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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 801, de 23/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 801
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 23 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Administración
Pública (González González) para informar sobre:
- El efecto 2000. Apetición propia. (Número de expediente 212/
002114.) ... (Página 23892)
- Si por la documentación entregada en relación con la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) referida a la
actuación del delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra,
aprobada en Comisión el día 16 de diciembre de 1998, considera el
Gobierno el cumplimiento de la misma. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/002052.)
... (Página 23909)
- Situación de los funcionarios y el personal laboral del servicio
exterior del Estado, y en particular, sobre el bloqueo del acuerdo de
22 de diciembre de 1998 suscrito por la Administración y sindicatos.
Asolicitud del Grupo Socialista del Congrso. (Número de expediente
212/002136.) ... (Página 23918)
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes
iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios
de Protésicos Dentales. (Número de expediente 121/000185.)
... (Página 23925)
- Proposición de ley de creación del Colegio Profesional de
Pedagogos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 122/000206.) ... (Página 23925)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
alaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios
de Protésicos Dentales. (Número de expediente 121/000185.) ...
(Página 23925)
- Proposición de ley de creación del Colegio Profesional de
Pedagogos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 122/000206.) ... (Página 23926)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA (GONZÁLEZ GONZÁLEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
-EL EFECTO 2000. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/
002114.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas para celebrar su sesión número 30.
Comenzamos con la celebración de la comparecencia del secretario de
Estado para la Administración Pública -bienvenido de nuevo a esta
Comisión, señor secretario de Estado - para informar sobre el efecto
2000, que se realiza a petición propia.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA(González
González): Antes de nada, quiero pedirles disculpas porque pensaba
hacer una presentación en el ordenador, no sé si más amena, aunque sí
con pretensión de ser más didáctica, pero parece que la tecnología, y
no por el efecto 2000, no ha estado de nuestro lado hoy.
Como saben ustedes, el efecto 2000 es el conocido virus del milenio,
problema fundamentalmente técnico que se produce como consecuencia de
que los equipos informáticos que tienen incorporada en sus sistemas
la programación referida a fechas, cuando no tienen en el campo
reservado al año nada más que dos dígitos, pueden presentar problemas
al llegar el año 2000 porque, al poner los dos dígitos en 00, pueden
reconocer el año 1900 y no el 2000. Esto puede ocasionar problemas de
funcionamiento en todos los sistemas informáticos que hacen necesario
abordar la cuestión. Por lo tanto, estamos ante un problema
fundamentalmente técnico, que es simple de resolver, desde el punto
de vista técnico, pero complejo porque son muchos los equipos que hay
que revisar y, además, porque hay muchos sistemas de los que se
denominan empotrados que van incorporados de fábrica a los equipos y
son los más
difíciles de detectar. La actuación de Administraciones Públicas en
este asunto es fundamentalmente de dos tipos. Por una parte, actúa en
el ámbito de sus propios servicios para adaptar todos esos equipos al
problema del efecto 2000, evitando que en su funcionamiento interno
se produzcan disfunciones. Y, en segundo lugar, impulsa y conciencia
a los distintos agentes sociales y económicos que se vean afectados
por este tipo de equipos para que realicen las medidas de
comprobación, sustitución y verificación, para evitar que esos
equipos puedan tener problemas de funcionamiento derivados del efecto
2000 y, al mismo tiempo, impulsa y ayuda, en la medida en lo posible,
con sus propios recursos a que estas situaciones se corrijan.
Las acciones que ha venido acometiendo el Gobierno arrancan de 1996,
año en que se aborda la revisión de los grandes equipos informáticos
de la Administración, fundamentalmente los que operan en el ámbito de
la Hacienda pública, de la Agencia Estatal Tributaria y los relativos
a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Es ahí donde se
produce la mayor concentración de equipos informáticos y la mayor
relación con los ciudadanos a través de estos sistemas. En la
verificación de esos aparatos se comprueba que este es un problema
que alcanza a todos los servicios informáticos, sean grandes o
pequeños. Por eso, el siguiente paso es que el Consejo superior de
informática aprueba en 1997 una serie de medidas que van dirigidas,
fundamentalmente, a sensibilizar sobre el problema del efecto 2000 en
todo el ámbito de la Administración, a establecer una serie de
métodos y guías de adaptación al efecto 2000, a adaptar todos los
sistemas de la propia Administración y a establecer previsiones de
formación para los empleados públicos de cara a la operatividad de
sus equipos. Cuando se aborda esta medida se ve que no sólo es un
problema interno, sino que estamos ante un problema externo. Primero,
porque el mayor volumen de equipos informáticos y de servicios
esenciales afectados está fuera del sector público, y , en segundo
lugar, porque este es un problema en donde la interoperabilidad es
fundamental. Es decir, nadie actúa aislado hoy en la prestación de
servicios públicos o en servicios esenciales de carácter privado, y
de nada vale que uno se adapte si las personas con las que uno se
relaciona a través de sus equipos no se han adaptado, porque se
pueden producir los mismos fallos.
Como consecuencia de ello, el Gobierno adopta una serie de medidas
adicionales. Por un lado, establece la cláusula año 2000 para
incorporar a todos los contratos que realice la Administración
pública, establece una guía de adaptación de todos los sistemas de
información, establece una guía para la elaboración de planes de
contingencia y crea un centro de servicios de información para el
efecto 2000, disponible en Internet, y un centro de soporte técnico
del efecto 2000, en donde se atienden consultas a través de la red
para todos aquellos interesados en saber qué hay que hacer para
adaptar sus equipos al efecto 2000.
El paso siguiente es el acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de
junio de 1998, en donde se adoptan 23 medidas, 12 de las cuales van
dirigidas al sector público y 11 al sector privado. Dentro de las
medidas dirigidas al sector público, está la creación de una comisión
de coordinación y seguimiento del efecto 2000 en el ámbito interno,
formada por los subsecretarios de los departamentos. Tiene por misión
realizar las tareas de adaptación de los equipos de los departamentos
ministeriales, dentro de las pautas establecidas en esos documentos a
los que me he referido anteriormente. En segundo lugar, se amplía el
acuerdo del Consejo superior de informática de 1997, al que ya me he
referido, para informar al sector privado de cuál es la problemática
y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. Se toman medidas
de difusión pública a través de jornadas, conferencias, etcétera, y
se refuerzan los servicios del centro de información y del centro del
soporte técnico, al que se le dota de personal técnico cualificado
para contestar a todas las cuestiones que ya empiezan a crecer en la
consulta a través de la red.
El acuerdo del Consejo de Ministros establece también la necesidad de
un seguimiento de todas las acciones necesarias para el proceso de
adaptación. Se establece un calendario exhaustivo de las tareas a
realizar, el análisis de impacto del problema 2000 en los equipos, la
conversión de los equipos que no estén adaptados, la realización de
todas las pruebas de funcionamiento de esos equipos ya sustituidos,
la elaboración de planes de contingencia frente a los posibles fallos
que se puedan derivar del funcionamiento de esos equipos y la
realización de pruebas de integración con los equipos con los que
aparecen relacionados.
Dentro de las medidas establecidas para hacer el seguimiento de este
calendario se elaboran una serie de encuestas trimestrales. Se han
realizado seis encuestas de seguimiento trimestral que han afectado a
272 centros directivos y a un total de 172 sistemas informáticos
relativos a todas las tareas de adaptación, dotaciones humanas,
hardware, software, sistemas empotrados, intercambios de datos,
etcétera. También se procede a la identificación de todos los
sistemas de la Administración general del Estado que producen
intercambio de datos con sectores externos, y se realizan pruebas en
342 sistemas que se detectan e intercambian datos con el exterior
antes del 1 de julio de 1999. Se elaboran planes de contingencia que
se establecen como obligatorios en todos los denominados sistemas
críticos o sistemas esenciales, a los que luego me voy a referir
detenidamente. Se elaboran 122 planes de contingencia en el ámbito de
la Administración del Estado, que afectan a los denominados sistemas
críticos de la AGE. Igualmente, se establece una actuación en el
ámbito jurídico, a través de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, sobre los daños
causados a la Administración como comprador de bienes informáticos
que puedan verse afectados por la no adaptación al 2000, y también
sobre los daños que puedan derivarse para los particulares del mal
funcionamiento de los equipos informáticos de la Administración del
Estado como consecuencia de esos defectos de funcionamiento. Además,
se completa con una acción del Instituto Nacional del Consumo, en
relación con los efectos que estas situaciones pueden tener para el
ámbito de consumidores y usuarios, y también se elabora un documento
de petición de declaración de conformidad y de adaptación de equipos
para todos los fabricantes de esos equipos de los servicios públicos.
Todos estos informes se ponen a disposición de los usuarios en la
página web del Ministerio de Administraciones Públicas, dentro del
denominado MAP 2000.
En el ámbito del control financiero, se encomienda a la Intervención
General del Estado, dentro de las auditorías ordinarias a realizar
por ella anualmente, toda la evaluación de los sistemas informáticos
de gestión económicofinanciera, para verificar su adaptación al año
2000; auditorías que ha realizado la IGAE a lo largo de este año,
siendo los resultados plenamente satisfactorios y estando pendiente
de presentar ya la conclusión final a lo largo de este mes. También
se establece la dotación presupuestaria para el año 1999 de las
necesidades económicas que los distintos departamentos ministeriales
tienen que afrontar para adaptar sus equipos, que al día de la fecha
están exactamente en algo más de 29.500 millones de pesetas. Por otro
lado, se procede a la elaboración de un catálogo de bienes y
servicios adaptados al euro y al año 2000, para facilitar a todos los
ciudadanos que a través de las consultas en Internet puedan verificar
si los equipos con los que ellos cuentan están adaptados dentro de
ese catálogo general. Se establecen medidas dirigidas a la relación
con las otras administraciones públicas de carácter territorial, para
conseguir incorporarlas a las tareas de adaptación y, sobre todo,
para que actúen en el ámbito de sus propias responsabilidades para
conseguir esa adaptación. Así, se establecen distintas coordinaciones
con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que se
incorporan a la elaboración de esas encuestas trimestrales a las que
me he referido. Hay cinco encuestas a las 17 comunidades autónomas,
52 diputaciones, cabildos y consejos, 180 municipios de más de 30.000
habitantes y una muestra de más de 190 municipios con población
inferior a 30.000 habitantes. A partir de ahí, las encuestas son de
carácter censal, dado el elevado número de municipios de menos de
5.000 habitantes que tenemos en nuestro país, como ustedes saben.
Como les decía, también se refuerzan las acciones dirigidas a la
formación de los empleados públicos a través del Instituto Nacional
de Administraciones Públicas, que ha venido realizando desde entonces
diversos cursos, jornadas, talleres, etcétera, de preparación y
adaptación de nuestros empleados para hacer frente a los problemas de
funcionamiento de esos equipos informáticos.
Por otro lado, se actúa en el ámbito de las relaciones
internacionales, de manera que se refuerza la presencia de España
dentro de los organismos preocupados por el problema del 2000, y en
los foros internacionales se refuerza
la presencia de los técnicos españoles. Hemos participado en las dos
cumbres mundiales que se han celebrado a lo largo de este año en
distintos países. Hemos participado también en los foros
iberoamericanos al efecto. Formamos parte de los comités de Naciones
Unidas, de los comités de la Unión Europea y del Comité de acciones
nacionales y sectoriales que la Unión Europea ha previsto para este
problema, participando en las seis reuniones que han tenido lugar.
También participamos en el grupo de alto nivel creado específicamente
para el problema Y2K, que es como se conoce el problema 2000 en los
ámbitos internacionales de la Unión Europea, en cuatro sesiones.
Hemos participado también en el grupo de Basilea y en el Global 2000,
al que luego me referiré, que es quizás el organismo internacional
que hace una evaluación y seguimiento más generalizado del estado de
adaptación de los países.
En el ámbito del sector privado, la medida más importante que aborda
el Gobierno el año pasado es la creación de la denominada Comisión
nacional del efecto 2000 que, bajo la presidencia del vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía, aglutina a
representantes de los distintos departamentos ministeriales, las
comunidades autónomas, las corporaciones locales, las organizaciones
empresariales, los consumidores y usuarios y también cuenta con la
colaboración de expertos del sector de las telecomunicaciones y de la
informática, para realizar un seguimiento, en el ámbito
fundamentalmente del sector privado, de los problemas de adaptación e
impulsar medidas dirigidas a potenciar esa adaptación. Esa Comisión,
que fue creada el 9 de septiembre del año pasado, ha celebrado cuatro
reuniones de su plenario y ocho reuniones del grupo de trabajo que ha
venido desarrollando sus tareas desde entonces. Allí se ha prestado
una especial atención y seguimiento a lo que se denominan sectores
estratégicos, a los que luego me referiré puntualmente, como son el
transporte, la energía, el agua, las telecomunicaciones, el sector
financiero y el sector sanitario, a las pymes y a los consumidores
y usuarios. También se ha potenciado, a través de ella, la realización
de auditorías a los sistemas críticos de la AGE, a los que también me
voy a referir, y se han adoptado distintas medidas dirigidas al
sector privado y fundamentalmente también al sector financiero. Se
establecen a partir de ahí una serie de medidas que van dirigidas a
que los departamentos ministeriales que tienen relación con los
servicios esenciales a los que me he referido hagan el mismo
seguimiento puntual que se hacía para la adaptación de los servicios
informáticos de la Administración general del Estado, es decir,
encuestas de seguimiento, petición de pruebas, petición de
conversiones, fases de adaptación, realización de simulacros,
etcétera. Al mismo tiempo, dentro de las medidas que se establecieron
en la Comisión nacional, se dirigieron acciones específicas al sector
de las pymes, combinadas con las acciones que se vienen desarrollando
desde hace ya dos o tres años relativas a la adaptación de éstas al
problema del euro, problema igualmente importante, y a partir de ahí
se han elaborado una serie de actuaciones y planes dirigidos a las
pymes no sólo de información y de asesoramiento en materia de
adaptación, sino en apoyo financiero, a través de los distintos
planes de promoción y apoyo a las pymes, para poder realizar tareas
de adaptación de sus equipos informáticos a esta situación.
Por otro lado, se lleva a cabo una actuación muy puntual e importante
relativa al seguimiento de la adaptación del sector financiero, por
su especial vinculación también con el problema del euro, a través de
la colaboración con las entidades financieras y con los órganos de
coordinación de las entidades bancarias, como es la Asociación
Española de la Banca, la CECA y otras, y a través de los organismos
internacionales también se ha hecho un seguimiento exhaustivo de las
tareas de adaptación y de adopción de una serie de medidas, a las que
luego me referiré puntualmente, cuando les dé cuenta de cómo está la
situación en estos momentos. Se hace un seguimiento especial relativo
al sector de las telecomunicaciones y fundamentalmente de las
empresas de telefonía, en concreto de Telefónica, por ser la compañía
que aglutina en estos momentos mayor porcentaje de la comunicación en
nuestro país. Igualmente, se hace un seguimiento especial en materia
de aguas, a través de las confederaciones hidrográficas, en el ámbito
de la competencia estatal, y se impulsan medidas de colaboración
y coordinación en el ámbito de las administraciones de las comunidades
autónomas y fundamentalmente de las corporaciones locales, que, como
ustedes saben, son las directamente competentes en esta materia de
gestión de las aguas, depuración, etcétera. Se establecen medidas
dirigidas a potenciar que las empresas privadas tomen las iniciativas
precisas para adaptar sus equipos. El Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas ha establecido la necesidad de que las empresas
incorporen en las cuentas anuales que presenten datos sobre la
adaptación al efecto 2000. Además, se han establecido una serie de
contrapartidas a efectos del cómputo de los gastos realizados por
estas tareas dentro de sus balances. A través del Ministerio de
Industria y Energía, se han establecido medidas dirigidas a los
sectores energéticos: gas, hidrocarburos, petróleos, etcétera, a las
que me referiré puntualmente. Se han articulado medidas dirigidas a
la colaboración con las organizaciones de consumidores y usuarios. El
Instituto Nacional del Consumo desarrolló un programa de consultas y
apoyo que culminó con un convenio por el que el centro de soporte
técnico del Ministerio de Administraciones Públicas presta la
atención técnica necesaria para resolver cuantas consultas se
formulen a través de dicho instituto, de las organizaciones de
consumidores y usuarios y de las oficinas de consumidores de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Al mismo
tiempo, el Instituto Nacional de Consumo elaboró una encuesta de
conformidad de los productos de más de doscientas empresas, que se ha
puesto a disposición de los usuarios de Internet en nuestras páginas
de información. Se han dirigido medidas específicas a los mercados
financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, aparte de
realizar tareas específicas de adaptación de sus equipos, ha
incorporado medidas dirigidas a la adaptación de las empresas que
cotizan en Bolsa. Dentro de la publicación que hace ordinariamente
sobre la situación de las empresas, publica datos relativos a
aquellas empresas que no están adaptadas al efecto 2000 y hace un
seguimiento de esta situación. Por otra parte, y aunque me referiré
luego a ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho un
esfuerzo importante de adaptación de sus equipos informáticos
llegando a realizar pruebas de funcionamiento integrado de
todos los mercados de valores, el pasado 18 de septiembre, que han
sido satisfactorias. Estas pruebas se realizaron con participación de
más de 130 entidades que operan en las distintas bolsas. Se han
realizado acciones dirigidas a las pymes. Como consecuencia de ellas
y con el fin de dar a las pymes el apoyo técnico necesario, se
suscribió un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Comercio y las
distintas organizaciones, con el fin de que las empresas puedan
realizar consultas a través del centro de soporte técnico del
Ministerio de Administraciones Públicas y puedan recibir el apoyo de
nuestros técnicos para realizar sus propias tareas de adaptación.
En definitiva, se trata de un amplio conjunto de medidas que han
venido funcionando de una manera periódica y sistemática hasta el
verano de este año 1999 en que, según las previsiones y el calendario
establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros, deberían culminar
todos los trabajos de adaptación de la Administración general del
Estado y, en teoría, también el de las empresas a las que se les ha
hecho el seguimiento. ¿Cuál es nuestro estado de adaptación en el
ámbito de la Administración general del Estado? Podemos decir que la
adaptación de los equipos propios de la Administración general del
Estado es bastante satisfactoria. Se han realizado ya todas las fases
que estaban previstas en el acuerdo del Consejo de Ministro: se
realizó el análisis de impacto, se terminó la conversión y la
sustitución de equipos, se han realizado pruebas al 90 por ciento y
podemos decir que el 99 por ciento de los 123 sistemas críticos, con
más de 196.000 programas afectados, están adaptados. ¿Cuál es la
situación en que se encuentran el resto de las administraciones
públicas? A lo largo de este tiempo, hemos tenido algunas
dificultados para recabar una información tan exhaustiva como la que
hemos ido recogiendo de la Administración general del Estado. Las
comunidades autónomas han venido participando a través del la
Comisión nacional del efecto 2000 y a través de las encuestas que les
hemos remitido trimestralmente. El grado de contestación ha sido
bastante desigual; la contestación a la última encuesta, de junio de
este año, ha sido relativamente baja. No obstante, puedo decirles
que, por la información que hemos obtenido de ellas a través de la
Comisión nacional del efecto 2000 y de las reuniones que hemos
mantenido con posterioridad a esta fecha, el grado de adaptación de
las comunidades autónomas es bastante alto, sobre todo en cuanto a
los servicios que fundamentalmente les afectan, que básicamente es la
sanidad transferida -las comunidades autónomas gestionan en este
momento el 70 por ciento de la sanidad en España, como ustedes saben
-. Es cierto que en estos momentos no conseguimos tener un
conocimiento exhaustivo de los planes de contingencia que las
comunidades autónomas tienen elaborados en este sector y en algún
otro sector importante, como el de las empresas contaminantes y
peligrosas, que son de su exclusiva competencia. Posteriormente me
referiré a las medidas que hemos ido tomando en esta materia en
colaboración con ellas.
En el ámbito de las corporaciones locales nos encontramos también con
este problema; problema mucho más acentuado si tenemos en cuenta la
dispersión de corporaciones locales en nuestro país, fundamentalmente
ayuntamientos
pequeños. La acción más importante se ha focalizado en los
municipios de cierta entidad por número de habitantes. Podemos decir
que el grado de adaptación de las grandes capitales españolas es
prácticamente pleno. En el resto de las corporaciones locales, la
información última que hemos recabado no nos permite extrapolar datos
de carácter general porque es bastante limitada. También en este
apartado me referiré luego a las acciones que hemos emprendido.
Hasta aquí, la fase de adaptación hasta el verano del año 1999.
Apartir del verano de 1999, hemos entrado en lo que denominamos fase
de prevención y fase de seguimiento. A partir de esta fecha, hemos
centrado nuestra acción en los servicios esenciales, los que
gestionan aspectos esenciales para la mayoría de la población y a los
que me he referido anteriormente: sanidad, transporte,
telecomunicaciones, energía, etcétera. También nos hemos centrado en
la tarea de prevención, es decir, en la creación de los comités de
emergencia y en el seguimiento de los planes de contingencia en cada
uno de estos sectores para prevenir adecuadamente cualquier posible
fallo que se produzca en el funcionamiento de los equipos y las
reacciones para hacer frente a ellos.
En este sentido, la medida más importante que hemos adoptado ha sido,
sin duda, la creación de la Oficina de transición para el efecto
2000, que tiene por objetivo fundamental realizar el seguimiento
último de verificación del estado de adaptación de los servicios
esenciales y, al mismo, preparar la coordinación de los equipos de
emergencia y de los planes de contingencia para hacer frente a las
posibles incidencias y articular los mecanismos de comunicación entre
todos ellos, así como los mecanismos de información y comunicación en
el ámbito nacional e internacional para hacer frente a cualquier
situación que se produzca como consecuencia de algún fallo en el
funcionamiento operativo de estos servicios.
Entrando, quizás, en el tema de más interés, tenemos que repasar cuál
es el estado actual de adaptación de nuestro país por cada uno de los
servicios esenciales. Empiezo por señalar que los equipos operativos
internos de la Administración general del Estado tienen un grado de
adaptación prácticamente del cien por cien, evidentemente, nunca
estarán al cien por cien por la problemática propia del efecto 2000,
pero el grado de adaptación es altamente satisfactorio. Y siguiendo
con la referencia a las comunidades autónomas, les daré datos de la
última encuesta en las comunidades autónomas. El análisis de impacto,
según la última encuesta, estaba ya realizado al cien por cien; las
conversiones, al 80 por ciento; y sus pruebas de integración, al 60
por ciento. En las diputaciones, el análisis, al cien por cien; la
conversión, al 95; y las pruebas, al 73,3 por ciento. Podemos decir
que el estado de adaptación de los servicios directos de las
administraciones es bastante satisfactorio.
Paso a referirme a los servicios esenciales. El primer servicio
esencial, tal y como está establecido dentro del acuerdo, es sin duda
alguna la sanidad. En la sanidad se ha venido trabajando por parte
del Insalud, en el ámbito de la Administración general del Estado, a
través de un proceso exhaustivo de revisión y de análisis de sus
equipos,siguiendo una metodología específica establecida por las
organizaciones internacionales de salud. Se han inventariado 59.911
equipos, de los cuales más de un 82 por ciento no están afectados
inicialmente y son conformes. Hay un 8,7 de equipos afectados, de los
cuales hay un 25 por ciento que se ha adaptado mediante corrección y
el 75 por ciento solamente tiene afectaciones de tipo gráfico, que se
están corrigiendo, y hay un 9,12 por ciento de equipos que están
actualmente en verificación. El Insalud ha tomado la decisión, dentro
de sus previsiones, de que aquellos equipos que no estén garantizados
al cien por cien o no puedan ser revisados definitivamente al cien
por cien de este porcentaje se declararán como no utilizables a
efectos del operativo de funcionamiento de sus propios hospitales. Al
mismo tiempo, el Insalud ha realizado ya un amplísimo plan de
contingencia en todos los hospitales del país -lógicamente, en los de
su competencia-, que permite establecer un dispositivo especial para
el momento de la transición, con el fin de hacer frente a cualquier
posible incidencia que se produzca como consecuencia del mal
funcionamiento de algunos equipos médicos.
Entrando un poco más al detalle, en la sanidad hay fundamentalmente
dos tipos de sistemas. Hay un sistema de gestión de pacientes: 80 de
los 82 hospitales están ya adaptados, todos ellos han finalizado con
éxito el plan de pruebas y los dos hospitales pendientes terminarán
este mes de noviembre. Podemos, por tanto, afirmar que prácticamente
el cien por cien de los hospitales del Insalud tienen estos equipos
adaptados. En cuanto a las gerencias de atención primaria, 50 de las
57 gerencias disponen de aplicaciones adaptadas al año 2000 y las
siete restantes finalizarán también en el presente mes de noviembre.
El plan de contingencia, como les decía, se ha hecho público el
pasado día 21 de manera exhaustiva por el presidente del Insalud, se
ha presentado a los medios de comunicación, y probablemente lo
conocerán sus señorías. Los sistemas de electromedicina del Insalud,
que son los más delicados, a los que me he referido anteriormente,
están en un altísimo grado de adaptación, más del 82 por ciento. En
estos momentos, un 9 por ciento de equipos de ese 8,74 está en
proceso de revisión. Si no se garantizase que están adaptados al cien
por cien, se declararían no utilizables por parte del Insalud.
En el ámbito de las comunidades autónomas con la sanidad transferida,
la información que nosotros tenemos es, como les decía, profundamente
desigual. Realmente tenemos información más exhaustiva de Galicia,
Valencia y Madrid. Los datos que hemos obtenido a través de las
informaciones de estas comunidades autónomas es que se está
procediendo, en la misma línea en la que procede el Estado, a la
revisión y adaptación de sus equipos. Con el fin de reforzar esa
acción, el pasado día 25 de octubre se reunió el Consejo
interterritorial de salud con la presencia de todos los consejeros de
sanidad de las distintas comunidades autónomas y el Insalud, a fin de
facilitarse información mutua y de aportarse los planes de
contingencia y los operativos que el propio Insalud había previsto
para hacer frente a esas contingencias y colaborar con las
comunidades autónomas en esta materia. Al mismo tiempo, y a través de
la Oficina de transición a la que me he referido, se ha establecido
un operativo de refuerzo con las infraestructuras sanitarias del
Ministerio de Defensa, por si fuera
necesario hacer uso de las mismas como consecuencia de algún problema
en el momento de la transición.
En principio, los datos con los que contamos nos dicen que el estado
de adaptación, por lo menos en la Administración general del Estado,
es bastante alto; las previsiones que se tienen frente a cualquier
incidencia consideramos que son exhaustivas y suficientes y, en
consecuencia, no debemos de tener ningún tipo de problema para hacer
frente a cualquier incidencia. Tengan en cuenta también, porque ahora
me voy a referir a ello, que sobre la sanidad privada nosotros en
estos momentos contamos con poca información. El Insalud se ha
dirigido reiteradamente a las distintas organizaciones privadas y el
único dato exhaustivo que tenemos corresponde a la empresa Sanitas,
que ha presentado ya sus certificados de adaptación. No obstante, hay
que tener en cuenta que la mayor parte de los hospitales que están
concertados con el Insalud y que pertenecen a estas organizaciones
también han sido sometidos a los procesos de adaptación equivalentes
a los que el Insalud ha sometido a los hospitales públicos, y en
principio hay que considerar que se produce un estado de adaptación
de los mismos suficientemente amplio.
El sector del agua es otro de los sectores realmente importantes en
el que la Administración del Estado tiene una competencia bastante
limitada. En el ámbito del Estado la competencia se articula a través
de las confederaciones hidrográficas, cuyos sistemas de información y
de automatización del control de calidad de las aguas ha sido
actualizado en las siete confederaciones hidrográficas y se han
venido realizando pruebas. A finales de este mes está prevista la
conclusión de la totalidad de las pruebas. El sistema de información
hidrológica ha sido adoptado y probado y las pruebas, en principio,
han sido positivas. Las siete confederaciones hidrográficas disponen
ya de un plan de contingencias y además el Ministerio ha elaborado un
plan marco de contingencias para el sector del agua que ha
incorporado la colaboración, en lo posible, de las otras
administraciones públicas territoriales. No obstante, el problema del
agua se circunscribe más al ámbito de las comunidades autónomas y
corporaciones locales. Algunas comunidades autónomas que tienen
competencia en la gestión del agua nos informan que tienen adaptados
ya sus equipos, es el caso, por ejemplo, de Madrid con el Canal de
Isabel II, que abastece toda la zona. Pero como en el ámbito de las
corporaciones locales no conseguíamos tener una información lo
suficientemente exhaustiva, hemos recurrido a distintas acciones. La
primera ha sido contar con el apoyo de los estudios de la Asociación
Española de Aguas para paliar esas deficiencias de información. Esta
asociación agrupa a las principales empresas que prestan los
servicios de abastecimiento, saneamiento, distribución y depuración
de las aguas. Los datos con los que cuenta la asociación afectan a un
total de 30 millones y medio de habitantes en España, porque no están
todos los municipios incorporados a la misma, y según estos datos los
planes y los proyectos de adaptación están elaborados al 94 por
ciento, los sistemas informáticos de control están adaptados al 96
por ciento, los sistemas informáticos de gestión al 99 y medio por
ciento, los laboratorios al 80 por ciento y tienen prácticamente
elaborados los planes de contingencia frente a las incidencias que se
puedan producir.
Junto a esta acción, y para reforzar el ámbito del agua en el
territorio de las corporaciones locales, hemos realizado acciones
fundamentalmente con los alcaldes de las grandes ciudades, también a
través de cartas dirigidas a los municipios de más de 20.000
habitantes; hemos celebrado una reunión específica con la Federación
Española de Municipios y Provincias además de las acciones realizadas
por el Ministerio de Medio Ambiente y hemos establecido una acción
especial de delegados del Gobierno y subdelegados para municipios de
menos de 20.000 habitantes. El resultado de estas acciones nos ha
facilitado datos de más de 350 municipios de menos de 20.000
habitantes que indican que más del 92 por ciento no disponen de
sistemas automatizados, lo cual significa que no van a tener ningún
tipo de problema desde el punto de vista del efecto 2000 por cuanto
que los sistemas de funcionamiento en cuanto a la gestión, depuración
de aguas, etcétera, son mecánicos y por tanto no están afectados por
este asunto. Disponen de sistemas automatizados ya revisados el 3,93
por ciento restante y falta todavía por revisar el 3,36 por ciento.
La probabilidad de fallo en estos municipios de menos de 20.000
habitantes es inferior al 0,3 por ciento, y en este sentido podemos
decir que estos datos que nos facilitan los municipios y esta
asociación indican que en términos generales el agua está adaptada de
una manera bastante razonable y no es, en principio, previsible que
se produzcan incidencias en esta materia. No obstante, como les
decía, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un plan de
contingencia para todo el sector, en colaboración con las distintas
comunidades y ayuntamientos, para adoptar las medidas que fueran
pertinentes en el caso de que se produjese algún tipo de incidencia.
El sector de la energía es otro sector esencial, quizá uno de los más
esenciales, porque la energía condiciona básicamente el
funcionamiento de los demás. En este sentido, las principales
empresas eléctricas del país, empezando por el sector eléctrico,
finalizaron su conversión entre junio y septiembre de 1999, siendo la
situación global del sector, según las informaciones que tenemos, la
siguiente: el 98 por ciento en generación está adaptado; el 99 por
ciento en transporte; el cien por cien en distribución y el cien por
cien en sistemas de telecomunicaciones propios. Las empresas
eléctricas han realizado ya pruebas individuales y conjuntas; también
la red eléctrica española ha hecho una prueba y se ha elaborado un
plan de contingencias a nivel nacional para todo el sector eléctrico
que fue presentado hace unos días, con los responsables de las
distintas empresas, por el Ministerio de Industria y Energía, y al
mismo tiempo todas las empresas eléctricas han presentado y han
formalizado sus declaraciones de conformidad y de adaptación al
efecto 2000.
El sector eléctrico, que ha realizado un gran esfuerzo desde el punto
de vista de adaptación y económico, podemos decir que está en un
altísimo grado de adaptación. Al mismo tiempo, ese ambicioso plan de
contingencias prevé una serie de medidas dirigidas a reforzar todos
los equipos y sistemas de cara a la transición del año 1999 al año
2000 no solamente en recursos humanos, sino en alternativas de
suministro a la red y, en principio, las previsiones son que, salvo
que se produzca alguna circunstancia muy excepcional, no exista
ningún problema en el suministro eléctrico.
El sector de la energía nuclear es otro de los especialmente
sensibles, y en este sentido podemos decir que aquí han venido
trabajando las empresas eléctricas en colaboración con el Consejo de
Seguridad Nuclear y con los organismos internacionales encargados de
la supervisión de estos asuntos, fundamentalmente a través de la
organización internacional para la energía atómica. Se han concluido
las tareas de adaptación en las siete centrales, que poseen, además,
sus propios planes de contingencia y tres de ellas han sido revisadas
por el Consejo de Seguridad Nuclear siguiendo esas pautas
internacionales a las que me he referido, estando en principio los
datos con los que contamos perfectamente adaptados a la problemática
del efecto 2000. En definitiva, todo lo que se refiere a este sector
del ámbito de la energía eléctrica y nuclear podemos decir que en
principio está suficientemente adaptado.
Dentro de esta área nos encontramos con el sector de los
hidrocarburos, fundamentalmente con el del gas. Los trabajos del
grupo Gas Natural se encuentran ya en un estado de adaptación
prácticamente del 99 por ciento, por lo que en principio el sector
del gas se puede decir que está perfectamente adaptado. No obstante,
cuando luego me detenga en algunas calificaciones internacionales,
haré referencia a las peculiaridades que la configuración del
suministro de gas en España presenta como consecuencia de nuestra
dependencia amplia del suministro energético de Argelia y la
valoración que algunos de estos países tienen en el ámbito
internacional y que introduce en esas calificaciones algún tipo de
prevención. El gas está adaptado prácticamente al cien por cien, se
han realizado las pruebas dando resultados satisfactorios y la
empresa ha elaborado también un plan de contingencias.
En el sector del petróleo se ha realizado un seguimiento de las
empresas que hacen el refino nacional y del resto de las operadoras
que no hacen refino, Repsol, Cepsa, BP, Oil España, etcétera. En
estas compañías se puede decir que los proyectos se encuentran ya
realizados al 99 por ciento y su grado de adaptación, por tanto, es
prácticamente del cien por cien. También se ha realizado en estas
empresas un importante esfuerzo económico y de recursos humanos, más
de 6.500 millones de pesetas han destinado estas empresas a la
adaptación, y podemos decir que el sector del petróleo está en estos
momentos en un altísimo grado de adaptación.
Otro sector esencial es sin duda el del transporte. En el sector del
transporte diferenciaremos el transporte marítimo, el transporte
terrestre y el transporte aéreo. Desde el punto de vista del
transporte marítimo, la marina mercante ha hecho el seguimiento de
las empresas que se dedican a este asunto y no se han detectado
grandes problemas. Se han realizado la conversión y las pruebas en el
85 por ciento del sector; existe un plan de contingencias bastante
amplio y podemos decir que en el transporte marítimo la empresa
Sasemar, que es la empresa que tiene vinculación con el sector
público, presenta un grado de satisfacción y de adaptación del cien
por cien; el Ente Público Puertos del Estado también. El pasado 31 de
octubre se realizó una prueba de integración en la que además de la
autoridad portuaria ha participado también la empresa Sasemar y ha
sido satisfactoria. La compañía Transmediterránea informa de que está
adaptada al cien por cien. Además, se ha efectuado
una encuesta a 53 empresas navieras, con un total de más de 200
buques de gran tonelaje. Hemos recibido contestación de
aproximadamente el 50 por ciento, señalando que están adaptadas todas
prácticamente por encima del 80 y del 90 por ciento en cuanto al
transporte de crudo, químicos, gases, etcétera.
Desde el punto de vista del transporte ferroviario, Renfe y Feve
están adaptados al cien por cien y han elaborado sus planes de
contingencia, que también han presentado públicamente. Como saben,
tradicionalmente los trenes de Renfe y Feve el día 31 -no este año,
sino todos los años - hacen una parada técnica a medida que se acerca
la medianoche en las estaciones más próximas y ahí hacen una especie
de verificación. Realmente el transporte ferroviario en esa noche no
supera los seis trenes, incluidos pasajeros y carga, y además hay un
operativo de bloqueo de la red en el caso de que se produjese algún
tipo de incidencia, con lo cual en el transporte ferroviario tampoco
está previsto ningún tipo de problema.
En el transporte aéreo se ha venido trabajando en colaboración con
los organismos internacionales para la adaptación de los sistemas de
navegación aérea de tierra y de aire, y se ha hecho un seguimiento
exhaustivo también de las compañías aéreas. Desde el punto de vista
de las compañías de navegación aérea, se puede decir que Iberia está
ya adaptada en su totalidad y que en estos momentos no existen
problemas. También se han presentado planes de contingencia ya
finalizados y adaptados de las principales compañías privadas: Air
Europa, Spanair, Pankn Air, Southair, etcétera, y sí hay alguna
ausencia de datos en pequeñas compañías aéreas de segundo tipo, de
licencias B, a las que se está haciendo un seguimiento especial -en
nuestro país no suponen más de 50 - por parte de Aviación Civil los
organismos internacionales están estudiando que, si no presentan
garantías de su adaptación, se les pueda impedir o limitar las
operaciones aéreas durante esas fechas.
En el ámbito de los operativos de tierra, la empresa AENA ha venido
realizando tareas de adaptación desde hace ya mucho tiempo. Podemos
decir que está prácticamente adaptada en todo lo que se refiere a los
sistemas de navegación aérea. Se han realizado pruebas específicas de
AENAdurante este verano en Tenerife, que se han repetido en el mes de
octubre; también se han realizado en aeropuertos como Madrid o
Sevilla, donde en el mes de octubre pasado se hizo una prueba
integrada de sistemas de navegación aérea y sistemas de tierra con un
avión y un aeropuerto completo puesto en el año 2000 y la prueba fue
bastante satisfactoria. El informe de IATAdice que la situación de
AENA es satisfactoria.
En el sector de las telecomunicaciones, podemos decir que se ha hecho
un esfuerzo muy importante. España presenta aquí una ventaja, y es
que nosotros tenemos una tecnología bastante moderna. La
liberalización del sector relativamente reciente y la incorporación
de nuevas compañías han permitido que la tecnología con la que éstas
han entrado sea muy reciente y, por tanto, introduce un factor
bastante ventajoso de cara a la problemática del efecto 2000. No
obstante, todas las compañías de telecomunicaciones han venido
realizando un exhaustivo plan de adaptación. Prácticamente hoy
podemos decir que todas las empresas, Airtel, Telefónica, Uni2,
etcétera, están perfectamente
adaptadas; por otra parte, se han elaborado los correspondientes
planes de contingencia y se han realizado pruebas de integración de
voz con todos los operadores y con Telefónica, habiendo sido
satisfactorios. Telefónica de España ha realizado un proyecto
especial de adaptación al efecto 2000, el proyecto Milenio, en el que
ha invertido muchos miles de millones de pesetas, y ha hecho una
adaptación no sólo de sus equipos aquí, sino de los equipos en todo
su ámbito internacional de implantación. Se han realizado pruebas
completas de todos los sistemas de telefonía en una región, Murcia;
es la única prueba tan ambiciosa que se ha hecho a nivel
internacional poniendo todos los sistemas operativos en fecha 2000,
que ha funcionado correctamente. Falta por hacer una prueba en estos
días de integración total de todos los servicios de emergencia. Se
han realizado también pruebas internacionales con Perú, Chile,
Argentina, etcétera, y han sido satisfactorias; y ha habido una
prueba integrada de todas las redes telefónicas, de móviles, y fijos,
que ha sido satisfactoria. Por no extenderme esto es generalizable a
todas las empresas de telecomunicaciones. La valoración global es que
es positiva y hay seguridad en el funcionamiento correcto de este
sector.
Respecto a los medios audiovisuales, nos encontramos con que todas
las empresas han procedido a hacer una tarea de adaptación
importante. Han elaborado sus planes de contingencia y podemos decir
que el grado de adaptación de todas las empresas de medios
audiovisuales, tanto públicas como privadas, es satisfactorio. Se han
hecho pruebas con la red de Retevisión que, según los técnicos, es
una red tonta que no reconoce fechas sólo distribuye señales, y no
tiene problemas de funcionamiento; y tanto las empresas públicas como
privadas están adaptadas. Las pruebas que se han hecho el 27 de
octubre y el 3 de noviembre con simulacros integrados han sido
correctas y es previsible que en los próximos días, según la petición
que ha hecho la Oficina de transición, se haga una prueba en tiempo
real en la emisión de programas de prime time, de algún telediario
o informativo de noticias, pero en principio no es previsible que aquí
se produzca ningún tipo de incidencia. Igual ocurre con las empresas
de satélites o de radiodifusión, que han realizado sus
correspondientes pruebas.
El sector financiero es otro sector estratégico que ha venido
trabajando de manera exhaustiva, como me he referido antes, desde el
principio, porque es uno de los sectores más importantes que afecta a
mayor número de población y que presenta una mayor interrelación en
el ámbito internacional. Se han seguido pautas de los organismos
internacionales y podemos decir que el estado de adaptación del
sector financiero está casi en el cien por cien y no se prevé ningún
tipo de incidencia. No obstante, las empresas del sector bancario,
siguiendo las pautas de los organismos internacionales, del Banco
Central Europeo, etcétera, han adoptado una serie de medidas de
prevención que se han consolidado en nuestra Ley de sistemas de
cobros y pagos, recientemente aprobada por estas Cámaras, donde se ha
establecido que el día 31 de diciembre sea inhábil a efectos de
cobros y pagos interbancarios, de manera que esa conexión entre las
entidades financieras va a dejar de funcionar el día 31 para evitar
problemas. Al mismo tiempo, las organizaciones de la banca están
estudiando si el día 31 van a abrir o no los bancos. Se han realizado
ya pruebas de adaptación
de todos sus equipos y se ha verificado que son correctas. Se ha
verificado también el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago.
Ayer se hizo la prueba de funcionamiento de cajeros informáticos. La
red funciona correctamente y, en principio, no es previsible que se
produzca ninguna incidencia. Podemos decir que las informaciones que
los organismos internacionales reconocen al sector financiero español
son muy satisfactorias. Desde el punto de vista de las entidades
bursátiles y la Comisión Nacional del Mercado de Valores -ya me he
referido anteriormente-, se realizó una prueba el pasado 18 de
septiembre por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
en la que participaron más de 130 empresas que operan en Bolsa y el
resultado fue un éxito.
La Dirección General de Seguros ha realizado también una nueva
encuesta al sector de seguros y podemos decir que está también
adaptado al efecto 2000. Dentro del estado de adaptación de las
distintas compañías y de las pequeñas y medianas empresas, los datos
con los que contamos son de la Asociación española de empresas de
tecnología de la información, que hace un seguimiento exhaustivo del
estado de adaptación de estas empresas. Las últimas encuestas que
tenemos a 30 de junio de 1999 -como decía, son las últimas que hemos
tenido-, presentan un estado de adaptación del cien por cien en las
empresas de más de mil empleados y en las de 500 a 1.000; más del 91
por ciento en las de 100 a 500 empleados y casi un 78 por ciento en
las de 20 a 100 empleados. En principio, el estado de adaptación de
nuestras empresas es satisfactorio, si bien las muy pequeñas empresas
podrían tener alguna incidencia menor.
Por último, hay un sector en el que, aunque no es crítico, hemos
estado trabajando ante la posible influencia que pueda tener en el
funcionamiento y en la tranquilidad de la población como es el sector
de la alimentación. En este sector el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha venido trabajando durante este tiempo, en
colaboración con los suministradores, distribuidores, etcétera, para
garantizar que no va a existir ningún problema de abastecimiento
o suministro a los comercios y se puede tener la absoluta tranquilidad
de que no va a haber carencias. Lo que se ha hecho es elaborar un
importante plan de contingencias y de coordinación con todas las
empresas del sector para que definan cuáles son los alimentos básicos
cuyo suministro tiene que estar garantizado de tres a siete días
durante el momento de tránsito; establecer los stock que tienen que
tener las industrias en sus almacenes para garantizar que se puede
distribuir en un determinado momento frente a cualquier contingencia;
ubicar las plataformas de distribución de las grandes empresas para
que todo el mundo sepa realmente dónde tiene que acudir; mantener
permanentemente los silos y almacenes del FEGA para que, en el caso
de que se tuviese que acometer alguna incidencia de esta naturaleza,
se pudiese abordar; contactar con las distintas lonjas y mercados
para garantizar el suministro en esos días y, en definitiva, prevenir
que, caso de producirse alguna incidencia, se puede responder
satisfactoriamente y en poco tiempo. Las grandes empresas como el
Corte Inglés, etcétera, van a abrir como un día normal y las tiendas
van a estar perfectamente abastecidas y no va a haber ningún
problema.
Ya para referirme a la situación en el ámbito internacional, España
ha tenido una valoración bastante satisfactoria en los foros
internacionales ha ido mejorando con el paso del tiempo. El informe
más importante -lamento que no lo puedan ver - es el del Global
Group, que es una asociación de bancos, compañías de seguros,
etcétera, a nivel mundial, que ha ido calificando a los países en los
distintos sectores esenciales: financiero, del agua, de la energía,
del transporte, etcétera. Podemos decir que España está entre los
países mejor colocados en el ámbito de la Unión Europea, nuestra
calificación prácticamente es la máxima en todos los sectores. Esta
última información del Global Group es de septiembre; Global Group ya
no va a publicar nada, porque todos los países en los foros
internacionales consideran que, a partir de ahora, no se deben hacer
evaluaciones de esta situación. España, como les decía, en el ámbito
mundial y europeo ostenta una posición bastante buena, y podemos
decir, desde el punto de vista de la calificación de este organismo,
que es bastante satisfactoria.
El departamento de los Estados Unidos, que se ha distinguido por la
calificación al resto de países, señala en el último informe que
España ha hecho progresos en remediar los problemas del efecto 2000 y
en desarrollar sus planes de contingencia; que es un país en general
bien preparado para afrontar el problema, con pequeños riesgos en
algunos sectores, y que nuestro país trabaja conjuntamente con la
Unión Europea y la comunidad internacional para minimizar el impacto
económico del efecto 2000. De un informe inicial que los medios de
comunicación atribuyeron al Senado de los Estados Unidos, donde se
alarmaba sobre la situación de España, hemos pasdo a la posición
actual, que es bastante satisfactoria. Naciones Unidas ha creado bajo
sus auspicios el Centro de Cooperación Internacional, que ha diseñado
un sistema de autoevaluación de los países, de creación reciente, que
hará una evaluación los días 8 y 9 de diciembre. Otros países han
venido haciendo valoraciones de la situación de España y podemos
decir que, en términos generales, es coincidente con la que hacen los
informes a los que ya me he referido.
Desde el punto de vista de las últimas acciones emprendidas por parte
del Gobierno, puede ser de interés destacar las acometidas a través
de la Oficina de transición al efecto 2000, a las que me he referido.
Esta Oficina viene funcionando desde el día 1 de octubre de 1999 y
ahí se han acometido las tareas a las que me refería antes,
fundamentalmente de seguimiento, de verificación, de comprobación y
de coordinación de los distintos planes de contingencia y de los
equipos de emergencia, así como el impulso de las medidas de
coordinación en los ámbitos internacionales para prevenir cualquier
incidencia e informarse de las distintas situaciones que se van a ir
produciendo. La Oficina ha creado una página específica en Internet,
donde está toda la información para cualquier persona que quiera
consultarla.
Dentro de las medidas más importantes, se han recabado ya todos los
planes de contingencia de los sectores, todos los equipos de
emergencia, y se está elaborando un plan nacional marco que va a ser
el paraguas que englobe los planes de contingencia, tanto de las
administraciones públicas en sus distintos ámbitos territoriales como
de los sectores esenciales, para que puedan actuar coordinadamente.
El citado plan tiene una serie de fases operativas: hay una fase de
preparación hasta el día 31; una fase operativa y una fase de alerta,
que será lógicamente a partir de las cero horas del día 31, y una
fase posterior que puede llegar hasta el día 7 de enero. Es un plan
de mínimos, a partir del cual cada sector esencial se va adaptando en
razón de sus propias peculiaridades. Se prevé aprobar ese plan a
finales de este mes o principios del que viene y será presentado,
como es lógico, de manera pública.
Otra de las medida esenciales que ha adoptado la Oficina es
incorporarse a la red de alerta temprana, que se ha constituido entre
todos los países para tener información puntual de lo que se va
produciendo en aquellos países que, por razón de su posición en el
globo, empiezan antes que los demás el 1 de enero del 2000,
fundamentalmente, Australia y Nueva Zelanda. Se ha establecido una
red especial de comunicación con cuatro embajadas de España, que son
Australia, Japón, Corea y Moscú, que nos permite abarcar toda la
franja horaria de las once horas de diferencia que tiene España hasta
que llegue aquí el día 1 de enero del año 2000 y obtener información
de las incidencias que se pueden producir en estos países que tienen
distintos grados de adaptación -algunos muy parecidos a España, otros
muy distintos- de qué es lo que se va a producir y poder reaccionar
antes de que se produzcan esas situaciones en España. Eso mismo lo
vamos a hacer participando en el sistema de comunicación de
autoridades del mercado, que va dirigido fundamentalmente al sector
financiero, de manera que también podamos tener información puntual
de las circunstancias que se producen en esos sectores, y vamos a ir
adaptando nuestros servicios a esas posibles contingencias que se
produzcan.
A través del Ministerio de Asuntos Exteriores y con la información de
los distintos sectores, vamos a realizar una información especial que
va a estar a disposición de los distintos medios de información del
Ministerio de Asuntos Exteriores para todos los ciudadanos que
quieran viajar durante esas fechas, para que tengan información de
cuál es la situación en la que se encuentran otros países, igual que
la habitual que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores con respecto
a cualquier otra incidencia que se produce en cualquier país, con el
fin de que se puedan tener datos exhaustivos de esa situación.
Por último y por no extenderme más, señalaré que en estos momentos, y
como consecuencia de las decisiones que finalmente adopten los
organismos internacionales en el ámbito bancario, estamos estudiando
la elaboración de un real decreto-ley que prevea las incidencias que
se deriven de la declaración de inhabilidad o de la imposibilidad de
efectuar cobros y pagos el día 31, para evitar los problemas que se
podrían producir de cara a las responsabilidades económicas derivadas
del incumplimiento de los vencimientos de plazo de cobro o pago.
Estamos pendientes de la resolución final que adopten las entidades
financieras para concretar el literal exacto de esta disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su interesante y exhaustiva información.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella Pedrola.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor secretario de
Estado, por su extensa y detallada presentación; aunque haya sido sin
gráficos, yo creo que ha sido suficientemente ilustrativa y que ha
cubierto los distintos elementos.
Yo querría hacer algunas reflexiones y plantearle algunas preguntas.
La primera reflexión es que todo esto que usted nos cuenta es lo que
le pidió el Congreso de los Diputados al Gobierno que hiciera hace ya
dos años y medio. El Gobierno tardó año y medio en darse por enterado
y en reconocer en el Parlamento que estamos ante una cuestión seria y
de importancia, ante un problema que algunos calificaban de técnico
pero que, más allá de lo técnico, era y es un problema político y
económico que requería una capacidad de decisión y de liderazgo de
los gobiernos para movilizar a los sectores económicos y a la propia
opinión pública con el fin de mitigar -porque, como usted mismo
reconocía, es muy difícil comprometerse a que nada va a fallar - los
posibles fallos derivados del llamado efecto 2000.
Como consecuencia de ello, hace un año el entonces ministro de
Administraciones Públicas venía a decir que el Gobierno no tenía más
responsabilidades, ante el efecto 2000, que revisar y asegurar el
funcionamiento de los sistemas de la Administración y que en cuanto
al resto, eran los sectores económicos, la economía privada, los que
tenían que ponerse en orden. No había más compromiso del ministro,
que, por otra parte, también decía que existían otra serie de
competencias en manos de las comunidades autónomas. Lo que se nos
dijo entonces fue que cada palo aguantara su vela.
Desde entonces el pensamiento del centro reformista sobre este tema
ha evolucionado y el Gobierno asume su papel y sus responsabilidades
como actor ante el efecto 2000, no solamente con la creación de la
Comisión nacional, sino con una serie de medidas. Debido también a
que las relaciones internacionales le han hecho ver que estamos ante
un problema serio, el Gobierno se lo ha ido tomando en serio. ¿Dónde
nos hallamos? Lo que usted nos ha contado ahora es lo que algunos
países hicieron ya hace año y medio, por lo que llevan
aproximadamente un retraso de año y medio o dos años sobre el
calendario previsto. Me da la impresión, usted me lo confirmará,
aunque tengo datos que avalan lo que voy a decir, que tampoco se ha
cumplido el calendario que ustedes anunciaron. En el mes de junio no
se habían revisado todos los sistemas de la Administración, ni mucho
menos, y tampoco se había hecho esa revisión al cien por cien en el
mes de septiembre.
Hablando del sector privado, en especial de aquellas empresas que
podemos considerar críticas, al principio de su intervención nos ha
dado una relación de cuestionarios de información que han sido
enviados, pero lo que no nos ha comentado es el grado de respuesta a
esos cuestionarios, sino que lo ha dicho después refiriéndose a las
administraciones locales. La realidad, usted lo sabe, es que durante
bastantes meses el grado de respuesta a los cuestionarios enviados a
las empresas en situación crítica ha sido absolutamente desolador.
Respecto a esas empresas que están en un proceso de revisión, de
adaptación y de pruebas, si no se nos dice que hay un porcentaje que
en algunos casos todavía no han llegado a contestar a esos
cuestionarios, existiendo
por lo tanto un porcentaje equis de posibilidades de fallos, no es
decir toda la verdad.
Se van a hacer simulacros a fin de mes, mientras que las previsiones
de los expertos decían que eso se tenía que haber hecho a lo largo de
todo el año 1999, que las pruebas y desarrollo de los planes de
contingencia se deberían haber hecho a lo largo de todo 1999.
Nosotros lo hemos condensado prácticamente en dos meses, con lo cual
la ratio de posibilidades de riesgo, de fallos, aumenta
considerablemente, sobre todo -usted ha hecho referencia a ello-,
teniendo en cuenta que no se trata solamente de sistemas
informáticos, sino también de los denominados sistemas empotrados o
microprocesadores, que en miles de millones están en todos los
mecanismos que regulan nuestra vida diaria. Por tanto, un calendario
no cumplido y una falta de transparencia en la información que se nos
ha venido facilitando hasta ahora (a eso me refería cuando hablaba de
las no respuestas) y luego, respecto a la opinión pública, el
Gobierno optó por un modelo, que fue el pensar que una opinión
pública poco informada era una opinión pública menos preocupada y
menos tensionada, pero al final se ha encontrado con que la
información no tiene barreras y que a la opinión pública española le
estaba llegando información sobre los posibles riesgos del efecto
2000; una buena parte de ella, evidentemente, sin el menor rigor y,
en consecuencia, creando situaciones de alarma. Y han iniciado unas
campañas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas y a los
consumidores,aunque no sé si están contribuyendo a que el ciudadano
tenga las cosas más claras. En cualquier caso, bienvenidas sean. Eso
es lo que se hizo en el Reino Unido hace ya dos años de una manera
mucho más exhaustiva y con información clara que llegaba a las casas
de los propios ciudadanos. Insisto en que bienvenidas sean.
Un dato que refleja el grado de sensibilidad del Gobierno y su
evolución es la propia estimación del coste para las administraciones
públicas. Hace año y medio el Gobierno estimaba el coste para las
administraciones en unos 12.000 millones; se elevó a 18.000 cuando
compareció el ministro Rajoy, a 23.000 al mes siguiente y hoy ya se
habla -lo decía el comisario de la Energía y hoy lo ha dicho usted -
de 30.000 millones. Sin duda será más, pero está claro que ustedes
habían evaluado la importancia de este factor aproximadamente en un
tercio de lo que al día de hoy la valoran en términos económicos, si
es que eso nos sirve de referencia.
Yo no sé si el Gobierno ha hecho ya una estimación, siquiera somera e
indicativa, de cuál puede ser al final de todo este proceso el coste
de adaptación al efecto 2000 para el conjunto de la economía
española, porque evidentemente esto tiene una incidencia sobre
nuestro producto interior bruto, en algunos casos generando valor
añadido, en otros favoreciendo la renovación anticipada de equipos,
que no es necesariamente un coste que vaya en detrimento de la
economía, y en otros con costes que sin lugar a dudas van a generar
pérdidas en nuestro crecimiento económico.
Yo le preguntaría qué grado de incertidumbre, en una escala del uno
al diez, le daría usted al hecho de que este país funcione y no se
produzcan fallos en los sectores o sistemas que podemos considerar
críticos, a los que usted ha hecho referencia. En segundo lugar, le
preguntaría -creo
que es una buena oportunidad para hacerlo- qué aconsejan ustedes a
los ciudadanos. Los ciudadanos ya saben que si compran un equipo y
dicho equipo no reúne los requisitos para afrontar el efecto 2000
tienen derecho a pedir una devolución, pero el día 31 no es como el
fin de semana pasado, en que a los ciudadanos se les aconsejó que no
salieran y se quedaron en su casa para evitar las consecuencias de
una tormenta de nieve. El día 31, en principio, la gente va a salir y
va a recibir un bombardeo de información en la que se les sugiere que
puede haber fallos y que quizás conviene hacer acopio de alimentos y
tener una fuente de energía alternativa, volviendo al carbón y a la
leña, o tener dinero en efectivo. A pesar de que usted ha dicho que
se han probado los cajeros automáticos y que éstos funcionan, lo que
se hizo ayer fue probar tres cajeros de Madrid. Si este mecanismo es
el que está usted utilizando para demostrar que los cajeros en toda
España funcionan, me parece que es una muestra bastante poco
representativa en términos estadísticos. En tercer lugar, yo le
preguntaría qué van a aconsejar ustedes a los ciudadanos, que salgan
el día 31 o que se queden en sus casas. Yo sé que es una cuestión
difícil, pero ¿les van a aconsejar que hagan acopio de dinero, con
todo lo que ello implica de provocar una avalancha de ciudadanos en
los cajeros? Estas son las decisiones que tiene que tomar un
Gobierno. Para eso están ustedes, para tomar decisiones y para asumir
responsabilidades. En caso de que haya problemas con el suministro
eléctrico, con el suministro de energía, ¿se va a facilitar a los
ciudadanos a nivel comunidad y provincial unos telefonos a los que
llamar para poder informarse de esos fallos y pedir soluciones? Ante
un fallo que se produzca en un hospital, ¿van a saber a qué otro
sitio dirigirse?
Hay un problema que nos preocupa a todos, que es el relativo a la
seguridad. Una situación como ésta, puede provocar escenas de pánico
y crear un entorno -digámoslo así- favorable a la delincuencia.
¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad? Existe el riesgo de que
haya personas que intenten aprovechar este clima de incertidumbre
para su propio beneficio. ¿Qué medias de seguridad se han tomado?
¿Cuál va a ser el despliegue de las fuerzas de seguridad? En el Reino
Unido, por ejemplo, los planes de contingencia prevén incluso la
movilización de las Fuerzas Armadas. ¿Se va a llegar aquí a ese
extremo, más allá de lo que usted ha dicho de los hospitales
militares?
Aunque el efecto 2000 empieza después del 31 de diciembre, ha habido
ya una serie de contingencias, puesto que hay programas que están
regulados de tal manera que han empezado a realizar operaciones que
afectan ya al 2000, habiéndose demostrado la existencia de fallos.
Sin ir más lejos, el 9 de noviembre de 1999 era una fecha que algunos
sistemas informáticos reconocían como de ausencia de información. Yo
quería preguntarle qué experiencia tenemos al día de hoy, si esos
sistemas han demostrado la existencia de fallos.
Habla usted de los sectores básicos y yo querría hacerle algunos
comentarios. ¿Está garantizado el funcionamiento del gasoducto que
procede del Magreb? Estamos hablando de los problemas del efecto 2000
en un mundo globalizado. En el caso del suministro de agua, los
informes internacionales que hay sobre España, por ejemplo que el que
publica el Gobierno británico, el Foreign Office -y son
fuentes del propio Gobierno español -, hablan de que existe poca
información, de que la información que se tiene -y usted ha hecho
alguna referencia - cubre sólo las poblaciones de más de 20.000
habitantes y de que el 51 por ciento de las empresas todavía hace
escasamente tres meses no tenía planes de contingencia y sólo el 75
por ciento tenía identificado el problema. Supongo que eso se ha
mejorado pero no sé si estamos ya en el cien por cien.
En el caso del agua y vertidos, los riesgos medioambientales son una
de las peores consecuencias posibles derivadas del efecto 2000. Ya se
han producido en algún país vertidos como consecuencia de fallos en
los sistemas informáticos. Aquí no se trata solamente de que esto sea
competencia de las comunidades autónomas, de la Administración del
Estado o de los municipios -estoy pensando en las depuradoras de los
municipios-, sino de qué grado de certidumbre o de incertidumbre
existe sobre el funcionamiento de estos sistemas.
En lo relativo a los transportes, ha hablado usted de los
aeropuertos. Hay informes muy recientes del departamento de
transportes de Estados Unidos, que decía que los aeropuertos de
Zaragoza, Barcelona y Madrid no estaban totalmente en condiciones de
afrontar el efecto 2000, lo cual fue reconocido por AENA hace unas
pocas semanas. En el caso de Renfe, se nos dice que el 5 por ciento
de los sistemas integrados esta todavía pendiente de revisión.
El sector salud es, sin duda, uno de los sectores críticos pero, al
mismo tiempo, los ciudadanos perciben ahí los riesgos para su propia
salud, paradójicamente. Es el sitio donde se les atiende y donde se
les cura pero, al mismo tiempo, es el lugar donde un fallo en un
aparato que pueda provocar daños físicos al paciente crea una mayor
preocupación. Da la sensación de que el Insalud ha tomado medidas
-usted las ha señalado -, pero el hecho de que haya decidido acumular
reservas para 15 días indica que la dimensión de los posibles
problemas es grande. La misma preocupación nos surge en cuanto a los
sistemas de salud que han sido transferidos, porque no sé si existen
garantías equivalentes. En el caso de la asistencia privada, nos
preocupa enormemente que sólo uno de los grandes grupos haya dado una
certificación. Y eso me lleva a otra cuestión que quería plantear.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Concluyo, señor presidente.
Eso me lleva a otra cuestión que quería plantearle. ¿El Gobierno
tiene intención de ejercer acciones en el caso de empresas, en estos
sectores críticos, que hayan suministrado una información que luego
no se corresponde con la realidad, o en el caso de aquellas empresas
que no han suministrado la información? ¿Saben los ciudadanos, ante
cualquier perjuicio que se les ocasione, si van a estar protegidos?
Porque las compañías de seguros se han negado a asegurar contra el
efecto 2000.
Me pide el señor presidente que vaya abreviando, pero querría hacerle
una pregunta. Todo indica que va a existir, o que existe ya, una
especie de célula de crisis para el efecto 2000, ¿qué autoridad va a
dirigir, va a ser responsable de
esa célula de crisis? ¿Cuál va a ser el rostro que veremos el 31 de
diciembre o el 1 de enero para dar respuesta a los ciudadanos?
Habla usted de las pymes. Se nos dijo aquí que el Gobierno iba a
poner 25.000 millones de pesetas a disposición de las pymes.
¿Realmente han recibido los 25.000 millones de pesetas para paliar
las consecuencias del efecto 2000 o han sido para otras cosas y sólo
una parte se ha dedicado a esto?
En definitiva, entiendo que la Administración está bastante
satisfecha. En principio le doy crédito a sus palabras, aunque nos
preocupa la incertidumbre o el desconocimiento que hay, así como el
riesgo de que se produzcan situaciones de pánico en los ciudadanos,
porque una opinión pública poco informada tiende fácilmente al
pánico. Nos preocupan muy especialmente las consecuencias de la
globalización, la interdependencia de nuestras empresas, los posibles
desabastecimientos como consecuencia de que algunas empresas, por su
dependencia de empresas de otros países, se puedan encontrar
desabastecidas.
No ha dicho usted si Iberia va a volar, si va a mantener todos sus
vuelos el 31 de diciembre, pero yo entiendo que con todo esto, al
final, lo que va a ocurrir es que no va a encontrar pasajeros para
sus vuelos y que tendrá que cancelarlos por falta de pasajeros, pero
sería bueno que lo dijera usted.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo parlamentario quiere comenzar
agradeciendo la información pormenorizada y detallada del secretario
de Estado de Administraciones Públicas, don Ignacio González. Debo
destacar que esta información no es la primera, ni mucho menos. El
Gobierno ha venido desarrollando un amplísimo programa de
comparecencias -a petición propia o de los diferentes grupos
parlamentarios- ante esta Cámara, el Senado y otras instancias en lo
que entendemos que es un importante esfuerzo colectivo de todos los
departamentos ministeriales y del conjunto de las administraciones
públicas, en orden a concienciar, asesorar e informar, como bien ha
dicho el secretario de Estado, en primer instancia, y después en
hacer un seguimiento pormenorizado del grado de cumplimiento de esas
exigencias ineludibles ante las que se enfrentan los sectores público
y privado.
Estas acciones que ha detallado hoy, y otras muchas que por razones
de tiempo no hemos podido conocer, están dirigidas a minimizar los
efectos de este tan traído y llevado efecto 2000, y apenas nos quedan
37 días para culminar estos esfuerzos. Este efecto 2000 sigue siendo
en gran medida una incógnita y un gran reto. Una incógnita porque
nadie puede asegurar, ni en España ni en ningún país, que todas las
medidas ya tomadas, o por tomar, serán suficientes para eliminar las
perturbaciones que puedan producirse. Y un reto, evidentemente,
porque se considera como el mayor reto administrativo con el que se
han tenido que enfrentar las administraciones públicas a nivel
mundial.
De sus palabras mi grupo extrae, al menos, una primera conclusión
tranquilizadora. En el ámbito de las administraciones públicas el
resumen que el secretario de Estado nos
ha hecho sobre el grado de adaptación de la Administración general
del Estado es, cuando menos, tranquilizador, por no decir que es
realmente positivo en términos muy generales. Con un análisis del
impacto del cien por cien, con un grado de conversión de los equipos
que pudieran estar afectados de un 95 por ciento, y con ese 5 por
ciento restante en un curso muy avanzado, con unas pruebas realizadas
de los sistemas críticos que superan el 80 por ciento, y, en
definitiva, con una consideración general de que estos sistemas
críticos están perfectamente dispuestos para afrontar el efecto 2000
en un porcentaje del 99 por ciento.
Sería muy difícil encontrar en otros países una referencia tan
relevante, desde el punto de vista de la adaptación de la
Administración general del Estado, como la que tenemos en nuestro
país, y de un coste estimado que se valora en 30.000 millones de
pesetas. Este Gobierno ha sido transparente también en esa
información, que no todos los países brindan, ni muchísimo menos. En
ese sentido, no creo que sea objeto de crítica el hecho de que el
propio Gobierno haya sido capaz de ir incrementando, conforme iba
pasando el tiempo, su propia consideración de las necesidades
económicas necesarias para afrontar este problema. Lejos de ser una
crítica, es más bien un motivo de reconocimiento y de satisfacción.
No se están escatimando esfuerzos para adaptarnos a esta cuestión.
Otro tema igualmente relevante es lo que están haciendo otras
administraciones, en este caso las comunidades autónomas y las
corporaciones locales. En aras a considerar este problema no como un
motivo de confrontación política sino como una aproximación de la
sociedad en su conjunto, puesto que es un reto de toda la sociedad,
el secretario de Estado ha sido extremadamente respetuoso en relación
con el nivel de respuesta que unas comunidades y otras han tenido en
esta materia. Resultaría enormemente significativo conocer la
adscripción política de aquellas comunidades que no han respondido o
de las que no se tiene información relevante en cuestiones tan
importantes como los servicios sanitarios. He intentado por todos los
medios acceder a información sobre esta cuestión en las páginas de
Internet de las propias administraciones públicas, en las que hay
información sobre el grado de adaptación de la Comunidad Autónoma de
Galicia, de la Comunidad Autónoma de Valencia o de la Generalitat de
Cataluña, comunidades muy importantes con servicios sanitarios
transferidos de enorme relevancia económica y social. No he podido
encontrar los de comunidades gobernadas por otros grupos políticos
que, por lo visto, consideran muy relevante la actuación de otros,
pero no la de ellos mismos en esta cuestión.
No sabemos si el objetivo es estar preparados -de su explicación aquí
podemos deducir que estamos francamente preparados - o si se trata de
entablar una carrera para ver cuándo había que estar preparados.
Creemos que el objetivo de este debate social y político es que
España esté preparada el 31 de diciembre, ni tres meses antes ni ocho
meses antes, porque eso no aporta ningún valor añadido a esta
cuestión, en todo caso podría haber generado una serie de
desenfrenadas actuaciones muy poco relevantes.
El Gobierno, ha abordado este asunto con enorme amplitud y ha asumido
su responsabilidad, no en función de demandas o de contactos
internacionales, y mucho
menos por los planteamientos de una oposición que va de efecto en
efecto para ver dónde encuentra resquicios de oposición. Simplemente
quiero recordar que los compromisos sobre esta materia se efectuaron
con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España. Parece ser
que el efecto 2000 no existía antes de marzo de 1996, pese a que
venía siendo anunciado, como mínimo, desde principios de la década de
los noventa.
Ya dijimos en debates anteriores sobre esta cuestión que conforme se
fuera acercando el momento se irían incrementando y potenciando las
iniciativas y las actuaciones. No podía ser de otra manera, dada
precisamente la dimensión y la extensión de esta problemática a toda
la sociedad. Mi grupo parlamentario no puede por menos que valorar
que el esfuerzo que se ha hecho ha sido importante y que se ha
abordado de forma completa, equilibrada y proporcionada. De forma
completa, porque las actuaciones no se han limitado a sectores de
gran impacto tecnoinformático, sino que el despliegue ha llegado a
las pequeñas empresas, a los consumidores finales y está llegando en
este momento a los hogares familiares. Ayer, venía de una provincia
de España en avión y pude encontrar en los medios de comunicación
escritos información amplia sobre el efecto 2000, en la televisión
una campaña de sensibilización sobre sus consecuencias y en el propio
aeropuerto de Barajas numerosas banderolas concienciando sobre el
efecto 2000 en las pequeñas empresas. Creo que ha sido un esfuerzo de
toda la sociedad, que no se ha limitado sólo a áreas de gran
presencia institucional, como la Agencia Tributaria o la Seguridad
Social, que son áreas de responsabilidad pública, sino a sectores de
iniciativa privada de enorme interés general que usted ha citado hoy,
como el agua, la electricidad o las telecomunicaciones. Es la manera
adecuada y equilibrada de enfrentarse con este problema, señorías.
Cuando se hacen acusaciones de una respuesta tardía, habría que ver
cuál ha sido la respuesta de la propia oposición. Para respuesta
tardía la de la propia oposición. El jueves pasado, en la Comisión de
Sanidad y Consumo de este Congreso, el Grupo Socialista presentaba
una iniciativa para que el Gobierno se dirigiera a 17 millones de
familias españolas, enviándoles una documentación personalizada. Eso,
prácticamente a treinta días de finalizar el tiempo que tenemos para
trabajar sobre esta cuestión. No parece que la oposición haya sido
especialmente avanzada en este tipo de propuestas.
Se nos dice que el Gobierno tiene que explicar a los ciudadanos que
no tienen que hacer acopio de leña, ni de medios económicos. Se habla
de escenas de pánico, de posibilidad de delincuencia y se nos
presenta un escenario que es precisamente el contrario del que un
Gobierno responsable tiene que trasladar a los ciudadanos. Lo único
que no se nos ha dicho ha sido algo que aparecía en los medios de
comunicación estos días: que corremos el riesgo de importantes
suicidios colectivos derivados del milenarismo que genera este efecto
2000. Es probable que antes de finalizar el año el Grupo Socialista
también nos advierta sobre esta cuestión. Piden que alguien asuma el
gesto, la expresión, el físico del Gobierno sobre esta cuestión. Yo
pido que no lo haga, porque después nos van a acusar de consumir
tiempo en los medios de comunicación públicos.
Entiendo que su manera de abordar esta problemática es mucho más
eficaz.
Señorías, cada país ha de aplicar sus propias soluciones de acuerdo
con las circunstancias, con los recursos y con las especificidades
particulares a este respecto. Hay sectores en nuestro país
extremadamente sensibles, como el sector turístico, en el que se han
hecho enormes esfuerzos y en el que las compañías de transportes, las
compañías hoteleras y las empresas que trabajan en este sector están
siendo punteras en estas cuestiones. Es el momento de destacarlo
aquí, no hacer visiones catastrofistas, sino utilizar esta Comisión
para reconocer el esfuerzo que se está haciendo y para insistir a la
sociedad española en que en estos escasos 37 días que nos quedan
todavía es posible hacer algo más. Sin duda, esa es la posición del
Gobierno.
Estimaciones oficiales, como la del Consejo de la Presidencia de
Estados Unidos sobre la conversión para el año 2000, hablan de una
posibilidad real de fallo de menos del 2 por ciento de los
microcircuitos existentes, un bajo porcentaje para la inmensa
extensión de estos procesos. El problema es que no hay manera de
saber cuál es el que puede fallar sin revisar uno a uno y,
francamente, señor secretario de Estado, nadie puede permitirse el
lujo de no efectuar esta revisión. Sobre esto es sobre lo que hay que
insistir en estos momentos. No hay que hablar de hacer acopio de leña
o de recursos económicos, hay que pedir a todas las instituciones y a
todas las pequeñas y medianas empresas que no minimicen esta
problemática y dediquen los recursos materiales y humanos necesarios
para solventar esta cuestión. No es un problema de adscripción
ilimitada de recursos públicos, no se trata de generar un psicosis de
catástrofe que puede resultar contraproducente, sino de administrar
los riesgos mediante esa fase de seguimiento e información -creo que
culminada de forma importante - y de establecer prioridades respecto
a sectores cuyo buen funcionamiento es imperativo. Mi grupo
parlamentario piensa que en el ámbito de la sanidad, en el que quiero
incidir no por deformación profesional, es importante trasladar a los
ciudadanos una sensación de tranquilidad y de que se están tomando
todas las decisiones oportunas y necesarias sobre esta cuestión. En
el caso concreto de la sanidad, quiero resaltar el enorme esfuerzo
que los propios funcionarios y profesionales sanitarios ya están
haciendo para que ni problemas de retribuciones económicas, ni
problemas de guardias, ni problemas de carácter sindical puedan
entorpecer una adecuada asistencia de calidad a los ciudadanos en esa
noche.
Por último, hay que poner en marcha planes de contingencia para
minimizar daños si hay fallos. Me gustaría destacar que esos planes
de contingencia pueden y deben ser extendidos en el tiempo. No deben
limitarse solamente a los primeros momentos, horas o días del año
2000, sino que deben extenderse, en la medida de lo posible, a las
primeras semanas para que no quede ninguna duda de la posibilidad de
respuesta eficaz de nuestras administraciones. Nuestra consideración
global es positiva.
Querría finalizar mi intervención haciendo una referencia a algo que
es importante destacar en el conjunto de las actuaciones que se han
realizado: es el esfuerzo de información a los consumidores y a los
usuarios. Son muy extensas las iniciativas que se han tomado sobre
esta cuestión
en los últimos meses en lo que hace referencia no solamente
a servicios a través de Internet o de envíos personales, utilizando la
Agencia Tributaria o las propias compañías eléctricas, que ha sido
una aportación muy importante, y todas las que se van a seguir
desarrollando mediante esta campaña de sensibilización que se está
haciendo a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Sí, señor presidente.
Esto junto con otros aspectos, como el esfuerzo por adaptar nuestra
normativa a favor de la transparencia y de la información, o el
arbitraje de un procedimiento sancionador para aquellas empresas que
no suministran información cuando se les haya solicitado, configuran
un escenario, como digo, de realismo, pero al mismo tiempo de
confianza en que la respuesta de nuestro país va a ser positiva.
En este sentido, les animo a seguir desarrollando cuantas iniciativas
sean posibles en el escaso tiempo que nos queda y, en todo caso, les
ofrezco el respaldo de mi grupo parlamentario a la actuación de la
Administración general del Estado, que ha estado marcada por la
sensatez, por el equilibrio y por la coherencia.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señor Estrella, si me permite, le voy a
contestar, en primer lugar, a las cuestiones generales de la ley y,
en segundo lugar, me voy a centrar en lo particular.
Quiero empezar diciéndole que me preocupa -yo al menos no lo
comparto- que S.S. pretenda situar el efecto 2000 en el centro de un
problema político, porque no lo es, y creo que es un mal camino
pretender hacer eso. Este es un problema fundamentalmente técnico,
cuyo ámbito de incidencia está más fuera que dentro del sector
público. Conviene que tengamos eso en cuenta para saber dónde llegan
las actuaciones y responsabilidades del sector público, y dónde están
las actuaciones del resto de los sectores y la responsabilidad del
sector privado.
En segundo lugar, no se nos puede acusar con rigor de falta de
transparencia, porque desde el primer momento, precisamente porque el
sector privado es el más afectado, todas nuestras actuaciones han
sido absolutamente transparentes, no solamente en los medios de
comunicación sino a través de la creación de una página específica en
Internet, en donde nosotros publicamos puntualmente todas las
encuestas, los informes y todo el estado de situación. Lo hemos hecho
cada tres meses hasta el verano, mes a mes, como no puede ser de otra
manera porque nuestros compromisos internacionales nos obligan a
remitir información puntual a todos esos organismos. Precisamente, es
esa información transparente la que sitúa a España en un estado de
adaptación en las valoraciones internacionales tan buena. Si no
hubiera habido esa transparencia eso no hubiera sido así. Le aseguro
que transparencia, absoluta; más,imposible, entre otras cosas porque,
como vuelvo a decirle,
no es un problema político sino, fundamentalmente, técnico y el mayor
grueso se sitúa fuera del sector público.
No puedo estar más de acuerdo con la intervención del señor Burgos en
cuanto a que, no siendo un problema político, entrar en
consideraciones sobre tiempos e iniciativas, no tiene ningún sentido.
Yo le podría poner algún ejemplo -no he querido hacer referencia al
pasado para que no nos acusen de estar siempre volviendo a hacer
oposición de la oposición- de cuál es el estado en el que nos
encontramos algunos sistemas y en qué se ha trabajado en este
problema hasta el año 1996, porque creo que eso no conduce a nada. Es
mucho más importante que valoremos los esfuerzos que entre todos
tenemos que realizar para preparar a nuestro país frente a esta
situación. Quiero decirle que nosotros no hemos empezado a trabajar
en ello desde hace un año y medio. Ya le he explicado que nada más
llegar al Gobierno, empezamos a revisar los equipos informáticos más
importantes de la Administración general del Estado, y que esa tarea
nos fue abriendo el camino para ir tomando las medidas posteriores.
Ha sido esa tarea posterior la que nos ha ido descubriendo nuevas
necesidades de acción que han ido modificando a su vez las
necesidades de inversión económica. Por eso, las previsiones se han
ido modificando en razón de cómo se han ido produciendo esas
necesidades. El Gobierno ha sido responsable en eso y ha ido
incorporando todos los recursos que han sido precisos para ir
reconvirtiendo nuestros equipos, sustituyendo equipos, contratar
auditorías externas, contratar expertos, hacer fueros de debate,
hacer información, etcétera. Le aseguro que no se ha escatimado, ni
se va a escatimar como es lógico, ningún recurso que sea necesario
para conseguir el estado de adaptación suficiente de nuestros
equipos.
La situación, hoy por hoy, refleja una realidad incontestable. El
Gobierno ha venido desarrollando en el proceso de adaptación una
tarea de información exhaustiva hacia los medios de comunicación,
hacia la sociedad y hacia los sectores especializados. Además, el
Gobierno ha elaborado una política de prevención lo suficientemente
ajustada como para que hoy nuestra calificación internacional - como
he tenido oportunidad de leer-, por el Gobierno de los Estados Unidos
sea positiva.
En cuanto a los planes de contingencia que usted dice que hemos
incumplido, no es que no los hayamos incumplido, sino que lo hemos
decidido unilateralmente dentro del seno del Consejo de Ministros
como consecuencia de los trabajos que veníamos desarrollando, porque
los acuerdos que adoptamos inicialmente no preveían la elaboración de
planes de contingencia, sólo la elaboración de equipos de emergencia.
Nosotros hemos considerado necesario introducir planes de
contingencia para que, pese al esfuerzo que estamos haciendo de
adaptación, tuviésemos los mecanismos de respuesta suficientemente
ágiles para cualquier incidencia en el caso de que se produjera, y
eso ha sido una consecuencia del esfuerzo y el trabajo que hemos
desarrollado. No es nada que nos haya venido de fuera ni que se nos
haya ocurrido de repente por generación espontánea. Insisto, no
solamente no hemos incumplido los plazos, es que hemos caminado más
allá de todas las medidas que inicialmente están previstas, igual que
hemos seguido caminando en estos meses para incorporar todas las
tareas necesarias para que nuestra adaptación sea la mejor posible.
Me pregunta usted cuál es su coste estimado en el ámbito
español. Como sabe usted, no en España sino en todo el mundo, las
valoraciones no coinciden, son muy complejas porque, vuelvo a
decirle, que aquí están implicados muchos sectores, hay mucha
interconexión y es difícil, pero las estimaciones que se manejan en
España oscilan entre los 600.000 millones de pesetas y el billón de
pesetas. Es una cifra que corresponde un poco a los términos en los
que se hacen estas evaluaciones, igual que se están haciendo en otros
países. También en ámbitos internacionales se han manejado cifras de
cuánto va a costar el efecto 2000. Puede usted leer 3 billones, 6
billones, etcétera y realmente es difícil precisar cuál es el coste
exacto, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, de
lo que cuesta este servicio.
Desde el punto de vista de la información a los ciudadanos, de la
incertidumbre, de los consejos, etcétera, a lo que usted se refería,
debo decirle que nosotros desde antes del verano iniciamos una
campaña de información no solamente a través de foros, de debates,
del Instituto Nacional de Consumo, de las pequeñas y medianas
empresas, sino que hemos hecho una campaña de información en
colaboración con las televisiones públicas, a las que quiero
agradecer una vez más su colaboración en este asunto, con una
importante campaña de información a través de spot publicitarios que
han venido produciéndose desde antes del verano, que siguen en la
actualidad y gracias a ellos la hemos podido realizar, prácticamente
con un coste muy bajo y con la colaboración directa de esos medios de
comunicación. También lo hemos hecho en radio y lo seguiremos
reforzando de aquí a final del año. Pero además, como le decía, toda
nuestra información -la nuestra, la de otros países, la de todas las
instituciones- está al servicio de los ciudadanos en la página de
Internet y puede usted acceder a cualquier informe, a cualquier
pregunta, a cualquier cuestión. No hay ocultación de ninguna
información, le repito, porque no tenemos en esta cuestión otro
interés que no sea corregir y adaptar a nuestro país en las mejores
condiciones. Las tiene usted a su disposición, todos los días
actualizadas puntualmente, y si quiere usted en este mismo momento
puede entrar y tener datos de costes, de personas trabajan, de
estados de situación, de sistemas críticos, sector por sector. Esta
información, déjeme que le diga, no creo que sea tan exhaustiva en el
ámbito de otros países, en los que, desgraciadamente, no tenemos
acceso a tanta información como ellos tienen a la información que
nosotros tenemos. Si usted entra en nuestra página web verá que
incluso le informamos de los porcentajes de consultas que
corresponden a otros países sobre los datos de adaptación de España y
le sorprenderá que la contestación que damos, por ejemplo, es
mayoritaria a toda la información que se nos solicita de los Estados
Unidos, y curiosamente en México después, y en otros muchos países
que consultan toda esa información que se genera tanto del sector
público como del sector privado.
Los consejos que hemos dado a los ciudadanos los venimos dando
sistemáticamente. Estamos en un proceso de adaptación lo
suficientemente avanzado como para que no haya que dar ningún mensaje
alarmista. Yo no sé si usted pretende dar un mensaje alarmista o
tranquilizador, pero desu intervención me ha parecido que es
incongruente que
nos acuse usted de oscurantismo y luego nos diga que tenemos que
decir a la gente que acopie cosas, que haga no sé qué. Nosotros lo
que le hemos dicho a la gente es que estamos trabajando para
adaptarnos, que estamos en un alto grado de adaptación y que no
esperamos ninguna incidencia especial en la noche del tránsito y que
esa noche pretendemos que sea una noche igual que cualquier otra,
pero con un dispositivo preparado para reforzar las acciones que
hayan de emprenderse si se produjera cualquier incidencia. Ese es
nuestro mensaje a la sociedad desde el primer momento. Estamos
trabajando, estamos en un grado de adaptación suficientemente alto y
no prevemos ningún tipo de incidencia, pero si ocurriese alguna
incidencia, esté usted tranquilo, tenemos un dispositivo de reacción
lo suficientemente amplio como para prevenir que esas incidencias se
atajen en el menor tiempo posible, y eso en todos los sectores
esenciales: en la sanidad, en el transporte, en los abastecimientos,
en las telecomunicaciones, etcétera. ¿Se pueden producir fallos?
Claro que se pueden producir fallos, usted mismo lo ha reconocido y
se reconoce en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque es muy
difícil, como he dicho al principio, que alguien garantice al cien
por cien que todos los sistemas informáticos, que todos los sistemas
empotrados, que todos los equipos operativos funcionen correctamente.
Por lo tanto, se puede producir un fallo. Es más, le diré que se
producirán fallos, fallos que no se deban al efecto 2000, y habrá
tentación de echarle la culpa al efecto 2000; es un tema muy
recurrente en esas fechas para que si se produce cualquier
circunstancia se pueda producir algún fallo. En ese sentido, si me
permite la anécdota, una de las preocupaciones, por ejemplo, de la
presentación de las acciones que se han tomado en el ámbito de las
telecomunicaciones que está perfectamente adaptado es que esa noche
-y por experiencia todo el mundo lo sabe- los teléfonos se colapsan y
se colapsan porque hay un aluvión de llamadas, no porque no esté la
red preparada porque tenga algún fallo de funcionamiento. Hasta ese
tipo de circunstancias se pueden producir y no tienen nada que ver
con el efecto 2000 y se podrán producir otras incidencias que no
tienen nada que ver. Desde el punto de vista del efecto 2000, las
acciones que nosotros hemos realizado y que vamos a seguir realizando
de aquí a final de año nos permiten decir, insisto, que nuestro país
está en un grado de adaptación lo suficientemente amplio como para no
prever grandes incidencias.
Me plantea usted una cuestión a la que no me he referido
especialmente, pero yo pensé que S.S. tenía información porque ha
salido en los medios de comunicación reiteradamente, que es el plan
de seguridad. La seguridad pública es también un sector estratégico
de los planes de contingencias que se incorporan al Plan nacional
marco y ha sido debatido en los medios de comunicación recientemente
cuál es el volumen de efectivos de la Policía, de la Guardia Civil,
etcétera, que tienen que estar esa noche, si se les va a pagar o no,
si se les va a compensar con un día o no; el operativo está dispuesto
y lo está precisamente para colaborar en las tareas que sea preciso
realizar y si se produjese alguna indicencia. Tenemos un plan de
seguridad que forma parte de ese Plan de contingencia marco nacional.
Y le repito que está en los medios de comunicación, es absolutamente
transparente.Lo que no vamos a decir en los
medios de comunicación es que se pueden producir robos, atracos,
asaltos a los bancos porque están cargados de dinero, porque la gente
haga acopios, etcétera. Le aseguro que eso no lo vamos a decir porque
no es necesario, ni hay ningún temor, ni ninguna incidencia de que
esa circunstancia se produzca. Sí es cierto que nosotros hemos
exigido a las entidades financieras, para garantizar que no se
produzca ningún tipo de incidencia como consecuencia de que se decida
a nivel europeo el cierre de los bancos el día 31, que garanticen que
los sistemas de pago alternativo funcionan y los sistemas de obtener
dinero funcionan y uno son los cajeros. A usted le parece muy poco
tres. Tres es la prueba pública que hemos hecho, pero las redes de
cajeros se están testeando sistemáticamente por parte de las
entidades financieras. Pero si a usted le parece poco tres públicas,
a mí me parece muy bien, pero le vuelvo a decir que se están
testeando sistemáticamente las redes de cajeros, se están testeando
sistemáticamente las tarjetas, de las cuales se han hecho pruebas ya
en dos ocasiones. En definitiva, lo que estamos haciendo es un amplio
campo de prueba.
Dice usted que hemos incumplido las pruebas. Me he referido
sistemáticamente a las pruebas. Las pruebas son pruebas y como tal
significa que se ponen los equipos en el año 2000 y funcionan. Luego
si funcionan es porque se ha hecho el análisis de impacto, que se ha
sustituido el equipo, que se ha convertido, que se ha hecho la
adaptación que se precise, que el señor que lo maneja lo sabe manejar
y que funciona y, si no funciona, se plantea la acción alternativa
para su sustitución. Esa es la prueba, y se han hecho pruebas en
todos los servicios esenciales. Se ha hecho prueba en AENA. Dice
usted que hay un informe de los Estados Unidos referido a los
aeropuertos de Madrid, Zaragoza y Barcelona. Sí, hay un informe
reciente que han publicado algunos medios de comunicación que se
refiere a algunos sistemas operativos de estos aeropuertos pero no a
los sistemas de navegación. Los sistemas de navegación, le vuelvo
a decir, se han probado ya en tres ocasiones e integrado de vuelo y
tierra en una, en la que yo he tenido la oportunidad de asistir en
Sevilla, con un avión despegando a las 11,45 del día 31 de diciembre
y aterrizando a la una de la mañana del día 1, con todos los sistemas
de navegación puestos en fecha 31, tanto los de tierra como los de
aire. Y allí había representantes de IATA y la valoración de IATA en
estos momentos es que aquello está bien. ¿Se puede producir un fallo?
Estoy seguro que se puede producir algún fallo, pero las pruebas se
han hecho y han dado positivas. ¿Fechas críticas anteriores? Me
alegro que me lo pregunte, porque recuerdo que cuando iba a llegar el
9-9-99, que todo el mundo decía que aquello iba a ser la prueba de
fuego para el efecto 2000, nosotros ya estábamos trabajando desde
hace tiempo. ¿Sabe lo que ha pasado el 9-9-99? Afortunadamente nada.
Reconocerá usted que algo habremos hecho de trabajo de prevención en
este tiempo para que, llegado el 9-9-99, no haya pasado nada. Será
que hemos previsto suficientemente que los equipos en esa fecha no
fallen. O a lo mejor es que también se ha debido a otras iniciativas
anteriores, que desconozco, que ya habían previsto que el 9-9-99 no
fallase. Es más, no sólo estamos trabajando en el 1 de enero. Porque,
como S.S. sabe, hay una fecha crítica el año que viene, el 29 de
febrero, porque es bisiesto, y se están haciendo pruebas, porque es
un problema que
también se puede producir en todos los equipos. Pero hubo una fecha
previa al 9-9-99, que fue en mes de agosto, para todos los sistemas
de navegación de los GPS. ¿Sabe lo que paso? Afortunadamente nada.
¿Eso quiere decir que el 1 de enero no va a pasar nada? No se lo
puedo decir. Desgraciadamente no tengo esa capacidad. Me gustaría
tenerla y decirle que no va a pasar, pero no la tengo. Lo que sí le
digo es que hemos trabajado para que, en la medida de lo posible, el
1 de enero no pase nada.
Me pregunta por el gaseoducto. Ya se lo he explicado antes, pero se
lo vuelvo a decir. El gaseoducto está adaptado y funciona. Es el
típico ejemplo de suministro energético de ámbito internacional que
no sólo está supervisado por España, sino por los organismos
internacionales. Hay un grupo de alto nivel en la Unión Europea que
se encarga de la supervisión y seguimiento de la adaptación de las
redes de intercomunicación entre los países. Según la declaración de
este organismo internacional, ese gaseoducto está conforme Por otra
parte, dentro de los planes de contingencia que se han presentado
públicamente, que comprendo que son complejos y difíciles de digerir
para alguien que es un profano en la materia, dicen que en materia de
suministros energéticos se van a producir stock, tanto de gas como de
petróleos, y vamos a tener reservas entre 15 y 30 días. Por lo tanto,
aun suponiendo que se produjese algún fallo, y para eso está el plan
de contingencias, se prevé esa alternativa. Es decir, suponiendo que
se produjese algún fallo en el gaseoducto, tendríamos reservas según
dice Gas Natural para abastecer a la población durante 30 días. En
definitiva, las tareas que hemos desarrollado son exhaustivas,
amplias, complicadas, las vamos a seguir desarrollando en los
próximos días y vamos a tratar, en la medida de lo posible, que se
sigan minimizando las incidencias que se deriven de un mal
funcionamiento de estos equipos.
Me planteaba dos cuestiones concretas. Una, el asunto de las pymes.
Los 25.000 millones de pymes es un plan global de apoyo a las pymes.
No son 25.000 millones para la adaptación al efecto 2000. De ese
dinero hay una parte que puede ir a financiar a las pymes para su
adaptación. Podrían llegar a ser los 25.000 millones. No es que
nosotros demos 25.000 millones para lo que queramos, es que ponemos
25.000 millones al servicio de una serie de iniciativas, entre las
que está ésta, para que la PYME pida. Si todas las pymes pidieran,
serían 25.000 millones.
Por último, ¿quién es el responsable de la adaptación al efecto 2000?
¿Quien tiene que poner la cara ? Todos, porque es un problema de
todos, no es un problema exclusivamente de nadie. El Gobierno ha
creado sus equipos, tiene sus infraestructuras, las otras
administraciones territoriales tendrán las suyas, las empresas tienen
las suyas dentro de sus ámbitos de gestión, todas tienen sus comités
de emergencia, al frente de ellos tienen responsables de esta materia
y el Estado hace exactamente lo mismo.¿Quién va a coordinar, si es
eso lo que pregunta, el Plan nacional marco? La Dirección General de
Protección Civil, como es lógico.
En cuanto a los vertidos, es una de las cuestiones que nos
preocupaba, especialmente el tema del agua y del saneamiento. El
Ministerio de Medio Ambiente está haciendo acciones directas con los
ayuntamientos y comunidades
autónomas , como le he explicado, pero también a través de los
responsables de protección civil de las comunidades autónomas en
colaboración con la Dirección General de Protección Civil del
Ministerio del Interior, se están manteniendo conversaciones y
contactos para, no sólo en esto sino también en las industrias
peligrosas y contaminantes, a las que me he referido, tener un
seguimiento un poco más exhaustivo de esa situación. Aunque a usted
no le guste, debemos situar la responsabilidad en quien la tenga. Y
las comunidades autónomas la tendrán en aquellas cuestiones que son
propias de sus competencias. Nosotros lo único que podemos hacer es
ayudarles y asistirles, pero no invadir competencias.
Respecto al señor Burgos, le agradezco su intervención y coincido con
su planteamiento general. Respecto a la extensión de los planes de
contingencia lo que hemos elaborado es un plan marco mínimo de fechas
que empieza en una fase operativa que en algunos servicios está ya y
que llegará hasta el 31. Posteriormente, en algunos servicios vamos a
llegar hasta el 7 ó el 8 de enero. La Oficina de transición al efecto
2000 va a estar operativa hasta el 31 de marzo, con el fin de que
cualquier posible situación que se pudiese arrastrar como
consecuencia del tránsito pueda ser abordada por parte de esa Oficina
y por los dispositivos que haya tenido que preparar a lo largo de
estas fechas.
Muchas gracias. (El Señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, sólo puedo concederle un turno
excepcional para formular alguna pregunta o pedir alguna aclaración
escueta.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Para tres precisiones, señor presidente.
Señor secretario de Estado, puede que me haya explicado mal, pero si
mira los diarios de sesiones, verá que he venido a decir lo mismo que
dije a lo largo de otras comparecencias sobre este tema. He dicho que
este era un problema de todos. Por eso el Grupo Socialista tomó la
iniciativa de plantear una proposición no de ley, que fue aprobada
unánimemente, bastante antes de que el Gobierno se decidiera
a afrontar el problema, pidiéndole que hiciera justamente lo que se
está haciendo ahora. Me congratulo, y lo he dicho en mis
intervenciones, que podrá verlas en el «Diario de Sesiones», de que
están en el camino correcto. No sé si me he expresado mal o es que en
la fecha en que estamos se acentúa el ejercicio de la oposición a la
oposición. Me da la impresión de que se trata de lo segundo. Hay un
dicho en mi pueblo que dice que preguntar no es ofender. Yo le he
hecho unas preguntas y usted dice que esas preguntas son ofensivas.
Pues, no. Saber cuál es el grado de preparación en determinados
sectores o qué autoridad va a ser responsable es normal, y para eso
ha venido usted al Parlamento. Yo no le voy a preguntar si esos
millones que se ha gastado Telefónica son equivalentes a los
beneficios de las stock options o si el efecto 2000 en Telefónica
puede provocar efectos millonarios. No he venido en ese plan, por lo
tanto, no me conteste en ese tono, porque estamos ante un problema
político. La política no es lo que ustedes entienden de la
confrontación y el ataque, la política son también los intereses
nacionales compartidos. Yo
estoy diciendo lo mismo que ha dicho el presidente de Estados Unidos
o el primer ministro británico, que esto no es sólo un problema
técnico, sino un problema político y económico porque hay que tomar
decisiones políticas y hay que movilizar a toda una sociedad para
afrontarlo. Eso se está haciendo con retraso; con acierto en la
metodología, sin duda también. Lo he reconocido y lo reconozco. No
vea catastrofismo en mi intervención. Si he utilizado la expresión
falta de transparencia, la retiro ahora mismo. Lo que sí quiero decir
es que ha habido indecisión a la hora de concienciar y movilizar a la
opinión pública. Había que haberlo hecho mucho antes. Lo pedimos
mucho antes. Va a tener un efecto limitado. En cualquier caso es
importante que los ciudadanos sepan que todo va a estar preparado y
si hay algún fallo, que alguno habrá, que sepan adónde se tienen que
dirigir.
El señor PRESIDENTE: Termine, señor Estrella, por favor.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo me limito a decirle que quien ha dicho
que el temor de los ciudadanos es el principal riesgo del efecto 2000
es un responsable del Gobierno, el director general de la Energía,
que ha dicho: El único peligro del efecto 2000 es el temor de los
ciudadanos. Eso no lo digo yo, lo dice el Gobierno. Como dice el
Gobierno que desaconseja que se celebre la fiesta en la Castellana.
Son datos que están ahí. Los ciudadanos deben conocerlo.
Por lo demás, quiero darle las gracias por su información sobre las
pymes. Se trata de 25.000 millones de la Unión Europea, de los
cuales, según el decreto que los regula, sólo una proporción reducida
se asigna a renovación tecnológica. Por tanto, tendrán que cambiar
ustedes los parámetros del decreto para que puedan ir en su caso los
25.000 millones que ustedes han pregonado que iban a ir a las pymes
para la adaptación al efecto 2000.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, tiene la palabra en los mismos
términos de brevedad.
El señor BURGOS GALLEGO: Mi grupo se reafirma en todas sus
valoraciones. Como no hemos hecho ninguna afirmación más allá de la
seriedad y de la coherencia, no tenemos tampoco que reconducir
nuestras expresiones y simplemente haré de nuevo una consideración de
carácter general.
Ni el catastrofismo ni los anuncios extemporáneos ayudarán a que este
país esté más preparado ante el efecto 2000. No se puede decir que no
estamos preparados en algunos ámbitos y, cuando en determinados
hospitales se hace acopio de material o de productos para 15 días,
por ejemplo, decir que eso implica que habrá problemas. No se pueden
hacer ese tipo de valoraciones contradictorias porque la conclusión
que puede sacar, y que saca sin duda, cualquier ciudadano es que el
efecto 2000 producirá distorsiones, problemas y alteraciones en su
vida cotidiana que no tienen por qué producirse. Esta Comisión tiene
la obligación de hacer un seguimiento de la actividad del Gobierno,
nadie lo niega, pero sobre todo tiene que ejercer su propia
responsabilidad enviando a los ciudadanos mensajes de sensatez y
de coherencia, mensajes positivos.
Según las conclusiones que nos ha trasladado el secretario de Estado,
este país está haciendo todo lo que su dimensión y sus recursos
permiten y aconsejan para afrontar correctamente el efecto 2000. En
estos 37 días que quedan, lo que hace falta es que no se pierda ni un
momento más en discusiones estériles e improductivas, sino que toda
la sociedad se ponga en marcha para minimizar esos efectos que nadie
puede asegurar a día de hoy en ningún país del mundo que no puedan
producir algún pequeño error. Esperamos que, si el 1 de enero no hay
problemas, el Grupo Parlamentario Socialista será capaz de reconocer
el esfuerzo que han hecho las administraciones y el Gobierno, y no
eluda, como en tantas otras cuestiones, su responsabilidad y, sobre
todo, no se limite a mirar para otro lado sin hacer la crítica al
Gobierno desde el lado de la valoración positiva. La crítica no tiene
por qué ser siempre negativa. En casos como éste, en que se trata de
esfuerzos colectivos, se espera que la crítica sepa reconocer también
los aciertos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para terminar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Intervendré brevemente.
Señor Estrella, me temía que me iba a acusar de hacer oposición a la
oposición y me he adelantado. En todo caso, sus preguntas, como las
de cualquiera de SS.SS., nunca me resultan ofensivas, sino todo lo
contrario; se las agradezco y se las contesto con mucho gusto lo
mejor y lo más claramente que puedo.
Le agradezco que reconozca que este es un problema de todos, eso es
fundamental. En segundo lugar, le agradezco que reconozca que estamos
en el camino correcto. Le agradezco también que retire lo de falta de
transparencia porque creo, de verdad, que lo que usted nos decía no
se ajusta a la realidad. No comparto que haya habido indecisión; le
podría señalar de manera exhaustiva toda la información que ha
aparecido sobre el efecto 2000. Tenemos una estadística que no he
querido utilizar aquí porque no quiero polemizar en exceso sobre este
asunto en el plano político; le vuelvo a decir que me preocupa más
arreglarlo que entrar en este tipo de debates. Ahora bien, el 90 por
ciento de la información que hay sobre el efecto 2000 en todos los
medios de comunicación la ha generado el Gobierno. Si usted se toma
la molestia de repasarlo, verá que es así; no digo las
administraciones, digo el Gobierno. (El señor vicepresidente, Soriano
Benítez de Lugo, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a lo que ha dicho el Gobierno, hace usted referencia a unas
declaraciones del director general de la Energía que, como siempre,
hay que situarlas en su contexto; si las saca de contexto, pueden
tener una interpretación completamente distinta. El señor director
general de la Energía no ha hecho otra cosa que reproducir lo que
vienen diciendo los responsables de las empresas energéticas. Si
usted se hubiera tomado la molestia de asistir a esa ruedade prensa
en la que el señor director general de la Energía,
acompañado de todos los miembros representativos de las empresas del
sector y de la patronal eléctrica, presentó un exhaustivo plan de
contingencias, sabría que éste dijo que lo único que podría provocar
algún problema en el funcionamiento del sistema eléctrico esa noche
es que, como consecuencia de una caída anormal de la demanda, se
podría producir un mal funcionamiento en la red; eso es lo que hizo,
reproducir la única preocupación que en ese sentido tienen los
responsables de las empresas eléctricas. Yo les rogaría que no
sacasen las frases de contexto para no dar una visión alejada o
distinta de la realidad.
- SI POR LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN NO
DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) REFERIDAA LAACTUACIÓN
DEL DELEGADO DELGOBIERNO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, APROBADA
EN COMISIÓN ELDÍA16 DE DICIEMBRE DE 1998, CONSIDERA EL GOBIERNO EL
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV). (Número de expediente 212/002052.)
El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Pasamos al segundo
punto del orden del día que, en realidad, es el primero que figura en
la convocatoria: la comparecencia del secretario de Estado para la
Administración pública para informar acerca de si por la
documentación entregada en relación con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) referida a la actuación del
delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra, aprobada en
Comisión el día 16 de diciembre de 1998, considera el Gobierno el
cumplimiento de la misma.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Gracias, presidente.
Señorías, con fecha 1 de junio de 1998, el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) presentó una proposición no de ley instando al Gobierno el
cese del señor delegado del Gobierno en Navarra como consecuencia de
los hechos acaecidos en una manifestación no autorizada celebrada en
Pamplona el 27 de mayo de ese año. Dicha proposición fue debatida en
la Cámara el 16 de diciembre de 1998 aprobándose finalmente un texto
transaccional por el que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y exigir, en su
caso, las responsabilidades a que dieran lugar.
Con fecha 4 de febrero de 1999, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) formuló una pregunta en esta Cámara al señor ministro de
Administraciones Públicas sobre las acciones puestas en marcha por el
Gobierno para cumplir con la proposición no de ley anterior, que fue
contestada en sesión de 10 de febrero de este año con puntual
información sobre las actuaciones e informes que se habían elaborado,
de los que se deducía claramente que no había ninguna actuación
irregular ni ilegal de la Policía nacional, que sólo reaccionó frente
a insultos y piedras que le fueron lanzadas en una manifestación
previamente prohibida, por lo
que se consideraba cumplida la proposición no de ley en todos sus
términos. Todos los informes a los que se refirió el señor ministro
fueron remitidos con fecha 21 de mayo de este año a SS.SS.,
atendiendo a las solicitudes que formularon el 11 y el 17 de febrero,
y obran en su poder desde entonces.
Ala vista de los términos en que se formula la solicitud de
comparecencia, debo señalar que el Gobierno se ratifica en lo ya
informado en su día por el señor ministro de Administraciones
Públicas y considera que la proposición no de ley de fecha 1 de junio
de 1998, aprobada por la Cámara en sesión del 16 de diciembre, ha
sido debidamente cumplimentada por cuanto que, tal y como se decía en
la misma, se han realizado todas las acciones precisas para el
esclarecimiento de los hechos, poniéndose de manifiesto por las
mismas que no ha existido ninguna acción que vulnere la legalidad por
parte de la Policía nacional. Por tanto, no cabe exigir
responsabilidad alguna, tal y como S.S. ha podido comprobar en la
documentación que le fue facilitada en su día por el Ministerio de
Administraciones Públicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Soriano Benítez de Lugo): Tiene la palabra
la señora Uría, autora de la solicitud de comparecencia.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor secretario de Estado por su
información que, como no creo que le sorprenda cuando se lo
manifieste, no nos satisface para nada en cuanto a lo que con el
contenido de la iniciativa se pretendía por parte del Grupo Vasco y
que tampoco satisface en cuanto a la valoración que se hace de las
actuaciones llevadas a cabo en relación con lo acordado por
unanimidad en esta misma Comisión. Cierto es que obedece a cuestiones
anteriores a la entrada en el Ministerio del actual equipo, por tanto
le salva quizá el que todo lo conoce de referencia, puesto que cuando
ocurren los hechos, cuando se produce el acuerdo en esta Comisión
estaban todavía el anterior ministro y su equipo, pero justo es
reconocer también que los equipos ministeriales se suceden, la
Administración permanece y las responsabilidades políticas también
permanecen.
Como habrá leído el secretario de Estado y todas SS.SS. conocen, la
iniciativa que presentó el Grupo Vasco solicitando el cese del
delegado del Gobierno en Navarra tenía la motivación no tanto, como
se ha querido manifestar por parte del Gobierno -también por parte
del Grupo Popular - en el momento de efectuarse el debate de la
proposición no de ley, de un exceso policial, porque entonces
hubiésemos formulado nuestras quejas en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior, cuanto la actuación, creemos, poco acorde con la
misión que constitucional y legalmente tiene encomendada un delegado
del Gobierno, en este caso, en concreto, el delegado del Gobierno en
la Comunidad Foral de Navarra. Constitucionalmente todos sabemos lo
que hace el delegado del Gobierno: coordina la Administración del
Estado en una comunidad autónoma y conforme al artículo 23.3 de la
Lofage le corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En este caso
concreto, nos parecía que no había sido muy acorde con esta tutela
del libre ejercicio de
derechos y libertades, primero, el no autorizar una manifestación
a la una del medio día -a la una del mediodía, repito, no de noche ni
en barrios sospechosos - para pedir algo tan ilegal, dicho sea entre
comillas, como más plazas en el modelo D, modelo en el que se estudia
en castellano y en euskera, en favor de la escuela pública vasca. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Decía yo que la conducta
habitual de la Delegación del Gobierno -sigue siéndolo, lo comprobé
en el día de ayer- es utilizar la Ley de seguridad ciudadana y la Ley
orgánica reguladora del derecho de reunión con un criterio que impide
la reunión a quienes solicitan la manifestación y se les deniega su
defensa ante estas situaciones, es decir, con clara violación de un
derecho fundamental que asiste a los ciudadanos, que es el derecho de
reunión y manifestación. Aunque se presente una solicitud para
celebrar una manifestación fuera de su plazo, según el Tribunal
Constitucional el plazo relevante es aquél en el que desde la
autoridad gubernativa se les contesta, de tal forma que ante esta
negativa quien ha comunicado que quiere reunirse y se le prohibe,
puesto que estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental,
pueda llegar a los tribunales y defender este derecho antes del día
de la manifestación. La práctica habitual en la Delegación del
Gobierno en Navarra es notificar en el mismo momento de celebrarse la
manifestación que ésta no está autorizada, es decir, una violación
del también derecho constitucional de defensa para recurrir la
negativa ante los tribunales.
No es esto lo que me interesa en este momento concreto, sino que de
lo que estamos hablando ahora es de si se ha dado o no cumplimiento a
lo que esta Cámara acordó. Si se lee el «Diario de Sesiones» de
aquella Comisión celebrada el 16 de diciembre verá que los
representantes de otros grupos políticos, el señor Fernández Sánchez
o el señor Chivite Cornago fueron también muy explícitos en cuanto a
que conductas del estilo de la que yo relato se atribuyen o imputan
al proceder del delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de
Navarra.
Me ha parecido que por parte del secretario de Estado se hablaba de
cumplimiento de lo acordado en esta Comisión. Quiero recordar que
aunque la pretensión inicial del grupo al que pertenezco era que el
acuerdo fuese solicitar el cese del delegado del Gobierno, lo
realmente acordado fue instar al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para llegar al esclarecimiento de los hechos, es decir,
una actuación positiva; se le pide al Gobierno que inste las medidas
necesarias para llegar al esclarecimiento de los hechos y exija en su
caso las responsabilidades a que hubiera lugar. ¿Qué pasó con esta
cuestión? Pasaba el tiempo y no hubo respuesta; voluntariamente el
Gobierno no responde a nada. Con ocasión de la toma de posesión, en
la primera pregunta que responde en Pleno el señor Acebes, actual
ministro de Administraciones Públicas en el mes de febrero -se había
celebrado la Comisión en diciembre-, le pregunté cómo estaba lo mío,
como suele ser habitual en las sesiones de control al Gobierno; le
pregunté si se había puesto en marcha alguna actuación para su
cumplimiento. Me dice usted que ahí tuve puntual información.
¡Hombre!, no se puede decir que sea puntual información el que me
diga que ha empezado a mirar y que realmente ha recabado informes de
la propia Delegación del Gobierno, de la Policía, del juzgado,
etcétera. Eso no es puntual información,
son diez líneas del «Diario de Sesiones» y simplemente me dice
que ha empezado a recabar esos informes. Me insiste mucho en un dato
que le parece relevante, que es el de que las diligencias judiciales
se han archivado. Puede haber tremendos excesos policiales que sin
embargo no den lugar a actuaciones judiciales; todos sabemos que los
delitos se imputan a personas concretas y de una actuación policial,
si ésta es generalizada, puede que no se sea capaz de atribuir a
persona concreta conducta concreta, lo cual nos aboca al
sobreseimiento en materia penal. El hecho de que no existan o que se
archiven unas diligencias penales en modo alguno indica que desde el
punto de vista político o desde el punto de vista administrativo una
determinada acción esté justificada.
Después de esta petición en el Pleno del día 10 de febrero al señor
ministro de Administraciones Públicas, todavía no se nos entrega la
documentación, ni a mí ni a ninguno de los miembros de esta Comisión.
Visto que transcurría el tiempo y no se me entregaba nada, hube de
solicitarla utilizando la vía que el artículo 7 del Reglamento nos
concede a los diputados, que es recabar del Gobierno la información
necesaria para nuestro cometido. Esto lo hice concretamente el 16 de
abril. Al no tener tampoco contestación ni entrega de documento
alguno el 16 de abril -la cumplida información, según la ha
calificado usted es del 16 de febrero - lo solicito de la Cámara y al
no contestárseme en el período que marca el Reglamento solicité el
amparo del presidente de la Cámara. El señor Trillo es quien insta al
Ministerio de la Presidencia para que finalmente se nos haga entrega
de una documentación que ignoro si se ha entregado a la Comisión como
tal, puesto que a mí me llega directamente y creo, según me han
manifestado algunos señores diputados, que soy la única que tiene el
honor de tenerla. Honor de tenerla porque así he podido acreditar que
-no encuentro otro calificativo que pueda resultar benévolo - lo que
se nos entrega desde el Ministerio, señor secretario de Estado, es
una auténtica birria; una birria, no se le puede calificar de otra
forma. Es una birria como investigación. Concretamente se me entrega
el día 24 de mayo. La documentación comienza con un informe hecho por
la propia Delegación del Gobierno en Navarra. No parece que la
actitud más correcta a la hora de investigar sea que quien está
inculpado objetivice los hechos y sea el que los relate al
Ministerio, pero en todo caso esto podía haber estado salvado si
luego hay posibles versiones contradictorias. Este informe está hecho
cuatro días después del debate de la proposición no de ley en esta
Comisión, el 20 de diciembre de 1998; el reposo no ha sido mucho,
votamos el día 16 y el día 20 el señor Ansoategui ya se ha apresurado
a mandarles a ustedes este informe, no parece que ha contrastado
versiones, y lo que no entiendo es que si el Ministerio lo tenía
desde el 20 de diciembre por qué no se nos entrega hasta mayo. No
parece mucho lo investigado.
No me resisto a hacer mención a él, porque contiene algunas perlas
que al leerlo me han retrotraído a tiempos pretéritos, en concreto a
cuando empecé a ejercer la profesión de abogada. Corría el año 1975 y
aunque uno fuese a llevar una separación eclesiástica se encontraba
con que había que solicitar informes de conducta de las partes y con
frecuencia, por ser abogada vasca y ejercer en Bilbao, veíasque había
un informe policial en el que se anotaba que era
conocidamente separatista. Cosas parecidas se dicen en esta
información efectuada en diciembre de 1998 por el delegado del
Gobierno, señor Ansoategui. Por ejemplo, justifica, en primer lugar,
la maldad que asistía a los congregados en el dato de que alguno de
ellos ni siquiera llevaba el DNI cuando se le pidió; evidentemente
hay obligación de poderse identificar, no de portarlo; según la Ley
de seguridad ciudadana ni siquiera es infracción administrativa. Por
supuesto, le parece ya fuera de toda norma el lema que tenía la
manifestación, que era a favor del bachillerato en euskera, realmente
una cosa subversiva y que en los tiempos que corren está totalmente
de espaldas a los criterios de oficialidad de las lenguas que la
propia Constitución, en parte muy sagrada, en sus artículos iniciales
consagra. No tiene desperdicio la parte en la que se dice cómo el
gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno se apresuró
a valorarlo temiendo que los convocantes de la manifestación, como eran
sindicalistas de ELA, de LAB y de STEE.EILAS, iban a hacer una
interpretación política y falsear la realidad, como viene ocurriendo
siempre en Navarra cuando se habla de cuestiones relativas al
euskera. Este tipo de valoraciones son frecuentes en todo el informe
y denotan lo que luego diré en cuanto al carácter más bien de
comisarios políticos que de coordinadores de la Administración del
Estado y sobre todo garantes de los derechos de los ciudadanos que
tienen muchos de los delegados del Gobierno de los que hoy
disfrutamos en varias de las comunidades autónomas -no quiero
generalizar, no digo en todas- en este momento.
Está muy bien cuando desde la delegación del Gobierno se dice que uno
de los convocantes era un conocido radical -antes se decía
conocidamente rojo y separatista-, que al fin y al cabo sólo resultó
con unas contusiones leves y después se llama a los solicitantes de
la manifestación personajes. Durante los días posteriores las
informaciones sobre dichos personajes -un lenguaje muy propio a la
garantía, repito, de los derechos y libertades de los ciudadanos- no
tienen desperdicio y está en la más absoluta ortodoxia con las pautas
que desde el Ministerio de Interior se marcan en relación con las
actuaciones del partido al que represento. Se hace una valoración,
repito, por la Delegación del Gobierno y para justificar su actuación
policial, dice que la presentación de una proposición no de ley por
parte del Partido Nacionalista Vasco forma parte del auténtico
seguidismo y unidad de criterio con que nos conducimos últimamente en
relación con Eusko Alkartasuna y con Herri Batasuna. Esta
circunstancia no debe extrañar porque es de lo más habitual en
Navarra. Estamos de nuevo con que los nacionalistas nos hemos subido
al monte y hay un frente nacionalista, todo ello para justificar una
actuación policial de concesión o no de un permiso o de una
autorización para manifestarse y dice que forma parte de la ya
clásica acusación que los citados grupos hacemos del libre ejercicio
de los derechos y libertades en Navarra.
Los comentarios que se hacen no sólo van en contra de la maldad
intrínseca del Partido Nacionalista Vasco, sino que también -y me
gustaría que el representante de Izquierda Unida lo lea- en la página
6 se dice que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha cometido
una felonía después de presentar la proposición no de ley el Grupo
Nacionalista Vasco y se le ha ocurrido con una tremenda
osadía pedir la comparecencia del ministro de Interior en las
comisiones de Justicia y Administraciones Públicas, cuando es así que
con anterioridad el que era concejal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Pamplona solía acudir a la Delegación del Gobierno y
se le daban explicaciones; últimamente ha decidido también hacer
seguidismo de las actuaciones, supongo que aquí se está aludiendo al
pacto de Lizarra y que por ello también ha solicitado la
comparecencia del ministro de Interior.
Los siguientes informes que se acompañan provienen todos del mismo
origen. Se habla de un informe del gabinete técnico de la Delegación
del Gobierno y en él se alude a que se intentó notarialmente
notificar a los señores solicitantes de la manifestación que se les
había denegado ésta; repito que un dato que me parece muy importante
es el hecho de que se les deniegue siempre en el momento mismo en el
que se están reuniendo y se les comunique la no autorización. Desde
luego no aparecen por ninguna parte, en la documentación entregada al
Ministerio ni a la entregada a esta diputada, esas negativas
notariales.
Se dice que no se sabe cuál es el domicilio de Sortzen, cuestión que
luego resulta desmentida por la nota informativa facilitada por la
Policía de Pamplona en la que se aclara cuál es el domicilio de esta
asociación, a la que se tiene, por supuesto, muy controlada puesto
que se dice en tono despectivo, en todo caso, que es un colectivo,
una asociación totalmente legal en el Gobierno de Navarra pero que
tiene como principal objetivo declarado -se dice- la promoción del
euskera en el mundo de la educación y que, sin embargo, en la
práctica -y esto sí que son maldades, señor secretario de Estado- su
actuación se plasma a partir de la petición de la generalización del
modelo D en la enseñanza para que se inste a la Administración, y son
frecuentes sus intentos de contactar con la Consejería de Educación
del Gobierno Vasco, lo cual debe ser delictivo, para que todos los
ciclos formativos puedan impartirse y cursarse en euskera, esto es,
en definitiva, la consecución de la escuela pública vasca. Esto es lo
que desde la Policía se dice: que pretenden promover el euskera, pero
lo que pretenden es todo esto que es muchísimo más grave.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego brevedad.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Le rogaría yo a usted un poco de
flexibilidad en cuanto al tiempo, teniendo en cuenta lo que ha durado
la comparecencia anterior. No me extenderé mucho, pero sí quisisera
disponer de un poco de tiempo si el presidente me lo permite.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le estoy dando la misma flexibilidad
que he dado a los grupos intervinientes en la comparecencia anterior
y tiene todavía algún tiempo, pero le ruego que vaya adaptando su
intervención al poco tiempo que le queda.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. Seré entonces
telegráfica en los datos que pretendía hacer constar en relación con
el expediente en la informaciónque nos ha sido remitida desde el
Ministerio.
Cuando se dice quiénes son las personas más significadas -que ya
tiene también sus connotaciones la expresión dentro de Sortzen- hay
una, cuyos datos se tachan, de la que se dice que firmó una vez un
artículo aparecido en la sección de comunicación del diario Egin que
iba sobre un tema tan subversivo como el derecho a estudiar en
euskera. Pongo en conocimiento de SS.SS. que he escrito en varias
ocasiones en el diario Egin, ahora en el Gara y también sobre temas
tan absolutamente inconfesables como la actividad que en esta Cámara
se desarrolla desde el grupo al que pertenezco. Me parece -lo tengo
anotado con comillas - que requiere interrogaciones de magnitud que
un delegado del Gobierno haga una anotación de este estilo.
Hay varias perlas parecidas a lo largo de todo el informe, pero sobre
todo hay informes policiales, salvo el primero, que he señalado, de
la Delegación del Gobierno. Todos los demás son sobre las fechas de
producción de los sucesos, es decir, no hay ninguna actuación de
investigación posterior, que es a lo que esta Cámara había instado al
Ministerio y desde luego tengo que indicar que no hay conclusión
alguna que podamos considerar como, por ejemplo, la opinión que al
Ministerio le ha merecido todo lo que desde la Delegación del
Gobierno se le manda u otras actuaciones contrastadas que pudiera
haber efectuado. Es decir, ya es una cuestión de mera cortesía.
Cuando desde una Comisión se le insta al Gobierno a hacer algo,
cuando se informa a la Comisión -debiera haber sido a toda la
Comisión- lo menos que se puede pedir es un informe estructurado en
el que el Ministerio manifieste su criterio y diga: visto el informe
de la Delegación del Gobierno... - se debiera haber contrastado la
versión cuando menos con los solicitantes de la manifestación-,
etcétera, el Ministerio entonces opina. Pero aquí no hay informe
alguno ni siquiera oficio remitiendo la documentación, sino un mero
documento, uno detrás de otro, debidamente grapado que a la tercera o
cuarta petición de esta diputada se entrega definitivamente a la
Presidencia de esta Cámara.
Como final, ¿se puede decir que ha habido cumplimiento de la
proposición no de ley? En absoluto. El Gobierno no ha hecho nada para
darle cumplimiento, simplemente pedir a la Delegación del Gobierno
una serie de papeles, se les han entregado, los ha grapado y nos los
ha remitido. Y lo que es más importante, saber si es posible, con la
normativa actual -y es a ello va dirigido el contenido de esta
proposición no de ley-, el control político de los delegados del
Gobierno. En estos mismos hechos nos encontramos con que ha sido
imposible la comparecencia del delegado del Gobierno ante el
Parlamento foral, obviamente, porque no es un órgano de la
Administración de la comunidad foral y no le corresponde a la
comunidad foral su control, pero está consagrada en esta Cámara desde
la larga etapa socialista la práctica de que tampoco, a pesar de ser
altos cargos, deben comparecer a informar ante las comisiones, con lo
cual dada la triple dependencia ministerial, dada la dificultad que
los diputados tenemos para poder hacer valer en las comisiones
nuestro criterio en relación con los delegados del Gobierno, creemos
que en este momento se puede hablar de que es una figura -no quisiera
decir que actúan como incontrolados, expresión que tiene unas
connotaciones en nuestra historia pasada que no quisiera repetir-,
que desde luego la normativa actual, la
práctica parlamentaria, les convierte en auténticamente
incontrolables.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría por haber comprimido su
intervención.
A continuación por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Chivite Cornago.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señor secretario de Estado, el problema de
mi grupo es que no tenemos perlas para configurar el collar, sobre
todo porque no tenemos el informe, que es la primera denuncia que
ante esta Cámara yo quiero presentar en nombre de mi grupo. Por lo
tanto, el primer incumplimiento del Gobierno respecto al acuerdo del
16 diciembre es precisamente que no se ha remitido el informe de las
actuaciones a los distintos grupos parlamentarios. Digo esto porque
precisamente nuestro grupo fue el que presentó una enmienda
transaccional negociada con el resto de los grupos, porque no
buscábamos un cese sin antes conocer los antecedentes. Porque desde
la responsabilidad queríamos forjar una posición o manifestar nuestro
criterio en función del conocimiento real de unos hechos y no
limitándonos a las informaciones que en prensa habían aparecido. Por
lo tanto, denuncia de que desde este Parlamento, desde el Gobierno,
desde el Ministerio de Administraciones Públicas se le ha ocultado,
voluntaria o involuntariamente, la información que era precisa para
ver si había caso. Una parte de la resolución decía: exigir las
responsabilidades en su caso. Desconocemos si en estos momentos
existe caso, porque carecemos de la información oportuna. En
cualquier caso, como una perla, sobre todo porque estamos en la
Comisión de Administraciones Públicas, y sin ánimo de abrir el debate
con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), hay una cosa
que como navarro me sorprende muy agradablemente: que la señora Uría
haga esta demanda reiterada a la constitucionalidad, porque yo, como
navarro, le pido que esa demanda de respeto a la constitucionalidad
sea aplicada precisamente en otras reivindicaciones que, en relación
con Navarra, su grupo y otros vienen haciendo en cuestión de
soberanía, de territorialidad, lingüística, cultural, etcétera.
Precisamente esta Comisión, demandando respeto a la Constitución,
exige también respeto a la Constitución en todo su contenido y,
repito, digo esto sin ánimo de abrir el debate.
Centrándonos en la materia, lamentablemente poco puedo decir sobre el
cumplimiento o incumplimiento del mandato parlamentario si a esta
fecha, un año después, desconocemos la información. No se trata de
una información tardía o insuficiente; la contestación del 10 de
febrero, lejos de ser amplia, como usted ha apuntado, es más bien
escueta y se limita a hacer, sin documentarla, una valoración
exculpatoria de la actitud del delegado del Gobierno. Manifiesto aquí
una vez más lo que dije hace un año: no dispongo de los datos
oportunos para hacer un juicio medianamente razonable de los hechos
que entonces se produjeron y denuncio una vez más la actitud de este
Gobierno que, ninguneando al Parlamento, le impide ejercer su acción
como vigilante democrático, como garante de los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución y, en cualquier caso, simplemente como
elemento de seguridad democrática para el ciudadano que, en el
ejercicio de sus derechos y
libertades, pueda actuar en los distintos ámbitos de la vida y, sobre
todo, en referencia a lo que está ocurriendo en ciertos lugares del
territorio español, como es el caso de la Comunidad de Navarra,
cuando se producen manifestaciones, hechos, entre comillas,
algaradas, violencia callejera, acuñada últimamente como violencia de
baja intensidad, etcétera. Respeto las funciones del delegado del
Gobierno, entre las cuales está precisamente el garantizar a todos
los ciudadanos -a todos- el ejercicio de sus derechos y libertades y,
en cualquier caso, sí he constatado una cosa: que en el pecado iba la
penitencia y que la actitud del delegado del Gobierno, a partir de
aquella proposición no de ley y de la resolución de esta Cámara, ha
cambiado sustancialmente, ya que, ante situaciones similares, no está
actuando con igual contundencia y ha apostado más por el diálogo con
los partidos, por el diálogo con la sociedad. Espero que, al menos en
esa línea, aquella proposición no de ley haya servido para algo. (La
señora Uría Echevarría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, ¿a qué efecto pide la palabra?
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Configurada esta comparecencia como de
control al Gobierno por el cumplimiento o no de una resolución
parlamentaria, el representante del Grupo Socialista la ha
convertido, en su comienzo, en una serie de reproches de carácter
político al partido que represento que nada tenían que ver con el
contenido de la iniciativa y que, por tanto, debieran motivar el que
tenga ocasión de defenderme o siquiera de hacer algunas matizaciones
interesantes sobre la actuación constitucional o inconstitucional del
grupo al que represento, porque los reproches me han parecido graves.
El señor PRESIDENTE: Yo no he advertido, señora Uría, ningún problema
reglamentario en la intervención del representante del Grupo
Socialista. En cualquier caso, después de la intervención del
secretario de Estado le daré la palabra brevemente, para que pueda
referirse a la intervención del representante del Grupo Socialista.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor LópezMedel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Creo, y sea dicho con los debidos
respetos, que estamos ante una actuación en buena parte innecesaria,
ante una comparecencia innecesaria, especialmente tras la
contestación que dio el ministro en el Pleno a la diputada del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tras la remisión de la documentación
que se hizo a la interesada, entendíamos que los hechos estaban
suficientemente claros, sin perjuicio de las valoraciones y de los
legítimos posicionamientos, creo que más políticos y más
apriorísticos que los derivados de la propia documentación.
En todo caso, se han hecho algunas afirmaciones a propósito de la
actuación, de la conducta, del talante de la persona del delegado del
Gobierno en Navarra y lógicamente, en nombre de mi grupo
parlamentario, quiero señalar que la actuación del delegado del
Gobierno en Navarra a lo
largo de estos tres años y medio ha sido siempre correcta. En ese
sentido, una de las misiones que sin duda tiene - así lo establece la
ley-, la de salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos,
se ha cumplido. Como en su momento tuvo ocasión de exponer el
interviniente del Grupo Parlamentario Popular, don Jaime Ignacio del
Burgo, en este tiempo los derechos y libertades de los ciudadanos
navarros han sido infinitamente más garantizados que en épocas
anteriores, a pesar de la constante estrategia, y ahí está el
grandísimo número de manifestaciones que cada día se convocan, en
algunos casos cumpliendo los requisitos y en otros sin cumplirlos,
intentando crear un ambiente que no voy a calificar porque se
califica por sí solo. En todo caso, se ha pretendido enjuiciar de
nuevo su actuación a propósito de ese caso concreto que motivó la
presentación de la proposición no de ley. Evidentemente, mi grupo
considera legítimo solicitar el permiso o al menos comunicar, como
establece la ley, la intención de celebrar una reunión en defensa de
cualquier materia, en este caso parece que se refería a la cuestión
relativa al euskera, aunque, sin duda, en la manifestación, que se
prolongó mucho más tiempo, que incluso cambió de itinerario, se
vertieron una serie de gritos que engarzan con lo que es el ataque
más claro a la Constitución y a las normas de convivencia. Se ha
dicho que es práctica habitual del delegado del Gobierno en Navarra
comunicar sobre la marcha o en el momento de la manifestación las
denegaciones, en su caso. Esto no es así y, en este caso, la
Delegación de Gobierno intentaba comunicar la denegación, dado que,
como es evidente y bien sabe como fina jurista la señora Uría, la
solicitud de comparecencia para esta manifestación concreta que ha
originado estas actuaciones de control no se sujetaba en cuanto a
plazo a la ley. Hubo un intento reiterado, constante, de comunicar la
denegación y la actuación por parte de los promotores era de claro
fraude, una actuación obstruccionista que trataba de evitar por
cualquier medio recibir la denegación que se pretendió hacer por la
Delegación del Gobierno.
También quiero salir al paso de la afirmación que se ha hecho de que
ésta es una conducta habitual del delegado del Gobierno. Es evidente,
señorías, que para cuando se está haciendo cualquier actuación
obstruccionista que impide la recepción de la notificación existe un
sistema de recursos, que no se utiliza. ¿Por qué? Porque
verdaderamente, en no pocos casos, en las manifestaciones que se
convocan en esa comunidad foral no se pretende expresar el ejercicio
de unos derechos, sino que, lamentablemente tienen más bien otro tipo
de finalidades.
Más concretamente, respecto a las actuaciones derivadas de la
proposición no de ley y el debate de la misma el pasado diciembre,
quiero recordar que fue precisamente en la última sesión de la
Comisión de Administraciones Públicas celebrada en diciembre de 1998.
No dejó pasar ningún tiempo a nivel parlamentario la portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), lo que sin duda es legítimo,
dado que en la primera sesión plenaria de control, y después de la
aprobación de la proposición no de ley, el 10 de febrero ya hizo una
pregunta oral al ministro interesándose por ese asunto.
En lo que se refiere a la documentación, estoy leyendo el texto de
esa proposición no de ley que se aprobó en la
Comisión de Administraciones Públicas y precisamente se insta al
Gobierno a acordar las medidas necesarias para llegar al
esclarecimiento de los hechos y exigir en su caso, en el supuesto de
que lo hubiera, algún tipo de responsabilidades. La documentación que
el ministro citó en su intervención en el Pleno el 10 de febrero de
este año consideramos que es una información completa. Esa
información fue remitida a la persona que no sólo había presentado
esa pregunta sino también la proposición no de ley.
Por otro lado, entrar a calificar algunas perlas, si la utilización
de la expresión personaje u otro tipo de cuestiones, creo que no
tiene gran calado en orden a entender, como así entendemos desde el
Grupo Parlamentario Popular, que la información desde luego se abrió,
la información se remitió al menos al grupo que solicitó precisamente
esa acción de control y entendemos que es correcta. No se ha ocultado
y creo que se ha facilitado a quien la ha pedido. Otra cosa es que
desde planteamientos apriorísticos o desde fijaciones probablemente
innecesarias e injustas se pretenda desviar la responsabilidad,
cuando realmente la responsabilidad en este caso, en estos hechos y
en no pocas ocasiones que suceden en esa comunidad foral la tienen
aquellos que están llevando a cabo acciones subversivas del orden
constitucional y la garantía de los derechos y las libertades de
todos los navarros, cualquiera que fuera su opción y su ideología.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Señora Uría, empezando por el final de la
intervención del representante del Grupo Popular, creo que ha dado
contestación al planteamiento general que usted inicialmente daba
sobre el cumplimiento de la proposición y de aportación de la
documentación.
Si me permite S.S., voy a leer también el literal de la proposición
que se aprobó para situar el debate y la información en lo que es
objeto de la comparecencia. Dice: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para llegar al
esclarecimiento de los hechos ocurridos en Pamplona el 27 de mayo y
exigir en su caso las responsabilidades a que diera lugar.
Pues bien, esto que se produce el 28 de diciembre, como ha explicado
el representante del Grupo Popular, primero no dice en ningún caso
que haya que facilitar documentación a la Cámara, dice que el
Gobierno hará actuaciones para clarificar los hechos, y eso es lo que
el Gobierno empieza a hacer. No sé si pronto o rápido a juicio de S.
S., pero eso es lo que empieza a hacer.
Su señoría hace una pregunta el 4 de febrero que yo no sabía que era
la primera, pero debía de ser de las primeras porque teniendo en
cuenta la vacación parlamentaria no podía irse más allá. Pero es que
además se da la circunstancia, como S.S. sabe muy bien, de que en ese
momento se produce cambio en el Ministerio de Administraciones
Públicas, como usted ha dicho, entra un nuevo equipo e inmediatamente
el nuevo ministro de Administraciones Públicas contesta a su pregunta
y le contesta -no ha transcurrido casi un mes- que ya se han iniciado
actuaciones para recabar información, tal y como le encomendaba la
proposición de ley. Da cuenta a S.S. y a la Cámara de cuáles han sido
esas actuaciones y cuáles son las conclusiones que se derivan de los
informes que se han venido recabando hasta entonces.
En consecuencia, señoría, creo que la proposición no de ley, primero,
no dice que haya que facilitar ningún documento a la Cámara, sino que
el Gobierno actúe -y el Gobierno ha actuado-; además se contesta
puntualmente, a escaso tiempo después, un mes, con una vacación
parlamentaria y un cambio de ministro y se le da puntual información.
Pero, además S.S., como me ha referido antes -y el representante del
Grupo Federal de Izquierda Unida- piden que se facilite a la Cámara
esa información el 11 y el 17 de febrero y utiliza el artículo 7 del
Reglamento, que es la petición individual de los señores miembros de
esta Cámara. Siguiendo lo que dice el Reglamento, el Gobierno
facilita a S.S. y al representante del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida la documentación a que el señor ministro hizo
referencia; por eso, señor Chivite, no se le ha facilitado a S.S., al
que con mucho si usted quiere se la hacemos llegar en los mismos
términos, pero el Gobierno ha sido absolutamente escrupuloso en el
cumplimiento de la proposición no de ley y en la facilitación de la
información a esta Cámara por el procedimiento reglamentariamente
establecido.
En ese sentido, yo creo que debemos centrarnos en el fondo, y el
fondo, señoría, son las actuaciones que se produjeron el día 27 de
mayo, tanto con las peticiones anteriores, la actuación de la
Delegación del Gobierno y lo que ocurrió ese día, para determinar si
efectivamente de aquellas actuaciones se deriva alguna
responsabilidad o no y si en consecuencia se ha dado cumplimiento a
lo establecido en aquella proposición. Yo creo, señoría, que hay que
entrar en el fondo de los hechos. Podemos detenernos en el
anecdotario de algunas frases entresacadas del texto, que además S.S.
puede interpretar libremente, pero yo creo que hace una
interpretación que va más allá de lo que dice la literalidad del
texto. En esto no me quiero detener, porque creo que eso es
anecdótico. Aquí se trata de ver si la actuación en aquel momento
vulneró la legalidad o no y si existió alguna responsabilidad por
parte de la Policía o del delegado del Gobierno.
Permítame le diga que no acabo de entender que si no hay
responsabilidad de la Policía pueda haber responsabilidad del
delegado del Gobierno o viceversa porque la verdad es que se supone
que está actuando sobre las decisiones que previamente ha tomado el
delegado del Gobierno. Luego si la Policía no tiene ninguna
responsabilidad en su acción difícilmente creo yo que la pueda tener
el delegado del Gobierno que señaló las actuaciones procedentes
conforme a ley, como ahora le diré.
Ha hecho S.S. otra consideración que a mí realmente me parece un poco
preocupante. Decir que las actuaciones policiales ilegales que no den
lugar a responsabilidades penales no significa que haya
responponsabilidades porque no se pueden determinar responsabilidades
personales, me parece realmente preocupante; es precoupante que S.S.
mantenga esa tesis, porque quien tiene que determinar si existen
responsabilidades penales o no son los tribunales, y como usted ha
citado muy bien el auto del juez archiva definitivamente todas las
denuncias que se han producido
por estos hechos porque no aprecia ninguna vulneración. Luego yo creo
que hacer esa disquisición es cuando menos difícil y peligrosa.
Entrando en la consideración de los hechos, señoría, los hechos, que
es lo importante y pese a que a S.S. no le puedan gustar, son
tozudos. El 21 de mayo de 1998, a las 5,21 horas se comunica la
intención de celebrar una manifestación frente al departamento de
Educación, en la calle Santo Domingo, de Pamplona, para el día 27 de
mayo a las 13 horas; es decir, seis días después. El 22 de mayo, es
decir el día siguiente, se hacen tres intentos de notificación de la
denegación de la misma en los domicilios indicados en la
comunicación, no en algunos domicilios que la Policía no supiera, que
no tiene por qué prejuzgar dónde está la organización que realiza el
acto, sino como dice la Ley de procedimiento en los domicilios que se
señalan en la comunicación a efectos de notificación. Dicha
notificación se intenta a las cinco de la tarde, a las seis de la
tarde y a las siete y media, no habiendo nadie en algunos de esos
domicilios o siendo desconocidos en los que existía alguien. El 23 de
mayo de 1998 hubo un nuevo intento de notificación a las 12 horas del
mediodía, no siendo posible tampoco hacerlo porque no estaba en el
domicilio la persona que formuló la solicitud y los vecinos no
quisieron hacerse cargo de esa notificación. El 25 de mayo de 1998, a
las doce y media, hubo de nuevo un intento de notificación que
tampoco se pudo materializar por esas causas; y ahí está en los
informes que S.S. tiene. (La señora Uría Echevarría: No, no me
consta.) Digo que en el informe se dice y S.S. sabe que en el informe
constan estos intentos de notificación. Ciertamente S.S. no tiene, y
yo con mucho gusto me he tomado la molestia de enterarme de esos
documentos a que usted se refiere, las actas notariales, me he tomado
la molestia de pedir el acta notarial -luego se la haré llegar a S.
S.-, donde se da puntual información de esos intentos de
notificación.
La denegación de la manifestación, como S.S. sabe, se apoya de manera
clara, directa y objetiva en la aplicación escrupulosa de la Ley
orgánica 9/1987, de 15 de julio, que regula el derecho de reunión,
cuyo artículo 8 exige que la comunicación se haga con antelación
mínima de 10 días naturales, lo que claramente y como S.S. sabe, en
este caso no ocurre y como ya reconoció en su día que no se había
cumplido el plazo de esos 10 días. También es cierto que la ley prevé
un plazo excepcional de urgencia de 24 horas, cuando haya causas
extraordinarias y graves que no se hayan podido prever, tal y como
señala la jurisprudencia, es decir, tienen que darse circunstancias
extraordinarias y graves. Es evidente, porque es así, que la
apreciación de esa situación corresponde a la autoridad gubernativa,
a quien tiene que interpretar en este caso la aplicación de la ley.
Los hechos objetivos que rodean esta situación también llevan a la
conclusión de que en este caso parece que no hay ninguna duda sobre
la valoración de que las causas extraordinarias y graves no existían
cuando con el mismo objeto y la misma asociación, el 24 de abril de
ese mismo año, solicitó concentrarse en el mismo sitio, es decir
frente al departamento de Educación, en la misma calle, en la calle
Santo Domigo, y por análogos motivos; lo solicita el 24 de abril para
el día 25, en este caso con un día. El señor
delegado del Gobierno denegó la posibilidad de celebrar esa
manifestación por no cumplirse el plazo de diez días que establece la
ley y porque no entendía que se apreciaran las circunstancias graves
y excepcionales. Es decir, esta asociación, cuando formula su
siguiente petición, sabe ya que hay un plazo de diez días, que tienen
que darse esas circunstancias para formular en tiempo y forma esa
petición. Además, señoría, pese a que se le denegó la concentración
del día 25, se concentraron. La policía informó que no estaban
autorizados, estuvieron allí unos minutos y después se marcharon, es
decir se produjo la concentración no autorizada.
Además, el 15 de mayo se celebró otra manifestación de la misma
entidad por las calles de Pamplona. Ésa si fue autorizada por la
delegación del Gobierno porque se pidió con el plazo que marca le
ley, también para el mismo asunto, comunicada por la misma
asociación, con el mismo lema central que la que después se solicita
para el día 27 de mayo. Esa manifestación se autorizó, se celebró y
no tuvo ningún incidente. El 12 de junio, después de la denegación
que aquí nos trae, se volvió a solicitar otra concentración para el
mismo tema y por la misma asociación, que fue autorizada por el
denostado delegado del Gobierno en Navarra y se celebró sin ningún
incidente. Todo ello, señoría, evidencia a mi juicio, que la
asociación en cuestión conocía perfectamente los plazos, los
requisitos y las circunstancias a las que tenía que sujetarse su
comunicación y no había causas distintas de las que ya se habían
producido en anteriores ocasiones para fomular sus peticiones que
pudieran llevar a justificar alguna causa excepcional que impidiera
se aplicase con rigor lo que había sido ya conocido por la asociación
de cumplir los diez días establecidos por la ley orgánica.
En consecuencia, señoría, nos encontramos ante una manifestación
ilegal, no autorizada, que se convoca en el mismo sitio que otras
anteriores y para reclamar idénticas cuestiones, exactamente iguales.
Es decir, el objetivo de la asociación en ningún caso se ha visto
cercenado por la actuación de la Policía ni por la actuación del
señor delegado del Gobierno. Además, señoría, la manifestación que se
prohibió se celebró. Pese a ello -los hechos vuelven a ser tozudos-,
esta concentración ilegal se efectuó, se requirió por la Policía a
los señores que se manifestaron para que se disolvieran, a lo cual se
negaron hasta que la Policía se comprometió a dejarles hacer llegar a
la delegación de Educación su reivindicación en forma de escrito, a
lo cual la Policía accedió. Estos señores entraron en el departamento
de Educación, hicieron llegar el escrito con sus reivindicaciones,
y una vez que se hubo producido eso los señores manifestantes, entre
los cuales había padres, hijos, etcétera, se fueron, salvo un grupo
que siguió concentrado y se encaminó hacia el ayuntamiento
continuando una concentración ya ilegal y fuera del lugar que había
sido objeto de la petición. Además, ante la presencia de la Policía
Nacional, se enfrentó a ella tirándola piedras, insultándola,
llamándola policía asesina y gritando ETAmátalos, lo cual, convendrá
S.S. conmigo y sin entrar en otra calificación, nada tiene que ver
con la defensa del euskera en la enseñanza pública, y a mi juicio,
resulta poco pedagógica para la comunidad escolar, que según señala
usted era la que se concentraba para reclamar eso. Sólo ante esta
circunstancia
intervino la Policía Nacional para defenderse. Los hechos que se
derivaron de esta acción son suficientemente claros. El informe del
hospital de Navarra que tiene S. S. dice que tres personas fueron
atendidas de contusiones varias y dadas de alta seguidamente, es
decir apenas hubo algún incidente. El auto de instrucción del Juzgado
número 1 de Pamplona sobresee las actuaciones por no apreciarse que
se perpetrase delito alguno. Luego señoría, creo que la actuación del
señor delegado del Gobierno en este caso, como la actuación de la
Policía en este caso, como la actuación del delegado del Gobierno en
todos los casos de peticiones formuladas por esta asociación, como la
actuación de la Policía en todas las acciones ilegales celebradas por
esta asociación ha sido absolutamente correcta, ajustada a derecho,
sin que se produjeran incidentes graves ni menores, que han motivado
el archivo de las actuaciones judiciales y que además han sido objeto
de tergiversación del asunto que motivaba la petición de esa
concentración.
En consecuencia, señoría, con independencia de la valoración personal
que ustedes puedan hacer del señor delegado del Gobierno, en este
caso y en todos estos casos, la actuación del señor delegado del
Gobierno y de la Policía Nacional ha sido irreprochable. En ese
sentido, debo decirle, señoría, que el Gobierno ha cumplido
escrupulosa, diligentemente y en tiempo y forma, la proposición no de
ley aprobada en esta Cámara, y en tiempo y forma ha remitido a S. S.,
por los procedimeintos legalmente establecidos, toda la información
para que S. S. tuviese puntual información y datos de lo que ha
aceacido, incluso de esas perlas a las que S. S. se refiere, para que
no tenga ninguna duda de que aquí se ha actuado con absoluta
transparencia y respeto a la legalidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Para aclaración del señor secretario de
Estado y del interviniente en nombre del Grupo Socialista, deberé
manifestar una vez más que se me da la palabra por pertenecer al
Grupo Vasco (EAJPNV); pertenezco al Partido Nacionalista Vasco, no a
ETA, yo tampoco estoy de acuerdo con que se griten vivas a ETA, ETA
mátalos ni con la actuación policial en ese momento.
Si se lee la proposición no de ley presentada en su día y su debate,
se ve que yo me quejaba de la conducta de la delegación del Gobierno
a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones. En todo caso, el
fondo de lo que hoy hemos traído a esta Comisión es si se ha cumplido
o no por el Gobierno el contenido de esa proposición no de ley que
instaba al Gobierno a investigar. Investigar -a lo mejor estoy
equivocada- es hacer cosas para saber si unos hechos son o no
ciertos. Lo que se ha hecho por el Gobierno es preguntar a la
delegación del Gobierno, que es la investigada, qué pasó. Entre el 16
y el 20, supongo que con alguna fiesta de por medio, se manda este
papel por la delegación del Gobierno, y seguido se grapan todas las
actuaciones policiales, las judiciales y las hospitalarias. Eso no es
investigar; cuando menos debió venir añadido un informe en el que los
servicios jurídicos del Ministerio, que los tiene y buenísimos,
hiciesen una valoración de todo lo incorporado. Únicamente hay este
papel, toda la investigación
consiste en que a la propia persona cuya actuación se ha puesto
en entredicho y no por un solo grupo parlamentario sino por toda la
comisión -se votó por unanimidad-, se pregunta qué pasó y se
incorpora ese qué pasó. Perfecto, pero a esta diputada le parece que
no es suficiente cumplimiento parlamentario. Además, no se me
entregaron las actuaciones por las buenas. Me sorprende, y lo ha
dicho también el propio representante del Grupo Popular, la idea de
que mientras el mes de enero no sea hábil a efectos parlamentarios,
parece que también cierran los ministerios. Pienso que durante todo
enero el Ministerio de Administraciones Públicas y la Delegación del
Gobierno estaban abiertos y era tiempo más que suficiente para saber
sobre todo lo que yo preguntaba al ministro, si se había comenzado
a investigar, no le preguntaba si ya estaba completa la investigación.
Respecto a los intentos de notificación, es conocido en Navarra que
el delegado del Gobierno o sus servicios intentan notificar a la
gente que trabaja en las mismas horas que está trabajando y en su
domicilio. Evidentemente, a esta diputada no la encuentran en su casa
en este momento ni mientras estén celebrándose las sesiones.
No obstante, iba a la cuestión de si es o no correcto, que me parece
que hay un entendimiento equivocado, y me parecía más importante
subrayar esto, o cuando menos no del todo exacto en cuanto a cómo
funciona en nuestro derecho la regulación del derecho fundamental de
reunión. No hay que autorizar las reuniones, el derecho de reunión es
un derecho fundamental, y por tanto todo el mundo tiene derecho a
manifestarse. Lo único que hay que hacer es comunicarlo a la
autoridad correspondiente y ésta por causas tasadas puede impedirlo;
el asunto funciona, por tanto, de manera distinta. El delegado del
Gobierno sabrá en qué casos las debe autorizar o no, pero lo que sí
hay es abundantísima jurisprudencia constitucional, además de la muy
numerosa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, puesto que
con ocasión de las desgraciadas actuaciones de ETA hemos tenido
ocasión de hacer mucha jurisprudencia al respecto en la que queda
bien claro que debe ser posible que quien ha pedido la manifestación
tenga tiempo bastante para poder recurrir ante los tribunales.
En todo caso y sobre los hechos ocurridos aquel día, usted dice que
no hubo exceso policial, hay quien cree que sí, pero me interesaba
llegar a otro punto: no he dicho yo que un exceso policial no sea
delito ni que lo cometa el delegado del Gobierno y no la Policía; me
he referido a una cuestión bien distinta. En materia penal aquí y en
todas partes, las acciones no se dirigen frente a colectivos; no se
puede condenar a la Policía, sino al policía concreto. Por eso,se
puede dar el sobreseimiento de unas actuaciones en las que puede
haber habido hasta muertos en una represión policial, y sin embargo
archivarse las diligencias penales porque no puede acreditarse
exactamente quién cometió la acción delictiva. De ahí que cuando me
contesta el ministro en la sesión de control que las diligencias
penales se habían archivado, le decía: eso no evita mi control de una
actuación administrativa irregular o incluso mi posible control
político, porque puede haber archivo penal que no vaya unido a
incumplimiento o ilegalidad de índole administrativa.
Hay además otra cuestión. Tanto el secretario de Estado como el
representante del Grupo Popular me han atribuido intenciones
políticas. Estamos en una Cámara política; si quisiera haber
ejercitado acciones administrativas o penales hubiese ido a los
penales, en esta Cámara se hacen valoraciones políticas y política ha
sido mi intención en la presentación de la proposición no de ley, en
las preguntas, en la reclamación de documentación y también en este
momento. Como va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo en cuanto
a situaciones concretas, he de decir que no tengo obsesión con el
delegado del Gobierno ni quiero juzgarle, sino sus actuaciones.
Para concluir, quería hacer referencia a las afirmaciones que me han
parecido salidas del contenido de la petición de comparecencia que
hoy se realizaba y que ha efectuado el representante del Grupo
Socialista respecto al comportamiento de mi partido. Quizá ignora que
en esta Cámara hay representación de mi partido desde 1903, que
podemos tener los deseos políticos que tengamos y no los ocultamos,
pero nos hemos movido y jugado siempre desde dentro del sistema y
desde los parámetros de la constitucionalidad y la legalidad. (El
señor Chivite Cornago: El Pacto de Estella.)
Perdón, una ley orgánica es la que yo citaba para presentar la
proposición no de ley y era precisamente la 13, no recuerdo de qué
año, que regula el Amejoramiento de Navarra en la que se considera
que el vascuence es lengua oficial en determinadas zonas
vascoparlantes. Una ley orgánica es el Estatuto de Autonomía del País
Vasco que todos dicen defender, en el cual se contempla la posiblidad
de que la Comunidad Foral de Navarra pueda pasar a integrar la
Comunidad Autónoma Vasca. Se opondrán a ello muchas opciones
políticas, está en una ley orgánica, es una opción política que mi
grupo sostiene y que yo sepa el derecho de manifestación y el de
reunión están regulados en leyes orgánicas y como tal las ha
defendido el grupo al que pertenezco. Repito, en el criterio de la
opinión la Constitución ampara a quienes defendemos ideas distintas
de lo que la misma pueda contemplar, y por tanto no veo a qué vienen
las descalificaciones de una actuación política cuando, insisto, lo
que nos traía a esta Comisión era una actuación de control al
Gobierno.
Me parece que la afirmación ha ido en demérito o desprestigio del
grupo al que pertenezco y como tal he solicitado ante la Presidencia
la aclaración que he tenido ocasión de hacer, y que agradezco al
presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Tomo la palabra por un tiempo muy breve.
Señora Uría, todavía no he oído en ninguna de las intervenciones lo
que me parece fundamental, y es que alguien diga que los hechos no se
produjeron como los informes acreditan que se produjeron los hechos y
en lo que eso no se desvirtúe los hechos son como son, las
actuaciones fueron como fueron y, por tanto las responsabilidades
sólo se pueden derivar de los hechos como fueron. Si los hechos
fueron conforme a derecho y se produjeron como le he explicado aquí,
la actuación del delegado del Gobierno en
Navarra y de la Policía Nacional el 27 de mayo del año pasado fue
impecable.
En cuanto a la notificación, he leído detalladamente todas los
intentos que se han producido por tres días y a distintas horas.
Estoy convencido de que el problema de la notificación es largo y
pendiente en el derecho administrativo, como S.S. bien sabe a los
gestores nos acarrea muchas dificultades, pero nunca he oído -y a lo
mejor es una solución- que nosotros tengamos que habilitar un sistema
de comunicación a la carta para saber cuál es el horario del
trabajador o del ciudadano de turno que hace la petición para
acreditarnos que le vamos a encontrar en su domicilio y hacer entrega
efectiva de esa notificación. Qué más quisiéramos, porque se
resolverían muchos problemas, pero lamentablemente no es así. Tres
días y siete intentos de notificación son circunstancias suficientes
como para acreditar que la actuación del delegado del Gobierno en
este caso también ha sido impecable.
En cuanto a la exigencia de la autorización, señoría, la ley dice:
comunicación, pero la ley también dice que le corresponde a la
autoridad gubernativa en estos casos valorar las circunstancia de esa
petición, y en consecuencia decidir. Eso es lo que ha venido haciendo
el delegado del Gobierno frente a las comunicaciones y circunstancias
que rodeaban cada comunicación; las que se han producido en tiempo y
forma se han autorizado todas, y las que han cumplido los requisitos
de tiempo y forma no. No se han autorizado cuando no se han apreciado
circunstancias excepcionales y graves, y además se han celebrado.
Por último, no quiero entrar en las calificaciones ni en las
valoraciones jurídicas. Le he dicho antes que en este caso hay que
estar a lo que digan los tribunales y como tengo aquí la resolución
del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona me limito a leerla:
El presente procedimiento se incoó por los hechos que resultan de las
anteriores actuaciones, habiéndose practicado cuantas diligencias de
investigación se han estimado esenciales para determinar la
naturaleza y circunstancias de aquéllos y las personas que en ellos
han participado. No sé si esa investigación para usted es
insuficiente, si confunde la Policía con los números o los números
con la Policía, pero es lo que dice el juzgado. Y dice: de lo
actuado, no ha aparece debidamente justificada la perpetración del
delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones.
Dispongo que se decrete el sobreseimiento de las presentes
actuaciones.
Esto es lo que interpreta y resuelve el señor juez, una vez que ha
realizado cuantas diligencias de investigación consideró esenciales
para determinar la naturaleza y circunstancia de aquellos y las
personas que habían participado. (El señor Chivite Cornago pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos pide la palabra, señor Chivite?
El señor CHIVITE CORNAGO: Simplemente para recoger el ofrecimiento
que el señor secretario de Estado ha hecho sobre la remisión de la
documentación al Grupo Socialista, que agradezco.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, ruego lo haga a
través de la Comisión para que la misma la haga llegar al
representante del Grupo Socialista y al resto de los grupos
parlamentarios.
- SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO
EXTERIOR DEL ESTADO, Y EN PARTICULAR, SOBRE EL BLOQUEO DEL ACUERDO DE
22 DE DICIEMBRE DE 1998 SUSCRITO POR LA ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO (Número de expediente
212/002136)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día,
comparecencia del secretario de Estado para la Administración
Pública, a quien agradecemos acompañarnos toda la mañana en la
Comisión, en esta ocasión a solicitud el Grupo Socialista del
Congreso y para informar sobre la situación de los funcionarios y el
personal laboral del servicio exterior del Estado, y en particular
sobre el bloqueo del acuerdo suscrito por la Administración y los
sindicatos.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Hemos partido del Efecto 2000, hemos pasado a
las cuestiones internas, y ahora nos vamos a las externas.
Comparezco en este asunto a petición del Grupo Socialista, para
informar sobre la situación del personal del Servicio Exterior,
especialmente,sobre la situación del personal laboral y más
concretamente, atendiendo al texto estricto de la petición de
comparecencia, del proceso de negociación que se ha seguido entre la
Administración y los sindicatos para lograr un acuerdo con los
representantes de los trabajadores sobre el régimen aplicable a los
trabajadores laborales que están prestando servicios en el exterior,
con independencia del país en que cada uno los preste.
Como saben SS.SS., el servicio exterior del Estado es una realidad
muy compleja, muy heterogénea en sus aspectos organizativos,
funcionales, jurídicos y laborales. El servicio exterior no cumple
una única función ni se presta a través de una sola dependencia.
Quizás la función más importante del servicio exterior o la más
reconocida sea la misión diplomática, pero hoy no es solamente la
misión diplomática la única ni a lo mejor la más importante de las
tareas que realiza el servicio exterior, sino que el servicio
exterior, por lógica, ha extendido su acción a otros ámbitos, como
son los consulares, económicos, turísticos, culturales, educativos,
laborales, etcétera y configura ya un marco de funciones muy amplio,
muy variado y muy complejo. Pero además eso lleva a que la estructura
orgánica del servicio exterior se haya complicado como consecuencia
de que junto a la tradicional misión diplomática y a las
representaciones permanentes de nuestro país ha surgido toda una
infraestructura organizativa y administrativa a través de oficinas
consulares, consejerías de los distintos departamentos ministeriales,
etcétera que dan al servicio exterior una variedad orgánica
importante.
Junto a esta variedad orgánica y funcional, hay que tener en cuenta
que nuestro servicio exterior presenta una enorme dispersión
geográfica. Hoy estamos presentes en más de cien países, tenemos algo
más de 200 representaciones permanentes y actuamos en países con
ordenamientos jurídicos de muy distinta tradición y articulación, en
países con enormes diferencias sociales, culturales, económicas,
etcétera y es evidente que presentan dificultades para establecer
parámetros de carácter general. Aello debemos añadir que hay un gran
número de personas que prestan hoy trabajo en el servicio exterior y
que están sujetas a regímenes jurídicos de distinta naturaleza y a
las peculiaridades de los países en donde están desarrollando esa
actividad. Hoy tenemos personas sujetas a la legislación nacional,
a la legislación española, y tenemos personas que tienen regímenes con
peculiaridades, fruto de la propia práctica de la acción en el
exterior; en definitiva tenemos un marco disperso de regulación
jurídica de esas relaciones.
Todo ello hace que la ordenación de las condiciones del personal en
el exterior y más concretamente del personal laboral sea algo
complejo, sea una asignatura pendiente de hace muchos años. Desde
hace muchos años se está hablando de la necesidad de establecer algún
tipo de homogeneización de la situación del personal exterior, pero
el hecho de que haya pasado tanto tiempo pone de manifiesto las
dificultades con que tradicionalmente nos hemos encontrado en este
sector. También es verdad que esta situación nos pone de manifiesto
la conveniencia de hacer un esfuerzo por buscar pautas de
homogeneización en esa actuación y en esa organización del servicio
exterior y de su personal. Hay una realidad que no podemos ocultar,
es una característica básica de nuestro servicio exterior, y es que
nosotros estamos integrados cada vez más en una realidad
internacional cambiante, con una posición que nuestro país va
cambiando por razón de nuestro peso específico en el contexto
internacional y eso hace que se deba tener en cuenta toda esa serie
de circunstancia para que nuestro servicio exterior se vaya adaptando
a la nueva realidad.
En este contexto, ¿cuál es la situación en que se encuentra nuestro
personal en el exterior? En estos momentos, y según los últimos
datos, tenemos más de 7.000 empleados públicos en el exterior, de los
cuales aproximadamente el 64 por ciento están sujetos a las distintas
legislaciones laborales y el 36 por ciento son funcionarios que se
someten al régimen estatutario funcionarial. Empezando por estos
últimos y haciendo una breve referencia a ellos, estos funcionarios
se encuentran sometidos, como es lógico, a la legislación general de
Función pública y a los decretos específicos que regulan la acción
exterior de España, al mismo tiempo que se regulan también por las
peculiaridades de los decretos que establecen la acción exterior.
Cada uno de los departamentos ministeriales tiene sus propias
condiciones de trabajo dentro de ese marco general y también sus
propias condiciones retributivas, que reproducen las diferencias ya
existentes en el seno de los distintos departamentos ministeriales.
En definitiva, dentro de esas peculiaridades, es un régimen enmarcado
en el estatuto funcionarial general.
Por lo que se refiere al personal laboral, el régimen jurídico
aplicable ya no es uniforme porque aquí está dependiendo
de la nacionalidad de los contratantes, del lugar de celebración del
contrato, del lugar de la prestación de los servicios y también de
las condiciones que imponen las cláusulas de orden público de los
ordenamientos internos de cada uno de estos países. Por otra parte
hay que tener en cuenta las distintas prácticas que se han seguido en
la contratación en este servicio exterior. Desde el punto de vista de
la ordenación de estas condiciones, hay que señalar que el acuerdo
más remoto o el intento más remoto de ordenación a través de un
acuerdo formal con los sindicatos se empieza a producir con motivo de
la firma del tercer acuerdo marco Administración-sindicatos en el año
1986, y allí ya se recoge la necesidad de establecer un acuerdo que
de alguna manera establezca un marco general para el personal laboral
en el exterior y se asume allí el compromiso de iniciar las
negociaciones. Este acuerdo, del que no se derivó ningún resultado
concreto, fue a su vez relevado por el acuerdo del año 1994, acuerdo
Administración-sindicatos que volvió a recoger este compromiso de
analizar y negociar las condiciones de trabajo del personal laboral
en el exterior, se constituyó un grupo de trabajo que ha venido
desarrollando sus tareas hasta el momento actual y que
fundamentalmente culminó con un acuerdo el 22 de diciembre de 1998,
al que se refiere la proposición y al que luego me referiré, que
establecía un poco el marco de negociación concreta del acuerdo
concreto del personal laboral en el exterior. ¿Cual es el régimen
legal aplicable a este personal? Hoy el criterio consolidado
aproximadamente desde 1991, 1992, 1993 y que está siendo aplicado con
carácter general por parte del Estado español, es entender que el
personal laboral español contratado en España para prestar servicios
en el exterior, se sujeta en todo caso a la legislación española y el
personal contratado en el exterior, español o no para prestar
servicios en otro país se sujeta a la legislación propia del país
donde presta sus servicios. Así se desprende de las previsiones
legales, es decir del artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores,
del artículo 10.6 del Código Civil y también de los criterios
establecidos por la jurisprudencia, así como de los compromisos
internacionales asumidos por España. No obstante, es cierto que en
algunos casos se puede prever la posibilidad de que por acuerdo
expreso de las partes, si así lo estipulan, se sometan a la
legislación española pero con un límite de carácter general, y es que
en todo caso ese acuerdo queda supeditado a las cláusulas de orden
público de los derechos nacionales.
La realidad contractual, por tanto, presenta una dispersión
importante en cuanto a la naturaleza jurídica de las relaciones
laborales de nuestro personal en el exterior. En ese sentido, está
dispersión se añade a la ya expuesta anteriormente de la diversidad
funcional orgánica y geográfica y además sirve de alguna manera para
explicar también por qué después de casi 14 años del primer acuerdo
de intenciones no se haya conseguido todavía articular un acuerdo
general sobre las condiciones de trabajo del personal laboral en el
exterior. Pese a ello, nosotros creemos necesario y conveniente
avanzar en el esfuerzo por racionalizar en cierta medida nuestro
servicio exterior, establecer un ámbito de homogeneidad más amplio
que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las
distintas realidades nacionales de los países en los que actúa, y al
mismo tiempo
ser escrupuloso con el respeto a nuestros compromisos
internacionales, como no puede ser de otra manera, a los tratados
internacionales y por supuesto a las cláusulas de orden público de
las legislaciones locales. Este es el espíritu que animó el acuerdo
de diciembre del año pasado, es el espíritu que se ha seguido en las
negociaciones posteriores de desarrollo de ese acuerdo y es el que
nosotros hemos mantenido hasta el momento.
Este acuerdo, que seguramente S.S. conocerá, ratificaba en primer
lugar el compromiso de negociación que se asumió en el año 1994 sobre
las condiciones laborales del personal exterior, concretaba el
procedimiento a seguir en la negociación y establecía una relación de
temas a tratar dentro de ese acuerdo y las alternativas que se podían
producir si no se culminaba la negociación con un acuerdo formal.
La verdad es que en un ejercicio muy loable de voluntarismo, las
partes nos comprometimos a que si en seis meses no conseguíamos
cerrar lo que no habíamos logrado hacer en catorce años, preveíamos
una alternativa, y es tratar de negociar la inclusión del personal
laboral sujeto a la legislación española a las condiciones del
convenio laboral único, es decir integrarnos dentro del convenio
laboral único con las adaptaciones que fueran precisas. Pues bien,
desde que se suscribió ese acuerdo se han celebrando seis reuniones
del grupo de trabajo que han permitido avanzar a un principio de
acuerdo bastante importante en cuestiones muy amplias, jornadas,
licencias, formación, traslados, etcétera, en la misma línea del
convenio único, pero respetándose no obstante las condiciones más
favorables que ya tuvieran los trabajadores laborales en el exterior.
Este acuerdo se concretó en una oferta que formalizó la
Administración del Estado en la mesa de negociación con los
sindicatos el pasado día 9 de junio de este año, en la que además se
garantizaban unas condiciones laborales objetivas para todo el
personal, que cubría las insuficiencias de las legislaciones locales,
y como digo se aplicaría supletoriamente cuando las condiciones ya
establecidas para estos trabajadores fueran mejores. Lamentablemente,
esta oferta fue rechazada por los representantes de los trabajadores,
pues entendían que había algunas materias que no estaban en esa
propuesta que se deberían incluir y consideraban que sin ellas no era
interesante ese acuerdo. Las razones que el Gobierno explicó dentro
de la mesa era la imposibilidad, por cuestiones fundamentalmente de
tipo legal, de incorporar algunas de esas cuestiones, pero los
representantes de los trabajadores entendieron que si estas
cuestiones no estaban incorporadas en ese acuerdo no suscribirían el
mismo.
Desde este punto de vista, señoría, hablar de bloqueo de la
negociación no es exactamente correcto. Yo creo que la negociación no
está bloqueada, entre otras cosas no puede estar bloqueada porque hay
alternativas a la posibilidad o a la imposibilidad del acuerdo, como
estaban ya recogidas en el acuerdo de 1998, que es abrir la
negociación del convenio laboral único, y en ese sentido hemos
seguido avanzando en el diálogo con los representantes de los
trabajadores para que se siguiera concretando el mejor acuerdo
posible. Nuestra posición es la que se recoge el 9 de junio de 1999.
Yo creo que ésta es la propuesta más completa,más concreta y más
seria, por no decir la única además,
que se ha hecho en toda la historia del servicio exterior. Nuestra
voluntad es seguir discutiendo con los sindicatos para conseguir ese
acuerdo; si no lo consiguiéramos tenemos la fórmula del convenio
laboral único, que a nosotros realmente no nos satisface porque
creemos que es mejor el acuerdo específico. No podemos olvidar, como
decía al principio, que estamos ante un asunto complejo técnica,
organizativa, funcional y jurídicamente, con realidades distintas
y con la necesidad de hacer un sistema lo más homogéneo posible, pero
al mismo tiempo lo más flexible posible para que nos permita ir
adaptando nuestro servicio exterior a la realidad con que nos
encontramos en los distintos puntos que estamos actuando. En ese
sentido, espero que el esfuerzo que ha hecho la Administración y que
está dispuesta a seguir haciendo, sirva para que los representantes
de los trabajadores también hagan un esfuerzo por su parte por
concretar el alcance de esta negociación y poder dar el primer paso
de ordenación seria en el servicio exterior.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Rodríguez
Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias al señor secretario de Estado
por su tercera comparecencia en la mañana de hoy.
La descripción de la situación sintética pero objetiva del servicio
exterior, que es compartida por nuestro grupo, pone de manifiesto dos
cosas, que estamos ante un tema más importante de lo que seguramente
pueda parecer en principio y que no se puede agotar lógicamente en
una comparecencia, y por otro lado que la iniciativa del Grupo
Socialista tiene el interés de que en el ámbito de esta Comisión
abordemos, aunque sea por una vez y de la forma más amplia posible,
el problema que en estos momentos existe en el servicio exterior. Es
verdad, y lo ha dicho el señor secretario de Estado, que el problema
se arrastra de hace tiempo, es difícil, complejo, estamos ante
situaciones muy heterogéneas, muy distintas, pero no es menos cierto
que la evolución de nuestro país, por suerte, hace que cada vez sea
más importante mimar -valga la expresión- y dedicarle la mayor
atención posible, tanto desde el punto de vista político, como
especialmente desde el punto de vista lógicamente de la actuación
administrativa del Gobierno. El incremento del papel de España en el
mundo y desde luego la importancia de que nuestro servicio exterior
esté bien ordenado, que funcione bien, que sus trabajadores estén a
gusto y cumplan adecuadamente sus funciones, creo que no se nos
escapa a ningún grupo parlamentario, y desde luego tampoco al
Gobierno. Esta demanda se ha ido incrementando en los últimos años de
manera muy evidente, sobre todo teniendo en cuenta la
internacionalización o la globalización de la vida política,
económica, social, cultural y desde todo punto de vista. Por tanto,
el objetivo último de esta comparecencia es que sirva de acicate, de
estímulo y que de verdad podamos ir a una ordenación más racional de
nuestro servicio exterior y a una atención mucho más importante.
No obstante, quiero hacer algunas consideraciones, sobre todo a modo
de preguntas en este momento, porque me parece que puede ser
interesante para situar dónde están nuestras preocupaciones más
destacadas. Desde luego, los
representantes de los trabajadores tienen en estos momentos una
posición muy crítica hacia la actitud del Gobierno en esta materia.
La palabra bloqueo que a usted le parecía exagerada, es suave en
relación con lo que los representantes de los sindicatos nos han
transmitido, que obviamente y como no se le escapa es el origen
último de esta comparecencia. Fracasos es el término que se pone
encima de la mesa, actitud cerrada de la Administración y situaciones
en las que no puedo entrar en detalle por razón de tiempo. Pero hay
algunas cuestiones que me gustaría plantear.
Según la información que se nos ha transmitido -y quiero que usted me
la corrobore aquí, si está en condiciones en este momento-, hay una
creciente situación de despidos en el ámbito del personal laboral del
servicio exterior. Concretamente hay un dato que a nosotros nos ha
preocupado. En sí mismo no es revelador, pero sí es enormemente
significativo. De enero a mayo de 1999 parece que la Administración
del Estado ha pagado 800 millones de pesetas en indemnizaciones por
despido del personal laboral en el servicio exterior del Estado. Nos
parece una cifra elevada, importante, y según se nos transmite es una
cifra que ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años,
significativamente ya en 1998 y en este último año 1999.
En segundo lugar, nos gustaría saber cuál es la posición que mantiene
el Gobierno en torno al artículo 4 del Real Decreto-ley de
retribuciones en el exterior, porque tiene un plazo de cinco años
(quizás sea muy prolijo explicar aquí el tema del módulo de calidad
de vida, pero seguramente el secretario de Estado me entiende
perfectamente), plazo que se cumple el 1.º de enero del 2000, y al
parecer todavía no hay desarrollo, una posición por parte del
Gobierno y preocupa mucho al personal funcionario en este caso del
servicio exterior.
Seguimos manteniendo en el ámbito funcionarial -y yo creo que habría
que hacer una reflexión - la situación de provisión de puestos de
trabajo con el carácter de libre designación prácticamente en la
totalidad de los mismos, y debería hacerse una reflexión en ese
sentido. Sabemos que estamos en un servicio muy especial, muy
singular, pero quizá debería hacerse una reflexión, y quisiera
conocer la opinión del Gobierno en esta cuestión.
Otro de los temas que seguramente conoce el secretario de Estado,
aunque no ha hecho referencia a ello, es la nueva interpretación que
se ha producido en relación con el personal laboral; seguramente
conoce que es uno de los temas que más inquietud y preocupación
-incluso parece ser que múltiples iniciativas o conflictos
jurisdiccionales- va a ocasionar es la interpretación que se está
haciendo a partir de enero de 1999 por el Ministerio de Economía y
Hacienda, concretamente por la Dirección general de Tributos, en
relación con la declaración de la renta del personal laboral y su
sujeción al impuesto como sujetos pasivos del mismo. Ha habido un
cambio de interpretación sin que la ley haya cambiado. La verdad que
es un tema complejo técnicamente, lo reconozco; pero ciertamente está
dando lugar a una situación un poco absurda. Ese cambio de
interpretación ha hecho que a todo el personal laboral en el exterior
se le considere como no residente en España, lo que ha originado para
el mismo un aumento importantísimo de las retenciones sometiendo a
estos trabajadores a una pérdida
de poder adquisitivo, en un contexto de reforma del IRPF donde al
menos el Gobierno intenta convencernos de que sucede lo contrario.
Usted es consciente de que esto ha originado una gran polémica que ha
obligado a judicializar esta situación y se produce el absurdo de que
en estos momentos un chófer en el servicio exterior del Estado, un
contratado laboral tiene una retención mayor que la que tiene el
embajador. Esto no parece que tenga la más mínima lógica desde ningún
punto de vista. Conozco el informe que ha hecho la Dirección general
de Tributos, pero la verdad que es un informe, no tiene otro valor
jurídico. Insto desde aquí al Gobierno a que replantee la situación.
Seguramente habrá que hacer algún desarrollo normativo, incluso se ha
podido debatir y creo que es complicado en la propia Ley del IRPF,
nosotros lo hemos estado estudiando pero la situación es absurda y no
uede tener explicación desde el punto de vista de los principios de
la imposición directa. Le insto a que tome alguna iniciativa en esa
materia porque nos parece una cuestión ciertamente importante.
También nos gustaría saber cuáles son las materias que han impedido
el acuerdo hasta este momento. Comparto su opinión; es mejor el
acuerdo que ir a la cláusula de salvaguarda del acuerdo de diciembre.
Sería mejor hacer un marco único de regulación del personal laboral
en el servicio exterior del Estado, es lo que desean los sindicatos,
es lo que en principio se apuntaba en el año 1986 y luego en el
acuerdo de 1994 al que usted ha hecho referencia y la verdad es que
no sabemos muy bien, tampoco lo ha explicado -seguramente por
problemas de tiempo-, los puntos que han impedido hasta este momento
el acuerdo. Me parece que la última reunión, de la que yo tengo
noticia al menos, para abordar este tema fue en julio de 1999, no sé
si ha habido alguna posterior, pero desde aquí le insto a que de
inmediato reanude esas conversaciones; nos parece una cuestión
importante para el personal laboral (y usted es consciente de que hay
un proceso in crescendo de judicialización tanto en el ámbito laboral
como en el fiscal en este caso por el tema que acabo de expresarle),
y porque en algún momento esto puede convertirse en una situación muy
preocupante, al menos así nos lo transmite la representación de los
7.372 empleados que en efecto prestan su servicio en el ámbito
exterior del Estado.
También le insto, aunque seguramente no es lo perentorio porque lo
perentorio yo creo que es el marco del personal laboral, a que su
Ministerio intente algún plan de racionalización en el ámbito
funcionarial desde el punto de vista de ir a un patrón más general,
más común, más homogeneizador en todos los ministerios, porque es
verdad que el proceso ha ido decantándose hacia una situación de
absoluta heterogeneidad en las situaciones, en los tipos de puestos
de trabajo, en la provisión y en los modelos contractuales. En fin,
creo que son temas muy en detalle, pero me parece que incluso sería
conveniente elaborar un plan director o un plan global de
racionalización del servicio exterior del Estado que abarcara
aspectos organizativos, aspectos de personal tanto funcionarial como
laboral.
Con esta comparecencia hemos querido llamar su atención, porque
nuestra preocupación es grave y esperamos que el Gobierno agilice
todo lo que está detrás, porque su descripción la compartimos
básicamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría por el Grupo
Vasco (PNV).
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Al Grupo Vasco le ha parecido enormemente
interesante, y le felicita por ello, la iniciativa del Grupo
Socialista trayendo a la sede de esta Comisión la situación de los
funcionarios y personal del servicio exterior del Estado que creemos
es un personal que va a más, que debe ir a más por el
desenvolvimiento de las relaciones internacionales y la presencia en
foros internacionales del propio Estado. También le ha gustado cómo
se enfoca el asunto desde la Administración del Estado por el
secretario para la Administración Pública, y le exhortamos por
supuesto a que si no existe el desbloqueo se intente o se hagan todos
los esfuerzos necesarios a fin de para que se pueda llegar a acuerdos
en esta materia para que cuando menos exista el marco en que pueden
moverse con cierta seguridad jurídica estas personas que están en el
servicio exterior.
Como corresponde a la formación que represento, quería aprovechar la
ocasión para formularle una pregunta, repito, del matiz propio que se
atribuye a los nacionalistas de interesarnos por lo nuestro, y es dar
una vuelta más a esta cuestión referida a un personal que ciertamente
no es personal del servicio exterior del Estado pero sí es personal
dependiente de administraciones del Estado y que están en el
exterior; me refiero en concreto al personal dependiente de las
comunidades autónomas que está en las oficinas que éstas tienen,
ahora ya todas creo, singularmente ante instancias europeas. Es
conocido por el secretario de Estado, sin duda alguna, que en los
tiempos de Gobierno socialista se prohibió esta presencia de oficinas
por parte de las comunidades autónomas, pero fruto del empeño del
Gobierno sostenido por el grupo al que yo represento el Tribunal
Constitucional llegó a dictar una sentencia en el año 1994, famosa
sentencia al menos desde nuestra óptica, referida a la oficina del
Gobierno Vasco en Bruselas, por la que se dice que las comunidades
autónomas no hacen política exterior o no tienen la representación
exterior del Estado pero sí hacen actuaciones con relevancia
exterior. En estas delegaciones -repito que creo que ahora todas las
comunidades autónomas tienen personal - hay unos ciudadanos que
trabajan y tienen una condición de auténticos parias si se les
compara con la situación del personal dependiente del servicio
exterior del Estado, que ya hemos quedado ésta tampoco es todo lo
buena que sería deseable.
Cierto es que ha habido avances y avances además en esta misma
legislatura. Tengo delante el acuerdo de diciembre de 1997 de la
Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas
publicado por resolución de 24 de marzo, en el que por lo menos se
consigue que el personal que se integra en estas oficinas tenga
acceso al sistema de Seguridad Social. Es verdad que la única
comunidad autónoma que se opuso a este acuerdo fue la del País Vasco
porque ya teníamos solucionado este asunto por otra vía y nos parecía
que era excesivamente corto de miras en cuanto a la pretensión de lo
que debiera ser la situación de este personal, repito, y de sus
instalaciones.
Por tanto, le quería preguntar si existe alguna previsión respecto a
planes del Gobierno para dar cierto reconocimiento de oficialidad,
como Administración que son fuera
de España, a estas representaciones de las comunidades autónomas y si
existe idea de dar algún estatus a su personal. En la oficina de
Bruselas -simplemente se lo indico como referencia- me decían en el
día de hoy que el exceso de gasto que les supone a ellos si tuviesen
algún reconocimiento oficial viene a ser el 30 por ciento de lo que
la oficina vasca en Bruselas cuesta hoy día, que debe ir, como todo
presupuesto público, con cargo a los ciudadanos de la comunidad en
cuanto a IVA, matriculación de coches o cualquiera otras
circunstancias.
Sé que es más complicado todavía en lo que hace referencia al otro
personal, pero sí me gustaría saber si el Gobierno tiene algún
planteamiento al respecto o si se piensa abordar esta cuestión de
alguna forma en fecha inmediata.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Yo quiero también agradecer la exposición
que ha hecho el señor secretario de Estado de Administraciones
Públicas. Entendemos que se ha avanzado en los últimos años y que se
ha producido un punto de partida importante desde el acuerdo
suscrito, aunque no haya podido llegarse a una negociación definitiva
por el transcurso perentorio del tiempo de seis meses puesto que se
empezó a avanzar básicamente a partir de 1986.
Me gustaría hacer un paréntesis para poner de manifiesto que esta
portavoz agradecer el tono de las distintas intervenciones y que le
gustaría que, cuando el Gobierno comparece o cuando se exponen
distintos motivos, ya sean políticos o jurídicos, el tono fuera
siempre de ese talante, puesto que ello contribuye a un mayor
enriquecimiento de todos los grupos que participan en un determinado
debate.
Dicho esto, felicito al Gobierno por los acuerdos alcanzados. Esta
portavoz a lo largo de su vida profesional, ha tenido la posibilidad
de conocer muchísimas demandas en el ámbito de los juzgados de lo
Social, porque en muchas dependencias del servicio exterior no se
contemplaba la posibilidad de contar con la cobertura de Seguridad
Social cuando se trabajaba en el extranjero dentro de la aplicación
de la legislación laboral, bien fuese española o local. Es evidente
que desde entonces se han producido avances sustanciales y coincido
con el portavoz del Grupo Socialista en que este tema es de muchísima
importancia, como también lo es la mayor presencia que España tiene
no sólo en la Unión Europea, en la que España se sitúa junto con los
países de cabeza, sino en el resto del mundo. Es evidente que las
funciones que dependen del servicio diplomático no sólo son las
consulares y diplomáticas sino también las comerciales, laborales,
culturales, de defensa, o turísticas, y en las legislaciones
aplicables es muy difícil poder llegar a un criterio homogéneo. De
todas formas, sí me gustaría poner de manifiesto que creo que el
Gobierno ha demostrado una preocupación social muy importante a lo
largo de esta legislatura y que ha sido capaz de suscribir numerosos
acuerdos con las fuerzas sociales, las empresariales y las
sindicales, que han dado lugar a la creación de numerosos puestos de
trabajo en España y a que las altas de la Seguridad Social hayan
aumentado. También quiero poner de manifiesto que quizá no haya sido
por la falta de sensibilidad
social del Gobierno por lo que no se haya podido llegar a un
acuerdo sino por la dificultad de la temática. No obstante, partir de
ese acuerdo nos parece importantísimo, porque ir homogeneizando la
aplicación del convenio único laboral en España a los trabajadores
que prestan sus servicios en la Función pública pero que están
sujetos al derecho laboral nos parece un paso sumamente importante;
un poco aquello que se conoce en legislación penal como in dubio pro
reo, que no es aplicable al caso pero que sí hace referencia a que se
respeten las condiciones mejores de trabajo previstas en las
distintas legislaciones locales cuando el personal laboral no ha sido
contratado en España y por tanto no está sujeto a las normas
laborales españolas sino a las locales del país donde fueron
contratados.
Por tanto, felicitamos al Gobierno de forma respetuosa, pidiéndole
que siga avanzando en esa dirección porque creemos que la labor
realizada en los últimos años ha sido realmente el primer paso
efectivo para poder homogeneizar el personal que trabaja en el
servicio exterior de España.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(González González): Yo agradezco también el tono de las
intervenciones porque comparto el criterio del señor Rodríguez
Zapatero. Creo que el servicio exterior cada vez va a tener más
importancia, como decía al principio, por la evolución de la posición
española en el contexto internacional y es evidente que tenemos que
garantizar que ese servicio exterior sea el mejor de los posibles,
sobre todo teniendo en cuenta la importancia que van a tener estas
personas de cara a nuestra posición no sólo en el ámbito de la Unión
Europea, que ya es evidente en las negociaciones de cualquier tipo de
acuerdo, sino también en el ámbito internacional. Por eso estoy
convencido de que hay que cuidarlo, y no tenga ninguna duda de que
estamos intentando avanzar al máximo en una tarea que es compleja
pero en la que creo que hemos recorrido bastante camino.
Que es muy crítica la posición de los sindicatos. A mí me parece que
no es tan crítica, sobre todo en este tema concreto. Quizá ha habido
algún asunto que ha coincidido con la negociación de éstas y otras
cuestiones que ha podido influir negativamente para conseguir que se
produjesen mayores avances y, lógicamente, cada uno opta por utilizar
como mejor considere sus vías y sus estrategias en la negociación,
sobre todo cada sindicato en razón de la posición que mantiene, lo
cual es muy respetable. Pero yo creo que la posición no es de
fracaso, que sería excesivo, ni de cerrazón. Los hechos son evidentes
- y lo que sí es cierto es que no hemos conseguido formalizar el
acuerdo que nosotros querríamos, pero vamos a seguir intentándolo.
Desde el punto de vista de la situación, he de decir que yo no tengo
los datos con que S.S. cuenta. En el tema de los despidos, yo creo
que lo que se está produciendo en el servicio exterior, y es
importante, es una racionalización en la medida de lo posible,
conforme al criterio que he explicado antes y que es que ya desde los
años 1991 a 1993 se estableció una definición clara del marco de las
relacionesjurídicas que deben soportar los trabajadores del servicio
exterior. Eso es fundamental. Creo que ahí se ha avanzado mucho y que
se tiene que seguir avanzando, porque ello nos va a facilitar que en
el futuro podamos prestar un sistema mucho más homogéneo y que
funcione mejor. Lo que sí es cierto es que, como consecuencia de la
aplicación de esos criterios, se está produciendo una reordenación y
una racionalización de esas relaciones laborales, que, insisto, es
buena para el objetivo que nosotros nos hemos marcado.
Es verdad que en el ámbito de los funcionarios se plantea la cuestión
relativa al cumplimiento de los cinco años previstos en el decreto de
13 de enero de 1995. Como usted sabe, ahí se estableció una situación
por parte de diversos ministerios, fundamentalmente de Hacienda, como
consecuencia de la necesidad de revisar las condiciones económicas en
las que se encontraba determinado personal del servicio exterior que
permanecía en el mismo puesto de trabajo y en el mismo destino por
más de cinco años. Evidentemente, se establecía un plazo con toda una
serie de previsiones de movilidad para matizar la aplicación de esta
previsión pero la práctica, al día de la fecha, lo que ha puesto de
manifiesto es que la fórmula que ahí se contenía no ha sido muy
práctica, porque realmente establecía una fórmula forzada para huir
de la norma y era que simplemente con presentarse a un concurso,
aunque no se le moviera, no se le aplicaba las condiciones de
modificación retributiva; era un poco un brindis al sol. Además,
tenía un problema de gestión muy grave y es que había que presentarse
a todos los concursos. ¿Cuál es nuestra posición en este asunto? En
primer lugar, que, antes de aplicar esto, hay que tener muy claro
cuáles son los términos de su aplicación, y si no están claros hay
que reflexionar sobre el modelo que ahí se contiene. Nosotros
pensamos que no es bueno que haya personas que se enquisten en el
servicio exterior. Yo creo que el servicio exterior, por sus
peculiares características, tiene que tener una rotación que,
lógicamente, dependiendo de cada servicio, podrá ser menor o mayor.
De hecho, está bastante regulada ya; en algunos casos son tres años
más otros tres, en otros casos son cinco, etcétera. Yo creo que es un
tiempo razonable. A partir de ahí, el análisis correcto tiene que ser
cuáles son los componentes de la retribución del exterior. Es decir,
si nosotros en el exterior retribuimos un concepto de adaptación al
entorno y entendemos que hay alguien que puede estar por encima de
ese tiempo de adaptación al entorno, es lógico que corrijamos esa
retribución. Pero si no hay ningún concepto retributivo de adaptación
al entorno, sino de las condiciones de vida propias del país, esas
permanecen y en cada momento se hace el ajuste, y por lo tanto habrá
que retribuir al que lleve tres, al que lleve cinco y al que lleve
uno en esas condiciones. Ese es el análisis que hay que realizar para
establecer cualquier medida de corrección, y no creo que debamos
utilizar exclusivamente fórmulas retributivas para forzar las
movilidades. Si los tiempos están establecidos, están establecidos,
y al personal habrá que pagarle lo que le corresponda, lo que estimamos
que se tiene que pagar por el desempeño de su función en cada país de
acuerdo con las condiciones de vida de ese país. Esa al menos es
nuestra posición, y así se lo hemos hecho saber fundamentalmente al
Ministerio de Asuntos Exteriores. La conclusión es que yo creo que
desde el 1 de enero va a ser difícil aplicar este decreto, por las
circunstancias a las que me he referido.
En cuanto a la libre designación, este es un tema viejo. El servicio
exterior, como S.S. sabe, tiene unas peculiaridades muy singulares.
Yo conozco bien, por la responsabilidad que he tenido anteriormente,
el servicio docente, y en él no utilizamos la libre designación para
los profesores en el exterior, sino que se hace a través de un
proceso selectivo bastante complejo. Depende de cada servicio; no se
puede generalizar esta situación. Yo creo que la selección de los
puestos de responsabilidad en el exterior tiene que tener un
componente de una cierta discrecionalidad; no basta con demostrar que
uno tiene conocimientos o que tiene una determinada aptitud en
relación con una materia, sino que en el servicio exterior juegan
otros condicionantes externos que no se conocen hasta que uno
realmente los vive, y eso plantea muchísimas dificultades en algunos
casos, gente que no se adapta al entorno, que no se adapta al país.
Hay que encontrar siempre un punto de equilibrio entre estas
cuestiones, que es a lo que yo me refería cuando hablaba de la
complejidad y la flexibilidad del servicio exterior. En términos
generales, nuestro personal laboral se concentra casi en un 50 por
ciento en los profesores y en el personal de esta naturaleza, que no
se seleccionan por un procedimiento de libre designación, sino por
los procedimientos normales de concurso de méritos, etcétera, y yo
creo que eso funciona relativamente bien. No obstante, siempre se
puede avanzar en esta consideración.
Sobre el sistema tributario, yo comprendo el planteamiento que hace
S.S. porque también sé el planteamiento que hacen los representantes
de los trabajadores y sobre todo los propios trabajadores, que sufren
en sus carnes el criterio. El criterio interpretativo de la
aplicación de la legislación y de los tratados internacionales en
materia tributaria y de los convenios, que usted conoce, porque veo
que tiene la misma información que yo, si no más, es el que hace la
Dirección General de Tributos. En principio, nosotros podemos hablar
con ellos y con el servicio exterior, que está muy preocupado, con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, por este asunto, porque
efectivamente tiene una incidencia económica importante en la
situación del personal en el exterior, pero, como decía S.S.,
probablemente habrá que hacer algún otro tipo de desarrollo
legislativo si se quiere corregir la situación actual. No obstante,
en principio, la interpretación que hace la Dirección General de
Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda es de obligado
cumplimiento hoy por hoy, y probablemente, si conoce, como conoce, en
profundidad ese informe, verá que tiene las consecuencias que tiene
pero que está, a mi juicio, bastante bien fundamentado.
Respecto a qué impidió el acuerdo, hay que decir muy brevemente que
había una serie de materias que no se incorporaron porque, como decía
al principio, desde el punto de vista de la aplicación del derecho,
entendemos que no pueden estar en el ámbito de la negociación; por
ejemplo, la representatividad sindical. No es posible incluir la
representación sindical o las elecciones sindicales en el exterior
porque esto afecta claramente a las cláusulas de orden público.
Además, este es un asunto en el que los tribunales españoles ya se
han pronunciado. Concretamente, hubo dos sentencia que denegaban la
posibilidad de celebrar
elecciones sindicales en el exterior conforme a la legislación
española, por esta misma causa, en un recurso interpuesto en su día
por UGT, que fue denegado el 28 de febrero de 1996, ante la Audiencia
Nacional, y otro de Comisiones Obreras, que fue denegado por el
Tribunal Supremo el 10 de febrero de 1996. Es evidente que, ante
estos pronunciamientos de los tribunales, que dejan claramente de
manifiesto que estas son cuestiones que afectan a las cláusulas de
orden público de los derechos nacionales, no es posible incorporar
estos aspectos en el ámbito de la negociación, y por lo tanto hay que
estar a las características de la legislación local.
El segundo tema fue el régimen disciplinario, en el que ocurre lo
mismo. Todo el sistema de regulación de despidos en el ámbito laboral
es, dado el carácter tuitivo del derecho laboral, algo que se
configura como de orden público de los ordenamientos locales. Por lo
tanto, hay que estar a la legislación local y no puede ser objeto de
negociación en el ámbito de este convenio.
El tercer aspecto fue el régimen retributivo, que, como usted sabe,
presenta enormes dificultades dentro y fuera, no es una cuestión
exclusivamente de fuera. Hay que decir que el régimen retributivo
también tiene, al margen de eso, dificultades de generalización. ¿Por
qué? Porque las condiciones económicas de los países, las condiciones
de vida y los elementos que configuran el régimen retributivo no
pueden ser los mismos en Estados Unidos que en Dinamarca, Tanzania o
Guinea, por lo que hay que establecer un sistema de corrección que
difícilmente puede llevar a una generalización. Pero es que, además,
esta dispersión y esta variedad se produce también internamente, es
decir, partimos de unas retribuciones básicas del personal de los
departamentos ministeriales que tienen componentes diversos, como S.
S. sabe, y eso hace que sea muy difícil la generalización de las
mismas condiciones económicas a todo el personal del servicio
exterior de todos los departamentos ministeriales. Hay además un
problema que se deriva también de las dificultades que tenemos a la
hora de aplicar el convenio laboral único. Para establecer un sistema
retributivo, tenemos que haber establecido categorías laborales
adaptadas a las condiciones propias del personal laboral. Tenemos que
definir categorías, asignar al personal a esas categorías y retribuir
conforme a esas categorías. Ese es un proceso que si internamente es
complejo, externamente lo es muchísimo más, y como usted sabe esa es
una de las grandes dificultades que tenemos para el desarrollo del
convenio laboral único. Por eso, en lo que no estén resueltas estas
cuestiones, realmente no es posible fijar un criterio general
homogeneizador de las condiciones retributivas del personal laboral
en el exterior.
Se hacía referencia a la discusión sobre la existencia de una
comisión de vigilancia e interpretación del acuerdo suscrito. Como ya
se explicó a los representantes de los trabajadores, esto no era
posible, porque lo que se pretende con el acuerdo es convertirlo en
una disposición normativa de carácter general y de obligado
cumplimiento para todo el servicio exterior. Por lo tanto, sí se
puede establecer una comisión de seguimiento del acuerdo, pero no se
puede establecer una comisión interpretativa de una disposición
normativa, porque no le corresponde a la comisión, lógicamente,
entrar en la interpretación de las disposiciones normativas
de general aplicación. Y estas han sido las cuestiones
básicas que llevaron a los sindicatos, yo creo que por otras
cuestiones, pero también por estas, a radicalizar su posición y no
suscribir en su momento la oferta de la Administración local. Yo creo
que dicha oferta es bastante razonable y buena y celebro que comparta
conmigo que tenemos que ir por esa vía, y no por el convenio laboral
único.
En la racionalización en el ámbito funcionarial, se reproducen,
aunque con otras características, estos problemas, y en eso estamos.
Y, como usted sabe, no es fácil ordenar el servicio exterior. El
Gobierno ha hecho intentos y tenemos algunos proyectos que no han
podido culminar en esta legislatura, pero que espero que puedan
culminar en la próxima, la ordenación a través de la ley del servicio
exterior.
A la señora Uría quiero decirle que, desde el punto de vista del
personal de las oficinas de las comunidades autónomas, nosotros
podemos actuar respecto a los criterios y condiciones generales
aplicables a todo el personal, como por ejemplo la regulación de la
Seguridad Social, etcétera. En las condiciones más concretas de un
personal que no es nuestro, sino que es personal propio de las
comunidades autónomas, que establecen sus propias condiciones,
lógicamente las comunidades autónomas tendrán que obrar en
consecuencia, y por lo tanto me parece bien todo aquello que nosotros
podamos hacer o en lo que podamos ayudarnos mutuamente en estas
consideraciones, pero dudo que corresponda al Estado establecer el
régimen jurídico o condiciones aplicables al personal de las
comunidades autónomas en estos organismos internacionales. Muy
probablemente, algunas comunidades autónomas no verían bien que
nosotros nos metiéramos en cuestiones que, dentro del marco que fijó
el Tribunal Constitucional, son de competencia de las comunidades
autónomas. Nosotros pensamos que es básico que haya unidad de acción
exterior y que la acción exterior de España representa a todas las
comunidades autónomas y a todos los servicios de nuestro país, y
pueden contar con nosotros para que avancemos en esa línea, pero
siempre dentro del principio básico de la unidad de acción exterior y
de la coordinación de esa acción en la defensa de los intereses de
España en el exterior.
Por último, quiero decirles que por parte del Gobierno y por la mía
consideramos que la vía es recuperar la propuesta de acuerdo del 9 de
junio de 1999. Creemos que la alternativa que pactamos en 1998 de ir
al convenio laboral único no es la mejor alternativa; es una
alternativa lenta, compleja y difícil, que va a volver a retrasar
mucho más todos los intentos de ordenación que hemos realizado hasta
ahora y, además, por encima de todo, es una alternativa limitida,
porque solamente sería aplicable al personal laboral en el exterior
sujeto a la legislación española. Por tanto, quedaría una parte muy
importante, la más importante, del personal en el exterior que
seguiría estando sin un marco de ordenación de carácter general.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su comparecencia y por su presencia para las dos comparecencias
anteriores a lo largo de esta mañana.
Señorías, suspendemos la sesión un minuto para despediral señor
secretario de Estado.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LAQUE SE CREAEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
PROTÉSICOS DENTALES. (Número de expediente 121/000185.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión.
Hemos de ratificar la ponencia designada para informar el proyecto de
ley por la que se crea el Colegio de protésicos dentales.
Señorías, ¿dan su asentimiento? (Pausa.) Muchas gracias.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
PEDAGOGOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 122/000206.)
El señor PRESIDENTE: También, en el punto 5 del orden del día, hemos
de ratificar la ponencia designada para informar la proposición de
ley de creación del colegio profesional de pedagogos. ¿La damos por
aprobada? (Pausa.) Muchas gracias, señorías.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIALEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LAQUE SE CREAEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE
PROTÉSICOS DENTALES. (Número de expediente 121/000185.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día:
Proyecto de ley por la que se crea el consejo general de colegios de
protésicos dentales.
Para la defensa de las enmiendas mantenidas a este proyecto de ley,
por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a ser muy breve.
Nosotros nunca hemos sido muy partidarios de la proliferación
y aprobación de colegios profesionales. La defensa de los derechos y de
las condiciones de cada una de estas nuevas profesiones, de estas
nuevas realidades, debe hacerse desde una organización más general,
más colectiva que la concreta. Es verdad que hay un soporte desde la
aprobación de la ley del año 1997, de 14 de abril, donde se dice que
cuando existe un ámbito territorial con varias organizaciones
colegiales se puede crear un consejo general de colegios a nivel
nacional, a nivel de todo el Estado. Por tanto, nuestras enmiendas no
pretenden que eso no se cumpla, ni tampoco, puesto que hay un título
de formación profesional de segundo grado, establecido desde el real
decreto del año 1995 hasta hoy, que no existan las condiciones para
crear este colegio. Existe una profesión y existe esa realidad de
ámbito territorial inferior. Nosotros presentamos unas enmiendas no
al cuerpo legislativo, artículos 1 y 2, sino a las disposiciones
transitorias de puesta en marcha de esta creación.
Esas enmiendas van dirigidas a mejorar el carácter de representación
en el consejo, pretendiendo añadir el criterio de elección, en el
sentido de ser elegido democráticamente entre los miembros por parte
de cada uno de los colegios constituidos en cada comunidad. Nosotros
queremos asegurar que el representante de cada colegio sea elegido
por todos los miembros de esa organización y no sólo por una elección
de segundo nivel, es decir, dentro de la junta directiva. La segunda
enmienda pretende añadir el mismo criterio, que antes he defendido,
en la disposición transitoria primera, en el punto dos. La tercera
enmienda pretende dejar más claro, redactar mejor, todo el párrafo
tercero. Nosotros proponemos que, una vez redactados los estatutos
generales provisionales, sean votados por todos los miembros de los
colegios oficiales de protésicos dentales y que sea entonces remitido
al Ministerio de Sanidad y Consumo para que sea publicado en el
Boletín Oficial del Estado. Por último, la enmienda cuarta va
dirigida a la disposición transitoria segunda cuando viene a regular
que el consejo general del colegio de protésicos quede constituido
y adquirirá personalidad jurídica plena con capacidad de obrar en el
momento en que se constituya el órgano de Gobierno. Nuestra redacción
es un poco más exhaustiva. Por tanto, siendo lógico esperar a los
estatutos, nosotros proponemos que en ellos se recoja tanto la
elección como la composición y el funcionamiento de ese consejo, que
deba ser publicado en el Boletín Oficial del Estado para que dicho
órgano adquiera tanto la plena personalidad jurídica como la
capacidad de obrar, que se da por sentado en la redacción del
Gobierno. Pretendemos una modificación del punto primero de la
disposición transitoria segunda. El objetivo es dotar de mayor
capacidad de elección y mayores garantías al funcionamiento de este
consejo y en este sentido creemos que mejoramos la propuesta del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Para utilizar un turno en contra de las
enmiendas, por el Grupo Popular, el señor Mingo Zapatero tiene la
palabra.
El señor MINGO ZAPATERO: Intervengo de forma muy breve para
manifestar nuestra discrepancia y nuestro voto en contra de las
enmiendas que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida en
relación con este proyecto de ley en el que se crea el consejo
general de protésicos dentales. Y lo hacemos con el ánimo que hemos
seguido en los distintos consejos generales que se han aprobado en
esta legislatura. Me refiero a los dos primeros, el de podólogos y el
de fisioterapeutas, que fueron aprobados en la Comisión de Sanidad,
con competencia plena, durante el pasado año 1998. De la misma manera
me refiero a los colegios de biólogos y de técnicos forestales, que
han sido aprobados en esta Comisión, también con competencia
legislativa plena. Todos ellos han tenido un criterio común. Los dos
primeros no tuvieron enmiendas de esta Comisión de Administraciones
Públicas y estos dos últimos sí las tuvieron, que fueron similares a
las que formula hoy el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y fueron rechazadas
por todos los grupos políticos. Las razones, por lo tanto, son
similares a las mencionadas anteriormente y se concretan,
fundamentalmente, en la capacidad que tienen los colegios
profesionales, en este caso de protésicos dentales, y sus órganos de
gobierno para determinar quiénes son los miembros que les van a
representar en esa comisión gestora, con criterios de independencia
de esos órganos. Asimismo, aceptar la enmienda supondría abrir un
proceso electoral en todo el territorio nacional, que retrasaría la
constitución de esa comisión gestora.
En relación con la segunda enmienda, estimamos que es innecesaria la
propuesta que realiza, en tanto en cuanto ya está recogida en las
normas de constitución de los órganos de gobierno.
También muy brevemente, analizaré la tercera enmienda. En nuestro
criterio no parece adecuado que estos estatutos provisionales tengan
que ser aprobados por unanimidad por todos los colegios. Entendemos
que el proyecto ya prevé su elaboración en la comisión gestora, en la
que están presentes todos los colegios, lo que garantiza, sin lugar a
dudas, el máximo consenso.
Por lo que se refiere a la última enmienda, entendemos que los
estatutos provisionales tienen que prever las formas y las normas de
constitución de esos órganos de gobierno, y que solamente con su
entrada en vigor se pondrá en marcha el proceso electoral para
designar el presidente y los distintos miembros de la organización.
Entendemos que son razonamientos de suficiente peso, que han sido ya
esgrimidos con anterioridad. Por tanto, manifestamos nuestra
oposición y nuestro voto en sentido negativo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, la señora Marón Beltrán tiene la palabra.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor presidente, el Grupo Socialista va a
votar a favor del proyecto de ley por la que se crea el Consejo
General de Protésicos Dentales. En este momento están constituidas
siete juntas directivas -la octava en fase de constitución -
representativas de otros tantos colegios oficiales de protésicos
dentales y es importante, entendemos, completar el marco normativo
con la creación del consejo general, ya que ha sido éste un colectivo
que ha tardado mucho tiempo en ser reconocido profesionalmente.
Consideramos que es de interés para la sociedad avanzar en el
reconocimiento y defensa profesional de este colectivo, incluso por
la regulación en el marco de la Unión Europea.
En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, vamos a seguir los criterios expuestos en
anteriores debates sobre consejos generales de colegios
profesionales. Me referiré a las enmiendas por orden cronológico.
Vamos a votar en contra de la enmienda número 1, a la disposición
transitoria primera, 1, porque no parece lógico que se cuestione la
representatividad y legitimidad de una junta directiva que ha sido
elegida democráticamente por los miembros pertenecientes a dicho
colegio, y que además han concurrido a esa
elección con un programa concreto. Por tanto, parece sensato que
estén representados en el consejo general.
Votaremos a favor de la enmienda número 2.
En cuanto a la enmienda número 3, a la disposición transitoria
primera, 3, votaremos en contra por el mismo razonamiento expresado
anteriormente. No nos parece lógico volver a cuestionar la
legitimidad de las juntas directivas.
Respecto a la enmienda número 4, a la disposición transitoria
segunda, 1, teniendo en cuenta debates anteriores, parecía razonable
la posibilidad de que se elaborara una transaccional que englobara
ambas, ya que es importante que el consejo general adquiera
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento en que
se constituyan sus órganos de gobierno y también que sus estatutos
provisionales entren en vigor tras su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Por eso nos parecía deseable esta posibilidad;
si esta posibilidad no existe, votaremos a favor de la enmienda del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por concluido el debate del
proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de
Protésicos Dentales.
Las votaciones correspondientes a este proyecto de ley las haremos al
finalizar el debate del punto siguiente del orden del día.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
PEDAGOGOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 122/000206.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley de creación del Colegio
Profesional de Pedagogos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de sus
enmiendas, la señora Palma tiene la palabra.
La señora PALMAI MUÑOZ: Señor presidente, tomo la palabra muy
brevemente para decir que el Grupo Socialista mantiene dos enmiendas
con un único objetivo, que es el de reconocer el carácter voluntario
de la colegiación. Esta no es una posición nueva de mi grupo, sino
que tiene como antecedentes los diferentes proyectos de ley que se
han tramitado en esta Cámara sobre la creación de diferentes colegios
profesionales. Los más recientes, el Colegio Oficial de Geógrafos y
el Colegio de Pilotos de Aviación Civil.
El fundamento de nuestra postura es que el artículo 36 de la
Constitución reconoce el derecho a colegiarse, pero en ningún caso
establece la obligatoriedad. Entendemos que el no establecer esta
obligatoriedad da libertad de configuración normativa al legislador
y, también, que la obligatoriedad es contraria al pluralismo, al
libre ejercicio de la profesión y limita las libertades individuales.
Esta opinión viene refrendada por algunas sentencias del Tribunal
Constitucional que han reconocido que el artículo 2 de la Ley de
colegios profesionales, en el que se establece la obligatoriedad, no
es inconstitucional pero, sin embargo, en sus consideraciones han
reconocido que pueden existir profesiones
tituladas cuyo ejercicio no venga condicionado o sujeto a la previa
colegiación, por haberlo decidido así el legislador en atención a las
características mismas de la profesión y a las funciones asignadas al
correspondiente colegio; posibilidad plenamente admisible desde la
perspectiva de los artículos 36 y 22 de la Constitución.
El tema con el que hoy nos encontramos, que es la creación del
Colegio Oficial de Pedagogos, todavía hace más patente esta
necesidad, en el sentido de que el Colegio de Pedagogos responde a la
necesidad de reconocer una identidad profesional que corresponde a un
perfil cada vez más variado, para poder atender a demandas sociales
cada vez más cambiantes. Entendemos que en este caso, más que en
otros, hay que tener en cuenta que las identidades profesionales no
son excluyentes -cada vez lo son menos -, que cada día es más patente
la interdisciplinariedad y la multiprofesionalidad, siendo
especialmente más necesarias en las ciencias sociales. Por lo tanto,
en este caso se produce una situación particular que refuerza el
argumento del Grupo Socialista, sobre todo si añadimos la parte del
texto de la proposición de ley que hace referencia a la integración
de los psicopedagogos en el Colegio Oficial de Pedagogos. En este
sentido, ya expusimos en el debate de la toma en consideración del
proyecto de ley que podría generar un conflicto inmediato con el
Colegio de Psicólogos, conflicto que ya se produjo en el ámbito
académico con la definición de los nuevos planes de estudio y la
descripción de las licenciaturas de Pedagogía, Psicología y
Psicopedagogía.
Pensamos que la colegiación voluntaria, la colegiación no obligatoria
resolvería de una forma muy fácil este posible obstáculo. Muchos
profesionales de este ámbito no son unititulados, son personas con
diversos títulos universitarios, que ejercen sus funciones
profesionales bajo perfiles múltiples y variados. Los propios
impulsores, conscientes de esta situación, nos han manifestado su
opinión de que la colegiación debería ser voluntaria. Por lo tanto,
creemos que la solicitud de las asociaciones que han impulsado la
creación del Colegio Oficial de Pedagogos es lógica y legítima,
seguramente necesaria en el entorno social y profesional, pero el
Grupo Socialista la apoya con un requisito específico, que es la no
obligatoriedad. Por lo tanto, solicitamos que las dos enmiendas
presentadas sean votadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, el señor Ríos Martínez tiene la palabra.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Yo voy a dar por reproducida parte de mi
intervención anterior, pero ahora a mayor abundamiento, porque antes
se refería a la creación de una especie de consejo rector a nivel de
todo el Estado. La idea de atomizar cada una de las profesiones con
una evolución histórica tan cambiante, y que seguirá evolucionando
a lo largo del tiempo, nos parece equivocada. La figura de los colegios
profesionales o la estructura corporativa que en algunos sectores
como puede ser la sanidad, o como pueden ser determinadas vertientes,
incluso tienen una connotación de articulación efectiva y efectista,
en tanto en cuanto que uno tiene que estar para poder ejercer dentro
de esa colegiación.
Pero la historia de la evolución de los pedagogos no tiene esa
relación. Por eso nuestra enmienda va dirigida a que en el artículo
2, cuando se dice quién puede incorporarse puede entenderse en la
redacción que pueden incorporarse, pero no se deja claro que esa
incorporación es cuando lo deseen de forma voluntaria cada uno de los
profesionales, porque para ejercer la libre profesión no debe estar
ligado a la pertenencia o no a un colegio. De hecho, hoy tenemos
tantas dedicaciones de pedagogos como actividades puede tener la vida
cotidiana. Tenemos pedagogos incorporados en el Ministerio de
Educación o en las distintas consejerías de las comunidades autónomas
como apoyo o como estructura educativa en los centros de educación,
tenemos pedagogos que actúan y trabajan dentro de los servicios
sociales, tenemos pedagogos que trabajan en gabinetes, y ahora se ha
potenciado o se va a potenciar, sobre todo a partir del año 1992, la
titulación oficial de psicopedagogía, y aquí lo arreglamos con una
especie de parche diciendo que se pueden incorporar. Todos los que
vienen como licenciados de Filosofía y Ciencias de la Educación,
dentro de Ciencias de la Educación; dentro de Filosofía y Letras
todos los pedagogos y todos los psicopedagogos. Los que quieran estar
para este trabajo, los que quieran incorporarse. Por eso, a nosotros
nos parecen bien las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista,
y la nuestra va en el mismo tenor.
Lo de la exposición de motivos, a mí me da relativamente igual,
porque cuando termine ya se darán ustedes cuenta que los prólogos,
los preámbulos y las exposiciones de motivos luego no son cuerpo de
nada, ni siquiera se publican cuando terminan. Pero lo que va en el
articulado sí, y es bastante preciso lo que propone el Grupo
Socialista, en un punto segundo, dentro del artículo 2: En ningún
caso será requisito para el ejercicio de la profesión de pedagogo la
incorporación al colegio oficial. Esto precisa un orden de las cosas
que nosotros queríamos salvar con nuestra enmienda. Por tanto, creo
que sería positivo para la mejora de lo que es, por cierto, lo que
ellos mismos piden. Ningún pedagogo que hoy esté organizado
sindicalmente va a dejar de estarlo para defender los intereses
generales, porque los intereses de los pedagogos no son diferentes de
otras gentes. Deberíamos de buscar estructuras mucho más amplias para
defender criterios más globales, más comunes y no tan corporativos y
especializados que al final iremos a hacer colegios de mil
evoluciones, y las titulaciones empiezan a atomizarse, es decir, que
se preparen SS.SS. porque las carreras universitarias empiezan a
atomizarse en mil vertientes y conforme se desarrolla la sociedad aún
más; vamos a ir a una estructura de cuerpos y de colegios tan
atomizada como capacidad de diversificación tengan las universidades.
Por tanto, señor presidente, creemos que nuestra enmienda va al
centro de los que han promovido la creación de esta ley como
asociaciones; es verdad que el promotor de la proposioción de ley es
el Grupo Parlamentario Popular y a él le queda aceptar esto. A los
que lo apoyen con su votación, les rogaría que por lo menos
atendieran que una de las cosas es el deseo del Gobierno o del
Partido Popular y otra es la de los que han pedido y promovido la
creación de esta organización, y siempre nos han insistido en lo
mismo: carácter voluntario y la no exigencia a pertenecer
para ejercer la libre profesión. Otra cosa es que sea una estructura
para fomentar, incrementar lo que es el papel y el protagonoismo de
esta nueva dedicación específica que hoy tiene un papel bastante
importante dentro del concierto educativo y social de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de las
enmiendas presentadas, por parte del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Como han dicho los portavoces de los grupos que
me han precedido, el Grupo Parlamentario Popular presentó esta
proposición de ley recogiendo una iniciativa de las diversas
asociaciones profesionales de pedagogos. Lo que también es cierto, al
menos yo lo he de decir así, es que precisamente los representantes
de estas asociaciones, al menos los representantes que con nuestro
grupo han hablado para preparar esta proposición, entendían que lo
que se quería era crear un colegio profesional con el régimen que los
colegios profesionales tienen actualmente en el derecho español y por
lo tanto para que se cumpliese el requisito del artículo 3.2, de la
Ley de colegios profesionales que exige la colegiación obligatoria
para el ejercicio de las profesiones. Quizás no hayamos hablado con
los mismos representantes, pero nosotros como grupo entendemos que
estamos recogiendo la iniciativa tal y como se nos ha planteado y no
llevándola a un terreno que nos gustaría más. De todas formas,
también es cierto que puesto que el régimen de los colegios
profesionales exige la colegiación obligatoria para el ejercicio de
la profesión, el único sentido que tiene la creación de un colegio
profesional es precisamente que se incorporen a él obligatoriamente
quienes ejercen esa profesión después de haber obtenido el título
académico que para ello les faculte. Creo que todos pueden deducir
con eso que nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas que han
presentado los grupos Socialista y de Izquierda Unida que pretenden,
con una formulación distinta, exactamente lo mismo, que la
colegiación, al menos en el Colegio de Pedagogos que se va a crear
por esta proposición de ley, si llega a ser ley, sea voluntaria.
De todas formas, por parte del Grupo Socialista se ha planteado
también la cuestión respecto a que puede haber un conflicto de
intereses entre el Colegio de Psicólogos y el de Pedagogos porque
contemplamos en la proposición de ley que se incorporen a este
colegio que se va a crear los licenciados y los doctores en
Psicopedagogía, que parece es una titulación que faculta también para
incorporarse al Colegio de Psicólogos. Nosotros estamos dispuestos
a considerar esta cuestión y de hecho proponemos una enmienda
transaccional que para el caso concreto de los licenciados doctores
en Psicopedagogía sólo existiese la obligación de incorporarse al
Colegio de Pedagogos en caso de que para el ejercicio de su profesión
no se incorporasen o no se hubiesen incorporado previamente al
Colegio de Psicólogos.
Ahora bien, entendemos que para poder presentar esta enmienda
transaccional deberían retirarse por parte del Grupo Socialista sus
enmiendas. En otro caso, no podemos pasar de manifestar aquí nuestra
voluntad, y, si no se retiran, las vamos a votar en contra como he
anunciado.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo, tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Creo que las enmiendas que presenta el Grupo
Socialista y el Grupo de Izquierda Unida tienen una lógica en el
marco de qué modelo de colegios profesionales queremos definir en el
Estado español, pero con el actual marco normativo en materia de
colegios profesionales, marco normativo que incluso fue reformado en
la anterior legislatura y tuvo también el consenso en aquella
legislatura del Grupo Socialista, es un marco en el cual, si creamos
un colegio profesional, estamos de alguna forma regulando el
ejercicio de una profesión colegiada, y para el ejercicio de esa
profesión colegiada dice la ley que uno debe hallarse incorporado al
colegio profesional correspondiente, y depende del ámbito
territorial.
En este momento, estamos creando un colegio de ámbito estatal porque
no hay colegios de pedagogos de ámbito autonómico, pero la norma es
clara, el marco jurídico en este momento es el establecido. Podríamos
mantener asociaciones profesionales de pedagogos que son voluntarias,
y quien quiere estar en ellas está y quien no quiere no está, pero si
decidimos, en esta Cámara, de acuerdo con lo que plantean las propias
asociaciones actualmente existentes, si decidimos crear un colegio
profesional, nuestro grupo considera que hay que votar en contra de
las enmiendas que propugnan la voluntariedad de inscripción, porque
entiende nuestro grupo que eso es atentar al marco jurídico vigente
en este momento en materia de colegios profesionales. Podemos
discutir si ese marco es el adecuado o no, pero en este momento,
reconociendo la función social como corporaciones de derecho público
que cumplen los colegios profesionales, reconocidas en la propia
Constitución estas funciones, nosotros consideramos que no podemos
hacer un colegio de segunda clase, un colegio de segunda división.
Decir que habrá un colegio profesional pero que después su
inscripción en el mismo es voluntaria es negar lo que estamos
haciendo: crear un colegio profesional. En este marco se pronuncia
nuestro grupo parlamentario, y en este marco el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) votará en contra de las dos enmiendas
de los dos grupos proponentes que plantean la voluntariedad para este
colegio profesional.
Simplemente quiero hacer una manifestación de voluntad: que este
colegio va a ser de utilidad a los actuales pedagogos, que les va a
ser un buen instrumento para el ejercicio de su profesión. Este es el
ánimo que nos inspira a todos la aprobación de esta iniciativa, ya
que en el ámbito de Cataluña tenemos grandes profesionales de la
pedagogía, y esperamos que otras comunidades autónomas por ley de sus
parlamentos creen un colegio profesional en su ámbito territorial que
agrupe a sus pedagogos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por concluido el debate de esta
proposición de ley.
Señorías, antes de proceder a las votaciones, ¿acepta el Grupo
Socialista la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular,
señora Palma?
La señora PALMA I MUÑOZ: No aceptamos la enmienda transaccional,
puesto que entendemos que afecta
no sólo al articulado sino incluso a la exposición de motivos.
Pensamos que manteniendo nuestras enmiendas se resuelve este problema
y, en cualquier caso, si el Grupo Parlamentario Popular quiere
presentar enmiendas de este tipo podrá hacerlo en la tramitación en
el Senado.
El señor PRESIDENTE: Señorías, podría pasarse a la votación de la
enmienda transaccional aún sin retirar las enmiendas el Grupo
Socialista en función de los precedentes, si todos los grupos
parlamentarios estuvieran de acuerdo.
Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, yo creo que si el Grupo
Parlamentario Popular hubiera querido modificar esto quitando
Psicopedagogía o precisando lo que tenga que precisar ha tenido su
trámite de enmiendas. La flexibilidad la entiendo siempre y cuando
sea por consenso, porque pueda ser una transacción mutua que quiera
mantener y salvar diversidad de posiciones de cada uno de los grupos.
Como en este caso no se da, yo entendería que estamos buscando un
nuevo trámite que es solventable fácilmente, no hay que violentar
tanto. Yo no estoy de acuerdo en que se someta esta transaccional
junto con las enmiendas, porque estaríamos facilitando una enmienda
nueva.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo considera que si el grupo
proponente, que es el Grupo Socialista, que es autor de la enmienda,
no acepta la transacción, la enmienda que propone el Grupo Popular ya
no es una transacción; es una transacción cuando el grupo autor la
acepta. Nuestro grupo sí aceptaría esta enmienda si se considera como
una enmienda nueva que el Grupo Popular presenta ante esta Comisión,
entonces requeriría la unanimidad de todos los grupos para ser
votada, pero ya no es una transacción a una enmienda precedente, sino
una enmienda nueva que hace el Grupo Popular in voce, y mi grupo
contribuiría a esa unanimidad necesaria para que fuera votada en la
sesión de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, en el mismo sentido
de lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán.
Nosotros presentamos esta enmienda inicialmente como un intento de
llegar a un mayor acuerdo y, dado que no ha sido posible, como una
enmienda in voce, que lo que hace es mejorar técnicamente el texto.
En todo caso, yo pediría a todos los grupos que, con independencia de
su aceptación o no en cuanto al fondo del asunto, en la votación
final sí tengan a bien, si así lo permiten, que se pueda proceder al
menos a la votación, sin prejuzgar, como digo, el resultado final de
la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Presidente, no es posible someter la enmienda
a votación, pues se está saltando un trámite que es la admisión de
una enmienda, porque si no
por mayoría lo imponen, porque sacan más votos, y no está garantizado
todo el trámite. Yo no estoy de acuerdo. Hay trámites suficientes
para que este olvido del Partido Popular lo puedan solventar. Por
tanto, no hay lugar, sería una innovación, que además como precedente
utilizaríamos después todos los grupos: presentar enmiendas in voce
conforme se nos van ocurriendo en cada trámite.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar a las votaciones. No
vamos a poder votar la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular, a criterio de esta presidencia por la razón de que no hay
acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para admitirlo, no por
otras razones.
Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: En todo caso, señor presidente,
solicitaríamos, nada más que a efectos de que conste en el «Diario de
Sesiones», que figurara el texto de la enmienda in voce que nosotros
pretendíamos someter a votación. Simplemente que figurase una
reproducción de la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Calpe, ¿ha leído en su intervención
literalmente la enmienda?
El señor CALPE SAERA: No, señor presidente. Me he pronunciado sobre
su sentido, pero no la he leído. La puedo leer ahora.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Se está procediendo a un nuevo trámite de
enmienda concluido. La enmienda no es una precisión técnica,
presidente. El Reglamento facilita precisiones técnicas o
correcciones de estilo y transaccionales, pero transar supone un
acuerdo entre quien propone y quien transa, y si el que propone
retira, hay transacción, si no, no hay.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ordenemos el debate.
Señor Ríos, en función de lo dispuesto en el artículo 114.3 puede
presentarse en este trámite una enmienda transaccional, aunque pueda
no ser aceptada por el grupo que es el autor de la enmienda sobre la
cual se pretende transar. Se ha presentado por escrito ante la
Cámara, y el Grupo Parlamentario Popular solicita que conste su
sentido literal. Por consiguiente, creo que estamos en perfecta
situación para permitir desde esta Presidencia la lectura por parte
del Grupo Popular, aunque no se vote, de la enmienda que ha
presentado, lectura que podía haber hecho en su intervención el señor
Calpe y que seguramente para simplificar, en función de las prisas,
no ha hecho.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Que debería haber hecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, brevísimamente.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Yo acato la decisión, porque la
interpretación del Reglamento le corresponde al
presidente, aunque después la podamos recurrir, pero no hay
precedente en enmiendas transaccionales que hagan esto, y estamos
hartos de ver enmiendas transaccionales en los papeles. Se reparten
por escrito y las tenemos todos, pero no se hace ese uso, no se llena
el «Diario de Sesiones» de estos usos, no se hace. Ahora, la
interpretación del presidente para mi es acatable, yo la acato, se
lee y aparecerá en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Ríos, Yo creo que el
Grupo Popular, a través de su representante, está en pleno derecho
para haber leído o leer en este momento la enmienda.
Señor Calpe, simplemente para leer la enmienda en su sentido literal.
El señor CALPE SAERA: Se da nueva redacción al artículo 2,
precisamente para dar la opción a los licenciados y doctores en
Psicopedagogía que he anunciado en mi intervención, y quedaría así:
El Colegio Oficial de Pedagogos agrupará, en los términos y con el
alcance previstos en la legislación sobre colegios profesionales y en
sus estatutos, a los doctores, doctoras, licenciados y licenciadas en
Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Ciencias de la
Educación, en Filosofía y Letras, sección de Pedagogía, y en
Pedagogía. También se integrarán en el Colegio Oficial de Pedagogos
los doctores, doctoras, licenciados y licenciadas en Psicopedagogía,
siempre que para el ejercicio de su actividad profesional no causen
alta en el Colegio Oficial de Psicólogos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ahora sí pasamos a la votación.
Vamos a votar el proyecto de ley por el que se crea el Consejo
general de colegios de protésicos dentales. Se someten a votación, en
primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que votaremos en dos bloques.
Enmiendas números 1 y 3 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 2 y 4 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen del proyecto de ley de
creación del Consejo de colegios de protésicos dentales.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad, con competencia
legislativa plena y para su remisión al Senado, el proyecto de ley de
creación del Consejo de colegios de protésicos dentales.
Pasamos a las votaciones del proyecto de ley de creación del Colegio
profesional de pedagogos. ¿Pretenden SS.SS. que votemos separadamente
alguna de las enmiendas vigentes del Grupo Parlamentario Socialista
o del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición de ley de creación del Colegio
profesional de pedagogos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con competencia
legislativa plena y para su remisión al Senado, la proposición de ley
de creación del Colegio profesional de pedagogos.
Señorías, muchas gracias. Se levanta la sesión.