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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 800, de 22/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 800
INFRAESTRUCTURAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL NÚÑEZ PÉREZ
Sesión núm. 69
celebrada el lunes, 22 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo) para informar sobre:
- El desarrollo de la ley general de telecomunicaciones y el plan
técnico nacional de televisión digital.
Situación de las actuales empresas concesionarias: Canal Plus, Tele 5
y Antena 3 Televisión, S. A.
A petición propia. (Número de expediente 214/000077.) ... (Página 238297
)
- La renovación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
y sobre la política de telecomunicaciones y sus resultados. Apetición
propia. (Número de expediente 214/000137.) ... (Página 23829)
- Conclusiones del expediente informativo iniciado a instancias del
propio Ministerio a fin de aclarar determinados supuestos de la
contratación del GIF (Organismos Gestos de Infraestructuras
ferroviarias). Apetición propia. (Número de expediente 214/000139.)
... (Página 23847)
- Las adjudicaciones de proyectos por parte del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) a las empresas Corsán, S. A. y
Typsa en la línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona.
Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
212/002425.) ... (Página 23847)
- Las adjudicaciones del proyecto por parte del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) a las empresas Corsán, S. A. y
Typsa en la línea de alta velocidad Madrid-ZaragozaBarcelona.
Asolicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 213/001317.)
... (Página 23847)
- Las adjudicaciones de obras para la construcción del AVE Madrid-
Barcelona. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/001320.) ... (Página 23847)
- Causas del expediente informativo abierto a cargos del ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Asolicitud del Grupo
anterior. (Número de expediente 213/001321.) ... (Página 23847)
- Las presuntas irregularidades habidas en los contratos de obras
adjudicados en la línea férrea de alta velocidad (AVE) Madrid-
Barcelona. Asolicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 213/001324.) ... (Página 23847)
Comparecencia del señor presidente de la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles, Renfe (Corsini Freese) para informar sobre:
- Las noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación en
relación con su persona y su condición de presidente de Renfe.
Apetición propia. (Número de expediente 212/002427.) ... (Página 23861)
- Las adjudicaciones de diversos contratos para la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona a diversas empresas relacionadas por vía
familiar con el presidente de Renfe y altos cargos de la citada
empresa. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/002430.) ... (Página 23861)
- Las presuntas irregularidades en los contratos de obras adjudicados
hasta ahora en la línea férrea de alta velocidad (AVE) Madrid-
Barcelona. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. (Número de expediente 212/002435.) ... (Página 23861)
Continuación de la comparecencia del señor ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo) para informar sobre:
- El contrato formalizado entre la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos y la empresa Monthisa con destino a la sede del
citado organismo. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/001328.) ... (Página 23865)
- La entidad pública Correos y Telégrafos. Apetición propia. (Número
de expediente 214/000125.) ... (Página 23865)
Comparecencia urgente del señor director general de Correos y
Telégrafos (Esteruelas Hernández) para informar sobre el contrato de
arrendamiento de la nueva sede de Correos y Telégrafos en el Campo de
las Naciones. Apetición propia. (Número de expediente 212/002437.)
... (Página 23879)
Se abre la sesión a las cuatro treinta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión, dando, cómo
no, la más cordial bienvenida al señor ministro de Fomento, don
Rafael Arias-Salgado.
En la sesión número 68 de esta Comisión de Infraestructuras se
tramitarán y debatirán, como conocen SS.SS., catorce comparecencias:
seis a solicitud del Gobierno, cuatro a solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista, dos a solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y dos a solicitud del Grupo Mixto. Muchas
de ellas coinciden en solicitar el mismo compareciente y se refieren
al mismo asunto; por ello, y para facilitar las intervenciones y los
trabajos de los portavoces de los grupos parlamentarios y de los
propios comparecientes, esta Presidencia
entiende que la tramitación y el debate de las comparecencias se
realice de la siguiente manera.
En el primer grupo de comparecencias, y de forma acumulada,
tramitaremos las que figuran en el orden del día con los números 1 y
2, cuyo autor es el Gobierno, y que corresponden al señor ministro de
Fomento. La primera, es para informar sobre el desarrollo de la Ley
general de telecomunicaciones y Plan técnico nacional de televisión
digital y la situación de las actuales empresas concesionarias: Canal
Plus, Telecinco y Antena 3 Televisión, S. A.; la segunda, para
informar previamente a la Comisión sobre la renovación de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones y sobre la política de
telecomunicaciones y sus resultados.
En el segundo grupo de comparecencias, y también de forma acumulada
-según el acuerdo de Mesa y portavocesdel pasado día 11 de
noviembre-, irán las que figuran
en el orden del día con los números tres a ocho. Cuando concluya el
debate de las comparecencias citadas, y dentro de este grupo, se
tramitarán, también de forma acumulada, según el citado acuerdo, las
números 11, 12 y 13, que corresponden al presidente de Renfe y que
han sido solicitadas por el propio Gobierno, el Grupo Socialista del
Congreso y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En el tercer grupo se tramitarán de forma acumulada las números 9 y
10, cuyos solicitantes son el Grupo Socialista del Congreso y el
Gobierno, para informar sobre la entidad pública empresarial Correos
y Telégrafos y los contratos de Correos con la empresa Monthisa.
Concluida la tramitación y el debate de estas dos comparecencias,
tendrá lugar la número 14, cuyo solicitante es el Gobierno, y en la
que se pide la comparecencia del director general de Correos y
Telégrafos para informar sobre el contrato de arrendamiento de la
nueva sede de Correos y Telégrafos en el Campo de las Naciones.
El orden del debate, señorías, será de la siguiente manera: primero,
intervención del ministro o del alto cargo; segundo, intervención de
mayor a menor de los grupos solicitantes de la comparecencia;
tercero, nueva intervención del señor ministro o del alto cargo
compareciente; cuarto, intervención, en réplica, de los grupos
solicitantes de la comparecencia y de los grupos parlamentarios que,
no habiendo solicitado la comparecencia, deseen fijar su posición; y
finalmente intervención del ministro o del alto cargo. Si algún
portavoz tiene duda sobre la tramitación de estas comparecencias,
está en el momento de utilizar la palabra para manifestar su
conformidad o disconformidad; si no, interpreto el silencio como
conformidad con el orden establecido por esta presidencia. ¿De
acuerdo? (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO (ARIAS-SALGADO Y
MONTALVO) PARAINFORMAR SOBRE:
- EL DESARROLLO DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL PLAN
TÉCNICO NACIONAL DE TELEVISIÓN DIGITAL.
SITUACIÓN DE LAS ACTUALES EMPRESAS CONCESIONARIAS. CANAL PLUS, TELE 5
Y ANTENA 3 TELEVISIÓN, S. A. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente
214/000077)
- LA RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y SOBRE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES Y SUS RESULTADOS. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000137)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el primer grupo dando la palabra
al señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, paso a desarrollar el primer punto del orden del día, que
afecta con carácter general a la política de telecomunicaciones del
Gobierno, expresada a través del desarrollo de la norma básica que ha
constituido en el
ordenamiento jurídico español la Ley general de telecomunicaciones.
Toda la política de telecomunicaciones se ha venido desarrollando
desde 1996 tratando de encontrar un equilibrio entre cuatro planos
básicos: en primer término, el desarrollo de la competencia; en
segundo lugar, el fomento de la inversión en la creación de
infraestructuras alternativas; en tercer lugar, la promoción de la
innovación, impulsando la convergencia multimedia mediante la
digitalización de todos los soportes de transmisión de la
información; y, en cuarto lugar, el impulso de medidas que fomenten
el acceso de todos los ciudadanos a las redes de información,
y particularmente a Internet.
Me voy a referir casi telegráficamente a estos cuatro grandes
capítulos de la política de telecomunicaciones, que ha dado unos
resultados que son visibles hoy para todos los ciudadanos. En el
ámbito del desarrollo de la libre competencia, las medidas más
importantes han sido las siguientes: la creación de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, en primer término, como órgano en
parte regulador del mercado y en parte de carácter arbitral para
dirimir los conflictos que se puedan plantear entre operadores; en
segundo lugar, la configuración de un importante grupo de
telecomunicaciones en torno a Retevisión que permitiese el más rápido
desarrollo posible a la compañía que hasta entonces ejercía el
monopolio en el ámbito de la telefonía, es decir, Telefónica. Este
grupo creado en torno a Retevisión ha tenido la enorme ventaja de que
por primera vez ha incorporado activos ociosos existentes en la
realidad española, como son las redes de las compañías eléctricas o
las redes de la compañía nacional de ferrocarriles (Renfe) al mundo
de las telecomunicaciones, con objeto de incrementar las
posibilidades del mercado y vender algo vital para el funcionamiento
de las telecomunicaciones, como son los derechos de paso. En tercer
lugar, está el nuevo plan de numeración, que entró en vigor el 4 de
abril de 1998 y que permite asegurar la disponibilidad de números
suficientes para atender las necesidades derivadas del desarrollo de
los servicios y de la entrada de nuevos operadores en el mercado. En
cuarto lugar, promoveremos la creación de un nuevo marco normativo
que cumpliese escrupulosamente las directivas comunitarias. La
primera gran norma fue, como digo, la Ley general de
telecomunicaciones, pero más importante incluso que la propia norma
general son los principales reglamentos de desarrollo de esa ley, que
son los que hacen posible en última instancia el funcionamiento
concreto del mercado en el día a día. Quiero destacar el reglamento
de licencias y el reglamento de interconexión, que son, por así
decirlo, las dos columnas vertebrales del marco normativo de
telecomunicaciones vigente actualmente en España. En quinto lugar, se
convocó el concurso y se adjudicó la licencia para el tercer operador
de telefonía móvil. En sexto lugar, de acuerdo con la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, se estableció una oferta de
tarifas de interconexión más competitiva que la vigente en la Unión
Europea. Éste ha sido uno de los pasos decisivos que ha permitido el
nacimiento de nuevos operadores y su viabilidad en el mercado. Las
tarifas de interconexión entre los operadores emergentes y el antiguo
operador dominante o el operador dominante y antiguo monopolista
constituye una pieza básica en las primeras
etapas del proceso de liberalización. En séptimo lugar, está
convocado el concurso para la cuarta licencia de telefonía móvil. En
octavo lugar, el próximo día 1 de enero entrará en vigor la
preselección, es decir, la supresión del número prefijo que los
nuevos operadores de telefonía deben aportar a sus clientes para
poder utilizar la red de Telefónica, de tal manera que, al
desaparecer el número prefijo, los números de los clientes de los
nuevos operadores tendrán la misma extensión, por así decirlo, que
los números de la compañía dominante, Telefónica. Por último, como
medida muy importante para el desarrollo de la competencia, está la
portabilidad del número. Es decir, la posibilidad de que el usuario
se lleve su número cuando cambie de compañía entrará en vigor para la
telefonía fija el 1 de enero del año 2000 y para la telefonía móvil
el próximo 1 de julio también del año 2000. La mayor tardanza en el
ámbito de la telefonía móvil se debe a que hay que negociar entre los
distintos operadores una serie de especificaciones técnicas que en
estos momentos lleva a cabo, efectivamente, la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones con los tres operadores de telefonía móvil.
Los efectos de este proceso de liberalización en el ámbito de las
licencias, señorías, son rotundos. Antes de la liberalización total
del sector, el 1 de diciembre pasado, se había concedido dos nuevas
licencias de telefonía básica de ámbito nacional, 37 licencias para
operadores de cable y una licencia, como digo, para un tercer
operador de telefonía móvil. Después del 1 de diciembre de 1998, ya
la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha
otorgado 54 licencias individuales y varios cientos de autorizaciones
generales para la prestación de los más diversos servicios de
telecomunicaciones.
Destacaría otras cuatro medidas que se adoptarán en las próximas
semanas. En primer lugar, tenemos la finalización de la encuesta
sobre el servicio universal, que nos va a permitir organizarlo y
regularlo adecuadamente y, consecuentemente, el desarrollo del
reglamento sobre el servicio universal de telecomunicaciones. En
segundo lugar, se elaborará y se pondrá en vigor un nuevo marco
regulatorio de precios máximos para Telefónica. En tercer lugar, se
promulgará una orden ministerial para regular la calidad de los
servicios de telefonía móvil y del servicio de acceso a Internet. La
orden de calidad recientemente promulgada afecta única y
exclusivamente a la telefonía fija; hay que dar un año de tiempo a la
telefonía móvil para poder regular sus requisitos de calidad. Y
finalmente también promulgaremos el nuevo reglamento sobre el uso del
dominio público radioeléctrico, que es el bien más escaso que existe
en el ámbito de las telecomunicaciones para el ejercicio de las
transmisiones de la señal y, por consiguiente, debe ser objeto de una
nueva regulación.
El segundo gran capítulo que ha buscado permanentemente alcanzar un
equilibrio con el desarrollo de la libre competencia -hemos tratado
de que el desarrollo de la libre competencia no inhibiera la
inversión- tiene, como digo, una doble dimensión. Son medidas que
tienen, por así decirlo, un aspecto fundamentalmente económico, pero
que contribuyen a incrementar el marco de libre competencia vigente
en España.
Las principales medidas adoptadas en este terreno son las siguientes.
Hemos continuado impulsando la televisión
por satélite; se hizo una reforma de la Ley de telecomunicaciones por
satélite, se hizo su desarrollo reglamentario y el próximo mes de
febrero se lanzará el tercer satélite de Hispasat y está en proceso
de adjudicación y de construcción el cuarto. Se ha dado también un
impulso muy importante al cable. Se adoptó un marco normativo
favorable para el desarrollo de la inversión en cable y se convocaron
43 concursos en todo el territorio nacional, que ha implicado la
introducción de 37 nuevos operadores. La inversión comprometida para
la próxima década solamente en cable asciende a un billón y medio de
pesetas.
También como medidas favorables al incremento de la inversión, se ha
dado un primer impulso al llamado bucle inalámbrico o bucleradio; es
decir, se trata de incorporar las tecnologías radio de banda ancha
llamadas LMSD. Los concursos están convocados y se fallarán no sé si
antes del 31 de diciembre o del 30 de enero del próximo año, en todo
caso, dentro de muy pocos meses.
Como mecanismo de desarrollo de la inversión, pero con otra finalidad
distinta, se han adoptado medidas que favorecen la cohesión
territorial. La más importante de todas ellas es programar
actuaciones cofinanciadas por los fondos Feder para el desarrollo de
infraestructuras de telecomunicaciones en regiones de Objetivo 1. El
plan de desarrollo regional contempla unas inversiones totales para
los próximos siete años de 860.000 millones de pesetas. Las ayudas
que recibirán los operadores con cargo a los fondos Feder serán de
300.000 millones de pesetas.
La consecuencia de toda esta política es que en estos momentos la
inversión más difícil, la más cuantiosa y en el año 1996 la más
discutible, como era la inversión en cable, se encuentra hoy, sin
embargo, en pleno desarrollo en España. En estos momentos se están
cableando las principales ciudades españolas. En todo caso,
cualquiera que sea el futuro, pienso que el retraso que tenía España
en materia de cable era necesario cortarlo, y cortarlo por lo sano.
Es impensable hoy por hoy un gran desarrollo de las
telecomunicaciones sin unas infraestructuras de cable en las
principales áreas urbanas, al servicio naturalmente de los usuarios
y de la economía productiva. Ésa es la razón por la cual se impulsó
decididamente la inversión en cable y se convocaron los concurso a
que he hecho referencia.
Al mismo tiempo que se establecía y se favorecía un marco de libre
competencia y se tomaban diversas medidas para favorecer la inversión
en telecomunicaciones, se ha cuidado de manera particular el promover
la innovación impulsando la convergencia multimedia mediante la
digitalización de todos los soportes de transmisión de la
información.
Las principales medidas se pueden resumir en seis: Primera, la
aprobación del Plan nacional de televisión digital terrestre. En el
marco de este plan se ha puesto recientemente en marcha una nueva
plataforma de televisión digital terrestre, Onda Digital y, lo que es
importante, las actuales empresas concesionarias de televisión tienen
asignado libremente un programa para que puedan empezar a realizar
sus inversiones. En el momento en que se renueven en su caso las
concesiones -en abril del próximo año- tendrán un plazo de dos para
empezar a emitir los programas de televisión con señal digitalizada.
En cuanto terminen o dejen de prestar el servicio por la vía
analógica todas ellas
gozarán de un múltiples, es decir, de cinco programas, dentro de los
cuales podrán transmitir sus contenidos digitalizados.
Segunda, también se aprobó y se ha puesto en marcha el Plan nacional
de la radio digital terrestre. Se han convocado concursos para
otorgar 10 licencias y se resolverán en enero del año 2000. También
se abre aquí un proceso de renovación y de cambio en todo el mundo de
la radio, que en todo caso encuentra en el ámbito digital una serie
de mejoras y de ventajas que no voy a relatar aquí porque son
conocidas en buena parte. Solamente estas dos medidas, la televisión
digital terrestre, y la radio digital terrestre suponen dos cosas de
extraordinaria importancia. En primer lugar, dan a las empresas
españolas una oportunidad histórica para introducirse en la
fabricación y comercialización de unos equipos y sistemas de
vanguardia que tienen excelentes perspectivas, tanto en el mercado
nacional como en el extranjero. Precisamente, el colocarse por
delante en la convocatoria de estos concursos y en la adjudicación de
las correspondientes concesiones va a permitir a la industria
española impulsar su propio desarrollo con todo el equipo que la
digitalización requiere; por consiguiente, tendrá una oportunidad
histórica para ponerse también en vanguardia y favorecer las
exportaciones. En segundo lugar, la aprobación de la televisión
digital y de la radio digital a la postre va a suponer incrementar la
capacidad de elección de los ciudadanos. Va a haber más empresas de
televisión y va a haber más empresas de radio; por consiguiente, la
posibilidad de elección de los ciudadanos se va a ver notablemente
incrementada.
Junto a estas dos medidas, en el ámbito de la innovación, quiero
destacar, que se convocó el concurso y se adjudicó la licencia para
la prestación del servicio telefónico móvil para comunicaciones con
aeronaves.
El pasado 22 de septiembre se convocó un concurso para otorgar dos
licencias individuales para operadores del servicio de comunicaciones
móviles terrestres en grupo cerrado de usuarios con tecnología
digital.
Se acaba de convocar el concurso, ya he hecho referencia a ello, para
otorgar cuatro licencias para servicios móviles de tercera
generación, la llamada tecnología UMTS. Brevemente debo destacar que,
a diferencia de los actuales servicios móviles, los servicios de
tercera generación permitirán disponer de la capacidad necesaria para
ofrecer a los usuarios, además del servicio de voz, servicios móviles
interactivos y datos de alta capacidad. Se podrá acceder a Internet a
una velocidad treinta y seis veces superior a la velocidad de acceso
máxima que hoy se consigue a través de la red telefónica básica con
un módem convencional y ciento cincuenta veces más rápida que la que
se puede conseguir con un GSM.
Hemos introducido también la tecnología ADSL que ha permitido la
implantación en España de la tarifa plana de Internet. A ello me
referiré inmediatamente al hablar del cuarto plano en que se ha
movido la política de telecomunicaciones del Gobierno. Este cuarto
plano se resume en un conjunto de medidas para garantizar la
accesibilidad del acceso a Internet.
En el ámbito europeo, el Gobierno, primero, presentó el pasado mes de
mayo una propuesta al Consejo de Ministros de Telecomunicaciones para
que dentro del proceso de
revisión de la legislación comunitaria se incorpore al concepto de
servicio universal el acceso a Internet. Hoy por hoy eso no es
posible desde el punto de vista de la legislación comunitaria; sin
embargo, con la modificación de la legislación comunitaria impulsada
por España se podrá conseguir este objetivo. Segundo, se han
promovido planes de tarifas específicas para Internet. Quiero
recordar que con el actual bono de cincuenta horas para horario
reducido, que después del reciente real decreto-ley del pasado 15 de
octubre abarca los días laborables a partir de las seis de la tarde y
a la totalidad de sábados y domingos, el precio del minuto de
comunicación es de una peseta; es el más barato de toda la Unión
Europea. Tercero, se ha introducido de manera efectiva la tarifa
plana mediante el ADSL. España ha sido el primer país de la Unión
Europea que ha regulado el ADSL, que permite ofrecer la tarifa plana
sin afectar a la calidad del servicio telefónico básico. El precio de
la tarifa plana es de 4.000 pesetas de retribución por la red de
acceso fijado en el real decreto-ley del pasado 15 de octubre, y es
también, de acuerdo con el informe recientemente presentado por la
Comisión Europea, la tarifa de acceso a Internet más baja de la Unión
Europea. Y finalmente, en cuarto lugar, hemos tomado algunas
iniciativas para fomentar el uso del español en Internet. Se ha
firmado ya un acuerdo con el Gobierno de Colombia, y espero que en el
próximo mes de enero se pueda firmar un acuerdo similar con el
Gobierno de Méjico, con el fin de introducir el mayor volumen posible
de contenidos en castellano en Internet, porque, en todo caso, el
idioma será a corto plazo un obstáculo para la generalización del
acceso a Internet a un mayor número de ciudadanos.
Se han tomado también medidas para incrementar la seguridad de la
red. El Congreso de los Diputados tuvo recientemente ocasión de
convalidar el real decreto-ley por el que se regula la firma
electrónica; es la primera norma de la Unión Europea que regula de
manera completa la firma electrónica, y es un mecanismo destinado a
facilitar el desarrollo del comercio electrónico que, a su vez, está
destinado a alcanzar magnitudes verdaderamente espectaculares en muy
corto plazo.
Destacaría, para terminar en este ámbito, cinco próximas actuaciones:
una, el desarrollo reglamentario del real decreto-ley de firma
electrónica; dos, la incorporación al derecho español de proyecto de
directiva de comercio electrónico, una vez que se alcance una
posición común en el seno del Consejo de Telecomunicaciones de la
Unión Europea; tres, desarrollaremos la normativa sobre numeración
y direccionamiento en Internet y sobre el funcionamiento del sistema de
registro; cuatro, se va a poner en marcha el programa pista
ventanilla única 2, en colaboración con el Ministerio de
Administraciones Públicas; cinco, se pondrán en marcha procedimientos
para garantizar la seguridad y autenticidad de los servidores WEB.
Hay problemas que resolver con carácter inmediato en todo el mundo
que afecta a Internet. Entre otros yo tengo aquí reseñados: la
protección de los consumidores, la protección del derecho de
propiedad intelectual y el control de las transacciones
internacionales para evitar la evasión fiscal. Son problemas que en
estos momentos tienen todos los países, y entre ellos existen
conversaciones para encontrar
mecanismos que permitan afrontarlos y resolverlos adecuadamente.
Las consecuencias, señorías, de esta política de liberalización son
que en 1998 el sector de las telecomunicaciones facturó dos billones
940.000 millones de pesetas, un 11,5 por ciento más que el año
anterior, convirtiéndose en una de las principales fuentes de
crecimiento de la economía española. En 1998 el peso relativo de las
telecomunicaciones sobre el total producido en el país se incrementó
respecto al año anterior en un 5 por ciento; hoy representa el 3,5
por ciento del producto interior bruto español, y en los próximos 24
meses es de prever que alcance, en términos reales, el 5 por ciento
del producto interior bruto español. Va camino de alcanzar el segundo
puesto, después del turismo, en la configuración del producto
interior bruto español.
Quiero también destacar, porque es especialmente relevante, lo
contenido en el ámbito de la telefonía móvil: en 1996 en España había
922.000 usuarios; vamos a terminar el año con 13 millones. El
crecimiento es espectacular simplemente en los últimos doce meses: a
31 de diciembre del pasado año había 7 millones de usuarios; este
año, como digo, se terminará con toda probabilidad cerca de los trece
millones y medio de usuarios.
De acuerdo con la estadística que ha publicado la Comisión Europea,
España es el país que más crece en el ámbito de la telefonía móvil, y
el cuarto en el de la telefonía fija, y todo ello, señorías, ha ido
acompañado de una política de tarifas que ha supuesto una
significativa rebaja de precios en todos y cada uno de los servicios
de telefonía. El último ejemplo está representado por el real
decreto-ley que reduce las tarifas locales en un 8 por ciento y
amplía el horario de tarifa reducida a las seis de la tarde y a la
totalidad del sábado y del domingo. Las bajadas medias en los
distintos servicios han sido: en el tráfico provincial el 15 por
ciento; en el tráfico interprovincial el 42 por ciento; en el tráfico
internacional el 37 por ciento; en el tráfico fijo móvil el 29,46 por
ciento y en telefonía móvil, en función del tipo de plan se ha
producido una rebaja entre el 27 y el 42 por ciento.
Señorías, esto es de manera sintética y casi telegráfica lo que
supone una política de liberalización de las telecomunicaciones. Creo
que hoy es visible para todos los ciudadanos el enorme dinamismo del
mercado español de las telecomunicaciones y el progreso que en los
últimos años se ha producido. No he querido extenderme en mayor
medida, dado lo cargado del orden del día, pero si SS.SS. así lo
requieren podría especificarles las medidas concretas que para
favorecer la inversión se han ido incorporando, sobre todo en los
pliegos de condiciones de los distintos concursos, para que los
adjudicatarios de licencias no fueran única y exclusivamente
prestadores de servicios que utilizaran las redes e infraestructuras
existentes, sino que vinieran obligados a realizar una inversión;
porque, en última instancia, la filosofía última que preside esta
política es resulta muy fácil incorporar inicialmente una libre
competencia de servicios, pero a medio plazo la libre competencia de
servicios se habría hecho casi exclusivamente a costa de las
infraestructuras y redes de Telefónica. Por ello nos ha parecido
imprescindible introducir la libre competencia también en el ámbito
de las infraestructuras. Ello ha favorecido
la inversión y de cara al futuro España tiene garantizado que
habiendo libre competencia en el ámbito de las infraestructuras, va a
haber también libre competencia en el ámbito de los servicios. Todo
esto, señorías, es lo que resume una política de telecomunicaciones
que yo pienso que es hoy visible para la inmensa mayoría de los
ciudadanos españoles. Debo decir que en el quinto informe publicado
por la Comisión Europea España, Alemania y Gran Bretaña son los tres
únicos países de la Unión Europea que cumplen con la totalidad de los
requisitos que impone la legislación comunitaria para la
configuración de un mercado libre de telecomunicación.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, entendemos que a continuación
informará usted sobre la segunda comparecencia, que se refiere al
informe previo a la comisión sobre la renovación de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): De acuerdo
con lo que dispone la Ley General de Telecomunicaciones, señorías,
solamente estoy en condiciones de proporcionar tres nombres a la
Comisión de entre los miembros que deben renovar su mandato como
consecuencia de haberles tocado, en el sorteo habido, renovar en el
primer tercio de su mandato. Los candidatos sobre los que he
alcanzado acuerdo son: don Ignacio Miguel Fernández García, que
continúa en su puesto. Don José Pascual González Rodríguez, que es
ingeniero superior de telecomunicaciones. Como experiencia
profesional ha sido director territorial de Telefónica en Canarias,
ha sido asesor de telecomunicaciones del presidente del Gobierno
autónomo de Canarias y entre sus actividades existen diversos
estudios y trabajos en materias relacionadas fundamentalmente con la
telefonía. Ha sido director comercial de Radio Red, S.A. y director
comercial de Telefonía y Electrónica. En 1991 pidió la excedencia en
Telefónica. Entre 1987 y 1991 en comisión de servicio estuvo
destinado en Telefónica Sistemas, S.A.; en definitiva, se trata de un
currículum plenamente desarrollado en el ámbito de las
telecomunicaciones y en el ámbito más técnico.
De la misma manera, informo a la Comisión sobre don Luis Bermúdez,
que es el actual secretario general de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones y que pasa a ser miembro de la misma. Es
licenciado en Derecho y abogado del Estado desde 1988. El 30 de abril
de 1997 fue nombrado secretario de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que es el puesto que desempeña en la actualidad.
Ha sido miembro del consejo de administración de la compañía de
seguros Crédito y Caución y miembro del consejo de administración de
la Comisión liquidadora de entidades aseguradoras. Ha cubierto
diversos puestos en distintas partes de España en el ejercicio de su
profesión de abogado del Estado, y como actividad docente es profesor
asociado en la Universidad Autónoma de Madrid, cátedra de derecho
civil, obligaciones y contratos, y ha impartido seminarios y cursos
sobre materias diversas, tanto en el ámbito de la Administración
pública como privado, y también es profesor en la Escuela de seguros.
No hay acuerdo sobre más nombres.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
De estas dos comparecencias es autor el Gobierno, pero de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento los grupos podrán
intervenir fijando posiciones, formulando preguntas o haciendo
observaciones. Por tanto, y para cumplimiento de este trámite,
pregunto a los grupos quiénes desean intervenir. (Pausa.)
Tiene la palabra, en primer lugar y por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Caldera.
El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por su información. Que tenemos un orden del
día muy cargado es evidente, pero no imputable a mi grupo, recuerdo
que mi grupo solicitó que esta sesión tan importante se dividiera en
dos jornadas, y ha sido su interés que tuviéramos que discutir todo
hoy, comenzando por algo que no estaba en el orden urgente de
comparecencias, porque esta comparecencia había sido solicitada por
usted hace bastante tiempo, creo que hace varios meses. Es obvio lo
que se pretende; se pretende que otros asuntos más conflictivos que
vienen después se puedan ver con menor tiempo o a horas
intempestivas. En todo caso, me limitaré a comentar en nombre de mi
grupo parlamentario los juicios que nos merece su exposición.
Señor ministro, ha hablado usted de que la política de
telecomunicaciones tiene una serie de objetivos -sin duda, debería
tenerlos-, pero desde luego en el ámbito del desarrollo de la
competencia, de fomento de la inversión, de acceso de los ciudadanos
a redes de información y a Internet, mi grupo parlamentario considera
que se han saldado con un importante fracaso (no sólo mi grupo
parlamentario, en general, todas las asociaciones de usuarios que
tienen que ver con el mundo de las telecomunicaciones así lo
consideran) y, señor presidente, analizar la situación del mercado de
las telecomunicaciones resulta sin duda radicalmente imposible sin
referirse a la compañía Telefónica, el operador dominante, a la que
el señor ministro piadosamente ni siquiera ha citado una sola vez en
su intervención. Ala luz de lo que estamos viendo en estos días, no
me extraña que quiera evitar, que quiera que pase de él este amargo
cáliz, pero usted me permitirá que yo no lo consienta, en nombre del
interés ciudadano, sino que analice lo que está ocurriendo.
En el año 1997, su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular adopta
una decisión importantísima, señorías, cuyos efectos estamos
conociendo hoy, y los estamos conociendo además en todo su esplendor:
se privatiza totalmente el operador dominante, la compañía
Telefónica, y eso se hace antes del proceso total de liberalización
del mercado de las telecomunicaciones, desoyendo las peticiones del
Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida, desoyendo las
peticiones de la oposición de izquierdas en la Cámara, por cuanto
nosotros solicitábamos el mantenimiento del Estado en el capital de
la empresa -y dábamos un amplísimo marco de razones para ello- con un
porcentaje que le permitiera controlar sus decisiones, porque
sabíamos lo que iba a ocurrir, señorías, y veíamos los peligros de
futuro. Por ello, como estábamos convencidos de lo que iba a ocurrir,
deseábamos que el Estado, especialmente para garantizar el servicio
universal, mantuviera una posición
estratégica en la compañía. Pero en éste como en otros casos, lo
asombroso -como decía recientemente un prestigioso columnista- es
comprobar que los presidentes de las empresas privatizadas más
importantes se dividen en tres categorías: amiguísimos de
responsables del Gobierno, incluso desde el colegio y singularmente
de su máximo responsable el presidente del Gobierno; amigos, y amigos
de los amigos del presidente del Gobierno. Por tanto, ya tenemos dos
ingredientes muy poco recomendables en un proceso de liberalización
tan importante: la mezcla entre lo económico y lo personal. Señorías,
se privatiza en este caso la compañía Telefónica dejando al frente de
las empresas a un amigo, a un verdadero amigo que además se hace con
el control de la compañía. ¿Qué debería haber proporcionado un
adecuado proceso de liberalización de las telecomunicaciones,
señorías? Fundamentalmente tres derivadas, tres efectos que yo creo
todos compartimos. El primero, la mejora de la calidad; eso es lo que
debería haber ocurrido. El segundo, la rebaja de los precios, para
que el usuario se beneficiara de este proceso de liberalización y de
competencia entre distintos operadores. El tercero, un aumento del
empleo; es difícil considerar que un proceso que va creciendo de
forma exponencial respecto a la riqueza total, como nos ha puesto de
manifiesto el señor ministro, produzca tan severos ajustes de empleo
al menos en lo que se refiere a la compañía dominante, la compañía
Telefónica. Por último, el cuarto sería la extensión de la
implantación de redes y servicios.
En nuestro mercado no se han cumplido adecuadamente ninguno de ellos
porque este Gobierno, señorías, señor ministro -y usted lo sabe muy
bien porque ha sido el brazo ejecutor del Gobierno en la política de
telecomunicaciones-, sólo ha asumido medidas formales de competencia,
y lo ha hecho además forzado por la obligación de cumplimiento de las
directrices marcadas por los calendarios de liberalización de la
Unión Europea. Por tanto, no se ponga medallas; poco mérito tiene su
comportamiento. Esta política a nuestro juicio no ha sido una
política exitosa, más bien ha beneficiado a grandes grupos
empresariales y económicos -hay un proceso de concentración
importante-, que además están ligados a sectores ideológicamente
próximos a ustedes, que son los principales beneficiarios de estas
actuaciones. Los ciudadanos asisten más bien como meros usuarios al
proceso de una oferta de servicios, de una parte insuficiente señor
ministro, y de otra con calidad decreciente. ¿Le pongo un ejemplo por
todos? ¿Es usted capaz de sostener aquí la calidad de Infovía? ¿Es
usted capaz de sostenerlo aquí después de su hundimiento y después de
las múltiples o centenares de miles de quejas -por número- de sus
usuarios? Esto, como usted sabe muy bien, ha sido contestado
enérgicamente por las organizaciones de consumidores y usuarios.
Precios. Usted se ha dedicado a leernos aquí un extenso informe que
le han preparado sus servicios; pero, señor ministro, vayamos a la
realidad de las cosas, a lo que afecta de verdad a los ciudadanos, a
lo que les interesa: a su bolsillo. Usted habla de la evolución del
precio en el sector de las telecomunicaciones; yo tengo aquí el
informe de Eurostat, el organismo que mide estadísticamente el IPC
comunitario de todos los países de la Unión Europea, y resultaque en
los tres últimos años, que es como se deben hacer
los cálculos, la media en la Unión Europea de bajada de los precios
en el sector de las telecomunicaciones ha sido casi del 6 por ciento,
5,8 en agosto; si quiere la media de septiembre, como hizo el señor
ministro de Economía pensando que había descubierto un nuevo
continente científico, también se la damos: 5,8 por ciento; la baja
de la Unión Europea se mantiene. Sin embargo, ¿que ha ocurrido en
España en estos tres años? Un incremento del 4,2 por ciento en agosto
y del 3,9 por ciento en septiembre. Por cierto, les gusta a ustedes
mucho hacer comparaciones con otros países, y creo que el señor
ministro de Economía comparaba en el debate presupuestario la
situación con la de Portugal e Irlanda, especialmente Irlanda que
tiene una situación de inflación incluso ligeramente superior a la
española. Él justificaba el mantenimiento del aumento de esos precios
por las ligeras tensiones inflacionistas que padece España. ¿Sabe lo
que ha ocurrido en Irlanda en el sector de las telecomunicaciones?
Que han tenido, ni más ni menos, una rebaja del 14,5 por ciento en
estos tres años (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!); en Portugal,
el 5,4 por ciento. Entretanto, los usuarios y consumidores españoles,
después de ese proceso maravilloso de liberalización de las
telecomunicaciones, hemos tenido que soportar un diferencial de casi
diez puntos respecto a la media de la Unión Europea en cuanto a
precios. Estos son datos de Eurostat y no sé de donde saca esos
cálculos de que es el minuto más barato de Europa. Eurostat cuando
hace los cálculos medios nos da los resultados, y los resultados
señor ministro son éstos. ¿Qué ha ocurrido con la evolución de una
llamada tipo, que creo todos admitiremos que es la de tres minutos?
El 28 de julio de 1994 la llamada de tres minutos costaba 11,40
pesetas y hoy está en 23,40; el 105 por ciento de aumento. La llamada
a Internet media de quince minutos ha pasado de 34 pesetas en 1994, a
71 pesetas, el 26 de octubre de 1999; 37 pesetas de aumento, es decir
el 100,8 por ciento de aumento. Luego hablaremos más detenidamente de
la cuota de conexión, es decir de ese impuesto fijo que grava de
forma no proporcional, de forma inversa o injusta la capacidad
económica del ciudadano y que tenemos que soportar todos por el hecho
simple de tener un teléfono en nuestra vivienda.
Respecto al cálculo global de la evolución tarifaria, después de la
aplicación del decreto-ley al que usted ha hecho referencia respecto
a los usuarios residenciales (utilizando la cesta que es la única a
la que creo que científicamente nos podemos acoger, la cesta que
aprueba y publica la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones),
hay un incremento, incluso después del último real decreto-ley, del
2,5 por ciento en su factura y eso sí una pequeña rebaja en la cesta
de los usuarios de negocios que no llega al 3 por ciento. Ésa es,
señorías, la realidad de lo que está ocurriendo en cuanto a los
precios. Entretanto, la compañía dominante, la compañía a la que se
le ha venido prestando enormes servicios desde el poder para el
mantenimiento de su posición monopolística en los últimos nueve
meses, ha tenido unos beneficios de casi 240.000 millones de pesetas.
Pregunto, señor ministro, ¿por qué autorizar entonces una subida como
la de la cuota de abono, de la que no puede escaparse nadie?, ¿por
qué autorizar subida sobre subida? En el tarifazo del año 1998 ya
aumentó usted el 16
por ciento y ahora el 20 por ciento más; el 36 por ciento de subida
en dos años en la cuota de abono, de 1.200 pesetas con aplicación de
IVAy nos vamos a ir casi a 2000 pesetas mensualmente dentro de un
año, para todos los usuarios. En consecuencia, es intolerable una
subida de cuotas de esta naturaleza y más cuando estamos viendo cómo
se reparten los beneficios los directivos de la compañía Telefónica.
Vayamos al tercer elemento básico en la materia: el empleo. He de
decirle, señor ministro, que son datos que nos suministran las
organizaciones sindicales y supongo que estará de acuerdo con ellos.
La evolución del empleo en la compañía Telefónica ha sido la
siguiente: en el año 1995 tenía 69.570 activos y al día de hoy, año
1999, estamos en 46.000. Es decir casi el 30 por ciento de ajuste en
sólo cuatro años; casi el 37 por ciento de caída en el empleo.
En cuanto al tercer elemento, antes hablábamos de la mezcla entre lo
económico y lo personal y falta la mezcla de lo político. Ustedes se
han dedicado -se lo hemos venido diciendo a lo largo de la
legislatura- a construir un traje legal a medida del señor Villalonga
frente a los intereses de los usuarios, impidiendo con este
comportamiento que hubiera adecuada competencia en el sector, y así
ha conseguido que la compañía Telefónica dispusiera de grandes
beneficios con los cuales el señor Villalonga -usted lo sabe muy bien
y lo saben todos los ciudadanos españoles- ha constituido un brazo
armado del Gobierno en el terreno mediático, en el terreno de los
medios de comunicación. Esto no lo digo yo, lo dice también el
prestigioso columnista al que antes hice referencia. Es fácil
descubrir contra quién se dirige ese brazo, es fácil hacerlo y usted
lo sabe muy bien.
Señor ministro, visto el conjunto de su gestión (y lo haremos a lo
largo de la tarde porque vamos a analizar su gestión de forma muy
amplia) es difícil considerar su continuidad en el Gobierno, y todos
nos hacemos esa pregunta. Yo creo que hay una razón básica, ya que el
conjunto, la suma de fracasos de su gestión en todos los sectores de
su Ministerio hace muy difícil entender racionalmente esa
continuidad; la razón básica es que usted se ha venido a convertir en
el testaferro que garantiza al señor Aznar el brazo mediático de
Villalonga, es decir es usted quien maneja las normas para hacerlo
posible, es usted el responsable de lo que está ocurriendo en parte
con las normas que permiten que la compañía Telefónica siga siendo
una operadora dominante, que siga disponiendo del monopolio básico en
sectores de actividad y que destine una parte muy importante de sus
beneficios a estas operaciones mediáticas.
Ha hablado usted de la televisión digital, señor ministro. A ustedes
les gusta el monopolio y usted sabe con respecto a la televisión
digital ustedes han creado un monopolio de transporte de redes, el
que ha obtenido Retevisión. Establecer un plan técnico de televisión
digital, lo sabe muy bien, no sería necesario, no tendría sentido si
las redes estuvieran realmente liberalizada, y éste ha sido un plan,
del que usted ha hablado, diseñado para Retevisión y totalmente
contradictorio con el proceso de liberalización; un plan que permite
es mantener un monopolio.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sí, señor presidente.
Dice usted que ha habido un concurso para canales digitales, pero
¿cuántos concursantes ha habido? Uno. Por tanto, el ámbito de la
competencia se ha desarrollado poco con uno. Es verdad que ustedes
hicieron una reserva en el mismo para comunidades autónomas y para
televisión pública y televisión privadas; pero, ¿cómo lo han hecho
ustedes? Lo han hecho, señor ministro, con un canal que en un
múltiplex común les exige ponerse de acuerdo, eso va a ser muy
difícil y va a garantizar una posición de dominio futuro de
Retevisión.
Con todo esto caemos, señorías, en una severa contradicción: Se
producirá en la televisión digital un proceso de concentración mucho
mayor que en la actual televisión analógica; es decir, que hacia
donde apuntan las nuevas tecnologías resulta que la liberalización va
a estar mucho más condicionada, va a ser mucho menor que en la actual
televisión analógica.
Dicho esto, señor presidente, me permitirá que muy rápidamente le
haga una serie de referencias -tengo que hacerlo-, a lo que ha venido
ocurriendo con el proceso de liberalización que ha citado el señor
ministro. La primera tiene que ver con el desarrollo de la
competencia en el bucle del abonado. Ustedes saben que el bucle del
abonado constituye una barrera de entrada muy difícil de sobrepasar
para conseguir una competencia efectiva en los mercados de
telecomunicación, debido a que se exigen enormes inversiones, es
lenta su construcción y baja su rentabilidad. ¿Qué ha ocurrido en
otros países? En otros países se está manteniendo, señorías, un
debate planteando la necesidad de que el operador dominante alquile a
sus competidores, a precios ajustados a coste claro, el bucle de
abonado. ¿Por qué no se hace en España? Muy sencillo, porque el
Gobierno mediante el reglamento de interconexión, y por cierto en
contra del espíritu de la Ley general de Telecomunicaciones a la que
nos acaba de hacer referencia, se reservó la regulación sobre el
bucle de abonado, hurtándosela así a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. De ese modo, una de las medidas de mayor
potencial para desarrollar la competencia quedaba, señor ministro, en
manos de su Gobierno y del Ministerio de Fomento para proteger el
campo de intereses de la compañía Telefónica. No hay acceso indirecto
a la parte que va desde el domicilio a la central local, eso es
puramente monopolio de la compañía Telefónica, ustedes no favorecen
esa interconexión, y si la facultad hubiera estado en manos de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones seguramente se hubiera
desarrollado.
Segundo, el desarrollo de la competencia en el bucle de abonado
mediante ADSL. Ustedes recientemente han desarrollado, han autorizado
a Telefónica a desarrollar esa tecnología. Yo le pregunto si cree que
esa medida, tal como la han hecho ustedes es positiva para el
desarrollo de la competencia, si esta medida hace innecesario obligar
a Telefónica a ofrecer el bucle de abonado a sus competidores como
consideramos nosotros, y desde luego si dispone la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones de competencia
suficiente para poder desarrollar esta competencia efectiva, o
serían necesarias medidas adicionales para ello.
En el informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones sobre
la orden ministerial que regulaba el ADSL, y usted lo sabe, el
Consejo de la CMT fue muy crítico con dicha orden, como se lo dije el
otro día en el debate, porque consideraba que esta orden representaba
una invasión competencial por el Ministerio en las funciones de la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, y era insuficiente y
reforzaba la posición de dominio de la compañía Telefónica. No se ha
desarrollado adecuadamente el nivel de competencia en las llamadas de
fijo a móvil y de móvil a móvil, y yo le recuerdo que en el seminario
de telecomunicaciones de Santander, el presidente de la Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones, órgano regulador, órgano neutral,
manifestó la necesidad de establecer la obligación de que los
operadores de móviles permitiesen a operadores sin red la reventa del
servicio móvil como forma de dinamizar el sector. ¿Lo han permitido
ustedes? No.
Acabo, señor presidente con esta parte, diciéndole que existe un
nivel de concentración en las telecomunicaciones móviles muy elevado
a pesar de su percepción. En estos momentos en España se concentran
en tres operadores. Ustedes, lo ha dicho aquí esta tarde, han
anunciado recientemente la convocatoria de diversos concursos para
nuevas licencias, tanto de telefonía móvil como de acceso
radioeléctrico al bucle de abonado, pero nosotros tenemos una duda, y
es si estas nuevas licencias de telefonía móvil van a representar
sólo un competidor más de los existentes, dado que se supone -ya
veremos qué pasa al final- que los actuales operadores ganarán sin
dificultad cada una de las nuevas licencias que se someten a
concurso. En cuanto al desarrollo de la competencia de las llamadas
metropolitanas, señor presidente, señorías, cuáles son las razones,
señor ministro, para que se impida a los nuevos entrantes realizar
una oferta competitiva en este segmento mediante la interconexión con
la red de Telefónica y si ustedes han tomado medidas para que ello
sea posible.
En cuanto a precios de los servicios, a ver si de una vez conseguimos
en este país que el operador dominante nos dé su estructura de costes
y que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones pueda desarrollar
ese análisis para saber si hay ajuste a costes de las llamadas de
telefonía fija, cuál es el ajuste a coste de las llamadas de carácter
metropolitano, de la cuota de abono y del resto de los precios de
acceso a Internet mediante ADSL; ADSL, señor ministro, que no es
tarifa plana, universal y accesible. Usted sabe que durante varios
años han reservado el monopolio de la compañía Telefónica para la
implantación de la tecnología ADSL, pero no va a llegar a muchos
municipios españoles hasta dentro de varios años. Entretanto,
cualquier usuario residencial que quiera acceder mediante esta
tecnología y si dispone de esa fortuna, tendrá que pagar no menos de
10.000 pesetas mensuales además del alta, además del módem para poder
tener una conexión a Internet. Esto no es en absoluto tarifa plana y
de ello es de lo que usted nos debe responder.
Termino, señor presidente, esta concentración que he descrito en el
proceso de desarrollo de la competencia, estáprovocando además una
paralización en el ritmo de las
inversiones. Contésteme, señor ministro. Hoy el conjunto de los
operadores de telecomunicaciones en España invierten la mitad de lo
que invirtió la compañía Telefónica en el año 1995. ¿Eso no es un
proceso de paralización de las telecomunicaciones? ¿Qué me quiere
usted decir con que en la próxima década tendremos 1,5 billones de
inversión en cable? A ustedes se les da muy bien hablar de hasta 10,
15 y 20 años de futuro y ponerle cantidades astronómicas, pero hay
que valorar lo que ha ocurrido en estos últimos años.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente. Es
imposible en una materia tan ardua, tan extensa utilizar menos
tiempo.
En estos últimos años se ha producido, señor ministro, un severo
proceso de paralización de las inversiones en el sector. Esta
contaminación entre amistad política y economía, y termino, creo que
resulta intolerable en una economía de mercado. Nada de eso tiene que
ver con el mercado, con el liberalismo, con la sociedad civil, ni con
la propiedad privada, como nada tiene que ver señor ministro, y a eso
tienen ustedes que dar respuesta porque es su creatura, es producto
de sus decisiones, la lujuria económica con que el presidente de la
compañía y sus directivos hoy se están comportando.
Señor ministro, le voy a leer una declaración muy solemne que se
produjo en este Parlamento en el año 1992, que nos vale para este
debate y para los subsiguientes, fue en el debate de la Nación del
año 1992, a ver si reconoce a su autor: Es que se puede admitir,
decía, que la cultura del enriquecimiento fácil, del pelotazo y del
amiguismo estén sustituyendo al esfuerzo, al trabajo y a la
iniciativa creadora? Han pasado unos años desgraciadamente para que
veamos que esto es así. Esto lo decía el señor Aznar. Seguramente
estaba pensando en el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones, en su amigo Villalonga y en lo que iba a ocurrir
con los intereses de los ciudadanos. Sólo con los planes de opciones
de la compañía Telefónica y de Terra ya se llevan acumulados casi
100.000 millones de plusvalías en poco tiempo para unos escogidos.
Prelados, socios de ustedes en el Gobierno, toda la oposición, los
ciudadanos, nos llevamos las manos a la cabeza. Parece que sólo
ustedes se sienten cómodos viendo surgir este tipo de castas, con
cargo a los intereses de los ciudadanos y derivadas de un proceso mal
entendido de privatización y de liberalización que no favorece los
intereses de los usuarios. Señor ministro, nadie puede excluirse de
esa responsabilidad - me refiero al Gobierno-, porque los usuarios
españoles no son libres de poder elegir compañía telefónica para sus
llamadas locales y ustedes les imponen una carga general. Usted, en
nombre de su Gobierno, impide que haya otras compañías que puedan
prestar la oferta de servicios en ese ámbito de la telefonía
metropolitana. Ustedes obligan a los ciudadanos a que contraten y
mantengan su actividad con la compañía Telefónica, que preside un
amigo suyo y que ya vemos cómo distribuye los beneficios de la misma.
Desde luego, los beneficios no son para los trabajadores, que sufren
un severísimo ajuste de empleo; son para ellos
solos, para estos directivos. Ytengo que decirle que, en esa opinión,
afortunadamente, me encuentro muy bien acompañado.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, lleva veinticinco minutos.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente.
Decía que me encuentro muy bien acompañado por opiniones aparecidas
en diarios que no son sospechosos de coincidir conmigo
ideológicamente, como el ABC o El Mundo, que les solicitan que acaben
con esta indecencia contra la ética del esfuerzo, del trabajo y del
sacrificio, que ustedes han favorecido. De eso tenía que haber
hablado hoy aquí, porque el resto, la situación técnica del mercado
de las telecomunicaciones, lo hemos discutido mucho a lo largo de
estos meses. Ustedes han autorizado esto; ustedes sabían lo que
estaba ocurriendo en la compañía Telefónica. El incremento de la
cuota de abono va a proporcionar a la compañía Telefónica 100.000
millones de pesetas adicionales de ingresos, frente a una rebaja de
tarifas mucho menor, y usted lo sabe. Por tanto, se están adoptando
decisiones muy perjudiciales para los ciudadanos, de las que después
se hace uso de un modo tan escandaloso como el que hemos descrito.
Con respecto a la última parte de la comparecencia del señor
ministro, quiero hacerle una pregunta. Quiero saber si el hecho de
que solamente sean tres los nombres que usted somete a consideración
para sustituir a los vocales de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones significa que no van a ser cambiados los cinco que
correspondía. Formulo esta pregunta porque, según los datos que yo
tengo, corresponde sustituir a cinco miembros de esa Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones: uno por dimisión y otros cuatro
por el sorteo. Nosotros queremos saber si lo que ha dicho el señor
ministro, y me reservo para la réplica, significa que sólo se van a
cambiar tres y que los otros continúan o si se podrán cambiar los
cinco. En todo caso, me gustaría saber quiénes son los tres
consejeros que van a ser sustituidos.
El señor PRESIDENTE: Les advierto que, a este paso, terminaremos a
horas intempestivas. Estoy siendo muy generoso con el tiempo,
teniendo en cuenta la acumulación de comparecencias, pero es evidente
que tengo que pedir a los grupos que administren su tiempo. Lo
siento, señor Santiso; aunque tiene ahora la palabra, sabe que no va
por usted, sino por todos en general. Para las próximas
intervenciones pido a los grupos que se ajusten a los tiempos
marcados en el Reglamento.
En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia. Ésta va a ser una jornada realmente larga, puesto que
abarcaremos campos muy diferentes.
Centrándonos en la primera parte de su intervención de esta tarde,
queremos hacer algunas reflexiones, exponer algunas ideas. En primer
lugar, usted ha hablado del desarrollo
de la competencia con el Gobierno del Partido Popular y nos ha
expuesto sus políticas, sus conclusiones y sus valoraciones sobre las
consecuencias de estas políticas. Nuestra valoración es radicalmente
diferente. Creemos que esta supuesta competencia ya ha sido puesta de
manifiesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo
discurso me ha ahorrado, puesto que lo comparto, pero en todo caso
tocaré algunos aspectos concurrentes.
En primer lugar, nosotros no compartimos el proceso de privatización
de Telefónica; no lo compartíamos cuando se inició la privatización
ni cuando se finalizó, pero no por una visión maximalista de entender
que el capital debe ser cien por cien público, sino por entender que
incluso con la presencia de un capital del 30 por ciento, es decir,
un capital significativo en estas grandes compañías, se puede
mantener una serie de políticas de telecomunicaciones no reñidas con
la apertura de mercado y la aparición de nuevas compañías ni reñidas,
por tanto, con la competencia. Hay que considerar la evolución
histórica de la compañía, las inversiones efectuadas a lo largo de
tantos años y el capital humano de la compañía y que, como se está
viendo ahora, la compañía mantiene todavía una posición dominante en
el mercado, pero esta vez no ya con presencia del Estado, sino con
presencia exclusivamente de su consejo de administración. Por cierto,
su presidente fue nombrado por el Gobierno; aunque luego haya sido
ratificado por el consejo de administración, es la misma persona que
el señor Aznar nombró una vez que tomó posesión como presidente del
Gobierno.
Las consecuencias que estamos viendo es que un grupo de directivos
toma las riendas de la compañía y cambia su cultura. En lugar de
preocuparnos por la potencia industrial, de comunicaciones y por
tanto empresarial y de cuenta de resultados de la compañía, el
concepto importante es su valor en Bolsa. Hasta tal punto es
importante, que de ahí derivan algunas de las decisiones relevantes
que estos días estamos viendo ante la opinión pública sobre las
famosas stock options, la reserva de acciones, aunque en realidad no
son tales, sino que son una especie de prima o bono sobre las
acciones que tiene en reserva un banco, que es quien realmente las
compra. Esto demuestra claramente que hay una nueva filosofía en la
que es más importante el valor en Bolsa que el valor real de la
compañía y la actuación en el mercado de las comunicaciones y la
política de atención a un servicio público, como son las
comunicaciones para el usuario.
En esta línea están también los pasos que se han dado con la puesta
en el mercado de Terra, aprovechando el boom de Internet y una serie
de pasos anteriores que en definitiva han supuesto sobre todo que a
algún directivo le tocara prácticamente la lotería, que haya tenido
la suerte de estar en el sitio oportuno en el momento oportuno y
además en Telefónica, con lo cual ha tenido, como se decía
recientemente, la gran suerte de poder tener una opción preferente
sobre estos pasos y por tanto unos millonarios beneficios, igual que
otros directivos que han participado también en esta operación, en
ventaja, por cierto, sobre el resto de accionistas de Telefónica y de
los ciudadanos que quisieron tener acceso a este proceso de venta
pública de acciones y que también vieron restringida, como es habitual
cuando hay mucha demanda en el mercado, su posibilidad de
acceder a estas opciones.
Esto demuestra por tanto, en nuestra opinión, una filosofía diferente
en una compañía que es probablemente la más importante en términos
económicos en este momento en nuestro país, pero también demuestra un
rumbo que desde luego no es el que compartimos nosotros
políticamente, porque sabemos que estas son aventuras a medio o largo
plazo, que la Bolsa juega malas pasadas y que se trata en el fondo de
un juego, y no de un reflejo de la situación económica. Y sobre todo
porque se ligan los incentivos de los directivos más a la evolución
de la compañía en Bolsa que a sus actuaciones como directivos, es
decir, más que al hecho de que su cuenta de resultados sea buena, a
que un director comercial tenga una buena política de captación de
nuevos abonados o una buena política de ventas o a que en las áreas
técnicas tengan una buena política de atención al usuario, en lugar
de que las averías tarden tres días en resolverse o que para que las
resuelvan haya que firmar un contrato de un nivel siguiente, es
decir, tener que pagar para que cuando se estropee el teléfono vayan
a verlo en 24 horas, y si no se paga un poco más, no vayan en el
momento. Y así sucesivamente. O sea, que incluso para hacer respetar
los derechos del usuario y para que el teléfono de uno simplemente
funcione, para tener garantías, hay que pagar más y más, igual que
las propias empresas tienen que hacer contratos adicionales sobre la
mera cuota de enganche para garantizarse una cierta seguridad en las
comunicaciones. Supongo que se las asegurarán aquellas empresas que
se prestan a estos anuncios vergonzantes a que últimamente nos tiene
acostumbrados Telefónica.
Por tanto, creo que hay cambios sustanciales, pero sobre todo lo que
hay es una pérdida importante de credibilidad de la propia compañía,
que solamente se ve frenada precisamente por la escasa posibilidad de
competencia del resto de los operadores, y aquí ya se han dado las
razones en parte de esa escasez de competencia o de esa imposibilidad
de competir de otras compañías, que se va prefigurando en otro sector
importante de la telefonía, como es la telefonía móvil, casi como un
duopolio, Airtel-Telefónica, por las dificultades que encuentran el
resto de compañías y porque es muy fácil ponerse de acuerdo cuando
los interlocutores básicos son solamente dos, por cierto en perjuicio
también del usuario.
Usted ha citado sus últimas actuaciones, actuaciones de su Ministerio
y del Gobierno, y algunas las hemos podido evaluar, reciente decreto,
por lo que una parte de mi argumentación está reflejada, pero
quisiera recordar algunas cosas. En nuestra opinión, el último
decreto para intentar contener la inflación, porque éste es el
objetivo reconocido y expreso del decreto, tiene varios flecos. En
primer lugar, la cesta utilizada para los cálculos de la inflación
debe ser modificada, puesto que, por ejemplo, no entra en ese cómputo
la telefonía móvil, cuando usted mismo reconoce que en este momento
tiene una importancia vital, habiéndose multiplicado por 15 en los
últimos años. Ahora, no creo que se haya multiplicado por 15 por las
actuaciones del Gobierno, sino que de manera natural en todo el mundo
ha sido una sorpresa la multiplicación de tal actividad, que yo creo
que se habría producido se hubiera hecho lo que sehubiera hecho, es
decir, es un problema de mercado y de
demanda que hay que atender y que se ha ido atendiendo y que ha
superado y ha roto todas las previsiones de cualquier compañía, como
reconocen sus propios directivos en sus intervenciones ante los
consejos de administración.
En nuestra opinión, con ese decreto se le ha dado un nuevo regalo a
Telefónica. Telefónica tiene una estructura de costes todavía no
evaluada y que hay que evaluar mediante una auditoría gestionada y
guiada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, igual
que se hizo en su momento con el sector eléctrico, con discrepancias
en las conclusiones finales, pero se deberá evaluar técnicamente por
una comisión independiente cuáles son los costes reales y no que
Telefónica y el Gobierno sigan hablando en abstracto de que hay unos
costes muy elevados y por eso ahora se le concede una subida del
enganche cuyos tres tramos, a 100 pesetas cada uno, suponen cuando
termine la subida 57.000 millones por año cuando esté consolidada
a 300 pesetas, y de aquí a los próximos tres años supondrá 97.000
millones de pesetas, lo que no se corresponde con la evaluación de
las rebajas producidas en ese mismo decreto. Es muy fácil hacer el
cálculo. Uno multiplica los 15 millones de abonados existentes ahora
mismo en Telefónica por 100 pesetas el primer tramo, una subida de
100 pesetas a partir del año que viene, otras 100 el segundo tramo y
el tercero a 300 y, cuando esté a 300 pesetas, salen 57.000 millones
de pesetas. Por lo tanto, es una especie de seguro de vida para
Telefónica, que ha negociado esa rebaja de tarifas, modesta en
nuestra opinión, a cambio de esa seguridad que le da el que no tengan
escapatoria los 15 millones de usuarios que en este momento tiene
Telefónica pagando religiosamente su cuota fija. Y entendiendo que
este es un debate que hay que hacer, creemos que se ha hecho al
revés, puesto que primero habría que haber realizado esa auditoría de
costes de la compañía para evaluar la cuantía de las
contraprestaciones que en su momento tenga que recibir. De esta
manera, primero se le da el regalo, por lo que difícil va a ser
después negociar y llegar a acuerdos y evaluar realmente cuáles son
los costes de estructura.
Creemos que se ha avanzado en los costes de Internet, pero que no es
suficiente y nosotros seguimos reivindicando una tarifa plana. Ysobre
todo creo que hay flecos importantes relativos a las conexiones
fallidas o a una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención:
pienso que un gran negocio que ha inventado Telefónica es el de los
contestadores gratuitos, pero que es un buen negocio para la
compañía. Usted llama por teléfono a cualquier sitio y se encuentre o
no se encuentre alguien al otro lado y tenga o no tenga ganas de
dejar un mensaje le van a cobrar por la llamada. Nosotros creemos que
hay que introducir mecanismos para que a los usuarios, cuando llamen
a una empresa, a una oficina, si quieren hablar directamente con una
persona, no les empiece a contar la llamada hasta después de la
entrada del contestador comunicando que no se encuentra en casa, y
que sólo si uno aguanta la llamada hasta después del pitido se cargue
al usuario la llamada. Si no, es un negocio gratuito, interesante,
que se ha inventado Telefónica, pero que está produciendo unos costes
no deseados para aquellos que lo único que quieren es hablar con una
persona determinada que en ese momento no se encuentra al otro lado
del aparato. Creemos que técnicamente
es posible, que sería mucho más limpio y más razonable para la
competencia, en lugar del mecanismo actualmente en el bolsillo,
aunque no puedas realmente efectuar la conexión con el otro usuario.
También ha citado -ya que ha seguido más o menos el guión de El
Gobierno informa, que tengo delante- el tema de la firma electrónica
como nuevo mecanismo de crear seguridad en las comunicaciones por
Internet, etcétera. Sólo un par de pinceladas. Nosotros seguimos
pensando que antes de la firma electrónica habría que regular el
mercado por Internet. Creemos que tiene muchas inseguridades, muchos
problemas y que regulando en nuestro país solamente la firma
electrónica, puesto que los intercambios comerciales se producen no
sólo en nuestro país, sino a lo largo de toda la red en todo el
mundo, es útil. Va a serlo, por ejemplo, para las relaciones del
administrado con la Administración para poder efectuar la declaración
sobre la renta, para pedir un certificado a través de Internet
garantizando que quien lo pide es el usuario; toda una serie de cosas
que me parece que pueden tener utilidad. Pero seguimos pensando que
previamente hay que dar el otro paso; es decir, hay que regular el
comercio electrónico, las consecuencias de los intercambios de ese
comercio electrónico a través de Internet, sabiendo además que tiene
sus limitaciones y que por lo tanto afecta básicamente a lo que
podemos regular, que es nuestra legislación en el ámbito de nuestro
Estado, no en el de las relaciones comerciales con empresas ubicadas
y sometidas a legislación mercantil de su propio territorio. Por
tanto, tampoco debemos exagerar la importancia, porque, en
definitiva, lo que quiere la empresa que está al otro lado es conocer
el número de tu Visa para poder cargar a tu cuenta el gasto que
efectúas a través de Internet. Le importa más eso que la seguridad en
la firma o no del interviniente en la operación. En el momento que
tiene el número de la Visa y tiene claro que está confirmada la
compra, lo demás no le importa. Sí le debe importar al usuario, por
los riesgos que tiene la utilización en condiciones inseguras de los
datos de una tarjeta de crédito a través de Internet, por las
situaciones de piratería que se están dando, de copia de datos, de
cargos indebidos. Ahí está la detención de personas que se dedicaban
a efectuar una serie de estafa a través de Internet.
Por tanto, hay mucho que hacer en ese tema; hay que mejorar la
comunicación por Internet y ojalá se cumplan esas previsiones de
rapidez. Creo que va a tener mucho que ver con algo que citaba usted,
que es la extensión de la red de cable, que es imprescindible,
especialmente para aquellos territorios con más dificultades
industriales o de empleo en este momento. Para mí serían prioritarios
frente a otras zonas como Madrid, Barcelona o Valencia. Creo que es
más importante que esas comunicaciones por cable se extiendan en las
comarcas mineras y en aquellos sitios que están sufriendo los
procesos de reindustrialización, para que, dado que no tienen otro
medio, puedan tener un instrumento útil, ágil, de competencia, en un
mercado tan importante para el futuro como las comunicaciones. Eso se
llama también apoyo económico. No instalar solamente la red en
aquellos sitios en que es rentable, sino extenderla más allá para
hacer valer las posibilidades que tiene la reddel cable con su
capacidad global de comunicación para
televisión, para telefonía, para Internet y para todo aquello que van
a soportar las redes de cable.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy concluyendo.
Termino tocando ligeramente el tema de Retevisión. Seguimos pensando
que está pendiente la cobertura nacional de televisión para todo el
país. Es uno de los requisitos que marca la ley, que no se ha llegado
a cumplir al cien por cien, siguen existiendo zonas de sombra y una
parte importante de esos fondos que se han obtenido recientemente
debería dedicarse a cumplir exactamente lo que dicen nuestras leyes,
que tiene que llegar al cien por cien la señal de televisión, que en
estos momentos no lo hace. Creo que es un tema importante también.
Respecto al mercado de comunicaciones, hay dos temas fundamentales
que nos preocupan. Usted ha hablado de inversiones, nosotros creemos
que hay que hablar del control de las inversiones para, en muchas
ocasiones, evitar la duplicidad del gasto por no evaluar cuál debe
ser el desarrollo, la posibilidad de compatibilizar, por ejemplo,
esta proliferación de antenas de distintas compañías por toda España.
Quizá habría que haber apuntado a un sistema compartido, por lo menos
en lo que es la red de transporte de la señal, y dejar la competencia
en otros ámbitos.
Termino hablando del tema fundamental, del que usted tampoco ha
hablado, que es el empleo. Hasta ahora hemos hablado de pérdida de
empleo en el sector de las comunicaciones y sería conveniente, cuando
hablamos de todos estos temas, saber cuáles son las previsiones de la
evolución del empleo y de la creación de empleo de calidad y estable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar, en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), quiero agradecer
al ministro de Fomento su comparecencia hoy aquí y la información
detallada que nos ha facilitado sobre el desarrollo de la Ley General
de Telecomunicaciones.
Sin duda, señorías, este ámbito de las telecomunicaciones es, como
decía el señor ministro, un sector importantísimo y en creciente
auge. Las meras cifras de lo que representa el sector dentro del PIB
-que va camino de llegar a ser el 5 por ciento, la misma cifra de
crecimiento de usuarios en telefonía móvil, que sobrepasa ya los 13
millones de usuarios en este momento en España- son cifras que por sí
solas revelan la importancia de este sector, el auge que está
teniendo y la importancia que desde este Parlamento, desde el
conjunto de los poderes públicos, debemos prestar a lo que está
pasando en el sector de las telecomunicaciones. Yen este contexto mi
grupo parlamentario, señor ministro, quería hacer una reflexión,
reflexión que han hecho ya también anteriores portavoces.
Realmente esta no es una comparecencia sobre Telefónica ni este es el
motivo que inducía al señor ministro y al Gobierno a presentar su
comunicación hoy aquí y a celebrar
esta comparecencia. No es una comparecencia sobre Telefónica.
Telefónica ha llevado a cabo un proceso de privatización total, es
una empresa privada; por tanto, no es una comparecencia sobre
Telefónica, pero tenemos que hablar de ella. Forzosamente tenemos que
hablar de Telefónica, señor ministro, señorías, porque a pesar de la
liberalización de los servicios de telefonía, a pesar de la
privatización llevada a cabo, tampoco sería cierto que Telefónica
pudiese ser considerada en esta Cámara, ni por la sociedad ni en el
conjunto de la economía española, como una empresa privada más. A
pesar de que ha llevado a cabo su privatización total, no es
Telefónica una empresa privada más. Es una empresa que ha heredado
una posición previa de monopolio y que, no nos engañemos, señor
ministro, señorías, se ha beneficiado de esa herencia. ¿Cuántos
usuarios tienen en sus casas el servicio de la compañía Telefónica
por la simple comodidad de no haber cotejado otras ofertas
existentes? Ciertamente, y estoy de acuerdo con el planteamiento que
ha hecho el Gobierno, hemos abierto la competencia de forma ejemplar,
se están implantando nuevas compañías, está creciendo el sector, pero
también es cierto, señorías, señor ministro, señor presidente, que
Telefónica tiene el beneficio acumulado de una situación previa de
monopolio. Y esto, que es una realidad, que es una empresa que se ha
beneficiado de esta situación previa, que no es culpa de su Gobierno,
nos lleva a una reflexión en esta Cámara, que tampoco es culpa de su
gobierno, y es que nosotros, como parlamentarios, y en una
comparecencia sobre telecomunicaciones, tenemos que plantear esos
beneficios desmesurados que los altos cargos de Telefónica están
recibiendo. Esas cifras que nos escandalizan a todos, y creo que
también al propio Gobierno (estoy convencido de que el Gobierno no
impulsa estas cifras) responden a una situación de libertad de
mercado, una situación de aplicar a una empresa privada mecanismos de
oferta de opciones, de compra, etcétera, que ya existen en otras
empresas privadas, pero lo cierto es que, acumulando esa aplicación
ante una empresa que no es una empresa privada más sino que es una
empresa que viene de una situación de monopolio, nos revelan unas
cifras escandalosas, unas cifras que la sociedad no entiende y que
nosotros, como grupo parlamentario, tampoco compartimos. Estoy
convencido, repito, que no son deseadas por nadie, que éticamente
crean una rebelión social, en el sentido de que el común de los
trabajadores de este país, que saben lo que les cuesta ese esfuerzo
de ganar un sueldo, de ganar unos beneficios, se escandalizan cuando
ven que unos directivos se embolsan tan fácilmente unos dividendos,
que legalmente pueden hacerlo, pero que éticamente es una situación
sobre la que creo, señor ministro, que deberíamos reflexionar todos.
Mi grupo quiere sumarse a esa apreciación de que es una situación
desmesurada, no querida por nadie (y no estoy haciendo una crítica a
su Gobierno), que nos debería llevar a una reflexión sobre si hemos
hecho bien ese proceso de privatización, si no hemos tomado quizá
previamente las cautelas necesarias para evitar que una situación así
pudiera producirse. Es una reflexión que se ha hecho por parte de
anteriores portavoces y de la que mi grupo parlamentario,
Convergència i Unió, quiere dejar también hoyconstancia en esta
Cámara.
En segundo lugar, es cierto que su Gobierno ha hecho un gran
esfuerzo, y nos congratulamos de ello, en lo que sería la
implantación del ADSL, en lo que sería la implantación de una tarifa
plana en el ámbito del acceso a Internet. No obstante, el ADSL no es
una tarifa plana universal, porque es una tecnología novedosa que
España está implantando con gran prontitud (y técnicamente va entre
los países más avanzados en dicha implantación), pero también es
cierto, señor ministro, que no puede llegar a todas las partes del
territorio y, por tanto, estamos haciendo una discriminación. Hay
usuarios que podrán acogerse al sistema ADSL y muchísimos otros que
no podrán, y entonces su acceso a Internet no tiene esa tarifa plana
y no tiene, señor ministro, esa facilidad económica que nosotros ya
defendimos en el Pleno de la Cámara a través de una proposición no de
ley y a través recientemente de una enmienda a una moción. Nosotros
consideramos que mientras no se llegue a una extensión global del
ADSL deberíamos hacer una tarifa plana transitoria, que fueran unos
precios asequibles para todo el mundo, que nosotros cifrábamos como
máximo de mil pesetas en tarifa nocturna y cinco mil en tarifa
diurna. Nuestro grupo cree que ese sería un planteamiento más sensato
que no el actual de esta tarifa que no llega a todo el mundo, y
estamos teniendo unos usuarios que sí pueden acceder a ellas y
muchísimos otros que no pueden.
En este ámbito de Internet, señor ministro, quiero hacer la reflexión
de que nuestro grupo tiene presentada una proposición de ley para que
Internet sea considerado un servicio universal. Ello facilitaría
muchísimo esta extensión de la red y este abaratamiento que se
precisa de los precios de acceso, sea a través de tarifa plana, sea a
través de una reducción global de las tarifas.
Por último, señor ministro, quería hacerle tres preguntas concretas.
La primera de ellas es en relación a una comparación. El 1 de
diciembre de 1998 se liberalizaron los servicios de telefonía, pero
dos meses antes de esa liberalización ya se conocía la orden que
establecía el correspondiente reglamento y, por tanto, quienes
pretendían beneficiarse de la liberalización ya conocían previamente
el marco normativo. Entre el mes de marzo y abril del año 2000
finalizará el régimen de monopolio para la prestación de los
servicios portadores soporte a los servicios de difusión, pero en
este momento aún no se conoce el correspondiente reglamento ni el
plan técnico. Yo le preguntaría al señor ministro, en primer lugar,
cuándo piensa el Gobierno aprobar el reglamento sobre los servicios
portadores soporte a los servicios de difusión, así como el
correspondiente plan técnico.
La segunda pregunta, señor ministro, está relacionada con la
televisión digital terrenal. Por acuerdo del Gobierno de 18 de junio
de 1999, se otorgó la concesión para la explotación de los programas
de cobertura estatal de la televisión digital terrenal. Mi pregunta
es cuándo tiene previsto el Ministerio aprobar la planificación de
los canales de televisión digital terrenal de ámbito autonómico. De
esta forma las comunidades autónomas podrán convocar sus concursos
concesionales.
La tercera pregunta que quería dirigirle es en relación con la radio
digital terrenal. En este ámbito, se aprobó un real decreto el pasado
23 de julio en el que se establecía el
plan técnico de la radio digital a nivel estatal. El 31 de julio
pasado se abrió el concurso y usted sabe que la Generalitat de
Cataluña ha impugnado el real decreto y el concurso por entender que
se invadían las competencias autonómicas en el mismo. Quería
preguntarle cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la
planificación de la radio digital de ámbito local.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, para cumplir este turno de grupos,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Cristóbal
Pons.
El señor PONS FRANCO: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del ministro por esta comparecencia para hablar del desarrollo de las
telecomunicaciones en nuestro país. Creo que la política de
telecomunicaciones, basada en estos cinco elementos clave que ha
destacado el ministro, como son la inversión privada, la libre
competencia, el acceso abierto a las redes, el servicio universal y
la creación de un marco reglamentario flexible construido sobre
principios estables, ha sido uno de los grandes éxitos de este
Gobierno. A falta de argumentos de otras fuerzas políticas para
atacar lo que es la política de telecomunicaciones de este país, la
que ha promovido este Gobierno, se dedican única y exclusivamente a
hablar de Telefónica, de lo que significa Telefónica, de lo que ven
en Telefónica y no saben hablar de nada más. No sé si puede estar
aquí una manía, o un deseo en este caso, de controlar el sector de
telecomunicaciones en este país, pero creo que se tiene que cambiar
el chip y tener en cuenta que Telefónica es una empresa privada y
que, como tal, los asuntos que se refieren a la administración de
empresas privadas en todo caso tienen que ser objeto de debate en la
junta general de los accionistas, que son siempre los que tienen la
última palabra. Absolutamente nadie puede acusar al Gobierno de haber
favorecido a Telefónica. Una buena prueba de ello -y tomen nota- es
el hecho de que a instancias de esta empresa ex monopolista se han
iniciado más de 30 procedimientos judiciales frente a normas garantes
de la competencia que han sido promovidas por el Ministerio de
Fomento, la mayoría de los cuales han concluido con sentencias que
ponen de manifiesto la correcta actuación de la Administración. Si
para determinados grupos el Gobierno se ha dedicado únicamente a
cumplir la política formal según el calendario de la Unión Europea,
qué vamos a decir, que menos mal que el Gobierno ha cumplido con sus
obligaciones y que precisamente por ello se encuentra, junto a
Alemania y Gran Bretaña, en el grupo de países que reúnen todos los
requisitos en cuanto a la liberalización del sector en la Unión
Europea. Si es cierto que las inversiones están paralizadas en el
sector de las telecomunicaciones en este país, debe resultar que en
este país no se invierte, puesto que un sector que representa
actualmente el 3,5 del producto interior bruto y que está a punto de
llegar al 5 por ciento, creo que no deja ninguna duda. Por cuestiones
de tiempo, entiendo que sea el señor ministro el que continúe con las
explicaciones pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a cuantas observaciones y
preguntas se han formulado, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías,
trataré de contestar conjuntamente para no extenderme demasiado
haciendo referencias singularizadas cuando se trate de un punto
concreto tocado por uno de los portavoces y no por los demás. Para
abreviar, empezaré por felicitarme por la conversión del Grupo
Socialista, y del señor Caldera en particular, al más acendrado
liberalismo en el mundo de las telecomunicaciones. Comprendo,
señorías, que ésta es una conversión que debe figurar en los anales
de esta Cámara, porque es una conversión muy importante. Hay que
tener en cuenta que cuando el Partido Socialista gobernaba no
solamente no se liberalizó nada, sino que se consiguió un período de
reserva del monopolio hasta el año 2004. Si hubiéramos seguido esa
reserva de protección en favor del monopolio hasta el año 2004,
España estaría en estos momentos en la edad de piedra en el mundo de
las telecomunicaciones. Quiero recordar el mundo de las
telecomunicaciones que este Gobierno se encontró en mayo de 1996.
En primer lugar, se encontró con una licencia de telefonía móvil
otorgada a una empresa llamada Airtel (tan mal otorgada que la
Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción y tuvimos que
resolverlo nosotros, naturalmente; eso fue lo primero con lo que se
encontró este Gobierno); en segundo lugar, se encontró con una
impugnación de todas las directivas comunitarias de liberalización de
las telecomunicaciones (todas estaban impugnadas por el Gobierno
español para buscar un período de protección a favor de Telefónica
hasta el año 2004) y, en tercer lugar, se encontró con una
legislación que bloqueaba literalmente la inversión de cable, para
favorecer que el cable de Telefónica sirviera a los intereses de un
grupo privado, al cual se le hizo un contrato de gestión, del que es
mejor no acordarse porque, como ya tuve ocasión de recordar en un
debatido y tenso Pleno, es el contrato más inmoral de la historia de
la democracia española; porque es la primera vez que, en la
democracia española, un monopolio público -entonces monopolio
público- se pone al servicio de los intereses de un grupo privado.
Ese es el panorama que este Gobierno se encuentra, señorías, cuando
en mayo de 1996 accede al ejercicio de las funciones gubernamentales.
Apartir de esta situación, lo primero que tengo que destacar es que
aquí se han hecho unas cuantas afirmaciones sorprendentes. Se vive en
un país que yo no puedo calificar que sea España. Fíjense lo que se
dice. No se está creando empleo en el sector español de las
telecomunicaciones. Eso se ha afirmado aquí. Realmente debe ser otro
país, porque se están creando 400.000 empleos al año y un buen número
de ellos -no tengo aquí la estadística-, desde luego, en el sector de
las telecomunicaciones, porque no hacen más que nacer nuevos
operadores que lo que hacen, entre otras cosas, es crear empleo.
En segundo lugar, se ha dicho aquí también que está detenido el
proceso de inversión en las telecomunicaciones. La única cifra
oficial que yo conozco es la que da la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para el año 1998. Da una cifra de inversión de
cerca de 800.000 millones de pesetas -no me acuerdo si son 780.000 u
870.000 millones de pesetas- en el año 1998 (desde luego, este año
esa cifra de inversión va a ser ampliamente sobrepasada), y no hay
más que ver cómo proliferan las
estructuras y cómo proliferan los nuevos servicios de
telecomunicaciones que los operadores emergentes anuncian,
simplemente, a través de la publicidad en las páginas de los
periódicos o en las pantallas de televisión. El cambio es tan
sustancial y tan espectacular que no comprendo cómo se pueden hacer
aquí ciertas afirmaciones.
Después, sorprendentemente, se hace una tercera afirmación, que ya es
verdaderamente genial. Dice: No bajan los precios, sino que suben. La
afirmación que se hace, ni más ni menos, es que están subiendo los
precios de los servicios de telecomunicaciones en España. Entonces,
¿cómo se explica que, estando subiendo los precios, España sea el
cuarto país que más crece en telefonía fija y el primer país de la
Unión Europea, el que más crece, en el ámbito de la telefonía móvil?
Resulta que un crecimiento espectacular del mercado de las
telecomunicaciones y de la prestación de los servicios de telefonía
coincide con una subida de precios. Esto, desde luego, es nuevo. Es
evidente que la conversión al liberalismo requiere pasar un poquito
por los libros, estudiar un poco y saber exactamente en qué consiste
la liberalización de las telecomunicaciones.
Se ha hecho referencia, sin citarlo por ese nombre, a uno de los
temas claves de cualquier proceso de liberalización, que es el
reequilibrio tarifario. En primer lugar, la cuota de abono de
Telefónica, que fue subida el mes de agosto del pasado año, asciende
en estos momentos a 1.400 pesetas. Es la más baja de la Unión
Europea. En segundo lugar, en el marco del reequilibrio tarifario, el
pasado año se subieron las tarifas locales, y se han bajado como
consecuencia del decreto-ley de medidas antiinflacionistas promulgado
recientemente por el Gobierno y convalidado por la Cámara. El precio
medio del minuto se ha bajado en las llamadas locales y además
-bajada también sustantiva- se ha ampliado el horario de tarifa
reducida. Esa es una bajada efectiva de la tarifa telefónica y de la
telefonía local. Por tanto, señoría, no se puede afirmar que no han
bajado las tarifas locales, porque eso es negarse a leer el
decretoley que está en el Boletín Oficial del Estado y negarse a
considerar que una ampliación del horario de tarifa reducida es una
bajada de tarifas locales.
Después se añade, con profundo conocimiento de causa, que no existe
todavía competencia en el ámbito de la telefonía local. Naturalmente,
esta afirmación se acumula sin tener en cuenta todas las
circunstancias a las que el propio interviniente a hecho referencia
con anterioridad. Las tarifas locales de Telefónica -por eso hay que
hacer un reequilibrio tarifario- están por debajo de costes. La
legislación comunitaria impone que las tarifas de todos los servicios
de telecomunicaciones, concretamente de los servicios de telefonía,
estén orientadas a costes. En la medida en que las tarifas locales
están por debajo de los costes del servicio de telefonía local, es
prácticamente imposible que haya competencia en el ámbito estricto de
la telefonía y por el mismo tipo de soporte. Por eso, para que exista
competencia en el ámbito de la telefonía local, es imprescindible el
cable, pero resulta que el cable es la inversión más lenta y más
costosa, y es la que bloqueó el Gobierno socialista y la que nosotros
hemos desbloqueado. En estos momentos se está cableando gran parte
del territorio nacional. Una de las consecuencias del cableamiento de
las grandes áreas urbanas en España será justamente la aparición de
competencia
en telefonía local. De hecho, muy modestamente, hay algo de
competencia en telefonía local allí donde los cableros han podido
empezar a prestar el servicio, léase Palma de Mallorca, léase
Valencia y léase Santander, según tengo entendido. Pero no es
pensable que pueda haber competencia en el ámbito de la telefonía
local a través del hilo telefónico de Telefónica, porque las tarifas
están hoy por debajo de costes y hay que completar el reequilibrio
tarifario. Eso es lo que hace en buena medida el decreto-ley de
medidas antiinflacionistas.
Naturalmente -se va todavía más lejos en la conversión liberal
acendrada que se ha puesto hoy aquí de manifiesto-, es imprescindible
abrir el bucle local de Telefónica. Quienes congelaron el proceso de
liberalización hasta el año 2004, ahora defienden la apertura del
bucle local de Telefónica. Esa es una opción. De los quince países de
la Unión Europea, cuatro han realizado la apertura del bucle local,
los demás no lo han hecho. Si en un país que estaba muy atrasado en
el ámbito de las telecomunicaciones, como era España en el año 1996,
hubiéramos abierto inicialmente el bucle local de Telefónica,
habríamos inhibido todo el proceso de inversión, y no hubiera habido
ni cable, ni nuevos prestadores de servicios de telefonía que
hubieran decidido hacer inversión, porque, como es lógico, hubieran
succionado el bucle local de Telefónica. Por tanto, la apertura o no
del bucle local es una decisión enormemente desaconsejable para un
país atrasado. Solamente los países que tenían ya una situación muy
avanzada en el ámbito de las telecomunicaciones, como Alemania,
Austria, Dinamarca y no sé cuál más, han osado abrir el bucle local.
El país que más avanzado va globalmente en su proceso de
liberalización, que es el Reino Unido, no ha abierto el bucle local
del operador dominante, porque el riesgo de que se inhiba la
inversión no se puede descuidar. A ello debe añadirse que el ADSL es
una forma indirecta de apertura del bucle local y, por tanto, al
abrirse éste indirectamente con esta innovación tecnológica se ha
añadido una nueva posibilidad de competencia. Aquí también conviene
leer y esta vez no tanto los libros para estudiar un poco, sino los
documentos que oficialmente publica la Unión Europea. No hay ni un
solo país en la Unión Europea en que la regulación del ADSLno se le
haya concedido al operador dominante, antiguo monopolio, porque es la
única posibilidad, puesto que va centrado en el bucle local del
antiguo operador dominante. Por eso, el ADSLes una regulación para
que se pueda instalar por el operador dominante.
Esto está en los documentos oficiales de la Unión Europea. En todos
los países de la Unión Europea que han introducido el ADSL se ha
hecho la regulación para que lo introduzca el operador dominante,
porque no puede ser de otra manera. No obstante, gracias al ADSL se
abre una posibilidad de competencia en favor de otros operadores y en
beneficio, por tanto, de los usuarios.
Se ha añadido, con un cierto fundamento, que el ADSL es insuficiente,
y estamos de acuerdo. No puede llegar a todos los sitios y no puede
llegar a corto plazo, pero hay que empezar por algo. Al no ser
posible una competencia directa en el servicio de telefonía local a
través del bucle local de Telefónica, éste es un mecanismo que va a
permitir en cierto modo introducir algo más de competencia, de la
misma manera que debe proporcionar más competencia el cable.
La única solución es la que plantea la proposición de ley a que ha
hecho referencia el representante de Convergència i Unió, pero eso es
lo que España encabeza hoy en el ámbito de la Unión Europea. Hemos
presentado una iniciativa, ahora que se revisa la legislación
comunitaria de telecomunicaciones, para introducir el acceso a
Internet como parte del servicio universal. No se pueden tomar
medidas directas de ayuda porque sería contrario a la propia
legislación comunitaria. Por eso, cuando se propician soluciones muy
avanzadas socialmente y muy equitativas, aparentemente, y
favorecedoras de la cohesión territorial, hay que tener en cuenta que
hay un primer freno, y es que no cabe una ayuda directa hasta que no
se incluya el acceso a Internet dentro del concepto de servicio
universal, y entonces será posible que los poderes públicos articulen
o arbitren ayudas directas al acceso a Internet en el ámbito de la
telefonía local, en el ámbito del servicio local de teléfonos.
Señorías, no hay otro camino. El introducir la tarifa plana de
Internet en el ámbito del servicio de la telefonía local tal y como
se encuentra en estos momentos, produce el colapso del servicio
local, de telefonía. Por eso, ningún país ha introducido la tarifa
plana de acceso a Internet salvo Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Australia porque tienen dimensionada la red de telefonía local para
dar dicho servicio con tarifa plana y, por tanto, pueden articular el
acceso a Internet también con tarifa plana. Sin embargo, los países
europeos que no tienen dimensionado el servicio de telefonía local y
la red de telefonía local para prestar el acceso a Internet con
tarifa plana, no la pueden introducir porque se colapsaría en ese
momento la red de la telefonía local.
El señor Caldera ha hecho referencia a Eurostat y las tarifas. El
señor Caldera sabe que la información de Eurostat es la que le
suministra el Instituto Nacional de Estadística y después hace una
adaptación. El señor Caldera debe saber, y lo sabe pero no lo quiere
decir, que en los dos últimos meses las telecomunicaciones ya han
presionado a la baja el IPC. No lo han hecho durante el año anterior
porque en agosto del pasado año hicimos el reequilibrio tarifario
donde se subieron las tarifas locales y hubo que subirlas para
acercarlas a los costes. Eso forma parte del proceso de
liberalización y es lo que está en la naturaleza de las cosas.
Se ha hecho referencia, sorprendentemente, a que la telefonía móvil
es un oligopolio porque solamente hay tres operadores. Salvo en los
países muy poblados, no sé si Francia y Alemania tienen ya cuatro,
pero todos los demás países de la Unión Europea tienen tres licencias
y España es el país que convoca la cuarta dentro de su tamaño y con
cuarenta millones de habitantes. Hay que hacer inversiones muy
fuertes, y, una de dos, o se permite que los nuevos operadores
succionen las redes de los operadores precedentes o, por el
contrario, empujamos un proceso de inversión, y si empujamos un
proceso de inversión para que España cuente también con competencias
en infraestructuras, evidentemente no es posible introducir un mayor
número de licencias.
Lo que yo destacaría, además de todas estas cuestiones a las que me
he referido, son las reflexiones que se han hecho aquí sobre el
operador dominante. Puedo compartir
algunas de ellas, pero yo pregunto, porque un mínimo de rigor siempre
es exigible, ¿existe algún país de la Unión Europea donde el antiguo
monopolio haya dejado de ser operador dominante? ¿Existe alguno?
Gran Bretaña lleva catorce años impulsando un proceso de
liberalización y British Telecom sigue siendo el operador dominante.
Eso es muy difícil de cambiar porque han sido muchos años, no
solamente de hacer inversiones, de hacer infraestructuras, sino
también de captación en régimen de monopolio de los usuarios.
Transformar eso lleva muchos años y en toda Europa el operador
dominante sigue siendo el antiguo monopolio, y España no va a ser una
excepción. Además, es probable que sería negativo que España en ese
terreno fuese una excepción.
Por tanto, las deducciones que a partir de este hecho se han
formulado para inducir aspectos negativos de la política de
telecomunicaciones, no se tienen de pie. Respecto a favorecer al
operador dominante, puedo relatar sucintamente lo que ha supuesto la
política de telecomunicaciones del Gobierno para el operador
dominante. Ha supuesto, de entrada, una nueva plataforma de
televisión digital, en competencia con las otras dos actualmente
existentes. No parece que sea un gran favor introducir un tercer
competidor. En segundo lugar, Telefónica ha incoado, como ha dicho
aquí el portavoz del Grupo Popular, más de treinta procedimientos
contra actos y disposiciones del Ministerio de Fomento, de la
Secretaría General de Comunicaciones como órgano regulador. Treinta
recursos contra actos y disposiciones del Ministerio de Fomento no
parece que sean favorables al operador dominante.
Después, señorías, yo creo que hay que aprender a sumar. Lo lamento,
pero las sumas que hacen SS.SS. no coinciden en absoluto con los
números oficiales y rigurosos que suponen la bajada de tarifas que se
ha hecho recientemente por el decreto-ley de medidas
antiinflacionistas. En el año 1999, sin compensación de ingresos,
Telefónica, por la bajada de tarifas, deja de ingresar 11.101
millones de pesetas. En el año 2000, donde hay sólo ya una
compensación parcial, puesto que la primera subida de la cuota de
abono se produce en agosto, hay un ingreso por la subida de la cuota
de 7.411 millones de pesetas y una pérdida de ingresos por valor de
83.415 millones de pesetas. En el año 2001 hay un ingreso por la
conclusión de la subida de la cuota de abono a favor de Telefónica,
de 40.017 millones de pesetas y una pérdida de ingresos de 48.856
millones de pesetas.
Por tanto, afirmar que la última bajada de tarifas, que va acompañada
de una subida de la cuota de abono, implica unos mayores ingresos
para Telefónica es falso, señorías, es falso. Su señoría lo sabe y
acostumbra a hacer sistemáticamente afirmaciones falsas, porque están
ustedes en una campaña desmadrada contra una empresa privada, y están
ustedes buscando desesperadamente escándalos para ver cómo salen del
atolladero en el que están metidos de cara a las próximas elecciones.
Ese es todo el problema, señoría.
El mercado español de las telecomunicaciones, permítanme la expresión
coloquial, va como una moto. Todo lo que quiera sacar de negativo del
mercado español de las telecomunicaciones corresponde a otro país, no
a España, y esto es un elogio generalizado no solamente en el sector
sino por una multiplicidad de ciudadanos.
No me traiga usted a colación determinado tipo de asociaciones que se
identifican con el Partido Socialista. No me traiga usted a colación
ese tipo de asociaciones, ni de una naturaleza, ni de otra, porque
hay una de ellas, que se identifica con el Partido Socialista, que ha
hecho una genialidad que hay que poner aquí de relieve. Ha presentado
una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia por la
regulación de ADSL, bajo la presunción de que favorece en exceso a
Telefónica y a su posición de dominio. Son tan competentes, señoría,
que ponen en riesgo todo el proceso de innovación tecnológica que
supone la incorporación del ADSL al mercado español de las
telecomunicaciones. Por tanto, antes de traer a colación a
determinado tipo de organismo, identifíquelo y, sobre todo, analice
su competencia y su conocimiento de los temas porque, de lo
contrario, parece que S.S. está utilizando instancias
representativas. Nada más lejos de la realidad. Está utilizando los
documentos que emiten instancias interesadas, señoría, y nada más.
Con ello concluyo en este terreno, poniendo de relieve hasta qué
punto, señorías, no se tiene de pie especialmente la intervención que
ha hecho el señor Caldera porque ha omitido hablar -y las omisiones a
veces valen por muchas palabras- de Retevisión como operador de
telecomunicaciones y su éxito en el mercado; ha omitido hablar de UNI
2 y su proceso de inversión en una buena parte del territorio
nacional; ha omitido hablar del éxito espectacular de la telefonía
móvil; ha omitido hablar del cable; ha omitido hablar de los diversos
concursos convocados para introducir las nuevas tecnologías. Cuando
en una intervención frontalmente crítica se omiten cuestiones que son
vitales para la definición de un mercado de las telecomunicaciones,
comprenderán ustedes que esa intervención se cae por su base.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora un breve turno de réplica a
los grupos que deseen utilizarlo. ¿Grupos que desean utilizar un
breve turno de réplica?
El señor Caldera tiene la palabra.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No he tenido más tiempo, señor
ministro. Si le dice usted al presidente que me deje hablar más,
hablo de todo.
Saludo especialmente que hoy usted se ha quedado sólo y que los
grupos que hemos intervenido -salvo el suyo- como CIU, Izquierda
Unida y yo mismo en lo esencial hemos coincidido. (Rumores.) Aquí
hablamos de lo que interesa a los ciudadanos y de lo que habla toda
España hoy. Qué curioso que usted no ha hecho referencia para nada a
ello. Usted sí que piadosamente no ha hecho referencia para nada a
ello.
Vayamos por partes. Conversión al liberalismo. Cuidado, no me
identifique usted liberalización con liberalismo. Es un proceso de
apertura a la competencia al que yo me apunto, por supuesto, siempre
que beneficie a los usuarios. Claro que me apunto; cómo no me voy a
apuntar. Es un proceso general que, como usted sabe, se inicia en
toda Europa en un momento determinado y que tiene que rendir
especialmente sus frutos y sus resultados a partir del año 1997. Por
tanto, no me hable usted de situaciones anteriores porque aquí lo que
se juzga es su responsabilidad, y se
lo he dicho muchas veces. Le voy a decir algo que no ocurría cuando
gobernaba el Partido Socialista. No ocurría que Villalonga o que el
señor Velasco se llevaran miles de millones de pesetas en un sólo
día. Eso no ocurría. (Rumores.) No ocurría que los actuales miembros
del consejo de administración de Telefónica, 20 personas, tengan, de
acuerdo con la memoria del año 1998, unas retribuciones, con
independencia de esas plusvalías, de l.000 millones de pesetas al
año; es decir, una media para cada uno de los miembros del consejo de
administración de 54 millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que
percibían los consejeros nombrados por el Gobierno en aquella época?
Pues 1.700.000 pesetas brutas al año. Esa es la diferencia entre unos
y otros.
Empleo. No se acuerda usted de las cifras, claro que no se acuerda.
Usted dice que ha crecido mucho. Yo le he dado las cifras de lo que
ha ocurrido con la compañía Telefónica, con el operador dominante, y
es que ha habido un ajuste de empleo en cuatro años de casi 30.000
personas. Usted dice que ha crecido mucho el empleo en España,
400.000 al año, y no sé cuantos en el sector de las
telecomunicaciones. Díganos cuántos; díganos cuántos se han ganado y
cuántos se han perdido. Usted tiene todo el aparato estadístico del
Gobierno y cuando no lo hace por algo será. Díganos también, como le
preguntaba el señor Santiso, no sólo la cantidad sino la calidad de
los empleos.
Inversiones. Ya le digo que a usted se le da muy bien utilizar
cantidades sin ponerlas en relación con los índices correspondientes.
Habla de 780.000 millones de inversión en 1998 en el sector de las
telecomunicaciones. De acuerdo. ¿Cuánto se invirtió en 1995 sólo por
Telefónica, señor ministro? ¿Cuánto se invirtió? Deflacte las
cantidades. Yo le garantizo a usted que en el año 1995 la compañía
Telefónica superó el billón de pesetas de inversiones; sólo la
compañía Telefónica. Mire sus datos; si me está dando razón, me está
diciendo que tres años después, en el año 1998, el conjunto de
operadores invirtió 780.000 millones. Eso está muy por debajo de lo
que hacía la operadora dominante en el año 1995. Y ya que es tan
leído no confunda inversiones con publicidad. Me dice que hay mucha
publicidad de los operadores móviles. Ya lo sé, pero eso no son
inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones. ¿Sabe cuánto
se invierte hoy en publicidad de operadores móviles en relación con
las inversiones en tecnología? Casi un 40 por ciento. Por tanto, no
incorpore usted los gastos de publicidad, que al menos para mí -no sé
para el resto de los compañeros de la Cámara- no son inversiones en
tecnología.
Precios. Vamos a ver, señor ministro, si yo entiendo bien. Si
Eurostat dice que en España -comparando con otros países de la Unión
Europea- la media de los precios de telecomunicaciones ha venido
subiendo, en agosto era un 4,2 por ciento en relación con el año
anterior y en septiembre bajó un poco, al 3,9, pero sigue siendo una
subida. Si Eurostat, que mide la inflación, le dice que el sector de
las telecomunicaciones viene creciendo por encima del índice general,
por encima del IPC, ¿no están subiendo los precios? ¿Qué es lo que
ocurre? Aquí nos mareamos. Claro que puede haber ofertas y sectores
concretos en que haya rebajas, pero en conjunto ¿qué ocurre? ¿Es que
Eurostat no sirve? ¿Y el Instituto Nacional de Estadística tampoco?
Claro que es él quien me suministra los datos, por eso los
utilizo. Desde luego, ha hecho usted otra afirmación inconcebible: el
hecho de que haya un aumento de la actividad económica tan importante
en el campo de las telecomunicaciones es imposible si al mismo tiempo
suben los precios. O sea, ¿el que suban los precios un poco por
encima de la inflación, que es lo que yo estoy criticando,
imposibilita una actividad de un sector? Le podría poner millones de
ejemplos que demuestran que esto no es así.
En telefonía local no hay competencia. Claro que no; no hay
competencia. ¿Por qué dice usted que las tarifas locales están por
debajo de costes? ¿Lo sabe usted? Nosotros no, ni los ciudadanos
españoles. ¿Dónde está la estructura de costes? Demuéstrenoslo. ¿Por
qué hemos de creer que las tarifas locales, el coste de la prestación
del servicio local, su tarifa, está por debajo de costes? Eso es lo
que venimos pidiendo insistentemente en estos años, que queremos una
auditoría de costes, que queremos saber exactamente el coste de la
prestación del servicio de telefonía básico. Y dice que no puede
haber competencia. Claro que sí. Puede haberla a través de un acceso
indirecto, a través de una interconexión. Usted ha dicho que en
determinados países de Europa se ha abierto el bucle local. Es una
opción que nosotros tenemos; desde luego, una opción contraria a los
intereses que ahora mismo se están defendiendo desde el Gobierno.
Le voy a decir algo. Nosotros no estamos en contra de la compañía
Telefónica, ni siquiera estamos en contra, señor ministro, de que el
antiguo monopolio sea un operador dominante, en absoluto. Usted me
dice: Dígame un país de Europa donde el antiguo monopolio no sea
operador dominante. Claro que sí. Pero yo le digo: Dígame un país de
Europa donde en el antiguo operador se nombre al presidente de la
compañía y se le blinde por ser amigo de los gobernantes sin tener
ninguna otra cualificación profesional. Dígame algún país de Europa
donde, con los beneficios obtenidos por una posición obtenida, como
decía el señor Jané -en eso coincidíamos-, de una posición de
privilegio, estos directivos se repartan decenas de miles de millones
de pesetas. De eso es de lo que están hablando hoy los españoles y
los únicos que apoyan y que ven razonable esto que está ocurriendo
son ustedes. Convergència i Unió no lo ve razonable y habla de
desmesura, de escándalo y, como le he dicho antes, lo dicen obispos,
todos los grupos de oposición, líneas editoriales de periódicos tan
próximos a ustedes como el ABC; todo el mundo menos ustedes. Incluso
el ministro de Economía se ha permitido decir que es una
recomendación de la Unión Europea que se generalicen los
procedimientos de stock options. Pero no habrá querido decir la Unión
Europea que el señor Martín Velasco gane 11.000 millones de pesetas
en un solo día en Bolsa. No conocemos en la historia de la humanidad
- este es el escándalo que denuncian los ciudadanos, y ustedes están
inhibiéndose ante él porque son obviamente quienes lo han favorecido
y lo han permitido- un solo ejemplo de una ganancia tan abismal en un
día de Bolsa, ni siquiera en Estados Unidos. (El señor Carreño
Rodríguez-Maribona: Sí.-El señor ministro de Fomento, Arias-Salgado
y Montalvo: En Microsoft.) ¿Once mil millones en un día? ¡Qué va, señor
Carreño! ¿En un día, para una sola persona? ¡Qué va! No conozco
ninguno. Desde luego, eso desborda el marco de lo que yo puedo llegar
a comprender.
Por tanto, de eso es de lo que aquí se nos tiene que hablar, de eso
es de lo que se nos tiene que dar explicaciones, porque el Gobierno
es capaz de seguir apoyando lo que está ocurriendo en Telefónica.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, le ruego que concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Voy acabando, señor presidente.
Lo que nosotros queremos es evitar la dualidad y que con el ADSL
-también lo ha criticado el señor Jané, y celebro que en los temas
esenciales estemos de acuerdo todos los grupos parlamentarios- se
esté impidiendo el acceso universal y accesible de centenares de
miles de posibles usuarios de Internet a la red. Y eso es porque
ustedes no lo garantizan. Es culpa de este Gobierno.
Acabo, señor presidente, con una reflexión acerca de una pregunta que
he hecho al ministro y a la que no me ha contestado. Van a ser
sustituidos tres vocales, según él, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. De acuerdo con la ley, tiene que ser informada la
Comisión, lo que quiere decir que, cubierto este trámite sin que se
nos dé información del resto de los vocales, no se podrá hacer
ninguna sustitución, supongo, señor ministro, hasta que no se
convoque de nuevo la Comisión. Pero yo le voy a decir algo, señor
presidente. Mi grupo parlamentario no ha sido consultado ni se ha
hablado con él acerca de esta renovación, y nosotros creemos en una
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones neutral. La
neutralidad en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
señor presidente, deriva del acuerdo que se hizo en el año 1996,
cuando se crea el organismo, en el marco de un consenso político que
en estos tres años de vida de la institución se ha sabido mantener.
Yo reclamo los valores esenciales del consenso y pido que se explique
a esta Comisión cómo es posible que para la renovación de un órgano
tan importante como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
no se solicite ni siquiera la opinión del principal grupo de la
oposición, el Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, aparentemente
va a ser cesado uno de los miembros de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que fue propuesto por su capacidad técnica por
este grupo parlamentario; otros van a continuar. Lo que yo pregunto
al ministro es cuáles son los criterios y motivos para mantener
unilateralmente a determinados consejeros y sustituir a otros. Porque
si son profesionales, señor presidente, hace tres años también lo
serían y se les nombró, y si no eran suficientemente profesionales y
ahora no se les renueva, ahí hay una seria contradicción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, este es un tema
muy importante y yo quiero conocer -y acabo con ello- cuál es la
posición del ministerio y, en todo caso, decir que si mi grupo
parlamentario va a ser ignorado en las consultas, tenga por seguro
que en el momento en que haya un cambio de mayoría política nosotros
resolveremos con la ley en la mano este problema que hoy se nos
plantea. Si el ministro quiere seguir siendo
el gran dedo del Gobierno, yo le recuerdo que cuando se tiene un dedo
muy largo se le puede machacar en el quicio de la puerta, y eso suele
ser muy doloroso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Santiso, brevísimamente.
El señor SANTISO DELVALLE: Muy brevemente, y pidiendo disculpas por
no haber podido permanecer en la sala por razones que no es el
momento de exponer, intervengo para decir que no encontramos ninguna
razón para cambiar nuestra posición. No nos han convencido los
argumentos y básicamente nos sigue preocupando una competencia real
en el sector. Creemos que hay un retraso importante en esa
competencia que va en perjuicio del usuario, y ya he expuesto
anteriormente las razones fundamentales. Creemos que hay que
acompañar siempre cualquier política de comunicaciones con la
referencia al empleo, la evaluación del empleo, el empleo de calidad,
y no lo que se está produciendo, que es una degradación en el trabajo
de las telecomunicaciones, con una pérdida, por tanto, de calidad
y de servicio. También es necesario un control de las inversiones para
evitar en la medida que se pueda que estos grandes grupos,
especialmente Telefónica, se constituyan en apoyos mediáticos al
Gobierno de turno.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo para hacer una precisión en nombre
de mi grupo parlamentario. De alguna forma la intervención del
portavoz del Grupo Socialista, el señor Caldera, venía a prejuzgar
una posición de nuestro grupo como si hiciéramos un bloque conjunto
de oposición al señor ministro o al Gobierno. No era ésta la
intención de mi grupo parlamentario, ya que en mi intervención he
destacado claramente el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para
liberalizar el sector y para hacer del sector de las
telecomunicaciones uno de los sectores pilares de nuestra economía en
este momento. Por tanto, no querría que del «Diario de Sesiones» se
desprendiera que hay un cierto bloque.
Señor ministro, usted es que uno de los responsables del crecimiento
del sector de las telecomunicaciones ha empleado una expresión
coloquial al decir que dicho sector va como una moto. Pues bien,
señor ministro, es cierto que va como una moto, pero también van como
una moto los beneficios que determinados directivos están obteniendo
en este sector de las telecomunicaciones. En eso sí que coincide mi
grupo con el resto de los grupos y quiero pensar que coincide también
con el Grupo Popular y con el Gobierno; coincide con la sociedad, con
los medios de comunicación, con el conjunto de los ciudadanos, que no
entienden, que se escandalizan, que no pueden comprender cómo en
compañías que vienen de una asociación de monopolio pueden generarse
beneficios tan fácilmente y tener cifras tan espectaculares. Por
tanto, con esos sí que nos vamos a alinear. Mi grupo se alinea con la
opinión pública ciudadana, con el conjunto de la sociedad, que no
entiende estos mecanismos que de acuerdo con una lógica del mercado
se producen, pero que la lógica de la ética los rechaza.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere intervenir el Grupo Popular?
(Asentimiento.)
Brevemente.
El señor PONS FRANCO: Yo creo que la segunda intervención del señor
ministro ha sido una lección de política de telecomunicaciones de
manual, de cómo tiene que ser la liberalización de las
telecomunicaciones no sólo en este país sino en la Unión Europea.
Respecto a lo que ha dicho el señor Caldera, yo no quiero repetir mis
argumentos. Desde el Grupo Parlamentario Popular ni nos alineamos ni
nos dejamos de alinear. Nosotros no somos defensores aquí de ninguna
empresa, en absoluto. Lo que pasa -ya lo hemos repetido- es que se
trata de un asunto que afecta exclusivamente a una empresa
actualmente privada al cien por cien y, por tanto, la decisión sobre
dicha empresa la tiene que tomar su junta general de accionistas.
Nada más, señor presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Popular
damos por cerrado aquí el debate.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar este primer grupo de comparecencias,
tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Para
responder a la cuestión fundamental del empleo me pasan las
siguientes cifras: El empleo en el sector de las telecomunicaciones
ha crecido un 5 por ciento de 1996 a 1998 y, si se tiene en cuenta
sólo el subsector operadores, el crecimiento en dicho período de
tiempo ha sido del 3,1, no estando incorporados los datos de 1999. Y
en el ámbito de lo audiovisual el crecimiento del empleo ha sido de
un 14,9 por ciento. Por tanto, señorías, no podía ser de otra manera.
Cuando el mercado de las telecomunicaciones crece al 12 por ciento en
el año 1998 es impensable que no se esté creando empleo neto y en
términos muy significativos.
No me referí antes a las famosas stock options simplemente porque uno
toma las notas un tanto desordenadamente para poder contestar y, a
veces, en la ordenación posterior se quedan colgadas por ahí algunas
cuestiones. Aquí hay que decir dos cosas muy claras, señorías. La
cuestión de las stock options, tal y como se ha planteado en la
realidad española, se ha hecho en el marco de una legislación dictada
por el Gobierno socialista. Esta es la primera cuestión: una
legislación socialista dictada por un Gobierno socialista y aprobada
por la mayoría socialista. Punto primero. Y punto segundo, no menos
importante: tan pronto como se ha planteado la cuestión, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda, que entrará en
vigor el 1 de enero próximo, en la que se afrontan las dos cuestiones
básicas que deben ser reguladas cuando se suscita en la realidad la
cuestión que se ha suscitado: uno, transparencia absoluta -por tanto
deben fortalecerse los mecanismos estatutarios y de información a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y así lo establece la
enmienda- y, dos, fiscalidad adecuada. Eso es lo que corresponde a
una sociedad libre de mercado y eso es lo que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular tan pronto como se ha planteado la cuestión en
la realidad española. Por tanto, no hay nada que criticar. Todo lo
demás son deducciones demagógicas
para buscar desesperadamente un escándalo y pensar que de esa
manera se puede obtener alguna rentabilidad electoral, señoría. La
reacción del Gobierno ha sido fulminante y la reacción del Grupo
Parlamentario Popular también. Todos nos alineamos con lo razonable,
señoría. Si otros, durante 14 años, se hubieran alineado con lo
razonable no hubiera regido en la sociedad española aquello que en
esa época se denominó -y se gestó entonces la expresión- la cultura
del pelotazo. Que quede claro porque eso sí que es historia, e
historia desgraciada de España, porque hay más de 30 procedimientos
penales en marcha como consecuencia, señoría, de esa cultura del
pelotazo.
La inversión. Resulta que en un año determinado en que, por
imposición del Gobierno, y además justa imposición, Telefónica tuvo
que completar el servicio universal de telefonía e invirtió un billón
de pesetas, se me pone como ejemplo de lo que se ha invertido por
operadores emergentes en el primer año en el que han podido empezar
a invertir 800.000 millones de pesetas. Francamente, esta segunda cifra
es mucho más favorable porque en el transcurso de este ejercicio esa
inversión se va a ver probablemente duplicada.
Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística. Señor Caldera, usted
sabe perfectamente que el IPC en España, la cesta de coeficientes,
que después se traduce en un guarismo que llamamos IPC, solamente
tiene incluidas las tarifas locales y no tiene incluidos otros
servicios de telefonía y de telecomunicaciones que son hoy tan
importantes o más que la propia telefonía local. Esa es la razón por
la que, hecho el reequilibrio tarifario en agosto del año pasado,
naturalmente hay una repercusión en el IPC. Pero le recuerdo - porque
hemos hecho las cosas bien y ustedes las hicieron mal- que con la
primera fase del reequilibrio tarifario ustedes le metieron tres
décimas al IPC y el señor Borrell se peleó -y se peleó públicamente-
con el Instituto Nacional de Estadística, y nosotros hemos
introducido al IPC siete centésimas. Hay una diferencia entre las
tres décimas que ustedes metieron al IPC y la subida de siete
centésimas por reequilibrio tarifario que se metió al IPC en la época
del Gobierno del Partido Popular. Por consiguiente, durante un año,
esa subida repercute de forma sistemática en el cálculo interanual
del IPC en el ámbito de las telecomunicaciones. En cuanto ha
transcurrido el año de repercusión mes a mes, las telecomunicaciones
empiezan a presionar a la baja al IPC. En el mes de septiembre (no
una pequeña bajada, 1,7, bastante por debajo del 2,5 interanual que
dio el IPC de septiembre) y también en octubre, en noviembre y en
diciembre, las telecomunicaciones continuarán presionando a la baja
el IPC porque, señoría, las tarifas están bajando. Y como las tarifas
están bajando y probablemente, según ha anunciado la directora
general del Instituto Nacional de Estadística, tendrán que introducir
modulaciones al cálculo del coeficiente que suma la cesta de
coeficientes para medir el IPC, la bajada de las tarifas tendrá una
mayor repercusión y determinará que tengamos un IPC más ajustado a la
realidad.
Finalmente, en lo que afecta a las tarifas locales, señoría,
Telefónica ha presentado su contabilidad, lo que pasa es que es una
contabilidad todavía insuficiente, y esa es la razón por la cual, en
aplicación de normas legales propuestaspor este Gobierno, la Comisión
del Mercado de
las Telecomunicaciones ha exigido a Telefónica que antes de julio del
próximo año presente una auténtica contabilidad analítica y de
costes. Sin embargo, de conformidad con la contabilidad disponible,
de conformidad con un análisis razonable de esa contabilidad, de
conformidad con lo que son los precios medios en la Unión Europea por
comparación con los precios medios en otros sectores, Telefónica
tiene un déficit de acceso en el ámbito de la telefonía local. Lo que
no sabemos es cuánto supone en pérdidas; pero que hay un déficit de
acceso en la telefonía local es algo que hoy admite todo el mundo,
incluido los expertos y técnicos de su grupo parlamentario, señoría.
Sabremos a cuánto asciende ese déficit de acceso tan pronto tengamos
esa contabilidad analítica y de costes que habrá de analizar la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y será ésta la que
diga a cuánto asciende dicho déficit.
Esto es todo lo que tenía que decir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención queda cerrado el debate de
las dos primeras comparecencias del primer grupo.
- CONCLUSIONES DEL EXPEDIENTE INFORMATIVO INICIADO
AINSTANCIADELPROPIO MINISTERIO A FIN DE ACLARAR DETERMINADOS
SUPUESTOS DE LA CONTRATACIÓN DEL GIF (ORGANISMO GESTOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS). A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 214/000139)
- LAS ADJUDICACIONES DE PROYECTOS POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO GESTOR
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF) A LAS EMPRESAS CORSAN S.A. Y
TYPSA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRIDZARAGOZA- BARCELONA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/002425)
- LAS ADJUDICACIONES DE PROYECTOS POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO GESTOR
DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF) A LAS EMPRESAS CORSAN S.A. Y
TYPSA EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRIDZARAGOZA- BARCELONA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/001317)
- LAS ADJUDICACIONES DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE MADRID-
BARCELONA. ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/001320)
- CAUSAS DEL EXPEDIENTE INFORMATIVO ABIERTO A CARGOS DEL ENTE PÚBLICO
GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001321)
- LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES HABIDAS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS
ADJUDICADOS EN LA LÍNEA FÉRREA DE ALTA VELOCIDAD (AVE) MADRID-
BARCELONA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 213/001324)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo grupo, que tiene dos
capítulos. En el primero tramitaremos y debatiremos las
comparecencias que figuran en el orden del día con los números 3, 4,
5, 6 , 7 y 8, que corresponden al Gobierno, al Grupo Parlamentario
Socialista, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y al
Grupo Mixto. Seguiremos el mismo sistema de debate: presentación por
el señor ministro intervención de los grupos comparecientes
contestación por el señor ministro fijación de posición por los
grupos no solicitantes de la comparecencia que lo deseen y cierra el
señor ministro el turno de réplica.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Como saben
sin duda SS.SS., hace unos días apareció una información en un diario
de alcance nacional que produjo una cierta alarma social. De esa
información se desprendía una apariencia de irregularidades en la
contratación del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, en lo
sucesivo GIF. A la vista de ello, el Gobierno, el Ministerio de
Fomento ordenó la práctica de una información reservada de las
previstas en la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común. Conocida la
decisión del Ministerio de Fomento, los funcionarios afectados por la
información presentaron cartas de renuncia al presidente del GIF. El
presidente del GIF ordenó la separación de sus funciones mientras se
practicaba la informaciónreservada. Pocos días después se ha emitido
la información reservada. Creo que son quince días los que han
transcurrido y de esa información reservada, en forma de resumen,
señorías, voy a tratar de dar conocimiento a la Comisión.
La información emitida tiene diez capítulos. El primero de ellos
define el objeto de la información reservada. El segundo define el
método de la información reservada. El tercero define la situación
funcionarial y laboral de losafectados en el GIF, analizando la
legislación de incompatibilidades y la que regula el deber de
abstención de los funcionarios. El cuarto describe el procedimiento
de adjudicación que se sigue en el GIF en la contratación
administrativa. El capítulo quinto describe el procedimiento de
adjudicación seguido en el contrato de obras del subtramo uno del
tramo Madrid-Zaragoza de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-Frontera francesa, adjudicado a la empresa Corsan-Corviam.
El capítulo sexto describe el procedimiento de adjudicación del
contrato de suministro de traviesas STOO1/99, adjudicado a la UTE,
formada por Tuberías y Prefabricados, S.A. y Drace, S.A.. El séptimo
hace una referencia a las empresas adjudicatarias y a su volumen de
contratación en el ámbito del GIF. El capítulo ocho recoge las
manifestaciones de los afectados. El capítulo nueve describe los
datos patrimoniales
aportados por los afectados, y el diez es el capítulo de
conclusiones.
La información reservada en el primer capítulo -voy a tratar de
resumir- enumera los hechos fundamentales que constituyen el objeto
de la información reservada, que son cinco. En primer lugar, las dos
adjudicaciones de contratos mencionadas realizadas por el GIF y su
adecuación a los procedimientos legales establecidos; en segundo
lugar, los vínculos familiares, patrimoniales, laborales y
empresariales de los señores Torres-Quevedo y García de Viedma en
tanto sean relevantes desde el punto de vista de la observancia de
las previsiones legales en materia de incompatibilidades y del deber
de abstención del personal al servicio de la Administración pública;
en tercer lugar, la intervención de las mencionadas personas en los
procesos de adjudicación; en cuarto lugar, las posibles variaciones
en los órganos de gobierno de las empresas adjudicatarias en cuanto
las mismas pudieran ser consecuencia o guardar algún tipo de relación
con la presencia en el GIF de las mencionadas personas; y en quinto
lugar, los antecedentes de las contrataciones que en el sector
público estatal existen de las empresas adjudicatarias, por cuanto
pudiera apreciarse una variación sustancial de los contratos
adjudicados que pudiera guardar relación con la presencia de las
personas mencionadas en el GIF. El informe describe a continuación el
método realizado para practicar la información. En el tercer capítulo
me voy a detener un poco porque se resumen los fundamentos jurídicos
que conducen básicamente a la conclusión de la información reservada.
El tercer capítulo, como decía, se refiere a la situación
funcionarial y laboral de los afectados en el GIF y, por tanto, es
preciso analizar -y la información analiza- los supuestos de
incompatibilidad y de deber de abstención que tienen los empleados
públicos. La información reservada dice lo siguiente: a)
incompatibilidades. Don Leonardo TorresQuevedo y Torres-Quevedo es
funcionario en servicio activo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. El puesto de trabajo de director de la unidad
orgánica de construcción es un puesto reservado a funcionarios de la
Administración general del Estado del grupo Aen posesión de título de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en situación de servicio
activo y nivel de complemento de destino 30, y cuya provisión se
realiza mediante procedimiento de libre designación, de acuerdo con
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario del ente.
Su nombramiento definitivo se acordó por el consejo de administración
del ente público, previa tramitación del correspondiente
procedimiento de libre designación, en los términos establecidos por
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
Función pública, y demás normativa en materia de función pública;
todo ello de conformidad con lo establecido también en el propio
estatuto del GIF, artículos 33 y 34. Ante las dudas suscitadas sobre
el régimen de incompatibilidad aplicable a los directores de unidad
orgánica, cuyo puesto está reservado a funcionarios en servicio
activo, se solicitó informe a la Inspección General de Servicios de
la Administración pública dependiente del Ministerio de
Administraciones Públicas, como órgano competente. Dicho órgano
directivo, en informe de fecha de 10 de diciembre de 1997 remitido a
este ente público, señaló que tales puestos -cito, comillas- no
tienen la condición
de alto cargo y por ello no les son aplicables las normas de
incompatibilidad a que se refiere la Ley 12/1995, pero sí las de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del personal al servicio de las
administraciones públicas. En consecuencia, es de aplicación a don
Leonardo Torres Quevedo y Torres Quevedo lo previsto en la ley que
regula el personal al servicio de las administraciones públicas y no
la ley que regula las imcompatibilidades de altos cargo.
En la ley que regula el personal al servicio de las administraciones
públicas, artículo 12, apartado 1, letras b), c) y d), se prohíben
las siguientes actividades al personal que es objeto de regulación:
Primero, la pertenencia a consejos de administración u órganos
rectores de empresas o entidades privadas, siempre que la actividad
de la misma esté directamente relacionada con la que gestiona el
departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el
personal afectado. Segundo, el desempeño por sí o por persona
interpuesta de cargos de todos orden en empresas o sociedades
concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,
arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o
aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica
de aquella. Ytercero, la participación superior al 10 por ciento en
el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo
anterior.
A diferencia de la Ley de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración
general del Estado, la Ley que regula el personal al servicio de las
administraciones públicas no extiende tales obligaciones al cónyuge o
hijos dependientes, como tampoco establece la obligación de
declaración de actividades, así como de bienes y derechos, ni las
disposiciones sobre control y gestión de valores y activos
financieros. En cualquier caso, la Ley de incompatibilidades de los
altos cargos limita la prohibición de participación en sociedades que
tengan conciertos o contratos con el sector público a que la misma
por sí o junto con el cónyuge e hijos dependientes o personas
tuteladas sea superior a un 10 por ciento. En ningún caso las
prohibiciones y obligaciones de declaración de actividad y bienes
recogidas tanto en la Ley de incompatibilidades de los altos cargos
como en la Ley que regula el personal al servicio de las
administraciones públicas se extiende a parientes más allá del
cónyuge e hijos dependientes o personas tuteladas. Así, tanto la
declaración de participaciones societarias inferiores a un 10 por
ciento del capital social por sí o en unión de las del cónyuge, como
el depósito de los valores en una entidad financiera a la que se
encomienda la gestión de los mismos y el compromiso de renuncia a la
participación en órganos de administración de dichas sociedades del
interesado, su cónyuge e hijos e hijos políticos no aparece exigida
por la Ley que regula el personal al servicio de las administraciones
públicas aplicable al afectado, constituyendo la actuación en tal
sentido una cautela adicional que practica el funcionario aludido que
va más allá de la obligación que la norma de incompatibilidad le
impone.
En cuanto al señor García de Viedma Hitos, el mismo se encuentra
vinculado al GIF por una relación laboral de carácter general. El
puesto de trabajo del señor García de Viedma es el de director del
área de construcción, con categoría de jefe de área, puesto reservado
a personal laboralvinculado por una relación laboral de carácter
general y no
especial de alta dirección y cuyo nombramiento y contratación se
realiza por el presidente del GIF. No tiene el citado puesto de
trabajo la naturaleza de alto cargo al no figurar entre los supuestos
previstos en el artículo 1 de la Ley de incompatibilidad de los
miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la
Administración general del Estado. En consecuencia, le es de
aplicación también la Ley que regula el personal al servicio de las
administraciones públicas y, en consecuencia, los artículos 11 y 12
de la citada ley. En tales artículos no se prevé ningún supuesto de
incompatibilidad por el ejercicio de una actividad privada al inicio
de la relación laboral con el ente público. Así las cosas, de la
información obrante no se desprenden posibles infracciones de la
normativa reguladora del régimen de incompatibilidades del sector
público.
Deber de abstención. Con independencia de las obligaciones derivadas
del régimen de incompatibilidades del sector público, los interesados
sí están sujetos, en los procedimientos en que intervengan, y
singularmente en los de contratación, a observar el deber de
abstención establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. Dicho artículo obliga a
abstenerse al personal al servicio de las administraciones públicas
en los siguientes casos -son cinco supuestos, leo literalmente-: «a)
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de
sociedad, o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente
con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con
los administradores de entidades o sociedades interesadas y también
con los asesores, representantes legales o mandatarios que
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las
personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el
procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica
interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos
últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.» Establecidos estos fundamentos legales, la
información reservada describe las normas generales que se aplican en
la adjudicación de contratos en el GIF y, a renglón seguido, hace un
análisis pormenorizado de cómo se adjudican los dos contratos en
cuestión, en los que había una apariencia de irregularidad. Para no
extenderme en exceso, señorías, me voy a limitar a leer un resumen de
las conclusiones que se contienen en la información reservada porque
creo que, en última instancia, es lo que puede permitir a la Comisión
valorar cuál ha sido la decisión, después de la práctica de la
información, del instructor de la mencionada información. Leo las
conclusiones literalmente, aunque algunas de ellas, lógicamente, las
resumo para no extenderme demasiado.
De la información disponible se desprende lo siguiente: 1.
Incompatibilidades. No se aprecian infracciones de la normativa
reguladora de incompatibilidades del personal al
servicio del sector público estatal, sino que, al contrario, el señor
Torres-Quevedo adoptó cautelas adicionales tales como: a) La
declaración de participaciones societarias inferiores a un 10 por
ciento del capital social, por sí o en unión de las del cónyuge, y b)
El depósito de los valores en una entidad financiera, a la que se
encomienda la gestión de los mismos, y el compromiso de renuncia a la
participación en órganos de administración de dichas sociedades del
interesado, su cónyuge, hijos e hijos políticos. Además, como decía
antes, no aparece exigida por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del
personal al servicio de las administraciones públicas, que es la
aplicable al afectado. Ambos puntos están debidamente documentados y
hay un acta notarial - que tengo a disposición de S.S.- por la que se
hace el depósito de las acciones en una entidad financiera, con
renuncia a los derechos políticos y a la participación en cualquier
órgano de administración.
Deber de abstención. Don Leonardo Torres-Quevedo. Tenemos dos
contratos, uno de obra y otro de suministros. En el caso del contrato
de obra, adjudicado a Corsan-Corviam, cumplió el deber de abstención
y no existe el menor indicio de que influyese en la elaboración del
informe técnico. En el contrato de suministro de traviesas adjudicado
a Tuberías y Prefabricados, S.A.-Drace, S.A., aun cuando ratificó el
informe técnico y participó en la comisión de valoración que propuso
la adjudicación, la buena fe puesta de manifiesto por el señor Torres
Quevedo al declarar y depositar su participación accionarial, así
como la de cónyuge, en Corsan, empresa dominante de Tuberías y
Prefabricados, S.A., y dado que dicho señor y su esposa no tienen
participación accionarial directa en esta empresa, su relación con
ella o con la dominante de la misma, Corsan, no puede ser subsumida
en ninguno de los supuestos que el artículo 28 de la Ley 30/1992
contempla como causa de abstención, por donde la ratificación del
informe técnico y su participación en la comisión de valoración no
sólo no fueron ilegítimas, sino que eran exigibles.
En cualquier caso, de la documentación y declaraciones obrantes en
esta información no se desprende una relación de especial amistad o
interés con la citada empresa y por tanto no puede afirmarse que un
hipotético incumplimiento del deber de abstenerse se debiera a un
interés especial de favorecer a dicha sociedad.
Don José Luis García de Viedma. En cuanto al contrato de obras, el
señor García de Viedma no suscribió el informe técnico que proponía
la adjudicación a la UTE formada por Corsan y Corviam, pero no
obstante participó en la mesa de contratación en que propuso la
adjudicación de dicho contrato. La fecha en que se celebró dicha mesa
fue el 23 de marzo de 1999; faltaban cuatro meses para que
transcurriese el plazo de dos años prescrito en el artículo 28.2,
letra e) de la Ley 30/1992, desde la extinción de la relación de
servicios con la empresa Corsan, licitadora y adjudicataria, pues
aquella relación se extinguió el 18 de julio de 1997.
El señor García de Viedma ha acreditado mediante indicios claros que
su relación laboral con Corsan, iniciada en enero de 1964, hizo
crisis mucho antes del 18 de julio de 1997, fecha en que se formalizó
su extinción. Aunque participó en la reunión celebrada por la mesa de
contratación el 23 de marzo de 1999, donde se originó la propuesta de
adjudicación del contrato de obras en favor de la entidad Corsan, S.
A., es forzoso dejar constancia -dice el instructor- de que el señor
García de Viedma ha justificado cómo, con mucha antelación respecto
al 18 de julio de 1997, había solicitado el cargo de secretario
general del Colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos de
Madrid, y que su nombre había estado incluido en la bolsa de trabajo
de la citada corporación, circunstancias ambas que arguyen en favor
de la tesis del señor García de Viedma, según la cual su relación con
Corsan, S.A. se había extinguido mucho antes de la formalización del
despido, esto es mucho antes del 18 de julio de 1997. Ello no
obstante, la prudencia hubiera debido aconsejarle su abstención en
las deliberaciones habidas en la reunión que la mesa celebró el 23 de
marzo de 1999. Tengo a disposición de SS.SS. los certificados del
Colegio de ingenieros de caminos que acreditan que efectivamente fue
inscrito en las listas de búsqueda de empleo del Colegio y en la que
consta también la petición de la presentación de su candidatura al
cargo de secretario general del Colegio de ingenieros de caminos.
En todo caso, añade la información reservada, de la documentación y
declaraciones obrantes en esta información no se desprende una
relación de amistad o interés con la empresa Corsan, sino una
relación de servicios, y por tanto no puede afirmarse que el posible
incumplimiento del deber de abstenerse se debiera a un interés
especial de favorecer a dicha sociedad.
En el contrato de suministro de traviesas, el señor García de Viedma
no intervino en ninguna de las fases del procedimiento, al
corresponder este contrato a un área distinta de la que ostentaba.
Órganos de gobierno de las empresas adjudicatarias. No se ha
apreciado ningún tipo de variaciones en los órganos de gobierno de
las empresas adjudicatarias que pudieran ser consecuencia o guardar
algún tipo de relación con la presencia en el GIF de los afectados.
Antecedentes de las empresas adjudicatarias en expedientes de
adjudicación anteriores en el ámbito de infraestructuras
ferroviarias. Las empresas Corsan y Typsa no pueden considerarse
ajenas a las obras de las líneas férreas de alta velocidad. En
particular Corsan, en UTE con otras empresas, fue adjudicataria de un
contrato de obra de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa celebrado en 1995, y Typsa ha
suministrado traviesas para la línea de alta velocidad Madrid-
Sevilla.
Volumen de adjudicación. La relación del volumen de adjudicación a
Corsan-Corviam con respecto al total de adjudicaciones de obras
efectuadas por el GIF asciende al 1,85 por ciento del total del
importe adjudicado. Ello no permite afirmar la existencia de ningún
trato de favor hacia dichas empresas, máxime si se tiene en cuenta
que se ha presentado un elevado número de licitaciones y sólo en una
han resultado las mencionadas empresas adjudicatarias. Idéntica
afirmación puede manifestarse respecto a Typsa, en relación con el
contrato de suministro adjudicado a la misma en UTE con Drace S.A. Se
ha enviado al Congreso de los Diputados y a la Comisión la relación
completa de contratos adjudicados por el GIF desde su existencia y
ahí aparecen los porcentajes de participación de los distintos grupos
empresariales en la contratación del GIF. De todo
ello, deduce el instructor de la información reservada -leo
literalmente-: A la vista de todo lo anterior, puede afirmarse que de
la actuación de los señores Torres-Quevedo y García de Viedma no se
desprenden indicios racionales que motiven el inicio de un expediente
disciplinario. Ésta es la información reservada practicada y el
dictamen emitido por el instructor, del que doy cuenta a la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Como solicitantes de la comparecencia, tiene la
palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista, señor
Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Supongo que el ministro compartirá
dicha información reservada y deduzco de su exposición que ésa es la
posición oficial del Gobierno.
Esta comparecencia hay que enfocarla desde un doble punto de vista,
político y jurídico y el problema que nos trae aquí tiene una doble
vertiente, la política y la jurídica. En primer lugar, como sabe el
presidente de la Comisión, mi grupo e Izquierda Unida habíamos
solicitado conocer con antelación esta información reservada en lo
que pudiera no afectar a derechos de terceros y no nos ha llegado.
Por tanto, no podré analizar de un modo depurado jurídicamente los
argumentos que expone el ministro porque eso es un informe jurídico y
no he tenido tiempo ni posiblidad de estudiarlo.
En segundo lugar, sí se nos ha enviado alguna documentación -ahora
veremos su carencia-, pero para que SS.SS. y los medios de
comunicación comprueben cómo se comporta el Gobierno, esta
información se remite ahora, cuando, como vulgarmente se dice, se ha
levantado la liebre. El 4 de noviembre de 1998 pedí al Ministerio de
Fomento exactamente la relación de estudios, proyectos y obras
contratadas entre 1996 y 1998 en todo el Ministerio, por supuesto el
GIF también, y solicitud de informe recabando relación de estudios
obras licitadas, proyectos entre 1996 y 1998. La respuesta que se me
dio se puede ver perfectamente, se me contestó que mirara la
información pertinente en estas relaciones de boletines oficiales del
Estado, una manera muy fina de tratar a los representantes de la
soberanía popular. Es decir, se me impedía el conocimiento de lo que
estaba ocurriendo en el GIF y quiero hablar globalmente del GIF.
Respecto a esta otra contestación, miren ustedes -luego lo puedo
entregar a los medios de comunicación- varias páginas en las que se
me señalan boletines oficiales del Estado.
Hoy es verdad que se nos envía otra documentación un poco más amplia,
pero todavía faltan muchas cosas, señor ministro. El GIF, para
orientarnos, es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio
de Fomento a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes. Desde su creación con la Ley de Medidas Fiscales 13/
1996, la ley de acompañamiento, mi grupo parlamentario y otros grupos
de la Cámara han venido denunciando la verdadera finalidad de este
ente: escapar al control parlamentario. No hay duda de que la
verdadera finalidad de este ente ha sido ésa. La construcción y
administración, señor ministro, de infraestructuras ferroviarias cada
vez más importantes que
por su dimensión y volumen económico deberían merecer otro
comportamiento con el Parlamento. ¿Por qué digo esto? Porque toda la
información que recibe esta Cámara sobre los planes de inversión del
ente gestor de infraestructuras en el año 2000 está en esta hoja,
señorías. Es una hoja en la que se habla de unas inversiones por
valor de 245.000 millones de pesetas. No hay memoria explicativa, no
hay memoria de objetivos, esta Cámara no conoce absolutamente nada y
fíjense cuando pregunto cómo me contestan: vaya usted al Boletín
Oficial del Estado. Por tanto, éste es el comportamiento, éste es el
modo en que se nos trata. Quiero recordar que las aportaciones que ha
recibido el GIF están aproximadamente en los 500.000 millones de
pesetas con las previsiones del año 2.000. Daré algún dato más sobre
la contratación de Fomento entre 1996 y 1998, luego hablaremos de
ello, a las seis grandes empresas que son FCC, Dragados, ACS,
Acciona, Ferrovial y OHL ha pasado del 60 al 73 por ciento. Ahora
hablaremos también un poco de por qué doy estos datos.
Encuadrados ya en lo que es el GIF, diré que es un órgano opaco al
control parlamentario, que dispone de unos ingresos extraordinarios,
100.000 millones anuales del Estado, y aportaciones de la Unión
Europea, que por cierto el año 2000 va a tener ociosos, más de
180.000 millones de pesetas, como dije en el debate presupuestario,
porque se trata de sobrecapitalizar el ente, y este ente no es sino
un mecanismo diferido de financiación, que tendremos que pagar en su
día -ahora se utiliza el capítulo 8 para eludir su impacto en el
déficit público, pero en algún momento tendremos que pagarlo-; ésta
es la naturaleza de este ente. ¿Qué es lo que ha pasado con el ente?
Como ha dicho el ministro, no voy a insistir en los datos publicados
por un medio de comunicación, en un momento determinado conocemos que
se adjudican al menos dos contratos por valor de 5.600 millones a
empresas vinculadas familiar y societariamente a dos de sus
principales directivos.
El señor Torres-Quevedo, ahora veremos el análisis que hace mi grupo
de su condición, si es alto cargo o no, director de Construcción del
GIF, y José Luis García de Viedma, director del área de obras, que
habían ocupado cargos de responsabilidad, usted lo ha dicho, antes de
incorporarse al ente público, en Corsan y Typsa y a cuyos actuales
administradores -este es un dato muy importante- están unidos por
diversos vínculos accionariales y familiares. Hasta la llegada ambos,
Torres Quevedo y García de Viedma, al GIF, señor ministro, tanto
Corsan como Typsa eran prácticamente ajenas a las obras de líneas
férreas de alta velocidad, salvo que se nos ponga algún ejemplo
concreto. El pasado 26 de marzo se adjudicó a Corsan las obras del
tren entre Madrid-Zaragoza, subtramo 1, 3.800 millones, y poco tiempo
después a Typsa, participado por Corsan, un contrato de suministro de
1.757 millones de pesetas. La resolución que anunciaba la
adjudicación fue firmada por García Gallego, presidente del GIF y
publicada en el BOE del pasado 31 de mayo.
Estos son los datos un poco para orientarnos en lo que creo que hay
coincidencia con el planteamiento del señor ministro, y, ahora, me
adentro brevemente en el análisis de la parte jurídica, que para mí
no es la más importante. La más importante sin duda es la política,
pero digamos que la jurídica se basa, señor ministro, primero, en la
Ley
12/1995, de incompatibilidades de altos cargos, que dice en su
artículo 1.2, c): Los presidentes, directores generales, directores
ejecutivos, directores técnicos o de departamento y titulares de
otros puestos y cargos asimilados, cualquiera que sea su
denominación, ¿De quién? De entidades de derecho público, vinculados
o dependientes de la Administración general del Estado, cuyo
nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por
sus propios órganos de Gobierno. ¿Qué es el GIF? De acuerdo con su
estatuto, tanto el presidente como el resto de personal que tuvieran
consideración de altos cargos están sometidos a la Ley de
incompatibilidades. Yel artículo 33 de los estatutos del GIF señala
que tendrá la consideración de personal directivo, y por tanto
estamos dentro del ámbito de los directores técnicos o de
departamento del que habla el artículo 1.2, c) de la Ley de
incompatibilidades, quienes tengan la consideración de personal
directivo y el que asuma la jefatura de unidades orgánicas que se
determinen con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior; este
personal directivo nombrado y separado libremente por el consejo de
administración a propuesta del presidente.
Anuestro juicio, está meridianamente claro que el señor Torres-
Quevedo, que es director de construcción, es directivo del GIF y, en
consecuencia, en un correcto análisis de lo que son las normas, es
alto cargo. Pero esto no es lo más importante, luego iremos a la
parte política. Es alto cargo porque la dirección de construcción es
una de las unidades orgánicas a que se refieren los artículos 32 y
33.
También tengo la impresión de que a don José Luis García de Viedma se
le puede considerar alto cargo, pero voy a dar por sentado que,
siendo director del área de obras, suponemos que esta dirección ha de
ser cubierta por personal designado por el consejo de administración.
Pero en todo caso, repito que, aunque no fuera alto cargo, usted lo
ha dicho y lo ha reconocido -he tomado nota-, efectivamente el señor
Gil de Viedma debería haberse abstenido por su relación anterior con
la empresa Corsan y, por tanto, entra en el ámbito de aplicación del
artículo 28 de la Ley de régimen jurídico de administraciones
públicas. ¿Por qué? Porque quienes desempeñen, como usted sabe, un
alto cargo, vienen obligados -en el caso de alto cargo- a inhibirse
del conocimiento de asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o
que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubieran tenido parte ellos, cónyuge o
persona de su familia dentro del segundo grado civil.
La Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas establece
como causa de abstención la consanguinidad dentro del cuarto grado o
la afinidad dentro del segundo: En este caso afecta también, claro
está, al señor Torres-Quevedo por la relación de consanguinidad y
afinidad con los miembros del consejo de administración de la empresa
Corsan; y en el caso del señor García de Viedma, como hemos indicado
claramente, si no consideramos que es alto cargo, por la aplicación
del artículo 28 de la Ley de régimen jurídico debería haberse
abstenido claramente de participar en cualesquiera de los
procedimientos que condujeron a la adjudicación de cualesquiera de
estos contratos tanto a Corsan como a Typsa.
Pues bien, dicho esto, señor presidente, una vez enmarcado el ámbito
de lo jurídico, paso, si lo tienen a bien, a la parte política. Desde
luego, ambos deberían haberse abstenido de realizar informes previos
que se puedan considerar como decisivos. En todo caso, señor
ministro, aquí tenemos que hacer una declaración de carácter general.
De acuerdo con sus tesis, las tesis de su partido político, la
responsabilidad política alcanza a los responsables políticos de los
organismos donde se producen presuntas irresponsabilidades. Ésa es su
tesis. Yo le recuerdo que esta Ley de incompatibilidades es del año
1995, cuando ustedes cabalgaban a lomos de aquel corcel de la
crispación que pretendía radiografiar y desnudar la situación de todo
servidor público. No había, según ustedes, que permitir ni un sólo
elemento contaminante de relaciones particulares entre un servidor
público, fuera funcionario, personal de la Administración o alto
cargo, y ninguna de las actividades económicas con las que pudieran
mantener relación. Cuando se modificó la ley -la ley es severa- se
hizo endureciéndóla, y yo siempre estuve de acuerdo con ello. Yo fui
un entusiasta partidario de esta reforma legal porque sabía que algún
día tendríamos ocasión de comprobar su aplicación también a ustedes.
Por tanto, desde el punto de vista político, aplicando su propia
tesis, usted ha reconocido que el señor García de Viedma debería
haberse abstenido. Por cierto, las abstenciones ya sabe usted cómo se
dirimen -y luego tendremos también otro debate acerca de Correos-, y
para ser formalmente aceptables tienen que ser publicadas. Le pongo
un ejemplo: el 5 de mayo de 1999, el señor ministro de Economía
publicó, mediante real decreto, una abstención por interés directo en
la tramitación y resolución de un determinado expediente. En este
caso la abstención que yo reclamo, tanto del señor Torres-Quevedo
como la del señor García de Viedma, no se conoce que haya sido
publicada o que tenga algún ámbito de publicidad. El señor Vilalta,
que es el secretario de Estado, contrató al señor TorresQuevedo. El
señor Torres-Quevedo usted ha dicho que era funcionario, pero usted
sabe que no ha trabajado prácticamente para la Administración; se
había reincorporado, habiendo pasado la mayor parte de su vida
profesional en la empresa privada. Hace muy poco tiempo que se había
reintegrado a la Administración y es repescado por el señor Vilalta
para ser nombrado director de construcción, a nuestro juicio, -y esta
es una de las cosas que nos extraña-, sin experiencia previa ninguna
en el ámbito de contratación, señor ministro. Señorías, a la vista de
lo ocurrido esto resulta sospechoso. Por tanto, debemos entender que
es una persona de confianza personal del señor Vilalta. Pero
quisiéramos saber más, ya que la información enviada no lo aclara.
Ustedes han mandado dos tochos de documentación donde, cuando
llegamos al anejo n.º 1 se está hablando de la adjudicación a Corsan,
se dice: Análisis de las documentaciones técnicas de las
proposiciones presentadas para la realización de las obras del
subtramo 1 plataforma. No hay ningún documento técnico. No está el
análisis de las documentaciones técnicas y, sin embargo, en el caso
de Typsa, sí está y se ve claramente cómo en la firma de ese informe,
entre otros, tenemos al señor Torres-Quevedo: examinado y conforme
como director de la unidad de construcción. Nosotros queremos saber
si, en el caso de la adjudicación
de Corsan, no hay informe técnico. Lo queremos saber porque nos
convendría conocer si este alto cargo ha participado en alguno de los
procedimientos del mismo.
Pero más allá de este caso concreto, a mí me gustaría hacer un
análisis medianamente más amplio de lo que está ocurriendo en el GIF,
de acuerdo con los documentos que se nos han enviado. Recordará,
señor presidente, que le solicité que se nos enviaran las mesas de
contratación de cada uno de los contratos que se han adjudicado en
las obras del GIF y las propuestas de los diversos licitadores.
Ustedes nos han enviado una documentación incompleta, señor ministro;
falta la propuesta básica: conocer la propuesta económica de cada una
de las empresas. Ustedes nos han dicho: estos son los licitadores
presentados -hay 15- y la propuesta de adjudicación ha sido para tal
empresa. Pero no nos han dicho en qué condiciones licitaron el resto
de las empresas, no nos dicen cuál fue su oferta económica y cuáles
fueron las propuestas de carácter técnico, con lo cual no podemos
hacer los análisis pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente
tiene mucho que ver con la situación que se está dando en el ente
gestor de infraestructuras, que le recuerdo cuál es. De acuerdo con
los datos de Seopan, el informe anual del año 1998 -supongo que no
será sospechoso-, a la hora de analizar las condiciones de oferta de
organismos, en este caso de los organismos del Ministerio de Fomento,
se da la circunstancia de que en la Dirección General de Carreteras
en el año 1998 se produjeron unas bajas del 9,9 por ciento del
presupuesto original y en la Dirección General de Ferrocarriles del
24 por ciento; sin embargo, en el GIF la baja se quedó en el 6,8 por
ciento. Es decir, que se da una circunstancia a estudiar, ya que,
mientras en el resto de los organismos, mediante los procedimientos
de licitación, se obtienen bajas singulares, en el caso del GIF se
produce una baja del 6,8 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, le ruego que vaya terminando.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Sí, señor presidente.
En el año 1999 la baja media desciende aún más, se queda en el 6 por
ciento. De 102.000 millones licitados, las adjudicaciones se quedan
en 96.000 millones; es decir, la baja media es del 6 por ciento nada
más. Esta circunstancia está siendo criticada no sólo por grupos
políticos de la oposición, no sólo en los debates que hemos venido
manteniendo aquí, en que les acusamos a ustedes de que cada vez
reducen más el peso relativo de la puntuación económica respecto de
la técnica -esto permite subjetivar completamente el procedimiento de
adjudicación-, sino porque así se empiezan a romper las reglas de
juego y la libertad de mercado y, sobre todo, se está produciendo un
incremento del número de licitaciones de presupuesto elevado, hasta
el punto de que, señor ministro, las constructoras medianas -leo una
información- se están rebelando contra el sistema de adjudicación de
obra del Gobierno por el mayor peso que se da en el concurso a los
aspectos técnicos -mucho más subjetivos- frente a las ofertas,
porque, en concreto, en los pliegos de licitación se otorgan 30
puntos sobre 100 a la oferta económica y 70 a la propuesta técnica y
porque
la generalización del procedimiento de subasta -que ustedes son
quienes no lo están desarrollando- impediría, de acuerdo con lo que
dicen las constructoras de tamaño mediano; este tipo de
comportamientos y se conseguiría una mayor baja en el precio real
sobre el precio de licitación. Las constructoras regionales hacen
exactamente igual, les acusan a ustedes de discriminarlas, de limitar
la facultad de las administraciones públicas para convocar
macroconcursos o que éstos sean fraccionados; que las
administraciones contratantes justifiquen mediante dictamen previo
del Consejo de Estado la imposibilidad de fraccionar un contrato
cuando su importe supere los 5.000 millones de pesetas, etcétera.
Pero, señor ministro, yo he obtenido trece ofertas de las que usted
no me ha enviado para mostrar la veracidad de mis afirmaciones con
respecto a adjudicaciones del GIF y, fíjese, en todas, menos en una,
la adjudicación definitiva se da a empresas cuya propuesta de baja
está por debajo de la mitad de la propuesta del resto. Por ejemplo,
en el AVE Madrid-Barcelona, subtramo 13, una empresa tenía una baja
del 13 por ciento, Ploder del 12 por ciento, Necso del 4 por ciento y
se concede a SacyrLain- Obrascon-Huarte con el 3,11 por ciento. En la
línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-plataforma de accesos
a Lleida, la baja -ésta es la única que está más aproximada- está en un
6,66 y la baja superior era 6,87. En el caso de la salida de Madrid y
conexión con la línea MadridSevilla la baja está en un 4,53 y hubo
ofertas del 6 y del 5,48 por ciento. En el subtramo 12 B) se adjudica
una baja del 2,56 cuando hay trece propuestas, una con una baja del
17, otra del 14, otra del 13, es decir, muy superiores. En la línea
Madrid-Zaragoza, subtramo 4, hay ofertas del 15 por ciento, del 8,
del 7, del 6 de baja y se concede a Ferrovial con el 5 por ciento. En
el caso de la línea Madrid-Zaragoza, subtramo 3, desde una baja del
13, se concede a una del 3 por ciento. En el subtramo número 14, la
baja mayor era 8,88, y se concede a Fomento de Construcciones y
Contratas con el 6,85. En el subtramo 2B, Zaragoza-Lleida, desde el
10 por ciento de bajas propuestas, 8, 5, 5, 4, 2 al 2, se le concede
a ACS. Y así podría continuar, lo que no hago por no cansar, señor
presidente.
El Tribunal de Cuentas, señor presidente, ha visto irregularidades en
contratos públicos en el informe del año 1996 por valor de 1,07
billones. Solamente quiero hacer referencia a que en cinco de estos
expedientes revisados por la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario relativos a la construcción de la línea
AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, por un importe de
adjudicación de 35.000 millones, se produjeron paralizaciones totales
o parciales en el momento en que las obras debían, en teoría,
iniciarse, ya que la situación del expediente en esos momentos era de
expropiación de los terrenos; un caos total. Es decir, que no sólo en
el caso de estas dos adjudicaciones hay elementos de sospecha, que no
sólo debe haber responsabilidades políticas en este caso para el
responsable, que es el señor secretario de Estado, sino que además
nosotros tenemos serias dudas de lo que está ocurriendo en el
conjunto de la gestión del ente gestor de infraestructuras.
Señor ministro, para acabar con esta primera parte, he de decirle que
la ley es la ley y que está para cumplirla, con independencia de los
criterios que queramos aplicar de
buena fe a un alto cargo o a un servidor de la Administración. La ley
está para cumplirla, y en su departamento se producen bastantes
situaciones que al menos son discutibles. Yo le voy a preguntar por
una, ya que además está aquí el afectado, que es su subsecretario.
Supongo que usted considerará que el señor subsecretario es un alto
cargo en su ministerio. ¿Lo considera así o, no es un alto cargo?
Cuando hemos analizado lo que ocurría con Renfe y con el GIF, hemos
visto que su subsecretario es miembro del Consejo de Administración
de Renfe y del GIF. Los consejos de administración de Renfe y del GIF
son los que adjudican las obras, y por tanto se exige el deber de
abstención regulado por la ley de altos cargos del año 1995. Y se han
producido muchas adjudicaciones -por lo que pido una explicación- a
empresas en las que existen relaciones familiares que exigirían
abstención de acuerdo con la Ley de incompatibilidades, como sucede,
por ejemplo, en Dragados, donde, como se sabe, hay miembros del
consejo de administración con vinculación familiar, por supuesto,
menor de cuarto grado, con el señor subsecretario, o en elcaso de
Ferrovial, donde el presidente de su consejo de administración
mantiene una relación familiar de tercer grado. Esto es lo que está
ocurriendo, señor ministro. ¿Ustedes han puesto en marcha un
mecanismo de valoración previo para conocer si los altos cargos de su
departamento están incursos en procedimientos de abstención? A la luz
de lo que estamos viendo, me da la impresión de que no.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, le ruego que concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente. ¡Son
tantas las cosas que tenemos que valorar!
Por último, quiero preguntar también al señor ministro si tiene
conocimiento de lo que ha ocurrido -no sé si el ente gestor de
infraestructuras le informa de ello o no- con un cambio de trazado
del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona a su paso por la
provincia de Guadalajara. Se ha producido un cambio de trazado que
afecta a una determinada finca, sin procedimiento ninguno -y aquí
tengo el plano del cambio de trazado al paso por el municipio de
Torija-, lo que ha supuesto un importante retraso en la ejecución de
las obras. Mi grupo parlamentario no está dispuesto a que este tipo
de irregularidades queden en la oscuridad. Yo le pregunto si usted lo
conoce, si hay alguna justificación y si ha habido los informes
suficientes para poder aceptar este tipo de modificaciones del
trazado; si ustedes han puesto en marcha, le repito, procedimientos
que permitan valorar las obligaciones de abstención de altos cargos y
funcionarios al servicio de su departamento. Hay demasiados
interrogantes. Mi pregunta es si ustedes van a asumir alguna
responsabilidad, porque del análisis que hace mi grupo parlamentario,
tanto el señor TorresQuevedo como el señor García de Viedma están
clarísimamente afectados por el deber de abstención, y por tanto han
incurrido en una irregularidad que debe tener sanción política. Yo
pregunto al señor ministro cuál va a ser el comportamiento político
que se quiere aplicar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, mi grupo quiere iniciar
su intervención haciendo una valoración sobre el GIF, su
funcionamiento y la relación que tiene con su actividad,
fundamentalmente en la contratación y el seguimiento de las obras. La
Ley de contratos del Estado obliga al GIF a cumplir con las obras de
infraestructura y superestructura; sin embargo, puede aplicar la
legislación común para la electrificación, señalización y programas
de consultoría. Por lo tanto, entendemos que hay un primer déficit
provocado por el propio nacimiento del GIF al excluir una parte de la
contratación de la sujeción a la Ley de contratos del Estado. Y con
respecto a la estructura de contratación, hay un procedimiento
normal, en el cual participan las tres direcciones en las que se
producen las actividades del GIF, que son obras por una parte, planes
y proyectos por otra y dirección financiera por otra, con la
presencia también, lógicamente, del interventor delegado.
Haciendo un análisis comparativo con el GIF de cómo funciona el
control de las obras en su propio Ministerio, por ejemplo las obras
de infraestructuras de carreteras, nos llaman la atención algunos
datos. Primero, que en el Ministerio de Fomento para las obras
públicas de carreteras, para una obra de unos 200.000 millones-año
existe una plantilla de funcionarios de 2.200 personas
aproximadamente para realizar los distintos pasos que la componen:
contratación, seguimiento de las obras, proyectos de obra, etcétera,
mientras que en el GIF, con una obra reconocida de 245.000 millones,
solamente hay en este momento 90 personas destinadas a su control y
seguimiento.
En nuestra opinión, se está privatizando una parte importantísima del
control, fundamentalmente lo que es la dirección de la obra; nosotros
creemos que es un elemento de riesgo importante. En una obra pública
de carreteras el director de obras siempre es funcionario, puesto que
es un elemento relevante en el seguimiento para evitar después
cambios en el planteamiento inicial, en los costes iniciales, con
esas bajas espectaculares inicialmente del 20 ó 25 por ciento que se
suelen producir en el Ministerio de Fomento y en otros ámbitos y que
después se suelen transformar en añadidos, reformas, etcétera, que
suelen desviar sustancialmente el coste final de las obras, cosa que
ha ocurrido en obras anteriores, tanto con gobiernos precedentes como
con éste. Al mismo tiempo, al director de la obra es a quien
lógicamente corresponde la labor de inspección, la calidad, la
seguridad laboral, el vigilar la correcta ejecución de la obra y
sobre todo, lo que es más importante a los efectos que estamos
hablando, la certificación de las cantidades a abonar a la contrata,
estableciendo por tanto el control económico. Sin embargo, el GIF
utiliza un procedimiento que más o menos es el siguiente: subcontrata
la dirección de la obra a Ineco, a su vez contrata o busca en el
mercado un director de obra, que habitualmente suele coincidir con
personas recientemente iniciadas en la actividad profesional o bien
al contrario, es decir, tiene los dos extremos, contrata a personas
recién tituladas o prejubiladas procedentes de las grandes empresas
constructoras con salarios que oscilan entre los cinco y los ocho
millones de pesetas anuales,
con un trabajo efectivo importante, pues tienen que estar al pie de
obra. Nosotros creemos que es crear factores de riesgo importantes,
porque cualquier pequeña modificación en una obra de estas
características, contratada en algunos casos por 5.000 ó 10.000
millones en algunos tramos, cualquier mirada hacia otro lado que
implique el menor movimiento de tierras o, en definitiva, no cumplir
exactamente el proyecto presentado es mucho más rentable que el
salario que se le paga anualmente. Con esto no quiero que se sospeche
de nadie; simplemente digo que, como la labor de vigilancia de la
Administración es muy importante, entendemos muy negativo el abrir
frentes donde empiezan a verse posibilidades de influencia. Estos
jefes de obra contratados para esa obra concreta tienen luego que
volver al mercado laboral y, lógicamente, en el mercado laboral de
construcción están quienes están, es decir, las grandes empresas, que
en muchos casos son las mismas que están realizando estas obras.
Creemos que nunca debió hacerse dejación de ese control y que debería
ser realizado por técnicos del propio Ministerio.
En cuanto a los procedimientos de adjudicación, comparto algunos
criterios expuestos anteriormente por el portavoz socialista, aunque
tengo no discrepancias, sino diferentes valoraciones sobre el tema
tan traído y llevado de las bajas del 20, del 6 o del 3 por ciento.
Creo que lo importante es, primero, que el informe esté bien hecho y,
segundo, que la obra se atenga a ese informe y que los costes reales
sean coincidentes. Por eso es tan relevante el primer informe técnico
y la obra que en definitiva se encarga. Es verdad, como decía antes,
que la práctica habitual durante muchos años ha sido la de bajas
temerarias para después ir reformando sobre la marcha o bien
desviándose del proyecto inicial para sacar ping¸es beneficios. De
ahí la importancia del control de la obra. Es verdad que técnicos
llaman la atención, al parecer, sobre un criterio muy restrictivo del
GIF, en el que se evalúa en torno al 3, al 6 por ciento de las bajas
y se descartan los extremos, cortando, en una especie de campana de
Gauss, las menores y las mayores, procedimiento que no es muy
habitual, pero que cierra el abanico excesivamente y que provoca
situaciones de posibles acuerdos fuera de la mesa. Ahí me quiero
detener. Hay un problema adicional en el sector de la construcción de
obra pública en este país, que nadie ha sido capaz de atajar, y es
que los acuerdos para estos concursos se producen fuera de las mesas
del GIF. Los acuerdos se producen entre las grandes constructoras
desde hace muchos años, repartiéndose el mercado, bien sea
territorialmente o por acuerdos entre las grandes empresas diciendo:
no entres en Galicia que esto es mío o no entres en otro sitio. Por
eso son siempre los mismos, en general, los que se suelen llevar los
grandes contratos de obra ferroviaria o de otro tipo. Ésta es una
práctica que se conoce, que puede ir acompañada, en unas épocas, de
otro tipo de corruptelas y repartiéndose el pastel entre aquellos que
quedan excluidos concediéndoles las grandes empresas subcontratación.
Terminan realizando las obras subcontratistas de sexto nivel que
inicialmente no tenían la consideración técnica suficiente para
participar directamente en el concurso. Hay una comisión de
investigación reciente en la Junta del Principado de Asturias, que ha
profundizado bastante en los procedimientos utilizados. Constató que
existía un acuerdo en la patronal asturiana
para no mover ni las bajas más allá de un porcentaje determinado
y para repartir la obra entre todos los contratistas de Asturias. Esto
va en contra de la competencia y de que puedan penetrar en el mercado
otras empresas. Alguna empresa ajena a estas prácticas, extranjera,
ha intentado entrar y al ver que no podía ha empezado a mover el
árbol y a poner sobre la mesa algunas cosas relevantes, como estos
dos contratos. Alguien que está fuera de estos acuerdos no entende
nada intenta concursar y ve que sistemáticamente se queda fuera.
Empieza a investigar sobre qué es lo que pasa y a abrir puertas; unas
veces acierta y otras se equivoca en la evaluación de lo que está
pasando realmente. Esas prácticas son las que todavía hoy no se han
atajado, continúan. No se resuelven sólo con formalizar mecánicamente
la contratación y sacar aparentemente a subasta la contratación,
porque la verdadera subasta, insisto, no se produce en el acto
formal, sino fuera.
Podemos mirar a otro lado y seguir negando la evidencia, igual que se
negó en su día que existieran comisiones y pequeñas y grandes
corruptelas, pero ésta es la realidad y ustedes lo saben.
En cuanto al caso que nos ocupa, las conclusiones leídas por el señor
ministro nos ponen ante la realidad. Es verdad que no disponemos de
la documentación que nos gustaría para poder analizarla más
exhaustivamente, pero se pone en evidencia leyéndola de la manera más
suave posible, que es lo que ha hecho el ministro. Quien está
implicado, el alto cargo implicado, debe ser restrictivo, incluso,
sobre la ley e intentar dejar claro y transparente cuáles son sus
incompatibilidades, cuales son sus abstenciones en procesos
concretos, para evitar luego interpretaciones, reales o no, pero al
menos para dar la formalidad necesaria, cumplir las leyes y dar la
impresión de que se gestiona con transparencia; uno se autoexcluye
cuando existen empresas con las que ha tenido relación. Creo que en
eso los altos cargos deben ser mucho más rigurosos y deben ir más
allá incluso de lo que marca la ley. Por eso, también nos gustaría
saber si esas abstenciones que usted dice que se han producido, en el
primer caso, del señor Leonardo Torres-Quevedo, si se ha producido de
manera formalizada, por escrito, o solamente ha consistido en no
asistir a la reunión de la mesa de contratación. Yo creo que es un
dato relevante, por lo menos el aspecto de formalidad. Y, en el
segundo caso, es evidente que se ha incumplido la ley. Después
podemos entrar en valoraciones añadidas, es decir, si ha habido o no
corrupción, si ha habido o no corruptelas, pero lo que usted nos ha
leído es una valoración subjetiva también. Decir que tenía buena o
mala relación con esta empresa por el hecho de que estaba en el
mercado de trabajo y que supuestamente había tenido una pelea o una
confrontación, lo que eso produjo su petición de baja o cese en esta
empresa, creo que no deja de ser una lectura subjetiva. El documento
que acompaña puede tener cualquier lectura, lincluso a de que está
buscando un trabajo mejor. No es una prueba firme, contundente, más
allá de las opiniones que pueda dar del propio interesado. Decir que
está en el mercado de trabajo no es muy significativo, porque en el
mercado de trabajo hay muchos ingenieros, mucha gente, y lógicamente
se inscribe quien cree que tiene condiciones y puede mejorar su
situación laboral; eso no implica que se lleve bien o mal, sino
simplemente que quiere mejorar su actividad profesional.
Es evidente que ha habido incumplimiento en el primer caso, quizás en
espíritu, si usted lo quiere así, pero en el segundo es evidente que
ha habido incumplimiento, puesto que faltaban cuatro meses para
vencer el plazo de dos años; por tanto, creo que están bien aceptadas
esas dimisiones. En todo caso, también hay que pedir
responsabilidades al presidente del GIF por no vigilar esas
situaciones. Lo he dicho en otros casos anteriores refiriéndome a
otros temas. Un presidente, un ministro, tiene que preguntar a sus
cargos cuáles son sus actividades profesionales e investigar cuáles
son sus incompatibilidades, y no conformarse sólo con la buena fe y
las declaraciones que hacen, porque luego surgen estos casos donde
vemos que mucha gente no conoce realmente cuáles son las actividades
profesionales de sus altos cargos.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy terminando.
Por tanto, se da pie a estas interpretaciones y a abrir las puertas a
todo tipo de valoraciones especulativas.
Termino pidiendo más transparencia para el GIF, termino pidiendo que
los jefes de obra del GIF sean funcionarios, que no se subcontrate en
tercer nivel esta labor tan importante, y que se busque un mecanismo
para que, dada la envergadura de las obras del GIF, este Congreso, la
Comisión de Infraestructuras conozca, al menos, los contratos más
importantes. Podemos evaluar y acordar lla cantidad entre todos los
grupos, pero pedimos que se traslade a este Congreso de los Diputados
la información relevante para evitar situaciones anteriores, igual
que se hace en otros sectores, (la SEPI etcétera); que se traslade
sistemáticamente la información de los concursos y la información,
por tanto, de los participantes y el resultado de los mismos.
El señor PRESIDENTE: Las comparecencias números 6 y 7 corresponden al
Grupo Parlamentario Mixto, también están dirigidas al señor ministro
de Fomento, para que informe sobre las adjudicaciones de obra para la
construcción del AVE Madrid-Barcelona.
Como no está aquí ninguno de los titulares de la solicitud de
comparecencia, las damos por decaídas.
Por tanto, corresponde ahora el turno de fijación de posición a los
grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia,
comenzando por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para ello, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Nosotros estamos aquí no para analizar, señor
ministro, su gestión, sino porque tengo una idea muy clara en mi
mente y no es otra de que la sombra de marzo es muy alargada,
alargada hacia atrás. Por tanto, el 5 o el 12 de marzo están primando
por encima de lo que en realidad se podría discutir. Usted nos ha
explicado con muchos detalles y con toda clase de justificaciones,
que podemos comprobar, las circunstancias de las adjudicación de las
obras del GIF en ese subtramo primero, Madrid-Zaragoza. Es lamentable
que se llegue a la situación en la que hoy estamos, en primer lugar,
porque a través de un medio de comunicación se da una noticia que
tendríamos que ver quién se la da a él. Realmente dice algo que es
verdad, pero se deja toda una serie de justificaciones, es decir, esa
verdad la dejan muy al aire. No es tan difícil saber lo que usted nos
ha explicado hoy aquí para dar una información veraz, que es lo que
nos hubiese interesado.
Nosotros estamos completamente de acuerdo con sus informaciones, no
necesitamos más, pero tenemos algún comentario que añadir.
De la información que se nos ha facilitado desde el viernes de la
semana pasada se desprenden varias cosas, que aquí se han citado como
si no existiesen. En la información hay detalle de todas las ofertas;
de las trece ofertas está el presupuesto de adjudicación, la media de
cada uno, la puntuación que se les da por el aspecto económico; están
los documentos en que se valoran todos y cada uno de los conceptos
a tener en cuenta para la adjudicación y se han fijado previamente los
criterios, que figuran dentro de la documentación y que todos los
contratistas conocen; todos sabemos las puntuaciones que les dan, no
entro en decir si ésta es buena o mala, si está bien o mal, pero en
un documento se especifica que se identifica suficientemente el
número de unidades, que los procedimientos de instrucciones son
correctos, es decir, que entran muchos detalles, aunque
telegráficamente. También se encuentran las valoraciones ponderadas
de lo que es el equipo humano, el PAC 1, el PAC 2, la memoria, el
plan de obra, la idoneidad técnica, y con todo esto se llega a una
puntuación que, sumada a la económica, muestra que la máxima
puntuación la obtuvo la empresa que tratamos en estos momentos como
protagonista de esta adjudicación de la obra, me refiero a Corsan.
También figuran en la documentación que se nos ha dado los criterios
a tener en cuenta y las formas en que se hace todo, y queda muy claro
que la proporción económica corresponde a un 30 por ciento de la
valoración y la calidad técnica de la obra a un 70 por ciento. Por
tanto, no es de extrañar que haya empresas que, aunque puedan tener
una valoración más baja que la adjudicataria, logren mejor puntuación
por otros lados.
No voy a alargarme mucho más, señor ministro, pero quisiera añadir
que posiblemente, por lo que se ha dicho aquí, el señor García de
Viedma cometió un fallo por su no abstención. Posiblemente habría que
buscar por la Administración, por el Gobierno o por los organismos
que fuesen competentes en ello algún documento de control de las
necesidades de abstención, porque parece ser que van saliendo en
muchos casos porque se buscan muy a fondo; si hay que hacerlo, se
hace. No pido que se realice el control del ADN de todos los que
están en las empresas y en la Administración para ver si hay algún
enlace, porque, aunque la ley también habla de consanguineidad, yo no
llego a tanto, pero sí que se estableciese un control de estas
abstenciones.
Se ha citado la idoneidad de uno de los técnicos. Extraña que un
señor que es titulado superior en ingeniería de caminos dirija el
departamento de construcción de una empresa como el GIF y no tenga
suficientes antecedentes en la construcción. Para mi esto son ganas
de entrar en el juego de que buscamos y buscamos. Si tanto nos
apuramos, yo soy doctor ingeniero industrial, no soy hombre de leyes,
y estoy en el Parlamento con carácter legislativo, y en España hemos
tenido un ministro de Defensa que, según
parece, no hizo el servicio militar y no era idóneo, y lo fue. Así
encontramos otro tipo de maneras de ejercer las profesiones.
Para nosotros la información que usted nos ha dado hoy es más que
suficiente. Aunque particularmente entraré muy brevemente en otra
intervención después, en la siguiente comparecencia, a mí me parece
que es conveniente en estos momentos ver cuál es la finalidad del
GIF, la relación del GIF con Renfe, que en realidad no hay ninguna en
estos momentos porque Renfe será un operador encima de la
infraestructura del GIF y nada más. Yo lamento muchísimo (dado que
casi todos vamos aquí en una moto cuando usted hablaba antes de las
telecomunicaciones y aquí vamos todos en una moto de cara a marzo)
que involucremos a otras personas en temas como son la empresa Corsan
creada el año 1928, que trabajó para Renfe, para trenes desde años ha
con una persona que es el presidente de Renfe. No hay derecho,
francamente en eso no hay derecho. También se cita que estas empresas
no han hecho prácticamente construcciones en alta velocidad y pide
que se ponga un ejemplo. Yo tengo uno aquí -al menos para una de las
empresas, no sé si se refería a ésta-, y es que Typsa los años 1989,
1990 y 1991 suministra a Renfe a través de 16 pedidos 244.000
traviesas para el AVE de Sevilla. Por tanto, ya hay una experiencia.
Si es Corsan, yo no tengo referencia en este momento que hubiese
trabajo en obra civil.
Por consiguiente, a mí me parece, señorías, que la conclusión que
podemos sacar hoy es que hay que ir hacia adelante y la mejor manera
de ir hacia adelante es controlar muchísimo, quizá mejor y que la
gente que está en la Administración, la gente que está en las
empresas constructoras se den cuenta de que hay que establecer todas
y cada una de las máximas salvaguardas que más impensadas puedan
salir. Yo le pediría ahora mismo, señor ministro, que dentro de pocos
días convoquen a las empresas (al menos van a participar las empresas
Talgo, Adztranz, Alstom y la propia Siemens, que están ultimando sus
ofertas para el concurso de alta velocidad) y se articulen muy bien
todos los aspectos que puedan crear problemas de este tipo de
abstenciones, de incompatibilidades, etcétera. Por consiguiente, he
de decirle que nosotros tenemos más que suficiente con su
información. No venimos a analizar su gestión; queríamos dejar clara
nuestra posición en este tema.
El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, en representación del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: En este turno de fijación de posición,,
obviamente la postura de mi grupo es de pleno apoyo al Gobierno, y
quiero decir que no por lo que pudiéramos llamar un ritual litúrgico,
sino por la plenitud de la convicción que suscita la intervención del
señor ministro, el conocimiento en profundidad del comportamiento del
GIF, incluso el conocimiento personal de alguno de los protagonistas
de este tema.
Señor presidente, yo creo que estamos aquí en presencia de una
voluntad de que haya irregularidades, aquí se quiere que haya
irregularidades, y me refiero fundamentalmente al señor Caldera, y
como se quiere que haya irregularidades
hay que cambiar la verdad porque con la verdad no salen las
irregularidades. Se quiere que estos señores sean altos cargos,
aunque no son altos cargos. Señorías, yo soy jurista, no tengo el
placer de ejercer cuando no me llaman, en este momento no ejerzo de
alto cargo, pero sé leer. Se quiere que estos señores sean altos
cargos, aunque no lo sean. Se quiere que tenga que haber abstención,
aunque del informe reservado de ilustres juristas se deduce que no
tenía por qué haber abstención más que en el caso del señor García de
Viedma y por espacio de cuatro meses. Se quiere que haya abstención,
aunque no la haya. Se quiere que uno de los dos protagonistas de este
tema no tenga experiencia en construcción y en contratación aunque la
tenga, aunque el director de construcción tenga experiencia en
contratación y en construcción, Se quiere que la documentación esté
incompleta, aunque como acaba de demostrar el señor Sedó, que me ha
precedido en el uso de la palabra la información es bastante completa
y contempla la totalidad de las ofertas, a pesar de lo que acaba de
decir el señor Caldera. Señor Caldera, para S.S. la documentación
siempre estará incompleta, porque como lo que quiere es que haya
irregularidades tendrá que apelar a lo que sea, a que estos señores
sean altos cargos, a que la documentación está incompleta, a que
tenía que haber habido una abstención o a que estos señores no tenían
experiencia en la contratación. Su señoría quería que las
adjudicaciones se hubieran hecho irregularmente desde el punto de
vista de contemplación de la pura y estricta oferta económica, sin
valorar el aspecto técnico (a lo mejor S.S. no lo sabe, seguro que no
lo sabe), que es absolutamente fundamental en la adjudicación de
obras públicas; y se lo dice uno como yo que algo sabe de eso aunque
sólo sea por experiencia.
Se quiere que Corviam y Corsan sean empresas que poco menos se han
creado ahora, que existen desde anteayer, cuando es obvio que las dos
empresas existen desde muy antiguo -como ha recordado el señor Sedó-,
y que además ambas han tenido adjudicaciones en la época de Gobierno
socialista tanto o más importantes que las que han tenido en la etapa
de este Gobierno y en la etapa del GIF.
Señor presidente, éste es el tema. Aquí se quiere que haya
irregularidades aunque no las haya, y si hay que adulterar y forzar
la verdad se fuerza la verdad; por tanto -no tengo más remedio que
decirlo, señor Cardera-, se miente o se plantea una verdad que no se
acomoda a la realidad de los hechos. Yo no voy a entrar en la
valoración de este tema como jurista (juristas han estado presentes
en la redacción del informe reservado y de los datos que ha dado el
señor ministro), y por tanto lo que procede es hacer una valoración
política en términos radicalmente contrarios a la que ha hecho el
señor Caldera, en todo orden de cosas, tanto de las circunstancias de
este caso como de lo que supone una atribución de propósitos que no
está en su mano hacer. Acaba de decir no hace mucho que el propósito
fundamental que guía al GIF es mantenerlo fuera del control
parlamentario. ¿De verdad cree, señor Caldera, que el GIF está fuera
del control parlamentario? ¿De verdad cree que está fuera del control
de la Intervención general del Estado, del Tribunal de Cuentas y en
definitiva de su control? Usted ahora mismo está ejerciendo un acto
de control. ¿Está o no está sujeto el GIF al control parlamentario,
señoría? Lo que
pasa es que, como se trata de lograr que haya irregularidades, se
cambia todo, hasta los propósitos de este Gobierno en la creación del
GIF, cuando me parece que esos propósitos están claros en la
documentación oficial de la creación del GIF. Recuerdo a S.S. que en
la etapa en que se creó estábamos en presencia del cumplimiento de
los criterios de Maastricht, y ésta fue una de las fórmulas de
política de infraestructuras, como lo fue el abono total del precio,
el bien conocido método alemán, la creación de entes específicos como
éste, etcétera.
En definitiva, señor presidente, señorías, no tengo más remedio que
decirle al señor Caldera lo que le dije en el último Pleno a
propósito del debate de la sección 17. Señor Caldera, S.S. padece una
fijación psíquica con el Ministerio de Fomento y con el señor
ministro, de verdad, y las fijaciones de esa naturaleza se afrontan y
se resuelven a través de un tratamiento psiquiátrico no de un
tratamiento parlamentario; el tratamiento parlamentario no puede
curar semejantes cosas. En ese contexto, que no sé si tiene que ver
con su propósito de hacer méritos en su grupo parlamentario (todos
queremos hacer méritos, señor Caldera, pero S.S. parece que lo quiere
hacer de un modo particularmente acusado), incurre en los juicios
previos, en la demagogia, en el catastrofismo, en sentirse portavoz
de una alarma social, como ha dicho en alguna ocasión. Yo creo que
aquí no hay más alarma social que la que genera S.S., señor Caldera,
a la búsqueda del escándalo. Ahí sí que es fiel a las directrices de
su partido, ahí sí cumple con los criterios que sin duda se le han
asignado, pero el señor Caldera olvida algo importante. Un ilustre
pensador de hace ya muchos siglos dijo en una famosa frase: No vayas
fuera, busca la verdad dentro. No recuerdo exactamente la frase, que
se dijo a propósito de algo mucho más importante que esto, pero yo la
hago mía. Señor Caldera, busque dentro el escándalo, no lo busque
fuera, búsquelo donde debe hacerlo, búsquelo dentro. Se empeñan en
buscarlo fuera de ustedes, se empeñan en el lino, se empeñan en la
persecución al señor Piqué y desconocen su propia realidad. Menos mal
que su propia realidad está emergiendo en los tribunales de justicia,
y ahí están los casos de Filesa, de Times Export, etcétera; no me
quiero meter en ese contexto. (Rumores.El señor Sabaté Ibarz: Señor
presidente, la comparecencia no es para hablar del GAL.) Habla S.S.
de algo así como la lujuria económica ...
El señor PRESIDENTE: Señor Ortíz, le recuerdo que está agotando el
tiempo.
El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Voy acabando, señor presidente.
Usted habla de la contaminación de la amistad con la política y hace
unas citas del debate del estado de la Nación, cuando los precedentes
se pueden encontrar en una frase bien conocida de un importante
ministro del Gobierno socialista, el señor Solchaga, que hizo aquella
interesante afirmación de que España era el país en el que se podía
ganar dinero más deprisa. La frase está en el «Diario de Sesiones»,
señor secretario, no le quiero aludir. Consiguientemente, vuelvo a la
frase fundamental: busquen ustedes la verdad del escándalo en sus
propias filas y no en las nuestras, y no se empeñen en querer que
haya irregularidades
donde no las hay, vulnerando los requisitos fundamentales de la
verdad.
Señorías, no quiero llamar desfachatez a su posición en esta materia
de la corrupción económica. Me limitaré simplemente a decir que les
falta autoridad moral para hacer cualquier género de acusaciones o
para sembrar cualquier tipo de sospecha, como la que se pretende
sembrar en la tarde de hoy con esta comparecencia.
Finalmente, ¡ojalá! Hubieran tenido ustedes ante sus casos de
corrupción, que son todo un rosario, la misma reacción que este
Gobierno ante las presuntas irregularidades -inexistentes a juzgar
por la información reservada- en el caso del GIF. (El señor Morlán
Gracia: ¡Qué nervioso estás!)
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los
grupos solicitantes de la comparecencia y también a las de los grupos
parlamentarios que no son sólo fijaciones de posición, ya que de
acuerdo al Reglamento pueden formular preguntas y hacer las
observaciones que estimen oportunas, tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): En el
transcurso de las intervenciones de los señores portavoces se han ido
entremezclando dos planos que a efectos dialécticos conviene separar,
porque de lo contrario no obtendríamos conclusiones claras del
principal supuesto que hoy nos ocupa. Estamos valorando, a través de
la información suministrada, la regularidad de un expediente de
contratación y la participación o no de unos funcionarios del GIF en
el resultado final del mismo.
De la lectura de la información reservada se desprende que no ha
lugar a abrir ningún tipo de expediente disciplinario y que la
adjudicación, en todo lo sustancial es absolutamente regular. Es
regular el comportamiento de los funcionarios, es regular la
formalización del expediente y es regular la adjudicación por
tratarse de la mejor oferta. En definitiva, en lo sustantivo y en lo,
sustancial estamos en presencia de una adjudicación normal ajustada a
derecho -ese es el tema singular que hoy nos trae-, y por
consiguiente el instructor de la información deduce que no ha lugar a
abrir un expediente disciplinario a los funcionarios de que se trata.
Yo no soy capaz de sustituirme en el juicio que emite el instructor
de la información reservada. Me parece que la valoración del
instructor de la información reservada, por el sentido común, pero
sobre todo por la propia solvencia de la información, es lo que debe
prevalecer. Eso es lo que la responsabilidad exige a mi juicio, y,
por tanto en ese punto hago mía la información reservada, hago mía la
conclusión de la información reservada y afirmo que la contratación
que se realiza en el GIF en este supuesto concreto es regular y
ajustada a derecho y que toda la contratación que se realiza en el
GIF es transparente y se realiza toda ella mediante el sistema de
concurso público. En lo demás, señorías, nos movemos en el terreno de
lo opinable.
Todo el razonamiento que ha hecho el señor Caldera sobre las bajas
medias me parece un ejercicio florentino que no sé a qué conduce. No
soy partidario del sistema de la subasta en las obras públicas y en
las obras públicas de alta cualificación técnica menos todavía. Esa
es una opinión tan razonable y tan fundada como la que sostiene que
la subasta es el mejor sistema. No soy partidario de la subasta para
hacer un tren de alta velocidad en el último modelo y más avanzado
técnicamente que existe en el mundo, porque tiendo a pensar que es
más bien una insensatez ir a un esquema lo más próximo a la subasta.
Me parece que es un éxito del GIF y no algo criticable, también nos
movemos en el terreno de lo opinable, que las bajas medias sean el 6
por ciento ¿Qué deducción se puede sacar de un organismo que tiene
bajas menores que otros organismos de las administraciones públicas?
¿Es que se puede sacar sensatamente alguna conclusión de esos
porcentajes de bajas? No se puede sacar ninguna conclusión, sino que
unos son más estrictos que otros en función de la naturaleza de la
obra pública a realizar, señorías. No es lo mismo hacer una carretera
de tercer orden en una llanura que hacer los viaductos de Piedrafita
en la autovía del noroeste o hacer el tren de alta velocidad. El que
no tenga en cuenta esto, señorías, se puede llevar grandes sorpresas.
No quiero recordar aquí la autovía Madrid-Zaragoza que es un peligro
público y sí puedo afirmar que fallos en la concepción del sistema de
contratación de esa autovía dan como resultado una autovía altamente
peligrosa que hay que reestructurar casi en su totalidad. Por tanto,
señorías, debemos medir las palabras y valorar las cosas con un
sentido más casuístico en función de las circunstancias que
caracterizan a cada caso. Ése es el planteamiento general. Después
hay otras dos deducciones que están siempre implícitas en las
actuaciones y en las intervenciones del señor Caldera. Hay una
obsesión en el Grupo Socialista de las Cortes Generales por
inmiscuirse en las mesas de contratación. Durante muchos años se han
inmiscuido en las mesas de contratación, con los resultados que todos
conocemos y que están en los tribunales de justicia.
Pues bien, yo soy el responsable político, pero no me entrometo en
las mesas de contratación de todos los órganos que contratan en el
Ministerio. No lo he hecho y no lo voy a hacer. Ustedes lo hicieron,
obsesionados con las mesas de contratación y con las adjudicaciones
de las mismas, con los resultados que todos conocemos. (El señor
Morlán Gracia: No digas eso.) Claro que lo digo, porque querer sacar
responsabilidades políticas por la actuación de las mesas de
contratación pertenece al mundo de la demencia. Las mesas de
contratación están legalmente constituidas, están asesoradas por
servicios técnicos, los funcionarios que las constituyen están muy
cualificados y de ahí no se pueden deducir ningún tipo de
responsabilidades políticas y mucho menos analizando las bajas medias
lo cual es ya un poco de aurora boreal.
Después, hay otra inducción, siempre permanente en las intervenciones
del señor Caldera, que es mucho más peligrosa para el Estado de
derecho: es la sutil inducción de que algo que es plenamente legal es
sin embargo contrario a la ética, y naturalmente eso introduce una
distorsión en los principios básicos del Estado de derecho.
En un Estado de derecho, la primera norma ética y el primer deber es
el cumplimiento de la ley, y cuando la ley se ha cumplido y se
demuestra que la ley se ha cumplido no se puede jamás sacar una
deducción de comportamiento contrario a la ética. Cada uno puede
tener una ética más exigente, es libre, pero lo que no cabe afirmar
porque abre
vías muy peligrosas en el debate político, lo que no se puede afirmar
es que cuando se ha cumplido con el deber cumpliendo la ley se está
faltando a la ética. Esa inducción se hace regularmente en las
intervenciones del señor Caldera.
Ya saldrá en el tema que después nos va a ocupar, va a volver a
salir, y verán ustedes cómo del cumplimiento de la Ley se quiere
inducir un comportamiento contrario a la ética, y por ahí ni una
Señor Caldera, por ahí, ni una, fíjese, ni una, sobre todo cuando se
tiene el tejado de vidrio.
Señoría, caso particular, consideraciones generales e inducciones de
posición política del principal grupo de la oposición, nada de eso
sirve hoy aquí para impedir la afirmación de que la información
reservada que he suministrado y la conclusión del juez instructor es
correcta. Eso es lo que fundamentalmente debemos trasladar a la
opinión pública.
El señor PRESIDENTE: Supongo que querrán consumir un turno de réplica
(Asentimiento.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No salgo de mi asombro al comprobar
cómo el ministro se erige en juez, o sea que la aplicación de la ley
la decide usted. Ya veremos si las cosas son legales o no. El
instructor del expediente en su análisis hace una serie de
conclusiones que yo puedo discutir, usted me lo permitirá, y desde
luego no es el ministro quien decide si la ley se ha cumplido o no,
por tanto no haga esas confusas comparaciones entre lo legal y lo
ético, porque claro que yo puedo manifestarme en que una vez cumplida
la ley mi nivel de exigencia ética pueda ser superior, sin duda, pero
ese es otro mundo; ahora estamos del mundo de las realidades.
En segundo lugar, señor presidente, aquí las empresas no tienen nada
que ver, quede muy claro que la posición de mi grupo parlamentario,
en absoluto está en la línea de involucrar a las empresas que
defienden su posición en el mercado legítimamente y que aspiran a
obtener obra pública, en absoluto; tampoco los funcionarios.
Aquí se habla de un régimen legal, y, yo le vuelvo a preguntar al
señor ministro si es posible considerar que un director de
construcción no participa en el procedimiento de adjudicación de una
obra en un ente como el GIF. Eso es increíble, eso no se lo puede
creer nadie, y le digo, a pesar de la ayuda que ha tenido del
diputado de Convergència i Unió, que lo que usted nos envía, la
documentación que nos envía es incompleta, que únicamente se nos dice
quiénes se han presentado a cada uno de los concursos, pero no las
ofertas técnicas ni económicas que ha hecho cada empresa; lo único
que se nos da es la valoración de los técnicos del organismo sobre
las ofertas que ha hecho cada una de las empresas, pero que nosotros
solamente conocemos su valoración.
Por tanto, ¿cuándo se ha abstenido el señor Torres Quevedo? ¿Ante
quién? ¿Con qué publicidad? Desde luego no se sostiene, y por
supuesto en relación con el señor García de Viedma, ustedes mismos
con una tranquilidad pasmosa reconocen que ha habido irregularidad,
que es de lo único que yo, señorías, he venido a hablar aquí. Por
cierto, tendrán ustedes que pedirle cuentas al diario que dio esa
noticia,
yo lo único que he hecho ha sido recogerla, pedir información,
y hacer un debate político sobre lo que un diario, El Mundo en este
caso, denunció. No fui yo, señor Ortiz, no fui yo, fue el diario El
Mundo, y lo único que hemos hecho ha sido preguntar qué había, y
nuestra interpretación jurídica es que están afectados por el deber
de abstención y el señor Torres-Quevedo por la Ley de
Incompatibilidades a la hora de tramitar estos expedientes.
Ahora, ya sabemos que a ustedes, al Grupo Popular y al Gobierno, les
parece muy bien, que haya altos cargos, que haya responsables de
organismos como el GIF que tienen relación por haber trabajado en
empresas, o que tienen vinculaciones directas con familiares que son
directivos de esas empresas, ¿a ustedes les parece bien que se
produzca un régimen de contratación ahí? Me parece muy bien, pero
habrá que modificar la norma, habrá que modificar la ley. Lo que
estamos pidiendo, señor ministro, es estríctamente el cumplimiento de
la ley. ¡Qué yo me quiero inmiscuir en las mesas de contratación! Si
no tengo ninguna facultad, sólo pido información y la información que
pido, cuando hablo de las bajas, es la constatación simple y pura de
un hecho, no he hablado de que el método de subasta tenga que ser el
generalizado, he dicho que se lo critican las medianas constructoras;
he dicho que aquí se está produciendo un cambio concediendo un
porcentaje, quizá excesivo a la parte técnica de la oferta sobre la
económica, y he hecho un análisis de lo que está ocurriendo en el
conjunto de las adjudicaciones del GIF, que a mí me parece llamativo
pero que no sospecho nada más. Luego ya veremos qué puede haber
detrás.
No sé, señor ministro, por qué se pone tan nervioso, porque lo único
que pido es claridad, y por la información que usted nos suministra,
para mí hay una evidente responsabilidad política. Ésa es su
doctrina, la doctrina que ustedes contribuyeron a desarrollar. Hay
una evidente responsabilidad en el responsable del organismo, en este
caso el señor secretario de Estado de Infraestructuras que tendrá que
asumirla. Lo único que le pido es que se asuman las responsabilidades
por algo que entiendo supone una irregularidad. Ésa es mi única
petición.
Respecto al resto del conjunto de situaciones o de hechos que he
relatado con respecto al GIF, mañana tendrá usted algunas iniciativas
de mi grupo parlamentario, porque he de decirle que no nos quedamos
satisfechos, en absoluto, con las explicaciones que aquí se nos han
dado. Por tanto, recurriremos a los mecanismos parlamentarios para
conocer qué ha pasado, que es nuestro único interés.
Por último, señor presidente y si me lo permite, al portavoz del PP
que ha hecho un turno de carácter personal lo voy a obviar, pero
tengo que hacerle un par de puntualizaciones. Siempre dice que yo
hago referencias personales, y me parece evidente quién las hace. Le
voy a decir una cosa, señor Ortiz, todos aquí queremos hacer méritos.
Yo el único que persigo es el de representar correctamente a los
electores que me han votado; ésa es mi única intención. No voy a
hacer méritos del tipo de los que hizo usted, como por ejemplo
habiendo sido ministro de obras públicas conseguir la fantástica y
maravillosa obra de 11 kilómetros de autopistas en todo un año de
ejercicio. Eso es como si se quiere ser obispo sin haber cantado
misa. Desde luego,tampoco voy a hacer méritos por haberme acusado
ante los
tribunales de ser un especulador de suelo, por tanto hay que ser
prudente cuando se habla.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor ministro, supongo que el calor de
la discusión le ha hecho olvidar que otros grupos parlamentarios
hemos preguntado cosas. En todo caso, reitero que queríamos saber si
la inhibición en ambos casos fue formal o simplemente fue la no
asistencia, como se ha producido en otros casos. Queríamos saber si
ha habido un escrito, si ha sido público o si está también en el
expediente.
Nosotros no venimos a juzgar lo que no conocemos. No estamos hablando
de si hay corrupción o no porque no tenemos pruebas. Estamos diciendo
que vemos irregularidades, que entendemos que el propio expediente
que usted nos ha leído demuestra que ha habido irregularidades en el
sentido de no haber cumplido exhaustivamente la ley, incluso creemos
que en alguno de los casos debería ir más lejos en el sentido de
haberse inhibido en las dos cuestiones y no solamente en la de
Corsan, conociendo previamente lo que no nos ha contestado, si ha
sido por escrito o simplemente no asistiendo. Lo demás es todo
subjetivo. Usted nos puede reiterar que se llevan mal con su empresa
anterior o lo que quiera, pero no hay ninguna constatación formal
aunque pueda ser así.
Por último, en relación también con esta contratación y con todas
quiero decir que si no profundizamos más es porque estamos en una
fase inicial del GIF. El problema no es tanto si es el 6 o el 20 por
ciento de baja, sino si después auditando, sondeando las obras
realizadas se corresponde lo efectuado con el coste. Eso podemos
evaluarlo al final de la obra cuando veamos si ha habido
transformados o ampliaciones. La impresión que hay en este momento en
el sector es que las obras del GIF están saliendo por encima del
precio normal de mercado. Ésta es una impresión que habrá que
constatarla cuando se vayan terminando los tramos.
Hay un elemento subjetivo que ha citado de pasada y es que en las
normas que ustedes aplican con carácter general en el GIF el 70 por
ciento de peso lo tiene la parte técnica, y el 30 la parte económica.
Entendemos que precisamente es en esa parte donde es más posible la
subjetividad; llega un momento en que determinadas empresas tienen
los mismos medios técnicos, y es precisamente el factor más débil.
Creemos que lo técnico y lo económico debería estar más equilibrado,
en lugar de ser 70 y 30 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ortiz, brevísimamente.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Más que nada, un turno de alusiones, señor
presidente.
El señor Caldera sigue utilizando los argumentos ad hominem, ¡cómo
no!, y, en esa línea, le quiero recordar, en primer lugar, que mi
grupo, y yo en particular, utilizamos los argumentos ad hominen sólo
en términos de legítima defensa, señor Caldera. Lea el «Diario de
Sesiones» y verá cómo en los debates que S.S. y yo tenemos en los
últimos
meses es así, siempre en legítima defensa. Y con esa perspectiva de
legítima defensa, quiero recordarle que a mí nadie me ha acusado de
especulador inmobiliario salvo su grupo; salvo su grupo y la prensa
que le apoya. Afortunadamente, el Tribunal Supremo (nada menos que el
Tribunal Supremo) no estuvo de acuerdo con esa acusación y, como sabe
bien S.S., estoy absolutamente fuera de ese tema al que S.S. se
quiere referir.
Con un poco más de sentido del humor, pero también referido al Grupo
Socialista, quiero recordarle la frase, casi literal, que el dueño de
un restaurante, amigo mío, me decía la otra noche: Al fin el PSOE
descubre irregularidades en el AVE.
El señor PRESIDENTE: Estamos casi cumpliendo los términos estrictos
del orden del día, pero todavía le toca al señor ministro hacer la
intervención de cierre de esta segunda parte de las comparecencias.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Voy a
intervenir con extraordinaria brevedad, señor presidente.
En relación con el expediente, con la información reserva practicada,
hay dos aspectos. De una parte, el aspecto estrictamente formal es el
razonamiento que hace el instructor al ir analizando punto por punto
los procedimientos seguidos para la adjudicación de los contratos. En
esa tramitación hay un momento en que, por cuatro meses, un
funcionario o, por ser exacto, un contratado laboral, no debería -la
prudencia se lo debería haber aconsejado- participar en una mesa de
contratación. Lo que pasa es que, además del esquema formal, por así
decirlo, la información reservada también tiene que tener en cuenta
criterios de equidad, porque se ha de llegar a una conclusión que ha
de estimarse razonablemente equitativa o justa. Entonces, el
instructor introduce ese criterio de equidad y dice: es verdad que
faltaban cuatro meses, pero no es menos cierto que el sujeto estaba
ya en muy malas relaciones con la empresa y había pedido su
inscripción en la bolsa de empleo del Colegio de caminos. Después hay
otros documentos que acreditan que efectivamente esa relación es muy
mala, hasta llegar al despido. Entonces, el instructor de la
información saca una conclusión de equidad: no obstante faltar cuatro
meses, la prudencia le debería haber aconsejado no participar en la
mesa de contratación. A todo ello se añade la conclusión final: que
la adjudicación del contrato es absolutamente correcta, es la oferta
más barata y probablemente, en esos términos, es la mejor oferta.
Por tanto, es imposible deducir que esos cuatro meses hayan supuesto
la más mínima influencia en el expediente administrativo por parte de
la persona a la que estamos haciendo alusión. Es decir, lógicamente,
en la información reservada se mezclan los dos planos: el análisis
jurídicoformal, de estricta legalidad, y unas circunstancias que
concurren en ese expediente, que son circunstancias de hecho que
sirven para atemperar la conclusión formal, como podrían haber
servido para agravar la conclusión formal. Como es lógico, el
instructor de la información tiene en cuenta esas circunstancias de
hecho, debidamente acreditadas, para llegar a la conclusión de que
estará bien cerrada
la información sin necesidad de poner en marcha un expediente
disciplinario.
En lo que afecta a la contratación del GIF con carácter general, aquí
sí que estamos en el terreno de lo opinable, ya lo he dicho antes.
Sostiene S.S. que está por encima del precio del mercado, según los
rumores que hay en algunos sectores empresariales. Sinceramente, yo
no creo que sea así, no está por encima de los precios de mercado. Y
le puedo dar un dato, que pondré a disposición de S.S.,
cuantitativamente expresado, cuando quiera. Hasta el momento, el GIF
está contratando por debajo del coste que tenía previsto en su
esquema de inversiones. Por tanto, para que quede claro lo que quiero
expresar, está ahorrando dinero. Eso significa que no está
contratando por encima de los precios de mercado. Y además, para
complementar este punto de vista, yo le diría: ¿Cuáles son los
precios de mercado en una obra única como es el tren de alta
velocidad más moderno del mundo en estos momentos? ¿Cuál es el precio
de mercado?
Por tanto, señoría, los constructores grandes dirán siempre que a los
pequeños no se les pueden adjudicar contratos porque no tienen la
suficiente cualificación técnica, y los pequeños y medianos siempre
dirán que los grandes constructores se llevan la mayor parte de las
adjudicaciones de todas las administraciones públicas. Ambas
posiciones son comprensibles, desde ambas posiciones se defienden
intereses legítimos. Lo que yo observo es el resultado final: el
sector de la construcción, aparte de la altísima calidad que tiene en
España, como demuestra su competitividad en el mundo entero, es,
dentro del mercado español, intensamente competitivo. Yo le puedo
asegurar que en el sector de la construcción hay navajazos -y
perdóneme la expresión-; por consiguiente, luchan por adjudicarse los
contratos, por ganar las adjudicaciones de una manera verdaderamente
intensa y extensa. Tenemos un sector de la construcción altamente
competitivo, probablemente además por su propia composición y su
propia estructura: hay grupos de empresas grandes muy buenos, hay
unas empresas medianas que también hacen una magnífica obra pública y
hay unas pequeñas empresas que muchas veces son extraordinariamente
útiles para aplicar, como en el mundo entero, un régimen de
subcontratación. Los resultados finales son los que hay que contar:
tenemos un buen sector de la construcción en su conjunto.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA RED NACIONAL DE
FERROCARRILES ESPAÑOLES, RENFE (CORSINI FREESE) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS NOTICIAS APARECIDAS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
RELACIÓN CON SU PERSONAYSU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE RENFE. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/002427)
- LAS ADJUDICACIONES DE DIVERSOS CONTRATOS PARA LA LÍNEA DE ALTA
VELOCIDAD MADRID-BARCELONA A DIVERSAS EMPRESAS RELACIONADAS POR VÍA
FAMILIAR CON EL PRESIDENTE DE RENFE Y
ALTOS CARGOS DE LA CITADA EMPRESA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/002430)
- LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS
HASTA AHORA EN LA LÍNEA FÉRREA DE ALTAVELOCIDAD (AVE) MADRID-
BARCELONA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 212/002435)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pasamos, dentro de este grupo de comparecencias, a las tres que nos
quedan, que tienen los números 11, 12 y 13, que corresponden al
presidente de Renfe y que han sido solicitadas por el Gobierno, el
Grupo Socialista del Congreso y el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Como está con nosotros ya el señor presidente de Renfe, le ruego
ocupe su puesto en la mesa, y el señor ministro puede quedarse con
nosotros o puede descansar, porque todavía le queda tarea en el
tercer grupo de comparecencias. (Pausa.)
Damos la bienvenida más cordial al señor presidente de Renfe, don
Miguel Corsini, y continuamos el trámite y debate de estas tres
comparecencias con el mismo sistema que hemos venido utilizando para
las anteriores.
Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra el señor presidente
de Renfe.
El señor PRESIDENTE DE LA RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES,
RENFE (Corsini Freese): Gracias, señor presidente. Señorías,
comparezco ante ustedes a petición propia para despejar cualquier
duda acerca de las contrataciones de las empresas Corsan, Corviam y
Typsa, tanto por parte del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias,
sobre las que Renfe carece de cualquier tipo de competencia, como por
parte de la compañía que presido.
En primer lugar, quiero agradecerles muy sinceramente la posibilidad
que me brindan de explicarme en esta Comisión de Infraestructuras del
Congreso de los Diputados, a la que ya he acudido en anteriores
ocasiones para exponer las estrategias, los resultados y las
decisiones adoptadas por Renfe en los últimos años, así como para
responder a cuantas cuestiones me han planteado acerca de la gestión
de los servicios ferroviarios. En todos los casos he sido recibido
con gran amabilidad y, si me permiten la confianza, he percibido el
cariño que SS.SS. muestran hacia el sistema ferroviario,
y especialmente su interés en la proyección del tren como opción de
progreso para la solución de las crecientes demandas de movilidad de
la sociedad española.
Como representantes de la soberanía popular, como responsables de la
legítima labor de control de las instituciones y sociedades públicas
y por su riguroso seguimiento de la actividad ferroviaria, he creído
que esta Comisión constituye el foro más adecuado para acoger mis
explicaciones y acreditar mi dependencia con respecto a las empresas
aludidas, y lo hago con la plena convicción de que el ejercicio de la
transparencia es condición sine qua non para la acreditación
de un gestor público, pero también con la enorme responsabilidad que
conlleva la máxima representación del colectivo ferroviario, un
colectivo esforzado y apasionado que ha sufrido en demasiadas
ocasiones la inquietud que en todos nosotros siembran noticias como
las que han ocasionado mi comparecencia.
Comparezco, pues, en defensa de mi dignidad personal, de la
trayectoria digna, honesta y transparente de mi familia directa y de
la dignidad profesional del sector ferroviario. El premio Nóbel de
literatura Kembazuro sostiene, y cito textualmente, que en este mundo
sólo existen dos tipos de personas, las que saben conservar la
dignidad y el resto. En todo momento he creído saber de qué lado me
encontraba en el ejercicio de las responsabilidades que tengo
atribuidas, y entre esas responsabilidades les aseguro que no está la
planificación, contratación y ejecución de la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona. Como ustedes saben, la construcción de nuevas
infraestructuras ferroviarias es competencia del Ministerio de
Fomento. Este, a su vez, ha encargado el estudio y la construcción de
las nuevas líneas de altas prestaciones al Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias, ente público al que corresponde la tramitación de los
respectivos expedientes de contratación, según la Ley de Contratos de
las Administraciones públicas.
Es evidente, por tanto, que ni Renfe, como entidad, ni su presidente,
tienen capacidad de decisión en el proceso de adjudicación de
contratos por parte del GIF. No quiero pasar por alto el hecho de que
a partir de octubre de 1998 el Ministerio de Fomento consideró
oportuno designar un representante de Renfe en el consejo de
administración del GIF, no por imperativo estatutario, sino como una
deferencia razonable con las funciones y los fines de ambas
entidades. Entenderán, sin embargo, SS.SS. que tan escasa
participación en un órgano integrado por 15 vocales resulta
prácticamente irrelevante para influir en las adjudicaciones, máxime
si se tiene en cuenta que yo jamás he formado parte de dicho consejo.
En todo caso, como informaciones periodísticas han arrojado sombras
en torno a las adjudicaciones logradas por Corsan, Corviam y Typsa,
considero oportuno exponerles la trayectoria de este grupo de
empresas vinculado a la rama de la familia Corsini que se dedica
desde finales de los años veinte a la construcción; demostrar mi
independencia con respecto a las decisiones adoptadas por los órganos
de dirección de Renfe que afectan a las mismas, y detallarles el
rigor y la transparencia del sistema de contratación de la empresa,
escrupulosamente respetado en todo momento.
Corsan fue creada en 1928 por Carlos Corsini Senespleda, José Corsini
Marquina, Rafael López Sánchez-Sandino y Rafael López Bosch, con el
fin de operar en el sector de la construcción. El primero de ellos,
Carlos Corsini, era mi abuelo. En él se inicia y con él finaliza la
relación directa de mi familia con Corsan, puesto que mi padre ya no
mantuvo relación con la misma y, evidentemente, ni yo ni mis
ascendientes y descendientes directos hemos participado jamás en los
órganos de gestión o administración de alguna de las tres empresas
citadas. Pongo a su disposición las actas notariales realizadas a
partir de la revisión del Registro Mercantil que avalan esta
afirmación con respecto a mi persona. Del mismo modo, dispongo
también de actas
similares con respecto a la independencia de mi padre en las empresas
aludidas.
Según los datos que ha facilitado el consejo de administración de
Corsan, esta empresa logra su primer contrato de construcción en el
sector ferroviario el 23 de enero de 1947, fecha en la que la
Dirección General de Ferrocarriles del Estado le adjudica la galería
de servicio a la estación de Chamartín por importe de 5.744.289
pesetas.
Su primer contrato con Renfe data de mayo de 1948, correspondiente a
la construcción del ferrocarril MadridAmorox, que se realiza por
alrededor de tres millones de pesetas. Corvian data de 1962 y acumula
más de dos décadas de relaciones contractuales con Renfe y con las
principales empresas del sector ferroviario.
Por su parte, Tuberías y Prefabricados, S.A., Typsa, fundada también
en 1962, es una de las seis empresas que se dedican en España a la
construcción de traviesas para la infraestructura ferroviaria. Es,
pues, uno de los suministradores habituales -junto con Dragados,
Alvistrambi, Precon, Prefabricados Delta y Travipos- de este tipo de
material exclusivo del ferrocarril, es decir, de Renfe, Feve y los
Metropolitanos entre otras empresas.
El grupo de empresas que inicia Corsan acumula, pues, más de 70 años
en el sector de la construcción y más de medio siglo de experiencia
en infraestructura ferroviaria, en competencia con compañías tan
consolidadas como Ferrovial, Dragados, FCC o ACS, por citar algunas.
Ya les he explicado que mi familia directa no mantiene participación
alguna en Corsan, Corvian y Typsa, en cuyos consejos de
administración sí figuran primos míos. Aun así, con el fin de atajar
cualquier atisbo de incompatibilidad acerca de las relaciones
contractuales de estas empresas con Renfe, a partir de mi
nombramiento como presidente, en la primera reunión del comité de
dirección a la que asistí como máximo responsable de la compañía
ferroviaria, fechada el primero de julio de 1996, manifesté mi
decisión de abstenerme en los procedimientos de contratación que
afectaran a Corsan, Corvian y Typsa, por conocer que en la
administración y gestión de tales firmas participaban personas
incluidas dentro del cuarto grado de consanguinidad en el parentesco.
A esta declaración se le asignó por el propio comité la consideración
de reservada, con el fin de no prejuzgar, a favor o en contra,
posibles adjudicaciones de Renfe a estas empresas.
No obstante, como quiera que alguien podría entender que la
declaración de abstención no es un argumento suficiente para
demostrar la inexistencia de un trato favorable a estas empresas por
parte de Renfe, voy a desgranar a continuación la facturación de
Corsan, Corvian y Typsa en la última década, y de forma muy
exhaustiva, las contrataciones y su procedimiento desde 1996, año de
mi nombramiento como presidente de Renfe, hasta el 10 de noviembre
del año en curso, fecha en la que solicito la comparecencia ante esta
Comisión.
Es precisamente en 1996 cuando se implanta un nuevo sistema de
seguimiento y control de las contrataciones, denominado gestión de
compras, que garantiza la máxima transparencia y acceso a la
información que se generan en estos procesos. Este sistema, diseñado
en 1995, es consecuencia del proceso de racionalización de los
procedimientos de contratación que se anticipa a la trasposición de
la
directiva 93/38. Se implanta así un sistema de clasificación
y homologación de proveedores por sectores y actividades como
procedimiento de selección y fomento de la concurrencia y competencia
empresarial.
La participación de Corsan, Corvian y Typsa en las adjudicaciones de
obras y suministros ferroviarios respeta escrupulosamente el
mencionado sistema de contratación. Los datos relativos a los
libramientos de pagos efectuados desde 1989 por Renfe a cada una de
las tres empresas se detalla en los tres cuadros que forman parte de
la documentación aportada. No obstante, para ahorrarles un tiempo
precioso, dada la hora, voy a ofrecerles sólo los datos que figuran
en el cuadro que resume los pagos y los relaciona con el gasto e
inversiones en infraestructuras realizados por Renfe en ese mismo
período.
Año 1989. Facturación de las empresas Typsa, Corsan y Corvian:
1.517,2 millones. El volumen de gastos e inversiones fueron 51.947.
El porcentaje total de estas empresas fue del 2,92 por ciento. Año
1990. 2.102,6 millones de pesetas. En gastos e inversiones, el
volumen total fue 69.619. El porcentaje, el 3,02 por ciento. 1991.
996 millones. Gastos e inversiones, el volumen fue 93.475 millones.
Porcentaje, 1,07. 1992, 622,8 millones de pesetas. El volumen de
gasto fue 85.997 y el porcentaje 0,72. 1993, 503,4 millones de
pesetas, sobre un volumen total de 52.783 millones de pesetas, que
representa un porcentaje del 0,95 por ciento. 1994, 448,9 millones de
pesetas, sobre un volumen de 42.378 millones, que representa el 1,06
por ciento. 1995, 441,4 millones de pesetas, sobre un volumen de
45.378 millones y un porcentaje de 0,97. 1996, 197,7 millones, sobre
un volumen de 49.852 millones de pesetas y un porcentaje de 0,40 por
ciento. 1997, 502,3 millones de pesetas, sobre un volumen de 46.027
millones, un porcentaje de un 1,09 por ciento. 1998, 569,8 millones
de pesetas, sobre un volumen de 44.250 millones de pesetas, el 1,29
por ciento. Y en 1999, 363,2 millones de pesetas, sobre un volumen de
34.455 y un porcentaje del 1,05 por ciento.
Por lo que se refiere concretamente a las contrataciones del período
1996-1999, que voy a documentar de forma más exhaustiva, Corsan ha
logrado 42 contratos de las 22.662 adjudicaciones realizadas por
Renfe en ese tiempo, de las que 5.126 corresponden a obras. Esta
empresa se adjudicó el 0,81 por ciento de los concursos realizados,
con ofertas siempre por debajo del precio de licitación.
Del mismo modo, Corviam concurrió y ganó en este mismo período 5
adjudicaciones por importe de 260 millones de pesetas, lo que
representa un 0,09 por ciento del total de las obras contratadas y un
1,14 por ciento del gasto. En la documentación que se aporta figura
el detalle de cada una de las 47 adjudicaciones realizadas a Corsan y
Corviam en sendas fichas que desgranan todas las circunstancias del
proceso. Les adelanto que las adjudicaciones se realizaron por los
distintos procedimientos concursales previstos en la normativa de
Renfe, en los que la oferta más barata tiene un peso determinante.
Anteriormente les decía que Tuberías y Prefabricados, S.A., Typsa, es
una de las seis empresas que producen traviesas en España. En la
compra de este tipo de material el precio viene determinado no sólo
por las calidades exigidas, sino también por la distancia del
transporte. De ahí que la proximidad de la planta de construcción más
cercana a
donde se generan las necesidades de colocación o reposición de
traviesas sea determinante para la elección del proveedor. De hecho,
las seis empresas tienen distribuidas estratégicamente sus fábricas,
de tal forma que captan distintas cuotas de mercado en función del
área geográfica. Esta circunstancia explica que la compra de
traviesas no se haga por concurso abierto, sino por el procedimiento
negociado que establece la normativa interna de Renfe.
En este contexto, les desgrano ahora las traviesas suministradas por
Typsa desde 1994 y el porcentaje que esta cifra representa sobre el
total contratado por Renfe en cada ejercicio. Año 1989, sobre un
total de pedidos de 708.897 traviesas, Typsa suministró 159.113, que
representan un porcentaje sobre el total del 22,44. En 1990, sobre un
total de 1.067.250 traviesas, Typsa suministró 205.968, que
representa un porcentaje del 19,29 por ciento. En 1991 fueron 696.780
traviesas, de las que Typsa suministró 72.300, con un porcentaje
sobre el total del 10 por ciento. En 1992, 183.820, de las que Typsa
suministró 54.380, con un porcentaje del 30 por ciento. En 1993,
180.000, de las que Typsa suministró 55.000 traviesas, con un
porcentaje del 31 por ciento. En 1994, 145.000 traviesas, de las que
Typsa suministró 42.000, un porcentaje sobre el total del 29 por
ciento. En 1995, 280.112, de las que Typsa suministró 41.110, con un
porcentaje del 15 por ciento. En 1996, 270.040 traviesas, de las que
Typsa suministró 3.150, porcentaje sobre el total, un 1 por ciento.
En 1997, 209.347, de las que Typsa suministró 25.471, con un
porcentaje del 12. En 1998, 246.760 de las que Typsa suministró
26.740, con un porcentaje del 11. En 1999, 134.424, de las que Typsa
ha suministrado 5.688, con un porcentaje del 4 por ciento.
En la documentación que entrego al presidente de la Comisión, y que
está a disposición de SS.SS., está el detalle de las cifras que acabo
de citar, además de todos los documentos a los que me he referido a
lo largo de esta intervención.
Antes de someterme gustoso a las preguntas de SS.SS. quiero
reiterarles que, a la vista de los datos ofrecidos, es evidente que
Corsan, Corviam, y Typsa no han recibido trato de favor por parte de
Renfe en los últimos años. Del mismo modo creo que el hecho de que
primos míos figuren en el consejo de administración de estas empresas
no es argumento suficiente para poner en duda la honestidad de una
gestión, criterio que estoy seguro de que ustedes comparten, porque
lo contrario sería consagrar la presunción de culpabilidad y la
condena de la familia, independientemente del grado de parentesco o
relación.
En cualquier caso, finalizo esta intervención con el convencimiento
de que he cumplido con mi obligación como gestor público al acudir a
esta Cámara, y con la confianza de que este ejercicio de
transparencia y sinceridad aleje cualquier tipo de sombra de sospecha
sobre mi actuación al frente de Renfe. Creo que cumplo no sólo con el
compromiso que adquirí al aceptar la presidencia de la compañía
ferroviaria en junio de 1996, sino el que se deriva de mi pertenencia
al colectivo ferroviario desde 1970, primero en Feve y los últimos 19
años como trabajador en Renfe.
Señor presidente, señores diputados, gracias por su atención, su
comprensión y su interés. Estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente, señor Corsini.
Tienen ahora la palabra los grupos solicitantes también de la
comparecencia. En primer lugar, don Jesús Caldera, por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor Corsini, por sus
exhaustivas explicaciones.
Tengo que repetirle lo que dije en mi intervención anterior, que por
supuesto el buen nombre de las empresas debe quedar a salvo, en este
caso además las empresas que se han visto involucradas en
informaciones periodísticas disponen de un notable prestigio en el
sector y, en consecuencia, no es eso lo que se juzga, en absoluto,
sino la aplicación o no de nuestras normas legales.
En segundo lugar, tengo que decirle que a nosotros nos extrañó ver en
la información periodística la referencia al presidente de Renfe, por
cuanto conocíamos perfectamente la separación entre ambas entidades y
el hecho de que el señor presidente de Renfe no es miembro del
consejo de administración del GIF, como aquí ha recordado, y ello nos
extrañaba en la medida en que aparentemente no había ningún tipo de
relación, y he de decir que, a la luz de la información que usted nos
proporciona, así es.
En tercer lugar, de la información que luego nos pasará otra vez el
presidente de la Comisión, que desde luego parece bastante más
exhaustiva que la que hemos recibido anteriormente, quizá menor en
toneladas de papel, pero más exhaustiva, por lo que ha ido leyendo,
que la que hemos recibido para el debate del GIF, podremos analizar a
fondo la situación.
Permítame que le diga muy rápidamente, porque creo que las cosas
están bastante claras, cuál es nuestro punto de vista. Desde el punto
de vista jurídico, que es de lo que aquí hemos venido a discutir, del
cumplimiento o no de la ley, es evidente que usted es un alto cargo,
en este caso como presidente del consejo de administración de Renfe.
Si nosotros nos comportáramos como lo hacía el Partido Popular en la
oposición, inmediatamente hubiéramos pedido su dimisión, pero hemos
preferido esperar a conocer las explicaciones, hemos preferido
esperar a saber qué es lo que realmente había y si la documentación
nos convencía o no, y queremos que se desarrolle el mayor nivel
posible de transparencia.
Ahora, si no he entendido mal, de lo que usted nos ha explicado
deduzco que la empresa Corsan y Typsa han mantenido relaciones
contractuales con Renfe (que no estaba en el objeto primero de la
comparecencia), que hay un régimen jurídico, que usted ha analizado,
con independencia de la honestidad personal que le presupongo
absoluta a usted, que determina una serie de causas de abstención.
Usted ha dicho que al principio de su llegada a Renfe se abstuvo ante
el comité de dirección de la participación en cualquier tipo de
contrato que se pudiera celebrar entre la compañía Renfe y estas
empresas. Amí eso me parece muy bien, pero usted comprenderá que
nosotros tenemos que documentarlo y conocerlo, porque yo tengo
algunas actas de comités de dirección, por ejemplo le leo la última,
del 21 de junio de 1999, donde dice que se reúne el comité de
dirección bajo la presidencia de don Miguel Corsini Freese,
presidente de Renfe, y con la asistencia de sus miembros,
y hay una serie de puntos en el orden del día, entre ellos el
de propuestas de adjudicación: A continuación hay una propuesta del
director general corporativo, el comité de dirección aprueba las
siguientes propuestas de adjudicación. Una de ellas tiene que ver con
Corsan, remodelación integral de la estación de Mieres Puente, unidad
de negocio de cercanías, por importe de 158.571.600 pesetas. Así
tengo algunas actas más, donde en ningún caso, y es la única
información de que yo dispongo, se hace referencia a ese deber de
abstención. Si lo que usted manifiesta es cierto -le doy todo
crédito-, si se hizo al principio de su mandato, el comité de
dirección estará informado del mismo. Pero usted comprenderá que en
un régimen democrático, en un régimen de transparencia, estas cosas
tienen que saberse y que la ley la hemos hecho para todos. En este
caso, sin presuponer el interés de la empresa, ni el suyo, ni de sus
familiares, que no quiero discutir en absoluto, hay un marco legal.
Aquí lo único que venimos a dirimir es si ese marco legal se ha
aplicado o no, porque por analogía usted comprenderá que vamos a
exigir su aplicación a todos los órganos de la Administración, a
todos aquellos que se encuadran bajo la Ley de incompatibilidades.
Hay que exigirlo, porque de lo contrario estaremos haciendo dejación
de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades.
Por lo tanto, le agradezco su información. Yo tenía las actas y en
principio mi opinión es que se trataba de una clara infracción del
deber de abstención por su parte, porque aquí no se recoge. En todo
caso, si usted hizo esa manifestación ante el comité de dirección y
se nos puede documentar y se nos puede acreditar esa abstención, mi
grupo parlamentario no tiene nada que decir y reconoce que su
información es correcta.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Corsini por su
presencia. Yo creo que, es saludable que ante las informaciones
publicadas, podamos tener explicaciones directas de aquellas personas
que se ven implicadas, a través de los medios de comunicación, de
posibles relaciones, sean familiares o sean de participación
empresarial, en empresas relacionadas con aquellas que se dirigen y
más cuando son públicas. En todo caso, para conocimiento de todos, me
gustaría saber qué consideración tiene el cargo de presidente de
Renfe, entendiendo que Renfe tiene un estatus jurídico diferente, no
es de aplicación -por decirlo así- la normativa pública, sino que en
la práctica tiene un estatus especial, ya que funciona como empresa
pública pero con relaciones comerciales y de todo tipo privadas, es
decir, asimiladas a la jurisdicción privada. En todo caso, como una
parte de las preguntas que iba a hacer ya las ha hecho el señor
Caldera, me parece importante saber si consta en los archivos de
Renfe el documento reservado -he creído entender-, en el cual se da
fe de esa abstención y, por tanto, cómo se producía luego de facto en
la aprobación de las distintas obras que aquí se han explicado. Soy
consciente también de que si usted en lugar de Corsini se apellidara
Pérez, probablemente no estaríamoshablando de esto. A veces es más
fácil, con apellidos
relevantes o poco habituales, caer en estas cosas. Agradezco la
información. Nos interesa tener el documento. Nuestro papel está
cumplido en cuanto a su relación con Corsan.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, hacer observaciones y
preguntas tienen la palabra los grupos parlamentarios que no han
solicitado la comparecencia. En primer lugar, por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor Corsini, no quería intervenir, pero me
hubiese parecido una descortesía. En la intervención anterior hice
una mención respecto a usted en su comparecencia hoy. Se ha comentado
que en estas comparecencias no debe quedar afectado el nombre de las
empresas que se han citado. Para nosotros, y en este caso muy
especialmente, ni el nombre de las personas, en concreto respecto a
usted. No necesito la documentación que usted nos va a presentar.
Señor presidente, ahórrese mandármela. No necesito ni analizarla a
fondo ni en superficie y menos los documentos acreditativos que usted
nos ofrece, señor Corsini.
Los lanzadores de noticias y los medios interesados o no han obrado
de una manera indigna. La historia que usted nos ha contado ya la
sabíamos. Los grupos o las personas que le conocemos a usted o a las
empresas desde hace tiempo, no simplemente por el esquema
parlamentario, sino incluso profesional, sabemos que era muy fácil
conocer todo lo que usted nos ha explicado antes de lanzar lo que se
ha dicho. Por lo tanto, ahí debía haber algún interés.
Acabo diciéndole, señor Corsini, que lamento que usted esté aquí;
quisiera que estuviera en su casa, descansando, y todos nosotros
también. Tiene todo el reconocimiento y todo el afecto de nuestro
grupo.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra el señor Ortiz, por
el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, yo, en puridad, apurando
el formalismo de los grupos de la oposición, tendría que declarar mi
incompatibilidad para hablar ahora porque me considero amigo del
señor Corsini y admirador de su gestión. Consiguientemente, me debía
callar y, por tanto, es lo que voy a hacer, señor presidente.
Damos las gracias al señor Corsini por estar aquí, le felicitamos por
la prontitud en comparecer, por la transparencia en la documentación
que nos ha dado y le deseamos que siga teniendo éxitos en su gestión.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente de Renfe, tiene usted la
palabra para contestar las observaciones y los planteamientos de los
distintos grupos.
El señor PRESIDENTE DE RENFE (Corsini Freese): En primer lugar, yo
entiendo y agradezco la confianza de la Cámara en mi persona.
Quisiera matizar un poco más en relación con la intervención del
señor Caldera sobre este tema puntual. Independiente de la aplicación
o no a Renfe de la Ley de contratos de las administraciones públicas,
no me cabe ninguna duda de que es de aplicación el régimen
administrativo general sobre la abstención y recusación, y el régimen
singular que me es aplicable como alto cargo, que yo lo conozco.
En consecuencia, y como ya he manifestado en mi intervención,
formulé una abstención general en julio de 1996 ante quien, de
acuerdo con la normativa interna de Renfe en materia de contratación
-que data de 1993 y cuyo extracto ha sido puesto a disposición de SS.
SS.- es superior jerárquico, es decir, ante el comité de dirección.
Antes y después de la Ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado, Renfe, al igual que otras
entidades públicas, tiene autonomía de organización interna. En tal
sentido, como ya he expresado, el comité de dirección es un órgano
superior jerárquico al presidente. Según la normativa citada, las
propuestas entre 100 y 500 millones de pesetas han de pasar a dicho
comité, como órgano intermedio en esta materia de contratación entre
los directores generales, el presidente y el consejo de
administración.
Aparte de no venir impuesta tal obligación en la normativa aplicable,
como digo, me pareció más recomendable formular tal abstención
general desde un principio -porque había una consanguinidad de cuarto
grado y yo lo sabía-, a fin de cubrir eventuales supuestos. En la
práctica han sido la mayoría los que, por razón de la cuantía de la
adjudicación, no tienen que pasar por presidencia y menos aún por el
comité de dirección y por el consejo de administración. Es más, en
los cuatro años de mandato que llevo desde julio de 1996, solamente
en dos casos han accedido al comité de dirección y, después, al
consejo de administración propuestas de adjudicación a favor de
Corsan, Corviam y Typsa: una, en 1997, a favor de Typsa, y otra, en
1999, como ha señalado S.S., a favor de Corsan. Ésa es la razón.
En cualquier caso, yo le dejo aquí la historia de lo que ha sido, la
documentación correspondiente, que de una forma u otra acredita todos
-todos- los concursos de Renfe en los que han participado Typsa,
Corsan y Corviam, y espero dar cumplida satisfacción a SS.SS.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir, consumir un
segundo turno? (Pausa.)
Muchas gracias por su presencia aquí. Esperamos que siga usted al
frente de Renfe sin ningún contratiempo que le haga perder un tiempo
que la empresa necesita.
Recibimos la documentación y la trasladaremos a los grupos en su
nombre. (Pausa.)
Continuación de la comparecencia del señor ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo) para informar sobre:
- EL CONTRATO FORMALIZADO ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS Y LA EMPRESA MONTHISA CON DESTINO A LA SEDE DEL
CITADO ORGANISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 213/001328)
- LA ENTIDAD PÚBLICA CORREOS Y TELÉGRAFOS. A PETICIÓN PROPIA (Número
de expediente 214/000125)
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con lo que acordamosal principio de
esta sesión, vamos a tramitar de
forma acumulada las comparecencias números 9 y 10, cuyo autor es el
Grupo Socialista del Congreso y el propio Gobierno, para informar
sobre la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y para
informar sobre el contrato de arrendamiento de la nueve sede de
Correos y la empresa Monthisa.
Esta será la primera parte del tercer grupo, y una vez que hayamos
debatido estas dos comparecencias llamaremos al señor director
general de Correos, que ya está con nosotros, para que ocupe aquí su
puesto, para tramitar la última comparecencia, que es la número 14
del orden del día, cuyo autor es el Gobierno. Seguiremos el mismo
sistema de debate Le damos la palabra al señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señorías, el
objetivo de mi intervención es dar cuenta de la política seguida por
el Gobierno en relación con el servicio postal y, también, sobre la
actuación y proyectos en curso de Correos y Telégrafos. Asimismo, es
mi propósito anunciar y exponer a su consideración las previsiones
del Gobierno en este tema y, por último, los proyectos de futuro de
la propia entidad, Correos y Telégrafos.
La política del Gobierno sobre el sector postal y, por tanto, mi
intención, es la de potenciar la autonomía y la independencia de
Correos y Telégrafos como empresa, tanto por su condición de operador
y gestor del servicio postal universal como de actor en un mercado en
competencia, ambos aspectos desarrollados dentro de la normativa en
vigor. Los gobiernos de la Unión Europea no tienen otro papel que el
de garantizar las condiciones del servicio y el respeto a las normas
del mercado. Para fundamentar, por tanto, la posición del Gobierno y
las estrategias y líneas de acción de la entidad pública empresarial
Correos y Telégrafos, resulta imprescindible determinar las
coordenadas que encuadran las posibles acciones y analizar las
realidades normativas y de mercado. Estas coordenadas y realidades
son, de una parte, el derecho comunitario que regula el sector postal
y la competencia en el mercado único de la Unión Europea y, de otra,
la configuración del mercado postal, a cuyas exigencias tienen que
adaptarse necesariamente los operadores para sobrevivir y tener
éxito.
Como ustedes saben, la Directiva Postal 96/97 del Parlamento y del
Consejo Europeo, de 15 de diciembre de 1997, que contiene el derecho
comunitario sobre el sector, impone obligaciones estrictas a los
Estados miembros e implica un cambio sustancial en el entorno
normativo para la actividad postal en nuestro país. Este entorno
normativo se fundamenta en dos principios básicos: el primero es el
de la liberalización progresiva del mercado postal, mediante una
reducción gradual de los monopolios postales nacionales, y el de la
integración del mercado postal, en los principios ordenadores del
mercado único, en los términos establecidos en el Tratado de la
Unión.
El segundo es la imposición a los Estados miembros de la obligación
de garantizar la prestación de un servicio postal universal a todos
los ciudadanos con las condiciones, requisitos y niveles de calidad
que se especifican en la directiva. Esta prestación se deberá
encomendar a uno o varios operadores, que tendrán la consideración de
proveedores
de servicio universal y deberán tener independencia jurídica y
funcional del órgano estatal regulador.
Una premisa necesaria para la prestación eficaz del servicio
universal es el equilibrio financiero del operador al que se le haya
encomendado esta obligación. Para garantizar este equilibrio
financiero, la directiva permite que los Estados miembros reconozcan
en favor de los operadores del servicio universal un área de reserva
o monopolio en determinadas condiciones, esto es, cuando la
obligación de prestación del servicio universal represente una carga
injusta para el operador del servicio universal, la directiva permite
la constitución de un fondo de compensación que debe ser administrado
por una entidad independiente con sujeción a principios de
transparencia, no discriminación y proporcionalidad.
Para impedir que los operadores que tienen reconocida un área de
reserva puedan llevar a cabo actuaciones de posición dominante o de
distorsión de las normas de competencia en el sector no reservado, la
directiva establece criterios sobre la fijación de tarifas y sobre
los sistemas contables de estos operadores. En el primero de los
casos las tarifas deberán ser transparentes, no discriminatorias y
estar orientadas a costes. En el segundo, impone a los operadores la
obligación de implantar un sistema de contabilidad analítica y de
costes, con la exigencia de mantener cuentas separadas para cada
servicio, desagregando a su vez las correspondientes al sector
reservado, y dentro del sector no reservado las del servicio
universal y las de los servicios que no forman parte del mismo.
Como ya he dicho, el horizonte al que apunta la directiva es el de la
liberalización del mercado postal y para ello prevé la disminución
progresiva y gradual del sector reservado. El Parlamento y el Consejo
Europeos deben decidir sobre la reducción del sector reservado antes
del 1 de enero del año 2000, con efectividad para el año 2003. La
Comisión está obligada antes del 31 de diciembre del año 2000,
a presentar un informe al Parlamento sobre la aplicación de la
directiva y la evolución del sector, acompañando en su caso las
propuestas que estime oportunas. La previsión es la de una posible
liberalización del correo transfronterizo y de la publicidad directa
y una importante reducción del área de reserva en el correo ordinario
en el horizonte del año 2003. El siguiente paso será lógicamente la
liberalización total del sector.
La trasposición de esta legislación comunitaria se ha producido en
España mediante la Ley 24/1998, de 13 de julio, del servicio postal
universal y de liberalización de los servicios postales. Dicha ley
traslada, a mi juicio correctamente, el derecho comunitario. La misma
encomienda a Correos y Telégrafos la prestación del servicio postal
universal, que goza del servicio de interés general, y le impone unas
determinadas obligaciones, a la vez que otorga un ámbito reservado
para financiar el coste del servicio postal universal. Fija también
las obligaciones a las que deben estar sometidas las empresas que
quieran ofrecer servicios en España en el ámbito del servicio postal
universal.
La ley ha sido desarrollada por diversos reglamentos. No me voy a
extenderme mucho en ellos, los cito simplemente. En primer término,
está el reglamento que regula la composición y régimen de
funcionamiento del ConsejoAsesor Postal. En segundo término, el
reglamento que
desarrolla el título II de la ley, relativo a autorizaciones para
prestación de servicios y el registro general de empresas prestadoras
de servicios postales. En tercer lugar, el reglamento de tasas
postales. Estos tres se encuentran ya en vigor. Por el contrario, el
cuarto acaba de salir del Consejo de Estado y ha empezado su
tramitación en el ámbito de la Administración central del Estado. Se
trata del reglamento de prestación de los servicios postales, que
cuenta con todos los informes preceptivos y ha de ser todavía
debatido en la Comisión de Subsecretarios y en el Consejo de
Ministros.
Además, conviene poner de relieve las características del mercado
postal, en el que hay que insertar a Correos en orden a definir su
estrategia. Hace un momento, he hecho referencia expresa al proceso
de transformación acelerada que está sufriendo el mercado postal
desde hace diez años agudizado en los dos últimos años. Por ello me
van a permitir ustedes que haga un breve repaso a cómo se está
desarrollando este proceso.
El cambio del mercado postal se debe fundamentalmente a cuatro
factores: liberalización progresiva, diversificación de la demanda
hacia productos y servicios de mayor valor añadido, aumento intenso
de la competencia e internacionalización de la actividad postal.
Sobre la liberalización progresiva de los mercados postales en el
ámbito de la Unión Europea, ya he indicado que es el horizonte al que
se dirige la normativa comunitaria. El fenómeno, no obstante, es
global y extensivo a todas las áreas geográficas. Para nuestro país
es especialmente relevante la apertura de los mercados
latinoamericanos.
En segundo lugar, la demanda de nuevos productos y servicios también
se está acelerando. En este sentido hace tiempo que la carta entre
particulares ha pasado a un segundo plano, en favor de la carta de
carácter empresarial, comercial e institucional. La emisiones del
correo, por tanto, actúan dentro de una lógica de negocio y de
rentabilidad. Es por esto por lo que los productos postales
tradicionales precisan de una renovación continua, incorporándoles
valores añadidos, de acuerdo con las preferencias y necesidades de
los clientes. Al mismo tiempo, es necesaria la creación de productos
nuevos, como el correo híbrido o el seguimiento y localización de
envíos. Todo ello ha originado unos movimientos de los operadores
privados internacionales que se han posicionado en los segmentos más
rentables, entre ellos, el de paquetería y exprés. España constituye,
además, un caso atípico, dentro del entorno europeo, dado que la
distribución de cartas en el ámbito urbano, así como la distribución
de impresos, publicidad directa, libros y periódicos está
liberalizada. Además, tenemos las tarifas más bajas de todo el
continente.
El tercer factor de cambio es el intenso aumento de la competencia.
La paquetería y el exprés constituyen el foco fundamental de este
incremento de la competencia. Durante los años ochenta y principio de
los noventa han entrado en nuestro país numerosas multinacionales del
sector, UPS, DHL, o TNT, son alguna de ellas conocidas probablemente
de todas SS.SS. Estos dos segmentos, paquetería y exprés, son de alto
valor añadido y de mayor rentabilidad, lo que ha conducido a que
estas empresas hayan realizado importantes inversiones en tecnología
de información, beneficiándose, además, de las economías de escala
que les permiten su dimensión internacional. Asimismo, han
comenzado a gestionar las empresas con arreglo a sistemas más
flexibles, desarrollando la estructura de su red comercial y de
distribución mediante sistemas de franquicias y de acuerdos
comerciales con otras empresas, y no mediante el desarrollo de redes
propias. Todo ello implica, sin duda, menores gastos fijos de
estructura y de inversión.
El cuarto y último factor de cambio hace referencia a la
internacionalización, que es hacia donde se han dirigido las
estrategias de los correos públicos más importantes y dinámicos.
Estas estrategias son, en consecuencia, diferentes. La primera,
seguida por Deutsche Post, no contempla alianzas con otros correos
públicos. La segunda, llevada a cabo por TPG -correos de Holanda- no
excluye las alianzas, pero tampoco las busca. La tercera es la
seguida por los países del sur de Europa (la Poste Francia, Correos
y Telégrafos-España, Poste italiana, CHIT-Portugal, ELTAGrecia), que
buscan y fomentan estas alianzas entre operadores públicos
nacionales. Caso especial es la Royal Mail, que ha iniciado su
camino, siempre singular, como es habitualmente en Gran Bretaña, en
principio también sin buscar alianzas.Estas estrategias van
encaminadas preferentemente a los segmentos del exprés y de la
logística y se materializan conservando sus actores el mayor grado
posible de monopolio sobre el correo tradicional en sus países.
Quienes, sin lugar a dudas, han impuesto la pauta y el ritmo, en lo
relativo a los segementos de paquetería y exprés, son los correos
holandés y alemán, que han seguido una clara estrategia expansiva al
objeto de crear una red transeuropea propia, tanto en los principales
países occidentales, como en los de Europa del Este, incluso están
buscando la creación de una red transcontinental con los países
asiáticos y con Norteamérica. Esta estrategia se ha materializado
principalmente en la adquisición total o parcial de empresas, que
cuentan con una red propia o de importantes empresas locales.
Recuérdese, a título de ejemplo, la adquisición de TNT, que es una
multinacional de origen australiano; Jet Service, que es una empresa
francesa; Tranjato, que es una empresa portuguesa, Rinaldi y
Tecnologística, que son empresas italianas por el Correo Holandés.
Por el contrario, el correo alemán ha adquirido Danzas, que es una
multinacional de origen suizo; DHL, multinacional de origen
norteamericano; Global Mail, que es una empresa norteamericana;
Ducros, empresa francesa; MIT, empresa italiana, y Securicor, empresa
británica. Como digo, todas ellas han sido adquiridas por el correo
alemán utilizando sus rentas de monopolio. Esto es lo importante y
una de las singularidades del mercado postal internacional y de
manera particular dentro de la Unión Europea. Por otra parte, Royal
Mail ha seguido un camino más orientado hacia Norteamérica, donde ya
posee una estructura comercial y ofrece directamente sus servicios
con una cuota de mercado significativa. Referido a Europa, donde ha
creado su propia red comercial, incluida España, también ha movido
pieza en el tema de las adquisiciones con la compra de un importante
operador de paquetería en Alemania, German Parcel, centro a su vez de
la red transeuropea General Parcel. Además, también ha sido activa en
el segmento de las cartas, donde adquirió una participación de la
empresa competidora del correo sueco, City Mail. Por último, cabe
señalar que, según informaciones oficiales, está dispuesta a invertir
1.500 millones de libras
esterlinas en nuevas adquisiciones. En consecuencia, se puede afirmar
que Royal Mail comparte con los anteriores una estrategia orientada
antes a la competencia que a la colaboración con otros operadores
nacionales.
La actuación de La Poste francesa ha tenido determinadas
características diferenciales respecto a las de los correos
anteriormente citados. Su estrategia se ha orientado igualmente hacia
la creación de redes transeuropeas y mundiales, pero mediante una
cooperación y colaboración con otros operadores públicos. En este
punto se ha producido un encuentro entre La Poste y Correos. No
obstante, ha buscado, naturalmente, fortalecer su posición en el
ámbito europeo, adquiriendo empresas cuando no ha sido posible la
colaboración con el operador público nacional. Por ejemplo, el caso
de la adquisición de la Denckhaus en Alemania, principal accionista
de DPD, Dentscher Paket Disenst. Unas palabras sobre la alianza con
La Poste. A la vista de los movimientos de los distintos operadores
europeos, Correos ha desarrollado su propia política de alianzas y de
intervención a nivel internacional. La alianza estratégica con La
Poste es un acuerdo para fortalecer sus respectivas posiciones en el
mercado postal europeo para el momento en que se produzca la plena
liberalización del sector postal. Sus objetivos son satisfacer las
expectativas de los clientes de ambos operadores potenciando una
oferta global de servicios y un incremento del negocio común,
beneficiarse de las sinergias que pueden originarse y mejorar la
prestación del servicio postal universal que ambas partes tienen
encomendada como elemento imprescindible de la responsabilidad ante
la sociedad de un servicio público de interés general. Mediante esta
alianza, Correos busca posicionarse en los segmentos de mercado con
gran potencial de crecimiento y en los que dispone de una baja cuota
de mercado. La alianza se centra formalmente en reforzar una
actuación más estrecha en el ámbito de la correspondencia
intercambiada entre ambos países, buscando mejorar las soluciones
logísticas, tecnológicas y comerciales, la promoción de un grupo
europeo de paquetería y servicio urgente y la constitución de una
filial conjunta y al 50 por ciento en España, bajo la marca
Chronopost España, dirigida al segmento exprés entre empresas. Como
resumen, se pueden considerar como claves estratégicas del acuerdo
las siguientes. En la medida en que los clientes y los mercados son
cada vez más supranacionales, Correos ha querido adquirir esa
dimensión como consecuencia de la voluntad de dar respuesta a la
demanda de las empresas de unos servicios y soluciones globales que
la evolución de la economía y de la sociedad de la información han
generado. De otra parte, el encuentro entre La Poste y Correos se ha
producido sobre la base de una estrategia de cooperación y
colaboración entre operadores públicos. Se quiere ganar
competitividad con el objetivo de conseguir una mejora de los niveles
de rentabilidad, servicio y calidad, tanto para los servicios que se
prestan en competencia como para aquellos que están incluidos en el
servicio postal universal. Se busca incrementar la cuota de mercado
del segmento de paquetería y servicios exprés entre empresas en
España, segmento en el que la participación de Correos era muy baja.
Es un primer paso para crear una red subregional de correos públicos
para la gestión de estos segmentos en la órbita de los países del sur
de Europa. Se quiere fomentar
el correo transfronterizo entre ambos países de modo que suponga un
incremento del negocio común. Y se quiere, por último, conseguir
mejoras operativas de importancia mediante la colaboración técnica.
Hay otros elementos en la actuación internacional de Correos tanto a
escala europea como en el seno de la Unión Postal Universal. En el
reciente congreso de la Unión Postal Universal, España ha obtenido un
puesto en el consejo de administración y en el consejo de
explotación, además de formar parte del comité de gestión de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal y también del consejo
regional que abarca al mundo árabe.
Si me he extendido en exceso en la descripción del cambio del entorno
normativo y del mercado en el sector postal es porque ello resulta
imprescindible para poder trazar un plan estratégico que permita el
desarrollo de Correos y Telégrafos. El escenario es muy distinto al
de años anteriores y el esfuerzo que debe hacer Correos es muy
importante, por lo que necesita un apoyo decisivo para potenciar sus
capacidades y su libertad de actuación. Con estas premisas, a lo
largo de 1997 se abordó la elaboración de un plan estratégico como
instrumento conductor para pasar de la situación de partida al logro
de una posición competitiva en un mercado liberalizado. El plan
estratégico vigente desde 1998 y hasta el año 2000 se fundamenta en
un análisis amplio sobre el entorno, el mercado y el marco normativo
comunitario y en un análisis también amplio sobre las potencialidades
y debilidades internas. Define, asimismo, la posición en el mercado
de Correos y Telégrafos, su orientación estratégica y el conjunto de
programas de acción a desarrollar. El plan estratégico fija un
conjunto de objetivos que están articulados alrededor de la
orientación de la entidad pública hacia el mercado y el cliente, así
como crecer y sanear resultados, por cuanto son los que garantizan la
viabilidad financiera de la empresa. Esto supone un cambio de casi
180 grados en una organización de corte burocrático acostumbrada a
plantear las cuestiones desde una perspectiva fundamentalmente
interna. Correos y Telégrafos tiene que mirar al exterior; su éxito
depende de la adaptabilidad a las exigencias de la realidad. Correos
está ejecutando en un alto grado los objetivos y los planes de acción
establecidos en el plan estratégio y ha puesto en marcha un número
muy importante de proyectos. Personalmente, me siento obligado a
reconocer los esfuerzos y las iniciativas que está desarrollando la
entidad para convertirse en una empresa competitiva en el año 2003 y
entiendo que esta es la mejor fórmula y la más segura para garantizar
la prestación del servicio universal. Algunos de los proyectos en
curso los cito telegráficamente, y valga en este caso la expresión.
Yo supongo que SS.SS. tienen un gran interés por una empresa que
factura 165.000 millones de pesetas al año y que tiene 65.000
trabajadores.
He de destacar en primer término, en el ámbito de la organización, la
creación de una dirección de planificación estratégica, la separación
organizativa de la red de oficinas y de las unidades logísticas y la
creación de una dirección de tecnologías. Se ha racionalizado la
estructura territorial, reordenando las zonas territoriales y
homogeneizando su estructura interna, y se ha racionalizado
igualmente la estructura de la red de oficinas y está pendiente de
aplicación la racionalización de la estructura de la red de logística,
las unidades de reparto, pabellón y centro de intercambio. En el
campo de los proyectos tecnológicos, el esfuerzo en inversión y
desarrollo tecnológico está siendo muy importante, pues el éxito del
cambio depende en buena medida de la renovación y la apertura de
Correos y Telégrafos a las tecnologías actuales. El esfuerzo de
cambio tecnológico se centra en el plan de sistemas de
informatización, en los proyectos de automatización y también en la
mejora y actualización de la red de telecomunicaciones. Los proyectos
más importantes del plan de sistemas de informatización son: el
proyecto Iris, sistema integrado de gestión de personal y sistema de
facturación y cobro; este sistema gestiona una base de 5.000 clientes
y realiza la facturación correspondiente a 40.000 notas de entrega.
Estos proyectos estarán finalizados en el presente año 1999. Si
consideramos los procesos intermedios de la cadena postal vamos a
asistir en el año 2000 a una explosión de proyectos. En estos
momentos se está diseñando por un amplio equipo interno, con apoyo de
consultores externos, la constitución básica del modelo logístico del
2000, es decir, la ubicación de los centros de clasificación, el
dimensionamiento de los flujos que habrán de pasar por ellos, los
programas y pasadas de clasificación a realizar y las características
del equipamiento a adquirir. La inversión prevista es de
aproximadamente 20.000 millones de pesetas en los próximos dos años.
Y cerrando el circuito postal llegamos a las unidades de reparto, a
las carterías, tradicionalmente excluidas de los programas de
modernización acometidos hasta hoy y que van a cambiar también de
manera significativa sus procesos de trabajo. Queremos lavarle la
cara al extremo final de nuestro circuito postal; queremos dar una
respuesta clara a las inquietudes del mayor colectivo de los que
componen la casa mejorando sus procesos y sus condiciones de trabajo.
Es en la distribución, en la última milla, donde reside nuestra
competencia clave, lo que nos diferencia de otros y donde nos jugamos
nuestro futuro. El proyecto Sur, que por primera vez introduce la
informática en las unidades de reparto, ha superado con éxito las
pruebas piloto en Gijón y a lo largo de los próximos dos años se irá
implantando progresivamente en todas las carterías. La eliminación
del papel en los registros realizados por los carteros y el
suministro a los grandes clientes de información en soporte
informático sobre las entregas serán dos de los avances más
significativos que aportará el proyecto. Para ello se van a invertir
9.500 millones de pesetas en modernizar las carterías, en hacerles
llegar la tecnología y los nuevos procesos.
Correos se ha ocupado también de la calidad y ha organizado dos foros
nacionales cuyas conclusiones no voy a relatar a SS.SS. En el primer
foro se decidió la adopción del modelo europeo para la excelencia
empresarial como guía para la implantación de prácticas de gestión
excelentes y como vía para la mejora de la calidad de los servicios,
habiéndose puesto en marcha diversas iniciativas y sugerencias, todas
ellas con el propósito de contribuir a la mejor calidad en la
prestación del servicio.
En el ámbito de los recursos humanos, el plan estratégico prevé las
siguientes líneas de cambio: aumento de la autonomía de la entidad en
materia de recursos humanos, la flexibilización del régimen de
personal, la modernización de la gestión de los recursos humanos,
cambios en el
sistema retributivo, cambios en la cultura, mejora y adaptación de
las competencias y capacidades profesionales y motivación e
implicación del personal en los objetivos del plan. El primer
convenio colectivo de la entidad pública empresarial entró en vigor
el 4 de noviembre pasado mediante su publicación en el Boletín
Oficial del Estado. Como acciones destacables llevadas a cabo por la
entidad en este período podemos mencionar las siguientes: aplicación
del plan de empleo, que se había firmado por Correos en 1995, y
modernización del sistema de retribuciones, adecuando
responsabilidades y niveles retributivos e implantando un sistema de
incentivos económicos; sistema de incentivos que se empezó a aplicar
mediante una prueba piloto en un grupo de 150 oficinas en el último
trimestre de 1998 con resultados satisfactorios. En 1999 se ha
iniciado la aplicación en la red de oficinas y en la red logística.
Los incentivos van ligados a la consecución de objetivos de las
unidades y penalizan el absentismo.
Finalmente, señorías, consecuencia de todo ello es el balance de
resultados que se puede ofrecer después de tres años y medio de
gestión en el marco de estas directrices. En el año 1996 la cuenta de
explotación de Correos ofrecía un déficit de 36.263 millones. No se
incluye la deuda histórica porque, de incluirse la deuda histórica de
Correos ya pagada, se elevaría el déficit de explotación a una
cantidad cercana a los 50.000 millones de pesetas. En el año 1997 ese
déficit de explotación se redujo a 22.400 millones, en 1998 se redujo
a 8.700 millones y en 1999 se reducirá con toda probabilidad a 4.150
millones. Hay, pues, una reducción espectacular del déficit de
explotación del ente público empresarial y ello se ha hecho al mismo
tiempo que se incrementaban fuertemente las inversiones. Entre 1996 y
1998 se invirtieron 37.000 millones de pesetas y para 1999 y 2000 se
prevé una inversión en ambos ejercicios de 50.000 millones de
pesetas. El nivel de autofinanciación, que es también síntoma del
proceso de saneamiento de Correos, en 1996 ofreció un déficit de
2.115 millones, pasó a tener un resultado positivo en 1998 de 3.500
millones, en 1999 de 5.800 millones y en el año 2000 tendrá con toda
probabilidad 9.170 millones de capacidad de autofinanciación. Al
mismo tiempo que se reducían las subvenciones también se ha cambiado
la composición de las mismas. Tradicionalmente, la subvención de
explotación era muy superior a la subvención de capital para realizar
inversiones. Por primera vez en el año 1999 la subvención de
explotación es de 10.000 millones de pesetas y la subvención de
capital es de 14.000 millones. Esta diferencia se incrementa en los
presupuestos que están en estos momentos en la Cámara para el año
2000. La subvención de explotación será de 4.000 millones de pesetas,
la subvención para operaciones de capital será de 13.394 millones de
pesetas.
Este es, señorías, el resultado de una gestión y, por consiguiente,
se puede poner de relieve que, primero, Correos está en un acelerado
proceso de modernización; segundo, ese proceso de modernización es
posible porque se ha mejorado extraordinariamente la gestión;
tercero, Correos se está preparando para competir en un mercado que
hacia el año 2003-2004, con bastante probabilidad, estará si no
totalmente liberalizado casi totalmente liberalizado; y finalmente,
Correos ha puesto en marcha una estrategia de
alianzas internacionales que le permitirá competir en el mercado de
la Unión Europea al mismo tiempo que defiende y mejora sus posiciones
en el mercado nacional español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Gerardo Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor ministro, nosotros pedimos su
comparecencia para unas cosas muy concretas y mi opinión personal es
que ha venido aquí a intentar soltarnos un rollo macabeo -que por
cierto nos lo ha soltado- que creo que le han escrito y usted lo ha
leído. Yo creo que usted ni yo nos enteramos de lo que ese rollo
significa. A la hora de describir ese plan sobre Correos ha dado un
montón de lugares comunes, de afirmaciones genéricas que no llevan a
ninguna parte, que no dicen nada en concreto, como por ejemplo que
vamos a implicar mejor al personal en no sé qué, etcétera. ¿Eso va a
ser bueno o va a ser malo? Vamos a tener tantos proyectos que no se
cómo se llaman. ¿Esos proyectos van a servir para mejorar la calidad
del servicio o para empeorarla? Usted no nos lo ha explicado. Nos ha
dicho cómo se llaman los proyectos y la cantidad de dinero que
quieren invertir, pero no nos ha dicho en qué consisten, no nos ha
dicho qué pretenden hacer. No nos ha dicho, por ejemplo, qué
pretenden hacer con las oficinas rurales, si van a abrir más o van a
cerrar más, y han cerrado muchas, por cierto. No nos dice cómo
piensan mejorar la calidad del servicio, que es bastante mala. No nos
ha dicho nada.
Yo no voy a caer en la trampa de entrar en su juego. Yo he venido a
hablar hoy del correo pero de otras cosas del correo, de las que
usted no quiere hablar. Le voy a hacer una serie de preguntas. Ha
citado el proceso de modernización de Correos como indicándonos un
horizonte feliz para Correos y los procesos de modernización del
Partido Popular los conocemos muy bien. Todos, inexorablemente todos,
acaban en deterioro del servicio público y regulación de empleo. Eso
sí, en algunos casos mezclados con enriquecimiento rapidísimo,
vertiginoso e inexplicable de los que hacen esos planes de
modernización del Partido Popular. Todos son así. Por tanto, cuando
usted habla del proceso de modernización en el correo nos echamos a
temblar. Pero como sí nos importa el correo público, señor ministro,
como sí nos importa la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos, ya le anuncio que en breves fechas vamos a discutir sobre
este asunto. Hoy, en concreto, usted ha venido aquí a soltar su rollo
-en el buen sentido- y yo voy a soltar el mío, que es para lo que le
hemos pedido la comparecencia, no para lo que usted ha venido a
decir. Tiene usted derecho a venir aquí, por supuesto, a decir eso y
lo que quiera.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, estamos viendo dos
comparecencias a la vez.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo sé.
El señor PRESIDENTE: Una, la que ha solicitado el ministro para
exponer la situación de la entidad, que es lo que ha hecho, y otra,
la de ustedes. Es decir, que no ha venido
aquí porque ustedes lo hayan llamado, ha venido porque
voluntariamente el Gobierno ha solicitado la comparecencia. Lo digo
simplemente para orientarle en su intervención.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Se lo agradezco, señor presidente, pero
le aseguro que no hacía falta. Me he leído el orden del día, conozco
el Reglamento de la Cámara y alguna experiencia tengo porque llevo
algunos años aquí; usted lo sabe. Por tanto le agradezco -repito- su
aclaración, aunque no hacía falta. Ya sé que el señor ministro ha
pedido comparecer, igual que lo ha hecho el director general de
Correos, deprisa y corriendo y forzados por las circunstancias; eso
lo sabemos. Forzados por las circunstancias, no con ganas de venir
aquí. El ministro ha dicho: Voy a ver si les meto un rollo y los
enredo un poquito para que no hablemos mucho de lo que ellos quieren
hablar. Pues no, vamos a entrar en la cuestión. Le voy a hacer al
señor ministro unas pocas preguntas y, además, se las voy a pasar a
usted, señor presidente, y al señor ministro por escrito a fin de que
tenga la facilidad, mientras hablan otros grupos, de recordarlas para
que me las pueda contestar, no vaya a ocurrir que no le de tiempo al
señor ministro de tomar nota de ellas y a algunas no pueda contestar
porque no recuerde que se las he formulado.
Quiero saber, señor ministro, si conoció usted que iba a ser
establecido un contrato de alquiler de un edificio de su ex socio y
amigo íntimo, el señor Santos Montoro, para sede central de Correos.
Quiero saber también si le informó de ello su subordinado, el
director general de Correos y Telégrafos, señor Esteruelas. También
quiero saber si este verano, cuando compartió yate en las vacaciones
estivales de Mallorca con su ex socio y amigo íntimo, señor Santos
Montoro, no le informó de la operación con Correos. ¿Qué relaciones
societarias ha mantenido después de 1981 con el grupo de empresas
Monthisa o con sus accionistas, usted o personas de su entorno
familiar? ¿Ha tenido su ministerio alguna relación de cualquier tipo
con el grupo de empresas Monthisa o con alguna de las personas
físicas o jurídicas que integran su accionariado? Estas preguntas se
las voy a pasar por escrito y deseo que me las conteste usted. No es
por molestarle, se lo aseguro, es porque queremos saber la verdad de
lo que está pasando aquí. Y como ustedes desde el Gobierno y desde la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos están hurtándonos
permanentemente la información, nosotros vamos a seguir insistiendo
en ella porque queremos conocer la verdad. Si la verdad es la que
nosotros deseamos, es decir, si la verdad es que todo es normal,
limpio y transparente -lo he dicho también el otro día-, nosotros nos
alegraremos profundamente de que así sea; si no es así, exigiremos
las responsabilidades a que haya lugar. Por tanto, interprételo usted
así, señor ministro, con todo respeto a su persona y a su cargo.
Queremos saber la verdad y esta es la razón de que ahora le pase por
escrito estas preguntas que espero que usted me conteste.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos en representación
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, comoson dos puntos del
orden del día, el 9 y el 10, voy a empezar
por el 10 y vuelvo después al 9, que es la prueba del algodón de todo
lo demás.
El señor PRESIDENTE: Como usted tenga por conveniente.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: El señor ministro nos ha hecho aquí una
lectura de lo bien que funciona el correo pero se ha olvidado de un
pequeño detalle, y es que la Ley postal se aprobó hace 15 meses, año
y medio, y que le daba a usted un plazo de 9 meses para tener
aprobado el plan de prestación del servicio postal universal y el
reglamento de prestación del servicio postal. Ninguno de los dos
papeles está aquí. Usted ha incumplido la ley, no ha sido capaz de
cumplirla. La ley le daba un plazo y los plazos en las leyes no son
tentativos. Los plazos en las leyes están para que usted tenga una
actuación determinada. ¿Y por qué le daba esos plazos la ley? Si
fuese un problema de tiempo pero al final lo hacen, estaría bien
porque así habrían tenido más tiempo para trabajarlo, pero ese no era
el problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que estábamos en un proceso
de competencia en el concierto europeo y había una directiva del año
1997 que les obligaba a liberalizar, y ese proceso de liberalización
se estaba haciendo bajo dos parámetros en nuestro país: uno, un
proceso de privatización indirecta, no directa, porque se iba la
parte más rentable del servicio postal a la competencia privada; y un
deterioro del servicio postal universal. El reglamento debería haber
recogido todos los requisitos para significar que el servicio de
inspección el funcionamiento de la fórmula para ejercer el servicio
postal y la parte reservada que ustedes se han quedado iba a ser
eficaz. Yo le formulé una pregunta en mayo de 1999 y usted me
reconocía en la respuesta que había irregularidades o infracciones en
el servicio postal reservado en 256 millones de envíos y en torno a
8.800 millones de pesetas por infracción postal. Si usted no se dota
de un reglamento para poder actuar estamos aplazando esa actuación.
Cuando le pregunté me respondió usted que había 16 procesos
sancionadores; ahora le he preguntado de esos 16 cuántos han
concluido poniendo sanción. Fíjese en los datos de la evolución para
poder conocer al final lo que podríamos poner en marcha. Si usted
hubiera hecho el plan de prestación que yo le he citado antes ya lo
hubiéramos tenido hoy definido. Usted hoy comparece aquí y nos ha
leído un papel de brillante gestión abocado a las elecciones; si
usted lo hubiera hecho el día que toma posesión, con cuatro años por
delante, le diría que está bien, que es una línea, un paso, pero este
es el balance de gestión. ¿Tenemos fijados hoy cuáles son los
parámetros de la calidad del servicio y cómo se van a garantizar los
derechos de los usuarios? No. Eso debe estar en el plan de
prestación. ¿Tenemos cuál es hoy la extensión de la red y las
facilidades de acceso de los ciudadanos a la misma, en concreto en
las zonas rurales? No. Es más, el reglamento en el que ustedes
estaban trabajando recoge en el apartado 40, párrafo segundo, que si
el ciudadano no recibe la carta podrá dirigirse al servicio de las
oficinas postales a reclamar el envío. Muy bien, los ciudadanos para
recoger la carta que debían recibir van a ir a la oficina. En las
zonas rurales eso tiene que ser un éxito total. Yo me conozco algunas
regiones, en concreto la mía, y la Cañada de la Cruz está a 67 kilómetros
de Moratalla y Moratalla a 100 de Murcia. Imagínese usted el
recorrido que hace el ciudadano para recoger la carta. ¿Tienen
ustedes hecho el contrato-programa? ¿Cómo se va a financiar el
servicio postal universal? ¿Cómo va a funcionar el plan de
inversiones? En concreto, ¿es verdad o no que han recurrido algunas
actuaciones a la Unión Europea? Por ejemplo, ¿la existencia de un
fondo de inversiones ha sido recurrido o no a la Unión Europea? La
creación del fondo, las sanciones, ¿quién decide quién pone las
sanciones, si es usted, si es un departamento de usted, si debe de
ser un departamento ajeno a correos? ¿Cómo? ¿Ha sido recurrido a la
Unión Europea, sí o no?
En suma, ha hecho usted aquí un canto del buen funcionamiento del
servicio postal modernizado, mejor gestionado, que se está preparando
para competir con alianzas, aunque no sé si son alianzas o algunos
acuerdos de conveniencia. Usted ha hablado de Chronopost, muy bien,
podemos hablar también de ese acuerdo, de cómo está funcionando y de
qué parte del servicio puede trabajar.Yo me hubiese contentado con
que usted hubiera dicho que la Ley postal está siendo eficaz desde
hace tanto tiempo y tenemos desarrollado todo lo previsto en la ley,
conforme a los acuerdos que marcaba. Yo hubiera dicho que es una
buena gestión. Pero nos ha hablado aquí, a las nueve y pico de la
noche, de una lista de tareas que a mí me ha sonado a la técnica que
tiene el calamar para pescar, que suelta la tinta y después pesca.
Usted nos ha echado aquí toda la tinta y ahora vamos al fondo del
punto 9, del que por cierto no nos ha hablado. El punto 9, que no era
el que usted había pedido aunque se ha agrupado y usted lo ha
desagrupado, dice: para informar sobre el contrato formalizado entre
la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y la empresa
Monthisa con destino a la sede del citado organismo. De eso usted no
nos ha informado.
Voy a hacerle una serie de preguntas para precisar cómo se ha
producido esa información. Lo primero de todo es saber si la
documentación que usted nos ha repartido se ha cumplido. Fíjese en lo
que dicen los estatutos del ente público empresarial Correos y
Telégrafos, del día 16 de febrero del año 1998, en su artículo 4: que
la contratación debe sujetarse a los principios de publicidad,
concurrencia, salvaguarda del interés público y homogeneización del
sector público, desarrollándose en régimen de derecho privado. En el
caso concreto de esta nueva ubicación, ¿se ha cumplido lo marcado en
los estatutos? ¿Cuántas ofertas ha habido? Ustedes, según la
información que nos han dado aquí, en la parte primera anduvieron
buscando, pidieron a Patrimonio, pidieron a no sé quien y al final
una entidad determinada les ofrece a ustedes unas instalaciones con
una ubicación determinada. Esa ubicación en el Campo de las Naciones
significa que una oferta de una empresa concreta nos va a costar 540
millones de pesetas al año. El argumento que ustedes utilizan es que
es más barato que el que tenían ahora, que era de 567 millones, que
es más grande, tiene más metros, 16.000 metros cuadrados, y además
hay más plazas de aparcamientos. Son los argumentos que ustedes
utilizan en los papeles que nos han dado para presentarnos la
explicación que usted nonos ha dado, que es verbal.
¿A cuántas empresas pidieron información ustedes? Cuando voy a buscar
un piso para alquilar o comprar, yo me dedico a mirar. ¿Cuántos
miraron ustedes en el departamento de Correos? ¿Cuántas empresas han
visitado o buscado para ubicarse con esas condiciones, con opción de
compra, que es otra de las cosas que vendría después? ¿Por qué se ha
tomado esa decisión con una sola oferta? ¿Cuál es la vida
administrativa de esta historia? Es una parcela en el Campo de las
Naciones que es vendida por el ayuntamiento por 89 millones, que
duplica la edificabilidad en julio de de 1997 y que al final se vende
por 1.800 y el que la ha comprado por 1.800 le va a sacar 6.000. En
dos añitos está bien. La multiplicación de los panes y de los peces
es un invento arcaico comparado con esto, se ha quedado, poco más o
menos, en la Edad de Piedra. Yo pienso que esto es complicado.
Fíjese, esto sale en un períodico el día 11 y el día 12 hay una carta
publicada en todos los centros de trabajo que dice textualmente que
en cuanto a las informaciones aparecidas en el diario El País sobre
la nueva sede de la dirección, queremos manifestar lo siguiente, y
explican todos los puntos. Se distribuyó por todos los centros, a mí
me ha llegado de tres o cuatro. ¿Este procedimiento es normal?
¿Cuando sale una información en un medio de comunicación es normal
que ustedes hagan una comunicación interna y lo claven en todos los
edificios de Correos y además lo repartan entre el personal? Eso sí,
es comunicación interna, es tan comunicación interna que al día
siguiente la tenía yo. Es una comunicación interna, un tanto
limitada. Aquí hay una serie de informaciones. Estoy tentado de
preguntarle sobre lo que aquí dice. Aquí describe un camino de las
ofertas que ustedes analizaron en un momento detrminado y que en la
inforamción que nos ha dado no lo pone. En la comunicación interna a
sus empresas sí pone que ha desechado una de Campsa, una del Banco
Central, otra de Tabacalera. Aquí no nos lo han puesto ustedes, no
nos lo ha dado en la información y fue informado el consejo de
administración.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya concluyendo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente.
Hay unas obligaciones cuando se da una licencia a un determinado
señor para construir. ¿Es cierto que la adecuación de ese local ha
costado después dinero al propio Correos para adaptarlo porque no se
cumplían algunas normas de seguridad e higiene? ¿Es cierto que había
un informe que desaconsejaba esta oferta por el área de finanzas de
Correos o no lo es? En suma, ¿es cierto que el director de Correos,
don José Ramón Esteruelas, fue socio del propietario de la empresa
que al final ha tenido relación y que usted mismo también tuvo
relación? ¿Lo fue o no lo fue? Aunque aparezca aquí una empresa
alemana, que es la inmobiliaria, haciendo la oferta, usted entienda
que, siendo muy bien pensado, podemos creer que se han encontrado con
esto, pero podemos pensar que no lo hay, porque en política además de
serlo hay que parecerlo y cuando uno está gobernando, más todavía.
Por eso, yo creo que sería bueno que ustedes precisaran cómo se ha
hecho ese procedimiento y cómo se ha evitado que personas que tenían
relación no se hayan visto favorecidas
al tener una persona conocida en la Administración. ¿Cómo se
han estudiado e informado cada una de las ofertas que ustedes han
trabajado? ¿Qué ventajas han rechazado? ¿Por qué se han ubicado ahí?
Yo le digo, mirando Madrid -y yo no soy de Madrid-, que si en lugar
de tirar hacia arriba, con la misma distancia a la que ustedes se
trasladan, si tiran hacia abajo, lo mismo vale la mitad el alquiler
de la misma superficie. Si han desechado algunos metros cuadrados en
oferta, dígannos, por favor, con qué soporte técnico, con qué
garantías del artículo 4 de los estatutos, porque cuando se habla de
publicidad y de transparencia en las decisiones, es muy bueno que se
demuestre con la actuación administrativa.
Termino, presidente. He estado esperando este momento para poder
hacer las preguntas. Por cierto, todavía quedan vivas una solicitud
de comparecencia y una pregunta escrita de nuestro grupo. Volveremos
sobre ello si el tiempo no lo impide, porque el 23 de diciembre está
más cerca de lo que puede parecer.
Señor ministro, lo que intento decirle con esto es que sería bueno
que ustedes informen y den respuesta en la Cámara a lo que demandan
los grupos. Por eso, la estrategia que usted ha utilizado hoy a mí no
me parece procedente, aunque usted tenga amparo reglamentario para
hacerlo. Si yo le pregunto cómo está su casa y usted me dice que está
para llover, pues yo le digo que puede venir tormenta, y eso es lo
que le ha pasado a usted esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Simplemente,
no he tocado ese tema porque he querido deliberadamente posponerlo
para escuchar a sus señorías. ¿Es que no tengo derecho a hacerlo? ¿Es
que eso es antirreglamentario? ¿Es que eso es contrario a la ética?
Francamente, yo puedo seguir la estrategia parlamentaria y la táctica
parlamentaria que me permita el Reglamento, y eso es lo que hago,
señoría.
Lamento profundamente que ustedes no hayan atendido debidamente a la
lectura de un informe de gestión, lo lamento, porque he dicho antes
que se trata de un ente público que factura 165.000 pesetas o más,
180.000 probablemente este año, y en el que trabajan 65.000
trabajadores. Ustedes han obtenido toda esa información vía sindical
y, por tanto, deberían ser más respetuosos con los sindicatos y los
trabajadores de los sindicatos que están en Correos. Hoy, ustedes
aquí no han sido respetuosos. Con todos los respetos, se lo digo así:
Ustedes hoy no han sido respetuosos porque a los trabajadores de
Correos les importa mucho la aplicación del derecho comunitario, les
importa mucho el servicio universal y les importan mucho los
proyectos de modernización de Correos.
Decir, como ha dicho el señor Torres, que no he hablado de nada para
decirme inmediatamente después que tendría que haber hablado de más
cosas, no deja de ser una intervención un tanto peregrina. Por
consiguiente, lo que lamento es que ustedes, sobre Correos, no hayan
dicho absolutamente nada, nada de nada. No han dicho nada serio sobre
Correos y lo lamento profundamente porque habríasido
extraordinariamente positivo que hubiéramos intercambiado
puntos de vista y que hubiéramos debatido justamente la aplicación
del plan estratégico. Su señoría se ha limitado a decir que he
incumplido un plazo en la aplicación de un precepto de la ley que
establece nueve meses para que se dicte un reglamento. Le he dicho
que se han aprobado cuatro reglamentos y el último que queda, que es
el reglamento de prestación de servicios postales, está ya en el
ámbito de la Comisión de subsecretarios. ¿Que va con un poco de
retraso? Pues, sí. Pero sacar de ahí un drama y una ineficacia
política... (El señor Ríos Martínez: El plan.) Sabe S.S. que se
necesita el reglamento para hacer ese plan y que, de momento, está en
marcha el plan estratégico, que es lo fundamental para Correos. AS.S.
le debería preocupar y debería elogiar el balance de gestión al
reducir el déficit de explotación, porque ésa es la única manera de
salvaguardar la entidad pública empresarial. La única manera es tener
una cuenta de resultados y poder programar unas inversiones. Todo lo
demás, señoría, vendrá dado por añadidura.
Yahora vamos con la verdad. El señor Torres se ha presentado
obsesionado por la verdad. Yo me permito dudarlo. Al señor Torres no
le preocupa para nada la verdad y lo único que le importa es tratar
de buscar, una vez más, desesperadamente, un escándalo, para ver si
en las próximas elecciones se obtiene una rentabilidad. (El señor
Blanco López: ¡Si ya van muchos!) Desesperadamente, a la búsqueda de
un escándalo. Lo van a escuchar ustedes todas las veces que planteen
un montaje como el que se ha hecho con Correos; porque esto,
señorías, es un montaje, y voy a tratar de demostrar que lo es. Usted
no debería caer en esa trampa, señor Ríos, no debería hacerlo. Está
usted cayendo en la trampa que lanza una determinada estrategia del
Partido Socialista; no debería caer en esa trampa. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: No, tiene que apoyarle.)
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Ustedes
siguen obsesionados con que los responsables políticos entremos en
los procedimientos administrativos de contratación y en las mesas de
contratación. Yo no entro en los procedimientos administrativos de
contratación y no me interfiero en las mesas de contratación. Que
quede absolutamente claro, señor Ríos. Austedes les encanta; me
parece muy bien. Si ustedes encuentran algún tipo de irregularidad,
es legítimo que pidan la comparecencia y se darán explicaciones; y
voy a darlas. Si encuentran ustedes alguna cuestión más grave, vayan
a los tribunales de justicia (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
Iremos.- El señor Torres Sahuquillo: Todo llegará, no tenga prisa.)
El señor PRESIDENTE: Calma, señor Torres, ya le tocará la réplica.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Vamos con
las dos cuestiones que se plantean, desde una perspectiva general, en
la adjudicación del contrato de arrendamiento de Correos. Por una
parte, existe la necesidad de analizar el procedimiento de
contratación
para ver si se han cumplido todas las normas procesales; por otra
parte, hay que analizar el resultado de la aplicación de ese
procedimiento, es decir establecer el análisis y la valoración del
contrato de arrendamiento finalmente suscrito, y, al margen de ello,
han planteado SS.SS. algunas cuestiones personales a las que también
trataré de dar alguna respuesta.
Punto primero. En materia de procedimiento, las normas de
procedimiento aplicables, señor Ríos, son las elaboradas por la
dirección de Correos en época del Gobierno Socialista. (Risas.)
Ríase, señor Morlán, pero es así. Son las normas de procedimiento que
ustedes elaboraron. No se quejen cuando esas normas se aplican. (El
señor Morlán Gracia: Sí, pero aplíquelas bien.)
El actual contrato de arrendamiento de la calle Aduana fue adjudicado
por el sistema de adjudicación directa sin concurrencia en la oferta,
por aplicación de las normas vigentes elaboradas por la dirección de
Correos en la época del Gobierno socialista.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, una cuestión de orden.
No hemos preguntado nada sobre el contrato de la calle Aduana;
estamos preguntando sobre el contrato del Campo de las Naciones.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): ¿Limita
usted mi libertad de expresión, señoría?
El señor TORRES SAHUQUILLO: No, señor ministro, pero quiero que se
atenga a la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, eso no es una cuestión de orden ni
muchísimo menos. Usted se limita a esperar su turno de réplica, y el
señor ministro está utilizando el turno que reglamentariamente le
corresponde. Por tanto, le ruego que no vuelva a interrumpir la
intervención de nadie, ni del señor ministro ni de cualquier otro
diputado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Nunca van a
poder ustedes evitar la comparación, nunca, porque la única manera de
valorar el nuevo contrato de arrendamiento es compararlo con el
vigente; claro que sí, claro que es un procedimiento legítimo y es lo
que voy a hacer.
Primer punto: Procedimiento de adjudicación. Edificio de la calle
Aduana: adjudicación directa sin concurrencia de oferta; época del
Gobierno socialista. Procedimiento de adjudicación del nuevo
contrato: concurrencia en la oferta.
Segundo punto: El expediente de contratación de la calle Aduana está
integrado exclusivamente por el documento que formaliza el contrato,
no hay ni un sólo informe técnico ni jurídico en el expediente. El
expediente de contratación del edificio en el parque Juan Carlos I
está integrado por la solicitud de información inmobiliaria a la
Dirección General del Patrimonio del Estado, a la búsqueda de la
compra de un edificio, por la información dirigida a la Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonios y por las distintas
propuestas de varias entidades de intermediación inmobiliaria.
Respecto del inmueble arrendado hay tres informes: el informe
jurídico, el informe
financiero y el de compras. Después me referiré a esos informes,
señorías.
Tercer punto: Contrato de la calle Aduana: el consejo rector del
organismo autónomo consideró exclusivamente la oferta a la que se
adjudicó el contrato. Nuevo contrato: el consejo de administración de
la entidad pública empresarial analizó la procedencia de optar por la
compra o por el arrendamiento. Inicialmente, se intentó la compra y,
posteriormente, se decidió por el arrendamiento. Se estableció la
necesidad de seleccionar dos ofertas definitivas y descartó muchas
otras; se puede dar la relación.
Cuarto: El contrato de arrendamiento de la calle Aduana incorpora
unos gastos adicionales para obras de 300 millones de pesetas que se
incrementaron hasta 430 millones de pesetas. La obras ejecutadas en
el nuevo contrato de arrendamiento se han contratado en expediente
distinto al de arrendamiento y hasta la fecha ascienden a 143
millones de pesetas.
Vayamos con las condiciones de arrendamiento, señoría. Precio anual
del arrendamiento, sede actual, arrendado en 1992 cuando el precio de
los arrendamientos era notablemente más bajo que ahora, 599 millones
de pesetas al año. Sede nueva, arrendado en 1998, renta anual, 543
millones de pesetas. Superficie total de la sede actual, 11.000
metros cuadrados. De la nueva sede, 16.000 metros cuadrados. Plazas
de garaje, 233 en la actual sede; 248 en la nueva. Precio de alquiler
de las plazas de garaje, 15.000 pesetas al mes en la sede actual. En
la nueva sede, 10.000 pesetas al mes. Antigüedad del edificio, el de
la calle Aduana, del año 1992. Del año 2000, porque se terminará a
finales de este año o a principios del próximo, el nuevo edificio
arrendado. Precio del metro cuadrado. En el año 1992 en que fue
arrendado el edificio de la calle Aduana, 3.350 pesetas al mes por
metro cuadrado arrendado. Siete años más tarde se alquila este
edificio, la nueva sede, a 2.200 pesetas el metro cuadrado de
arrendamiento. (El señor Blanco López: Si lo alquilan en Lugo, más
barato todavía.)
Comprendo que a ustedes les molesta la comparación, pero se pone de
relieve la existencia de un magnífico contrato para el nuevo edificio
que requiere el proceso de modernización de Correos.
Vamos con el proceso de adjudicación del actual contrato. Ya he
descrito que no hay procedimiento de adjudicación en la época del
Gobierno socialista, es una adjudicación directa y no hay más
documentación. La única formalización es el contrato mismo. Ése es el
procedimiento en el año 1992, señoría, no está tan lejos, no es 1982,
sino 1992. Además, de las diversas ofertas de compra, de los escritos
dirigidos a la Dirección General del Patrimonio, etcétera, y del
análisis de las ofertas, el borrador de contrato es objeto de tres
informes que ya le he mencionado: el informe de los servicios
jurídicos, el informe de la subdirección de compras y el informe de
la dirección de finanzas que es el que hace observaciones. De las
diez observaciones que hace se admiten ocho, y los informes se han
enviado a la Cámara, como se ha enviado el texto del contrato. Por
tanto, puede comprobarlo su señoría. Yo le puedo dar aquí la relación
porque tengo aquí el informe.
El consejo de administración ha seguido todo el procedimiento y le
voy a dar la relación de fechas en que el consejo
de administración se ocupa de la compra o arrendamiento de un
nuevo edificio para Correos: el 18 de julio de 1997; el 26 de
septiembre de 1997; el 17 de octubre de 1997; el 7 de noviembre de
1997; el 28 de noviembre de 1997; el 19 de diciembre de 1997; el 27
de marzo de 1998 y el 29 de mayo de 1998.
Como usted comprenderá, a la vista de todas estas circunstancias,
nada hay más justificado que la adjudicación del contrato por el
órgano de contratación que es el consejo de administración, en
circunstancias extremadamente favorables, desde cualquier análisis,
desde el análisis: del mercado inmobiliario, desde el análisis de la
conveniencia de una nueva sede para correos o desde el análisis del
propio proceso de modernización de Correos y de la necesidad de un
edificio inteligente que tenga en cuenta las transformaciones a las
que está sujeta el mundo postal.
Tengo aquí, señorías, un informe sobre la legalidad del procedimiento
emitido por la asesoría jurídica del organismo. Lo puedo poner a
disposición de S.S. pero quiero leerle las conclusiones.
La regulación vigente en el momento de contratación de un
arrendamiento con opción de compra para sede central de la entidad
pública empresarial Correos y Telégrafos exigía el respeto a los
principios de publicidad y concurrencia, pero no obligaba a realizar
un concurso público. Se hace por tanto un procedimiento que se sujeta
a los principios de publicidad y de concurrencia.
Segundo, el procedimiento de concurrencia en la oferta seguido para
la contratación del arrendamiento objeto del informe es ajustado a
derecho y respeta los principios de publicidad y concurrencia que
rigen la contratación de la entidad pública empresarial. En el
informe, señoría, hay, por así decirlo, una larga exposición de
motivos donde se pone de relieve que las normas de contratación no
contemplan el supuesto de arrendamiento con opción de compra, y por
tanto hay que aplicar las normas de procedimiento en cierto modo por
analogía. Es una situación singularizada, está previsto para la
compra, no está previsto para el arrendamiento. No obstante, se
aplican por analogía y se respetan, como dice la asesoría jurídica,
los principios de concurrencia y de publicidad.
De los tres informes que se emiten previamente a la firma del
contrato, señoría, dos son favorables y el tercero pone unos reparos.
Me he referido al informe de los servicios de finanzas, que
interesadamente se filtró a algún periódico. Son doce las
observaciones que contiene el informe del servicio técnico de
finanzas de Correos, de las cuales se aceptan todas menos dos, una,
relativa al plazo de arrendamiento considerado, ya que, según el
informe del servicio de finanzas, quince años es demasiado largo;
tampoco se acepta, es un juicio de valor más bien, la consideración
como escaso del 15 por ciento del arrendamiento que se imputaría al
precio de la opción de compra en el caso de que ésta se ejerciera.
Esas son las dos únicas observaciones del informe que no se aceptan,
y esto, señoría, es todo lo que le puedo decir. Estamos en presencia
de un buen contrato para Correos. Se han respetado las normas de
procedimiento; ha habido concurrencia de ofertas, todo el
procedimiento ha estado supervisado constantemente por el consejo de
administración, y,finalmente, tenemos un contrato que cuenta con
condiciones
mucho más ventajosas que las que tiene el actual contrato para un
edificio mejor.
En cuanto a la cuestión personal que ustedes plantean, como siempre,
le digo que en esto cae usted en la trampa a la búsqueda de un
escándalo.
Señoría, entre el año 1982, en que Unión de Centro Democrático pierde
las elecciones hasta el año 1990, yo estoy fuera de la política y
dedicado por tanto a actividades privadas. En ese lapso de tiempo he
sido presidente de varias sociedades y he tenido en el transcurso de
esos ocho años largos muchos socios. Fíjese que se utiliza para
inducir la presunta existencia de un escándalo la palabra socio y no
la palabra accionista, porque he sido coaccionista y socio, y, aunque
las dos palabras son válidas, se utiliza deliberadamente una de ellas
para insinuar algo inexistente de muchísimas personas. Le voy a poner
un ejemplo. Yo he sido presidente, por ejemplo, de una importante
empresa que se llama Prosegur. ¿Cree usted que por ese hecho Prosegur
no podría recibir la adjudicación de los muchos que adjudica en el
ámbito de los sevicios del Ministerio de Fomento? Comprenderá que la
conclusión no se tiene de pie. Yo terminé mi relación como socio o
coaccionista de unas pequeñas sociedades con don Santos Montoro en el
año 1991, ocho años antes, por tanto, de la firma de este contrato de
Correos. Le voy a continuar poniendo ejemplos. Yo he sido socio
también de Prisa, y no cualquier socio, porque he sido editorialista
del diario El País, por tanto, he estado en el círculo de accionistas
o de socios que han tenido alguna responsabilidad en la empresa ¿Cree
usted que, por esa razón, ese grupo de comunicación que ha solicitado
una radio digital terrenal no tiene derecho a recibirla? Es el mismo
ejemplo, señoría. ¿Cree usted que por el hecho de haber sido yo
accionista con don Santos Montoro -no tengo ninguna relación con
Monthisa, ni he tenido-, por el hecho de ser yo accionista con don
Santos Montoro, no tiene Monthisa, sociedad con la que no tengo
ninguna relación, derecho a recibir un contrato de arrendamiento,
mediante un procedimiento en el que se respetan las normas de
concurrencia y de publicidad? ¿No tiene derecho?
Mire usted, es ridículo buscar un escándalo en un contrato de
arrendamiento que todavía no ha empezado a regir. Es ridículo y es un
montaje. No es un contrato de compra, no es un contrato en el que se
desembolsen grandes cantidades, no es un contrato en el que se ponga
en juego el patrimonio del ente público. Es un contrato de
arrendamiento, señoría, con una renta explícita. Es ridículo tratar
de inducir escándalo, irregularidades o vulneración de normas éticas.
Yo le pido a usted, señor Torres, que me diga, con la precisión que
le es exigible en estos momentos por las preguntas que ha hecho
llenas de intencionalidad, qué norma jurídica o ética se ha vulnerado
en la adjudicación de este contrato a Correos por mi parte. Ésa es la
única pregunta. Todo lo demás, señoría, es la búsqueda de un
escándalo vergonzoso y debería usted sentir vergüenza por el
planteamiento que ha hecho. (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
Ninguna.-El señor Torres Sahuquillo: Vergüenza la va a sentir usted.-
El señor Blanco López: Le veo intranquilo.) No estoy nada
intranquilo. Lo que estoy es muy convencido y muy firme. (El señor
Torres Sahuquillo:
Nervioso.) No. Le digo una cosa, está usted siendo desleal
a Correos, porque está usted siendo desleal a Correos porque está
tratando usted de inducir un escándalo en el ámbito de Correos que no
se ha producido y que no existe y está usted siendo desleal a
Correos. Ahí sí hay una incompatibilidad moral. Debería usted elegir
entre el ejercicio de la representación popular y la utilización de
las informaciones que usted tiene como sindicalista, porque ahí, sí
veo yo una cierta incompatibilidad ética. (Varios señores diputados
piden la palabra).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, yo he sido aludido
clarísimamente por el señor Ministro. Si usted me lo reconoce tendré
que disponer de un minuto más.
El señor PRESIDENTE: Lo tendrá usted.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente. Quiero
empezar por decirle, señor presidente, que antes le agradecí la
aclaración que me dio sobre el orden del día, pero le hubiera
agradecido todavía más que se lo hubiera aclarado también al señor
ministro. Lo digo porque esta sesión está convocada con arreglo al
artículo 203 del Reglamento, que en su punto 2 es muy claro: primero
habla el Gobierno sobre el objeto de las comparecencias y después
intervienen los grupos parlamentarios, señor presidente. Si hay
alguna duda, es muy fácil, el letrado tiene ahí el Reglamento y lo
puede leer para que todos veamos lo que dice el artículo 203.2. Por
tanto, el ministro ha sido desleal con la Comisión, no ha cumplido
con el Reglamento y usted no se lo ha hecho ver. No pasa nada, señor
presidente, le aseguro que no tengo ningún problema con el asunto,
pero quería ponerlo de manifiesto porque el señor ministro ha
empezado por decir que él puede decir lo que quiera en la primera
intervención o dejar lo que quiera para la segunda. Pues bien, eso no
es lo que dice el Reglamento. En todo caso, para lo que es el fondo
de la cuestión, este asunto no me preocupa pero quería dejarlo claro.
Dice que no hemos querido hablar de Correos. Señor ministro, le dije
antes que hoy nosotros hemos venido a hablar de una cosa muy concreta
de Correos, pero no a entrar en la dinámica que usted quería de -como
decía antes el señor Ríos- la tinta del calamar. No; aquí no vamos a
entrar en su dinámica. Le he dicho antes que bien pronto va a tener
oportunidad de hablar de Correos largo y tendido en esta Cámara, se
lo aseguro, y va a tener que concretar; no se crea que va a soltarnos
otro rollo como el que nos ha soltado. Le vamos a obligar a que
concrete lo que quiere hacer con Correos y Telégrafos, pero cosas
concretas, acciones concretas y no rollos macabeos como los que usted
ha soltado. Dice que yo estoy buscando un escándalo; si no hace falta
buscarlo, usted en sí mismo es un escándalo, no hay más que oírle;
usted en sí mismo es un escándalo. Parece mentira que un ministro de
un Gobierno de España venga aquí, al Parlamento, a decir las cosas
queusted dice; parece mentira. Yo siento un poco de vergüenza
ajena; usted no se pone colorado porque a lo mejor no la tiene, pero
yo sí siento un poco de vergüenza ajena por usted, se lo digo
sinceramente.
Usted ha dicho: la única manera de valorar el contrato de
arrendamiento es compararlo con el existente. ¿Cómo la única manera,
señor ministro? ¿Cómo la única manera? Eso que se lo cree usted. Ya
comprobará con el tiempo como no es la única ni la mejor manera, ni
mucho menos, de valorar el contrato existente. Yo no sé cómo fue
adjudicado el contrato de aduana, pero tengo algo muy claro: no fue
adjudicado a ningún amigo íntimo o ex socio del director general de
Correos de entonces ni del ministro de entonces. No es el caso que
estamos tratando ahora del Campo de las Naciones, señor ministro; ahí
tiene un amigo íntimo suyo y ex socio suyo, suyo, señor ministro, a
quien ustedes han adjudicado un contrato. Luego veremos cómo es el
contrato que le han adjudicado, luego entraremos en el contrato que
le han adjudicado.
Por tanto, hay una diferencia sustancial. Yo no sé cómo fue
adjudicado el anterior y no puedo juzgar si la gestión fue buena,
mala o regular, pero, cómo sé que no fue adjudicado a ningún amigo,
estoy tranquilo. Yo no sé si usted tiene motivos para estarlo, pero
yo, en su lugar, no lo estaría. Ese contrato de aduana que usted
critica se hizo con arreglo a la ley vigente entonces y hoy, señor
ministro, la ley vigente es la Ley de contratos del Estado de 1995,
repito, de 1995, y ustedes no la han aplicado.
Dice usted: tengo aquí un informe jurídico que le puedo entregar a
sus señorías. Señor ministro, lo que tiene que hacer es entregar
todas las cosas que le hemos pedido por conducto reglamentario. Yo no
quiero obsequios suyos aquí, en la Comisión, lo que quiero es que
cumpla con su obligación de informar al Parlamento. Le hemos pedido
por conducto reglamentario una serie de datos y usted lo que tiene
que hacer es enviarlos y demostrar con ello que no tiene miedo, y
demostrar con ello que está limpio, y demostrar con ello que
efectivamente nosotros estamos montando una bola para implicarlo.
Mande los datos, porque hasta ahora, señor ministro, los ha negado.
Usted los ha negado. Yo se los pedí en noviembre del año pasado y
usted me ha contestado diciéndome: como afectan a terceros, no le
mando nada. ¿Me quiere usted relatar cuántos actos de la
Administración pública del Estado no afectan a terceros? ¿Cuántos no
afectan a terceros?
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Voy terminando, señor presidente.
En esta Comisión, señor ministro, mal que le pese a usted, las
preguntas las hago yo y usted las contesta; mal que le pese, no es
usted quien me hace preguntas a mí, las hago yo. ¿Sabe por qué?
Porque soy el representante de un grupo parlamentario, el
representante de la soberanía popular, y usted es un ministro del
Gobierno, al que yo tengo la obligación y el derecho de controlar. Y
usted tiene la obligación de aceptar el control y contestar a las
preguntas, asíque aquí pregunto yo y contesta usted, señor ministro,
y no al revés, no se equivoque; a ver si se va enterando del
Reglamento. Señor presidente, le aconsejo que lea el Reglamento al
señor ministro en los ratos libres.
Me pregunta qué norma jurídica se ha conculcado. Me gustaría
contestarle a esa pregunta, pero es que no lo sé. ¿Sabe por qué no lo
sé? Porque ustedes ocultan sistemáticamente todo lo que tiene que ver
con Correos no contestando a las preguntas reglamentarias que les
hacemos y, además, ocultando las cosas descaradamente, como en este
panfleto que han enviado a la prensa, porque esto es un auténtico
planfleto. Ustedes hablan de que ha habido no sé cuántas ofertas y no
sé cuántos informes. ¿Dónde están? ¿Los conoce algún periodista? ¿Los
conoce algún medio de comunicación? ¿Los conoce la Cámara? ¿Los
conocemos los diputados? No. ¿Los conoce el señor Ríos a lo mejor?
A lo mejor tiene más suerte que yo. Se lo pregunto: ¿los conocemos?
No, no los conocemos. Pero con usted no voy a entrar más en el
asunto. Le he hecho una serie de preguntas por escrito -se las he
dejado ahí-, y usted no me las ha contestado. Muy bien, vale, no me
las ha contestado; ya se las seguiré haciendo de otra manera, señor
ministro. Y termino diciéndole lo siguiente: le aconsejo que se quede
usted después a la comparecencia del señor Esteruelas, porque con él
voy a hablar en profundidad de la sede del Campo de las Naciones, y
no con usted.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, como en la primera parte de su
intervención ha aludido a la manera de dirigir este presidente los
debates, tengo que recordarle dos cosas, con la mayor amabilidad.
Primero, antes de comenzar la sesión -usted no estaba- planteamos la
forma de debatir las distintas comparecencias. Dije literalmente: Se
tramitarán de forma acumulada las números 9 y 10, cuyos solicitantes
son el Grupo Socialista del Congreso, de la primera, y el Gobierno,
de la segunda. La del Gobierno, que es la primera de las que se han
presentado en el tiempo, dice: Admitir a trámite el escrito y
trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la
Comisión de Infraestructuras. Este debate, efectivamente, se ha
llevado de acuerdo con el Reglamento y de manera flexible, porque si
aplicáramos el artículo 203, que ustedes han citado, no habría
derecho a réplica de ningún grupo -léase usted el párrafo 3-; eso lo
primero. Ylo segundo, al utilizar el procedimiento del artículo 44,
cuando el Gobierno comparece a petición propia para facilitar una
información, como es el caso, el solicitante de la comparecencia
puede exponer los motivos de la presentación de la solicitud de
comparecencia, que en este caso lo ha hecho el señor ministro, o si
es en el caso de ustedes, ustedes son los que en primer lugar podían
tener un turno de presentación. Por lo tanto, las cosas son así; la
estrategia la sigue cada grupo según conviene, y lo que sí quedó
claro, según demostrará el «Diario de Sesiones», es que éste es un
debate acumulado con todas las de la ley, porque aquí se ha hablado
de las dos comparecencias extensamente y sin poner límites de tiempo
a ningún grupo parlamentario ni tampoco al Gobierno.
Esto es lo que yo quería decir, señor Torres, y, repito, no me
gustaría que quedara en el aire la duda de que esta Presidencia ha
conculcado los derechos o las posibilidades de ningún grupo
parlamentario. (Los señores Caldera Sánchez- Capitán y Ríos Martínez
piden la palabra.)
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Perdón, señor presidente, quiero
intervenir para una cuestión de
orden. Efectivamente, nosotros hemos hecho renuncia o dejación de un
derecho que nos atribuye el Reglamento en función de la acumulación
de ambas comparecencias y en la inteligencia, que se vió defraudada
por el comportamiento del señor ministro, de que iba a contestar a
ambas. Lo que no puede ser es que mi grupo ceda el derecho a plantear
nuestra comparecencia, que se acumule, que el ministro tome la
palabra en primer lugar y que no haga ninguna referencia a mi
comparecencia y se reserve para la réplica. Eso es lo que no
deberíamos aceptar.
El señor PRESIDENTE: Eso hubiera sido, en efecto, especialmente
censurable si hubiéramos seguido a rajatabla el procedimiento del
artículo 203, pero al haber segundo turno, incluso tercero, como ha
habido, ese problema no existe. Esa precisión de preterición de los
grupos, etcétera, queda anulado, repito, sencillamente por el hecho
de que ha habido turnos distintos donde, efectivamente, ha quedado
claro que ha existido el debate. Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: No voy a caer en la tentación de entrar en
controversia con la Presidencia, puesto que es la que interpreta el
Reglamento y no es recurrible. Ahora bien, permítame un comentario.
No tengo tanta experiencia como S.S., ya que yo solamente llevo aquí
desde 1993, pero sería la primera comparecencia que se desarrollase
de acuerdo con el tenor que usted ha explicado. Sabe S.S. que los
precedentes y la práctica parlamentaria también se incorporan a la
vida parlamentaria. En este sentido, si el ministro no interviene
primero, va a parecer que esto está trucado y que yo soy el
compareciente y que él va a replicar; si no hay derecho a réplica,
además yo me quedo parado. Pero como no es el caso y yo quiero ir al
fondo de la cuestión (cortesía por cortesía, lo de los consejos está
bien, señor ministro), le voy a devolver dos, aunque usted me ha dado
sólo uno. El primero es que queda poco de legislatura y hemos tenido
pocas oportunidades para discutir de ministro a diputado, pero me
trae al pairo la comparación sistemática con el Gobierno anterior. Si
lo hizo mal el anterior, no es excusa para que usted lo haga mal. Yo
se lo he chafado porque le he dado los datos que después me iba a
proporcionar usted y los he sacado de los montones que usted ha
colocado encima de la mesa, porque yo no tengo ninguna información
privilegiada, sino que lo que sé lo he sacado de los montoncitos que
hay encima de la mesa. He tenido tiempo y me lo he leído, pero por
ese capricho que uno tiene de estar enterado, de prestar atención y
de seguir las cosas, no por otra circunstancia. Por tanto, ése no es
argumento para los procedimientos. A mí no me sirve el más tú y tiene
que entender que desde esa óptica yo no lo vea así. Yluego está lo de
caer en la trampa, de la búsqueda de un escándalo y de que hay una
concepción de conjura maniquea de que le persiguen. Yo no busco ni he
buscado ningún escándalo, sino que lo percibo. Y a mí me quedan dos
caminos: o exigir explicaciones y transparencia o callarme y
aquietarme. Como usted, por fortuna para mí, no va a ser un
instrumento de votación y no me va a votar a mí, tiene que entender
que mi trabajo lo mida yo y que los ciudadanos me voten o no en
función de mi trabajo. Con el trabajo parlamentario que he llevado a
cabo he cumplido escrupulosamente con mi obligación.
No relativice usted el desarrollo de la ley. Le voy a hacer una
pregunta que me gustaría que me respondiera, porque cuando yo dije
que había 65.000 trabajadores en el debate de la ley, me dijeron que
no, que eran 45.000, lo que significa que faltan 20.000. La pregunta
es sencilla: ¿Son 65.000 puestos de trabajo o son 65.000
trabajadores? Y en cuanto al contrato-programa, ¿cómo puede usted
decir que es una cosa menor, si en él se van a concretar las
inversiones, los organigramas, el funcionamiento o el coste del
servicio postal universal? ¿Cómo se va a participar en el fondo de
inversión que se tiene que pagar por la otra parte? ¿Los recursos en
la Unión Europea, si los hay o no los hay y en qué situación se
encuentran? Yo le he sacado lo que he creído conveniente, pero, si
estoy equivocado, tiempo tendré de poder corregirlo. Ahora, no crea
usted que la táctica y la estrategia parlamentaria solamente la puede
utilizar uno, porque yo vengo de tierras del sur y del este, donde se
tiran muchas tracas, y unas explotan arriba y otras abajo, y a usted
le empiezan a explotar todas abajo, no van hacia arriba.
Usted ha citado el famoso informe de los 10 puntos, y está muy bien
que lo haya hecho. Yo se lo voy a leer, porque no lo han corregido en
el contrato que he cogido del montoncito de la mesa. Dice el técnico
en el contrato que ustedes han firmado: Primero, el supuesto de
resolución anticipada por cuenta del arrendatario no es positivo.
Segundo, la orden de desalojo que ustedes hacen sin posibilidad de
una prórroga no es positiva. Tercero, la estipulación de que se tome
posesión a partir de la firma del contrato o a partir de estar
dentro. Cuarto, la consideración final dice que en cualquier caso el
borrador de contrato establece un desequilibrio evidente que se
materializa en unas excesivas cautelas para la parte arrendadora -es
decir, para la otra parte contratante, la que usted no debería
defender, puesto que defiende más a Correos- y una situación de
indefensión para Correos. Permítame que le diga que de prudentito el
informe Si si ustedes han modificado dos de diez, se ve que los dos
han sido muy gordos, porque el informe era bastante contundente con
él.
Vuelvo a la parte de la decisión, de las ofertas que ustedes han
trabajado, de las posibilidades.
El señor PRESIDENTE: Pero brevemente.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: El contrato está firmado por José Ramón
Esteruelas. En la explicación dicen que este hombre sólo firmó, el
que negoció fue otro. El que firma es el que da fe a un contrato. Yo
sé cómo se negocia. Cuando tengo una persona de mi confianza la mando
a hacer un trabajo, luego viene y me lo explica; si estoy de acuerdo,
lo firmo. Lo que están diciendo con eso es que este hombre firma en
barbecho, pero la firma es lo importante, no es baladí. Si no, no
tendría un requisito documental la firma de una persona responsable,
si firmase lo que le llevasen. Le insisto en la relación que existía
entre este señor y la persona que es representada aquí. Usted ha
dicho que era solamente accionarial, de acciones conjuntas, que son
conocidos, pero... residentes en Madrid. Me parece razonable que diga
eso, pero no lo relativice. Tenemos una ley de incompatibilidades,
tenemos la garantía de que eso no se produce. Visto desde fuera, es
muy difícil pensar que
el que firma el contrato se ha enterado de que un señor, que ha sido
socio suyo, ha hecho la oferta a través de una intermediaria y que ha
firmado al final por unas situaciones ventajosas. Ahora yo le
pregunto: ¿Vale igual la misma infraestructura en Getafe? Está a la
misma distancia. No se pueden comparar las cosas como usted lo ha
hecho. Hay que ver dónde está ubicado, qué metros cuadrados tiene.
¿Cuántas han despreciado ustedes para quedarse con esta mejora?
Termino, señor presidente, porque me está mirando con el reloj en la
mano. Sobre el consejo que usted me hacía al principio y ese anatema
que nos plantea, parece que, si le critico y le pido explicaciones,
deterioro el servicio público de Correos. Ha dicho que no estamos
preocupados por Correos. Se ha encendido en su defensa y ha dicho que
no somos respetuosos con los trabajadores ni con los sindicatos.
Pero, ¡narices!, si la información que tenemos es la que ustedes nos
dan y la que nos dan los agentes sociales. ¿Acaso hablan ustedes con
ellos? Hay preocupación en los agentes sociales y en los trabajadores
sobre el futuro de Correos. ¿O no lo hay? La hay, por eso la percibo
yo. No me diga cada vez que hago una pregunta o una crítica que estoy
atacando a Correos, porque ésa es una posición de juez y parte, de
interpretador de los sueños de Jesús que no le corresponde a usted.
Por tanto, defendemos a Correos cada vez que hacemos una crítica,
porque queremos el mejor Correos, el servicio reservado y las
garantías públicas como un servicio universal para todos los
españoles, no para unos nada más, que es lo que hace Chronopost. Por
eso no estoy de acuerdo con algunas cosas. Su señoría debe entender
que las críticas las hago para conseguir información y cumplir con mi
función. Cuando esté gobernando, que ojalá sea pronto, usted hará de
oposición, pero mientras tanto le toca a usted gobernar y a mí ser
oposición. Y cumplo esa función.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Señor
ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Yo creo,
señoría, que ha interpretado mal mis palabras. Me he referido a la
falta de preocupación por Correos precisamente porque no se ha
dedicado mucho tiempo al informe, que contempla y recoge muchas
preocupaciones por Correos y por sus problemas. Es en ese sentido, no
en relación con la otra cuestión. A mí me parecen absolutamente
legítimas todas las críticas que se quieran hacer, pero referidas al
plan estratégico, a la falta de desarrollo reglamentario parcial, a
la necesidad de mejorar la cartería rural, a las insuficiencias de
gestión que se hayan podido producir en estos años. Todas esas cosas
me parecen absolutamente legítimas y correctísimas. Por consiguiente,
mi crítica a las suyas no iba por ahí. Mi crítica va por el intento
de deducir un supuesto escandaloso de algo que es perfectamente
legal, perfectamente ético y altamente beneficioso para Correos.
Señoría, a los contratos de arrendamiento no se les aplica la Ley de
contratos del Estado, porque el artículo 9 excluye explícitamente los
arrendamientos de la propia Ley de contratos del Estado. El artículo
9 dice así: Los contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades
incorporales y valores negociables se regirán por la legislación
patrimonial de las administraciones públicas aplicable a cada caso.
Legislación patrimonial aplicable a cada caso. Hay todo un
razonamiento jurídico donde al final terminamos, como es lógico, en
el real decreto de adecuación a la Lofage del ente público
empresarial. Pero, aquí lo importante es que, primero, señorías, se
han respetado las normas de procedimiento. Ahora S.S. sabe que va a
intervenir el director general, que dará cuenta detallada y puntual
de todas las fases del procedimiento administrativo. Le digo que ha
habido concurrencia de ofertas -ahora se las contarán- y que se han
respetado los principios de publicidad. Después, podemos discutir si
la ubicación -como le gusta a usted llamarla- es buena, mala
o regular. Yo entiendo que para la central de Correos estar al lado del
aeropuerto de Barajas es una ventaja comparativa. Por tanto, no es lo
mismo Getafe que el parque Juan Carlos I. Por ejemplo, y no soy
experto, porque no entro para nada en el expediente administrativo ni
en las ventajas comparativas de unos contratos u otros; para nada.
Ahora, a bote pronto, como ciudadano le digo que el Parque Juan
Carlos I está al lado del aeropuerto de Barajas y eso, en principio,
es favorable a la ubicación de Correos. Y después está también muy
cerca de la estación de Chamartín. Fíjese si eso es o no favorable
para un edificio central de Correos.
Señoría, es absurdo que nos pongamos a discutir usted y yo sobre cuál
es la ubicación más favorable para Correos. Es absurdo, compréndalo,
porque ése no es el objeto del debate político. Al final, usted podrá
criticar el resultado global del procedimiento, que es lo legítimo,
pero, que nos pongamos usted y yo aquí a discutir sobre si la
ubicación debe ser en Getafe o en el parque Juan Carlos I, me parece
que es llevar las cosas demasiado lejos.
Le he dado a usted los datos del nuevo contrato. Y esos datos, o es
usted un experto inmobiliario o no los puede valorar más que en
términos comparativos. La razón de la comparación es porque la
comparecencia la pide, sobre todo, el Grupo Socialista, que es
responsable del actual contrato. Sus gobernantes fueron los
responsables del actual contrato y la única manera de valorar el
contrato actual es compararlo con el anterior. Y es que en todos los
renglones, señoría, en todos, es más favorable el nuevo contrato.
Usted comprenderá, y apelo aquí a su sentido común, que buscar un
escándalo en un contrato de arrendamiento es un poco ridículo,
señoría, sobre todo en un contrato de arrendamiento, que todavía no
ha entrado en vigor.
Y, después, ¿qué tiene que ver si yo conozco o no conozco, soy
accionista, coaccionista, socio o he sido socio de la persona que es
propietaria de la sociedad a la cual pertenece el solar y la
construcción del edificio, sobre todo, cuando no tengo ninguna
relación de ese tipo desde el año 1991, como le consta a usted,
porque es la única información verdaderamente exacta que ha aparecido
en el medio de información? ¿O es que todas las personas que, en la
época en que yo no estaba en la vida pública, han tenido relación
conmigo, bien sea societaria, accionarial o de otro tipo, no pueden
ser adjudicatarios de contratos del Ministerio de Fomento? El
Ministerio de Fomento, el grupo Fomento, probablemente otorga
alrededor de un tercio de
la contratación global de la Administración central del Estado,
calculando por lo bajo entre 10.000 y 11.000 contratos, entre el
capítulo 2 y las inversiones. ¿Usted cree de verdad que se puede
aplicar el criterio que se pretende aplicar aquí para tratar de
excluir a alguien o para presentar como inmoral la adjudicación de un
contrato? ¿Usted cree que eso es razonable, señoría, tratándose
además de un contrato de arrendamiento? ¿Usted cree de verdad que eso
es razonable o es un montaje? ¿No le huele a usted a montaje? Huele a
montaje y es un montaje, señoría.
COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS (ESTERUELAS HERNÁNDEZ) PARA INFORMAR SOBRE EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE CORREOS Y TELÉGRAFOS EN EL CAMPO DE
LAS NACIONES. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/002437)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Con esta intervención concluimos el debate acumulado de estas dos
comparecencias y nos queda la última, la número 14, cuyo autor es el
Gobierno y en la que se solicita la comparecencia del director
general de Correos y Telégrafos para informar sobre el contrato de
arrendamiento de la nueva sede de Correos y Telégrafos en el Campo de
las Naciones.
Como está entre nosotros don José Ramón Esteruelas, le pido que ocupe
un sitio en esta mesa para que tenga lugar esta última comparecencia.
Señorías, siguiendo con el mismo sistema y, desde luego, no aplicando
rigurosamente el artículo 203 sino con absoluta generosidad, vamos a
darle la palabra al señor Esteruelas; a continuación, como no ha
habido ninguna solicitud de comparecencia del señor Esteruelas y ha
sido el Gobierno el que ha solicitado comparecer, los grupos de mayor
a menor, terminando el Grupo Parlamentario Popular, tendrán la
posibilidad de intervenir y también de replicar.
En primer lugar, señor Esteruelas, bienvenido a esta Comisión en la
que siempre será recibido con toda la cordialidad. Tiene usted la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS (Esteruelas
Hernández): Muchas gracias, señor presidente.
Aprovechando el pedir, yo pediría, si pudiese ser, que las
comparecencias de Correos no se colocasen siempre las últimas de la
Comisión de Infraestructuras, porque realmente ya tengo problemas con
mi mujer al decirle que me paso las noches en el Congreso. (El señor
Ríos Martínez: Imagínese nosotros.) Le comprendo, le comprendo.
He estado presente escuchando las intervenciones de SS.SS. y yo no sé
si abuso de información privilegiada, pero voy a empezar por algo que
creo que a lo mejor aclara un poco algunas de las cuestiones que he
oído que se debatían.
El portavoz del Grupo Popular el jueves pasado me pidió que, por
favor, hiciésemos llegar a la Cámara el máximo de informaciones que
SS.SS. nos habían pedido. Yo les
voy a hacer entrega en estos momentos de las documentaciones que no
les he hecho llegar, pero les quisiera decir dos cosas. Primero, éste
es el día en el que Correos oficialmente todavía no tiene
conocimiento de lo que ustedes han pedido; si nosotros entregamos el
pasado viernes la información que ustedes tienen fue debido a los
buenos oficios del señor Ortiz, que nos pidió que, sin esperar la
petición formal, se la hiciésemos llegar a ustedes.
Así, pues, el viernes día 19, y salvando un problema de procedimiento
porque no sabíamos a dónde teníamos que hacer llegar la información,
nosotros presentamos a SS.SS. los contratos formalizados con
Monthisa, así como autorización de la misma para su difusión; les
presentamos las normas de contratación vigentes en el momento de
realizarse el contrato y las normas de contratación vigentes a la
fecha, que son dos cosas distintas; les presentamos los informes
jurídicos y financieros sobre la oferta presentada por la empresa
Monthisa, así como los informes sobre el borrador de contrato. Y hoy
traigo conmigo, para hacer entrega al presidente, la certificación de
las actas de los consejos de administración de Correos y Telégrafos y
el informe técnico sobre la globalidad de las ofertas; informe sobre
la necesidad de las obras de reforma del nuevo edificio, coste y
procedencia legal de su financiación a cargo del arrendatario;
informe sobre la legalidad del procedimiento seguido; informe sobre
la no necesariedad de formalizar la inhibición por parte del
consejero director general de Correos y Telégrafos.
Yo creo que entre la información que les entregamos a ustedes el
pasado viernes y la que yo entrego en este acto, tienen ustedes toda
la información que nos ha sido solicitada.
A continuación, voy a pasar a explicarles a ustedes con la mayor
precisión posible cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido en
el tema relacionado con la nueva sede de la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos. Quisiera aclarar que ha sido a
petición propia que yo comparezca ante esta Cámara y a petición
propia no deprisa y corriendo porque nadie me empuja, nadie me
encorre, que dirían en Aragón, sino ante el hecho de ver que se
estaban publicando informaciones sesgadas que no correspondían a la
realidad y que de alguna manera estaban dañando la imagen de la
institución y de determinadas personas. Comenzaría por decirles que
el proceso de una nueva ubicación de Correos y Telégrafos se enmarca
dentro de un conjunto de acciones que superan o trascienden el propio
y único cambio de ubicación, y me explico. La Dirección general de
Correos y Telégrafos tiene en estos momentos muchos de sus servicios
dispersos por Madrid. Tenemos la mayor parte de los servicios, como
ustedes saben, en la calle Aduana, pero existen servicios en Cibeles;
todo el departamento de tecnología está en la calle Conde de Peñalver
y tenemos servicios de inspección ubicados en la calle Peligros. La
idea de colocar todos los servicios bajo un solo edificio es el
primer paso de un plan que tiene alcance mayor. Queremos trasladar a
un edificio todos los servicios que en este momento están entre otras
en la calle Conde de Peñalver para vaciar ese edificio, transformarlo
y cuando el edificio esté terminado trasladar allí todos los
servicios de la dirección territorial de Madrid que en este momento
están en Chamartín. Eso supone el primer paso para ir
abandonando nuestras instalaciones de Chamartín, que serán culminadas
cuando terminemos el centro de tratamiento postal que tenemos pensado
edificar en Vallecas; por tanto, eso supondrá liberar los 60.000
metros cuadrados de la parcela que tiene Correos y Telégrafos cerca
de la estación de Chamartín. Como ven ustedes, hay algo más que el
mero traslado de las oficinas de un sitio a otro.
Cronológicamente hablando, yo colocaría las primeras acciones
encaminadas a buscar una nueva sede social hacia mediados del año
1997. Hacia mediados de 1997 Correos y Telégrafos emprende una serie
de acciones encaminadas a ver qué posibilidades tiene para ubicar su
sede social en un edificio que en principio se piensa tiene que ser
en compra; a mediados de julio de 1997 el presidente de Correos y
Telégrafos se dirige oficialmente al director general de Patrimonio
para decirle si dentro de Patrimonio existían edificios de las
características que nosotros buscábamos. En paralelo, el subdirector
de obras e infraestructuras de Correos se dirige a la sociedad
Gegipsa, sociedad estatal que en ese momento estaba encargada de la
colocación de determinados edificios de la Seguridad Social, y en
paralelo nos dirigimos algo así como a siete u ocho agencias
inmobiliarias, diciéndoles también que nos hiciesen llegar sus
propuestas.
Las gestiones así iniciadas, y que fueron encomendadas a la
Subdirección General de Obras e Infraestructuras, van produciendo los
primeros resultados y en Correos se reciben ofertas. Con mayor o
menor grado de detalle que yo me acuerde, concretamente Patrimonio
Nacional nos ofrece el edificio que tenía previsto ocupar la Onlae,
que por razones que no vienen al caso no ocupaba y que luego -
ustedes se acordarán- fue objeto de ese pequeño revuelo que se
organizó porque el Ministerio de Agricultura quería trasladar su sede
allí, cosa que al final no pudo ser. Patrimonio Nacional nos ofrece
ese edificio, y a través de las gestiones realizadas van llegando a
Correos ofertas para edificios, todos ellos en venta. En este momento
puedo citar los siguientes: un edificio en la calle Alfonso XII,
propiedad del Banco Central-Hispano Americano; un edificio en la
calle Capitán Haya, antigua propiedad de Campsa, y otro edificio que
en este momento no recuerdo en que calle está situado. De todas estas
ofertas que yo les relato, y para no alargarme, tienen ustedes copia
en el informe que les dejo.
Por último, a la vista de que ninguna de estas ofertas que se
recibían nos satisfacía, estuvimos realizando gestiones de nuevo con
Patrimonio, que nos facilitó un contrato con Tabacalera. De todas
esas ofertas que creo recordar - y repito que todas ellas eran
ofertas de venta-, los servicios técnicos de la casa hicieron los
correspondientes informes, y al final ninguno de ellos resultó
digamos susceptible de ser traducido en un contrato.
A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que cronológicamente
el tema empieza en el mes de julio de 1997, a principios de 1998 el
consejo de administración de Correos decide que de alguna manera
tenemos que ir seleccionando las ofertas. Como ustedes recordarán,
les he dicho que en paralelo con el contacto establecido con
Patrimonio se establecieron contactos con diversas agencias
inmobiliarias, y de esas agencias inmobiliarias en Correos teníamos
múltiples ofertas. Yo no sé si todas se pueden denominar
ofertas, porque indudablemente el grado de precisión en las mismas no
era igual en todas, pero teníamos varias entre las que elegir. De
esas ofertas, hay concretamente dos, una que viene a través de la
empresa Aguirre Newman y otra que viene a través de la empresa Knight
Frank, que corresponden a las dos ofertas que se hallan en un estado
más concreto en cuanto al detalle de las mismas y que son objeto de
presentación al consejo de administración de Correos de marzo de
1998. En marzo de 1998 se presentan dos ofertas a Correos que son de
características distintas. Una de ellas, la que venía a través de
Aguirre Newman, contemplaba el contrato en alquiler de un edificio en
la calle Cardenal Spínola, y otra, la que viene a través de Knight
Frank, correspondía concretamente al proyecto de la empresa Monthisa.
Esas dos ofertas fueron estudiadas por el consejo de administración
en el grado de negociación que estaban en marzo de 1998. La situación
era la siguiente: El edificio de la calle Cardenal Spínola tenía un
precio de alquiler de 2.000 pesetas el metro cuadrado; el edificio de
Campo de las Naciones, de la empresa Monthisa, ofrecía 2.500 pesetas
por metro cuadrado. En el edificio Spínola -obviamente aparte de la
ventaja del precio en aquel momento- se apreciaban una serie de
inconvenientes: En primer lugar, tenía peores transportes públicos,
no había una línea de metro cerca; en segundo lugar, solamente
contemplaba el arrendamiento, no daba opción a compra; en tercer
lugar, era un edificio compartido, en el que la superficie que
alquilaban a la Dirección general de Correos estaba dispersa en
varios bloques; en cuarto lugar, existían solamente 190 plazas de
garaje; en quinto lugar, era un edificio con antigüedad de 1990; y,
en sexto lugar -que fue un factor importante a tener en cuenta-, a
pesar de que decían que el edificio podía estar disponible en enero
del año 2000, existían serias dudas de que eso pudiese ser así, y
efectivamente al día de hoy se ha comprobado que esas dudas se han
convertido en certeza, pues la empresa que tenía que abandonar ese
edificio no lo ha abandonado, porque a su vez no le han terminado el
edificio al que tenía que trasladarse.
Por contra, el proyecto de edificio de Campo de las Naciones pedía
como he dicho un precio de 2.500 pesetas el metro cuadrado y 16.000
pesetas por plaza de garaje. Sin embargo, contra estos parámetros
económicos tenía una serie de ventajas: Primero, era un edificio
singular y único para nosotros; segundo, era un edificio de nueva
construcción porque no estaba construido en aquel momento; tercero,
era un edificio que tiene el metro a escasamente 100 metros; cuarto,
era un edificio en el que existían posibilidades de adaptar
determinadas especificidades que se necesitan en una sede social como
Correos. Era un edificio en el que nosotros teníamos la posibilidad
de construir una estafeta de correos propia, que queremos exista en
donde tengamos el edificio social, cosa que no tenemos ahora;
teníamos posibilidad de llevarnos, como queríamos, nuestra red de
transmisión de datos y el departamento de informática y teníamos
posibilidad de realizar todas esas obras que conlleva una sede
social, como pueden ser una cafetería, un salón de actos o unos
locales para los sindicatos.
Apartir de ese momento, el órgano encargado de negociar las ofertas y
de realizar las gestiones, que había tenido
relación con todas las recibidas hasta esa fecha, se pone a negociar
con ambas partes. El resultado de esa negociación es que se consigue
abaratar el precio de salida del proyecto de edificio ofrecido por
Monthisa de 2.500 pesetas el metro cuadrado a 2.200 pesetas y se
consigue bajar el precio de las plazas de garaje de 16.000 a 10.000
pesetas. También se consigue modificar la postura de partida de la
empresa, que computaba el 10 por ciento del precio del alquiler como
pago adelantado en el caso de que se ejerciese la opción de compra, y
al mismo tiempo se obtiene la opción de compra con carácter gratuito.
Eso es algo que se tiene que decir, es una opción de compra con
carácter gratuito. A la vista de eso y como consecuencia de esas
negociaciones, el órgano encargado de negociar las ofertas pasa un
borrador de contrato a las tres direcciones o a las tres unidades de
Correos para pedirles su dictamen y pasa la petición de informe al
departamento jurídico, a la asesoría jurídica que le da el nihil
obstat, pasa la petición de informe a la dirección de compras que
hace una serie de sugerencias menores, y pasa la petición de informe
al departamento de finanzas que emite un documento que desde mi punto
de vista ha originado un malentendido.
No olviden ustedes que lo que se pasa a esos departamentos es un
borrador de contrato, tal y como habían negociado hasta ese momento
la Subdirección de Obras e Infraestructuras encargada de gestionar el
contrato y la parte arrendadora de la sociedad Monthisa. Ese informe
de finanzas que se redacta de forma clara y contundente, lo único que
hace es decir a la Subdirección de Obras e Infraestructuras qué
modificaciones desde su punto de vista, debería incluir el contrato
definitivo y cuáles son las objeciones que desde el departamento de
finanzas se hacen al borrador del contrato.
Como ha dicho el ministro, de esas doce objeciones que el
departamento de finanzas propone en el mencionado informe, diez son
recogidas en el contrato final. Por tanto, yo creo que se presta a la
mala interpretación creer que el contrato, tal como está redactado y
firmado se firma en contra de la opinión del departamento de finanzas
y la información periodística que se da así lo hace apuntar, cuando
dice que Correos firmó un contrato, no me acuerdo literalmente, que
desaconsejaba el departamento de finanzas. El departamento de
finanzas hace unas conclusiones en su informe y diez de esos doce
puntos son recogidos en el contrato final y el contrato finalmente
acordado entre ambas partes es firmado por mí y refrendado por el
consejo de administración. Eso es lo que ha pasado con toda exactitud
desde mediados de 1997 hasta mayo de 1998, creo que es el día 29 de
mayo, cuando el consejo de administración decide inclinarse por una
de las dos ofertas.
Desde mi punto de vista, existen dos temas que creo importante que
SS.SS. conozcan, dos temas que son eminentemente jurídicos y son dos
temas sobre los que no he podido por menos que escuchar los distintos
punto de vista emitidos en esta Cámara. El primero de ellos es
respecto a la legalidad del procedimiento. No perdamos de vista que
el contrato se firma en mayo de 1998 y que en ese momento, en el
momento de firmar el contrato las normas de contratación vigentes
para Correos eran las de abril de 1992 que son distintas de las
normas de contratación de hoy día, fruto de la transformación de
Correos de organismo autónomo
a ente público empresarial. Por eso, en el informe o en la
documentación que se ha pasado a SS.SS. se les dan ambos documentos,
las normas de contratación vigentes en mayo de 1992 y las actuales.
Como ustedes habrán podido comprobar si han leído esas normas, en ese
momento las normas de contratación de Correos concretamente para un
arrendamiento no exigen concurso público, y eso es lo que hay. Ya no
depende una interpretación más lasa o más estricta; no se aplica a
Correos la Ley de Contratos del Estado en mayo de 1998 sino que se
les aplica la Ley de contratación de Correos vigente desde 1992, al
no exigirle concurso público se exige concurrencia y publicidad, y
las normas definen que esa concurrencia y esa publicidad se producen
por el mero hecho de que haya más de tres ofertas.
Como ustedes habrán podido comprobar de mi explicación a lo largo de
todo ese proceso, obviamente en la dirección de Correos se han
recibido más de tres ofertas, y por tanto se cumplen estrictamente
las normas de contratación y la legalidad del procedimiento. En ese
sentido, he incluido para SS.SS. el informe de la Abogacía del Estado
de Correos, que así lo acredita, no es una opinión mía es la opinión
de la Abogacía del Estado.
El segundo punto, también jurídico, es un tema que no escapa a las
circunstancias del señor Esteruelas. Como todos ustedes saben porque
he sido el primero que lo he manifestado al El País cuando me lo
preguntó, yo he tenido en dos ocasiones relaciones con don Santos
Montoro, que es accionista de Monthisa, una, en una sociedad que
tuvimos desde el año 1983 hasta el año 1991; la segunda, en una
sociedad desde el año 1993 hasta septiembre de 1997. En ambos casos
el objeto social era casi el mismo: alquilábamos y explotábamos
apartamentos en Mallorca y explotábamos un restaurante. Nunca he
tenido algo que ver societariamente con la empresa Monthisa, y he
tenido, a través de una sociedad participada indirectamente, una
participación en el capital del 15 por ciento en donde una serie de
accionistas privados teníamos el 40 por ciento de una sociedad en
donde el 60 por ciento lo tenía una filial de Monthisa; es decir, si
el señor Esteruelas no hubiese tenido en el momento de la firma del
contrato esas particularidades no hubiese dado lugar el segundo punto
que creo es importante, y es el tema de las incompatibilidades.
Cuando a mí me hacen director general de Correos mando inmediatamente
una comunicación a la sociedad en la que yo tenía el 15 por ciento, o
para ser más exactos donde mi mujer tenía el 15 por ciento,
dimitiendo del consejo de administración; septiembre de 1996.
En septiembre de 1997 vendo las acciones, y dejo de tener
absolutamente cualquier tipo de relación societaria con una sociedad
participada indirectamente con Monthisa, y a la vista de eso surge la
pregunta, y además, de forma recurrente se ha ido presentado aquí en
esta Cámara por lo menos desde que yo he estado presente. El señor
Esteruelas, que firma el contrato con Monthisa y lo firma porque es
el que tiene las competencias delegadas del consejo de administración
y el único que lo puede firmar, ¿tiene que inhibirse de las gestiones
tendentes al acuerdo final del contrato de arrendamiento con opción a
compra con Monthisa, y si tiene que inhibirse, ha de manifestar esa
inhibiciónde forma formal -valga la redundancia- con un
documento? Éste es el único documento que no les he podido
suministrar a SS.SS. por la sencilla razón de que no existe, y no
existe porque según informe de la Abogacía del Estado de Correos, el
hecho de que hasta el día 6 de septiembre de 1996 -y leo
textualmente- fecha de su nombramiento como consejero director
general del ente público empresarial Correos y Telégrafos, el
consejero director general fuese a su vez consejero de una sociedad
participada indirectamente por la empresa Monthisa, no obsta a la
plena vigencia de la afirmación realizada, ya que recordemos la
obligación de inhibición debe ser considerada en términos estrictos,
no pudiendo entenderse como tal obligación a supuestos distintos de
los expresamente previstos en la norma. A mayor abundamiento, y
teniendo en cuenta la finalidad de la norma, es evidente que la
participación de un alto cargo en el consejo de administración de una
sociedad que no tiene posibilidad de controlar o influir en el
comportamiento o la actividad de otra persona jurídica independiente,
cuyo objeto y actividad es distinta de la actividad de la primera y
cuya única vinculación es la participación indirecta de la segunda en
la primera, no es susceptible de ser considerada como causa
generadora de obligación de inhibición. En virtud de lo expuesto se
formulan las siguientes conclusiones: Primera, de acuerdo con
legislación aplicable sobre incompatibilidad de altos cargos del
Gobierno de la Administración general del Estado, no existía
obligación de inhibición por parte del consejero director general de
la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos en el
procedimiento de contratación de un arrendamiento con opción de
compra con la empresa Monthisa. Segundo, al no concurrir causa legal
de inhibición, no procedía formalización de documento alguno al
superior jerárquico a los efectos previstos del artículo 2.3 de la
citada Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración
general del Estado.
Creo, señorías, que esta explicación que he dado pueda contribuir a
despejar las dudas que pudieran existir respecto al contrato en
cuestión. Está claro que yo no puedo convencer a los que están
convencidos de antemano, y por tanto mis explicaciones vienen y
tienen el ánimo de poner de relieve ante esta Cámara que no se ha
producido alteración o vulneración alguna en las normas de
procedimiento y de incompatibilidades que a mí por mis circunstancias
personales me pudieran ser exigidas y que en caso de ser otro el
director general de Correos, obviamente no estarían contempladas en
el tema que estamos aquí debatiendo.
Muchas gracias, presidente y estoy a su disposición para contestar
las preguntas que crean oportunas.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posición, de hacer
observaciones y preguntas, con arreglo al párrafo 2 del artículo 203
del Reglamento de la Cámara tiene la palabra en primer lugar el señor
Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Esteruelas, buenas tardes, perdón
buenas noches, y tiene usted razón, siempre quedan sus comparecencias
para el final. Ahora son las once y media de la noche, la verdad que
es una hora un poco intempestiva, pero qué lo vamos a hacer, ni usted
ni yo tenemos la culpa de esto.
Usted se queja de que puede haber malas interpretaciones, que no se
ha entendido bien lo que hemos querido decir con esto o con aquello,
e incluso dice que aún no tienen toda la información que hemos
pedido.
Hace un año, señor Esteruelas, el día 17 de noviembre de 1998, yo le
solicité una serie de datos e informes, con arreglo al artículo 7 del
Reglamento, entre los cuales, en el punto 5, le solicité una copia
del contrato de arrendamiento del que estamos hablando así como los
informes de los servicios jurídicos del organismo y, en el punto 8,
las normas vigentes para la contratación externa de bienes y
servicios por la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos. Y
usted, señor Esteruelas o, mejor dicho, el Gobierno, el día 24 de
marzo de 1999 me negó esa información porque, decía, afectaba a
terceros; es decir, las normas vigentes de contratación externa de
bienes y servicios en Correos y Telégrafos, según el Gobierno,
afectan a terceros. Repito, hace un año me negaron la información;
ahora nos la entregan. ¿Qué ha cambiado de un año a esta parte, señor
Esteruelas? ¿Sabe lo que ha cambiado? Que un medio de comunicación ha
publicado cosas que a ustedes no les gustan y han decidido enviar la
información, para ver si corrigen el desaguisado. Es decir, el
criterio por el cual este Gobierno entiende que el Parlamento debe
ser informado no está en función del Reglamento de la Cámara ni de la
Constitución, no, sino de que haya un medio de comunicación que
publique cosas que les molestan. Ése es el criterio, a la vista de lo
que está ocurriendo. Yo lo solicito reglamentariamente hace un año y
se me niega, y ahora, porque ha habido una publicación, se nos
entrega. Este es el respeto que estamos observando que tiene el
Gobierno del Partido Popular con esta Cámara, señor Esteruelas. Usted
probablemente no lo conozca mucho porque no viene mucho por aquí,
pero esto lo estamos sufriendo permanentemente en la oposición.
Usted ha hablado de un informe -parece que se lo ha hecho un abogado
del Estado- por el cual no tiene que inhibirse en el procedimiento.
Yo le iba a leer el artículo 2.3 de la Ley de incompatibilidades de
altos cargos, pero veo que ya han hecho referencia a él, que dice
que, en virtud de este artículo, usted no tiene que inhibirse. Este
artículo dice que quienes desempeñen un alto cargo -usted, sin duda,
es alto cargo; el ministro también- vienen obligados a inhibirse del
conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o
que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su
cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil. Y
sigue diciendo: La inhibición se producirá por escrito para su
adecuada expresión y constancia y se notificará al superior inmediato
del alto cargo u órgano que lo designó. Además, este artículo no
contempla ninguna limitación temporal; por tanto, da lo mismo en qué
año o en qué siglo se tuvieron aquellas relaciones. Así es la ley.
Señor Esteruelas, yo no sé si a usted no le han gastado una broma
pesada, porque ese abogado del Estado ha olvidado algo que yo creo
que es importante, porque esta necesidad de inhibición la establecen
igualmente los estatutos de la entidad pública empresarial Correos y
Telégrafos, aprobados por Real Decreto 176/1998, cuyo artículo 17.6
expresamente dispone: El consejero director general, sin
perjuicio de lo establecido con carácter general en la legislación
sobre incompatibilidades del personal y altos cargos de la
Administración pública, será en todo caso -en todo caso, señor
Esteruelas- incompatible con cualquier vinculación directa o
indirecta con empresas relacionadas con la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos, salvo que sea en representación de
dicha empresa. Es decir, que no es sólo aplicable la legislación
general, que lo es, es aplicable, señor Esteruelas, la legislación
que tiene la propia entidad pública que usted dirige. Usted, señor
Esteruelas, ha incurrido en responsabilidad porque no se ha
abstenido, no se ha inhibido en el procedimiento. Eso ya lo sabíamos.
No hacía falta que viniera usted a decirnos que no existe el
documento, porque ya sabíamos que no existe. Ya sabíamos que usted no
se ha inhibido. ¿Y por qué tenía usted que inhibirse? Efectivamente,
por lo que usted ha dicho: usted fue socio durante bastantes años del
señor Santos Montoro, y no solamente socio, sino que tenía amistad
íntima con él, que se deriva de la cantidad de años de relación
personal que tienen y de la relación societaria, por lo que debió
abstenerse. Y no lo hizo, porque Correos ha suscrito un contrato de
alquiler con opción a compra con la empresa Montisa, que es propiedad
del señor Montoro. El contrato de alquiler es por 540 millones de
pesetas al año, con opción a compra ejecutable en enero del 2005,
según el contrato que ahora sí conocemos porque lo han envíado hoy. Y
allí pretenden ustedes ubicar su sede central. Muy bien.
La primera pregunta que se me ocurre es por qué hay que cambiar de
sede, señor Esteruelas, qué ventajas hay en el cambio para Correos y
Telégrafos, porque usted ha dicho muchas cosas, pero a mí me gusta
ver las cosas por escrito. Tiene que haber un informe del servicio
correspondiente del organismo que aconseje cambiar de sede y que diga
las razones por las cuales hay que hacerlo. Al final, vamos a ver que
esta decisión y la gestión correspondiente son muy onerosas para
Correos, señor Esteruelas, muy onerosas para Correos y su personal y
muy beneficiosas para un ex socio y amigo íntimo del ministro de
Fomento y del director general de Correos, que es usted, que es el
propietario de la empresa Montisa. Esa es la realidad: muy onerosa
para Correos y su personal, señor Esteruelas, y muy beneficiosa para
una persona, para un empresario que es amigo de ustedes y que ha sido
socio de ustedes, que se llama Santos Montoro.
A mediados de 1997 ustedes empezaron a buscar un local para marcharse
-usted lo ha reconocido-, a mediados de 1997. Fíjese qué
coincidencia, a mediados de 1997, no llega a un mes antes, el señor
Santos Montoro compra la finca sobre la que hoy se está construyendo
el edificio de Correos en el Campo de las Naciones mediante un
procedimiento que es paradigmático de la eficacia del Ayuntamiento de
Madrid, en once días. En once días se resuelve un expediente. Esto es
paradigmático en el Ayuntamiento de Madrid, y se resuelve el
expediente para adjudicar al señor Montoro una parcela que tenía
8.000 y pico metros edificables pero que un mes antes se recalifica
de nuevo para que tenga 16.000 y pico. Exactamente los metros que
ustedes decían que necesitaban para la sede de Correos.
Pues bien, en enero de 1998, según ustedes -hoy nos han envíado
información-, el agente inmobiliario Knight
Frank -o como se llame, porque la verdad es que en esto de los
idiomas no ando muy puesto, lo reconozco- les envía una oferta. Pero
fíjese que la oferta está escrita aquí, y lo que dice la empresa
Knight Frank es: Hace unos meses le entregamos un dossier relativo a
una petición de superficie para la compra de un edificio en la zona
céntrica de Madrid. Y dice que en este informe figuraba un edificio
en el Campo de las Naciones que desde entonces se retiró del mercado
de oficinas. Fíjese si tenían confianza en que ustedes se lo iban a
alquilar. Lo retiraron, según Knight Frank, y dice: hace unos meses.
Esto con fecha 20 de enero. ¿Cuántos meses, señor Esteruelas, cuántos
meses? ¿En qué fecha de 1997 recibió usted la primera oferta de
Knight Frank de la parcela de Correos? Porque usted ha reconocido,
y es verdad, que en septiembre de 1997 vendió las acciones de Falster.
Bien, pues contesta usted que hace unos meses y no sabemos dónde,
porque no hay más información. Aquí hay un montón de cartas que
ustedes dicen que envían pidiendo información a alguien, pero no hay
respuesta. No hay respuesta de esas compañías, de esas empresas del
patrimonio del Estado, de las personas a las que ustedes se dirigen
pidiendo información; sólo hay respuesta de Monthisa, exclusivamente
de ella. En esto que ustedes han enviado sólo hay respuesta de
Monthisa y de nadie más. Pues bien, la fecha en que Knight Frank les
lleva a ustedes por primera vez la oferta de Monthisa no está. Según
Correos, según usted, ha habido otras ofertas, y yo le digo que las
queremos ver, porque que no las conocemos. Usted me dice que hay una
serie de expedientes, pero yo no sé los que hay y, mientras yo no los
vea, señor Esteruelas, usted tiene que entender que yo siga
preguntando dónde están los informes, porque para este Parlamento no
existen; no existen, porque no los conocemos, no los han entregado.
Otra cosa: Ustedes contrataron el alquiler de ese edificio antes de
que dicho edificio se comenzara a construir. Lo contrataron en mayo
de 1998 y la licencia del Ayuntamiento de Madrid para obras de ese
edificio se obtiene en diciembre de ese mismo año, empezando a
construirse en enero de 1999. Empieza a construirse siete u ocho
meses después de que ustedes alquilan el edificio, lo que significa
que ustedes deciden alquilar un edificio y se supone, porque no
tenemos ni un papel que nos lo diga, señor Esteruelas, que ustedes se
preocupan de que sea acorde con las necesidades de Correos. Se supone
que ustedes encargan un proyecto y dicen lo que quieren que tenga ese
edificio.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego que vaya concluyendo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: ¿Cómo es posible que a continuación haya
que hacer reformas tan importantes como las que se han hecho porque
se han olvidado de poner no sé cuantas cosas y además las paga
Correos?
Usted ha incumplido otra cosa muy importante y es que no ha abierto
un expediente, como es su obligación. No hay ni una sola carta, ni
una sola referencia al número de expediente y, si hay expediente, por
favor, señor Esteruelas, dígame su número. No hay expediente. Usted
ha incurrido en irresponsabilidad porque no se ha inhibido,
debiéndolo hacer. ¿Cómo es posible que no se haya hecho un
expediente? ¿Cómo es posible que ustedes alquilen un edificio por 540
millones de pesetas al año (una cantidad que dice el ministro que es
muy pequeña, pero que a mí me parece que es enorme, además con una
opción de compra en el 2005), y no haya un expediente que garantice
no solamente la seguridad jurídica, señor Esteruelas, sino la
transparencia y la claridad? Cuando no hay expediente, señor
Esteruelas, lo único que se garantiza es la opacidad y la
arbitrariedad. Si no hay expediente, eso es lo que se garantiza,
señor Esteruelas, y, por tanto, quiero preguntarle por qué no hay un
expediente y por qué cambian ustedes de opción cuando siempre ha
estado planteando Correos que lo que quería era comprar un edificio y
no alquilarlo. Además, ustedes han llevado la opacidad y el
oscurantismo al extremo de que al secretario general de la CGT, de
Correos y Telégrafos, en contestación a su escrito de fecha 28 de
abril de 1998 -ustedes las ofertas las habían recibido en 1997-, le
han dicho que no saben nada del traslado de la sede de Correos a otra
sede. Le han negado la información cuando hacía más de un año que
estaban realizando gestiones.
Con respecto a la gestión económica de la que tanto presume el
ministro y de la que tanto presume usted, señor Esteruelas, le voy a
decir algunas cosas y ya acabo, señor presidente. Se trata de un
alquiler de 540 millones de pesetas durante cinco años, lo que supone
un total de 2.700 millones de pesetas si las matemáticas no fallan,
que creo que no. El precio mínimo del inmueble más la parcela será de
6.500 millones de pesetas en enero del 2005. ¿Saben ustedes por qué?
Porque esta parcela, este inmueble ha sido hipotecado por Monthisa a
una entidad financiera -tengo aquí los datos de la entidad financiera
y de la hipoteca- y en esa hipoteca han pactado la entidad financiera
y Monthisa que la tasación del inmueble, a efectos extrajudiciales,
por tanto comerciales de todo tipo, es de 6.500 millones de pesetas
ahora, ya en este momento. Por tanto, como mínimo será de 6.500
millones dentro de cinco años. ¿Verdad que parece bastante claro que
será como mínimo eso?
Por consiguiente, si Correos compra el inmueble, dentro de cinco años
pagará por él un mínimo de 8.800 millones de pesetas, que es la suma
de los 2.700 millones que ha pagado del alquiler, los 6.500 que como
poco valdrá, menos los 400 millones que, según el contrato, le
deducirán, porque sólo le van a deducir un 15 por ciento de las
cantidades que haya pagado en concepto de alquiler. Los 8.800
millones de pesetas los van a pagar ustedes por 16.000 metros
cuadrados en el Campo de las Naciones.
Y ahora le digo: el actual edificio de la calle Aduana, que ustedes
abandonan, ha sido comprado en julio de este año -ya lo dice usted en
el informe dado a la prensa- por una sociedad que pertenece a la
comunidad de Madrid, por 4.000 millones de pesetas por 11.000 metros
cuadrados. Es decir, ustedes hubieran podido comprar el edificio
donde ahora están, en el centro de Madrid, que es donde tienen las
sedes sociales las empresas que tienen categoría y necesitan tener un
escaparate en el centro de la ciudad, porque es lógico, y creo que
Correos necesita tener un escaparate en el centro de la Ciudad, su
sede central debe estar en el centro de la ciudad. Pues bien, en el
centro de la ciudad, en la calle de la Aduana, donde ya están,
hubieran pagado por 11.000 metros cuadrados 4.000 millones. Donde se
han ido
van a pagar 8.800 por 16.000, sólo por 5.000 metros cuadrados más.
Eso no lo han dicho en la información, pero lo digo yo. Alas afueras
de Madrid van a pagar un tercio más de lo que pagarían en el centro.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le ruego concluya.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino rápidamente, señor presidente.
A eso hay que añadir 80 millones más de las reformas, que son los 140
menos los 67 que no tendrán que pagar si lo compran. El inmueble
propiedad del ex socio e íntimo amigo del ministro de Fomento y del
consejero director general de Correos se va a amortizar en cuatro
años. Señor Esteruelas, esto es un escándalo. En cuatro años ustedes
van a amortizar el edificio del señor Montoro, en Campo de las
Naciones, en cuatro años, señorías, porque van a pagar 540 millones
de pesetas cada año de alquiler y en cuatro año habrán pagado los
2.044 que vale ese inmueble. ¿Saben lo que normalmente cuesta
amortizar un inmueble a cualquier empresario del sector en Madrid?
Entre 20 y 30 años, como mínimo. Esto lo sabe todo el mundo en
Madrid, es un escándalo, señorías. Esto es un agravio comparativo
grave para los empresarios del sector.
Además ha firmado un contrato leonino para la entidad que significa
un gran negocio para el señor Montoro. No es posible saber el precio
del inmueble que va a tener en el 2005, no hay manera de saberlo en
este momento, porque se actualizará a precio de mercado, señorías.
Usted ha firmado un contrato con opción a compra sin saber lo que
cuesta ni lo que va a comprar. ¿Eso cómo se llama, señor Esteruelas?
Ustedes han renunciado al derecho de tanteo y retracto expresamente
en la cláusula undécima. ¿Ustedes se imaginan esto? Renuncian
gratuitamente a ese derecho. En detrimento de Correos, claro está, y
en favor de un amigo. Naturalmente. Además, la revisión de la renta a
precio de mercado es inaceptable, según el subdirector general de
Compras, pero se ha mantenido en el contrato. Aquí está la
información del subdirector general de Compras, que dice que es
inaceptable, como lo anterior. Lo han hecho ustedes en contra de la
opinión de los responsables del área correspondiente de Correos. ¿Por
qué paga Correos las reformas del inmueble? ¿Por qué no las paga el
dueño del inmueble? ¿Qué proyecto de edificio redactaron ustedes, que
es un desastre?
Otra cosa. Nos ha hablado de las ofertas. Ustedes, efectivamente,
tuvieron una oferta del Ministerio de Hacienda sobre el edificio del
antiguo organismo de loterías, en la zona de Canillejas, y han tenido
otras más, pero nosotros no conocemos esas ofertas.
Por tanto -y concluyo, señor presidente- ustedes han llevado
oscurantismo total sobre este asunto, han negado información al
Parlamento, ahora pretenden marear la perdiz intentando comparar una
gestión pasada con la de ustedes, pero no dicen la verdad casi en
nada de lo que hablan ni de lo que escriben. Seguimos sin conocer los
documentos. Usted no se ha inhibido, señor Esteruelas, y ha incurrido
en irrresponsabilidad; usted no ha abierto un expediente y ha
incurrido en otra irresponsabilidad y su gestión es un
auténtico desastre para Correos, la pinte como la quiera pintar. Y el
responsable político de su gestión es ese señor que tiene sentado a
su izquierda, el ministro de Fomento. El ministro de Fomento debería
pensar qué hace sentado todavía en el Consejo de Ministros y qué hace
usted todavía como director general de Correos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, por favor.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, la verdad es que después de
oír la intervención tanto por parte de Correos como por parte de la
primera solicitud de comparecencia a uno le quedan todavía algunas
cosas complicadas. Le voy a dar tres informaciones al director
general para que él pueda entenderlas, porque me ha parecido que ha
tenido una intervención a la defensiva, como justificando mucho las
cosas. La primera, que no tenga usted ningún problema, que la
remisión de la información la puede hacer usted directamente a esta
Cámara a través del presidente de la Comisión, nos llegará. Ha
empezado diciendo que no sabía dónde lo tenía que remitir, pues al
Congreso y al presidente de la Comisión; nos hubiera llegado. La
segunda, usted ha terminado diciendo algo así como que venía con la
misión de convencer, pero que si ya estábamos convencidos... No, su
misión aquí no es convencer, es dar explicaciones, responder a lo que
le pregunten; convencer es otra cosa, pero la explicación debe darla
cumpliendo con un compromiso del propio Reglamento. La información
que usted ha dado -permítame que le diga- nos ha dejado un tanto
fríos. Nos dice que tenía el 15 por ciento de acciones a través de
una persona, de su mujer, que deja el consejo de administración en
septiembre de 1996 y que vende las acciones en septiembre de 1997,
muy cerca de la operación. El escrito que le dirige la consultora el
día 20 de enero, la que le ha ofrecido, porque ustedes se dirigieron
a varias consultoras -según ha dicho usted-, aproximadamente
a mediados del mes de julio. Y dice: Hace unos meses, le hemos
entregado un dossier relativo a algunos sitios. Hace unos meses, en
enero. La coincidencia de su venta de acciones pilla en medio de la
operación o muy cercana a la operación. En julio usted pide
explicaciones, y unos meses antes, el 20 de enero, ya le han dicho
que hay un edificio en el Campo de las Naciones. La Ley de
incompatibilidades es taxativa, usted se tenía que haber inhibido.
Usted no puede decidir este contrato habiendo tenido esa relación,
sea la que sea, sea vender apartamentos o sea gestionar un
restaurante, usted no debería haber hecho ese contrato, por más
asesoría jurídica que tenga el propio organismo de la entidad pública
empresarial de Correos, porque la Ley de incompatibilidades es
manifiesta en esto, no puede tener relación con ninguna empresa y
esto es un problema. Los que han pertenecido a una determinada
actividad tienen que medirse antes de aceptar un cargo público. Eso
es así ,y después cuando se vaya también tiene que estar usted dos
años sin tener ninguna relación con ninguna empresa que tenga algún
contrato con la Administración pública, no con su ministerio, con
ninguna. (El señor ministro de Fomento, Arias-Salgado Montalvo: No es
verdad.) La ley no habla de su ministerio. Claro, es que, ustedes
interpretan las normas y así nos luce el pelo con las
incompatibilidades. Y las aplicaciones que están haciendo con las
incompatibilidades nos llueven. Esa laxitud para aplicar las
incompatibilidades y realizar los informes es el ejemplo de lo que no
debe ser. Más vale que no tengan ley de incompatibilidades. No
anuncien ustedes regeneración democrática, no anuncien que ustedes
van a acabar con eso y cuando vienen aquí hacen justo lo contrario.
La ley está desde el año 1995. No digan ustedes en campaña que van a
aplicar regeneración. Digan que van a aplicarlo al revés, la ley del
embudo, lo estrecho para ti y lo ancho para mí. Eso no es la
regeneración, es otra cosa.
En cualquier caso, incluso en su explicación ha añadido algunas
contradicciones. Yo le voy a pedir explicación concreta para que me
responda si es así o no es así. ¿Ustedes han distribuido, al día
siguiente de la publicación en un medio de comunicación, este escrito
entre todos los edificios de Correos para dar una comunicación
interna de lo que publicaba un medio de comunicación? ¿Sí o no? Esto
va sin firmar, pone: gabinete de comunicación. Cuando se abre una
información, ¿es normal que se haga así, o que no se haga?
Segundo, ¿ustedes han tenido que invertir algún dinero en el edificio
que les tenían que haber entregado construido por la empresa? ¿Han
tenido que hacer alguna reforma o algunas actuaciones para asegurarse
de las normas de seguridad e higiene por un valor de 140 millones de
pesetas? Si no, diga: no fue así, no nos gastamos ni un duro, ya lo
había hecho la empresa.
Vamos al informe; son once las consideraciones, no doce, en el
informe que yo he leído y en el contrato que tengo. Lo primero de
todo le voy a preguntar si el contrato que tengo es el que vale. Este
contrato que usted nos ha entregado, que pone contrato de
arrendamiento, ¿es el oficial, es el aprobado, es el que vale?No el
borrador, el que firman ustedes con una fecha determinada, me imagino
que será su rúbrica y la de la otra parte contratante, que es el
señor Juncal. Pues, aquí hay seis de las consideraciones que le hacen
que no están recogidas, y le voy a leer alguna para que no nos
vayamos creyendo que prácticamente se le ha asumido todo. Le dice la
primera estipulación: ¿Se incluye o no la capacidad de prórroga
pedida por la parte arrendataria? Segunda. ¿Se puede prever la
resolución anticipada por parte del arrendatario? Tercera, dice: Es
excesivamente bondadosa con el arrendador y gravosa con el
arrendatario. Un ejemplo, que ustedes han corregido aquí en parte
pero no en la totalidad: si ustedes no pudieran cumplir el compromiso
de abandonar en los años que le ha estipulado el contrato tendrán que
indemnizar por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento
contractual por una cantidad equivalente al triple de la renta diaria
exigente en ese momento, si son 540 millones, divida por 365 días, y
sale a más de un millón y medio de pesetas por día; si es el triple,
multiplique. Bueno, pues fíjese si es al revés: la que han puesto
ustedes es que si hay demora en la entrega de la obra por parte de la
arrendataria un millón de pesetas. ¿Por qué para ustedes es tres
veces un millón y medio y para ellos es un millón por cada día que
incumplan uno y otro? ¿Qué pasa, que esta medida es la forma de
apoyar al organismo público de Correos? Yo la verdad es que no la
encuentro lo más normal.
Fíjese lo que también han mantenido como excusa para que no tengan la
obra terminada, se lo decía la estipulación
quinta (la otra que le he dicho era la cuarta), que dice: Hacer
entrega del edificio terminado, conforme al proyecto adjudicado, el 1
de enero del 2000, siempre y cuando haya obtenido la correspondiente
licencia municipal -que la ha obtenido- y en supuestos de fuerza
mayor (inundaciones, lluvias catastróficas, huelga del sector de la
construcción, u otro que pudiera afectar a esta). Y le dice el
informe: no ponga eso. Usted lo ha dejado puesto, aquí está, en el
contrato que usted nos ha entregado, puede ser que también haya otro
contrato después.
En suma, esto de todo medido, todo transparente, me da la impresión
de que no está tan transparente ni tan medido, ni todos los informes
están tan precisos como usted nos ha relatado en la explicación. ¿Que
ustedes lo han querido hacer bien? No lo dudo, pero la verdad es que
la apariencia que estimula va por otro lado distinto. Es verdad que
las normas de contratación son posteriores a cuando firman ustedes,
pero la negociación es de antes, y el estatuto de la entidad pública
empresarial Correos y Telégrafos fue aprobado el 16 de febrero de
1998, y éste decía en su artículo 4 que los principios a los que debe
ajustarse usted para las contrataciones, incluidos los arrendamientos
y la compra de edificios, son los de publicidad, concurrencia,
salvaguarda de los intereses públicos. Permítame que le diga que
usted no me ha dado razones ni informaciones para que yo crea que se
han dado aquí esos tres requisitos. No se han podido dar, según lo
que yo veo. El estatuto de la entidad pública empresarial estaba en
vigencia, debería de haber funcionado.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego que concluya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Concluyo, señor presidente, porque la hora
nos anima a ello.
Creo que la mejor fórmula para actuar desde un cargo público, desde
un cargo de responsabilidad a la hora de decidir, es demostrar que no
tiene uno relación de cercanía que pueda favorecer a un tercero.
Pienso que en este caso no se ha dado esa circunstancia. Amí me
gustaría que en su respuesta pudiera aclarar algunas de las cosas que
están todavía encima de la mesa y le aseguro que toda la información
que ha dado no cae en saco roto. Todo lo que usted deje aquí como
información será más precisa de la que teníamos antes. Hay una cosa
positiva, y es que hay que ver de lo que nos hemos enterado en dos
días. Cuando he venido esta tarde -es verdad que he venido un poco
tarde, a las seis y media- hasta que ha empezado la comparecencia me
he leído estos tres documentos y ya tengo más información. La que
usted nos aporta hoy, que se la dejará al presidente y que me llegará
Dios mediante mañana, la podré leer y tendré más información. Ojalá
que al final quede claro cuál ha sido el procedimiento y que ha sido
sana la decisión. Aunque usted con toda su información nos pudiera
aportar más datos, no se parecerá en nada a lo que yo saco como
conclusión hoy. Mañana todavía le invito a que siga convenciéndonos.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muy brevemente, señor Esteruelas, después de
todas las comparecencias que llevamos (yo estoy aquí no desde las
seis media sino desde las cuatro y media, que es cuando me enteré de
los documentos), no quisiera dejar de intervenir en este momento por
considerarlo una descortesía. Espero que para mi grupo - y para mí en
su representación- la información que ya teníamos y la que nos
entregará el presidente sea por ahora suficiente para tener una
posición clara sobre el tema. Acabo aquí por lo tarde que es ya, pero
si no hubiese saludado al señor Esteruelas, me hubiese parecido una
descortesía monumental.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Con la máxima brevedad.
El señor Esteruelas ha dado una explicación precisa y, clara, que
completa la contundente información que a propósito de la
comparecencia anterior ha dado el señor ministro. Consiguientemente,
yo no necesito más información. A pesar de que haya sido de alguna
manera el propiciador de que los demás grupos hayan recibido la
documentación a tiempo, el director general de Correos ha hecho un
enorme esfuerzo para dar información sin haber recibido la petición
oficial a través de la Cámara. Por tanto, señor Esteruelas, no sólo
me doy por satisfecho, sino que le felicito por su excelente
exposición.
Puesto que aquí todos los grupos con más o menos formación jurídica
hacen excursiones jurídicas, permítame que yo haga una brevísima
sobre el tema de la inhibición. Para alguien que vea con sentido
común jurídico el apartado 3 del artículo 2, es clarísimo el dictamen
del abogado del Estado que ha leído el señor Esteruelas, pero de una
claridad meridina, en el sentido de que a las normas hay que darles
una interpretación restrictiva cuando son restrictivas de derechos.
Habría sido necesario que el señor Esteruelas hubiera intervenido en
Monthisa porque el texto al que se refiere es que interese a empresas
o a sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración
hubieran tenido alguna parte ellos. Ha quedado claro que el señor
Esteruelas no ha tenido participación en Monthisa, ni él, ni su
cónyuge, ni persona de su familia dentro del segundo grado. Por
consiguiente, la lectura del texto, con sentido común jurídico y con
sentido restrictivo como corresponde a toda interpretación en norma
restrictiva de derechos, es clarísima.
Y la segunda excursión jurídica, ésta mucho más modesta, es para
decir al señor Torres Sahuquillo que el expediente administrativo no
es una cosa que tiene un número. Afirmar que sólo existe expediente
administrativo si hay un número me parece que es una obviedad, señor
Sahuquillo, y perdone la crueldad que esto puede suponer.
Consiguientemente, yo creo que aparece en escena, junto al componente
de malevolencia (y no quiero, señor presidente, abrir el debate que
ha estado presente en comparecencias anteriores), perdónenme, con el
debido respeto y afecto, un poquito de ignorancia. Señorías,
estúdiense los papeles, por favor, estúdienselos y tengan una mínima
capacidad interpretativa de las normas. (El señor Ríos Martínez: Pero
si nos los acaban de dar, ¿cómo los
vamos a estudiar?) Sólo así se entiende el sentido de alguna
intervención.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de todos los
grupos, tiene la palabra el señor Esteruelas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS (Esteruelas
Hernández): Señor Torres Sahuquillo, usted ha empezado por decir que
me ha pedido hace tiempo el contrato de arrendamiento y que, cuando
usted me lo pidió, la razón que le dieron a través de Presidencia fue
que no se les podía dar porque afectaba a terceros. En la información
que se le ha dado, junto con el contrato de arrendamiento, figura una
carta de Monthisa en la que libera a Correos de esa obligación de
confidencialidad. Confidencialidad que, dicho entre paréntesis, echo
yo en falta, porque los documentos que se han filtrado, no hay duda
que se debe a que no todo el mundo entiende la confidencialidad de la
misma manera.
Usted me habla de que el informe de la Abogacía del Estado no le
resulta satisfactorio y me cita como argumento de esa insatisfacción
la Ley de 1998, que es la que, digamos, rige para la transformación
de Correos en ente público empresarial. Como yo le he dicho, la ley
vigente cuando se firma el contrato no es ésa, sino la de abril de
1992, y no creo que, debido a la hora, merezca la pena seguir
debatiendo. En un momento determinado hay unas normas de contratación
vigente, que son las que son y de nada vale que usted me cite, como
prueba de irregularidades, el que la Ley de 1998 decía otra cosa
distinta. Claro que dice otra cosa distinta, porque en la
transformación de Correos, de organismo autónomo a ente público
empresarial, las normas de contratación se hacen más exigentes que
las que regían en 1992.
Me dice usted que por qué hay que cambiar de sede social, que informe
por escrito y que si no hay expediente. La verdad, el razonamiento de
que si no hay expediente uno necesita hacer determinadas cosas, puede
que desde el punto de vista administrativista sea válido, pero no
desde el punto de vista práctico. Aún más. El informe técnico en el
que se aconseja cambiar la sede social de Correos es de 28 de marzo
de 1998 que se le ha entregado a usted, señor Sahuquillo. No sé si es
que usted me hace las preguntas para buscar un renuncio por mi parte
o es que, por el contrario, no se lee usted los papeles.
Me dice usted que el tema es oneroso para Correos y su personal. Mi
opinión personal es que no, y si usted preguntase a los 65.000
trabajadores de Correos, vería usted qué es lo que dirían y qué
agravios comparativos sacarían, porque todos ellos están llevando a
cabo su trabajo en unos edificios bastante peores del que va a ser.
No generalicemos. No hay duda -usted lo sabe, dígalo- de que detrás
del cambio hay una resistencia de la gente de Aduana, que no son
todos los empleados de Correos, que por razones legítimas no quieren
cambiar. ¿Por qué? Porque sus domicilios están en la parte sur de
Madrid. Pero no son todos.
En ese sentido, nosotros hemos hecho varias cosas. Primero, antes del
cambio hemos pasado una nota preguntando quiénes querían trabajar en
otras dependencias de Correos en Madrid. Han contestado 38 personas y
a ellas
se les va a buscar un puesto de trabajo en otras dependencias de
Correos en Madrid. Segundo, hemos convocado un concurso para que
aquellas personas que quisiesen ir a otros organismos de la
Administración, en este caso concreto a la Tesorería de la Seguridad
Social, pudiesen hacerlo, y 78 personas se han apuntado a ese tema.
Hicimos una tercera gestión, que fue promover una encuesta entre el
personal de Correos de Aduana preguntando quiénes estaban interesados
en que se les hiciesen las gestiones necesarias para buscar un piso
cerca del nuevo edificio social de Correos, y la respuesta a esa
encuesta se la pasamos a los sindicatos, porque los sindicatos decían
que esa era una gestión que se tenía que hacer dentro de acción
sindical. Todo eso es lo que se ha hecho. De ahí a inferir que eso es
oneroso para Correos y su personal me parece que existe un gran
trecho.
Pero usted ha dicho una cosa más importante, señor Sahuquillo: es
beneficioso para usted. Eso tiene que probarlo y si no lo puede
probar, no lo diga. Si usted juega de farol, enseñe las cartas,
porque no puede usted decir que eso es beneficioso para mí sin tener
las pruebas. (El señor Torres Sahuquillo: Yo no he dicho eso.) Sí,
señor, lo tengo apuntado aquí: beneficioso para usted. (El señor
Torres Sahuquillo: Lo comprobará en el acta.)
El señor PRESIDENTE: Señor Torres y señor Esteruelas, no hagan debate
entre ustedes, por favor.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CORREOS YTELÉGRAFOS (Esteruelas
Hernández): Usted me pregunta cuándo aparece la oferta de Monthisa en
Correos. Yo le contesto: la carta de Knight Frank lleva fecha de
veintitantos de enero de 1998, no lo recuerdo exactamente. Como usted
recordará, en mi exposición he dicho que se hicieron una serie de
peticiones a determinadas empresas inmobiliarias y en ese momento no
se presentó la oferta de Monthisa a la que usted ha hecho referencia.
Alo que hace referencia la carta de Knight Frank es a una oferta
distinta, concretamente de Metrovacesa, que nos presentaron después.
Quiero decirle que el edificio empezó a construirse en enero de 1999.
Trata usted de relacionarme con todo aquello que hizo Monthisa
referente a la licencia de construcción y mayor edificabilidad. Mire
usted, ese no es mi tema en absoluto, porque yo no he tenido ninguna
relación con Monthisa e ignoro las gestiones que hizo Monthisa
tendentes a comprar el edificio, a obtener el grado de edificabilidad
que ese solar les daba y a la licencia de construcción.
Luego me dice usted: No hay expediente de construcción. Creo que su
obsesión por el expediente le puede hacer llegar a perder los
papeles. ¿Cómo va a haber un expediente de construcción si nosotros
no construimos el edificio, señor Torres Sahuquillo? No hay un
expediente de construcción porque no lo construimos nosotros.
Después, cuando terminemos, me explica usted fuera cómo ha llegado al
precio de 8.800 millones, que es lo que va a costar el edificio en
enero del año 2005. Alo mejor, si usted me demuestra que tiene una
varita mágica para calcular lo que va a costar ese edificio, cuando
deje de ser director general de Correos montamos una empresa usted y
yo, y nos vamos a forrar, porque eso es una valoración que
no tiene ningún tipo de fundamento. El edificio valdrá lo que el
mercado inmobiliario diga que vale. Además, la opción de compra
significa que los 2.700 millones de pesetas que hemos tenido que
pagar por los cinco años de alquiler no los hemos tirado. En Aduana
se han pagado 3.400 millones de pesetas y había una opción de compra
de 7.500 millones de pesetas en el año 1992, y 8.500 millones de
pesetas en 1993. Usted mismo ha reconocido que la Comunidad de Madrid
ha pagado 4.100 millones de pesetas, luego no venga dando por buenas
unas cifras que son producto de un cálculo frívolo. El hecho de que
el secretario general de la CGT preguntó si sabía algo sobre el nuevo
edificio de Correos y se contestase por parte de la Subdirección de
Relaciones Industriales que no sabía nada, no es de extrañar, porque
era otra unidad de Correos la que llevaba las gestiones y aquella
subdirección no tenía por qué saber lo que le preguntaba el
secretario de la CGT.
Señor Ríos, empiezo por lo último. Ha habido publicidad
y concurrencia en las ofertas. Tiene usted razón en que en estos
momentos no dispone de toda la información, parte de la cual estoy
haciendo entrega al presidente de la Mesa, pero tendrá usted
información más cumplida de todo aquello que no tiene.
Respecto a si hemos distribuido esa nota interna en Correos, debo
decir que lo hemos hecho a través del departamento de comunicación
interna, que es el que se encarga de aquellos temas que creemos deben
ser de conocimiento del personal, y me parece normal.
Usted me dice que no ha sido recogido en el contrato que tiene, que
es el único, porque los otros no llevaban la firma. No hay más
contrato que el que lleva mi firma. En relación con ese tema, tengo
aquí las observaciones del departamento de finanzas y lo que se ha
recogido y se las voy a leer.
Las observaciones son las siguientes: Denominación de Correos y
Telégrafos como entidad pública; aceptada. Plazo de arrendamiento
considerado excesivo, quince años; no fue aceptado en la negociación.
Necesidad de establecimiento de penalizaciones por demora en la
entrega del edificio; aceptada, cláusula quinta y las penas por
demora fueron de un millón de pesetas al día. Determinación de los
gastos del inmueble que satisfarán en el momento de la entrega;
aceptada, cláusula novena, párrafo cuarto. Determinación de los
impuestos que se deberán pagar a partir de la entrega del inmueble;
aceptado, cláusula novena, párrafo cuarto. No renuncia a los derechos
de tanteo y retracto; aceptada parcialmente en la cláusula séptima
del contrato con opción a compra. Exclusión de la cláusula del
borrador relativa al estado de conservación del inmueble; aceptado.
Imputación de daños y perjuicios a cuenta de la fianza; aceptada.
Necesidad de control de calidad en la construcción, aceptada;
necesidad de designación y pago paritario de los consultores para
ejercitar la opción de compra, así como para la revisión de las
rentas; aceptada, cláusula tercera del contrato. Inclusión en la
opción de compra de que los gastos e impuestos son según ley;
aceptada, cláusula cuarta. Escaso el quince por ciento del
arrendamiento que se imputa al precio de la opción; no aceptada, el
quince por ciento de las rentas imputables a la opción fue aumentado
desde el 10 al 15 por ciento. Hay que tener en cuenta, como he dicho
antes, que el contrato de opción es gratuito.
Señorías, mi petición a voluntad propia de participar en esta
comparecencia tiene como objeto, primero, asegurar que en todo el
proceso tendente a la identificación de la oferta final, no se ha
vulnerado ni conculcado ninguna normativa vigente. Segundo, no me
cabe la menor duda de que la oferta seleccionada de entre todas
aquellas que obraban en nuestro poder es la mejor. No puedo negar que
todo es susceptible de mejora, pero que entre todas las ofertas que
obraban en nuestro poder es la mejor no me cabe la menor duda.
Tercero, el cambio de sede social de Correos, como he dicho al
principio de mi exposición, es un paso que tiene una trascendencia
más allá del cambio de ubicación y que va a favor de la modernización
y del reforzamiento de Correos, para poder competir en un mercado más
liberalizado. No ha habido absolutamente ningún otro interés que el
tener una gestión más eficaz para la entidad pública empresarial que
dirijo.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de réplica, se conceden
dos minutos a cada grupo.
Tiene la palabra el señor Torres, por dos minutos de reloj.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente, aunque espero
que, por favor, no sea tan estricto.
Al señor Ortiz le quiero decir sólo una cosa. El que no quiere ser
cruel con usted soy yo, pero usted debería saber que cuando existe un
expediente lleva un número siempre. El expediente no existe, lo he
afirmado. Para probar que no existe he retado al señor director
general a que diera el número de expediente, porque todos los
expedientes que existen llevan un número, señor Ortiz.
Tampoco quiero ser cruel con usted si añado que, además de lo leído
sobre incompatibilidades, hay más cosas, señor Ortiz. Por ejemplo, el
señor Esteruelas estaba obligado a abstenerse del procedimiento de
contratación, ya que se puede suponer que concurría una relación de
amistad íntima con el señor Montoro, de quien había sido socio
anteriormente. Ello en aplicación, señor Ortiz, de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, cuyo artículo 28 señala, entre las causas de
abstención las autoridades y el personal al servicio de las
administraciones de que quienes se den algunas de las circunstancias
señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de
intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior
inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención
los siguientes: punto c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta
con algunas de las personas mencionadas en el apartado anterior.
Señor Ortiz, cuando haga excursiones sobre los temas jurídicos tenga
usted cuidado.
Quiero decir que niego rotundamente que haya afirmado, y se podrá
comprobar en el «Diario de Sesiones», señor Esteruelas, que este
contrato le beneficiaba a usted personalmente. He dicho que
beneficiaba a un amigo suyo, a Santos Montoro, no a usted. Se lo
repito, lo niego rotundamente porque no lo he dicho, y se podrá
comprobar en el «Diario de Sesiones». He dicho que era muy oneroso, y
lo
mantengo, para Correos. Como sí nos interesa Correos, nos preocupamos
de que estas cosas no pasen.
No hay expediente de construcción porque no construimos, me dice.
Pero si yo no he hablado del expediente de construcción, señor
Esteruelas. ¿Usted cree que soy tonto?, Ya sé que no construyen
ustedes, construye Tilmon, que es otra empresa donde tiene
participación Santos Montoro. Aquí hay más cosas, ya sé que ustedes
no construyen.
No voy a explicar fuera de dónde salen los 8.800 millones. Lo he
dicho aquí y se lo voy a volver a explicar. Son 2.700 millones de
pesetas en cinco años de alquiler, a los que hay que sumar un mínimo
de 6.500 millones de pesetas, que valdrá ese inmueble porque ya está
tasado. Dentro de cinco años habrá que sumarle el IPC, habrá que
sumarle muchas cosas y la revalorización a precio de mercado y le
resto 400 millones de pesetas, que es el 15 por ciento de lo que
usted paga de alquiler, que es lo máximo que le van a permitir
quitarle. Todo ello suma 8.800 millones de pesetas, señor Esteruelas.
Fíjese si es fácil de sacar.
Por cierto, no hay abogado del Estado -termino rápidamente, señor
presidente- en Correos. Ese informe que usted tiene, según me dicen,
es de una asesoría que tienen ustedes contratada. Si es del Abogado
del Estado nos lo enseña.
Acabo rápidamente. Dice usted que no tenía por qué saberlo el
director de relaciones industriales porque estaba haciendo otra cosa.
¿Tan mal funciona, señor Esteruelas, que no puede saber el director
de relaciones industriales que hay otro departamento gestionando un
asunto, que es el traslado de la sede central de Correos, que lleva
un año gestionándose? ¿Ni siquiera puede preguntar? Tenga usted en
cuenta que la carta que envía es un documento oficial de Correo; es
un documento que compromete a Correos negando una información. El
problema no es que no lo supiera porque tenía capacidad de saberlo,
se supone, a no ser que funcione tan mal Correos que sea imposible
saber lo que hace uno, lo que hacen los vecinos, con lo cual eso
sería un auténtico desastre si fuera así. Está claro que sí lo
sabían, pero lo han querido ocultar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Permítame un segundo más.
Aquí tengo un informe hecho sobre el inmueble famoso del Campo de las
Naciones. Ese inmueble es un auténtico desastre porque van a estar
sin despacho los 15 subdirectores. No cabe la gente.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Sahuquillo se le ha acabado el
tiempo.
Señor Ríos, tiene usted la palabra.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, a mí me va a sobrar.
Solamente voy a insistir en dos preguntas y repetir una afirmación
que he hecho antes.
La primera pregunta es si el informe jurídico es del abogado del
Estado y usted lo puede aportar, porque estamos hablando de la
aplicación de incompatibilidad que es un derecho y un deber legal. La
segunda es si hay o no un proyecto
de reforma del edificio que se le va a entregar a Correos por
un volumen de dinero en función de unos problemas de seguridad e
higiene en el trabajo.
La afirmación que le quería hacer es que, desde mi punto de vista (no
soy jurista, ni quiero presumir de ello, porque la ley, según quien
la mire, tenemos que defenderla uno y otro y hasta que la aplica el
juez tiene interpretaciones diferentes), en este caso sí hay
incompatibilidad a la hora de aplicarse su relación con una filial de
esa empresa. Hubiera sido mejor para todos el que usted se hubiese
inhibido.
En cuanto al informe y la seguridad, ya no son doce, sino once las
consideraciones. Usted ya ha aceptado que tres de ellas no se han
recogido, yo le he dicho dos más que no ha citado usted que tampoco
se han recogido, por tanto,, ya no está el informe tan asumido. El
cálculo de la revalorización que se hace con cinco empresas que hacen
una actualización según mercado, pero que tiene dos suplentes,
etcétera, ¿no había un informe que también aconsejaba que eso era
excesivamente exigente? En suma, y termino, señor presidente, el
procedimiento, a pesar de que ustedes hayan sido escrupulosos, no lo
ha sido tanto. No entro en los números porque hasta en la escuela me
costaba trabajo, pero para que haya un orden en cualquier tramitación
hay una carpeta con un expediente en la que se mete todo. Eso hubiera
sido bueno porque así no hubiéramos tenido que estar buscando
papeles.
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Treinta segundos, señor presidente.
No es hora de discutir el concepto de expediente administrativo. Se
entiende por expediente administrativo un conjunto de actuaciones en
la Administración que puede tener un número o no. Insisto, la ley que
es de aplicación es la de abril de 1995, que se refiere a los altos
cargos, y la lectura del artículo 2 apartado 3 es contundente.
Tendría que haberse tratado de la empresa Monthisa, como tal, y de
ninguna de sus filiales para que procediera la aplicación implacable
de la obligación de inhibición de ese apartado 3 del artículo 2.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate de las comparecencias,
tiene la palabra el señor Esteruelas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS (Esteruelas
Hernández): Señor Ríos, primero, sí hay informe jurídico y se aporta.
Segundo, sí hay un informe sobre las modificaciones que se deben, no
a cuestiones de seguridad sino, como le he detallado anteriormente,
a la exigencia de que ese edificio tenga un centro de datos, una
cafetería, una oficina de correos, un salón de actos y unos locales
para los sindicatos; y hay un expediente también referente a la
construcción. El sistema de cinco expertos puede ser exigente, pero
nos ha parecido que es una fórmula de garantizar un precio justo.
Señor Torres Sahuquillo, existe un abogado del Estado, que está
precisamente en esta sala. Esos informes de laAbogacía del Estado de
Correos no han sido contratados
externamente y me da la impresión de que si todas sus manifestaciones
anteriores tienen la misma base que ésta última, creo que tiene usted
una exposición bastante débil.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Muchas gracias a los servicios de la Cámara porque nos han atendido
hasta esta hora.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta minutos de la noche.
Corrección de errores: En el «Diario de Sesiones» múmero 763,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles,
6 de octubre de 1999, en la comparecencia del presidente de FEVE,
señor Damboriena y Osa, aparece por error (página 22.485, primera
columna, línea 50), la cifra de 650.000 millones, cuando realmente se
trata de 650 millones. En la misma página, segunda columna, línea 26,
se dice asimismo por error «unidades a pueblos», cuando lo correcto
es «unidades Apolos». Finalmente, en la página 22.488, primera