaluación y a las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente, incluyendo entre los proyectos que
deban someterse a evaluación de impacto ambiental, la construcción de
líneas eléctricas aéreas con un voltaje igual o superior a 200
voltios y una longitud de más de 15 metros. La evaluación de impacto
ambiental de los planes y programas en los sectores de la energía,
los transportes y las telecomunicaciones, así como la obligación de
los promotores de proporcionar información sobre las medidas
previstas para evitar, reducir y, si es posible, remediar, los
efectos adversos de importancia en un resumen de las principales
alternativas estudiadas y una explicación de las zonas,
fundamentalmente a su elección. El apartado cuatro propone facilitar
y promover el respeto de dichas restricciones básicas, determinando,
en su caso, la probabilidad de que las mismas sean superadas y
evaluando las situaciones de efectos acumulativos, es decir, aquellas
que implican fuentes de más de una frecuencia. Proporcionar al
público, en general, información sobre los efectos de los campos
electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas por la Administración
para hacerles frente, así como las medidas que igualmente pudieran
adoptar los propios ciudadanos para limitar la exposición a dichos
campos en su entorno laboral o doméstico.
Por último, proponemos promover y revisar la investigación pertinente
sobre los campos electromagnéticos, la salud humana y el medio
ambiente en el ámbito del programa nacional de investigación y
desarrollo, teniendo en cuenta las recomendaciones comunitarias e
internacionales en la materia y, en particular, el quinto programa de
acción para la investigación, el desarrollo tecnológico y la
recomendación de la Unión Europea.
Esta proposición no de ley, señorías, fue presentada teniendo en
cuenta las directrices y recomendaciones de la Unión Europea, pero
con anterioridad a la última recomendación del Comité de Regiones. En
las conclusiones que el Comité de Regiones hace a los países
miembros, se llama la atención sobre los efectos que producen los
campos electromagnéticos; cita los efectos negativos para la salud,
como son los biológicos causados por la acción de la radiación, en
los ojos, en los órganos reproductores y en el sistema neurológico.
Yllama la atención para que todos los países miembros hagan una
normativa común que establezca esos límites, esas restricciones
básicas a las que hacía referencia.
Sobre una cuestión tan controvertida como ésta, nuestro grupo nunca
ha pretendido crear ninguna alarma social, sino atenerse a estas
recomendaciones fundamentadas en el conocimiento científico y en
largos años de experiencia de otros países de la comunidad
internacional, y que nuestro país no esté a la cola de la defensa de
la salud, del medio ambiente, en definitiva, que no anteponga los
intereses de los ciudadanos a los intereses de las compañías
eléctricas. Se podrá decir que no está suficientemente demostrado. La
comunidad científica dice que existen ya datos más que suficientes
para ver los efectos perversos, que tiene que primar el principio de
precaución, de cautela y prevención, y que se deben tomar esas
medidas. Y se lo recomienda así a los países miembros. También es
cierto que las compañías eléctricas tienen todos los años miles de
millones de beneficios y no sería exagerado pedir que en esos
convenios que se firmen entre las administraciones municipales,
autonómicas y las compañías eléctricas, parte del coste que suponga
el alejamiento de estos tendidos eléctricos sea soportado por las
compañías eléctricas. Creo que no sería exigir demasiado cuando, al
mismo tiempo, estas compañías eléctricas han sido beneficiadas en 1,3
billones de pesetas por el Gobierno español, simple y llanamente por
aducir que con la libre competencia, con el libre mercado, tendrán
una disminución de sus beneficios. Si anteponemos, como nos
corresponde a los representantes de los ciudadanos, la defensa de la
salud, la defensa de nuestro medio ambiente, deberemos hacer eco de
estas recomendaciones de la Unión Europea, de la comunidad científica
y trasladar, a través de los reglamentos y las diferentes normativas,
las medidas que aquí se recomiendan para cumplir con esa
responsabilidad.
Ese es el ánimo de nuestro grupo. Vamos a defender con toda la
racionalidad y el sentido común que lo que hacen Alemania,
Luxemburgo, Francia u otros países europeos, comience a hacerse
también aquí. La Ley 54/1997 debería estar regulada de tal manera que
recogiera la Directiva 97/11, directiva que queda superada con esta
recomendación nueva de 1999. Se pueden aducir los argumentos que se
quieran, pero este documento no es de elaboración del
Grupo Parlamentario Socialista sino de la comunidad científica
internacional, de la comunidad de regiones europeas, que el Estado
español tiene la obligación de cumplir o, de lo contrario, en este
caso como en otros, además de ser más permeable a los intereses
económicos de determinados sectores, tendrá que responder mediante
las sanciones administrativas correspondientes. Tiene que hacer la
trasposición de esta directiva y tomar las medidas para poderla
desarrollar, aunque esto suponga enfrentarse a las compañías
eléctricas que tienen la obligación no de plantear cuándo estaban las
torres, si antes o después, sino de defender el principio
constitucional de preservar de la salud de todos los ciudadanos.
El señor VICEPRESIDENTE: Para la fijación de posición, ¿hay algún
otro grupo que quiera intervenir?
El señor Medina, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor MEDINA TOLEDO: Volvemos a encontrarnos con una de esas
situaciones que mencionaba antes, cuando hablaba de los lobos, en la
que, a pesar de que se diga lo contrario y sin causa justificada, se
genera, una alarma social por algo inexistente, por algo
absolutamente probado que no existe ninguna científica o técnica que
lo avale. Esta es una excelente oportunidad de recapitulación sobre
un asunto que, como el Guadiana aparece y desaparece, parece que no
se quieren oír los razonamientos de lo que aquí ocurre.
Voy a empezar por el principio, hablar de campos electromagnéticos,
en general, es exactamente no decir nada. Un campo electromagnético,
en este caso que nos ocupa, viene caracterizado por un parámetro
científico o técnico, que es su frecuencia, y la energía asociada a
esa onda electromagnética y su posible interacción con los seres
vivos. Es absolutamente definitorio decir de qué campo
electromagnético estamos hablando, porque no hay un único tipo de
campo electromagnético ni la generación de un único tipo de campo
electromagnético por la actividad humana, que es de lo que se trata,
porque vivimos inmersos en un universo de radiaciones, entre ellas,
las electromagnéticas, que recibimos de todas partes.
Pues bien, todos los campos electromagnéticos en los que el hombre se
mueve, aparte de los estáticos, como pueden ser el campo y la tierra,
la realidad es que si fuesen peligrosos, el potencialmente menos
peligroso sería el de las líneas eléctricas, porque es el de menor
frecuencia; en el caso de España, es de 50 hercios, que es la
frecuencia de las corrientes industriales. De la misma manera, decir
líneas eléctricas, a secas, es no decir nada porque esas líneas
eléctricas de alta tensión pueden ser aéreas o subterráneas, depende
de cuál sea su tensión nominal; no es lo mismo una línea de muy alta
tensión que las líneas de media tensión antes aludidas, cuyos campos
son absolutamente diferentes en cuanto a intensidad. También está
relacionado con qué tipo de configuración de línea estamos hablando.
Es curioso que en la proposición se habla, como una de la soluciones,
de soterrar las líneas y, en opinión de mi grupo, ahí está una de las
claves de esta polémica. Enterrar una línea de alta tensión,
convertirla de aérea en subterránea, no significa eliminar su campo
magnético. Son otras
construcciones, es la forma de hacerlo, desde el punto de vista
técnico, lo que minimiza o no la presencia de ese campo, pero ese
campo siempre existirá. Por tanto, si hubiera algún peligro, se
minimiza de esta manera, pero no se elimina. Hay que aprender a
entender de una vez que los riesgos que existen se podrán minimizar,
pero rara vez se consiguen eliminar de una forma radical.
El fondo de la cuestión es más importante. Yo tengo aquí a su
disposición dos publicaciones de un periódico nacional que les voy a
leer textualmente, la primera de ellas del 20 de junio de 1999, en la
que se dice: Después de dedicar seis años a investigar el efecto de
los campos magnéticos en la salud, el Instituto Nacional de Ciencias
de la Salud Medioambiental de los Estados Unidos ha decidido no
incluirlo en la lista de agentes que provocan el cáncer. El corolario
de este tema es que es difícil recomendar estrategias de prevención
cuando no sabemos si hay relación causa-efecto, a qué niveles esta
relación es importante o si realmente existe alguno que lo sea.
Estamos hablando del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud
Medioambiental de los Estados Unidos. Pero es que a partir de aquí
hay otro problema asociado, que es el más peligroso y el más negativo
y que se denunció también en las páginas de un periódico de tirada
nacional el 5 de septiembre de 1999. Dice así: El organismo
estadounidense Departamento de Integridad de la Investigación de los
Estados Unidos ha determinado que las conclusiones de dos estudios
publicados en 1992 sobre el riesgo de cáncer asociado a los campos
electromagnéticos son un fraude. Según el informe oficial, el autor
de los trabajos falsificó los datos. Resulta que este señor, cuyo
nombre omito, único autor de los estudios, dice el informe que
incurrió en conductas científicas deshonestas en su investigación al
falsificar y fabricar datos y afirmaciones que le permitiesen
manifestar que los campos magnéticos y eléctricos significan un
peligro grave para la salud. Este señor consiguió tres millones de
dólares para posteriores investigaciones y resulta que 20
investigaciones realizadas posteriormente no han hallado pruebas
sólidas sobre el supuesto perjuicio de los campos electromagnéticos.
Hay una frase al final que es magistral, que dice: Los defensores de
los peligros de los campos electromagnéticos estaban buscando
desesperadamente un efecto físico y el más cercano que encontraron
fue esta fabricación de los datos diciendo que es que la célula tenía
dificultades de absorción de calcio en presencia de campos
electromagnéticos. Es decir, lejos de haber una evidencia científica
en favor de las tesis de la proposición no de ley, lo que hay es una
evidencia científica en sentido contrario.
Hay un asunto que no es trivial. Algunas veces me gusta decir, aunque
la frase pueda sonar un poco dura, que hay quien ha cambiado o quien
cambia el principio que dice que el contamina paga por el principio
que dice que el que tiene dinero tiene que pagar, contamine o no
contamine, y este es el caso. Ocurre, y no es trivial, que hay
entidades que están buscando desesperadamente una coartada para
obligar al Gobierno (Rumores.) Esto tiene su trascendencia; parece
que no, pero es un tema delicado, puesto que constantemente estamos
alarmando a la ciudadanía innecesariamente cuando hay que denunciar
los intereses que en nuestra opinión están detrás de este tema. Se
está buscando una excusa, decía, que en este caso es el riesgo
para la salud, para hacer recaer en el Gobierno y en las compañías
eléctricas las consecuencias de actos cuya responsabilidad compete
directamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos por
permitir acciones urbanísticas temerarias y no adecuadas y que han
sido consentidas por algunas de estas entidades. Ya lo decía y se
curaba en salud doña Dolores al manifestar que aquí lo que ocurre no
es que las líneas sobrevuelen las construcciones, sino que las
construcciones, los colegios y los servicios se han metido debajo de
las líneas, que eran una servidumbre evidente en zonas aledañas a las
ciudades y que por el crecimiento desmesurado de éstas se han metido
dentro. Existen peligros, pero se trata de un peligro de riesgo de
accidentes y no para la salud. Lo que ocurre es que quien ha
permitido ese tema -la ley lo dice claramente- claro que puede optar
por que esas líneas minimicen el riesgo electrotécnico o de
electrocución, pero no el peligro para la salud por supuestas
influencias cancerígenas, pero, lo tiene que hacer a su costa y no a
costa del bolsillo de las compañías por muchos beneficios que
obtengan, ni de los gobiernos, ya que los responsables de esas
barbaridades han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Ese es el fondo de la cuestión y lo demás son cuentos.
Lo que aquí queda perfectamente claro es que la ley dice que existe
el derecho y la posibilidad de cambiar la configuración de una línea
para proteger a los ciudadanos que estén cerca de ella, pero tendrá
que cargar con esa responsabilidad, en defensa de los ciudadanos,
quien haya propiciado la situación, y no quien legalmente tenía la
autorización y había hecho algo en un terreno absolutamente llano y
sin posibilidades de perjuicio para las personas. Por ejemplo, y esto
ya lo manifesté en una conversación con miembros del Grupo
Parlamentario Socialista hace muy poco tiempo, la presencia de una
línea de alta tensión en un terreno, en un jardín o en parque, una
línea de muy alta tensión, 220 kilovatios, en los aledaños de una
gran ciudad supone un riesgo en el caso de una falta, de que haya una
derivación a tierra, pudiéndose producir un problema de tensión de
paso o tensión de contacto sobre alguien que esté en los alrededores,
pero ese es un riesgo para la salud derivado de una mala ejecución o
una mala situación o relación entre las líneas y el entorno
urbanístico; sin embargo no será jamás un problema de la salud
derivado de la presencia de una radiación de baja frecuencia.
Se mezclan cuestiones, se habla de campos de distintas frecuencias,
de radiaciones ionizantes y no ionizantes, es decir, se hace un
análisis ciertamente poco riguroso. Por ejemplo, se habla de la
telefonía móvil y de los radares. Los campos electromagnéticos
asociados a eso no tienen nada que ver con los campos de baja
frecuencia de las líneas. Se debe decir también que la propuesta que
se hace de una subcomisión es enredar más la madeja. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Por favor, representantes del Grupo Popular,
les agradecería que escuchasen a su representante, ya que está
haciendo una gran intervención en relación con el tema que aquí se
está tratando, las cuestiones electromagnéticas. Muchas gracias.
El señor MEDINA TOLEDO: Decía que no tienen nada que ver los campos
asociados con la telefonía móvil o
con los radares respecto de las eléctricas y que no se pueden mezclar
conceptos y sacar conclusiones de un campo que no tiene absolutamente
ninguna relación, salvo el hecho de ser una onda electromagnética,
pero que por su frecuencia y su energía es completamente distinta en
un caso y en otro.
Sería excesivamente largo, pero comentaba que es muy importante que
se lea el informe del Ciemat, ya que dicho informe sale de una
propuestaque encargó el Grupo Parlamentario Popular y de la que soy
responsable. Ahí se determina perfectamente, aprobado por la Comisión
de Medio Ambiente -la Comisión de Industria dispone de él también-,
cuál es el estado del arte y de la información no sólo técnica, sino
epidemiológica respecto de la interacción entre seres vivos y campos
electromagnéticos. No nos vamos a poner en una situación de
desentendernos del caso, sino que siempre hay que estar alerta y
estar pendientes de las informaciones y de las nuevas
investigaciones, eso es perfectamente factible, pero no podemos estar
tomando decisiones, cambiando leyes y acelerando desarrollos
reglamentarios en función de una amenaza que en este momento no está
ni someramente probada.
Por tanto, la conclusión final es que en ninguno de sus términos
podemos aceptar la proposición no de ley que se nos presenta, ni en
el fondo ni en la forma, porque poner trabas al desarrollo humano,
decidir qué es lo que se hace respecto de los beneficios
empresariales o cuáles son las responsabilidades de las empresas y
del Gobierno debe estar sometido a razones bastante más fundadas que
un simple capricho o una simple obsesión por buscar un problema donde
hay evidencias científicas de que no existe. Así como antes, con una
cierta ironía por parte de la Presidencia, en el tema de los lobos
nos pusimos de acuerdo y hemos obtenido una magnífica transaccional
que creo que les llegará de un momento a otro, en este caso,
lamentándolo mucho, no podemos llegar a un acuerdo, porque lo que se
propone no es ni mucho menos razonable. Ni es razonable lo que se
dice aquí ni tampoco que se anuncie la creación de una subcomisión,
porque una subcomisión parlamentaria, con su mejor voluntad, jamás
podrá llegar a la altura de una comisión de expertos como la del
Ciemat o como la de cualquier otro organismo de los que tenemos en
España, que lo que tiene que hacer es estudiar, analizar e
informarnos para que tomemos decisiones. (La señora García-Hierro
Caraballo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: En las proposiciones no de ley no hay turno
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: He sido aludida.
El señor VICEPRESIDENTE: No ha sido aludida, sino sólo nombrada. Le
voy a dar dos minutos exclusivamente, pero cíñase a ese tiempo,
porque si lo sobrepasa, le cortaré.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor presidente.
Desde luego he sido aludida e inclusive se ha llegado a decir que el
interés de nuestro grupo es el de enredar más la
madeja y crear situaciones de preocupación. Yo creo que cuando se lee
una noticia de prensa se tiene que leer en su totalidad, porque ese
mismo congreso de los Estados Unidos dice: No obstante, recomienda,
deberán seguir realizándose estudios de laboratorio y afirma que los
esfuerzos para reducir las exposiciones deben de continuar. Como dije
al principio, estamos en una situación en la que la comunidad
científica europea y la comisión de expertos de la Comisión Europea
hacen toda una serie de recomendaciones que nosotros no hacemos sino
trasladar a nuestras dos proposiciones no de ley, que lo que intentan
es profundizar con mayor rigor y con mayor conocimiento en una
ponencia que, como dice la proposición, sería de expertos, no de
políticos que se autodenominan expertos y vienen a mantener aquí una
tesis absolutamente contraria a lo que la comunidad científica y la
Unión Europea están diciendo, y lo dice en una resolución de 3 de
julio de 1999, donde literalmente señala que deben tomarse medidas
por la acción de los efectos de radiación sobre los tejidos más
sensibles y más susceptibles de sufrir daños, como son el cerebro,
los ojos y los órganos reproductores, para de esta manera profundizar
en estudios que relacionan los campos de frecuencias extremadamente
bajas y altas con la incidencia de este tipo de cáncer y tumores.
Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Comité
Europeo para la normalización electrónica y lo dice en su resolución
y en sus recomendaciones para los países miembros la Unión Europea.
Es decir, aquí no se plantea en absoluto una situación donde queramos
crear alarma, porque si nos atenemos a la recomendación del informe
que el Ciemat hace, dice que aun siendo contradictorias las
investigaciones y las conclusiones que hay, preocupa no obstante y,
por tanto, habría que profundizar en estudios epidemiológicos y
experimentales, en la investigación de los trastornos que sobre todo
para el sistema neurológico pueden tener los campos
electromagnéticos.
Base científica hay y es a la que nos hemos atenido para defender
nuestra propuesta y no he entrado en las alusiones personales, porque
creo que demuestran el talante de cada uno. Nosotros estamos
defendiendo aquí los intereses de los ciudadanos. Usted, con su
intervención de hoy, está defendiendo a quienes ustedes sí están
dispuestos a regalar 1,3 billones de pesetas y que sin embargo no
tomen ninguna medida correctora que minimice ese impacto negativo
sobre la salud, simple y llanamente sobre la filosofía de que las
torres estaban antes y las ciudades después. También los barrios de
Madrid estaban antes que el aeropuerto y ustedes siguen
incrementando, implementando y ampliando el aeropuerto de Barajas, a
costa de la salud de los ciudadanos de Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE: Han pasado los dos minutos, señora García-
Hierro. (El señor Medina Toledo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: No tengo más remedio que concederle un
turno, pero, por favor, sea breve.
El señor MEDINATOLEDO: Señor presidente, como puede imaginar,
políticamente y con respeto hay que defender lo que se cree correcto,
pero aquí no se puede entrar en
la sensibilidad de que cada vez que se dice algo que no gusta es
descalificatorio.
Un abogado o un médico no se olvidan de su profesión cuando son
diputados. Por tanto, sin dar lecciones morales a nadie, hay
supuestos expertos a los cuales de una forma yo diría que borreguil
deben seguir los políticos, aunque no deben ser seguidos porque ni
son expertos ni son nada, son simples aficionados que cuentan una
historia. Sobre todo, hay veces que cuando se analizan los temas, por
desconocimiento de los mismos, no se analizan con rigor y se proponen
cosas absolutamente temerarias. Eso es así en la vida. Como a mí no
se me ocurriría darle lecciones a ningún médico que a la vez es
diputado, resisto mal que se me den determinadas lecciones sobre mi
profesión, sobre todo cuando las propuestas son poco consistentes e
inadecuadas.
Finalmente, la alusión, que creo que es improcedente -por respeto a
la Comisión y al presidente-, a los 1,3 billones no es ningún regalo.
En todo caso, entiéndanlo bien, ustedes están dispuestos a regalar no
1,3 sino 3 billones. Por tanto, tenemos la apertura a la competencia
del sistema energético español, por cierto ejemplar y no seguida por
algunos otros países como Francia, gobernada por un gobierno
socialista, a los que es conveniente que ustedes con su acción
internacional les digan que de una vez se metan en el sistema europeo
y cumplan las directivas europeas de liberalización, porque en España
estamos permitiendo que el EdF tenga una posibilidad de actuar en el
mercado, y en Francia, con un monopolio, no lo están permitiendo. Es
decir, los regalos los hacen los gobiernos socialistas en Europa, no
el Gobierno del Partido Popular en España.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA DENOMINADA PRESA DE LOS MELONARES,
EN SEVILLA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001662)
El señor VICEPRESIDENTE: Hemos debatido ya la proposición octava y
nos que ya la última, la relativa a la construcción de la denominada
presa de los Melonares, de Sevilla, cuyo autor es el Grupo Socialista
del Congreso.
Doña Isabel Pozuelo tiene la palabra.
La señora POZUELO MEÑO: Voy a defender la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación al
inicio de la construcción de la presa de los Melonares, en Sevilla.
Existen actualmente cuatro embalses que abastecen de agua a la
capital de Andalucía, Sevilla, y a su área metropolitana, que son el
Jergal, La Minilla, Zufre y Aracena, con una capacidad en su conjunto
de 390 hectómetros cúbicos. La demanda media existente en la zona en
los últimos diez años es de 149 hectómetros cúbicos. Es esta una zona
con unas precipitaciones que no sólo no son uniformes a lo largo de
los años, sino que tampoco lo son a lo largo de los meses de un mismo
año. La historia de Sevilla ha sido una continua sucesión de graves
inundaciones intercambiadas con pertinaces sequías. En los últimos 15
años se han sufrido dos prolongados períodos de sequía, 1980/1983 y
1991/1995, viniendo la realidad a demostrar de forma contundente que
el actual sistema de abastecimiento de aguas a Sevilla no es
suficiente para garantizar el suministro a una población cercana al
millón y medio de habitantes y que continúa en permanente
crecimiento. Según las previsiones del Instituto Andaluz de
Estadística, se estima que el crecimiento del área metropolitana de
Sevilla será superior al que experimente el conjunto de la población
andaluza, lo que implicará una mayor presión sobre los limitados
recursos que se tienen actualmente. En esta zona está concentrado el
15 por ciento de la población de Andalucía y el 70 por ciento de la
provincia de Sevilla.
Como vemos, el sistema que abastece a Sevilla es deficitario, tanto
en la situación actual como a medio plazo, por lo que se necesita de
la incorporación de nuevos recursos que eviten situaciones de
desabastecimiento a la población o su abastecimiento con aguas de
escasa calidad, como sucedió en el último período de sequía de 1991 a
1995. Todo el mundo recuerda las dificultades que se vivieron en esta
ciudad en este último período. La falta de agua para cubrir las
necesidades de la población obligó a restricciones y cortes en el
suministro y a consumir agua de pésima calidad, procedente de tomas
directas del río, con un agua altamente salinizada por la prolongada
sequía, además de los graves problemas económicos para las
industrias, el comercio y la agricultura.
No se puede olvidar el elevado peso que tienen en la economía de la
zona las industrias agroalimentarias y el turismo, sectores de los
que directa o indirectamente dependen miles de empleos y que
necesitan un suministro de agua de calidad permanente para el
desarrollo de sus actividades. Además, esta situación significó un
enorme coste económico para el conjunto de las administraciones
públicas, para el Gobierno de la nación, la Junta de Andalucía y los
ayuntamientos afectados. Por eso la incorporación al sistema de
abastecimiento del embalse de los Melonares está considerado por el
conjunto de las administraciones públicas de manera unánime como
imprescindible para solucionar el déficit estructural de agua que
padecen Sevilla y su área metropolitana.
Señorías, el Gobierno de la nación viene presupuestando desde el año
1995 partidas destinadas a la construcción del embalse de los
Melonares. El coste previsto se situó en 3.500 millones de pesetas,
en una programación plurianual para su construcción que llegaba hasta
el año 2000. Este presupuesto se ha aumentado, ascendiendo en la
actualidad a más de 7.000 millones de pesetas por las medidas
correctoras de impacto medioambiental que deben contemplarse, debido
a la zona en la que se va a construir la presa de los Melonares, de
alto nivel de protección medioambiental, la sierra norte de Sevilla.
En estos cuatro años el proyecto de construcción de los Melonares ha
sufrido diversos avatares. A pesar de que todos los años se
continuaba presupuestando en cantidades realmente insuficientes para
abordar una obra de estas características, que llevaron al propio
grupo del Partido Popular a presentar en los presupuestos para el año
1999 una enmienda para aumentar la dotación de los ridículos 27
millones en que se presentó el proyecto en 800 millones más, se
modificó de manera absurda, desde nuestro punto de vista, el valor
del proyecto en el año 1999, que pasaba de los 3.500 millones de
pesetas a 720.
Señorías, mi grupo presentó en el pasado mes de julio esta
proposición no de ley por la preocupación generalizada en todas las
administraciones públicas y en la sociedad sevillana ante la falta de
decisión del Gobierno para iniciar estas obras y la alarma causada
por el conflicto creado por el propio Ministerio y la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ante Bruselas, que ha provocado que ni
la Dirección General de Medio Ambiente, la DG XI, ni la del Fondo de
Cohesión, la DG XVI, den definitivamente el visto bueno al proyecto y
desbloqueen su financiación.
El principal problema planteado por la Dirección General de Medio
Ambiente se produce como consecuencia de un informe que elabora la
propia Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir para justificar
la construcción de otro embalse diferente al de Melonares, en este
caso en la provincia de Córdoba, el embalse de la Breña II. En este
informe, para justificar la necesidad de esta obra, se establecía que
el embalse de la Breña II serviría para el abastecimiento de regadíos
en las provincias de Córdoba y Sevilla y también para el
abastecimiento en dichas ciudades, cosa absolutamente incompatible
con la reclamación que hacía Bruselas y con el acuerdo unánime de
todas las administraciones públicas de que la de los Melonares podría
construirse si era absolutamente imprescindible y no había otra
alternativa posible para el abastecimiento de agua a Sevilla y su
área metropolitana.
Hasta hace poco el Gobierno de la nación había mantenido que no se
podía iniciar la construcción de la presa de los Melonares porque
Bruselas no había desbloqueado estos asuntos y, por tanto, no
concedía financiación a través de los fondos de cohesión para la
construcción de la misma. Por ello, nuestro grupo parlamentario y
ante el riesgo del inicio de un posible nuevo período de sequía, ya
que en el año 1998 y en lo que va de 1999 las precipitaciones en
Sevilla han sido realmente escasas, presentó esta proposición no de
ley. En ella se pedía al Gobierno que diera cumplimiento a los
Presupuestos Generales del Estado del año 1999, en los que existe una
dotación de 827 millones de pesetas, que se iniciara de manera
inmediata el procedimiento de adjudicación de las obras y que además
se continuaran las gestiones en la Comisión Europea ante las
direcciones generales del Fondo de Cohesión y de Medio Ambiente para
que desbloquearan y permitieran la financiación adicional para la
construcción de la presa y poder aligerar así los presupuestos
correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente y los que les
correspondieran en su caso al propio Ayuntamiento de Sevilla, según
el convenio firmado entre estas dos administraciones públicas.
Afortunadamente, y lo digo porque mi grupo se siente plenamente
satisfecho de que eso haya sido así y quiero que quede constancia en
el «Diario de Sesiones» de esta Comisión, el pasado viernes, el
Consejo de Ministros ha aprobado la licitación de las obras para la
construcción de la presa de los Melonares en Sevilla. Nos sentimos
satisfechos con esta decisión, pero queremos que quede claro el
acuerdo de esta Comisión de que la presa de los Melonares debe
construirse en el menor tiempo posible para poder solventar los
problemas de abastecimiento de agua a la ciudad de Sevilla y a su
área metropolitana. El Grupo Popular ha presentado una enmienda a
nuestra proposición no de ley, a la que mi grupo formularía una
transaccional, creo
que este debe ser el procedimiento o que modifique la suya el propio
grupo Popular, porque hay un principio de acuerdo entre los dos
grupos políticos para que podamos tomar una determinación sobre la
construcción de la presa de los Melonares, de Sevilla.
Por mi parte nada más. Espero que el portavoz del Grupo Popular pueda
explicitar de manera más clara su enmienda a la proposición
presentada por mi grupo.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pozuelo. Interviene
usted por primera vez en esta Comisión y esta Presidencia le
felicita.
El señor Torres, del Grupo Popular, defenderá la enmienda.
El señor TORRES GÓMEZ: La enmienda no tenía más objeto que poner de
manifiesto, dado que la proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista se hizo con fecha 23 de julio, que y desde entonces ha
habido algunas actuaciones del Gobierno que hacen necesario modificar
los tres puntos de la misma. Todos los grupos políticos somos
conscientes de la necesidad de agua que tiene Sevilla. Tan es así que
el Gobierno ha actuado de forma decisiva desde la presentación de
esta proposición, como decía al principio. Efectivamente hemos
llegado a un acuerdo, que ahora explicitaré, cuando termine de
explicar nuestra posición sobre la proposición no de ley.
Dicha proposición tiene tres puntos: dar cumplimiento a la ley de
presupuestos; iniciar, de manera inmediata, el procedimiento de
adjudicación, que eso se ha quedado antiguo por cuanto que ya lo ha
hecho el Gobierno; y continuar las gestiones iniciadas ante la Unión
Europea, que también se ha hecho. Por eso hemos propuesto esta
enmienda que puede ser transaccional, de modificación o como quiera
entender la representante del Partido Socialista.
La declaración de impacto medioambiental del proyecto de la presa de
los Melonares, según la resolución del 13 de octubre de 1997 de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio,
establece, de acuerdo con la Directiva 92/43, que únicamente podrá
abordarse la ejecución de este proyecto si, como dispone el artículo
6.4 del Real Decreto 97/1995, de 7 de diciembre, de trasposición de
esa directiva a la que he aludido, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas justifica y documenta -que ha
habido que hacerlo- ante las administraciones competentes en materia
de medio ambiente que concurren y se cumplen los requisitos que se
exigen en esa convocatoria. Por eso ha sido por lo que en su momento
no se dio cumplimiento a los Presupuestos Generales del Estado para
1999, ya que ese embalse inundará 382 hectáreas y media del parque de
la sierra norte de Sevilla y la Administración competente que debe
dictaminar sobre los hechos previos y, en su caso, autorizar la
ejecución de la obra es la Comisión Europea, según este Real Decreto
97/1995 al que he hecho alusión antes. Al no disponerse de dicha
autorización, no se puede dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999 y ejecutar la inversión prevista en el
Ministerio de Medio Ambiente. En consecuencia, en ese supuesto
tampoco se podría iniciar el procedimiento de adjudicación para la
construcción de la presa de los Melonares.
¿Qué ha pasado? Que en lo que atañe al punto 3, que es continuar la
gestión iniciada ante la Unión Europea, la última llevada a cabo para
conseguir la financiación de la obra ha tenido lugar en una reunión,
que se llama visita de evaluación, en Sevilla, en la sede de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la que han
participado la Dirección General XVI y la asesoría del Banco Europeo,
así como representantes de las distintas administraciones implicadas,
que pueden ser Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de
Andalucía, y la empresa de abastecimiento y saneamiento de agua. Se
ha estado esperando un informe de esa reunión que fuera positivo
y según tengo oído, parece que ya lo es. En consecuencia, en el Consejo
de Ministros del pasado viernes 19, se ha autorizado la celebración
del concurso para la licitación de la obra del proyecto de
construcción de la presa de los Melonares, así como las medidas
correctoras y compensatorias, todo lo cual asciende en total a un
importe total de 7.900 millones de pesetas.
Estando así las cosas no se pueden votar tres puntos instando al
Gobierno a que haga algo que ya está hecho. En consecuencia, entre la
portavoz socialista y este representante del Partido Popular hemos
redactado una enmienda transaccional sobre los dos puntos, que
quedarían, y le ruego que me corrija si lo leo mal, que diría lo
siguiente: 1. Iniciar el procedimiento de adjudicación necesario para
que comiencen las obras de construcción de la presa de los Melonares
en Sevilla, en el menor tiempo posible, para evitar el riesgo cierto
de abastecimiento de agua a la ciudad de Sevilla y su área e
influencia. Lo que seguía, de que agrupa a una población cercana a
millón y medio de habitantes, es obvio. El punto 3, que quedaría como
punto 2, diría: Continuar las gestiones iniciadas ante la Unión
Europea -como he dicho en mi intervención, ya estaban hechas- para
conseguir la financiación adicional para la construcción de la presa
de los Melonares.
Si mi compañera del Partido del Partido Socialista está de acuerdo
con la transacción, la proposición no de ley quedaría con dos puntos,
los que acabo de indicar.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene usted la palabra, señora Pozuelo, para
decir si está de acuerdo o no.
La señora POZUELO MEÑO: Quiero hacer dos precisiones. La primera es
una corrección sintáctica simplemente. La expresión: en el menor
tiempo posible, queda mejor redactada si se pone así: para que
comiencen, en el menor tiempo posible, las obras de construcción de
la empresa de Los Melonares.
La segunda cuestión es de mayor relevancia, aunque creo que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular podría aceptarla
perfectamente. Queremos que se mantenga la expresión: y su área de
influencia, que agrupa una población cercana al millón y medio de
habitantes. Es una cuestión absolutamente objetiva, en cuya retirada
no creo que el Grupo Parlamentario Popular tenga mayor interés. El
censo de población no depende de unos ni de otros, pero mi grupo
tiene especial interés en que figure la población a la que atiende el
abastecimiento de agua de esta presa.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Torres.
El señor TORRES GÓMEZ: He quitado ese párrafo por razón de la oviedad
de que el área de influencia de Sevilla agrupa a un millón y medio de
habitantes. En cuanto a la corrección sintáctica, tampoco hay ningún
problema y la aceptamos.
El señor VICEPRESIDENTE: Hemos terminado la sesión con el debate del
punto 9 tres cuartos de hora y dos minutos antes de lo previsto.
Hemos empezado a las nueve en punto y a la una en punto habrá
votaciones en las que se plasmarán estas transacciones.
Posteriormente, se reunirá la Mesa con los portavoces para determinar
el orden del día de la próxima sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor VICEPRESIDENTE: Votaciones de las distintas proposiciones no
de ley que hemos debatido.
Como ustedes saben, hemos discutido sobre temas de gran interés,
entre ellos del lobo ibérico. Aesta proposición no de ley relativa al
lobo había dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo
Popular, pero al final vamos a respetar al lobo por encima de todas
las cosas y de los cuentos, como aquí se ha destacado.
Deseo faciliten a la Presidencia los nombres de las personas que
están sustituyendo a los vocales de la Comisión, para que tengamos
constancia de quiénes son los que votan. (Rumores.) Les ruego, por
favor, el máximo silencio, la máxima responsabilidad, porque las
cosas que se votan en este Parlamento son de gran trascendencia para
todos los ciudadanos españoles. Saben que en esta Comisión no se
puede fumar, por tanto, si votamos rápidamente aquellos que tengan el
síndrome podrán salir rápidamente a fumar el cigarro correspondiente.
Sustituciones por parte del Grupo Socialista.
La señora NARBONA RUIZ: AAlberto Moragues lo sustituye Belarmina
Martínez, a Alfredo Pérez de Tudela, Jordi Pedret y a José Luis Ros,
José Blanco.
El señor VICEPRESIDENTE: Sustituciones en Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: La señora Aramburu es sustituida por el
señor Centella.
El señor VICEPRESIDENTE: Grupo Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Estamos presentes los que
estamos. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
El señor COMPANYS SANFELIU: Carme Laura Gil sustituye a Salvador
Sedó.
El señor VICEPRESIDENTE: Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ IZQUIERDO: José Alarcón sustituye a Antonio
Ballesteros; Isabel Díez de la Lastra, a Eduardo Contreras; Adolfo
Abejón, a Ignacio Llorens Torres, José Ángel Azuara a Teófila
Martínez; José Ramón Pascual a Juan José Ortiz y Juan Manuel Albendea
a Javier Rupérez Rubio.
El señor VICEPRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene un
representante en esta Comisión, pero no está.
El señor VICEPRESIDENTE: Entonces, descontando una persona, somos 40.
¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)
El señor VICEPRESIDENTE: Procedamos.
La primera proposición no de ley es sobre la elaboración urgente de
un censo electoral del lobo ibérico y la adopción de medidas para su
protección. Ha habido una gran discusión; Izquierda Unida ha
utilizado un tiempo importante en la defensa del lobo, se ha llegado
a una gran transacción y, por tanto procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Visto que el lobo ibérico va a ser protegido por unanimidad, pasamos
a la siguiente proposición no de ley. (El señor Medina Toledo pide la
palabra.) ¿Señor Medina?
El señor MEDINA TOLEDO: Solamente hacer una precisión para el «Diario
de Sesiones». Nosotros no tratamos de conceder al lobo derechos
electorales; o sea, que ha sido un lapsus linguae, y en vez de censo
electoral se quería decir censo estatal.
El señor VICEPRESIDENTE: Totalmente de acuerdo. El lobo no tendrá en
las próximas elecciones representación en este Parlamento. Eso se lo
puedo asegurar absolutamente. (Risas.) Señores, no se desmadren,
estamos en el Parlamento; y el lobo ibérico estará suficientemente
protegido por este parlamento, después de la votación unánime.
Siguiente proposición no de ley. Al retirarse la segunda, por cuanto
eran dos que se habían unido, como saben bien los representantes del
Grupo Parlamentairo Federal de Izquierda Unida, votamos solamente la
tercera, la segunda decae. Sobre ésta ha habido un acuerdo, se ha
llegado a una transacción y vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
También el saneamiento integral del litoral malagueño será protegido
por unanimidad de este Parlamento.
El cuarto punto, que no ha tenido ninguna enmienda, versa sobre la
cancelación de la concesión para la construcción del embalse de Sela,
así como rechazo de cualquier petición de construcción de embalses en
el tramo final del río Miño. Esta proposición la ha defendido el
Grupo Socialista del Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda desechada la proposición no de ley.
Pasamos al siguiente punto, relativo a la realización de los estudios
necesarios para la toma de decisiones dirigidas a resolver los
déficit estructurales de agua en Cataluña y declaración de interés
general de obras de abastecimiento de las zonas norte y centro de sus
cuencas internas. Había una enmienda del Grupo Catalán, después se
llegó a una transaccional defendida in voce por su representante. Por
tanto, vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. También se
van a corregir por unanimidad de este Parlamento los déficit
estructurales de agua en Cataluña.
En el punto 6, sobre situación de las obras de cerramiento del anillo
hídrico de Huelva, había una enmienda del Grupo Popular, que no ha
sido aceptada por el Grupo Socialista. Por tanto aquí no hay
transacción. Se procede a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda desechada esta proposición.
La siguiente proposición, relativa a las obras de recuperación del
cauce y márgenes del río Arnoia, en el término municipal de Allariz
(Ourense), ha sido presentada por el señor Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que nos ha dado una buena versión de esta
situación. Había una enmienda del Grupo Popular que parece ha sido
asumida por el grupo proponente. Por tanto, se procede a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Naturalmente, las márgenes del cauce del río Arnoia, en el término
municipal de Allariz, también serán protegidas por unanimidad.
La octava proposición es relativa a los efectos derivados para la
salud y el medio ambiente de los campos electromagnéticos, en
particular los provocados por las
líneas de alta tensión, así como para la adopción de medidas de
prevención y corrección de sus efectos. La ha presentado el Grupo
Socialista, ha habido un debate interesante sobre si esto afectaba a
la salud, no se ha llegado en principio a ninguna transacción y por
tanto procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda desechada.
Por último, votamos la relativa a la construcción de la denominada
presa de los Melonares, en Sevilla. También se ha llegado a una
transacción, fundamentalmente porque tanto el representante del Grupo
Socialista como el del Grupo Popular han llegado a un acuerdo para
llevar a cabo
la construcción de la denominada presa de los Melonares en Sevilla.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda también aprobada la proposición
relativa a la construcción de la denominada presa de los Melonares en
Sevilla.
Señores diputados, señoras diputadas, finaliza la sesión. La próxima
será el día 30.
Se levanta la sesión.