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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 780, de 20/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 780
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ
Sesión núm. 1
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Pimentel Siles) para informar sobre:
- El cumplimiento del Pacto de Toledo. Apetición propia. (Número de
expediente 214/000132) ... (Página 23126)
- Causas del incumplimiento del Pacto de Toledo. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/001258)
... (Página 23126)
- Temas relacionados con el objeto de la Comisión. A solicitud de los
Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria (Número de expediente 213/
001273), Vasco (EAJ-PNV) (Número de expediente 213/001275),
Socialista del Congreso (Número de expediente 213/001277), Catalán
(Convergència i Unió) (Número de expediente 213/001279), Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 213/001282) y Popular en el
Congreso (Número de expediente 213/001283) ... (Página 23126)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Como saben todos los grupos de la Cámara, después de la constitución
de esta Comisión no permanente para el análisis del desarrollo y
aplicación del Pacto de Toledo hemos tenido reuniones que han
conseguido encauzar los trabajos y objetivos de la misma. Creo que en
esta primera sesión de comparecencias merece la pena subrayar
especialmente el camino recorrido hasta la fecha por todos los
grupos, en el que tengo que destacar que gracias a la aportación,
a la flexibilidad de todos los grupos, hemos logrado desde el consenso,
desde la unanimidad de todos los representados en esta Comisión,
poder comenzar un trabajo que considero fundamental a la hora de
enfrentarnos a uno de los principales problemas que desde el año 1993
y de manera insistente algún grupo de la Cámara, muy concretamente el
Grupo de Convergència i Unió, venía solicitando en aquella
legislatura, que era la revisión de la situación financiera de la
Seguridad Social y, en definitiva, del horizonte de garantía de las
pensiones. Creo que es satisfactorio que a la fecha de hoy este
Parlamento pueda enfrentarse a lo que es un examen de la evolución de
la aplicación de este pacto alcanzado en 1995 y también que vayamos a
ir recibiendo, una por una, a todas las personas cuya presencia ha
sido solicitada por los diferentes grupos y poder terminar estas
sesiones de comparecencias alcanzando el objetivo principal de esta
Comisión, que es elaborar un informe que pueda concluir con una
valoración del cumplimiento del Pacto de Toledo.
Como saben SS.SS., ayer se reunió la Mesa y analizando el conjunto de
comparecencias que se habían solicitado por todos los grupos tomó el
acuerdo, en principio, de poner en el orden del día para la jornada
de hoy la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y
asimismo calificar las de los diferentes altos cargos que vendrán
a esta Comisión en sucesivos días, comparecencias para las que, de
acuerdo con sus agendas, los propios servicios de la Cámara irán
fijando la fecha y el horario. Como saben SS.SS., se ha recibido un
informe que consideramos previo a esta comparecencia y que obra en
poder de todos los portavoces desde el lunes de esta semana.
Por tanto, cumplido este primer requisito, sin más doy la palabra al
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Pimentel, para que
valore el contenido y el cumplimiento del Pacto de Toledo hasta la
fecha.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer la invitación de esta
Comisión no permanente para que pueda comparecer iniciando esta ronda
de comparecencias que pretenden arrojar información, contrastar y
ideas contrastar también los datos que previamente hemos remitido a
todos los grupos de esta Cámara. Es una enorme satisfacción para este
ministro de Trabajo poder comparecer y hacer una primera valoración
-espero no ser demasiado extenso- sobre lo que ha significado este
Pacto de Toledo para uno de los
pilares básicos del sistema de bienestar en nuestro país: el
desarrollo de las pensiones. No estamos tan sólo -y lo decía el
presidente- en una Comisión que va a permitir evaluar cuál ha sido el
funcionamiento de aquel gran acuerdo político de hace prácticamente
cinco años, sino que estamos debatiendo también la propia evaluación
del sistema de pensiones, uno de los principales -por no decir el
principal, aunque también está educación, sanidad y otro tipo de
prestaciones-, pilares de nuestro sistema de bienestar.
Como primera idea quisiera transmitir que el Pacto de Toledo, que es
fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, que se ha ido
desarrollando en una gran parte a través del diálogo social, ha sido
un gran éxito para todos, para la sociedad española en su conjunto y
muy especialmente para los pensionistas, para las pensionistas de
este país. Y digo un gran éxito porque ha permitido que cambie
radicalmente la situación que desde hace prácticamente cinco años
teníamos en este tipo de prestación. En este período se ha logrado
sanear las cuentas de la Seguridad Social, darle estabilidad
financiera, constituir un fondo de reserva que significa una hucha
para que los pensionistas del día de mañana tengan también
garantizada la prestación que perciben los pensionistas de hoy; se
han separado las fuentes y además -y creo que es un remate muy
importante- se han mejorado los niveles de las pensiones en España,
tanto el de las mínimas como el del conjunto de pensiones al elevarse
de forma más intensa la revalorización de las pensiones que la subida
de precios. Todo esto permite que la primera valoración que hagamos
sea extraordinariamente positiva. Creo que en esta valoración debemos
ser generosos, en cuanto al reparto de responsabilidades, con los
grupos políticos que de forma casi unánime apoyaron este Pacto de
Toledo; con los agentes sociales, especialmente con los sindicatos,
también con los empresarios en muchos puntos, que han venido
desarrollando lo previsto en este pacto de gobierno y con el conjunto
de administraciones que han ido dando pasos de gestión, de trámites
siempre en propia acción de gobierno, tendentes a desarrollar este
Pacto de Toledo.
Querría, antes de comenzar a ver cuál ha sido la evolución, los
desarrollos de este pacto, hacer un poquito de historia sobre cuál
era el entorno, social y económico en el que se presentó esta
iniciativa. El 6 de septiembre de 1993 el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presentaba para su discusión en el Pleno del
Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que
solicitaba la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de
Presupuestos para elaborar un informe sobre la reforma, las medidas,
los elementos que hacía falta modificar o reformar en la Seguridad
Social para que incluyera un conjunto de recomendaciones para ser
elevado al Gobierno. En la exposición de motivos que acompañaba a
esta petición el grupo proponente hacía una introducción que creo que
refleja bastante exactamente cuál era el sentir general de la
sociedad española, de algunos grupos políticos en aquellos momentos.
Esta exposición de motivos decía textualmente: Desde hace dos años el
presupuesto de la Seguridad Social registra crecientes déficit a
pesar de las elevaciones de los tipos de cotización y de las medidas
aplicadas durante los últimos ejercicios, con la finalidad de
trasladar a las empresas los costes de las prestaciones que hasta la
fecha venía cubriendo la Seguridad Social. Esta situación es
particularmente
grave en el caso de determinados regímenes de Seguridad Social que se
encuentran en situación de quiebra, evitada únicamente gracias a la
absorción de sus déficit desde el régimen general. Hacía alguna
referencia más a la situación de la recesión económica. Por tanto,
primera idea. El Pacto de Toledo se inicia en unos momentos de crisis
económica, en unos momentos en los que algunos grupos creían que la
Seguridad Social estaba sumida en una profunda crisis.
La ponencia se constituyó el 2 de marzo de 1994 e inició sus trabajos
con la comparecencia del entonces ministro de Trabajo y Seguridad
Social y desarrolló su actividad durante poco más de un año, período
durante el cual se celebraron un número importante de comparecencias
de personas de la Administración, ministros, altos cargos, expertos,
del mundo de la empresa, representantes del mundo sindical, etcétera.
La elaboración de este informe vino también acompañada por un intenso
debate social en medios de comunicación que hizo que se fuera creando
una cierta alarma en torno al futuro de las pensiones y es bueno que
reiteremos estos precedentes, porque existió una alarma social, de la
que algunos -no entraré en ello porque no es el motivo de esta
comparecencia- intentaron sacar los réditos en el puro campo
político.
Una vez que se elaboró el informe de la ponencia para el análisis de
los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de
las principales reformas que deberán acometerse, conocido
popularmente -hizo fortuna la expresión- como Pacto de Toledo, éste
resultó aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de
Presupuestos el 30 de marzo de 1995 y posteriormente por el Pleno del
Congreso del 7 de abril de ese mismo año, con un solo voto en contra
y dos abstenciones, prueba del alto grado de consenso alcanzado entre
las distintas fuerzas políticas. Había 15 recomendaciones. Primera,
separación y clarificación de las fuentes de financiación. Segunda,
referente a la constitución de una reserva. Tercera, mejora de las
bases. Cuarta, financiación de los regímenes especiales. Quinta,
mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía
irregular. Sexta, simplificación e integración de regímenes
especiales. Séptima, integración de la gestión. Octava, evolución de
las cotizaciones. Novena, equidad y carácter contributivo del
sistema. Décima, referente a la edad de jubilación. Undécima,
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Duodécima,
reforzamiento del principio de solidaridad y contributividad.
Decimotercera, mejora de la gestión. Decimocuarta, sistema
complementario. Y, decimoquinta, análisis y seguimiento de la
evolución del sistema. Precisamente, en esta recomendación
decimoquinta se hacía referencia a que cada cinco años se creara una
ponencia en el seno de las Cortes para evaluar, y en su caso
proponer, modificaciones, alternativas; una evaluación global de cómo
había funcionado, qué había significado la aplicación de este Pacto
de Toledo. En principio, el cumplimiento estricto del mandato
supondría la constitución de esta ponencia en abril del año 2000,
pero diversas circunstancias -yo creo que afortunadas- han hecho que
los grupos parlamentarios hayan decidido anticipar la constitución de
esta Comisión de evaluación del Pacto de Toledo, cuya serie de
comparecencias iniciamos hoy. Por tanto, repito, con la constitución
de esta Comisión
estamos dando cumplimiento a la recomendación decimoquinta y, además,
creo que es importante que la sesión tenga cierta extensión.
Una vez que se aprueba en el Pleno este Pacto de Toledo, durante
prácticamente un año, desde abril de 1995 hasta mayo de 1996, no se
pone en marcha ninguna medida. ¿Qué se hace desde el inicio de la
presente legislatura que, como saben, finaliza en este período
legislativo? Desde su constitución, el nuevo Gobierno -y así lo
manifestó el actual presidente en su debate de investidura- dijo que
se aplicaría al cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Pacto
de Toledo. Antes de constituir distintos acuerdos de diálogo social,
distintas normas, distintos acuerdos políticos -gran parte de las
medidas adoptadas lo han sido por unanimidades políticas-, tuvimos
que superar dificultades financieras serias propias de una prórroga
de presupuestos por un lado -en 1995 no se aprobaron presupuestos
nuevos- y, por otro lado, una escasa ejecución presupuestaria en ese
año 1995 y un decreto ley de principios de 1996 por el que se
disminuía el crédito que tenía disponible la Seguridad Social.
Hicimos un nuevo decreto ley para reponer los niveles y adoptamos un
conjunto de medidas de urgencia para superar la situación de
dificultad financiera en que encontramos las cuentas de la Seguridad
Social al inicio de 1996.
Una vez superadas estas dificultades, acometimos el desarrollo del
Pacto de Toledo y desde un principio quisimos hacerlo de la manera
más inteligente, más sensata y que -y así lo prueban los hechos-
mejores frutos diera: con el diálogo social, diálogo con los agentes
sociales y, en lo posible, con las fuerzas políticas. Así, el 18 de
junio, es decir, recién constituida la legislatura -muchas veces es
importante ver la cronología de los hechos-, prácticamente un mes
después de la constitución del nuevo Gobierno, se constituyó, bajo
presidencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, la mesa
tripartita sobre el Sistema de protección social, como expresión del
diálogo social. En esa mesa estaban representadas las organizaciones
sindicales y empresariales y fruto de su trabajo fue el acuerdo
denominado Acuerdo sobre consolidación y racionalización del Sistema
de Seguridad Social, valorado positivamente por la ponencia redactora
del Pacto de Toledo. Este acuerdo fue firmado el 9 de octubre de 1996
entre el Gobierno y las organizaciones sindicales Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras; fue el conocido acuerdo sobre
pensiones. Ahí se concretan ya muchas de las recomendaciones que se
hacían al Gobierno: los principios de contributividad, mejora de la
solidaridad en algunas prestaciones, subidas garantizadas por ley,
separación de fuentes; tantas y tantas medidas concretadas y
acordadas con los sindicatos y que, como digo, se plasmaron en este
acuerdo. Asimismo, antes de la aprobación de la ley que desarrolla
este acuerdo, el 8 de noviembre de 1996, se constituye la comisión
permanente para el análisis y seguimiento de la evolución del Sistema
de Seguridad Social, conocida como comisión permanente del Acuerdo
sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social. Desde un principio, conjuntamente con las organizaciones
sindicales firmantes del acuerdo, hicimos una comisión de seguimiento
que se ha reunido formalmente en 16 ocasiones y muchas más
extraoficialmente. Repito,
oficialmente, de forma regular, se ha reunido en 16 ocasiones durante
este período y más de 40 veces se han reunido los grupos de trabajo
correspondientes a esta comisión.
Independientemente de la vida del acuerdo, y puesto que en estos
momentos ya hemos llegado a un pacto, el Pacto de Toledo, existe un
acuerdo con los sindicatos que lo desarrolla y se firma una comisión
de seguimiento. Pronto comienzan a tomarse decisiones en Consejo de
Ministros; así, el 5 de julio de 1996 el Gobierno aprueba una serie
de medidas de lucha contra el fraude y la morosidad. Estas medidas se
dirigen tanto a frenar y a reducir la morosidad procedente del sector
público o del sector privado como a luchar contra la utilización
indebida de los beneficios sociales, manifestaciones ambas de marcado
carácter insolidario y que están recogidas en las recomendaciones
quinta y decimotercera del Pacto de Toledo.
Uno de los grandes hitos -y aquí quiero agradecer el apoyo y la
comprensión de la práctica totalidad de los grupos de esta Cámara- es
la aprobación de la Ley 24/1997, de 15 de julio, sobre consolidación
y racionalización del Sistema de Seguridad Social. Esta ley traspasa
al ámbito jurídico la totalidad del acuerdo alcanzado con los
sindicatos, que a su vez desarrollaba el Pacto de Toledo. Es decir,
que el Pacto de Toledo tiene esta vida propia cuando se aprueba,
prácticamente por unanimidad, esta Ley 24/1997, ley que no cierra -y
así lo entendimos todos- un proceso gradual de reforma, sino que
constituye un primer paso. Ahí se tomaron una serie de medidas muy
importantes, pero la Seguridad Social tiene la obligación de ser algo
dinámico y debe ir adaptándose a las circunstancias sociales y
económicas de cada momento, teniendo claro que su fin último es
llevar el bienestar y la seguridad en sus prestaciones a un número
importante de españoles y españolas. A tales efectos, la Ley 24/1997
viene a clarificar y a separar las fuentes de financiación del
sistema. En esta línea se prevé que, una vez concluido el proceso
gradual de separación de esas fuentes financieras, se constituya un
fondo de reserva con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales
que puedan resultar de la liquidación de los presupuestos, fondo de
reserva que permitirá atenuar los efectos de los ciclos económicos.
Todo esto sin olvidar que el Sistema de Seguridad Social cuenta con
el respaldo y la garantía del Estado.
Como consecuencia de todo esto, y por lo que se refiere a las
pensiones de jubilación, se refuerza el principio de
proporcionalidad, a fin de procurar que las prestaciones económicas
reflejen en mayor medida el esfuerzo de cotización realizado
previamente. Además, se posibilita una mayor equidad en las
pensiones, de forma que quienes hayan realizado un esfuerzo similar
en sus cotizaciones obtengan un nivel de prestaciones similar.
También el principio de solidaridad viene a ser reforzado a través de
la mejora sustancial del tiempo de duración de las pensiones de
orfandad y de la mejora de las cuantías de las pensiones mínimas de
viudedad cuando los beneficiarios tengan una edad inferior a los 60
años.
Por último, y no menos importante, diré que la ley viene a garantizar
de forma definitiva el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, incluido el de las pensiones mínimas del sistema. Las
pensiones no quedan ya al arbitrio de una decisión gubernamental
anual, sino que están sometidas por ley a una revisión automática
según los precios.
Después, en una posterior norma jurídica, se garantizó que este
sistema automático no permitiera perder ganancias que se hubieran
tenido con anterioridad. En esta ley se avanzó ya hacia el
establecimiento en una recomendación específica de un único tope de
cotización, adecuando el tope máximo de cotización de la Seguridad
Social a los salarios reales en distintas categorías profesionales.
La aproximación de las cuantías de las bases de cotización de los
grupos 5 al 11, a la cuantía del tope máximo, se está realizando de
forma gradual hasta el año 2002. La medida se está llevando a cabo en
los términos previstos, gozando de un doble valor: evita el fraude y
al mismo tiempo garantiza un mayor nivel de protección a los
trabajadores.
En cumplimiento de la recomendación novena se introducen mayores
elementos de contribución y proporcionalidad en el acceso y
determinación de las cuantías de las pensiones de jubilación. Las
medidas adoptadas en este sentido han sido varias. En primer lugar,
se ha flexibilizado el período de cotización exigible para acceder a
la pensión de jubilación y ahora se permite cumplir los dos años de
cotización exigidos como carencia cualificada durante los últimos 15
años, frente a la exigencia anterior de ser durante los últimos ocho
años. Esta previsión favorece el reconocimiento de pensiones en favor
de aquellas personas que hayan abandonado el mundo laboral en época
no reciente.
En segundo lugar, se está llevando a cabo una ampliación progresiva
de ocho a 15 años del período de cotización a tener en cuenta para
calcular la cuantía de la pensión. Con esta medida se pretende que el
importe de la prestación se ajuste más adecuadamente a la carrera
profesional del trabajador y no prime necesariamente la última etapa
activa.
En tercer lugar, se ha modificado la forma de computar el número de
años trabajados a efectos de determinar el porcentaje de la pensión,
con el objetivo de acentuar la proporcionalidad y primar las carreras
más largas de seguros. Así, se mantiene el derecho a la percepción
del cien por cien con 35 años de cotización; a los 25 años se alcanza
el 80 por ciento y, con el período mínimo exigible para acceder
a esta pensión contributiva, 15 años, el 50 por ciento.
En cuarto lugar, se ha modificado la cuantía de la pensión en los
supuestos de jubilación anticipada. Esta medida ha supuesto una
disminución de los coeficientes reductores de un 8 a un 7 por ciento
por cada año anticipado a los 65 años para favorecer la situación de
aquellas personas que se ven conducidas a la jubilación por causas
ajenas a su voluntad y que además acreditan largas carreras de
cotización (más de 40 años siempre que hubieran cotizado antes del 1
de enero de 1967).
Después de esta importante ley, por la cual se cumple un porcentaje
importante de las recomendaciones, como hemos visto, hay otro tipo de
acuerdos laborales, que siempre contemplaba el capítulo de protección
social y que permitía que fuéramos desarrollando las recomendaciones
en otra línea. Creo que es importante recalcar que todos y cada uno
de los pasos que se han dado en esta legislatura han sido con un
doble criterio. En primer lugar, se ha procurado siempre que todos y
cada uno de ellos fueran fruto del diálogo social y, en segundo lugar
-siempre lo hemos hecho así-, se han seguido las recomendaciones del
Pacto deToledo y nunca se ha ido en contra de ellas.
Así, como conocen organizaciones sindicales y empresariales más
representativas en este país, llega un acuerdo muy importante
denominado Acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo,
por el que se creó un nuevo tipo de contrato indefinido que ha
prosperado, que ha tenido mucho éxito y que ha permitido incrementar
la estabilidad del empleo. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo
enorme en esta materia, pero fue un paso extraordinariamente
positivo. También como medida asociada a este acuerdo se creó un
paquete de bonificaciones sobre las cotizaciones de la Seguridad
Social tendentes a incrementar la estabilidad en el empleo. Aunque
esta medida está fuera estrictamente, puesto que es una medida de
desempleo del Pacto de Toledo, quería resaltarla y sobre todo quería
mencionar este acuerdo interconfederal, que sí que está dentro del
Pacto de Toledo. Se da protección social a dos tipos de contratos que
antes no la tenían: el contrato de formación y el contrato a tiempo
parcial de menos de 12 ó 48 horas, lo que venía denominándose
popularmente como tiempo parcial marginal. Así, el contrato de
formación resultante de esta reforma vio mejorada la acción
protectora dispensada por el Sistema de la Seguridad Social,
haciéndose efectivo el derecho a la prestación económica de
incapacidad temporal derivada de riesgos comunes. También los
trabajadores contratados a tiempo parcial con jornada inferior a 12
horas semanales o 48 horas al mes han visto mejorada la protección
que le ofrecía el Sistema de la Seguridad Social. De esta forma, se
iniciaría el cumplimiento del compromiso asumido en el apartado d)
del acuerdo sobre consolidación y racionalización del Sistema de la
Seguridad Social, que leo textualmente: Con el objetivo de favorecer
con las garantías adecuadas de protección social y no discriminación
a quienes acceden al mercado de trabajo a través de las modalidades
no ordinarias de contratación, la comisión permanente, en el plazo de
un año, promoverá las iniciativas normativas correspondientes,
atendiendo especialmente a los criterios de contributividad que en
este mismo acuerdo se contemplan.
Otro acuerdo posterior, en este caso otra medida laboral fruto del
diálogo social y de un pacto con las organizaciones sindicales, fue
el relativo al trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad.
Con este acuerdo pretendíamos incrementar el uso estable de una
figura muy utilizada en Europa, la figura del tiempo parcial.
Asimismo, se otorgó un nuevo modelo innovador en nuestro país de
protección para el tiempo parcial. El nuevo modelo de protección
social presentaba tres objetivos generales: facilitar el acceso
efectivo a las prestaciones, mantener el principio de contributividad
y adecuarlo al principio de proporcionalidad. Asimismo, estas
principales medidas para favorecer a estos trabajadores serían las
siguientes: equiparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo
a tiempo completo y establecimiento de un coeficiente corrector a
efectos de permitir un acceso efectivo a los períodos de carencia de
las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente. Este
principio de igualdad efectiva se consagró en este acuerdo del
trabajador a tiempo parcial con relación al trabajador a tiempo
completo; la consideración de cómo cotizaba la Seguridad Social y,
por tanto, con plena efectividad en orden a las prestaciones del
tiempo correspondiente a los períodos de descanso semanal, festivos
y domingos; la prohibición de efectuar horas extraordinarias
sustituyendo las mismas por horas complementarias que son objeto de
cotización a la Seguridad Social, teniendo además estas cotizaciones
plena efectividad para el acceso y cálculo de las prestaciones; el
establecimiento de coeficientes multiplicadores de los períodos
realmente cotizados respecto de aquellas prestaciones de la Seguridad
Social, cuyo acceso queda condicionado a la acreditación de amplios
períodos de cotización. En ese sentido, y para el acceso a las
pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivadas de
enfermedad común, los períodos realmente cotizados se incrementan en
un 50 por ciento, incremento que no sólo es válido para la
acreditación del período mínimo exigido en el acceso de la pensión,
sino también en su caso para la determinación de la cuantía de la
prestación correspondiente.
También en el ámbito de este acuerdo sobre tiempo parcial se
adoptaron nuevos mecanismos dirigidos a la jubilación parcial y
ligados al contrato de relevo, figuras ambas que son objeto de
especial consideración en la recomendación décima del Pacto de
Toledo, con el objetivo básico de lograr esa mayor flexibilidad y
gradualidad en el tránsito desde la vida laboral a la jubilación. Era
tradicional la consideración de que una de las causas que frenaban el
éxito de la figura de la jubilación parcial residía en la regulación
poco flexible adoptada en el año 1984, ya que la rigidez en varios de
sus aspectos esenciales -edad de acceso a la pensión, reducción de
jornada y otros- podía suponer un freno a que los trabajadores
pudieran demandar esa jubilación o que las empresas fuesen propicias
a incentivar dicho acogimiento. Con el decreto-ley que desarrolló
este acuerdo se flexibilizaron sustancialmente estos requisitos y así
se amplió la edad en la que un trabajador puede acogerse a la
jubilación parcial, que se sitúa en los 60 años, frente a los 62
anteriores. Se flexibiliza el tiempo de jornada que ha de reducirse
al trabajador que solicita la jubilación parcial y, frente a una
reducción rígida del 50 por ciento, la nueva normativa establece un
amplio margen, entre un mínimo de un 30 por ciento y un máximo de un
77 por ciento. Se flexibilizan también las condiciones que deben
desarrollar tanto las personas sustituidas como las que sustituyen y
asimismo, en cuanto al aspecto anterior de que el trabajador a
contratar debía ocupar necesariamente el mismo puesto de trabajo que
el jubilado parcial, en la nueva regulación el puesto de trabajo a
ocupar está referido al grupo profesional o a la categoría
equivalente. Asimismo, la nueva regulación posibilita que ambos,
jubilado parcial y relevista, puedan coincidir en el mismo horario de
trabajo, con lo que además se propicia que el primero pueda traspasar
su experiencia al relevista. Por tanto, con respecto a esta materia
se estaba cumpliendo una recomendación expresa del Pacto de Toledo.
Este debate de pensiones ha sido, y a buen seguro seguirá siendo,
objeto de debate público, a veces lleno de elementos de racionalidad
e impulsos positivos y otras veces un debate de otra índole o de otra
naturaleza. Este debate en concreto fue propuesto por un Gobierno
autónomo que por vez primera en este país quería iniciar una carrera
en torno a romper lo que había sido hasta entonces la unidad del
Sistema de la Seguridad Social en torno a las pensionesno
contributivas. Casi todos los grupos políticos en esta
Cámara -desde luego, los grandes partidos así lo habían expresado
reiteradamente- habían defendido que tanto pensiones contributrivas
como no contributivas pertenecían a la Seguridad Social y, por tanto,
la determinación de su cuantía económica correspondía a las Cortes
Generales, a esta Cámara y al Senado.
A raíz de esta iniciativa de intentar romper esta unidad de las
pensiones no contributivas, se desrrolló un acuerdo de la comisión de
seguimiento, de acuerdo con los sindicatos. Por su precisión, me
gustaría leerlo, dado que todavía está pendiente una sentencia del
Tribunal Constitucional que, estoy seguro, volverá a ubicar las
prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social,
como siempre lo ha estado en las doctrinas del propio Constitucional
y en los debates, en el ámbito de ley nacional y de igualdad de
prestaciones. Leo textualmente lo que decía el acuerdo de la comisión
de seguimiento: Asimismo, desean expresar su firme convencimiento,
basado en la legalidad vigente, de que las pensiones no contributivas
forman parte indisoluble de lo que se denomina Sistema de Seguridad
Social, formando parte y estando incluidas dentro del ámbito de la
cobertura protectora que éste dispensa. Precisamente por estar
incardinadas dentro del Sistema de Seguridad Social, por tener
naturaleza de pensiones de Seguridad Social, su regulación, incluida
la determinación de su cuantía, corresponde en exclusiva a las Cortes
Generales, con la finalidad de preservar la unidad del sistema y el
mantenimiento de un régimen público único y unitario de la Seguridad
Social para todos los ciudadanos que garantice, al tiempo, la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
deberes en materia de Seguridad Social.
Este acuerdo de la comisión de seguimiento, del 3 de marzo, también
contempló otro aspecto que tuvo lugar después, y fue un llamamiento a
una atención especial a las pensiones de menor cuantía. Se dijo
exactamente lo siguiente: La comisión expresa también su deseo de que
el crecimiento de la protección social forme parte de las prioridades
del gasto en los momentos de mejor evolución económica, conciliando
el principio de sostenibilidad futura del sistema, con los elementos
de solidaridad y contributividad que el Pacto de Toledo reafirma, con
especial atención a los segmentos de población de menor cuantía
relativa de prestaciones.
Ambos objetivos, que perseguía esta comisión, y dentro del Pacto de
Toledo, han quedado cubiertos también con los acontecimientos, hechos
y política presupuestaria que se han desarrollado a raíz de esa
fecha.
Ha tenido una especial incidencia, porque ha condicionado de forma
evidente la elaboración del proyecto de presupuestos que se encuentra
ya en esta Cámara -la próxima semana se debatirá en su conjunto el
proyecto de presupuestos para el año 2000-, el acuerdo sobre
revalorización de las pensiones mínimas del Sistema de Seguridad
Social. De nuevo con el ánimo del cumplimiento estricto del Pacto de
Toledo con el instrumento del diálogo social, el 16 de septiembre de
1999, la comisión de seguimiento de acuerdo de pensiones suscribe el
acuerdo sobre revalorización de las pensiones mínimas del Sistema de
Seguridad Social. La Ley de consolidación y racionalización ya había
permitido una mejora del poder adquisitivo de las pensiones, ya que
quedó garantizada la subida de las
pensiones según el IPC previsto. Al ser superior este IPC previsto al
IPC real, permitió que hubiera una ganancia de 1,6 puntos, que supuso
en la totalidad del sistema de pensiones una ganancia para los
pensionistas de 307.365 millones de pesetas en tres años que,
individualmente considerada, representa una media de 39.000 pesetas
por pensionista contributivo y de 23.300 pesetas por pensionista no
contributivo. No obstante, era una mejora general, horizontal, de
todas las pensiones, una mejora cuantificable y evidente. También se
mejoró la protección social de viudas y huérfanos, fruto del primer
acuerdo y de la ley.
Por último, y creo que es muy importante, fruto de la recomendación
de la comisión de seguimiento del acuerdo de pensiones, de un acuerdo
social, se llegó a un acuerdo con los sindicatos para subir las
pensiones mínimas, acuerdo que ha quedado ya reflejado en el proyecto
de ley de presupuestos para el año 2000. Este acuerdo de
revalorización de pensiones ha consensuado una notable subida de las
cuantías mínimas del sistema, subida que, en las pensiones no
contributivas, va desde las 23.100 pesetas anuales para pensiones
SOVI a las 101.570 pesetas/año para las pensiones de viudedad de
titulares menores de 60 años con cargas familiares, y de 42.000
pesetas anuales para el mayor número de pensionistas que reciben la
pensión mínima, representando unos porcentajes de subida entre el 4
al 16 por ciento y un 5,5 por ciento de subida media aproximadamente.
Asimismo, las pensiones no contributivas en el caso de un solo
beneficiario subirán 32.200 pesetas anuales, lo que representa un
porcentaje de subida de más de un 6 por ciento. Por otra parte, las
cuantías de las pensiones contributivas familiares de jubilación con
titular de 65 años o más se equipararán -y es otro gran avance- al
salario mínimo interprofesional bruto previsto para el año 2000, con
un acercamiento proporcional y significativo del resto de las
pensiones mínimas.
Con ello, se ha dado cumplimiento a las propuestas contenidas en las
recomendaciones novena, decimoprimera y decimosegunda del Pacto de
Toledo, así como a las líneas directrices del acuerdo de
consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad Social ya
mencionado, en orden a reforzar los principios de contributividad y
equidad que informan el Sistema de Seguridad Social, no sólo
manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones sino mejorando las
más bajas según las disponibilidades económicas de dicho sistema.
Esta correcta política de aplicación del Pacto de Toledo -una mejora
sensible de la gestión, de la lucha contra el fraude, de complementos
a mínimos, de mejora en la prestación de IT, una magnífica evolución
del empleo, un creciente número de cotizantes- ha permitido que la
Seguridad Social vaya saneando rápidamente su situación financiera.
Existían situaciones de quiebra, anunciada por muchos portavoces, y
la Seguridad Social ha ido mejorando año a año su salud financiera.
Como datos -son conocidos, pero creo que es bueno recordarlos-
teníamos un déficit en la Seguridad Social en el año 1995 de 0,72 por
ciento del producto interior bruto; este año, tan solo será de media
décima y el próximo año tendremos superávit, por vez primera. Es
importante destacar este notable, podríamos decir espectacular,
saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social.
Este superávit va a permitir que el año que viene -ya va así recogido
en el proyecto de presupuestos-, por vez primera, se dote con 60.000
millones de pesetas un fondo de reserva. Es una primera dotación;
cada año, y vinculado a su superávit, se irá complementando este
fondo de reservas. Por tanto, no sólo en el primer año se va a tener
superávit a raíz de un equilibrio de las cuentas de la Seguridad
Social, sino que este superávit permite dotar -y así cumplimos la
recomendación segunda- un fondo de reserva, que es la mejor noticia
posible para los pensionistas del mañana. Antes del Pacto de Toledo
existía -y comenzaba así mi intervención- riesgo, temor, inseguridad
y desasosiego; cinco años después, existe seguridad, estabilidad,
solvencia y garantía de futuro, todo ello abonado con una creciente
creación de riqueza y empleo.
Además, en estos presupuestos se sigue avanzando en la recomendación
primera, muy importante: separación de fuentes. En este periodo se ha
separado, primero, lo que quedaba ya de la sanidad. Han sido cuantías
muy importantes que han quedado incorporadas a los Presupuestos
Generales del Estado, en concreto, 500.000 millones de pesetas. En
los presupuestos, que están en esta Cámara, ya se incorpora también
la separación de fuentes de los servicios sociales que gestiona el
Imserso, que asciende a más de 210.000 millones de pesetas, con lo
cual el importe neto de la separación de fuentes financiada a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado ascendería a unos 700.000
millones de pesetas a lo largo de la presente legislatura. Únicamente
nos quedaría determinar el concepto y la ubicación definitiva de los
complementos a mínimos que, según la Ley que desarrolla el acuerdo de
pensiones, tendríamos que desarrollar durante el ejercicio próximo,
durante el año 2000. Por tanto, entendemos que, también en separación
de fuentes, se ha cumplido la directriz primera.
Por último, y también hay que calificar la medida de muy positiva, en
estos presupuestos para el próximo año se acomete no sólo esta mejora
de las pensiones, no sólo se da estabilidad a un sistema -hay
superávit-, no sólo se dota el fondo de reserva sino que además, por
vez primera en este periodo, se produce una rebaja de cotizaciones al
desempleo, de cotizaciones sociales, tanto para empresarios como para
trabajadores, del 0,25 por ciento.
Con este conjunto de medidas el Gobierno se muestra satisfecho de la
ejecución del Pacto de Toledo, porque se han cubierto de forma muy
destacada la mayoría de las recomendaciones, desde luego las más
importantes. Esta valoración no debe ser tan sólo una impresión
subjetiva de un miembro del Gobierno, puesto que la realidad y los
datos objetivos, debe ser los que sirvan para valorar si el Pacto de
Toledo ha funcionado o no ha funcionado, si hoy las pensiones están
mejor o peor que hace cinco años. Yo creo que desde todos los puntos
de vista, desde cualquier ángulo que se mire, el sistema de
prestación en torno a las pensiones de jubilación ha mejorado gracias
al Pacto de Toledo, que firmaron todos los grupos políticos y que se
ha desarrollado en conjunción y en comunión con los agentes sociales.
Ha permitido garantizar la subida de las pensiones por ley, se han
mejorado las pensiones y se ha saneado el sistema y donde había temor
a crisis, temor reiterado, y temor a quiebra aparece en este momento
un sistema estable, sólido, sostenible,
con superávit y que incluso permite el mismo año que se mejoran las
pensiones dotar un fondo de reserva. Por tanto, son datos que hablan
por sí solos, que permiten que este ministro se muestre muy
satisfecho y que haga extensiva la felicitación a todos los grupos de
esta Cámara, que han tenido un papel muy destacado en este pacto,
porque es una evidencia que cuando se hacen las cosas bien, por
consenso y con buen sentido, al final la realidad da sus frutos.
Esta legislatura, que va a pasar por ser la del empleo - ya conocen
los datos, 1.600.000 nuevos empleos, más de dos millones de nuevos
cotizantes a la Seguridad Social, más de un millón menos de
desempleados en nuestro país-, también va a pasar como la legislatura
por la cual, a través del diálogo social, con apoyo político muy
destacado, se logró mejorar el nivel de prestaciones de las pensiones
de este país, dotar de estabilidad y seguridad y también no tan sólo
pensar en los pensionistas de hoy, que son muy importantes, sino al
mismo tiempo, complementariamente, garantizar las pensiones para los
pensionistas de mañana, todo ello en una legislatura en que se ha
mejorado el poder adquisitivo de forma horizontal con la mejora de
ese 1,6 puntos. Por tanto, en esta primera intervención,
disculpándome por si he sido extenso en mi exposición, quiero
trasladarles la satisfacción del Gobierno por la ejecución de las
recomendaciones del Pacto de Toledo.
El señor PRESIDENTE (Aguirre Rodríguez): Los grupos conocen, por la
reunión que ayer celebró la Mesa, que ordenaremos el desarrollo del
trabajo de esta Comisión con intervenciones, en primer lugar, del
Grupo Socialista para, posteriormente, intervenir de menor a mayor,
empezando por el Grupo Mixto.
Cumpliendo este acuerdo, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, sólo una pregunta, porque no
sé si después de la intervención del ministro habrá turno de réplica.
El señor PRESIDENTE (Aguirre Rodríguez): Señor Gimeno, la Mesa ayer
acordó que se abriría un primer turno para los grupos, una segunda
intervención del ministro y un segundo turno para los grupos, en el
bien entendido que este segundo turno sería para precisar
contestaciones que no se hubieran abordado en el primero.
El señor GIMENO MARÍN: Señor ministro, sus ganas de comparecencia
ante esta Comisión han sido muy notables, y además se lo agradecemos.
Nos gustaría más que sus comparecencias se produjeran mediante
decisiones de la Mesa y que no nos enteráramos por los medios de
comunicación, pero eso es accidental en estos momentos teniendo en
cuenta que usted esta aquí para hablar de un tema que tiene una
enorme importancia.
Tengo una primera preocupación. Del tono de su intervención se
produce un hecho que a mi grupo le preocupa, y es que usted plantea
el debate en esta Comisión sobre la situación de la Seguridad Social
en el contexto de lo que es el Pacto de Toledo, que usted valora muy
positivamente -y todos compartimos esa idea- pero confunde los
elementos coyunturales con los elementos estructurales de la
situación de la Seguridad Social. Como creo que usted nos puede
confundir lo que es el elemento coyuntural con un elemento
estructural, nos preocupa, porque no es lo mismo la situación del
sistema de la Seguridad Social en una coyuntura de crisis económica
que en una situación en que la coyuntura tiene un crecimiento
económico importante.
Del conjunto de su intervención, me da la impresión que plantea la
idea de que la situación estaba mal, había mucha preocupación por el
sistema, ahora la situación la hemos saneado y ya no hay preocupación
por el sistema. Pero el Pacto de Toledo lo que pretendía es debatir
sobre el futuro del sistema fundamentalmente, sobre las medidas
estructurales del sistema, y yo tengo que decir que del conjunto de
su intervención no he deducido todavía mucho. También es cierto que
es el comienzo del trabajo en una Comisión y que en ese contexto
podría pensarse que debatiremos también este tipo de cuestiones, pero
si el intento por parte del Gobierno y del Ministerio -espero que no
sea así-, es estar discutiendo permanentemente de los elementos
coyunturales para decir qué magnífica es la situación, se pone en
peligro el significado del Pacto de Toledo. Así se lo digo y así lo
creo.Yo espero que no vayamos por ese camino, porque el problema
sería más complicado.
Por supuesto intentaré argumentar por qué no comparto su criterio de
que la valoración del Gobierno sobre el cumplimiento de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, que es la conclusión que ha
venido a señalar en estos momentos, es positiva. La valoración que
hace el Grupo Socialista no lo es. El hecho mismo de que esta
Comisión se reúna hoy -días antes se ha constituido y se ha reunido
en esta Cámara- es la manifestación palpable de que durante todo este
tiempo, a pesar de los acuerdos con los sindicatos, que valoramos
positivamente, lo que no se ha producido es ningún seguimiento del
Pacto de Toledo por esta Cámara, digo en el marco que se había
definido en el propio Pacto de Toledo, porque, como bien ha dicho,
estamos terminando la legislatura. Es cierto, ya lo sabemos. Es
decir, teníamos que haber hecho un seguimiento más permanente del
Pacto de Toledo a lo largo de estos cuatro años para consensuar todas
las medidas que usted se vanagloria de haber acordado. No todas han
sido acordadas, señor ministro, ni con los sindicatos. Usted habla de
la Ley de 1997 y también existió la Ley de 1998, de medidas, por
ejemplo, como usted recordará, según viene en su propio informe.
Usted habla de los acuerdos para la modificación de la contratación,
por ejemplo, a tiempo parcial, y nos acaban de meter en la ley de
medidas otra modificación del Estatuto de los Trabajadores sin
acuerdo, ya no sólo con los sindicatos sino sin acuerdo tampoco aquí,
en esta Cámara. Es lo de menos, porque hubo aspectos y planteamientos
por supuesto de los que me alegro, fundamentalmente la Ley de 1997,
que es una de las principales piezas del Pacto de Toledo, en la que
estamos de acuerdo en lo más importante; pretendimos introducir
algunas enmiendas que no fueron aceptadas y luego sí lo fueron. En
fin, hubo una serie de planteamientos que son accidentales en la
consideración que podíamos tener sobre la cuestión. O el
planteamiento que hacemos en esta Comisión de cara al Pacto de Toledo
es hablar del futuro y de la estabilidad del sistema o, si no,
realmente se pone en peligro esa voluntad de acuerdo que usted dice
que tiene y a veces yo tengo la sensación de que lo que tiene son
muchas ganas de decir que qué bien desde que está usted en el
Gobierno, mejor dicho, no usted, su partido.
No comparto su visión sobre la situación porque en la información que
usted nos presenta, hemos leído el resumen precipitadamente, pero es
cierto que hemos debatido muchas veces sobre estas cuestiones, con lo
cual hasta eso podía estar perfectamente suplido y el documento que
nos presenta usted como número 9, que es el que más referencia
directa hace al cumplimiento o no cumplimiento del Pacto de Toledo,
es bastante antiguo ya. Se han olvidado ustedes de corregir algunas
de las páginas que hacen referencia a aspectos y supuestos que no
tienen nada que ver con la realidad actual. Le puedo leer algunas en
las que todavía estaba sin acordarse el incremento de las pensiones
mínimas, por ejemplo. Lo plantea usted cuando dice: No obstante es
preciso no olvidar que todo lo anteriormente indicado se vería
afectado si se produjera una desviación al alza del IPC previsto para
1999, o si se llevara a cabo un posible incremento de las pensiones
mínimas, actualmente objeto de discusión. Este documento es anterior,
ya no sólo porque sí hay acuerdo sobre pensiones mínimas, por lo
menos con los agentes sociales, no con las Cámaras -está en los
presupuestos-, y desde luego también es anterior en cuanto al
concepto del fondo de reserva, porque aquí habla de desviaciones del
IPC en 1999, calcule usted las desviaciones que se están produciendo;
estamos en el 2,4 ó 2,5. El Gobierno ha previsto 2,4 hasta fin de
año, veremos cuál es la situación y si esa desviación no pondrá en
crisis el fondo de reserva, que ya lo han anunciado, por cierto,
fondo de reserva que está en manifiesta contradicción con su informe,
con lo cual me alegro que haya una decisión política de que se
constituya. El fondo de reserva, señor ministro, ¿se constituirá en
el 2001 o en el 2000 y bajo qué planteamiento, bajo qué concepto? Lo
digo porque lógicamente se constituirá con la liquidación de
presupuestos, si hiciera caso a su informe. Ya le digo que si la
decisión política es que se constituya en cualquier caso, bienvenido
sea.
El concepto que plantea para determinar los excedentes de ese fondo
de reserva mi grupo lo puede compartir, el exceso de cotizaciones
sobre prestaciones contributivas, pero le puedo asegurar que la
Seguridad Social, con todo lo mal que estaba, según dice usted, y lo
bien que está, es excedente de cotizaciones sobre prestaciones
económicas en la última década. Los momento más altos de esos
excedentes se produjeron en 1992, 1993 y 1994, en 1995 se produjo un
descenso importante y a partir de 1996, que baja en el límite mínimo,
empieza a crecer otra vez hasta 488.000 millones, por debajo de los
excedentes que existían en 1994. Lo digo para definir un concepto,
porque no pretendo sólo entrar en una discusión de buenos y malos.
Usted lo dice de vez en cuando. De acuerdo, entremos en esa
discusión, discutamos en profundidad qué puede ser el fondo de
reserva, cómo se determinan esos excedentes, la pregunta se la
plantea usted en su informe, pero encontremos la contestación y la
solución a ese problema, que no es sencillo. Si el excedente tal
cual, como está definido en la ley y como lo define usted en su
informe, es el que es, yo no sé por qué no constituimos mucho más
fondo de reserva para el año que viene. ¿O el fondo de reserva tiene
que ser simplemente la decisión de lo que el Gobierno pretenda
y decida aportar a los complementos a mínimos, que
es lo que se deduce en parte del informe o de la situación que se
está produciendo? Estamos teniendo declaraciones ambiguas al
respecto. Pues bien, vamos a ver si profundizamos y entramos en ese
concepto para definir qué es ese fondo de reserva.
Nosotros no tenemos la percepción de que se hayan cumplido las
recomendaciones del pacto de Toledo. Usted se comprometió a algo y no
sé por qué lo hizo. Se quiso comprometer a que la separación de
fuentes de financiación fuera antes del año 2000, excepto, y lo puso
en una ley, los complementos a mínimos. Podríamos decir: antes del
año 2000, no. Dice: año 2000, nos hemos retrasado un año, es poco;
puede ser, pero nadie le dijo que lo hiciera usted antes del año
2000, pero usted se comprometió, y resulta que ni hemos tenido
comisión para el seguimiento del Pacto de Toledo ni cumplieron
ustedes lo de la separación de las fuentes. Es cierto, se ha avanzado
en la separación de fuentes y en lo que se refiere a todos los tipos
de conceptos, excepto en complementos a mínimos, tema de enorme
importancia, que además sabemos que es una de las claves
fundamentales del debate, porque estamos hablando de 600.000 millones
de pesetas, que no es una cifra cualquiera. Mi opinión sobre el tema,
y esperemos que se le vaya cambiando la voluntad al Gobierno como en
otras cosas, es que al final habrá que convencerles de que los
complementos a mínimos tienen el significado que ustedes dijeron en
la ley, y no estamos discutiendo cuál va a ser su naturaleza en estos
momentos después de haber sido definida en una ley. Lo metieron
ustedes en la ley, ¿cómo lo vamos a discutir ahora otra vez? Es
verdad que podemos modificar la ley, pero la única decisión que
ustedes han tomado es que se plasme y se visualice que en los
complementos a mínimos las aportaciones del Estado son menores.
Permítame que le diga, y se lo digo con la intención clara de mi
grupo, señor ministro, de que lo fundamental es buscar los elementos
de acuerdo para el futuro del sistema, que ustedes tienen tantas
ganas de decir que suben las pensiones a los pensionistas que entran
en unas contradicciones manifiestas. Se lo explico. Una cosa es la
subida de los complementos a mínimos, de las mínimas, que es un
debate, y otra cosa es la subida de las pensiones. Usted sabe ya muy
bien todo esto. Ustedes en este documento del Pacto de Toledo
necesitan decir que han hecho algo contrario a lo que han dicho,
ustedes necesitan decir en este documento que han subido más las
pensiones de lo que era el mantenimiento del poder adquisitivo. ¿Eso
es bueno o es malo, señor ministro? Para los pensionistas debe ser
bueno. ¿Para el sistema? Porque en la ley decía que había que
mantener el poder adquisitivo del sistema, y fíjese que le estoy
diferenciando entre mínimos de pensiones y pensiones. Nos
convencieron ustedes a nosotros y a toda la Cámara. Presentaron una
ley que decía que manteníamos el poder adquisitivo de las pensiones.
Es cierto que luego lo modificamos en la ley de 1998, presionado por
todos, señor ministro, pero usted se lo tuvo que tragar. La
iniciativa la tomó usted en el Senado, presionado por todos, y
absorbimos las diferencias que se podían producir en contra de los
pensionistas como consecuencia de las previsiones de inflación
diferentes.
Fíjese cuál es la situación. Ustedes presentan un informe donde dicen
que, como consecuencia de la desviación
del IPC, van a subir las pensiones -por cierto, en mi opinión lo han
hecho mal, pero da lo mismo, no voy a entrar en esa discusión porque
es accidental-. Hombre, para el mantenimiento del poder adquisitivo
utilice la inflación que dice el INE, no la que diga yo, en términos
medios para calcular el poder adquisitivo. Pero es igual, es cierto
lo que dice usted, suben más las pensiones que lo que ha subido el
IPC, digo la revalorización general, no estoy hablando de pensiones
mínimas, que es otro concepto y lo quiero diferenciar muy claramente.
Usted nos dice que eso tiene una repercusión en gasto para el futuro,
porque les gusta decir que va a haber mucho incremento de pensiones,
de 1,2 billones, señor ministro. ¿Sabe usted que todas las reformas
que ha hecho para disminuir el gasto futuro del sistema de la
Seguridad Social son diez veces menos? Explíqueme usted qué hacemos.
Las contradicciones de fondo en las que se mete en su informe son
muchas, y nosotros siempre hemos querido distinguir, y se lo digo
bien claramente, lo que eran las pensiones mínimas como consecuencia
de una política determinada, redistributiva hemos definido nosotros,
y por eso ese debate de quién subió más las pensiones o no era un
debate extraño, porque hubo en un momento una decisión política en
que se dijo: las pensiones mínimas súbanse hasta el salario mínimo
interprofesional. Usted ya sabe de qué va el tema más o menos: la
pensión de jubilación con cónyuge a cargo, etcétera, para no entrar
en el conjunto del sistema de pensiones, que sería mucho más
problemático. Nosotros insistimos permanentemente en que eso no tiene
que ser financiado con cotizaciones sociales, es decir, que eso se lo
tiene que plantear el Estado en sus políticas financieras para que no
afecte al sistema de financiación de la Seguridad Social. Se decidió
en un momento, porque el sistema estaba mucho más debilitado, porque
las pensiones estaban mucho más bajas, subir rápidamente las
pensiones mínimas hasta el salario mínimo, con el margen de la cuota
de Seguridad Social para igualar -porque hablábamos en términos
brutos y en términos netos, como sabe el señor ministro-, y a partir
de ese momento, hubo una subida rápida de pensiones mínimas. Ahora se
ha planteado otra vez el debate de las pensiones mínimas y ha pasado
lo que ha pasado. Nosotros no hemos planteado nunca, y seguimos sin
hacerlo, que las pensiones mínimas sean financiadas con cotizaciones
de la Seguridad Social, porque es contradictorio con los complementos
a mínimos, y usted lo sabe, pero usted ha decidido subir las
pensiones mínimas este año también financiadas con cotizaciones
sociales. Eso es lo que nos preocupa de las contradicciones que
permanentemente vemos entre las resoluciones del Pacto de Toledo y lo
que creemos que está haciendo el Gobierno.
En ese escenario usted entra en unos debates sibilinos, amables, más
duros cuando habla por los medios de comunicación y cuando está por
ahi de campaña electoral, señor ministro, que es entendible, tampoco
pasa nada, para qué nos vamos a engañar. Su Ministerio se llama de
Trabajo y Asuntos Sociales ¿Por qué le ha puesto usted de Asuntos
Sociales, porque es competencia exclusiva de las comunidades
autónomas? Será por eso. Si entra en esos matices a nosotros no nos
va a generar ningún problema, no se engañe, nadie le va a cuestionar
que el tema sea Seguridad Social o no. ¿Los servicios sociales son
Seguridad Social o
no, cuando todo el mundo dice que es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas? Y está en la Ley de Seguridad Social, no
faltaba más. Ese debate no nos lleva a ningún sitio, salvo si estamos
en campaña electoral, que si quiere lo hacemos, no pasa nada. Le
aseguro que yo me encuentro cómodo en ese debate. Usted sabe que los
pensionistas en este país no tienen la misma situación en las
distintas comunidades autónomas, y no estoy hablando de la pensión
tal o cual, sino de la situación, y es normal. Usted sí que tiene la
obligación de conocer cuál es la situación de los pensionistas en
todo el Estado y tiene la obligación de tomar las medidas concertadas
o convenidas con las comunidades autónomas para mejorar la situación
de los que peor estén, y eso sí debería hacerlo; hágalo, conoceremos
cuál es la realidad, y no pasará nada; las comunidades autónomas se
pondrán contentas de que llegue a acuerdos con ellas para pagar más
donde haya que hacerlo.
Hay aspectos sobre el cumplimiento que nosotros no podemos compartir
con usted. Sobre la constitución de reservas ya le he marcado algunos
puntos y algunos matices. Sobre la separación de fuentes ya sé una
parte de su contestación y se la anticipo para que el debate sea más
interesante. Que ustedes para el año que viene se hayan empeñado en
que el Instituto Nacional de Empleo no sea financiado prácticamente
por ninguna transferencia del Estado, sino que sea financiado por
cuotas (cotizaciones sociales o cuotas de desempleo) cuando el Pacto
de Toledo dice claramente que eso no debería ocurrir... Ya sé que
ustedes van a decir que las políticas pasivas las tenemos que
transformar en políticas activas. Señor ministro, si a usted le
hubiera parecido tan bueno el Pacto de Toledo como dice que es y si
usted creyera en el espíritu del Pacto de Toledo, por lo menos lo
habríamos discutido para ponernos de acuerdo. ¿O no? Ahora usted
tiene la percha para introducir ese debate. Bienvenido sea ese
debate, señor ministro, porque es enormemente importante, ya que las
cuotas de desempleo tienen un excedente sobre prestaciones
contributivas de desempleo de 800.000 millones, si no me equivoco. Es
evidente que si metemos los subsidios, el REASS o más cosas, el
superávit va disminuyendo, pero estamos hablando de esas cifras; por
eso ese debate es importante.
Permítame que le haga una pregunta. ¿Qué es lo que piensa usted que
son políticas activas? Yo pienso que el objetivo que define las
políticas activas es mejorar la situación de los trabajadores para
que sean contratados. Creo que, más o menos, es eso. Sin ninguna
duda, el concepto se podrá matizar y se podrá definir mucho mejor que
la simplificación que estoy produciendo en este momento. Pagar cuotas
a los empresarios ¿qué es? ¿Sabe lo que es eso, señor ministro? Pagar
el desempleo a los empresarios, permítame que se lo diga. Tal como se
está haciendo es pagar el desempleo a los empresarios. Más política
pasiva... Ese es un debate importante, aunque posiblemente exceda en
una parte lo que es el debate en esta Comisión; digo una parte porque
en el Pacto de Toledo el punto de las cotizaciones sociales sí que
está. Nuestro grupo estará dispuesto a todo lo que sea para mejorar
la empleabilidad de los trabajadores. Estará dispuesto a entender con
usted que eso puede ser articulado a través de cotizaciones, si nos
ponemos de acuerdo entre todos los grupos; lo que sea necesario para
mejorar la empleabilidad, pero no me diga usted que mejorar la
empleabilidad es subvencionar al empresario. Yo por ahí no lo veo.
Cuando hablo de mejorar su empleabilidad me refiero a formación,
etcétera. Por tanto, o estamos hablando de cosas distintas o tendremos
que intentar articular los mecanismos para ponernos de acuerdo. Lo
digo para poner de manifiesto aquellos puntos en los que nosotros
mantenemos divergencias y que creo que deberían plantearse.
Hay aspectos que nosotros reconocemos. ¿Cómo no vamos a decir que se
han adoptado medidas? Sí que se han adoptado medidas en los límites
máximos de cotización; es verdad que se están acercando las bases,
sin ningún tipo de duda. También se han adoptado medidas en otros
temas, pero hay otros aspectos en los que nos hemos metido en un lío,
en algunos de ellos ayudados por usted, señor ministro, porque lo de
las jubilaciones anticipadas..., tela marinera en el lío que nos
hemos metido, cuando es un tema de enorme importancia. Digo en el lío
que nos hemos metido porque el Pacto de Toledo decía algo muy claro,
y usted lo sabe. Yo no sé si hemos hecho algo a favor, porque más
bien da la sensación de que todo el Gobierno está en contra. Desde
luego no hemos avanzado para discutir en profundidad sobre este tipo
de problemas.
Sistemas complementarios. Acaba de aprobarse el reglamento de la Ley
de seguros, como usted sabe, aunque en este documento, al tener una
redacción anterior, se dice que no existe -ya pueden corregirlo-. Es
cierto que es una parte del compromiso contraído y también es cierto
que volvemos a hacerlo el último día, pero es verdad que se ha hecho.
¿Sabe usted, señor ministro, que en los presupuestos que vamos a
discutir dentro de unos días las posibilidades de desgravar los
fondos de pensiones se duplican? De 1,2 a 2,2 millones. Lo
discutiremos cuando se debata la ley. ¿Sabe la opinión que yo tengo
de lo que está pasando? Que en la concepción que tienen ustedes no
tiene nada que ver el sistema complementario con el sistema de
pensiones. Ustedes no están pensando en el sistema de pensiones
cuando regulan los fondos de pensiones. ¿Qué renta hace falta tener
para aportar 2,2 millones a un fondo de pensiones? Eso no tiene nada
que ver con nuestras pensiones, ese es otro mundo. ¡Si estamos
hablando de cifras de 200.000 pesetas al mes! Pero, ¿quién puede
hacer eso? Por eso le digo que la concepción que tienen ustedes en
algunos planteamientos a mí me parece que tiene mucho más que ver con
el rescate de rentas de capital. Podríamos discutir hasta que eso
estuviera bien, pero no dentro de lo que es el sistema complementario
del sistema de las pensiones.
Señor ministro, si usted viene a esta Comisión y la voluntad del
Gobierno es no analizar sólo los elementos coyunturales -nosotros no
tenemos ningún problema en analizar los elementos de una buena
coyuntura económica y qué puede pasar cuando esta no pueda ser tan
buena-, sino discutir el futuro de la Seguridad Social y qué medidas
se van a adoptar, no se preocupe, que nosotros trabajaremos
claramente en esa dirección. Ahora bien, en mi opinión, lo que ha
pasado hasta ahora con el Pacto de Toledo ha sido un incumplimiento
importante en temas clave, fundamentalmente en los financieros. Las
medidas que se han adoptado, según sus propios datos, ahorran menos
que las medidas que hemos empleado, y no digo que estas me parezcan
mal (las revalorizaciones y sus efectos, etcétera),me parecen bien.
En cualquier caso, le vuelvo a repetir que
en esa línea encontrará nuestra colaboración; en las demás líneas, si
quiere, haremos campaña electoral, porque le aseguro que ahí nos
encontramos también muy cómodos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Ricardo
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia, ya que, como decía el representante del Grupo
Socialista, nos constaba su interés desde hace tiempo por comparecer
y desde luego celebramos que se haya producido. Ojalá podamos acordar
finalmente todo el calendario y el proceso de comparecencias
solicitadas por todos los grupos, lo que creo que sería bueno, puesto
que nos permitiría llevar a cabo un trabajo consensuado, que es, y me
gustaría empezar por aquí, la característica fundamental del Pacto de
Toledo, señor ministro.
Yo, y lo sabe usted perfectamente, estoy harto de decir que del Pacto
de Toledo se han dicho muchas cosas pero fundamentalmente es un
consenso que nació en el Parlamento. Este es un tema que ustedes han
olvidado absolutamente y ese sin lugar a dudas ha sido el daño más
grande que han producido ustedes al Pacto de Toledo. En los cerca de
cuatro años que llevan ustedes en el Gobierno prácticamente no han
convocado nunca a las fuerzas políticas para hablar sobre el Pacto de
Toledo. Nunca, señor ministro. Entiendo que usted mueva la cabeza,
pero le enseño sus papeles, este libro que nos ha repartido. En el
documento titulado remisión de información sobre ejecución
presupuestaria a las Cortes Generales, apartado 10, dice que se
remitió información el 14 de enero de 1993, 28 de julio de 1993, 27
de julio de 1994, 10 de enero de 1995, 28 de abril de 1995, 10 de
octubre de 1995, 7 de febrero de 1996, 25 de abril de 1996 -todavía
no gobernaban ustedes- y 11 de julio de 1996, fecha en que ya
gobernaban. Ya no hay nada más. No, señor ministro, no me lo estoy
inventando, está aquí, en el apartado trámite de remisión de
información sobre la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social
a las comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado, documento
suyo. Siguiente documento, señor ministro, comparecencias en la
subcomisión para el seguimiento del Pacto de Toledo. La última de
estas comparecencias -y ésta aquí, señor ministro, no me lo invento
yo- tuvo lugar el 8 de octubre de 1996, hace más de tres años; a
partir de esa fecha, ni una. Señor ministro, se constituyó al
comienzo de esta legislatura -no ha hecho referencia a ese tema,
posiblemente porque no les guste- esa subcomisión para el seguimiento
del Pacto de Toledo, donde se produjeron comparecencias hasta octubre
de 1996, y esa subcomisión fue cerrada por la mayoría de esta Cámara
-y usted sabe perfectamente qué mayoría- por entender que la misma
tenía un plazo de seis meses, y le dio carpetazo. Desde ese momento,
señor ministro, y lo acredita esta documentación, no hay ningún
mecanismo específico de seguimiento del Pacto de Toledo a nivel
parlamentario, un pacto que nació aquí, en el Parlamento. Ustedes han
prescindido absolutamente de ese apartado y es un apartado básico y
fundamental que si hubiera sido observado por ustedes, estoy
convencido de que algunas de las cosas que ustedes dicen y denuncian
no se hubieran producido. Está esa denuncia reiterada que han hecho
ustedes
desde hace más de un año de que varias comunidades autónomas -yo le
he oído a usted hacer referencia a la Andaluza, pero quiero
recordarle que también hay otras, aunque no haga referencia a ellas,
por ejemplo la del señor Pujol, aunque usted ha pasado olímpicamente
de ese tema y lo ha ocultado en su información- han anunciado una
medida, que al día de hoy el Tribunal Constitucional dice que en
principio entra en el marco de competencias de las comunidades
autónomas y no la ha suspendido. Le digo lo que dice al día de hoy el
Tribunal Constitucional. En el futuro ¿qué dirá el Tribunal
Constitucional? Dejémosle que libre y desde luego acertadamente
establezca su criterio. No intentemos condicionarle. Yo estoy
convencido de que si hubiera habido un debate y un diálogo político,
ese tipo de problemas seguramente no se hubiera producido, y si
hubiera habido un diálogo social, con más sensibilidad por parte de
ustedes, seguramente tampoco se hubiera producido.
Señor ministro, ha hecho referencia al acta de la comisión sindical
de seguimiento del Pacto de Toledo. Ha tenido usted que reconocer que
el 3 de marzo de 1999 los sindicatos le pedían un aumento de las
pensiones en el contexto de una coyuntura económica alcista y el
Gobierno hizo oídos sordos. Firmó y dijo: de eso no quiero saber
nada. Eso sí, inmediatamente salió usted, señor ministro, diciendo
que ese comunicado desautorizaba lo que había hecho la Junta de
Andalucía. Pero no se le ocurrió a usted decir que inmediatamente
había que ponerse a trabajar para revalorizar las pensiones;
revalorizar las pensiones, insisto, en marzo de 1999, momento en el
que se estaba pensando en este año 1999, y por lo que llevamos de año
da la impresión de que las pensiones a lo más que pueden aspirar es a
igualar un IPC que al día de hoy está desbordado. Las previsiones del
Gobierno de actualizarlo en un 30 por ciento, del 1,8 al 2,4, hoy ya
son bajas. Es mejor que no hagan previsiones ustedes, señor ministro,
porque en años pasados se les fue por lo bajo afortunadamente, pero
este año se les está desbocando por arriba. Eso tiene incidencia en
el presupuesto de la Seguridad Social de este año 1999, porque las
cotizaciones y los ingresos subieron el 1,8. Los gastos al final van
a subir más de esa cifra y puede haber una desviación de más de
100.000 millones de pesetas en el presupuesto de este año 1999.
En definitiva, señor ministro, yo creo que ese abandono del consenso
político lo han practicado ustedes a rajatabla. Han querido ustedes
apuntarse exclusivamente las banderas y los éxitos, que los hay, de
un acuerdo con las organizaciones sindicales, que a nosotros nos ha
parecido positivo, porque el Pacto de Toledo decía que era necesario
ese consenso, y bienvenido sea y ojalá pueda continuar, pero han
intentado apuntárselo en exclusiva. Eso les lleva a mantener hoy en
su intervención un sesgo partidista poco favorable a los trabajos de
esta Comisión. Así comienza su informe que nos ha leído usted, punto
primero: Desde la aprobación del informe, en abril de 1995 a mayo de
1996, no se tiene constancia de que se hubiera desarrollado actividad
alguna encaminada a un posible desarrollo de las recomendaciones del
consenso parlamentario. Eso es falso, señor ministro. Usted sabe -y
le diría que corrija en la línea de lo que le ha dicho el portavoz
socialista- que hubo un proyecto de real decreto de desarrollo de la
responsabilidad empresarial, que era el segundo párrafo de la
recomendación doce del Pacto de
Toledo; proyecto de real decreto sometido incluso a informe del
Consejo Económico y Social. Hasta ese extremo de avance se llegó en
esa medida concreta de desarrollo del Pacto de Toledo, pero en ese
terreno ustedes no han hecho absolutamente nada. Hoy no hay ninguna
regulación de ese tema. Ustedes no lo quieren regular. En relación a
lo que el anterior Gobierno hizo en el período de abril de 1995 a
mayo de 1996, ustedes, con cuatro veces más de tiempo - vamos camino
de cuatro años de gestión-, no han hecho nada, porque el tema de las
recomendaciones del Pacto de Toledo no les gusta. Ustedes han
dedicado mucho interés a los fondos complementarios de pensiones,
incluso yo creo que se les ha ido la mano, que hay una quiebra
significativa en lo que entendemos que es un sistema complementario
de un sistema principal de Seguridad Social, a tenor de las medidas
que están tomando. Es la política que tienen ustedes. Pero no hablen
de aquel otro tema que le señalaba, señor ministro, porque es
radicalmente falso.
Ha dicho usted que en el año 1995 había alarma social en torno al
futuro de las pensiones (El señor Camps Devesa: Sí.), -son
expresiones literales que he tomado de su intervención-, había grupos
parlamentarios que hacían referencia a la quiebra de regímenes de la
Seguridad Social. Señor ministro, ¿qué grupos parlamentarios eran
esos? ¿Les puede usted poner nombre y apellidos a esos grupos
parlamentarios? (El señor Campuzano i Canadès: Solbes.) Porque a lo
mejor nos aclaramos. Yo quiero recordarle a usted, señor ministro, lo
que decía el señor Barea. El señor Barea publica por aquellas fechas
un librito hablando de la quiebra del Estado español, nada menos, y
ese señor es el que a continuación pasa a formar parte del núcleo de
la Moncloa y hoy ya ni siquiera está allí, porque ese es el camino
que ha hecho. Señor ministro, ¿qué sectores sociales son los que
traen aquí al ex ministro del señor Pinochet a que nos hable de la
quiebra del sistema público de la Seguridad Social? ¿Quiénes jaleaban
al señor Piñera? Usted nunca, yo lo celebro.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, vaya concluyendo.
El señor PERALTAORTEGA: Voy terminando, señor presidente.
Creo que sería bueno recordar esas cosas. Señor Pimentel, en aquella
época, en los años 1994 y 1995, la situación de la Seguridad Social
no era catastrófica, no lo era; créame, hoy la Seguridad Social no
está en esa situación idílica que usted nos ha presentado. El Pacto
de Toledo es un intento de abordar la problemática estructural de la
Seguridad Social en nuestro país -situación que también se da en
otros países-, ir más allá de la coyuntura concreta. En un momento de
deterioro económico como fueron los primeros años de esta década, en
concreto los años 1993 y 1994, la coyuntura era mala y los sistemas
de protección social, que tienen la obligación de atender esas
situaciones, echaron el resto y las atendieron. En un momento de
coyuntura económica alcista como la actual, evidentemente se produce
una situación distinta. Pero hay problemas estructurales de fondo en
la Seguridad Social que son los que tenemos que abordar, señor
ministro, y eso creo que no se ha hecho; desde luego, en la
intervención que usted ha hecho hoy aquí, en absoluto. Sin
embargo, señor ministro, el contenido de su intervención nos obliga a
contestarle para dejar las cosas en el terreno adecuado. Créame, se
lo digo con sinceridad, no es positivo ese camino. Si usted lo toma,
obliga a los grupos parlamentarios a intentar contestarle en ese
terreno, pero es un camino que no nos conduce a ninguna parte.
En la anterior reunión tuve ocasión de decir que hacer la
convocatoria del Pacto de Toledo en puertas de unas elecciones y a
bombo y platillo tenía determinados riesgos que deberíamos intentar
evitar para trabajar con rigor; al Gobierno cabe pedirle
especialmente responsabilidades en ese terreno. No venga usted a
decirnos, señor ministro, que la situación es que no hay
absolutamente ningún problema, porque eso no es verdad; los hay en
España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, pero en
esos países se están tomando medidas. Creo que hay problemas y es
necesario abordar medidas, y en este terreno hay, lógicamente,
distintas posiciones; hay quienes entendemos que es prioritario
garantizar una protección suficiente, que es lo que dice la
Constitución; hay otros grupos políticos que hacen hincapié
exclusivamente en un equilibrio financiero, por encima de todo, y no
dudan en recortar determinadas prestaciones y determinadas medidas de
ese tipo. Ese será el debate que tendremos que mantener con rigor
para garantizar que nuestro sistema perdure, que tiene muchos años
-muchos años antes de que ustedes llegaran al Gobierno- y estará
muchos años después de que ustedes lo dejen, señor ministro, puede
estar absolutamente convencido de ello, pero los que estamos hoy aquí
tenemos la obligación de trabajar en ese terreno y su intervención en
ese sentido, señor ministro, no ha contribuido a ello en absoluto.
Usted tiene toda la libertad para apuntarse los tantos que estime
oportunos sobre su gestión, quizá no es este el terreno más adecuado,
porque este es un terreno de consenso.
Usted ha terminado su intervención haciendo referencia a que esta
legislatura es la del empleo, es la legislatura del «España va bien»,
señor ministro. Créame, hay quienes entendemos que es una legislatura
en la que se ha producido la mayor rebaja fiscal que se había
conocido nunca a las rentas altas de este país, es la mejor
legislatura en la historia que han tenido los ricos de este país, sin
lugar a dudas; ha sido la legislatura con más deterioro de servicios
públicos esenciales: enseñanza, sanidad, etcétera; ha sido una
legislatura de una siniestralidad laboral pavorosa, señor ministro, y
lo digo por citar temas de su Ministerio a los que usted no hace la
menor referencia. Es una legislatura en que se incumplen acuerdos
firmados con los sindicatos. Desde el 1 de enero de 1998 los
trabajadores eventuales agrarios tendrían que estar en el desempleo,
señor ministro. Al día de hoy eso no se ha cumplido. Pero, insisto,
esto sólo sirve para tirarnos la pelota los unos a los otros. Los
problemas estructurales de la Seguridad Social están ahí, en España
y en otros países de la Unión Europea. Esta Comisión tenía por objeto
abordarlos con rigor y con consenso. Creo que sería bueno que
recuperara usted ese espíritu de consenso y seguro que ello nos
permitiría abordar con rigor los problemas, que los hay, que no son
de ninguna manera alarmistas, como algunas personas a las que usted
ha conocido y muy cercanas a usted han dicho en algún momento
determinado; en absoluto, pero qué duda cabe...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le ruego que concluya.
El señor PERALTA ORTEGA: Concluyo, señor presidente. Pero qué duda
cabe de que los hay y que sería bueno que los abordáramos con la
perspectiva de darles solución y garantizar efectivamente el
funcionamiento de una pieza esencial del Estado de bienestar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra don Jon Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Quiero agradecer en nombre de mi grupo
parlamentario la presencia del ministro de Trabajo, señor Pimentel,
para marcar en esta primera comparecencia las pautas que va a seguir
el Gobierno para abordar los trabajos de esta Comisión.
A este respecto previamente quisiera hacer alguna consideración, más
al presidente que al señor ministro. Creo que sería conveniente que
establezcamos una reordenación de los trabajos de la Comisión. Quiero
recordar que en la última Comisión se aprobaron tres acuerdos: el
primero era solicitar el informe de valoración del cumplimiento del
Pacto de Toledo. Se puede pensar que esta valoración está recogida en
la información que nos han enviado, pero es que nos la han enviado
hace dos días y este portavoz tuvo conocimiento ayer por la tarde de
que estaba convocada para hoy esta comparecencia. Creo que tendríamos
que cuidar más estos aspectos si queremos hacer efectiva la labor de
la Comisión. Por eso rogaría a la Mesa de la Comisión, primero, que
nos enviara a los portavoces los acuerdos que se tomen y, en segundo
lugar, que tengamos tiempo suficiente para estudiar los informes
antes de las comparecencias. Por otra parte, el tercer acuerdo hacía
referencia a una propuesta de mi grupo parlamentario en la que
solicitábamos una manifestación de la Comisión para evitar que a la
vez que está trabajando esta Comisión existan debates y medidas
paralelas, en el Parlamento y fuera de él, referentes al sistema de
la Seguridad Social. Proponíamos que se hiciera un esfuerzo para
llegar a un consenso entre todos para evitar esto. Como veo que es
complicado y que otros grupos parlamentarios no opinaban así, mi
grupo parlamentario retira aquella propuesta de recomendación y no va
a hacer ningún escrito de propuesta; simplemente pretendía, de forma
constructiva, que verdaderamente fuera esta Comisión la que liderara
todos aquellos debates y aquellas medidas que tuvieran relación con
el sistema público de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, si no le importa, para no
confundir lo que es una intervención dirigida a la Presidencia de la
Mesa de la intervención dirigida al compareciente, quiero
puntualizarle dos cuestiones.
En primer lugar, creo que todos los miembros de la Comisión le
agradecemos la retirada de aquella propuesta inicial, que en
principio dejamos aparcada hasta que su grupo madurara su contenido.
Veo que la maduración le conduce a retirarla, lo cual, repito, le
agradecemos.
En segundo lugar, en aquella reunión de trabajo de la Comisión se
delegó en la Mesa la ordenación de los trabajos. Se recibieron, a
través de Registro, las solicitudes de
comparecencias de los diferentes grupos y ayer conseguimos empezar a
identificar el orden de su presencia ante esta Comisión, y por ese
motivo celebramos hoy esta comparecencia de la que, como sabe, se
llevaba hablando desde que constituimos la Comisión, comparecencia
que no sólo estaba pedida por el Gobierno sino que inclusive fue
solicitada por el Grupo Socialista y posteriormente por todos los
grupos cuando han tenido tiempo de elevar sus solicitudes.
La tercera consideración está en relación con el informe. Se pidió al
ministro que el informe fuera enviado con antelación a su
comparecencia y puede que S.S. considere insuficientes 48 horas,
debido al volumen de la información o a que todos los grupos no
tienen la misma capacidad numérica y, por tanto, no pueden abordar
igual los problemas que se vienen encima con la tarea parlamentaria,
pero lo cierto es que el mencionado informe llegó el lunes y, por
tanto, con las 48 horas de antelación que se consideran como límite
para estas cuestiones.
Todos estos acuerdos han sido tomados de forma unánime por los
miembros de la Mesa, en quienes delegaron los miembros de la Comisión
para ordenar los trabajos. En cualquier caso, acepto la parte de
responsabilidad que como presidente me corresponde si ha habido
alguna falta de comunicación a su grupo.
Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: No voy a entrar en ese debate, porque creo
que no es el momento; de todas formas, creo que el informe consta de
siete volúmenes.
Vamos a lo fundamental. En principio, lo fundamental es que esta
comparecencia no es tanto para pedir aclaraciones al Gobierno sobre
estos informes como para saber cuál es la posición del Gobierno
respecto a lo que van a ser los trabajos de esta Comisión y los
acuerdos que se tomen. En ese aspecto, me gustaría saber si este
Gobierno -hay que pensar que cuando se concluyeron los acuerdos del
Pacto de Toledo había otro Gobierno- va a mantener la misma dinámica;
es decir, el Pacto de Toledo, después de llegar a un consenso
prácticamente unánime, emite un informe con una serie de
recomendaciones, un informe instando al Gobierno a que establezca una
serie de medidas. Posteriormente, el Gobierno consensúa este
documento con los sindicatos -con dos, no con todos- y ahí, en esa
discusión, no entra otro agente social, como es la patronal. Al
final, eso se traduce en una ley, la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, que es donde
verdaderamente se reflejan las modificaciones o las medidas que
habría que tomar en relación con el sistema de Seguridad Social.
Desde nuestro punto de vista, y aunque esa ley, en su trámite
parlamentario, tiene que venir otra vez al Parlamento, ese
procedimiento margina de alguna forma a la propia Comisión del Pacto
de Toledo, por cuanto que todas estas cuestiones deben ser abordadas
con el mayor consenso posible entre agentes sociales y fuerzas
políticas, sin exclusión de ninguna. Yo creo que las recomendaciones
del Pacto de Toledo quedaron tamizadas por los acuerdos del Gobierno
con los sindicatos, lo que impidió el desarrollo completo del citado
acuerdo, tanto en algunas medidas como en la profundidad de las
recogidas en el citado pacto. Me gustaría saber si a partir de ahora
se va a seguir con este sistema; es decir, si cuando esta nueva
Comisión del Pacto de Toledo establezca sus recomendaciones éstas
serán negociadas y tratadas con los sindicatos mayoritarios para,
luego, traducirse en una propuesta de proyecto legislativo que traiga
el Gobierno a las Cámaras. Desde este punto de vista, me gustaría
saber qué mecánica tiene prevista el Gobierno.
Por otra parte, y sin entrar en las diferencias entre las
recomendaciones establecidas en el pacto y lo que, al final, se ha
traducido en ley, quiero decir que si algo se ha desarrollado del
Pacto de Toledo ha sido el punto 14, ya que hubo una subcomisión
parlamentaria trabajando en ello dos años y, al final, se emitió un
informe, que fue aprobado por el Parlamento como proposición no de
ley y que, desde luego, ha tenido un desarrollo importante en la
normativa legislativa, fundamentalmente en la fiscal, pero que
todavía está sin desarrollar completamente; no se recogen en
profundidad todos los acuerdos de esta proposición no de ley que
aprobó el Parlamento. Lo digo como referencia: en el punto al que más
tiempo ha dedicado el Parlamento, el relativo a sistemas
complementarios de previsión social, todavía quedan por cumplir
varias de las propuestas recogidas.
Al margen de esto, quiero dejar constancia de una cuestión. Mi grupo
parlamentario tiene la misma disposición que tuvo en la anterior
etapa en que se trataron estos temas, tiene el mismo planteamiento,
va a trabajar con la misma responsabilidad, pero quiere dejar
constancia de un hecho, como puso de manifiesto en la anterior etapa,
por llamarla de alguna forma, del Pacto de Toledo. Me refiero a las
reformas estructurales del sistema de la Seguridad Social y su encaje
en el Estado de las autonomías con las competencias que éstas tienen
en estas materias. Recordarán SS.SS. y también el ministro que
nuestro grupo parlamentario aprobó el Pacto de Toledo, pero presentó
dos enmiendas, enmiendas que quedaron incorporadas al informe y en
las que hacía referencia a aquellos aspectos que mi grupo
parlamentario proponía y que no fueron recogidos en el Pacto de
Toledo. Estas enmiendas hacían referencia, por supuesto, al encaje de
las competencias de las comunidades autónomas en el sistema de la
Seguridad Social, que quedaba totalmente anulado en el Pacto de
Toledo, cosa que, por lo que veo, se va a repetir en esta nueva
etapa. Éste es un asunto importante que no se puede obviar. El
sistema de Seguridad Social, independientemente de su equilibrio
financiero global, está administrado no sólo por el Estado, sino
también por las comunidades autónomas que tienen competencias en la
materia. Por tanto, eso no se puede obviar, como no se puede obviar a
las comunidades autónomas.
En consecuencia, nosotros vamos a participar activa y
constructivamente en todos los debates y estamos de acuerdo en que
hay que mantener un sistema público de Seguridad Social que sea
universal, suficiente, que no sea regresivo y que sea solidario,
pero, desde luego, reclamamos y seguiremos reclamando el cumplimiento
del Estatuto de Guernica y de las competencias que están pendientes
de transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la etapa
anterior no se quiso entrar en la descentralización del sistema, con
lo cual se dejó de contemplar una situación real, una situación de
hecho y que vemos que tiene mucha importancia, ya que hay muchas
comunidades autónomas que tienen capacidad para establecer algunas
medidas relacionadas con el propio sistema de la Seguridad Social.
Por
tanto, nosotros, como digo, vamos a trabajar, primero, proponiendo
que se cumplan todas aquellas medidas que no se han cumplido;
segundo, vamos a trabajar en la Comisión para consolidar el sistema,
pero, desde luego, también le puedo decir al señor ministro que vamos
a priorizar la definición y el desarrollo del sistema descentralizado
de Seguridad Social, precisamente de forma que contemple la
distribución de competencias a las comunidades autónomas. Si esta vez
nuevamente se va a eludir esa situación, le puedo decir que mi grupo
parlamentario se va a plantear la participación en esta Comisión. No
quisiéramos que se diera esta situación y trataremos de evitarla al
máximo, pero desde luego para nosotros esto es fundamental, para
nosotros y para todas las comunidades autónomas que tienen
competencia en estas materias, ya que creemos que tienen algo que
decir en lo que va a ser el futuro sistema de la Seguridad Social.
Por lo tanto, quiero dejar claro el planteamiento y la posición de mi
grupo parlamentario. Primero, responsabilidad ante estos trabajos,
colaboración y aportación, pero también la exigencia de que se
contemple la reforma estructural del sistema de la Seguridad Social,
que, de acuerdo con los estatutos de autonomía y la Constitución,
está formada por comunidades autónomas que tienen competencia en
estas materias. Desde nuestro punto de vista, esto no se puede
eludir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con esta primera comparecencia del
señor ministro (al cual le queremos agradecer el que desde el primer
momento, como se ha recordado, haya tenido una plena disponibilidad
para participar en los debates de esta Comisión) inicia su andadura
esta Comisión no permanente. Y lo hace, creemos entender, al objeto
inicialmente de valorar lo que ha sido en esta legislatura la
aplicación del Pacto de Toledo, partiendo también del convencimiento
de que es evidente que en relación a todas estas cuestiones, no tan
sólo en el Estado español sino en el conjunto de Europa, estamos
inmersos desde hace bastante tiempo -previsiblemente vamos a estarlo
durante bastante más- en plena reflexión sobre la viabilidad de
nuestros sistemas públicos de protección social. Por lo tanto, creo
que un análisis sereno de los trabajos de esta Comisión no debe
producir en los grupos parlamentarios una excesiva inquietud ni
tampoco el que en su primera intervención el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales se haya limitado a hacer una valoración de los
aspectos que efectivamente han funcionado a lo largo de esta
legislatura. Yo creo que tendremos oportunidad en lo que resta de
legislatura, hasta el 31 de diciembre, y evidentemente en la próxima
legislatura de analizar a fondo los elementos estructurales que hoy,
igual que en 1995, abren interrogantes sobre el funcionamiento del
Estado del bienestar en el Estado español, porque este debate -creo
que todos coincidiremos en ello- no es un debate exclusivo del Estado
español, sino un debate abierto hoy en todo el mundo occidental
y fundamentado en el Estado del bienestar. No hay más que leer estos
días en la prensa los debates que están
teniendo lugar en Italia o en Francia, que son debates sobre los
sistemas de la Seguridad Social.
Con toda tranquilidad debemos iniciar este proceso, que se debe
caracterizar por unos elementos que yo creo que hasta ahora hemos
compartido en lo esencial, como es la voluntad de que en el Estado
español continúe existiendo un sistema público de protección social.
Yo creo que el objetivo que todos debemos compartir es éste, en 1995,
en 1999 y para el 2015 y el 2020. Así pues, a mí no me produce hoy
una especial inquietud que el señor ministro haya hecho, como era
previsible por otra parte que hiciese, una valoración positiva de
cuál ha sido su gestión en este ámbito. Ese no es el debate
importante de esta Comisión y vamos a tener oportunidad de avanzar en
las discusiones más estructurales.
Dicho esto, con respecto a lo que a nosotros nos toca hoy hablar, que
es del desarrollo del Pacto de Toledo entre 1996 y 1999, hacemos un
balance positivo, satisfactorio y moderado -esto es evidente- en
relación en primer lugar a tres cuestiones marco, que creo que son
las que tienen un valor político cualitativo. Este período se ha
caracterizado por un intenso diálogo social, y eso para nosotros es
fundamental para poder afrontar este proceso de reflexión y de
reforma del Estado de bienestar. No se va a poder tomar ninguna
medida de reforma del Estado de bienestar que prevea su viabilidad si
no existe un consenso social en relación a esas reformas. Por tanto,
primera cuestión, nosotros hemos compartido desde el primer día la
actitud del Gobierno de buscar encuentros con todos los agentes
sociales. La segunda cuestión que quiero que quede clara es que es
evidente que para el mantenimiento del Estado de bienestar la buena
marcha de la economía, el crecimiento de la economía y el de la
ocupación es una condición sine qua non, por tanto, la orientación de
las políticas económicas globales continúa siendo un elemento
fundamental si queremos ser capaces de mantener el Estado de
bienestar. En el Estado español continúan siendo preocupantes, a
pesar de la buena marcha de la economía, nuestras tasas de actividad,
de ahí que el crecimiento de las tasas de actividad, de las tasas de
gente ocupada sea fundamental en los próximos años.
Yla tercera cuestión es el acuerdo político en relación a la
reflexión y a las reformas. Yo creo que en esta legislatura ha sido
importante que la ley de aplicación del Pacto de Toledo se aprobase
prácticamente por unanimidad. Creo recordar que tan solo Izquierda
Unida se mantuvo al margen de esa mayoría, pero el Partido Socialista
Obrero Español, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Vasco,
creo recordar que los diputados de Iniciativa per Catalunya, aunque
no sé si los de Nueva Izquierda, y los diputados lógicamente de
Convergència i Unió votamos a favor de la Ley de racionalización y
consolidación del sistema de Seguridad Social. La ley más importante
de desarrollo del Pacto de Toledo se aprobó por esa mayoría rotunda y
yo creo que eso es bueno. Y la posterior modificación que se produjo
en el Senado, como se ha recordado, en relación al mantenimiento o a
la consolidación de los incrementos del IPC también tuvo allí esa
mayoría unánime. Creo que aquí se ha sido terriblemente injusto
acusando al Gobierno de no haber buscado el consenso político en el
Parlamento a través de la Comisión de seguimiento del Pacto de
Toledo. Digo terriblemente injusto porque el Grupo Socialista no
firmó la petición de creación de la Comisión de seguimiento
a principios de la legislatura y posteriormente tampoco votó dicha
creación. Es un hecho, por lo que yo creo que no tiene ninguna
legitimidad el que el Grupo Socialista acuse al Gobierno de no haber
buscado el consenso.
Una segunda cuestión es que el mecanismo parlamentario que diseñamos
fue un mecanismo inadecuado, entre otras cosas porque en esta Cámara
las comisiones de estudio, las subcomisiones, tienen por desgracia
una limitación temporal de seis meses. Por ese motivo al cabo de esos
seis meses la Comisión terminó sus trabajos sin haber podido realizar
ninguna de sus funciones. De ahí la virtud, creo yo, de que en esta
fase final de la legislatura Convergència i Unió propusiese que el
seguimiento del Pacto de Toledo se hiciese en una Comisión no
permanente, por tanto con un carácter estable a lo largo de la
legislatura, porque ello no nos obligaba a hacer los trabajos en un
período determinado. En este caso esta Comisión va a durar hasta que
finalice la legislatura, poco tiempo, pero si llegásemos al acuerdo
de crearla en la legislatura siguiente, nos permitiría establecer un
instrumento permanente de seguimiento, de generación de consenso. Por
tanto, no es un problema del Gobierno, sino que en todo caso las
leyes que se han aprobado han tenido el espacio parlamentario
suficiente para ser aprobadas y yo creo que el objetivo de buscar el
acuerdo político continúa siendo fundamental para que estas reformas
tengan sentido.
Dicho esto, yo manifestaba que tenemos un balance positivo y
moderado. Es evidente que se ha avanzado de manera significativa en
la separación de fuentes, al margen del elemento polémico de los
complementos de mínimos, se ha avanzado en la mejora de las bases y
en la mejora de la recaudación y la lucha contra el fraude, se ha
avanzado en la aplicación de los principios de equidad y el carácter
contributivo del sistema, se ha avanzado sustancialmente en relación
al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, se ha
avanzado en los principios de solidaridad, garantía y suficiencia del
sistema, se ha mejorado la gestión de la incapacidad temporal y la
invalidez y se ha avanzado en la definición de los sistemas
complementarios, recomendaciones todas ellas del Pacto de Toledo. Se
podría haber avanzado más o menos, pero que en todos estos aspectos
se ha avanzado es algo indiscutible y en todos ellos hoy estamos
mejor que en 1995. En la mayoría de estos aspectos, las medidas que
ha tomado el Gobierno han contado con apoyos parlamentarios que iban
más allá del Grupo Popular y de los grupos parlamentarios que, a lo
largo de esta legislatura, hemos dado apoyo al Gobierno, porque en la
mayoría de estas materias se ha llegado a acuerdo, como mínimo, con
el Grupo Socialista.
No se ha avanzado sustancialmente en materias importantes. No se ha
avanzado hasta estos presupuestos en la constitución del fondo de
reserva, es evidente, y quizá sea lógico que haya sido así. No se ha
avanzado suficientemente en el terreno de los regímenes especiales;
creo que ahí hay una asignatura pendiente grave, especialmente en
relación al régimen de los autónomos, donde la mayoría de las
inquietudes que manifestábamos los grupos en 1995 continúa estando
pendiente. No se ha avanzado suficientemente en una mayor integración
de la gestión de la Seguridad Social. No se ha avanzado
suficientemente en la reducciónde las cotizaciones sociales; ha
habido un gesto en estos
presupuestos respecto a ese 0,25 por ciento de la cotización en
relación a las prestaciones por desocupación, pero no se ha avanzado
suficientemente, continúa quedando pendiente una de las
recomendaciones del informe Delors sobre la baja generalizada de las
cotizaciones sociales de los empleos de menor cualificación. Tampoco
hemos avanzado en la posibilidad de flexibilizar el retraso en la
edad de jubilación, otra de las recomendaciones del Pacto de Toledo
que estaba ahí.
El balance debe ser ése. De esas quince recomendaciones del Pacto de
Toledo, en la 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13 y en la 14, ha habido avances
sustanicales respecto a aquello que teníamos en 1995. En las otras,
seguramente el balance es mucho más pobre. Aparte de esta primera
comparecencia, en las que se celebren con los altos cargos en la
próxima semana o la otra tendremos más oportunidades de ir
profundizando en cada uno de estos aspectos.
Creo que es importante que, en esta primera comparecencia del
ministro de Trabajo, hagamos algunas reflexiones de orden genérico
que afectan a los aspectos estructurales del sistema de Seguridad
Social. Por ejemplo, recordemos que en el año 1970 el 9,7 por ciento
de la población española era mayor de 65 años, que en 1996 este
porcentaje llegaba al 15,6 y que las previsiones del INE son que en
el 2020 los mayores de 65 años representarán el 20,6 de la población
española. Eso va a tener consecuencias en materia de pensiones, en
materia de asistencia sanitaria, en materia de asistencia social,
tanto domiciliaria como de residencias de gente mayor, e impacto en
las prestaciones de carácter farmacéutico. Un primer elemento que
creo que nos debemos plantear es qué respuesta da el Estado del
bienestar a esta realidad demográfica: 20,6 por ciento de la
población española mayor de 65 años en el año 2020.
Segunda reflexión. En 1977 existían 2,77 personas que cotizaban por
cada pensionista; en 1992, esta relación se había reducido hasta
cuotas inferiores a los 2 cotizantes por pensionista, 1,95; en el año
1998, en un momento de recuperación de la economía, de creación de
empleo, nos manteníamos en ese 1,95 cotizantes por pensionista. No
hablemos de los regímenes especiales donde, si no funcionase un
sistema de solidaridad, estaríamos hablando de quiebra en la mayoría
de ellos. Aesa evolución demográfica es a la que debemos dar
respuesta.
En 1980 el gasto por pensiones contributivas equivalía a un 55 por
ciento de las cotizaciones; en 1992, esta proporción llegaba al 77
por ciento; y en 1999 llega al 89 por ciento. Ahí se nos vuelve a
plantear otro de los elementos estructurales del sistema público de
pensiones. Entre 1977 y 1992, el número de pensionistas se incrementó
en un 71 por ciento, mientras que el número de cotizantes lo hacía en
un 29 por ciento; entre 1992 y 1998, los pensionistas han crecido un
13,9 por ciento, mientras que los cotizantes ocupados lo han hecho en
un 6 por ciento.
Creo, señorías, que estos elementos son los que nos deben obligar a
ser capaces de avanzar en algunos debates, cómo afrontamos el
fenómeno migratorio, si somos capaces de dar respuesta a las
necesidades de mano de obra, de rejuvenecimiento de nuestra sociedad
y también de mantenimiento del sistema público de pensiones a través
de la llegada de nuevos trabajadores y nuevos cotizantes. Estamos
en pleno debate de reforma de la Ley de extranjería y para
nuestro grupo sería importante que la misma se produjese en esta
legislatura. Sería importante que, si el señor ministro de Trabajo
tuviese opinión al respecto, la manifestase hoy. Habría que debatir
si somos capaces de incorporar gente joven al mercado laboral y, al
mismo tiempo, retrasar la edad de jubilación de personas que, a los
65 años, seguramente están en plenas condiciones físicas, mentales y
profesionales de ofrecer su trabajo y cómo se vincula eso al Estado
del bienestar y al mantenimiento de las pensiones. Habría que debatir
cómo damos respuesta a la problemática que antes del verano fue
objeto de pronunciamientos del señor ministro sobre las jubilaciones
anticipadas, que tienen un coste improtantísimo para el erario
público, si vamos a ser capaces de afrontarlo en este debate sobre el
Pacto de Toledo.
Una última reflexión, si me permiten, y enlazo con lo que el señor
Zabalía nos planteaba antes. Yo no tenía intención de plantearlo esta
mañana, pero el señor ministro me obliga. Desde una perspectiva
estrictamente respetuosa con el actual marco legal, y ya no digo
desde la perspectiva estrictamente política en relación a lo que
Convergència i Unió representa, entendemos que hoy la adaptación del
Estado del bienestar a la realidad plurinacional del Estado debe
partir también del hecho de que nuestras sociedades, las que nos
afirmamos como sociedades nacionales, tienen también diferencias en
materia social que justifican un desarrollo propio del Estado del
bienestar. Por tanto, el debate en el conjunto del Estado sobre el
despliegue territorial del Estado del bienestar va tener que tener en
cuenta esas diferencias de las propias sociedades. Por tanto, de la
misma manera que, en los debates de 1995, optamos por guardar las
reflexiones que hacían referencia a un horizonte de máximos, como las
relativas a la gestión desde Cataluña del sistema de la Seguridad
Social, es evidente que vamos a tener que volver a abrir este debate,
no sé si en este final de legislatura o en el inicio de la siguiente,
pero nos parece absolutamente necesario.
Si me lo permite, señor ministro, la respuesta del legislador a la
necesidad de defender la capacidad adquisitva del pensionista, en
relación al deterioro que la inflación producía en las cuantías de
dinero que recibía, fue precisamente garantizar por ley ese poder
adquisitivo, pero eso no da respuestas a una realidad existente hoy,
ya que en diferentes ámbitos del Estado español, ya sea en el
municipal o en el territorial, existen inflaciones diferentes,
existen entornos sociales diferentes, que deterioran más o menos esa
capacidad adquisitva de los pensionistas, y a eso hay que dar algún
tipo de respuesta. Quizás, la respuesta que hemos dado desde el
Gobierno catalán o desde el andaluz no haya sido la mejor, no lo sé
-no entremos en ese debate-, pero hay que dar respuesta al problema
de que la inflación afecta negativamente más a unos pensionistas del
Estado español que a otros. Por tanto, creo que es otro de los
debates importantes que habrá que plantear.
Nosotros pretendemos, en esta Comisión no permanente, en lo que nos
quede de legislatura y en la siguiente, avanzar en la solución de los
temas de fondo, partiendo del convencimiento de que en esta
legislatura hemos avanzado,por lo que nos podemos sentir
moderadamente satisfechos,
y la línea a seguir es la de profundizar en esas recomendaciones del
Pacto de Toledo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor ministro, me sumo a aquellos grupos
que le han agradecido antes que yo su presencia en esta Comisión para
dar cuenta de las realizaciones que ha habido a lo largo de esta
legislatura respecto a la aplicación del Pacto de Toledo. Al mismo
tiempo tengo que decirle que mi agradecimiento está de alguna forma
mediatizado por la constatación de que hay un retraso muy notables en
cuanto al cumplimiento de la recomendación número 15 del Pacto de
Toledo. También me sumo a aquellos grupos que constataban
críticamente que por parte de la acción gubernamental a lo largo de
estos años, respecto al Pacto de Toledo, se ha producido una
distorsión en dos aspectos: por un lado, en lo sustantivo, y ahora
diré las críticas que me merece; por otro lado, en cuanto al método
en función del cual se ha adoptado la aplicación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Ciertamente, la número 15 no se
ha cumplido; la número 15, que es la que se refiere a los métodos de
seguimiento por parte de las fuerzas que suscribieron el Pacto de
Toledo a lo largo de estos años, el Gobierno no ha propiciado que se
cumpliera. Ha adoptado un método radicalmente distinto, que ha sido
una especie de neocorporativización a la carta, a su antojo, la
utilización de los sindicatos y del consenso que con ellos ha
conseguido cuando le convenía. Sin embargo, cuando no le convenía, se
ha limitado a apartar a los sindicatos y las fuerzas sociales y
económicas para seguir haciendo su voluntad política de forma
autónoma, y voy a dar ejemplos sobre este tema.
La utilización de los acuerdos con los sindicatos para obviar el
cumplimiento de la recomendación número 15 -con las fuerzas de esta
Cámara era con quien tenía que reproducir permanentemente el
consenso-, ciertamente ha sido una realidad que hoy constatamos. Como
consecuencia de la necesidad de que se volviese a constituir esta
Comisión, se ha forzado al Gobierno a dar luz verde por la vía de los
grupos parlamentarios que le apoyan en esta Cámara. Gracias a eso hoy
tenemos esta reunión y recomponemos de alguna forma, aunque tarde, el
consenso o por lo menos el clima, el plano en el que se produjo el
consenso del Pacto de Toledo. Decir esto me impele a seguir
planteando cuáles han sido otras distorsiones que se han producido en
las recomendaciones del Pacto de Toledo desde nuestro punto de vista.
Nosotros no suscribimos en su momento la ley reformadora, consecuente
al consenso con los sindicatos, que desarrollaba algunas
recomendaciones, porque se producía una lectura regresiva del Pacto
de Toledo. Hoy podemos verlo. Nuestra síntesis podrá ser criticable
por parcial, pero en cualquier caso es legítima, y es la siguiente:
se ha utilizado las recomendaciones del Pacto de Toledo, en primer
lugar, para hacer viable el mantenimiento del sistema público de
pensiones, lo que nos parece estupendo, y por eso suscribimos el
Pacto de Toledo; se ha utilizado las recomendaciones para recortar
las pensiones públicas del futuro, y, año a año, hay que recordar que
se va sumando un año más en el cálculo de la base reguladora a
efectos del
cálculo de la pensión concreta, que sin duda alguna será menor que
las expectativas que tenía un trabajador en activo para cuando fuese
pensionista, en función de un método u otro. Esta es una de las
aplicaciones concretas, de las más concretas que ha tenido la acción
legislativa y reformadora de este período de sesiones, por los
distintos métodos que ya analizamos en su día.
Junto a este elemento de recorte de las pensiones para el
mantenimiento del sistema, se han primado las pensiones
complementarias privadas, sin consensuarse siquiera con los
sindicatos, sino con algunos grupos de la Cámara en particular e
incluso con la acción del Gobierno, presupuesto a presupuesto, como
ahora tendremos ocasión de discutir en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000. Estos dos elementos son estructurales.
Para mantener el sistema público de pensiones, objetivo que
compartimos plenamente, el método que se adopta es la utilización de
las recomendaciones del Pacto de Toledo, por ejemplo, no sólo la 9
sino también la número 5, de perseguir, de culpabilizar las pensiones
de incapacidad y, por esa vía, ir recortando la cuantía concreta del
gasto en pensiones públicas y al mismo tiempo ir primando las
pensiones privadas. Desde nuestro punto de vista, este es el milagro
que este Gobierno produce para el mantenimiento del sistema público
de pensiones.
Por eso, como sabemos perfectamente que los datos que aportaba el
representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
son reales, son ciertos, y deberán producir un debate, el debate
sustantivo del Estado del bienestar para el futuro, nosotros votamos
que no a este método de mantener el sistema público de pensiones,
porque para el futuro va a seguir aplicándose el mismo método. Por
tanto, nosotros entendemos que este no es el camino que hay que
recorrer para el mantenimiento del sistema público de pensiones, sino
que el método a seguir depende de una voluntad política del
mantenimiento del sistema público de pensiones, pese a las variables
demográficas y económicas de realidad de mercado de trabajo,
etcétera, que se van produciendo en función de la evolución de la
vida misma y de la globalización económica.
Este sí es el debate, pero en cualquier caso eso no evita que
tengamos que analizar los elementos de forma global y de forma
parcial, porque incluso dentro de los mismos planteamientos ya
concretos de las recomendaciones del Pacto de Toledo se han
incumplido cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, como la
separación de fuentes de financiación de las prestaciones de la
Seguridad Social, que no se ha cumplido (también se puede ver el vaso
lleno y el vaso medio vacío), pero el hecho de que hoy todavía se
esté titubeando respecto a la financiación de los complementos a
mínimos nos parece escandaloso, porque es muy gordo. Es muy
estructural que, cuando estamos viendo una asistencialización de las
prestaciones, en función de la deriva del mercado de trabajo, que es
por eso por lo que nos reunimos en el Pacto de Toledo, todavía no se
sepa quién va a financiar los complementos a mínimos que seguirán
progresando en el futuro. Es necesario acabar con ese titubeo y dar
confianza a los pensionistas del futuro de que los complemento a
mínimos, primero, van a seguir existiendo y, segundo, van a ser
financiados sin poner en
peligro la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y por
tanto financiados con la fiscalidad general.
Aparte de eso, tampoco se ha procedido a la cancelación de los
supuestos préstamos a nivel contable y nosotros creemos que también
eso es muy importante. Aparte de eso, incluso en aquello que se ha
acometido financieramente por parte de la imposición general, como
son los servicios sociales, se hace de forma muy cicatera porque es
uno de los elementos que menos progresa en su cuantía, cuando más
necesidad tiene de una financiación cada vez mayor cuantitativamente,
porque la longevidad, que es un elemento bueno para aquellos a quien
se pretende servir con el Estado del bienestar, que es para los
ciudadanos y para los trabajadores, comporta determinados problemas
que no se pueden abordar con la insuficiente cuantía presupuestaria
de los 200.000 millones de pesetas que se destinan a esta cuestión.
Por tanto, el que se diga que ya lo financia el Estado nos parece muy
bien, pero es insuficiente porque se está congelando, cuando no
reduciendo, esta partida para financiarla por parte del Estado.
Junto a esto hay otras cuestiones. Afortunadamente el fondo de
reserva ya se va a constituir, pero no se han abordado los criterios
de objetividad en función de los cuales se adopten esas reservas en
el futuro. Por tanto, es la aleatoriedad de la acción gubernamental y
de los grupos que apoyen al Gobierno en cada momento la que
determinará o no qué cuantía o qué partidas se destinan a constituir
reservas, cuando ciertamente a nosotros se nos antoja que los
excedentes en la relación entre prestaciones contributivas y
cotizaciones sociales son mayores, y han sido mayores en el pasado,
que lo que se vaya a destinar para constituir reservas. Ese es un
debate en el que tenemos que participar todos. Tampoco en este punto
se ha planteado, hasta ahora, por parte del Gobierno una discusión a
fondo.
Se nos dice que no se ha aplicado la recomendación número 8, que se
tenía la voluntad de no hacerlo incluso en el acuerdo, pero sí se han
ido haciendo reducciones de cotizaciones selectivas, en función de
las bonificaciones a la contratación. También en este aspecto hay que
recordar que las cotizaciones de los trabajadores de la mar han
tenido un retroceso cualitativo, en la medida en que hoy no cotizan
en base al salario real, sino todo lo contrario. Hay otras
cuestiones, por ejemplo, como ya he dicho. La recomendación número 5
se ha utilizado para luchar de una forma no simétrica contra la
economía irregular. Ayer se nos decía que había una persecución muy
importante del fraude empresarial, pero hasta ahora no hemos tenido
esa noticia -que ha aparecido en la prensa-, porque no se han
articulado los medios adecuados por parte de las administraciones
laborales y de la inspección de trabajo como para acudir a esa lucha
contra la economía irregular de forma sistemática, sino todo lo
contrario, se ha luchado contra la economía sumergida, adoptando una
formas de introducción de flexibilidad en el mercado de trabajo que
consistían pura y simplemente en hacer legal lo que antes era ilegal.
De esta forma, al final, no salen las cuentas de la relación entre
cotizaciones y afiliados.
Por otro lado, hay elementos que se quedan sin cumplir por parte del
Pacto de Toledo, como el de los regímenes especiales. Ésta es una
clamorosa ausencia en el balance que se tiene que hacer. Otra
clamorosa ausencia es la de los
métodos de gestión. Yo no puedo decir eso. Yo creo que se han ido
desarrollando de facto unos cambios en la gestión, sin consenso, sin
adoptar los objetivos y los métodos de forma consensuada, sino
unilateralmente por parte del Gobierno, en una deriva hacia unos
derroteros que no nos parecen los más convenientes. Por ejemplo, se
han privatizado en la gestión parcialmente segmentos de las
administraciones de la Seguridad Social; se ha derivado a las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, como su
mismo nombre indica, debe dedicarse a eso una cuantía creciente de la
gestión de las contingencias comunes, y se ha utilizado la vía de las
circulares internas para interpretar, recortando siempre las
prestaciones, lo que era la ley. Me parece que esta gestión se ha
hecho de facto, de forma muy regresiva.
El desempleo, que de alguna forma quedaba orillado de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, se ha ido utilizando para
financiar lo que han sido las políticas activas. Todo esto arroja un
balance que no es el que nos hace hoy el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. La orientación general de la acción del Gobierno
respecto al desarrollo de la recomendación del Pacto de Toledo,
teniendo algunos elementos positivos en la orientación general,
contiene peligros muy importantes para el futuro. De seguir así, y
ante la problemática que nos planteaba el representante de
Convergencia i Unió, tendremos que ir reduciendo poco a poco la
cobertura de la función resarcitoria que tienen las pensiones
públicas, para ir dando paso a que lo que en la Constitución es
complementario, que son las pensiones privadas, empiecen a ser
principales respecto a esa función sustitutoria de las rentas
salariales que ya no tienen los pensionistas. Ese es el peligro que
entraña una interpretación regresiva del Pacto de Toledo. Alguna vez
tendrá que entender esta Cámara y otros grupos parlamentarios el
discurso de Izquierda Unida. Obviamente, es necesario hablar de todas
estas cuestiones porque son el futuro.
Permítame que le diga, señor ministro de Trabajo, que este Gobierno
tiene un problema con sus aliados, porque le han colocado dos bombas
importantes en la línea de flotación del buque de la Seguridad
Social. Si su objetivo real es mantener el sistema público de
pensiones en lo que la Constitución nos obliga a todos, van a tener
que contar con el consenso que, desde ahora mismo, Izquierda Unida
ofrece a este Gobierno y al que venga, para evitar que haya una
ruptura del sistema público de la Seguridad Social. Y también para
evitar que debates que son legítimos, respecto al futuro del Estado
del bienestar, promuevan de nuevo ese clima catastrofista que suscitó
en su día un diagnóstico de crisis que forzó la aplicación del Pacto
de Toledo. Porque no es lo mismo hacer un diagnóstico de crisis del
sistema público de pensiones, que hacer un diagnóstico de
insuficiencia de las prestaciones. Por tanto, ponerse al servicio de
cubrir los objetivos de la suficiencia de las pensiones, no es lo
mismo que orientar la acción de gobierno. Por parte de este Gobierno
ha habido una orientación para mantener la aplicación del desarrollo
legislativo, el acuerdo y la Ley 24/1997, pero sin abordar los
elementos positivos que tenía esa ley, que era la actualización de
las pensiones, ya que éstas seguían siendo insuficientes. Por eso,
cuando alguna comunidad autónoma ha dicho algo que era de cajón,
elemental, la constatación de que las pensiones mínimas
eran insuficientes, la postura del Ministerio no es concebible sino
en función de la posición que se adoptaba respecto al desarrollo del
Pacto de Toledo. Se estaba seguro en la creencia de que ese acuerdo y
esa ley garantizaban todo lo que tenía que hacer el Gobierno respecto
a las pensiones. Diagnóstico crisis, resuelto. Diagnóstico
insuficiencia, ignorado. Por tanto, nosotros entendemos que ese punto
de vista hay que rectificarlo y que ese punto de vista es el que debe
forzar el desarrollo de las discusiones de esta Comisión y de la
acción gubernamental en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don
Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.
Debo felicitarle por el contenido de la misma, pero sobre todo a mi
grupo le gustaría felicitarle por el hecho de que su comparecencia
está abriendo una nueva etapa en la Seguridad Social, una nueva etapa
en lo que es la evaluación y el seguimiento del Pacto de Toledo, y a
mi grupo le llena de orgullo que eso se produzca bajo la hégira de un
gobierno popular, que ha venido aquí a dar cuenta de lo que ha hecho
en estos últimos años y que ha venido también a hablar de cuál es el
futuro que debe tener nuestro sistema de Seguridad Social.
Probablemente, señor presidente, en mi intervención sea menos
ardoroso que otros portavoces, tal vez mi estilo también sea
distinto, pero es que tampoco quiero que de mi intervención surja la
más mínima duda sobre posibilidades, sobre situaciones, sobre
catástrofes, sobre desastres o cualquier tipo de situación que pueda
en absoluto alarmar o intranquilizar a nuestros pensionistas actuales
o a los que algún día aspiramos a serlo. Y quiero tomar justamente
palabras de un diputado que no era de mi grupo, pronunciadas en esta
Cámara hace cinco años, relativas a esta materia, cuando decía que
nos reconciliábamos ante nosotros mismos y ante la nación como
políticos y como legisladores cuando aprobábamos el Pacto de Toledo.
Hablaba ese político, del principal grupo de la oposición hoy, de que
dejábamos de lado cuestiones secundarias o intereses partidistas para
abordar el futuro de un gran problema nacional como era el futuro de
nuestras pensiones y que con el dictamen que entonces votamos todos
casi por unanimidad garantizábamos una forma de entender y organizar
la vida social, ordenada bajo criterios de solidaridad
intergeneracional y de solidaridad interterritorial, que algunos
parece que han olvidado.
Pues bien, señor ministro, con ese mismo espíritu mi grupo afronta
esta nueva etapa, espíritu compatible con nuestro irreductible
compromiso con la Constitución y con el sistema público de pensiones.
Pero además lo hacemos con los pies en el suelo, permítanme la
expresión, porque no podríamos seguir hablando de nuestro sistema de
protección social si no supiéramos dónde estamos en este momento, ya
que es difícil saber a dónde vamos si no sabemos de dónde partimos. Y
ahí es verdad que tiene usted la culpa, señor ministro. Tiene la
culpa de haber sido ministro de este Gobierno durante estos últimos
años y de haber tenido que gestionar el cumplimiento y el desarrollo
del Pacto de Toledo y además haberlo hecho de la manera que lo ha
hecho. Se lo ha recordado un grupo y nosotros también
se lo vamos a decir. Usted, señor ministro, tiene la culpa de
cómo está la Seguridad Social en estos momentos. Es una culpa suya.
Se lo han recordado y nosotros se lo queremos decir también. Usted
tiene la culpa. Además, es una culpa que comparte con agentes
sociales y con grupos políticos; con el grupo político que yo
represento aquí y con otros muchos grupos políticos de esta Cámara.
Tal vez sea una culpa que no quieren otros grupos políticos de esta
Cámara. Allá ellos. Pero, señorías, es difícil hablar de dónde vamos
sin saber de dónde partimos. El señor ministro, en su comparecencia
de hoy, ha sido extremadamente respetuoso con el Grupo Socialista,
pero, a nuestro juicio, teníamos que hablar de dónde nos
encontrábamos para saber hacia dónde queríamos ir.
Señor ministro, a nosotros, hablar de cómo estaba la Seguridad Social
hace cinco años no nos importa nada; a nosotros, hablar de justificar
ejecuciones de prácticas de gobierno de hace cinco años no nos
importa absolutamente nada; a nosotros, reproducir debates políticos
ya tenidos en esta Cámara hace cinco o más años no nos interesa en
absoluto. A mi grupo parlamentario le interesa cómo está la Seguridad
Social hoy para saber cómo va a ser la Seguridad Social de mañana.
Cuando otros grupos parlamentarios hablaban del desarrollo del pacto
-que sí, hay una referencia muy breve por el contenido de la misma,
claro, como no podía ser de otra manera, en el último año de gobierno
socialista- y que éste haya sido prácticamente nimio, nosotros le
damos el valor de la anécdota. Sí, no se desarrolló el pacto, es
verdad, e incluso ponen ejemplos que ni el propio grupo entonces de
gobierno y hoy de la oposición lo ponían cuando le preguntábamos
nosotros por ello. Hablan de reales decretos y de reglamentos sobre
la responsabilidad empresarial que dicen que estuvieron casi a punto
de salir y que hoy están paralizados. Señorías, si alguien sabe algo
de esto sabe que ese reglamento está parado en este país desde el año
1966. Desde el año 1966 han tenido mucho tiempo de ejercerlo. Por eso
le decimos, señor ministro, que hoy no queremos tener el debate de
hace cinco años, porque hoy no es el momento del debate de hace cinco
años. Nuestra Seguridad Social es bien distinta, mucho menos
preocupante, y a ello se ha referido el señor ministro, pero no por
ello, desde mi grupo parlamentario, podemos dejar de pensar cuál debe
ser la provisión de rentas para aquellos que no tengan suficiente,
por la adversidad de la vida económica o simplemente por el
transcurso de la vida biológica.
En el Partido Popular seguimos creyendo que desde los poderes
públicos se deben seguir construyendo los sistemas de bienestar que
aseguren una vida digna a todas las ciudadanas y a todos los
ciudadanos, como ha ocurrido en estos últimos años. Éste justamente
es el modelo que defendemos, el modelo que representa una de las
señas de identidad de la Unión Europea, y que es absolutamente
trasladable, tras un largo período histórico, a nuestro sistema
público de pensiones, que deseamos perviva en sus rasgos
fundamentales, durante las próximas décadas y bajo cualquier
gobierno, en España. Y lo deseamos fervientemente, señor ministro,
para defender un patrimonio que se ha construido con aportaciones de
todo tipo de personas, sin ningún color político, por la sencilla
razón de que este sistemapúblico de pensiones ha rendido, rinde y
debe seguir
rindiendo, un gran servicio a España, a sus trabajadores y a sus
ciudadanos más necesitados de protección. Es una evidencia que este
sistema contribuye de forma insustituible a mantener un nivel digno a
millones de españoles, y por ello era tan necesaria su consolidación,
que tan en duda estaba hace cinco años y que tan manifiesta realidad
es ahora. Además, ha demostrado, bien a las claras, quién estaba por
la pervivencia del sistema, por su crecimiento ordenado o por el
contrario quién estaba, o sigue estando, por su sustitución o por
hacer del sistema público de pensiones un campo de batalla
partidista. Al final, da igual por dónde vengan los ataques o cómo se
disfracen éstos, lo importante es saber en qué trinchera estamos, y
nosotros, el Partido Popular, siempre estaremos en la del sistema
público de pensiones, defendido en nuestra Constitución.
Es verdad, señorías, que ha habido constantes referencias a lo largo
de esta mañana respecto a que caben sistemas complementarios de
ahorro y de protección social, externos a la Seguridad Social, que
tengan por objetivo exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que
les otorga la Seguridad Social pública. Pero ello, señor ministro, y
alguna referencia le pediríamos al respecto en su posterior
intervención, mi grupo considera que nunca puede entenderse en
menoscabo de la suficiencia de nuestro sistema actual de pensiones.
Creemos que hoy debemos revalidar ese compromiso. Tenemos la suerte
de que en la Cámara y en el Grupo Socialista ya no está el señor
Solbes, con lo cual le será mucho más fácil al Grupo Socialista
revalidar ese compromiso con el sistema público de pensiones, pero
debemos hacerlo, además, con un compromiso sólido, que ya contrajimos
hace cinco años: el de mantener, bajo cualquier eventualidad, nuestro
sistema de protección social, pese a quien le pese. De no ser así,
acabaríamos dando la razón a quienes hace cinco años profetizaron
corta vida al Pacto de Toledo, y afortunadamente se equivocaron, o a
quienes hoy aún pretenden afirmar que lo que estamos haciendo en esta
Comisión no es más que una tregua o, peor aún, un ardid electoral.
Los populares, señor ministro, ni ponemos en duda ni sembramos
sospechas sobre las intenciones y los propósitos de otros, por más
que sembrar dudas y sospechas sea práctica habitual a la que estamos
acostumbrados por parte de otros grupos parlamentarios. Anosotros lo
que nos interesa es seguir resolviendo problemas, mejorar las
prestaciones de los más desfavorecidos y, sobre todo, despejar dudas
e incógnitas que puedan alcanzar a nuestros conciudadanos antes que
someterlos al fragor de batallas partidistas. Esas dudas y esas
incógnitas son las que ahora trasladaremos al señor ministro, pero,
aparte de la existencia de las mismas, ello no es óbice, en absoluto,
para que hayamos denunciado y vayamos a seguir haciéndolo, a quienes
no hayan sido respetuosos con el acuerdo que suscribimos hace cinco
años. Y no sólo no respetuosos sino profundamente incoherentes. Que
en esta Comisión hoy, después de cuatro años, tengamos que oír de
quienes nos acusaron en su momento de falta de sensibilidad social
porque desaparecía el Ministerio de Asuntos Sociales y se fundía con
el de Trabajo que cómo es que se llama este ministerio Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y que eso es competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, no sólo raya la incoherencia, señorías, sino
que raya incluso la propia inconsistencia del
discurso político. Si grave es ello, más grave aún es falsear la
realidad. Como parlamentario y como partícipe en aquella subcomisión,
señor ministro, no puedo dejar de expresar lo que me parece un
falseamiento grave de la misma con claro conocimiento por parte de
quien las hace.
La subcomisión que se creó al efecto al inicio de esta legislatura
para lo que fue el seguimiento de las medidas que el Gobierno tenía
que ir adoptando en cumplimiento del desarrollo del Pacto de Toledo,
se reunió -sí- las veces que pone en la documentación que el
Ministerio ha adoptado y, si no lo hizo más, no fue sólo porque el
plazo temporal de la misma se agotó, como ha recordado algún grupo
parlamentario, sino porque el principal grupo de la oposición de esta
Cámara exigió, porque había llegado el momento de presentar la ley de
consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad
Social, que cualquier medida legislativa no podía ya ser consensuada
en el ámbito de esa subcomisión sino que debía seguir el trámite
habitual, que era su discusión en la Comisión de Política Social o en
el Pleno del Congreso de los Diputados. Justamente esa exigencia,
cumplida por el Gobierno y por el resto de los grupos de esta Cámara,
sirve hoy para fundamentar no sé qué falta de rigor en el
cumplimiento de la recomendación de seguimiento por parte del
Gobierno de esta nación.
Además, señorías -y esto lo digo como parlamentario de esta Cámara-
no nos restemos legitimidad a nosotros mismos. El Pacto de Toledo es
un pacto entre grupos políticos, no es un pacto entre gobiernos y
grupos políticos. El Pacto de Toledo no lo convoca ni éste ni ningún
gobierno, lo convocamos nosotros, y he oído algunas manifestaciones
de algún digno representante socialista en esos términos. Por tanto,
no digamos que el Gobierno no ha llamado a convocatoria del Pacto de
Toledo en los últimos años cuando a él no le correspondía; la
convocatoria del Pacto de Toledo nos corresponde a nosotros. ¿Saben,
señorías, cuál es el primer grupo que ha convocado el Pacto de
Toledo? El Grupo Parlamentario Popular, con la proposición que,
enmendada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
ha dado lugar a esta Comisión. Es la primera vez que un grupo de esta
Cámara pide que se reúna el Pacto de Toledo en sede parlamentaria. Si
no fuera así, podríamos preguntarnos: A los que llaman tanto ahora a
esa falta de diálogo y de anuencia en la toma de decisiones, ¿cómo es
posible que en esta Cámara, donde no hemos parado de discutir de
Seguridad Social en los últimos tres años casi semanalmente, a
ninguno de esos grupo se le haya ocurrido decir: Esta es mi
proposición y discutámosla antes para ver si podemos llegar a un
acuerdo? No, no; la han presentado en el Registro de la Cámara y han
pedido su inclusión en los debates correspondientes. ¿Por qué piden a
los demás lo que no piden para ellos? Señorías, eso es incoherencia
política; incoherencia política y falsedad. Como cuando se nos habla
de las prestaciones por desempleo y de las bonificaciones cuando
saben -y están sentados en esta Cámara-, porque estuvieron en la
negociación del anterior Pacto de Toledo, o del Pacto de Toledo
porque Pacto de Toledo no hay más que uno, que las prestaciones por
desempleo quedaron fuera del pacto. Lo sabe sobradamente el Grupo
Socialista y vuelve con el retintín de la literalidad de una
recomendación. Por cierto, hay veces que las recomendaciones van en
su literalidad y otras hay que
interpretarlas de no sé qué manera más o menos progresista. Saben que
eso quedó prácticamente fuera.
Y no nos digan, por favor, que lo que hacen las bonificaciones
sociales al final es pagarles las prestaciones por desempleo a los
empresarios porque entonces, ¿qué les diríamos a ustedes? Las
subvenciones que daban ustedes eran regalarles el dinero directamente
a los empresarios de este país. (El señor Gimeno Marín pronuncia
palabras que no se perciben.) ¡Pues no hagan comentarios de ese tipo
que en nada ayudan al consenso que debemos tener en esta Cámara! Ya
sé que es muy efectista, pero con muchísima falta de rigor.
Nadie puede acusar al Gobierno ni al grupo parlamentario que
represento de haber conculcado ni la letra ni el espíritu del Pacto
de Toledo. Perdón, miento; sí que se ha conculcado una vez una
recomendación expresa del Pacto del Toledo, y lo ha dicho el señor
Vaquero, pero no en el sentido que él lo ha dicho: la decimoquinta.
Esto tendría que estar ocurriendo dentro de muchos meses. Es la única
vez, y con asentimiento de la Cámara, que se ha conculcado el Pacto
de Toledo. Esta Comisión debía nacer en abril del año que viene. Esa
única conculcación del pacto existe a instancias de mi grupo y con la
aquiescencia de toda la Cámara, y creo que lo hemos conculcado
afortunadamente porque hemos acabado con debates que en nada o en
poco contribuían a nuestro sistema de Seguridad Social.
Por tanto, señoría, señor ministro, si a unos les parecería mejor
haber ido más o menos rápido en la aplicación -bendita la prisa que
les entra a algunos cuando no han de tomar las decisiones-, si a
otros les parece que la interpretación tenía que haber sido más o
menos progresista o extensiva, a nosotros, al Grupo Parlamentario
Popular, el desarrollo del Pacto de Toledo nos parece más que
excelente, tanto en su contenido como en la celeridad de las
decisiones adoptadas, a lo que hemos de añadir, sin lugar a dudas, el
consenso social que las ha rodeado. Pedir más en menos tiempo a
nuestro juicio está dentro de la ilusión, y un país no lo gobiernan
magos ni ilusionistas; simplemente aspiramos a que lo gobierne gente
responsable que a lo más que aspire sea a ser también pensionista
como muchos millones de españoles.
Señor ministro, sí nos gustaría conocer -porque está claro que lo que
también otro grupo parlamentario denominó núcleo duro del Pacto de
Toledo ha sido sobradamente cumplido- cuál va a ser el impulso de las
recomendaciones menos desarrolladas del Pacto de Toledo, las de
integración de la gestión, la que afecta a la financiación de los
regímenes especiales y a su simplificación, que ahora se encuentran
en un momento de menor desarrollo que las que eran núcleo duro y
fundamentales para poder acometer el resto.
Nos queda mucho camino por recorrer, es verdad, se ha andado mucho,
también es verdad; pero permítanme, señorías, señor presidente, que
diga lo que escribió el poeta: Que al volver la vista atrás solo
veamos la senda que nunca hemos de volver a pisar y que hoy debemos
estar preocupados por el camino que aún nos queda a todos por hacer
al andar. Por ello, señor ministro, cuando mi grupo habla de
desarrollo del Pacto de Toledo nunca habla de incumplimientos, porque
es difícil incumplir lo que no tiene vencimiento temporal -y tal vez
ahí me pierda como jurista-.
Solo hay un Pacto de Toledo y éste debe estar siempre presente.
Anosotros nos corresponde, en función del mandato del propio pacto,
de esa recomendación decimoquinta que he dicho, estudiar el presente
y el futuro de nuestro Sistema de Seguridad Social, cuestión difícil
de hacer si tuvieran un vencimiento real las recomendaciones del
pacto. En definitiva, señor ministro, lo que nos corresponde es
seguir avanzando en beneficio de nuestros pensionistas y de los que
algún día aspiramos a serlo. Para el Grupo Parlamentario Popular,
señorías, el Pacto de Toledo es revisión permanente, adaptación
permanente y sobre todo compromiso permanente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, hace cinco años -y hago
mías esas palabras- el entonces portavoz del grupo parlamentario
mayoritario que apoyaba al Gobierno decía textualmente que había
incógnitas e interrogantes sobre la viabilidad financiera de nuestro
sistema de pensiones. No se lo ha inventado nadie, lo decía hace
cinco años el principal portavoz del entonces grupo mayoritario que
apoyaba al Gobierno en esta Cámara. Hoy ya no es así, para algunos ya
no es así hace tiempo, para otros no es así desde hace poco; cuando
cambian de candidato a presidente del Gobierno cambian de visión de
la Seguridad Social. Atenor de lo que decía el principal grupo
parlamentario de la oposición, hace apenas nueve meses lo que
teníamos era una quiebra del sistema, hoy no sé si gracias a Dios
pero sí al menos a una mejor visión intelectual, política o de
contenidos, nos encontramos con que ya dicen que tenemos unas cuentas
saneadísimas que nos permiten ir mucho más allá de donde antes no
podíamos ni sospechar. Sí es cierto que hoy he visto otros tonos más
catastrofistas en la intervención del principal grupo de la oposición
de esta Cámara, pero no sé si eso estará trayendo consigo un nuevo
cambio de candidato o simplemente es que el señor Gimeno no tiene
esas pretensiones y ha tenido un lapsus. (El señor Gimeno Marín: No
me presento.) Pero, señorías, si hace cinco años no cerramos los ojos
a los problemas y sí afrontamos los retos del presente y del futuro y
pudimos dar soluciones a los problemas que entonces teníamos, hoy
tampoco debemos tener visiones partidistas o sesgadas de los
problemas que aún aquejan a nuestro Sistema de Seguridad Social.
Estos problemas que aún subsisten en nuestro Sistema de Seguridad
Social no deben ser traídos nunca como agua a otros molinos sino que
deben ser afrontados y resueltos con el máximo consenso social y
político posible.
Me gustaría hacer una referencia, señor ministro, porque también así
lo han dicho algunos otros grupos parlamentarios. Si bien ha hablado
el señor ministro de los presupuestos del año 2000, me gustaría que
también se hiciera alguna referencia a los presupuestos del año 1999
y a su ejecución, porque algún grupo parlamentario ha dicho que tiene
ciertas dudas respecto a cómo incluso la propia previsión del IPC va
a influir en la ejecución de esos presupuestos, y eso sí que es
importante para determinar esa base a la que mi grupo antes se
refería cuando hablábamos de dónde partimos para saber hacia donde
vamos. Desde luego, señoría, nosotros no caemos en la anécdota. Todo
el mundo se habrá podido dar cuenta de que faltaban un par de hojas,
justamente las que correspondían a lo remitido a esta Cámara, sobre
la ejecución de los presupuestos, en el tocho, por decirlo de alguna
manera, que se nos había facilitado. Todo
el mundo lo sabía y más lo saben los diputados de esta Cámara que han
venido recibiendo esa ejecución, señor Peralta, durante todos estos
años. Que falte la hoja aquí no quiere decir que haya sido omitida
esa información que ha recibido puntualmente S.S. durante estos
últimos tres años.
Señorías, todos éramos conscientes de que estos últimos cinco años,
los últimos, con gobiernos de todo color político, o al menos de dos
colores políticos, eran los más complejos para nuestro sistema de
protección social. Las tendencias al incremento del número de
beneficiarios y de las pensiones medias auguraban momentos difíciles
para estos últimos años y permítame, señor ministro, que le
felicitemos porque, a nuestro juicio, se han superado de forma
brillante. Ahora vamos hacia una nueva realidad. Nuestro sistema ha
madurado ya y se va a producir una moderación en el crecimiento del
número de beneficiarios y de las tasas de intercambio entre los
pasivos que salen y los pasivos que entran en nuestro sistema. Pero
ello no quiere decir, a juicio de mi grupo, que no tengamos que
seguir autorreformando nuestro sistema público de pensiones para ir
adecuando en cada momento los beneficios a sus capacidades, buena
muestra de ello son los presupuestos generales del Estado para el año
2000 a los que ha hecho referencia.
Señor ministro, si hablamos de desarrollo del Pacto de Toledo, si
hablamos de como estamos hoy es para poder hablar -y hago mías las
referencias que ha hecho el portavoz del Grupo de Convergència i
Unió- del futuro de nuestro Sistema de Seguridad Social, para poder
hablar -como ya se ha dicho- del envejecimiento de la población, para
poder hablar de ese concepto que ya se ha definido de vida laboral,
porque lo que debemos hacer es seguir avanzando en las reformas
estructurales de nuestro Sistema de Seguridad Social, seguir
avanzando, no empezar a acometer. Hace muchos años, incluso antes de
que se acordara el Pacto de Toledo, estábamos acometiendo reformas
estructurales de nuestro Sistema de Seguridad Social y debimos seguir
haciéndolo, para que el crecimiento de la Seguridad Social lo que
haga sea coadyuvar al crecimiento de la actividad y del empleo en
nuestro país y no coartarlo, como sucedía en otras épocas. (Risas.) Y
además debemos seguir haciéndolo, señores del Grupo Socialista,
aunque a ustedes les llame a risa, de forma paulatina, sin ninguna
clase de retroactividad, olvidándonos incluso de lo que otros
hicieron mal, porque estamos en condiciones de poder mejorarlo y
arreglar lo que otros desarreglaron y sobre todo hacerlo, no como se
hacía antes, sino de acuerdo con los interlocutores sociales, no
contra los interlocutores sociales, señor ministro, con los
interlocutores sociales.
Desde el Partido Popular -y acabo, señor presidente- vamos a trabajar
con rigor y con generosidad para que ese gran acuerdo que es el Pacto
de Toledo siga siendo lo que es, una gran realidad a la que todos
debemos compromiso de lealtad.
El señor PRESIDENTE: Consumido el turno de los grupos parlamentarios
con el tiempo que la Presidencia ha considerado oportuno, voy a darle
la palabra al señor ministro y posteriormente, para un turno
brevísimo, a los grupos parlamentarios, dada la avanzada hora de la
mañana. Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Señorías, procuraré ser breve en mi segunda intervención. Empezando
por las palabras que ha pronunciado finalmente el portavoz del Grupo
Popualr, señor Camps, diré que yo creo que es bueno que partamos de
una base importante, y es que el Pacto de Toledo es una gran realidad
y es una realidad parlamentaria. Es decir, no está de más que
reiteremos -lo han hecho distintos portavoces- que es una iniciativa
de los grupos parlamentarios, es un acuerdo que tiene lugar y sede en
esta Cámara. Por tanto, no es un acuerdo del Gobierno, sino de todos
y además este acuerdo se ha desarrollado. A tenor de las
intervenciones, unos han hablado de una ejecución moderadamente
razonable; otros, de una ejecución moderadamente insatisfactoria, por
decirlo de alguna forma, y tan sólo la salvedad, muy puntual, de la
propuesta de Izquierda Unida, que en este caso sí mantiene una
singularidad de fondo contra el desarrollo de la ley. En el tenor de
las intervenciones hay coincidencias, hay puntos en los que no
estamos de acuerdo, pero hay esa sensación de que el camino que se ha
cogido es razonablemente un camino en el buen sentido.
Yo quiero reiterar una vez más el agradecimiento, y empezar así mi
intervención, a los grupos de esta Cámara, porque de ellos es el
acuerdo que hemos desarrollado, y a los agentes sociales, porque lo
han avalado. Este Gobierno no se va a otorgar medallas que no le
corresponden. El origen de este pacto de recomendaciones, como bien
se ha dicho, es de los grupos políticos, que lo suscribieron con y
por unanimidad. Por tanto, quiero reiterarlo, porque creo que es
justo este agradecimiento y esta felicitación al conjunto de esta
Cámara. A mí me tocaba hoy decir cómo lo habíamos desarrollado y
hacer una evaluación de lo previsto en las recomendaciones del Pacto
de Toledo, y es lo que he hecho. No he tenido más pretensiones -y me
disculpo si he sido exhaustivo en algunos puntos-; he narrado cómo se
han ido desarrollando a lo largo de la legislatura lo que nos decían
estas recomendaciones y así he ido punto por punto diciendo cómo ha
sido el origen y cuáles han sido las propuestas que han permitido
desarrollar un buen número de estas recomendaciones. Al final, el
Gobierno hace una valoración, satisfactoria en su globalidad, del
desarrollo de este acuerdo. Por tanto, hoy el Gobierno comparecía
a requerimiento de los grupos para hacer una evaluación, que es lo que
he hecho, y eso no me impide estar de acuerdo con muchos de los
planteamientos que han hecho los grupos, sobre los que habrá que
hablar, y no sólo haciendo una evaluación. Pero hoy yo comparecía
para hacer una evaluación, y a eso es a lo que he intentado ceñirme
en mi intervención.
Ruego me disculpen si en la documentación que he remitido hay algún
error puntual o cronológico. Sus señorías la han tenido desde el
viernes y han tenido pocos días para estudiarla, y nosotros también
hemos tenido muy pocos días para hacerlo, por lo que puede que haya
algún documento que estuviera en elaboración y que hayamos
incorporado. Les agradeceré que nos comuniquen cualquier error que
detecten para solucionarlo en el menor plazo posible.
Entrando ya rápidamente en algunos temas puntuales, tengo que decir
al señor Gimeno que el fondo de reserva se
constituirá en el año 2000, a cargo y a cuenta de la previsión de
liquidación de dicho año. Estamos en 1999, y se constituye en el año
2000, a cuenta de la liquidación prevista de superávit de dicho año.
Coincido con usted, que conoce perfectamente la cuestión, en la
diferencia entre revalorización media y subida de pensiones mínimas,
pero no vamos a entrar en ese debate, aunque quiero decirle que de su
intervención se deduce una cierta inquietud respecto a si todo lo que
se ha hecho ha sido incrementar el gasto o, en todo caso, las medidas
que incrementan gastos y prestaciones superan la medida de gestión
que lo reduce. Es bueno que comprendamos que no podemos desligar el
debate de prestaciones, del Estado del bienestar, de pensiones, del
debate del empleo. No hago esta introducción reiterada sólo por lo de
«España va bien» que me decían, sino porque la cuestión es muy
importante. El sistema es de tal forma que para la solvencia del
mismo el nivel de prestaciones es indiferente si lo consideramos
apartado del empleo. Al final, será o no será solvente, será o no
será mantenible, en función de cómo creamos que vaya a ir el empleo.
Porque el nivel de gasto lo determinamos con una facilidad enorme: es
una simple proyección demográfica y proyección de prestaciones.
Tenemos un conocimiento razonable de cuánto nos vamos a gastar en
cinco, diez y quince años; la variable es cuánto vamos a recaudar.
Está siempre la garantía del Estado, es decir, que el Estado, en
última instancia -y este es otro debate- tendría que avalar y poner
lo que fuera. Pero lo importante es saber cuánto vamos a recaudar, y
esto es lo que está en función del empleo; la variable en esta
ecuación está mucho más del lado del empleo que del lado de los
gastos. En este momento hay en el occidente europeo un consenso
básico respecto a que, en lo posible, hay que seguir mejorando las
prestaciones, y yo no tengo ningún pudor en decir que en lo posible
tenemos que llevar el máximo bienestar a nuestros ciudadanos y
ciudadanas, pero esto no se puede desligar del empleo. Yo
personalmente creo que en Europa en general y en España hay todavía
margen para que se cree empleo. No tengo ningún pesimismo en esta
materia, y por tanto creo que podemos continuar creando un sistema
muy razonable de protección que además sea equilibrado sobre la base
del empleo.
También plantea el portavoz socialista un debate que ha sido
reiteradamente expuesto sobre políticas activas, pasivas,
financiación de las mismas, y ha reiterado también el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular que las políticas de desempleo, además a
propuesta expresa del Grupo Socialista, quedaron excluidas del Pacto
de Toledo. Pero quiero insistir en un tema que oigo en conversaciones
coloquiales, o en el Parlamento también, que es el superávit del
INEM. Quien oiga esto puede pensar que sobra dinero del INEM y que se
utiliza para otra cosa. (El señor Vaquero del Pozo: Nosotros no hemos
hablado nunca de eso.) En el INEM no sobra ni una sola peseta, es
decir, todo el dinero que tenemos en el Inem va dirigido a las
personas desempleadas, todo, bien a través de un subsidio o bien a
través de una política activa de empleo, que significa un salario, o
bien a través del fomento de la estabilidad en el empleo. Pero no
sobra dinero. Ese superávit no existe puesto que se dedica todo al
empleo. Y aquí viene otro debate ideológico que hemos tenido en
reiteradas ocasiones: ¿Qué es mejor dar a una persona desempleada, un
subsidio o un
empleo? Y podemos darle 27 vueltas, pero yo personalmente pienso que
ojalá podamos aplicar a todas las personas desempleadas una política
activa, una renta y un salario, ojalá. Y si vamos a un ritmo
razonable, podemos conseguirlo, pero no quiero iniciar en este
momento un debate circular y cíclico que mantenemos en esta Cámara.
Con respecto a la intervención del señor Gimeno, quiero decirle que
coincido con él en que la cuestión de la vida laboral y otros
aspectos pueden ser tratados en esta Comisión, pero yo no he querido
plantearlos hoy, primero por respeto a los grupos, que son los
proponentes en última instancia, y después porque he sido requerido
para evaluar y me he limitado exactamente a decir lo que hemos hecho
y a expresar la valoración de lo que yo entiendo que hemos hecho.
Insisto en que quien oiga este debate desde fuera creerá que el
Gobierno lo ha hecho en contra de muchos grupos de esta Cámara, pero
realmente casi todas las medidas han sido aprobadas por la práctica
unanimidad de los grupos de la misma. Yo pienso que entre todos los
que estamos aquí lo hemos hecho casi todo bien, hay alguna excepción
que en este caso creo que no le honra, pero lógicamente siempre es
respetable una opinión muy particular. No obstante, yo creo que lo
que hemos hecho nace de un consenso político muy amplio. (El señor
Vaquero del Pozo: Es su opinión, señor ministro.)
En cuanto a la intervención del señor Peralta, que se ha dedicado con
cierta contundencia a criticar las formas y la falta, según él, de
voluntad de diálogo, creo que se ha especificado por el portavoz del
Grupo Catalán o del Grupo Popular. Esa subcomisión nace con un
mandato y el propio Grupo Socialista dice que ya no tiene sentido que
continúe, puesto que tiene lugar el debate de la ley. Sencillamente
cumple su mandato y se disuelve casi por aspectos puramente formales.
Por tanto, usted no es justo cuando utiliza esta subcomisión como
prueba de una falta de voluntad de diálogo.
No podría decirle, aunque otras veces sí lo he hecho, cuántas veces
ha comparecido el anterior ministro, el señor Arenas, o yo mismo para
hablar de estas materias en esta Cámara. Yo le aseguro que pocos
temas han tenido un debate tan continuo y tan presente en Comisión,
en Pleno, en interpelaciones y en preguntas, como este relacionado
con el sistema del bienestar, el desempleo y el Pacto de Toledo.
Poquísimos. Yo personalmente he comparecido multitud de veces,
prácticamente una vez al mes, para hablar de alguna de estas materias
y siempre me ha enriquecido la comparecencia. Vengo encantado, no
tengo ningún tipo de problema, aparte de que es mi deber, pero tengo
que decir que siempre obtengo un beneficio en conocimiento
y alternativas. Ahora, no veo ninguna razón que justifique ese dar la
espalda al Parlamento que usted ha insinuado en su intervención, no
puedo suscribirlo. Hay muchas otras cosas que suscribo de esta
intervención suya y de otras, pero no coincido en absoluto en esto.
Sí coincido en que este consenso nació en el Parlamento, usted lo ha
dicho, y yo he empezado y voy a terminar mi intervención felicitando
la iniciativa de este grupo, puesto que toda mi intervención ha sido
una realidad: uno, que los hechos han demostrado que el Pacto era
bueno y, dos, que se ha ejecutado
razonablemente, que era en última instancia lo que trataba de
plantear.
El IPC previsto, algo que ha sido reiterado, también tendría que
aclararlo. Va a haber una variación, puesto que el Gobierno ha
estimado una subida en la previsión de inflación al 2,4 e
inicialmente era del 1,8. Esto no va a modificar para nada ni la
estabilidad del sistema ni la previsión para la constitución del
fondo de reserva del próximo año ni el nivel del poder adquisitivo de
las pensiones que tienen la cláusula de revisión, como usted sabe.
Por tanto, a principios del próximo año quedará saldada esa
diferencia de IPC y en este año no existirá ninguna de estas
cuestiones. Ya se sabe que en cuanto a los cálculos, lógicamente,
cuando el Gobierno hace una previsión oficial va también
introduciendo los costos que pueden modificarse y ello no mermará en
absoluto la constitución del fondo de reserva en cuanto a los 60.000
millones de pesetas.
Aunque con algunos matices en aspectos estrictamente de pensiones,
quiero agradecer especialmente la intervención del señor Zabalía,
porque creo que su apoyo en toda esta materia ha sido muy
determinante y muy importante. Éste es un debate público y así lo ha
expresado el portavoz de Izquierda Unida, con quien tenemos alguna
discrepancia muy importante. Yo creo que tenemos que hacer un
esfuerzo para avanzar en aquellos campos que tenemos en común y que
son los que afectan en última instancia al bienestar y en lo posible,
sabiendo que tenemos diferencias, intentar avanzar dentro de le
inteligencia del sistema. De todas formas, quiero agradecerle su
intervención, su actitud y las propuestas que han hecho a lo largo de
toda esta legislatura con respecto a esta materia.
Al portavoz de Convergència i Unió le diré que comparto sus palabras
cuando decía que yo he venido a hacer una valoración y no a
determinar nuevos campos, porque no me correspondería, y ya se han
planteado por los grupos. Esta Comisión tendrá que abordar temas
vinculados con el envejecimiento de la población, que encierra
múltiples factores, tales como servicios sociales, vida laboral,
participación, aspecto sanitario, pero no me corresponde a mí en esta
comparecencia ni probablemente en ninguna de ellas determinar qué
campo de debate puede existir. Le agradezco el balance moderadamente
optimista que ha hecho basado en el diálogo social, en la vinculación
de la economía y la política social y en las reformas que se han
alcanzado por unanimidad de los grupos políticos. Usted ha planteado
algunos temas donde el desarrollo todavía es más parcial, a los que
se ha unido el portavoz del Grupo Popular, como son los regímenes
especiales y autónomos, que deben dar lugar a un amplio debate que
supongo que se abordará a lo largo de este período.
En cuanto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida, que
comenzaba diciendo que incumplíamos la recomendación número 15, tema
muy parecido al que planteaba el señor Peralta, ya le he dicho que no
podemos estar de acuerdo en esta materia y que lo que hemos hecho ha
sido anticipar la Comisión. Son percepciones distintas, aunque no
puedo compartirlo.
Sin embargo, y entrando en un tema de fondo, su grupo es el único que
no vio el desarrollo del Pacto de Toledo a través de la ley ni lo vio
a través del acuerdo de los sindicatos. Es respetable. Al final,
usted siempre habla con temor
a fantasmas más que con los datos de la realidad. Usted siempre
plantea un temor a una regresión, una regresión que no viene, que no
se ve, que no se otea. Sin embargo, usted la teme, la presiente y
esto hace que esté condicionado a la actitud de su propio grupo. Esto
no enriquece el debate. Muchas veces estoy de acuerdo con sus
planteamientos, pero en este caso creo que no puedo compartir ese
desapego en exclusiva de los desarrollos legales que estamos haciendo
por el Pacto de Toledo. Plantea usted ese temor territorial y ese
apoyo al concepto constitucional de la Seguridad Social.
Efectivamente, la realidad constitucional de nuestro país es la que
es, tenemos que ir avanzando, pero no cabe duda de que el Gobierno va
a mantener, como ha mantenido hasta ahora, ese concepto nacional de
que la Seguridad Social se regula por leyes aprobadas en estas Cortes
otorgando igualdad de derecho a todas las personas indistintamente
del lugar donde vivan e iremos superando todas estas dificultades.
Al portavoz del Grupo Popular, señor Camps, quiero agradecerle su
felicitación y su apoyo. Coincido con su apreciación del protagonismo
de esta Cámara. Efectivamente, el Gobierno no convoca el Pacto de
Toledo, sino que comparece cuando los grupos lo solicitan, y desde
aquí hago un llamamiento a la responsabilidad que tienen los grupos
de esta Cámara. Es bueno insistir en los planteamientos que hacía el
señor Camps. No se ha creado esta Comisión porque tengamos graves
problemas, tenemos muchas cosas mejorables, que hay que hablarlas con
intensidad y acometer reformas que no pongan en peligro cualquier
noción de prestación pública. Es bueno que digamos que estamos
tratando de mejorar, de adaptar o de modernizar un derecho de
bienestar público de pensiones que debe ser garantizado a lo largo de
este plazo.
Agradeciendo el conjunto de las intervenciones, quedamos a su
disposición para cuantos temas quieran desarrollar. Siendo el resumen
de la intervención que el Pacto de Toledo fue un buen pacto, que el
desarrollo ha sido razonable y que ha permitido que hoy tengamos unas
cuentas de la Seguridad Social que nos deben alegrar a todos, porque
son más saneadas, y esto hace que se hayan mejorado las prestaciones
y que podamos mirar con confianza al futuro público de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Reitero a los grupos que su turno de
intervención no debe superar los tres minutos, habida cuenta de los
consumidos en las anteriores oportunidades.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Fernando Gimeno Marín.
El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, va a tener usted mucho
trabajo en esta Comisión para lograr que los objetivos y las
finalidades de la misma se consigan, porque tiene unos compañeros de
grupo que se saltan demasiadas cosas, si lo que se busca es un
acuerdo.
Sin embargo, tengo que reconocer que la segunda intervención del
señor ministro me ha parecido más positiva incluso que la primera. La
primera me parecía que iba dirigida más al autobombo, en la segunda
se ha situado más en el contexto en el que nos movemos, no así el
portavoz del Grupo Popular que sigue como siempre.
Hasta ahora, señor ministro y señor presidente, yo había oído hablar
de la era del señor Aznar, ahora ya estamos en la égida del PP, y la
égida es usted, señor ministro. El diccionario de la Real Academia
dice que es el arma defensiva para cubrirse, que se llevaba en el
brazo izquierdo. Para eso le utilizan a usted. Luego no se lo cree
casi nadie, pero, en fin, usted forma parte de la égida del Partido
Popular y la era del señor Aznar está pasada ya porque a lo mejor es
que no se creen que sea tan de izquierdas como usted a veces da la
imagen. ¡Qué vamos a hacer! Ése es el debate al que a veces nos
llevan.
Vuelvo a insistir, entremos en la profundidad de los problemas, pero
no intentemos dar una imagen que no se corresponde con la realidad.
Nos acaban de traer con los presupuestos (el señor ministro nos los
ha enviado, como debe hacer) el balance y la contabilidad del año
1998, y yo sólo le digo (casi más al señor Camps, pero también al
señor ministro, por supuesto) que los préstamos y las deudas siguen
creciendo en la Seguridad Social en 1998. No pasa nada. Yo ya sé que
eso no produce ninguna quiebra del sistema, señor Camps, pero siguen
creciendo, y de una forma importante. Y desde que ustedes están
gobernando también han crecido mucho más que en todos los años
anteriores. Pero da lo mismo, yo sé que eso no pone en quiebra el
sistema. Si no, que alguien dé una explicación de por qué las deudas
con el Estado han pasado en el último ejercicio de 2,1 billones a 2,4
y por qué los préstamos del Estado que se tienen en estos momentos
son de 2,7 billones, y más de la mitad de los mismos son de los tres
o cuatro últimos años. Eso es así, guste o no guste. Y es cierto lo
que dice el ministro de que, afortunadamente, estamos en una fase en
la cual nos podemos plantear las cuestiones desde otro punto de
vista.
Se ha repetido ya muchas veces que alguien que fue ministro con el
Gobierno socialista dijo que el sistema estaba en crisis. Fue el
señor Solbes -vamos a decirlo-, hoy además miembro de la Comisión, no
sé si propuesto por el señor Aznar, no tengo ni idea. No sé si están
de acuerdo o no con él, pero hay que ver lo que le citan en este
Parlamento. En cualquier caso, de decir que el sistema está en crisis
si no se toman medidas a decir lo que otros miembros del Gobierno
actual dijeron... Señor Camps, acierte quién lo dijo: La Seguridad
Social implica, por tanto, un ataque a la libertad del ciudadano. Si
quiere, sigo. Piense quién lo dijo y quién se hizo responsable de
semejante afirmación por las mismas fechas.
Y un problema de fondo, señor ministro, la voluntad de futuro que
usted plantea. Relaciona el empleo con las pensiones y con los
pensionistas. Es cierto que los empleados actuales, sin ninguna duda,
son pensionistas de mañana, y usted lo sabe. Pero, fíjese, aun
teniendo muchos problemas como tenemos ahora (no coincido con usted
en el cumplimiento del Pacto de Toledo; ya le digo que creo que hay
incumplimientos muy importantes), al margen de esa situación, el
problema del futuro no es de empleo, el problema del futuro de la
Seguridad Social es de productividad -ya sé que ése es un tema
demasiado de fondo- y de las medidas que se tomen. No sé si en esta
Comisión, ahora o cuando sea, también tendremos que hablar de esos
problemas, que son muy importantes y muy serios. En una sociedad en
la cual el empleo y la productividad son dos variables, al
final, la productividad es la fundamental. Y que no se me interprete
mal. Ya sé que, en estos momentos un problema importante y
fundamental es el empleo y la clarificación, saneamiento y separación
de fuentes de financiación y mejora del sistema, pero el empleo son
pensiones y la productividad será la clave fundamental para financiar
el futuro del sistema de la Seguridad Social. Usted, que seguro que
ha dedicado más horas a estudiar este tema, intuirá por dónde voy o
qué es lo que le puedo decir, porque para la financiación del
sistema, al final, habrá que tener en cuenta muchas más variables, no
sólo la del empleo. Eso usted lo sabe, lo tiene que saber porque, si
no, no estaremos dando las claves de cuál es el futuro del sistema de
la Seguridad Social. En ese camino de encontrar soluciones para el
futuro nos van a encontrar, en el otro camino, señor presidente,
reconduzca al portavoz de su grupo.
Una aclaración. Nunca nos hemos opuesto al seguimiento del Pacto de
Toledo, no; se equivocan, lo malinterpretan. Nunca quisimos que se
hiciera en una subcomisión, sin transparencia, porque en las
subcomisiones no hay prensa ni medios de comunicación. Quisimos
siempre que se hiciera con luz y taquígrafos, con prensa, y dijimos
que cada cinco años también se podía montar lo que se ha montado hace
unos días. Pero el seguimiento, por supuesto, lo queríamos en la
Comisión de Política Social.
El señor PRESIDENTE: Yo agradecería a los grupos que utilizaran el
turno para precisar las intervenciones del señor ministro y no para
entrar en debates. Ya habrá tiempo para ello cuando tengamos las
sesiones de redacción del informe de valoración.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Ricardo
Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Señor ministro, en esa segunda intervención
que ha llevado usted a cabo he apreciado un tono distinto al de la
primera. Si fuera como consecuencia de oírnos a todos, sería señal de
que todos tenemos algo que decir y todos aprendemos, pero permítame
que le diga que no era ése el tono de su primera intervención ni ha
sido el tono con el que ha funcionado este Gobierno.
Yo le he dicho y le reitero que no ha habido consenso político al
desarrollo del Pacto de Toledo, no lo ha habido, señor ministro. No
ha habido voluntad por su parte. Le he mencionado un caso concreto,
una subcomisión que se creó para seguir el Pacto de Toledo y que fue
cerrada por la mayoría de esta Cámara. ¿Qué importaba lo que hubiera
dicho el Grupo Socialista si no tiene la mayoría de la Cámara? ¿Es
que ustedes siguen lo que dice el Grupo Socialista? No, ustedes
quisieron cerrar esa subcomisión y le dieron carpetazo y además con
un argumento peregrino, señor ministro, con el argumento de que las
subcomisiones que no tienen plazo previsto se liquidan a los seis
meses. Esa subcomisión de seguimiento del Pacto de Toledo a los seis
meses fue cerrada. Esa fue la realidad, señor ministro.
Insisto, podemos estar debatiendo y ojalá saquemos las conclusiones!
Señor ministro, yo estoy dispuesto, para que vea que yo también
cambio de opinión, a aceptar algo de lo que usted ha dicho. Usted ha
dicho que el Pacto de Toledo se ha desarrollado razonablemente.
Permítame que le diga
que con consenso se hubiera desarrollado mejor. ¿Por qué hemos de
renunciar a esa mejoría? ¿Para apuntarse exclusivamente las medallas?
Eso es negar el espíritu del Pacto de Toledo, señor ministro. Eso es
lo que han hecho. Pero, insisto, yo creo que sería bueno que
miráramos al futuro.
Yo creo que sigue habiendo problemas estructurales en el sistema de
la Seguridad Social, no por el sistema de la Seguridad Social sino
porque se producen cambios importantes en la sociedad, en el mundo
del trabajo y todo eso tiene repercusión en el sistema de la
Seguridad Social. Necesariamente tiene que adaptarse, y nosotros
pensamos que esta adaptación tiene que llevarse a cabo mediante el
consenso político y mediante el consenso con las organizaciones
sindicales. La patronal, desgraciadamente, se ha situado fuera de
juego; quizás tengan ustedes alguna posibilidad de controlarla, pero
allá ellos, en este país no están dando ejemplo de responsabilidad en
esta materia. Creemos, señor ministro, que, de cara a ese trabajo que
hay que realizar, es bueno que avancemos y nos comprometamos con este
método, con el consenso y con rigor, y créame que hace falta.
Problemas se plantean día a día.
Yo he hecho referencia a un problema concreto que era el IPC de este
año 1999. Tiene repercusión en los presupuestos de la Seguridad
Social de este año donde la necesaria y legal revalorización de las
pensiones va a tener una incidencia significativa en los gastos y no
en los ingresos, que no se van a modificar, y va a tener una
repercusión también en los presupuestos del año que viene, señor
ministro, que se han hecho sobre la base de un nivel de prestaciones
que va a tener que ser modificado. Problemas hay, porque así es la
vida, y en un tema tan importante como el de la Seguridad Social
tenemos todos el compromiso de abordarlos desde el consenso.
Yo desearía que esta Comisión avance en esa dirección y se corrijan
los errores que, en mi opinión, se han cometido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta, por la brevedad.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Ante todo, quiero agradecer al señor
ministro el talante y la disposición que ha demostrado, que ha puesto
de manifiesto en su réplica por llegar a acuerdos con nuestro grupo
parlamentario, y espero que este talante y esta disposición llegue a
fructificar en verdaderos acuerdos, porque yo creo que si hay
voluntad, como siempre que existe voluntad, se puede llegar
a acuerdos. Por eso tenemos esperanza de que podamos hacer con el señor
ministro cosas que quizás percibíamos que en otras épocas era más
difícil realizar. Pero, como digo, todo eso se tiene que traducir en
hecho reales.
Me van a permitir que haga dos alusiones que no son, por supuesto, al
señor ministro, sino a lo que aquí se ha manifestado por parte de
algún grupo parlamentario, que yo creo que es necesario aclarar.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía...,
El señor ZABALÍALEZAMIZ: Sí, ya se que no quiere abrir debates
cruzados, ¿no es lo que me va a decir?
El señor PRESIDENTE: Sí, se lo ruego. En la medida de lo posible,
señor Zabalía, éste es un turno para precisar la intervención del
señor ministro. Le agradecería que se ciñera a las precisiones que
tenga que hacer. Creo que tendremos muchas horas de trabajo y de
debate donde podrá usted retomar, como ha retomado hoy, asuntos que
quedaron pendientes en nuestra anterior reunión. Por tanto, le
agradecería, repito, que se ciña a la cuestión.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Me voy a ceñir a la cuestión. Aquí se ha
dicho que alguna propuesta de nuestro grupo parlamentario significa
la ruptura del sistema de la Seguridad Social. Yo creo que esto es
grave y tengo necesidad de decirlo. Aquí no hemos presentado ninguna
propuesta ni de ruptura del sistema, ni de insolidaridad. Lo único
que pedimos es la ejecución competencial, que está recogido en el
artículo 149.17ª de la Constitución, en el artículo 18 del Estatuto
de Autonomía de Guernica y en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Todo lo que estamos pidiendo está dentro de las leyes
del Estado. Y eso no es, ni ruptura del sistema de la Seguridad
Social, ni insolidaridad con nadie. Es simplemente cumplimiento de la
legalidad.
La otra puntualización, si me permite, señor presidente, es que mi
grupo parlamentario propuso la apertura del Pacto de Toledo en una
propuesta de resolución en el debate del estado de la Nación que fue
votada en contra. Es simplemente una precisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer las reflexiones y las
respuestas del señor ministro. Entendemos la brevedad en función de
la hora en la que estamos.
Me gustaría que me dijera alguna cosa sobre dos cuestiones puntuales
que le he planteado. En relación a la posición del Gobierno ante la
tramitación por esta Cámara de la reforma de la Ley de Extranjería,
creemos que es fundamental para que el fenómeno migratorio sea
positivo para el conjunto de la sociedad que seamos capaces de
desarrollar una política de integración social; política que tan sólo
es posible en base de los parámetros de los trabajos que se han
producido en el seno de la Cámara, pero como a lo largo de estas
semanas nos ha parecido observar una posición equívoca por parte de
algunos responsables gubernamentales, nos gustaría que el señor
ministro nos lo comentase.
En relación al debate que se abrió antes del verano sobre las
jubilaciones anticipadas, me gustaría que me dijera si el Gobierno va
a tomar alguna iniciativa en esta materia. Finalmente, en la
documentación que se nos ha entregado en algún momento se dice que
posiblemente va a haber un superávit de 91.000 millones, que 60.000
van a ir destinados al fondo de reservas y 30.000 se van a dedicar a
otras iniciativas de saneamiento. La pregunta concreta es: ¿si se
pueden concretar estos 30.000 millones en otras formas de
saneamiento, en qué sentido irían?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: También muy brevemente.
Quiero decirle, señor ministro, que sus palabras no me han producido
la sensación que han producido a otros grupos, porque ha habido
alguna afirmación descalificatoria respecto a mi posición política, a
la de mi grupo. Yo me considero muy honrado a la hora de defender la
posición de Izquierda Unida porque, sin duda alguna, a cada uno de
los representantes de la soberanía popular nos honra decir lo que
pensamos, y en particular a mi grupo le honra muchísimo no dejarse
engañar por el discurso del pensamiento único. Por tanto, yo me honro
mucho en transmitir esa forma crítica de pensar respecto al
pensamiento único. Además, las cuestiones que nosotros analizamos y
que nos fuerzan a tener una posición discrepante son posiciones de
izquierdas que, obviamente, usted valora desde la derecha. Es lógico.
Usted es de derechas y yo de izquierdas y nos honramos cada uno en
ser como somos y, créame, no es porque veamos fantasmas. A la hora de
justificar la aplicación que hacía la Ley 24/1997 de la recomendación
número 9 del Pacto de Toledo, ha dicho textualmente que era para que
no prime la última etapa de la carrera profesional. Eso es un
eufemismo, señor ministro. Desde mi punto de vista, es justamente lo
que yo decía: que no era un fantasma, sino que había varios
mecanismos, fruto de la recomendación número 9 del Pacto de Toledo,
en función de los cuales las expectativas de cuantía de las futuras
pensiones se van reduciendo gradualmente. Por eso no se ve que se
reduzcan las pensiones, porque se van reduciendo gradualmente. No es
un fantasma. Ese es el mecanismo en función del cual se pretende la
pervivencia del sistema público de pensiones. No es un fantasma.
Sino, ¿por qué sale, y con la fuerza que lo hace, el debate sobre la
cuantía de las pensiones mínimas? Porque empieza a ser un problema
que haya unas pensiones asistenciales no contributivas de unas
cuantías tan ridículas. Usted mismo se ha sorprendido, señor
ministro, de que ese problema no se haya zanjado con la aplicación
del Pacto de Toledo , y se ha situado en una posición muy equívoca y
muy poco rentable para los intereses de su Gobierno. Por tanto, de
fantasmas, nada. En cualquier caso, son opiniones muy discrepantes
que nosotros planteamos para contribuir al debate de forma positiva,
porque la confianza en el sistema democrático es que cada uno diga lo
que piensa, que cada uno represente los intereses que representa.
Nosotros queremos representar, a nuestro modo, a aquellos que tienen
que sobrevivir con pensiones mínimas tan ridículas. Eso es lo que nos
fuerza a tener una posición crítica con respecto a lo que estamos
haciendo, pero quisiéramos que tuviera como enfoque el diagnóstico de
la insuficiencia de las pensiones y no el enfoque que ha habido hasta
ahora en el desarrollo del Pacto de Toledo, que es el de la
sostenibilidad financiera del sistema. Ese será un problema -¡quién
lo niega!-, pero tiene que compatibilizarse necesariamente con la
suficiencia el sistema de pensiones, ya que esa es la obligación
constitucional, ese es el criterio constitucional. El otro, es otra
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia agradece la contribución de
todos los grupos y de SS.SS. por facilitar los trabajos de la misma,
pero quiere recordarles a todos ustedes, veteranos parlamentarios,
que son sesiones cuya
finalidad es la información de los comparecientes a los grupos
parlamentarios y no la de cruzar debates entre los grupos que ya
tienen su formalidad en otro tipo de sesiones. Quiero recordarlo, no
sólo para esta sesión, sino para las venideras, que van a ser muchas
y que deberían de llevarnos a una autodisciplina en este sentido.
Tiene la palabra el señor Camps, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAMPS DEVESA: Entienda, señor presidente, que ya me siento
autodisciplinado en el sentido que acaba de hacer referencia su
presidencia. Observará que de mi intervención no cabrá reabrir debate
alguno, entre otras cosas, porque voy a darle la razón al portavoz
del Grupo Socialista, aclarando, y es una cosa puramente semántica,
que el término a que ha hecho referencia, incluso ha leído alguna
definición que le han suministrado a la vez que yo hacía mi
intervención, tiene más definiciones de las que ha utilizado el señor
parlamentario, pero sobre todo, y le animo a leer el «Diario de
Sesiones» depende mucho de la preposición que se utilice justamente
antes. Observará que el sentido no ha sido el que ha utilizado S.S.
Le doy la razón cuando habla de que en 1998, que es una cuestión que
ha referido directamente a este portavoz, los préstamos de la
Seguridad Social no aumentaron, como seguro que S.S. me dará también
la razón cuando le diga que esos préstamos no han sido utilizados en
1999 y habrá observado S.S., que tan bien se los estudia, que
desaparecen en los presupuestos del año 2000. Estoy seguro que
también me dará la razón igual que yo se la doy a S.S. Estoy seguro
que S.S. entenderá, porque en este caso no es que sea la
interpretación auténtica sino que es respeto a los citados, que yo no
he citado al señor Solbes para hablar de la quiebra del sistema. No,
lo he citado como campeón de la defensa de los fondos
complementarios. Al que había citado justamente hablando no de la
quiebra, porque tengo que ser respetuoso con la autoridad intelectual
de la cita, sino simplemente sobre las incógnitas, interrogantes o
sobre la viabilidad financiera del sistema hace cinco años, era al
señor Cercas. Se lo quiero aclarar porque yo tengo mucho respeto a
ambos señores, como bien se ha dicho, uno de ellos comisario europeo.
Por eso, señor presidente, porque evidentemente he dado clarísima
razón a lo que han sido las manifestaciones del portavoz del Grupo
Socialista, quiero acabar con una reflexión al señor ministro, y es
que, señor ministro, usted lo ha sabido trasladar, pero en nuestro
ánimo no estaba más que hacer una llamada al consenso, al rigor, a la
coherencia y a la responsabilidad de todos, no especialmente de
ningún grupo sino de todos los grupos, incluido el mío propio, con
representación en esta Comisión para que seamos capaces de hacer lo
que una vez ya hicimos, y de ahí mis referencias temporales, volver
a renovar el Pacto de Toledo. Estoy seguro que ese guante, como he
dicho, ha sido recogido por todos los demás grupos. Con ello
conseguiremos que, por parte de algunos partidos políticos, dejen de
mezclarse eléctricas con prestaciones no contributivas.
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, a esta Presidencia le queda claro
que hay diferentes acepciones de la palabra égida, pero también le
queda muy claro cuál es su concepto de la palabra autodisciplina.
Para cerrar la sesión, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): En
primer lugar, querría aclarar el tema de la deuda. Como saben, la
Seguridad Social, en el año 1994, cambia su sistema contable. Hasta
entonces era un sistema englobado como uno más dentro del Estado y
entonces se gastaba en pensiones como se gasta simplificadamente en
puentes. No se inverte en puentes, no es un dinero que se preste para
hacer puentes, sino que sencillamente se invierte un dinero en hacer
un puente. Esto se cambia en el año 1994 y a partir de ese momento el
Estado, cuando tiene que equilibrar un déficit, lo que hace es
prestar el dinero necesario para equilibrar ese déficit. Mientras la
Seguridad Social tiene déficit, lógicamente, cada año hay que aportar
un dinero para equilibrar esa cuantía. Por tanto, mientras ha
existido déficit, ha habido que prestar dinero en función del
criterio contable que se incorpora en el año 1994. ¿Qué ha pasado
este año? Este año, en el que había un déficit previsto del 0,1, su
ejecución, como podrán comprobar, aunque todavía quedan algunos
meses, va en un camino muy razonable y entendemos que va a quedar en
un déficit bastante inferior, del 0,05. No ha hecho falta utilizar,
pues, este año el préstamo de tesorería y por tanto este año
prácticamente no se incrementará el nivel de endeudamiento.
El próximo año no va a haber ningún tipo de préstamo. ¿Por qué?
Porque, por vez primera, el sistema tiene equilibrio financiero e
incluso un superávit con el que tendremos que decidir qué se hace
parte va a ir al fondo de reserva -y con ello contesto a algunas
cuestiones planteadas por el portavoz de Convergència i Unió- y con
los 30.000 millones tendremos que abordar qué hacemos. Hay varias
posibilidades, desde tenerlo en tesorería para comisiones, para
devolver algunos de los préstamos, para ampliar fondos de reserva, es
decir, existe un conjunto de posibilidades que no hemos querido
precondicionar. No queríamos asociar directamente que el cien por
cien de superávit, tenga que ser necesariamente para el fondo de
reserva. Nosotros creemos que el fondo de reserva debe ocupar una
parte importante del superávit pero tendremos que decidir qué
posibilidades tenemos con el resto.
Señor Peralta, no nos vamos a poner de acuerdo en la subcomisión, ya
es un tema formal. Yo creo que sí ha habido mucho diálogo político en
esta materia y que hemos tenido infinidad de debates. Una única
precisión en el tema del IPC. El IPC, aunque se varíe, no va a tener
modificación a la baja en ingresos. Como usted sabe, el ingreso en
cotización responde a dos multiplicandos, por una parte la
cotización, que es fija, es un porcentaje, y por otra parte la base
salarial. La base salarial sube por convenio. Hay convenios con
revisión, convenios sin revisión, convenios en marcha. Por tanto esta
desviación del IPC no supone una modificación de los ingresos. En
algún caso hay subidas salariales por encima del IPC; en otros, por
el IPC; en otros por debajo y algunos con revisión. De hecho, los
ingresos se han comportado este año en la recaudación de forma
sensiblemente mejor de lo que teníamos previsto. También es cierto
que se ha creado mucho empleo y que por tanto aumenta no tan sólo la
base reguladora sobre la cotiza sino el número de cotizantes. La
cláusula de revisión, a principios del próximo año, en el capítulo de
gastos sí tendrá ese incremento para compensar esa pérdida puntual de
poder adquisitivo. Pero fíjese en que la relación de ingresos y
gastos hace que el saldo sea positivo, puesto que va a disminuir el
déficit inicialmente previsto.
En cuanto a la vida laboral, que lo planteaba el señor Campuzano,
creo que hubo un debate muy importante. Hemos logrado centrar uno de
los temas que se perseguían, la no aplicación de la discriminación
por edad, que por una costumbre casi habitual de comportamiento se
estaba permitiendo, y creo que representa un avance muy importante,
como ha pasado en otros países europeos. Además, el Gobierno va a
esperar al debate parlamentario sobre el concepto de vida laboral.
Insisto en que este no es un debate del día de hoy. La ley de
inmigración creo que tendrá unos debates propios muy importantes,
pero ya conocen la opinión de este ministro en cuanto a la necesaria
y correcta inserción de las personas que vienen de fuera a trabajar
con nosotros. Creo que en este momento el procedimiento se está
discutiendo en la ley y todos esperamos que pueda aprobarse en lo que
queda de legislatura.
Quiero decirle al señor Vaquero que no comparto su postura aunque la
respeto. No creo que esta tesitura responda al pensamiento único. Sí
hay pensamiento único, por ejemplo, el sistema europeo del bienestar
es un pensamiento único compartido, pero no quiero entrar en mayor
debate sino terminar reiterando las palabras del señor Camps, en el
sentido de que me parece que estamos ante un acuerdo político y que
políticamente puede desarrollarse.
Muchísimas gracias por sus intervenciones y creo que volveré a estar
con SS. SS. al final de este período de comparecencias
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Finalizada la intervención del señor ministro, se levanta la sesión.