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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 810, de 23/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 810
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO
Sesión núm. 45
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa Comisión.
- Elección de vicepresidente primero de la Comisión. (Número de
expediente 041/000013.) ... (Página 24098)
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa (Pisonero Ruíz) para informar sobre:
- Las exportaciones de armamento realizadas en en año 1998, de acuerdo
con la resolución del Pleno del Congreso de los Diputados del 18 de
marzo de 1997. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001859.) ... (Página 24098)
- Las exportaciones de armamento realizadas en en año 1998, de acuerdo
con la resolución del Pleno del Congreso de los Diputados del 18 de
marzo de 1997. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 212/002134.) ... (Página 24098)
- La postura que mantiene el Gobierno español respecto de la normativa
de acción común, de 17 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo de
la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la
proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre. A solicitud del
Grupo parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/002382.) ...
(Página 24099)
- La posición española ente la acción común de la Unión Europea de 17
de diciembre de 1998 sobre control de armas ligeras. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/002383.)
... (Página 24099)
- Las últimas estadísticas de transferencias de armas y material de
doble uso, así como la posición del Gobierno español en relación a la
revisión del código de conducta de la Unión Europea (UE) A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 212/002390.) ... (Página 24099)
Preguntas:
- Del señor Moya Milanés (Grupo Socialista del Congreso). sobre
estado en que se encuentran las exportaciones de armas y material de
defensa a Indonesia, así como medidas a la vista de la situación de
Timor Oriental. (Número de expediente 181/002710.) ... (Página 24099)
Proposiciones no de ley:
- Sobre clausura de actividades en el campo de tiro de Gavá
(Barcelona) Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001049.) ... (Página 24117)
- Relativa a la cesión de uso para fin social de la antigua Ayudantía
de Marina de Barbate a favor de la Mancomunidad de Municipios de La
Janda (Cádiz) Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001293.) ... (Página 24119)
- Relativa a la cesión gratuita o mediante precio simbólico del
cuartel Diego de Salinas al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al
objeto de transformarlo en un centro de uso público y de
esparcimiento. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001522.) ... (Página 24120)
- Sobre cesión a la Comunidad Autónoma de Galicia de los contros
educativos no universitarios dependientes del Ministerio de Defensa,
incluido el colegio Almirante Juan de Lángara y Huarte.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001549.) ... (Página 24121)
- Sobre regulación del procedimiento de selección continua para el
acceso a militar profesional de tropa y manirería y del régimen
singular para los militares de reemplazo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
001620.) ... (Página 24122)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA COMISIÓN. (Número de
expediente 041/000013.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión.
Señorías, como saben, el primer orden del día es la elección de
vicepresidente primero de la Comisión, puesto que está vacante por
haber cesado como diputado el señor Nadal i Malé, que ha pasado al
Parlamento de Cataluña. Se ha presentado una única candidatura, la de
don Carles Campuzano i Canadès. Si a la Comisión le parece oportuno,
como actuamos en la sesión anterior con el puesto de secretario
segundo, podíamos proceder a la elección por asentimiento del señor
Campuzano como vicepresidente primero.
¿Está de acuerdo la Comisión? (Asentimiento) Queda elegido
vicepresidente primero el señor Campuzano. Le damos la enhorabuena en
nombre de toda la Comisión y le rogamos que ocupe el asiento
correspondiente (Aplausos)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PISONERO RUIZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS EXPORTACIONES DE ARMAMENTO REALIZADAS EN EL AÑO 1998, DE ACUERDO
CON LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 18 DE
MARZO DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 212/001859.)
- LAS EXPORTACIONES DE ARMAMENTOS REALIZADAS EN EL AÑO 1998, DE
ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS DE 18 DE MARZO DE 1997. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 212/
002134.)
- LAPOSTURA QUE MANTIENE EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO DE LA NORMATIVA
DE ACCIÓN COMÚN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1998, ADOPTADA POR EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA PARA COMBATIR LA ACUMULACIÓN DESESTABILIZADORA Y
LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS LIGERAS Y DE PEQUEÑO CALIBRE. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 212/002382.)
- LA POSICIÓN ESPAÑOLAANTE LA ACCIÓN COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA DE 17
DE DICIEMBRE DE 1998 SOBRE CONTROL DE ARMAS LIGERAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/002383.)
- LAS ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS DE TRANSFERENCIAS DE ARMAS Y MATERIAL DE
DOBLE USO, ASÍ COMO LAPOSICIÓN DELGOBIERNO ESPAÑOL EN RELACIÓN A LA
REVISIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 212/002390.)
CONTESTACIÓN A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- DELSEÑOR MOYAMILANÉS (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LAS EXPORTACIONES DE ARMAS Y MATERIAL DE
DEFENSAA INDONESIA, ASÍ COMO MEDIDAS ALAVISTA DE LA SITUACIÓN DE
TIMOR ORIENTAL. (Número de expediente 181/002710.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a la Comisión a la
secretaria de Estado, doña Elena Pisonero, que ha acumulado una serie
de iniciativas, comparecencias y preguntas aproximadamente sobre el
mismo tema, de exportación de armamento y el código de conducta de la
Unión Europea. Debo advertir que el viernes recibimos el último
documento que me ha enviado la secretaria de Estado sobre
exportaciones de material de defensa y doble uso en el primer
semestre de 1999. Lamento que por algún problema de carácter
burocrático algunos grupos al menos no lo hayan recibido hasta esta
misma mañana, con lo cual imagino que no han podido estudiarlo
todavía a fondo. En todo caso, las comparecencias de la secretaria de
Estado se centraban sobre todo en el año 1998, pero estoy seguro que
va a aprovechar para hacer una exposición ya mucho más amplia,
aportando a la Comisión todos los datos de que dispone en este
momento.
En vista además del acuerdo de la Comisión, la señora Pisonero va a
hacer una exposición global de todas las cuestiones planteadas en el
orden del día, y los grupos después podrán plantear sus preguntas o
hacer sus puntualizaciones, las que crean oportunas. Así que
reiterando la bienvenida a doña Elena Pisonero, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANAEMPRESA (Pisonero Ruiz): En primer lugar, mis disculpas por la
parte que haya de responsabilidad de que no haya llegado la
documentación a tiempo, aunque efectivamente la remitimos la semana
pasada, y con mucho gusto explicaré las cuestiones básicas de la
información remitida.
Comparezco nuevamente ante esta Comisión de Defensa intentando en una
primera intervención dar respuesta a las solicitudes de comparecencia
ya presentadas, como ha comentado el señor presidente, y a la
pregunta planteada en particular por el Grupo Socialista, así como
aclarar determinadas cuestiones que se han ido planteando sobre la
bondad de la información que se suministra en relación con el
material de defensa y de doble uso.
Permítanme SS.SS. que empiece con una referencia al acuerdo del Pleno
del Congreso de los Diputados de 18 de marzo de 1997, que sin duda
supuso un salto cualitativo en lo que es la información y, por tanto,
la base del control necesario al Gobierno en lo que es la gestión y
el control del comercio de armas. Desde esa fecha hasta ahora hay que
subrayar que el Gobierno ha cumplido el mandato recibido y se sigue
esforzando en dar respuesta a los requerimientos de mayor
transparencia e información que demanda nuestra sociedad, y en este
sentido haré algún comentario sobre las iniciativas recientemente
planteadas y que estimo que es muy importante que debatamos o que
sean objeto de debate para avanzar en esa mayor transparencia de
información, a la que desde luego es el interés del Gobierno dar
cumplimiento y, por lo tanto, dar y suministrar la información
adecuada a este Parlamento que es el que debe ejercer el control
necesario.
Así, si recuerdan, en cumplimiento de los dos primeros puntos, se
hizo el desarrollo legislativo y reglamentario correspondiente para
incorporar no sólo el código establecido en la Unión Europea, sino
también los materiales y las transferencias de equipos de seguridad y
policiales en la información que ya suministramos. Asimismo se
cumplieron los puntos 3 y 4 de divulgar, en primer lugar, las
estadísticas de 1991 al 1996, a partir de entonces ir haciéndolas con
carácter anual por países de destino y semestralmente remitirlas a la
Comisión de Defensa y de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados. En ese sentido se han enviado las estadísticas de 1991 a
1996, a las que siguieron las de 1997, y a partir de entonces SS.SS.
han contado con los datos referidos a cada semestre, incorporando de
forma progresiva un mayor grado de información. En las de 1997 se
añadieron, en primer lugar, las exportaciones de productos de doble
uso y en el segundo semestre de 1998, por considerarlo otro punto
importante, se ha remitido ya la información con un primer cuadro de
desagregación del valor de lo exportado en seis categorías básicas de
productos, cosa que hasta esa fecha no se había hecho. Es decir, a la
estadística de países de destino se ha añadido una estadística de
productos exportados, y esto se ha mantenido en la información
remitida relativa al primer semestre de 1999. Sin duda con este paso
nos situamos nuevamente entre los primeros países de la Unión Europea
en cuanto a transparencia en el comercio exterior de estos productos,
sabiendo que hay algunos países, quizás también porque su industria
de defensa es poco relevante, como son Finlandia y Luxemburgo, que ya
realizan el cruce total de la información, pero, ya digo, en cuantías
que todavía no son relevantes. Hay otros países que desde luego
empiezan a dar datos, como pueden ser el número de licencias
autorizadas por cada país de destino, pero en ningún caso dan el
valor de lo realizado, es decir, el cruce completo de la información,
que es el que daría la magnitud concreta de exportación por país de
destino. Por lo tanto, España se está situando en el primer nivel de
la información suministrada, lo que no quita para que sigamos
haciendo un esfuerzo, y detallaré a continuación en qué línea estamos
trabajando para ofrecer un mayor desglose en las próximas
estadísticas.
La Junta interministerial reguladora del comercio exterior y del
material de defensa y de doble uso, la Jindu, que presido, ha ido
incrementando, por tanto, el nivel de información que se ha hecho
llegar al Parlamento y a la opinión pública, pero manteniendo como
secretos, en todo caso, los datos referidos a operaciones de empresas
concretas a países determinados. Es una información que, como ya tuve
ocasión de comentar en mi comparecencia anterior, es muy sensible
debido al carácter estratégico del sector y a las inevitables
connotaciones de seguridad nacional y de política exterior derivadas
de tales ventas, no tanto por el país vendedor, en este caso España,
como fundamentalmente por el país comprador. Ello no obsta para que,
como he dicho, sigamos estudiando y veamos la mayor desagregación
posible que podemos ofrecer, como comentaré al final.
En su petición de comparecencia el Grupo Socialista solicitaba que se
informase de las estadísticas de material de defensa en el año 1998.
Las correspondientes al primer semestre fueron remitidas a esta
Comisión el pasado mes de mayo, siendo seguidas de las del segundo
semestre en el mes de julio. Finalmente, como he comentado, aunque se
hayan recibido esta mañana, se han remitido también las del primer
semestre de 1999.
Me parece que es importante mencionar la evolución seguida por las
exportaciones españolas en estos últimos años, y, como recordarán,
después de un pico o un salto importante que se produjo en el año
1997, donde nos acercamos a los 100.000 millones de pesetas, por
debajo pero acercándonos, hemos vuelto a cifras relativamente más
modestas que encajan en una serie más homogénea, motivado
fundamentalmente, como recordarán, y así lo comenté en la
comparecencia anterior, por determinadas operaciones singulares y en
particular una realizada a Tailandia, que tenía una cuantía superior
a los 40.000 millones de pesetas y por lo tanto, si descontamos ese
efecto, estamos ya en una línea de exportaciones que para el conjunto
de 1998 se ha situado en lo que es material de defensa en 27.262
millones de pesetas, y que en el primer semestre de 1999 se sitúa en
15.079 millones de pesetas; por lo tanto, ya en una senda de cifras
más homogéneas con las previas a 1997.
El destino de la mayoría de nuestras exportaciones, si avanzamos en
el desglose de la información o simplemente vemos la lista de los
países a los que se dirigen, es la Unión Europea, con un 26 por
ciento en 1998 y un 38 por ciento en el primer semestre de 1999. Ello
lógicamente tiene una causa fundamental, que es la existencia de
proyectos industriales conjuntos con los países de la Unión Europea,
de los que sin duda el más significativo es el futuro caza de combate
europeo conocido como Eurofighter 2000. Ampliando el espectro a lo
que son nuestros socios en la OTAN, como por ejemplo Estados Unidos y
también Turquía, se puede afirmar que el grueso de las exportaciones
españolas de armamento se mantiene a ese bloque de países que, por lo
tanto, son socios en la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
representando en 1998 un 77 por ciento del total, y en el primer
semestre de 1999 un 70 por ciento. El resto hasta el cien por cien de
nuestras exportaciones se distribuye entre un buen número de países,
especialmente países árabes y recientemente Iberoamérica.
En una mención especial, siendo esos los datos y, como he comentado
ya, incluyendo y consolidando en las estadísticas del primer semestre
de 1999 ese nuevo cuadro con seis categorías de productos que nos dan
un mayor detalle de qué tipo de exportación estamos realizando, hay
que mencionar el caso concreto de Indonesia, con lo que daría
respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Socialista, y es que
la cantidad que figura en las estadísticas de 1999 correspondiente a
dicho país se explica por la materialización de licencias autorizadas
en 1998, pero que no se encontraban en vigor en septiembre, fecha en
la que fue aprobado el embargo por parte de la Unión Europea a dicho
país. En cualquier caso, efectivamente, la respuesta a una pregunta
muy pertinente al efecto, es que el Gobierno español ha sido uno de
los primeros que antes de que entrara en vigor el embargo, que es de
fecha 16 de septiembre, a primeros de ese mes lo que hizo fue
paralizar todas las solicitudes de exportación con destino a dicho
país, dada efectivamente la situación que se estaba planteando. Por
tanto, se paralizaron todas las solicitudes, se comunicó al
departamento de Aduanas, impuestos especiales, para que no admitiera
a despacho ninguna licencia de exportación de material de defensa,
aunque hubiera estado autorizada previamente; inmediatamente, con
fecha de septiembre, aunque ya estuviera autorizada, se comunicó para
que no se admitiera a despacho ninguna licencia de exportación de
material de defensa. En cualquier caso, reforzamos esas medidas con
la decisión de revocar las licencias vigentes a dicho país, para lo
cual se obtuvo el preceptivo informe de la Jindu, de la Junta
interministerial. Hay que añadir que en este sentido el Gobierno
español ha sido uno de los pocos países que ha revocado las licencias
y no se ha limitado meramente a bloquearlas hasta que venza el
embargo. Lo que se ha hecho, vuelvo a repetir, es revocar las
licencias a Indonesia.
Asimismo, para añadir un nuevo elemento de control a ese destino en
particular, se ha hecho llegar una circular a todas las delegaciones
regionales de Comercio informándoles de la decisión de someter a
autorización, en aplicación del embargo, cualquier envío de aquellos
equipos sobre los que aun no estando en la relación de material de
defensa que pudiera ser sometido a control, en la medida
en que pueda ser utilizado para represión interna o en acciones
terroristas, lo que estamos haciendo es recabar la autorización para
hacer un mayor control -vuelvo a repetir- sobre equipos que no
necesariamente requieren el control por parte de la Jindu, pero hemos
considerado que era necesario realizar un mayor control para detectar
cualquier tipo de equipos que fueran a alimentar el conflicto. Tengo
que decir que durante todo este proceso de control de las
exportaciones a Indonesia hemos contado con la absoluta colaboración
de las empresas afectadas, que nos han suministrado la información
que acabo de comentar y que no era preceptiva en función de la
reglamentación existente. Además efectivamente, a solicitud, porque
así se me pidió por carta, de diversas organizaciones no
gubernamentales, se les han comunicado todas estas actuaciones el
pasado mes de octubre. Por lo tanto, ha habido una información
inmediata y que ahora hago en el Parlamento.
En este punto me gustaría aprovechar la ocasión para aclarar
nuevamente determinadas cuestiones, dudas o críticas que se suscitan
a raíz de la información suministrada. Me parece muy importante que
aclaremos, puesto que el control que se realiza es muy riguroso
(hemos ampliado la legislación, nos hemos adaptado y estamos
cumpliendo los criterios), que también es obligación del Gobierno
explicar efectivamente en dónde nos estamos moviendo. Persiste esa
acusación, en este caso en relación con la información suministrada
de 1998, de que se oculta determinada información, que no se recogen
en la suma que hacemos por destino operaciones que se habían
anunciado y que se autorizan ventas a países que no cumplen los
criterios del código de conducta.
Aquí yo creo que es importante distinguir una serie de cuestiones que
claramente nos van a permitir identificar qué información estamos
suministrando como material de defensa y de doble uso. En primer
lugar, en las estadísticas que se remiten al Parlamento lo que no
recogemos son operaciones de material de defensa que no están
sometidas al control. El salto cualitativo que se produjo en las
estadísticas, si recuerdan, en 1997, fue que hasta la fecha, como no
existía cruce de información entre las licencias autorizadas que se
realizan en la Secretaría de Estado de Comercio y lo que es el
despacho en aduana, que por lo tanto son estadísticas del
departamento de Aduanas que se hacen con todos los epígrafes
correspondientes, no estaban cruzadas y, por tanto, teníamos datos de
exportaciones por epígrafes y licencias. En la medida en que de lo
que se trataba era de dar estadísticas de los equipos y operaciones
sometidas a control, lo que se hizo en 1997 fue cruzar la información
de manera que las estadísticas que se suministran son, de las
licencias autorizadas, las que se han realizado y las que, por lo
tanto, efectivamente se han exportado e importado. Esa información es
ya muy rigurosa, está cruzada; lo que nos está diciendo es, de lo que
hemos controlado, lo que se ha realizado. No puede incluir, por
tanto, operaciones que no están sometidas a control y, por ello, ahí
hay una serie de operaciones que pueden identificarse como material
de defensa, que podrían considerarse que son comercio de armas, pero
que en cualquier caso no pueden estar recogidas en las estadísticas
que se suministran desde la Secretaría de Estado comprobadas con
Aduanas, por cuanto no están sometidas a control. Ese es un primer
elemento que
en el momento actual, por ponerles un ejemplo, haría que las
aeronaves calificadas ya para uso civil no estén recogidas en las
estadísticas; o que determinadas escopetas para uso deportivo o de
caza no lo estén tampoco. En consecuencia, no dándose el requisito de
aprobación de licencia previa a la exportación, las operaciones no
pueden estar en las estadísticas de material de defensa. Un segundo
elemento de diferencia, que creo que es muy importante señalar, es
que operaciones que están sometidas a control han podido anunciarse
por determinadas empresas, pero pueden no haberse realizado; por lo
tanto, tampoco están recogidas en las estadísticas. Eso ocurre cuando
ciertas empresas anuncian que están negociando contratos en
determinados países, y evidentemente estarán en fases previas de
adjudicación de concursos, etcétera, pero en casos concretos, por la
información que han manifestado determinadas organizaciones no
gubernamentales, hemos comprobado que efectivamente no se había
producido ningún envío, y esa es una diferencia que lógicamente hace
que las estadísticas -vuelvo a repetir- incluyan operaciones
sometidas a control, no las que no están sometidas, y, por otra
parte, aquellas que, habiendo estado sometidas a control,
efectivamente se han realizando en el período en que se elabora la
estadística. Son dos diferencias muy importantes que hacen que cada
uno hablemos de ámbitos distintos.
Cabe afirmar, ya que así se planteó en la comparecencia anterior hace
exactamente un año, la duda de si las estadísticas incorporaban las
transferencias de equipos policiales y de seguridad. Estos equipos
están ya sometidos a control, y así se recoge en el artículo 23 de la
relación de material de defensa del Real Decreto 491/1998, que daba
cumplimiento, como he mencionado antes, al acuerdo del Pleno del
Congreso de los Diputados, de 18 de marzo de 1997. Esa partida
aparece reflejada en la estadística bajo el epígrafe 1, de armas y
municiones de guerra; por lo tanto está incorporado ya en el detalle
que estamos dando de grupos de productos.
Otra cuestión que es importante aclarar es la solicitud de que no se
autoricen envíos que tengan como destino un país que incumpla los
criterios del código de conducta. Debo reiterar que la Jindu,
-efectivamente, como ustedes saben perfectamente, las actas de la
junta son secretas, aunque existe un mecanismo de secretos oficiales
que permite acceder a la información- lo que sí realiza es un estudio
muy exhaustivo en el que desde luego, en primer lugar, no se autoriza
ninguna operación a países incluidos en la lista de embargos, pero
asimismo elaboramos una lista muy completa a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, que toma la información necesaria de todos los
departamentos involucrados (por supuesto el Ministerio de Defensa y
el Ministerio de Interior), para que tengamos identificados los
países sensibles con distinto grado (tenemos países muy sensibles y
sensibles) y que claramente están sometidos a una observación
especial, que hace que esos expedientes que tienen como destino
países incluidos en esas listas se revisen de una manera muy
exhaustiva para efectivamente determinar si es conveniente o no
realizar una exportación, en la medida en que incluso distinguimos
equipos, por lo que pueda ser utilización de determinados equipos
para represión interna o alimentar conflictos, y en esos casos no se
realizan las operaciones; lista de países de embargo que,
como digo, se amplía y se alimenta con una información exhaustiva del
conocimiento de la situación interna de esos países.
Por último, otro requerimiento que está muy vinculado a lo que acabo
de comentar es la necesidad de hacer un seguimiento en el país de
destino del producto exportado. Efectivamente, en función de esa
lista y en cualquier caso como un requerimiento básico dentro de la
Jindu, ante el posible riesgo de desvío que se pueda dar en
determinados destinos, no se autoriza ninguna licencia de arma de
guerra hasta que el exportador presente un certificado de último
destino firmado por las autoridades del país importador. Ese es un
requerimiento básico que debe cumplirse antes de que se realice la
exportación desde España y que, por lo tanto, a lo que está llevando
es a un control del circuito, a ese seguimiento en el país de destino
del producto exportado que se viene reclamando, aun haciendo constar
que eso nos da no pocos disgustos en cuanto a determinados problemas
de orden jurídico y de soberanía nacional que nos hacen constar
muchos países a los que les solicitamos el citado certificado de
último destino, pero, aun así, evidentemente el necesario control nos
lleva a exigir ese certificado como requerimiento imprescindible para
proceder a la exportación.
He pretendido dar una explicación de lo que sería el ámbito de
información, tanto de las estadísticas de 1998 como de los datos
últimos del primer semestre de 1999 -y si quieren cualquier
aclaración, pues con mucho gusto se la facilitaré- y a la pregunta
relativa a Indonesia.
En una segunda parte, por intentar ordenar esta amplia comparecencia,
pasaré a explicar sucintamente cuál es la posición del Gobierno
español ante dos cuestiones importantes que se están debatiendo
actualmente en la Unión Europea: en primer lugar, la revisión del
código de conducta en materia de exportación de armas y, en segundo
lugar, la acción común de la Unión Europea, sobre armas ligeras y de
pequeño calibre, que se aprobó en el mes de diciembre de 1998.
En relación con el primer punto, es decir, la revisión del código de
conducta, el tema principal que se está discutiendo en la actualidad
se centra en qué artículos se deberían incluir en la lista común de
control. Debo decir que para el Gobierno español desde luego es muy
importante cuando tenemos que hacer un control adecuado que exista
una lista lo más detallada posible de artículos, que desde luego nos
permite, entre otras cosas, eliminar determinadas cuestiones,
someterlos a control con una mayor rapidez, en la medida en que están
identificados los equipos, y por lo tanto siempre ha estado apoyando
la elaboración de dicha lista incluyendo (eso es lo que el Gobierno
español viene defendiendo en todos los foros) el mayor número de
equipos utilizables, en particular como material antidisturbios, por
entender que efectivamente es un ámbito que debemos incluir en esa
lista común que además nos permite avanzar a todos los países El
Gobierno español ya tiene incorporada esa lista en su legislación
nacional, cosa que no tienen otros países y, por lo tanto, tenemos el
máximo interés en que, dado que nosotros tenemos ya una regulación de
las más completas en la Unión Europea, seamos capaces de asumirlas
conjuntamente, hasta el punto de que, como recordarán ustedes, en el
Real Decreto 491/1998, de 27 de
marzo, en el que se aprueba el reglamento de comercio exterior de
material de defensa y de doble uso, se incorpora en el anexo 1,
además de la lista militar del arreglo Wassenaar, en donde
efectivamente estamos entre los primeros, otra serie de productos
para incluir, entre otras cosas, el material paramilitar o de
seguridad. En consecuencia el Gobierno español no sólo es totalmente
favorable a la revisión del código de conducta para tener esa lista
común sino que está impulsando decididamente que exista esa lista
común de productos.
Hay otra cuestión que creo que es muy importante señalar en esta
comparecencia y es que, como saben, el Consejo de la Unión Europea
decidió en octubre de este año hacer público el primer informe anual
consolidado, que en este caso se refería a los datos de 1998, informe
que se recogía en el código, que por lo tanto era una de las acciones
a acometer por la Unión Europea y que resume el valor de las
exportaciones totales de cada uno de los Estados miembros, así como
el número de denegaciones y notificaciones existentes en el período
en cuestión. Pues bien, aquí anticipándome a lo que se planteaba o se
pretendía plantear como nuevas iniciativas del Gobierno español,
tengo que decir que en ese primer informe anual consolidado no hemos
podido ampliar la información con la mención de denegaciones y
notificaciones, que sí se incorporará en el próximo, aparte de que
considero muy importante que en este avance que estamos haciendo de
información tengamos nuestro propio informe anual, en el que
especifiquemos toda la información que estamos suministrando,
incluyendo ya las denegaciones y notificaciones, cosa que se hará en
lo sucesuvo y espero que ya, recogiendo el informe anual, en el caso
español, con los datos de 1999, incluyamos ese epígrafe que será
remitido a la Unión Europea.
Paso a comentar cuál es la posición española ante la acción común de
la Unión Europea sobre armas ligeras. La citada acción común, que SS.
SS. conocerán, tiene como objetivos fundamentales luchar contra la
acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas de pequeño
calibre y contribuir a la reducción de la acumulación existente a un
nivel que se corresponda con las necesidades legítimas y propias en
materia de seguridad de cada país y, por lo tanto, homologables con
los países más desarrollados. ¿Cuáles son los instrumentos que se
están incluyendo en esa acción común? Pues en primer lugar,
asistencia financiera y técnica para los programas y proyectos que
contribuyan a esos objetivos y el fomento de la desmovilización, la
supresión de excedentes de armas y la integración de los antiguos
combatientes en los acuerdos de paz. Ahí se estarían incorporando dos
grandes categorías de armas, que serían, por un lado, las armas de
pequeño calibre y sus accesorios, especialmente diseñadas para usos
militares, y un conjunto de armas ligeras portátiles. Esto sin duda
se enmarca en un amplio proceso de iniciativas que desde luego han
tenido y tienen un amplio consenso y movilización por distintos foros
de organismos internacionales, con el propósito sin duda de controlar
y eliminar las existencias no deseables de armas cortas y ligeras en
países que claramente han sufrido conflictos. Se ha entendido desde
la Unión Europea que es muy importante la ayuda técnica y, sin duda,
la ayuda financiera y ya hay una primera intervención concreta
derivada de esta acción común, o
sea, que quiero reseñar que es la ya aprobada para el caso de
Camboya.
España, sin duda, el Gobierno español así lo ha manifestado, ha dado
desde el comienzo su total apoyo a esta acción común y por tanto la
posición española es clara en este sentido, y además España ha
contribuido no sólo apoyando esta acción común, asumida ya por la
Unión Europea en diciembre de 1998, sino que ha defendido también
otras iniciativas en este campo, entre las que debo señalar como
refuerzo de esa posición ante la acción común el apoyo decidido al
programa de la Unión Europea para prevenir y combatir el tráfico
ilícito de armas convencionales; el proyecto de protocolo de Naciones
Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y material conexo, y también la promoción de la convención
interamericana sobre la transparencia en las adquisiciones de armas
convencionales. Por lo tanto, estamos haciendo ese esfuerzo que hemos
comentado ya en varias ocasiones de movilizar a cuantos más países
sea posible en ese necesario control y paulatina eliminación en
determinados tipos de armas.
Como he dicho, es importante destacar que en esta acción común, sin
duda una pieza fundamental para que sea efectiva es la financiación
de las acciones tendentes a la eliminación de las existencias de
armas ligeras y la readaptación de los combatientes, y eso pasa por
actuaciones básicamente directas de la Comisión, más que
intervenciones de los Estados miembros. Estamos en esa fase, en la
que el Gobierno español está apoyando decididamente esa acción común,
en la que desde luego estoy convencida de que podremos seguir
avanzando con el establecimiento de nuevos controles sobre, por
ejemplo, los intermediarios internacionales en el comercio de armas,
con acciones como las que ya he mencionado, y sin duda con
iniciativas que se pueden ver reforzadas con el presente debate que
existe en uno de los grupos de trabajo de política exterior y
seguridad común, en la PESC, que está teniendo dificultades con
algunos países, pero que sin duda cuenta con el apoyo del Gobierno
español para movilizar ese tipo de iniciativas.
En resumen, en información se han remitido las estadísticas. Se
constata que después del salto experimentado en 1997 por operaciones
singulares, estamos en una senda de valores que en el año 1998 se
reducen a menos de la mitad en esa senda de crecimiento que, en
cualquier caso, cuenta como principales destinos los países de la
Unión Europea y en su conjunto países de la OTAN. Se ha hecho un
esfuerzo que se consolida en 1999 por ampliar la información con ese
cuadro de seis grandes categorías de productos para avanzar en la
necesaria transparencia. En el caso de Indonesia se tomaron las
acciones incluso antes de que se produjera el embargo. En las dos
nuevas iniciativas, tanto la revisión del código de conducta como la
acción común en relación con las armas, el Gobierno español ha sido
totalmente favorable, ha apoyado esas iniciativas y las ha reforzado
con otras en otros ámbitos. En cualquier caso, sobre el análisis que
he hecho de las críticas que se han dado en determinados medios de
comunicación, se está dando una información muy rigurosa, se hace un
control caso por caso, exigiendo documentos de control del
destinatario y usos finales con cláusulas muy estrictas de no
reexportación, para que de manera clara lo que estemos incorporando
en las estadísticas sea una exportación realizada, previamente
controlada y con las máximas garantías posibles de que el uso es el
que se indica en la solicitud de la licencia.
Confío en que seamos capaces de avanzar, que consigamos ese
equilibrio complicado de apoyar una industria como es la industria de
defensa, que tiene personal muy cualificado que está contribuyendo a
aumentar la innovación tecnológica y la cooperación industrial en lo
que es la Unión Europea, como ocurre con el programa Eurofighter que
acabo de comentar, sin duda con sectores como es el de defensa de
gran valor tecnológico añadido, que está dando, por otra parte, como
he dicho, un empleo numeroso y muy cualificado. Confio en que seamos
capaces, decía, de impulsar esa industria de defensa al mismo tiempo
que hacemos un control muy riguroso de aquellos productos que sin
duda en algunos casos y en algunos países están contribuyendo a
alimentar los conflictos, y en que desde luego, como Gobierno
democrático y con los compromisos adquiridos en los distintos foros
internacionales que en algunos casos hemos impulsado como Gobierno
español consigamos la adecuada información y transparencia. En ese
sentido, a mí me gustaría -y esa es nuestra intención, como ya he
avanzado- poder remitirles un informe anual de los datos de 1999
completo, que incluyera -y yo creo que es obligado tener una lista
actualizada de los países sometidos a embargo- el número de
denegaciones y de consultas bilaterales. Debemos hacer un esfuerzo
por ofrecer una mayor desagregación de las seis categorías existentes
de productos, de manera que ya, iniciada en 1998 la desagregación de
seis grandes categorías, seamos capaces de avanzar en una mayor
identificación de productos en la medida de nuestras posibilidades.
Ese es mi compromiso y desde luego la voluntad de remitir un primer
informe anual en el que expliquemos con claridad las cuestiones que
he manifestado, que nos permita hacer un seguimiento más adecuado y
tener una serie completa de lo que ha sido la evolución del comercio
de armas.
El Gobierno español, por otra parte, se compromete - y así lo quiero
manifestar- a seguir actuando en los foros internacionales para
mejorar el control y la transparencia de la exportación de armas,
tanto en lo que es el impulso decidido a tener esa lista completa, lo
que supone la revisión del código de conducta y por supuesto su
cumplimiento, dado que nosotros ya lo tenemos recogido en nuestra
reglamentación, y su impulso de la forma más amplia posible, como en
la valoración de las proposiciones, como la que se está barajando
últimamente y que me hicieron llegar las organizaciones no
gubernamentales a tal efecto, para que efectivamente avancemos en lo
que es un adecuado control de armas. Yo creo que son necesarias
iniciativas de ese tipo, siempre contando con la sensibilidad de la
información y la adecuada confidencialidad; lo que no podemos es
abstraernos de la necesaria evolución de tener un mayor control y de
impulsar en los foros internacionales un adecuado control de
armamento que pueda perjudicar la necesaria defensa de los derechos
humanos que todos tenemos claramente como compromiso y en concreto el
Gobierno español.
Creo que con una mayor y más detallada información, con la defensa de
ese mayor control y esa revisión del código de conducta y del impulso
de la acción común en control
de armas y desde luego con el estudio de en qué medida podemos
avanzar en nuestra propia información para efectivamente estar en la
vanguardia y avanzar con ello o impulsar al resto de países,
estaremos yendo por el caminoadecuado y, por lo tanto, ampliando
aquello que ya supuso un salto cualitativo importante, que fue el
acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 18 de marzo de
1997. Yo creo que en el año 2000 seremos capaces de dar un nuevo
salto y para ello, por supuesto, ofrezco toda mi disposición y
colaboración y espero contar con la de este Congreso de los
Diputados, como siempre ha sido hasta la fecha.
El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a los portavoces de los
grupos parlamentarios según la solicitud de comparecencias, como
aparece en el orden del día.
En primer lugar y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moya.
El señor MOYA MILANÉS: Señora secretaria de Estado, bienvenida a esta
Comisión. Nos hubiera gustado que su presencia hubiese tenido lugar
con antelación, siempre es un placer tenerla aquí, pero nos temíamos
que iba a terminar la legislatura y no íbamos a tener la fortuna de
contrastar estos documentos y estas informaciones. Nosotros deseamos
que estas informaciones que se nos remiten documentalmente luego
tengan un tratamiento en cuanto al debate de una mayor proximidad,
para tener en ese sentido una aproximación al problema en tiempo
real.
Le agradezco a la secretaria de Estado el contenido de la
información. Creo que ha sido exhaustiva en muchos de los elementos
que en este momento se pueden considerar todavía conflictivos o que
necesitan de debate en el seno de la Unión Europea y que necesitan de
mejora y de mayor ampliación en cuanto a un mayor rigor. Voy a
extraer algunos de los temas que han sido comentados por la
secretaria de Estado, con el objeto de intentar, por parte de mi
grupo, mejorar, que yo creo que es un poco lo que nos anima al resto
de los grupos, la información que se nos facilita y también de animar
al Gobierno a que en los foros donde se produce legislación o
regulación sobre estos temas, España adopte posiciones vanguardistas
-la propia secretaria de Estado ha reconocido que el Gobierno español
no tiene ningún inconveniente en hacerlo- y en ese sentido le
animamos a que en algunos puntos concretos, dentro de lo que son las
revisiones anuales que se hacen del código de conducta, se puedan ir
implementando determinadas cuestiones.
Hay un primer elemento que siempre es el núcleo duro o el caballo de
batalla en cuanto a las informaciones, no solamente en el caso
español sino probablemente en casi todos los países de la Unión
Europea, que en algunos países -la secretaria de Estado nos ha
informado de dos- lo han resulto ya con la información cruzada por
países de destino y de productos, en otros no está ni siquiera
mínimamente iniciada, y el caso español se sitúa en una vía
intermedia. Yo diría que siendo quizás un pelín menos optimista que
la secretaria de Estado, que ha colocado a España ya en el país de
cabeza en cuanto a esa información, yo creo que hay algunos elementos
que faltan todavía en ese salto que se ha dado.
En ese sentido quisiera debatir con usted sobre los problemas que
impiden todavía cubrir un cierto vacío o un cierto hueco.
Yo creo que en cuanto a la información no cruzada producto- país, de
hecho, cuando el Gobierno no la suministra, o un gobierno no la
suministra en la práctica lo que ocurre es que como viene
suministrada, pero viene a menudo mal suministrada por otras vías, a
veces nos introducimos en un juego de adivinanzas que no es bueno. No
es bueno ni para el país que exporta ni para el país receptor, que
muchas veces se ve involucrado en informaciones que a lo mejor no se
corresponden exactamente con la realidad, y en definitiva da lugar a
especulaciones, a cifras no contrastadas o que difieren entre las que
se dan oficialmente y las que se informa a veces que teóricamente
pudieran ser. En definitiva, en buena medida se trataría de dar un
cierto salto en cuanto al cruce de la información que evitaría esos
problemas. En el punto tres de la proposición no de ley, que supuso,
como la propia secretaria de Estado ha dicho, un salto cualitativo en
estos temas, qué duda cabe, cuando se habla de divulgar los datos se
dice: «incluyendo las estadísticas por países de destino», lo que a
veces se ha podido interpretar como que sólo se trata de incluir los
países de destino, pero desde el punto de vista de este grupo, en su
espíritu, implica que haya una información sobre lo que reciben esos
países de destino. Por otra parte, si en el punto 2, complementado
con el 3, se habla de información referida a productos y en el punto
3 se habla de información referida a países, en realidad yo creo que
va implícito que debería cruzarse el punto 2 con el 3 y tener su
correlato en los informes que se producen.
En alguna ocasión el Gobierno ha mencionado la cuestión del sigilo
comercial. Nosotros hemos tenido responsabilidades como Gobierno
socialista y por tanto yo soy el primero en reconocer que en esta
legislatura todos los grupos hemos hecho avances importantes en esta
materia, fruto de los cuales ha sido esa resolución de 1997.
Comprendo que a veces las informaciones sensibles para las empresas
producen ciertas cautelas y se alega ese sigilo comercial para no
estropear operaciones que están en marcha, para que no puedan ser
aprovechadas por otros países que cubran ese hueco, pero como usted
sabe bien, lo que la resolución pide en este momento es información
sobre exportaciones ya realizadas; por tanto no se puede estropear.
No se trata de dar una información de una licencia que se ha
autorizado o que está en trámite de autorización y que pueda poner en
riesgo la operación. Aquí, cuando hablamos de países de destino, nos
referimos a una operación que ya se ha realizado y que además
normalmente en un porcentaje muy elevado de casos se conoce por otras
vías, porque la propia empresa no tiene muchas veces el menor reparo,
al contrario, de dar cuenta de la exportación que ha realizado y del
país al que la realizado en sus propios informes comerciales y en sus
balances.
Por tanto, si es un dato que tenemos que rastrear por otras vías y
que prácticamente está, yo creo que de manera clara, en el espíritu
de la proposición no de ley y que evita además malentendidos, a mí me
parece que ese salto que queda por cubrir ya no es un salto tan
grande.
Por otra parte, a veces se ha esgrimido también que se puede poner en
riesgo la seguridad o la confidencialidad
del país receptor, que pueda poner ciertos problemas. Yo creo que en
el nivel de información en el que estamos y en el que llega por otras
vías, el país receptor sufre, a mi juicio, más daño con la
especulación que con la información. Es un poco la impresión que
tenemos en este momento. Cuando la secretaria de Estado ha mencionado
países que ya realizan ese cruce, en el informe que nos ha llegado
esta mañana de 1999 ya hay un atisbo de cruce en algún caso muy
concreto; o sea, que prácticamente el Gobierno yo creo que en el
informe de 1998 dio un salto incorporando categorías de productos y
en el informe de 1999, este que nos ha sido remitido esta mañana, ya
se mencionan tres casos muy concretos (Groenlandia, Surinam,
Marruecos e Islandia). En el último caso dice: Lo exportado a
Groenlandia..., cita el país y de la exportación de que se trata. En
los dos primeros casos -dice- el grueso es un avión y vehículos de
transporte. Aunque sea muy parcial, hay un ejemplo en el que ya el
Gobierno de alguna forma ha cruzado una exportación con un país. Mi
invitación es a la generalización, porque si se hace con tres países,
entiendo que no hay o no debería haber en ese sentido un problema en
que se extendiera.
Ese es un primer elemento que quería señalar y al mismo tiempo
hacerle una pregunta al respecto. Usted ha mencionado los casos de
Holanda y Luxemburgo como los países que en este sentido dan
información más completa. Hay otros países como el caso de Suecia,
Italia y España, que dan también información, y, según nuestras
noticias, hay un informe de Gran Bretaña, reciente, que según parece
produce o suministra información también bastante completa. Menciono
este caso porque si bien en otros se podría decir que se trata de
países pequeños en cuanto a su nivel de exportación, y en ese sentido
con menos problemas teóricamente para ofrecer una información más
completa, en el caso de Gran Bretaña, si es que su último informe es
muy completo, que no lo sé, estaríamos hablando de un país de gran
nivel de exportación. Si no estoy equivocado, debe ser el segundo de
la Unión Europea y, por tanto, si hay una información muy completa,
estaríamos ya ante un ejemplo significativo.
Otro elemento que quisiera también someter a consideración -usted
también lo ha mencionado- es la exportación que se realiza a países
que a veces no cumplen o que están sometidos a embargo. Tiene usted
razón cuando afirma que hay que ir más allá y que efectivamente no se
trata solamente de aquellos países que están en una lista de embargo
de Naciones Unidas o en una lista de embargo de la Unión Europea,
sino que el código de conducta expresa claramente que se deben tener
todas las garantías o cautelas para no exporta a aquellos países de
los que se tiene sospecha que pueden utilizar ese material para la
represión interna, por motivos de terrorismo, etcétera. Usted ha
mencionado que el Gobierno español es sensible en cuanto a ir más
allá de lo que son las listas oficiales. Yo creo que todo lo que se
haga es poco y bienvenidas serán las posiciones que España y el
Gobierno español adopte en el seno de la Coarm, en el sentido de
extremar las medidas para evitar las exportaciones de productos a
estos países sensibles. Lo digo porque en los informes que se han
producido del año 1998 (el de 1999 me ha llegado esta misma mañana y
no he tenido ocasión de contrastarlo), según informaciones
sumadas a otras informaciones que llegan por otras vías y que a veces
a lo mejor no tienen el contraste oportuno, se constata que hay
exportaciones abundantes en los últimos años -incluso más allá de la
época de gobierno del Partido Popular, para que no crea que lo estoy
diciendo simplemente en una especie de trinca o de reproche al
Gobierno-, y también las hacen los países de la Unión Europea en su
conjunto, en el caso de armas ligeras a países africanos; países
africanos que han estado en conflictos en tiempos muy recientes, que
han estado en zonas de conflicto o limítrofes a zonas de conflicto, y
vemos que a veces se han producido denuncias por parte de
organizaciones sobre exportaciones de la Unión Europea y también de
España, según estas informaciones; en el caso de Angola, sabemos que
es un país que ha tenido una situación de inestabilidad, al que se
han producido exportaciones (españolas también al parecer); otro país
que se encuentra en la zona de conflicto, como es el caso de Ghana,
al parecer ha recibido munición y armas ligeras abundantes, también
por parte de España durante algunos años; este país está en una zona
muy sensible, en las cercanías de Sierra Leona y de Nigeria, donde ha
habido situaciones trágicas desde el punto de vista de genocidios y,
por lo tanto, se han podido producir desvíos de material hacia
terceros países. En consecuencia el código de conducta está en sus
comienzos, tiene sus fisuras y lógicamente hay que extremar el
cuidado. En ese sentido quisiera también que la secretaria de Estado
nos dijera cómo se podría evitar en la medida de lo posible que por
parte española y de otros países llegara armamento a estas zonas. En
el caso africano y en relación con las armas ligeras, hay o hubo un
intento de moratoria de los gobiernos africanos también para la
importación de armas ligeras. En este sentido hay ahora una campaña
internacional en relación con el control de dichas armas y hay que
hacer los mayores esfuerzos para evitar que pueda llegar armamento,
en el caso de España por supuesto, a estas zonas, como al parecer ha
podido ocurrir en años recientes.
En la aplicación estricta del código de conducta hay muchos
elementos, usted ha mencionado unos cuantos y yo le voy a citar
otros. En cuanto a la verificación del uso final de los productos,
usted ha dicho que efectivamente hay que ser muy cautelosos y muy
rigurosos en cuanto a los certificados del país final y al mismo
tiempo hacer un seguimiento del uso final que se da a los mismos. Sé
que hay una cierta polémica en el seno de la Unión Europea sobre qué
ocurre cuando se descubre que se utilizan para fines distintos o para
fines prohibidos, es decir, qué vinculación jurídica tienen los
contratos o las cláusulas de salvaguardia que pudieran establecerse
si en un momento determinado España u otro país descubre que se ha
producido un desvío o bien se ha producido una utilización indebida,
ilegal o ilegítima de los productos que se han exportado, porque no
estaban destinados para ese fin. ¿Qué ocurre? ¿Se revoca la licencia,
se impiden nuevas licencias en el futuro, se evita, por supuesto,
cualquier envío de material o de suministros para piezas de repuesto
o de mantenimiento? No bastaría simplemente con saberlo y con hacer
una denuncia ante el país receptor, sino que habría que ir
jurídicamente -a nuestro juicio- todo lo lejos que se pueda en cuanto
a cancelación y revocación de licencias. (Rumores.)
En el caso de Timor, después de hacer la pregunta, en su tiempo, ya
tuvimos información sobre el embargo de la Unión Europea. Usted ha
mencionado la respuesta española a ese embargo. Nosotros nos
congratulamos que se haya querido ir más allá de lo que el propio
embargo dice. En ese sentido, el embargo tiene una significación...
El señor PRESIDENTE: Por favor, el jubileo permanente de SS.SS.
impide el seguimiento de los que están interviniendo.
El señor MOYAMILANÉS: Timor es otro caso expresivo de lo que decíamos
antes del uso indebido de los productos que se reciben. España ha
estado exportando a Timor durante muchos años. Es evidente que
Indonesia no era un país sometido a embargo, pero por la situación
conflictiva era más que notorio para la Unión Europea y para España
que parte del material que pudiera suministrarse pudiera ser
utilizado en la represión interna, como después desgraciadamente se
ha visto que ha sido utilizado de manera masiva y espectacular. Pero
con antelación a esa situación de los últimos tiempos y del genocidio
reciente que ha motivado el embargo, de alguna forma ya se conocía la
existencia de grupos paramilitares que operaban en el territorio, se
podía presumir que podría haber desvío de armas a estos grupos, se
podía sospechar que el propio régimen en la represión interna contra
los movimientos nacionalistas podía utilizar ese material, y ha
habido denuncias de organizaciones no gubernamentales a países de la
Unión Europea por los productos exportados a Indonesia que al parecer
podían haberse utilizado. Quiero decir con esto que Timor es un caso
expresivo de cómo no se ha evitado la llegada de este material; ahora
sí durante el embargo, pero no en los tiempos anteriores. A nuestro
juicio eso pone de manifiesto que el código de conducta todavía tiene
lagunas y fisuras y que a veces se producen esas situaciones.
Nosotros invitamos al Gobierno español a ser absolutamente estrictos
y a estar vigilante porque somos uno de los países que en los últimos
años han exportado a Timor, y que en ese sentido todos hagamos examen
de conciencia para ser absolutamente escrupulosos.
El problema de la producción bajo licencia también está sobre la
mesa, y cuando existe el riesgo de que el material puede utilizarse
para usos y fines prohibidos habría que extremar la cautela y las
autorizaciones de la producción bajo licencia.
Ya ha mencionado usted en qué situación se encuentra la lista común
de control para la Unión Europea. Nosotros desearíamos que el
Gobierno fuera en la dirección de ampliarla lo más posible -así
parece que usted lo ha dicho-, en el sentido de que abarque a todo el
material militar y a la formación de personal militar, de seguridad y
policial, y al mismo tiempo tener una lista de armas y material
estrictamente prohibidos.
Otro problema que también está sobre la mesa es el control de los
intermediarios y los transportistas del comercio de armas y la
polémica sobre a quién afecta, si a personas residentes en la Unión
Europea, a personas con pasaporte de la Unión Europea, a empresas
registradas en la Unión Europea. Hay un debate abierto y desearíamos
conocer la posición del Gobierno español, que a nuestro juicio
debería ir en la línea del máximo control de los intermediarios
y transportistas del comercio de armas.
Sigue también pendiente y abierto el debate sobre las consultas
bilaterales o multilaterales cuando se produce la denegación de una
solicitud de exportación. Este es un debate importante. Hasta ahora
estamos en el nivel de las consultas bilaterales: un país decide no
autorizarla, otro país la quiere hacer y consulta con el que la ha
denegado, sólo con él. Pero eso a veces no es suficiente porque no se
produce una información en el seno de la Unión Europea, no se produce
una transparencia de la información completa que la Unión Europea
tiene sobre esa licencia en particular, lo cual puede evitar o
fomentar una cierta competencia desleal al mantener esa consulta
exclusivamente bilateral, y desde luego no juega en favor de la
transparencia. No sé cuál es la disposición de los gobiernos europeos
y del Gobierno español en esta materia de las consultas
multilaterales, pero sería deseable ir en esa dirección.
Respecto al informe consolidado, al que ha hecho usted también
referencia, solamente le quiero hacer una pregunta. Yo tengo aquí el
informe, que además es público, en el que hay un dato que nos ha
llamado un poco la atención, y no voy a extraer de él ninguna lectura
porque el dato simplemente dice lo que dice. En el caso de España,
las licencias emitidas durante el año 1998 fuera 2.019 y hay una sola
notificación de denegación de autorización. Esa es la información que
aquí se da. Contrasta con otros países, como Bélgica, que tiene la
mitad de licencias autorizadas, 1.087, y 29 denegaciones. No quiere
decir nada. Quiere decir que a lo mejor España o la Jimddu afina
tanto en las autorizaciones que luego no necesita denegar, o a lo
mejor tiene la manga ancha en las denegaciones. En fin, no sé
exactamente el dato, pero sí nos ha llamado un poco la atención el
bajo nivel de denegación de autorización en relación con las
solicitudes, a diferencia de otros países. Ojalá sea la primera de
las interpretaciones, pero en todo caso nos gustaría saber su opinión
al respecto.
Termino con el tema de las armas ligeras. Como usted y todas SS.SS.
saben perfectamente, el hecho de que ahora estemos en una campaña
abierta sobre el control de las armas ligeras no es baladí ni obedece
a ninguna moda o iniciativa por arrastrar a la población detrás de
una dinámica determinada. Yo creo que si observamos lo que supone
para las víctimas de los conflictos actuales las exportaciones y la
utilización de armas ligeras, las cifras son aterradoras porque casi
el 90 por ciento de las víctimas en conflictos actuales lo son como
consecuencia de la utilización de armas ligeras. Estamos ante un
volumen de cifras de exportación a lo mejor de menor identidad, pero
luego en el terreno humano causan un problema de una envergadura
importante. Puede ser engañoso el dato de que se trata de una partida
de 30 ó 40 millones, pero desde el punto de vista de derechos humanos
es mucho más grave que a lo mejor la venta de piezas de repuesto para
un avión que no se va a utilizar, cuyo contrato es veinte veces mayor
desde el punto de vista económico pero que desde el punto de vista
humano el otro tiene muchos más problemas. Quiero decir con esto que
el Gobierno y el Parlamento deben ser sensibles a esta movilización
internacional, porque están detrás todas las instancias
internacionales: Naciones Unidas de manera clara, también, como usted
ha mencionado, el Consejo de
Ministros de la Unión Europea de diciembre de 1998, con su acción
conjunta sobre las armas ligeras y todos los esfuerzos que usted ha
mencionado.
El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya concluyendo.
El señor MOYA MILANÉS: Termino ya, señor presidente. Pero nos
gustaría que se diera un nuevo paso por parte de España, Gobierno y
Parlamento, de la misma manera que lo hicimos en su día, en 1997, en
que el texto de esa resolución realmente supuso un salto cualitativo.
Yo creo que ahora, con las ideas que se están barajando y que usted
misma ha mencionado con respecto a una posible proposición no de ley
sobre armas ligeras, el salto sería menos cualitativo que el que ya
dimos en su momento, pero es una ampliación de lo que hicimos en su
día. Yo creo que prácticamente asume el espíritu y el contenido, sólo
que aplicado a las armas ligeras, y un poco más detallados algunos
aspectos, pero si fuimos capaces de lograr un consenso entre todos
los grupos para sacar adelante la resolución de 1997, ahora
estaríamos mucho más cerca de poderlo conseguir para las armas
ligeras porque ya tenemos ese precedente. Usted ha mencionado el 2000
como una fecha posible. A nosotros nos gustaría que, estando la
legislatura tan cerca de su finalización, pudiéramos hacer un
esfuerzo entre los grupos para ponerlo como colofón de esta
legislatura. Esa es nuestra invitación y nuestro deseo y trabajaremos
en esa dirección.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Yo creo que esta sexta legislatura ha dado un
paso muy importante, y es justo reconocerlo. Creo que todos y todas
nos debemos felicitar por haber conseguido un paso muy importante
para la transparencia del comercio de armas y material de doble uso.
Es una de las contribuciones más importantes que se han hecho en esta
sexta legislatura, y sería bueno terminarla con otra proposición no
de ley referida a las armas ligeras por recomendación tanto de la
Unión Europea como de Naciones Unidas. Sería un buen final y desde
luego Izquierda Unida se sumaría a esta iniciativa.
Ahora bien, el problema, señora secretaria de Estado, es que siendo
como ha sido un paso muy importante esta iniciativa, yo creo que a la
luz de la experiencia es insuficiente. Tenemos un código de conducta
europeo que también ha sido un paso importante para limitar la
exportación de armas y material de doble uso a países en conflicto,
pero no es lo suficientemente restrictivo y la experiencia nos va
indicando el camino para que el legislador resuelva que las
exportaciones de armamento y material de doble uso de la Unión
Europea no vayan a zonas en conflicto. A la luz de los datos, hay
cinco casos que evidencian estas lagunas que lo único que producen es
sufrimiento en zonas alejadas de nuestro país. Son los casos de
Indonesia, Turquía, Colombia, países africanos y Bulgaria. ¿Por qué
evidencian una laguna importante que habrá que resolver de inmediato
para evitar que determinado material de armamento y material de doble
uso vaya a zonas de conflicto? Un indicador importante para limitar
la exportación de material de
armamento y de doble uso es el embargo a países terceros, ya sea por
Naciones Unidas o por organizaciones regionales de Naciones Unidas
pero no es el único. Yo creo que no se puede dejar la limitación en
la prohibición de la exportación de armamento a que haya este
indicador del embargo. Es insuficiente. ¿Por qué? Porque el debate
que hay ahora encima de la mesa sobre la seguridad internacional
tiende a dar mucha importancia a los indicadores de alerta temprana
de conflictos. (Rumores.) Es decir, para que no suceda el conflicto,
antes de que estalle el conflicto se encienden luces rojas que
alertan a la sociedad internacional de que se puede producir un
conflicto si no se cambian determinados indicadores.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no utilicen la sala de la
Comisión para actividades de otro tipo.
El señor MEYER PLEITE: El embargo es la medida final cuando el daño
está hecho, es decir, cuando el daño ya se ha hecho se produce el
embargo. El caso más claro de las lagunas que desde la Unión Europea
hay que resolver es el de Indonesia. Mientras se estaba aprobando
hace un año el código de conducta europeo, y en las calles de Yakarta
los estudiantes sin armas, con las manos, luchaban contra el régimen
de Suharto, que es un régimen criminal, que lo ha sido, desde hace
más de diez años, por las televisiones de todo el mundo pudimos
comprobar que los tanques Scorpion que salían a la calle eran de
fabricación del Reino Unido, que los camiones cisternas
antidisturbios Táctica también eran producción del Reino Unido, y que
los revólveres que llevaban reglamentariamente las unidades militares
eran españoles, exportados por España. Con esto ¿qué quiero decir?
Que no hay que esperar a que un país esté embargado para que los
países miembros de la Unión Europea pongan en marcha sus indicadores
para prohibir la autorización de exportación de armamento y material
de doble uso. La represión interna, un conflicto interno o una
excesiva militarización de un país, yo creo que son indicadores tan
importantes como el indicador del embargo. Incluso si se pusieran en
marcha estos indicadores que hoy no están en el código de conducta
europeo podríamos tener la garantía y la conciencia tranquila porque
ninguna arma de la Unión Europea va a llegar a países que tengan una
represión interna, que tengan un conflicto interno no resuelto y que
tengan una excesiva militarización. Esto hoy no lo hemos conseguido y
yo creo que son lagunas que el legislador, tanto nacional como
europeo, tiene que resolver. El caso de Indonesia es clarísimo, es
escandaloso. ¿Cómo es posible que España haya permitido en estos
últimos diez años la exportación a un país con un régimen
sanguinario, el de Suharto? Timor Oriental es la conclusión de otras
hazañas, entre comillas, de un régimen, es la punta del iceberg de un
régimen sanguinario, y el Estado español ha autorizado armamento al
régimen de Indonesia en los momentos de más represión. En esa isla se
fue aniquilando físicamente a la oposición, en este caso de
izquierdas. Por tanto, yo creo que el caso de Indonesia pone en
evidencia esta laguna que convendría desde la Unión Europea resolver
de forma definitiva.
Con los datos de 1998 que usted nos ha facilitado y con las cautelas
que usted también nos ha anunciado hoy en
relación a que no aparecen en la estadística materiales como aviones
de transporte, por ejemplo, que son susceptibles de ser utilizados
por la vía civil o por la vía militar, lo que ocurre es que la
estadística tendría que resolver ya de forma definitiva, aunque ha
habido un avance importante por lo que usted nos dice. Según los
datos del segundo semestre de 1998 que usted nos ha facilitado, si
introducimos material susceptible de ser utilizados por las fuerzas
militares o policiales, hay una diferencia considerable respecto a la
exportación efectiva realizada. Oficialmente es de 8.937 millones de
pesetas, pero según las ONG, que hacen un seguimiento importante de
esta exportación, a lo que también usted ha hecho referencia, es de
16.397 millones, es decir, una diferencia de 7.460 millones de
pesetas más, un 83 por ciento más que no aparecería en estadística.
Es verdad que estos datos pueden referirse a contratos no realizados,
a una expectativa de contratos no realizados, pero también es verdad
que sí aparecen materiales como aviones de transporte a las fuerzas
aéreas de Turquía. Me refiero al caso de Turquía porque a pesar de
que usted plantea que es un país aliado, que lo es, no es menos
cierto que tiene uno de los indicadores que hoy no son susceptibles
de estar en el código de conducta europeo, y todos los investigadores
por la paz, todas las ONG están diciendo que es un país que está
liquidando físicamente a la minoría étnica kurda, lo cual es un
indicador suficiente para que ningún país de la Unión Europea permita
la exportación a Turquía. Este no es un debate nacional, es un debate
europeo. Como usted sabe, en Alemania ha habido un problema muy serio
en el propio Gobierno, en la coalición gubernamental, precisamente
por la autorización de exportación del Leopard 2 de la Krauss-Maffei
a Turquía. Nosotros seguimos en la línea argumental de que nos parece
una inmoralidad política, una inmoralidad, que se siga permitiendo la
exportación de armamento a Turquía. Los kurdos tienen los mismos
derechos que los kosovares para autodeterminarse; exactamente los
mismos. Los kurdos comen, beben y viven igual que los kosovares. Por
tanto, si injusta fue la persecución y la aniquilación del pueblo
kosovar, injusta es la del pueblo kurdo. No porque Turquía sea un
aliado podemos autorizar el envío de armamento, porque entonces
estamos ante una actitud absolutamente hipócrita de la
Administración. Desde luego nosotros no estamos por dar un
tratamiento distinto a los conflictos del mundo en función de la
amistad o no amistad del Gobierno de turno en España con el gobierno
turco. Nosotros no creemos que sea la posición ética más acertada,
sino que tiene que haber un discurso universal para todos los países,
sea cual sea el color del Gobierno de ese país, sea cual sea el grado
de amistad o de alianza con ese país. Yo creo que el caso de Turquía
es otra evidencia de esta laguna del código de conducta, un código de
conducta que no es suficientemente restrictivo.
El tercer caso que pone en evidencia el actual código de conducta es
el de Colombia. ¿Cómo es posible que todos nos felicitemos porque
apoyamos un proyecto de paz como el que se está produciendo entre las
FARC y el Gobierno colombiano, conflicto que cada dos por tres tiene
muertes, secuestros, etcétera, y sin embargo se autorice el envío de
armamento a Colombia? No me cabe en la cabeza; no cabe en la cabeza
desde el punto de vista de conseguir el efecto que todos pretendíamos
con esa proposición no de ley: evitar
que armas españolas lleguen a países en conflicto. Yo creo que el
caso de Colombia es otro mal ejemplo y tanto por parte del Gobierno
como por parte del legislador -es nuestra responsabilidad- deberíamos
intentar resolver todas estas deficiencias que en este momento están
en el campo de lo que significa la autorización de exportación de
armamento en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, vaya terminando por favor. Veo un
gesto de sorpresa en S.S. El señor Moya tenía presentadas dos
comparecencias y una pregunta, y por eso le he dado más tiempo. Pero
el grupo de S.S. tiene presentada una única comparecencia y le estoy
concediendo muy generosamente el tiempo, que ya habría terminado hace
rato. Le ruego que dentro de la flexibilidad que caracteriza a esta
Comisión vaya terminando, por favor.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, presidente, por su
advertencia, porque efectivamente estaba administrando mi tiempo en
relación con el del compareciente anterior. Intentaré ser lo más
sintético posible.
El caso de África orienta bien otro indicador que ahora no tenemos,
como es el excesivo grado de militarización de países a los que llega
armamento de la Unión Europea. En España hemos autorizado armamento a
Estados africanos, de 1992 a 1999, por un valor de 4.381 millones de
pesetas. Por ejemplo, a Ghana hemos vendido 1.646 millones de pesetas
en munición. Pero a mí me sorprende un país como Djibuti, en
conflicto armado, que tiene 652.000 habitantes, un ejército de 9.600
efectivos y 3.000 policías, al que hemos vendido 13.500 pistolas en
1992, 7.400 en 1995, 3.200 en 1996, por un valor total de 296
millones de pesetas. Yo creo que este es un ejemplo claro de que el
indicador de la militarización de un país, en este caso de África, es
lo suficientemente grave como para que la Administración española y
la Unión Europea revisaron ese código de conducta para evitar que sea
un país receptor en estas condiciones; y todos sabemos de lo que
estamos hablando.
Voy terminando, señor presidente. Bulgaria es un país al que estamos
autorizando la exportación fundamentalmente de arma corta, cuando de
todos es conocido que es un intermediario en el mercado negro.
Bulgaria a través de su mercado negro parece que ha enviado armamento
a Iraq, a la antigua Yugoslavia, a Angola, a Ruanda y a Libia.
Señor presidente, pasado mañana parece que se reúne el grupo de
trabajo sobre armas del Consejo, la Coarm, si mis datos no están
equivocados, y yo creo que la Administración española tendría una
ocasión importante para proponer y hacer realidad que el código de
conducta sea más restrictivo. Indonesia es un indicador clarísimo del
fracaso del actual código de conducta, así como países de África,
Colombia y Bulgaria. Yhay más cuestiones: la verificación del uso
final para conseguir que esas pistolas que se autorizan, por ejemplo
a Bulgaria, no vayan a países en conflicto, a terceros países;
también, la producción bajo licencia, la lista de control, el
corretaje, los mecanismos de consulta para evitar la competencia
desleal, etcétera.
Por tanto, yo pediría al representante del Estado español que en esta
reunión anual haga una propuesta de revisióndel código de conducta
para que sea más restrictivo, lo
cual permitiría a toda la Unión Europea tener la garantía de que
cuando se reprima un conflicto en cualquier parte del mundo, como ha
pasado en Indonesia, no sea con armamento europeo, sean revólveres
españoles o vehículos antidisturbios del Reino Unido.
Para terminar, yo creo que si no somos capaces de resolver este
asunto, sus comparecencias anuales no habrán impedido que parte del
material construido en España se vaya a utilizar para reprimir a
personas, sea en Turquía, en Indonesia, en Djibuti o en Colombia. Yo
creo que es una respuesta que hay que dar y animo a su Gobierno a que
en esta reunión de pasado mañana se plantee resolver un código de
conducta mucho más restrictivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor Saura.
El señor SAURALAPORTA: En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds
quería decir, en primer lugar, como han hecho los anteriores
portavoces, que en esta legislatura se ha dado un paso importante
desde el punto de vista parlamentario y del Gobierno en relación a la
transparencia de las exportaciones de armas. La proposición no de ley
que fue objeto de un laborioso y largo trabajo de consenso dio frutos
positivos en marzo de 1997, cuando la aprobamos. De todas las maneras
quiero sintetizar en dos aspectos la actual situación y ofrecer
nuestro diagnóstico. Y nuestro diagnóstico es, primero, que el
Gobierno está haciendo una interpretación restrictiva de la
proposición no de ley de 1997, es decir, que no se está ofreciendo la
información que permite esa proposición no de ley, y segundo, que el
Gobierno español sigue exportando armas a países a los que no debería
exportarlas.
Voy a poner un ejemplo, que ya se ha citado, desde la experiencia de
mi trabajo parlamentario en estos tres años. En relación a este
segundo punto, ¿es correcto políticamente, éticamente, que el
Gobierno español exporte armas a países en conflictos o a países que
vulneran los derechos humanos? ¿Lo está haciendo? ¿Lo ha hecho? La
respuesta es que sí lo ha hecho. En septiembre de 1996 hice diversas
preguntas por escrito (tengo aquí la contestación del Gobierno) en
relación a la situación de Indonesia. Yo no sé si ustedes recuerdan
que, en el año 1996, el Parlamento Europeo en una resolución pidió a
los Estados miembros -cosa que no acostumbra a hacer- que atendiendo
a la vulneración y violación de los derechos humanos en Indonesia no
exportaran armas a ese país. Yo pregunté al Gobierno si pensaba
cumplir con esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta que España
creo que era el segundo país de la Unión Europea que exportaba mayor
número de armas a Indonesia. Tengo aquí la respuesta publicada el 29
de octubre de 1996 en la que el Gobierno dice literalmente que en el
caso de Indonesia, como no existe ninguna medida de embargo de la
Unión Europea, piensa seguir exportando. Y dice también que la
aprobación de una resolución por parte del Parlamento Europeo no es
suficiente para que se establezca un embargo de armas. España ha
estado exportando armas (me refiero a esta legislatura pero podría
retrotraerme a antes) en 1996, en 1997 y en 1998 a un país en que
claramente se estaban violando los derechos humanos con una
resolución del Parlamento Europeo que
pedía a los Estados miembros -cosa que creo que no ha hecho con
ningún otro país- que no exportaran armas. Nosotros hemos estado
armando a un país que ha producido el genocidio y el desastre que
hemos visto, culminando finalmente con el embargo producido en
septiembre o en octubre. La pregunta es, señora Pisonero, ¿cree usted
que un gobierno que está exportando muchas armas a un país en que es
evidente que se están violando los derechos humanos, con una
resolución del Parlamento Europeo, no hubiera tenido que ser más
sensible? Esta es la pregunta. No quiero leer otras respuestas a
otras preguntas que formulé posteriormente, en noviembre y en enero,
por ejemplo en relación a la responsabilidad del Gobierno español
ante la violación de derechos humanos por parte de Indonesia si se
comete empleando material español, que se ha cometido. Es decir, la
historia de la violación de los derechos humanos en Indonesia (podría
hablar de Turquía y de otros sitios) está ahí, y el Gobierno español
ha sido cómplice en la medida en que ha exportado armas, insisto, a
un país en el que se estaban violando los derechos humanos. Tanto el
portavoz del Grupo Socialista como el de Izquierda Unida han
insistido en la necesidad de modificar el código de conducta, la
necesidad de modificar legislaciones que yo comparto y que no voy a
repetir. Pero más allá de esto, creo que desde cualquier Gobierno
debe haber unos límites en la exportación a países en conflicto, a
países con violación flagrante de derechos humanos que no se puede
consentir, y ustedes lo han consentido, y por tanto le digo que no lo
sigan haciendo, porque el Gobierno español, España hoy es en parte
responsable (pequeñita, si usted quiere) de la matanza y de las
barbaridades que se han cometido en Indonesia. Esta es la primera
cuestión.
La segunda es la información. Usted ha hecho una valoración
-posiblemente como la debe hacer el Gobierno- muy optimista de la
transparencia de la información que ustedes están dando. Creo que el
señor Moya en su primera intervención ha situado la realidad. La
realidad es que el Gobierno español hoy no está informando sobre
productos vendidos a cada país, con lo cual es muy difícil conocer
con exactitud la exportación de armas. Usted se ha refugiado en que
hay determinados productos que no necesitan tener autorización y que
no se pueden considerar instrumentos o armas de defensa. Con esa
filosofía hay toda una serie de material aeronáutico que se utiliza
para transporte militar, simuladores de aparatos militares, mejoras
de carros de combate, patrulleras, que en base estrictamente a una
interpretación burocrática usted dice que no es material de defensa.
Puede haber cualquier reglamento que diga que una patrullera o un
simulador de aparato militar, según la burocracia española, no es
arma de defensa, pero le aseguro que lo es. Por tanto, si lo es, lo
que habrá que hacer será modificar esos registros. Pero lo que no
vale políticamente, aunque entiendo que usted lo diga, lo que no
puedo aceptarle es que modernizar carros de combate, como no requiere
determinada autorización, no es material de defensa y no esté en la
estadística. Lo que le estoy diciendo es que, reconociendo que en
España se han dado pasos legislativos importantes y también de
transparencia (creo en las ONG, en el Parlamento y en los medios de
comunicación), la aprobación de la proposición no de ley hasta ahora
-y estamos al final de la legislatura- no ha dado respuesta
cumplida a esas expectativas. Yo he recibido hoy el informe que el
señor presidente ha dicho que por cuestiones burocráticas no habíamos
podido recibir, lo he recibido hoy, pero no son suficientes estos
seis grupos. Es necesario saber qué se exporta a cada país, y es
necesario que, independientemente de la autorización administrativa,
políticamente ustedes digan cuál es la exportación de armas.
Voy acabando, señor presidente. He sintetizado mucho los dos aspectos
que me parecen importantes. Las ONG que impulsaron la campaña
anterior y que impulsan ahora la de armas ligeras (Intermón, Amnistía
Internacional, Médicos sin fronteras, Greenpeace y la Cátedra Unesco)
están dando hoy una información que de alguna manera pone en
evidencia la información del Gobierno. Pero no quiero decir que la
suya sea la cierta. Posiblemente la suya es más cierta pero no lo
digo. Lo que digo es que sería necesario que la información del
Gobierno nos permitiera contrastar si es cierta o no, y es lamentable
que hoy las propias ONG digan que ha habido un engaño de
transparencia en relación con esta cuestión.
Acabo con la campaña de futuro. Me ha parecido entender que usted
tenía una predisposición positiva a aprobar una proposición no de ley
que diera respuesta y que profundizara en lo que hoy es una campaña
mundial, internacional, de control de las armas ligeras. También se
ha hablado aquí de la importancia. Hoy las armas ligeras son un
elemento fundamental desde el punto de vista de la violencia de los
países industrializados, y lo son en los conflictos fundamentalmente
civiles, tanto en el conflicto como después del conflicto. Nos están
diciendo que hay más de 500 millones de armas ligeras y que en
algunos países cualquier chico o chica de 16 ó 20 años tiene un arma
y pega dos tiros. Prácticamente todas las organizaciones
internacionales han impulsado y desarrollado la idea de que es
necesario disminuir y controlar las armas ligeras, que como también
se ha dicho antes desde el punto de vista económico son cantidades
más pequeñas pero que desde el punto de vista de la convivencia de
las sociedades es tanto o más importante. Y simplemente quiero
decirle también, como se ha dicho antes, que me parecería importante
(acabaríamos bien la legislatura desde este punto de vista) que de
forma urgente y en base a los elementos que ya nos han planteado
algunas ONG y los diálogos que hemos mantenido los grupos
parlamentarios pudiéramos consensuar una proposición de ley que se
aprobara antes de acabar la legislatura, creo que no sería difícil.
Como se ha dicho aquí, el salto cualitativo lo dimos. Es importante
también que situemos a España, desde el punto de vista de la norma,
en lo que hoy es el río de la historia en relación a estas temas en
Europa y en el mundo. Es importante acabar esta legislatura habiendo
dado la aprobación a un determinado control de información, con los
aspectos críticos que le he mencionado, pero con un paso más de haber
aprobado una serie de medidas que aseguren un mayor control de un
tema, insisto, que hoy es fundamental desde el punto de vista de la
cultura de la violencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió enlazo con la última parte de la intervención del
señor Saura y que el conjunto de los portavoces hemos destacado. Esta
legislatura ha vivido en esta materia de la transparencia en el
comercio de armas y de material de doble uso un salto cualitativo que
todos los grupos debemos destacar. Esta misma sesión de esta mañana,
con la intervención de la secretaria de Estado, sitúa en un nivel
interesante el debate sobre estas cuestiones. Ha sido una
comparecencia detallada que ha situado la posición política del
Gobierno en relación con el futuro y el balance de su actuación. En
este sentido nuestro grupo se siente satisfecho del trabajo realizado
en esta legislatura. Es bueno recordar que los diputados que hemos
vivido esta historia a lo largo de estos tres años si hoy estamos en
esta sesión debatiendo sobre este aspecto es también porque desde la
sociedad civil hace justo tres años se nos exigió un salto
cualitativo en esta materia. Por tanto, en nuestra valoración
política de lo que hoy estamos haciendo esta perspectiva es
importante. Ahora bien, creo que es legítimo y normal que los grupos
también manifestemos algunas críticas, algunas dudas o algunas
exigencias al Gobierno en esta materia, y que el Gobierno seguramente
está en condiciones de darnos respuestas positivas básicamente porque
puede exhibir este balance, que es sustancialmente mejor que el que
se encontró al inicio de esta legislatura. Vayamos por partes.
La secretaria de Estado ha avanzado en su intervención que la
posición del Gobierno era favorable a una mayor desagregación de la
información por países y por productos. Sabe la secretaria de Estado
que los grupos parlamentarios entendiamos en marzo de 1997 que en la
referencia que se hacía en la proposición no de ley que nos lleva a
este debate, cuando mencionaba las informaciones por países y por
productos, nuestra voluntad era ir hacia un cruce perfecto de estas
dos categorías. Hoy el Gobierno nos da una información que avanza en
esta línea con la desagregación en seis apartados y que combinada con
la información que nos llega desde la sociedad civil, desde los
grupos de estudio de esta materia, nos permite ver un panorama más
acertado sobre el estado de la cuestión. El señor Moya ha puesto
algunos ejemplos de que en la información del Gobierno ya se
mencionan países y productos de manera suficientemente genérica. Yo
creo que en la información que se diese de los siguientes productos,
y para cumplir aquello que se aprobó en marzo de 1997, no costaría
nada cruzar las listas de productos con los países. Quizás un primer
paso sería en base a esas seis categorías que se marcan por el
Gobierno.
Tengo la sensación de que en esta materia y en España el problema que
estamos planteando no sea de excesiva confidencialidad de la
información. Más allá del trato jurídico que tengan estas
informaciones, clasificadas como de secreto oficial, y más allá de
los mecanismos que existen en la normativa española para conocer esta
información, lo cierto es que las empresas hacen buena propaganda de
sus ventas, en los medios de comunicación existe información de las
operaciones importantes, y donde existe ese nivel de secretismo es en
municiones y en armas ligeras. Y ahí yo creo que el Gobierno debe
incorporar sobre esta materia no tan sólo una reflexión sobre la
creación de empleo en estos sectores, que es importante, no tan sólo
una reflexión sobre
su impacto en la generación de nuevas tecnologías, sino también la
lógica de la prevención de conflictos. Hoy, cuando en esta Comisión
analizamos el marco de seguridad a nivel mundial, y cuando hemos
tenido ocasión de debatir sobre el mismo en Washington y en otras
reuniones en las que diputados de esta Comisión hemos participado, se
nos apunta siempre que en ese horizonte del conflicto a nivel mundial
aparecen conflictos internos de baja intensidad que implican diversas
realidades culturales o sociales de un Estado; y en estos conflictos
tienen mucha más importancia y mucha más implicación las armas
ligeras, ese tipo de material de menor impacto que es el que se
utiliza. La lógica de la prevención de conflictos es la que debemos
incorporar en el discurso y en la acción del Gobierno de España y del
conjunto de la Unión Europea porque, si no, nos vamos a seguir
encontrando en situaciones como la que esta mañana se produce en
relación al conflicto de Indonesia. Cuando el conflicto se inicia hay
una actuación del Gobierno, creemos que diligente y rápida, pero
partimos de otra realidad y responsabilidad compartida con más
Estados de la Unión Europea, y es que hasta que el conflicto estalló
los miembros de la Unión Europea estuvimos vendiendo armas a
Indonesia. Todos sabíamos, por muchísimas razones (desde hace tiempo
funcionan centros de estudio y gobiernos que elaboran información
sobre esta perspectiva), que el conflicto iba a estallar de un
momento a otro o que ese Estado no cumplía ninguno de los requisitos
que nos permitían exportar armas. Esa es la lógica que debemos
incorporar, y para incorporar esa lógica necesitamos una mayor
transparencia en la línea de la desagregación de información. Por
tanto, nos parece que el Gobierno aún tiene un margen para poder
cumplir en toda su literalidad y en todo su espíritu la proposición
de marzo de 1997.
La segunda cuestión que nos planteaba la señora Pisonero hacía
referencia al material que no está incluido en las listas que utiliza
el Gobierno. Hablaba de las aeronaves, que son objeto de denuncia en
la medida que se venden a Turquía y son utilizadas en operaciones
militares en las zonas del Kurdistán. Hay que dar algún tipo de
respuesta, más allá del formalismo jurídico, al hecho de que puede
haber aeronaves españolas utilizadas por el ejército turco en
operaciones militares en Kurdistán. Decir que no está en las listas
es claramente insatisfactorio. También nos deben preocupar las listas
del material de escopetas vendido que puede ser utilizado también en
conflictos de orden interno. Tenemos lagunas que debemos ser capaces
de corregir.
Y en relación al debate que se nos abre en la Unión Europea tanto
sobre la revisión del código de conducta, que va a tener lugar este
25 de noviembre en esa sesión de la Coarm, como sobre la normativa,
la acción común sobre armas ligeras, el planteamiento que entendemos
que el Gobierno debería asumir y que debería formar parte de su
discurso político y de su posicionamiento sincero en el seno de las
direcciones europeas es avanzar hacia una mayor exigencia jurídica en
esta materia. Seguramente el rango jurídico que tiene el código de
conducta en el seno de la Unión Europea es claramente insuficiente
para convertirse en un buen instrumento de prevención de conflictos
y de control y transparencia en el comercio de armas. Nos parece que
hay un margen también importante para
trabajar, especialmente en la elaboración de normativa que permita
cerrar bien en términos jurídicos -me ha parecido entender que la
secretaria de Estado coincidía en que existían dificultades- toda la
cuestión del seguimiento de ese material vendido a países que cumplen
con la normativa, pero en los que luego existe el riesgo de que se
produzca ese desvío hacia terceros países que incumplen la normativa.
Debemos buscar en el seno de la Unión Europea cómo podemos cerrar
bien en términos jurídicos esta cuestión, porque si no el nivel de
frustración que podemos tener puede ser importante. En este sentido
-termino, señor presidente- conoce la secretaria de Estado así como
el Grupo Parlamentario Popular la existencia de un borrador con el
que estamos trabajando los grupos parlamentarios de posible nueva
proposición no de ley en esta materia. Yo creo que el Gobierno no
debería tener ningún inconveniente en facilitar la aprobación de esta
proposición no de ley, siempre desde el respeto a la autonomía de su
grupo parlamentario, porque los puntos que contiene enlazan
perfectamente con algunas de las preocupaciones que el Gobierno ha
manifestado. En ese avance de una mayor desagregación de productos
por países, para permitir que el debate en esta Comisión sea más
riguroso, nosotros ya le dijimos a la secretaria de Estado que no nos
gusta debatir en base a las informaciones que nos dan las ONG, que
nos gustaría debatir sobre la información estrictamente que nos da el
Gobierno, y que con el actual nivel de información tenemos
dificultades y los portavoces podemos realizar afirmaciones que
quizás no se fundamenten estrictamente en la verdad. Por tanto, es
necesaria una proposición no de ley que vaya en la línea de
comprometer al Gobierno en una mayor desagregación de productos, un
compromiso del Gobierno en el seno de la Unión Europea de revisión
del código de conducta desde un punto de vista de mayor exigencia,
y un compromiso también para un desarrollo desde la lógica de esa mayor
exigencia de la acción común sobre armas ligeras y con la voluntad de
incorporar en nuestras políticas exteriores, en nuestras políticas de
seguridad, la lógica de la prevención de conflictos. Nos parece que
hay un margen suficiente para que esta legislatura termine con un
nuevo consenso que nos permita ser más eficaces en una materia en la
que creo que el conjunto de la sociedad nos exige que seamos mucho
más consecuentes, que nuestro discurso se acerque mucho más a la
realidad, y que nuestra responsabilidad como Estado del primer mundo
no nos permita sentirnos indiferentes ante la guerra que todavía
sigue tan cerca de nuestras fronteras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Parlamentario Popular agradece la
presencia de la secretaria de Estado de Comercio y su información.
Poco tenemos que decir, señorías y señor presidente, porque han
reconocido los grupos que la información ha sido muy extensa y
pormenorizada en cuanto al objeto de las comparecencias, iniciativas
que agradece el Grupo Parlamentario Popular, como agradece también la
campaña que sobre esta cuestión y otras tan importantes hacen la
sociedad civil las organizaciones
no gubernamentales. Nos parece fundamental decirlo en primer lugar.
La secretaria de Estado ha informado de manera pormenorizada, en
nuestra opinión, y de manera detallada de la petición de información
que se solicitaba, y sobre todo de las dudas y críticas que ha
suscitado la información que el Gobierno viene remitiendo a la Cámara
con motivo del cumplimiento de la proposición no de ley de 1997,
aprobada por todos los grupos. Le consta al Grupo Parlamentario
Popular que las relaciones del Gobierno con las organizaciones no
gubernamentales y con la sociedad civil han sido muy intensas durante
todos estos meses y años. No se podría entender de otra manera -y lo
digo sin ningún ánimo colateral- el que se acertara, como han
reconocido todos los grupos, al decir que existe un balance positivo
de la legislatura. Pero al Grupo Parlamentario Popular le gusta hacer
un balance en este caso global y tiene la costumbre -yo creo que
buena porque lo induce la práctica y la eficacia- de intentar
delimitar y diseccionar los problemas para luego avanzar. Yo creo que
de esta legislatura se pueden decir muchas cosas. Se puede decir que
la sociedad civil ha hecho un trabajo muy importante: la Cátedra
Unesco por la Paz, que dirige VicenÁ Fisas, cuya figura es importante
mencionar para que conste en el «Diario de Sesiones» y organizaciones
no gubernamentales como Greenpeace, Intermón, Amnistía Internacional,
etcétera, los grupos parlamentarios y el Gobierno también.
El primer Consejo de Ministros que presidió el Partido Popular -lo
hemos recordado muchas veces en esta Comisión- aprobó ya la moratoria
indefinida a la exportación de las minas antipersonas. A veces el no
aceptar las explicaciones puede prevenir del prejuicio (y yo creo que
esto no debe ser así) de que la información que se da no es
suficientemente clara y entonces se producen especulaciones por
ninguno deseables. Pero yo creo que en este caso todos los grupos
parlamentarios podemos coincidir en que no puede existir entre
nosotros un cierto prejuicio de que no hayan ido las cosas más
deprisa. Como digo, el primer Consejo de Ministros aprobó esa
moratoria en 1997; poco tiempo después tuvimos ocasión de aprobar esa
proposición no de ley importante que da -y coincido con otros- un
salto cualitativo espectacular sobre esta cuestión; aprobamos también
la Convención de Otawa sobre la prohibición de minas antipersonas y,
es más, el Gobierno remitió a las Cortes un proyecto de ley para que
figurara en el ordenamiento interno español. Yo creo que esto es
mérito de todos, y qué duda cabe de que el balance de legislatura es
muy cualitativo y es preciso señalarlo.
Fíjense sus señorías en que las normas, los reglamentos, lo que aquí
aprobamos no produce efectos milagro, produce efectos en el tiempo.
Lo importante es señalar la actitud y avanzar en los compromisos. En
1992 España firmó la Convención internacional para la prohibición de
armas químicas. Quiero recordar esto aquí porque lo vamos a ver en el
Pleno. El jueves aprobaremos una ley orgánica de modificación del
Código Penal para adecuar al ordenamiento interno español la firma de
aquella convención. Y SS.SS. recordarán que en 1995 en este
Parlamento aprobamos un Código Penal, que por cierto hemos reformado
tantas veces, al que el Gobierno de entonces no tuvo la prevención de
incorporar aquella convención internacional. La
Convención internacional para la prohibición de armas químicas no
produce efectos milagro, como tampoco produce efectos milagro la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada en estas
Cortes por unanimidad de todos los grupos, y tampoco producen efectos
milagro los estudios y las conclusiones de la Comisión de Asuntos
Exteriores en su importante ponencia sobre los derechos humanos.
Cuando hablamos de estas cosas, al Grupo Parlamentario Popular le
gusta unir estos problemas a la defensa de los derechos humanos y las
libertades en el mundo, porque estamos convencidos de que ese es el
impulso del Gobierno. Nos tenemos que quedar entonces con las
palabras finales de la secretaria de Estado de que el Gobierno está
dispuesto a avanzar más en la información, avanzar junto con nuestros
socios europeos en una revisión del código de conducta aprobado,
avanzar en la acción común de la Unión Europea para el control y
regulación de las armas ligeras. Ysobre todo nos quedamos con una
frase definitiva de la secretaria de Estado, en nuestra opinión, que
es la llamada al esfuerzo multilateral, los esfuerzos que España está
haciendo para que esto tenga un consenso multilateral e internacional
porque, situando el problema en sus justos términos, España tiene una
participación muy pequeña, muy escasa, muy reducida en el comercio
internacional de armas, pero esto no puede ser una excusa.
Simplemente es de señalar que si España está haciendo un esfuerzo
internacional e importante por avanzar en lo que antes hemos indicado
es preciso decirlo.
En el Grupo Parlamentario Popular -y con esto voy a terminar, señor
presidente- estamos como está la Secretaría de Estado, como está el
Gobierno, perfectamente de acuerdo en que en esta legislatura demos
los pasos para aprobar esa proposición no de ley en la que los grupos
parlamentarios estamos trabajando, que nos viene dada por la campaña
de armas ligeras que las organizaciones no gubernamentales antes
mencionadas están promoviendo, y estamos dispuestos a trabajar como
lo estuvimos en marzo de 1997 para aprobar aquella proposición no de
ley que supuso un salto cualitativo importante. Yo creo que las
explicaciones dadas son oportunas y que no se pueden hacer ejercicios
de reduccionismo y esperar soluciones milagrosas. Sin embargo, creo
que la posición de España, que no hace mucho no era el primer mundo
sino un país en vías de desarrollo, a todos nos debe llenar de
satisfacción; por supuesto que no una satisfacción complaciente sino
satisfacción porque el papel que España está desempeñando en este
sentido en las relaciones internacionales es importante y tiene el
apoyo de toda la sociedad y de todo el Parlamento. Nosotros esperamos
que esto siga siendo así.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO, TURISMO Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (Pisonero Ruiz): En primer lugar quiero constatar,
como en la anterior ocasión en que estuve en esta Comisión, a la que
siempre acudo cuando se me llama, aunque a veces con dificultades de
agenda pero con el máximo interés por informar, algo que ha
manifestado el portavoz socialista señor Moya y que me parece
fundamental. Personalmente soy partidaria de que no hay nada como
una adecuada información para evitar especulaciones y males mayores.
Lo que pasa es que es un ámbito en que (por eso quiero agradecerlo
especialmente) se conoce la sensibilidad y la dificultad de avanzar,
siempre sabiendo que hay márgenes, como dice el señor Campuzano,
sabiendo que es muy complicado encajar esos avances en el adecuado
equilibrio que debemos mantener. Quiero también agradecer el tono de
todos los portavoces que han hecho uso de la palabra, que ha sido un
elenco muy amplio de este Parlamento, muy completo y muy coincidente
en lo que el portavoz del Grupo Popular, señor Izquierdo, ha situado
y que me parece muy importante manifestar, así como también lo que ha
dicho el señor Campuzano de que el Parlamento en esta materia ha
conseguido dar respuesta a lo que era una reclamación de la sociedad
civil y que en este caso concreto está muy articulado a través de las
organizaciones no gubernamentales que ejercen ese papel de
vertebración de las necesidades de la sociedad. Eso me parece muy
importante en una materia tan sensible como es el comercio de armas.
Hecha esta manifestación, voy a intentar ir contestando a cada una de
las cuestiones planteadas por los portavoces, aunque ha habido puntos
coincidentes que me permitirán que conteste a la vez. Yo lo que he
intentado decir en la comparecencia, aparte de hacer un repaso de las
cuestiones que hay pendientes (siempre hay cosas pendientes me
gustaría dejar algo para mi sucesor o sucesora, espero que sea
sucesora para que hablemos también de armas las mujeres; es una
broma) lo que quiero decir es que se ha avanzado mucho en esta
legislatura. Siempre que se avanza hay margen para seguir haciéndolo.
Yo no creo que sea una cuestión de rematar las cuestiones sino de dar
pasos sucesivos en los que se vayan consolidando posiciones y seamos
capaces, como bien decía el señor Izquierdo, de diseccionar los
problemas para encontrar las vías para seguir avanzando. Por tanto,
creo que sería irrelevante que se apruebe en esta legislatura o en la
siguiente; lo que es relevante es que exista un consenso
parlamentario, cosa que claramente está en vías de producirse, y que
con el diálogo permanente que desde este Gobierno hemos impulsado y
creo que he conseguido en algunas cuestiones seamos capaces de
encontrar cuál es ese paso adecuado. Lo que pido, por tanto -y
siempre ha sido así en esta Comisión-, es que demos los pasos que
somos capaces y no dar marcha atrás, que desde luego creo que es la
situación en que estamos.
Decía el portavoz socialista que es importante seguir avanzando en el
grado de transparencia y de información. No somos los primeros. A mí
me gustaría hacer una explicación de todo el tema de la información y
la situación comparada, aclarando (se ha constatado, y yo no voy a
ser quién para reiterarlo) que se ha dado un paso importante en el
grado de información. Efectivamente, el objetivo sería conseguir ese
cruce que yo pedí específicamente para hacer propuestas y seguir
avanzando y que se hiciera un análisis comparativo con los países de
nuestro entorno y en particular con los países de la Unión Europea.
Dada la información que se tenía, se establecieron internamente para
hacer ese análisis comparativo cinco niveles, siendo el nivel 1 el de
la información más completa y el 5 el de la más deficiente. España se
sitúa en el nivel 2. Es cierto, no estamos en el nivel 1. No es
complacencia, pero
somos el 2 de cinco, y el nivel 1 son Finlandia y Luxemburgo, en el
que se incluyen no sólo las autorizaciones, sino también las
realizaciones e incluso las unidades. Siguiendo la lista del arreglo
Wassenaar que, por otra parte, España cumple y que tiene incorporada
en su relación de productos, se produce ese cruce en dos países que
no tienen prácticamente industria militar.
Nivel 2. En el nivel 2 nos encontramos con estadísticas de
exportación de material de defensa en las que no se cruzan datos y en
las que se incorpora una lista de productos (es el caso español) con
indicación de valor, y no sólo de licencias, y España está en este
caso con Italia, Países Bajos y Suecia. Reino Unido, que es el caso
concreto que ha mencionado el portavoz socialista, se encuentra en el
nivel 3. ¿Por qué? Porque no incluye, por ejemplo, material de
productos de doble uso. No hemos hablado de esa materia, pero aquí en
España estamos muy avanzados, siendo una competencia comunitaria, con
un reglamento exhaustivo de control, que es la fase siguiente a todas
las cuestiones que hemos estado debatiendo. Reino Unido está peor que
España en nivel de información y, por tanto, ahí podemos seguir
avanzando, y hay países que, en cualquier caso, pueden hacer cruces,
pueden dar datos de licencias y no indicación del valor, que
realmente es lo que sería indicativo, cosa que en España sí damos.
Por tanto, tenemos que decir, sin ningún ánimo de autocomplacencia,
sino de constatar una realidad, que España se ha situado en muy poco
tiempo en los niveles más altos (a excepción, ya digo, de Finlandia y
Luxemburgo, que no son países con industria de defensa) y que
seguimos trabajando para dar datos más completos, con la adecuada
cautela, que en cualquier caso puede decidir el Parlamento, sabiendo
que siendo secretos oficiales podemos buscar una fórmula adecuada
para dar una información que, de motu proprio, he querido anunciar
como un informe más completo en el que desde luego incluyamos una
mayor desagregación de productos, cosa que yo creo nos va a permitir
ofrecer una mayor transparencia. Así pues, no siendo los primeros,
somos los segundos, pero después de dos países como son Finlandia y
Luxemburgo que, reitero, no tienen industria de defensa, como ocurre
en España; ésa es la diferencia cualitativa importante.
Por tanto, avancemos en lo que es una mayor información, y vayamos
casi de una manera no tan explícita, pero sí implícita, a ese cruce
que nos permita una información más adecuada. En algún caso concreto,
como son en los datos del primer semestre, ya comentamos operaciones
concretas que no entran tanto ya dentro del adecuado sigilo comercial
y que podemos comunicar, y cuando lo podemos hacer lo hacemos.
Y hay una cuestión que sí que me parece importante, y permítanme que
aproveche esto para saltar a otra intervención que se ha hecho, en
concreto por los señores Saura y Campuzano. Cuando he intentado
clarificar la información es importante que tengamos en cuenta (y
esto está vinculado a una lógica que yo desde luego como parte del
equipo de Gobierno asumo y creo que es muy importante que vayamos
avanzando en la lógica de prevención de conflictos) que, por supuesto
a nivel personal, como secretaria de Estado de Comercio, lo que me
ocupa y me preocupa es hacer un adecuado cumplimiento de las normas
que se establecen,
y no sólo a través de nuestro Parlamento, que por supuesto es el que
en cualquier caso tiene que ratificar y aplicar normativas de
convenios asumidos en el exterior y en los foros internacionales,
pero no me puedo extralimitar haciendo juicios de valor que deben
establecerse en otras instancias. Yo no soy quién, ni como persona,
desde luego, ni como presidenta de la Junta interministerial, de
aplicar criterios discrecionales y subjetivos a cuestiones tan
sensibles que son de mi competencia, como es el cumplimiento adecuado
de la norma que se me exige que se cumpla, y eso es lo que he dicho
que cumplimos exhaustivamente. En ello desde luego hay dos vías
claras: que se me diga que la lista es más amplia, o que se me diga
que determinadas cuestiones deben aplicarse, y no les quepa la menor
duda de que hemos intentado (por no ser en absoluto, por Dios, ni
arrogante ni pretenciosa) el cumplimiento exhaustivo de las normas,
cosa que he dicho que estamos haciendo. Eso partiendo del
reconocimiento de que me parece que una iniciativa que hay que
impulsar en los adecuados foros es el mecanismo de alerta temprana,
que es por donde tenemos que ir, y estamos haciéndolo a través de la
instancia competente en este caso, que es el Ministerio de Asuntos
Exteriores, movilizándolo para que nos suministre (y nosotros
colaboramos a ello) una lista. No es burocracia, es que ése es el
mecanismo de la Administración; afortunadamente la Administración
tiene que cumplir las normas que otras instancias establecen para la
gestión adecuada del Gobierno. Entonces, no es sólo que haya unos
países sometidos a embargo, sino que hemos dicho que es importante
que avancemos, y evidentemente en los países que están sometidos
a embargo directamente se paraliza. Ese es el cumplimiento de la norma
que realizamos. Nosotros decimos que no sólo hay que buscar una lista
más amplia de países sensibles con distinto grado en los que hay que
hacer una exigencia, incluso mayor, de la interpretación (como decía
el señor Saura) burocrática o restrictiva de una norma, sino un
indicador, pero desde luego objetivo. No soy yo quien debe erigirse
en juez; hay una posición en la que la máxima información (y así lo
hacen diligentemente) está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en
colaboración con otros departamentos, para tener esa lista, que es la
que la Jindu utiliza en el análisis caso por caso de los expedientes
que se plantean, sabiendo la especial sensibilidad o las especiales
circunstancias.
Por tanto, digamos que, en la medida de nuestras posibilidades, hemos
ido mucho más allá de la interpretación burocrática estricta de la
norma, que sería no permitir exportaciones, no autorizar licencias a
países sometidos a embargo, sino realizar un análisis exhaustivo caso
por caso exigiendo certificados adicionales a aquellos países que
hemos incluido en una lista de países sensibles. Vamos en la línea de
lo que S.S. comentaba y que yo desde luego considero que es
fundamental, el que vayamos avanzando en ese mecanismo de alerta
temprana para que no tengamos que lamentarnos luego de haber sido
corresponsables indirectos de algo que no es el Gobierno el que lo
exporta, sino empresas que, en muchos casos (y es la segunda cuestión
que yo quería mencionar), no están sometidas a control y que, por lo
tanto, desconocemos. Si no está establecido el marco, tenemos
libertad de comercio para realizar ese tipo de operaciones.
Ahora bien, dicho eso, es cierto que existe una información, porque
es pública, que son las estadística de comercio exterior, de las que
yo desde luego informo hasta el detalle que sea preciso; son
informaciones públicas que nos suministra el departamento de Aduanas.
Ahí están recogidas todas las operaciones de comercio exterior que
realiza España, con los epígrafes y las partidas arancelarias
correspondientes. Esa es la información completa de comercio
exterior, y por lo tanto ahí están recogidas todas las operaciones
que se realizan, incluidas las de defensa y las de materiales de
doble uso, y lo que estoy diciendo es que las estadísticas que se
suministran por esta vía a las Comisiones de Defensa y de Asuntos
Exteriores son las que se derivan del control preceptivo de
determinados productos. Lógicamente en esas estadísticas no pueden
estar los que no están sometidos a control. Otra cuestión es que
queramos dar marcha atrás en el proceso de liberalización comercial,
y consideremos que cuestiones que se habían excluido del control a
través de la licencia deban recuperarse para que se tengan que volver
a controlar. Yo lo que hago es, si se exige el control a determinados
productos, ejercerlo, pero no en aquellos que ya se sacaron de una
lista. Lo digo por explicar la mecánica. Efectivamente lo que podemos
hacer (para que estemos hablando de las mismas cosas) es tener una
estadística, en cualquier caso pública, como lo está siendo esta,
completa del comercio exterior en apartados donde se pueden incluir
equipos susceptibles de calificarse como material de defensa, pero
que en cualquier caso no estarán en las estadísticas de control,
puesto que no es preceptiva la autorización de la licencia. Por lo
tanto, lo que hacemos es encajar en cada ámbito lo que es de su
competencia. Yo lo que no puedo hacer es prohibir a una empresa, cuyo
comercio es libre, que lo haga, subjetivamente y erigiéndome en juez,
cuando mi labor y mi competencia es gestionar y hacer cumplir la ley,
cosa que hago.
En el tema de la información, yo quiero aclarar cuestiones que me
parecen de suma importancia, para que hablemos el mismo lenguaje,
cosa que han tenido sumo cuidado y en la que han sido especialmente
expresivos todos los portavoces, sabiendo que estas son las
cuestiones sensibles de las que tratamos en esta Comisión y con
motivo de estas comparecencias. Lo que quiero decir, por tanto, es
que toda la información está ahí. Existe una información pública, que
es la de comercio exterior, y existe la información que se deriva del
cumplimiento de la norma, que exige la autorización de licencias para
determinados productos taxativamente recogidos en la relación de
material que debe ser objeto de control, y es sobre esa relación
sobre la que se ofrece la información. Lo que esté fuera de ese
ámbito no está sometido a control, y por lo tanto no debe incluirse
en esa estadística. Si les parece, en lo que sí se puede avanzar es
en comunicarles las estadísticas de comercio exterior, que son
públicas, y que en cualquier caso son el complemento o el colectivo
más amplio donde existe un subconjunto, que sería el objeto de
estadística de control del comercio de armas.
Siguiendo el esquema marcado por el portavoz socialista (para que no
deje sin contestar nada), yo creo que podemos avanzar información y
que debemos hacerlo. De ahí mi ofrecimiento al final de mi primera
intervención de elaborar un informe anual del comercio de armas al
que sin
duda se puede incorporar, como uno de los anexos, el resto de lo que
son las estadísticas del comercio exterior sobre las partidas
globales; si les parece, yo creo que eso es avanzar. Dentro de esas
partidas globales, que podríamos decir que son las generales, luego
iremos al detalle de lo que es la estadística sometida a control,
estadística que vamos a completar con (y así aprovecho a contestar a
una pregunta concreta del señor Moya) las denegaciones y consultas
bilaterales realizadas y que he comentado, con la sinceridad que me
caracteriza, que no hemos incorporado en el informe anual consolidado
presentado por la Unión Europea que usted ha mencionado. Lo que me
extraña es que haya una denegación, porque no hemos comunicado nada.
Por eso le extraña a usted que en el caso español sólo exista una
denegación. Sinceramente, no le puedo decir de dónde surge esa
información, puesto que ya digo que nos faltaba completar ese dato,
que es el que en primer lugar voy a dar al Parlamento a través del
informe que estoy anunciando, con la lista completa del número
completo de denegaciones y de consultas bilaterales realizadas.
Espero que con esa información, se pueda hacer una comparación
homogénea con el resto de los países de la Unión Europea.
Pero tiene usted toda la razón, y lo he comentado haciendo la oferta
de que en el informe anual de 1999 incluyamos ese dato, que es
importante que se tenga, y con una apuesta clara, que añadamos la
información necesaria para cumplimentar lo que debe ser una mayor
información para el conjunto de la Unión Europea, que usted me
transmitía como una iniciativa que desde luego es importante.
Intentamos hacer consultas bilaterales en un mecanismo que al final
se multilateraliza, porque se hacen consultas a todos los gobiernos;
lo que pasa es que se va haciendo de dos en dos, para conocer que
cuando se nos solicita una licencia, una autorización para exportar
determinados productos que consideramos sensibles, vamos consultando
con los gobiernos, y siempre que nos soliciten información la
repartimos, incluso la generalizamos. Por tanto, yo creo que ésa es
la vía para tener una adecuada información en el seno de la Unión
Europea, y me parece que su pregunta, en ese sentido, es pertinente.
Ya le digo que vamos a dar la información de consultas bilaterales
realizadas, pero por parte del Gobierno español y de la Junta, en
este caso, existe la máxima voluntad de transmitir la información,
como hemos venido haciendo a lo largo del año y como yo he tenido
ocasión de constatar presidiendo la Junta.
Por rematar el tema de la información, avancemos en esa desagregación
y permitamos tener esas operaciones, que están en tierra de nadie,
por lo menos identificadas en algún ámbito. Creo que es muy
importante que el Gobierno, desde su responsabilidad, sea el que dé
toda la información y que luego los análisis particulares los
realicen otros, pero teniendo el universo completo de la información.
En cuanto a la lógica de prevención de conflictos, yo creo que la
historia reciente nos está dando demasiados ejemplos de situaciones
que sería mejor no lamentar a posteriori, pero vuelvo a repetir que
personalmente, soy muy sensible. Ha habido una pregunta muy rotunda
por parte del señor Saura sobre si no creo que el Gobierno debería
ser más sensible. Yo ahí lo que digo es que repartámonos las
responsabilidades. Yo afirmo taxativamente que personalmente nada más
lejos de mi voluntad el erigirme en juez
de comportamientos de los que puedo conocer o puedo tener noticia,
pero siempre es preferible contrastar y tener chequeado con un
acuerdo superior, que desde luego se puede traducir en normas, y debe
impulsarse que haya adopción de acuerdos que vayan más allá de una
declaración o una resolución del Parlamento Europeo, como es el caso
que mencionaba en relación con Indonesia, pero en cuanto hemos
actuado con la máxima celeridad hemos ido más allá de otros gobiernos
revocando licencias, en lugar de paralizando. Por tanto, cada vez que
alguien quiera exportar algún producto que esté sometido a control (y
más allá, porque estamos pidiendo información a través de las
delegaciones de comercio) estamos estableciendo una barrera clara
frente a lo que es el comercio de Indonesia. Otros gobiernos no lo
han hecho. El Gobierno español está teniendo la iniciativa en algo
que, vuelvo a repetir, me parece sumamente importante, y es que
avancemos en esos mecanismos que, como decía el señor Meyer, deben ir
mucho más allá (aunque no esté, le dicen que le he contestado) de una
mera lista de países sometidos a embargo, y tenemos que establecer
mecanismos de alerta temprana. Pero permítanme que no sea yo la que
lo tenga que decidir, porque desde luego seguro que me equivocaría.
Por tanto, vayamos a las instancias pertinentes, ya digo que a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero sin duda el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Interior y todos los servicios de seguridad
nos están suministrando la información cuando analizamos caso a caso
los expedientes; esa información es la que nos indica que no
realicemos o no autoricemos determinadas licencias; pero seamos
capaces de impulsar esos mecanismos, que no serán sino de la máxima
utilidad para los que al final tenemos que hacer cumplir esas normas.
Por tanto, mi total acuerdo, pero desde luego hay que dar el impulso
para que se establezcan esas listas donde deben establecerse y no a
la mera subjetividad de una humilde servidora del Estado.
Ya les digo que el Gobierno español va mucho más allá de la lista de
embargos. Tenemos una lista completa de países sensibles, entre los
que por supuesto se encuentran muchos países de África que se han
mencionado por parte de varios portavoces. En esos casos, sin duda,
estamos estableciendo los máximos controles para evitar el desvío de
armas a zonas de conflicto, y eso es lo que ya he comentado en mi
intervención, exigiendo el certificado de destino final. Me
preguntaba el señor Moya si hay vinculación jurídica; lo que sí
tenemos claro es que, cuando determinados contratos en que se ha
exigido un certificado vemos que no se cumplía, se produce la
revocación inmediata, y por supuesto se les pone en una especie de
lista negra, que es la que nos sirve para evaluar caso a caso cuando
se produzcan nuevas operaciones.
Yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar, como ha manifestado
algún otro portavoz. El propio señor Saura, pero también el señor
Meyer, dicen que establezcamos los mecanismos necesarios para hacer
un seguimiento adecuado de los productos cuando se exportan, teniendo
ese compromiso, que ya he dicho que no está exento de dificultades
jurídicas y de llamamientos a que vulneramos la soberanía nacional
(ya tenemos bastantes casos de eso como para meternos en más), de
decirles: No nos fiamos de que usted diga que es para usted, y dénos
un certificado diciendo que
efectivamente se lo va a quedar usted y no lo va a reexportar. Pero
ésa es la línea en la que estamos, y dándole no tanto ya la
vinculación jurídica como el hecho efectivo de revocar la licencia, y
desde luego de someter a más que sospecha nuevas operaciones que
plantee la misma empresa en el mismo país.
Con ello avanzamos en lo que me gustaría contestar al señor Meyer, a
quien aunque no esté, le contestaré. En cuanto a lo que debe ser
(aunque he hecho una respuesta muy genérica) el especial cuidado con
ciertos países, lo que sí querría contestar, para que no hubiera la
menor duda, es que no se venden cosas por amistad personal de los
gobiernos. Por otra parte, el actual Gobierno de Turquía es
socialista, pero, en cualquier caso, lo que sí les quiero decir es
que, cuando somos socios de una organización como la OTAN, se parte
de la base de que somos aliados, en el sentido de que tenemos la
buena fe de que compartimos principios comunes. A lo mejor es que, al
final, o se le excluye de esa confianza, o se le mantiene la
confianza. Lo que quiero decir es que evidentemente no se hace por
amistad de gobiernos, cosa que me ha parecido una acusación un poco
grave y que tengo que contestar con rotundidad. Nada más lejos de mi
voluntad que haya una liquidación del pueblo kurdo, y por supuesto
tenga la máxima seguridad de que lo que hacemos es cumplir los
principios que se establecen con otro aliado, salvo que la
Organización del Atlántico Norte decidiera expulsar a Turquía por no
cumplir los principios democráticos que inspiran esa alianza.
En el caso de Indonesia, ya lo he dicho, nos podemos lamentar (y
efectivamente es de lamentar) de que, en algún momento determinado,
todo el flujo que se haya producido de exportaciones, que es antiguo,
a ese país haya podido alimentar el conflicto. Yese es un lamento que
desde luego tiene que ir mucho más allá de la responsabilidad de los
países occidentales, y en concreto de los países europeos, que al
menos está en vías de atajarse y que espero que efectivamente vaya,
con el apoyo a esos otros mecanismos de alerta temprana, a evitar
otro tipo de conflictos.
Bulgaria, que se ha mencionado específicamente, es un país que
tenemos sometido a un control muy exhaustivo, exigiendo la
verificación de uso final, dadas las sospechas existentes, pero les
puedo decir claramente que Bulgaria, no estando sometida a embargo,
está en la lista de países muy sensibles en los que existe una
exigencia de mayores requisitos o requerimientos que el resto de los
países, como es lógico.
Por completar y cerrar la cuestión, España, y así lo he manifestado,
va a apoyar y está apoyando decididamente la revisión del código de
conducta para que tengamos esa lista común, que ya digo que en el
caso español existe, está recogida en nuestra normativa y es más
amplia que la propia establecida en el grupo Wassenar. Va a seguir
impulsando esa lista común para el conjunto de los países de la Unión
Europea, incluyendo material paramilitar, y va a seguir alimentando
esa lista que, como he dicho al principio, es lo más positivo para
una Administración que lo que debe hacer es que se cumpla; cuanta más
concreción y mayor detalle de esos productos, más fácil será avanzar
en el adecuado control.
Quiero decir, porque lo ha mencionado el señor Moya, que la lista
negativa es uno de los puntos de conflicto para
algunos países (no en el caso de España) de la Unión Europea que está
planteando no pocas discusiones y en lo que tenemos que seguir
avanzando. Pero es un debate que está abierto. Hay países que tienen
una industria de defensa muy potente, dentro de este ámbito en
particular, y son los que están retardando la adopción de esa lista
común que en España ya existe, vuelvo a repetir. Hay que animar a que
otros países también adopten esa normativa, y por tanto el Gobierno
español no puede estar más a favor de que así sea; cuente con ello.
En cuanto al control de intermediarios (lo he mencionado muy de
pasada), he hecho referencias a complicaciones jurídicas y técnicas
que ha citado el portavoz socialista, al hablar básicamente, en
efecto, de lo que es el ámbito de aplicación, y a qué tipo de
posición se está planteando. En eso se está trabajando y por eso
decía que hay iniciativas que se están reforzando en el grupo de
trabajo creado en la PESC que yo pienso que van a contribuir de una
manera muy positiva a dilucidar determinados aspectos técnicos.
España, por supuesto, va a trabajar muy activamente en ello, con
iniciativas que en algunos casos van a tener una posición de revisión
más restrictiva. Desde luego lo que vamos a impulsar es que las
iniciativas ya adoptadas se apliquen para el resto de los países,
pero sin duda el avance más importante, como mencionaba el señor
Izquierdo, es que seamos capaces de impulsar al mayor número posible
de países para que los resultados sean lo más efectivos posible. Yo
creo que ha habido una unanimidad o un consenso por parte de todos
los portavoces sobre que el Gobierno español incorpore en su discurso
político (como en concreto reclamaba el señor Campuzano) esa mayor
exigibilidad jurídica, que sea un código más restrictivo y que, por
lo tanto, establezcamos los mecanismos para hacer un seguimiento
adecuado, y que tanto en lo que es el código por la lista común, como
el avance en esa mayor exigibilidad, formarán parte sin duda del
discurso que lleve el representante a las próximas reuniones de la
COARM, y en lo que es la acción común, el impulsar que sigamos
trabajando, como se hizo en su día y bien recordaba el señor
Izquierdo, con las minas antipersonas. Es un mecanismo parecido el
que tenemos que impulsar. Es complicado, busquemos los plazos que nos
lo hagan posible para tener la transición adecuada para industrias
que desde luego se van a ver afectadas, sabiendo que ese es el mundo
que queremos, no en el que vivimos, sino en el que queremos vivir,
pero sabiendo que existen esas dificultades. Yo, desde luego, como
secretaria de Estado de Comercio, me encuentro en medio, sabiendo que
ese es, pero yo también tengo que defender el futuro de las
industrias estableciendo los plazos adecuados y, por tanto, el
pragmatismo que debe presidir cualquier actuación del gobierno y en
el que, por supuesto, pueden contar con todo mi apoyo.
Para concluir, creo que ha sido una comparecencia, por lo menos para
mí así ha sido, muy positiva, muy constructiva, con el ánimo (con el
que yo en cualquier caso venía) de mayor disposición para seguir
avanzando en un compromiso que dije al principio de mi primera
intervención, pero que desde luego redondeo con las peticiones que
iban en la misma línea de SS.SS., y es que, a través de ese primer
informe anual, hagamos una información más amplia y que luego, en lo
que son estrictamente materiales de
defensa y de doble uso sujetos a control, avancemos en la
desagregación; que establezcamos las vías para ir dando información
de determinadas operaciones, como ya se ha hecho en el primer
semestre de 1999, que ya supone un avance en el cruce de la
información; que hagamos un seguimiento también en ese informe de lo
que debe ser la mejora en el código de conducta, que apoyemos y
veamos las vías para establecer que esa acción común europea se lleve
a la práctica, y desde luego que impulsemos, porque eso será también
en beneficio de quien me suceda, el tener una lógica de prevención de
conflictos que ya esté pautada, sea objetiva y que venga refrendada
por los estudios adecuados. Yo, como secretaria de Estado de Comercio
y presidenta de la Jindu, no me puedo erigir en juez, sino en (no
quería decir ejecutor, porque no es adecuado, dado el ámbito) el
mejor gestor posible de lo que se establezca que debe hacerse.
En definitiva, hemos de trabajar en lo que debe ser esa proposición
no de ley que respalde estos compromisos sobre los que estamos
trabajando ya en esta comparecencia, sabiendo que la voluntad del
Gobierno es la que acabo de manifestar de mayor información y que,
sea en esta legislatura o sea en la próxima, lo que sin duda debe ser
es un paso hacia adelante en la adecuada transparencia y el control
que debe ejercer el Parlamento sobre el Gobierno, cosa que sepan
claro que lo tengo muy presente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, con
esto termina su comparecencia, creo que ha sido una sesión fructífera
y muy útil para todos los grupos y, por lo tanto, para la tarea que
tiene encomendada la Comisión. Le agradecemos una vez más su
presencia.
Vamos a suspender durante cinco minutos la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- SOBRE LA CLAUSURA DE ACTIVIDADES EN ELCAMPO DE TIRO DE GAVÁ
(BARCELONA).
PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/
001049.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda parte del orden del día,
que consiste en el debate y votación de varias proposiciones no de
ley. La primera de ellas, con el número 8, es la proposición no de
ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la clausura
de actividades en el campo de tiro de Gavá, en Barcelona. A esta
proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el propio
grupo proponente. Por lo tanto, el señor Saura tiene la palabra para
explicar la proposición y su propia autoenmienda.
Anuncio a la Comisión que vamos a acumular las votaciones de todas
las proposiciones no de ley, que será no antes de la una y media.
Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: De forma rápida, esta proposición no de ley
viene motivada por el hecho de que la Diputación de Barcelona hace
siete u ocho años hizo un plan especial sobre un parque natural
históricamente muy degradado, el parque natural del Garraff, en el
cual diversas actividades habían contribuido a la degradación y a la
no utilización de ese parque natural por los ciudadanos del área
metropolitana de Barcelona.
En este plan especial, entre otras medidas, se determinó que en
febrero de 1998 un campo de tiro que está situado en el municipio de
Gavá dejara de ejercer estas actividades. Pasó el tiempo, el
Ministerio de Defensa no consideró que esto era así, que tenía que
hacer caso, y posteriormente nosotros presentamos una iniciativa, que
es la inicial, en la que pedíamos que el Ministerio contribuyera a la
clausura del campo. Lo que ha ocurrido después ha sido que el propio
Ayuntamiento de Gavá ha clausurado el campo, y esto ha motivado la
modificación, nuestra enmienda, que vemos hoy.
Lo que solicitamos son cuatro puntos: el primero, clausurar las
actividades de este campo de tiro; el segundo punto, garantizar la
seguridad posterior, una vez que se haya abandonado este tipo de
actividad; el tercero, que se realice un proceso de recuperación de
los espacios naturales en colaboración con la Diputación; y el
cuarto, que el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Ministerio contra el Ayuntamiento se deje sin efecto.
En el transcurso de esta sesión hemos elaborado una transaccional
entre todos los grupos parlamentarios que pasaría por modificar el
primer punto, que quedaría redactado así: Buscar una solución
alternativa a la utilización del campo de tiro de Gavá con objeto de
proceder a su traslado. Por otro lado, eliminaríamos el cuarto punto.
Por tanto, una transaccional que en estos momentos cuenta con el
apoyo del Partido Popular, Convergència i Unió, Partido Socialista,
Izquierda Unida y, evidentemente, nosotros como proponentes, sería la
eliminación del cuarto punto, el dos y el tres quedarían como están y
la sustitución del primero por el texto que he leído y que
posteriormente haré llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, háganos llegar cuanto antes ese
nuevo punto uno. ¿Grupos que desean participar en el debate?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Como ha anunciado el señor Saura, como fruto
de los contactos entre los distintos grupos ha surgido esta enmienda
transaccional que posibilitará la aceptación de la propuesta
presentada por el Grupo Mixto, Iniciativa per Catalunya.
Para no repetir los antecedentes que ha expuesto el señor Saura,
únicamente quiero añadir un elemento más por el cual nosotros estamos
dispuestos a votar la propuesta de Iniciativa per Catalunya, tanto en
su redacción inicial como en la enmienda preparada, y por lo tanto
también
ahora a la transaccional que se ha presentado, porque una vez el
Ayuntamiento comunicó al Ministerio el acuerdo de suspensión de
actividades, aunque si bien es cierto el Ministerio recurrió al
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y éste decretó la
suspensión del acuerdo del Ayuntamiento, lo cual motivó que el
Ayuntamiento presentara un recurso de súplica en contra de la
decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que sí ha
sucedido es que, desde aquel momento, hace un año y medio, no se han
realizado pruebas en este campo de tiro.
Hay que señalar que este campo de tiro no es propiedad del
Ministerio, es un terreno alquilado en el cual se realizaban pruebas
de armas cortas, que era utilizado no únicamente por el ejército,
sino también por la Policía Nacional, por los Mossos d'Esquadra y
también por empresas de seguridad privadas. Desde que el Ayuntamiento
tomó su acuerdo, el ejército no ha realizado nuevas pruebas, y por
parte de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra han buscado
alternativas, y también las empresas privadas de seguridad están
realizando sus ejercicios en otras partes.
Eso nos hace sospechar, creo que con todo fundamento, que este campo
de tiro ya no es necesario ni para las fuerzas del orden ni para las
empresas privadas, pero tampoco para el Ministerio, ya que si casi
durante dos años se ha suspendido la realización de pruebas en este
campo, parece evidente que no es tan necesario. Ysiendo además un
terreno alquilado, que no propiedad del Ministerio de Defensa, nos
parece que es fácil que el Ministerio haga caso de esta recomendación
que la Comisión de Defensa va a hacerle para que se suspenda
definitivamente este campo de tiro y se pueda proceder también, por
lo tanto, a la resolución del contrato de alquiler que el Ministerio
tenga con la propiedad privada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente, por su
amabilidad en permitirme utilizar este turno cuando ya se había
pasado mi oportunidad.
Creo que sin haber podido escuchar las intervenciones del señor Saura
y también del señor Marsal, creo que todos los grupos coincidimos en
la necesidad de seguir el curso previsto desde hace tiempo en
relación a este campo de tiro de Gavá y, por tanto, ser capaces de
que la Administración cumpla con aquello que poco o mucho a lo largo
de estos tiempos se había asumido; la ubicación de este campo de tiro
en una zona que necesita de especial protección, desde la perspectiva
de su entorno, era una necesidad más que evidente.
Hemos tenido otras ocasiones en la Cámara de debatir sobre esto y,
por tanto, yo creo que, sobre la transacción que hemos estado
elaborando antes del inicio de la discusión de este punto del orden
del día, podemos vertebrar un mínimo consenso que sea un compromiso
de los grupos políticos solicitando al Gobierno la generación de la
búsqueda de ese espacio alternativo.
Cuando he entrado, el señor Marsal hacía referencia a que
anteriormente ese campo de tiro había sido utilizado por los cuerpos
de seguridad del Gobierno de Cataluña y por las policías municipales,
que se han encontrado alternativas
y que, por lo tanto, hay que reclamar al Gobierno que sea
capaz de encontrar esas alternativas. Nos parece que es una posición
de sentido común. Además, las personas que, como yo mismo, vivimos en
un área colindante a esas zonas (yo soy residente en Vilanova i La
Geltrú), esas comarcas del Garraff y ese parque natural ocupan parte
de nuestro espacio. Nos parece necesario y lógico que para el macizo
del Garraff, que es un área de un interés más que evidente y que, en
cambio, ha sido sometido a muchísimas degradaciones a lo largo de los
últimos treinta y pico años, seamos capaces de ir encontrando
soluciones. Está el campo de tiro, hay un vertedero y hay unas
industrias de extracción de parte de los minerales allí existentes.
Desde hace mucho tiempo todo el mundo está trabajando para ir
resolviendo estos elementos. En este sentido, plantear el cierre y la
clausura de este campo de tiro nos parece a nosotros básico y
esencial, eso sí, esperando que el Gobierno sea capaz de encontrar
una alternativa para que las actividades que allí se efectúan se
puedan realizar en otro lugar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Milián.
El señor MILIÁN MESTRE: Por nuestra parte última, se ve con una
cierta complejidad, a pesar de que hay un consenso fundamental en la
enmienda transaccional que se ha propuesto, y especialmente en lo que
hace referencia a los puntos uno y cuatro, el primero por la
redacción nueva que se plantea, y el punto cuarto porque se rechaza.
La explicación de nuestro planteamiento tiene que ser muy clara,
porque obedece a razones técnico-jurídicas indiscutibles. La primera
es que se trata de un campo de tiro único en el área de Barcelona que
permita el entrenamiento a las Fuerzas Armadas, a los servicios de
seguridad del Estado (tanto Guardia Civil como Policía, etcétera). Es
una superficie desde luego muy grande (375 hectáreas) y viene siendo
utilizado por nuestras fuerzas desde el 22 de junio de 1973 por un
contrato de arrendamiento de veinte años. Este contrato, que es vital
en su importancia para la conservación del utillaje y para el
entrenamiento de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, a su
vencimiento tuvo que ser renovado en fecha 5 de noviembre de 1992 por
7 años y 6 meses a partir de julio de 1993. Es decir, expiraría el
contrato, en cualquier caso, el 1 de enero de 2001.
Este campo de tiro constituye hoy una instalación fundamental básica,
incluida en el grupo quinto del Real Decreto 689/1978, respecto a la
que se señaló zona de seguridad por orden del Ministerio de Defensa
el 10/1980 de 4 de junio. Es decir, estamos ante una necesidad
imperativa sin sustitución aparente por el momento. Al menos no hay
contraoferta para ser sustituido.
En este ínterin la Diputación de Barcelona remitió al Mando regional
pirenaico oriental, con fecha 1 de julio de 1996, el acuerdo del
consejo coordinador del parque de Garraff por el que se insta al
gobierno militar para que cese la actividad del campo de tiro de Gavá
en fecha 18 de febrero de 1997, al estar incluido dentro del ámbito
del plan especial de protección del medio físico y del paisajedel
espacio natural de Garraff, decisión a posteriori del
ejercicio y de los derechos adquiridos ya en los contratos
anteriores.
Por lo tanto, empiezan las demandas, empiezan los disensos entre las
partes, y ahí hay una apelación al principio a la Dirección General
de Urbanismo del Departamento de Política y Ordenación del Territorio
de la Generalitat de Catalunya a fin de obligarle a aplicar la
legislación vigente en tema urbanístico al campamento. Pero el 21 de
octubre de 1996 el comandante militar de Barcelona emitió un informe
sobre la utilización y necesidad del campo de tiro de Gavá en el que
se señalaba que, tratándose del único de que dispone la plaza, sin él
no se podrían realizar adecuadamente los ejercicios del plan general
de instrucción anual.
Manifestaba también que estaba utilizado y compartido por otras
fuerzas de seguridad y armadas, y por supuesto que era fundamental
para los entrenamientos tanto del ejército, como de la Guardia Civil
y la Policía Nacional. Por lo tanto, es un campo de necesidad vital
en el área de seguridad de Cataluña.
Pero el conflicto de competencias (por una parte, el Ministerio de
Defensa intentó llegar a un acuerdo con la Diputación de Barcelona,
que no se pudo resolver, y a continuación los disensos, trasladados
ya al campo jurídico y contencioso) obviamente han planteado un
historial nuevo y han complicado mucho más las cosas.
En este sentido, el Ejército de Tierra informó en una reunión
celebrada por el Mando regional pirenaico oriental y la Diputación de
Barcelona el 21 de febrero de 1997 del siguiente acuerdo: Establecer
limitaciones al uso actual del campo para que las actividades que en
él se realicen no afecten, en la medida de lo posible, a la zona
declarada espacio natural; y, segundo, crear una comisión mixta,
formada por el Ejército de Tierra y la Diputación de Barcelona para,
si es posible, buscar entre ambas instituciones una nueva ubicación
del campo, de forma que se dé satisfacción a las necesidades de
Defensa y a las expresadas por la Diputación de Barcelona.
Obviamente está claro que había un ánimo de entendimiento, y no de
disenso, y que había un ánimo de resolver este problema en los dos
aspectos: el sustitutivo y el de salvación o emergencia del espacio
natural que proponían ambas partes.
En consecuencia, vemos que hay una política de acercamiento que
interfiere de una forma radical el Ayuntamiento de Gavá cuando se
interpone en esta negociación que existe entre las partes, y ese
acuerdo del Ayuntamiento de Gavá requiere a la autoridad militar la
retirada de todas las vallas y elementos que puedan ser peligrosos y
la limpieza del entorno y la señalización de los accesos.
Apartir de ahí, entra ya una complicación superior, porque acaba
apareciendo ya una apelación al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. El Ministerio se basa en razones obviamente de
jurisprudencia ciertas, al menos en sentencias anteriores (yo
dispongo de tres sentencias anteriores que darían la razón al
Ministerio), fundándose en la doctrina ya consolidada de este
tribunal en cuya virtud las competencias de las comunidades autónomas
no pueden ejercerse en términos tales que resulten menoscabadas o
invadidas otras competencias estatales, aun cuando no vengan
expresamente citadas en la norma autonómica correspondiente.
Y textualmente dice el Gobierno: El Estado no
puede verse privado del ejercicio de sus competencias por la
existencia de una competencia, aunque también sea, exclusiva, de una
comunidad autónoma.
Por lo tanto, aquí estamos entrando ya en una política de contencioso
y de interpretaciones jurídicas que probablemente no llevará a buen
puerto, y que sí sería razón de derecho adquirido por parte del
Ministerio de Defensa en tanto existan los derechos contractuales a
través del contrato de arrendamiento.
Vista esta situación, que es una situación embarazosa y que no
resuelve el problema, al menos ante las demandas del Ayuntamiento de
Gavá y del entorno, obviamente nos atendremos a razones coyunturales
de orden lógico y natural (nunca mejor dicho el término natural) para
establecer un consenso que pueda remediar el problema, dejando yo
creo que íntegra la voluntad del Ministerio de Defensa en buscar la
solución negociada y pactada de manera que se salven los intereses de
una parte y de otra. Entiendo que la propuesta que ha formulado el
propio presentador de la proposición, enmendando la proposición, me
parece a mí muy acertada, y en este caso nosotros creemos que,
desapareciendo su punto número cuarto, que es donde pedían desasistir
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión
del Ayuntamiento de Gavá que clausuró el campo en febrero de 1999,
desaparecido este punto, entendemos que habría una solución pactada
por todas las partes, y por supuesto positiva.
- RELATIVA A LA CESIÓN DE USO PARA FIN SOCIAL DE LA ANTIGUA AYUDANTÕA
DE MARINA DE BARBATE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA
JANDA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001293.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 9, proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista, relativa a la cesión del uso para
fin social de la antigua Ayudantía de Marina de Barbate a favor de la
Mancomunidad de municipios de La Janda (Cádiz).
Para la defensa del punto de vista del Partido Socialista, tiene la
palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El objetivo de la proposición no de ley
es intentar que el Ayuntamiento de Barbate pueda hacer uso civil, y
si es posible social, de unas instalaciones que se encuentran en
estado de semiabandono, como es la Ayudantía militar de Marina,
porque esas instalaciones dejaron de utilizarse hace años, y a pesar
de que se han venido haciendo gestiones durante este tiempo atrás
para la reversión del edificio y destinarlo a un uso civil y público,
si es posible, lo cierto es que no se había avanzado. Ydigo que no se
había avanzado porque cuando se presentó esta proposición no de ley
hace un año estaba en una situación distinta a la de ahora. Al
parecer, en estos meses se ha producido un avance en las
negociaciones entre la Gerencia de Infraestructuras, de Defensa y el
Ayuntamiento y se ha producido incluso ya la desafectación del
edificio.
Por eso quizá la iniciativa puede carecer en parte de sentido en
cuanto a su contenido instando a Defensa a formalizar un convenio con
la Mancomunidad de municipios y el Ayuntamiento de Barbate para
desafectar ese edificio y destinarlo a un fin social.
Nosotros estaríamos abiertos a cualquier posibilidad que se plantee
por otros grupos para que, en lugar de lo que se ha presentado en la
proposición no de ley en el sentido que acabo de decir, se acuerde
formalizar un convenio entre la Gerencia de Infraestructuras y el
Ayuntamiento de Barbate para destinar esas instalaciones de la
antigua Ayudantía de Marina a un uso civil y público si es posible.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ HARO: Durante los años 1996 y 1997 se sucedieron en
esta Comisión de Defensa una importante cantidad de proposiciones
sobre intentos de acuerdo para que se aceleraran, se cedieran, se
dieran a buen precio, se regalaran, tuvieran un precio simbólico
todos los lugares (cuarteles, espacios, líneas de tiro, etcétera) que
en cada uno de los pueblos de España estaban en disposición de ser
tratados. De todo ello llegamos a la misma conclusión, y era lo que
realmente se estaba haciendo y se viene haciendo: es decir, que los
ayuntamientos negociaran con la Gerencia de Infraestructuras, dentro
de la legalidad vigente, los convenios correspondientes, porque si
no, otra cosa sería invadir la autonomía municipal. Y así ha sido,
por ejemplo, en las ayudantías de Garrucha, Almería, de Marín, en
Pontevedra, de Estepona, en Málaga, etcétera, donde se han hecho o
bien compraventas o bien convenios urbanísticos. Y este es el caso de
Barbate, en el que en estos momentos está abierta una negociación
entre la Gerencia de la Infraestructura y la alcaldía barbateña para
llegar a un convenio o a un acuerdo, bien de compraventa o bien de
convenio urbanístico, para poder ubicar en la parcela que ocupaba la
antigua Ayudantía de Marina los servicios de la Policía local y los
servicios de Vigilancia Aduanera, de los que tristemente Barbate en
estos momentos, con el narcotráfico, tiene auténtica necesidad, con
lo cual se trataría de un uso civil y social, de acuerdo con la
legislación vigente de la Gerencia y de la Infraestructura. La
reversión no es posible, puesto que en el documento de cesión en su
día del Ayuntamiento no estaba prevista y tampoco está prevista la
gratuidad, porque el propio artículo 2, apartado 4, de la Ley de la
Gerencia de la Infraestructura así lo dice.
Por lo tanto, nosotros lo que propugnamos es que continúe esa
negociación entre el Ayuntamiento de Barbate y la Gerencia de la
Infraestructura; y en aras del consenso y viendo que los fines que se
pretenden son civiles y sociales, vamos a presentar una enmienda al
Grupo Socialista, que dice textualmente lo siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Defensa
proceda a la formalización del correspondiente convenio con el
Ayuntamiento de Barbate para el adecuado uso municipal y destino de
la antigua Ayudantía de Marina, de conformidad con lo establecido en
la legislación de la
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Como es el deseo, ya
digo, del Ayuntamiento de establecer allí la Policía local y el
servicio de Vigilancia Aduanera, si está de acuerdo el grupo
proponente, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en aprobar
esta proposición no de ley con esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, a los efectos de tomar
posición respecto de la enmienda que acaba de proponer el señor
Ibáñez.
El señor DE LAENCINAORTEGA: Tomo la palabra para aceptar la enmienda
que plantea el Grupo Popular, por cuanto que el objetivo de esta
proposición no de ley no era en sí el que se acordara un convenio
entre Mancomunidad de La Janda y la Gerencia de Infraestructura para
la creación de este centro de educación ambiental de que habla la
proposición no de ley, sino para que se destinara a un uso civil y
público. Se había pensado que este podía ser un uso adecuado, pero no
estamos cerrados en absoluto a que tenga que ser este el uso
exclusivo y, por tanto, si, tal como plantea el portavoz del Partido
Popular, existe ya la negociación avanzada y el objetivo final es que
se use ese edificio para destino público o social, como se acaba de
referenciar, estamos de acuerdo y por tanto la aceptaríamos.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, le ruego que hagan llegar el
texto exacto a la Mesa, por favor.
- RELATIVA A LA CESIÓN GRATUITA O MEDIANTE PRECIO SIMBÓLICO DEL
CUARTEL DIEGO DE SALINAS ALAYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CÁDIZ), AL
OBJETO DE TRANSFORMARLO EN UN CENTRO DE USO PÚBLICO Y DE
ESPARCIMIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001522.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10, proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la cesión
gratuita o mediante precio simbólico del cuartel Diego de Salinas al
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al objeto de transformarlo en un
centro de uso público y de esparcimiento. Para su defensa tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: La proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida era inicialmente
relativa a la cesión gratuita o mediante precio simbólico del cuartel
Diego de Salinas, como ha leído su señoría, al Ayuntamiento de San
Roque, en la provincia de Cádiz, para transformarlo en un centro de
uso público y de esparcimiento. Afortunadamente, en el transcurso del
tiempo que media entre la redacción de esta proposición no de ley y
el día de hoy en que tiene lugar el debate de la misma, ha habido
conversaciones y negociaciones entre el Ministerio y el Ayuntamiento,
que han dado lugar al correspondiente convenio, en función del cual
efectivamente este cuartel se ha destinado al uso público y de
esparcimiento que pedía la proposición no de ley.
Por tanto, en principio, quedaría vaciado de contenido el objeto de
dicha proposición no de ley. Sin embargo, existen fuera del convenio
al que me he referido anteriormente dos residencias que podrían ser
objeto de la misma transacción o del mismo trato que ha habido en el
convenio antedicho. Nosotros quisiéramos que esto se hiciese realidad
y para ello vamos a aceptar una enmienda del Grupo Popular que así lo
plantea, es decir, que se inste al Gobierno y al Ministerio de
Defensa para que efectivamente haya un convenio entre el Ayuntamiento
de San Roque y el Ministerio de Defensa para que estas dos
residencias del Ejército de Tierra no contempladas en el convenio
puedan ser efectivamente primero desafectadas del uso de la defensa y
en segundo lugar destinadas a uso público de esparcimiento que
corresponde, en fin, de uso social. Sobre esta proposición están de
acuerdo todos los grupos que gobiernan, al alimón, además, el
Ayuntamiento de San Roque, porque el fenómeno GIL efectivamente
obtiene resultados a veces sorprendentes, como esta especie de
gobierno de concentración, no nacional pero sí local al menos, de las
fuerzas políticas de San Roque, y efectivamente están todos
gobernando al alimón el Ayuntamiento, y tanto el Partido Popular como
el Partido Socialista como Izquierda Unida, y efectivamente todos
están de acuerdo en esta proposición no de ley. Si estuviéramos todos
de acuerdo también en esta Comisión, esta proposición podría obtener
la aprobación tanto del máximo órgano de representación popular, que
es este Parlamento, como el del Gobierno municipal, que ya he dicho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Simplemente deseo confirmar brevemente
la posición de apoyo a la tesis que ha mantenido el señor Vaquero, en
el sentido de que efectivamente decae o se encuentra vacía de
contenido la proposición no de ley, y a la enmienda que al parecer va
a ser planteada por el Grupo Popular para que se inste al Ministerio
de Defensa y al Gobierno a la firma de ese convenio para que se
desafecten otras instalaciones que podrían ser muy útiles para la
actividad universitaria del municipio, para residencia o para
cualquier otro fin que se pueda decidir, de carácter social y
público. Aprovechando que hay esa voluntad, nosotros lógicamente
manifestamos nuestro apoyo a la misma. Consideramos que las
posibilidades que se abren para ese municipio con estas residencias
de oficiales o suboficiales pueden ser muy útiles para todos los
ciudadanos de allí, del Campo de Gibraltar. Por lo tanto, apoyamos la
tesis que ha mantenido el proponente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ HARO: Toda la exposición de argumentos que realicé
anteriormente con respecto a la Ayudantía militar de Marina de
Barbate cabe perfectamente en esta proposición no de ley de Izquierda
Unida.
Quiero ratificarme en que lo del tema de precio simbólico no es
posible, porque la legislación vigente de la Gerencia de la
Infraestructura, como ya argumentaba anteriormente,
en el artículo 2, apartado 4, lo prohíbe expresamente,
pero sí hay que congratularse de que efectivamente el 2 de septiembre
de 1999 se haya firmado un convenio entre la Gerencia de
Infraestructura y el Ayuntamiento de San Roque, en donde se ha
plasmado un acuerdo urbanístico y el acuartelamiento Diego de Salinas
ha pasado a posesión municipal.
Dado que todavía queda una residencia de suboficiales y otra de
oficiales en un mismo departamento (una de ellas ya está cerrada y la
otra va camino de cerrarse, con lo cual es muy posible que sea
desafectada por el Ministerio de Defensa, porque ya no tiene interés
para la defensa nacional), ya que el propio Ministerio va a proceder
a esa desafectación, queremos presentar una enmienda que si es
aceptada, yo creo que culmina todo el proceso del acuartelamiento de
Diego de Salinas.
Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que el Ministerio de Defensa proceda a la negociación, tras la
desafectación de las antiguas residencias del Ejército de Tierra,
situadas en el término municipal de San Roque (Cádiz), con el
Ayuntamiento de la citada localidad, de conformidad con lo
establecido en la legislación de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, y que no fueron contempladas en el convenio sobre el
acuartelamiento Diego de Salinas, ratificado por el pleno municipal
con fecha 2 de septiembre de 1999.
Tanto este texto como el anterior los haré llegar a la Mesa y si el
grupo proponente lo acepta, por nuestra parte no hay ningún
inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el señor Vaquero en nombre de su
grupo ha dicho que aceptaba ya la enmienda. Por lo tanto, nos hace
llegar el texto y así será votada en su momento.
- SOBRE CESIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE GALICIADE LOS CENTROS
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA,
INCLUIDO EL COLEGIO ALMIRANTE JUAN DE LÁNGARAY HUARTE. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001549.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 11, proposición no de ley del
Grupo Socialista sobre cesión a la Comunidad Autónoma de Galicia de
los centros educativos no universitarios dependientes del Ministerio
de Defensa, incluido el colegio Almirante Juan de Lángara y Huarte.
Para su defensa tiene la palabra el señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: El motivo de esta proposición no de ley
es dar por terminadas (o eso pretendíamos) informaciones que han
salido constantemente en los últimos años sobre la cesión de los
solamente cinco centros educativos no universitarios que el
Ministerio de Defensa mantiene en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Informaciones que parten tanto del Gobierno de la nación como de la
comunidad autónoma se han venido contradiciendo últimamente, y lo que
pretendemos es, en primerlugar, que estos centros sean transferidos.
Ya llevamos años
en que la comunidad escolar de estos colegios y de estas dos
poblaciones de Galicia lo han solicitado reiteradamente, no negándose
en principio ninguna de las administraciones, pero no ha cuajado. Al
mismo tiempo, deseamos aclarar una cuestión que nos parece importante
(en principio lógica, pero que puede tener problemas, según la
información que el nuestro grupo tiene), y es que de esos centros
sean transferidos todos y que el edificio que hoy aloja al colegio
Almirante Juan de Lángara pueda ser utilizado por la comunidad
autónoma para otros fines, como lo está haciendo actualmente, como es
el caso de conservatorio elemental y superior de la ciudad de Ferrol.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo con respecto
a una proposición no de ley en la que se tratan dos temas
absolutamente distintos y bien diferenciados.
En el punto 1 se pide la transferencia de centros cuya titularidad
pertenece inexcusable e indiscutiblemente al Ministerio de Defensa,
aunque no en dos poblaciones, son dos en Ferrol, uno en Narón y otro
en Marín. En segundo lugar se solicita la transferencia de otro
centro, que es el Juan de Lángara, cuya titularidad no corresponde al
Ministerio de Defensa y sí a la Asociación de Huérfanos del Cuerpo de
Oficiales de la Armada. Respecto al primer punto, voy a ser
telegráfico en aras de cumplir el horario de la votación. Tengo que
decir que no sé si se obvia o se desconoce, pero el pleno de la
Comisión mixta de transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Galicia
ya ha transferido, en el pleno de 8 de octubre, estos cuatro centros;
dos de Ferrol, el Isaac Peral y el Instituto Saturnino Montojo, el
radicado en Narón y el de Marín están transferidos ya, incluido el
personal de estos centros, es decir, 134 personas con su partida
correspondiente; o sea, que no se puede pedir una nueva
transferencia.
Con respecto a lo que se dice de contradicciones, aquí no hay ninguna
contradicción. Simplemente es un proceso modélico de transferencia
entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de Galicia
representada por la Consejería de Presidencia; una coherencia, diría
yo, más que contradicción, de dos gobiernos, en este caso del mismo
signo (el Partido Popular) tanto en la Comunidad Autónoma de Galicia
como en España. Resulta que en la primera legislatura del Gobierno
central del cual estamos hablando se produce una transferencia
largamente solicitada. Hago esta alusión a los gobiernos del mismo
signo porque curiosamente del mismo signo también han sido otros
gobiernos de España y de Galicia, justamente de signo socialista, y
no se ha producido ni un solo movimiento en este sentido. Es ahora
cuando se plasma efectivamente y se produce la transferencia de estos
centros por gestión y negociación exclusiva de estas dos
administraciones que han tenido a bien entenderse y coordinarse para
que esto se produzca.
Respecto al segundo punto tengo que decir que, si cabe, es tan claro
o más que el primero, en cuanto que esa titularidad está acreditada y
no hace falta más que acudir
al Registro de la Propiedad en Ferrol para comprobar que
efectivamente esta propiedad está inscrita en el folio 131 del tomo
853, libro 217, como perteneciente a la asociación; que además está
capacitada para ejercer las acciones que viene ejerciendo
últimamente, para lo cual en el punto 2 de sus estatutos, aprobados
por Decreto 3053/1966, se dice que la Asociación benéfica para
huérfanos de los cuerpos patentados de la Armada es una entidad con
personalidad jurídica y fondos propios con capacidad legal para
adquirir, poseer, gravar, enajenar bienes y realizar actos y
contratos de cualquier clase relacionados con su fin, así como
ejercitar todo género de acciones sin otras limitaciones que las
establecidas en las leyes y en el presente estatuto.
Quedando clara ya y acreditada la titularidad y la competencia
o capacidad de la asociación con respecto a su bien inmueble, tenemos
que decir que en un consejo de administración esta asociación ha
tenido a bien no ceder gratuitamente su edificio físico, por decirlo
así, a este traspaso, con lo cual no hay ningún método más que el que
efectivamente pudiesen poner en funcionamiento las administraciones
a través de un alquiler o compra de este inmueble, para posteriormente
ejercitar su transferencia. Tenemos que decir que últimas las
informaciones públicas vienen a decir que efectivamente por parte de
la Xunta de Galicia, la Consejería de Educación, se está dispuesto a
la compra de este local, pero que de momento no se ha producido, con
lo cual, esa transferencia, como digo, no se ha podido producir
dentro del lote (digámoslo así) de los otros cuatro colegios que sí
ya han sido transferidos.
No quiero que aquí quede la impresión de que se está diciendo que la
asociación no tiene buena voluntad, porque como por parte del
proponente ya se ha dicho, actualmente hay ocho aulas cedidas a la
corporación local de Ferrol que sirven de base para el conservatorio
municipal de música. Quiero decir con esto que es posible en un
futuro próximo y si cuajan las negociaciones, que por otra parte
tiene que llevar la asociación y no el Ministerio de Defensa con la
Xunta de Galicia, si cuajan, digo, se podrá proceder a esa
transferencia.
También ha manifestado ya en diferentes ocasiones la Consejería que
está dispuesta, aun cuando no se produzca esa transferencia física, a
aceptar el traspaso del personal con lo cual yo considero que esta
proposición debería haber sido retirada en primer lugar por lo
extemporáneo, lo ya realizado del primer punto, y por lo imposible
del segundo. Por ello mi Grupo Parlamentario Popular anuncia que no
puede apoyar esta proposición.
- SOBRE REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONTINUA PARA
ELACCESO A MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA Y DEL REGIMEN
SINGULAR PARALOS MILITARES DE REEMPLAZO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/00
1620.)
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley del punto número 12 ha
sido retirada por el grupo proponente, que era el Grupo Popular.
Pasamos por tanto al punto 13,
proposición no de ley del Grupo Popular sobre regulacióndel
procedimiento de selección continua para el acceso a militar
profesional de tropa y marinería y del régimen singular para los
militares de reemplazo.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, muy brevemente, el
Grupo Parlamentario Popular ha planteado una proposición no de ley en
la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas legislativas
necesarias para regular el procedimiento de selección continua para
el acceso a militar profesional de tropa y marinería, expresando la
titulación exigible por especialidades y del régimen singular para
los militares de reemplazo. Tienen que ver muchas circunstancias
actuales, pero entre ellas nosotros entendemos que lo derivado del
artículo 46 de la Ley 17/1999 del régimen del personal de las Fuerzas
Armadas, que acabamos de aprobar recientemente, establece que los
militares profesionales de tropa y marinería se encuadrarán en cada
ejército en las especialidades que determine el Ministerio de
Defensa, a propuesta de los jefes del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Yen el artículo 68 de
la misma ley se dispone que las vacantes existentes para complementar
los efectivos de militares profesionales de tropa y marinería serán
cubiertas con parámetros de selección objetivos en un proceso
continuo en la forma que reglamentariamente se determine. Este
proceso continuo de selección tiene a su vez dos partes, la selección
por aptitudes y el proceso de selección continua propiamente dicho.
Para la primera selección por aptitudes se trata de incorporar al
aspirante a aquella especialidad o agrupación de especialidades que
mejor se adapte a su perfil, para lo que habrá que desarrollar los
profesiogramas correspondientes. En la segunda selección continua se
trata de encontrar un procedimiento ágil y flexible que, respetando
la igualdad de oportunidades, permita la incorporación de los
aspirantes a los centros de formación de una manera continua en
función de las posibilidades de los propios centros de formación.
Nosotros entendemos que es el momento adecuado para que, en
consonancia con lo que acabo de decir, como paso previo a regular el
procedimiento de selección continua, se disponga del reglamento de
especialidades a que se refiere el artículo 44 de la ley, y en este
sentido se ha constituido ya en el Ministerio de Defensa un grupo de
trabajo con la participación de los representantes de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y de los tres cuarteles
generales, que previsiblemente tendrá un borrador a corto plazo, que
será presentado ante el Congreso de los Diputados. En ese sentido
nosotros entendemos que es importante seguir avanzando porque el
programa de recursos humanos está dividido en diferentes planes:
captación, disminución del número de bajas y selección, y esto
responde a la indicación dada por el dictamen de la Comisión Mixta,
en el que se afirmaba que deberán estudiarse los mecanismos para ir
implantando progresivamente un sistema continuado de selección.
Por lo tanto, recogiendo aquello que está explicitado en la Ley del
régimen del personal de las Fuerzas Armadas aprobado en mayo por el
Congreso de los Diputados y
teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Mixta Congreso- Senado
que se constituyó precisamente para el estudio de la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que es oportuno instar al Gobierno en los términos
en que lo hace la presente proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo con gran brevedad para
manifestar que mi grupo parlamentario va a apoyar y votar por tanto
favorablemente esta proposición no de ley que acaba de presentar en
nombre del Grupo Parlamentario Popular su portavoz, el señor
Fernández de Mesa. Lo hacemos porque somos conscientes del reto que
va a suponer en los próximos años la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, a nivel sobre todo de la base fundamental donde
están los números cuantitativamente más importantes de la estructura
funcional y personal de las Fuerzas Armadas, que es en tropa y
marinería. La gravedad de la situación puede ser de tal calibre,
señor presidente, que a partir de la supresión del servicio militar
obligatorio, los efectivos de tropa y marinería de las Fuerzas
Armadas, si no hay una instancia de llamamiento y de cubrir las
vacantes, puede dejar en una situación de precariedad tremendamente
grave compleja y crítica a la política de defensa nacional, no ya a
nuestras Fuerzas Armadas, sino a la política de defensa nacional.
Por tanto, nos parece fundamental establecer como se propone aquí en
esta iniciativa una serie de incentivos, en lo que se llama programa
de recursos humanos para la captación y para hacer atractivo ese
enganche, superar las cifras de optantes por plaza, verdaderamente
críticas en este momento, donde los últimos años hemos ido
descendiendo en esta tropa profesional, con la gravedad que conlleva
a la hora de disponer de un contingente permanente, al menos en los
primeros años en que suscriben su compromiso de pertenencia a esta
marinería y tropa profesional de las Fuerzas Armadas. Todo cuanto
hagamos en este momento sería poco y debemos tener ya la previsión, y
creo que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular le está
viendo las orejas al lobo, y trataremos, por tanto, con nuestro
apoyo, de incidir en lo mismo. Por esta razón, y reitero lo dicho al
principio, señor presidente, porque nos parece muy oportuna y a
tiempo de empezar a producir este estímulo de los recursos humanos en
la captación y en la selección pertinente, vamos a votarlo
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Quiero empezar diciendo que vamos a votar
favorablemente esta proposición no de ley del Grupo Popular, que
ciertamente nos ha sorprendido un poco en cuanto que incide en un
tema que, por lo que sabemos, el Ministerio de Defensa tiene ya a
punto de poner en marcha para el año 2000, o sea, para el año que
viene, que es, como muy bien ha explicado el señor Fernández de Mesa,
uno de los puntos importantes del dictamen de la Comisión Mixta,
aspecto en el que nosotros
siempre hemos estado de acuerdo. Siempre hemos querido que, como en
casi todos por no decir en la práctica totalidad de los países con un
ejército profesional el sistema de selección no es un sistema de
convocatorias, sino que es un procedimiento de selección continua. En
este sentido nos parece mejor y más adecuado, y como antes indicaba
el señor Mardones, en la situación actual a la que estamos asistiendo
y que puede continuar en los próximos años, tenemos que controlar, y
no únicamente controlar, sino conseguir que el sistema de selección
continua sirva para dotar de los necesarios recursos humanos a
nuestras Fuerzas Armadas.
Yo querría señalar dos aspectos que creemos importantes. Para
realizar el procedimiento de selección continua pueden existir
ciertas dudas sobre los requisitos legales y jurídicos. En el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado existe la adicional
séptima que en su segunda parte, creemos que es con la que el
Ministerio cuenta que le va a dar cobertura legal para hacer el
cambio de sistema, cuando afirma en esta adicional que: Se autoriza
al Ministerio de Defensa a iniciar los procedimientos de selección y
reclutamiento a partir de la aprobación de los presupuestos del
Estado. Nosotros querríamos instar al Ministerio (suponemos que lo ha
hecho, pero, si no, le instamos a ello también) a que haga el estudio
jurídico con el máximo cuidado para no volver a encontrarnos con
algún error que en principio parece de detalle, pero que después da
lugar a consecuencias mayores que las previsibles, hechos que nos han
sucedido otras veces en la aplicación del proceso por parte del
Ministerio de Defensa.
En segundo lugar quiero señalar, sin entrar en un debate que
tendremos el día 1 con la presencia del ministro de Defensa, que lo
que creemos más importante para garantizar que funcione el
procedimiento continuado de selección es que haya un grado de
satisfacción de los propios soldados. Si no existe este grado de
satisfacción, difícilmente, sea cual sea el sistema que se elija, va
a dar respuesta a los problemas que hay. Los países que mantienen un
sistema mixto y hace poco nos lo señalaban, por ejemplo,
representantes tanto de Noruega como de Alemania no van a suprimir el
servicio militar obligatorio, aparte de por otros motivos más de
fondo, porque la realización del servicio militar les sirve en primer
lugar para seleccionar después a los militares profesionales y
también para tener un mercado que, incentivado, haga que haya
suficientes candidatos. Desaparecerá el servicio militar como máximo
el 31 de diciembre de 2002. Por lo tanto el Ministerio, si se llega a
esta fecha y nosotros creemos que no se llegará, porque la realidad
lo impondrá, pero al menos en el tiempo que exista, debería implantar
los mecanismos para conseguir que una parte significativa de esta
gente que está realizando ya de una forma muy voluntaria el servicio
militar obligatorio sea de los que se presentan para entrar en el
grado profesional. Por otro lado, también hay que articular todos los
procesos que hagan que quien realiza bien este último tramo del
servicio militar obligatorio o quien se está incorporando como
profesional, como tropa o marinería profesional, tenga un grado de
satisfacción suficiente para que esto salga al exterior y le haga
atractivo, porque si los propios que están realizando el servicio
profesional no están satisfechos, cuando salgan o mientras lo están
realizando sus
comentarios son un elemento central para que haya o no haya un
atractivo, igual que otra serie de mecanismos de promoción interna,
de salida al mercado civil posteriormente en su reincorporación.
En este sentido hay un dato que por ejemplo nos preocupa. Hemos visto
que en el año 1998, en el programa de formación profesional reglada
que se ha impartido entre los soldados y marineros de tropa
profesional, que es uno de los elementos fundamentales para la
reincorporación a la vida civil, los resultados que se están
obteniendo no son alentadores. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no se le escucha bien al
interviniente.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Sigo y acabo ya, señor presidente.
Digo que nos preocupa que los resultados que se han obtenido en el
año 1998 en las convocatorios internas no son precisamente muy
alentadores. En conjunto se han presentado casi 3.000 soldados
profesionales para adquirir una titulación de formación profesional
reglada que después permita su reincorporación a la vida civil y
únicamente un 36,31 por ciento han sido aprobados. Yademás con un
dato que no sé qué significación puede tener: que mientras que los
resultados del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire son
homogéneos con la media, que se sitúa en un caso en el 33 por ciento,
y en el otro en el 30 por ciento, en cambio en La Armada el resultado
sí que ha sido mucho más satisfactorio, acercándose al 65 por ciento.
Evidentemente si no funcionan los resultados de tanto por ciento que
se van consiguiendo, y éste que es uno de los atractivos
significativos que puede tener, perdemos un aliciente. Por lo tanto
el Ministerio también tendría que tener en cuenta qué medidas tiene
que realizar para que este aspecto, como otros, funcione, y de esta
manera podamos garantizar que el ejército profesional no sea
únicamente algo teórico sino que sea auténticamente real en cantidad
y en calidad.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las
proposiciones no de ley, porque ya ha pasado de la una y media. Los
grupos parlamentarios pueden llamar a votación a sus miembros, si les
parece adecuado. (Pausa.)
Pasamos a las votaciones. Vamos a votar, en primer lugar, la
proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 8,
sobre la clausura de actividades en el campo de tiro de Gavá, de
acuerdo con el texto transaccional que ha sido presentado
oportunamente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la
cesión de uso para fin social de la antigua Ayundantía de Marina de
Barbate a favor de la Mancomunidad de Municipios de la Janda (Cádiz),
pero también con el texto alternativo transaccional que ha sido
presentado y que altera incluso el propio título que yo acabo de
leer.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto número 10, proposición no de ley relativa a la cesión gratuita
o mediante precio simbólico del cuartel Diego de Salinas al
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al objeto de transformarlo en un
centro de uso público y de esparcimiento, que votamos también en el
sentido del texto alternativo transaccional presentado, que también
altera el título.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto número 11, proposición no de ley sobre cesión a la Comunidad
Autónoma de Galicia de los centros educativos no universitarios,
dependientes del Ministerio de Defensa, incluido el colegio Almirante
Juan de Lángara y Huarte.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
votos en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada con 11 votos a favor y 17 en
contra.
Punto número 13, proposición no de ley sobre regulación del
procedimiento de selección continua para el acceso a militar
profesional de tropa y marinería y del régimen singular para los
militares de reemplazo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Anuncio ya a los señores comisionados que el día 1 de diciembre
tenemos una nueva sesión de la Comisión con la comparecencia del
ministro de Defensa.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Defensa,
del martes, 23 de noviembre de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los
«Diarios de Sesiones» ya elaborados.