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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 784, de 27/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 784
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR SEDÓ Y MARSAL
Sesión núm. 56
celebrada el miércoles, 27 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al cierre progresivo de todas las centrales nucleares del
Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000911.) ... (Página 23218)
- Relativa a la revisión y actualización de los planes de emergencia
nuclear (Pen). Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001207.) ... (Página 23223)
- Relativa a los planes de reindustrialización de Andújar, Bailén, La
Carolina, Guarromán y Linares. Presentada por el Grupo anterior.
(Número de expediente 161/001360.) ... (Página 23225)
- Relativa a las instalaciones urbanas de distribución eléctrica.
Presentada por el mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente
161/001529.) ... (Página 23227)
- Sobre la privatización de la empresa Initec. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000827.) ... (Página 23229)
- Sobre recuperación y reutilización de activos ociosos de la empresa
pública Hunosa y su reversión a los municipios mineros. Presentada
por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001371.) ...
(Página 23233)
- Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para facilitar la prórroga del contrato entre Fertiberia y Enagás.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001442.) ... (Página 23235)
- Sobre el futuro de la empresa pública Manises Diesel Engine.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/001616.) ... (Página 23235)
- Por la que se insta al Gobierno a incentivar la producción de
biocarburantes, menos contaminantes que los combustibles
convencionales, y como alternativa agrícola para valorizar cereales
de uso no alimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001648.)
... (Página 23238)
- Sobre la fábrica Tabacalera de A Coruña. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001664.)
... (Página 23242)
- Relativa a gestiones del Gobierno en relación con el plan de
empresa de Tabacalera, S. A. Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/001687.) ... (Página 23242)
- Para la elaboración de una ley de bases de la minería en España.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001723.) ... (Página 23249)
- Relativa al cierre de la factoría del grupo Carrier España, S. A.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001726.) ... (Página 23250)
- Sobre regulación de un único programa de las ayudas del Ministerio
de Industria y Energía en materia de desarrollo tecnológico e
innovación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001733.) ... (Página 23256)
- Relativa a la iluminación nocturna de pueblos y ciudades.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001734.)
... (Página 23259)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- RELATIVA AL CIERRE PROGRESIVO DE TODAS LAS CENTRALES NUCLEARES DEL
ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000911.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, a ser posible vamos a seguir el orden
del día; ya no lo es en la primera proposición no de ley porque
tenemos a nuestro compañero señor Santiso, que nos ha avisado que
está en un atasco de tráfico a causa de la lluvia y no puede llegar.
Como tenemos posibilidad de debatir las proposiciones siguientes,
iremos siguiendo el orden de aquellas que estemos en disposición de
abordar.
Señorías, el cambio de horario fue motivado para tratar de debatir
las quince proposiciones no de ley que hay durante la mañana, con lo
que nos ahorraríamos la sesión de tarde que en principio estaba
prevista. ¿Es posible? Verdaderamente creo que sí. Otras comisiones
logran hacer incluso alguna más, pero depende de todos nosotros. Yo
voy a pedir a los diputados y diputadas que van a defender
las proposiciones no de ley, a los que van a hacer el turno en contra
o al menos la intervención de oposición o de apoyo y que en este caso
representan al Gobierno que sean lo más concisos y breves posible. A
los demás grupos les pediría que, si es posible, no realicen una
intervención y que si hay algún turno de fijación de posición lo
hagan en un tiempo mínimo de un par de minutos. Con ello, lograríamos
llegar al final de la sesión durante la mañana señalando que todas
las votaciones serán al final y no antes de las dos de la tarde.
También quisiera decir que la Mesa de la Comisión, de una manera
formal, deberá reunirse al final de la sesión. Reitero que las
votaciones no serán antes de las dos.
Señorías, en la mesa lateral está preparada la documentación de las
quince proposiciones no de ley con el texto que se propone y las
enmiendas que se han presentado a la mayoría de ellas.
Empezamos con la proposición no de ley número 2 relativa al cierre
progresivo de todas las centrales nucleares del Estado, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Como usted muy bien ha dicho, es una
proposición no de ley que plantea el cierre progresivo de todas las
centrales nucleares del Estado español y que se concreta en tres
puntos. El primero, pide que se cierren todas las centrales nucleares
en un período no
superior a diez años, previo acuerdo con los sectores sociales,
partidos políticos y organizaciones ecologistas; En el segundo punto
la proposición no de ley plantea que una vez que sea acordado esto se
proceda la redacción de un nuevo plan de gestión de residuos
radiactivos y en el tercero que el Gobierno regule la posibilidad de
que el 1,3 por ciento del recibo de la luz, que en estos momentos va
destinado a Enresa para la gestión de los residuos radiactivos, pueda
destinarse a la financiación para promover y fomentar energías
renovables.
Señalaré que esta es una proposición no de ley que hace unos cuantos
meses presentamos y que finalmente ha podido venir hoy a la Comisión
de Industria. Voy a hacer tres grandes consideraciones. En primer
lugar, quisiera plantear cuál es la situación hoy de la energía
nuclear en el mundo. La conclusión es clarísima. Hoy la energía
nuclear en el mundo está en declive y, si ustedes me lo permiten, se
está extinguiendo, es decir, el boom de la energía nuclear después de
la Segunda Guerra Mundial en pleno período de guerra fría hoy se ha
acabado.
Merece la pena destacar que de los quince Estados miembros de la
Unión Europea hay siete que no tienen energía nuclear, algunos porque
no la tuvieron nunca, como Irlanda, Luxemburgo o Dinamarca, pero
otros, como Italia, Austria, Grecia o Portugal, han tomado
decisiones, ya sea vía referéndum o vía gobiernos democráticos, para
ir eliminando definitiva o progresivamente la energía nuclear. En
Suiza, hubo el referéndum de 1980, en Italia el de 1987 y en los
Países Bajos no ha habido referéndum, pero se han cerrado ya en 1997
algunos redactores y ya está previsto que en el 2004 se cierre el
último reactor en los Países Bajos, o sea, hay un primer bloque
importante de países de la Unión Europea que o no los han tenido o
han decidido cerrarlos. Hay un segundo grupo de países de la Unión
Europea que desde hace tiempo tienen planteada una moratoria en la
construcción de nuevas centrales nucleares. España es un país que
está en este bloque, pero merece la pena destacar que también está
Gran Bretaña y que en Finlandia el propio Parlamento finlandés votó
hace ahora seis años en contra y, por lo tanto, hubo la moratoria de
una propuesta de construcción de centrales nucleares. Esta es la
situación de la Unión Europea.
En Estados Unidos merece la pena destacar que es cierto que hay 107
reactores en funcionamiento, pero hay otros 107 que se han cancelado
ya, que se han cerrado además 17 y que el propio Grupo Internacional
de Energía de Washington está en estos momentos emitiendo opinión en
los informes que está elaborando de que una tercera parte de los
reactores que ahora existen se puede o se va a cerrar en los próximos
cinco años.
El tercer apartado se refiere a los países de la Europa Central o de
la Europa del Este, los antiguos países comunistas. Aquí la situación
de las centrales nucleares posiblemente es la más peligrosa. Piensen
ustedes que sólo en Rusia hay en la actualidad 29 reactores, de los
cuales la mitad han sido señalados por el propio Gobierno ruso y por
la comunidad internacional como de elevado riesgo. Hace un mes, tuve
la oportunidad de estar en Eslovaquia en una reunión de la Federación
de los Partidos Verdes, en la que por ejemplo, estaba la ministra de
Eslovaquia de Medio Ambiente, donde tuvo lugar una reflexión profunda
del
riesgo de las centrales nucleares en los países del Este y al mismo
tiempo sobre la presión que están haciendo hoy los proveedores de la
industria nuclear fundamentalmente en esos países, a pesar de todo lo
cual, paulatinamente, en esos países se está dando una reacción en
contra de la instalación de nuevas centrales nucleares. Por lo tanto,
lo que me interesa destacar es que en la Unión Europea y en Estados
Unidos -no me refiero a Canadá, pero la situación es parecida- existe
un lento pero paulatino declive hacia la extinción de la energía
nuclear como energía importante. Quiero también destacar que es
precisamente en las regiones del mundo con instituciones y mecanismos
democráticos débiles donde hoy se está intentando fomentar las
energías nucleares. Si estamos asistiendo al declive de la energía
nuclear y al cierre progresivo, la pregunta es qué razones están
llevando a países de la Unión Europea, de Norteamérica y de Europea
Central o del Este a no construir nuevas centrales nucleares y a
iniciar un camino de cierre de las que hay. Hay muchas razones, pero
de forma muy rápida, voy a destacar cinco.
La primera tiene que ver con los problemas medioambientales. La
solución de la mayoría de los problemas medioambientales y de otras
muy graves que comporta la energía nuclear, cuando después de la
guerra fría entran en funcionamiento las centrales nucleares, no ha
avanzado nada en cuarenta años. Estamos donde estábamos. Es más, hoy
está claro que el principal problema es qué se hace con los residuos
radiactivos. La vida de una central nuclear teóricamente es de 25
años y hay isótopos radiactivos provenientes del funcionamiento de
las centrales nucleares que pueden estar vivos, emitiendo
radiactividad, 250.000 años. Ese es un gran problema que hoy tiene
todo el mundo porque las centrales nucleares han tenido un desarrollo
importantísimo. Por otro lado, como ustedes saben perfectamente, hay
otro tipo de residuos, no de alta actividad, que se van transmitiendo
de unos países a otros para hacer un proceso de reciclado. Francia,
Rusia, Japón y Reino Unido lo están haciendo; en España hay un
ejemplo, hay una parte de los residuos de Vandellós que va a Francia
para un reciclado, que además ha de volver. Por tanto, tenemos en los
trenes y en las carreteras residuos radiactivos que van dando
vueltas, e insisto, hoy, desde el punto de vista técnico, no se ha
resuelto el problema de qué hacer con los residuos radiactivos. Por
consiguiente, el primer problema fundamental es el medioambiental.
La segunda razón es la económica. Yo recuerdo que cuando era muy
jovencito -me van a permitir una incursión personal- trabajaba en la
empresa eléctrica más importante de Cataluña y estaba precisamente en
una oficina de estudios técnicos de tarifas. Por tanto, mi trabajo
consistió durante tres o cuatro años en hacer estudios de cuál era el
kilovatio hora más barato de todos. Estoy hablando de la empresa
Fecsa y de los años 1970, 1971 y 1972, cuando acabé la carrera, que
estuve haciendo cálculos sobre tarifas. En aquellos momentos se nos
decía, incluso a los que trabajábamos con números allí, que el
kilovatio nuclear era el más barato. Hoy esto ya no lo dice nadie. Si
al kilovatio nuclear se le añade el importe de la seguridad de las
centrales nucleares, de la gestión de los residuos y el importe de lo
que significa el desmantelamiento de las centrales, que a menudo es
tanto o más caro que su construcción, el
kilovatio nuclear evidentemente es el más caro de todos y significa
un negocio ruinoso. Desde ese punto de vista, las empresas que
hicieron opciones nucleares, en todo el mundo y también en España,
tienen deudas importantes, cifradas en billones de pesetas, producto,
insisto, de que la energía nuclear hoy es mucho más cara -siempre,
pero hoy también, y está demostrado- que el gas o el carbón. Por
tanto, la segunda razón es económica.
La tercera razón -permítanme que también la señale, porque a veces
pasa desapercibida- es que una parte de los residuos del
funcionamiento de las centrales nucleares ha ido a parar a la
fabricación de armas nucleares. Es decir, ha sido la materia prima
con la cual muchos países, de forma vertical dentro del mismo país o
de forma horizontal, han empezado a construir o han ayudado a la
fabricación de armamento nuclear.
La cuarta razón por sí sola debería hacer que nos planteáramos de
forma seria el cierre de la energía nuclear. Me refiero a los
accidentes. Durante mucho tiempo los ideólogos de la energía nuclear
nos dijeron que era imposible que hubiera accidentes, que los que
decíamos esto éramos unos catastrofistas. Pues bien, no hace falta
que les haga ningún relato de los accidentes que ha habido. Hace
pocos días, la semana pasada, si no recuerdo mal, hizo diez años del
accidente de Vandellós, que pudo tener unas consecuencias
absolutamente brutales, y hoy ya conocemos una parte del impacto de
lo que fue Chernobil: más de 100.000 kilómetros contaminados, cinco
millones de personas con niveles de radiactividad totalmente
inaceptables, contaminación por cesio en los alimentos diez veces
superior a la normal; en Bielorrusia se han multiplicado por
veinticuatro los cánceres de tiroides; en un informe de hace un año
de la sociedad nuclear española se calculaba que se iban a producir
20.000 casos de cáncer añadidos en la Unión Europea, y el Ministerio
de Salud de Ucrania ha reconocido que han muerto más de 125.000
personas a causa del accidente y que la estimación del coste
económico que comportará el mismo hasta el año 2000 se sitúa, como
mínimo, entre 40 y 50 billones de pesetas. Por tanto, hay razones
medioambientales, hay razones económicas y hay razones de
proliferación de armamentos nucleares, pero simplemente la
enumeración o el relato de las consecuencias de Chernobil deja claro
este tema.
A estas cuatro razones permítanme que añada una más. Estamos ante una
energía, si me lo permiten, antidemocrática, en el sentido de que se
ha introducido sin informar claramente de los efectos y de las
consecuencias de este tipo de energía, y precisamente en estos
momentos los fabricantes y los proveedores de la industria nuclear
para centrales nucleares están insistiendo en aquellos países donde
las instituciones democráticas son débiles, es decir, donde la
democracia es débil. Hoy es muy difícil que en países con
instituciones democráticas importantes se puedan hacer nuevos planes
de centrales nucleares.
Todas estas razones que he dicho sirven para España. Ustedes conocen
perfectamente que en estos momentos la distribución de energía
primaria en España -depende del año que ustedes cojan-
aproximadamente la tenemos situada en el 50 por ciento de petróleo,
del 17 al 20 por ciento de carbón, aproximadamente el 16 de nuclear y
sólo el 5 por ciento de renovable, y quedan aún nueve reactores
después del cierre de Vandellós 1. Desde ese punto de vista, nuestra
propuesta plantea que en diez años se cierren. Somos conscientes de
que de los nueve reactores...
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, vaya terminando.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo en dos minutos, señor presidente.
Somos conscientes de que, de los nueve reactores, hay dos que se
deberían cerrar inmediatamente. Hay una enmienda de algún grupo que
plantea eso y, cuando la expongan, con mucho gusto la acogeremos en
una transaccional que propondremos. Lo que nos parece importante es
que el Parlamento hoy dé un paso en esta línea en la que se están
moviendo toda la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Incluso
propongo que habláramos de los plazos. Si alguien piensa que no han
de ser diez, que han de ser doce o quince, hablemos, pero lo que es
importante es que hoy este Parlamento también se sitúe, insisto, en
lo que es una corriente irreversible de extinción de la energía
nuclear, y en otra corriente, que es la necesidad de que como mínimo
España se sitúe en los objetivos que ha fijado la Unión Europea de
energías renovables. La Unión Europea ha fijado el 12 por ciento.
Estamos en el 5 por ciento. Hoy hay alguna noticia preocupante en
algún medio de comunicación en el sentido de que parece que el propio
Gobierno bloquea el fomento del plan de energías renovables, y en ese
sentido nosotros proponemos en el tercer punto que este 1,3 por
ciento de la factura de la luz que va a Enresa para la posible
gestión futura de los residuos radiactivos se dedique a energías
renovables.
Quiero decirles, por tanto, señoras y señores diputados, que creo que
la iniciativa que fuera aprobada hoy, en el sentido que proponemos,
sería una iniciativa de una enorme trascendencia ciudadana. Va a ser
imposible intentar cerrar este debate. Mañana mismo va a haber a las
puertas de este Congreso una concentración de alcaldes y concejales
afectados por el tema de las centrales nucleares y de los almacenes
de residuos radiactivos para plantear que no pueden continuar y es
necesario que el grupo de la mayoría y sus aliados no cierren
puertas, que abran el diálogo y que se permita iniciar hoy un proceso
en esta línea.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado
enmiendas por el Grupo de Izquierda Unida.
La señora Urán tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: De manera breve, porque en realidad
compartimos el sentido de la iniciativa que ha presentado el Grupo
Mixto, Iniciativa per Catalunya, y además estamos de acuerdo con la
intervención que ha hecho su portavoz apuntando cuáles son los serios
problemas que comporta el funcionamiento de las centrales nucleares
no solamente para España sino también para todo el medio ambiente.
Quisiera hacer tres apuntes que irían simplemente a alentar el debate
que hoy se nos ha planteado a través de esta iniciativa, entre otras
cosas porque siempre que se ha hablado del riesgo que suponían las
centrales nucleares y
lo que conlleva su funcionamiento y la manipulación de elementos
nucleares en otras empresas que no son propiamente las centrales, se
ha defendido que las medidas de seguridad garantizaban que en nuestro
país o en otros países desarrollados del mundo no podían ocurrir
accidentes nucleares. Se nos ponía como ejemplo precisamente algo que
ya apuntaba también el portavoz de Iniciativa per Catalunya, que la
preocupación que existe a nivel mundial por la situación de las
centrales en los países del Este, que está poniendo en serio riesgo
la seguridad no solamente de estos países sino de todo el mundo.
Además, no hace tanto tiempo ha habido un accidente importantísimo en
un país muy desarrollado, como es Japón, que pone de manifiesto que
las medidas de seguridad, cuando hablamos de energía nuclear, cuando
estamos hablando de elementos nucleares, nunca son suficientes, nunca
pueden asegurar que no va a ocurrir un accidente de las
características del de Tokaimura, que pone en serio riesgo no
solamente a la población que vive en su entorno sino a todo el mundo.
Las nubes radiactivas no tienen fronteras y contaminan a todo el
mundo.
Señorías, creo que también es importante que se abra este debate, hoy
por hoy, en esta Comisión porque las intenciones que al parecer tiene
el Gobierno no son las de asegurar que la vida útil de las centrales
nucleares, con los riesgos que esto comporta, sea sólo y
exclusivamente de 25 años. La central nuclear de Zorita es una
central amortizada en sus 25 años y la de Garoña también y a estas
dos centrales nucleares se les ha otorgado recientemente licencia de
funcionamiento: a Garoña por 10 años y a Zorita por 3. Son centrales
nucleares obsoletas que van a poner en riesgo a toda la población y a
las que, además, el Consejo de Energía Nuclear va a tener la
obligación de prestar todavía más atención y más recursos económicos
para su seguimiento y funcionamiento, cuando son centrales que no
tendrían por qué estar funcionando. Por eso la primera enmienda que
ha planteado nuestro grupo parlamentario, además de estar de acuerdo
con el cierre progresivo y paulatino de las centrales nucleares,
propone que las centrales nucleares de Zorita y Garoña se cierren de
manera inmediata. No podemos consentir que dos centrales nucleares,
que no tendrían ningún tipo de incidencia en la producción energética
de nuestro país, sigan funcionando en estas condiciones por unos
períodos de tiempo excesivamente largos. Por tanto, creemos que es
totalmente necesario que se cierren ya y empecemos a hablar no
solamente del cierre de las centrales nucleares, sino de qué es lo
que vamos a hacer con las zonas que están afectadas por dicho cierre.
Señorías, si analizamos el mapa de donde se han instalado las
centrales nucleares en nuestro país, podemos ver perfectamente que
están instaladas en zonas deprimidas, con escasas probabilidades de
desarrollo económico y a las que la instalación de las centrales
nucleares les ha dado un impulso económico, una forma de vida digna y
ha permitido que estos municipios tengan recursos económicos y sus
habitantes puestos de trabajo. Creemos que es totalmente
imprescindible que al mismo tiempo que se habla del cierre de las
centrales nucleares y se aprueba un plan de cierre paulatino, se
piense en los planes que tienen que conllevar estos cierres para
poner en marcha la diversificación industrial
de estas zonas, para que su forma de vida y su desarrollo
económico no se vean afectados. Ahora mismo están afectadas por un
monocultivo -como solemos llamar- que son sólo y exclusivamente las
centrales nucleares. No tienen posibilidad de otro tipo de
instalaciones, entre otras cosas porque como son zonas que están en
el interior, que podían tener un desarrollo en el turismo rural o en
otro tipo de actividades, difícilmente lo van a conseguir, porque a
quién le vamos a vender que se vaya a veranear o a pasar unos días de
descanso al lado de una central nuclear. Es totalmente necesario e
imprescindible que estas zonas tengan además estos planes de
desarrollo económico para que puedan seguir viviendo de una manera
digna.
Por tanto, señorías, y termino, la única duda que nos surge con esta
iniciativa es el punto 3, donde planteamos que se pueda optar por
mantener los recursos hacia Enresa o dirigirlos a energías
renovables. Vamos a votar a favor porque creemos que esto no tiene
mayor importancia, pero sería necesario no solamente que se pudiera
realizar esa opción sino que, además, obligáramos al Gobierno a que
los planes de energía renovable se pudieran poner en práctica con
recursos económicos para poder ayudar a las empresas a llevarlos a
cabo. Por tanto, señorías, nuestro voto será favorable y esperamos,
por lo que ha comentado el portavoz de Iniciativa per Catalunya, que
nuestras enmiendas sean aceptadas, aunque sea con transaccionales,
porque aun así votaremos a favor de la proposición no de ley que nos
han planteado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender su
enmienda, tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Quisiera empezar saludando de forma
explícita la labor del Grupo Mixto, en este caso la del señor Saura,
que ha mantenido siempre una especial sensibilidad en materia
medioambiental, en la mejora de calidad de la vida de las personas y
en extremar las medidas de respeto por el medio ambiente. Por tanto,
no voy a redundar en las motivaciones y justificaciones de la
iniciativa expuestas por el señor Saura. También debo saludar la
coincidencia de las fuerzas políticas que hacen a la humanidad
objetivo del progreso y que basan su idea del progreso en el hecho de
ponerlo al servicio de las personas, postura que define los
planteamientos de la izquierda, contrariamente a la postura de la
derecha, que hacen de las personas sujetos para el progreso de no se
sabe qué ni quién.
El objetivo de los planteamientos del Partido Socialista es
garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas, para lo que
debemos conseguir y garantizar un modelo de producción y consumo
sostenibles. Está claro en aspectos fundamentales la coincidencia de
las fuerzas políticas que optan por el desarrollo al servicio de las
personas. Se da el caso que estamos sustanciando esta proposición en
el momento en que el Partido Socialista ha hecho pública una
propuesta de abandono de la energía nuclear, anunciada en el 34
Congreso del Partido Socialista y que se contiene en las propuestas
de resolución presentadas en el último debate del estado de la Nación
y evidentemente despreciadaspor la mayoría.
En el planteamiento histórico de la propuesta cabe reconocer lo que
dice el Ministro de Industria, señor Piqué. El primer Gobierno
Socialista aprobó acertadamente la moratoria nuclear, decisión que
evidencia la prudente posición socialista ante el planteamiento
expansionista del desarrollo de la energía nuclear que imperaba en
nuestro país; prudencia que, llegados al fin del período de
amortización de las centrales en funcionamiento, nos lleva a plantear
su cierre y sustitución por fuentes de energías más seguras y menos
agresivas con el medio ambiente. Ha llegado el momento, coincidente
con la posición del conjunto de Europa, de iniciar el proceso de
abandono de la energía nuclear. El planteamiento sobre el uso de este
tipo de producción de energía ha cambiado de forma radical en la
escala mundial, aunque su manifestación pública sea tímida todavía
pero claramente indicativa. Son demasiadas las experiencias negativas
que se vienen produciendo como para cerrar los ojos a los problemas
de seguridad que plantea la producción de electricidad con energía
nuclear, para lo que es preciso impulsar de manera decidida el
desarrollo de energías alternativas y renovables.
En la enmienda, nuestra propuesta no trata de modificar el plan del
grupo proponente, todo lo contrario. Nuestra enmienda pretende
potenciar la propuesta porque, en definitiva, con las matizaciones
lógicas, es coincidente en el fondo y en la forma. Señor presidente,
permitirá que en la explicación de nuestra iniciativa incorpore
algunas cuestiones que, por respeto a la propuesta del proponente, no
hemos incorporado como enmienda y que se corresponden más con el
programa de actuación que con la formulación del compromiso político
que aquí se pretende. Así, reafirmamos el compromiso, como medida de
acción de Gobierno si quien lo constituye después de las próximas
elecciones es el Partido Socialista, del cierre de las centrales
nucleares en el plazo temporal máximo del año 2015, teniendo en
cuenta que cualquier fecha como esta se debe considerar límite,
procurando en lo posible no agotar el plazo; que las centrales
nucleares que tienen cumplido el ciclo de amortización, como es el
caso de Garoña y Zorita, se cerrarán de manera inmediata porque
tenemos la cobertura suficiente en producción de energía en nuestro
país; que se debe establecer un plan de fomento de las energías
renovables y de las tecnologías basadas en el ahorro energético; la
adopción de un marco fiscal para la energía eléctrica de origen
nuclear que permita internalizar el conjunto de los costes asociados;
elaborar y aplicar un programa de gestión radical de residuos
radiactivos; adoptar las medidas necesarias para que la actividad de
las centrales nucleares durante el período transitorio se realice con
garantías de seguridad y adecuado funcionamiento; establecimiento
urgente de un programa de fomento de la dinamización económica de los
territorios situados en el entorno de las centrales nucleares, con
suficiente dotación presupuestaria; y revisión y adecuación, si
procede, de la legislación en materia de energía nuclear al momento
actual y en la perspectiva de lo que comporta el cierre de las
centrales nucleares.
Sobre la reacción de la mayoría y presumiendo, aun sin saber a
ciencia cierta la postura del Grupo Popular y de los grupos que le
dan soporte y que votarán en contra de esta propuesta, quiero decir
que les comprendo. En este momento están en una situación de
esquizofrenia interministerial. La ministra de Medio Ambiente dice
no.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, vaya terminando.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Voy concluyendo, pero me parece que
no me estoy pasando del tiempo.
Se mantiene en su postura harto conocida de postulante de la energía
nuclear, postura que ha reafirmado pasando a las descalificaciones
injustificadas de la propuesta socialista, sin más soporte ni
justificación que la defensa a ultranza de los intereses de las
eléctricas, mientras el ministro de Industria, el señor Piqué, en
declaraciones en Roma el día 25 dice: A la luz de las tecnologías
existentes, la energía nuclear no tiene sentido. No es previsible ni
sensato que se desarrolle. Lo lógico es que se mantenga la decisión
correcta del Grupo Socialista de no construir más centrales nucleares
y que las actuales se mantengan mientras tengan vida útil y luego se
cierren. Las energías renovables y el gas natural serán el futuro de
la generación de energía. Ante esta situación entiendo que nadie en
el Gobierno ni en el Partido Popular se atreva a deshojar la
margarita. La realidad es que, a la voz de las eléctricas,
continuarán diciendo no al abandono de la energía nuclear hasta que
sean las mismas compañías las que se lo pidan por no resultarles
rentables.
Señor presidente, lo dejaremos aquí. Me limito y resisto a la
tentación de hacer un repaso del reflejo en la prensa de lo que ha
sido la nerviosa postura del Partido Popular y del Gobierno al
conocer la propuesta socialista, por otra parte, suficientemente
conocida y anunciada. Sólo voy a comentar la noticia de la nueva
aportación del Gobierno, a la que ya se ha hecho referencia, a las
energías alternativas y que hoy hemos encontrado en la prensa. Lo
consideran demasiado oneroso y bloquean el plan de energías
renovables que debía ser aprobado el pasado mes de junio,
imprescindible para cumplir el compromiso fijado por la Unión
Europea.
Pidiendo, al fin, el voto positivo para la propuesta que se
concretará en la enmienda alternativa que presentará el grupo
proponente, termino esta intervención hecha en nombre del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Señor Landeta.
El señor LANDETAÁLVAREZ-VALDÉS: En primer lugar, tenemos que decir
que el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar la iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto en base a los
razonamientos que vamos a exponer.
En relación con el primer punto de la iniciativa parlamentaria,
referido al cierre generalizado, hay que señalar que el mantenimiento
de las centrales nucleares en operación exige en todo momento que
este se lleve a cabo cumpliendo los requisitos de seguridad nuclear
impuestos por la autoridad reguladora. Por tanto, se considera que
mientras se cumpla este requisito no existe, en principio, razón
objetiva para establecer un plazo para la paralización definitiva.
Por otra parte, del parque nuclear en estos momentos siete grupos
nucleares aún no han terminado su amortización
de inversión. Para hacerse una idea sobre el coste que supondría
adoptar la iniciativa parlamentaria propuesta, al 31 de diciembre de
1997, las inversiones que quedarían sin amortizar superan los 3,8
billones de pesetas.
Respecto al segundo punto de la proposición no de ley, relativo a la
elaboración de un nuevo plan general de residuos, es innecesario, por
cuanto el Consejo de Ministros, en su reunión de 31 de julio de 1999,
aprobó el quinto Plan general de residuos radiactivos, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto
1522/1984, de 4 de julio, por el que se autoriza a la Empresa
Nacional deResiduos Radiactivos (Enresa) y se incluye una revisión de
las actuaciones necesarias y soluciones técnicas aplicables durante
el horizonte temporal de la actividad de los residuos, comprendiendo
el estudio económico-financiero actualizado de costes de dichas
actuaciones. Debe señalarse que dicho plan ha tenido en cuenta los
trabajos realizados por la ponencia del Senado y también recoge la
herencia del cuarto Plan general, aprobado en la sesión del Consejo
de Ministros de 9 de diciembre de 1994. Así, el nuevo plan supone la
continuación de una parte de las actuaciones previstas en el
anterior, tales como el incremento de la capacidad de almacenamiento
de combustible gastado en piscinas de todas las centrales,
actuaciones que deberán ser completadas a medida que se sature su
capacidad mediante la construcción de instalaciones de almacenamiento
temporal en seco.
La mayor novedad del nuevo plan respecto al anterior es que se
pospone al año 2010 cualquier decisión respecto a la gestión final
del combustible gastado y residuos de alta actividad, mientras que el
cuarto plan preveía que la decisión se adoptase en el año 2002.
Asimismo, en el cuarto plan se posterga la fecha de disponibilidad de
un almacenamiento temporal centralizado para el año 2010.
Finalmente, en relación a la propuesta contenida en el punto 3 de la
proposición no de ley, relativa a la modificación de uno de los
aspectos económico-financieros básicos de los planes, como es la
financiación de los costes de la gestión de la segunda parte del
ciclo de combustible nuclear, realizado fundamentalmente a través de
la cuota porcentual sobre la facturación por venta de energía
eléctrica a aplicar a lo largo de la vida operativa del parque
nuclear, hay que señalar que el hipotético cierre de las centrales
nucleares no implicaría la desaparición de todos los residuos, ya que
se deberán gestionar residuos radiactivos generados en el pasado y
los que se generen en el futuro hasta el cierre, así como otros
residuos de alta actividad que resultan del combustible gastado
procesado en el extranjero, otros procedentes del desmantelamiento de
centrales nucleares y de las aplicaciones en medicina, industria,
etcétera, cuyas características impiden que se traten como residuos
de media y baja actividad. En consecuencia, en todo este caso es
necesario mantener el sistema actual para garantizar la financiación
de los costes de la gestión de los residuos radiactivos, por lo que
debe de rechazarse también el contenido de la proposición en lo que
respecta a este tercer punto.
Nosotros tenemos que decir con claridad que no somos ni pro nucleares
ni contra nucleares, sino que somos realistas, y para cerrar es
necesario sustituir el 30 por ciento de la energía nuclear que en
este país estamos utilizando y mientras
esto no se haga, realmente resulta muy difícil poder prescindir
del uso de las centrales nucleares.
Por todos estos razonamientos votaremos no a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene la palabra respecto a la
posición en cuanto a las enmiendas o la transacción que pueda
ofrecer.
El señor SAURALAPORTA: De forma rapidísima, he dicho al inicio que lo
que nos movía a Iniciativa per Catalunya- Verds es situarnos en el
Parlamento del Estado español en la corriente de realismo de la Unión
Europea y de Estados Unidos, que es el cierre de las centrales
nucleares. Eso es lo real; lo otro es salirse por la tangente. De los
tres puntos que nosotros proponemos en nuestra proposición no de ley
el tercero no ha tenido ninguna enmienda, por tanto, lo mantenemos;
el segundo tiene una enmienda simplemente gramatical del Grupo
Socialista y, en consecuencia, mantenemos el nuestro, o sea los
puntos 2 y 3 quedarían igual. En relación al primer punto,
aceptaríamos la enmienda que nos propone el Grupo Socialista, que en
definitiva es plantear el cierre en la próxima década, sin que nunca
sobrepase el límite del 2015, con las dos enmiendas de Izquierda
Unida, la primera, que en todo caso se proceda al cierre inmediato de
Zorita y de Garoña, y, la segunda, que se procederá a planes de
diversificación industrial o de recuperación medioambiental. Por
tanto, la enmienda del Grupo Socialista más las dos enmiendas de
Izquierda Unida a continuación sería el contenido del primer punto,
que dentro de unos minutos pasaré por escrito a la Mesa, y los puntos
2 y 3 los mantendríamos los de la proposición inicial de Iniciativa
per Catalunya-Verds.
El señor PRESIDENTE: En realidad aceptan la totalidad de la enmienda
de Izquierda Unida y el punto primero de la enmienda socialista.
(Asentimiento.)
- RELATIVA A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA
NUCLEAR (PEN). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número
de expediente 161/001207.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el debate de la proposición no de
ley número 3 del orden del día, relativa a la revisión y
actualización de los planes de emergencia nuclear (PEN), presentada
por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Pérez de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Señor presidente, intentaremos ganar
tiempo al tiempo.
La verdad es que, con los plazos cumplidos, estamos prácticamente al
final de lo que han sido las propuestas de trabajo de los planes de
emergencia nuclear, pero los tiempos han cambiado y planteamos como
necesaria esa actualización. Ya se vio el 30 de septiembre del año
pasado en otra proposición que se aprobó y que no se ha cumplido como
era de esperar, aunque algo se ha avanzado pero poco. Consiste en la
revisión de los planes para ver cómo los adecuamos alas necesidades
actuales. Consideramos la conveniencia,
y de ello la propuesta, de revisión de estos planes para ver la
bondad de los mismos, para incorporar las medidas de seguridad que la
experiencia acumulada aconseje, para prevenir las nuevas
circunstancias, para prever los aspectos de desmantelamiento de las
centrales, el almacenamiento temporal de residuos y el cierre de
éstas, y para prever la alternativa socioeconómica en las zonas
afectadas, tema que también hemos apuntado en la proposición
anterior. Refiriéndome a las preguntas que este diputado hizo al
Gobierno, concretamente en julio de este mismo año, hay que recordar
que estamos prácticamente como hace un año. Se ha avanzado algo, pero
muy poco. Continúan pendientes de realizarse la mayoría de las obras
que en aquella fecha se acordó que se presupuestarían suficientemente
y que se llevarían a cabo lo más urgentemente posible. De ellas sólo
se han realizado dos y están en vías de desarrollo, pero pensando en
los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Lo hemos alargado un poco más de lo
previsto en relación con el espíritu que se respiraba en esta
Comisión en el momento en que se aprobó, en septiembre de 1998, la
proposición para que se llevaran a cabo las obras de los planes de
emergencia nuclear.
A esta proposición hay presentada una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, que no sé si es de sustitución del punto 1 o
de toda ella. Si fuera de sustitución del punto 1, lo podríamos
entender, pero si es de sustitución del resto, nos cuesta aceptar la
persistencia del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de no
poner límite de temporalidad, porque sería no asumir el compromiso de
llevar a cabo lo que se plantee. Es importante la temporalidad para
que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos para que se
desarrolle, porque si no siempre existirá la justificación de que no
ha llegado el momento oportuno para llevarlo a cabo. Si se plantea en
esos términos, pediremos que se acepte la temporalidad, cambiando la
fecha de la propuesta inicial, es decir, que se diga que la revisión
se hará en un tiempo concreto, por ejemplo, en el ejercicio del 2000
en lugar del de 1999, que está finalizando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Landeta para la defensa de la enmienda presentada.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VÁLDES: Con la venia del señor presidente,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular he de manifestar a esta
proposición no de ley lo siguiente. Considero que debe apoyarse el
texto de la proposición no de ley en cuanto a su contenido esencial,
que es la revisión y actualización de los planes. De hecho, según una
información de que disponemos, aquel departamento tiene previsto
iniciar en breve, a través de la creación de una ponencia técnica, la
revisión del plan básico de emergencia nuclear, que data del año
1989, para proceder en una fase posterior a revisar los planes
exteriores de emergencia nuclear de carácter provincial.
De la experiencia en la aplicación del Plaben, se han ido
identificando razones que exigen una revisión de este documento, como
son adaptar los criterios radiológicos para la gestión de emergencias
nucleares del Plaben a lo que se deduce de la Directiva europea 96/
26, el Euratom, sobre normas básicas relativas a la protección
sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos
que
resultan de radiaciones ionizantes; incorporar la nueva organización
de la Administración del Estado recogida en la Lofage; recoger la
experiencia de gestiones del Plaben actual y de los correspondientes
planes provinciales de emergencia nuclear, teniendo en cuenta los
resultados de los ejercicios y simulacros realizados. Con este
objetivo, se ha creado y está en funcionamiento una ponencia técnica
de la Dirección General de Protección Civil y del Consejo de
Seguridad Nuclear para elaborar la nueva versión. Se ha fijado un
plazo máximo para la redacción en mayo del 2000, que coincide con el
plazo para la trasposición de la Directiva comunitaria 96/29 del
Euratom. El Consejo de Seguridad Nuclear está trabajando en los
apartados del Plaben directamente relacionados con su competencia:
criterios radiológicos, niveles de intervención, zonas de
planificación, niveles de dosis para el personal de emergencia y
modelos domésticos, grupos radiológicos provinciales, operatividad,
interfase con planes de emergencia interior, medidas de protección
civil y nivel central de respuesta para temas de seguridad nuclear y
protección radiológica.
Respecto a las diversas instancias que deben participar en el proceso
de revisión, el texto de la proposición no de ley no recoge el
Consejo de Seguridad Nuclear, sin duda por el tenor literal del punto
1 de dicha iniciativa parlamentaria, que se refiere únicamente a las
distintas administraciones territoriales que han de participar en el
proceso, refiriéndose en concreto a los departamentos ministeriales
que participarán en representación de la Administración general del
Estado y sin mencionar, por tanto, al Consejo de Seguridad Nuclear en
cuanto organismo público que aun gozando de autonomía, se inscribe en
el ámbito de esta última Administración, si bien se sobreendiente que
es clara la necesidad de que dicho organismo participe en el proceso
de revisión y actualización de los planes, dada su competencia en
relación con el establecimiento de criterios de la protección
radiológica de la población y del medio ambiente.
Respecto a lo establecido en el punto 2, vamos a presentar en este
momento una enmienda transaccional in voce, por lo que entiendo que
podemos llegar a una solución. Respecto al punto 3, se considera
innecesario establecer de antemano un plazo determinado para llevar a
cabo la mencionada revisión de los planes, por cuanto el alcance de
la misma y, por tanto, el de su horizonte temporal para llevarlo
adelante, no puede establecerse, como hemos señalado anteriormente,
con carácter previo al inicio de los trabajos sino en el transcurso
de los mismos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la formulación de una
enmienda consistente en apoyar el texto de la proposición no de ley
en el punto 1, presento en este acto una transaccional al punto 2 y
rechazaríamos el punto 3. Respecto a la transaccional que proponemos
del punto 1, se ha presentado por vía reglamentaria, y en cuanto al
punto 2, lleva el siguiente texto: 2. Que en dichos planes, si así lo
estima adecuado el Consejo de Seguridad Nuclear y a reservas del
resultado de la ponencia que estudia dichas cuestiones, se contemple,
además de la fase de operación las de cierre, almacenamiento y
desmantelamiento de las centrales.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir mínimamente?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Mínimamente para decir, primero, que
apoyaremos la propuesta del Grupo Socialista; segundo, que cuando
debatimos los temas de seguridad y emergencia nuclear, fue una
consecuencia de la externalización de costes que les mencionaba en el
debate anterior, y, tercero, insisto en el problema que ha existido
históricamente y que existe hoy de financiación de los planes de
emergencia nuclear, que lleva a que muchos alcaldes y muchos
ayuntamientos que no puedan decir a sus ciudadanos cuáles son los
planes de emergencia. Por tanto, apoyamos claramente la iniciativa
del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: También de una manera muy rápida, para decir
que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa del Grupo Socialista,
pero nos generará serias dudas si la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular intenta sustituir toda la proposición no
de Ley. Creemos que es necesario que dentro de los planes se incluyan
también las fases de desmantelamiento y almacenamiento y el posible
cierre de las centrales nucleares, porque también habrá que tener
vigilancia y control, aunque aquellas hayan sido cerradas y no hayan
sido desmanteladas. Por lo tanto, la apoyaremos siempre y cuando se
llegue a un acuerdo que no elimine este punto.
El señor PRESIDENTE: Trasladaremos esta enmienda transaccional al
Grupo Socialista para que pueda estudiarla y llegar a un acuerdo con
el grupo proponente antes de su votación.
- RELATIVAA LOS PLANES DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE ANDÚJAR, BAILÉN, LA
CAROLINA, GUARROMÁN Y LINARES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001360.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de la proposición número 3,
dentro de los cambios que se han ido solicitando, corresponde ahora
el debate de la número 4, relativa a los planes de
reindustrialización de Andújar, Bailén, La Carolina, Guarromán y
Linares, y posteriormente pasaremos a la número 7.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: La proposición no de ley que presentamos hace
alusión a actuaciones a desarrollar en cinco municipios de una zona
de Jaén, Andújar, Linares, La Carolina, Bailén y Guarromán, que
tienen una gran dependencia de la actividad industrial, que han
sufrido con dureza la última crisis económica en términos de cierre
de empresas y pérdida de empleo. En esta zona se está llevando a cabo
un plan de reindustrialización que está teniendo efectos muy
positivos en términos de desarrollo económico y, en consecuencia, en
creación de pequeña y mediana empresa, así como de puestos de
trabajo.
Efectivamente, en el año 1995 y ante esta situación de crisis
industrial, la Junta de Andalucía, a través de tres consejerías, la
de Trabajo, la de Industria y la de Obras Públicas, la Diputación
Provincial de Jaén, los cinco ayuntamientos del territorio afectado,
los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras y la
Confederación de Empresarios de Andalucía, junto con las Cajas de
Ahorro, firmaron un convenio para poner en funcionamiento este plan
de actuación hasta el 31 de diciembre de 1999; por tanto, lleva cinco
años de funcionamiento. Los objetivos del plan eran ... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, si tienen que acordar algo
sobre la transaccional háganlo fuera, porque los servicios de la
Cámara no pueden oír al señor que está defendiendo la proposición.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Como indicaba, los objetivos de este plan eran el mantenimiento de
2.000 empleos, la creación de 1.000 puestos de trabajo nuevos, todo
ello con una generación de inversión en torno a los 15.000 millones
de pesetas. A junio de 1999, cuando sólo quedan seis meses para la
terminación de este plan, hay ya una inversión generada de más de
13.500 millones de pesetas. Se han mantenido, que estaban amenazados
de desaparición, 2.103 empleos y se han creado 2.074 empleos nuevos.
Por tanto, se han superado con creces los objetivos que entonces se
marcaron, y esta valoración la hacen, sin lugar a dudas, todos los
actores que han participado en este plan. Por ello, nuestro segundo
punto de esta proposición no de ley recoge el compromiso de renovar,
a partir del 31 de diciembre de 1999, este plan de
reindustrialización que está teniendo unos efectos positivos
importantes, sobre todo en el empleo, que era el objetivo principal
que se perseguía.
Sin embargo, durante los años 1997 y 1998 aparece una actuación del
Ministerio de Industria en esta zona con cargo al Miner, que generó
una importante polémica que aún no ha sido aclarada. Dentro de la
línea del Miner, sólo un ayuntamiento, el de La Carolina, recibió
casi 2.000 millones de pesetas tanto en subvenciones a fondo perdido
como en créditos a interés cero. Igualmente, para las empresas que se
instalaban en este municipio hubo una apertura de crédito a interés
cero con cinco años de carencia y quince de amortización. Pero el
matiz siempre a poner sobre la mesa es que habiendo un plan de
reindustrialización para cinco municipios, el Ministerio de Industria
solamente hizo estas actuaciones en el Ayuntamiento de La Carolina.
Estamos seguros de que las ayudas se concedieron legalmente y con
toda la formalidad. Estamos seguros de que La Carolina necesitaba
estas ayudas, pero igualmente estamos seguros de que se hizo una
política clientelar injustificada e injustificable. Se han repartido
los fondos públicos con criterios partidistas y de amiguismo. Si nos
preguntamos cuál es el elemento diferencial en estos cinco municipios
para que a un ayuntamiento se le dieran casi 2.000 millones y al
resto ninguno, el único elemento que diferencia esta actuación es que
el alcalde de La Carolina es don Ramón Palacios. En consecuencia,
ante esta situación queremos ponerle nombre y apellidos económicos al
protocolo que el Ministerio de Industria firmó con estos
ayuntamientos en junio de 1999, y lo hacemos en base a un acuerdo que
los cinco alcaldes han tomado por unanimidad y que ya ha sido
comunicado por escrito al propio Ministerio. Por tanto, nuestro
primer punto de la moción lo que propone es que estas ayudas del
Miner se extiendan a los otros cuatro ayuntamientos, no solamente a
uno, como ha ocurrido, y con criterios cuantitativos en torno a 1.900
millones de pesetas, entre subvenciones y préstamos.
Por último, señor presidente, en cuanto a la enmienda presentada por
el Partido Popular, si fuera sólo al primer punto de la proposición
no de ley que presentamos y se aceptara el segundo punto, nosotros
estaríamos dispuestos a aceptarla, pero si la enmienda es a la
totalidad, no podemos aceptarla, porque en el fondo no estamos de
acuerdo con ella, porque es una declaración de principios que no se
compromete absolutamente para nada. Pero como nuestra voluntad es que
esta proposición no de ley pueda salir adelante, insisto, quiero
dejar claro que si la enmienda es al primer punto y se acepta el
segundo, estaríamos dispuestos a aceptarla. Si la enmienda es a la
totalidad, a estas alturas del curso en ningún caso podría ser
aceptable. En ese caso, pedimos a la Presidencia, si lo estima
oportuno, que los dos puntos de la moción se voten por separado
cuando llegue el momento.
El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Popular la va a defender
el señor De Torres, que tiene la palabra.
El señor DE TORRES GÓMEZ: La verdad es que oyendo al señor Pliego no
sé si le importa más el proceso de reindustrialización de la comarca
o, como ahora es época electoral, tratar de sacar otra vez a relucir
el tema Miner -que a mi juicio está resuelto-, o denigrar a los
ciudadanos de La Carolina diciendo que han recibido subvenciones que
no las considera cuando menos normales.
Señoría, sepa que nosotros entendemos que la política industrial que
se debe desarrollar en esa zona está más que justificada. Hay que
apoyar ese área que ha sido de una concentración industrial
tradicional, que se ha desmantelado en los años anteriores a 1996 sin
que los alcaldes de esa comarca -alcaldes socialistas- hayan
desarrollado otra actividad económica alternativa que sustituyera la
mano de obra que se perdió. Linares, La Carolina, Guarromán,
dependían casi exclusivamente de la minería. Las dos primeras no
tienen apenas actividad agrícola, por eso hay pueblos que reciben más
subvención. Bailén y Andújar no innovaron a tiempo su tecnología y su
sector cerámico básico en el caso de Bailén y también en cierto modo
en Andújar. Esta necesidad, para que lo sepa S.S., es más que
comprendida por este Gobierno y demostrada en una zona castigada por
el desempleo y que lógicamente necesita recursos para su
reactivación. No es ninguna novedad venir a decir que para este
Gobierno constituye un objetivo prioritario. Lo prueba el hecho de
que en mayo de 1995 la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía
y Hacienda, a través de incentivos económicos regionales, firmaron un
convenio denominado Plan de reindustrialización de Linares, La
Carolina, Andújar, Bailén y Guarromán, con el objetivo de llevar a
cabo una actuación en la zona que
paliara los efectos de la crisis industrial. Atenor de ese convenio,
el plan se proponía apoyar la implantación de nuevas empresas
industriales o ampliar las existentes para crear puestos de trabajo,
y con ello se dotaron de los instrumentos financieros adecuados, como
fueron subvenciones, créditos, avales, etcétera, y fue en 1997 cuando
se realizaron las actuaciones del Miner para desarrollar esos
municipios. Por cierto, lo de La Carolina sirvió de acicate a los
restantes municipios para que copiaran ese tipo de actuaciones;
actuaciones que abarcan a todos los municipios, y si en algún caso no
es a todos los proyectos, es como consecuencia de haber surgido
problemas derivados del hecho de que algunos ayuntamientos no
presentaron en su día, ni creo que hoy tampoco, los documentos
acreditativos de hallarse al corriente de pago de la Seguridad
Social.
En el texto de la presente proposición no de ley hay dos propuestas.
La primera, que se extiendan en el ejercicio de 1999 las ayudas Miner
a los cinco municipios. Y la segunda, que es el caballo de batalla
que trae aquí hoy el señor Pliego, que el Miner participe en un
futuro con la Junta de Andalucía, ayuntamientos, Diputación y agentes
económicos y sociales. Y en ese segundo punto el señor Pliego debería
ser coherente con las actuaciones del Partido Socialista en la Junta
de Andalucía, actuaciones en el año 1998 y para 1999 en una
proposición no de ley igual que esta que estamos tratando, de otro
partido político distinto al Partido Socialista. El diputado del
Partido Socialista contesta haciendo referencia al segundo punto. En
este sentido, el Grupo Socialista votará en contra de esta
proposición no de ley entendiendo que cuando finalice el plazo de
este plan, a finales del año que viene -es decir, 1999-, estudiaremos
-lo que yo le digo a usted también- si hay necesidad de prorrogarlo o
no. Esto lo dice el diputado socialista. Ahora, usted dice aquí otra
cosa distinta porque es el Partido Popular el que gobierna.
En cuanto a la primera propuesta, no hay ningún inconveniente por
parte de nuestro grupo en aprobarla. A ello se refiere una enmienda
de sustitución, que ampliaré ahora con la suya de adición, ya que las
actuaciones del Miner van en ese sentido. Tan es así que, como S.S.
debe saber, con fecha 9 de junio de 1999 se ha suscrito un convenio
de colaboración entre el Miner y los cinco ayuntamientos mediante el
que se establecen las bases de colaboración y actuación conjunta de
ambas administraciones y en el que se compromete el Miner a apoyar
todas las iniciativas surgidas en dichos municipios mediante las
ayudas contempladas en la Orden Ministerial de 30 de abril de 1999
para actuaciones de reindustrialización. De hecho, en el marco de
dicha orden y en el comité de gestión y coordinación del programa de
reindustrialización que se celebró el pasado día 4, se han propuesto
una serie de ayudas a estos municipios que ascienden, por un lado, a
402 millones de pesetas en concepto de préstamo y, por otro, 650
millones, en concepto de subvenciones. Ya están notificados y, en
fecha próxima, se celebrará un nuevo comité en el que se realizarán
nuevas ayudas.
En la situación actual y con la relación que hay con el Ministerio de
Industria y Energía, son los propios ayuntamientos los que dicen que
existe además un compromiso del Ministerio -y el Ministerio también
lo dice- de continuar ayudando a estos municipios en las órdenes
ministeriales
que se publicarán en años sucesivos. Esa es la razón por la que
tenemos que rechazar el punto segundo; entendemos que el marco de
colaboración establecido en el convenio suscrito con los cinco
ayuntamientos es más que suficiente para instrumentar eficientemente
las iniciativas de reindustrialización que apoya el Ministerio de
Industria.
En consecuencia, le propongo la enmienda alternativa que, recogiendo
parte de la suya, quedaría como sigue: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que durante el año 1999 extienda las ayudas
concedidas al Ayuntamiento de La Carolina y a las empresas que en esa
localidad se instalan -siempre poniendo de manifiesto La Carolina-,
a los municipios de Andújar, Bailén, Guarromán y Linares, del plan de
reindustrialización de la Nacional IV en el marco del plan de
reindustrialización gestionado por el Miner. Aceptando su enmienda,
agrego, según dice usted: Aplicando los acuerdos contenidos en el
protocolo firmado entre el Ministerio de Industria y los
ayuntamientos de los municipios afectados con fecha 9 de junio de
1999. Creo que eso recoge, no su intención -en este caso sería su
mala intención, y perdóneme-, pero sí el beneficio que de las
subvenciones del Miner se derivarían para los pueblos de esa comarca.
Si esto se aceptara así, se votaría a favor y, si no, se votaría en
contra y un servidor arrastraría muy gustoso lo que le esperará en el
periódico de su pueblo, como usted acostumbra. (El señor Pliego
Cubero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Rápidamente señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Intervengo por alusiones del diputado, que
califica mi proposición no de ley y la actuación de mala intención.
Quiero decir que hay un mínimo de dignidad exigible a cualquier
diputado -también a mí y, por supuesto, a él- y, desde luego, hacer
de Rappel en este Congreso es realmente vergonzante. (El señor De
Torres Gómez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor de Torres.
El señor DE TORRES GÓMEZ: Ya esperaba esa respuesta; si repasamos los
antecedentes de la Cámara, la viene haciendo exactamente igual
siempre. Dice que es de vergüenza ajena..., lo hace siempre. En
consecuencia, no me ha extrañado.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, hay que hacer dos
aclaraciones. La proposición no de ley recibe una enmienda al punto
uno por parte del propio grupo proponente. La proposición no de ley
no está redactada en forma de puntos, sino en dos párrafos; supongo
que la enmienda es al primer párrafo, es decir, que el primer párrafo
queda sustituido por la enmienda número 1. (Asentimiento.)
La aceptación de enmiendas no es por parte del Grupo Parlamentario
Popular, sino que el que tiene que aceptar la enmienda es el grupo
proponente. ¿Acepta usted la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular?
El señor PLIEGO CUBERO: No, presidente, no la aceptamos en los
términos planteados.
El señor PRESIDENTE: Cuando se vote la proposición, se votará con la
enmienda al apartado uno como punto 1, y manteniendo el párrafo dos
como punto 2.
Terminado el debate de estas proposiciones de ley, ¿hay algún grupo
que quiera intervenir? (Pausa.)
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Intervendré muy brevemente, señor
presidente.
Es evidente que todos los grupos coinciden en la situación de crisis
industrial severa sufrida por los municipios citados en el texto de
la proposición no de ley. Asimismo, es claro que los grupos coinciden
en que la respuesta que se instrumentó por parte de las autoridades
públicas competentes en su día, concretada en el plan de
reindustrialización de la Nacional IV, ha producido resultados
positivos. El problema es que ese plan que -insisto- ha producido
resultados positivos más allá de lo inicialmente previsto, termina el
31 de diciembre de 1999 y es hora de efectuar un balance. En ese
balance se constata que se ha producido una distribución desigual de
las ayudas del Miner en el ámbito de los municipios y, por otra
parte, se plantea la necesidad de proceder a la renovación del
acuerdo con la participación activa del Miner.
Entiendo que estos son los objetivos que se plantea el grupo
proponente y desde Nueva Izquierda vamos a apoyar la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Intervendré de manera muy breve.
Vamos a apoyar la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista y
queremos dejar constancia de que no entendemos la postura del Partido
Popular en cuanto al punto segundo, cuando hay un compromiso por
parte del Gobierno y del Ministerio de Industria de mantener año a
año, al menos, a través de órdenes ministeriales, el respaldo a los
plantes de reindustrialización de esta zona, que son bastante
necesarios.
Nos parecería muchísimo mejor para estos municipios y para el
Ministerio encontrar el respaldo de esta Cámara a la hora de
prorrogar la ayuda a estos municipios y a sus planes de
reindustrialización.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden del día y con las
alteraciones que en un principio se habían solicitado, después del
debate próximo -el de la proposición de ley número 7- retomaremos la
número 1, que no se ha podido realizar al inicio de la sesión, y
después seguiremos el orden establecido.
- RELATIVAA LAS INSTALACIONES URBANAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
PRESENTATADAPOR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente
161/001529.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 7, relativa a las
instalaciones urbanas de distribución eléctrica, presentada por el
Grupo Socialista, en nombre del cual tiene la palabra el señor Pérez
de Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Procuraré mantener el tono en cuanto
a la brevedad. La cuestión es clara, simple e inteligible para poder
llevar adelante esta propuesta, si así lo estiman oportuno los
grupos.
Si damos un paseo por la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades,
vemos un entresijo de hilos que separan nuestra visión del cielo. Se
está mejorando en parte gracias a los acuerdos de algunos
ayuntamientos con las compañías, pero de una forma precaria y,
además, con una aportación importante por parte de los municipios que
no se debería corresponder con la instalación de una empresa privada
y más después de la privatización de las empresas eléctricas. (El
señor vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
Son instalaciones, en la mayor parte de los casos, de una antigüedad
importante que deberíamos y podemos considerar más que amortizadas.
Por tanto, desde el punto de vista económico las empresas tienen ya
suficiente motivo -y han cumplido su obligación- como para proceder a
su sustitución. Creo que eso viene avalado además por una cuestión de
ahorro energético; tenemos unas instalaciones obsoletas en las que
hay unas pérdidas importantes de carga; por la mejora de calidad del
suministro, son muchos los pueblos o zonas de algunas ciudades en las
que hay dificultades de suministro en cuanto a la calidad del mismo y
por un aspecto importante y fundamental: por seguridad, ya que son
muchas las instalaciones que hay en nuestros cascos antiguos que
pasan rozando ventanas y balcones, con el consiguiente peligro para
las personas que tienen que estar en esos habitáculos que son sus
propias casas; por contaminación visual -lo he comentado al
principio- pues creo que ensucia la imagen de nuestros pueblos y
ciudades, quizá no lo vemos demasiado porque estamos acostumbrados a
ello, pero cuando esto se ha eliminado en alguna parte, nos damos
cuenta realmente del estorbo que representaba, tanto en los aspectos
que hemos comentado antes como desde el punto de vista de
contaminación visual.
Por todo ello, entendemos que es importante esa sustitución, que es
importante que se haga de acuerdo con la normativa urbanística y de
ahí viene que saludemos con agrado la enmienda que nos propone
Izquierda Unida, porque lo que viene es a concretar -nosotros
dudábamos en un supuesto, pero quizá sí es importante que se
concrete- el hecho de que esa sustitución se debe hacer con
instalación subterránea y lo que hacemos es instar al Gobierno para
que se establezca por ley un límite temporal que nosotros estimamos
en el 2005, porque consideramos que es suficiente para poder llevar a
cabo esta sustitución, empezando, lógicamente, por las situaciones de
más grave riesgo desde el punto de vista de las personas y por las
situaciones en las que la calidad del suministro sea más deficitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): El Grupo Federal de
Izquierda Unida ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Intervengo de manera rápida, entre otras
cosas porque nuestro grupo parlamentario comparte la iniciativa que
ha presentado el Grupo Socialista y lo único que hace con su
enmienda, en todo
caso, es matizar algunas de las sustituciones que creemos que se
deben hacer para mejorar las condiciones de las líneas de
distribución de energía eléctrica.
Señorías, en cuanto a la distribución para los hogares estas líneas
no solamente tienen que mejorar para conseguir en realidad un ahorro
y una eficiencia energética, que hoy por hoy se demanda en todos los
sitios, sino que creemos que también es importante que dentro de esta
iniciativa, además de que se pueda enterrar este tipo de líneas, se
tenga en cuenta que hay líneas de alta tensión que pasan por encima
de viviendas, de personas, que atraviesan municipios y ciudades y que
también se deben tener en cuenta, por su peligrosidad, a la hora de
adoptar esta iniciativa e incluirlas en el plazo legal que establece
la iniciativa, repito, para que puedan ser enterradas. Es peligroso
para las personas no solamente por la ubicación sino para su propia
salud. Cada vez son más los informes que se están elaborando que
indican que las líneas de alta tensión, cuando hay personas que viven
en torno a ellas, perjudican la salud de las personas y por tanto
debemos incidir en que hay que aprovechar este tipo de iniciativa
para que no solamente las líneas de distribución normal sino también
las de alta tensión puedan ser enterradas.
Por tanto, señorías, vamos a apoyar esta iniciativa del Grupo
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, diría que el intento de
Izquierda Unida de enmendar no ha sido un intento de perfeccionar
sino de arreglar lo inarreglable. Debemos decir desde el principio
que vamos a rechazar esta proposición no de ley porque es
absolutamente innecesaria y en la exposición de motivos se ha dado
cumplida cuenta de su inconsistencia.
La obligación de mantener el suministro en condiciones de calidad, de
regularidad y de seguridad es algo muy viejo, es algo que ha existido
siempre en la reglamentación española. El reglamento electrotécnico
de baja tensión es del año 1972 y supuso una enorme mejora desde el
punto de vista tecnológico en la calidad y en la seguridad de las
instalaciones. Ese reglamento dice que toda instalación que estuviese
en malas condiciones y fuese peligrosa tenía obligación de ser
sustituida y ser adaptada al nuevo reglamento. Pero no solo eso, sino
que el reglamento de verificaciones eléctricas data del año 1954, y
allí se marcan exactamente cuáles son las condiciones de calidad del
suministro -posteriormente, en el Real Decreto 1075/1986, de la época
socialista, fue modificado en cuanto al título V, capítulo I de dicho
reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad del
suministro-, y deja perfectamente claro que la responsabilidad para
pedir explicaciones respecto de la calidad del suministro y de la
seguridad de las instalaciones eléctricas es de las comunidades
autónomas; es decir, habría que decir a los señores Bono, Chaves,
etcétera, a todos los presidentes de las comunidades autónomas que
hagan que sus servicios de industria velen por la seguridad y la
calidad de la instalaciones eléctricas si no están en buenas
condiciones y que también les exijan a las compañías eléctricas en
esas zonas
que están en malas condiciones que cumplan los índices de calidad que
están perfectamente determinados desde el punto de vista cualitativo
y cuantitativo.
Lo que ha sido grandioso han sido las explicaciones desde el punto de
vista del ahorro energético y desde el punto de vista de un impacto
visual, porque cuando dice que hay un bosque de cables se está
refiriendo a líneas de distribución de baja tensión de conductores
desnudos; sin embargo, creo que es mucho más impactante, más feo, una
línea trenzada con un cable negro sobrepuesto o volando también por
los aires, y esa tiene calidad, seguridad, ahorro y eficiencia
energética. Esto no está bien argumentado. Por eso vino al quite la
señora Urán y dijo: No, es que tienen que ser subterráneas. Tienen
que ser subterráneas o no, porque si en un momento determinado hay
unas inversiones que cumplen con todas las garantías, si alguien
quiere que eso se cambie tendrá que financiarlo. Aclaro que no es que
se hayan puesto las líneas aéreas de alta tensión encima de las
casas, es que las casas se han metido debajo de las líneas, que es
distinto, por la absoluta falta de previsión municipal y la absoluta
temeridad de ir a zonas del extrarradio, que eran zonas de pasos de
líneas, donde se ha construido en condiciones de inseguridad, que ya
se conocían desde un principio. Vamos a poner las cosas en su punto.
También quiero decir que esos supuestos estudios de peligrosidad de
las líneas de alta tensión forman parte de una milonga generalizada
que se está convirtiendo en una especie de propaganda generalizada de
alarmismo irresponsable con cosas que no son ciertas. Podrá haber
peligrosidad por la proximidad de las líneas, pero no hay ni un solo
estudio eficiente, serio y riguroso que determine que los campos de
baja frecuencia -50 hertzios en este caso- de las líneas aéreas de
alta tensión produzcan alguna alteración en la salud, salvo que
alguien quiera ganar el premio Pulitzer de periodismo o el Nobel de
medicina con temas que está absolutamente comprobado que no tienen
ninguna repercusión.
Por tanto, como decía antes, quizá debajo de esto hay otra cuestión.
Responsabilidad de las comunidades autónomas, obligación permanente.
Por tanto no hay que enmarcarlo en el 2005, en 1954, en 1982, el 28
de octubre glorioso, el 3 de marzo de 1999, pues en el momento actual
y en el año 2027 hay obligación permanente de tener las líneas de
distribución de alta tensión en condiciones de seguridad y de
calidad. Eso lo vuelve a repetir el artículo 41.9 de la Ley 54/1997,
del sector eléctrico. Pero esa obligación sigue vigente, no hay que
marcar ningún horizonte temporal; esto es extemporáneo e
improcedente; hay obligación ahora y siempre y si no la comunidad
autónoma tiene que clausurar esa línea y multar a la empresa
eléctrica, pero que lo haga y que no le pida al Gobierno lo que ella
tiene que hacer porque tiene competencias transferidas; a ver si nos
enteramos.
Finalmente, lo que sí hay es un intento por parte del Gobierno, a
través del Ministerio de Industria, de pese a todo intentar ayudar a
que en el mundo rural mejore la calidad de la distribución eléctrica.
Para eso, primero fue Planer, desde hace mucho tiempo, con los
primeros gobiernos democráticos y también con el PSOE, y luego han
sido otros planes, como el Profine y otros planes de calidad en el
año 1997, que inyectan para la mejora de las líneas. Pero no sólo son
las líneas de distribución en baja tensión, sino
también están las líneas de distribución en media tensión, que es
normalmente donde este problema puede ocurrir y donde puede haber
interrupción. Se está gastando un dinero muy importante, de acuerdo
con las comunidades autónomas, en mejorar esa calidad, pero que cada
palo aguante su vela y que la comunidad autónoma cumpla su servicio
con eficiencia, y si una línea está en malas condiciones que la
clausure o la mande cambiar. Pero no es una competencia del Estado y
no hay ninguna obligación de tasar en el 2005, porque, como digo, fue
una obligación del pasado, es una obligación del presente y será una
obligación del futuro velar por la calidad y por la seguridad de las
instalaciones. En eso lo que hay que hacer es aplicar la ley y
dejarse de cuentos chinos. Por esos motivos vamos a rechazar esa
iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Entiendo que el señor
Pérez de Tudela ha aceptado la enmienda presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida.
El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Si me permite el señor presidente,
quiero aclarar una cuestión y pronunciarme sobre la enmienda. Quiero
decir que fundamentalmente nos referíamos en esta proposición a las
líneas de baja tensión en nuestros pueblos y ciudades, en primer
término, y, en segundo, que no se puede escudar en la forma en que se
plantean las cuestiones. Es una opción política la de contribuir a
que nuestros municipios puedan desarrollarse mucho mejor y, por lo
tanto, por ley decir qué es lo que se debe hacer, si es posible, si
es factible, si es procedente poner una temporalidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señor Pérez de Tudela,
este turno es exclusivamente para aceptar o rechazar la enmienda.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Y en ese sentido, mantenemos nuestra
propuesta incorporando la enmienda, que clarifica, presentada por
Izquierda Unida.
- SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA INITEC. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
161/000827.)
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Pasamos a la proposición
no de ley número 1, sobre privatización de la empresa Initec,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar, quiero llamar la
atención sobre el hecho de que mi grupo ha realizado una autoemnienda
para actualizarla, puesto que el proceso de privatización ha sido
largo, tan largo que todavía no ha culminado y, por lo tanto, era
necesario darle un retoque, puesto que en este momento está pendiente
de la decisión del consejo consultivo de privatizaciones y del propio
Gobierno para terminar el proceso. Mi grupo quiere llamar la atención
sobre este caso peculiar de privatización
en cuanto que entendemos que no cumple ninguno de los requisitos que
el Gobierno anunciaba como criterios para privatizar. Es decir, ni ha
habido transparencia, ni concurrencia, ni publicidad en el proceso,
ni separación clara ante la responsabilidad que corresponde en cada
proceso a los accionistas y a los gestores de la empresa, ni control
previo y posterior de cada proceso. Para la propuesta de venta se
había exigido que las ofertas fueran por la totalidad de la empresa,
es decir, para evitar la segregación o disgregación de la empresa y,
sin embargo, con posterioridad a la retirada de los más importantes
concurrentes, se formaron consorcios entre Técnicas Reunidas y
Westinghouse e incluso más tarde, después de cerrada la fase de
selección de ofertas finales, ha entrado en el consorcio final una
empresa, Dragados Industrial, que no había participado en el proceso
desde su comienzo.
De igual manera, llama la atención que incluso directivos de la
actual empresa Initec se han pronunciado públicamente, mediante
artículos en la prensa, a favor de una de las empresas, en este caso
de Técnicas Reunidas, cuando todavía no se ha tomado la decisión
definitiva y también es preocupante porque en un momento en el que
todavía no se ha tomado la decisión definitiva se está produciendo,
en nuestra opinión y en opinión de los trabajadores, un acceso
a información muy significativa de la propia empresa que está pasando
directamente a una competidora, que es lo que es al día de hoy
todavía Técnicas Reunidas, que va mucho más allá de lo que sería
conocer los datos de la empresa, es decir, se está accediendo a bases
de datos, copiándolas y, por lo tanto, en el caso de que la decisión
final fuera negativa, se habría accedido a información sensible sobre
mercados, sobre clientes, sobre procesos de ingeniería, etcétera, que
hoy todavía son propiedad de Initec y no de las empresas que ya han
aterrizado y están en este momento absorbiendo los propios
conocimientos de esta empresa.
Por consiguiente, quiero llamar la atención y denunciar esta
situación, queremos exigir la paralización de ese proceso, la puesta
a cero, porque esto se está convirtiendo claramente en la toma de una
empresa por una competidora para convertirla en una especie de
empresa de trabajo temporal, como anuncian los propios informes de
uno de los compradores. Su propio consejo de administración informa
que va a ser muy útil con la caída de personal y la reducción
probable de plantillas en el sector eléctrico, con las centrales de
ciclo combinado, etcétera, que es un buen instrumento para tenerlo
ahí y utilizarlo puntualmente para usar su material humano y,
desgraciadamente, hay que decir que se está comprando -y voy a
decirlo muy crudo- carne. Por eso no hay acuerdo con el comité de
empresa, es decir, porque así como en otros procesos ha habido
acuerdos para prejubilación, para intentar aplicar la reducción,
desgraciadamente por criterios tan poco objetivos pero simples como
es aplicar la edad y punto, aquí no se busca eso, sino quedarse con
los más cualificados y se entra en un proceso muy extraño, que hace
imposible la negociación con el propio comité de empresa, a
diferencia de otros procesos de privatización. Por lo tanto, es una
situación atípica, donde incluso hay parentesco entre directivos de
la empresa compradora y directivos de la propia SEPI. Es una
situación insisto, que nosotros queremos
denunciar hoy para que cuando en el futuro pasen otras cosas podamos
tener, por lo menos, la conciencia tranquila de haberlo denunciado
hoy aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): El Grupo Socialista ha
presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Hemos presentado una enmienda, estando de
acuerdo con la argumentación de Izquierda Unida, porque por la fecha
en la que se presentó esta proposición no de ley los acontecimientos
habían superado negativamente las propias intenciones de la
proposición. No obstante, la autoenmienda de Izquierda Unida está
prácticamente en la misma línea de lo que nosotros hemos presentado,
si bien hay algunos puntos que se complementan, por lo que -si lo
estima así el proponente- le pediría que aceptara la adición de estos
puntos a su propia enmienda. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El núcleo fundamental de lo que aquí está pasando no es nada nuevo,
es algo que se añade al desgraciado proceso llamado de modernización
de privatizaciones del sector público. Cada proceso es una vuelta más
a la tuerca sobre el anterior y aquí ya es un sarcasmo hablar de
información, transparencia, porque no hay absolutamente nada. Hay
cosas tan peregrinas como que el comité de empresa envía una carta
intentando obtener información de la forma que sea al consejo
consultivo, al propio Ministerio, que le pide que sea mediador, a las
propias empresas compradoras. Estos le responden que ellas solamente
han procedido a la compra pero no a la privatización, y respecto al
futuro de Initec dicen que no saben nada, que se dirijan a la SEPI o
a la empresa. El propio consejo consultivo no dice absolutamente
nada, el Ministerio tampoco y, por fin, se produce una denuncia del
propio comité a la delegación del Ministerio de Industria en Madrid,
al que le piden la información básica que debían haber dado desde el
principio. Eso unido a lo que el portavoz de Izquierda Unida, señor
Santiso, ha relatado aquí -que es exactamente lo que está pasando, y
es que se está traspasando información sin haber procedido a un
proceso formal y transparente de venta de esa empresa- hace que
estemos ante un hecho para el que no hay ninguna calificación. Esto
es un sarcasmo, como he dicho antes, que es lo más aproximado a la
realidad.
Por lo tanto, pedimos en este Parlamento -no con la esperanza de que
se apruebe, dada la mayoría con la que cuenta el Partido Popular y
sus socios, sino pensando que todavía queda algún resquicio- que no
se tergiversen más las palabras y no se siga hablando más de
transparencia ni de que se está haciendo un proceso limpio y acorde
con lo que puede ser la venta de una empresa como ésta, que tiene un
alto componente tecnológico y humano y es un patrimonio, además de
material, de nuestro país que habría que preservar. Nosotros, si
Izquierda Unida acepa esa enmienda, apoyaremos la proposición no de
ley presentada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Cuando se quiere saber cómo se está llevando
a cabo el proceso de privatizaciones en nuestro país se puede atender
a distintos ejemplos para sacar una conclusión adecuada. Nos parece
que el proceso de privatización que se lleva a cabo en relación con
Initec, empresa pública de ingeniería muy importante y que tiene un
componente tecnológico sustancial como garantía de viabilidad de la
empresa pero también como garantía de futuro industrial de nuestro
país, puede ser realmente ejemplificador de la transparencia con la
que se ha llevado a cabo la adjudicación. A nosotros nos parece que
ha habido de todo menos transparencia y cómo se priman los intereses
generales de este país. En nuestra opinión, ha habido serias dudas
acerca de que la fragmentación de la empresa garantice que los
compradores de la misma tengan algún interés estratégico en la
empresa distinto del de adueñarse de los mercados y posteriormente
revertirlos en lo que eran sus instalaciones iniciales, en el respeto
a los derechos de los trabajadores y el compromiso para el empleo. Es
de todos sabido que había un acuerdo de que la privatización no se
llevaría a cabo sin que antes se hubiera acordado un plan laboral, y
ese acuerdo ha sido absolutamente incumplido.
En estos momentos, esta proposición no de ley, que desde Nueva
Izquierda vamos a apoyar, debe servir para que los grupos políticos y
en definitiva la ciudadanía y especialmente los trabajadores
afectados saquen conclusiones acerca de qué supone el plan de
privatizaciones, que es pura y simplemente una operación de caja para
cubrir otro tipo de operaciones políticas como la famosa
contrarreforma fiscal o los regalos que se hacen a sectores
productivos determinados, que permiten al Partido Popular y al grupo
del Gobierno Popular mantener una estabilidad coyuntural de las
cuentas públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Navarro.
El señor NAVARRO ELOLA: Esta privatización, de la que trata la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, debe
considerarse como un paso más en la política de privatizaciones
desarrollada por el Gobierno del Partido Popular desde 1996.
Efectivamente, el programa de modernización del sector público
empresarial de junio de 1996 señalaba las contradicciones existentes
en el sector público español de aquel entonces, sin criterio
económico sólido y en muchos casos sin criterio social justificado
como, valga la redundancia, es el caso de Initec, puesto que la
economía española ha sido capaz desde hace varias décadas de generar
un tipo de empresa de ingeniería y de consultoría técnica en general
competitiva a nivel internacional. La privatización de la Empresa
Nacional de Ingeniería y Tecnología, S. A. (Initec), ya ha sido
aprobada por la SEPI y va a ser vendida a Westinghouse Técnicas
Reunidas, importante empresa nacional de ingeniería con tradición,
y además se prevé la posible incorporación de Dragados Industrial. Es
decir, que los recursos financieros, productivos y humanos de Initec
se incorporan a un proyecto empresarial muy consolidado en los
mercados internacionales de la ingeniería. No se «vende carne», como
dice el señor Santiso. Esto significa que, una vez más, el
Gobierno del Partido Popular ha apostado por un plan de viabilidad
industrial antes que justificar la privatización por motivos
financieros, como fue el caso de la política de privatizaciones de la
primera mitad de la década de los años noventa.
Tampoco cabe hacer otra cosa con el futuro de Initec. Se debe tener
en cuenta que la parte más importante de la carga de trabajo la
venían proporcionando clientes que a su vez eran empresas públicas en
aquel mare magnum que era el sector público empresarial antes de
1996. La liberalización sectorial, especialmente en los campos de
energía y telecomunicaciones, ha producido también la liberalización
indirecta de algunos mercados cautivos como, por ejemplo, el de la
ingeniería pública. Fruto de ello es que la carga de trabajo de
Initec se ha debilitado y no todas sus gerencias -cuatro unidades de
negocio en las que está dividida la empresa- tienen la misma
proyección ahora que se tienen que enfrentar a condiciones de
mercado. Los socios compradores orientan a Initec y facilitan la
integración de sus recursos humanos y técnicos en el mercado nacional
e internacional de la ingeniería. Como garantía adicional, la SEPI ha
promovido un acuerdo social entre los compradores y los sindicatos
para que el tránsito se haga de la forma menos costosa posible en
términos de factor de trabajo. Sin embargo, la posibilidad de acuerdo
social respecto a cómo transitar hacia una estructura empresarial
competitiva, que hoy no tiene Initec, no debe poner en peligro la
enajenación de la empresa puesto que la mayor parte del empleo va a
quedar garantizada precisamente por la propia privatización.
La proposición no de ley de Izquierda Unida tiene dos exposiciones de
motivos posibles. Una de ellas, registrada el 27 de enero de 1998 y,
la otra, el 16 de noviembre de 1998. Aunque han hecho un retoque,
como ha dicho el señor Santiso, no está claro cuál es la que se
sostiene aunque hoy se presente aquí la segunda, que es el retoque.
En la primera se insistía en que no había que privatizar para no
desagregar la empresa, pero precisamente en las condiciones de venta
se establece que en tres años no va a haber desagregación del negocio
aunque le haga falta. En la segunda, se insiste mucho en el peligro
que encerraría la venta a una empresa nacional de la competencia, es
decir, que la privatización produciría un monopolio de hecho en el
sector de la ingeniería, como dice textualmente la proposición no de
ley de noviembre de 1998. Es difícil desde hace décadas justificar el
monopolio natural o el monopolio tecnológico, al menos entre
economistas. Lo que sí parece más probable es la existencia de
monopolios derivados de la regulación: por ejemplo, el Estado crea
una ingeniería y ésta desplaza del mercado a las otras ingenierías
privadas existentes sencillamente porque tiene cautivo el mercado de
ingeniería de otras empresas publicas.
Por lo tanto, el criterio del Grupo Parlamentario Popular es que la
proposición no de ley de referencia debe ser rechazada por
innecesaria. En primer lugar, por ir en contra del Programa de
modernización del sector público industrial, cuyo punto de partida es
el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996. Este
programa, cuya finalidad última es contribuir al incremento de la
eficiencia global y la competitividad de la economía, se articula en
torno a tres ejes básicos de actuación. Uno,
saneamiento de las empresas con el objetivo de dejar de depender de
los Presupuestos Generales del Estado; dos, consolidación, dotándolas
de capacidad competitiva que asegure su viabilidad y crecimiento
futuro, y tres, privatización en un proceso tendencial con vocación
de globalidad. Todas las empresas son susceptibles de privatización,
teniendo en cuenta sus circunstancias y presentando siempre la máxima
atención a la continuidad del proyecto empresarial y por tanto del
empleo. Con las privatizaciones se pretende garantizar el futuro de
todas las empresas y, en este sentido, en las operaciones de venta no
bursátiles constituye un elemento esencial para la decisión del
Gobierno la existencia de un sólido plan industrial presentado por el
comprador. Como resultado del proceso de privatizaciones, el Estado
pasa a ejercer un papel regulador de la actividad económica, que será
desarrollada por empresas que en términos de igualdad compiten en el
libre mercado. Así, el Estado se libera de las funciones que no le
son propias y se centra en favorecer y garantizar el libre ejercicio
de la competencia sin intervenir como accionista.
En segundo lugar, la proposición no de ley de Izquierda Unida, como
ya se ha indicado, iría en contra del futuro empresarial de Initec.
Al igual que en las operaciones de privatización ya culminadas, lo
que se pretende con la privatización de Initec es fundamentalmente
mejorar la posición de la compañía dentro del ámbito de actividad de
las empresas de ingeniería en una situación de gran competencia en el
mercado. Hay que tener en cuenta que Initec, aun siendo una empresa
con capacidad técnica demostrada, tiene unos costes generales
excesivos y necesita un soporte accionarial e industrial que le dé
viabilidad y estabilidad de futuro. En la medida que con la
privatización se refuerza su actividad comercial, una reducción de
costes eficaz dotará a la empresa de una estructura competitiva para
asegurar y potenciar su futuro.
Durante el proceso desarrollado hasta la fecha, y como es habitual,
SEPI ha mantenido reuniones con los representantes sindicales de los
trabajadores de la compañía. Además, dado que el plan industrial de
la oferta adjudicataria plantea la necesidad de reducir costes para
asegurar el futuro de Initec, que conlleva una adecuación de la
plantilla, SEPI intentó llegar a un acuerdo con los representantes
sindicales para que quedaran plasmadas dichas condiciones en el
contrato de venta. Dicho acuerdo no fue posible y aun así SEPI ha
solicitado a los compradores, y estos han aceptado, que la empresa
plantee a los representantes de los trabajadores la posibilidad de
alcanzar un acuerdo para aplicar la necesaria reducción de costes que
requiere la compañía y en consecuencia el mantenimiento futuro de los
puestos de trabajo con el mínimo gravamen para los excedentes.
Aun siendo Initec una empresa con capacidad técnica demostrada, los
motivos para proceder al ajuste de plantilla derivan de la posición
de la compañía en un mercado de gran competencia como es el sector de
ingeniería. Por tanto, que ese ajuste se realice mirando el futuro
con el apoyo de los nuevos accionistas crea mejores espectativas que
si la empresa hubiese tenido que afrontar ese necesario ajuste sin
contar con dicho apoyo. Adicionalmente, el hecho de que los
compradores hayan comunicado a SEPI
la intención de incorporar Dragados Industrial, S. A. al proyecto
para reforzar el plan industrial, específicamente en lo que se
refiere a la gerencia de energía, supone un aval adicional para
garantizar el futuro de Initec, de forma que la necesaria adecuación
de plantilla que habría que afrontar en cualquier escenario tenga el
menor efecto posible sobre el empleo.
Por último, se señala que en el proceso de privatización de Initec
está pendiente la autorización del Consejo de Ministros, previo
dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones respecto al
cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y
concurrencia, para la formalización de la operación en escritura
pública. No obstante, los compradores ya están procurando carga de
trabajo a Initec.
Hasta el momento actual, las actuaciones realizadas, con total
transparencia -en contra de lo que han comentado los anteriores
intervinientes-, han sido las siguientes. El consejo de
administración de SEPI de 19 de diciembre de 1997 acordó la elección
de Santander Investment como asesor externo. El asesor contactó con
un amplio número de potenciales compradores -67 empresas del sector:
27 eran españolas y 40 extranjeras- y a aquellas que manifestaron
interés, y previa firma de un acuerdo de confidencialidad, se les
remitió el cuaderno de venta; en concreto, se remitió a 29 empresas:
16 españolas y 13 extranjeras. El 25 de junio de 1998 se fijó como
fecha límite para la presentación de ofertas no vinculantes,
recibiéndose las de 11 entidades, seis españolas y cinco extranjeras.
El consejo de administración de SEPI de 28 de julio de 1998 autorizó
el acceso a la fase de due diligences a seis compañías, proceso
finalizado en el mes de noviembre. Se les solicitó, para el 22 de
enero de 1999, la presentación de oferta vinculante y definitiva, que
comprende el plan industrial y la oferta económica, recibiéndose una
presentada conjuntamente por Técnicas Reunidas y Westinghouse. Una
vez recibida y evaluada dicha oferta, el consejo de administración de
SEPI de 23 de abril de 1999 aprobó la adjudicación de Initec
a Técnicas Reunidas y Westinghouse Electric Company, con una
participación 50/50. El 29 de julio de 1999 se firmó el contrato
privado de compra-venta.
Creo que está todo suficientemente claro. Por tanto, nuestro grupo va
a votar en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, ¿cómo va a quedar la proposición
respecto a la enmienda? La suya, que es de adición, lógicamente
quedará incluida, a no ser que quede modificada porque acepte
enmiendas del Grupo Socialista.
El señor SANTISO DEL VALLE: Efectivamente, puesto que ha habido
modificaciones en tiempo, por decirlo así, desde la presentación de
nuestro texto hasta el día de hoy. Hay un hecho relevante, como es
que la sociedad asesora independiente, la que asesoró para esta
compraventa, hoy es del mismo banco propietario de Técnicas Reunidas.
Por tanto, hay una irregularidad grave y, en consecuencia, asumimos,
como adición a la nuestra, las enmiendas del Grupo Socialista.
- SOBRE RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE ACTIVOS OCIOSOS DE LA EMPRESA
PÚBLICA HUNOSA Y SU REVERSIÓN A LOS MUNICIPIOS MINEROS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/001371.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos el orden del día y pasamos a la
proposición no de ley, ya en el orden normal; es decir, pasamos a la
proposición no de ley número 5, sobre recuperación y reutilización de
activos ociosos de la empresa pública Hunosa y su reversión a los
municipios mineros.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y, para defenderla, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Este un asunto muy sentido en los
municipios mineros de Asturias, en primer lugar porque se lleva
muchos años intentando negociar, entre el Principado de Asturias, los
municipios mineros y la propia empresa Hunosa, la reversión paulatina
de aquellos terrenos antes utilizados por las explotaciones mineras y
que hoy, en muchos casos, se han convertido en espacios ociosos y, en
otros, en espacios deteriorados por la propia acumulación de los
estériles de las minas. Hay una enorme preocupación porque, en muchos
casos, los municipios mineros, que tienen escasos recursos
presupuestarios, tienen dificultades para poder disponer de estos
terrenos, aunque sea por necesidades públicas de esos municipios, en
condiciones razonables. Algunos de estos terrenos están situados en
zona urbana y otros en zona rural pero, en todos los casos, Hunosa ha
pretendido sacar una rentabilidad económica, a pesar de que, por las
propias características de las explotaciones, ha tenido que
compatibilizar el empleo y la riqueza que ha creado en la zona con el
deterioro medioambiental, que hoy es una rémora para la propia zona.
Por todo ello, ya en el año 1994 se publicó un plan director para la
reutilización integral de los espacios ociosos, que se clasificaban
en: activos urbanos, activos no urbanos y aquellos otros todavía
necesarios para la explotación minera. Han pasado cinco años y, a día
de hoy, esto está estancado, prácticamente en la misma situación en
que se encontraba en aquel momento. Ese plan no se desarrolló y,
aunque ahora aparece un instrumento, dentro de la propia empresa,
para gestionar estos activos ociosos, nosotros queremos insistir, a
través de esta proposición no de ley, en la necesidad de que Hunosa
sea generosa con quien ha sido generosa con ella como empresa,
incluso en muchos casos sin que se hiciera la aportación que se debía
haber hecho por parte de diversas explotaciones en concepto de
licencias e incluso de uso del propio suelo.
Por tanto, creemos que Hunosa, y en su caso el Gobierno -Hunosa
tampoco tiene por qué perder de alguna manera sus propios activos-,
es decir, en combinación con el Ministerio de Industria, deben llegar
a acuerdos razonables; se debe llegar a acuerdos entre los propios
municipios, el Principado de Asturias, Hunosa y, en su caso, el
Ministerio de Industria, de forma que estos terrenos reviertan a su
uso original en la medida de lo posible y,
sobre todo, que estén a disposición de estos territorios, que en
muchos casos necesitan estos suelos para sus propias actividades y
para uso público.
Nuestro grupo quiere insistir en esto y espera que el Gobierno se
comprometa de verdad y facilite la resolución de esta cuestión,
incentivando y recuperando en la medida de lo posible aquel plan de
1994 o discutiéndolo de nuevo porque, lógicamente, puede haber
terrenos que hayan cambiado respecto a la catalogación que se hizo en
aquel momento. Se trata, repito, de que a lo largo del próximo año
podamos ver cómo revierte de nuevo en estos municipios ese suelo, muy
importante para ellos.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista, que
defenderá el señor Pérez Cueto.
El señor PÉREZ CUETO: La actividad minera ha tenido un impacto en las
comarcas en las que se ha desarrollado no sólo desde el punto de
vista económico, sino también por la profunda modificación del
entorno en el que se han asentado. En la actualidad, cuando la
actividad minera disminuye y la empresa Hunosa está en disposición de
desprenderse de activos ociosos, bueno es que esto contribuya a la
necesaria y urgente reindustrialización de las comarcas de la minería
del carbón. Desde que en 1994 se acordó el esquema director al que
hace referencia la proposición y que nuestro grupo impulsó, poco se
ha hecho sobre los aspectos que el acuerdo refleja; muy al contrario,
la empresa Hunosa, lejos de facilitar la adquisición de activos por
parte de los ayuntamientos, ha actuado en muchas ocasiones de forma
especulativa y, en este sentido, el caso del edificio de ingeniería
de Mieres es un buen ejemplo de cómo Hunosa se ha aprovechado de la
necesidad de este ayuntamiento en relación al desarrollo del campus
universitario para subir el precio.
Estando de acuerdo con el sentido de la proposición, nuestro grupo
considera que no podemos obviar que sus objetivos están en la base de
la reciente creación de la empresa Sadin, con la participación del
Principado de Asturias, administración nuevamente comprometida con la
reindustrialización de las comarcas mineras tras cuatro años de
olvido por parte de la administración anterior. Por ello, hemos
presentado una enmienda de sustitución al segundo punto, haciendo
referencia al papel de Sadin en la reutilización integral de los
activos mineros ociosos y al acuerdo que ha de haber con los
municipios afectados.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Cueto, en la redacción de su
enmienda, la sustitución del punto 2 empieza: En este sentido...
Falta un verbo o quitar «en este sentido» y que el punto 2 dijese: La
empresa de diversificación...
El señor PÉREZ CUETO: Así es.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: De todos es sabida la importancia crucial
que tiene en el conjunto de la sociedad asturiana, no sólo en el
terreno económico, sino también en
el terreno social e incluso en el terreno de distribución geográfica,
en el terreno medioambiental, la actividad de la minería y, dentro de
la minería, la empresa Hunosa. Asimismo, es fácil pensar que un
proceso de reconversión como el que lleva sufriendo esta empresa
desde hace años tiene que ser abordado, por su complejidad, desde
distintos aspectos y siempre desde el consenso, consenso en cuanto
a los problemas que afectan al personal de la empresa y el papel
esencial que tienen que desempeñar en ese consenso los dos
sindicatos, pero también en cuanto al destino que se tiene que dar a
los activos ociosos de la empresa. En nuestra opinión, es importante,
atendiendo a la extensión, diversidad y complejidad que tienen esos
activos físicos que quedan ociosos, el que se piense en el futuro de
la localidad, en el futuro de la comunidad más allá de lo que pueda
ser el interés inmediato que se pueda obtener, con fines
especulativos en algunos casos, de la utilización de esos activos. De
ahí que a nosotros nos parezca importante la participación de todos
los entes y la necesidad de consenso en ese proceso de asignación, de
cara al futuro, de esos bienes ociosos.
Compartimos plenamente la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida y creemos que la enmienda del Grupo Socialista
responde a la actualidad en estos momentos y a las novedades que se
han producido con la creación de dicha sociedad, que tiene una
participación de la Junta de Asturias.
Desde Nueva Izquierda vamos a apoyar la proposición, que creemos que
quedará en unos términos que recojan los dos planteamientos ya
expuestos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: El Grupo Parlamentario Popular
manifiesta que la proposición no de ley no va a ser votada
favorablemente, la ha de rechazar por innecesaria, según los
siguientes criterios. En primer lugar, se señala que Hunosa dispone
de activos en desuso, que no ociosos. El Ministerio de Industria y
Energía y el Partido Popular coinciden en la necesidad de recuperar y
reutilizar los activos en desuso de Hunosa, con el objetivo de
favorecer la reactivación económica y la regeneración urbanística y
ambiental de las comarcas mineras. Buena prueba de ello es que se ha
plasmado con realidad en el plan de empresa 1998-2001, firmado el 27
de enero de 1998 por la SEPI, Hunosa y las organizaciones sindicales
Comisiones Obreras y UGT. Este es el único compromiso firme existente
y vigente en estos momentos en relación con la utilización de los
activos en desuso de Hunosa, por lo que el modelo de gestión de éstos
es el fijado en el señalado plan de empresa, que no contempla en modo
alguno la cesión planteada en la presente proposición no de ley.
La reversión de los activos a los municipios mineros sólo cabe
considerarla bajo la circunstancia prevista en el plan, siendo el
objetivo fundamental que persigue Hunosa en la actualidad, con la
gestión de sus activos en desuso, el contribuir con ellos a la
creación de riqueza y empleo estable en las comarcas mineras. Los
activos en desuso son pieza fundamental como soporte de la actividad
diversificadora de la sociedad, cuyo objetivo está fijado en el plan
de
empresa suscrito por las organizaciones sindicales, representantes de
la empresa, y cuyo cumplimiento se vería seriamente comprometido con
un sistema de gestión como el que emana de la proposición no de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida. En ese sentido, es de
señalar que la deuda que mantienen con Hunosa los principales
ayuntamientos de las comarcas mineras asciende a 418 millones. Hay
que tener en cuenta, además, que esa deuda corresponde a operaciones
de compraventa de activos en condiciones muy favorable de precio y
pago de los municipios.
Consideramos realmente injusta alguna de las manifestaciones que se
vierten en la proposición no de ley, al exponer que Hunosa ha puesto
condiciones difíciles de asumir, a los ayuntamientos de las comarcas
mineras, dados los escasos recursos económicos de que disponen,
produciendo situaciones lamentables al pedir Hunosa por esos activos
cantidades inabordables por los municipios de Turón, Mieres, Langreo
y otros. La realidad es justamente la contraria, con claros ejemplos
de cesión a precio simbólico y la mayoría de ellos incobrados, hechos
que indudablemente tienen un resultado final en la cuenta de
resultados.
En segundo lugar, el denominado esquema director, firmado en su día
por el Miner, la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo y Hunosa no
pasó de ser una mera formulación de objetivos, plasmada en un
documento de trabajo que debía de haber sido debatido y consensuado
entre todas las partes implicadas, lo que no llegó a suceder,
incumpliéndose así los acuerdos del 13 de julio de 1994, no poniendo
en marcha ninguna acción concreta de gestión de los activos en desuso
durante el plazo 1994-1996. Posteriormente, en 1997, se inicia la
elaboración y negociación del plan de empresa Hunosa, remontándose el
tratamiento de los activos en desuso y desarrollando aquellos
aspectos de la propuesta del esquema director coincidentes con su
modelo de gestión, con el fin de alcanzar eficazmente el objetivo de
compromiso de reindustrialización de las cuencas de Hunosa con la
firma del citado plan.
La filosofía que informa esta actuación no es sólo la de buscar
utilización para los activos en desuso, sino que este objetivo debe
subordinarse a la creación de empleo, a cuyo efecto, el plan de
empresa prevé destinar 20.000 millones de pesetas a la inversión
industrial, soportado en buena medida por dichos activos. Por tanto,
se señala que el marco de actuación de Hunosa para la gestión de sus
activos en desuso es el vigente plan de empresa 1998-2001, único
compromiso firme respecto a dichos activos.
Así, por acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999 se
autoriza a Hunosa la constitución de la Sociedad Asturiana de
Diversificación Minera, Sociedad Anónima, Sadín, con un capital
social de 1.000 millones de pesetas, que será suscrito íntegramente
por Hunosa, la encargada de llevar a efecto la diversificación
utilizando en parte sus activos en desuso, objeto de dicha
proposición.
Por todas estas razones, nuestro voto será negativo a esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: El señor Santiso tiene la palabra para
manifestarse respecto a la enmienda del Grupo Socialista.
El señor SANTISO DE LVALLE: Acepto la enmienda.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE ADOPTE LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA FACILITAR LA PRÓRROGA DEL CONTRATO ENTRE FERTIBERIA Y
ENAGAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001442.)
El señor PRESIDENTE: La proposición número 6 del orden del día es la
que insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
facilitar la prórroga del contrato entre Fertiberia y Enagas. Esta
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Simplemente deseo manifestar que nuestro
propósito es retirar esta iniciativa. Se ha introducido en el orden
del día porque, como recordará S.S., en el debate que se produjo
sobre esta cuestión antes del verano no fue posible aglutinar la
propuesta que también tenía presentada el Grupo Parlamentario Popular
sobre el mismo tema. En cualquier caso eso no impidió que el voto
favorable de nuestro grupo se sumara al de otros para aprobar un
texto que fue respaldado por unanimidad de los grupos de la Cámara.
Entendemos que es plenamente vigente aquel acuerdo, por lo que
retiramos la iniciativa en este momento.
El señor ROS MAORAD: Señor presidente, ¿me permite una aclaración
respecto a lo que ha dicho el señor Peón sobre esta proposición no de
ley?
El señor PRESIDENTE: Al ser retirada la proposición no de ley, no hay
debate posible.
El señor ROS MAORAD: El señor Peón hace que se discuta o no, pero
cuando se ha dado una explicación que no es exacta, creo que tengo
derecho a dar la mía.
El señor PRESIDENTE: En otro momento podrá, pero en éste no se debate
nada sobre este tema.
Lo siento, pero no le puedo dar la palabra para esta explicación.
- SOBRE EL FUTURO DE LA EMPRESA PÚBLICA MANISES DIESEL ENGINE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001616.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre el futuro de la empresa pública
Manises Diesel Engine.
Tiene la palabra para defenderla la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida presentó esta iniciativa en el mes de mayo ante una
situación que atraviesan muchas empresas públicas, pero en este caso
en concreto la empresa pública Manises Diesel, que está ubicada en la
Comunidad Valenciana, que pertenece -y queremos
resaltar esto- al grupo Astilleros Españoles y que está
participada en un 80 por ciento por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI. Solamente tiene un 20 por ciento
de la empresa privada alemana MAN. Queremos resaltar esto, señorías,
porque al presentar esta iniciativa lo que demandamos al Gobierno es
que intervenga, pero no para dar subvenciones o dinero, sino como el
accionista mayoritario de esta empresa, para que una empresa puntera,
preparada tecnológicamente para poder fabricar y mantener los puestos
de trabajo que tiene en estos momentos, pueda realmente seguir
funcionando y no se vea abocada al cierre en una actitud que a
nosotros nos parece como mínimo de desentendimiento por parte del
Gobierno y de la SEPI.
Señorías, se trata de una empresa que fabrica motores, pero que desde
enero de 1998 lleva sin pedidos. Todos sabemos que la construcción de
buques está resintiéndose en nuestro país y los astilleros pueden
seguir funcionando porque se tarda mucho más tiempo en construir un
buque que un motor. Esta empresa lleva sin pedidos desde el año 1997,
por lo que está viendo mermada su capacidad de producción. En estos
momentos están llevando a cabo un expediente de regulación de empleo
que afecta a 180 trabajadores de los 340 que tiene. No estamos
hablando de un puesto de trabajo, estamos hablando de 340
trabajadores y trabajadoras que se pueden ver en el paro de aquí a
poco tiempo si no hay una intervención real del socio mayoritario, en
este caso la SEPI.
En el primer punto de nuestra iniciativa planteamos precisamente que
se potencie el desarrollo, la diversificación y fabricación de
productos nuevos porque la empresa está preparada para ello. Nosotros
consideramos que el Estado, la SEPI, está dejando morir a esta
empresa. Los datos que nos llevan a esa conclusión son los
siguientes. El capital inicial de 1.863 millones de pesetas, cuando
se ve participada por la empresa alemana MAN, ahora se ha quedado
reducido a 500 millones de pesetas y tiene unas pérdidas previstas de
2.500 millones de pesetas. Ante esto, no se está haciendo
absolutamente nada por los socios mayoritarios para que una empresa
con tecnología punta pueda llevar a cabo aquello para lo que
realmente está preparada. Se puede diversificar, se pueden construir
molinos eólicos entre otras de las muchas actividades que podría
llevar a cabo. Es más, nuestro propio Gobierno no está haciendo
absolutamente nada ante la competencia desleal de los países
asiáticos a través de las ayudas del Fondo Monetario Internacional.
Los gobiernos europeos, y el nuestro en concreto, no están tomando
posturas que permitan evitar que se pueda producir esta competencia
desleal. De ahí, señorías, que el segundo punto de nuestra
proposición no de ley vaya encaminado a solicitar la toma de posición
de los gobiernos de la Unión Europea contra la realización de
políticas de dumping o la competencia desleal que se está practicando
desde los países del Este.
Además, señorías, el propio presidente de la empresa AESA, en su
comparecencia con motivo de los presupuestos, nos explicaba que la
empresa privada que está participando a Manises Diesel es la que
concede las licencias para construcción de motores a aquellas
empresas que hacen la competencia desleal a la propia Manises Diesel,
que es laque la está licenciando, con un posicionamiento erróneo
desde nuestro punto de vista, que el mismo presidente de AESA ponía
de manifiesto, pensar que aquello que pierde en la fabricación de
motores lo gana en royalties.
Estamos convencidos de que se puede hacer algo, y el Gobierno y el
Partido Popular deberían respaldar esta iniciativa que permite que
nuestro ministro de Trabajo vaya a la reunión de ministros de
Industria de la Unión Europea del día 9 con una posición de fuerza
para que se pueda llegar a acuerdos y se combata la competencia
desleal que están haciendo algunos países del Este asiático, en
concreto Corea.
Se pueden adoptar esas medidas. Al Partido Popular y a sus socios,
que son muy dados en algunas ocasiones a ponernos como ejemplo a
Estados Unidos en cuanto a liberalización de mercados, habrá que
recordarles que Estados Unidos no permite la circulación de buques en
su tráfico marítimo interno que no hayan sido construidos en sus
astilleros. Por tanto, no estamos hablando de algo que pueda poner en
tela de juicio ni el libre mercado ni tan siquiera el funcionamiento
de la competencia, sencillamente estamos reivindicando algo que nos
permita mantener los puestos de trabajo en empresas que son punteras
tecnológicamente.
Señorías, pueden tener mucho más respaldo si hacen caso al paro que
el día 5 de noviembre va a realizar los sindicatos metalúrgicos a
nivel europeo precisamente para solicitar de los ministros de
Industria que se reúnen el día 9 que se tomen medidas para combatir
esta competencia desleal.
En nuestra iniciativa pedimos también que se trabaje para conseguir
que los buques metaneros que va a encargar Repsol Enagás se fabriquen
en buena media en las factorías que posee el grupo empresarial
Astilleros Españoles; debe trabajarlo el socio mayoritario de la
empresa, la SEPI, y el Gobierno dar instrucciones a la SEPI en ese
sentido.
Cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras, tenemos que recordar
que estamos hablando de familias, de personas que ven peligrar su
puesto de trabajo cuando están en una empresa que podría tener
beneficios, que además tiene tecnología punta y que podría
diversificar mucho más la fabricación haciéndola mucho más
competitiva para sus intereses.
Si tenemos en cuenta que en Europa sólo existen cuatro empresas de
estas características y que es totalmente necesario que actuemos,
creemos que es una iniciativa comedida que lo único que pretende es
solucionar un problema y respaldar al Gobierno en una actuación que
puede llevar a cabo perfectamente dentro de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTAORTEGA: Muy brevemente.
La factoría de Astilleros Españoles de Manises, que actualmente se
denomina Manises Diesel Engine, es un ejemplo claro de cómo la
empresa pública ha sufrido un proceso de deterioro, fundamentalmente
en los años setenta, y cómo el esfuerzo y la reivindicación de los
trabajadores han conseguido parar en parte ese proceso de deterioro,
de tal modo que en la actualidad esta factoría es una de la más
importantes de Europa, posiblemente la más importante, en su
especialidad: la fabricación de un determinado tipo de motores
destinado a buques. Sin embargo, es verdad
que la industria naval en su conjunto, en la medida en que
funciona claramente trabajando para el mercado mundial, ha sufrido en
los últimos años importantes cambios y recesiones, especialmente la
que ha sido realizada por determinados países asiáticos, en concreto
Corea, que ha adoptado medidas que han incidido seriamente en la
competitividad de las empresas de este sector en la medida en que
produjo una devaluación importante de su moneda, con una política de
dumping impulsada por el Gobierno coreano.
Ante esta realidad, era necesario que las empresas del sector
adoptaran medidas de respuesta. Nos encontramos con que esta empresa
española, precisamente por su carácter de empresa pública, no está
reaccionando como lo harían las empresas normales del mercado,
buscando nuevos mercados, nuevos productos en los que poder ser
competitivo y adoptándose por las autoridades públicas la protección
lógica de los intereses nacionales. Nada de eso se está llevando a
cabo. Nos encontramos con que pertenecer al sector público, en lugar
de ser un acicate de la competitividad, es un corsé que perjudica
gravemente a la empresa en los términos en que ha sido planteado por
la portovoz del Grupo de Izquierda Unida.
Desde Nueva Izquierda compartimos plenamente lo que aquí se dice,
compartimos plenamente los objetivos que se plantean y creemos que,
coherentemente con la necesidad de mantener el empleo, la necesidad
de mantener un sector importante, el de la industria naval, es
necesario que se tomen medidas, tanto en el ámbito interno de nuestro
país, en concreto que Repsol Enagás le encargue la construcción de
buques, como también otras en el ámbito de la Unión Europea, en la
medida en que la Unión Europea tiene que hacer frente y dar una
respuesta adecuada a posiciones agresivas, y posiblemente desleales,
adoptadas por otros países competidores de las empresas europeas.
Creemos que es importante el mantenimiento de esta factoría y que
esta es la medida coyuntural adecuada. Lógicamente, hará falta tomar
medidas a más largo plazo y, en este sentido, apostamos claramente
por la diversificación y la fabricación de nuevos productos, pero en
la coyuntura inmediata esta proposición no de ley que vamos a apoyar
desde Nueva Izquierda es una llamada de atención y quisiéramos que
fuera efectivamente una ayuda eficaz para garantizar la viabilidad de
la empresa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Torres. Brevemente, por favor.
El señor TORRES SAHUQUILLO: El Grupo Parlamentario Socialista va a
apoyar la proposición no de ley de Izquierda Unida que se está
debatiendo porque estamos convencidos de que la recuperación del
mercado para esta empresa es posible, es deseable y además sería una
sinrazón económica, política y social dejar que esta empresa se
muriera. Nosotros pensamos que lo que debe hacer Astilleros
Españoles, la SEPI, es poner al frente de esta empresa a personas
competentes que trabajen en la búsqueda de mercados nuevos, en la
diversificación de productos que son posibles ya en este momento y,
por tanto, hacer esta empresarentable.
¿Por qué digo esto? Hay que recordar que Manises Diesel no es una
empresa pública obsoleta de las que estamos acostumbrados a ver. Es
una empresa que ha sufrido ya varias reconversiones, no una ni dos,
es una empresa que tiene una tecnología de las más avanzadas del
mundo y que en este momento construye exclusivamente, porque ha
perdido otras cosas que hacía antes, motores de dos tiempos
directamente acoplados. Estos motores se utilizan para grandes
petroleros y grandes centrales eléctricas. Para que se hagan una idea
de lo que hablamos, son motores con una potencia a partir de 35.000
caballos y que son aproximadamente como un edificio de cinco plantas.
Son motores muy especializados que se utilizan para petroleros de
350.000 toneladas de registro bruto, es decir, grandísimos
petroleros. En Europa, en este momento, sólo esta empresa, Manises
Diesel, es capaz de construir estos motores; nadie más lo hace. Y
desde luego en el mundo sólo hay una empresa en Japón, Mitsubitshi,
que es capaz de competir con ella. Cuando Izquierda Unida habla de la
competencia desleal de Corea -y tiene razón al hablar de ella- es
porque en Corea se compite con Manises Diesel porque la competencia
es desleal; si fuera leal la competencia, no podrían con Manises
Diesel porque no tienen la tecnología avanzada que tiene nuestra
empresa. Nosotros queremos reclamar a la SEPI, al Gobierno, que ponga
en marcha las medidas necesarias para que esta empresa salga del
atasco en que se encuentra, porque tenemos la impresión, junto con
Izquierda Unida, de que la están dejando morir.
El mercado de grandes petroleros, como decía la señora Urán, está
bastante saturado y en estos momentos la verdad es que no se están
haciendo tampoco grandes centrales eléctricas. Por tanto, hay que
diversificar los productos. Además, Izquierda Unida apunta en una
dirección que es posible, la de los parques eólicos. En España hay un
líder en los parques eólicos que es Gamesa, y creo que no hay ninguna
dificultad para que Astilleros Españoles, la SEPI, pudiera llegar a
algún acuerdo con esta empresa, porque la explosión de parques
eólicos que se está produciendo es impresionante y ahora mismo ese
mercado tiene un gran futuro. Pero además hay algo que puede hacer
Manises Diesel ya en este momento, que es, fabricando motores de dos
tiempos directamente acoplados, pasar a fabricar motores de cuatro
tiempos directamente acoplados, que son para buques más pequeños, de
entre 12.000 y 17.000 caballos de potencia, para lo que está
preparada porque tiene la nave y el instrumental. Ha fabricado ya
algunos como experiencia para apostar al mercado, y por tanto está
preparada para empezar a fabricar mañana mismo este tipo de motores.
Sólo hace falta que alguien se preocupe de buscar el mercado, que
existe, y de conseguir contratos. Pensamos que esto es cuestión de
gestión.
Por consiguiente, entendiendo que la diversificación primera que
puede hacerse, la más inmediata por la capacidad que tiene la
empresa, es fabricar motores de cuatro tiempos directamente acoplados
para embarcaciones más pequeñas, pero, por supuesto, no cerrando la
puerta a nada más porque puede hacer muchas otras cosas, nosotros
apoyamos, repito, de manera entusiasta, porque creemos en las
posibilidades de esta empresa, la proposición no de ley de Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Nuestro grupo también confía plenamente en el
futuro de la empresa Manises y comparte muchos de los diagnósticos
que se han realizado por otros grupos intervinientes sobre la
situación del grupo, en particular aquella que se refiere a la
competencia, que se adjetiva de desleal, por algún país, en concreto
Corea. No comparte otras valoraciones, como que se esté dejando morir
al grupo de astilleros y otras consideraciones que entendemos que son
más fruto de un discurso político alejado de la realidad que del
rigor en la exposición. Como digo, nuestro grupo sí comparte que es
una empresa que tiene futuro, pero al mismo tiempo también comparte
el análisis de preocupación de que es una empresa que se encuentra en
un contexto realmente difícil por la competencia desleal, en concreto
de Corea.
No es nada nuevo, también lo dijo aquí hace muy pocos días el
presidente de Astilleros Públicos, señor don Marcelino Alonso, cuando
en su comparecencia se extendía sobre la situación de Manises. Yo
tengo aquí una breve referencia de lo que decía entonces el
presidente de Astilleros en el sentido de que la crisis de la empresa
pública Manises está muy vinculada al predominio de la competencia en
el estrecho mercado al que se dirigen los productos de esta empresa
y además al hecho de que Manises sea licenciataria, como ya ha indicado
también algún otro interviniente, de motores de dos tiempos; motores
que van destinados a un mercado muy concreto, que es el de los
grandes petroleros, los llamados bull carrier técnicamente y grandes
cajones transportadores de productos, y por lo tanto no hay un gran
margen de demanda. Es verdad que hay algunas alternativas, como las
que van orientadas, por ejemplo, a los motores de cuatro tiempos,
pero no sólo hace falta una buena gestión para buscar a los
demandantes de ese producto, sino que también hacen falta licencias
de los que tienen esta tecnología. Hay dificultades para la obtención
de tales licencias, y de hecho, tras la reciente fusión de MAN
Burmeister y un grupo suizo parece que adoptan una política muy
restrictiva en la concesión de estas licencias.
En definitiva, hay una gran coincidencia en el análisis, pero ¿por
qué vamos a rechazar esta proposición? Porque realmente no creemos
que sea necesario instar al Gobierno a hacer aquello que ya está
haciendo. Y voy a explicar por qué mi grupo mantiene esta opinión.
En cuanto al primer punto de la proposición no de ley, hay que decir
que la división de producción naval ya está abordando y ejecutando
desde hace tiempo una política de diversificación de la producción de
Manises. En concreto, esta diversificación, que debe realizarse
además atendiendo a la capacidad tecnológica de la empresa, a la
posibilidad de disponibilidad de licencias y del mercado, se ha ido
orientando a productos como, por ejemplo, las grúas o los componentes
de fundición, gris y nodular y los sistemas de propulsión integral.
Es decir, la política de diversificación ya se está desarrollando y
se está impulsando por SEPI desde la división de construcción naval.
Incluso, respecto a los molinos eólicos que se citaban, también se
están produciendo experiencias, que por cierto parece ser que no han
resultado todo lo positivas que se hubiera deseado, pero ya
se están haciendo experiencias, repito, de entrar en el mercado de
los molinos eólicos, y parece que hay alguna dificultad en lo que se
refiere al tipo de fundición nodular que se precisa para este
producto y que no se ha encontrado todavía la pieza que mejor
responda, en cuanto a eficiencia, a esta demanda tecnológica. Pero ya
se está haciendo esto. También se está estudiando, como he dicho
antes, la posibilidad de fabricar los motores de cuatro tiempos, pero
hay un problema de escasez de licencias porque los que tienen la
licencia tecnológica parece que no están en este momento en la línea
de cederla para que otras empresas puedan realizar estos motores.
Respecto al segundo eje de la proposición, en lo que se refiere a la
necesidad de demandar a la Unión Europea una mayor atención a la
competencia desleal que se produce por Corea, tengo que decir que fue
el ministro de Industria, cuando se criticaban los resultados de la
división de construcción naval en España, quien llamó la atención
sobre el hecho de que no era un problema de España, sino del conjunto
de la construcción naval europea, porque los coreanos estaban
compitiendo con toda la construcción naval europea al 50 por ciento
del valor en los buques que estaban construyendo. Es imposible
competir en esas condiciones, cuando además hay una situación de
competencia desleal. Pero fue el propio ministro de Industria,
insisto, el que ya antes del verano anunciaba que él personalmente,
en nombre del Gobierno español, iba a tratar de introducir esta
reflexión en el seno de las instituciones comunitarias. Luego no es
necesario demandar del Gobierno actuaciones que ha sido el primero en
poner en marcha. Estamos plenamente de acuerdo en el análisis, pero
creemos que es una iniciativa que ya se está desarrollando, y además
con intensidad y con rigor, por el Ministerio de Industria.
Por último, en cuanto a la construcción de buques metaneros de
Repsol, que es una empresa privada, el Gobierno y esta Cámara deben
ser muy respetuosos en cuanto a las decisiones que adopten empresas
privadas. Es decir, corresponde a Repsol y a Repsol Enagás determinar
a quién quieren adquirir estos buques. Pero, dicho esto, también hay
que añadir que se están desarrollando intensas actuaciones en el seno
de la división de construcción naval, porque, efectivamente, hay
márgenes de maniobra para tratar de hacer ver a Repsol Enagás que es
interesante para el grupo la contratación de buques metaneros de
industria española. De hecho, yo he tenido la oportunidad de conocer
un informe exhaustivo de la propia división de construcción naval,
donde analiza la demanda de este tipo de buques en los últimos años
en los diferentes países y viene a demostrar que han salido muy pocos
buques a la concurrencia libre, que hay una gran tendencia a que se
adquieran por parte de empresas de una nacionalidad determinada,
buques de esa misma nacionalidad, pero esta gestión se está
realizando ya no tanto por parte del Gobierno cuanto por parte del
propio grupo de división de construcción naval, y a nuestro grupo le
consta que así se está haciendo.
Por tanto, estando plenamente de acuerdo en el análisis de la
situación y en la necesidad de actuación que han expuesto otros
grupos de la Cámara, nuestro grupo no va a aceptar la proposición
porque, insistimos, hace ya bastantes meses que el Gobierno está
actuando en esos tres puntos y en esos tres ejes.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE
BIOCARBURANTES, MENOS CONTAMINANTES QUE LOS COMBUSTIBLES
CONVENCIONALES, Y COMO ALTERNATIVA AGRÍCOLA PARA VALORIZAR CEREALES
DE USO NO ALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001648.)
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley número nueve del orden
del día es aquella presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a incentivar la
producción de biocarburantes, menos contaminantes que los
combustibles convencionales, y como alternativa agrícola para
valorizar cereales de uso no alimentario.
Tiene la palabra para su defensa el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi grupo presenta ante esta Comisión, y
con el deseo, con el que querría empezar estas palabras, de que logre
un apoyo mayoritario de la misma y de todos los grupos políticos en
ella representados, una proposición no de ley destinada a lograr que
se clarifique el marco legal y el marco fiscal de los
biocombustibles, de los combustibles menos contaminantes, pero muy
concretamente de los biocombustibles.
Hablar de biocombustibles no es, como le podría parecer a alguna de
SS.SS., hablar de ciencia ficción o de algo que sería deseable, como
en algún momento se ha hablado de distintos proyectos más o menos
imaginativos o más o menos imposibles de llevar a la práctica en
términos industriales, de combustibles de todo tipo que no produzcan
auténtica contaminación o que la reduzcan de una forma muy drástica.
Hablar de biocombustibles es algo ya mucho más real, según lo está
empezando a acreditar la experiencia industrial de algunos países de
nuestro entorno, muy concretamente de Austria, por ir al país que
lleva ventaja sobre todos los demás de la Unión Europea en este caso,
donde ya tienen en este momento en funcionamiento una planta, desde
1994, para la producción industrial de biodiesel, concretamente a
partir de aceites de cocina, que a su vez son normalmente o siempre
aceites de origen vegetal. De eso es de lo que estamos hablando.
Efectivamente, se trata de intentar reducir el efecto invernadero, se
trata de una propuesta que se enmarca neta y claramente en el marco
de la defensa del medio ambiente y de lo que sería globalmente la
política medioambiental, y muy particularmente en lo que fue una de
las conclusiones principales del protocolo de la cumbre de Kioto,
que, como saben SS.SS., va a entrar en vigor probablemente en muy
corto plazo. Pues bien, en la cumbre de Kioto se trató expresamente
del efecto invernadero y del compromiso de todos los Estados miembros
de la Unión Europea, y evidentemente todos los que suscribieron en su
momento el protocolo final de la cumbre de Kioto, de poner todo el
esfuerzo posible, con unas cantidades concretas, para reducir las
emisiones de CO2. Hubo unas cifras concretas que se asumieron a nivel
de la Unión Europea y unas cifras superiores que fueron asumidas en
ese momento por el Gobierno español con unos plazos concretos -un 25
por
ciento hasta el año 2010, un 17 por ciento con anterioridad-, con un
calendario concreto que no es en este momento preciso detallar. En
ese contexto se enmarca nuestra proposición no de ley.
La utilización de biocombustibles es no el único, pero sí uno de los
medios más importantes para lograr esa reducción de emisiones de CO2,
sencillamente porque uno de los sectores que de forma más importante
realiza esa emisión de CO2 es el sector del transporte, y muy
fundamentalmente lo que sería el transporte urbano, entendiendo por
tal todo lo que es el transporte público, taxis, autobuses, etcétera,
también los vehículos domésticos, pero fundamentalmente estamos
hablando aquí de lo que sería el transporte público. El 98 por ciento
de la energía que se utiliza en el transporte público en todas las
ciudades de Europa, de las cuales España no es excepción, proviene
directamente del petróleo y, por tanto, es el principal elemento
contaminante de nuestro entorno. Ahí es donde pretendemos que el
Gobierno se comprometa de una forma más intensa en el desarrollo del
biocombustible, básicamente con destino a lo que es el transporte y a
su consumo como carburante en el ámbito del transporte.
En primer lugar, por razones -ya ha quedado dicho- de diversificación
energética. Es un recurso sencillo de adquirir, claramente autóctono
y sobre el cual no tendríamos la más mínima dificultad de acceso al
mercado en el caso del mercado español o más globalmente de lo que
sería el mercado europeo. En segundo lugar, y de forma muy
importante, por razones medioambientales, ya comentadas, de la
necesidad de reducir drásticamente, con un calendario cerrado, no
sólo porque a ello nos obligue el protocolo de Kyoto, sino por
razones de fondo medioambientales, las emisiones de CO2 y de ir, por
tanto, hacia un esfuerzo común en el que nadie puede quedar ajeno
para prevenir el efecto invernadero.
Finalmente, y no es una razón menor de esta propuesta, porque los
biocarburantes, los combustibles menos contaminantes que aquí estamos
intentando promocionar, constituyen realmente una alternativa
agrícola que potencia, que da mayor valor a los distintos cereales de
uso no alimentario, puesto que también en ese sentido estaríamos
utilizando, a través de una cadena de producción, cereales de uso no
alimentario en términos estrictamente de combustibles. Insisto, no es
esta una de esas propuestas brillantes de algún ingeniero iluminado,
es una propuesta real que ya está funcionando en la práctica, que
funciona en Austria. Ayer mismo, el Gobierno de la Generalidad firmó
-es pura coincidencia que eso ocurra la víspera del debate en esta
Comisión de esta propuesta- un convenio con una serie de empresas
relativo al reaprovechamiento de aceites vegetales con distintos
destinos, y muy particularmente los biocombustibles, por tanto
estamos hablando de algo muy concreto.
Nuestra propuesta, siendo un tema que, aunque tiene una potencialidad
industrial clara, está en fase algo más que experimental pero menos
que consolidada, no querría marcar al Gobierno de forma prefijada y
absolutamente predeterminada lo que ha de ser su actuación en este
campo. Lo que pretendemos con nuestra proposición no de ley es poner
sobre la mesa un problema y dar un impulso a esta cuestión, muy
particularmente en el ámbito fiscal, que
sin duda es el donde se necesita un mayor apoyo, sobre todo en el
ámbito de los impuestos especiales, donde ya de alguna forma la
actual Ley de Impuestos Especiales, artículos 51 y 52, reconoce
algunos beneficios para los biocarburantes, pero todo ello queda muy
pobre respecto a las necesidades de apoyo que precisa esta industria.
Lo que pedimos en nuestro texto es que se impulsen las medidas
legislativas concretas que permitan modificar la Ley de Impuestos
Especiales en su momento para ampliar, asegurar y clarificar sobre
todo -y la palabra clarificar aquí cobra especial importancia- el
marco legal y el marco legal fiscal de estos biocarburantes, a
efectos de convertirlo en algo atractivo, algo en lo cual merezca la
pena invertir y una salida real desde el punto de vista de la
industria, por un lado, para su producción, y posteriormente desde el
punto de vista de las distintas entidades municipales o poderes
locales en su conjunto que puedan incorporarlo como una opción válida
como carburante para su transporte público, insisto, fundamentalmente
en el ámbito urbano.
Hay una propuesta de enmienda a nuestro texto del Grupo Parlamentario
Popular, sobre la cual, si le parece al señor presidente, me
pronuncio en este momento.
En ese marco de no cerrar las puertas al Gobierno y de no pretender
que salga una propuesta legislativa concreta, sino dejar el tema
abierto, pero que no por ello sea menos clara la voluntad de impulso
que esta Comisión de Industria debería lanzar a los biocarburantes,
nos parece globalmente positiva y aceptable la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular, a la cual le formularía
dos precisiones, es decir, enmendaría la propia enmienda en dos
pequeños detalles. En primer lugar, clarificando que cuando se habla
en el texto de la enmienda de los beneficios, estamos hablando de los
beneficios fiscales; esto querría que se aclarara. El texto sería:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio
sobre las medidas legislativas que puedan resultar necesarias al
objeto de asegurar y clarificar el marco legal de los beneficios
fiscales ofrecidos a la producción de combustibles menos
contaminantes, a fin de dotar de la necesaria seguridad jurídica
a los agentes afectados por dicha regulación y en su caso ampliar...»
-por pura redacción sustituiría a fin de por y en su caso- «...las
medidas que se contemplan para potenciar el uso de dichos
combustibles...» Ymi grupo añadiría: « en particular en la regulación
de los impuestos especiales». Con estas modificaciones, mi grupo
acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular que compromete al
Gobierno a realizar un estudio concreto, a traerlo a esta Cámara y a
la luz de ese estudio plantear las reformas legislativas que
consideremos oportunas. Mi grupo defiende esta proposición no de ley
en estos términos.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente hay una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Peón
y para ver si la enmienda in voce de su propia enmienda hecha por el
señor Guardans es aceptada o no.
El señor PEÓN TORRES: Nuestro grupo va a aceptar la sugerencia de
transaccional que nos traslada el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), porque acoge el
objeto de nuestra enmienda. Teníamos alguna duda en cuanto a que era
necesario un estudio en profundidad de las consecuencias que suponen
en este momento profundizar en el sistema de ayudas y bonificaciones
a los biocarburantes, porque es una cuestión que tiene una gran
proyección comunitaria. Incluso ha habido algún antecedente que ha
afectado a un Estado miembro, como Francia, que ha tenido unas
consecuencias negativas respecto al objetivo que se perseguía de
promoción de ese tipo de combustibles.
En concreto, en el empleo de biocarburantes se presenta una
alternativa al uso de los combustibles tradicionales en el área de
transporte. Las dos líneas que se conocen a nivel industrial una es
el bioetanol, dirigido a la sustitución de la gasolina o producción
ETPE, aditivo oxigenado de elevado índice de octano y obtenido a
partir del cereal maíz y remolacha, que tiene un alto rendimiento en
alcohol etílico. La tecnología se encamina a la aplicación de
procesos de hidrólisis a productos lignocelolúsicos. Este es uno de
los productos de biocombustible. El otro producto fundamental que se
refiere a este tipo de ayudas es el llamado biodiesel, que es el
obtenido de la transesterificación de variedades comunes de especies
convencionales como el girasol y la colza, con alto contenido en
grasa. Este proceso incluye siempre operaciones de extracción y
refino, y en la mayor parte de los casos la transesterificación, con
lo que se consigue un combustible utilizable en motores
convencionales y glicerina como subproducto, y se puede mejorar
utilizando catalizadores ácidos a altas temperaturas y presiones y
con una preesterificación que reduzca el contenido de ácidos grasos
libres. Con esto se consigue no tanto reducir el efecto invernadero,
sino reducir, sobre todo, las emisiones contaminantes como
consecuencia de la práctica ausencia de azufre y cloro en su
composición.
En definitiva, señorías, este tipo de combustibles está afectando a
algo que puede sorprender, y es a la política agraria común. Estamos
hablando de plantaciones agrícolas, y es ahí donde se producen graves
e importantes limitaciones para este tipo de actuaciones. En
concreto, este mercado de los biocarburantes se ha desarrollado
ligado estrechamente a la retirada obligatoria de tierras establecida
en las disposiciones de la política agraria común de la Unión
Europea, permitiéndose estas producciones no alimentarias si son
realizadas bajo contrato y sujetas a severos controles. No es una
producción que dependa sólo de la voluntad de los Estados miembros,
sin ningún tipo de limitación y sólo sometido a una previsible ayuda
fiscal, sino que se encuentran extraordinariamente limitados por la
política agraria común. En España, por ejemplo, los rendimientos
obtenidos son menores para el cultivo de cereales y oleaginosas que
los alcanzados en países europeos más septentrionales, de mejores
condiciones agronómicas. Es decir, no sólo hay una limitación de la
política agraria común, sino que en aquella plantación permitida de
este producto, España tiene unos rendimientos menores que otros
países de la Unión Europea, que los tienen más eficientes por su
condiciones agronómicas.
Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, como ocurrió ya en
Francia con la decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1996,
relativa a las exenciones fiscales de estos biocarburantes, la
Comisión se pronunció en contra de aceptar este tipo de ayudas porque
las consideraba ayudas
de estado que no eran compatibles con el Tratado de la Unión. Por
otro lado, también se ha planteado una discusión interesante sobre si
las ayudas fiscales que presta un país a este tipo de cultivos son
sólo aplicables a los cultivos nacionales. La tesis de la Unión
Europea en este momento es que no es así, sino que estas ayudas
fiscales de un Estado miembro son aplicables a los productos, no sólo
del Estado miembro, sino cualquier producto que dé lugar a la
generación de este combustible.
Por no extender demasiado nuestra exposición, porque estamos
totalmente de acuerdo con el fondo de la iniciativa de Grupo Catalán
(Convergencia i Unió), nos parece que acogiendo nuestra enmienda y
con las matizaciones que el propio portavoz de Convergencia i Unió
acaba de expresar en su intervención, salvamos el riesgo de adoptar
una resolución que pudiera ser contraproducente para el objetivo que
se persigue. Con la fórmula de instar al Gobierno a que elabore un
estudio en el que tenga en cuenta estas consideraciones y las
decisiones que está tomando sobre esta cuestión la Unión Europea,
seremos capaces de dar con la mejor solución para conseguir el
objetivo último de potenciar este tipo de biocombustibles, que son un
producto de alta tecnología beneficioso para el tejido industrial de
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, tiene la palabra el
señor Torres, por el Grupo Socialista.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Aestas alturas de la legislatura, instar
a este Gobierno a realizar algo sin plazo, como hace la enmienda del
Grupo Popular a la proposición no de ley, instar a realizar algo que
no tiene la posibilidad de hacerlo de manera inmediata, es tanto como
instar al Gobierno a no hacer nada, porque la legislatura se está
acabando y agoniza, cosa de la que todos somos conscientes. Además,
tengo el convencimiento de que el próximo gobierno no será del
Partido Popular, con lo cual tendremos que repetir esta iniciativa en
la legislatura que viene, para que otro gobierno tome medidas en este
campo.(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, los servicios de la Cámara
nos piden que guarden silencio, porque no se oye al interviniente.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente. El
Grupo Socialista está de acuerdo con la iniciativa que ha presentado
y defendido el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), porque pensamos
que es un campo en el que hay cosas exploradas, pero todavía hay
muchas que se ignoran, y es necesario impulsar la investigación para
la posterior utilización de los biocarburantes. Por ejemplo, hay una
cosa que seguramente es bastante desconocida, probablemente por
nuestra propia responsabilidad. La Diputación Provincial de Teruel,
en 19985, siendo yo diputado provincial, patrocinó un estudio sobre
la obtención de bioetanol a partir de una planta que se llama pataca,
que es también un tubérculo, un producto bastante leñoso. Se hicieron
las experiencias y fueron bastante positivas. ¿Qué ocurrió? Que
tuvimos mala suerte, porque enese momento bajó mucho el precio del
petróleo y se convirtió
en un producto no competitivo. Araíz de ahí se quedó ese estudio
obsoleto. Por cierto, se me ocurre que voy a procurar recuperarlo y
se lo voy a enviar al Gobierno para que lo vea, porque a lo mejor no
tiene otro igual. No lo sé, lo desconozco, a lo mejor tiene otros
muchos mejores, pero creo que conviene que se vea.
Como SS.SS., saben hay un país, que es Brasil, que es pionero en este
campo, donde casi el 50 por ciento de los automóviles funcionan con
bioetanol. Es cierto que esto sin ayudas es imposible que se ponga en
marcha, y la verdad es que cumplir con la cumbre de Kioto nos tiene
que costar dinero, es evidente. Pero qué mejor que gastar ese dinero
en intentar conseguir a toda costa cumplir con el compromiso de la
Unión Europea, y en concreto del Gobierno español, de bajar un 8 por
ciento las emisiones contaminantes de aquí al 2012.
Por tanto, nosotros estamos de acuerdo con que se produzcan hechos
concretos que signifiquen ayudas; estamos además de acuerdo en que
sean de tipo fiscal, porque si hay negocio, si las empresas ven
negocio en esto, habrá investigación y habrá posibilidades de ponerlo
en práctica, y si no hay negocio, evidentemente, si no es rentable,
no habrá ninguna posibilidad.
Así pues, quiero decir que estamos de acuerdo; que también, por
supuesto, sería un beneficio, aunque el Grupo Popular tenga sus dudas
-y entiendo que las tenga porque dudas tenemos todos-, porque no hay
nada transparente o clarificado absolutamente en este asunto. Pero,
por ejemplo, quiero recordarle al señor Peón, que ha citado el tema
de los cultivos de los cereales, que también en cultivos herbáceos
usted sabe que existe lo que se llama la retirada de tierras, el
barbecho blanco -que se dice en el argot agrícola-, que son tierras
que pueden y deben dedicarse a este tipo de cultivos no alimentarios,
por ejemplo, en provincias como la mía, Teruel, con un secano muy
difícil, sería de gran ayuda.
En resumen, le parece al Grupo Parlamentario Socialista muy
interesante la iniciativa de Convergència i Unió. Nos parece
excesivamente dilatoria la enmienda que ha aceptado del Partido
Popular, pero como hemos visto que la va a aceptar y nuestro interés
es que salga adelante algo que permita avanzar en este campo, vamos a
votar a favor de la iniciativa, incluyendo, por supuesto, la enmienda
que ha aceptado del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, tiene la palabra.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, de manera breve.
Señorías, en esta Cámara hemos discutido en muchas ocasiones la
necesidad de que por parte del Gobierno se adoptaran medidas para
poder cumplir el protocolo firmado en la cumbre de Kioto. Desde
nuestro grupo parlamentario somos totalmente escépticos a la hora de
pensar en que haya una voluntad política real por parte del Gobierno
para poder llevar a cabo este compromiso, porque tenemos que partir
desde el principio de que todavía el protocolo de Kioto no ha sido
ratificado ni por el Gobierno de España ni por la Unión Europea.
Partiendo de ese escepticismo, señorías, nuestro grupo parlamentario
va a apoyar cualquier iniciativa que tienda a la reducción de los
gases que producen el efecto invernadero. Nos parecía, en principio,
interesante la iniciativa que había presentado el Grupo de
Convergència i Unió, por lo que tenía, precisamente, de dar un paso
hacia adelante, concreto, para empezar a tomar ya medidas y que no
fueran solamente declaraciones de intenciones en cuanto a la
reducción de los gases de efecto invernadero.
En nuestro país no solamente va a ser difícil poder cumplir el
compromiso establecido, sino que ya en estos momentos superamos ese
compromiso establecido, con lo cual la cumbre de Kioto, como bien
decía el portavoz del Grupo Socialista, señor Torres, nos tiene que
costar dinero y no podemos seguirlo aplazando, porque cuanto más se
aplace la toma de decisiones reales que nos permitan empezar
a constatar la reducción de estos gases, más dinero nos va a costar y
más difícil va a ser ponerlo en práctica. Señorías, hoy por hoy ya
nadie duda de que se está produciendo el cambio climático, y además
cada vez de una manera más acelerada.
Nos parece que la enmienda aceptada por el Grupo de Convergència i
Unió dilata en el tiempo la toma de estas medidas, pero nuestro grupo
parlamentario seguirá apoyando esta iniciativa, a pesar de que
consideremos, repito, que la enmienda es dilatoria.
Creemos, señorías, que es hora de tomar esas medidas y habría que
empezar por algo muy sencillo y que no nos va a costar dinero:
ratificar, en principio, el protocolo de la cumbre de Kioto y empezar
a trabajar en esa línea de una manera seria y decidida.
El señor PRESIDENTE: El señor Gómez, de Coalición Canaria, tiene la
palabra.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, con toda brevedad para
expresar la posición de Coalición Canaria acerca de esta iniciativa
del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, que
consideramos acertada. La consideramos acertada por los aspectos que
tiene no solamente en la política agraria, en la energética, en la
medioambiental, sino también en la fiscal.
Independientemente del color político que configure el nuevo gobierno
de la próxima legislatura, creemos que debería aprobarse esta
iniciativa porque supondría un avance legislativo en todas estas
cuestiones de defensa del medio ambiente que son reflejo del
protocolo de la cumbre de Kioto, que, como aquí se ha dicho
acertadamente, todavía no ha sido ratificado ni por la Unión Europea
ni por el Gobierno español.
Consideramos -y con esto termino, señor presidente- que es
importantísima también la prudencia y dar pasos firmes en esta
política nueva que es muy necesaria para el futuro de la humanidad.
Por ello, nosotros vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Catalán,
con la enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada después
por dicho grupo, porque estimamos que instar al Gobierno para
profundizar en las medidas legislativas es lo más conveniente en este
momento y, repito, independientemente del color político del nuevo
gobierno que se constituya tras las próximas elecciones generales.
- SOBRE LA FÁBRICA TABACALERA DE A CORUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001664.)
- RELATIVAA GESTIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PLAN DE EMPRESA
DE TABACALERA, S. A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001687.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de
ley, vamos a entrar ahora en la discusión o debate de las
proposiciones no de ley números 10 y 11, conjuntamente en cuanto a
las intervenciones y posteriormente con votaciones separadas, según
el resultado del debate, que versan, la número 10, sobre la fábrica
de Tabacalera de ACoruña, y la número 11 relativa a gestiones del
Gobierno en relación con el plan de empresa de Tabacalera S. A. La
primera que vamos a debatir, la número 10, no deja de ser una
particularización de la otra más genérica. Vamos a hacer las
intervenciones para las dos, pero después, repito, las votaciones
serán completamente independientes, a no ser que se llegase a algún
acuerdo transaccional mixto.
Para defender la proposición sobre la fábrica de Tabacalera en A
Coruña y, a su vez, la enmienda que tiene el Grupo Socialista a la
otra proposición del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor presidente, señorías, créanme que la
proposición no de ley que hoy debatimos me exige, para su defensa, un
gran esfuerzo de frialdad y de responsabilidad, porque si hablara
sólo con los sentimientos posiblemente perdería la objetividad que es
deseable en estos casos, porque la fábrica de tabacos coruñesa es
mucho más que una fábrica, se trata de la instalación fabril más
antigua de Galicia, con casi dos siglos de existencia, que a finales
del siglo XIX llegó a tener empleados a más de 4.000 trabajadores, en
su mayoría mujeres. Allí se organizó la primera sección sindical de
los trabajadores de fábricas de tabacos, dirigidos por Severino
Chacón. De ahí que durante años se conociera a los trabajadores
y trabajadoras como las chaconeras.
Ana Romero recoge bien la historia en su libro La fábrica de tabacos
de La Palloza, pero es doña Emilia Pardo Bazán, en su novela La
Tribuna, en su personaje de Amparo la cigarrera, novela marcada por
la emancipación de la mujer y las reivindicaciones laborales, quien
más la refleja. Quizás don Cesáreo Alierta, el actual presidente de
Tabacalera, todavía no la haya leído, se la podemos recomendar porque
aún estaría a tiempo.
Decía que se iban a cumplir dos siglos del funcionamiento de esta
fábrica, puesto que la primera empezó a funcionar en 1804 y en 1808
se publica la real orden que la crea. ¿Será posible, me pregunto,
celebrar su segundo centenario? Y hablo de A Coruña porque soy
diputada por esa provincia, porque vivo en esa ciudad y ser coruñesa
es sentir a esta emblemática fábrica de La Palloza, pero puedo y
quiero hablar de las otras ocho fábricas sobre las que también pesa
la amenaza de cierre, con cuyas ciudades, pero de un modo especial
con sus trabajadores y trabajadoras,
me solidarizo, y hago extensiva esta iniciativa a Gijón, Málaga,
Santander, San Sebastián, Valencia, etcétera.
Hace muy pocos días he visitado la fábrica y veía desmoralizados
a sus trabajadores y trabajadoras, impotentes ante una fábrica con
avanzada tecnología, pero que desde la segunda regulación de empleo
(bien reciente, por cierto) ya no llega a funcionar a pleno
rendimiento, aunque goza de excelente salud económica, con una
elevada productividad, 18.000 cigarrillos por trabajador/hora antes
de la segunda regulación. Y quiero hacer aquí un apartado para decir
que la segunda regulación que se ha hecho optimizaba la plantilla en
310 personas. Había 322 trabajadores y este último expediente de
regulación ha mermado la plantilla en 84. Evidentemente, con ese
número menos de trabajadores el funcionamiento ya no es a pleno
rendimiento, como hemos podido observar, teniendo que permanecer
cerrada parte de la fábrica. Quizá si se hubieran cubierto los 82 de
los 94 puestos de trabajo a los que obliga una reciente sentencia que
resuelve el conflicto colectivo presentado con los trabajadores,
dándoles la razón al considerar que Tabacalera incumplió el plan
social acordado, en el que la empresa se comprometía a cubrir las
plazas no amortizables que quedasen vacantes como consecuencia de
prejubilaciones, habríamos adelantado algo. Pero éste es otro de los
errores (por ser suave en el término errores) que sacuden últimamente
a esta fábrica y, en general, a Tabacalera, porque no deja de ser
paradójico que el pasado mes de abril, en plena campaña electoral de
las municipales, el presidente de Tabacalera fuese a Galicia,
arropado por consejeros y altos cargos del Gobierno gallego y
anunciase una inversión de 500 millones en la fábrica coruñesa, así
como nuevos contratos comerciales.
Disculpen la afonía que tiene la diputada que les habla, por una
faringitis no muy oportuna.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señoría. Los demás intentaremos
colaborar callándonos todos.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que después de que el presidente del Tabacalera anunciara una
gran inversión y nuevos contratos, tres meses después, en el mes de
julio, es paradójico que se anuncie el plan industrial que lleva
aparejado el cierre de 8 de los 14 centros de Tabacalera, con pérdida
de 1.400 puestos de trabajo, concretamente el de la fábrica de La
Coruña, la única que hay en Galicia; no hay centros de distribución,
con la perdida de sus actuales 226 puestos de trabajo. Por tanto, ya
no hay inversión y ya no hay contratos comerciales y todo esto en
tres años. Señorías, no existe precedente semejante de ajuste en una
empresa que no está en crisis y que generó el pasado año más de
23.000 millones de beneficios netos. Pero por si esto no era
suficiente, se anuncia la fusión de Tabacalera con la empresa Seita,
que aparentemente se llevará a París su sede operativa. Allí estarán
los órganos de decisión, aquí se quedará la sede social, lo que
seguramente (no lo dudo) agudizará más, si cabe, la pérdida de
empleo. Lo que sí se ha conseguido ya (esto es evidente y está en
todos los medios de comunicación) es que las acciones de Tabacalera
hayan bajado un 21 por ciento; eso ya es constatable y en bien poco
tiempo.
Está claro que los inversores no creen en la fusión y que los
accionistas, al conocer las condiciones de dicha fusión, optan por
vender y las acciones caen en picado. ¿Cuál es el siguiente paso,
señorías? No lo sabemos pero se puede intuir y ya ha creado una gran
alarma social en Coruña, en Galicia y en España. Yo creo que en
ninguno de los sitios que he citado, y me ciño a Galicia, podemos
perder ni un solo puesto de trabajo. Son ahora 236, son en España
1.400, más los que generan los servicios y el consumo a su alrededor;
son personas y familias con nombres y apellidos y son puestos que en
el futuro quedarán amortizados sin que haya ninguna expectativa de
trabajo de futuro.
Por qué presentamos esta proposición no de ley, con dos puntos bien
concretos, en el Congreso de los Diputados, que insta, primero, al
Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que se retire el
plan de viabilidad industrial de Tabacalera, que prevé el cierre de
la fábrica de tabacos de La Coruña pero que extiendo al resto de las
ciudades abocadas al cierre; y, segundo, que se elabore un nuevo plan
de viabilidad, consensuado con los agentes sociales, con las
comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Yo creo que instamos
al Gobierno de una manera responsable y sensata. No me digan que es
una empresa privada, me imagino que es lo que me va a decir el Grupo
Popular, y que es el mercado quien marca el camino. No señorías, yo
pienso que no es el caso, el Estado es el que tiene las acciones oro
y, por tanto, la protección y tutela hasta el año 2006. Tabacalera es
concesionaria del timbre y genera para el Estado unos ingresos muy
sustanciosos, más de 550.000 millones de pesetas. Por responsabilidad
y por coherencia con una empresa que hasta hace poco era una empresa
pública, y que con ciertas actuaciones se pueden estar vulnerando los
acuerdos sobre su privatización, pregunto ¿qué se esconde detrás de
todo esto? ¿Qué va a ocurrir con el patrimonio inmobiliario? Yo no
conozco en detalle la situación de otras ciudades, pero sí la de la
mía. Son 33.000 metros cuadrados situados en pleno centro urbano, y
en el plan de ordenación urbana, también tengo que decirlo, aprobado
recientemente por el ayuntamiento, no puede tener un uso diferente al
actual, es decir, fábrica de tabacos, y esto lo aclaramos por algunas
cuestiones que se están diciendo.
Existe apoyo social desde todos los ámbitos, desde todas las
instituciones; hay mociones de los ayuntamientos, declaraciones
institucionales, tanto de la Xunta de Galicia como de la
Confederación de empresarios, etcétera, declaraciones de apoyo de la
persona que hasta hace poco era el consejero de industria del
Gobierno del señor Fraga, que decía textualmente que la compañía,
Tabacalera, debía reconsiderar su posición y definir un nuevo plan
industrial y que confiesa sentirse engañado por las promesas hechas
por el presidente de Tabacalera. Esto lo decía el hasta hace dos días
consejero de industria y hoy presidente del puerto de Coruña. Decía
el ministro de Trabajo en Galicia también hace unos días que se
comprometía a no aceptar un expediente de regulación de empleo con
discriminaciones por razón de sexo y edad y que los intereses de las
grandes tabaqueras no deben amparar el cierre, en concreto, del
centro de Coruña. Si esto es así, no hay duda de que el Grupo
Popular, al que pertenece el ex consejero y hoy presidente del
puerto, al que pertenece el ministro de Trabajo, al que pertenecen
los portavoces, concretamente el del
ayuntamiento de La Coruña del Partido Popular que apoya la moción y
la encabeza, ratificará con su voto esta iniciativa que expuse en dos
puntos. Espero también el apoyo solidario del resto de los grupos.
Quiero citar a Convergència i Unió especialmente porque aunque no
esté afectada la fábrica catalana, sé que tiene un peso específico en
este tema porque está sustentando al Gobierno, y me gustaría sentir
su apoyo solidario con Galicia y con el resto de España. No basta,
señorías, con declaraciones ni con encabezar manifestaciones en los
momentos en que hay movilizaciones sociales. Eso es lo que pedimos a
este Gobierno por cohesión social, territorial, porque se trata de
una empresa con altos beneficios económicos, insisto, que no está en
crisis; espero que salga hoy de esta Cámara un acuerdo en el que se
aprueben los puntos a los que me he referido.
Se pedía que fijáramos nuestra posición en relación con la otra
iniciativa presentada por el Grupo Mixto, concretamente por el Bloque
Nacionalista Galego. Lo haré en este momento diciendo de antemano que
la aceptamos en todo su contenido, que hemos presentado una enmienda
al punto 1, para recabar de la empresa Tabacalera que en el plazo más
breve posible envíe al Congreso de los Diputados su plan de
optimización empresarial. Lo hacemos entendiendo el sentido del
contenido de este primer punto que quiere dar el proponente de la
proposición no de ley, pero también considerando que en el tema de
prejubilaciones deben ser los trabajadores y sus agentes sociales
quienes lo decidan.
También debemos conocer con antelación su plan de optimización, por
eso pedimos su remisión a esta Cámara. Solamente en ese punto
presentamos esta enmienda. El proponente de la iniciativa dirá si la
acepta o no. El resto de los puntos los aceptamos y, evidentemente
nos sumamos a su contenido.
El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición no de ley número 11
del orden del día, relativa a gestiones del Gobierno en relación con
el plan de empresa de Tabacalera, S. A., presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, y a su vez para fijar posición, si así lo desea,
respecto a la anterior proposición no de ley que ha sido defendida,
tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a obviar el proceso que se inició
con la privatización de Tabacalera, S. A., que dio pie en este
Congreso de los Diputados a debates suficientemente elocuentes.
Solamente quiero indicar que deberíamos de recordar todos que fue la
Ley de tabacos la que posibilitó la privatización de Tabacalera y que
en aquel momento la posición del Bloque Nacionalista Galego fue algo
más que una posición de soledad en el debate parlamentario. Pero no
hay que recordar el pasado, lo que hay que hacer es enfrentarse al
presente para conseguir por lo menos alguna modificación positiva
para el futuro.
Empezaré por hablar del Plan industrial que la empresa Tabacalera
tiene pensado aplicar hasta el año 2003. Efectivamente, se cierran
ocho fábricas, pero es significativo, si miramos la
territorialización de los cierres, observar que hay algunas
cuestiones ilustrativas que yo espero que SS.SS. puedan deducir por
sí mismas. Las fábricas de cigarrillos negros de Valencia, Alicante,
Donosti y Sevilla todas
ellas quedan eliminadas en favor de una nueva fábrica en Alicante y,
por supuesto, de la fábrica de Sevilla, que permanece, es decir, lo
que es la Comunidad Valenciana y Andalucía. Las de cigarrillos rubios
de Logroño, ACoruña y Tarragona quedan concentradas en Logroño; por
supuesto la nuestra, la de ACoruña, y la de Tarragona permanecen
activas. Es decir, Castilla, en el sentido tradicional del término no
desde el punto de vista de la división administrativa que el régimen
constitucional ha aplicado, y Cataluña. Las de cigarros de Gijón,
Santander, Málaga y Cádiz quedarán convertidas en una nueva fábrica
en Asturias o Cantabria (es curioso el dilema, que tiene mucho que
ver con el actual Gobierno) y por supuesto de nuevo en Andalucía, en
Cádiz. Los centros de proceso de mezcla (Cádiz y Palazuelos
-Cáceres-) quedan concentrados en Cádiz y Palazuelos (Cáceres) y la
fábrica de Madrid aparece reconvertida en un nuevo centro de I+D en
la capital del Estado español, que eso sigue siendo.
Yo creo que las deducciones son claras sobre cuál es la prefiguración
que Tabacalera siguió a la hora de establecer la ubicación de los
centros que van a quedar permanentemente. En todo caso, ACoruña será
absorbida por Logroño, pero vamos a hablar de las evidencias en
líneas generales, porque nosotros pensamos que cuando hay que
afrontar un problema industrial que afecta a Tabacalera, que tiene un
ámbito de carácter estatal, aunque sea desde una posición
nacionalista, habrá que hacerlo en su conjunto y discutir después los
derechos que nos pertenecen como gallegos.
Hay que recordar, como ya hizo la señora Marón, que la empresa
Tabacalera genera unos beneficios cuantiosos (23.000 millones de
pesetas en 1998) y que curiosamente una empresa que quiere
reestructurarse hizo ya una división de dividendos por valor de
12.700 millones de pesetas. Sin embargo, el plan del señor Alierta,
que dice estar abierto a discutirlo con todos los agentes sociales, y
me imagino que también con las instituciones políticas, consiste en
eliminar 450 trabajadores cada año hasta llegar al 2003. Los métodos
que está empleando sin duda están guiados más por los accionistas y
el mercado bursátil que por la capacidad industrial, la ocupación
laboral y las perspectivas de futuro de la empresa. En todo caso,
quiero recordar aquí que es gravísimo que se estén aceptando, desde
el punto de vista político, los costes sociales, lo que llaman
eufemísticamente ajustes laborales, porque cabe imaginar que este
plan industrial va a costarle a las arcas del Estado )a esa Seguridad
Social que tanto se insinúa que está en crisis y en quiebra, o que la
quiebra depende exclusivamente de la falta de voluntad de los
trabajadores o la incapacidad del Estado para cubrir sus necesidades
sociales) 20.000 millones de pesetas. Yo creo que el señor Pimentel,
además de crítico, debía de ser efectivo.
Lamentamos que realmente puedan argumentar, en función del acuerdo
con algunos sindicatos, que esto es un problema puramente
administrativo y de aplicación reglada y, por tanto, mecánica de lo
que es la legalidad administrativo laboral y en absoluto una
connivencia de carácter político. La inversión que anuncia el señor
Alierta para este plan industrial sería de 30.000 millones de
pesetas, de los cuales 8.000 serían para las dos fábricas nuevas.
Quiero recordar, por último, en relación con el plan de empresa que
ya Tabacalera en general viene sufriendo tres
expedientes de regulación en tres años. Los recordaré: 1993/1994, 704
trabajadores; 1995/1996, 721; 1998/1999, 980; plantilla actual, 8.431
trabajadores. A Coruña pasó de 520 trabajadores en 1990 a 236 en
1999. Los antecedentes políticos pueden ilustrarnos. El 6 de abril de
1998, en la Comisión de Economía, el presidente de Tabacalera anunció
el expediente de regulación de 1.700 personas y dijo que no tenía por
qué afectar a ningún centro de trabajo. Cuando se le insistió para
que dijese cuál era la ocupación y la capacidad competitiva de cada
uno de los centros, que no la quería dar, se descubrió que el de A
Coruña tenía un 82 por ciento de ocupación, prácticamente era el que
más tenía, y en la competitividad persona/hora era el tercero, por
delante de Valencia, Tarragona, Alicante, Donosti y Sevilla. El 15 de
abril de 1999, la ministra de Agricultura recordó en sede
parlamentaria, en un debate a iniciativa de Izquierda Unida, que la
continuidad del proyecto de Tabacalera no estaba en entredicho y que
en todo caso el Gobierno la garantizaba a través de la acción de oro.
Por fin, en la Diputación Permanente del 20 de julio, convocada
a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida, el
representante del Partido Popular dijo que la baja de 1.700 personas
ya estaba anunciada en el folleto informativo para la oferta pública
de venta de acciones que difundió el Banco de Santander y que la
eufemísticamente denominada racionalización de fábricas, es decir,
eliminación, también estaba; por lo tanto, no nos podíamos llamar
a engaño. Pero sí matizó (esto es interesante y en función de ello
presentamos esta proposición no de ley) que el Partido Popular
mantenía distancias sobre las características de la reducción de
empleo y de la concentración de las fábricas, que por supuesto
participaban en que tenía que haber el necesario diálogo con las
comunidades autónomas y las corporaciones locales, resaltando que
estarían vigilantes para que no se pudiese cometer ningún tipo de
actuaciones especulativas en el aspecto inmobiliario.
En función de todo esto, nuestra posición, y ya acabo, señor
presidente, es la presentación de una proposición no de ley que tiene
cuatro puntos básicos. El primero de ellos rechaza la tendencia que
hay en esas grandes empresas a hacer un plan de prejubilaciones
cuando está obteniendo grandes beneficios, prejubilaciones que son
perjudiciales para la sociedad en su conjunto, para la Seguridad
Social en particular y para las posibilidades de nuevos puestos de
trabajo. En segundo lugar, pensamos que un Gobierno debe hacer
gestiones ante cualquier empresa, sea ésta pública o privada, cuando
un plan de empresas es tan dañino como el que se nos presenta y, por
lo menos, instar a que lo modifique, teniendo en cuenta los
siguientes criterios. Primero, las necesidades territoriales de cada
circunscripción (palabras textuales del representante del Partido
Popular en la Diputación Permanente) y su situación industrial y
sociolaboral. Evidentemente, no es igual la situación industrial
(ahora sí hablo en términos administrativos) de La Rioja que la de
Galicia y, desde luego, tampoco la situación industrial de Madrid que
la de Galicia. El segundo criterio sería el mantenimiento de las
actuales factorías, de todas a ser posible, con las inversiones
tecnológicas necesarias, sin desplazamiento de maquinaria y carga de
trabajo, con el objetivo de no cerrarlas injustificadamente. Desde
luego, uno de los casos injustificados sería el de ACoruña.
En tercero es tener en cuenta la ocupación y la rentabilidad de cada
factoría, según los datos oficiales de la empresa, y siempre el
necesario diálogo y negociación con la comunidad autónoma afectada.
Y, por fin, dos puntos, que nada cuestan y que serían de puro trámite
e higiene parlamentarios, que sería informar al Congreso de los
Diputados sobre la evolución laboral y productiva de todos y cada uno
de los centros de Tabacalera, Sociedad Anónima (y particularmente de
los expedientes de regulación de empleo presentados por la empresa
desde su privatización hasta hoy) y sobre la situación actual de los
activos inmobiliarios que la empresa poseía antes de su
privatización.
Efectivamente, ya indicó la señora Marón que en el caso de A Coruña
hay un suculento bocado, y que encima sería irónico que sirviese,
aparte de para un negocio especulativo, para invertir los 8.000
millones de pesetas en los nuevos centros que sí van a salir
beneficiados, en Madrid, Alicante o Andalucía. Por lo tanto, espero
que en este caso la solidaridad interterritorial se manifieste con el
criterio de que todos debemos de defender lo de todos y en particular
que, por lo menos, intentemos paliar lo que son las consecuencias más
graves de un plan de empresa a todas luces impresentable.
Anuncio, por último, que vamos a votar a favor de la proposición no
de ley presentada por la señora Marón y, para mantener una actitud de
unión, vamos a aceptar la sustitución al primer punto, aunque
políticamente discrepamos abiertamente de que los sindicatos firmen
estos planes de empresa, tan sumamente dañinos desde el punto de
vista social y laboral, lo que no niega para nada la legitimidad de
los trabajadores, incluso para retirarse mucho antes de tiempo, pero
no de esta manera; habría otras muchas medidas de forma paulatina y
siempre en función de la edad.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado por el Grupo de Izquierda
Unida dos enmiendas a la proposición no de ley número 10 del orden
del día, específicamente a la de A Coruña, y otra de carácter
genérico a la número 11.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Aceptamos también las de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Para su defensa tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré sintetizar, puesto que creo que
las dos intervenciones anteriores han resumido bastante bien cuál es
la situación del plan de empresa de Tabacalera; plan que en nuestra
opinión tiene su origen en una cierta presión o chantaje de la
empresa, cuando se rechaza en el mes de junio su propio plan inicial
de reestructuración y responde con el cierre de ocho centros de
producción.
Creemos que estamos ante un problema que se nos va a reiterar en los
próximos tiempos. Tabacalera, con su asociación con Seita, se
convierte también en una multinacional, pero sobre todo vemos cómo
empiezan a producirse algunas privatizaciones. Vemos cómo una empresa
rentable, saneada, con muchos esfuerzos de sus trabajadores
para reducir plantilla y costes, tiene unos beneficios importantes,
pero insuficientes para la dirección de Tabacalera. En nuestra
opinión se responde de la peor manera posible, cerrando centros, como
el de A Coruña, pero podría poner otro como el de Gijón dedicada a la
fabricación de puros, y así podríamos seguir. Todas ellas en este
momento están obteniendo una rentabilidad importante. Han mejorado su
producción y, por ejemplo, en Gijón están fabricando actualmente 109
millones de puros al año y con una previsión de 125 para el próximo,
con una importantísima demanda, sobre todo del mercado
estadounidense. Por lo tanto, nada hacía esperar este cierre cuando
además en fechas muy recientes, en una comparecencia en esta Cámara
en la subcomisión de privatizaciones, el presidente de Tabacalera en
absoluto puso en evidencia ningún problema con los centros
productivos existentes. Por lo tanto, creo que son planes a medio
plazo, en los que Tabacalera ha apostado en nuestro país por
abandonar el negocio del tabaco; y esto lo ligo con la acción de oro
que en nuestra opinión permitiría en su momento seguir esa tendencia
de intervenir todavía el Gobierno en el sentido que marca las
características de instalación, cuando alguien abandona su negocio
principal en la fase posprivatizadora, puesto que Tabacalera está
diversificando el mercado español con la venta electrónica a través
de los estancos o establecimientos abiertos y buscando ampliar su
negocio de tabaco fuera de nuestro país, bien mediante alianzas o con
la compra de las pocas tabacaleras que todavía quedan en poder de los
Estados. Creemos que hay un cambio de objeto social encubierto, que
esta concentración de la producción en muy pocos centros podría
provocar a medio plazo un definitivo cierre de la producción de
tabaco en nuestro país, con la repercusión que tiene en una doble
dirección: en los agricultores que todavía hoy viven del cultivo del
tabaco y en los trabajadores de la empresa Tabacalera.
Por tanto, vamos a apoyar las dos proposiciones no de ley. Nuestro
grupo está enormemente preocupado. De hecho, como ya se ha dicho, en
la Diputación Permanente provocamos este debate. Pensamos que sigue
siendo conveniente que el ministro de Economía comparezca en el
Congreso y, a ser posible, ya que todavía está viva, aunque no
funcione mucho, en la subcomisión de privatizaciones. Creo que una
nueva comparecencia del presidente de Tabacalera sería importante
para despejar estas incertidumbres y sobre todo porque se está
entrando en un segundo nivel, que es provocar la confrontación entre
los territorios para ver quién se queda con la nueva fábrica, en el
caso de Cantabria y Asturias, aunque desgraciadamente parece que se
apuesta claramente por Cantabria, aunque creo que debían de
mantenerse los dos centros. Se está empujando a que los gobiernos
autonómicos presionen para salvar lo suyo, perdiendo con ello la
posibilidad de presionar globalmente, entendiendo que todas ellas son
todavía hoy defendibles.
Nos alegramos de que el Partido Popular en la comunidad de Asturias
apoyara sin dudas y con resoluciones propias el mantenimiento de la
fábrica en Gijón, lo que pasa es que aquí se dan las coherencias o
incoherencias que se verán en su momento en el ámbito estatal. Por lo
tanto, nos gustaría que esa defensa que se ha hecho en el ámbito
asturiano se trasladara a una defensa de la situación de Tabacalera
en el ámbito estatal para preservar estos puestos de trabajo.
Además, hay una doble presión sobre los trabajadores, con una
característica peculiar, y es el elevado número de mujeres que
emplean estas fábricas, en concreto la de Asturias. Se está
presionando por la empresa para la aceptación de un traslado,
provocando situaciones muy complejas que tienen que ver también con
una discriminación de sexo, en mi opinión, lo que va a provocar una
situación bastante traumática en este colectivo de trabajadoras. Hoy
por hoy no pueden entender cómo teniendo sus fábricas un nivel de
producción más elevado se van a encontrar después (algunas con las
que hemos podido conversar incluso son biznietas de trabajadores de
Tabacalera) con que de la noche a la mañana se cierran estos centros
de trabajo sin esperarlo y con operaciones posteriores de posible
especulación con terrenos que en algunos casos fueron cedidos a
precio simbólico por los ayuntamientos, como el que les cedió el
Ayuntamiento de Gijón para la construcción de una fábrica nueva, hace
ya casi 10 años, que sigue sin construirse y está a la expectativa de
darle otra utilidad por la empresa.
Por lo tanto, nuestras enmiendas, conociendo perfectamente la lógica
de estas proposiciones no de ley, entre ellas la de ACoruña, trataban
de no perder esa visión global.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posición de los distintos
grupos, tiene la palabra en primer lugar el señor Gómez, por cuanto
ha presentado una enmienda in voce, que no es tal, porque la tenemos
por escrito. Ya que estamos con las enmiendas sería mejor que la
defienda ahora y después intervendrán los distintos grupos.
Tiene la palabra, señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Creo que sería conveniente oír primero la
opinión del grupo del Gobierno, ya que mi enmienda ha nacido como
consecuencia de sondeos previos, para que triunfe algo del espíritu
social que tienen estas dos iniciativas.
Es una enmienda en son de paz, de sosiego y de armonía. Por tanto, si
el Grupo Popular va a apoyar estas dos iniciativas, la retiraría,
pero si el Grupo Popular y los grupos parlamentarios obligados por
los pactos legislativos van a votar en contra, destruirían estas dos
iniciativas importantes. Me gustaría conocer primero la posición del
Grupo Popular para luego retirar la enmienda in voce o ratificarla
y defenderla. Pero obedezco a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, la norma es la norma. En todo caso,
después del debate, pediremos a los grupos proponentes de las dos
proposiciones no de ley el resumen de las enmiendas y que se
significaran respecto a su enmienda, que no sé si ya la ha entregado
a los distintos grupos, pero quisiera que la defendiese en este
momento. Si la da por defendida con lo que ha dicho, daríamos la
palabra al señor Peralta.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Efectivamente, con las palabras que he
pronunciado considero defendida esta iniciativa, que ha nacido desde
la tierra canaria porque nosotros hemos sido, y lo somos todavía,
región afectada por la industria tabaquera y tenemos grandes
simpatías por los problemas sociales que ahora afectan concretamente
al
pueblo gallego, como se ha manifestado aquí con todo acierto y
serenidad por los portavoces del Grupo Socialista y del Bloque
Nacionalista Galego, a pesar de ser una cuestión que afecta tanto a
la tierra, Con mis palabras nosotros la damos por defendida y
propongo que se tome como enmienda, que no lleva otro espíritu que
salvar esta situación. Me preocuparía muchísimo que fuese derrotada
en los términos de las dos iniciativas. Creemos que, con la
aprobación de la enmienda in voce que presentamos, puede quedar vivo
el espíritu que ha impulsado estas dos iniciativas legislativas, para
dejar constancia de la preocupación social y económica, sobre todo
social, de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Señor presidente, muy brevemente.
El proceso de modernización empresarial, por los factores que inciden
en el mismo, especialmente la innovación tecnológica, en muchos casos
conlleva movilidad. Por esa razón, es bueno que se acepte este dato.
Los trabajadores y los sindicatos han hecho un esfuerzo importante al
aceptarlo, pero este esfuerzo de los trabajadores y de los sindicatos
debe ser correspondido por los dueños de las empresas, aceptando
también que las empresas tienen algo más que servir que al propio
interés privado; deben atender un interés social, especialmente de
los trabajadores que prestan servicio en las mismas y que han
contribuido de manera muy significativa y decisiva al desarrollo de
la empresa.
Estas consideraciones, señor presidente, señorías, son
particularmente aplicables cuando se trata de una empresa, como es el
caso de la que estamos hablando en estos momentos, Tabacalera, que ha
pertenecido al sector público y que sigue íntimamente ligada a él,
por lo que la consideración de interés social es algo que forma parte
de su propia razón de ser y de su origen. De ahí, señor presidente,
señorías, que apoyemos y votemos a favor de las dos iniciativas que
han sido presentadas por el Grupo Socialista y por el Bloque
Nacionalista Galego. Sin embargo, desde Nueva Izquierda y desde una
visión que haga referencia al conjunto del Estado, desearía que se
procediera por los proponentes a generalizar el problema,
trascenderlo del origen, legítimo y natural por parte de los
diputados que lo suscriben, y de la contemplación específica de las
factorías suyas o de los territorios a los que ellos representan. En
este sentido, la Comunidad Valenciana, en concreto la factoría de
Valencia sale dañada por estar prevista su liquidación. El daño que
se produce a Valencia y a la Comunidad Valenciana es muy importante.
Por tanto, haciendo referencia explícita a la iniciativa presentada
por el Grupo Socialista, nos gustaría que se admitiera una enmienda
in voce (ésta sí in voce) que me permito sugerir en estos momentos.
El punto primero quedaría así: Realizar las actuaciones necesarias
para que se retire el plan de viabilidad industrial de Tabacalera que
prevé, entre otras, el cierre de la fábrica de tabacos de A Coruña.
El punto segundo diría: Que se elabore un plan de viabilidad (se
suprime de la fábrica de
A Coruña) de la empresa consensuado con los agentes sociales, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Qué duda cabe que, si estamos afirmando que se debe atender a algo
más que al puro beneficio inmediato del dueño y que se debe tener en
cuenta la función social que tiene este tipo de empresas, los que
están en mejores condiciones para negociar son los que representan
más directamente esos intereses, los ayuntamientos y las comunidades
autónomas. Desde Nueva Izquierda, nos permitiríamos pedir a los
grupos proponentes, en concreto al Grupo Socialista, que aceptaran
estas consideraciones, estas pequeñas matizaciones, pues entiendo que
coinciden plenamente con su espíritu, y pediríamos el voto favorable,
que desde luego anunciamos desde Nueva Izquierda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señorías, una vez más debatimos sobre la
situación de Tabacalera, Sociedad Anónima. Habría que decir que si un
tema ha sido debatido en esta Cámara es precisamente el de la
situación de Tabacalera y, sobre todo en los últimos años, la
evolución de su privatización. Ha habido varias comparecencias en
esta Cámara del presidente de Tabacalera y de altos cargos; ha habido
interpelaciones y sus correspondientes mociones, ha habido
proposiciones no de ley. Por tanto, señorías, ha habido mucha
información y, sobre todo, mucha transparencia en lo que afecta a
todo el proceso de privatización de Tabacalera, por lo que me extraña
que se siga incidiendo aquí en hechos, en datos, que no son reales;
parece ser que hay portavoces que no quieren enterarse o no quieren
verlo así.
En todos estos debates sobre la privatización de Tabacalera, algunos
grupos de la oposición han hecho catastrofismo, hablando de la
situación tan trágica para los trabajadores, sobre todo en lo que se
refería a su ERE (expediente de regulación de empleo). Pero hemos
visto a través del tiempo cómo eso no ha sido así y la privatización
de Tabacalera se definió como modélica y ejemplar en algunos debates
en la Cámara.
Señorías, se ha dicho así y hay que redundar en ello. Hoy Tabacalera
es una empresa privada y, además, no tiene ninguna obligación de
subordinar su sistema de OPV (oferta pública de venta) a un plan de
industrialización. Eso deberían de saberlo los portavoces que han
intervenido anteriormente. En la Diputación Permanente del pasado mes
de julio se dijo por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Aguirre, que deberían leerse el folleto informativo de la OPV,
donde se hablaba ya del proceso de concentración de fábricas, de
reducción de plantillas, así como de la privatización y de la golden
share o acción de oro, que luego mencionaré.
En cuanto a la OPV, en lo que se refería a la reestructuración, ya se
hablaba del ahorro de costes mediante el redimensionamiento de la
plantilla y la fraccionalización de los centros fabriles, porque es
necesario competir a niveles de productividad con otras compañías
análogas europeas. Hay unos datos de la compañía reales, que se
refieren a sus ratios de producción, en concreto a los de
cigarrillos/hora por hombre, y si los comparamos con el resto de
países de la
Unión Europea, vemos que en España hay una pérdida, señorías, del 56
por ciento en productividad. Por lo tanto, hay que pensar que
convergemos en un mercado internacional en el que la competitividad
tiene que ser un norte al que cualquier empresa, en este caso
Tabacalera, debe dirigirse.
Hay otro dato también importante, señorías, que es el número de
centros fabriles. La mayoría de los países competidores de Europa
tienen tres o cuatro centros fabriles, y en España el número de
centros se eleva a 12. Indudablemente, nuestro número de centros es
muy alto para ser competitivos, teniendo en cuenta también, señorías,
un dato elocuente y que todos conocemos, que la tendencia de la
sociedad actual es a fumar cada vez menos.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno y nombró presidente de
Tabacalera, se encontró con una empresa endogámica, encerrada en sí
misma. Hoy Tabacalera es una empresa abierta al exterior, y prueba de
ello es que ya, gracias a las acciones emprendidas durante esta
legislatura, es la primera productora mundial en cigarros. Desde 1992
hasta 1996 había estado estancada, era un barco que iba a la deriva,
estaba perdiendo cuotas de mercado en un 5 por ciento
aproximadamente, y de eso hemos pasado a un proceso de modernización
y de competitividad. La portavoz socialista ha hablado aquí del
expediente de regulación de empleo, y yo tengo que decirle que
regulaciones de empleo ya se iniciaron con anteriores gobiernos
socialistas. Prueba de ello es que ya hubo bajas incentivadas y
prejubilaciones, porque ya ustedes se dieron cuenta tímidamente de
que el futuro de Tabacalera peligraba. Y de 1988 a 1996 ya se redujo
la plantilla de Tabacalera en un 25 por ciento, aproximadamente 2.000
trabajadores.
Hay que decir también, señorías, que el actual expediente de
regulación de empleo fue aprobado por la Dirección General del
Trabajo el 21 de julio de 1998 y se basó (hay que decirlo muy
claramente, señorías) en un acuerdo alcanzado entre la empresa y el
Comité Intercentros. Y lo digo así de claro porque en distintas
comparecencias varios portavoces echaron por tierra este ERE
(expediente de regulación de empleo) y hemos visto que eso no tenía
sentido. El ERE tenía vigencia hasta el 31 de junio de 1999; a él se
han acogido 928 trabajadores de forma totalmente voluntaria, y hay
que decir que sigue abierto hasta el año 2002 para que los
trabajadores que cumplan los requisitos del ERE puedan acogerse a él,
y se prevén bajas incentivadas de hasta 1.700 trabajadores. Hay que
decir también, señorías, que en el centro fabril de La Coruña no ha
habido ninguna incorporación de jóvenes.
En lo que se refiere a la acción de oro, (golden share), a la que ha
hecho referencia el portavoz del Bloque Nacionalista, ustedes
deberían saber, señorías, que para pedir una autorización
administrativa previa, para que pueda intervenir el Gobierno en el
plan de industrialización de Tabacalera, está establecido (y está en
el folleto informativo de la OPV) que tienen que darse tres
supuestos: que haya una disolución voluntaria, o que haya una
excisión o fusión, o que haya una sustitución del objeto social. En
este caso, señorías, no se cumple ninguno de los tres supuestos. Esto
ya lo dijo el portavoz del Bloque en la Diputación Permanente el
pasado mes de julio (El señor Rodríguez Sánchez: La señora Loyola de
Palacio.), y el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Aguirre, le contestó, pero usted
vuelve a incidir en el mismo tema.
Por lo tanto, señorías, el replanteamiento organizativo y productivo
derivado del Plan industrial que ha emitido Tabacalera es algo que
por el momento se encuentra en fase de estudio y negociación (esto
hay que decirlo muy claro, señorías) entre las partes, por lo que hay
que esperar a que se concreten propuestas y acuerdos. Por ello,
señorías, no hay nuevos expedientes de regulación de empleo. Los
trabajadores no han rechazado el plan industrial hasta el momento,
por lo que, señorías, no hagamos catastrofismo con este tema. Para
poder intervenir el Gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, como consecuencia de este plan de viabilidad,
tendría que aprobar un nuevo ERE, en cuyo caso el Ministerio tendría
que valorarlo y aprobarlo o rechazarlo; pero no puede haber ninguna
resolución gubernamental si no se ha presentado un expediente.
Por lo tanto, señorías, no politicemos este proceso y dejemos que
haya consenso, como lo ha habido hasta ahora, entre las partes. El
Grupo Parlamentario Popular pide que todas las administraciones, que
están dispuestas a ello, colaboren para que este proceso se
desarrolle de la mejor forma posible. Tanto la Administración central
como las comunidades autónomas o las corporaciones locales debemos
intentar que este proceso sea lo mejor posible. No viciemos el
proceso, no lo enturbiemos, porque, en definitiva, va a ir en
perjuicio de las dos partes, especialmente de los trabajadores. No se
trata de echar nada en cara, pero en el proceso de privatización de
Tabacalera, y en particular con el ERE de 1998, el portavoz de
Izquierda Unida, señor Alcaraz, dijo en su intervención del día 21 de
abril de 1998: Ese ERE puede tener no una aplicación consensuada con
los sindicatos, sino una aplicación forzosa. Hemos visto, señorías,
cómo ése, que era el sentir de varios grupos de la oposición, no se
ha cumplido, sino que el ERE ha sido modélico; no ha sido
catastrofista, ha sido totalmente voluntario y se han acogido a él
928 trabajadores. Por lo tanto, creamos más en la mayoría de edad de
los trabajadores y en el Comité Intercentros para defender sus
intereses y no politicemos el tema.
Para terminar, señor presidente, manifiesto que estamos dispuestos a
apoyar la enmienda transaccional o enmienda in voce que ha presentado
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria porque creemos que define
muy bien la situación, la arbitra muy bien, y es todo lo que se puede
hacer si realmente queremos que las partes, en este caso la empresa y
los trabajadores, o los trabajadores y la empresa, resuelvan de forma
consensuada y con el apoyo de todas las administraciones este plan de
viabilidad industrial. El Gobierno, al no haberse solicitado hasta el
momento ninguna mediación, no puede intervenir en las conversaciones
que mantienen las partes sobre el particular, pero tanto el Gobierno
como el grupo parlamentario que lo sustenta mostramos nuestra
disposición a apoyar la búsqueda de soluciones positivas que
favorezcan el acuerdo que está en la línea de la enmienda
transaccional. Pero no podemos apoyar las proposiciones no de ley que
se han presentado.
El señor PRESIDENTE: Habíamos quedado en que se aceptaban las
enmiendas de Izquierda Unida y también que
el Grupo Parlamentario Mixto aceptaba la enmienda a su proposición no
de Ley del Grupo Socialista. Se han producido dos posibilidades
posteriores, que son la transaccional o la enmienda in voce del señor
Gómez, de Coalición Canaria, y también una propuesta in voce del
señor Peralta, esta última a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
Por tanto, mi pregunta es a la portavoz del Grupo Socialista, sobre
si acepta las enmiendas in voce, teniendo en cuenta que una, la del
Grupo de Coalición Canaria, es eliminatoria de otros textos. (El
señor Gómez pide la palabra.)
Señor Gómez, ¿qué desea?
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: En la redacción de la enmienda in voce que
proponemos querríamos añadir, a la palabra empresa, Tabacalera,
Sociedad Anónima, y en el párrafo final: por verse afectados por las
medidas de privatización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: En relación con las enmiendas presentadas
por el señor Santiso y el señor Peralta entiendo que el sentir es el
de globalizar o generalizar el problema planteado en la iniciativa
presentada por el Grupo Socialista a los otros ocho centros. En ese
sentido (no está presente aquí el señor Santiso, pero creo que recojo
ese sentimiento), me parece que la enmienda in voce que citaba el
señor Peralta lo recoge de una manera muy expresa, es decir, habla de
que prevé el cierre de la fábrica de tabacos de ACoruña y de las
otras y que se elabore un plan de viabilidad de Tabacalera
consensuado con los agentes sociales, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. Me parece que, entendiendo el sentir de ambas
enmiendas, podemos sintetizarlas en este contenido, y en ese sentido
sí se acepta.
En cuanto al señor Gómez, de Coalición Canaria, yo quiero expresarle
el agradecimiento del Grupo Socialista a la solidaridad que ha
querido mostrar a Galicia en este caso concreto, y estoy segura de
que también a otros centros de España, pero en este momento no
podemos aceptar ninguna enmienda que no signifique un paso más. Yo
creo que el Grupo Socialista ha sido muy responsable en hacer un
planteamiento político en la proposición no de ley bastante global y
con contenidos muy racionales. Por tanto, lamento no poder aceptar
esa enmienda presentada por el señor Gómez de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Nos podría hacer llegar, para contrastar con
las notas que ha tomado la Mesa, el texto exacto de cómo quedan las
enmiendas in voce?
Tiene la palabra el señor Rodríguez, para fijar la posición respecto
a la propuesta del señor Gómez, de Coalición Canaria.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No podemos aceptar la propuesta de
Coalición Canaria porque va a la línea de flotación de nuestra
proposición no de ley. Yo creo que ya hemos hablado de que no se
trata solamente de un
problema laboral individual, que por supuesto de manera precaria y
con muchos problemas van a poder ver solucionado a corto plazo muchos
de los trabajadores que se van a prejubilar, sino que la intención de
nuestra proposición no de ley era garantizar precisamente la
ubicación territorial de los centros. Por lo menos, deseábamos que
pudiese haber un debate en relación con este tema y se abriese una
vía de diálogo en función de unos criterios que expresamos en el
punto número 2; es decir, se trataría de hacer gestiones ante
Tabacalera para que se tuvieran en cuenta los criterios que están
enunciados y a los que ya hice alusión en mi intervención.
En este sentido, la propuesta de eliminación de toda la proposición
no de ley, para sustituirla por la parte que presentó Coalición
Canaria, significaría una devaluación de tal calibre que la haría
irrelevante desde el punto de vista del conflicto, tal como está
situado hoy en día. Por eso no puedo aceptarla.
- PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LEY DE BASES DE LA MINERÍA EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001723.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de estas dos proposiciones,
vamos a pasar a la siguiente, la número 12 del orden del día, que es
una proposición no de ley para la elaboración de una ley de bases de
la minería en España, que propone el Grupo Popular en el Congreso.
Para su defensa, así como para la presentación de una autoenmienda,
tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: En nombre del Grupo Popular paso a
defender brevemente la proposición no de ley.
España, como país de tradición minera importante, requiere una
legislación acorde con esta realidad productiva, con su propio
potencial futuro. La actual legislación data de 1973 y no contempla
cambios importantes ocurridos desde entonces, como los tecnológicos o
los institucionales, pero además cambios muy importantes en la
configuración actual de la Administración pública y las competencias
de las respectivas administraciones, pero esta adaptación legislativa
no se ha producido aún. Un nuevo marco legal para el desarrollo de
las explotaciones mineras hubiera cerrado un capítulo muy importante
de reformas de este Gobierno en el sector industrial, pero
principalmente en el sector energético. Basta recordar la Ley del
sector eléctrico, la Ley de Hidrocarburos y las tasas del Consejo de
Seguridad Nuclear. Por eso este grupo parlamentario tuvo siempre
interés, desde los primeros momentos de la legislatura, en avanzar en
este sentido.
La minería no energética (metales, no metales y roca) emplea en este
país a 23.000 personas, más de 3.700 empresas y tiene una producción
anual de 430.000 millones de pesetas. Es cierto que cambios
legislativos en materia de hidrocarburos aconsejan nuevas reflexiones
acerca del alcance de una nueva ley de bases de la minería. Asimismo
los acontecimientos de la mina de Aznalcóllar también invitan a
pensar en una legislación capaz de acometer
todos los desafíos medioambientales, dado que buena parte de las
minas se encuentran en parajes naturales, sensibles a la alteración
del entorno. En definitiva, este grupo parlamentario considera
necesario eliminar incertidumbres en un sector en el que conviven
extracciones tradicionales de baja elasticidad demanda-renta y poca
cuota de mercado junto con extracciones con proyección exterior y que
requieren de las mejores condiciones institucionales y jurídicas para
su desarrollo.
La labor es difícil, puesto que hay que desarrollar un texto que sea
aplicable y asumible también por todas las comunidades autónomas. De
igual forma, cuando observamos las ayudas concedidas a la minería,
nos encontramos con que hay más de 1.600 millones de pesetas con
cargo a los presupuestos que se conceden sobre un conjunto de
criterios legales iniciales ciertamente obsoletos. También sabemos
que el Gobierno sigue trabajando con aspectos importantes de
seguridad minera, como el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de
septiembre de 1997.
Dado que el texto original pedía al Gobierno un proyecto de ley para
1998 y que, por las circunstancias señaladas, se ha postergado su
elaboración, este grupo piensa que lo más razonable para continuar
con el espíritu de la demanda es mantener el texto fijando el más
breve plazo posible como enmienda al petitum original. Entiendo que
esto debería ser una cuestión a desarrollar por el próximo Gobierno.
La enmienda, por tanto, quedaría redactada de la siguiente forma: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que remita a la Cámara,
a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley de bases de la
minería que unifique y modernice toda la legislación referente a esta
actividad extractiva.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Para comenzar, diré que está bien lo que
el Grupo Popular propone, pero debe comprender su portavoz que a
estas alturas no nos creamos mucho lo que plantea. Antes ya dije, en
otra iniciativa parecida, que instar a este Gobierno a estas alturas
de la legislatura, que está prácticamente acabada, a realizar o a
presentar a la Cámara una ley de bases de la minería es lo mismo que
instarle a la nada. Es decir, el Grupo Popular hoy no está instando
al Gobierno a nada, porque este Gobierno no lo va a hacer y el
Gobierno próximo no va a ser suyo, con lo cual tendrán que hacer en
la legislatura que viene otra proposición no de ley, si es que de
verdad se creen esto, que yo pienso que no se lo creen. ¿Por qué digo
que no se lo creen? Ustedes han tenido tiempo de sobra en esta
legislatura para plantearlo, porque es verdad que estamos hablando de
una ley, la Ley de minas, del año 1973, que es preconstitucional. Es
verdad que es conveniente presentar a la Cámara un proyecto de ley de
bases de la minería, estamos de acuerdo; pero esto es un canto al
sol. Ustedes han tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo y no lo
han hecho. ¿Qué han hecho ustedes en su lugar? Han hecho aquello que
les han mandado los que gobiernan en el sector de la energía en este
país, que son los propietarios de las centrales eléctricas, de las
empresas eléctricas, los que les dicen a ustedes lo que hay que hacer
y ustedes lo cumplen sin más. Eso es lo que han hecho, un protocolo
eléctrico que han firmado con ellos a su imagen y semejanza, a
conveniencia exclusiva, naturalmente, de las centrales eléctricas,
que son las únicas que lo han firmado, sin dar cabida a un debate en
el Parlamento, dando la espalda a los demás grupos políticos, sin
querer consultar nada con los sindicatos. Finalmente se vieron
obligados a firmar un acuerdo con los sindicatos, el Plan de la
minería, que están incumpliendo, y todos recordarán que lo hicieron
forzados por las movilizaciones de los mineros. Para muestra un
botón. En el primer bienio, que termina el 31 de diciembre de este
año, prometieron invertir en Aragón 18.000 millones de pesetas a
cargo del Plan de la minería. No se van a invertir ni siquiera 4.000
millones. Si alguien es capaz de rebatirme esta afirmación que lo
haga con datos, porque los datos los tengo yo.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, no incite a un debate posterior
sobre un tema en el que no vamos a entrar.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Acabo rápidamente con este tema.
Ustedes, en vez de desarrollar la Ley del sector eléctrico, aprobada
recientemente, optaron por hacer una nueva ley del sector eléctrico.
¿De nuevo para qué? Para hacer lo que les mandan los que mandan en
esto. Como colofón a esa nueva ley del sector eléctrico han acabado
de poner la guinda en el pastel que han regalado a las eléctricas a
costa de todos los españoles, que son los famosos 1,3 billones de los
CTC. Esto es tremendo. Han tenido tiempo para hacer una ley de bases
de la minería e intentar regularlo, pero tenían otras prioridades:
las que les marcan. Incluso se están enfrentando a la Comisión
Europea por los CTC y nos está costando a los consumidores 4,5 puntos
más de tarifa eléctrica que estamos pagando todos. Eso es lo que han
hecho en vez de plantear el proyecto de ley de bases de la minería.
Por consiguiente, vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo en
que hay que hacerlo, pero ya sabemos que esto lo vamos a tener que
hacer nosotros y lo haremos. Ustedes no lo han hecho porque no es lo
que les han mandado; les han mandado otras cosas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Nuestro grupo tiene que hacer una
consideración previa similar. Estamos prácticamente al final de la
legislatura y parece inabordable en ella este proyecto de ley. No
obstante, bienvenido sea. Vamos a votar a favor aun con el
escepticismo que nos da ver que es un gesto que está bien y que habrá
que retormarlo por quien gobierne, o gobernemos, ya que aquí todo el
mundo está en precampaña. (Risas.) ¡Cosas más raras se han visto!
Vamos a apoyarla pero no estaría de más una enmienda no sé si in
voce, si el grupo proponente lo estima oportuno, y teniendo en cuenta
que todos los temas relativos a la minería son con carácter global,
que recogiera aquellos aspectos que afectan a la seguridad minera, ya
que ha habido bastantes cambios en los últimos tiempos que están
provocando incluso la paralización de explotaciones.
Sugiero, si es posible, recoger un signo dirigido hacia el sector
sobre la preocupación que se tiene por la seguridad minera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Hay que reconocer que esta proposición no
de ley tiene una cierta audacia. Plantear a estas alturas que el
Grupo Parlamentario Popular inste al Gobierno-que algo tiene que ver
con el Grupo Parlamentario Popular- a que presente un proyecto de ley
de bases para sustituir la actual Ley de Minas de 1973, y la
normativa que la ha ido modificando durante todos estos años, es
audaz en dos sentidos: primero, por las fechas en que estamos y,
segundo, porque esta proposición no de ley entró en el registro del
Congreso el 3 de febrero de 1998; parece que desde entonces a octubre
de 1999 no se ha podido hacer nada hasta que se produjera este
debate. Por tanto, algo de audacia sí tiene la presentación de este
texto. No es menor la audacia del Grupo Socialista de atreverse a
pronunciarse sobre este tema porque la urgencia, mayor o menor, que
pudiera tener esta cuestión, que la tiene (la actualización del
derecho de minas en España es un tema real) y que debe ser llevada a
la práctica, era igual de importante hasta el año 1996, y tampoco es
que el Gobierno, en ese momento socialista, pusiera especial empeño
en la actualización del derecho de minas. Por tanto, que cada palo
aguante su vela. Nosotros, que no hemos tenido en un caso ni en otro
la posibilidad de redactar semejante ley de bases, lo único que
podemos hacer es apoyar esta iniciativa con prudencia, con una
esperanza muy matizada por las fechas en las que estamos, pero
dejando claro que no nos es indiferente esta cuestión y que
compartimos el objetivo que la inspira, que es la actualización de la
relación de minas en España y su puesta al día, puesto que en el
ámbito minero en España, y en Europa en su conjunto, han cambiado
muchas cosas desde 1973.
El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, ¿acepta la enmienda in voce del
señor Santiso?
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: No la aceptamos porque en la Ley de
bases de la minería todo lo que afecta a la seguridad minera está
regulado.
El señor PRESIDENTE: No se acepta la enmienda.
- RELATIVAAL CIERRE DE LA FACTORÍA DEL GRUPO CARRIER ESPAÑA, S. A.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001726.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 13 del orden del
día, relativa al cierre de la factoría del grupo Carrier España, S.A.
Es autor de la misma el Grupo Socialista del Congreso y para
defenderla tiene la palabra el señor Ros.
El señor ROS MOARAD: Créanme que a lo largo de la mañana he pensado
que no estaba en la Comisión de
Industria del Congreso de los Diputados porque, en un país tan
glorioso donde todo va bien, ver que hay empresas que van a echar
trabajadores a la calle, a lo mejor no cuadra con la euforia que
estos días muestra en este Parlamento el señor Rato. Pero haciendo un
acto de fe y pensando que alguno no debe estar ajustándose a la
verdad, voy a ceñirme a la proposición no de ley que mi grupo
presentó el día 29 de septiembre de 1999. Cuando a veces se acusa al
Congreso de hacer debates que no están en la sociedad, a juzgar por
lo que se vive en la sociedad de Guadalajara o por cómo está hoy la
carrera de San Jerónimo, parece que alguna vez el Congreso sí discute
asuntos que interesan hoy firmemente a los ciudadanos.
Señor presidente, este asunto del cese de actividad de Carrier ha
producido una gran preocupación, un gran desasosiego y, si me lo
permite, una gran indignación en la provincia de Guadalajara, pero no
sólo en los trabajadores directamente afectados o en sus familias
sino que me atrevería a decir en todas las fuerzas políticas y en la
sociedad en general, a juzgar por una manifestación que se produjo
hace unas semanas en Guadalajara a la que asistieron aproximadamente
15.000 personas, según la prensa (quiero recordar que Guadalajara no
es una ciudad excesivamente grande en número de habitantes), salieron
a la calle 15.000 ciudadanos para protestar enérgicamente por el
anunciado cese de actividad de Carrier. Por tanto, es toda la
sociedad de Guadalajara, tanto la Cámara de Comercio como
empresarios, sindicatos y partidos políticos, porque este asunto
trasciende de lo que puede ser un problema puramente sindical. Se han
pronunciado plenos de instituciones como el del Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación Provincial, etcétera. ¿Por qué esta
indignación en la calle? Esta indignación nace de ese anunciado
cierre de la factoría de Carrier en el polígono industrial de
Guadalajara, que de llevarse a cabo supone, traducido en puestos de
trabajo, la pérdida de 708 de forma directa, y de forma indirecta
donde la horquilla podrá ser discutible, no sería sacar las cifras de
contexto si hablamos de 2.500 a 3.000 puestos de trabajo. Por tanto,
de la noche a la mañana el paro subiría en Guadalajara
aproximadamente en 15 puntos. Piense usted qué ocurriría, por
ejemplo, en Zaragoza si se cerrara la General Motors. Pues bien,
desde el punto de vista social y porcentualmente tendría menos
repercusión el cierre de la General Motors en Figueruelas que el
cierre de tener Carrier para la población activa industrial de la
provincia de Guadalajara. Y este asunto, que es desde luego una
tragedia laboral para la provincia de la que soy diputado, produce
una mayor indignación si cabe porque es un auténtico acto de sinrazón
empresarial. Esta factoría generó el año pasado, por datos que
suministran unos u otros, el comité de empresa, la propia empresa,
etcétera, en torno a 18.000 millones de pesetas en su último
ejercicio. Si no hay una crisis, si facturan 18.000 millones de
pesetas, si no es un mercado que va a la baja, ¿qué es lo que ocurre?
Y en este qué es lo que ocurre seguramente habría que introducir algo
que comprendo que es delicado, que es complicado, que no es fácil
resolver desde un Gobierno nacional única y exclusivamente, pero creo
que ha llegado el momento de que con serenidad se pueda plantear qué
son y qué papel juegan las multinacionales en España o en el ámbito
europeo. Si con la legislación actual de España y de la Unión
Europea una multinacional puede poner de patas en la calle a 708
trabajadores, la misma multinacional que ha facturado en el último
ejercicio 18.000 millones, créanme que algo falla. No sé si en esto
de la libertad de mercado se nos ha ido el tornillo de rosca y tanto
hablar de la libertad de mercado hemos caído en unas esclavitudes tan
tremendas como que determinados grupos puedan colapsar laboralmente
o meter en estos momentos en un callejón sin salida a una provincia
como Guadalajara. De ahí que crea que es necesario, insisto, con
tranquilidad y sin hacer aquí de quijotes de la Unión Europea, que
desde España y desde la Unión Europea alguien se pregunte si los
Estados democráticos pueden estar cada día al albur de que una
decisión empresarial tomada a miles de kilómetros, no por cuestiones
de falta de rentabilidad sino por una expectativa mayor de negocio,
amparados en esa especie de Buda que hemos hecho de la libertad de
mercado y del liberalismo, pueda realizar ese atropello que sin lugar
a dudas esta empresa, de llevarse a cabo, cometería primero con los
trabajadores y desde luego, con toda la provincia de Guadalajara.
Además, llueve sobre mojado, no es la primera vez. No voy a venir
aquí a hacer un discurso cateto y patriótico de la provincia de
Guadalajara. Hoy nos toca a nosotros, pero esto ha tocado en otros
muchos sitios. Y hay un punto de coincidencia, no solamente el hecho
del comportamiento de las multinacionales, sino que al final siempre
en estas operaciones que acaban con los trabajadores en la calle y
con cese de actividad suele aparecer un importantísimo despacho de
abogados de este país. Yo no diría nada de este despacho de abogados,
en concreto el de Garrigues & Andersen, si esto no lo hiciera
compatible con hechos que para la sociedad pudieran parecer
absolutamente altruistas. Quiero decir como diputado -que conste en
el «Diario de Sesiones»- que hay cosas que me repugnan, lo haga el
señor Garrigues o lo haga el lucero del alba. Esta misma semana en
que el despacho de abogados Garrigues & Andersen está preparando el
cierre de una empresa que funciona mandando a 708 trabajadores a la
calle, en un periódico con el que seguramente tendrá muy buena
relación se dice: Garrigues Walker, nuevo presidente de la fundación
Ortega y Gasset. Es muy corto y lo voy a leer, señor presidente.
Dice: El abogado Antonio Garrigues Walker es el nuevo presidente de
la fundación José Ortega y Gasset. El nombramiento de Garrigues
Walker, que ayer se hizo público, ha sido respaldado por el patronato
de dicha fundación, a la que ha pertenecido durante nueve años. Nada
que alegar, me parece muy bien y le doy la enhorabuena. Añade: El
nuevo presidente, que sustituye al fallecido Pedro Durán Farrell, es
abogado del bufete Garrigues & Andersen, presidente en España del
Acnur, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y
vicepresidente de la Comisión Trilateral, entre otras actividades. No
me pronunciaré sobre la vicepresidencia de la Trilateral, ni sobre
que le hayan elegido presidente de la fundación Ortega y Gasset, le
doy la enhorabuena, pero créanme que a mí me repugna intelectualmente
que una persona que engrosa sus cuentas corrientes de forma tan
generosa poniendo a trabajadores en la calle, al mismo tiempo, lave
su conciencia, lave su imagen pública siendo presidente de Acnur. Me
gustaría que la dedicación que tiene en Acnur (por cierto, ninguna
crítica a esa actividad) la tuviera a la
hora de esas operaciones que están cantadas. Yo podría explicar cómo
trabaja el despacho de Garrigues & Andersen porque lo he vivido en
otro tiempo, pero no haré más referencia a este despacho. Sí quiero
decir que desde el Congreso hoy deberíamos buscar la unanimidad
suficiente para que igual que un día alguien dijo basta ya, también
de forma tranquila y razonada, al unísono todos los grupos
parlamentarios de este Congreso podamos decir basta ya a estas
situaciones y nos pongamos manos a la obra para ver, sabiendo que es
muy difícil, qué es lo que se puede hacer.
Mi grupo no se resigna, no se resignó ni se piensa resignar a estas
situaciones y no vamos a compartir expresiones que en el camino hemos
oído. Hoy parece que todos estamos de acuerdo y yo me felicito, pero
sepan que los comentarios que recibió esta proposición no de ley, que
a lo mejor obtiene el respaldo del resto de los grupos y que será tan
suya como del Grupo Parlamentario Socialista, cuando se presentó
fueron que para hacer política de galería la gente no estaba en
política. Yo me alegro de que hoy se pueda discutir de Carrier y de
estos asuntos en el Congreso de los Diputados porque el día 24 de
septiembre esta proposición no de ley, a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, presentó. Como digo, no es una proposición
no de ley que quiere ser sólo del Grupo Parlamentario Socialista,
sino que ojalá obtenga el respaldo unánime de todo el Congreso para
que estas cuestiones no vuelvan a plantearse.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer constar que la Presidencia de la
Comisión ha recibido estas inquietudes en una infinidad de
telegramas, del orden de unos cien, desde corporaciones,
instituciones y asociaciones de Guadalajara y su provincia,
interesándose por el tema. Hago mención de ello simplemente como
acuse de recibo.
Se han presentado enmiendas por Izquierda Unida. Para su defensa
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nos gustaría no tener que discutir esta
proposición no de ley. Creemos que en este momento es muy grave que
más de 700 trabajadores, con nocturnidad y alevosía, en el sentido de
que no había nada que indicara que se iba a provocar esta situación
a las puertas del verano, se encuentren en este momento ante una
situación nueva inesperada, en realidad ante la puerta de la
desesperanza, ante la actitud de la empresa Carrier que, como aquí ya
se ha dicho, es una empresa con más de 18.000 millones en su cuenta
de resultados de producción este año y que por la expectativa de
mejorar su cuenta de resultados y por más cosas (en este tipo de
empresas multinacionales pesa mucho el efecto de la sede central y
del peso de sus accionistas) al final se ha terminado decantando por
cerrar el sitio probablemente más débil políticamente o donde menor
presión política ha recibido hasta el momento para evitar esta
situación. Desgraciadamente estaba en liza al cerrar la planta de
Italia o la planta de España, incluso en números parece ser que la
planta española era más rentable, tenía menos costes de producción
que la fábrica italiana, y sin embargo se cierra de momento la de
Guadalajara. Se ha dicho que no es un caso aislado. Ahora mismo en
Toledo están en un proceso similar con los laboratorios Beechan, que
también han anunciado que se van de nuestro país. Nos van a vender
los productos
pero no se va a producir en la moderna fábrica de Toledo,
actualizada, que por el mismo criterio se va a cerrar. En el fondo es
lo mismo que plantea Tabacalera en este momento. Es decir, la
continua búsqueda de más beneficios sin tener en cuenta la historia
laboral de una empresa. No existe esa cultura empresarial de duración
en el tiempo que quizás existió en otros momentos. Por tanto, los
beneficios priman y mandan por encima de cualquier otra consideración
de tipo humano.
Respecto a las multinacionales proponemos una enmienda, además de
apoyar la propuesta presentada por el Partido Socialista, para abrir
esta reflexión tanto en el marco español como en el europeo. Nos
encontramos a menudo con una competencia territorial por atraer
inversiones, por atraer si es posible grandes empresas,
multinacionales u otras, y por lo tanto con una especie de carrera
desenfrenada e incluso de competencia desleal entre comunidades
autónomas con los famosos efectos frontera en Madrid, Castilla-La
Mancha o Euskadi para ver quién ofrece más barato el suelo, quién
ofrece a estas empresas mayores ventajas fiscales, quién ofrece más
ayudas, el municipio, la comunidad autónoma o el Estado, en su caso,
para instalarse este tipo de empresas en nuestro país y pagarnos
luego con cierres sin previo aviso y acompañandose de actitudes que
yo calificaría muy duramente pero prefiero no decir la palabra que se
me ocurre. Por poner un ejemplo, intentando dividir a los
trabajadores, haciendo ofertas individualizadas a miembros
significativos de los comités de empresa y que, desgraciadamente, en
este caso dos de ellos las aceptaron, de más de 40 millones de
pesetas para descabezar la posible respuesta a la privatización. Creo
que este tipo de prácticas demuestra cuál es el pensamiento y forma
de actuar de estas empresas, precisamente para dejar inerme al
movimiento sindical o a los propios trabajadores. Hay países de la
Comunidad Europea que sí han abierto fórmulas, primero, en los
compromisos a adquirir mutuamente con estas empresas cuando se
instalan -aunque esta lleva más de 20 años en España- y, segundo,
para evitar que los costes sociales de estos procesos acaben
recayendo -vía prejubilaciones o jubilaciones, o incluso vía pase al
desempleo en los expedientes de regulación de empleo- como costes
sociales en nuestro país, como en este caso, cuando en definitiva son
empresas en este momento rentables y con unas cuentas de beneficios
saneadas. Por tanto, creemos que hay que abrir ese debate, con
prudencia, sabiendo que es un asunto complejo. A mí me sigue
sorprendiendo que nosotros estemos sufriendo la competencia desleal
de Corea en el sector naval y, sin embargo, estemos importando coches
de Daewoo a miles. En consecuencia, hay que abrir una reflexión en el
ámbito europeo para ver cómo se pueden evitar situaciones tan
dramáticas como la que se está apuntando en este momento. No
obstante, en este momento procesal nosotros, vamos a poner por encima
de todo la búsqueda del consenso y, por tanto, estamos dispuestos a
suavizar nuestra iniciativa, que no nuestro pensamiento, en la
búsqueda, si es posible, de ese consenso y que esta Cámara apoye por
unanimidad tanto la propuesta del Partido Socialista como nuestra
propuesta complementaria, en esa dirección de reflexionar e intentar
abordarestas situaciones en el marco español y europeo y que no se
sigan produciendo sistemáticamente estas huidas de empresas rentables
económicamente.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Popular
tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Quizás a alguien le extrañe que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular venga personalmente en la
mañana de hoy a esta Comisión a defender un asunto concreto, por más
que afecte a la circunscripción de Guadalajara. Ciertamente, no se
trata de desconfianza alguna en mis compañeros y mucho menos en el
portavoz de nuestro grupo en esta Comisión; antes bien, estoy seguro
de que defendería esta causa con mejores razones y con más rigor que
yo mismo. Estoy seguro de que SS.SS. también entenderán que son bien
distintas las razones que hoy me traen aquí. Los diputados lo somos
de toda España, con independencia de qué circunscripción sea la que
nos elija, pero qué duda cabe de que tenemos especial
responsabilidad, y todos la ejercemos día a día, con los asuntos que
afectan a nuestra pequeña patria, a nuestra casa. La iniciativa que
hoy debatimos es trascendente para Guadalajara y supera la
preocupación política normal que uno puede tener por los asuntos de
cada día. Estamos hablando de una decisión empresarial de una
multinacional que afecta a tantos trabajadores y en forma tan grave
que se sitúa en un terreno excepcional y que, por tanto, requiere un
esfuerzo añadido en términos políticos. Estamos hablando de una
decisión que de conseguirse afectaría a 522 empleos directos y a unos
1.500 empleos indirectos, conforme a los datos que obran en nuestro
poder y que al parecer difieren de los que contiene la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Pero, señorías, tal
diferencia no afecta en modo alguno a la gravedad y al alcance del
problema. Coincidimos plenamente en el diagnóstico grave y severo
porque, en un asunto como éste, yo no tengo inconveniente alguno en
coincidir con la oposición. ¡Cómo no coincidir cuando la provincia de
Guadalajara se juega tanto y corren un riesgo cierto los empleos de
tantas personas! Como consecuencia de tal coincidencia no habría
problema en votar favorablemente la iniciativa socialista en los
términos presentados. No obstante, hemos presentado una enmienda
transaccional que no altera en lo sustancial la pretensión de la
iniciativa. Se trata, ni más ni menos, que de sustituir la expresión
«medidas necesarias» por «medidas posibles». Se funda tal enmienda en
la búsqueda del rigor, pues de los términos en que viene redactada la
iniciativa pudiera deducirse que el Gobierno tiene en su mano todos
los resortes precisos para impedir el cierre de una empresa privada,
lo que obviamente no es cierto. Por otra parte, nuestra posición
favorable no puede ser otra, ya que el Gobierno no ha esperado a que
el Parlamento le inste a la acción y viene trabajando de forma
decidida en esta línea. Se equivocará la empresa si la elección del
ámbito de la Administración del Estado para presentar el expediente
trae causa de presumir mayores facilidades para la resolución del
mismo que las que pudiera dar la comunidad autónoma. Se equivocará si
así piensa porque el Gobierno de España no dará facilidades ni
favorecerá en ningún caso un cierre planteado en los términos que se
pretende ni en los tiempos inicialmente previstos;, antes bien, ya ha
hecho
llegar a los responsables de la empresa que las intenciones del
cierre en los términos anunciados resultan inaceptables y suponen un
impacto brutal sobre el empleo en una provincia que no podría
absorber sus consecuencias.
Dicho esto, y desde la exigible prudencia, hay que reseñar que no
todo está perdido, que hay esperanza, que esta causa no está perdida,
que como consecuencia de las conversaciones que los ministerios de
Industria y Trabajo mantienen con la empresa y trabajadores hay
esperanzas fundadas de que los trabajadores puedan mantener sus
puestos de trabajo, que es lo que constituye el objeto primordial.En
primer lugar, de momento el expediente no ha sido presentado en la
Administración central y tampoco nos consta que se haya hecho en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un planteamiento de
reducción de empleo requiere la concurrencia de causas económicas,
técnicas y organizativas o de producción, sin cuya justificación el
despido no podría producirse al no concederse la autorización para
ello sin la prueba de la causa. En segundo lugar, de concurrir tal
causa, lo que presenta a este diputado dudas más que razonables,
resulta inexcusable negociar con los trabajadores un plan social
planteando alternativas para paliar el efecto sobre el empleo. Así
las cosas, es necesario recordar que la administración laboral no
puede actuar mientras se desarrollen las negociaciones con los
trabajadores, lo que constituye, como es sabido, una regla de oro de
la autonomía colectiva. En conclusión, señorías, el Gobierno no sólo
aceptará la oportunidad de intervenir dentro del marco legal antes
reseñado sino que ya lo está haciendo instando a las partes a la
negociación. Señorías, todos aceptamos, nos gusten más o menos, las
reglas del mercado. A veces éste exige y casi impone su dictadura.
Pero ese respeto escrupuloso a la ley es lo que debe legitimar y
legitima la exigencia también estricta al ordenamiento jurídico por
parte de los inversores internacionales. No es menos importante que
en este asunto exista una coordinación estrecha entre todas las
administraciones públicas. La empresa puede presentar el expediente
en Castilla-La Mancha, que sería lo natural por su ubicación en
Guadalajara, o pudiera hacerlo en la Administración central si se
considera que afecta a varias comunidades autónomas. En cualquier
caso, y lo digo enfáticamente, el informe que emita la Junta de
Comunidades será para la Administración central si no vinculante de
derecho, sí de hecho. y así se les ha hecho saber a los responsables
de la empresa. De momento la causa no está perdida; y yo espero que
no de momento sino ojalá que definitivamente. La empresa Carrier ya
ha modificado sus previsiones de actuación temporal y ha sido instada
a la búsqueda de alternativas industriales para encontrar lo que es
más importante, las alternativas laborales. Mantengamos, pues, unidad
en la acción dejando a un lado interés partidista alguno. Que las
administraciones públicas se coordinen en la búsqueda de soluciones.
En ese camino tengan SS.SS. la seguridad de que el Partido Popular y
su grupo parlamentario lucharán codo a codo con cualquiera que pueda
aportar luz o solución a este gravísimo problema que tiene mi
provincia de Guadalajara y que afecta fundamentalmente a muchísimas
personas que ven puesto en riesgo su puesto de trabajo.Señor portavoz
del Grupo Socialista, marchemos juntos por el mismo camino. La
diferencia de su iniciativa a nuestra enmienda es cambiar la
palabra «necesario» por «posible». Se ha definido alguna vez la
política como el arte de lo posible. Pues bien, hagamos que la
política en este caso sea el arte de hacer posible lo que es
necesario.
Si lo permite el señor presidente, en nombre de mi grupo me gustaría
presentar una enmienda transaccional que ya anuncio, para no ponerme
plumas ajenas, que ha sido charlada recibiendo el previo consenso del
representante de Izquierda Unida y que también conoce quien sería
dueño de decir sí o no a su viabilidad, el representante del Grupo
Socialista, autor de la proposición no de ley. Esta enmienda
transaccional constituiría una enmienda de adición, si así fuera
efectivamente tratada, y diría lo siguiente: 2. Que abra un proceso
de reflexión y estudio para analizar la conveniencia de modificar la
normativa existente en el ámbito nacional y comunitario sobre las
empresas multinacionales o trasnacionales que realicen una
reestructuración o cese de actividad en una instalación rentable.
Yo entiendo que estos dos puntos de tal iniciativa recogerían, sin
duda, el consenso, y ojalá concite -yo lo pido enfáticamente- al
resto de los grupos dignísimos de esta Cámara que tienen su
representación en la Comisión para que esto no sea un tema de nuestra
provincia, sino que sea un tema que tenga trascendencia nacional, ya
que tiene un alcance grave.
El señor PRESIDENTE: Cita un punto 2 en la transaccional. ¿Eso quiere
decir que queda el punto 1?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Sería la consecuencia de si el Grupo
Socialista acepta nuestra enmienda, presentada en tiempo y forma.
Pero para eso debería pronunciarse el representante del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Pero es de adición.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Así me he expresado anteriormente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor Guardans, por el Grupo Catalán, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El tema que se está debatiendo aquí debe
enmarcarse en otro muchísimo más profundo. Mi grupo tiene especial
interés en fijar su posición en este momento, no sólo -que ya sería
bastante- por solidaridad con los trabajadores afectados en este
caso, sino porque es quizás una de las veces en que esto se plantea
de forma más dramática y más clara ante esta Comisión de Industria, y
en conjunto ante este Parlamento, como es la situación de la
reestructuración, con pérdida de empleo, de empresas rentables.
Hay que fijar una posición política sobre ello y por eso mi grupo
quiere pronunciarse. Es un debate que está abierto en toda Europa y
muy importante. Creo que eso es algo que debe tranquilizar, en la
medida en que puedan ser tranquilizados ante una situación tan
dramática en términos personales, los trabajadores, en este caso de
Carrier; es una situación que está siendo debatida en toda Europa.
Hace muy pocas semanas, la empresa Michelín, en Francia, empezó
todo el procedimiento exactamente igual que lo está haciendo Carrier
para dejar en la calle a miles de trabajadores en Francia, a pesar de
los excelentes resultados de la empresa, que fueron además
-cínicamente nos atreveríamos a decir- hechos públicos al día
siguiente del anuncio de las medidas de reestructuración. Hay que
señalar que cuando eso ocurrió, con gran escándalo por parte de la
opinión pública francesa, el primer ministro de Francia, socialista y
que pasa por ser, dentro de lo que serían las corrientes del
socialismo europeo, del ala menos de derechas, menos moderna, según
determinados calibres, pero en todo caso más ortodoxo, según lo que
son los planteamientos filosóficos y económicos del socialismo
europeo, el señor Jospen, repito, en ese momento se limitó a
encogerse de hombros y salió diciendo a la opinión pública que el
mercado tenía sus propias reglas y que era absolutamente imposible
hacer nada. Sólo cuando inmediatamente después de eso su grupo
político, empezando por el secretario general de su partido y seguido
por el resto de los socialistas franceses y de sus compañeros de
coalición, le hicieron ver que eso no es cierto y que el mercado no
puede tener sus propias reglas, sino que la política sigue
existiendo, incluso en tiempos de globalización, el señor Jospen
rectificó. Pongo este ejemplo, primero, para poner en su justo
contexto lo que es la actuación de una multinacional en un territorio
concreto español, como pueda ser Guadalajara, y para dejar claro que
es un problema que todos constatamos pero que no tiene una solución
tan fácil. Mientras tenía lugar ese mismo debate, el presidente
Chirac, en el caso de Michelín -y tampoco es que Chirac pase por ser
una persona extremadamente de izquierdas-, quiso salir al paso de esa
sensación de que el mercado tiene sus reglas y la política no puede
hacer nada, denunciando -en una frase que suena a demagógica pero que
en ese caso tenía algo de razón- que el empleo de los franceses se
estaba perdiendo y que con ese empleo de franceses se estaba pagando
el retiro y las partidas de golf de ciudadanos de California, porque
en ese caso concreto estábamos ante una multinacional controlada por
un fondo de pensiones norteamericano. ¿Qué es lo que quiero decir?
Intento situar este tema en su justo contexto, ya que es
absolutamente necesario dejar claro que las decisiones políticas del
Gobierno de CastillaLa Mancha, del Gobierno del Estado, en este caso,
y de cualquier otro gobierno autonómico que en su momento pueda verse
afectado, seguirán teniendo su peso. Y a tal efecto es necesario, y
de ahí la oportunidad de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, introducir un factor de reflexión sobre las
eventuales modificaciones legislativas de todo tipo que se puedan
introducir para subrayar ese principio. Pero, por lo visto, también
está consensuada por todos, aprobada por el Grupo Parlamentario
Popular, que es quien la ha presentado, pero consensuada por todos
los grupos políticos, para iniciar un proceso de reflexión de las
medidas que se puedan introducir en ese campo, medidas fiscales,
sanciones fiscales y devolución de beneficios, aunque parece que en
este caso beneficios propiamente para la instalación de Carrier en
Guadalajara no habían existido, no lo sé; pero efectivamente el tema
es complejo, la política no puede quedar al margen, y no es cierto
que simplemente haya que encogerse de hombres, como si estuviéramos
hablando de un fenómeno climatológico.
El despido de trabajadores de una empresa, que es rentable y que
funciona correctamente, no es un fenómeno climático ante el cual este
Congreso, ni el Gobierno que tiene su legitimidad basada en este
Congreso, deban encogerse de hombros. De ahí el apoyo que mi grupo
político quiere prestar a esta proposición no de ley.
No quisiera terminar, señor presidente, sin hacer un comentario de
pasada a la intervención del señor Ros Maorad -no sé si me sale mi
veta corporativa, como abogado, espero que no se interprete así-; en
la medida en que se han hecho alusiones a una persona concreta, con
nombres y apellidos, que no tiene posibilidad alguna de defenderse en
esta Cámara, querría simplemente hacer un comentario sobre esta
cuestión. Entiendo que los comentarios que ha hecho el señor Ros
Maorad acerca de don Antonio Garrigues no se corresponden con la
realidad, pero debe ser por una falta de información por parte del
señor Ros Maorad, seguro que no se basan en mala intención, porque el
señor Garrigues no tiene ningún tipo de intervención en la gestión
y en la dirección de un bufete que lleva su nombre, sencillamente como
un honor que se presta a su persona, pero no es él, insisto, quien
dirige ese bufete. Por tanto, esa sería la primera de las razones
para descalificar esa intervención. En segundo lugar, aun suponiendo
que así fuera, me parecería vergonzoso, y creo que no lo debería
consentir esta Cámara, que empecemos a criticar a los abogados que
ponen en práctica las decisiones de sus clientes. Lo que es
criticable es, en su momento, las decisiones de los clientes, no las
decisiones de un bufete, grande o pequeño, que lo único que hace es
poner en práctica las instrucciones que recibe.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por último, el señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: La proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista sugiere a Nueva Izquierda varias reflexiones
posiblemente en línea con lo que ya se ha dicho por otros portavoces.
Creo que todos debemos felicitarnos de que el Parlamento, esta
Cámara, atienda con prontitud un problema que afecta a una parte
significativa de ciudadanos de nuestro país. La iniciativa fue
presentado el pasado mes de septiembre, atendiendo a un problema que
acababa de producirse. Estamos a escasamente un mes de la
presentación de la misma y creo que es bueno felicitar al Grupo
Socialista que es quien ha motivado que hoy estemos hablando aquí de
este tema, pues esta Cámara está debatiendo e intentando encontrar
una solución a un problema que, insisto, afecta a un número
significativo, aunque reducido, de ciudadanos en nuestro país, pero
que sobre todo -y ésta sería la segunda reflexión que me gustaría
llevar a cabo- nos plantea un problema que desde luego no es local,
que ha sido puesto de manifiesto por anteriores portavoces y que
desde nueva Izquierda queremos hacer hincapié en ello. El problema
puede afectar a cualquier parte del Estado español y puede afectar a
cualquier parte de la Unión Europea. Hoy estamos aquí hablando de
Guadalajara, pero este problema está planteado ya, no es un problema
de futuro, es un problema real en otras partes del Estado español y
en cualquier parte de la Unión Europea.
Ya se ha dicho también por algún portavoz que el problema de fondo
-la movilidad del capital, la movilidad de las instalaciones
productivas- ha sido ya debatido anteriormente en esta misma Comisión
en relación, por ejemplo, con el caso de Tabacalera, y quizá hubiera
sido bueno que por parte del Grupo Parlamentario Popular se
manifestara la misma sensibilidad y se pidiera también, con la misma
exigencia, el consenso en el abordaje del problema de movilidad en el
caso de Tabacalera. Anosotros, que nos vemos afectados (en realidad,
no sólo Valencia, sino, tal como se decía anteriormente, A Coruña y
otras partes del Estado español), nos gustaría que se le pidiera,
también a Tabacalera, ese consenso ante la necesidad de abordar este
problema atendiendo no sólo los meros intereses empresariales, sino
esa función social de la propiedad que se proclama en nuestra
Constitución.
En este sentido, tengo que decir que es verdad que el mercado tiene
sus leyes, pero las verdaderas y auténticas leyes son aquellas que se
pueden modificar. En democracia, que es donde realmente se puede
hablar de leyes, la esencia de la ley es la posibilidad de su
modificación. Creo que en la propia proposición no de ley se ha
añadido un punto segundo en el que se habla de la necesidad de
establecer reglas al funcionamiento del mercado. Desde luego,
nosotros no aceptamos porque sí las leyes del mercado, y no estamos
dispuestos a aceptar, de ninguna manera, la dictadura del mercado.
Ninguna dictadura es buena, y la del mercado, en absoluto.
Creemos que, en este caso concreto, la empresa carece de legitimidad
para plantear las medidas que ha anunciado. Permítanme, señorías,
que, muy brevemente, les dé algunos datos extraídos de las propias
memorias de la empresa. Carrier España, S.A. ha obtenido más de 3.500
millones de pesetas de beneficios en los cuatro últimos años. En el
informe de gestión del año 1998 se dice: Los primeros meses de 1999
confirman la tendencia de 1998, tanto en cuanto a evolución de ventas
como de la cartera de pedidos. Dadas las expectativas de la evolución
del crecimiento económico en general, en particular del sector de la
construcción, de la evolución del resto de los indicadores económicos
y de las expectativas de los agentes sociales, hace prever mantener
la tendencia de incremento de los resultados iniciados en 1998. Esto
por lo que se refiere a Carrier España, pero, en general, Carrier
Europa, en una reunión mantenida en el foro europeo en enero de este
año se dice: Las mejoras fueron fuertes en casi todas las entidades
nacionales, sobre todo en Francia, Italia, España y el Reino Unido.
Esta es la situación real de esta empresa multinacional, y una
empresa en estas condiciones plantea cerrar el centro de Guadalajara,
a pesar de reconocer que el mismo tiene, como se ha puesto de
manifiesto, importantes beneficios, y este año importante crecimiento
de producción. Nosotros pensamos que la empresa está actuando de una
forma desleal con la sociedad española y con los trabajadores, que se
comprometieron con esta empresa y que hoy se ven burlados. Está
actuando de una manera abusiva y confiamos en que las distintas
administraciones así lo sepan apreciar, porque desde Nueva Izquierda
creemos que es necesario dar una respuesta a este tipo de
actuaciones; respuesta que no puede ser exclusivamente la de los
trabajadores, que ya se
ha anunciado (se ha anunciado un paro de una hora en Italia
y asambleas en los centros de Francia), porque, ante un problema de
este tipo, no basta sólo con la respuesta de los trabajadores, que
celebramos. Saben SS.SS. que, hoy, ahí fuera, aguantando la lluvia (y
es una imagen gráfica de lo que están aguantando los trabajadores,
que les caen chuzos de punta...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, vaya terminando.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy terminando, señoría.
Los trabajadores están dando una respuesta a esta situación, pero
hace falta más. Hace falta que las instituciones den respuesta y no
sólo -y así lo hace constar la proposición- en el ámbito de nuestro
país, las instituciones centrales y regionales, sino también en el
ámbito de la Unión Europea.
Señor presidente, señorías, yo terminaría diciendo que hoy aprobamos
una resolución que creo importante, pero no valen las palabras; hacen
falta hechos y actuaciones. Hoy, sin lugar a dudas, con esta
resolución que vamos a aprobar por unanimidad, se ha ganado una
batalla importante y se ha dado un paso adelante, pero todos los que
estamos aquí, la ciudadanía y los trabajadores, deben saber que no se
ha resuelto el problema, que va a hacer falta seguir trabajando, que
este triunfo, que hoy es de todos, debe ser un trampolín para
continuar con más fuerza la lucha, que se debe y se puede ganar, por
conseguir mantener el empleo. Hoy, en Guadalajara; mañana, en
cualquier parte del Estado español o de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta, por la información que
nos da, que expresada por usted verbalmente puede constar en el
«Diario de Sesiones», por cuanto de forma escrita, hoy mismo, la
empresa ha hecho llegar a la Cámara, a los distintos portavoces,
información sobre el tema. Es interesante que este informe u otros
que usted haya tenido se hayan podido transcribir por su lectura
aquí, porque así el «Diario de Sesiones» los puede recoger.
Terminado el debate, la proposición no de ley que vamos a votar
dentro de un momento quedaría de la siguiente forma: si acepta el
Grupo Parlamentario Socialista -que después lo dirá- la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular que solicita que se cambie la expresión
«sean necesarias» por «sean posibles», se pasaría a un punto 2
adicional con el texto que se ha planteado hoy. Así, la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida quedaría retirada o no sería considerada.
El señor Ros tiene la palabra para confirmar esto.
El señor ROS MAORAD: Parafraseando al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, yo quiero creer en su palabra, porque la frase
«vayamos todos juntos» continuaba «y yo el primero, por la senda
constitucional». Quien la decía era Fernando VII en vísperas del
golpe de Estado que anuló la Constitución de 1812 hasta el año 1820.
Pero, dicho esto, y si me permite solamente en plan de ilustración
histórica, tengo que añadir que estoy de acuerdo con la enmienda que
ha planteado el Grupo Parlamentario
Popular referida a cambiar la palabra «necesaria» por «posible», que
me parece que indica exactamente lo mismo. Y respecto a la enmienda
que ha presentado Izquierda Unida, creo que el texto consensuado por
el Partido Popular, Izquierda Unida y el resto de los grupos, puede
ser asumido con la cierta moderación con que hemos tratado esa
cuestión.
Señor presidente, me tiene que dejar que diga una cosa ya para
terminar, y es que algunos diputados, en concreto de su grupo, tienen
una especial habilidad para solemnizar obviedades. Y hoy no toca
defender a los abogados ni al señor Jospin, pero antes de solemnizar
harían muy bien en enterarse de cómo son los despachos de los
abogados.
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes, tiene la palabra.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Voy a hacer sencillamente una apostilla.
El señor diputado que representa al Grupo Parlamentario Socialista no
ha hecho ningún parangón ni ha parafraseado mis palabras, las ha
pervertido.
- SOBRE REGULACIÓN DE UN ÚNICO PROGRAMA DE LAS AYUDAS DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E
INNOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001733)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate, pasamos al siguiente punto
del orden del día: Proposición no de ley número 14, sobre regulación
de un único programa de las ayudas del Ministerio de Industria y
Energía en materia de desarrollo tecnológico e innovación, presentada
por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Blanca Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: La proposición no de ley que nos
ocupa en este momento engarza con unas propuestas ministeriales
anteriores que vinieron a recogerse al final en la iniciativa Ática
con la idea de mejorar, en la forma y en los contenidos, las
experiencias de una serie de actuaciones que estaban relacionadas
principalmente con la tecnología, la calidad, el diseño, la seguridad
y el medio ambiente industrial y que fueron puestas en práctica por
el Miner en los últimos años.
Estas actuaciones, como SS.SS. recordarán, son el Plan de actuación
tecnológica industrial, el Plan industrial y tecnológico
medioambiental, el Plan nacional de calidad industrial, la iniciativa
Pyme, el programa de fomento de capacidad tecnológica, el Plan de
desarrollo de sectores básicos y transformadores y actuaciones del
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, que arrancan de
1991 hasta 1996 y engarzan con la iniciativa Ática, que tiene como
principal objetivo la promoción de la innovación tecnológica, el
diseño, la calidad, la seguridad industrial y la utilización de
energía de forma eficaz y eficiente y menos contaminante, sobre todo
como vectores de generación del
valor añadido y de las ventajas competitivas en la industria
española. (El señor vicepresidente Gómez Darmendrail ocupa la
Presidencia.)
Todo ello con una serie de objetivos muy específicos en el ámbito de
la tecnología industrial, en el ámbito de la calidad y la seguridad
industrial y en el ámbito de la investigación y desarrollo
energético, imbricando todas estas actuaciones, como ustedes saben,
Ática, que acaba su vigencia en 1999. Todo esto hace necesario
articular un nuevo marco regulatorio de la ayuda del Ministerio de
Industria y Energía, en la misma línea de simplificación que tenía
Ática en el contexto nacional e internacional, en primer lugar, en el
concepto de la innovación europea, presentado por la Comisión de la
Unión Europea en noviembre de 1996, que había establecido la
promoción de una verdadera cultura de la innovación, creando, a su
vez, un entorno jurídico normativo y financiero favorable a la
investigación y orientando principalmente esa investigación hacia la
innovación. Y, en el ámbito nacional, adecuando el sistema de
equilibrio de ciencia, tecnología e industria, que hizo necesaria la
coordinación y la articulación de distintas actuaciones que se
desarrollaban en otro departamento y en otros órganos ministeriales,
con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos
públicos disponibles. Asimismo, Ática supuso también una estructura
flexible que se desarrolló de una forma concertada y complementaria
en las comunidades autónomas.
Por todo ello, señorías, creemos que la proposición que en este
momento tenemos el honor de defender, desde el Ministerio de
Industria y Energía, con una serie de implementaciones y ayudas
susceptibles de convocatoria pública, va a suponer, en el llamado
Programa de fomento de la innovación tecnológica, una serie de líneas
de actuación, que dispondrán de una batería de instrumentos de
financiación que se estructuran alrededor de tres ejes: uno, tendente
a aumentar la capacidad tecnológica de las empresas, aplicando
a todas las empresas innovadoras medidas de las llamadas horizontales
dirigidas a mejorar su entorno, sobre todo la formación para la
innovación, y la difusión de normativas de calidad, de apoyo al
diseño, de mejora del sistema fiscal y del marco financiero que tanto
interesa a las políticas de I+D; un segundo eje tendente a fortalecer
los sectores de elevado crecimiento, las claves en la creación de
empleo y difusión de tecnologías, y un tercer proyecto para acelerar
la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica y alto
riesgo empresarial.
Estos objetivos se logran aplicando una serie de instrumentos que hoy
el Programa de fomento de la innovación tecnológica presenta. Para
conseguir una mayor coordinación está previsto que este programa se
regule en un único real decreto que modularía las diferentes formas
de financiación, susceptibles de convocatoria pública en función de
los agentes intervinientes y de las finalidades perseguidas en cada
caso.
Además, el Profit, que así se llama el programa de fomento, en el
presupuesto del Ministerio de Industria tiene una serie de créditos,
en el programa 542.E de Investigación y Desarrollo Tecnológico,
destinado, a financiar los llamados proyectos tecnológicos
industriales cualificados que no entraré a detallar.
Paralelamente, el Ministerio de Industria, con este instrumento,
reorientaría y reforzaría el apoyo hasta ahora proporcionado al
sector industrial para elevar su nivel de competitividad, centrado
principalmente en el ámbito de la tecnología, introduciendo el
fomento a la innovación como uno de los principales vectores de la
política industrial, con el apoyo a la producción, con la asimilación
y explotación de novedades, con la mejora de productos y procesos
industriales, una serie de actividades que se identifican con el
término que todos conocemos como innovación, con el que se pretende
completar, superar y aumentar la eficacia de acciones llevadas a cabo
en materia industrial.
Además, el desarrollo de esta política que tiene que ser pública,
debe tener presente el principio de simplificación administrativa,
que implica toda una reducción de barreras y cargas derivadas de la
actividad burocrática de las administraciones públicas, que a veces
son un impedimento, por lo que esta simplificación es un imperativo
permanente y una acción dinámica y constante necesaria en toda
política de I+D. En el momento actual, la simplificación
administrativa adquiere una especial relevancia, tras la entrada en
vigor de una sustancial modificación de la normativa básica,
definitoria del régimen jurídico y el procedimiento de las
actuaciones públicas, la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/
1992, que tiene en la simplificación uno de sus principios
inspiradores como SS.SS. conocen, pero también porque ante el siglo
XXI la Administración pública debe responder a los requerimientos de
competitividad y eficacia demandados por la sociedad, sobre todo en
materia de I+D, con otro aspecto más dinamizador. En relación con
ello, ante la próxima conclusión de la iniciativa Ática, que tenía
todas estas políticas horizontales en relación a la pequeña y mediana
empresa, es oportuno recordar las ventajas de reunir, en lo que se ha
llamado muy oportunamente un único paraguas, los programas de apoyo,
con el fin de que sean más claras y accesibles las ayudas a los
beneficiarios y simplificar los procedimientos en aras de facilitar
los trámites administrativos de las empresas.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario presenta hoy, en el ánimo
de encontrar el apoyo de los demás grupos, esta proposición no de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE(Gómez Darmendrail): Para la defensa de la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Nosotros hemos presentado una enmienda a
esta proposición no de ley, porque la verdad es que, al afrontarla,
no entendíamos mucho el sentido de la misma, ya que el que el
Congreso inste al Gobierno a que regule en un único programa las
ayudas del Ministerio de Industria cuando están en trámite los
presupuestos, nos parecía, como mínimo, una cosa extraña. Luego
pensamos que era una proposición para llenar un hueco porque no había
otra que traer. Nuestra enmienda, siendo una enmienda light, tiene un
mayor contenido y cumple dos funciones: una de propaganda, porque en
este aspecto no se ha hecho absolutamente nada, lo que se ha hecho es
cambiar los nombres y recuperar programas que ya estaban, y otra para
camuflar dentro de un programa, cosas que se vienen haciendo y que no
se deben de hacer,
por lo que hay que acabar con esas prácticas. No se puede confundir
I+D, la ayuda a la investigación, con la ayuda a la producción, y eso
se viene haciendo sistemáticamente por este Gobierno. ¿Por qué digo
que esto no es nuevo? Porque lo que hicieron el año pasado fue
llamarlo -y por cierto tuvieron un acierto porque el nombre es
bonito- iniciativa Ática, y dicen que es un avance de racionalización
cuando, en realidad, lo que hace es agrupar programas que ya
existían. Los programas integrados en esta iniciativa son los mismos
que existían en el último Gobierno socialista. Lo que hizo el
Gobierno del PP, cuando llegó, fue crear un envoltorio, cambiarle el
nombre, pero conservando el mismo contenido.
En el proyecto de los presupuestos generales del 2000, la
multiplicidad de programas en materia de I+D e innovación tecnológica
es una expresión clara de la escasa voluntad de racionalización. No
entiendo lo que plantean. Por ejemplo, existen seis subprogramas
dentro del programa de fomento de la innovación tecnológica y, dentro
de uno de ellos, el denominado 542.E-2, nueve áreas sectoriales. Esto
no sabemos si son subprogramas o qué son, lo que indica que el Miner
quiere tener una especie de caja presupuestaria para cada sector de
su clientela, porque, si no, no se acaba de entender. Existen
programas que son gestionados por distintos centros gestores dentro
del Miner, lo que manifiesta que son los aparatos burocráticos del
Miner los que deciden la estructura presupuestaria. O sea que el
Miner está decidido a multiplicar la complejidad de la gestión para
así evitar el control. No sé cómo lo vamos a evitar con esa
proposición no de ley que presentan hoy ustedes Tampoco es cierto que
se haya dado un impulso a la I+D, ya que el gobierno considera, como
he dicho antes que muchas actividades de producción en serie, de
bienes militares, etcétera, son I+D, y esto lo que hace es maquillar
el déficit, trucando los presupuestos, aumentar la deuda y, en
consecuencia, engañar con las cuentas públicas a los ciudadanos.
Por tanto, creo que no es necesario que el parlamento diga al
Gobierno cómo tiene que organizarse. pero si tiene que decir algo,
digámosle algo concreto y para eso hemos presentado esta enmienda, y
lo concreto, es que elabore estos presupuestos de programa de fomento
y apoyo de actividades de I+D de acuerdo con una serie de principios,
y a ver si somos capaces de estar o no de acuerdo con esos
principios. Ustedes dicen que sí, pero tienen que plasmarlo. Si están
de acuerdo, deberían apoyar esta enmienda, que es la definición
precisa de objetivos, prioridades e indicadores, la coherencia con la
materia que se está regulando, de forma que no se confunda el I+D y
las innovaciones industriales con las actividades de producción en
serie de bienes industriales. Que haya publicidad en la consecución
de esas ayudas, transparencia y sencillez en la eficacia de la
gestión administrativa. Ahí sí pueden poner un único programa, pero
contingentando a qué va cada cosa. También facilidad para el control
de gestión, que no existe. Por último, hemos introducido un punto en
el que se considera el desarrollo de las actividades de I+D
e innovación de las pymes industriales como un objetivo prioritario en
la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a esta
finalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿Algún grupo quiere
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: A nuestro grupo le llama la atención el
momento procesal en que se presenta esta iniciativa. Es parecido al
tema de la ley minera. Está acabando la legislatura y ha habido
tiempo de organizar el gasto en los ministerios. Aunque a simple
vista podríamos estar de acuerdo con la filosofía de simplificar la
Administración y meter en un solo espacio un programa como puede ser
el de I+D, no vamos a votar favorablemente porque creemos que hay que
decir cómo se organiza, para evitar cambios en la filosofía del I+D
del Ministerio de Industria. Hemos constatado en declaraciones del
propio Ministro de Industria, la idea de abandonar parcialmente el
impulso a la investigación básica, apostando más por una
investigación que él llama rentable. Siendo conscientes de que es
necesario un apoyo tecnológico a las empresas, hay que tener las
garantías suficientes de que las ayudas a I+D van a ese destino, y no
se convierten en una especie de ayudas adicionales que no tengan los
mismos controles que tienen las ayudas de I+D para investigadores
serios, que se ven obligados sistemáticamente a testar sus proyectos,
a revisarlos, a profundizar y, por lo tanto, a pelear por la
viabilidad de los mismos. Mientras, parece que hay un intento, ya ha
habido alguno en el Ministerio de Industria, como por ejemplo, la
famosa I+D de la granja de cerditos de Castilla y León, donde van más
de mil millones de pesetas. Pero eso en contraposición a cómo se hace
la I+D, con mucho más rigor, por otros científicos que se ven
obligados a hacer un trabajo burocrático importante para justificar
las ayudas. Por tanto, seríamos más partidarios de una iniciativa
similar a la del Partido Socialista, en el sentido de saber a dónde
vamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Brevemente, quiero manifestar, como es
obvio, que mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley, pero
dejando claro que, más allá de lo que es su propio contenido, es
decir, una simple petición al Gobierno por parte del grupo
mayoritario que le apoya de que se reestructuren los programas de I+
D, lo importante es que la I+D y la ayuda a la innovación está
cambiando y está mejorando. Sobre eso, que es lo que realmente está
en juego, mi grupo quiere asumir una paternidad que es compartida y
que no puede ser pasada por alto. En el debate de los presupuestos
para 1999, mi grupo introdujo enmiendas muy importantes en materia de
I+D. Cuando el Grupo Parlamentario Popular, o el Gobierno, parecía
que no iba a sacar adelante la ley de innovación tecnológica
industrial por razones presupuestarias, manifestó su más absoluto
rechazo en público y en privado. Finalmente, quiere manifestar su
satisfacción porque en la Ley de acompañamiento de los presupuestos,
que va a ser debatida en esta Cámara dentro de dos semanas, se
contengan importantes medidas de apoyo a la I+D y a la innovación
tecnológica
industrial. Evidentemente, están ahí porque hay sido pactadas y dos
no pactan si uno no quiere, pero tampoco pactan si uno no empuja al
otro. Querría dejar claro que lo importante es que en España vamos
avanzando en cuanto a los gastos de I+D y de apoyo a la innovación,
aunque estemos todavía por debajo de la media en que deberíamos
estar, y eso no es algo que haya nacido directamente de la iniciativa
del Gobierno, sino que ha sido aceptado por el Gobierno -y ahí está
su parte de mérito-, pero impulsado y reclamado desde hace muchos
años por mi grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señora Fernández de
Capel, su turno a los solos efectos de decir si acepta o rechaza la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Lamento tener que comunicar a SS.
SS. que, por las razones que expondré a continuación, no podremos
aceptar la enmienda.
En primer lugar, creemos que no aporta nada puesto que se recogen una
serie de cuestiones que están perfectamente expresadas en el nuevo
plan de I+D presentado por el Gobierno -que lamento que S.S.
desconozca por razones que no alcanzo a comprender-, que se inicia al
concluir el Plan de I+D de 1999 y que SS.SS. deberían conocer. El
nuevo plan contiene, bien expresadas y detalladas, toda esta serie de
cuestiones que se relatan aquí de modo bastante ambiguo.
Tampoco entendemos cómo se pueden poner pegas que no se pusieron en
otros momentos de debate sobre I+D en esta Cámara y en el Senado -el
programa Ática, por ejemplo-. Esto viene a ser simplemente una
actualización del programa Ática que va a concluir en este momento;
no hace más que recogerlo.
El grupo que represento ha tenido la gentileza de decir que desde el
año 1991 se han hecho una serie de actuaciones porque en política de
I+D no puede haber solución de continuidad, y que Ática recogía lo
anterior. Ahora, se acaba Ática y su grupo, que no puso ninguna
objeción en comisiones de I+D en su momento, viene a decir ahora que
este programa no sirve; no lo puedo entender.
Se ha dicho aquí con cierta intención que se camuflan algunas de las
partidas porque van a investigación en defensa. Quiero recordarle a
S.S. la Ley de la ciencia que hizo el Grupo Parlamentario Socialista
en el año 1986; tiene como objetivo también el desarrollo de la Ley
de la ciencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señora Fernández de
Capel, le recuerdo que es un turno para aceptar o rechazar la
enmienda.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Lamento decirle, señor
presidente, que no podemos aceptar la enmienda porque no aporta nada
al programa presentado por el Gobierno para el nuevo plan de I+D que
empezará el año próximo.
Lamento que los intervinientes desconozcan el contenido del programa.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- RELATIVAA LA ILUMINACIÓN NOCTURNADE PUEBLOS Y CIUDADES. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001734.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la última. No ha ido mal la mañana, 15
proposiciones no de ley. Queda la última, la número 15, relativa a la
iluminación nocturna de pueblos y ciudades, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y que va a defender doña Teresa Lara, que
tiene la palabra.
La señora DE LARACARBÓ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular
presenta una proposición no de ley cuyo objetivo es disminuir o
evitar la contaminación lumínica, entendida como el resplandor
producido por la luz que se pierde y se escapa hacia el cielo
procedente principalmente del alumbrado público ineficiente.
Por todos es admitido que la iluminación de nuestras ciudades y
nuestros pueblos, sobre todo la iluminación nocturna, es una demanda
social que, a la vez, tiene un componente incentivador del turismo al
destacar de forma importante los monumentos y lugares de interés. No
obstante, en muchas de nuestras ciudades y pueblos la iluminación es
ineficiente y los efectos de esta contaminación lumínica a la que me
he referido son efectos importantes que en gran medida es necesario
evitar. Por un lado, al disminuir la contaminación lumínica
evitaríamos las enormes facturas energéticas que se pagan en nuestros
ayuntamientos; por otro lado, la generación de esta energía que se
consume hace que sea producida en su mayoría por centrales nucleares
que ocasionan residuos radiactivos o por centrales térmicas que en
algunos casos originan lluvias ácidas y siempre emisiones de dióxido
de carbono. En esta Cámara se ha discutido muchas veces la
importancia de evitar o disminuir las emisiones de dióxido de carbono
y nosotros siempre hemos defendido que una de las formas de evitar o
diminuir estas emisiones era a través de la eficiencia energética.
Nosotros creemos que una iluminación nocturna adecuada, una
iluminación nocturna que tenga en cuenta las iluminarias que dirigen
su luz a las ciudades en lugar de dirigirlas hacia el cielo sería un
procedimiento adecuado y bueno.
El Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética ya ha analizado este
tema, pero creemos que es conveniente que lo analice con una mayor
profundidad y, a la vez, que informe a los ayuntamientos,
especialmente a los de menor tamaño, sobre cuál sería la adecuada
iluminación en los pueblos y en las ciudades y cómo debería ser la
sustitución de los elementos poco eficientes por otros que aprovechen
mejor la energía.
Por ello, la proposición no de ley que presentamos en estos momentos
tiene tres puntos. En primer lugar, insta al Gobierno, a través del
Instituto de Ahorro y Eficiencia Energética, a analizar las
características idóneas de la iluminación urbana, elaborando una guía
al respecto siguiendo las recomendaciones del Comité Español de
Iluminación. En estas guías, además de analizar los aspectos técnicos
de la adecuada iluminación urbana, deben analizarse las luminarias
más utilizadas habitualmente, viendo
sus ventajas e inconvenientes. En segundo lugar, proponemos diseñar
un programa de información y difusión a los ayuntamientos de los
trabajos anteriores. En tercer lugar, diseñar un programa de apoyo
para estos ayuntamientos basado en lo que se llama el sistema de
ahorro compartido; es decir, partiendo de una ayuda inicial del IDAE
hacia los ayuntamientos, estas ayudas se recuperarían con el ahorro
en la factura energética que se produjera en los propios
ayuntamientos.
Creemos, señor presidente, que esta proposición no de ley es algo que
realmente todos los grupos parlamentarios deseamos, dado que con
ello, además del ahorro y la eficiencia energética, conseguiremos una
disminución del dióxido de carbono, que es uno de los principales
gases que causan el efecto invernadero.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, debemos felicitarnos
porque el Partido Popular, aunque sea al final de la legislatura,
haya llegado a conclusiones que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida viene defendiendo desde hace ya bastante tiempo.
Quiero recordar que en esta misma Comisión, al principio de la
legislatura, fue rechazada por el Partido Popular una iniciativa de
Izquierda Unida en la que hablábamos del ahorro y la eficiencia
energética, en la que incluíamos a los ayuntamientos para que fueran
receptores de programas de ahorro y eficiencia energética no
solamente dirigido a la iluminación nocturna sino en general, para
que realmente pudiéramos tener unos ayuntamientos que participaran de
ese ahorro, de la eficiencia y de unos menores costes eléctricos.
Por tanto, tenemos que felicitarnos de que, repito, aunque sea al
final de la legislatura, el Partido Popular haya llegado a la
conclusión de que es necesario no solamente analizar las
características sino además diseñar programas de apoyo económico para
los ayuntamientos en cuanto a eficiencia y ahorro energético.
Señorías, también debemos felicitarnos de que por lo menos haya voces
dentro del Partido Popular que planteen al menos inquietud cuando
hablamos de los residuos radiactivos, porque al principio de la
sesión de esta mañana hemos estado hablando precisamente de este tema
y el Partido Popular se ha mostrado contrario a poder debatir y
establecer programas de cierres paulatinos de centrales nucleares con
uno de los graves problemas, que es el de los residuos radiactivos.
Por tanto, vamos a felicitarnos de que al menos haya voces
discrepantes y también de que a lo mejor esta iniciativa sirve no
solamente para el ahorro y la eficiencia energética sino para que al
final también algunos municipios que están instalados al pie de
centrales hidroeléctricas reciban la luz necesaria para poder -aunque
sea con contaminación- iluminar sus calles.
Señorías, votaremos a favor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres, por el Grupo
Socialista.
El señor TORRES SAHUQUILLO: La verdad es que esta vez, en esta
iniciativa, estoy más contento que con las otras del Partido Popular,
porque aquí ya no se insta tanto al Gobierno sino al IDAE, y me
consta que en el IDAE va a seguir trabajando las personas que están
trabajando ahora y van a realizar su tarea incluso aunque haya
campaña electoral. Por lo tanto, confío más en que el IDAE sí va a
ser capaz de presentar, aunque sea a otro Gobierno distinto a este y
a los ayuntamientos, un trabajo positivo.
Por eso, entre otras cosas, nosotros estamos bastante contentos de
votar a favor de esta iniciativa, que además nos gusta. Ahora bien,
me van a permitir, aunque sea un poco en tono jocoso, que haga dos
comentarios a la iniciativa. Nosotros no queremos que los pueblos y
las ciudades -pero sobre todo los pueblos y en especial los pequeños,
como los de mi provincia de Teruel- disminuyan la iluminación que
tienen ahora porque nos ha costado mucho esfuerzo conseguir que
estuvieran iluminados. Antes estaban muy oscuros, parecían paisajes
tenebrosos. No había más que cuatro bombillas en los pueblos, y eso
lo sabemos los que vivimos en provincias como la mía. No queremos que
baje la iluminación de los pueblos, entre otras cosas, tampoco las
parejas necesitan mucha oscuridad, tienen otras alternativas
inmensamente mejores que pelar la pava en las esquinas. Lo que
tenemos que hacer es lo correcto -que yo creo que también se deduce
de su iniciativa,y no le estoy acusando de nada-, y lo correcto es
disminuir la factura energética de los pueblos, disminuir la
contaminación lumínica hacia el cielo, pero mantener en lo posible la
iluminación de las calles de los pueblos para no tropezarnos unos con
otros cuando vayamos caminando por pueblos perdidos, como me decía un
compañero, en los que hay una sola bombilla. Estamos de acuerdo con
la iniciativa. Esperamos que se cumpla y vamos a votar a favor, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Solamente quiero hacer dos aclaraciones. A
la portavoz de Izquierda Unida quiero decirle que el Grupo
Parlamentario Popular está preocupado por todo tipo de residuos e
indicarle...
El señor PRESIDENTE: Señora de Lara, no procede un turno para el
debate. Si se tratara de aclarar alguna cosa, muy bien, pero no
procede el debate.
La señora DE LARA CARBÓ: Es una aclaración, señor presidente. Quiero
decirle que nosotros no hemos propuesto nunca quitar la iluminación.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En
primer lugar, la proposición no de ley que figura con el número 1 en
el orden del día, relativa a la privatización de la empresa Initec,
resultante del texto original y la admisión de las enmiendas de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La segunda proposición es la relativa al cierre progresivo de todas
las centrales nucleares, de acuerdo con el texto resultante de la
admisión de las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista,
referente parcialmente al punto 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La tercera proposición no de ley es la relativa a la revisión
y actualización de los planes de emergencia nuclear (PEN), según el
texto de la transaccional acordada por los distintos grupos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La cuarta proposición no de ley es la relativa a los planes de
reindustrialización de Andújar, Bailen, La Carolina, Guarromán y
Linares. Se vota según el texto de la propia enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista y que ha sido aceptada. Habiendo sido
aceptada la enmienda, según el Reglamento, los puntos no pueden
votarse por separado; por tanto, tenemos que votarla según el texto
resultante de la aceptación de la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 5, sobre recuperación y reutilización de
activos ociosos de la empresa pública Hunosa y su reversión a los
municipios mineros, según el texto resultante de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La proposición no de ley número 6 ha sido retirada.
Proposición no de ley número 7, relativa a las instalaciones urbanas
de distribución eléctrica, con el texto resultante de la aceptación
de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre el futuro de la empresa pública Manises
Diesel Engine. Como no tenía enmiendas, se vota el propio texto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición número 9, por la que se insta al Gobierno a incentivar la
producción de biocarburantes menos contaminantes que los combustibles
convencionales y como alternativa agrícola para valorizar cereales de
uso no alimentario, recogiendo la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular con la corrección in voce que se ha hecho.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la fábrica de Tabacalera en A Coruña, con
el texto presentado por el Grupo Socialista con la enmienda de
Izquierda Unida y la enmienda in voce del señor Peralta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a gestiones del Gobierno en relación
con el Plan de empresa de Tabacalera, S.A. en el texto resultante de
aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 12 para la elaboración de una ley de
bases de la minería en España, con el texto corregido por la
autoenmienda del grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 13 relativa al cierre de la factoría Carrier
España, S.A., en el texto del punto uno con la ligera modificación de
las palabras «menos posible» y además el añadido de una transaccional
con un texto de acuerdo con los grupos que habían intervenido en el
debate de enmiendas.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición número 14, sobre regulación de un único programa de
ayudas del Ministerio de Industria y Energía en materia de desarrollo
tecnológico e innovación, según el texto original, puesto que no ha
sido aceptada la enmienda que se proponía a esta proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 16; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Última proposición, la número
15, relativa a la iluminación nocturna de pueblos y ciudades, del
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con el texto original.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Un momento, por favor, señorías. El próximo día 11, jueves, se
convocará la Comisión, de acuerdo con la previsión provisional que
había aprobado la Mesa, para comparecencia del señor Kindelán,
presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear, para presentar el informe del citado Consejo. Como
la comparecencia debe hacerse en Comisión, está previsto que sea el
día 11, jueves, por la tarde, condicionado a la resolución del orden
del día del Pleno de la Cámara.
Se levanta la sesión.