Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 799, de 18/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 799
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 42
celebrada el jueves, 18 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno para que a través del Instituto
Nacional de Consumo se envíe a todas las familias del Estado
información sobre cómo pueden verse afectados por el llamado efecto
2000. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001441.) ... (Página 23796)
- Sobre el derecho a la prótesis auditivas para personas sordas y su
inclusión en el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. Presentada por el Grupo anterior. (Número de
expediente 161/001488.) ... (Página 23799)
- Por la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de atención
a las mujeres embarazadas con VIH/Sida. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001623.)
... (Página 23803)
Preguntas:
- De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre agilización de los trámites necesarios para que las
mujeres puedan acceder a la Ru-486 para la interrupción voluntaria de
su embarazo, en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por
la Cámara. (Número de expediente 181/002778.) ... (Página 23807)
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Del señor subsecretario de Sanidad y Consumo (Castellón Leal) para
informar acerca de la persistente utilización del radiofármaco urea
marcada con carbono 14 en servicios sanitarios privados y públicos,
pese a no estar autorizada y haberse publicado reiteradamente en
órganos científicos de toda solvencia los riesgos para la salud que
ello implica. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001969.) ... (Página 23809)
- Del señor presidente ejecutivo del Insalud (Nuñez Feijóo), para
informar sobre el anteproyecto de reglamento sobre nuevas formas de
gestión. A petición propia. (Número de expediente 212/002094.)
... (Página 23813)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CONSUMO SE ENVÍE ATODAS LAS FAMILIAS DEL ESTADO
INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PUEDEN VERSE A FECTADOS POR EL LLAMADO EFECTO
2000. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001441.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la reunión de la Comisión de
Sanidad y Consumo con el orden del día que todas SS.SS. conocen.
Antes de proceder al debate, comunico a los miembros de la Comisión
que las votaciones no serán antes de las cinco y media de la tarde.
Así pues, pasamos en primer lugar al debate de la proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno para que a través del Instituto
Nacional de Consumo se envíe a todas las familias del Estado
información sobre cómo pueden verse afectados por el llamado efecto
2000. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para
cuya exposición tiene la palabra la señora Varela, que cuando quiera
puede intervenir.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Como todos ustedes saben, parece que existe
una gran preocupación por el denominado efecto 2000, preocupación que
es lógica debido a la enorme importancia que la informática tiene en
la sociedad en la que nos desenvolvemos. No parece adecuado explicar
detalladamente cuál es la causa de este problema, puesto que de una
manera resumida sabemos que se trata de que muchos programas
informáticos se basan sólo en dos dígitos y esto supondrá unos
problemas especiales con el paso del año 1999 al año 2000.
Inicialmente se consideró que se trataba de un problema técnico que
afectaba a las aplicaciones informáticas, pero posteriormente se ha
sabido que afecta no sólo a las aplicaciones, sino también a los
equipos físicos y lógicos. El caso es que todo este problema va a dar
lugar a errores en los tratamientos de la
información que impliquen cálculos, comparaciones y ordenaciones de
fecha o sencillamente puede dar lugar a que los sistemas dejen de
funcionar. Además, a este complejo tema hay que añadir el problema de
los sistemas empotrados o automatizados, es decir, todos aquellos que
se sitúan fuera de los centros informáticos convencionales,
microprocesadores que no están preparados para el año 2000 y que, por
ejemplo, controlan ascensores, vehículos, centrales telefónicas,
aparatos médicos, electrodomésticos, etcétera.
Lo cierto es que las consecuencias que puede tener el llamado efecto
2000 son potencialmente muy graves. Tanto es así que la Comisión
Europea señaló que el problema informático planteado es crítico para
las empresas, supone un riesgo considerable para los consumidores y
un gran desafío para los servicios públicos. Con respecto a dicho
problema, el secretario de Estado para la Administración Pública,
señor Villar García-Moreno, reconoció el 16 de diciembre de 1998 que
las administraciones debían jugar un papel esencial en la
concienciación y estímulo de la acción cara al sector privado,
especialmente en sectores como pueden ser las infraestructuras
críticas y, sobre todo, las pymes y la protección a los consumidores.
Sabemos que el Gobierno está haciendo todo lo posible para paliar
este problema, de forma que se logre la adaptación de los sistemas de
información al año 2000, y por ello el Consejo de Ministros del día
12 de junio de 1998 acordó tomar una serie de medidas; medidas que
fueron ampliamente expuestas tanto por el ministro Mariano Rajoy, en
su comparecencia en el Congreso el día 3 de noviembre de 1998, como
por el secretario de Estado para la Administración Pública, señor
Villar García-Moreno, en su comparecencia del día 16 de diciembre del
mismo año.
Consideramos que el Gobierno ha enfocado correctamente el problema
del efecto 2000 en términos generales, ya que las medidas adoptadas
por el Consejo de Ministros iban dirigidas tanto al sector público
como al sector privado. Hay que decir que la constitución y
funcionamiento de la comisión del efecto 2000 fue un paso
imprescindible para concienciar y apoyar a los usuarios en la
resolución del problema, dado que en ella están representados los
principales agentes del sector privado, como la CEOE, la Cepyme, el
Consejo Superior de Cámaras, el Consejo de Consumidores
y Usuarios, etcétera. Y, por parte de las administraciones públicas,
están diversos ministerios, así como la Administración local y la
Administración autonómica.
Dentro del sector privado, que es el que nos ocupa, se tomaron
diversas medidas, pero sólo una afecta a los consumidores y usuarios.
En ella, el Instituto Nacional de Consumo debía desarrollar un
programa de información a los consumidores y usuarios que promoviese
un esquema de declaración de productos preparados para el año 2000.
Por tanto, el mencionado instituto preparó un programa de información
a los consumidores, considerando en especial los aspectos de
verificación de la conformidad de los productos con el cambio del
milenio. Como medida complementaria a este programa, sabemos que se
ha previsto un dispositivo de utilización voluntaria con la
expresión: preparado para el 2000. El 7 de octubre de 1999, el
subsecretario de Sanidad y Consumo ha adoptado una resolución por la
que se hace público el distintivo como medio de incrementar la
garantía e información al consumidor en la adquisición de productos,
equipos o sistemas en los que por sus características se puedan
producir errores en los tratamientos de la información que impliquen
cálculos, comparaciones y ordenaciones de fechas.
También el pasado día 1 de octubre comenzó a funcionar, hasta el 31
de marzo del 2000, la oficina de transición para el efecto 2000. Esta
iniciativa, que tiene su origen en un real decreto que el Consejo de
Ministros aprobó en su reunión del 27 de agosto de este año, tiene
como objetivo reducir al mínimo los posibles efectos perjudiciales
derivados de fallos de ordenadores, sistemas de información y
dispositivos automatizados y, en particular, los que puedan afectar a
la prestación de servicios o suministros esenciales para los
ciudadanos.
Es obvio, como SS.SS. entenderán, que aunque se sea muy riguroso en
el trabajo de conversión, siempre cabe la posibilidad de que ocurran
dos cosas. Una, que no se pueda realizar por completo, por no estar
disponibles en el mercado los programadores necesarios y, dos, que
existe la posibilidad de que se produzcan errores.
Ahora bien, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que aunque se
ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno tomando y poniendo en
práctica una serie de medidas, esas medidas adolecen, a nuestro modo
de entender, de algo fundamental, como es una información real
dirigida a los consumidores y usuarios finales, para que puedan
combatir en su ámbito particular el mencionado efecto 2000.
Entendemos que falta una información no sobre lo que se vaya a
adquirir, sino sobre lo que las familias españolas han ido
adquiriendo a lo largo de los años y que ahora, con el efecto 2000,
les puede fallar y, por tanto, les puede crear problemas.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el consumidor final
adolece de la información necesaria por la problemática que se le
puede plantear por el llamado efecto 2000. El ciudadano entendemos
que debe estar informado para saber qué es lo que puede o no puede
fallar por el mencionado efecto y para conocer en qué medida le puede
afectar. Debe saber qué hacer en cada caso y cómo actuar para
prevenir y para poder subsanar posteriormente las consecuencias que
se pueden derivar del llamado efecto 2000.
Señorías, en el Reino Unido todos los ciudadanos han visto repetidas
veces spots televisivos informándoles que tienen un problema y que
tienen que abordarlo. Además, 25 millones de familias han recibido en
sus domicilios información sobre qué sistemas pueden fallarles en su
casa. Incluso Antena 3 anunció ayer que emitirá más de 60 reportajes
hasta fin de año para prevenir sobre el efecto 2000.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en
su día esta proposición. Entendemos que ha transcurrido bastante
tiempo hasta que se le ha dado turno en el orden del día. Estamos muy
próximos al año 2000, pero pedimos que se haga un esfuerzo, ya que
toda información redundará, sin lugar a dudas, en beneficio de los
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Empezaré por el final del comentario que ha
hecho la portavoz del Grupo Socialista. Recordaba que hace tiempo que
presentaron esta iniciativa. Interpreto que quería decir que a estas
alturas ha dejado de tener sentido el contexto que se quería dar en
el mes de marzo, cuando se presentó.
Mi grupo no va a votar favorablemente esta proposición no de ley del
Grupo Socialista no por discrepar en absoluto de la exposición de
motivos que muy bien ha comentado la portavoz socialista, ya que a
estas alturas, a punto de vivir o sufrir el efecto 2000, son
ampliamente conocidas por la mayor parte de los parlamentarios que
estamos en esta Cámara, aunque no por los usuarios y consumidores,
por el ciudadano normal y corriente. Pensamos que la proposición,
estando llena de buenas intenciones, es poco práctica y poco
factible. Nos extraña que de manera centralizada, desde el Gobierno
del Estado, se pueda hacer llegar de manera generalizada, casa por
casa o familia por familia, esta información que piden en su
proposición, cuando falta tan poco para cuando debería de producirse
el efecto. Pensamos que sería conveniente encontrar otros sistemas
para aclarar los aspectos no debidamente bien informados que hasta la
fecha el conjunto de las administraciones no lo han hecho. Estimamos
que estos sistemas deberían estar más próximos al ciudadano, como
pueden ser los gobiernos autonómicos o municipales, a fin de que
acaben de informar sobre aquellas lagunas que el ciudadano consumidor
pueda tener en su vida diaria por el efecto 2000.
En la exposición de motivos explican que creen que a nivel de
empresas y de industrias este tema está bien documentado y que se
habrán tomado las precauciones necesarias para minimizar o para
evitar que los riesgos que pueda acarrear sean importantes. Quizás
donde puede haber una carencia en este aspecto es a nivel doméstico.
Pues bien, mi grupo comparte plenamente este criterio, señora Varela,
pero pensamos que una carta que pueda enviar el Gobierno no es la
mejor manera de solucionar este problema.
Por consiguiente, dando por descontado que todas las
administraciones, las estatales, las autonómicas y las municipales,
hagan una campaña más intensa durante el período que nos queda para
llegar al día D y la hora H de información
a los usuarios y consumidores, no consideramos pertinente la
aprobación de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, hoy es 18 de noviembre, es decir,
que quedan 43 días para el tan traído y llevado efecto 2000. Sin
duda, la polémica que se ha generado en torno a las previsibles
consecuencias o hipotéticas consecuencias de este efecto 2000 en
muchos ámbitos, no sólo domésticos, sino industriales o
empresariales, han llenado ríos de tinta en los medios de
comunicación. En esta misma Cámara ha comparecido el Gobierno y se
han producido debates en Pleno y en Comisión muy significativos sobre
esta cuestión. Comparto con la portavoz del Grupo Socialista su
afirmación de que el Gobierno y el resto de las administraciones y
sectores comprometidos han hecho todo lo que está en la mano de un
país de nuestra dimensión y con nuestras posibilidades para minimizar
el posible efecto negativo que está por ver se produzca en algunas
instancias.
Sin embargo, el hecho concreto que nos trae hoy aquí es la
presentación de una proposición no de ley, ciertamente con retraso.
Nos hubiera gustado que este debate se hubiera producido hace mucho
tiempo. En ella, el Grupo Socialista solicita que se envíe una
información personalizada prácticamente a todas las familias o
ciudadanos españoles. Esto nos genera al menos la duda del grado
importante de inconcreción sobre la información que hay que remitir.
La casuística, señorías, es infinita. Habría que suministrar
información sobre una gran cantidad de cuestiones, en función de los
bienes, de los servicios, de los intereses económicos, de las
posibles consecuencias jurídicas que esta cuestión puede generar; es
decir, estaríamos ante un enorme bagaje de información a remitir para
que esto fuera eficaz; información de carácter técnico, de carácter
jurídico. Porque información existe y es muy nutrida. Por tanto, que
en este momento se solicite la remisión, como mínimo a 18 millones de
hogares en este país, nos parece una pretensión poco realista en
estos momentos, poco efectiva en todo caso y poco adecuada, dado los
múltiples eventos, actividades y acciones que la Administración ya ha
desarrollado. Desde luego, no alcanzo a entender qué repercusiones
puede tener el efecto 2000 sobre la familia en general. No creo que
genere divorcios o separaciones, aunque es verdad que existen
estudios importantes que afirman -y esto no es una anécdota, puesto
que estamos en la Comisión de Sanidad- que el día 31 de diciembre va
a haber un número de nacimientos muy superior al de la media de los
últimos meses y de los últimos años, es decir, que existen efectos
sanitarios contrastados que pueden generar en los próximos meses un
importante debate sobre esas consecuencias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio, porque
interfieren el trabajo de los taquígrafos de la Cámara.
El señor BURGOS GALLEGO: Supongo que su iniciativa se refiere al
funcionamiento ordinario y cotidiano
de los aparatos de uso doméstico, que es de lo que estamos hablando
básicamente. Sobre eso, hay un consenso bastante generalizado en
reconocer que el grado de afectación concreta de estos aparatos va a
ser prácticamente mínimo, por no decir inexistente. Los problemas
pueden generarse en otros ámbitos, como el bancario, el empresarial u
otros que están organizados a base de importantes redes informáticas.
Además, el Partido Socialista encomienda esta responsabilidad en
exclusiva al Gobierno, a través del Instituto Nacional de Consumo.
Desde luego, este es un reto de todos, no es un reto que corresponda
solamente al Gobierno o al Instituto Nacional de Consumo. Este es un
aspecto a resaltar. La información a los consumidores es una
competencia transferida a las comunidades autónomas. Por tanto,
cualquier aspecto que tenga que ver con esta cuestión tiene que
exigir un comportamiento al menos solidario o paralelo por parte de
las comunidades autónomas, si queremos, primero, que se respete el
orden competencial que consagra nuestra Constitución y, segundo, si
queremos alcanzar un efecto práctico realmente positivo. Una campaña
del Instituto Nacional de Consumo, sin la participación de las
comunidades autónomas, no responde a ninguno de estos dos grandes
objetivos, que esencialmente compartimos con el Grupo Socialista. La
información al consumidor ha sido desde el primer momento una
prioridad de este Gobierno con la dimensión y con el alcance adecuado
a nuestro país. No se pueden pedir recursos infinitos para una
cuestión que otros países están abordando incluso con menos
generosidad o con menos instrumentos que el propio Gobierno español.
En ese sentido, me gustaría dejar muy claro cuáles han sido los
instrumentos que se están poniendo encima de la mesa en estos
momentos y hasta estos momentos por parte de la Administración del
Estado, siguiendo las recomendaciones del Comité de Consumidores, que
es el órgano consultivo de la Comisión Europea para estas cuestiones
y que establece dos tipos de situaciones, mediante las cuales hay que
aproximarse a esta cuestión. La primera, la situación pasiva, es
aquella que hace referencia a situaciones en que la protección de la
seguridad o de los legítimos intereses económicos de los consumidores
dependa de las precauciones o de las medidas que adopten terceros.
Ahí los consumidores pueden hacer poco, porque no depende de ellos.
Lo que tiene que funcionar, señorías, es nuestro ordenamiento
jurídico. En este momento existen normas específicas que los
consumidores conocen y que el propio Gobierno está trasladando a
estas instancias que pueden incidir y van a incidir de forma muy
positiva en la ulterior reparación de situaciones como las que
pudiera producir el efecto 2000. Normas, por ejemplo, que contienen
el régimen de garantías de productos adquiridos por el consumidor,
normas que expresamente configuran un régimen de responsabilidad por
productos defectuosos, normas que regulan las condiciones generales
de la contratación y especialmente la prohibición de utilización de
cláusulas abusivas en contratos celebrados con los consumidores, o
normas que establecen con carácter general todos los regímenes de
responsabilidad contractual y extracontractual. Hay sentencias en
este país que establecen que el consumidor puede recurrir a la vía
judicial si entiende que sus legítimos intereses han
sido vulnerados por compras que se vean afectadas por el efecto 2000.
La segunda, la situación activa, es aquella en la que el consumidor
tiene una capacidad efectiva de intervenir y es donde se ha venido
desarrollando la mayor parte de la acción informativa de las
autoridades de consumo. Respecto a esta situación, ya el acuerdo del
Consejo de Ministros del 12 de junio de 1998 instaba a desarrollar un
programa de información a los consumidores y promovía un esquema de
declaración de productos preparados para el año 2000. Desde el punto
de vista de la información hay que decir que se ha editado, en
colaboración con otras instituciones, un folleto informativo de
amplísima difusión sobre el efecto 2000, que se han subvencionado
además iniciativas de las propias asociaciones de consumidores y que
se está suministrando en este momento, y con cientos de miles de
ciudadanos que están accediendo a la misma, toda la información
disponible en Internet mediante páginas no solamente del Instituto
Nacional de Consumo, sino del Ministerio de Administraciones
Públicas. Muchas jornadas desarrolladas en las comunidades autónomas,
muchas jornadas de formación y de información sectoriales realizadas
por todo tipo de organismos, configuran un escenario en el que el
ciudadano está claramente sensibilizado con esta situación.
Desde el punto de vista de la promoción de una declaración de
productos preparados para el año 2000 -su señoría ya ha hecho mención
a ella en su intervención-, es un avance muy importante, en la que,
además, España ha sido pionera en el resto de la Unión Europea
elaborando una propuesta mediante la cual la comercialización de
productos no preparados para el año 2000, sin advertencia expresa de
esta circunstancia, constituirá una infracción vigente en materia de
etiquetado. Este avance significativo en nuestro país ha sido
elogiado y tomado como referencia en otros países.
A raíz de ese convenio de colaboración, que se firmó entre el
Ministerio de Administraciones Públicas y el Instituto Nacional de
Consumo para el tratamiento de las consultas del efecto 2000, se ha
puesto en marcha ese centro de soporte técnico establecido por el
Ministerio de Administraciones Públicas que ha admitido todo tipo de
consultas y lo está haciendo en este momento mediante la
consideración de máxima prioridad para todo aquello que tiene que ver
con la información a los consumidores. Asimismo, se ha diseñado una
ambiciosa acción informativa que incluye todo tipo de canales de
distribución, como, por ejemplo, la factura de aquellos servicios de
interés general.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, señor presidente.
Se han remitido, por ejemplo, mediante la factura de la energía
eléctrica más de tres millones y medio de folletos informativos a las
familias españolas, más de cuatro millones de envíos de información a
empresas y profesionales por parte de la Agencia Tributaria y se está
desarrollando una importante campaña institucional de publicidad
gracias a los convenios de colaboración firmados entre el
Gobierno, Radiotelevisión Española y numerosas televisiones
autonómicas.
Es cierto que siempre se puede pedir más a cualquier Gobierno, que
siempre se puede pedir más a cualquier Administración, pero
entendemos que este Gobierno ha puesto esfuerzo, planificación,
medios acordes con nuestra dimensión y se está desarrollando una
iniciativa importante en esta materia.
Si me permite, señor presidente, y en aras de que esta Comisión
también sea un portavoz privilegiado respecto a la concienciación de
los ciudadanos, mi grupo plantea in voce al Grupo Socialista la
posibilidad de recoger una declaración conjunta de todos los grupos
de esta Cámara que pudiera decir así: La Comisión de Sanidad y
Consumo del Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a todas las
administraciones públicas y sectores sociales afectados a seguir
intensificando cuanto sea posible la información a los usuarios y
consumidores sobre el llamado efecto 2000 y a agotar las acciones que
permitan limitar al mínimo su impacto en los ciudadanos.
Buscamos una declaración positiva que contribuya a esa concienciación
y creemos que esta Comisión puede ser un altavoz acreditado y
suficiente para contribuir, desde esta Cámara, a ese esfuerzo
colectivo. Le traslado la propuesta al presidente, por si el Grupo
Socialista la considera positiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, ¿está por escrito la enmienda?
(Asentimiento.)
- SOBRE EL DERECHO A LAS PRÓTESIS AUDITIVAS PARAPERSONAS SORDAS YSU
INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001488.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley sobre
el derecho a las prótesis auditivas para personas sordas y su
inclusión en el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. Se debe al Grupo Socialista y para su presentación
y defensa tiene la palabra la señora Pin Arboledas.
La señora PIN ARBOLEDAS: En el mundo, actualmente, se considera que
hay 120 millones de personas con pérdidas auditivas. En los países
occidentales se estima que más del 7 por ciento de la población
padece algún tipo de deficiencia auditiva. En España hay más de tres
millones de personas afectadas por la pérdida de audición, cantidad
que tiende a aumentar por el envejecimiento de la población, ya que
los problemas de audición suelen presentarse, por causas naturales, a
partir de los 55 ó 65 años de edad. De este modo, y según la
Organización Mundial de la Salud, en España y en el año 2000 puede
haber más de un 14 por ciento de deficientes auditivos.
El problema de la discapacidad auditiva está latente en nuestro
mundo. No podemos pasar de largo ante esta enfermedad, porque afecta
a buena parte de la sociedad y, por
tanto, se debe atender, informar, prevenir y dar cobertura de ayuda a
estos discapacitados auditivos.
Hemos de tener presente que, por norma, se incluye a todas las
personas con problemas de audición dentro de un mismo grupo, los
sordos, pero todos sabemos que dentro de las deficiencias auditivas
se distinguen dos tipos: los congénitos, prelocutivos, que son las
personas que nacen con restos mínimos de audición y los poslocutivos,
que son los que la padecen por causas genéricas, infecciosas o
accidentes. Es decir pierden la audición independientemente de la
edad, pudiendo ser esta pérdida total, severa o casi total. Tampoco
podemos olvidar a todos aquellos que llegando a la tercera edad
padecen una discapacidad auditiva, progresiva, denominada hipoacusia.
Pero lo cierto, señorías, independientemente de la terminología
empleada en cada caso, es que las personas que padecen una
discapacidad auditiva viven con angustia, sencillamente porque antes
oían, dialogaban,se comunicaban y se sentían como los demás, y ahora
se encuentran con que no pueden entender y comprender correctamente,
ya que no oyen lo suficiente como para seguir una conversación con
seguridad.
Los niños y jóvenes afectados por una discapacidad auditiva, como
saben SS.SS., tienden a fracasar en los colegios. Los adultos, además
de la inseguridad comunicativa, padecen trastornos y depresiones
emocionales, que suelen derivar en problemas familiares y laborales.
Los jubilados se ven más aislados y quedan condenados a vivir en
soledad.
En definitiva, la discapacidad auditiva dificulta la educación
y disminuye las posibilidades de empleo, entorpece las relaciones con
los demás y merma notablemente la calidad de la vida.
Existen bastantes discapacidades auditivas que pueden ser
solucionadas quirúrgicamente, pero hay otras que requieren el uso
obligatorio de una prótesis auditiva. Las personas con discapacidad
auditiva reducida recurriendo a la prótesis consiguen eliminar las
barreras de comunicación, pueden desenvolverse con seguridad y, por
tanto, no les queda más remedio que recurrir a la ayuda técnica de
los audífonos, cuyo precio oscila entre 150.000 y 350.000 pesetas. En
España, en el año 1998 las ventas superaron la cantidad de 110.000
audífonos, lo que supondría para el Estado entre 11.000 y 12.000
millones de pesetas, que dicho sea de paso, comparados con los 45.000
millones de Telefónica no es nada.
Sin embargo, como SS.SS. saben, la sanidad pública no financia el
coste de los audífonos y por tanto, y en aras a lograr una mayor
integración social, superando las barreras en la comunicación de
estos colectivos, es preciso que se aprueben las ayudas necesarias
para la adquisición de las prótesis auditivas.
Como SS.SS. conocerán, el 9 de marzo se debatió una proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, mediante la cual
se instaba al Gobierno a que remitiera a esta Cámara un informe antes
de que concluyera el año en curso, para que se determinaran cuáles
eran las necesidades reales existentes en relación al tema de los
audífonos destinados al colectivo de sordos, y cuáles eran las
posibilidades de crédito para atender y poder ayudar con fondos
públicos la adquisición de estos aparatos.
Manifestaba en aquella intervención el señor De Luis que la intención
del citado informe era precisamente la de poder incluir apoyo público
para la adquisición de los audífonos, siempre, lógicamente, bajo
prescripción facultativa y en los casos en que se considere
necesario. Manifestaba asimismo el señor De Luis su sorpresa ante la
no dispensación de apoyo público para la adquisición de prótesis
auditivas, y manifestaba igualmente que esta deficiencia debía ser
corregida, pero que como las disposiciones de créditos son las que
son, el Gobierno debería elaborar un estudio para ver cuáles eran los
casos más urgentes o prioritarios, para determinar aquellos casos en
los que la implantación de un audífono puede ser determinante para
conseguir el objetivo de integración deseado y para que, de acuerdo
con las disposiciones de créditos, se puedan -según el señor De Luis
y de su grupo- adoptar medidas en este sentido.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, y suponemos que desde el
resto de los grupos, estando próximos a finalizar el año y la actual
legislatura, entendemos que el Gobierno ha contado con tiempo
suficiente para elaborar el informe mandatado por la propia
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y debatida el
día 9 de marzo. Por tanto, pensamos que si de verdad el Gobierno
tiene interés en el colectivo de personas con deficiencias auditivas,
si tiene interés y voluntad para que las personas que se ven privadas
de su capacidad auditiva cuenten con una buena integración social y
una buena calidad de vida, es evidente que deben apoyar y votar
favorablemente esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, a fin de que ya en estos presupuestos
generales se consigne la cantidad correspondiente para que las
personas que necesiten una prótesis auditiva puedan contar con ella.
Quiero añadir que en nuestra proposición no de ley se solicita que
las prótesis auditivas estén incluidas en el catálogo de prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Es evidente, señorías, que
no vamos a entrar en este momento a valorar si ésta debe ser una
prestación sanitaria o una prestación social. No vamos a valorar si
es más adecuado que esta prestación se cargue sobre el sector
sanitario o sobre los servicios sociales, ya que entendemos que el
estudio que ha tenido que elaborar el Gobierno debe indicar cuál es
la vía financiada más adecuada.
Si nuestra petición de financiación vía sanitaria no fuese la más
adecuada y el Grupo Popular, de acuerdo con ese estudio, entendiese
que la vía correcta era otra, entenderíamos que se presentara una
enmienda en este sentido por parte del Grupo Popular, y hasta la
aceptaríamos. Lo que nunca entendería mi grupo, y por supuesto mucho
menos las personas afectadas por una discapacidad auditiva, sería que
hoy aquí el Grupo Parlamentario Popular se escudase en que todavía no
está realizado el estudio para poder votar en contra de esta
proposición no de ley.
Nuestro grupo cree que antes de que finalice el año debe existir la
consignación presupuestaria para prótesis auditivas, y de no votar el
Grupo Parlamentario Popular a favor de esta proposición, entenderá
que el Gobierno, escudándose en estudios, pretende dilatar los
problemas en el tiempo; se entenderá que no tiene preocupación social
por el problema que padece un colectivo muy numeroso de ciudadanos
y ciudadanas en nuestro país; se entenderá que lo
único que hace el Gobierno es pura propaganda a costa de un colectivo
que tiene graves dificultades; se entenderá que el Gobierno no quiere
aportar soluciones concretas en el terreno sanitario o en el terreno
social.
El señor PRESIDENTE: Señora Pin Arboledas, le ruego concluya.
La señora PIN ARBOLEDAS: Voy terminando, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular considera, como dice el texto de la
proposición no de ley debatida el 9 de marzo, que las prótesis
auditivas constituyen un instrumento fundamental y que resulta de
gran ayuda en las sorderas profundas y en la sordera infantil.
Si consideran que la prótesis auditiva es un instrumento definitivo
para la integración social, en muchos casos, de un importante número
de personas llamadas o mal llamadas sordas y si les parece lógico que
se dispensara por la Administración una ayuda económica para la
obtención de dichos aparatos, parecería ilógico a todas luces que,
bajo diferentes excusas, votaran en contra de esta proposición no de
ley, que lo único que pretende es ayudar a los disminuidos
sensoriales para que tengan una correcta integración social y una
buena calidad de vida.
El señor PRESIDENTE: A dicha proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su exposición,
tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señor presidente, señorías, intervengo para
defender la enmienda de modificación que ha presentado mi grupo a la
proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre el derecho a las
prótesis auditivas para las personas sordas y su inclusión en el
catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
Ciertamente, señor presidente, en un primer momento pensé que el
Grupo Socialista retiraría esta iniciativa, además, felicitaría a los
distintos grupos que componen esta Comisión de Sanidad, incluido
lógicamente el Grupo Parlamentario Popular, y también felicitaría
-créanme ustedes, lo digo con sinceridad- al actual Gobierno por
haber demostrado con hechos una especial sensibilidad en todas estas
cuestiones de índole social, como es el caso que nos está ocupando en
estos momentos. Como conocerá también el Grupo Socialista -puesto que
hay consejeros de su partido, por derecho propio, en el Consejo
interterritorial de salud-, es ya una realidad la inclusión de los
audífonos en el futuro catálogo de prestaciones ortoprotésicas; no
las prótesis auditivas, puesto que prótesis auditiva también se
pueden considerar los implantes cocleares y esta prestación, como muy
bien saben SS.SS., se viene ya ofertando dentro del Sistema Nacional
de Salud. Únicamente se está a la espera de la promulgación de la
orden ministerial referida al nuevo catálogo de prestaciones
sanitarias que va a sustituir al actual (como bien saben SS.SS., y en
especial el Grupo Socialista, el nuevo catálogo fue aprobado por
orden ministerial en enero de 1996) y, por cierto, en ese catálogo no
se incluyó el audífono entre las prótesis ortoprotésicas.
Al no haberse producido la retirada de esta proposición no de ley del
Grupo Socialista (que -créanme- llega tarde y quizá obligada, como
consecuencia de su abstención ante la proposición no de ley que
presentó el Grupo Parlamentario Popular, debatida y aprobada por
mayoría en esta Comisión en marzo de este año, como bien se ha
dicho), mi grupo ha presentado esta enmienda, que ya conoce el resto
de los grupos parlamentarios y a la que invito sinceramente a sumarse
al Grupo Socialista, para que en cuestiones de esta importancia
vayamos todos por el mismo camino.
Señor presidente, no voy a recordar todos los argumentos que utilizó
el Grupo Socialista -y que ha utilizado ahora también- para
desmarcarse a la hora de aprobar nuestra proposición no de ley del
mes de marzo, puesto que ahí está el «Diario de Sesiones». Pero no
voy a terminar mi intervención, señor presidente, sin recordarle al
Grupo Socialista esos viejos pero ciertos refranes que dicen que
obras son amores y no buenas razones y que el movimiento, aún a día
de hoy, se demuestra andando.
Finalmente, señor presidente, señorías, quiero trasladar la
felicitación de la Feapas, la Federación española de asociaciones de
padres y amigos de sordos, a esta Comisión de Sanidad; felicitación
que me ha sido dada el pasado fin de semana, en Navarra, con motivo
de un encuentro nacional titulado Jornadas sobre detección precoz de
la hipoacusia, en donde tuve la suerte, como profesional y como
diputado, de intervenir. Créanme que traslado muy gustosamente a esta
Comisión de Sanidad la felicitación de esa institución porque, al
contrario de lo que se ha dicho no hace mucho por el Grupo
Socialista, esta institución ha demostrado ser sensible a la
problemática que le han trasladado estas organizaciones, que se han
visto apoyadas por esta Comisión y, además, refrendadas por el
Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señor presidente, señorías, durante toda
esta legislatura, en esta Comisión de Sanidad y Consumo hemos tratado
de hacer una labor parlamentaria encauzada a conseguir, entre otros
objetivos, que las personas aquejadas de una minusvalía física,
psíquica o sensorial sientan y participen de su derecho a ser
ciudadanos y ciudadanas con las mismas oportunidades, beneficios y
obligaciones que nos marca la Constitución.
En los países desarrollados se estima que la sordera presenta una
incidencia de entre el 1 y el 2 por mil de los nacidos vivos. En
España, señorías, nacen 350 niños hipoacústicos cada año. Según el
estudio realizado por las asociaciones de deficientes sensoriales y
el Ministerio de Sanidad, se llega a la conclusión de que las
deficiencias auditivas en los niños son la causa principal de
dificultad en el desarrollo del aprendizaje del lenguaje y, por
tanto, es una barrera en su posterior desarrollo y comunicación con
la sociedad.
Debemos actuar -y de hecho ya se está haciendo-, tanto desde las
asociaciones de padres de afectados como
desde las administraciones central y autonómicas, para paliar esta
problemática y lograr el pleno desenvolvimiento educativo y social de
los niños y niñas con problemas auditivos. Los audífonos constituyen
elementos indispensables para el tratamiento y la integración social
de los niños, pero no debemos olvidar que también es indispensable el
diagnóstico precoz de esas anomalías, así como la rehabilitación
y educación del menor afectado. Por este motivo, el Ministerio de
Sanidad solicitó a la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias
un informe, del que se desprende que el oportuno diagnóstico de las
disfunciones hipoacústicas, junto a la aplicación de los sistemas que
facilitan la mejora auditiva, bien por sustitución o por
suplementación, será una ayuda de gran valor en estas situaciones
durante la edad pediátrica o mientras se prolongue el período de
desarrollo y adquisición de habilidades.
En estos momentos, señorías, las prótesis auditivas para personas
aquejadas de hipoacusia pueden ser, básicamente, de dos tipos:
quirúrgicas, llamadas implantes cocleares, y de audífonos. Los
implantes cóclicos ya están comprendidos en las prestaciones
facilitadas por el Sistema Nacional de Salud en el apartado de
prótesis quirúrgicas y, por tanto, se vienen aplicando a todos los
pacientes que los necesitan.
En esta Comisión de Sanidad y Consumo, el 9 de marzo de 1999 se
aprobó una proposición no de ley, a petición del Grupo Parlamentario
Popular, en la que se instaba al Gobierno a elaborar un estudio del
impacto económico y social de la inclusión de las prótesis auditivas
en el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud, mediante acuerdo adoptado por el Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Entre consenso entre las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad se ha logrado y, por tanto, se
ha consensuado el nuevo catálogo de prestaciones, el cual ha incluido
las prótesis auditivas. Por consiguiente, señorías, creemos oportuna
la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario
Popular (estamos a la espera de ver si la acepta o no el Grupo
Socialista, que es el proponente) para que se inste al Gobierno a
modificar, en el menor tiempo posible, la orden ministerial de 20 de
enero, sobre ordenación de prestaciones ortoprotésicas, para incluir
en éstas la prestación de prótesis auditivas.
Señorías, aun siendo cierto que se está avanzando en las prestaciones
sociales y sanitarias que necesitan y demandan los colectivos de
ciudadanos y ciudadanas con alguna discapacidad, y por lo que hemos
congratularnos todos los grupos parlamentarios, el Gobierno actual y
los gobiernos anteriores, mi grupo parlamentario quisiera también que
todos hiciéramos una reflexión y que asumiéramos que no estamos dando
todos los pasos necesarios con la firmeza oportuna. Hace diez años
falleció un gran parlamentario, don Ramón Trías Fargas, comprometido
en la lucha por la igualdad y la integración social de los
minusválidos, que propoció una ley conocida como Lismi, ley aprobada
en 1983 en esta Cámara, y que desgraciadamente no se está cumpliendo
no ya en su totalidad, sino muy por debajo de los mínimos aceptables.
Esperamos sinceramente que esta enmienda que presenta el Grupo
Popular sea motivo para que los dos grupos mayoritarios puedan llegar
a un acuerdo, pues creemos de verdad desde el Grupo Parlamentario
Catalán que los colectivos afectados no se merecen que las
disputas entre partidos no solucionen los problemas que este
colectivo tiene.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Permítanme que les diga que mientras los
debates parlamentarios hagan pensar a la ciudadanía que nos movemos
en realidades diferentes de la que les afecta a diario, poco vamos a
avanzar en la credibilidad de instituciones tan importantes como este
mismo Congreso de los Diputados .
Diputados que me han precedido hablaban de la importancia de la
detección precoz de la hipoacusia. Incluso al señor Gil Melgarejo le
han transmitido una felicitación para esta Comisión de Sanidad.
Señorías, la realidad es que la detección precoz de insuficiencias
visuales o auditivas formaba parte de los servicios de sanidad
escolar transferidos, como otras actividades de salud pública, a las
comunidades autónomas. La dotación económica es cada vez más exigua;
les recuerdo que en los Presupuestos Generales del Estado hay para
todas las actividades de salud pública en todo el Estado una cantidad
tan importante como la de 300 millones de pesetas. La detección
precoz es tan inexistente como la de los servicios de sanidad escolar
en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, es decir, las
dificultades auditivas, igual que las dificultades para la
comunicación o las dificultades para el aprendizaje, siguen siendo
desconocidas, por lo menos por lo que a las autoridades sanitarias se
refiere, en la escuela, que es el ámbito natural en el cual se
detecta este tipo de deficiencias.
Tengo que recordarles, señorías, que otro tanto pasó cuando el
Gobierno socialista estableció un catálogo de prestaciones. Mi grupo
parlamentario estuvo radicalmente en contra. ¿Por qué? Se decía desde
el Grupo Parlamentario Socialista: están todas. Están todas las que
estaban, valga la verdad de perogrullo; no estaban las que seguían
sin estar: no estaban las prótesis auditivas, las prótesis visuales,
muchos instrumentos que minusválidos físicos necesitan para el normal
desarrollo de sus actividades, y no estaba la salud bucodental. Sin
embargo, mi grupo parlamentario alertó en aquel momento acerca de lo
que suponía que las necesidades sanitarias de la población pudieran
establecerse dentro de una relación cerrada de prestaciones, porque
eso suponía pasar de una concepción... (Rumores.)
Me es difícil seguir, porque me distraigo, a pesar de que elevo la
voz.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego ocupen sus asientos y
guarden silencio. Señora García Linares, le ruego silencio. Gracias.
Puede continuar, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que mi grupo parlamentario estuvo en contra de la existencia
misma de un catálogo de prestaciones porque suponía pasar de la
filosofía de las necesidades de la población a una relación
necesariamente restrictiva, en cuanto a
que delimitaba con claridad cuáles sí y cuáles no, y sobre todo
porque se incluía el criterio económico... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, le ruego silencio.
La señora MAESTRO MARTÍN: Fijaba el criterio de la disponibilidad
económica para incluir o no nuevas prestaciones que los avances
científicos y tecnológicos pudieran aportar.
En este momento parece existir por parte del Consejo interterritorial
y del Gobierno del Partido Popular la voluntad de incluir las
prótesis auditivas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social.
Señorías, si esto es así, se me escapa por qué el Grupo Parlamentario
Popular no apoya la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Estamos en precampaña electoral y fíjense ustedes qué elemento más
positivo a utilizar. Si en este momento esa evaluación económica del
impacto está realizada y existe la voluntad política, creo que lo
mejor que podemos hacer esta tarde es aprobar por unanimidad el
instar al Gobierno a incluir lo que a las personas que padecen
hipoacusia les interesa, y es que a la mayor brevedad posible se
incluyan las prótesis auditivias, los audífonos, dentro de las
prestaciones de la Seguridad Social.
Mi grupo parlamentario, que ha apoyado esto históricamente desde
luego tiene la voluntad política manifiestamente decidida de no
aprobar algo que sea un brindis al sol, que no sea sólo quedar bien
ante el «Diario de Sesiones» y suponga que realmente las personas que
padecen hipoacusia no van a tener barreras económicas para acceder
a instrumentos que mejoren su calidad de vida.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN
A LAS MUJERES EMBARAZADAS CON VIH/SIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001623.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no
de ley, por la que se insta al Gobierno a elaborar un protocolo de
atención a las mujeres embarazadas con VIH/sida, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa tiene
la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Imagino, señor presidente, y pido
disculpas porque estaba tratando de este mismo asunto al que S.S. ha
hecho referencia, que hablaba sobre la enmienda que el Grupo Popular
ha presentado con justificación de mejora técnica a la proposición no
de ley.
Señor presidente, el motivo de la presentación de nuestra proposición
en el Congreso de los Diputados fue el de instar al Gobierno a
elaborar un informe sobre el protocolo que viene desarrollando de
atención a las mujeres embarazadas con VIH, dirigido a disminuir la
transmisión vertical de esta enfermedad al recién nacido durante el
parto. El motivo de esta mejora técnica sería que dicho informe
debería presentarse al Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud para ser debatido y consensuado previo a su
aprobación definitiva.
El objeto de intentar que este informe se presente en el Consejo
interterritorial es poner en un mismo plano la lucha contra el sida
en todas las comunidades autónomas y tener en cuenta que muchas de
las recomendaciones que ya se hacen a los pacientes con o sin
tratamiento previo de la infección VIH se están llevando a cabo, así
como homogeneizar las actitudes que deban ser adoptadas desde la
propia organización del Plan nacional de la lucha contra el sida
o desde la Administración sanitaria nacional.
En este sentido, señorías, sabemos que desde 1996, en que se
recomendó desde la Secretaría del Plan nacional sobre el sida y desde
diversas sociedades científicas y profesionales (la Sociedad Española
de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Pediatría) la
oferta sistemática de la prueba de detección del VIH a todas las
mujeres embarazadas, en las comunidades autónomas ha habido una gran
transformación. A finales de ese mismo año de 1996 en las comunidades
autónomas existía ya un plan estructurado, un plan autonómico de
sida, además de las iniciativas de los profesionales de los diversos
servicios autonómicos, por ejemplo, el de Cataluña, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Ceuta y la Comunidad Valenciana. En 1997, a todas
las comunidades anteriormente citadas se habían unido ya el Sistema
Andaluz de Salud, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y
Navarra. Por otra parte, el Insalud ha hecho suyas estas
recomendaciones auspiciadas por la Secretaría del Plan nacional sobre
el sida.
Pero no solamente se hacen estas recomendaciones sobre el sida, sino
que desde el Plan nacional de salud se insta a las embarazadas a
prevenir y a hacerse las pruebas para evitar el contagio de rubéola,
hepatitis B, toxoplasmosis, sífilis, junto también con las pruebas de
VIH. La aplicación más inmediata que se deriva del conocimiento del
estado de la infección del VIH en una mujer embarazada es la oferta
que hace la Administración en este momento de poder proporcionarle
una terapia antirretroviral para prevenir la transmisión vertical del
sida, que en este momento está dando unos resultados altamente
satisfactorios. La generalización de dicho tratamiento ha logrado una
reducción muy efectiva, en más del 40 por ciento de los casos del
sida de transmisión vertical madre a hijo en 1996, que luego ha ido
ascendiendo paulatinamente. Esta detección precoz que, como SS.SS.
saben, es muchas veces discutible en lo que se refiere a la
posibilidad de los tratamientos, en cuanto al sida de transmisión
vertical favorece evidentemente a la propia mujer, que puede
beneficiarse de forma precisa, temprana y adecuada de los
tratamientos antirretrovirales, además de adoptar las medidas de
prevención necesarias para evitar la transmisión de la infección a
otras personas, en este caso a sus hijos. Naturalmente, todo lo que
gira en torno a esta prevención de la transmisión del sida a los
niños conecta también con los planes de derecho a la salud que están
recogidos en las declaraciones universales de los derechos del niño.
Por todo ello, señorías, queremos hacer constar la necesidad de la
elaboración de este protocolo, para evitar diferencias entre su
aplicación en las comunidades autónomas y armonizar la oferta de
desarrollo de salud y de prevención de la transmisión del VIH madre e
hijo y, sobre todo,
para luchar, como es voluntad de esta Comisión y naturalmente de los
gobiernos, contra el sida, que es una de las amenazas que todavía no
hemos podido controlar a las puertas del siglo XXI. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor, señorías.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte
del Grupo Socialista, para cuya exposición y defensa tiene la palabra
la señora García Linares.
La señora GARCÍA LINARES: En primer lugar, debo hacer una
puntualización, y es que hay un error en nuestra enmienda que me
gustaría corregir, si es posible in voce. Solicitamos la eliminación
del punto 2 de la misma, ha sido un error de interpretación y de
transcripción y desearíamos retirarlo, en aras sobre todo al consenso
en esta proposición no de ley que, desde luego, nos parece altamente
importante.
Como no podía ser de otra manera, el Grupo Socialista apoya en
principio esta proposición no de ley, porque bienvenida sea cualquier
iniciativa en este sentido, a pesar de que consideramos en cierta
manera que llueve sobre mojado y de que nos asaltan dudas acerca de
la oportunidad política de la iniciativa. Esta legislatura parece
destinada a pasar a la historia como la legislatura de la propaganda.
Por otra parte, ¿qué contempla el Plan nacional sobre el sida en este
aspecto? Consideramos que un protocolo clínico como el que aquí se
sugiere puede ser preciso cambiarlo, según la experiencia que tenemos
con una enfermedad de características tan particulares, en tres o en
seis meses. Lo que hoy se considera efectivo, en tres o seis meses
puede comprobarse que ha dejado de serlo. En todo caso, desde el
Congreso deberíamos establecer las recomendaciones de realización de
un protocolo más ambicioso y que abarque aspectos que podríamos
denominar eternos, por ejemplo, el apoyo psicosocial. Desde 1981, en
que se reconoce que nos encontramos ante una nueva enfermedad
infecciosa, en un momento en que la comunidad científica parecía
haber ganado la guerra a este tipo de enfermedades, los gobiernos
tenían la obligación -y así se hizo- de difundir, explicar y
facilitar toda la información precisa y veraz acerca de la
enfermedad, y poner los medios para intentar erradicarla. Han pasado
casi veinte años. No se entiende muy bien entonces los términos en
los que está redactada una iniciativa en estos momentos, que parece
tener la intención de paliar el problema relacionado con el sida que
mejor evolución está teniendo durante estos 19 años. Los casos de
transmisión vertical afortunadamente pasan estos años del 20 por
ciento al 2 por ciento en la actualidad. Por qué no hablar de un
protocolo específico para drogodependientes, no olvidemos la relación
de ésta con la transmisión maternofetal; de las recomendaciones en el
tratamiento retroviral y la terapia combinada; de un programa
específico para los jóvenes, en el que, entre otras cuestiones, se
promocione el que se hable del sida en las escuelas; el desarrollo de
servicios para marginados portadores y enfermos; del fomento de las
ONG dedicadas al sida; de programas de motivación y aprendizaje de
las habilidades preventivas; de la facilitación de preservativos,
jeringuillas, etcétera. ¿O es que todo esto se está haciendo?
En cualquier caso, no decimos no a una niciativa como la que nos
ocupa. Hágase un protocolo que, como demuestran las estadísticas, se
viene aplicando de hecho desde hace muchos años. Si no, ¿cómo se
entiende el descenso en la transmisión vertical?
Por otra parte, nos adherimos a que el protocolo se presente al
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Nos parece
realmente importante y que es algo que hay que regular también. Pero,
¿por qué no establecer en la proposición no de ley los puntos de
partida en los que debería basarse tal protocolo? Puntos que, por
otra parte, nos parecen fundamentales para que esa propuesta no sea
sólo efectiva, sino que suponga un claro avance en la evolución
positiva de la transmisión vertical del VIH. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, yo les pido, por última vez ya, que
tengan un poco de consideración con los que estamos sufriendo los
rigores de la temperatura, que no nos acumulen también los rigores
del murmullo, que no permite trabajar a las señoras estenotipistas, a
los periodistas ni a la señora García Linares, que está haciendo un
esfuerzo importante para que podamos enterarnos todos de lo que dice.
Yo les ruego una vez más, y espero que sea la última, que tomen en
consideración las dos cosas, el excesivo calor y el tiempo. Si
quieren hablar, debatir o llegar a acuerdos sobre las enmiendas, que
parece que es el tema de discusión entre SS.SS., háganlo de puertas
para afuera.
La señora GARCÍA LINARES: Gracias, señor presidente.
Por todo lo que comentaba hace un momento, esperamos que se apruebe
la proposición no de ley con la enmienda del Grupo Socialista, que,
desde nuestro punto de vista, significa que esta proposición no sea
una mera declaración de intenciones. De poco sirven una serie de
planteamientos clínicos si no se acompañan de algo tan importante
para luchar contra el sida como es el apoyo psicológico, los
esfuerzos de cara a la reinserción social de los afectados. Esto que
hasta el momento se viene realizando de forma casi individual por
parte del personal sanitario y las ONG y en la medida en que les
permiten sus posibilidades, es una obligación de toda la sociedad y,
desde luego, responsabilidad de su Gobierno. Por tanto, nos parece
necesario regular esta situación, siendo para ello precisa la
dotación económica pertinente para crear gabinetes específicos que
incluyan un organigrama con personal especializado en la orientación
social y el apoyo psicológico a las mujeres que lo precisen.
También habría que hacer una llamada de atención al Ministerio de
Sanidad para que tratara con más realismo, y por tanto con más
efectividad, el problema del que estamos hablando, porque el manejo
de cifras en función de los intereses políticos es un arma
verdaderamente peligrosa. Esta actitud puede llevar a un cierto
sentimiento de relajación, actitud muy peligrosa ante una enfermedad
de las características que nos ocupa, que no sería lógico dadas las
cifras reales de afectados. No es cierto que el sida haya disminuido
en un 20 por ciento. Una cosa es que se haya frenado el sida, que se
haya demorado su avance por los últimos métodos de tratamiento y por
la concienciación social, y otra que haya disminuido. Existen 25.000
enfermos de sida, pero hay 45.000 más en tratamiento a los que se da
técnicamente de alta como enfermos. Supongo que SS.SS. conocerán los
efectos que la medicación produce en las condiciones físicas de las
personas con este tipo de tratamientos.
Para terminar, esperamos que se apoye esta enmienda del Grupo
Socialista, porque a pesar de que somos conscientes que supone una
inversión económica por parte del Ministerio, también es cierto que
es mínima, porque sinceramente no tendría razón de ser que una vez
más el Gobierno intentara ahorrar a costa de personas con esta
tremenda problemática. Nos parece que es hora de que el Gobierno deje
de aplicar sus particulares criterios economicistas a ese derecho
fundamental de todos los ciudadanos que es la salud.
Por último, no querría terminar sin recordar desde aquí que el
próximo día 1 se celebra el día mundial del sida, especialmente
dirigido a niños y a jóvenes. Por cierto, recomendaríamos al Gobierno
que repasara la traducción del eslogan: Escucha, aprende y vive,
porque desvirtúa el original en inglés: Escuchemos, aprendamos y
convivamos. Creemos que el matiz es importante. Por lo demás, ya he
reiterado que la proposición no de ley nos parece que debe salir
adelante.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Hay que recordar, señorías, que el
conocimiento de la infección por VIH en la mujer se inicia mucho más
tarde que en el hombre y durante muchos años se ha considerado que el
comportamiento de esta infección no presentaba diferencias de género
ni formas clínicas específicas en la mujer. Cuando empezaron
a aparecer los primeros casos de transmisión vertical de la infección
por VIH se empezó a considerar a la mujer en relación con esta
infección, pero solamente como vector de la transmisión. En los
últimos años se ha ido tomando conciencia de las peculiaridades de
esta infección en la mujer y se han diagnosticado enfermedades
específicas que están relacionadas con ellas, como es el caso del
cáncer de cuello uterino.
En los primeros años de la epidemia, la infección en la mujer se
relacionó sólo con ciertos colectivos como, por ejemplo, las usuarias
de droga por vía parenteral y/o las que ejercían la prostitución.
Actualmente, y como consecuencia del incremento de la transmisión
heterosexual, se pueden encontrar en situación de riesgo de adquirir
la infección todas las mujeres que mantienen relaciones sexuales no
protegidas con personas de las cuales se desconoce el estado
zerológico. Por este motivo es necesario un control y seguimiento del
embarazo más riguroso en determinadas mujeres. En el Plan de salud de
Cataluña, instrumento básico de la política sanitaria catalana, se
hace especial énfasis en la atención sanitaria del embarazo, el parto
y el puerperio. El seguimiento del embarazo es un proceso complejo y
necesariamente multidisciplinar que necesita la coordinación entre
los diferentes profesionales y entre los diferentes niveles de
atención sanitaria. Por este motivo, en octubre de 1995 se determinó
la elaboración de unos protocolos que pusieran las bases mínimas de
criterios y procedimientos
para el seguimiento del embarazo normal y la detección y
clasificación del embarazo de riesgo. Fruto de este trabajo es el
protocolo de seguimiento del embarazo en Cataluña aprobado por pleno
consenso en el año 1998 con la participación del departamento de
Sanitat y Seguridad Social, de la Sociedad Catalana de Ginecología y
Obstetricia, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la
Asociación Catalana de Matronas y un numeroso grupo de expertos y
asesores. Este protocolo de seguimiento del embarazo incluye la
atención del embarazo de riesgo, de MTS y sida.
Paralelamente, existe un grupo de trabajo sobre mujer y sida
integrado por personas representantes del departamento de sanidad y
del Institut Catalá de la Dona y de diferentes organismos y
organizaciones no gubernamentales que trabajan de manera específica
la problemática del sida desde diferentes vertientes. Este grupo de
trabajo ha elaborado un manual para profesionales sanitarios a fin de
recordar los aspectos básicos en el seguimiento de la mujer
zeropositiva. Por otro lado, el material dona y sida, dirigido en
general a la población femenina de Cataluña, cuyo objetivo es hacer
llegar a las mujeres la información necesaria para afrontar la
posibilidad de infección y sus consecuencias, proporcionando
orientaciones y estrategias que colaboren en la disminución de la
propagación de la epidemia.
Por todo ello, y en consecuencia, señor presidente, nuestro grupo
apoyará la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para
que un protocolo de estas características se haga extensivo al
Sistema Nacional de Salud, dado, por descontado, que deberá debatirse
y consensuarse en el Consejo Interterritorial, a fin de que se
respeten las opiniones y las competencias de las comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, tiene la palabra por
un minuto a los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Creo que ha habido un error
material básico de algunos grupos a la hora de considerar el texto de
la proposición. Aquí no se dice que se haga un protocolo, sino un
informe de cómo se está adaptando el protocolo, y aunque, señor
presidente, con todo respeto todo el mundo tiene derecho a utilizar
la tribuna política para defender algunos temas, cuando se está
hablando del sida no se tiene derecho a hablar de propaganda, de
ahorro economicista y de falseamiento de datos cuando precisamente
los gestores del Plan nacional contra el sida son los mismos gestores
que existían en tiempos de los gobiernos socialistas, ¿o es que antes
eran responsables dignos y ahora no son responsables dignos? No se me
diga que se falsean las cifras.
Por tanto, señorías, vamos a hablar del texto de la proposición, que
dice: elaborar un informe sobre el protocolo que existe para ver si
hay discordancias en su aplicación en las comunidades autónomas para
lo que debe ser sometido al Consejo interterritorial. En ese
protocolo se contempla ya el punto 1 que está dentro del protocolo
-actual- de atención a la embarazada; el punto 2 me consta que ha
sido retirado por razones técnicas; y el punto 3 dice que tenga
carácter universal. Me parece que SS.SS. han olvidado que
yo he hecho una relación de todas las comunidades autónomas en las
que en este momento existe ese protocolo y ese plan. Me parece que
queda un poquito más claro, y por eso no lo vamos a aceptar, en la
enmienda de mejora técnica que ha presentado el Grupo Popular. (La
señora García Linares pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos me pide la palabra, señora García
Linares?
La señora GARCÍA LINARES: Para dar lectura a un documento que me
parece que es esclarecedor. La portavoz del Grupo Popular ha tenido
algún lapsus, porque no me lo puedo explicar de otra forma. Solamente
quiero leer los dos puntos en los que se basa la proposición de ley.
Dice: Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a elaborar un protocolo de atención a las mujeres
embarazadas con VIH sida. Es lo que dice.
Por otra parte, quisiera puntualizar que la señora portavoz ha
intervenido en contra de mi intervención y no se ha ceñido a explicar
si aceptaba o no la enmienda.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Aquí había una enmienda de
modificación del Grupo Popular, que es la que he defendido.
El señor PRESIDENTE: Señorías, si tienen alguna duda en cuanto a la
aceptación o no, les rogaría que se pongan de acuerdo y lo pasen a la
Mesa. Si no hay inconveniente por parte de SS.SS., procedemos a la
votación.
Tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señor presidente, quisiera referirme a la
proposición no de ley sobre las prótesis auditivas. Nosotros tenemos
conocimiento de que el Grupo Socialista aceptaba la enmienda que
proponía el Grupo Popular y era para hacer en dos segundos la
explicación de voto de nuestro grupo.
Nosotros vamos a votar en contra de la propuesta del Partido
Socialista no porque nos parezca que no esté bien, sino simplemente
porque esto ya se ha hecho, se ha llegado a un acuerdo
interterritorial con la Comisión de Sanidad, en la cual el
representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha dado su
consentimiento y ha aportado las necesarias y objetivas
documentaciones para poder incluir en el catálogo de prestaciones las
prótesis auditivas. Creemos que, como ya se está haciendo y se está
haciendo bien, no tenemos por qué aprobar esta proposición no de ley.
También quiero dejar constancia de que nos sentimos muy mal porque no
hayan llegado a un consenso los dos grupos parlamentarios
mayoritarios.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Señor presidente, pido la palabra
a efectos aclaratorios.
Señor presidente, en la proposición del Grupo Popular observamos un
lapsus mecanográfico e hicimos una enmienda de mejora técnica. Me
parece que el Grupo Socialista, que también ha tenido algún lapsus y
ha presentado mejora técnica en alguna enmienda, comprenderá que
nosotros también tengamos problemas taquigráficos algunas
veces. En este momento nosotros presentamos una enmienda de
mejora técnica, que es por lo que yo decía que estábamos hablando del
informe sobre el protocolo y no de un protocolo, y que nos habíamos
autoenmendado por ese lapsus, y nunca mejor dicho, porque fue total.
(La señora García Linares pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora García Linares.
La señora GARCÍA LINARES: Son dos segundos nada más, es solamente
para aclarar.
El señor PRESIDENTE: Les puedo dejar dos minutos para que se pongan
de acuerdo.
La señora GARCÍA LINARES: Sólo quiero pedir que se aclare qué es lo
que tenemos que votar, porque me parece muy legítimo y además muy
normal lo de los lapsus y me parece muy bien además que se reconozca
que así ha sido. Me parece perfecto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a parar dos minutos.
La señora GARCÍA LINARES: Señor presidente, si de lo que se trata es
de votar la autoenmienda que se ha producido por parte del Grupo
Popular, evidentemente hemos de retirar la enmienda y así lo hacemos.
El señor PRESIDENTE: Pediría a los portavoces que se acerquen a la
Mesa. (Pausa.)
Señorías, procedemos a la votación de la primera proposición no de
ley, por la que se insta al Gobierno para que a través del Instituto
Nacional de Consumo se envíe a todas las familias del Estado
información sobre cómo pueden verse afectados por el llamado efecto
2000. Se sobreentiende que es en los términos de la aceptación de la
enmienda presentada por el señor Burgos, que Literalmente dice: La
Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados insta al
Gobierno y a todas las administraciones públicas y sectores sociales
afectados, a seguir intensificando cuanto sea posible la información
a los usuarios y consumidores sobre el llamado efecto 2000, y a
agotar las acciones que permitan limitar al mínimo su impacto en los
ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) En estos términos se
somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Antes de proceder a la votación de la proposición no de ley sobre el
derecho a las prótesis auditivas para personas sordas y su inclusión
en el catálogo de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de la
Salud, tiene la palabra la señora Pin Arboledas, a los efectos de
manifestar la aceptación o no la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora PIN ARBOLEDAS: Señor presidente, brevementepara decir que
el Grupo Socialista no la acepta por
tres razones. La primera, porque la modificación que presenta el
Grupo Popular no marca el tiempo en el que se debe realizar; la
segunda porque lo que aprobó el Consejo territorial el otro día era
hasta los dieciséis años y nosotros, en nuestra proposición no de
ley, pedimos para todos los ciudadanos y ciudadanas; y, la tercera,
porque lo que pretende el Grupo Popular es que se haga caso a la
proposición no de ley que se presentó el 9 de marzo, donde se habla
de un estudio que el Gobierno tenía que haber traído a esta Cámara y
que no lo ha hecho.
Por otra parte, quería decirles a los compañeros de Convergència
i Unió que no se trata de disputas entre grupos políticos, sino de un
trabajo parlamentario y político que un grupo mayoritario tiene
derecho a hacer aquí en la Cámara, y, por tanto, nosotros no somos
muletilla de ningún partido político y tenemos la obligación y el
derecho de traer lo que nos parezca mejor para nuestros ciudadanos.
Quería remarcar que nuestra proposición no de ley habla del
reconocimiento del derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas y que,
además, todas las prestaciones económicas, según una recomendación de
la subcomisión de reforma del sistema sanitario, que se aprobó en el
Pleno y también por el Grupo Popular, deben llevar la consiguiente
dotación económica. Por esas razones, el Grupo Socialista no acepta
la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
votos en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la tercera proposición no de ley, por la que
se insta al Gobierno a elaborar un protocolo de atención a las
mujeres embarazadas con VIH (sida), en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (La señora Fernández de Capel Baños pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Señor presidente, con todo
respeto, había habido un lapsus en la redacción del primer texto y la
enmienda era de mejora técnica, que ha sido lo que ha movido un poco
el desconocimiento de otros grupos. Es informe sobre el protocolo.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación en los términos resultantes
de la enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA MAESTRO MARTÍN (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA) SOBRE AGILIZACIÓN DE LOS
TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE LAS MUJERES PUEDAN ACCEDER A LA RU-486
PARA LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE SU EMBARAZO, EN CUMPLIMIENTO DE
UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA POR LACÁMARA. (Número de
expediente 181/002778.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con orden del día. En primer lugar,
contestación a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para cuya exposición tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor Castellón, por su
comparecencia.
Como SS.SS. recordarán, hace aproximadamente dos años, por estas
fechas, se aprobaba por unanimidad, de una forma curiosa que los
anales de la historia escribirán, una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por la que se instaba al Gobierno a
remover los obstáculos existentes para que las mujeres de las
diferentes comunidades autónomas del Estado español tuvieran acceso
a un medicamento conocido como RU-486, considerado por la Organización
Mundial de la Salud como una ventaja indudable para la salud pública
de las mujeres por su seguridad y eficacia. Desde entonces han
ocurrido avatares que no quiero consumir tiempo de SS.SS. en relatar
y me consta que están dándose los últimos pasos para que sea efectivo
el registro de la RU-486, una vez pasados los trámites preceptivos en
la Agencia Europea del Medicamento y en la Agencia Española del
Medicamento. No obstante, en esa proposición no de ley, se aprobó una
enmienda del Grupo Popular que introducía un elemento que, si no se
resuelve, puede distorsionar gravemente el uso efectivo, más allá del
«Diario de Sesiones» o de los papeles, por las mujeres que deseen
utilizar este mecanismo para interrumpir su embarazo, por supuesto,
dentro del ámbito que marca la ley, que era la limitación del uso
hospitalario de este medicamento. La Subdirección General de
Medicamentos de Uso Humano dice que una especialidad calificada como
de uso hospitalario sólo se administrará en hospitales o centros
sanitarios acreditados para la práctica legal de la interrupción
voluntaria del embarazo y que aquellos centros que no dispongan de
servicio de farmacia propio deberán solicitar de las comunidades
autónomas la adscripción a un servicio de farmacia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 92 de la Ley del Medicamento. Teniendo en
cuenta que solamente los hospitales con 100 o más camas contarán con
servicio de farmacia; dado que esto no ha sido obstáculo para que no
solamente esta actuación sanitaria de la interrupción voluntaria del
embarazo, sino intervenciones quirúrgicas y ambulatorias, se estén
realizando en instalaciones sanitarias que no cuentan con servicio de
farmacia, y dado que actualmente, debido a la objeción de conciencia
generalizada por parte de los profesionales sanitarios, producto de
la propia historia, de las contradicciones y de las peculiaridades de
este país, solamente el 2 por ciento de las interrupciones
voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad pública, el hecho
es que si el Ministerio de Sanidad no lo remedia, realmente, la RU-
486 no va a estar disponible de una manera eficaz en centros que, por
otra parte, no tienen ninguna limitación para la realización de
operaciones quirúrgicas sencillas,
como pueden ser un legrado o un aborto por aspiración. Podría darse
la paradoja y el absurdo de que para ingerir una pastilla se exijan
requisitos de tipo técnico in situ -otra cosa es la existencia de
complicaciones posteriores que, evidentemente, pueden afectar a
cualquier otro procedimiento sanitario, terapéutico, etcétera- que no
se exigen para otras intervenciones más agresivas y para las cuales
la RU-486 puede ser una interesante alternativa.
Todos nos felicitamos porque la RU-486 pueda estar realmente al
alcance de la mano, pero la pregunta concreta es en qué medida el
Ministerio de Sanidad va a tomar las medidas necesarias para que
quede al alcance de la mano, pero siga estando fuera de las
posibilidades reales de uso?
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida una vez más al señor
Castellón a esta nueva comparecencia ante la Comisión de Sanidad y
Consumo. Sin más, le agradezco su presencia y le doy la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): Señoría,
aparte de contestar a la cuestión que realmente preocupa más a S.S.,
voy a aprovechar para explicar la situación en la que se encuentra
actualmente -ya está registrada- la RU-486, para que tengan cumplida
información sobre el estatus de este producto.
En el mes de marzo, el laboratorio Exelgin presentó la solicitud para
la autorización y registro, con la denominación comercial de
Mifegyne, a las autoridades de varios países: Austria, Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Holanda y España. Esa
solicitud, como sabe su señoría, se tramitó a través del
procedimiento comunitario de reconocimiento mutuo. El país de
referencia, en este caso Francia, inició la fase de autorización el
día 6 de abril y finalizó el 5 de julio de 1999, y en ella se
determinó el texto final de la ficha técnica que refleja las
indicaciones autorizadas y las contraindicaciones. Superada esta
fase, el laboratorio procedió a traducir a las diferentes lenguas el
texto de la ficha técnica, el etiquetado y el prospecto y propuso
además las condiciones de autorización, remitiendo toda la
documentación a los diferentes países. En nuestro caso, se presentó
el día 21 de julio ante la Agencia del Medicamento, la cual solicitó
las correcciones oportunas a algunas cuestiones que no estaban
claras, con fechas 28 de julio, 2 de agosto y 10 de agosto. Con fecha
14 de septiembre se elaboró la propuesta de autorización y el 8 de
octubre pasado la Agencia del Medicamento concedió autorización de
comercialización para esta especialidad. Es ahora, a partir de este
momento, cuando el laboratorio debe continuar con los trámites para
su financiación, es decir, solicitar ante la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios la fijación de precio, así como las
condiciones de prescripción y dispensación dentro del Sistema
Nacional de Salud, porque las condiciones que ya venían en la ficha
técnica son aquellas por las cuales se ha aprobado el registro. Una
vez presentada esta solicitud de precio, hay un plazo de tres meses,
prorrogable, para resolver. Lo que sucede es que hasta el momento ni
nuestro país ni ninguno de los otros países han recibido aún una
solicitud de fijación de precio por parte del laboratorio Exelgín.
Con respecto a la cuestión que queda de la ficha técnica y que recoge
exactamente igual que en el resto de los países las condiciones, como
S.S. ha leído correctamente, aunque yo discrepo que lo haya
interpretado correctamente, porque lo que dice es que se califica de
uso hospitalario, y que se administrará en hospitales o en centros
sanitarios acreditados para la práctica legal de interrupción
voluntaria del embarazo, conforme a lo previsto en el Real Decreto
2409 de 1986. De memoria, casi diría que se reflejan una serie de
cuestiones que tienen que tener esos centros, incluida una unidad
creo que dice de emergencia o de recuperación, que se refiere a
prevenir cualquier complicación en este tipo de intervenciones.
Lo que sí consideramos importante es que se lleve un control y
registro de la dispensación por parte del servicio. Cuando el
hospital o el centro no es lo suficientemente grande como para tener
un servicio propio, lo que decimos es que se le adscriba a un
servicio, simplemente a efectos de seguimiento y control de un mínimo
registro de dispensación que nos parece razonable. Esto no supone
ninguna pega para que esos centros que están autorizados conforme el
Real Decreto de 1986 puedan llevar a cabo las interrupciones
voluntarias, evidentemente por este procedimiento cuando sean
prescritas en este caso por el ginecólogo u obstetra que esté al
cargo del caso. De manera que yo no veo que exista ninguna otra
dificultad que la de que puedan disponer de los servicios
profesionales en relación con este tema.
El señor PRESIDENTE: ¿Está conforme la señora Maestro con la
respuesta?
La señora MAESTRO MARTÍN: Me gustaría estar conforme, porque
realmente la intervención del señor Castellón disipa algunas dudas,
pero el problema es que yo tengo un texto de la Agencia Española del
Medicamento, su Dirección General de Medicamentos de Uso Humano, en
el cual se plantea que esta especialidad, calificada de uso
hospitalario, sólo se administrará en hospitales o centros sanitarios
acreditados para la práctica legal de la interrupción voluntaria del
embarazo conforme a lo previsto... deberá llevarse un control de
registro por parte de un servicio farmacéutico. Lo que quisiera
aclarar es qué se entiende por un servicio farmacéutico, porque se
especifica que aquellos centros que no dispongan de servicio de
farmacia propio deberán solicitar de las comunidades autónomas la
adscripción a un servicio de farmacia de acuerdo con lo establecido
en el artículo 92 de la Ley del Medicamento, y, según me consta, ni
el Ministerio de Sanidad ni la Agencia Española del Medicamento ni
las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas con
transferencias sanitarias saben muy bien cómo se ha de interpetar
esta cuestión, es decir, que parece claro que debería de alguna
manera modificarse la normativa de forma que permita a todos los
centros que practican cirugía ambulatoria disponer de un depósito de
medicamentos, que no es exactamente un servicio de farmacia. En este
caso es un detalle técnico, pero que podría -este ha sido el interés
de mi pregunta-, más allá de la voluntad del Ministerio de Sanidad,
introducir barreras técnicas a la hora de acceder, es decir, de depo
sitar
este medicamento, ya que no procederá a su compra en el momento de
uso, cosa que no tiene ninguna lógica.
El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): Yo no
veo ninguna dificultad, aunque respecto a esto nosotros no tenemos
ningún inconveniente en aclarar el tema a los centros. Alo que se
refiere es que tengan un centro de referencia, un servicio de
farmacia que lleve el control y el registro simplemente. Que luego
tengan en depósito este producto Myfeggne no creo que plantee ningún
problema. Lo único que se pide es un servicio de farmacia que actúe
como mecanismo de control y de registro únicamente. Ahora, si es
preciso aclararlo a los centros, evidentemente el Ministerio no tiene
ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
- DELSEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLÓN LEAL), PARA
INFORMAR ACERCA DE LA PERSISTENTE UTILIZACIÓN DEL RADIOFÁRMACO UREA
MARCADA CON CARBONO 14 EN SERVICIOS SANITARIOS PRIVADOS Y PÚBLICOS,
PESE A NO ESTAR AUTORIZADAY HABERSE PUBLICADO REITERADAMENTE EN
ÓRGANOS CIENTÍFICOS DE TODA SOLVENCIA LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE
ELLO IMPLICA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001969.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del señor Castellón,
solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que
literalmente dice: comparecencia del subsecretario de Sanidad y
Consumo para informar acerca de la persistente utilización del
radiofármaco urea marcada con carbono 14 en servicios sanitarios
privados y públicos, pese a no estar autorizada y haberse publicado
reiteradamente en órganos científicos de toda solvencia los riesgos
para la salud que ello implica.
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): Señor
presidente, voy a ser breve.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceremos, señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): Gracias.
La urea marcada con carbono 14 es un radiofármaco que en la
actualidad solo puede ser usado en ensayos clínicos o como uso
compasivo, como bien saben sus señorías. Cuando el Ministerio de
Sanidad y Consumo ha tenido
conocimiento de la realización de un ensayo clínico sin la
correspondiente autorización cursó las correspondientes instrucciones
a las comunidades autónomas o a la comunidad autónoma de que se
tratase, en cuyo ámbito se encontrase ubicado el hospital o los
profesionales que hubieran efectuado el ensayo clínico, porque, como
saben, es competencia de las comunidades el control de esta cuestión.
Nosotros lo ponemos en conocimiento de ellos tan pronto como tenemos
noticia. En ese sentido, a raíz de una denuncia que se presentó sobre
la utilización de la urea marcada con carbono 14 en un ensayo clínico
que se realizó en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, se remitió
a la Comunidad Autónoma de Madrid, encontrándose en este momento ese
procedimiento pendiente de la finalización del informe de inspección.
Por otra parte, en la actualidad existen dos especialidades de urea
marcada con carbono 13, que están autorizadas por la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios, -por la fecha ahora sería
la Agencia del Medicamento-, lo que conlleva que no exista laguna
diagnóstica en el caso del Helicobacter pylori. (El señor
Vicepresidente, Mingo Zapatero, ocupa la Presidencia.) En este
sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha dirigido las
instrucciones oportunas al Insalud, a las comunidades autónomas,
a los centros regionales de farmacovigilancia y a las sociedades
españolas de radiofarmacia y de medicina nuclear recordándoles que la
urea marcada con carbono 14 sólo debía utilizarse en ensayos clínicos
o como uso compasivo, una vez obtenida la autorización
correspondientes. Las pruebas diagnósticas de Helicobacter pylori
deben efectuarse con los productos autorizados y registrados. No
obstante, en la actualidad la Agencia Española del Medicamento está
evaluando desde febrero un registro de urea marcada con carbono 14
que ya se ha presentado y que es de uso común en Estados Unidos y
otros países de nuestro entorno. Eso dice algo acerca de un riesgo
escaso de este producto. Apesar de eso, nosotros, mientras no esté
autorizado el ensayo clínico, tampoco lo permitimos.
El uso de la urea marcada con carbono 14 a las dosis empleadas para
el test del aliento en el diagnóstico de la úlcera gastroduodenal es
seguro, dado que el riesgo radiológico que implica es prácticamente
insignificante en relación con otras pruebas, y de acuerdo con los
estudios publicados en la literatura científica sobre esta materia.
De hecho, es una dosis de reacción equivalente a la radiación
medioambiental de un día, 24 horas.
En definitiva, esto es cuanto podría contestarles siendo muy escueto
en relación con la situación de la urea marcada con carbono 14. Tengo
que decirle a S.S. que prevemos que pueda estar registrada a
principios de año.
El señor VICEPRESIDENTE (Mingo Zapatero): Tiene la palabra la señora
Maestro, como proponente de la iniciativa.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor Castellón. Desgraciadamente,
no voy a poder ser tan breve como usted, porque si reitero una
solicitud de comparecencia tras las dos iniciativas parlamentarias
del año pasado sobre este asunto de los radiofármacos, es
precisamente porque el problema no se ha resuelto, las denuncias se
han
reiterado y por parte del Ministerio de Sanidad ha sido la norma
mirar para otro lado o la desinformación que se deriva de su
intervención anterior. Sobre estas denuncias reiteradas por
diferentes entidades, en estos momentos puedo decir a SS.SS. y al
señor subsecretario que la Asociación nacional de especialistas en
radiofarmacia ha denunciado ante la Comisión Europea la situación de
descontrol y de incumplimientos reiterados que se producen en nuestro
país. Se envió con fecha 14 de septiembre y ha sido admitida
a trámite con fecha 10 de noviembre de 1999. En este caso el denunciado
es el Ministerio de Sanidad, es la Administración española por
incumplimientos reiterados de la legislación española, así como de
las directivas de la Comunidad Económica Europea en su momento y de
la Unión Europea ahora.
Señor Castellón, usted dice que en Estados Unidos está permitida la
utilización del carbono 14. En Estados Unidos están permitidas muchas
cosas, entre otras, como usted bien sabe, la obtención de sangre y de
hemoderivados a través del pago de estas sustancias. No creo que este
país tenga mucho que enseñar a los países de nuestro entorno, como se
suele decir, sobre medidas sanitarias. Lo que quiero decirle es que
reiteradamente, en nuestro país se están planteando la distribución
ilegal, fuera de los cauces establecidos, fuera de los servicios de
farmacia hospitalaria, fuera de las unidades de radiofarmacia de los
hospitales, que continúan siendo prácticamente inexistentes, a pesar
de la directiva de 1992 de la Comunidad Económica Europea, que
regulaba la obligatoriedad de su existencia en todas aquellas
instalaciones hospitalarias en las que se utilizara.
Debo recordar a SS.SS., por si la memoria falla, que este asunto
saltó a la luz a través de la contaminación con la enfermedad de las
vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt- Jakob, de un radiofármaco
de la empresa Amerscan Pulmonate. Precisamente que no se hubiera
contemplado los cauces habituales y se hubieran producido a
discreción tanto a través de servicios de medicina nuclear como de
consultas y de instalaciones privadas, sin que se tuviera constancia
de cuáles fueran, fue la causa fundamental del caos y del retraso que
llevó su retirada de la circulación. Por otra parte, en estos
momentos, en la Unión Europea está prohibida la utilización de la
urea carbono 14, que se ha estado administrando a pacientes, a pesar
de que en los catálogos y etiquetas se incluye la leyenda: Nuestros
productos no están aprobados para uso en humanos ni en animales para
consumo humano.
Si estoy equivocada el señor Castellón me lo dirá, pero la
autorización de un nuevo fármaco en la Unión Europea debe hacerse de
forma unitaria, sin que se pueda proceder de manera unilateral por
los diferentes países. Por otra parte, se están administrando
productos no autorizados y que fueron fabricados como reactivos de
uso in vitro y, por tanto, sin observar las normas de correcta
fabricación de medicamentos. Los fabricantes de tales radiactivos,
Amersham Life Scienses, ICN, Sigma, etcétera, no tienen autorización
como fabricantes de medicamentos.
Señor Castellón, usted tiene la responsabilidad de vigilar el
incumplimiento de las leyes en nuestro país que sirven como elemento
de protección de la salud de los ciudadanos. Usted debería saber que
se insiste en la publicación
en revistas especializadas de la realización de ensayos clínicos con
radiofármacos prohibidos para uso humano, para indicaciones no
autorizadas y que se realizan con falsos ensayos clínicos, como mi
grupo parlamentario ha tenido a bien denunciar, que son incentivados
económicamente por los laboratorios fabricantes como mecanismo de
penetración en el mercado. En este caso supongo que la incentivación
económica será superior, ya que el riesgo que se corre es más grande,
porque se trata de medicamentos no autorizados o con indicaciones no
autorizadas. Además de la urea marcada con carbono 14, existen otros
medicamentos, como el tetrofosmín, un radiofármaco también fabricado
por el laboratorio Amersham Internacional, que es autorizado
únicamente para exploración cardíaca y que se está utilizando en
indicaciones no autorizadas, como el cáncer de mama, sarcoma musculo-
esquelético, etcétera. El cloruro de estroncio 89 también está
solamente autorizado para el tratamiento de la radioterapia
metabólica del dolor en metástasis óseas debidas al cáncer de
próstata, es decir, en enfermos cuya supervivencia es muy relativa y
en la que el riesgo de utilizar medicamentos agresivos, radiactivos,
queda paliado por la relativamente breve supervivencia de dichos
pacientes, ya que la alta dosis de radiación que recibe el paciente
provoca graves efectos secundarios, como la mielodepresión grave.
Además, señor presidente, señor Castellón, están siendo utilizados
radiofármacos no autorizados para la realización de ensayos clínicos,
entre comillas, falsos y clandestinos, en los cuales se dan estos
medicamentos no solamente a enfermos, sino que se hacen estudios de
doble ciego y se administran a pacientes sanos e incluso a niños
sanos de corta edad. (El señor vicepresidente, Arnau Navarro, ocupa
la Presidencia.)
Todo este tipo de cosas que denuncié en el año 1998han sido
realizadas de manera continuada y podría decir que se han
incrementado, porque las publicaciones están a mi disposición y a la
suya, señor Castellón. La mía es una obligación relativa; la suya es
una obligación absoluta, saber lo que está pasando en nuestro país.
Se están utilizando dosis de radiación muy injustificadas y con
cifras que están muy por encima de las dosis máximas recomendadas
para cualquier tipo de paciente. Por lo tanto, señor Castellón,
denuncio ante esta Comisión de Sanidad la vulneración reiterada e
intensificada de la legislación vigente, tanto la nacional como la
europea, el empleo de sustancias no autorizadas para uso humano, en
ensayos clínicos no aprobados, incluso en personas sanas, en dosis
que superan en mucho las de radiación recibida. Por lo tanto, usted,
señor Castellón, es responsable. Por supuesto, es un tema difícil de
trasladar a la opinión pública, pero debería tomar la decisión de o
bien dimitir o bien cesar a los responsables de esta situación.
Si ante denuncias reiteradas como éstas, expuestas públicamente en
revistas científicas, en un listado amplísimo de hospitales públicos
y privados de este país, de todas las comunidades autónomas, el
Gobierno del Partido Popular a lo único que espera es a que la Unión
Europea, la Comisión Europea decida finalmente tomar decisiones
acerca de los incumplimientos reiterados y de la responsabilidad de
la Administración española, haremos un flaco servicio a la
credibilidad de las autoridades sanitarias. Dice que está a punto de
aprobarse la utilización de la urea marcada
con carbono 14. Veremos si se superan los ensayos clínicos
preceptivos; veremos si es compatible o no con la legislación europea
al respecto. ¿Qué pasa con los otros radiofármacos? Si no hay
contraindicaciones para su uso humano, si no hay contraindicaciones
para su uso en dosis que violan los límites establecidos, ¿por qué no
se procede a la solicitud legal de ensayo clínico, tanto para los
nuevos medicamentos como para las nuevas indicaciones, como para las
nuevas dosis? Es un tema técnico en el que yo no me meto. Si las
autoridades sanitarias piensan que no hay riesgo lo deben decir, pero
de momento tanto esas indicaciones como esos medicamentos como esas
dosis no están autorizadas y, sin embargo, están siendo ampliamente
empleados en hospitales públicos y privados de este país, saltándose
todos los cauces establecidos por la legislación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Supongo que se saltan los cauces
establecidos porque son plenamente conscientes de que vulneran la
legislación existente al respecto.
Señor Castellón, espero una respuesta que no sea la que me dio en su
momento, la de negar todo lo que tenía que ver con esas actividades.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
Espero una respuesta -decía- que no sea negar todo lo que desde mi
grupo parlamentario se acreditó, con documentación al alcance de
cualquiera, a pesar de que usted después tomó algunas medidas que a
mí me tranquilizaron, sinceramente, pensando que se iban a adoptar
las medidas oportunas, pero ha transcurrido un año, casi dos, y la
situación no ha hecho más que empeorar.
Espero su respuesta. Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Bienvenido, señor Castellón, de nuevo a esta
Comisión.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar la posición del Grupo
Socialista. La crítica que podemos hacer al Gobierno desde nuestro
grupo es que se esté practicando este tipo de pruebas diagnósticas
fuera de la legalidad, como se ha dicho ya. La crítica se redobla, si
cabe, en que, este producto todavía no se ha legalizado ni
registrado. A nosotros nos parece que ya es mucho el tiempo que lleva
este producto solicitando su registro en la Administración para que
sea un test de laboratorio o una prueba diagnóstica de uso común
dentro en nuestros hospitales. Desde nuestro punto de vista, la urea
marcada con carbono-14 es una prueba eficaz, precisa, sencilla,
rápida, no invasiva, cómoda para el paciente y de bajo costo
económico. Hay que recordar que esta prueba cuesta unas 300 ó 400
pesetas frente al test del carbono 13, que cuesta cerca de 7.000
pesetas. Tal vez aquí estamos en una guerra comercial entre
laboratorios farmacéuticos en la que, desde luego, nosotros no vamos
a entrar.
Nosotros queremos sustentar nuestra posición en los conocimientos
científicos que hay hasta el momento, y queremos decirle, señor
Castellón, -no entendemos por qué no está ya registrado y es de uso
común esta prueba-, que el doctor Graham, en The Lancet -me parece
que es una revista suficientemente conocida y de prestigio-, en 1987,
dice que esta prueba del aliento con urea de carbono14 para la
detección de la infección por Helicobacter pylory se viene realizando
desde 1987. Por tanto, ya son 12 los años de experiencia en los que
podrían haber surgido problemas lógicos con el ensayo de un
radiofármaco que tuviese algún efecto contradictorio o contrapuesto
con la salud de los pacientes. Pero no ha sido así, como digo, desde
1987 se viene realizando. Esta prueba ha sido reconocida como el
mejor método para la identificación de la infección por el
Helicobacter pylory , y se dice también en 1987, en la misma revista,
The Lancet. Coincido con el señor Castellón en que esta irradiación
es inferior a la producida por un día de irradiación normal, es
decir, un día en el campo soleado nos produce esta irradiación; es 70
veces inferior a la asociada a una radiografía de tórax. Por tanto,
no entendemos cuál es la alarma social que se puede producir con la
utilización de este tipo de radiofármaco. Se dice que en Estados
Unidos se utilizan muchas cosas y que no sabemos muy bien qué pasa.
sin embargo, estas consideraciones han permitido que la FDA haya
autorizado y recomendado este test para el diagnóstico de la úlcera
de píloro, de estómago, causada por el Helicobacter pylory.
Hay que decir algunas cosas más. Con este test diagnóstico mediante
la urea, marcada con el carbono 14, lo que se da es una dosis de
0,003 miligramos de urea frente a los 100 miligramos de urea que se
introduce en cada paciente con el carbono 13. Esto es importante,
porque no es la urea algo inocuo administrando 100 miligramos en una
sola dosis.
Por último, señor Castellón, señorías, se dice en una editorial
reciente, año 1999, en una publicación del Queen Elisabeth Hospital
de Birmingham -algunos párrafos traigo subrayados- que el riesgo de
cáncer o de una enfermedad de efectos severos hereditarios -estoy
traduciendo directamente del inglés y, por tanto, me van a perdonar
si no es un castellano fluido el que utilizo- se puede estimar
alrededor de uno en 1.4 millones, por lo que es un efecto
prácticamente nulo. Preguntándose por los dos test y por cuál es más
seguro -porque el título de la publicación es Urea carbono 13 versus
urea carbono 14 en el test de la respiración-, dice que se puede
llegar a la conclusión de que ambos son razonablemente seguros y de
que la elección del test debería estar basada en el costo y en la
conveniencia para el propio paciente, teniendo en cuenta que hay
enfermos a los que no se puede introducir 100 miligramos de urea para
hacer un test de diagnóstico del ulcus gastroduodenal.
En definitiva, señor Castellón, la crítica es por qué no se ha hecho
ya el registro, es de uso corriente y está legalizado. Además, por
qué se está permitiendo que en hospitales de prestigio, como puerta
de Hierro, La Paz u otros hospitales de Cataluña se estén utilizando
para pruebas, disimulando que se están haciendo como pruebas de
estudio cuando lo que se están haciendo son pruebas diagnósticas.
También quiero advertir a los miembros de la Comisión de que con el
test del carbono 13 se necesita, además, un espectrómetro de masas
que no tienen todos los hospitales, por lo que tienen que hacer el
test en otro laboratorio, al margen de los hospitales, cosa que no
ocurre con el carbono- 14, aunque esté marcado con estas ínfimas
cantidades de radioactividad que, repito, equivalen a un día de
exposición solar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAÉN: Señorías, señor subsecretario de nuevo quiero
agradecerle, como siempre, su presencia ante esta Comisión y su
exposición documentada, si bien en este caso más comprimida.
No es la primera vez que en este período de sesiones viene a esta
Comisión un tema de esta naturaleza, tampoco es la primera ocasión en
que vienen estos temas por iniciativas provocadas a raíz de la
aparición de los mismos en los medios de comunicación.
Nuestro grupo quiere manifestar que seguimos manteniendo nuestro
apoyo a la posición del Ministerio, aquella posición que adoptó
cuando se inició la legislatura, una postura congruente con criterios
estrictamente científicos y sanitarios, movidos siempre por la
responsabilidad del Ministerio de poner a disposición de la sanidad
pública los mejores y las más modernas técnicas de diagnóstico, de
tratamiento farmacológico y de rehabilitación, que sin duda
revertirán en beneficio de los pacientes y en una mejora de la
calidad de vida. No olvidemos que la detección del Helicobacter
pylory condiciona el éxito absoluto de la futura curación, evitando
recidivas en este tratamiento. Además, como sirve para un diagnóstico
eficaz y tiene un precio adecuado, a en la línea que el Ministerio ha
adoptado.
Las actuaciones llevadas a cabo en estos últimos meses por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, con la finalidad de hacer un
análisis profundo sobre la problemática que se plantea por esta
farmacología o especial medicamento de diagnóstico han estado
enfocadas desde un prisma totalmente científico a la hora de aunar a
la Sociedad Española de Medicina Nuclear, a la Sociedad Española de
Radiofarmacia, a la Subdirección de Control Farmacéutico, a la
Subdirección de Evaluación de Medicamentos y Planificación
Farmacéutica y -¿cómo no?- a la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios. Las conclusiones de estos trabajos señalan una
línea de actuación clara -ya anteriormente legislada-, donde se
enmarca a los profesionales y a los laboratorios en el sentido de
distinguir dónde se encuentra la divisoria entre la legalidad y
ilegalidad. Nuestro grupo alienta este tipo de actuaciones y le insta
a que, desde su Ministerio, continúe manteniendo un estrecho marcaje,
dentro del mundo científico y fuera de ámbitos sensacionalistas, al
desarrollo de estas nuevas terapias que están inmersas en un entorno
caracterizado por continuos cambios. El desarrollo de estas nuevas
terapias y de estas nuevas formas de diagnóstico forma parte del
avance científico y social de la sanidad mundial, al cual desde
ningún ámbito, ni político ni sanitario, nosotros podemos poner
trabas. Pero también es obligación de su Ministerio y de nuestro
grupo político seguir velando por
que los avances científicos no afecten a la seguridad y eficacia que
debe mantener cualquier medicamento o prueba diagnóstica porque, en
definitiva, va dirigida a los pacientes, que son el centro sobre el
que debe pivotar cualquierestrategia sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede dar contestación a los
distintos grupos el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): La
preocupación fundamental de la señora Maestro estriba en la
existencia de ensayos clínicos no autorizados, con los riesgos que
ello puede suponer, y, supuestamente, la pasividad del Ministerio
ante esta proliferación de ensayos clínicos. Dejando al margen la
comparación que ha hecho -creo que ya no procede- con el problema que
se planteó con el Amerscan Pulmonate, en el sentido de que allí se
produjo una contaminación y no es la cuestión que se plantea aquí, y
asumiendo que la obligación del Ministerio es velar por el
cumplimiento de la normativa -estamos totalmente de acuerdo-,
nosotros hemos estudiado todas las denuncias que se nos han formulado
-y, evidentemente, seguiremos haciéndolo- en relación con la
realización de ensayos clínicos que no se ajusten a la normativa
vigente en esta materia. Además -creo que la señora Maestro lo sabe
perfectamente-, las competencias de inspección y control en lo que se
refiere al uso de equipos radiactivos de forma irregular en los
ensayos clínicos corresponden a las comunidades autónomas
respectivas. Las denuncias que hemos recibido las hemos trasladado
a las comunidades autónomas correspondientes, concretamente, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Madrid. En dos de los casos mencionados los
informes de inspección no han detectado irregularidades y el resto de
las denuncias se encuentra pendiente de informe final. En concreto,
la Comunidad Autónoma de Andalucía no ha contestado todavía a nuestro
requerimiento. Nosotros estaremos pendientes de hacer llegar a las
comunidades autónomas todas las denuncias que se formulen y que nos
informen de cuál es la situación exacta de ese ensayo clínico sobre
el que caben sospechas de que no ha sido autorizado.
Desde luego, estamos a favor de que se hagan ensayos clínicos
autorizados. Quiero comentar también que, con independencia de este
hecho, es un producto que no supone ningún de riesgo, es inocuo, y
así se manifestó en una nota que el propio Ministerio distribuyó,
lógicamente de acuerdo con las sociedades científicas, en la que se
informaba que la urea marcada con carbono 14 era una sustancia inocua
y entrábamos en otras consideraciones en las que no voy extenderme.
El señor Blanco ya ha dado una información muy amplia sobre esta
cuestión y yo no voy a extenderme más.
Por otra parte, el señor Blanco manifiesta una preocupación esencial
por la lentitud con que se registra este producto una vez que se sabe
que es bueno. Realmente es un producto de coste efectivo, comparado
con la alternativa actualmente existente. Yo antes he comentado que
era una buena prueba diagnóstica, pero es verdad que es mucho más
coste efectivo la urea con carbono 14 que la urea con carbono 13. Ya
he explicado perfectamente que en el test del carbono 13 es necesario
usar un espectrómetro de
masas y, sin embargo, en el test del carbono 14 basta con una cámara
de centelleo.
Respecto al registro, lo único que puedo hacer es lamentar el
retraso. El Ministerio prevé tener terminado el registro en pocas
semanas. Estamos ya prácticamente a final de año y creo que a
principios del próximo año podremos tenerlo registrado. Detrás de
esto no hay ninguna cuestión comercial, no hay ningún interés del
Ministerio en dilatarlo; hay, evidentemente, una carga importante de
trabajo, como bien saben SS.SS. La creación de la Agencia del
Medicamento ha aliviado bastante esta carga y ha acelerado todos los
trámites de registro de muchos productos, incluido éste, por lo que
yo confío en que pueda salir cuanto antes. No hay ninguna otra
consideración que hacer en relación con los trámites pendientes para
registrarlo. Como bien dijo S.S., ya hay una experiencia extensa en
este producto.
En resumen, el Ministerio cumple con su obligación y estaremos al
tanto porque, independientemente de que el producto sea inocuo, si
hay nuevas denuncias porque se están haciendo ensayos clínicos no
autorizados, las enviaremos a las comunidades autónomas
correspondientes. Puedo decirle al representante del Partido
Socialista que en breve ultimaremos el registro de este producto, que
será muy útil por la difusión que puede tener y también por su coste
más reducido.
En relación con lo que comentaba el señor Castillo, somos conscientes
de la obligación que tenemos de introducir nuevas tecnologías, sobre
todo cuando éstas son de coste efectivo; también somos conscientes de
nuestras responsabilidad en garantizar la seguridad, tanto en el
proceso del ensayo clínico como una vez que el producto está
registrado, lógicamente, y creemos que estamos haciendo frente a esas
responsabilidades de forma correcta. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellón.
Finalizada su comparecencia, le agradecemos, una vez más, su
asistencia a esta Cámara.
Vamos a hacer un receso de cinco minutos. (Pausa.)
- DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD (NÚÑEZ FEIJÓO),
PARAINFORMAR SOBRE EL ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO SOBRE NUEVAS FORMAS
DE GESTIÓN. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/002094.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, seguimos el orden del día, con la
comparecencia, a petición propia, del presidente ejecutivo del
Insalud ante la Comisión de Sanidad y Consumo, para informar sobre el
anteproyecto del reglamento sobre las nuevas formas de gestión.
Le damos la bienvenida al señor Nuñez, una vez más. Han sido muchas
sus comparecencias a lo largo de este período de sesiones y me voy a
permitir la licencia de pedirle, en aras a la hora y al día, después
de una semana intensa de trabajo, tanto a él como a los distintos
diputados que puedan intervenir, brevedad y concisión en sus
exposiciones.
Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD (Núñez Feijóo):
Efectivamente, comparezco a petición propia al objeto de explicar a
los grupos parlamentarios una disposición que por su rango no sería
necesario el traerla a esta Comisión, pero que por su trascendencia,
desde el punto de vista de desarrollo de una ley especialmente
elaborada y trabajada en el ámbito de la Comisión, parece oportuno
pedir esta comparecencia, y les agradezco el interés que han tenido
al concedérmela. Conforme a la propuesta del presidente,vamos a
intentar, ser lo más sucintos posible, sin que ello conlleve una
falta de contenidos, al menos en lo más fundamental, del texto que
vamos a presentar en esta Comisión en el día de hoy.
La Ley de habilitación de las nuevas fórmulas de gestión del Sistema
Nacional de Salud, de 25 de abril de 1997, que trae causa de la
tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley de 17 de junio de
1996, estableció que la gestión de los centros y servicios sanitarios
y sociosanitarios podrían llevarse a cabo a través de cualer entidad
de naturaleza o de titularidad pública admitidas en derecho. En su
exposición de motivos dicha ley incluyó expresamente la gestión a
través de entidades dotadas de personalidad jurídica, tales como
-según explicita el propio texto de la exposición de motivos-
empresas públicas, consorcios o fundaciones en idénticos términos a
los ya creados al amparo del Real Decreto-ley 10/1996, u otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en nuestro
ordenamiento jurídico.
El último párrafo del punto primero del artículo único de la citada
Ley 15/1997 habilitó expresamente al Gobierno para determinar
reglamentariamente en el ámbito de sus competencias: en primer lugar,
las reformas jurídicas; en segundo lugar, los órganos de dirección y
control; en tercer lugar, el régimen de garantías de la prestación;
en cuarto lugar, la financiación; y, en quinto, las peculiaridades en
materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de
los centros y servicios mencionados.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, sobre organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado, incluyó en la categoría de
organismos públicos a las entidades públicas empresariales y a los
organismos autónomos, entidades ambas de adaptación francamente
compleja al ámbito sanitario dado las características propias del
secto. Con el fin de acomodar técnicamente el contenido y el espíritu
de esta ley a las peculiaridades del ámbito sanitario y con el objeto
fundamentalmente de preservar el carácter estatutario del régimen
jurídico de su personal, se incluyó en la Ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, de 30 de diciembre de 1998, la
regulación de una figura jurídica que atiende al nombre de
fundaciones públicas sanitarias. Con dicha regulación, las
fundaciones públicas sanitarias se incorporan al conjunto de
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho a
que se refiere la Ley 15/1997, al tratarse de un organismo de
naturaleza y de titularidad asimismo pública, es decir, cumpliendo no
uno sino los dos requisitos a los que hacía referencia la citada Ley
15/1997.
Las fundaciones públicas se configuran como la adecuada adaptación al
ámbito sanitario de las entidades públicas empresariales, y permite,
coexistir la descentralización de la gestión y el mantenimiento del
régimen jurídico de
personal. Ninguna de las figuras jurídicas a las que se refería la
exposición de motivos de la Ley 15/1997 permitía mantener, dentro de
su régimen de actuación, el referido personal estatutario del Sistema
Nacional de Salud, y, en este caso, del Insalud.
Pues bien, esto es lo que persigue el texto de la norma que trae
causa a esta comparecencia, que no es otra que desarrollar las nuevas
fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una
norma que se estructura en 74 artículos, tres capítulos y doce
disposiciones, ocho adicionales, una transitoria y tres finales. Si
este es el objeto, el contenido y el alcance de las mismas, se
intenta concretar cuáles son definitivamente las nuevas fórmulas de
gestión a las que dan amparo las leyes a las que me acabo de referir.
Por una parte, tres previstas explícitamente: la Ley 15/1997, como
decía, fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1994;
consorcios, y sociedades estatales; y una cuarta, fundaciones
públicas sanitarias, creadas para compatibilizar los principios
básicos de la Ley 15/1997 y el mantenimiento del régimen jurídico del
personal estatutario. Esto en cuanto al capítulo I, disposiciones
generales.
Respecto al capítulo II, disposiciones comunes a la nueva fórmula de
gestión, el reglamento contiene tres principios básicos: el primero,
el de la planificación. Así, las actividades de todas las entidades
que desarrollan el reglamento se harán con estricta sujeción a los
criterios de planificación que se elaboren por el Instituto Nacional
de la Salud, o por el Ministerio de Sanidad, por los centros
dependientes y con la autoridad suficiente para establecer criterios
en materia de planificación. El segundo principio básico es el de la
coordinación. Sin perjuicio de la autonomía de gestión, se
garantizará la coordinación entre todos los centros sanitarios de la
red del Instituto Nacional de la Salud, y entre todos los niveles
asistenciales. Y el tercer principio es el de la cooperación. Con
independencia de la fórmula de gestión que se adopte, todas las
entidades públicas mantendrán una cooperación permanente en el ámbito
asistencial, administrativo y de actividades complementarias.
Establecidos los principios, quizá sea oportuno hablar de las
garantías que establece este reglamento. Vuelven a ser tres las
clases de garantías: la primera, la de las garantías generales.
Establece el reglamento que se mantendrá en el ámbito del Insalud la
concepción integral propia de toda la red asistencial sanitaria,
garantizando la continuidad asistencial entre los niveles y
preservando el cumplimiento de todos los principios que inspiran el
Sistema Nacional de Salud. La segunda garantía es la referida a la
prestación. El Insalud garantizará en todos sus centros sanitarios,
con independencia de su fórmula jurídica, todas las prestaciones que
en cada momento rijan, -en este caso concreto las prestaciones del
Real Decreto 63/1995-, o cualquier otra norma que en el futuro se
dicte sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. La tercera garantía es la que se refiere a los
ciudadanos. El Insalud también garantizará el respeto y la protección
de todos los derechos reconocidos legalmente a favor de los
ciudadanos en el ámbito de la sanidad, y en todos los centros
existirán unidades de garantías de los ciudadanos que permitan hacer
efectivo el ejercicio de los derechos y
de las garantías que les asisten como usuarios del sistema sanitario
público de nuestro país.
En la sección tercera de este capítulo II, el reglamento intenta
avanzar criterios de concreción del ámbito de la autonomía de esos
centros. El ámbito de autonomía de esos centros abarcará, (en el
entendimiento de que toda esta autonomía se moverá en los principios
del real decreto y en las disposiciones generales y criterios que se
dicten desde el Insalud y desde los demás organismos competentes), en
primer lugar, el desarrollo de su estructura organizativa; en segundo
lugar, el desarrollo y gestión de los planes de calidad del centro
enmarcados en los planes de calidad total del organismo; en tercer
lugar, la elaboración y aplicación de las normas internas del
funcionamiento; en cuarto lugar, la gestión de recursos económicos
orientada al cumplimiento de los objetivos de la actividad y de la
calidad; en quinto lugar, los criterios de tesorería; y, en sexto
lugar, la gestión de los recursos humanos, y el desarrollo de la
carrera profesional en los términos establecidos en la normativa
aplicable.
Evidentemente, este ámbito de autonomía conlleva controles públicos
desde todos los puntos de vista. En lo que se refiere a los controles
en materia de gestión y funcionamiento, al Insalud le corresponderá
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada
utilización de los recursos, no solamente de los organismos
administrativos del Insalud. La inspección sanitaria mantiene
intactas sus competencias en materia de inspección, evaluación y
control, no solamente al Insalud y a la inspección sanitaria, sino
que se harán, desde el punto de vista económico-financiero, las
auditorías de carácter externo que se concreten y, en todo caso,
estarán sometidas a la Intervención General de la Seguridad Social y
al Tribunal de Cuentas.
Por lo que se refiere al régimen presupuestario, de contabilidad
y control financiero, el régimen presupuestario será el establecido en
las normas específicas reguladoras de cada una de las fórmulas de
gestión, y el control financiero se ajustará a lo previsto en la Ley
General Presupuestaria.
En cuanto al patrimonio, el texto distingue entre el patrimonio
propio, los bienes cedidos por la Administración general del Estado,
y los bienes adscritos por la Tesorería General de la Seguridad
Social. Los bienes adscritos por esta Tesorería se regirán por lo
establecido en la legislación específica del patrimonio de la
Seguridad Social. Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad
Social que se adscriban a estas entidades serán objeto de
administración ordinaria, a cuyos efectos se les atribuyen los mismos
derechos y obligaciones que a las entidades gestoras de la Seguridad
Social. Por lo que se refiere a su propio patrimonio, podrán
adquirir, a título oneroso o gratuito, los bienes afectos al
cumplimiento de sus fines. En todo caso, cualquier adquisición de
bienes inmuebles o enajenaciones y gravámenes sobre bienes inmuebles,
requerirá informe favorable de la presidencia del Insalud y el
acuerdo del órgano de Gobierno del centro sanitario.
En materia de personal, uno de los aspectos que la Ley 15/1997
obligaba que se concretase en el ámbito reglamentario, se establecen
los siguientes principios: en aquellas instituciones donde el
personal, por la naturaleza de la institución, no pueda ser
estatutario y donde el personal estatutario se incorpore
voluntariamente a dichas entidades,
mantendrán el régimen de servicios especiales con reserva de puesto
de trabajo durante tres años, conforme al artículo 116 de la Ley 13/
1996. Por lo que se refiere al personal estatutario de los centros
sanitarios que se conviertan en fundaciones públicas o consorcios,
conservarán su régimen jurídico, manteniendo inalterable su situación
de servicio activo. Respecto a las compatibilidades, a todo este
personal le será de aplicación el régimen de incompatibilidades de
personal al servicio de las administraciones públicas.
En cuanto a la selección y provisión de puestos de trabajo,
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y
sometimiento a las leyes de selección y provisión de plazas de
personal estatutario de los servicios de salud, la última ley es la
que ha tenido a bien aprobar el Parlamento con fecha 5 de octubre,
Ley 30/1999. Se mantienen intactos los órganos de representación de
personal, ya sean delegados de personal o comités de empresa, en el
caso de personal laboral, o delegados de personal y juntas de
personal, en el caso del personal estatutario. Se establecen órganos
de gobierno y órganos de dirección. Comenzando por estos últimos, la
dirección-gerencia, junto con otras unidades que alcancen el rango de
directivos y, en todo caso, los directores del ámbito clínico y del
ámbito de cuidados, conforman los órganos de dirección del centro.
Estos órganos de dirección responden de sus actuaciones no sólo ante
la Administración sanitaria, sino ante el propio órgano de gobierno
de dichas entidades. Se intenta profesionalizar la función directiva.
Y así se establece en el propio reglamento que se determinarán los
perfiles de estos puestos, objetivando un marco general que contemple
requisitos, formación, experiencia y cualificación necesarios para la
designación de los directivos de los centros. Al personal directivo
le será de aplicación las normas sobre incompatibilidades del sector
público, así como la abstención y recusación prevista en al Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Se establecen dos órganos de participación en los nuevos centros: un
órgano de participación externa, que se denomina comisión de
participación y garantías de los ciudadanos; y un órgano de
participación interna, que se denomina junta asistencial. La comisión
de participación y garantías de los ciudadanos es un órgano colegiado
a quien le compete la evaluación de la asistencia sanitaria, y el
asesoramiento al órgano de gobierno del centro sanitario. Su
composición será la siguiente: el responsable de unidad de garantías
de los ciudadanos del centro hospitalario, tres representantes de
asociaciones de consumidores y usuarios nombradas por el consejo de
consumidores y usuarios, un representante designado por el consejo
estatal de personas mayores, dos representantes designados por
organizaciones sindicales y dos representantes designados por
organizaciones empresariales; también formarán parte un secretario
y el director gerente del propio centro. Ninguna de las personas, salvo
las que tienen una vinculación de empleo con el centro, podrán tener
una vinculación laboral o mercantil con el centro.
La junta asistencial es el órgano de participación interna. Es un
órgano colegiado de asesoramiento y consulta a los órganos de
participación. Quizás lo más novedoso es que, por primera vez en un
decreto, se contienen órganos
que, dependiendo de la junta asistencial, se acercan de una forma
evidente a los profesionales, y se crea lo que se denomina comisión
clínica y comisión de cuidados. La comisión clínica es el órgano
colegiado de los facultativos del centro sanitario. Le corresponde
informar y asesorar todos los planes asistenciales del centro, todos
los planes de inversiones, todos los programas en mejora de la
calidad, todas las cuestiones que afecten a actividades clínicas del
centro sanitario, así como cualquier otra que tuvieran atribuidos en
estos momentos cualquiera de los órganos que estuviesen creados en el
ámbito hospitalario tradicional. Está compuesta por un total de once
miembros, cuatro jefes de servicio, cuatro facultativos, los
coordinadores de urgencia, docencia, trasplante, formación continuada
y calidad, el facultativo responsable de investigación, los
directores de áreas clínicas si las hubiere, y al menos un
facultativo residente. La comisión de cuidados es el primer
reconocimiento explícito, ya no sólo en una norma sino en un
documento sanitario, de que el personal de enfermería en los centros
sanitarios va a tener a partir de ahora un órgano colegiado a quien
le corresponde la propuesta de todos los asuntos referidos con la
actividad de cuidados en el centro. Cuatro supervisoras de
enfermería, cuatro ATS-DUE, matronas o fisioterapeutas, cuatro
auxiliares de enfermería y un enfermero especialista en formación, en
el supuesto de que el centro tuviese este tipo de actividades
formativas.
Se establece una sección donde se abunda en las garantías a los
ciudadanos y sus reclamaciones. Como decíamos inicialmente, todos los
centros habrán de disponer de unidades de garantías a los ciudadanos
que habrán de facilitar información a los mismos sobre sus derechos,
sobre sus obligaciones, sobre la cartera de servicios, sobre la
organización y sobre el funcionamiento del centro. A través de dichas
unidades podrán canalizarse las sugerencias, las quejas, las
denuncias y las reclamaciones que formulen los ciudadanos acerca del
servicio. Estas unidades estarán obligadas a efectuar evaluaciones
cuantificables de la opinión de los usuarios en relación con el
servicio recibido, elaborando los informes correspondientes. Se
establecen plazos taxativos para la tramitación de las quejas y
denuncias. En el plazo máximo de un mes se dará una contestación al
interesado, el cual tendrá derecho, con independencia de esto,
a conocer en todo momento el estado de tramitación de su queja o su
denuncia. Se establecen también cuestiones en materia de
reclamaciones por daños y perjuicios y se explicita que todas las
reclamaciones se dirigirán por los interesados al Instituto Nacional
de la Salud, contra cuya resolución cabe recurso contencioso-
administrativo. Se asegura también las responsabilidades del
personal, que tendrá cubierta la responsabilidad profesional derivada
de daños y perjuicios, y a tal fin -establece el reglamento- se
suscribirá la correspondiente póliza de responsabilidad civil que
determinará los riesgos incluidos. Asimismo, se apuntan cuestiones
sobre el asesoramiento, representación y defensa en juicio, que le
corresponderá con carácter general a los letrados pertenecientes al
cuerpo superior de letrados de la Administración de la Seguridad
Social, sin perjuicio, como viene ocurriendo actualmente, de los
apoderamientos específicos que pudieran otorgarse.
El capítulo III se dedica a concretar las disposiciones específicas
de cada una de las fórmulas de gestión. Por una
parte, de las fundaciones constituidas al amparo de la Ley 30/1999,
que no son otra cosa que organizaciones sanitarias sin ánimo de
lucro, según reza en el reglamento, constituidas por el Insalud, que
destinen y afecten un patrimonio a la realización de fines sanitarios
de interés general y que tengan por objeto la gestión y
administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La capacidad para fundar es exclusiva del Consejo de Ministros. A los
órganos de gobierno les corresponderá cuando menos la existencia de
tres representantes de otras tres instituciones ajenas al hospital,
uno a propuesta de la consejería de la comunidad autónoma en que esté
ubicada la fundación; otro a propuesta del ayuntamiento o el
municipio que tenga mayor población adscrita a la Fundación, y otro a
propuesta de la universidad, en el caso de tratarse de hospital
universitario.
En materia de consorcios explicitar que el reglamento no puede hacer
otra cosa más que concretar qué se entiende por consorcio en el
ordenamiento jurídico español, concretar y explicitar el contenido y
alcance de esta figura y decir que el Insalud podrá consorciar para
una actividad sanitaria con las comunidades autónomas, con las
entidades que integran la administración local y con entidades
privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público
concurrentes con las administraciones públicas o con todas ellas
conjuntamente.
Por lo que se refiere a las sociedades estatales, son sociedades en
cuyo capital sea mayoritaria o única la participación del Instituto
Nacional de la Salud. Conforme reza la Ley General Presupuestaria se
regirán por el contenido de la misma y por el Real Decreto
legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre, que la desarrolla.
Con relación a las fundaciones públicas sanitarias éstas son
organismos públicos adscritos al Insalud con personalidad jurídica
propia. Se regirán por el contenido de este reglamento, por el
contenido de la Ley 50/1998, en lo no dispuesto por la figura de
entidades públicas empresariales previstas en la Lofage, Ley a la que
hacíamos referencia al principio de la intervención. También aquí y
por primera vez, dado que esta figura está prevista para los
hospitales tradicionales, habrá en estos hospitales tradicionales un
consejo de gobierno dando cabida a representantes de la sociedad
civil en los hospitales del futuro. Una vez más en estos centros
existirán representantes de la comunidad autónoma, del ayuntamiento y
de la universidad en el supuesto de que estemos hablando de
hospitales que prestan actividad docente y que estén vinculados a la
universidad correspondiente.
En cuanto al personal de estas fundaciones, lógicamente si el motivo
de las mismas es que debe coexistir el personal estatutario, el
carácter general de todo este personal es el carácter estatutario de
todas y cada una de las personas que en ese centro trabajen, con
independencia del carácter funcionarial o laboral que pudieran tener
las personas que en el momento de la transformación viniesen
prestando servicios en ese hospital o gerencia de atención primaria.
En el ámbito de las disposiciones adicionales -y concluyo- se
concretan algunas cuestiones que pueden tener interés para SS.SS. Se
establece por primera vez qué se entiende por gestión clínica y viene
a completar el Decreto 521 que anticipaba que se podrán establecer
fórmulas
organizativas sin personalidad jurídica, pudiéndose crear áreas
clínicas o agrupaciones funcionales o unidades asistenciales que
integren a profesionales y equipos interdisciplinarios, sin perjuicio
de la subsistencia de las unidades y de los servicios que las
integran.
En el ámbito de la atención primaria se concreta cómo se pueden crear
fundaciones públicas y éstas con carácter general solamente se podrán
crear cuando incluyan todos los centros de salud de la
correspondiente área sanitaria. En el supuesto de que en un área de
salud exista más de un hospital entonces es cuando podrá constituirse
más de una fundación pública de atención primaria por área y también
se prevé que en un área pueda haber una fundación pública sanitaria
que gestione, simultáneamente el hospital y la gerencia de atención
primaria.
Interés muy especial, sobre todo desde el punto de vista sindical, ha
tenido la disposición adicional quinta, donde las organizaciones
sindicales quisieron dejar muy claro que, al objeto de preservar el
régimen estatutario del personal, los actuales centros sanitarios
sólo podrán adquirir personificación jurídica mediante su conversión
en fundaciones públicas sanitarias o a través de la constitución de
consorcios.
Especial interés también tiene todo el procedimiento relativo a la
conversión de los actuales centros sanitarios en fundaciones públicas
sanitarias y éstas, establece el reglamento, se realizarán a petición
previa de los centros. ¿Qué contendrá esta solicitud previa? No
solamente un interés de la gerencia y del equipo directivo, sino que
solamente los centros que hayan elaborado su plan estratégico y
aprobado el mismo podrán solicitarlo y será imprescindible contar con
los órganos de representación, es decir con las juntas asistenciales,
y con los órganos de participación, es decir con las juntas de
personal y los comités de empresa. A tal efecto no solamente en el
ámbito de los centros tendrán que pronunciarse los mismos organismos,
sino que en el ámbito central también especial interés han tenido las
organizaciones sindicales en concretar que se crea una comisión
paritaria entre la Administración y las organizaciones sindicales
presentes en la mesa sectorial, a quien corresponderá informar con
carácter preceptivo y previo a su aprobación los proyectos de
creación o conversión de los centros sanitarios en cualesquiera de
las nuevas fórmulas de gestión. Dicha comisión paritaria sindicatos y
Administración, conocerá e informaré igualmente, con carácter previo
a su aprobación, los proyectos de estatutos de las nuevas entidades.
Este texto, señorías, creemos que es fruto cuando menos de seis meses
de negociación en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad. Creemos,
y así lo creen todos los que mayoritariamente han apoyado este texto,
que contiene las garantías establecidas en la ley que desarrolla, que
se cristalizan en un proyecto de real decreto que creemos
transparente, que creemos sin duda participado, y como digo apoyado
mayoritariamente por las organizaciones sociales, las organizaciones
sindicales y las organizaciones colegiales.
El ofrecimiento que volvemos a hacer al diálogo y a reforzar los
aspectos básicos del reglamento queremos explicitarlo una vez más y
mantenemos el compromiso hecho público y una vez más reiterado de que
estamos
abiertos a cualquier tipo de adición, de sustitución o de
modificación que pretenda garantizar el sistema sanitario público que
entiende el reglamento que desarrolla la ley, tanto el sistema
sanitario público como la titularidad pública de los centros, como la
equidad del sistema, como su solidaridad o cualquier otro principio
contemplado en la Ley general de Sanidad que se considere no queda
suficientemente garantizado. Nosotros, obviamente, seguiremos
adelante con el mandato de esta Cámara, agradeciendo las aportaciones
a que me acabo de referir.
Por último, concluyo concretándoles la participación y el apoyo
explícito que ha tenido este texto y que sin duda es conocido por SS.
SS. En el ámbito profesional todos los colegios profesionales excepto
uno han apoyado el texto, y espero que el Consejo general de
colegios, que no lo ha apoyado de momento, es posible insisto, que
pueda modificar su postura. Todos los miembros y organizaciones del
Consejo general de consumidores y usuarios, salvo uno, ha apoyado
este texto. Todos los miembros del Consejo general del Insalud, salvo
uno, ha apoyado este texto y la mayoría de las organizaciones
sindicales presentes en la mesa sectorial han revalidado y conformado
este texto.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: En primer lugar, agradecer al señor
Núñez Feijóo que haya pedido su comparecencia ante esta Comisión para
explicarnos el contenido de este real decreto y el ofrecimiento al
diálogo que ha hecho al terminar su intervención; espero que podamos
avanzar en este diálogo para mejorar estos aspectos.
Hace ahora aproximadamente un año, dentro de unos días hará un año,
tuvimos también una sesión de la Comisión de Sanidad con una
comparecencia suya donde discutíamos el tema no de las fundaciones,
sino la necesidad de regular las nuevas formas de gestión. Nos dijo
que tenía que buscarse alguna nueva fórmula, y sorprendentemente a
las 48 horas presentaron una enmienda en el Senado, en el trámite
último, para crear las fundaciones públicas sanitarias sin comentarlo
en esta Comisión de Sanidad, lo cual casa poco con ese espíritu de
diálogo que ahora nos ofrecen.
También quisiera agradecerle, como decía, esta comparecencia
a petición suya, que probablemente hubiera sido facilitado al mismo
tiempo que ha pedido la comparecencia nos hubiera tramitado el
proyecto de real decreto que ahora hemos conocido y del que no
teníamos conocimiento oficial. Yo creo que hubiera sido un buen
detalle por su parte que para poder discutir y ampliar este diálogo
hubiéramos dispuesto del texto formal del reglamento o del proyecto
de reglamento. Digo esto porque como usted muy bien ha dicho
llevamos, en estos temas de gestión toda la legislatura y una de las
primeras medidas que tomó este Gobierno fue el Real Decreto-ley sobre
creación de nuevas formas de gestión en el Insalud, que después se
transformó en un proyecto de ley y en una Ley, la ley 15/1997, de 15
de abril, y hay un mandato de esta Comisión de Sanidad, tomado por
unanimidad, de que en el mes de septiembre
del año 1997 ustedes debían tener aprobado el reglamento que regulase
esta ley. Estamos en noviembre de 1999, el retraso es ligeramente
elevado, pero nunca es tarde si la dicha es buena y vamos a ver si
realmente este reglamento llena las aspiraciones que ustedes tenían
con este tema.
Esta comparecencia que usted ha pedido, que insisto le agradezco una
vez más, ha llegado con cierto retraso. El plenario sectorial donde
ustedes presentaron este anteproyecto de Real Decreto fue el 14 de
julio, donde se presentó definitivamente este proyecto de Real
Decreto, y hubo cierto rechazo por parte de algunas organizaciones
que formaban el plenario sectorial de sanidad; después este proyecto
se remitió a la organización médica colegial y a otros colegios
profesionales en trámite de audiencia y no nos sorprende pero sí nos
causa cierta satisfacción que algunas de las cosas que nosotros hemos
dicho ahora ya no las decimos nosotros sino que las dicen
organizaciones tan poco sospechosas de connivencia con el Partido
Socialista, como la CESM o la organización médica colegial. Por
ejemplo, la organización médica colegial tomó el acuerdo en la
asamblea general el día 11 de septiembre de decir que rechaza el
proyecto de real decreto que se les presentó a su consideración por
los siguientes motivos, y me gustaría saber si esos motivos se han
corregido: primero, por quebrantar la homogeneidad del Sistema
Nacional de Salud, tema que hemos venido debatiendo a lo largo de
estos dos años; segundo, por la pérdida de la equidad e igualdad para
acceder a los servicios públicos por parte de los ciudadanos (insisto
son argumentos que nosotros hemos venido señalando y se nos ha dicho
que hacíamos catastrofismo, que no era cierto lo que decíamos, ahora
no los decimos nosotros sino que lo dice la organización médica
colegial); tercero, por perjudicar en el futuro la calidad de la
asistencia sanitaria al desarrollar una regulación excesiva de los
recursos técnicos y humanos; y, cuarto, por no quedar reflejada de
forma real y efectiva la intervención de los médicos en los órganos
de gobierno y participación. Estos eran los cuatro puntos por los
cuales la organización médica colegial remitió a usted el acuerdo de
la asamblea general del día 11 de septiembre. Esto ha motivado que
usted dijera públicamente, y así ha salido en los medios
profesionales, que habría una nueva tanda de diálogo con la
organización médica colegial y hoy también ha manifestado que espera
que esta organización profesional llegue al final a aceptar el
proyecto de real decreto. No sé qué negociaciones serán, pero
evidentemente si algunas de las cuestiones que la organización médica
colegial aporta son admitidas por el Insalud y por la Presidencia
ejecutiva del Insalud, que es quien en último término toma las
decisiones, probablemente tendrá que volver a negociar con algunas
organizaciones sanitarias y sindicales que hay porque entran en
contradicción. Poco poder de convicción debe tener el presidente
ejecutivo del Insalud cuando ante la convocatoria de la asamblea
general del día 11 remite una carta al presidente del Consejo general
de colegios médicos diciéndole que le da explicaciones para que las
utilice a fín de convencer a los presidentes de los colegios médicos
de las distintas provincias. El día 9 le remite la carta y el
resultado es el acuerdo del día 11; poco poder de convicción tiene
con los profesionales médicos para hacerles cambiar de opinión.
Espero que en el futuro sea mayor este poder de convicción, porque en
otro caso difícilmente se conseguirá.
Esto nos lleva a otra consideración que también le quisiera hacer, y
es que el tema de las nuevas formas de gestión, que se consideró un
tema prioritario por parte del equipo del Gobierno actual, y buena
prueba de ello es que en el mes de junio del año 1996, es decir al
cabo de un mes de la toma de posesión del nuevo Gobierno, hizo un
real decreto-ley sobre nuevas formas de gestión, no se ha implantado
y se termina la legislatura. ¿Era urgente? ¿No lo era? ¿Lo tenían
claro? ¿No lo tenían claro? Evidentemente hay pruebas de que no debe
terminar de funcionar la gestión desde el Ministerio. Por ejemplo,
quiero recordarle que otro de los grandes logros que ustedes
vendieron y que introdujeron en la ley de acompañamiento, para no ser
menos como siempre sucede, fue solventar el problema de los
interinos, un problema que evidentemente como ustedes dicen fue
generado por gobiernos anteriores; ustedes lo iban a solventar de un
plumazo y lo intentaron hacer por una Ley de acompañamiento; un grupo
de 612 profesionales sanitarios lleva con el concurso de traslado
aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado y no han sido
capaces en un año -esto era diciembre de 1998 y estamos en noviembre
de 1999- de solventarlo y con una sentencia en la que les anulan el
concurso-oposición para el resto de esta convocatoria que era
extraordinaria -recuerdo que en la Ley de acompañamiento lo estuvimos
discutiendo- y únicamente para el año 1998. Le pediría resoluciones
concretas, desarrollos concretos, que sirvan para avalar la gestión
del equipo del Ministerio de Sanidad en esta legislatura.
Para terminar, y que el presidente no me llame la atención en cuanto
al tiempo, quería resaltar algunos aspectos de este proyecto de real
decreto. En este proyecto de real decreto, en las normas generales
-no sé qué artículos son porque no tengo el texto-, en su parte
primera dice que tendrán los recursos económicos de estas entidades,
de las cuatro formas de entidades que existen porque este es un tema
general; en el apartado b) dice: tendrán, aparte de los recursos que
les transmita el Instituto Nacional de la Salud por los conciertos o
convenios que establezca, otras aportaciones económicas que pueden
proceder del Instituto Nacional de la Salud, aparte de los convenios
-debe ser lo que hicieron con la fundación Alcorcón para poder
subvenir al déficit que tenía al cabo de poco tiempo-, así como
aquellas que se realicen por cualquier persona jurídica; dice
cualquier persona jurídica, si es que el texto continúa vigente, no
lo sé, pero es lo que decía en lo que ustedes entregaron en el
plenario sectorial. En el borrador que entregaron en el plenario
sectorial decía: otras aportaciones económicas que procedan del
Instituto Nacional de la Salud, así como aquellas que se rigen por
cualquier persona jurídica o por entidades de naturaleza o
titularidad pública que participen o se integren. ¿Qué quiere decir,
que podrá haber entidades con personalidad jurídica que se integren
en algunas de estas organizaciones? Insisto en que no sé si el texto
es correcto porque no tengo el final.
Después dice que podrán obtener fondos por la prestación de servicios
sanitarios a otras instituciones y terceros obligados al pago, lo
cual es bastante lógico, y visto el presupuesto de este año que
también lo discutimos, deben ser
los convenios con las entidades colaboradoras que ustedes han puesto
en la partida importante de ingresos en el Insalud con las entidades
colaboradoras, supongo que debe ser esta la razón.
Hay otra cuestión que nos gustaría que nos aclarara en esta
comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, su tiempo ya ha concluido.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Ya termino, señor presidente, me
quedan dos cuestiones.
Hay una cuestión que me gustaría que usted contestara porque uno de
los elementos importantes que señalan en las normas generales es que
entre los criterios de gestión, uno de los básicos que incluyen es el
de responsabilidad en la gestión; evidentemente, si a estas entidades
les dan personalidad jurídica propia tendrán responsabilidad de
gestión. ¿Qué quiere decir lo de responsabilidad de gestión? Cuando
la gestión sea mala, ¿qué va a pasar? Después hay otro apartado que
dice: el Instituto Nacional de la Salud garantizará la viabilidad
económica de tales entidades. ¿Esto, cómo lo compagina con la
responsabilidad de gestión? Si hay mala responsabilidad de gestión,
¿también el Insalud viabiliza la entidad o no?
Por último, un tema que le he preguntado varias veces en relación con
estas fundaciones y que me gustaría aclarara -y, en todo caso si
después el señor presidente nos ofrece otra posibilidad lo
ampliaríamos-, es el tema de personal. Respecto al tema de personal,
ustedes hacen siempre las grandes elucubraciones de que es personal
estatutario y que todo este invento de las fundaciones públicas
sanitarias, que llevan un año dándole vueltas desde la Ley de
acompañamiento del año pasado, era para garantizar el carácter
estatutario. Yo le pregunté, no en una ocasión sino en varias y a
raíz de manifestaciones suyas, si este personal estatutario sería
personal del centro con personalidad jurídica propia o sería personal
del Instituto Nacional de la Salud, organismo autónomo como es
actualmente. Esta pregunta nunca me la ha respondido, y espero que
hoy nos la pueda responder, porque una de sus afirmaciones, al
principio de todas estas explicaciones acerca de las fundaciones
públicas sanitarias, ha sido que lo importante era que el personal se
sintiera propio de la entidad y, con una expresión que usted
utilizaba, estuviera orgulloso de la camiseta del centro que tenía
que ponerse cada mañana; que sintiera que era personal de aquel
centro y defendía una camiseta propia. Si es personal del instituto
no será del centro; si es del centro no será del instituto, y
difícilmente podrá sentirse con una camiseta propia. Me gustaría que
nos explicara esta cuestión.
Finalmente quiero señalarle el tema del patrimonio. El tema del
patrimonio queda muy claro en las fundaciones privadas creadas al
amparo de la Ley 30, como Alcorcón y Manacor. En el anteproyecto de
real decreto dice taxativamente que ustedes al crearlas tienen que
asignarles un patrimonio para cumplir los fines que se fijan. En las
fundaciones públicas sanitarias no dice que se les dote de
patrimonio. ¿Se va a dotar de patrimonio a las fundaciones públicas
sanitarias o no se les va a dotar? ¿Cómo se va a regular este
patrimonio?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor Núñez Feijóo, por haber
solicitado esta comparecencia para informarnos -y es la primera
concreción que le pediría- de un borrador de real decreto, me ha
parecido entender.
La primera pregunta que quiero hacerle es evidente. Estamos al final
de la legislatura, en puertas de la convocatoria de elecciones
generales. ¿La comparecencia del señor Núñez Feijóo esta tarde aquí,
se debe a una voluntad de diálogo, de sondeo o tiene carácter previo
y con una fecha fija, a la aprobación por el Consejo de Ministros de
este real decreto de reglamento. Primera pregunta: ¿qué previsiones
tienen el Insalud, el Ministerio de Sanidad y el Consejo de
Ministros? ¿Tienen intención de aprobar este real decreto antes de
finalizar la legislatura?
He estado escuchándole atentamente, y como ha hecho el señor
Corominas le reitero que remita y a los grupos parlamentarios a la
mayor brevedad posible el borrador, entendiendo que tiene carácter de
borrador, si usted comparece para darnos cuenta de un borrador, no
puede guardarse los papeles. Le solicito formalmente que remita ese
borrador a los grupos parlamentarios, para no hacer algo que tiene un
carácter tan poco agradable como hablar de los trozos que usted ha
tenido a bien leernos esta tarde de un borrador de real decreto.
He prestado mucha atención a lo que usted ha dicho. Entiendo que el
borrador de proyecto de real decreto desarrolla dos leyes, la de
nueva forma de gestión y -como ha dicho el señor Corominas- la
enmienda a la Ley de acompañamiento. Pero o mi atención no ha sido
completa o no he escuchado una nueva forma de gestión, la más
conflictiva de todas, que está en vigor y que son las concesiones.
Estoy hablando estrictamente de Alzira. ¿El hospital de Alzira no se
regula por este reglamento? He prestado toda mi atención y le he
escuchado hablar de figuras jurídicas, pero no ha hablado de
concesiones. ¿Ni siquiera Alzira se va a someter a este reglamento?
(Un señor diputado: Es Insalud.) ¿La concesión de Alzira no va a
estar regulada por este real decreto?
Aún está calentito el debate de presupuestos. No sé si usted ha
seguido esos debates que no le han afectado directamente, por lo
menos en su última parte. Ha hablado usted de principios básicos muy
serios e incuestionables, como los de planificación y coordinación.
Revise señor Núñez Feijóo la dotación presupuestaria que tiene la
Administración sanitaria para estas actividades tan importantes del
sistema sanitario, que cobran especial importancia cuando éste se
fragmenta en unidades con personalidad jurídica propia, evidentemente
con más problemas de coordinación y planificación que cuando la
entidad es única. ¿Hay alguna mención en las páginas que usted nos ha
leído acerca de la composición del patronato de las fundaciones
públicas sanitarias? Recuerdo que en alguno de los artículos de la
Ley de acompañamiento se hacía una mención muy somera. Entiendo que
el patronato es en definitiva el organismo de la entidad con
personalidad jurídica propia ante el cual se rinden cuentas. ¿Cuál va
a ser la composición del patronato?
En cuanto al patrimonio, habla usted de la posibilidad de adquirir
bienes propios. ¿Con qué patrimonio se adquirirán esos bienes
propios, con qué controles y con qué requisitos? ¿Esa adquisición de
bienes propios, y por tanto no bienes cedidos por la Administración
sanitaria o por la Seguridad Social, se va a hacer en función de las
presuntas donaciones realizadas por entidades de personalidad
jurídica, o pudiera realizarse con el excedente que pudiera resultar
de una eficiente -según dicen ustedes- administración de los
presupuestos de la fundación, y que fueran el resultado de haber
prestado la atención sanitaria -eso sí, no se sabe con qué calidad- a
menor costo del presupuestado?
En cuanto al tema de personal, hay algo señor Núñez Feijóo que usted
tiene que responder a mi grupo parlamentario y a las organizaciones
sindicales. Las organizaciones sindicales han presionado -y yo estoy
muy de acuerdo con ello- para que se preserve el carácter estatutario
del personal que lo tiene en este momento. Este carácter estatutario
por ley de vida es a extinguir; es decir, en estos momentos sabe
usted que una parte muy importante de los trabajadores del sistema
sanitario público no son estatutarios, son interinos o son laborales
en una proporción creciente. Las nuevas contrataciones de personal
que pudieran derivarse de necesidades de plantillas sobreañadidas o
de jubilación de las personas con contrato estatutario, los nuevos
puestos de trabajo que se cubran o que se creen, ¿van a contratarse o
van a cubrirse con los criterios que rigen las convocatorias de
personal estatutario, o tal como es la forma de actuar cuando se
utilizan mecanismos de privatización se van a establecer determinadas
medidas para garantizar la paz social, pero van a a introducir
plenamente los contratos precarios en la sanidad pública?
Ha habido una información pública respecto a los apoyos a que usted
se ha referido y casi siempre dice menos uno. Dice: Todos los
colegios de médicos menos uno, y resulta que es la Organización
médica colegial la que en asamblea se pronuncia en contra, con unos
criterios - como ha dicho el señor Corominas- que hemos esgrimido
desde los grupos parlamentarios. Dice también: todas las entidades
que componen el Consejo general de consumidores y usuarios menos uno.
Es sorprendente, porque estas organizaciones están incluidas en la
plataforma por la defensa de la sanidad pública de la que Izquierda
Unida forma parte, y todos los allí presentes se han manifestado con
una claridad que yo agradezco en contra de las nuevas formas de
gestión. También dice: la mayoría de las organizaciones sindicales,
cuando en fecha memorable para un país vecino, como el 14 de julio,
se protagonizó una puesta en escena realmente patética; patética
tanto para usted como presidente del Insalud, señor Núñez Feijóo,
como para algunas organizaciones sindicales que incluso se habían
hecho la foto, y después deprisa y corriendo tuvieron que manifestar
que no estaban apoyando el reglamento. No me consta que la inmensa
mayoría de las organizaciones más importantes que representan a la
inmensa mayoría de los trabajadores sanitarios hayan tenido una toma
de posición diferenciada de la que pudo expresarse el 14 de julio.
Como mi información puede ser limitada, yo le pido que lo
especifique.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino, señor presidente.
Si tiene el compromiso de apoyo explícito, no tendrá el menor
inconveniente de decirnos qué organizaciones sindicales, qué
organizaciones de consumidores y usuarios, y le eximo de decir lo de
todos los colegios de médicos porque me parece que ha quedado bien
patente que no responde a la realidad.
Usted ha hablado -termino ya, señor presidente, señor Núñez Feijóo-,
de los mecanismos de petición, porque claro la ley no la pueden
cambiar con el reglamento, y tanto una como otra hablaban de que
podrán gestionarse mediante las nuevas figuras jurídicas, mientras
que usted insistentemente ha aludido al consenso como requisito
previo para acceder a las nuevas formas de gestión o a las
fundaciones públicas sanitarias en particular.
No sé si con los apoyos que yo digo (si me contradice estaré
encantada de escuchar que sean otros de los que yo sé) usted entiende
que hay consenso (el equipo directivo no tengo la menor duda de que
si le va el salario en el asunto va a estar complemente de acuerdo
con el Partido Popular en la conveniencia de las nuevas formas de
gestión), pero me extraña que las juntas de personal y el comité de
empresa, con los apoyos que usted ha logrado de sus organismos
directivos a nivel estatal, vaya a conseguir el consenso más
elemental para llevarlo a cabo.
En cualquier caso, señor Núñez Feijóo, yo le agradezco la voluntad de
diálogo, pero le reitero que una coherencia mínima por las posiciones
planteadas con mi grupo parlamentario, que es de una denuncia de los
mecanismos para introducir el ánimo de lucro, el criterio mercantil,
la vinculación de los salarios al ahorro, la fragmentación del
sistema sanitario público, etcétera, que han caracterizado a ambas
leyes que desarrolla este reglamento, evidentemente es imposible que
cuente con el apoyo de este grupo parlamentario para desarrollarlo,
ya que nosotros creemos que son profundamente nefastas para el
sistema sanitario público.
Tal como decía el señor Corominas, yo, por el bien del sistema
sanitario público, me alegro de que haya terminado la legislatura sin
que el Partido Popular haya logrado llevar a cabo, en lo que existe
del sistema sanitario público, formas de gestión que desde nuestro
punto de vista, son un atentado tanto a la eficacia como a la calidad
del mismo.
Nada más, gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Intentaré ser extraordinariamente breve
siguiendo sus indicaciones.
Señor Núñez Feijóo quiero felicitarle (así, taxativamente) porque
trae a esta Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados un
documento que recoge todas las expectativas que el Partido Popular
había ofrecido a los ciudadanos en su programa electoral y le
felicito porque en este proyecto de reglamento, en esta normativa que
desarrolla las distintas leyes ya mencionadas, se garantiza el
servicio público de salud, se garantizan los principios de universalidad
y de equidad en el acceso a las prestaciones. Los centros
hospitalarios y también de atención primaria seguirán con titularidad
pública y el Insalud, como responsable de la prestación de la
asistencia sanitaria, aprobará su cartera de servicios, fijará sus
objetivos y pactará la financiación y la actividad a través de los
correspondientes contratos de gestión, es decir, se reserva la
garantía de servicio público que es un elemento imprescindible del
Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, incidimos en la autonomía de gestión. La autonomía en la
gestión económica, en la tesorería, en el patrimonio de los nuevos
centros, en la organización y en su funcionamiento interno y también
en la política de recursos humanos. Se incide en un capítulo de
participación que es extraordinariamente importante y de un gran
calado: la participación institucional a través de las comunidades
autónomas, de los ayuntamientos y de las universidades, y también la
participación de los ciudadanos en esas dos nuevas figuras de
comisión de participación y de garantías de los ciudadanos. De otra
parte, la participación de los profesionales en tres nuevas
entidades, que son la junta asistencial, las comisiones clínicas
formadas por los facultativos superiores y, por primera vez, y
repito, de gran calado, la presencia de la comisión de cuidados con
participación mayoritaria de la enfermería que es el 50 por ciento
por lo menos de los trabajadores de la sanidad pública.
Asimismo, y no de menor importancia, el paso dado en la formación de
las fundaciones sanitarias permite que una demanda de los
profesionales haya sido recogida y que podamos seguir teniendo el
criterio de personal estatutario.
Finalmente, se hace incidencia en la gestión clínica, con la creación
de áreas clínicas que son demandadas por los centros y por los
profesionales para ahormar y regular distintas actividades
multidisciplinarias en busca de una mejor calidad, porque a fin de
cuentas los criterios de coordinación entre los centros, de
cooperación entre ellos, de concepción integral de la red
hospitalaria son, es sin lugar a dudas una apuesta decidida por la
calidad en la asistencia sanitaria, y estoy seguro de que la mayor
parte de los profesionales, recogiendo el símil de la camiseta,
estaremos orgullosos de llevar una camiseta donde en una parte del
anagrama se diga Sistema Nacional de Salud y en otra el centro donde
cada profesional haga su trabajo.
Por último, quiero felicitarle porque una apuesta de esta naturaleza
requiere un gran trabajo de conjunto para armonía y de armonizar
distintas posiciones, y el que a este proyecto hayan prestado su
apoyo entidades de opiniones muchas veces encontradas creo que
demuestra la capacidad de diálogo que el presidente del Insalud y
todo su equipo han tenido para llevar a buen término este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede dar contestación a las
recientes intervenciones, el señor Núñez Feijóo.
El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD (Núñez Feijóo): Gracias a
los portavoces que han actuado en representación de los grupos
parlamentarios, y vamos a procurar concretar las cuestiones ajustadas
al espíritu que ha intentado introducir el presidente de la Comisión,
es decir, el espíritu de la verdad y de la concisión.
No puedo más que agradecer la explicitación que ha hecho el señor
Corominas en cuanto a que valora positivamente la comparecencia
solicitada por el que tiene el honor de dirigirse a SS.SS., y no
puedo más que agradecer que hayan sido acogidas con muestra de
satisfacción las propuestas de diálogo con las que acabé mi
intervención.
El señor Corominas a veces, casi siempre, es capaz de sorprendernos
favorablemente en sus intervenciones, y esta vez también lo ha
conseguido, pero que a estas alturas se me diga que no se conoce el
texto, cuando lo conoce todo el país, la verdad es que es
sorprendente. Cuando el número de preguntas parlamentarias que se
remiten al Insalud pueden ser entre cinco y seis por semana y que al
Grupo Parlamentario Socialista ni siquiera le haya interesado el
contenido del alcance del texto es sorprendente.
Alas horas escasas de firmar el texto, en el ámbito de la mesa, se lo
remití a todos los consejeros del Sistema Nacional de Salud.
(Rumores.) A todos. La diputada de Izquierda Unida decía que no sabía
si era un borrador, un proyecto o un anteproyecto. Luego se lo
aclararé. Evidentemente la Administración no puede remitir
anteproyectos de textos reglamentarios al Parlamento por una cuestión
de cortesía parlamentaria. La Administración lo que tiene que hacer,
si considera que puede tener interés parlamentario, es pedir su
comparecencia y explicarlo. Esto es lo que ha hecho en el mes de
julio; esto es lo que ha hecho inmediatamente después de tener ese
texto. Una comparecencia de tal interés pudiera haberse producido a
instancias de los grupos; en este caso seguro que se pediría por
parte de los grupos, pero yo mismo entendí que podía tener interés y
lo que ya es sorprendente es que ningún grupo parlamentario haya
pedido el texto. Ninguno. (Rumores.) ¿Cómo podría interpretar que es
todo lo contrario? Yo he venido aquí para explicar un proyecto. Se ha
dicho que no se conoce y yo he dicho que cómo es posible que un texto
de esta naturaleza, con la trascendencia que aparentemente tiene, no
fuese interesado por los grupos parlamentarios, cuando los grupos
parlamentarios sí se han interesado por la lista de espera de
consultas externas de oftalmología del Hospital Navalmoral de la
Mata. Dicho esto, el contenido de la explicación hace que entienda
que ese texto se conoce, al menos por el Grupo Parlamentario
Socialista, porque las preguntas que se han hecho tienen mucho
sentido y están muy bien formuladas.
En relación con los apoyos, que posteriormente ampliaré al contestar
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Corominas ha
dicho que había dos organizaciones que no han apoyado el texto: la
Organización Médica Colegial y la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos. Lleva usted razón. Yo añadiría otra: la Unión General de
Trabajadores. Las razones son distintas. La Unión General de
Trabajadores -y me refiero a manifestaciones hechas por sus máximos
lideres- decía que la única figura que estarían dispuestos a apoyar
era la de las fundaciones públicas sanitarias. La única. No están de
acuerdo con las fundaciones de la Ley 30 ni con los consorcios ni con
las empresas públicas. La única, las fundaciones públicas sanitarias.
Dado que este texto contiene todas ellas, es evidente que no están de
acuerdo.
Otras de las manifestaciones, las que importan, las que se concretan
en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad.
Esas son las que importan, esas son las que constan en acta y las que
están documentadas. La Unión General de Trabajadores manifestó su
rechazo al reglamento porque no está de acuerdo con la Ley 15/1997 y
no estando de acuerdo con la Ley 15/1997 mal puede estar de acuerdo
con su desarrollo. Es verdad que esta organización manifestó su
contrariedad y su no apoyo a la disposición. La filosofía de las
fundaciones es buena desde que se anunció. Manifestaciones del
presidente del Consejo General de Colegios Médicos. Literal.
Posteriormente, la asamblea entiende que no puede apoyar el
reglamento y pide al Insalud un inicio de conversaciones para
concreción del alcance y del contenido del mismo.
Es verdad que la Organización Médica Colegial no ha apoyado el
reglamento. Entiendo que aunque lo apoyare podrían mantenerse las
mismas críticas del Partido Socialista, no vaya a ser que lo apoyara
y que automáticamente nos quedásemos sin el argumento de que la
Organización Médica Colegial no apoyaba el texto.
La Confederal Estatal de Sindicatos Médicos -vuelvo a insistir que no
tengo ningún inconveniente en remitir las actas de la mesa sectorial,
porque al final cada uno es libre de lo que dice, pero también es
prisionero de lo que firma- no apoyó el texto porque en tanto no se
establezca el estatutomarco y la carrera profesional no apoyará
medidas que al menos simultáneamente no avancen en las otras líneas
establecidas.
En materia de interinos, que también le preocupa al señor Corominas,
aunque poca relación tiene con el texto, es verdad que nosotros no
hemos sido capaces de resolver la oferta. Tiene usted razón. De
momento no hemos sido capaces de resolver la oferta. Otros no han
sido capaces ni de convocarla. Y hay quienes han convocado la oferta,
la han pactado, la han llevado a la mesa sectorial, ha sido suscrita
por todos los sindicatos menos uno y, en el ámbito jurisdiccional,
cinco salas han entendido que la oferta es conforme a derecho y una
no, y entiendo que eso no signfica que no hayamos sido capaces de
resolver una oferta. Hemos sido capaces de gestionar la oferta y todo
lo que le corresponde realizar a la Administración. Lo que le
corresponde a la Administración de Justicia, como es natural, la
dejaremos a la Administración de Justicia que adopte la decisión
definitiva y no interferiremos para nada en esa decisión. Desde
luego, hay más sentencias. Si computásemos desde el punto de vista
numérico, hay más sentencias a favor de la legalidad y de la perfecta
constitucionalidad de la oferta, y una de ellas, una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera que no procede.
Efectivamente, señor Corominas, es posible que no tenga el último
texto. Si no no cometeríamos el lapsus de leer incorrectamente el
artículo 14 de recursos económicos, apartado e) Dice: Otras
aportaciones económicas que procedan del Insalud, así como aquellas
que se realicen por cualquier persona jurídica o por entidades de
naturaleza o titularidad pública que participen o se integren en las
nuevas fórmulas de gestión. Entidades de naturaleza o de titularidad
pública. (Rumores.) Es lo que dice la Ley 15, señor Corominas. ¿No
dice esto la Ley 15? ¿Se ha enmendado la Ley 15 últimamente? No sabía
que esa enmienda había prosperado. La Ley 15, literalmente, dice:
entidades de naturaleza o titularidad pública. Cuestión distinta a lo
que
decía el real decreto-ley, y en eso lleva usted razón. El real
decreto-ley decía «entidades públicas» y la ley introdujo «entidades
de naturaleza o titularidad pública», y las fundaciones públicas
sanitarias son entidades de naturaleza y de titularidad pública. Por
lo tanto, no solamente cumplimos un requisito, sino los dos de la Ley
15/1997. ¿Cómo exigiremos la responsabilidad? La responsabilidad, en
la organización, en la gestión y sobre todo en la supervisión le
corresponde al Insalud, como le viene correspondiendo ahora; le
corresponde a la Inspección Sanitaria, como le viene correspondiendo
ahora; le corresponde a la Intervención General de la Seguridad
Social, le corresponde al Tribunal de Cuentas; es decir, a los mismos
órganos que les viene correspondiendo hasta ahora. Por tanto, no se
baja para nada la responsabilidad ni los criterios de responsabilidad
que se han de llevar en el futuro.
Señoría, si le parece incorrecto que el Insalud se responsabilice de
la viabilidad económica de los centros, no estamos de acuerdo, porque
si son centros públicos y forman parte del Insalud parece razonable
que el Insalud garantice su viabilidad económica, de la misma forma
que el Estado garantiza la viabilidad económica de cualquier centro
público, si es que ese centro es público realmente.
En cuanto al personal estatutario, el reglamento dice que se regirá
por la ley de provisión y selección. Por tanto, si ese centro es del
Sistema estaremos a lo que disponga la ley de provisión y selección.
Si la ley de provisión y selección dice que las ofertas públicas de
empleo podrán realizarse o por el Sistema o por el centro, será lo
que marque la ley de provisión y selección. Literalmente, señoría.
Hemos remitido toda nuestra política de selección y provisión de
personal estatutario a lo que dispongan las leyes de provisión
y selección de personal estatutario.
Yo quiero agradecerle sinceramente, señor Corominas, el interés que
ha demostrado y sobre todo la mesura con la que ha planteado su
intervención, desde el punto de vista de intentar desarrollar -y en
esto usted lleva razón, lo hemos hecho con retraso- un reglamento en
el que, como sabe, la Ley 15/1997, que se pactó, no dejaba ninguna
posibilidad para los centros tradicionales, salvo que fuésemos a la
laboralización completa de su personal. Usted convendrá conmigo en
que quizá no sería legítimo que un Gobierno se amparase en una
interpretación literal de la Ley 15 y, abocando al consenso con el
que se elaboró esa ley, proponer una laboralización de todo su
personal. Si esto no era posible, convendrá conmigo en que era
necesario habilitar una figura, y era necesario, por consiguiente,
desarrollar el conjunto de las fórmulas de organización y gestión.
Sin embargo, esa Ley 15, que se pactó -y es para todos- para el
Sistema Nacional de Salud, dice que cada órgano de gobierno de las
comunidades autónomas habrá de desarrollar su reglamento. Yno hay
ninguna comunidad autónoma que haya presentado su reglamento.
Aun asumiendo nuestra culpabilidad en cuanto a un cierto retraso,
creo que debemos explicitar que, aun incurriendo en retraso, hemos
incurrido en el menor retraso de todos los servicios de salud que
actualmente tienen la obligación, conforme a esa ley -insisto, ley
que se refiere al Sistema Nacional de Salud, no al Insalud-, de
presentar su reglamento.
Desde el punto de vista técnico, señora Maestro, yo no sé si esto es
un anteproyecto o un proyecto, lo que sí le puedo asegurar es que no
es un borrador. Creo que es un proyecto y que se convierte en decreto
cuando el Gobierno lo aprueba; repito, creo que es un proyecto cuando
se remite a todas las organizaciones que entienden en el trámite de
alegaciones. Si no es un proyecto, en todo caso, es un anteproyecto,
es una cuestión terminológica, pero le puedo asegurar que no es un
borrador. ¿Cuáles son las intenciones del Ministerio? Las intenciones
del Ministerio son cumplir el mandato de esta Cámara y no tener que
ser advertidos de que se está incurriendo en incumplimiento de las
disposiciones de desarrollar por reglamento y, en consecuencia,
aprobar el reglamento. (La señora Maestro Martín: ¿Cuándo?).
Inmediatamente. Ha acabado el trámite de alegaciones, se irá al
Consejo de Estado y posteriormente al Consejo de Ministros.
Obviamente, respecto a lo que haga el Gobierno le puedo asegurar que
yo no puedo hacerme portavoz del mismo, pero imagino que lo que va a
hacer el Insalud y lo que hará el Ministerio, una vez que tenga el
informe del Consejo de Estado, si es que éste es igual de favorable
que los demás informes que obran en el expediente, será remitir este
informe al Consejo de Ministros.
Dice S.S., y con buen criterio, que no se regulan las concesiones
administrativas, y lleva usted razón, porque la concesión
administrativa no es una fórmula de gestión a las que se refiere la
Ley 15. La concesión administrativa es una institución jurídica
prevista en la Ley de Contratos del Estado desde hace decenas de años
en nuestro país. Por tanto, no es necesario regular una concesión
administrativa cuando existen las concesiones administrativas del
transportes, las concesiones administrativas del agua y las
concesiones administrativas del resto de los servicios públicos.
Y así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que
considera que la concesión administrativa tiene cabida en la Ley
General de Sanidad de 1986. Por tanto, mal podemos regular algo que
ya tenía cabida de forma explícita.
En todo caso, lo que sí le puedo asegurar es que este reglamento es
del Insalud, no es un reglamento del Sistema Nacional de Salud, y,
por consiguiente, las cuatro entidades jurídicas a las que hemos
hecho referencia son las que S.S. conoce, y mantenemos el
planteamiento de la ley, que acaba diciendo: y cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho.
Los principios de coordinación, de planificación y de cooperación son
principios que están tasados literalmente en el texto, señoría. Por
tanto, que los centros tienen que estar permanentemente coordinados,
que deben estar sujetos a los criterios de planificación y que será
inexcusable la cooperación de toda la red asistencial son principios
básicos que inspiran el texto reglamentario. ¿Qué ocurre con los
bienes propios, a los que se refería S.S.? Ocurre lo que está
ocurriendo en este momento, que los centros compran bienes. A través
de sus presupuestos, los centros adquieren bienes todos los días.
Bienes inventariables en un caso, bienes no inventariables en otro
caso o bienes fungibles, todos los días están comprando y adquiriendo
bienes. En este momento los bienes muebles que se adquieren son de la
Seguridad Social y posteriormente
serán del centro que tiene personalidad jurídica propia. Esto es lo
que dice el texto. Los bienes inmuebles seguirán siendo de la
Seguridad Social, como su propio texto indica, y todos los demás
bienes que sean cedidos por la Administración o por la Seguridad
Social seguirán siendo bienes de la Administración o de la Seguridad
Social. El resto seguirán también siendo bienes de la Administración,
pero de la Administración constituida en personificación jurídica
pública en esos centros.
Le preocupa a S.S. el carácter del personal, y yo le agradezco que
por primera vez haya escuchado de su grupo parlamentario que se
preserva el carácter estatutario del personal, porque eso es un
avance importante. (La señora Maestro Martín: El que lo tiene que
decir es usted, no yo.) Nosotros lo hemos dicho tantas veces, y
tantas veces hemos sido corregidos que por una vez llegar a un punto
... (La señora Maestro Martín: A extinguir.) Lo de a extinguir
evidentemente lo dice usted, el texto no lo dice (La señora Maestro
Martín: Espero que no me contradiga.). No la contradigo, sino que se
lo matizo con mucho interés. Lo dice el texto, y buen interés han
tenido las organizaciones sindicales de no permitir que sea un
personal a extinguir, porque lo que dice el texto es que el personal
de las fundaciones públicas sanitarias seguirá siendo personal
estatutario. Su provisión y selección se regulará por las normas de
provisión y selección del resto del personal del Sistema Nacional de
Salud.
En cuanto a los apoyos, no voy a entrar, como es natural, en ningún
tipo de polémicas de apoyos o no apoyos. Yo le puedo remitir el acta
de la mesa sectorial, porque es lo único que usted va a entender como
documento concreto y clarificador de lo que opinan las organizaciones
sindicales. Las organizaciones sindicales que mostraron su total
conformidad al texto son todas menos la Unión General de
Trabajadores, por la razón a la que me he referido, y la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por las razones que
también he mencionado. También le puedo remitir el acta del consejo
general de consumidores y usuarios, porque es posible que en la
plataforma a la que usted se refiere se diga una cosa y cuando se
trate de levantar un acta del consejo general de consumidores y
usuarios se diga otra. En este acta del consejo general se hacen una
serie de matizaciones al reglamento y hay un voto particular de una
asociación que configura el consejo general en el que claramente esa
asociación de consumidores y usuarios manifiesta su rechazo al texto.
Pero, insisto, el Consejo general de consumidores y usuarios ha
remitido su valoración, en ningún caso negativa, al resto de las
organizaciones que le componen.
Del mismo modo me remito al consejo general de Insalud, que levanta
sus actas, que es un órgano colegiado y que se rige, como cualquier
órgano colegiado, por explicitaciones de sus miembros. Y, en este
caso, ninguno de los representantes del consejo general del Insalud
en materia de consumidores y usuarios, manifestó su disconformidad.
Es verdad que una de las asociaciones que se sienta en el Consejo
general del Insalud hizo un voto en contra por escrito, es verdad.
Yde los sindicatos que allí están el único que manifestó su
disconformidad, y así consta en el acta del Consejo general, es la
Unión General de Trabajadores.
Vuelvo a decirle, señoría, que éstas son las cuestiones, tal y como
son.
Cuando digo que tiene apoyo de los colegios, digo que todos los
colegios, salvo el Consejo general de colegios médicos, han
manifestado su apoyo explícito, por escrito, al texto, todos. Y
entiendo que hay otros colegios, no sólo el Consejo general de
colegios médicos, aun siendo éste tremendamente importante. Esto en
lo relativo a los apoyos. Por consiguiente y por concretar, no
conozco ninguna figura jurídica, ninguna fórmula de gestión
actualmente imperante en el Estado, ninguna, que haya tenido un apoyo
sindical, corporativo y de órganos de participación del Insalud como
las fundaciones públicas sanitarias. No conozco ninguna.
Las empresas públicas, que es otra de las fórmulas, le puedo asegurar
que no tienen -al menos no lo han conseguido de momento- ese apoyo
sindical ni ese apoyo corporativo. Yen el ámbito de los consorcios me
pillaría usted en un renuncio si me pronunciase al respecto, porque
no tengo información relativa a este asunto. Pero lo que sí le puedo
asegurar es que de las dos, fundación pública sanitaria versus
empresa pública, en las fundaciones publicas sanitarias hay actas
sindicales, de consejos generales, de colegios profesionales, que
avalan lo que acabo de decirle.
Nada más y muchas gracias. (La señora Maestro Martín y el señor
Corominas i Busqueta piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Con la amplia experiencia parlamentaria que
tienen, SS.SS. saben que no existe segundo turno, lo saben. Lo que le
pido al señor Corominas es que no me vaya a reabrir ahora un debate
sobre la Ley 15/1997, que parece que él tiene una interpretación y la
ley dice lo que dice, o sobre la Ley 50/1998. No va a ir por ahí el
debate. Y lo mismo le digo a la señora Maestro.
Puede haber algunas cosas muy puntuales. Se pueden imaginar que esta
Presidencia ha seguido con sumo interés las brillantes intervenciones
de los señores parlamentarios y del señor presidente del Insalud, y
creo que ustedes han expuesto todo lo que han querido y el señor
presidente del Insalud ha contestado exhaustivamente a todas las
preguntas que han hecho SS.SS. Otra cuestión distinta es que los
matices que pueda cada uno tener en las interpretaciones sean los que
sean de cada uno, pero ahí está el «Diario de Sesiones» y yo creo que
está ampliamente debatido. (El señor Corominas i Busqueta pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señor Corominas, por la experiencia que tenemos, todos los temas que
usted pueda sacar ahora estoy plenamente convencido de que ya figuran
en el «Diario de Sesiones» de las comparecencias del señor Nuñez
Feijóo a lo largo de toda la legislatura. Estamos cayendo en la
reiteración de temas sobre los que cada uno tiene una visión, que yo
respeto porque es lógico que en la vida parlamentaria haya disparidad
de criterios, pero creo que el tema está ampliamente debatido y
contestado.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, dos preguntas muy
concretas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Es muy concreto lo que quiero decir,
dos o tres cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Los dos hagan preguntas muy concretas, sin
reabrir un debate sobre interpretaciones.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: No, no; en relación con lo que ha
dicho el señor Núñez Feijóo y lo que me ha rebatido.
Yo le he preguntado (y no me ha contestado, aunque llevo un año
preguntándolo) si será personal del centro o del Insalud, no quién
hace la convocatoria. Si en una empresa con personalidad jurídica
propia, insisto, el personal es cedido o es propio del centro. Esto
es lo que no hay forma de que el señor Núñez Feijóo me conteste.
He leído el texto que se entregó a la mesa sectorial. Vuelvo a
reiterar que creo que sería un buen detalle por su parte, en cuanto
al ofrecimiento de diálogo, que nos hubiera remitido el texto.
Evidentemente, dispongo del texto que entregaron a la mesa sectorial
y he procurado leerlo, pero es que yo no sé muy bien el castellano.
Dice: Otras aportaciones económicas que procedan del Instituto
Nacional de la Salud, coma, así como aquellas que se realicen por
cualquier persona jurídica, coma, o por entidades de naturaleza
o titularidad pública que participen o se integren. Por tanto, son tres
fuentes de financiación complementaria, el Instituto Nacional de la
Salud, las personas jurídicas -que no señala- y las entidades de
naturaleza o titularidad pública. Así lo entiendo yo, en mi
castellano. Por tanto, le agradecería que lo aclarara
definitivamente, porque no sólo nosotros nos enteramos por la prensa.
No voy a leer la carta que el señor Núñez Feijóo remitió a la
Organización Médico Colegial, en la que dice que se enteró de que
había una asamblea para tratar este tema por los medios de
información. Se enteró el día 9 de septiembre y mandó la carta el día
11. Pero es que lleva una tramitación larguísima. Se reunió con la
OMC el 12 de marzo a la mesa sectorial se lo entregan -teóricamente,
para hacerse la foto- el 14 de julio, la asamblea de la OMC es el 11
de septiembre y su comparecencia en esta Cámara es hoy. Llevamos un
año con este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, le aclaro que la comparecencia
que se celebra hoy está pedida por el señor Núñez Feijóo con fecha 7
de julio de 1999.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: No, no. Estaba pedida la de las
inversiones, no la del reglamento. Quiero que se lea cuándo está
hecha esta petición.
El señor PRESIDENTE: Señor Corominas, permítame un minuto.
Solicitud de comparecencia del presidente ejecutivo del Insalud ante
la Comisión de Sanidad y Consumo para informar sobre el anteproyecto
del reglamento sobre nuevas formas de gestión. Número de registro
-apúntelo por si quiere buscarlo-, 87764; fecha, 26 de julio de 1999.
La comparecencia es hoy. El 26 de julio de 1999 fue cuando el señor
presidente del Insalud solicitó la comparecencia. Por los trámites
reglamentarios de confección de comparecencias, ustedes, que son los
que hacen los órdenes del día, no lo han considerado oportuno hasta
hoy. Ha habido tres reuniones de la Comisión de Sanidad y Consumo en
este período de sesiones y hasta hoy no han considerado oportuno
que se celebre. La culpa no es del señor presidente del Insalud sino
de los miembros de la Comisión.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señor presidente, si me permite una
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, cómo no, señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Es en relación con el consenso de las
fundaciones. No voy a reabrir debate, voy a leer el texto. Dice que a
la solicitud del director gerente -lo ha dicho el señor Núñez Feijóo-
deberá acompañar: el plan estratégico aprobado por el presidente del
Insalud, la certificación del acuerdo favorable de la comisión de
dirección -aquí sí- y el informe de los órganos de representación,
sea favorable o desfavorable. Una comisión de homologación nombrada
íntegramente por personal del Instituto Nacional de la Salud valorará
la suficiencia del consenso interno. Yo le pregunto si hay o no algún
criterio para valorar la suficiencia del consenso interno, o no lo
hay, porque mucho me temo que todo esto sólo tiene una finalidad, que
es dar cumplimiento a lo que manifestó hace muy pocos días el
ministro de Sanidad: que haya equiparación entre lo público y lo
privado. Ese es un poco el objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTÍN: Quiero señalar que, como es obvio, el Grupo
de Izquierda Unida no se cuenta entre los grupos que sostienen al
Gobierno; por tanto, difícilmente hubiera podido plantear la
comparecencia del señor Núñez Feijóo a petición propia.
Las preguntas que quiero hacer son concretas, y son las siguientes.
El señor Núñez Feijóo me ha respondido estrictamente que el
anteproyecto, desde el punto de vista de la Administración sanitaria,
está visto para sentencia y será remitido con carácter inmediato al
Consejo de Estado. También ha dicho que está abierta todavía la
negociación con la Organización Médica Colegial. ¿Se piensa
modificar, se piensa hacer un trágala a la Organización Médica
Colegial, o se piensa seguir los trámites independientemente de lo
que dicha organización establezca? La pregunta es bien concreta.
Usted ha hablado del no apoyo de las organizaciones sindicales, la
Confederación Española de Sindicatos Médicos y UGT. ¿Comisiones
Obreras apoya el anteproyecto de reglamento, sí o no? Porque como
todos recordamos hubo una serie de descalificaciones de diferentes
entidades. Querría saber cuál es la valoración que hace el señor
presidente.
La tercera pregunta es si entiende el señor presidente del Insalud
que el régimen de gestión del hospital de Alzira está o no dentro de
la Ley 15/1997, tal y como estableció el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana y si, por tanto, será objeto o no
del reglamento que desarrolla ambas leyes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo.
El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD (Núñez Feijóo): Señor
Corominas, el personal que actualmente presta servicios en los
hospitales que posteriormente se transforman en fundaciones públicas
sanitarias es del Insalud. El personal que pueda ser contratado
posteriormente podrá ser del Insalud o del centro, según se
desarrolle la Ley de provisión y selección aprobada en el Parlamento.
Esta es la respuesta.
Señor Corominas, si usted no se enteró del reglamento y ha sido capaz
de enterarse de la carta que con fecha 9 de septiembre de 1999 he
remitido a la Organización Médica Colegial, me parece impropio de un
diputado tan interesado en los asuntos sanitarios, con tanto rigor y
que conoce perfectamente las actas de la Comisión de Sanidad desde el
10 de mayo de 1996, cuando menos.
Señora Maestro, usted me ha hecho comparecer aquí por múltiples y
poderosas razones, y espero que antes de que acabe la legislatura
alguna otra vez me hará comparecer. Recuerdo la última, en la que
usted no estaba en absoluto de acuerdo con el tratamiento que se
había dado a un ensayo clínico en el hospital de Alcalá de Henares;
pregunta oral, pregunta escrita y comparecencia. Incluso una de las
veces, por razones poderosas o de fuerza mayor no pudo venir a la
comparecencia y se cambió la fecha y se introdujo en otro orden del
día de la Comisión. ¿Son más importantes los ensayos clínicos del
hospital de Alcalá o la comparecencia en materia de reglamento?
Evidentemente usted puede pedir la comparecencia cuando lo considere
oportuno, y yo lo único que he podido hacer es, seis días después de
llegar a un texto de proyecto reglamentario, pedir mi comparecencia,
y entiendo que por pedirla lo único que puedo trasladar es el estado
de la situación no a 21 de julio, sino a 18 de noviembre.
No voy a entrar en ningún tipo de polémica, ni mucho menos con
organizaciones sindicales, que ellas sabrán lo que hacen. Lo único
que puedo decirle es lo que recoge el acta de la mesa sectorial en
relación con el sindicato al que usted se ha referido. Y se lo voy a
leer literalmente: Apoya el documento porque recoge todas y cada una
de las propuestas que el sindicato ha ido presentando durante su
negociación, porque el documento no ofrece resquicio alguno para que
se pueda introducir una vía a la privatización y porque en el mismo
quedan salvaguardados y defendidos todos los derechos de los
trabajadores. Este es el acta de la mesa sectorial del sindicato al
que usted acaba de hacer referencia.
En relación con el tema de Alzira, espero que no sea ésta mi última
comparecencia porque desde que se suscitó este tema no ha habido una
sola comparecencia en que haya salido un asunto de la Comunidad
Autónoma de Valencia. Le vuelvo a insistir, señoría, que a juicio del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia (y no seré yo el que
enmiende la
plana; ya me gustaría poder hacerlo al menos en el tema de los
interinos) la concesión administrativa está prevista en la Ley
General de Sanidad de 1986. Esto es lo que dice el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia. Es una figura que está prevista
diez años antes de la Ley de 1997. (La señora Maestro Martín: Hay una
pregunta que no me ha respondido. No sé si la ha olvidado.)
El señor PRESIDENTE: ¿Cuál es, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Decía que los trámites del anteproyecto
están terminados y también que está en negociación con la
Organización Médica Colegial. ¿Se deriva de ese hecho alguna
previsión de modificación o se considera que la negociación no va a
trasladar modificación alguna al anteproyecto? Las dos cosas al mismo
tiempo no pueden ser. Le pido a una respuesta.
El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor Núñez Feijóo.
El señor PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSALUD (Núñez Feijóo): Creo que la
Organización Médica Colegial y el Insalud llegarán al acuerdo o al
desacuerdo que se concrete. Si el acuerdo es el de concretar algunas
de las cuestiones, obviamente se incorporarán al texto, y si no hay
acuerdo no se incorporarán. Lo que le puedo asegurar es que lo que
está encima de la mesa no es ningún cambio fundamental sobre el
texto. Lo que está encima de la mesa es una voluntad de diálogo, no
en cuanto a este texto que la Organización Médica Colegial ha
alegado, sino fundamentalmente al diálogo de futuro entre la
Organización Médica Colegial y el Insalud. En todo caso, le puedo
asegurar que la Organización Médica Colegial cuidará muy mucho de que
los posibles acuerdos a los que se lleguen se incorporen al texto del
reglamento, en el supuesto de que así fuera necesario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, por su
comparecencia, que como todas ha sido seguida con la máxima atención
por los distintos grupos parlamentarios y que como siempre ha sido
enriquecedora para todos. Muchas gracias y hasta pronto.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 750,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Sanidad y
Consumo el martes, 28 de septiembre de 1999, figura, por error, en la
portada del Diario, como presidente de la Comisión, don José Antonio
Griñán Martínez, en lugar del presidente de la misma don Feliciano