CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 788



EDUCACIÓN Y CULTURA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET



Sesión núm. 44



celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas:



- Del señor Abejón Ortega (Grupo Socialista del Congreso), sobre
previsiones acerca de las acciones Comenius del programa Sócrates,
referidas a la formación del profesorado y a la elaboración de
proyectos educativos europeos. (Número de expediente 181/002601.)
... (Página 23372)



- Del mismo señor diputado, sobre valoración de las acciones Lingua
del programa Sócrates, dirigidas a futuros profesores de idiomas de
la Unión Europea (UE). (Número de expediente 181/002602.)
... (Página 23372)



- Del mismo señor diputado, sobre valoración de las acciones Erasmus
del programa Sócrates, que prevén la existencia de cooperación
educativa en el terreno universitario en la Unión Europea (UE).

(Número de expediente 181/002603.) ... (Página 23373)



- Del señor Álvarez Álvarez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre medidas adoptadas para mejorar la atención al
alumnado con necesidades educativas especiales. (Número de expediente
181/002651.) ... (Página 23375)

Página 23372



- Del señor Guerra Zunzunegui (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre la valoración del incremento de escolarización en la
educación infantil entre el año 1996 y el presente curso 1999/2000.

(Número de expediente 181/002675.) ... (Página 23377)



- Del mismo señor diputado, sobre valoración del incremento en el
gasto por alumno experimentado en los últimos ejercicios. (Número de
expediente 181/002676.) ... (Página 23379)



Proposiciones no de ley:



- Relativa a la creación de la oficina de gestión del Plan nacional
de evaluación de la calidad de las Universidades. Presentada por el
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001083.)
... (Página 23381)



- Sobre adaptación del título II de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación, a la nueva realidad del
sistema educativo español, especialmente en lo referido a la
composición del Consejo Escolar del Estado y su relación con la
Conferencia sectorial de la educación. Presentada por el Grupo
anterior. (Número de expediente 161/001245.) ... (Página 23384)



- Sobre declaración de bien de interés cultural del edificio de la
antigua prisión provincial de Murcia y paralización del proyecto de
demolición promovido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

(Número de expediente 161/001180.) ... (Página 23386)



- Sobre ubicación de un monumento conmemorativo del final de la
Guerra Civil en el puerto de Alicante. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001513.) ... (Página 23389)



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. Bienvenidos señoras y
señores diputados. Antes de comenzar con la tramitación de los puntos
que hay en el orden del día, cree esta Presidencia -y está segura de
que interpreta el sentir de la Mesa y de toda la Comisión- que debe
constar en el «Diario de Sesiones» el pésame y la condolencia de esta
Comisión de Educación y Cultura por la muerte de Rafael Alberti y que
deben hacerse llegar a su viuda doña Asunción Mateo, a su hija
Aitana, al Ayuntamiento del Puerto de Santa María y a sus compañeros
del Partido Comunista. Cree además que, aun hechas estas
manifestaciones, todos y cada uno de los que formamos esta Comisión
sentimos como propia la figura de Rafael Alberti y por ello nos
parece que sería adecuado, si no tienen inconveniente, que constara
en el «Diario de Sesiones».

A continuación y con respecto al orden del día, doña Carmen Laura Gil
i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiere
hacer una aclaración. Tiene la palabra.




La señora GIL I MIRÓ: Solicitar a la Mesa, a los portavoces y a los
compañeros que nos permitan aplazar el debate de nuestra proposición
no de Ley, que figura con el número 10 en el orden del día.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones.)
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, en la misma línea,
rogaría que se aplazara la proposición no de Ley que presenta nuestro
grupo, que lleva el número 7, para promover el uso adecuado de los
nuevos servicios de información y comunicación en el ámbito de la
sociedad de la información.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, a petición de ambos grupos,
queda aplazada la tramitación de las proposiciones no de Ley que
figuran con los números 7 y 10, que no equivale bajo ningún concepto
a la retirada de dichas iniciativas, quedando pendientes de
tramitación.




PREGUNTAS



-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
ELCONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LAS ACCIONES COMENIUS DEL
PROGRAMA SÓCRATES, REFERIDAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y A LA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS EUROPEOS. (Número de expediente
181/002601.)



-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES
LINGUA DEL PROGRAMA SÓCRATES, DIRIGIDAS A FUTUROS PROFESORES DE IDIOMAS
DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente 181/002602.)



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-DEL SEÑOR ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES ERASMUS DEL PROGRAMA
SÓCRATES, QUE PREVÉN LA EXISTENCIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA EN EL
TERRENO UNIVERSITARIO EN LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente
181/002603.)



El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el orden del día. Preguntas. Las
tres primeras preguntas, promovidas por don Adolfo Abejón Ortega,
sobre los programas Sócrates en sus diferentes vertientes, van a ser
tramitadas conjuntamente, lo cual no significa que S.S. vaya a
multiplicar por tres el tiempo. Tiene la palabra don Adolfo Abejón
Ortega para formular sus preguntas, que serán contestadas por el
secretario general de Educación y Formación Profesional, señor Mur
Montero, a quien damos nuevamente la bienvenida en esta casa.




El señor ABEJÓN ORTEGA: Muchas gracias, señor secretario general de
Educación, por su comparecencia para responder a las preguntas que
desde el Grupo Parlamentario Popular le vamos a formular.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el
14 de marzo de 1995 la Decisión 819/95, por la que se creaba el
programa comunitario Sócrates para contribuir a mejorar la calidad de
los sistemas educativos de los países miembros en los ámbitos de la
enseñanza superior, Erasmus, y de la enseñanza primaria y secundaria,
Comenius y Lingua. Cuando pretendemos una auténtica Unión Europea -y
ya se han dado pasos tan importantes como la libre circulación de
personas y mercancías o la creación de un espacio común económico en
la zona euro-, nada mejor que potenciar la educación para desarrollar
la dimensión del ciudadano europeo en los estudios de todos los
niveles apoyándose en la herencia cultural de los países miembros. En
primer lugar, respecto a las acciones Comenius que está llevando a
cabo el Gobierno español para fomentar la cooperación entre los
centros escolares mediante la creación de asociaciones de colegios e
institutos de al menos tres centros procedentes de tres Estados
miembros diferentes para enriquecer sus proyectos educativos y
caminar hacia un modelo común de proyecto educativo europeo, son
valorados positivamente por mi grupo parlamentario. Asimismo, dentro
de este capítulo, suscitan a mi grupo un gran interés los
intercambios escolares de alumnos y profesores. Vemos con
satisfacción que cada vez más jóvenes españoles y más profesores
participen en intercambios organizados con arreglo a un proyecto
conjunto entre su centro escolar y un centro de otro país para
mejorar sus conocimientos de una lengua extranjera. En segundo lugar,
señor secretario general, dada la importancia que para el sistema
educativo español tiene la impartición y el conocimiento de al menos
una segunda lengua extranjera, la formación de los futuros profesores
que vayan a impartir estas materias es esencial y básica. Por ello,
las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y
Cultura dentro del programa Lingua, encaminadas a fortalecer su
conocimiento a través de estancias en centros escolares de otros
países cuya lengua es la que
en un futuro van a enseñar, están mejorando sin duda la capacidad de
los nuevos profesores y la calidad de impartición de las clases de
idiomas extranjeros. Quiero resaltar, en tercer lugar, la importancia
que para el Grupo Parlamentario Popular tienen las acciones que está
realizando el Ministerio para promocionar la dimensión europea en las
universidades, así como el fomento de la movilidad de los estudiantes
univesitarios en el marco comunitario a través de las becas Erasmus.

Ello está propiciando una auténtica igualdad de oportunidades a los
alumnos con menos recursos económicos, permitiéndoles practicar
idiomas y adquirir conocimientos socioculturales de los Estados
miembros de acogida. Para el Grupo Parlamentario Popular es
fundamental fomentar el reconocimiento académico de los títulos,
períodos de estudio y otras cualificaciones, con el objeto de
desarrollar un espacio europeo abierto de cooperación en materia de
enseñanza.

Para terminar quiero señalar que, a las puertas de un nuevo programa
Sócrates, para el Grupo Parlamentario Popular es importante seguir
incrementando estos intercambios de información y de experiencias, a
la vez que abrir nuevos horizontes en los campos de las nuevas
tecnologías y de la investigación científica e innovación
tecnológica, para que la diversidad y las particularidades de los
sistemas educativos de los Estados miembros de la Unión Europea se
conviertan en una fuente de enriquecimiento y de estímulo recíproco.

Al terminar el primer programa Sócrates es interés del Partido
Popular conocer desde el Gobierno la valoración de todos sus
programas y por ello he formulado las tres preguntas al respecto.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas tiene la palabra
el señor Mur.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Buenos días, señorías. Me complace haber sido invitado
a participar en esta sesión para responder a estas preguntas y a
cuantas otras en un futuro SS.SS. crean conveniente mi comparecencia,
que yo con mucho gusto, como he manifestado en anteriores ocasiones,
aportaré datos e información en la medida en que me sea posible y sea
capaz de hacerlo para todo aquello que redunde en beneficio de la
educación y de la transparencia de la información en la gestión del
sistema educativo en lo que incumbe al Ministerio de Educación.

Respecto a las preguntas que se han formulado, todas ellas englobadas
en lo que es la acción comunitaria en materia educativa a través de
los distintos programas que en un momento determinado se compendian
en el programa Sócrates, puedo decir -y creo que en esto todas SS.SS.

coincidirán, sin que ello se entienda como triunfalismo- que España
ha participado activamente y quizá como país puntero en todos los
programas educativos promovidos por la Unión Europea desde hace
muchos años, muy especialmente a partir de la sistematización de esos
programas europeos en el ámbito educativo que se realiza, como S.S.

acaba de señalar, por una decisión del Consejo de Europa y del
Parlamento Europeo del año 1995 que, como SS.SS. saben, articula el
llamado programa Sócrates que compendia en los programas educativos
que se venían desarrollando



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hasta aquel momento y añade algunos nuevos. El programa Sócrates
-para que SS.SS. tengan una idea aproximada de lo que significa-
inicialmente en el año 1995 estaba dotado con una cantidad de 850
millones de euros en aquel entonces, terminando su ejecución el 31 de
diciembre de este año 1999 con una previsión de gasto sobre los 850
millones iniciales de unos 990 millones de euros. Apartir de enero
del año 2000 se va a aprobar el programa Sócrates II, que tiene una
vigencia hasta el año 2006 y un incremento presupuestario de 1.800
millones de euros, es decir, más del doble de la cantidad asignada al
período del programa Sócrates I. Entendemos que es una apuesta fuerte
de la Unión Europea por promover este tipo de programas que han dado
unos resultados positivos, especialmente en algunos países como
España -hay que decirlo-, que con una cuota teórica de participación
del 10 por ciento, dentro de los países de la Unión Europea, se ha
beneficiado normalmente en estos programas por encima del 12 por
ciento de cantidad de retorno, alcanzando en algunos de ellos cifras
cercanas al 20 por ciento, porque en algunas acciones de estos
programas la cuota de participación de España se ha visto
incrementada justamente por la no utilización de cuotas por parte de
otros países y España se ha beneficiado de ello. Esto tiene una doble
interpretación o lectura: el incremento de la participación de España
en recepción de ayudas para estos programas y el hecho de que España
sea capaz de atender toda la asignación presupuestaria que tiene e
incluso incrementarla; señal de que hay una demanda y que nuestros
profesores tienen una sensibilización y una predisposición especial a
participar en programas educativos europeos, y es fundamental. No
tenemos que olvidar que en todas estas acciones de carácter
descentralizado las comunidades autónomas han jugado un papel
importante en promover y promocionar la participación de estudiantes
y profesores en estos programas. Por tanto, en términos globales
podemos decir que el programa Sócrates y todas las acciones en el
ámbito educativo propiciadas por la Unión Europea tienen una
excelente acogida en España.

Respecto a cada uno de los capítulos en que se divide la ejecución
del programa Sócrates desde el año 1995 hasta hoy, su señoría acaba
de señalar los tres grandes capítulos, que son, el de enseñanza
universitaria, el Erasmus, el de enseñanza no universitaria -que se
llama escolar-, el Comenius, y el capítulo tres, que son acciones
transversales que incluyen distintas actuaciones, de las cuales las
más significativas son Lingua, educación a distancia, y las referidas
al intercambio de información, que yo quiero simplemente mencionar
aquí, que son Eurídice y Arión, que tienen una importancia decisiva
en España.

Respecto al capítulo segundo, Comenius -quiero ser muy breve y no voy
a entrar en detalles-, hay tres proyectos, uno de ellos es acción
centralizada y los significativos a efectos de informar aquí son las
acciones una y tres, que son descentralizadas. La acción una se
refiere a proyectos educativos conjuntos en el marco de asociaciones
escolares en las que participan profesores y alumnos. Son centros
coordinadores los que desarrollan la acción y participan en ella unos
centros asociados. Pues bien, desde que se inició el programa, en el
año 1995, en España participaron en la primera convocatoria 41
centros promotores y 80 asociados;
en el año 1999 -y esto nos marca la evolución ascendente de
participación en ellos- han pasado a ser 302 centros coordinadores y
700 centros asociados, lo cual significa que durante este período del
Sócrates I en la acción una de Comenius han participado más de 1.000
centros. No hace falta insistir en la importancia y en la repercusión
que tiene en un programa con una vigencia de algo más de cuatro años
-que son las cuatro convocatorias- que 1.000 centros españoles hayan
participado en esta acción. Respecto a la acción tercera del
Comenius, que es la formación, actualización de profesores en estos
proyectos en los que hay un centro escolar y, como ha indicado antes
S.S., otros tres centros asociados con tres países que participan en
ellos, he de decirles que en el año 1995 fueron 53 los centros
coordinadores de proyectos los que participaron y actualmente son
236. En total, durante el período de aplicación de esta acción tres
del capítulo Comenius, han participado 289 centros y dentro de esta
misma acción están las ayudas para profesores a título individual. Se
han otorgado 566 ayudas y hay una demanda que excede, aproximadamente
en proporción de 3 a 1, el número de ayudas convocadas. Quiere decir
que España tiene capacidad de respuesta para recibir, en la medida en
que se pueda, mucha más ayuda de la Unión Europea y respondería
inmediatamente, porque el profesorado, como he indicado antes,
responde y ha pedido participar en estos programas europeos. Esto es,
en síntesis -después, si quieren, puedo extenderme más-, lo que
quería decir respecto al capítulo Comenius del programa Sócrates.

Respecto al capítulo de acciones transversales, la más importante de
ellas es el programa Lingua, que se incluyó inicialmente, y les puedo
anticipar que en el Sócrates II, que va a entrar en vigor en enero
del 2000, esta acción Lingua va a incluirse en Comenius. La razón
para hacerlo es que el programa Lingua tuvo en origen anterior al
programa Sócrates y racionalmente la mayoría de las actividades
englobadas en Lingua van a sistema escolar no universitario, por lo
que deben estar englobadas en Comenius para racionalidad del programa
y utilización adecuada de recursos, puesto que a veces hay acciones
que se solapan o que coinciden en cierta medida, y de ahí que se vaya
a incluir en Comenius a partir de enero del 2000. Les puedo decir que
referente a las acciones que se dirigen a profesores, a las que S.S.

se refería fundamentalmente -están también las de los alumnos-, en el
plan Lingua están incluidas las llamadas acción B y C. La acción B va
dirigida a profesores en ejercicio que imparten una lengua
extranjera, a quienes se facilita la estancia en el país de la lengua
que están impartiendo para hacer un curso que, más que perfeccionar
el idioma, les permita el conocimiento y la integración en la cultura
del país cuya lengua están enseñando en España y entrar en contacto
con profesionales de esos países para conocer el sistema educativo y
establecer lazos de unión, que es lo importante, puesto que se
entiende que este profesorado tiene capacitación suficiente para
impartir la lengua extranjera en un centro escolar español. Son
cursos que requieren estancia de cuatro semanas, que son suficientes
para estos profesores, y en el período de aplicación de Lingua desde
1995 acá se han otorgado 2.527 ayudas a profesores en ejercicio en el
sistema educativo español para asistir a otros países. La acción C va
dirigida a futuros



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profesores de lengua extranjera, es decir, a aquellos licenciados
universitarios o titulados que pretenden ejercer de profesores y a
quienes se facilita que completen su formación en el conocimiento de
una lengua en un país donde se hable la lengua que vayan a impartir,
que son profesores en prácticas en ese país de destino durante un
período de tres a ocho meses. A este respecto tengo que decirles que
se produce la asistencia de profesores o futuros profesores españoles
en prácticas en otros países y el retorno, es decir, profesores de
otros países hacia España. Es significativo que la demanda de
titulados de otros países para hacer prácticas en centros españoles
rebasa con creces la posibilidad de ayudas para hacer prácticas en
centros españoles. Es decir, España es el segundo país de la Unión
Europea, después del Reino Unido, en demanda de prácticas de
profesores de otros países, de tal modo que ha habido 358 alumnos
aspirantes a profesores que han ejercido como profesores en prácticas
en centros españoles, mientras que ha habido 253 profesores
aspirantes españoles en centros a otros países. En el contexto total
de una política educativa orientada a potenciar el conocimiento de
los idiomas -y todos conocemos el retraso tradicional que ha habido
en nuestro país en el conocimiento de idiomas-, esta acción es
importantísima, relevante, pero no única. Las administraciones
educativas y el Ministerio están realizando otras acciones y desde
hace mucho tiempo hay programas de cooperación bilateral para los
llamados auxiliares de conversación con Francia, Reino Unido y
Alemania, que han permitido durante muchos años -y se continúa con
ellos- que vengan auxiliares de conversación a centros españoles para
que impartan la enseñanza profesores nativos y ayuden a los
profesores españoles. Esto ha ido permitiendo al sistema educativo
español durante muchos años conseguir, primero, una capacitación cada
vez mayor del profesorado español en el dominio de una lengua
extranjera y en las técnicas de su enseñanza y, segundo, disponer de
un profesor nativo durante un período amplio de tiempo en un centro
español para transmitir no solamente la enseñanza de la lengua, sino
también de la cultura y del contexto de ese país; y viceversa, los
licenciados españoles, en estos programas de intercambio, asisten a
centros del Reino Unido, Francia y Alemania. Creemos que esta es una
línea en la que se ha recorrido un trecho bastante importante pero
que hay que intensificar. Y no sólo esto -y no quisiera salirme del
tema-, sino que también está el hecho de la incorporación de la
enseñanza precoz de un idioma a partir de la educación infantil -yo
diría que al menos de la primaria, como se ha venido repitiendo, a
partir de los seis años-, porque si queremos que nuestra juventud
esté en el entorno abierto del espacio europeo y en la cultura del
conocimiento futuro ha de dominar al menos uno y a ser posible dos
idiomas extranjeros cuando terminen los estudios básicos
obligatorios.

Pues bien, esto se refiere a la acción de Comenius del programa
Erasmus y, como creo que voy muy ajustado de tiempo, sólo quiero
apuntar que el Eramus, en el momento en que se empezó a aplicar, tuvo
en España una demanda importantísima que ha ido creciendo de tal
forma que actualmente estamos en 11.500 becarios, alumnos
universitarios españoles que pasan un curso o parte de un curso en
una universidad extranjera, con la importancia y la
repercusión que esto tiene. Creemos que se ha de potenciar este
programa y que ha de hacerse en una línea fundamental. No debemos
disminuir el número de dotaciones, sino incrementarlas, pero debemos
atender justamente la cuantía de estas ayudas. Es decir, hay un
presupuesto dotado por la Unión Europea que en el caso de España
asciende a 11 millones doscientos y pico mil euros en el último
ejercicio, y la cuantía de la beca con fondos provenientes de la
Unión Europea con esta partida es insuficiente para atender los
gastos de desplazamiento, por lo que España -al decir España quiero
decir las universidades, las comunidades autónomas y el presupuesto
del Ministerio de Educación- tiene que aportar una cantidad
significativa para poder atender los gastos que ocasiona el
desplazamiento de un alumno, que no se pueden atender con la beca que
proviene de fondos europeos. De ahí que en los presupuestos del
Ministerio de Educación se haya incrementado la dotación para el 2000
en un 250 por ciento, pasando a ser de 750 millones, porque con una
política de movilidad -con mayúsculas- en todos los sentidos hace
falta que se propicien estas acciones y que nadie quede privado del
beneficio de utilizar la ayuda de Erasmus o de movilidad en España o,
con carácter general, de la ósmosis de nuestro sistema universitario,
entendido dentro del europeo, por carencia de recursos, y las ayudas
tienen que ser suficientes para sufragar la totalidad de los gastos,
lo que en algunos casos, si nos atuviéramos estrictamente a la
financiación europea, no podría hacerse. De ahí que se haya
incrementado el presupuesto como he indicado anteriormente.

Esto es en síntesis lo que yo quería responder, en plan telegrama, a
las preguntas que S.S. ha formulado.




El señor PRESIDENTE: Señor Abejón, ¿quiere añadir algo?



El señor ABEJÓN ORTEGA: Solamente quiero agradecer la extensa
información que nos ha suministrado el secretario general y
felicitarle por los resultados obtenidos.




El señor PRESIDENTE: Señor Mur, ¿quiere responder a la felicitación
entusiástica del señor Abejón?



El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Mi respuesta es de reconocimiento y agradecimiento por esas
palabras. En esto, como en la mayoría de las cosas, creo que por
parte de todos existe el firme convencimiento de potenciarlo al
máximo. Ese es el camino de futuro, que no debemos olvidar porque es
el único positivo que interesa a nuestro sistema educativo.




-DEL SEÑOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
ELCONGRESO, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (Número de expediente
181/002651.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4, de don Amador Álvarez
Álvarez. Su turno.




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El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor presidente reitero las palabras de
bienvenida que mi compañero ha dirigido al señor secretario general.

Señor secretario general, la educación, que es un derecho de todos
los ciudadanos recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución,
debe cumplir una función integradora y al mismo tiempo correctora de
desigualdades. Los poderes públicos, para dar cumplimiento al mandato
constitucional, están obligados a poner al servicio de los ciudadanos
los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen recibir
la educación en las mejores condiciones de idoneidad y eficacia. El
marco legal que determina la prestación del servicio educativo a la
comunidad en sus primeros niveles está recogido fundamentalmente en
la Logse, cuya aplicación progresiva se está llevando a cabo en estos
momentos. Cuando se regula la prestación de cualquier servicio,
incluido el educativo, se hace con carácter general para todos los
ciudadanos, pero en una sociedad plural las circunstancias personales
de los alumnos receptores del servicio educativo son muy diversas y
hacen necesario aplicar medidas especiales y extraordinarias para
lograr el objetivo de proporcionar a todos una educación de calidad,
incluidos aquellos que por diversas causas, familiares, sociales o de
salud, no pueden seguir el ritmo normal del proceso educativo y
requieren un tratamiento educativo especial y más personalizado. Me
consta la sensibilidad y la preocupación del equipo ministerial por
este alumnado con necesidades específicas. Por eso me gustaría
conocer las medidas que desde el Ministerio de Educación y Cultura se
están adoptando para mejorar el proceso educativo de los alumnos que
requieren atención especial en el ámbito escolar.




El señor PRESIDENTE: Señor Mur, tiene la palabra para responder a la
pregunta del señor Álvarez.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Efectivamente, dentro de la política educativa uno de los
aspectos fundamentales es la compensación de desigualdades, entre las
que están las asociadas a discapacidades, que merecen una especial
atención y que requieren esfuerzos y comprensión; no solamente medios
materiales, no solamente recursos, sino una sensibilidad especial
para atender a ese sector de alumnos que presentan estas
discapacidades. La respuesta del sistema educativo ha sido variada y
de forma predominante hacia la integración de estos alumnos en aulas
ordinarias. Entendemos que ha de producirse una modificación en el
sentido de revisión de algunos de los planteamientos que requieren la
atención de los alumnos en función de las características de las
necesidades educativas especiales que concurran en cada uno de ellos,
porque de lo contrario estaríamos dando un tratamiento igual ante
diagnósticos distintos, con independencia de que se tengan que poner
medios adicionales que sean más costosos, que requieran un esfuerzo
especial pero que en definitiva merece la pena para esos colectivos
de alumnos. En esa línea no es que vaya sólo España y el Ministerio
de Educación, sino que es en la que están la mayoría de los países de
nuestro entorno europeo que apostaron inicialmente por una
integración total y absoluta y que están
procediendo a la revisión de algunas de las consideraciones
y planteamientos que sobre ello se habían hecho.

Respecto a las medidas concretas querría señalar algo, aprovechando
esta oportunidad, y es que en la planificación, en la ordenación de
la educación especial de alumnos con necesidades asociadas a
discapacidades hay una regulación última, el Real Decreto 696, del
año 1995, que prevé esa transformación de los centros específicos de
educación especial en centros de recursos que sirvan de punto de
referencia y de apoyo para todos aquellos centros que escolarizan, en
régimen ordinario, alumnos con necesidades educativas especiales y
que tengan el apoyo a través de ese centro de recursos de referencia.

Se está procediendo a una implantación progresiva de transformación
de esos centros, pero manteniendo los centros de educación especial
allá donde sean necesarios; y no sólo manteniéndolos sino incluso
proyectando y construyendo nuevos centros porque entendemos que esa
atención debe singularizarse para cada grupo o estrato de alumnos
según sus características. De lo contrario estaríamos simplificando
un problema e incurriendo en errores como los de otra época que se ha
visto que eran caminos equívocos. Dentro del desarrollo de ese
decreto, como una medida inmediata que se empieza a aplicar este
curso está la sustitución de la llamada formación profesional
especial, aprendizaje de tarea, por un programa de formación para la
transición a la vida adulta. Entendemos que no se trata solamente de
intentar que el alumno con necesidades educativas especiales adquiera
a lo largo de la etapa de la llamada educación básica obligatoria, la
educación secundaria, la escolarización ordinaria, la formación para
incorporarse a la vida activa a través de una formación profesional
específica para él, sino que lo fundamental es que haya una formación
para incorporarse a la vida adulta, es decir, para que el alumno que
esté en esas condiciones adquiera la preparación no sólo específica
de conocimientos sino formativa de aptitudes y capacidades para
integrarse en la vida adulta. La orientación es distinta. Esa
formación es la que se le va a dar al alumno cuando termine su
preparación o su trayectoria dentro de un centro ordinario o de un
centro específico de educación especial durante la etapa obligatoria.

En la orden ministerial a la que me refiero, que es de marzo de este
año 1999, se prevé la preparación de esos programas de formación para
la transición a la vida adulta, que va destinada a los alumnos que ya
han cumplido 16 años, es decir, que teóricamente han terminado el
período de escolarización obligatoria y a los que se tiene que dotar
de una formación para la autonomía personal a fin de facilitarles la
integración social. Evidentemente hay un componente de formación
profesional; no en todos los casos. No se puede plantear en terminos
iguales -vuelvo a decir lo que antes comentaba- que todos los alumnos
de estas características tengan que tener una formación profesional
para incorporarse a un puesto de trabajo. Esa formación profesional
se dará en función de las características de cada alumno.

Inevitablemente -SS.SS. estarán pensando- es un sistema que requiere
esfuerzos económicos y materiales y atenciones especiales, pero creo
que por ese camino es por el que se debe ir y es por el que el
Ministerio de Educación está apostando, y es la línea que está
siguiendo la mayoría de los países de nuestro entorno que apostaron
inicialmente



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por una integración total de los alumnos. Dentro de esa política, el
Ministerio de Educación viene haciendo en los últimos años un
programa de educación especial, que arrastra desde hace muchos años
pero en el que hay una potencialidad expresa durante los últimos años
tanto en recursos materiales como en recursos personales. En recursos
materiales, en el último año, se está haciendo la adaptación de
espacios de centros ordinarios, que es fundamental, porque se habla
de la escolarización, de la integración, pero muchas veces se
integran alumnos de necesidades educativas especiales en centros que
no reúnen características materiales. Lo primero que hay que hacer es
que el espacio educativo en el que se integra el alumno reúna las
condiciones, no que venga la necesidad a posteriori y cree el
problema de integración, con la repercusión psicológica que tiene
para la familia y para el alumno. Pues bien, durante el último año se
han destinado cerca de 500 millones a adaptaciones de centros
ordinarios para alumnos con necesidades educativas especiales allí
donde ha habido demanda y donde naturalmente ha habido una
planificación, porque de lo contrario sería prácticamente imposible
decir que la totalidad de los centros reúne la totalidad de los
requisitos para escolarizar a la totalidad de alumnos con distintas
deficiencias de integración. Por tanto, se ha hecho una planificación
selectiva con una utilización de recursos. En cuanto a personal, se
ha incrementado tanto el personal laboral, que es fundamental en
estos centros, como los profesores especializados en pedagogía
terapéutica y audición y lenguaje, que son los dos sectores
fundamentales en los que se atiende a este tipo de alumnos.

Actualmente hay destinado un número específico de profesores que
atienden a alumnos de educación especial, 5.409. Ha habido un
incremento notable de un 12 por ciento en los últimos tres años.

Tengamos en cuenta que la disminución del número total de alumnos que
se produce en nuestro sistema educativo afecta también a los alumnos
con necesidades educativas especiales. Con esto quiero decir que ha
habido un incremento de plantilla de profesorado y una disminución de
alumnos, con lo cual la atención es de más calidad, si es que
relacionamos la calidad con la ratio, pero esa es otra cuestión.

Sobre esta acción de proporcionar medios materiales, de acomodación
de centros y de plantilla de profesores, hay acciones específicas a
las que sí me quiero referir como, por ejemplo, el haber potenciado
durante los últimos tres años una acción específica a través de la
Confederación Nacional de Sordos de España, con la que se tiene
firmado un convenio. Se ha preparado profesorado específico de
lenguaje de signos, de publicaciones y de materiales para la
educación de alumnos con dificultades auditivas a través de la
Confederación Nacional de Sordos de España. Les puedo decir que de 7
profesores especialistas en interpretación de signos que había
durante el curso 1995-1996, muy pocos, se ha pasado a 24 profesores
especialistas en el presente curso. Me dirán que es una cantidad poco
relevante, 24 profesores en lenguaje de signos, pero yo les digo que
sí es importante no ya el incremento de 7 a 24, sino el que haya 24
profesores especialistas en algo que tiene un componente innovador y
de dificultad muy elevada. En este caso, tenemos que agradecerle a la
Confederación Nacional de Sordos de España el apoyo, el interés y la
dedicación de los equipos en el trabajo en esta línea.

Quisiera hacer referencia a que dentro de la política del Ministerio,
como de todas las administraciones educativas, están los programas
que se vienen realizando durante tiempo de becas específicas para
alumnos de educación especial y de programas de garantía social. Esos
programas de garantía social tienen un componente muy elevado de
atención a alumnos con necesidades educativas especiales. Por darles
un dato cuantitativo, les diré que la convocatoria destinada
a programas de garantía social este año ha ascendido, en el territorio
de gestión del Ministerio, porque la convocatoria se hizo en el mes
de junio, a 5.750 millones de pesetas destinados al desarrollo de
estos programas por instituciones sin ánimo de lucro que atienden
toda la demanda que haya de alumnos con necesidades educativas
especiales. Todo ello muestra que dentro de la política educativa del
Ministerio hay un sector importante de atención a alumnos con
discapacidades educativas que requieren esa atención dentro de una
política de educación compensatoria.




El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Álvarez, ¿tiene algo que añadir?



El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Sólo quiero agradecer al señor secretario
general los datos que nos ha proporcionado y alentarle a que se siga
trabajando en esta línea, puesto que es un colectivo muy importante
de alumnos que necesitan de la sensibilidad de todos para poder
atenderles.




-DEL SEÑOR GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE LA VALORACIÓN DEL INCREMENTO DE ESCOLARIZACIÓN EN LA
EDUCACIÓN INFANTIL ENTRE ELAÑO 1996 Y EL PRESENTE CURSO 1999/2000.

(Número de expediente 181/002675.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5. El señor Guerra Zunzunegui
tiene la palabra para su formulación.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hemos hecho esta pregunta porque
queríamos algunos datos sobre este tema que consideramos
fundamentales, por eso al profesor Mur, secretario general del
Ministerio, le querríamos indicar lo siguiente. La educación
infantil, aunque no es obligatoria en nuestro sistema, puesto que
empieza a los 6 y termina a los 16 años, sin embargo, es fundamental.

En todas las reuniones con profesores y en centros de educación
observamos la diferencia que existe entre aquellos chicos y chicas
que han recibido educación infantil y aquellos que no la han
recibido. La preparación, la apertura de mentalidad, la adaptación de
los niños para la primaria es completamente diferente si han seguido
la educación infantil. Especialmente esto se puede observar en las
zonas periféricas de las grandes ciudades y en las zonas rurales. En
las zonas rurales, en localidades pequeñas, aunque existen las
escuelas de educación infantil para pocos niños, sin embargo, se
observa -como ya he dicho antes- la diferencia entre los niños que
han seguido la educación infantil de aquellos que no lo han hecho.




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Por ello, y aunque conocemos en líneas generales, por intervenciones
que ha tenido aquí el ministro, el secretario de Estado y el propio
secretario general, cómo uno de los esfuerzos más grandes que se está
haciendo por el actual equipo es la educación infantil, desearíamos
saber qué incremento de escolarización en la población infantil ha
habido.




El señor PRESIDENTE: El señor Mur tiene la palabra para contestar.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Una de las raíces de la discriminación que se produce en el
sistema educativo arranca, y está demostrado, en la falta de
escolarización en la educación infantil. Es decir, en un porcentaje
muy elevado el fracaso escolar se produce inequívocamente en una
relación causa-efecto en aquellos alumnos que no han sido
escolarizados en educación infantil y empiezan la enseñanza
obligatoria, es decir, la educación primaria, sin tener
escolarización previa.

Todos sabemos que en la Logse la educación infantil es un tramo de
enseñanza no obligatoria. Por tanto, teóricamente no existe la
obligación por parte de los padres de llevar al niño al colegio en
ese tramo de educación, puesto que es voluntaria al no ser
obligatoria. Bien es verdad que en la propia Logse hay un mandato
expreso a todas las administraciones educativas para que dispongan de
puestos escolares suficientes para atender la demanda que haya de
escolarización en ese tramo de enseñanza. La realidad nos lleva, al
Ministerio de Educación, por supuesto, y a todas las administraciones
educativas, a intentar la escolarización total y absoluta a partir
del segundo ciclo de la educación infantil. Es decir, recuerdan SS.

SS. que en el sistema educativo regulado por la ley de 1970 la
educación infantil era a partir de los 4 años, con la nueva
ordenación del sistema educativo abarca la llamada educación infantil
de 0 a 6 años con dos ciclos, siendo el segundo de 3 a 6 años.

Justamente el esfuerzo que han de dedicar las administraciones
educativas es a conseguir la disponibilidad total y absoluta de
puestos para la demanda potencial de alumnado escolarizado de 3 a 6
años.

La situación era distinta en cada una de las comunidades autónomas
del territorio MEC y dependía mucho no sólo de la planificación
educativa en centro, sino de la evolución demográfica. Lo cierto del
caso es que en la escolarización de 4 a 6 años, es decir, la antigua
educación preescolar, en el año 1995 -por tomar un punto de
referencia de los últimos años-, en el territorio gestionado por el
Ministerio, la escolarización de 4 a 5 años no estaba al cien por
cien, estaba aproximadamente en el 91 por ciento de la demanda
potencial. Es decir, había que hacer un esfuerzo inicial para
conseguir la escolarización total y absoluta de 4 a 6 años y, al
mismo tiempo, incrementar la de 3 años progresivamente. En estos
momentos, si en el año 1995 estábamos aproximadamente entre el 90/91
por ciento en 4 a 6 años y del 70 por ciento en 3 años, hemos pasado
en el curso presente a una escolarización del cien por cien en el
tramo de 4 a 6 años y del 90/91 por ciento, según los últimos datos
de este curso, en la escolarización de alumnos de 3 años. Podemos
decir que, en términos relativos, la escolarización
en el segundo ciclo de la educación infantil está cercana
al cien por cien de la demanda potencial que puede haber en estos
tramos. Bien es verdad que se producen aún algunas diferencias entre
zonas rurales y zonas urbanas, fundamentalmente zonas periféricas de
las grandes ciudades, en las que hay que poner un esfuerzo especial.

Dentro de los territorios gestionados por el Ministerio (y al decir
gestionados por el Ministerio tengo que incluir en ellos -puesto que
son los datos de la serie histórica de los últimos años- las últimas
comunidades autónomas que han accedido al ejercicio de las
competencias) la escolarización total de los 3 a los 6 años llegaba
al cien por cien en comunidades como Asturias -cuya gestión
actualmente aún depende del Ministerio de Educación-, Castilla y León
o La Rioja. En cambio, en otras comunidades autónomas, como Murcia
-que ha asumido ya competencias el 1 de julio-, Extremadura o
Castilla-La Mancha hace falta aún completar un porcentaje de 3-4
puntos para escolarizar al cien por cien a los alumnos de 3 años;
porcentaje que se consigue con la previsión planificada para el curso
2000-2001, con presupuestos del año 2000. Es decir, podríamos ya
garantizar que todos los alumnos del segundo ciclo de educación
infantil, demanda potencial, tendrán disponibilidad de puesto escolar
para estar escolarizados a partir de los 3 años. Actualmente, en el
territorio que gestiona el Ministerio hay 166.372 alumnos y, con el
incremento de profesorado destinado a educación infantil -profesorado
especializado-, se ha producido una disminución de la ratio de
alumnos por unidad, de tal modo que hemos pasado de 21,2 alumnos por
unidad en el año 1995 a 19,3 en este curso 1999-2000.

Dentro de esta política de escolarización, el Ministerio adoptó la
decisión de financiar, a través de conciertos educativos, la
escolarización de alumnos en centros de titularidad privada. Con esta
decisión -que entendemos tiene un aval o un respaldo en la propia
normativa de rango legal en esta materia- pretendemos que todos los
alumnos, bajo el principio de libertad de elección de centro, puedan
acceder a la educación infantil. Ahora mismo, si nos referimos a los
porcentajes de distribución de alumnado de educación infantil que
puede haber (y salimos al paso de algunas críticas un tanto
alarmistas sobre ello), en centros públicos están escolarizados el
76,5 por ciento de los alumnos de educación infantil; en centros
concertados, el 7 por ciento -contando la convocatoria de conciertos
que se ha hecho este año- y en centros privados, es decir, centros de
pago, para educación infantil están escolarizados el 16,5 por ciento.

Es decir, la mayoría de los alumnos del tramo 3-6 años de educación
infantil están escolarizados en centros de titularidad pública que
dependen de la Administración educativa. La previsión para el curso
2000-2001 es que la escolarización se incremente en centros de
titularidad pública y en centros de titularidad privada concertados,
y disminuya en centros privados. Es decir, en la práctica llegaremos,
como tendencia, a que la enseñanza en el tramo 3-6 años sea gratuita.

Esto, combinado con el factor que antes señalaba de que no es
enseñanza obligatoria pero que es de oferta gratuita que obliga a
todas las administraciones públicas, nos llevará a conseguir que el
tramo de la enseñanza obligatoriaen España sea de 3 a 16 años, y que
la escolarización,



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en un porcentaje cercano al cien por cien, llegue hasta los 18 años.

En nuestro país no tenemos ya problemas cuantitativos, entre otras
razones por el descenso demográfico, y lo que hace falta es
racionalizar la utilización de los recursos para conseguir, desde
estos planteamientos que digo, que no se produzcan discriminaciones
en el sistema educativo por razones sociales y económicas,
fundamentalmente en zonas rurales y en zonas periféricas de las
grandes ciudades, que todos los alumnos tengan disponibilidad de
puestos escolares en el tramo 3-6 años y que esa disponibilidad sea
absolutamente gratuita, bien mediante puesto escolar público, bien
mediante centro privado concertado.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Guerra?



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Realmente, algunos datos que ha dado el señor secretario general son
muy positivos. El que en estos momentos esté escolarizada el cien por
cien de la demanda potencial, de la población infantil entre 4 y 6
años, creo que es un hito en nuestra educación. Hemos conseguido
escolarizar al 91 por ciento de niños de 3 años, pero pienso que
nunca podremos conseguir el cien por cien porque en esta demanda
potencial de los 3 años hay que contar con los diferentes criterios
de los padres de los alumnos.

Por otra parte, también ha subrayado un dato que es muy importante y
es que el 76,5 por ciento de la población infantil entre 3 y 4 años
está escolarizada en centros públicos y el 7 por ciento en centros
concertados. Es cierto -y nos congratulamos de ello- que van
disminuyendo en un 16,5 por ciento los niños escolarizados en centros
privados, pero lo lógico y a lo que tenemos que tender es a llegar a
cifras de 80/15 ó 75/20, para que sólo quede una pequeñísima minoría
que vaya a los centros privados de pago.

Creo que los datos que se nos han dado son importantes y quizá nos
puedan llevar a que en la próxima legislatura la educación
obligatoria en España, en vez de ser de 6 a 16, sea de 4 a 16 años; y
no digo desde los 3 años porque ahí hay que respetar, indudablemente,
los criterios de los padres de los chicos, que a veces piensan que no
deben estar escolarizados a los 3 años. En todo caso, es un paso
importante y espero que en la próxima legislatura podamos llegar a
que la educación obligatoria en España comprenda de los 4 a los 16
años, que será uno de los grandes hitos para la igualdad de
oportunidades del futuro de los chicos españoles.




-DEL SEÑOR GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DEL INCREMENTO EN EL GASTO POR ALUMNO
EXPERIMENTADO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS. (Número de expediente 181/
002676.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6. Señor Guerra
Zunzunegui, tiene la palabra para su formulación.

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Es indudable el incremento en educación
que se ha producido en nuestro país, no solamente en estos últimos
años, sino fundamentalmente desde el inicio de nuestro sistema
democrático. Quiero recordar aquí lo que fueron los Pactos de la
Moncloa, que creo que fue un primer acuerdo entre todas las fuerzas
políticas españolas en unos años en los que no había suficientes
plazas para los niños y niñas españoles, en los que se hizo un gran
esfuerzo. Cuando a veces se dice que en esos primeros años el
esfuerzo se volcó en la educación y se dejaron algunos proyectos de
obras públicas, yo siempre digo que lo primero en un país es la
educación, aunque tengamos que aplazar otros gastos públicos. Por
tanto, yo me enorgullezco de los esfuerzos que se han hecho en los
últimos años en los presupuestos de educación en nuestro país.

Uno de los datos que se dan en las reuniones de la Unesco y en
reuniones internacionales es lo que en cada país se gasta por alumno
-por eso yo pregunto qué incremento de gasto por alumno se ha
experimentado en los últimos ejercicios-, porque en reuniones
internacionales se dan tres datos fundamentalmente, que es porcentaje
en educación respecto del PIB, porcentaje de educación respecto de
los gastos públicos y un tercer dato que se da siempre, que es el
gasto por alumno en el conjunto de la educación.

De ahí, la pregunta de nuestro grupo sobre cuál ha sido la valoración
del incremento en el gasto por alumno en los últimos ejercicios.




El señor PRESIDENTE: Para su contestación, tiene la palabra el señor
Mur.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Efectivamente, se ha producido un incremento notable en el
gasto por alumno durante los últimos años. Si tenemos en cuenta que
los presupuestos destinados a educación han experimentado un notable
crecimiento y al mismo tiempo se ha producido una disminución del
número total de alumnos, si contamos desde el año 1996 hasta ahora,
en términos globales ha habido un descenso del 8,2 por ciento del
número total de alumnos, y ha habido un incremento presupuestario
que, acumulado, es cercano al 20 por ciento durante ese período de
tiempo, crecimiento nominal acumulado desde el año 1996 acá. En
términos relativos a gasto por alumno el incremento ha sido, yo me
atrevería a decir, casi espectacular, aunque habría que hacer una
serie de consideraciones a las que S.S. acaba de aludir en la
presentación de la pregunta.

Como datos, el gasto medio por alumno en el año 1996 ascendía a
338.969 pesetas por alumno; en el año 1999, rebasamos las 409.000
pesetas. Por tanto, se ha producido un incremento de más del 20 por
ciento en el gasto medio por alumno. Si cogemos los parámetros que
sirven como indicadores de gasto medio por alumno y lo relacionamos
con el número de profesores y con gastos de funcionamiento de los
centros, veremos que se ha producido cuantitativamente una mejora
sustancial en nuestro sistema educativo.

La preocupación es que no existe una relación unívoca, paralela,
entre medios disponibles, recursos, y mejora de la calidad del
sistema educativo, este es un problema que nos



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incumbe directamente en España a los responsables de la
Administración educativa y a todos los que nos preocupamos de la
educación, pero que se está produciendo también en la mayoría de los
países. Todos sabemos que a partir de una determinada utilización de
recursos o de medios en el sistema educativo no se produce una
relación directa entre más medios más calidad del sistema educativo,
se llega a unos topes, es algo así como el debate durante años del
número de alumnos por unidad, por aula o la relación profesor-
alumno, esas cifras mágicas y tópicas que se utilizaban siempre.

Todos sabemos que a partir de un determinado número el hecho de que
se rebaje el número de alumnos por aula no lleva aparejado
necesariamente un incremento de la calidad de la educación. Son otros
muchos factores y algunos de mucha más importancia y más relevancia
que la utilización de los recursos.

Lo cierto del caso es que en estos momentos el gasto medio por alumno
en nuestro país se sitúa, en términos relativos (no en términos
absolutos, porque las comparaciones no pueden ser homogéneas), dentro
de los países de nuestro entorno que están destinando a educación, en
gasto por alumno, unas cantidades similares; yo diría que en algunos
casos concretos de centros o de tramos del nivel educativo estamos
por encima de ese gasto, lo que nos llevaría a reflexionar sobre si
se está obteniendo la rentabilidad esperable de la utilización de los
recursos en las magnitudes que se están utilizando. Bien es verdad
que la réplica que se me puede hacer a esto es que, si disminuye
demográficamente el número de alumnos, es algo que no viene dado por
una política educativa de utilización de medios o recursos sino por
una circunstancia demográfica. Ahora bien, si los presupuestos se
están incrementando significa que hay una voluntad política de mejora
de aportación de medios para el sistema educativo, y las pruebas
evidentes las tenemos en estas relaciones que les he citado; yo tengo
la cifra del gasto medio por alumno de los últimos años y solamente
les he indicado el salto de las 339.000 pesetas en 1996 a las 409.000
del año 1999. Si relacionamos esto con la disminución de la ratio que
hay de alumnos por unidad en cada uno de los niveles educativos
debido a ese 8,2 de descenso demográfico que nosotros acusamos en
nuestro sistema educativo y el que se va a producir en los próximos
años, nos lleva a una llamada de atención seria sobre cómo estamos
planificando la educación, cómo estamos utilizando los recursos y qué
forma habría de rentabilizar más la utilización de esos recursos para
que nuestro sistema educativo, ya que tiene condiciones materiales
suficientes, tuviera una mayor aceptación o percepción de éxito
-pongo lo de éxito entre comillas.

Piensen que nos estamos refiriendo a un período de tiempo
relativamente corto, como es curso 1995-1996 a curso 1999-2000, en el
que estamos ahora. En educación infantil, como he dicho antes,
habíamos bajado de 21,2 alumnos por unidad a 19,3, hay un descenso de
1,7, y tenemos aún en esos restos población que falta por escolarizar
de 3 años, pero hay sobra de puestos escolares en algunos sitios. En
educación primaria, estábamos en el 20,7 en el curso 1995-1996 y
hemos pasado al 18,2, hay una disminución de 2,5 puntos en esos pocos
años. Previsiblemente, como la tendencia se mantiene y los cortes de
edades están estudiados, en los próximos cuatro años se va a producir
otra disminución análoga, con lo cual nos situaremos en un punto en
el que el número de alumnos por aula, teóricamente, si respondiéramos
a esos criterios de disminución aparejada a calidad, la calidad de
nuestro sistema educativo debiera ser excelente, no digo buena, sino
excelente, cosa que, todos coincidiremos, no es exactamente así, por
lo tanto algo habrá que reflexionar sobre esto.

En educación secundaria, del 27,4 alumnos por unidadque había en
1995-1996, pasamos al 25,2, con lo cual hay un descenso también del
2,2. Si observamos estas cantidades, vemos una tendencia homogénea de
que se produce una disminución de la relación alumnos-unidad entre el
2 y 2,5 por ciento en cada uno de los niveles educativos durante
estos cuatro años. En los próximos cuatro años la tendencia es la
misma; por tanto, habrá que reconsiderar la planificación,
construcción de centros, oferta de unidades y posiblemente utilizar
los recursos materiales, no la disminución de recursos, sino la mejor
utilización de esos recursos, para otra serie de actuaciones en el
mundo educativo que estén más necesitadas y que incidan más
directamente en la mejora de la calidad de la enseñanza, puesto que,
en términos comparables con otros países europeos, los indicadores de
calidad en cuanto a gasto por alumno, alumno por profesor, alumno por
unidad, estamos en los parámetros homologables a cualquiera de los
mejores países europeos, no así en calidad de enseñanza, y quiero
insistir en ese punto.

Por tanto, señoría, la valoración que hacemos desde el Ministerio de
Educación sobre ese incremento de gasto por alumno es totalmente
positiva, pero con una consideración, que no debemos dejarnos llevar
por una especie de miopía de indicadores que dicen que una mayor
cantidad económica por puesto escolar lleva aparejada una mejora
equivalente en la calidad de la enseñanza. Hay que considerar otros
factores, y habría que decir que el punto de referencia o el tope
está en tal nivel y, a partir de ahí, no por mayor abundamiento de
medios económicos vamos a conseguir mejores resultados.




El señor PRESIDENTE: Para resaltar los logros, el señor Guerra tiene
la palabra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No, muy brevemente. Sabe el señor
presidente que éste es un tema en el cual yo nunca resalto los logros
de los últimos años sino el conjunto, porque yo creo que esto nos
llena de satisfacción a toda la sociedad española y a nosotros como
representantes de ella.

Los datos que nos ha dado el secretario general son positivos, pasar
de 339.000 pesetas a 409.000, un 20 por ciento, y además hay que
tener en cuenta la baja inflación que ha habido estos años. El
secretario general nos ha dado dos datos que yo creo que son
importantes: primero, la tesis, que compartimos, de que ahora hay que
pasar de los medios a la calidad; absolutamente de acuerdo; todavía
necesitamos algo más de medios en algunos sectores de la educación
media e infantil; segundo, el tema de construcción de centros, no
solamente las tres comunidades que quedan de competencia del
Ministerio, sino en el conjunto de todas las comunidades españolas el
mapa escolar, es decir, las necesidades de centros, en el año 2002
quedará



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terminado y, por tanto, los esfuerzos que se han hecho en inversión
en estos últimos años pasarán (también en inversión en mantenimiento
de esos centros) a ir hacia la calidad, algo que realmente nos tiene
que preocupar, y otro día hablaremos del fracaso escolar.

Quisiera, finalmente, señor presidente, puesto que a lo mejor es la
última comparecencia del secretario general, señor Mur, en esta
Comisión (digo a lo mejor, porque puede haber algo urgente para lo
que esta Comisión pida de nuevo su comparecencia), decirle que le
estamos muy agradecidos, por lo menos nuestro grupo, de que en todas
sus intervenciones -él lo ha dicho en la anterior- no sea
triunfalista, sino que dé unos datos e indique los problemas de la
educación. Señor Mur, por parte del Grupo Popular nos congratulamos
de que haya sido usted secretario general en estos últimos años, en
viejos tiempos donde colaboró con equipos tanto de UCD como del
Partido Socialista y, por tanto, le consideramos un profesional de la
educación. Esperemos que en la próxima legislatura se haga cargo de
responsabilidades importantes en el Ministerio de Educación.




Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra.

Como verá usted, señor Mur, cuando llega la función de control del
Parlamento y la ejercita el partido que apoya al Gobierno, es todo
auténticamente delicioso. (Risas.) Quizá ha coincidido esta
comparecencia suya con el final de legislatura para que no se lleve
usted mal sabor de boca. En todo caso, sabe usted que siempre que
venga a esta Comisión todos los miembros de la misma y la Mesa
haremos todo lo posible por corresponder a lo que usted ha puesto de
manifiesto, que es su deseo y su anhelo en colaborar con sus
trabajos. Si hubiere lugar a volvernos a ver, santo y muy bueno, y si
no, ya le adelantamos que unas felices Pascuas. (Risas.)
Vamos a interrumplir la sesión para tomar un cafetito, porque
afortunadamente vamos bastante bien de tiempo, y así podrán ustedes
hacer el acopio de efectivos para entrar a discutir las
correspondientes proposiciones no de ley. Cinco minutos, no hace
falta que se dispersen ustedes por la geografía madrileña,
simplemente cinco minutos. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY



-RELATIVA A LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE LACALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES. PRESENTADAPOR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001083.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, y entramos en el debate y
votación de las proposiciones no de ley. Como saben, ha sido
solicitado el aplazamiento de las que figuran en el orden del día con
los números siete y diez, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En consecuencia,
debatimos la proposición no de ley que figura bajo el número
ocho, del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación
y defensa damos la palabra a doña Montserrat Palma i Muñoz.

Si nos comportamos todos debidamente, creo que podremos votar a las
doce y media.

Doña Montserrat, disculpe la interrupción. Tiene usted la palabra.




La señora PALMA I MUÑOZ: Esta proposición que trae hoy a esta
Comisión el Grupo Parlamentario Socialista es bastante sencilla en su
parte dispositiva, que insta al Gobierno a crear la denominada
oficina de gestión del Plan nacional de evaluación de la calidad de
las universidades.

No voy a hacer un repaso exhaustivo de las características
y funciones del plan, pero conviene recordar que la oficina de gestión
del plan nacional figuraba ya como órgano a crear por el Ministerio
en el Real Decreto de 1 de diciembre de 1995, a través del cual se
establecía el Plan nacional de evaluación de la calidad de las
universidades. Asimismo, el informe que elaboró el Consejo de
Universidades después de la primera convocatoria del plan, publicado
a finales de 1997, en sus recomendaciones finales, concretamente en
las que se sitúan bajo el epígrafe de propuestas para mejorar el Plan
nacional de evaluación, se insta directamente a constituir la oficina
de gestión del plan para fortalecer la estructura organizativa de la
Secretaría General del Consejo de Universidades.

Hasta el momento, las funciones que debería ejercer esta oficina de
gestión las está asumiendo la Vicesecretaría General de Estudios del
Consejo de Universidades y, por tanto, debemos entender que los
medios materiales y personales necesarios para el correcto
seguimiento del plan son bastante precarios.

La elaboración del plan nacional desde finales de 1995 ha comportado
que se hayan realizado hasta la fecha tres convocatorias -la primera,
por Orden de 21 de febrero de 1996- y tres resoluciones a través de
las cuales se asignaban recursos a las universidades que habían
presentado propuestas de trabajo bajo los diferentes tipos de
proyectos que establece el plan. Asimismo, a lo largo de estos años,
se han establecido convenios con algunas comunidades autónomas -entre
ellas, Cataluña y Andalucía-, a través de los cuales dichas
comunidades con sus propios organismos de evaluación se acogen a los
recursos que distribuye el plan.

Quería recordar aquí que la preocupación por la calidad y la
evaluación no es algo que surge de forma espontánea previamente a la
elaboración de dicho plan nacional, sino que deberíamos casi
remontarnos a la definición y al reconocimiento de la autonomía
universitaria que la Constitución de 1978 establece, desarrollada
posteriormente por la Ley de Reforma Universitaria en 1983. Después
de estas disposiciones normativas se abrió para nuestras
universidades un período en el que la atención estaba centrada en la
organización, en la reforma de las propias estructuras y
especialmente en el crecimiento. Asimismo, simultáneamente se
produjeron algunas recomendaciones de la Comisión Europea sobre la
necesidad de impulsar la cooperación europea en materia de garantía
de la calidad de la enseñanza superior. Así pues, en nuestro país, a
partir de 1991, después de un período en el que estábamos seguramente



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más preocupados por incrementar los recursos del propio sistema,
empezamos a preocuparnos de una forma sistemática por la calidad y
por la evaluación.

Cabe decir con ello que previamente al establecimiento del plan
nacional, España participó también en diversos programas europeos y
desarrolló un programa experimental. Después de las tres
convocatorias, y visto el informe elaborado por el propio Consejo de
Universidades, creemos que esta oficina de gestión, que debe de dotar
de recursos técnicos materiales y humanos al desarrollo del propio
plan, es absolutamente necesaria. Existe un comité técnico, formado
por diferentes expertos de distintas universidades españolas, y
existe también una comisión ejecutiva del plan, formada por
representantes de las comunidades autónomas y de las propias
universidades. Creemos que ni sólo con el comité técnico ni sólo con
la comisión ejecutiva se pueden abordar algunas cuestiones de
funcionamiento cotidiano y regular, puesto que estos organismos se
reúnen de forma bastante espaciada a lo largo del año. Creemos que la
oficina es necesaria por motivos de soporte técnico y por motivos
vinculados a lo que algunos expertos europeos han denominado la meta
evaluación, que seguramente es un tema que en todo este proceso de
evaluación de la calidad de las universidades tenemos todavía
pendiente, en el sentido de que debe haber alguien que se ocupe
también de evaluar el propio proceso de evaluación.

Quiero citar a modo de ejemplo que en países europeos de nuestro
entorno existen diferentes organismos, en muchos casos independientes
de los propios gobiernos, en algún caso son asociaciones de
universidades, como el que se propone es decir, la oficina de gestión
del plan. Es el caso de Francia y de los Países Bajos, donde una
asociación de universidades cooperadoras asume el proceso de
evaluación y especialmente realiza una meta evaluación. También
existe en Gran Bretaña, desde 1992, el Consejo de Calidad de la
Enseñanza Superior. Todos estos organismos tienen una función final
que debería conducirnos a establecer criterios indicadores de alguna
forma homologables para el sistema universitario, no sólo dentro del
Estado español sino también a nivel de la Unión Europea. Si la
palabra homologación algunas veces suscita algunos fantasmas
especiales, lo que no es menos cierto es que deberíamos tender a que,
con criterios de calidad, podamos garantizar la acreditación de
nuestros titulados universitarios ante un reto, que no es a medio
sino a corto plazo, que es el de la movilidad de los profesores y de
los estudiantes no sólo a nivel del territorio español sino a nivel
de la Unión Europea.

Por tanto, proponemos a la Comisión que se inste al Gobierno a crear
esta oficina de gestión de evaluación de la calidad de las
universidades, que deberá, junto al comité técnico y al propio
secretario general del Consejo de Universidades en las tareas
derivadas de coordinación y gestión del plan, funcionar con la
consecuente dotación de personal cualificado y de los medios
materiales necesarios.




El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), doña Carmen Laura Gil i
Miró tiene la palabra.

La señora GIL I MIRÓ: Sin duda, nuestro grupo comparte el objetivo de
la mejora de la calidad y cree también que la universidad, uno de los
líderes intelectuales del país, no puede obviamente sustraerse al
proceso de cambio que contribuye a promoverlo. Es por ello que, como
ha dicho la diputada, en Cataluña las universidades públicas, en uso
de la autonomía que les ha conferido la Constitución y la Generalitat
en el ejercicio de sus competencias universitarias, crearon
conjuntamente ya en el año 1996 la Agencia per a la Qualitat del
Sistema Universitari a Catalunya. Esta Agencia explicita el
compromiso de las administraciones competentes con el objetivo de la
mejora de la calidad, y la experiencia de estos años ha permitido ya
constatar el acierto de esta línea adoptada.

Por otro lado, como ha dicho la señora Palma, la cooperación con este
objetivo no ha sido exclusiva de Cataluña sino que desde otros
ámbitos autonómicos se avanza también en esa dirección. Sin embargo,
también es cierto que difícilmente se puede avanzar en este proceso
de perfeccionamiento de la universidad sin que las administraciones
directamente responsables, como es el caso de la propia universidad y
de la Generalitat en nuestro caso, la Administración autonómica, se
impliquen directamente en el cambio, porque la calidad no es un
objetivo que sea externo a las organizaciones sino que, bien al
contrario, incide en todos sus ámbitos y orienta la actividad
cotidiana. Desde esta perspectiva, a nuestro grupo no le parece
lógico crear una oficina centralizada con este objetivo, porque nos
parece que con posterioridad a las transferencias universitarias, la
creación de una oficina a este nivel es metodológicamente
incoherente, jurídicamente discutible y políticamente regresivo.

En primer lugar, metodológicamente está bien claro que la mejora de
la calidad universitaria requiere la proximidad al territorio. El
análisis de la situación debe ser necesariamente desagregado, no sólo
desde el conocimiento profundo de cada unidad, del centro y del
departamento, que es allí donde se pueden empezar los procesos
participativos y se pueden adaptar a la realidad existente.

En segundo lugar, debemos recordar a la ponente que la evaluación no
constituye un objetivo en sí mismo, que su finalidad es identificar
las propuestas de mejora, los responsables de aplicarla, el
calendario y, sobre todo, hacer un seguimiento y reformular los
planteamientos. Así, la evaluación es una parte a la cual
necesariamente le debe seguir planificación, ejecución y redefinición
de objetivos, y separar estas fases sería ciertamente un
contrasentido.

En tercer lugar, las propuestas de mejora que se deriven de los
procesos de evaluación de calidad son básicamente de dos tipos, por
una parte, aquellas que por ser aplicadas requieren modificar los
criterios de asignación de los recursos disponibles o simplemente ser
susceptibles de ser aplicados sin recursos económicos adicionales, lo
que normalmente se ha de referir al perfeccionamiento de los métodos
didácticos, de la vertebración de materias, de la organización de las
tutorías, de la coordinación de la investigación, etcétera; por otra
parte, aquellas que por ser aplicadas requieren también recursos
adicionales, los que lógicamente corresponde aportar a la
Administración competente en materia financiera, que en el caso de
Cataluña sería la Generalitat.




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Desde una perspectiva jurídica, el Plan nacional de calidad
universitaria no nos parece consistente. En primer lugar, porque el
Real Decreto 1947/1995, de 1 de diciembre, por el que se establece el
Plan nacional de evaluación, invade las competencias en materia
educativa previstas en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña y fue por ese motivo por lo que en marzo de 1996 la
Generalitat planteó el conflicto positivo de competencias ante el
Gobierno del Estado, ante el Tribunal Constitucional, porque la
evaluación es uno de los aspectos funcionales y organizativos de las
universidades y es una competencia que en sus niveles ejecutivos y de
desarrollo normativo ha sido atribuida a las comunidades autónomas.

En segundo lugar, la naturaleza y funciones que los artículos 23 y 24
de la Ley de Reforma Universitaria atribuyen al Consejo de
Universidades no justifican en modo alguno que sea éste, en
sustitución de las comunidades autónomas, quien deba realizar las
funciones de gestión que, de acuerdo con sus competencias, sólo a
aquéllas corresponden. El Tribunal Constitucional fue muy claro
cuando, en su sentencia 145 del año 1989, estableció que la simple
justificación general de un plan o de una medida de fomento o de
coordinación no puede dar cobertura automática a cualquier
instrumento de gestión de aquellas medidas.




En tercer lugar, queremos señalar que el hecho de que en las órdenes
ministeriales a través de las que se convocan las ayudas previstas en
el real decreto se haya incluido la posibilidad de que las
comunidades autónomas, mediante un convenio con el Ministerio de
Educación, puedan realizar algunas de las funciones establecidas en
el real decreto no anula de ninguna manera los vicios de
inconstitucionalidad, sino que con este procedimiento se obliga a las
comunidades autónomas a asumir un convenio con la Administración del
Estado para ejercer competencias que les son propias. Desde una
perspectiva política, parece claro que la creación de la oficina del
Plan nacional de evaluación tiene un carácter regresivo. Por eso, nos
parece que debemos remarcar que la centralización de la gestión de la
calidad universitaria supondría otorgar a una instancia
administrativa la función de evaluación de las competencias
transferidas a otra administración y, desde esta perspectiva, repito,
la creación de una oficina de gestión del Plan nacional de evaluación
de la calidad de las universidades constituye una decisión
políticamente inaceptable, por lo que nuestro voto va a ser contrario
a la proposición de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora García-Alcañiz.




La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: El Grupo Popular ha examinado con
sumo interés la propuesta que ha formulado el Grupo Socialista acerca
de la creación de una oficina de evaluación en relación con la
enseñanza superior, con las universidades. Nosotros nos hemos
preguntado -no sólo en el grupo sino consultando con los enseñantes
de otros tramos de la educación- cuál debía ser la postura a tomar y
hemos concluido que hay que hacer un planteamiento objetivo respecto
a lo que entendemos por evaluación de la calidad. Haciendo este
planteamiento con seriedad y rigor tenemos que pensar en dos
aspectos: la evaluación interna y la
evaluación externa. La evaluación interna debe hacerla cada uno de
los centros educativos, porque es la forma de proceder para
contrastar la realidad, la productividad y la riqueza de lo que se ha
logrado. Si no existe adecuación -como ha dicho hace un momento la
señora Gil i Miró- entre los objetivos a conseguir, las metas que se
han establecido y el quehacer de cada día, habrá que tomar las
propias decisiones y hacer las modificaciones pertinentes para que
ese centro educativo tenga un desarrollo equilibrado y una
productividad, en este caso con el triunfo de su enseñanza al
adquirir un mayor número de alumnos y un enriquecimiento personal
y científico de cada uno de ellos. Esto debe hacerse en todo el tramo
educativo y nos damos cuenta de que algunas universidades sí lo han
hecho y otras no, y que una mayoría de las personas que reclaman eso
no han tenido a bien hacerlo durante períodos en los que han tenido
competencias muy amplias en este terreno. No obstante, el
arrepentirse, el darse cuenta de que hay que rectificar y modificar
nuestros planteamientos, nuestros discursos y nuestras conductas es
bueno y ejemplar para todos.

Lo que aquí se plantea es una evaluación externa y, en este aspecto,
coincidimos en que, como mínimo, e independientemente de cuál sea
nuestra postura a este respecto, tendríamos que conocer cuáles son
los resultados, sí esos resultados han sido contrastados o no. ¿O es
que nunca se ha hecho una evaluación sobre la enseñanza universitaria
en España? Tenemos que dar una definición clara y explícita de las
variables que inciden o no a la hora de apreciar esa calidad de la
enseñanza, lo que implica una metodología adecuada y rigurosa; que
cualquier científico pueda contrastar los datos obtenidos, porque,
evidentemente, la ligereza con que se habla de la calidad por muchos
responsables sorprende, al menos a las personas que saben un poco de
esto y que han tenido competencia y responsabilidad. Aquí se habla de
calidad sobre cosas tan peregrinas como, por ejemplo, hacer una
publicación en la hoja parroquial o en cualquier periódico de
distribución un poco más amplia y eso se considera como mérito
académico para opositar a cualquier cosa. Es poco serio y poco
riguroso. Por tanto, esos requisitos mínimos tienen que estar
metodológicamente contrastados, como mínimo, tienen que reunir los
requisitos que se requieren para cualquier medida en ciencia, es
decir, ser fiables, válidos y que puedan estar tipificados, todo lo
demás son zarandajas, ganas de entretenernos hablando del mar y los
peces o de cosas más serias, pero con una frivolidad asombrosa.

Independientemente de esto que hemos dicho de que como requisito
previo ha de existir una adecuación entre objetivos, metas y realidad
objetiva del quehacer de cada día, en relación con la calidad hay que
considerar también el mérito académico de los profesores de la
universidad, de los profesores de enseñanza primaria, de los
profesores de enseñanza media y de los profesores de infantil, por lo
difícil que es impartir la enseñanza a esas edades cortas; es más
fácil dar una clase en la universidad que dar una clase a unos niños,
ya que hay que adecuarse y ponerse a su altura. Hay que tener en
cuenta la movilidad de los estudiantes y profesores y yo tengo que
decirle, señora Palma, que ustedes han hecho todo lo posible por
favorecer la inmovilidad. Prohibieron explícitamente la movilidad de
los estudiantes en el territorio español y prohibieron asimismo por
ley -estaba en la LRU- que los profesores universitarios pudieran
desplazarse de una universidad a otra,



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de tal manera que si querían cambiarse perdían su cátedra y tenían
que hacer oposición de nuevo para acceder, para formar parte del
profesorado de otra universidad. De manera que nos alegra muchísimo
que ustedes hayan cambiado de opinión y nos traigan aquí cosas que
pueden tener aspectos positivos, como es el recurrir de nuevo a la
movilidad del profesorado y de los estudiantes. Hay que dar un apoyo
real y decidido a la investigación, a la investigación básica y a la
investigación aplicada. Éstos son, en gran medida, los criterios
objetivos que deben contrastarse, que deben someterse a las variables
rigurosa y científicamente contrastadas para que nos den los
indicadores determinantes de si existe o no calidad en la enseñanza,
cuáles son los factores definitorios de este concepto y cuáles son
los pesos específicos o factoriales, como se llaman científicamente,
que alcanzaría cada una de estas variables en la definición de la
calidad.

Finalmente, tiene que existir una adecuación entre esa calidad y la
responsabilidad que tiene la universidad en este contexto; es decir,
la responsabilidad de esa universidad frente a la sociedad o en la
sociedad de la que forma parte y, por tanto, una armonización entre
esas normas, la sociedad y la propia autonomía de cada una de las
universidades en las autonomías que España se ha dado en su
Constitución.

Sinceramente, a mí me alegra esta propuesta, pero considero que está
hecha con falta de seriedad y rigor y, por tanto, nuestro voto no va
a ser favorable a la gestión de la misma. Además, es cierto, si nos
fijamos en el real decreto, que en estos momentos está en una
modificación seria; es verdad que el Consejo de Universidades sería
favorable a que existiera esta oficina de gestión, pero tampoco
debemos burocratizar excesivamente las cosas; si esto es una
evaluación, tiene que ser una evaluación científica y, por tanto, no
debemos crear una gran cantidad de órganos administrativos que lo
único que hacen es poner trabas y no avanzar en lo que pretendemos.

(La señora Palma i Muñoz pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Entendiendo que ha habido alguna alusión que ha
superado lo dialécticamente admitido, tiene la palabra, señora Palma,
pero no incurra usted en el mismo error.




La señora PALMA I MUÑOZ: Respetaré escrupulosamente sus
recomendaciones, señor presidente.

Sobre la intervención de la portavoz del Grupo Popular, que me ha
parecido que en algún momento tachaba nuestra propuesta de frívola e
incluso de gratuita o incoherente, quiero recordar que el Grupo
Socialista no ha hecho más que trasladar a esta Cámara, en forma de
proposición no de ley, una recomendación que figura en el informe de
la primera convocatoria del plan nacional, informe publicado,
suscrito y aprobado por el Pleno del Consejo de Universidades. En
cualquier caso, me permito recordarlo por si desde el Grupo
Parlamentario Popular se le puede hacer llegar -nosotros también
intentaremos hacerlo- al máximo responsable, en estos momentos, del
Consejo de Universidades, su secretario general. En unas jornadas
especialmente interesantes, que fueron organizadas por la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, por la Fundación
Universidad y Empresa y por la Embajada de los Estados Unidos de
América -no especialmente
sospechosos de según qué cosas, como las que ha expuesto
aquí la portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, el entonces
director general de Universidades de la Comunidad de Madrid y actual
secretario general del Consejo de Universidades decía que, ante la
ausencia de directrices del Consejo de Universidades, cabía impulsar
todavía más las competencias de las comunidades autónomas y de las
propias universidades en estos temas. Vinculando esta afirmación con
la exposición absolutamente respetable de la postura del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cabe decir que, al lado
de la recomendación de la creación de la oficina de gestión del plan,
el propio informe del Consejo de Universidades insiste muchísimo en
la necesidad de que las comunidades autónomas, una vez cumplidos
todos los traspasos de competencia en materia universitaria, cobren
mucho más protagonismo del que han tenido hasta ahora en los procesos
de evaluación de calidad de las universidades, pero también bajo la
fórmula de cooperación en el propio plan nacional.

Respecto a lo que ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), la cooperación ha sido una metodología
recomendada por la Comisión de la Unión Europea, que insistió hace ya
un par de años en que era absolutamente necesario utilizar
metodologías comunes para disponer de mecanismos estables y
coherentes de evaluación y especialmente de garantía de calidad de la
formación superior a escala europea y mundial.




El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz.




La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Creo que la réplica de la portavoz
socialista, señora Palma, no ha hecho sino confirmar la exposición
que yo he hecho, ampliándola un poco. Es decir, que tiene que haber
una conformidad y una homogeneización de criterios para que esta
evaluación sea realmente positiva. Lo que he aducido además de esto,
y que no voy a repetir, es que en estos momentos se está trabajando
en la modificación del Real Decreto 1947/1999 para que exista una
mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión y
ejecución del plan y para que exista esa homogeneización. Me alegro
mucho si el criterio del Partido Socialista es el que acaba de
exponer su portavoz, que es coincidente con el nuestro.




El señor PRESIDENTE: Para no incurrir en inequidad, señora Gil i
Miró, ¿se da por aludida? (Pausa.) Simplemente por mencionada.




-SOBRE ADAPTACIÓN DEL TÍTULO II, DE LA LEY ORGÁNICA8/1985, DE 3 DE
JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA NUEVA REALIDAD DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LA
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001245.)



El señor PRESIDENTE: Acabada la tramitación deesta proposición
pasamos a la siguiente, que figura bajo el



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número 9, también del Grupo Socialista del Congreso, para cuya
presentación y defensa tiene la palabra don Bernardo Bayona.




El señor BAYONAAZNAR: En primer lugar, esta proposición, no de ley se
presentó en la Cámara en el momento en el que se tramitaba un
proyecto de ley de modificación de la LODE, además de modificación
del título II y de la composición del Consejo Escolar del Estado al
objeto de incluir un segundo representante municipal. Desde el Grupo
Socialista entendimos, y así lo planteamos porque aquel proyecto de
ley estaba dentro de lo que dio en llamarse proyectos de ley para un
supuesto pacto local, que la modificación que había que hacer del
Consejo Escolar y del título II de la LODE debería ser más coherente
y reflejar el momento político e histórico del sistema educativo
español y, por tanto, debería ser más profunda. Para ello, dejando
también en manos del Gobierno la iniciativa, elaboramos en su momento
esta proposición no de ley que se ve un año más tarde, lamentando en
este momento que tengamos que estar debatiendo esta proposición no de
ley en lugar de estar aprobando definitivamente un nuevo título II de
la LODE acorde con el Estado autonómico y con la descentralización de
competencias educativas a que hemos llegado a finales de este siglo.

Por lo tanto, este es el origen inmediato de la elaboración de la
proposición no de ley. El objetivo de fondo, es decir, más allá de la
coyuntura que dio lugar a esta proposición no de ley, es que el
Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo que tiene una
serie de competencias congruentes con las competencias de carácter
estatal que tiene el Ministerio de Educación una vez transferidas las
competencias de gestión ordinaria del sistema educativo a las
comunidades autónomas. Todas aquellas competencias relativas, por
ejemplo, a normas básicas que debe dictar el Estado en desarrollo del
artículo 27 de la Constitución en cuanto a igualdad de derechos y
oportunidades de la enseñanza. En todas aquellas que corresponden al
Estado para la ordenación general del sistema educativo, por ejemplo,
en cuanto a la determinación de los niveles educativos, requisitos
mínimos de centros, obtención y homologación de títulos académicos,
etcétera, el Consejo Escolar del Estado seguirá siendo el principal
órgano de participación educativa y de consulta por parte del Estado,
del Ministerio de Educación y de la Conferencia Sectorial para
legislar sobre todas estas materias en las que, insisto, continuará
habiendo competencias de carácter estatal.

No hacerlo así, es decir, no modificar el Consejo Escolar del Estado
y no tenerlo en cuenta a la hora de efectuar estas modificaciones, no
solamente vulnera el carácter participativo que dio al sistema
educativo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, sino que impide
avanzar en la regulación por consenso de aspectos que son
fundamentales. Les voy a poner un ejemplo de estos días. El Consejo
Escolar del Estado no ha querido pronunciarse, ha retirado del orden
del día el posicionamiento sobre la reforma de la formación
profesional, puesto que le llegaba para debatirlo una vez que el
proyecto de ley de reforma de la Logse en cuanto al paso de unos
ciclos a otros de formación profesional ya estaba aprobado por el
Consejo de Ministros. Esto es un ejemplo del desprecio que se hace al
órgano máximo
de participación, insisto, es un ejemplo concreto, pero podríamos
citar otros. Por tanto, lo que se pretende con esta proposición no de
ley es reforzar el Consejo Escolar del Estado, pero hacerlo en tanto
en cuanto se adapte a la nueva realidad autonómica del Estado español
en materia educativa. Existen, se han generalizado y se van a
generalizar cuando se termine el traspaso de competencias, Consejos
Escolares de comunidad autónoma. Puesto que la LODE deja abierta esa
posibilidad, existen y pueden existir otros consejos escolares de
otros ámbitos territoriales entre el Consejo Escolar de Centro, que
está regulado por la LODE, y el Consejo Escolar de comunidad autónoma
-que, como digo, prácticamente se están generalizando-; pueden
existir otros consejos escolares de ámbito municipal, comarcal, de
distrito, etcétera.

La procedencia y la forma de elección de los actuales consejeros del
Consejo Escolar del Estado poco tiene que ver, y es lógico que así
sea, con la descentralización profunda que ha sufrido el sistema
educativo español. Es decir, la LODE se redacta y se aprueba por
estas Cámaras en el año 1984. Estamos en 1999, han pasado 15 años, se
ha transferido el sistema educativo y nosotros pensamos que sería
conveniente incorporar al Consejo Escolar del Estado representantes
que de alguna manera simbolicen la nueva realidad. Quizás más
representantes de entidades locales, no sólo los dos que hay
actualmente. O quizás no, a lo mejor estos tendrían que estar en los
consejos escolares autonómicos. Sin duda, es excesivo el número de
representantes de la Administración educativa y en concreto el número
de miembros que nombra el Ministerio de Educación. Nosotros, en lo
que se va a votar, es decir, en la propuesta concreta, no optamos por
ninguna fórmula de representación. Es decir, no decimos cómo tiene
que componerse. Simplemente exigimos que se adapte ya. Es posible que
en el debate sobre la composición concreta tengamos discrepancias
unos grupos y otros. Nosotros, por ejemplo, aunque lo ponemos en la
exposición de motivos, somos partidarios de que haya representantes
negociados o nombrados por la conferencia sectorial más que por el
Ministerio de Educación. No seríamos tan favorables -y aquí habría
discrepancias con otros grupos- a que el Consejo Escolar del Estado
se entendiera como un órgano confederal o, dicho de otra manera,
simplemente como la suma de consejos escolares autonómicos.

En el texto que se va a votar simplemente pedimos que se adapte, que
se envíe un proyecto de ley para discutir cuál debe ser la
composición más adecuada a la nueva realidad del sistema educativo
español. Además, la relación entre la conferencia sectorial y el
Consejo Escolar del Estado es rígida en la LODE y posiblemente
tendríamos que replanteárnosla, entre otras cosas para que se cumpla,
puesto que si no nos encontramos con una situación -como he dicho
anteriormente- en la que de hecho se da la espalda al Consejo Escolar
del Estado.

Este es el objeto de nuestra proposición. Quizás el debate llega
tarde, y lamentamos que no estemos en este momento debatiendo el
proyecto de ley en su fase final pues y entonces podríamos empezar la
nueva legislatura con un Consejo escolar adaptado a la nueva
realidad. Pero en esto, como en tantas otras cosas, el Partido
Popular ha hecho dejación del liderazgo que le correspondería en la
modificación



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y en la adaptación del Ministerio de Educación y de los órganos
estatales a la nueva realidad autonómica.




El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra
doña Carme Laura Gil i Miró.




La señora GIL I MIRÓ: Intervengo a los solos efectos de manifestar
nuestro acuerdo con la redacción de la proposición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Eduardo
Rodríguez Espinosa tiene la palabra.




El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Intervengo en nombre del Grupo Popular
para fijar posición en relación a la iniciativa del Grupo Socialista,
por la que se insta al Gobierno a remitir en el plazo de tres meses
un proyecto de ley de modificación del título II de la Ley Orgánica
8/1985, título que afecta -como ha indicado su portavoz- a la
composición del Consejo Escolar del Estado y a la relación entre éste
y la conferencia sectorial de Educación. Esta modificación la
justifica el grupo proponente en la nueva realidad derivada del
proceso de traspaso educativo a las comunidades autónomas.

El Grupo Popular anticipa su voto favorable a esta iniciativa, aunque
entiende que sería oportuno hacer alguna reflexión tanto sobre su
necesidad como por la conveniencia de que en un órgano de ámbito
estatal como es el Consejo Escolar del Estado estén presentes de
forma directa las instituciones de las comunidades autónomas,
reflexiones que queremos hacer considerando que la finalidad de este
órgano estatal es la participación de los sectores afectados por la
programación general de la enseñanza y el asesoramiento en los
proyectos de ley o reglamentos que pudiera proponer el Gobierno
central. Si se comparte esta idea que, por otra parte, es la que
desde nuestro punto de vista consta en la LODE, no sería disparatado
considerar que en los consejos escolares de ámbito autonómico hubiese
igualmente siempre un representante del Ministerio de Educación o de
la Administración del Estado puesto que la finalidad de este Consejo
es la misma que la del Consejo estatal pero en su ámbito territorial
autonómico. Sin embargo, una solución por este camino desvirtuaría el
sentido real que la LODE atribuye a los consejos escolares en cuanto
órganos de participación y consultivos para su respectivo ámbito
territorial y no de mezcla de competencias ni de ámbitos.

Un segundo punto que se trata en la proposición no de ley es la
participación de las comunidades autónomas en las decisiones que
afectan al sistema educativo general. A este respecto debemos
recordar que la cooperación entre ambas administraciones se realiza
en los órganos propios y legalmente previstos que para el caso que
nos ocupa es la conferencia sectorial de Educación, cuyo reglamento,
aprobado el 22 de julio pasado, en su artículo 2 prevé que el
ministro, como presidente de dicha conferencia, pueda convocar a sus
reuniones, bien por propia iniciativa o a propuesta de los
representantes autonómicos, a todas aquellas personas que por sus
cualidades, conocimientos o experiencia, sea conveniente que estén en
la conferencia. En
virtud de esta previsión cabe el supuesto de que asistan a la
conferencia miembros del Consejo escolar, y de la misma manera la
conferencia sectorial podría analizar cualquier informe que el
Consejo escolar del Estado decidiera elevar a la misma.

Ala vista de estas reflexiones lo más procedente sería o bien pedir
la retirada de esta iniciativa o no apoyarla y no por una cuestión de
fondo, sino por innecesaria. No obstante, como el Grupo Popular lo
que persigue es el buen funcionamiento del sistema educativo y el
máximo consenso en materia de educación, hemos preferido votar a
favor en la convicción de que la reforma propuesta no era necesaria
ni el camino elegido -modificación de una ley orgánica- es el único
posible.




-SOBRE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL EDIFICIO DE LA
ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL DE MURCIAYPARALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
DEMOLICIÓN PROMOVIDO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.

(Número de expediente 161/001180.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura al número 11.

Señor Ríos, le corresponde a S.S. presentar y defender la proposición
no de ley que figura con el número 11, sobre declaración de bien de
interés cultural del edificio de la antigua prisión provincial de
Murcia y paralización del proyecto de demolición promovido por el
Ministerio de Economía y Hacienda, proposición no de ley que tiene
presentada dos enmiendas, una, del Grupo Parlamentario Popular y,
otra, del Grupo Socialista.

Comience por la defensa de la suya, señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: El precedente de esta proposición no de ley
está sugerido por dos grandes iniciativas previas. Una, que el
Ministerio de Economía y Hacienda para ubicar las oficinas de la
Agencia Tributaria de Murcia utiliza parte del patrimonio de la
antigua cárcel que está situada en el centro de Murcia. En lugar de
ir a una remodelación del edificio va a una demolición del actual
edificio y la construcción de una nueva planta de esas
infraestructuras. Existe un cierto movimiento social, que sería un
segundo hecho para recoger la propuesta, tanto de intelectuales como
de sectores sociales porque precisamente esa antigua prisión tiene un
valor sociocultural por la evolución que ha tenido a lo largo de la
historia de España. No se les escapa a SS.SS. que durante un largo
período ha sido usada para que determinados ciudadanos, que hacían
uso de su derecho a militar políticamente o a participar en la vida
pública, fueran recluidos en esas instalaciones para que dejaran o
desistieran de su voluntad de organizarse políticamente. Es una parte
de la historia murciana, es una parte de toda nuestra historia.

Demoler significaría archivar, olvidar y nuestra voluntad es que ese
edificio se rehabilite y se recupere como centro para actividades
socioculturales. ¿Quién debe hacer esas actividades socioculturales?



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Lógicamente las administraciones más cercanas al ciudadano. Por
tanto, el objetivo de nuestra proposición es doble. Uno, que la
administración competente, es decir, el Ministerio de Educación y
Cultura, a través del órgano pertinente, incoe el expediente de bien
de interés cultural. Yo mismo le pedí directamente a la entonces
ministra de Educación y Cultura el 16 de julio de 1998, hace ya más
de un año, que se abriera esa declaración de interés cultural y una
vez declarado pudiese actuarse en el segundo punto de nuestra
proposición. Pero, mientras tanto, que no fuese demolido porque se
podía declarar de interés pero estar las piedras en el suelo y no
servir absolutamente para nada.

Por tanto, la primera parte es paralizar de oficio el proyecto de
demolición. Es verdad que existe una ley que así lo indica, pero esa
ley había sido desoída en el trámite anterior, precisamente porque la
evolución iba a dar con las piedras en el suelo, a pesar de la
existencia de esa ley. Es verdad que había una propuesta desde la
comunidad autónoma, desde el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia,
aprobada en el Pleno, y desde la Dirección General de Cultura del
propio Ministerio de Cultura que promovían esa declaración de interés
cultural. Hubo una cierta demanda social, un alto grado de esa
demanda social para que dicho inmueble tuviese ese reconocimiento.

¿Cuáles son los precedentes para que esto pudiera ser así? Primero,
dicho inmueble fue incluido en el catálogo de edificios de interés
por la Dirección Provincial de Bellas Artes en el año 1979 y,
segundo, el 24 de septiembre de 1981, por resolución de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, se incoó expediente de
declaración de dicho edificio como bien de interés cultural. Si el
expediente se incoa en el año 1981 y se llega a 1998 sin que se
hubiese terminado su tramitación, señor presidente, creo que hay
muchos años por medio. Ese expediente se había archivado y, por
tanto, no había seguido el cauce de esa declaración de bien cultural.

Ese expediente se declaró caducado en el año 1993.

El Ministerio de Cultura resolvió, con posterioridad a ese año,
conservar ese inmueble y abrir un museo en ese edificio. El proyecto
fue redactado y presentado por un arquitecto que en aquella época
trabajaba para el propio Ayuntamiento, y está aprobado. Es decir,
toda la cadencia demuestra que el bien de interés cultural existía,
que el edificio cumplía los requisitos de carácter artístico y
cultural -entendiendo la cultura como un conjunto de voluntades de un
pueblo-, y que además había un proyecto para hacer un museo en ese
edificio, aunque también es verdad que desde el Gobierno central no
se puede decidir qué museo ni qué gestión debe hacerse.

Concluyo, señor presidente, diciendo que el objetivo de nuestra
posición sería, en primer lugar, declarar el bien de interés cultural
que fue archivado en 1993, promoviendo un nuevo expediente, y
paralizar de oficio ese proyecto -es verdad que ese proyecto está
paralizado en este momento porque la Agencia Tributaria,
afortunadamente, ha desistido-; en segundo lugar, proponemos -como
tantas y tantas iniciativas han hecho en esta Cámara, tanto en
Comisión como en Pleno- instar a la Administración central para que
promueva un convenio de colaboración con la autoridad que debe
gestionar este asunto, cual es el Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué es lo
que puede facilitarse en ese convenio? Aquí, tentativamente,
deberíamos de hablar -y
hablamos- de cesión, de permuta, de compra. ¿Para qué? Para facilitar
un doble objetivo: por un lado, la rehabilitación del edificio de la
antigua cárcel y, por otro, que la Agencia Tributaria tenga sus
instalaciones. Através de este convenio se podría también buscar un
solar en el que ubicar la nueva sede de la Agencia Tributaria,
dedicando la cárcel hoy abandonada a otro uso distinto. Hay
competencias municipales en este sentido y la dirección de Cultura
puede facilitar la solución. Ese es el objetivo de la proposición. El
tema no está solventado y, por tanto, se puede discutir aquí, puesto
que el estímulo no caerá en saco roto.

A esta proposición se han presentado dos enmiendas y, aunque la
Presidencia nos preguntará al final si las aceptamos o no, me voy a
referir a ellas en el sentido de buscar un objetivo más positivo para
los que estamos en la oposición. Durante año y medio ya se ha hecho
la crítica y ahora vamos a sacar la parte más positiva: que se pueda
aprobar algo. En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo
Socialista, acabo de venir de la Comisión de Presupuestos, en la que
estamos discutiendo el articulado de la ley, y creo que es una
enmienda que se puede incluir en los presupuestos, aunque entiendo
que se haya presentado aquí porque, al final, lo que pretendía el
Grupo Socialista es que, a la vez que en nuestra proposición
instábamos al Gobierno -nuestra propuesta tenía ya un tiempo de
cadencia puesto que fue presentada en octubre de 1998-, se pudiera
recoger un compromiso presupuestario para hacer realidad la nueva
sede de la Agencia Tributaria. Lo que pasa, señor presidente, es que
si esto se admite por parte del proponente, tendrá un voto contrario
de la mayoría de la Comisión. Por eso, entendiendo que la propuesta
es positiva, que buscaba solventar una parte del problema y que
estamos a tiempo de poder incluir esta enmienda en el debate
presupuestario que culminará, Dios mediante, dentro de dos semanas en
el Pleno, no voy a admitir la enmienda, con el fin de que no suponga
una implicación contraria al voto, pero no en el sentido de que la
enmienda no venga a cuento, que viene, y no sea oportuna, que lo es.

La segunda enmienda, que se ha presentado por parte del Grupo
Parlamentario Popular, la voy a aceptar, con dos matizaciones.

Después le pasaremos a la Presidencia su redacción definitiva, para
que el señor presidente disponga del texto que ha de someter a
votación. En primer lugar, queremos que se corrija la palabra
«decidan», porque el Grupo Popular pretende que decida una academia y
nosotros estimamos que no son las academias las que deben decidir,
sino proponer; la Administración es la que debe decidir la
calificación definitiva. En segundo lugar, queremos que se mantenga
la previsión de paralización de oficio del proyecto de demolición.

Por tanto, se haría una síntesis del punto primero de nuestra
proposición con el texto que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular. Si el Grupo Popular acepta esa transacción a su enmienda,
creo que podría ser aceptada mayoritariamente. Nos hubiese gustado
que también se hubiesen recogido otras partes de la propuesta, pero
quedarán para otro momento. Ojalá este diputado pueda defenderlas en
la próxima legislatura en esta Cámara. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos. Incluyendo también
entre los votantes a los que han sido



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hospedados en el edificio y que guardarán grato recuerdo, según lo
que usted ha puesto de manifiesto, no me cabe la menor duda que
gozará usted de la confianza suficiente como para defender
proposiciones como ésta o alguna similar.

Pasamos al trámite de defensa de las correspondientes enmiendas,
comenzando por la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra don Juan Carlos Ruiz, para la defensa de su
enmienda.




El señor RUIZ LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecer la posición de
los demás grupos a la hora de evaluar el motivo de la presentación de
nuestra enmienda, y creo que el diputado de Izquierda Unida lo ha
dicho muy claramente. Efectivamente, habría que conseguir que se
vuelva a incoar ese expediente para ver si el edificio de la antigua
prisión provincial de Murcia puede ser declarado bien de interés
cultural, y ése ha sido el motivo que ha llevado al Grupo
Parlamentario Popular a plantear esta enmienda para que, con toda la
legitimidad del mundo y aprovechando que hablamos de la prisión, se
pueda hablar del edificio, se pueda hablar de los usos, se pueda
hablar de presupuestos, se pueda hablar de la Agencia Tributaria y se
pueda hablar de muchas cosas, pero creo que lo que nos centraba era
lo que he expuesto al principio.

En nuestra enmienda planteamos la desaparición del punto 2 porque
entendemos que no es esta Comisión la que tiene que instar al
Ministerio de Economía a que haga ningún convenio. Lógicamente tiene
facultades para ello y lo puede hacer, pero consideramos que sería
más lógico que el diputado de Izquierda Unida planteara en la
Comisión de Economía la posibilidad de hacer ese convenio. En segundo
lugar, y refiriéndome también a la enmienda del Grupo Socialista,
valoramos el esfuerzo que ha hecho por colaborar y por dar más ideas,
aunque no era exactamente el tema que nos correspondía tratar esta
mañana. Nosotros entendemos que si realmente quieren que esa enmienda
se recoja, la deben plantear en la Comisión de Presupuestos. Si allí
se acepta, estaremos encantados de que salga adelante y, por
supuesto, como diputado por Murcia, contento de que la Agencia
Tributaria tenga una nueva sede y que se le dote con una partida
abundante.

En relación con los bienes de interés cultural, entiendo que no es
lógico que seamos nosotros, desde esta Comisión, los que valoremos si
son o no son bienes de interés cultural. Lógicamente, podemos tener
nuestras ideas y nuestra manera de pensar, pero creemos que debe ser
un grupo de expertos -que es lo que plantea el Grupo Parlamentario
Popular- quienes informen -en este caso, debido a la modificación que
hemos hecho- para valorar si ese edificio del que estamos hablando
sería un bien de interés cultural. Por eso proponemos, y ahí está el
sentido de nuestra enmienda, que sean las reales academias de Bellas
Artes y de San Fernando las que informen si el edificio en cuestión
tiene o no valor para su declaración como monumento, y por eso
también queremos valorar, porque estamos hablando de expertos, las
iniciativas que han tenido colectivos de Murcia como, por ejemplo, el
Colegio de Arquitectos, o personas a nivel individual con prestigio
dentro de la región de Murcia, que nos merecen todo el respeto y que
han ayudado a que esto vaya adelante.

Como Grupo Parlamentario Popular tenemos que decir que por nosotros
que no quede, que si hay que volver, como también ha dicho antes
Pedro Antonio Ríos, como en 1981 a incoar un expediente, si hay que
volver a hacerlo ahora, que se haga, no queremos que por nuestra
culpa o intolerancia un edificio que puede ser bien de interés
cultural desaparezca. Nuestra intención, es que se empieze a trabajar
en esa línea, y ahí es donde nosotros estamos.

No quiero alargarme más, sólo decir que aunque el diputado de
Izquierda Unida, señor Ríos, se ha empeñado un poco en que aparezca
al final de lo que era nuestra enmienda -que nosotros aceptamos- que
se paralice de oficio su demolición, consideramos que estaba ya
incluido dentro de los artículos 11 y 16 de la Ley 16/1985, pero,
como ya está incluido, por redundar tampoco importa.

Agradecemos al proponente de Izquierda Unida que haya aceptado
nuestra enmienda, y lógicamente votaremos a favor.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, la señora Cánovas, para
defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.




La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Intervengo para defender la enmienda de
adición presentada por mi grupo cuyo texto leo: «El Ministerio de
Economía y Hacienda recupere en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000 las cantidades comprometidas en el presupuesto de
1997 de 1.700 millones de pesetas, a fin de construir la nueva sede
de la Agencia Tributaria en Murcia con la programación plurianual
adecuada».

Dicha enmienda se defiende por sí sola; no obstante daré algunas de
las razones que nos inducen a presentarla, así como a apoyar la
iniciativa de Izquierda Unida, ya que, estando a favor de la
declaración de BIC de la antigua prisión y de que en Murcia se
construya un nuevo edificio para Hacienda, creemos que debe de ser en
otro lugar.

El Ministerio de Economía y Hacienda tiene en Murcia una delegación
que quedó pequeña hace años, planteándose con buen criterio su
ampliación en un nuevo y moderno edificio que centralizará todos los
servicios que presta Hacienda en la región de Murcia, consignando en
el presupuesto de 1997 una partida sobre una programación plurianual
que llegaba hasta el 2000 y que con un cuantía de 1.700 millones de
pesetas diera satisfacción al que no hemos dudado en calificar de
acertado propósito. Pero he aquí que lo que no fue acertado sino más
bien todo lo contrario, fue la ubicación de dicho edificio. Se buscó
un sitio céntrico, y algún técnico o político creyó encontrar la
mágica solución al ver que en el inventario de los bienes del
Ministerio de Hacienda aparecía la antigua prisión provincial de
Murcia sin presos dentro y a la espera de que las administraciones
competentes le buscaran un uso acorde con su arquitectura y su
historia y que fuera bien visto por los ciudadanos de Murcia.

Propuestas ha habido varias, incluso convenios o proyectos de
convenio entre la consejería de Cultura y el Gobierno central, a fin
de instalar allí un museo del que existe proyecto o incluso el
archivo histórico-artístico, pero



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ninguno fue llevado a término. En esto, el Gobierno central tira por
la calle de enmedio, y, desoyendo las propuestas ciudadanas que
solicitan la declaración BIC para el edificio, elabora un proyecto de
demolición de la cárcel vieja, como es conocido popularmente el
inmueble, y pretende construir en su solar la nueva sede de la
Agencia Tributaria en Murcia. Arrecian las protestas, y en una
actuación de esas a las que nos va acostumbrando el Gobierno del
señor Aznar simplemente elimina de los presupuestos los 1.700
millones, dejando plantado al ayuntamiento y a la comunidad autónoma
en sus intentos de ayudar al Ministerio para que Murcia no quede sin
esta inversión que concentraría en un edificio los servicios que
actualmente están repartidos por la ciudad. Da un portazo,
despreciando a los ciudadanos que han demostrado tener más sentido
común que el Gobierno, y dice con los hechos: pa mí la perra gorda.

Si comparamos los presupuestos de 1997 con los del 2000, vemos que no
es el único caso. Otro ejemplo sangrante de esta práctica del
Gobierno es la desaparición en los presupuestos del 2000 de los 4.000
millones que venían siendo destinados a la construcción por Bazán de
la segunda fase de los cazaminas en Cartagena, y no aludo a este caso
porque tenga que ver con la declaración BIC del edificio de la
antigua prisión o la construcción del nuevo de Hacienda sino para
demostrar que el Gobierno del señor Aznar ni siquiera maquilla sus
incumplimientos.

Por tanto, nuestro grupo dará el respaldo a la propuesta de Izquierda
Unida en sus dos apartados o como estime conveniente el proponente,
sea o no aceptada nuestra enmienda, ya que considera que el edificio
de la antigua prisión provincial es un monumento singular que debe
ser declarado BIC, y que por su singular arquitectura y sobre todo
por su historia, además de su ubicación y accesibilidad, debe ser
destinado a un uso cultural, y no seguir abandonado sino reutilizado
como parte de un patrimonio que no nos pertenece y que debemos legar
a las generaciones futuras.




El señor PRESIDENTE: Estando como están ustedes de acuerdo
fundamentalmente en dos cosas que pueden parecer tan paradójicas,
como conservar las cárceles y mejorar los servicios de la Hacienda
pública, que trasladado al exterior puede produce alguna sorpresa, no
vale la pena que nos empeñemos en pequeñas peleas. (El señor Ruiz
López pide la palabra.)
Brevemente, señor Ruiz.




El señor RUIZ LÓPEZ: Serán cinco segundos.

En primer lugar, quiero decir que no ha sido el Gobierno Aznar el que
desestimó este expediente, sino que fue en 1993 el gobierno central
quién desestimó el expediente. Luego, aprovechando el tema de los
cazaminas, ya que, estamos hablando de la Agencia Tributaria y de los
cazaminas, quiero decir que son buenos temas para hablar en la
Comisión de Educación y Cultura.

Sólo recordar que si se llevara a efecto la enmienda que ha
presentado el Partido Socialista, posiblemente conllevaría la
demolición de esa cárcel, porque lógicamente el proyecto
que tiene la Agencia Tributaria es de hacerlo en esa cárcel.

Sólo para recordar eso.




El señor PRESIDENTE: Doña Sacramento, brevemente.




La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: El señor diputado no ha debido escuchar
bien mi intervención porque yo en ningún momento he dicho que el
Gobierno del señor Aznar paralizara el expediente de BIC sino otra
cosa que supongo que podrá releer. He dicho claramente que nuestro
grupo está a favor de que la Agencia Tributaria debería buscar otro
solar, palabras textuales. Ese edificio sobre todo por su historia
pertenece a todos los murcianos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.




La señora SOLSONA I PIÑOL: La demolición de la antigua prisión
provincial de Murcia ha suscitado la reacción de centenares de
murcianos que se han manifestado en su contra y que han pedido al
Ministerio de Educación y Cultura que incoe el expediente para la
declaración de bien de interés cultural y se paralice su demolición.

Sin lugar a dudas, la prisión provincial es un edificio singular que
los murcianos desean conservar. En todo caso, son los organismos
competentes los que han de decidir si el citado edificio tiene valor
o no para su declaración como monumento o bien de interés cultural.

Por lo tanto, nuestro grupo apoyará la presente proposición no de ley
con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente y su redacción
final.




- SOBRE LA UBICACIÓN DE UN MONUMENTO CONMEMORATIVO DEL FINAL DE LA
GUERRA CIVIL EN EL PUERTO DE ALICANTE.

PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/
001513.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura con el número
12, del Grupo Parlamentario Mixto, para cuya presentación y defensa
tiene la palabra don Manuel Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, lamento haberme incorporado
tan tarde a la Comisión y casi por los pelos, lo cual, dicho sea de
paso, debe servir de reflexión en futuras juntas de Portavoces y Mesa
ante los temores de alguno de la sobrecarga de trabajo, que parecía
que íbamos a necesitar varios días para este orden del día y vamos a
terminar bastante pronto. Venía de una situación bélica, venía de
intervenir sobre los bombardeos en Irak y sobre la guerra en
Chechenia, y ahora lo que quiero es hablar de paz.

Estos días pasados hemos podido asistir, y no sé si en alguna
intervención previa se ha hecho alusión a ello, y si no me gustaría
que constara en el «Diario de Sesiones», el pesar de esta Comisión
por el fallecimiento del patriarca de los poetas señor Alberti (El
señor Guerra Zunzunegui:Se ha hecho.), y con esa ocasión hemos tenido
la



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oportunidad de ver varias veces cómo intervenía, cómo hablaba su
hija, llamada Aitana. Aitana, por si alguna de SS.SS. no lo sabe, es
una alta montaña de mi tierra, de Alicante, que es la última montaña
que se veía por los exiliados que partían de la guerra civil rumbo al
exilio, saliendo desde el puerto de Alicante. Creo que esta
referencia, si se quiere poética o emotiva, nos introduce
perfectamente a lo que pretendemos.

En la madrugada del 1 de abril de 1939, es decir, hace ahora 60 años,
concluía la Guerra Civil en el puerto de Alicante, o al menos
concluía para algunos, o concluía para los victoriosos. En las
últimas semanas de la guerra miles de republicanos, de demócratas,
afluyeron a Alicante buscando una puerta para el exilio, y así se
pudo hacer hasta que en la noche del 28 de marzo partió el buque
inglés Stanbrook con 2.638 refugiados; en la madrugada del día 29
hizo lo propio el Maritime con algunas decenas de autoridades
casadistas. En estos días en el puerto de Alicante permanecieron
entre 12 y 15.000 personas en espera de naves que nunca llegaron;
algunas naves francesas estaban dispuestas, aunque no pudieron
atracar por falta de protección, por el riesgo de ser bombardeados
por las tropas franquistas. Según han narrado testigos presenciales,
entre los que se encontraba algún ilustre historiador, las escenas
que allí se vivieron fueron lógicamente aterradoras, con abundantes
casos de suicidio, con diversas cifras que oscilan entre los 22 y los
136.

El intento de declarar el puerto de Alicante como zona neutral nunca
fue aceptado por las fuerzas ocupantes, que el 30 de marzo anunciaron
controlar la ciudad, aunque no fue hasta el día siguiente que
llegaron las tropas italianas y otros batallones del ejército
franquista. La desesperación para esas bolsas de miles de refugiados
era lógica. Se sabía que desde allí la expectativa que quedaba para
la mayoría de ellos era o el pelotón de fusilamiento, o los campos de
concentración que proliferaron en la zona, o la cárcel. Alicante
desde este punto de vista tiene una deuda de honor y de justicia con
los hombres y las mujeres que sufrieron en sus carnes estos hechos,
igual que tiene -y yo me siento orgulloso en este caso de ser
alicantino- de haber sido la última ciudad en haber caído bajo la
garra del fascismo al final de aquella guerra.

Es por ello por lo que parece insólito que este hecho histórico no lo
hayan recordado los poderes públicos y que no se haya erigido ningún
tipo de monumento, de signo conmemorativo, tanto al padecimiento de
las, como digo, miles de personas que allí quedaron embolsadas, como
de los que allí encontraron la muerte y, en definitiva, de recordar
un hecho como era el fin de una guerra. Han pasado 60 años, y en
estos 60 años hemos vivido una dictadura feroz y también hemos
conseguido la recuperación democrática, y una sociedad democrática no
puede renunciar a la memoria, de la misma manera que la democrática
sociedad española puede y debe afrontar hechos históricos como estos
sin necesidad de que las diversas fuerzas políticas o sectores
ideológicos se adueñen del recuerdo. Todos los demócratas deberíamos
estar de acuerdo con la defensa de los que sufrieron la intolerancia
y la dictadura.

He de indicar, y por eso se presenta esta proposición no de ley, que
formulé una pregunta al Gobierno, en nombre de Nueva Izquierda, sobre
si el Gobierno había previsto, con motivo de este 60 aniversario,
algún tipo de acto en Alicante para conmemorar, para recordar este
final de la guerra, y lo que se me contestó, un poco
sorprendentemente, es que lo que se estaba haciendo era el archivo de
la Guerra Civil en Salamanca, que ciertamente es una obra que
esperemos sea importante desde el punto de vista cultural, pero que
tiene poco que ver con lo que se preguntaba. Entendemos también que
el final de la Guerra Civil desde esta óptica de tolerancia, de
superación de una parte de la más sombría historia de nuestro pueblo,
es un asunto de Estado, en el que desde luego deberían comprometerse
las autoridades locales, autonómicas y universitarias, porque algunos
de los historiadores de la universidad de Alicante, por ejemplo, han
trabajado este tema. Además, hay que recordar que la zona donde
debería ubicarse este recordatorio es terreno del Estado, depende de
la autoridad portuaria y, por tanto, es en un terreno del Estado en
el que lógicamente también el Estado debe manifestar su voluntad
favorable.




Lo que se pide no es ningún gesto grandilocuente. Se dice en la
exposición de motivos que quizá bastara con un sobrio monolito y unos
paneles explicativos de los sucesos recordados. No se pretende
ninguna obra faraónica, ni ninguna obra que suponga un coste
económico excesivo, ni que pueda tardar años en construirse,
etcétera.

Por tanto, repito, y con esto concluyo, la proposición no de ley
tiene dos partes: que se instale un monumento conmemorativo del final
de la Guerra Civil en el puerto de Alicante, antes de que concluya
este simbólico año, que deje constancia de los sucesos vividos; y
que, con motivo del monumento, se organicen acciones -conferencias,
exposiciones- explicativas de lo que allí se vivió. Francamente,
entendemos que es una propuesta mesurada, que difícilmente podríamos
entender, y difícilmente creo que ningún ciudadano demócrata puede
entender que por razones políticas alguien se pueda negar a la
aprobación de esta proposición no de ley, salvo con argumentos que
insisto, en este momento al menos de mi intervención no alcanzo a
imaginar, pues aparte de recordar, insisto una vez más, a aquellos
que murieron, aquellos hombres, mujeres y niños que se vieron
desplazados desde el puerto de Alicante, aquellos que perdieron allí
la esperanza, aparte de recordar todo eso, debe ser un monumento a la
reconciliación, debe ser un monumento a la paz, no un monumento de
vencedores o de vencidos.




El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, doña Carmen Solsona tiene la
palabra.




La señora SOLSONA I PIÑOL: Nuestro grupo, aún estando de acuerdo con
el espíritu de la proposición no de ley sobre conmemorar el final de
la Guerra Civil -siempre hay que celebrar el final de una guerra-, no
lo está ni en la forma ni en el lugar, ya que la construcción de un
monumento tan importante y significativo para una ciudad es
competencia del ayuntamiento de dicha ciudad en última



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instancia. Por tanto, no es aquí, en el Congreso de los Diputados,
donde debe decidirse la construcción o no del citado monumento; es, a
nuestro entender, la ciudad de Alicante la que debe decidir la
conveniencia de su construcción y el lugar de su ubicación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don
Joaquín Leguina tiene la palabra.




El señor LEGUINA HERRÁN: Si esto que acaba de decir la señora Solsona
fuera cierto, el Estado no podría poner ningún monumento, puesto que
todo el territorio nacional pertenece a algún ayuntamiento, lo cual
por reducción a lo absurdo, señora, no sirve.

Yo voy a apoyar la proposición que ha presentado don Manuel Alcaraz,
pero puesto que esto es un Parlamento y tradicionalmente el
Parlamento servía para hablar y para convencer, voy a intentar
convencer, cosa que sé que está destinada probablemente al fracaso,
pero no por eso voy a renunciar a ello; voy a intentar convencer al
Grupo Popular.

Señores del Grupo Popular, nada más tomar posesión el presidente del
Gobierno, de las primeras cosas que hizo, y que le honran, fue
visitar la Fundación Max Aub. Max Aub, como saben ustedes, es uno de
los grandes literatos de este siglo. Pese a llevar en su bolsillo el
carné del Partido Socialista Obrero Español, el señor Aznar fue a
visitar y a honrar a Max Aub en presencia de sus hijas. Yo pensé que
era un buen inicio; un buen inicio por lo que significaba Max Aub: un
español que eligió ser español (casi ninguno de nosotros elegimos ser
españoles, lo somos por nacimiento; él, no) y ha dejado una obra
impagable para la historia de la literatura y para la historia
sentimental de este país. Pues bien, Max Aub es uno de los narradores
de esos hechos que ha descrito someramente el diputado Alcaraz. Los
narra en su Laberinto mágico y especialmente en una obra que se
titula Campo de los almendros. El título viene dado precisamente por
los almendros de Alicante y por los campos de concentración a los que
también se ha hecho alusión, concretamente el de Albatera, en el que
estuvieron presos muchos republicanos después del final de la guerra.

Les voy a leer lo que dice uno de los personajes justamente en el
puerto de Alicante, momentos antes de ser detenido, estando con su
familia y dirigiendose a su hijo de cinco años. Dice así: Estos que
ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos,
medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son -no lo olvides-
lo mejor del mundo. El homenaje es a aquellas gentes y también a
quien lo recogió para la historia, como es el caso de Max Aub. Si
ahora ustedes se niegan, tendré que volverme sobre lo que pensaba y
concluir que aquella visita fue oportunista. Estaría mal que yo
llegara a pensar eso, y conmigo mucha gente, porque era un paso que
ahora tienen ustedes ocasión de cimentar más en vez de volverse
atrás.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra doña Isabel Díez de la Lastra.




La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: El Grupo Parlamentario
Popular, aun compartiendo el deseo de celebrar el fin de la guerra
civil -como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència
i Unió), todos estamos satisfechos de haber superado la
guerra civil-, no creemos que el Gobierno -en este caso el Ministerio
de Cultura, que es la Comisión en que estamos- deba pronunciarse
sobre la construcción de cada monumento que se haga en una ciudad.

Quizá porque he sido concejala durante trece años soy una defensora
de la autonomía municipal. Creo que el ayuntamiento representa
a todos los alicantinos y es el que debe pronunciarse sobre la
idoneidad y ubicación de cualquier monumento en la ciudad. El señor
Alcaraz ha dicho que el puerto es del Estado. Bien sabe el señor
Alcaraz que la representación del Estado en la junta directiva del
puerto es mínima. Está el ayuntamiento, representado por su alcalde,
fuerzas sociales y la Generalidad Valenciana, que elige a la
autoridad portuaria. De todas formas, al margen del fondo de la
proposición no de ley y del foro para debatirla, creemos que el mejor
monumento a la reconciliación existe ya: las distintas instituciones
donde todos nos expresamos y convivimos y sobre todo la Constitución.

La Constitución es el futuro que miran las generaciones actuales, que
han hecho suya la afirmación del llorado Rafael Alberti, fallecido
estos días, cuando a su regreso a España en 1977 dijo: Salí de España
con el puño cerrado, pero ahora vuelvo con la mano abierta en señal
de paz y reconciliación con todos los españoles.




El señor PRESIDENTE: Culminado el debate de las proposiciones, vamos
a señalar, si les parece, la hora de la votación, de modo que estén
ustedes en condiciones de reagrupar efectivos y recabar asistencias y
ayudas. Para que les dé a ustedes tiempo de llamar a los compañeros
que estarán en la Comisión de Presupuestos, a las doce en punto
comenzarán las votaciones.

Se suspende la sesión.




El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la votaciones
consecuencia de los debates habidos en la mañana de hoy. En primer
lugar votamos la proposición no de ley, que figuraba con el número 8
del orden del día, sobre la creación de la oficina de gestión del
Plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades, del
Grupo Socialista del Congreso.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.

Votamos la proposición no de ley, que figura con el número 9 del
orden del día, sobre composición del Consejo Escolar del Estado, del
Grupo Socialista del Congreso.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votamos la proposición no de ley, que figura con el número 11 del
orden del día, sobre la declaración de bien de interés cultural del
edificio de la antigua prisión provincialde Murcia. Sobre esta
proposición se ha llegado a un



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acuerdo en una enmienda, lógicamente con retirada del texto inicial.

¿Están suficientemente informados? (Asentimiento.) Procedemos a la
votación.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Votamos la proposición no de ley que figura con el número 12 del
orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto y defendida por don
Manuel Alcaraz, sobre ubicación
de un monumento conmemorativo del final de la Guerra Civil en el
puerto de Alicante.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.

Se levanta la sesión.