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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 775, de 19/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 775
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 60
celebrada el martes, 19 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
para informar sobre:
- La celebración de la próxima Cumbre Iberoamericana. Apetición
propia. (Número de expediente 214/000134.) ... (Página 22968)
- La próxima Cumbre Iberoamericana de La Habana. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/001278.)
... (Página 22968)
Preguntas:
- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso)
sobre estado en el que se encuentran los trabajos preparatorios de la
cumbre Iberoamericana que se celebrará próximamente en La Habana.
(Número de expediente 181/002750.) ... (Página 22969)
- Gestiones realizadas por el Gobierno español ante la fiscalía en la
causa que se sigue en el Reino Unido relativa al proceso de
extradición de Augusto Pinochet. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/001285.)
... (Página 22976)
- Actuaciones del Gobierno en relación con la posición de la fiscalía
británica ante una hipotética sentencia favorable al dictador
Pinochet. Asolicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/001287.) ... (Página 22976)
- Actuaciones del Gobierno ante la fiscalía británica, dirigidas a
impedir que sea recurrida una eventual sentencia favorable al general
Pinochet. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 213/001289.) ... (Página 22976)
Preguntas (continuación):
- Del señor Costa Costa (Grupo Socialista del Congreso), sobre
medidas ante la apertura de expedientes a empresas españolas por
parte de la Administración de los Estados Unidos de Norteamérica, en
aplicación de la ley Helms-Burton. (Número de expediente 181/002737.)
... (Página 22989)
- De la señora Balletbó Puig (Grupo Socialista del Congreso), sobre
el momento en el que se encuentran las relaciones entre España e
Irán. (Número de expediente 181/002587.) ... (Página 22990)
- Del señor Navas Amores (Grupo Parlamentario Federal de Izquiereda
Unida), sobre la situación en Israel y Palestina tras las elecciones
presidenciales en Israel. (Número de expediente 181/002692.)
... (Página 22991)
- Del señor Robles Fraga (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre situación en la que se encuentra el proceso de paz
en Oriente Medio tras los últimos acuerdos entre la Autoridad
Nacional Palestina y el Estado de Israel. (Número de expediente 181/
002754.) ... (Página 22991)
- Del mismo señor diputado, sobre la situación en que se encuentran
los presos de opinión cubanos integrantes del llamado «grupo de los
cuatro». (Número de expediente 181/002752.) ... (Página 22992)
Proposiciones no de ley:
- Sobre suspensión urgente de las modificaciones introducidas al
convenio de protección recíproca de inversiones entre España y Chile.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001628.) ... (Página 22993)
- Sobre medidas para evitar la condena a muerte impuesta por los
tribunales de Turquía al lider kurdo Abdalá Ocalan. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001645.)
... (Página 22994)
- Relativa a la cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de
Gobierno de La Habana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/001731.) ... (Página 22996)
Dictamen sobre:
- Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio
de 1892 entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en
Madrid el 16 de marzo de 1999. (Número de expediente 110/000288.)
... (Página 22998)
- Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999. (Número de
expediente 110/000289.) ... (Página 22998)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia relativo
a la readmisión de personas, hecho en Tallinn el 28 de junio (le
1999. (Número de expediente 110/000290.) ... (Página 22998)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN)
PARA INFORMAR SOBRE:
- LA CELEBRACIÓN DE LAPRÓXIMA CUMBRE IBEROAMERICANA. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000134.)
- LA PRÓXIMA CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA HABANA (CUBA). A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/001278.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA(GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO)
SOBRE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS PREPARATORIOS DE LA
CUMBRE IBEROAMERICANA QUE SE
CELEBRARÁ PRÓXIMAMENTE EN LA HABANA (CUBA). (Número de expediente
181/002750.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días. Se
inicia esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que se va a
celebrar de acuerdo con el orden del día que todos conocen, que
incluye, en primer lugar, varias comparecencias a cargo del señor
ministro de Asuntos Exteriores, cuya presencia saludo entre nosotros.
Como saben ustedes, básicamente tenemos dos bloques en las
comparecencias. El primero está recogido en los números 1 y 2 del
orden del día, es decir, peticiones de comparecencias relativas a la
próxima cumbre Iberoamericana, a las cuales, si no hay inconveniente,
sumaríamos, para su tramitación conjunta, la pregunta del señor
Robles Fraga, que figura con el número 9 del orden del día, y que se
refiere al mismo tema. El segundo bloque incluiría los puntos 3, 4 y
5, comparecencias también del Gobierno sobre aspectos relativos a la
situación del general Pinochet.
Sin más preámbulos, señor ministro, vamos a comenzar con las
comparecencias, solicitada una por el Gobierno y otra por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre la próxima cumbre Iberoamericana de La
Habana. (El señor YáñezBarnuevo García pide la palabra.)
Señor Yáñez-Barnuevo tiene la palabra.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor presidente, quiero hacer una
aclaración a efectos formales. Como tuve ocasión, por ausencia del
presidente y por su propia indicación, de presidir la Mesa y
portavoces el miércoles día 13, que fijó este orden del día, tengo
que decir que no había petición del ministro para informar de la
cumbre Iberoamericana de La Habana. Por tanto, el punto 1 decae.
Quedaría la comparecencia a petición del Grupo Socialista y la
pregunta del Grupo Popular.
Reiteradamente se ha hecho ya ese tipo de pequeña informalidad, es
decir, no atenerse a la norma o a la forma, y no veo la necesidad. Se
produce la petición del Gobierno posteriormente a que se fije el
orden del día y se incluye en el orden del día. Eso no tiene sentido
y además tampoco es necesario, porque si de todas maneras va a haber
un debate sobre el tema, qué más da que haya una petición del
Gobierno sobre ese punto o no. Como digo, en este caso se ha
producido la circunstancia de que tuve la oportunidad, por ausencia
del presidente y por su indicación, de presidir la Mesa y portavoces,
no hubo tal petición del Gobierno en ese momento y posteriormente no
puede haberla, porque quien fija el orden del día es la Mesa y
portavoces.
El señor PRESIDENTE: Se lo transmitiré al Gobierno para que lo tenga
en cuenta.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, el
próximo 16 de noviembre tendrá lugar en La Habana la novena cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Como es bien sabido,
Iberoamérica, junto con Europa y el Mediterráneo, representa uno de
los pilares básicos de la política exterior española, por razones
históricas, culturales, lingüísticas, incluso afectivas. La política
exterior de España, la propia España
incluso diría yo, no se puede comprender si no se le incorpora el
espacio iberoamericano. Esos vínculos tradicionales que desde siempre
alentaron en nosotros, aún de manera difusa, el sentimiento de
pertenencia a una misma comunidad, se han venido a reforzar durante
los últimos años con una creciente presencia de las inversiones de
nuestras empresas en aquellos países, con un incremento sostenido de
los flujos de exportaciones e importaciones, de los intercambios
culturales y científicos y con el aumento de los fondos destinados a
la cooperación. Esto es así hasta el punto de que hoy en día España
es el primer inversor europeo en América y en algunos casos incluso
el primer inversor en el mundo, cuando no el segundo, después de
Estados Unidos, en todo caso el primero de Europa, y uno de los
primeros contribuyentes del mundo en fondos de ayuda al desarrollo
destinados a Iberoamérica.
Los intereses económicos compartidos han reforzado, todavía si cabe,
nuestra tradicional relación basada en identidades históricas y
culturales. La extraordinaria generosidad, la movilización de la
sociedad española en respuesta a la destrucción causada por el
Huracán Mitch en Centroamérica, por ejemplo, no hace más de un año,
expone con meridiana claridad la medida en que España, en su
conjunto, es partícipe en este sentimiento de comunidad con
Iberoamérica. Las cumbres nos parecen hoy habituales, pero conviene
detenerse un poco y recordar que el hecho de que se reunieran todos
los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos era
algo que antes de 1991, fecha de la primera cumbre, no había sucedido
nunca en nuestra historia compartida. Cabría preguntarse si la
creciente relevancia que el Continente iberoamericano ha ido
alcanzando en el orden internacional no tiene mucho que ver con el
hecho, que hoy nos parece incluso banal, de que la comunidad
iberoamericana haya sido durante esa década capaz, por primera vez en
su historia, de presentarse unida y en muchos de los grandes temas
internacionales hablar con una sola voz. Las cumbres iberoamericanas
iniciaron su andadura en 1991 en la ciudad mexicana de Guadalajara;
desde entonces han venido actuando en tres ámbitos: el político, el
de cooperación y otro no previsto inicialmente, que podría definirse
como el desarrollo de un entramado iberoamericano.
En el ámbito político, las cumbres constituyen el foro de
concertación política al más alto nivel existente entre los países
iberoamericanos. Esto quiere decir dos cosas: primero, que
constituyen el espacio idóneo para que países iberoamericanos que
pudieran tener diferencias entre sí puedan conversar francamente
sobre ellas y eventualmente llegar a soluciones a las mismas; son, en
definitiva, el instrumento político que permite canalizar nuestros
diferendos y, en su caso, resolverlos de un modo autónomo. En segundo
lugar, las cumbres permiten que afloren consensos sobre aquellos
temas que la comunidad iberoamericana estima que son los
fundamentales para su porvenir y los cuales inspiran luego tanto la
actividad de nuestras respectivas administraciones en el orden
interno como nuestra actuación en el exterior, permitiéndonos situar
en la agenda mundial los temas que más interesan a nuestra comunidad.
En el ámbito de la cooperación, las cumbres han impulsado ya un largo
número de programas propiamente iberoamericanos en ámbitos como la
educación, en sus distintos
niveles; la cooperación científica y tecnológica; el desarrollo de la
industria audiovisual o la promoción y protección de las poblaciones
indígenas, entre otros.
Por último, las cumbres han propiciado el desarrollo de una muy vasta
red de encuentros ministeriales y de representantes de la sociedad
civil en el ámbito estrictamente iberoamericano. Las conclusiones de
esos encuentros se suelen elevar a la consideración de los jefes de
Estado y de Gobierno durante la cumbre. Creo que es importante que no
perdamos esta perspectiva en cuanto a la amplitud y contenido del
proceso de las cumbres y que tengamos en cuenta estas consideraciones
generales que he hecho antes de entrar a examinar los preparativos y
perspectivas de la cumbre de La Habana.
Es sabido que en anteriores cumbres se ha producido, por una u otra
razón, la inasistencia de algún jefe de Estado o de Gobierno
iberoamericano sin que ello haya afectado negativamente al proceso en
su conjunto. Sin embargo, es cierto que esta es una cuestión que se
ha planteado en relación con la cumbre de La Habana. Aunque la
secretaría pro tempore parece que no tiene aún comunicación oficial
definitiva de la ausencia de jefes de Estado o de Gobierno, algunos
mandatarios iberoamericanos se han pronunciado públicamente al
respecto, como es el caso del presidente de Chile y, en solidaridad
con su postura, del presidente de Argentina, los cuales no asistirían
a La Habana porque en su opinión España no ha cumplido con los
compromisos asumidos en cumbres anteriores en relación con la
inaplicabilidad extraterritorial de las leyes nacionales. Como he
tenido ocasión de manifestar en reiteradas oportunidades, el Gobierno
no comparte ese punto de vista, por cuanto que el juicio del general
Pinochet discurre por razonamientos jurídicos de naturaleza
radicalmente diferente, en todo caso en función de convenios
internacionales suscritos por los países y no en función de
extrapolaciones territoriales de leyes nacionales. Los presidentes de
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador han manifestado igualmente su
intención de no asistir a La Habana por las especiales relaciones y
circunstancias por las que atraviesan sus relaciones bilaterales con
Cuba. Por tanto, nada tienen que ver con el caso anterior del senador
Pinochet.
Señorías, es precisamente la participación de todos nosotros en las
cumbres lo que nos ha permitido elaborar y desarrollar un código de
conducta democrático, que nos ha ayudado a casi todos a culminar
procesos de consolidación democrática en el continente, proceso aún
no completamente ultimado y sometido a continua profundización. Debo
reiterar mi convencimiento de que en las cumbres iberoamericanas
disponemos de esa pieza imprescindible para resolver los conflictos,
una institución que permite canalizar, de manera pacífica y moderada,
las diferencias que puedan existir entre socios, por lo que siempre
parece lo más razonable intentar hacer buen uso de las instituciones
de que disponemos, de las oportunidades que nos ofrecen, más bien que
prescindir de ellas.
Por lo demás, estoy también convencido de que es precisamente la
actuación conjunta de la comunidad iberoamericana la que fortalece a
cada uno de los países y de los grupos regionales que la componen,
mientras que las divisiones perjudican a todos. Albergo la esperanza
de que
estas reflexiones que tantos comparten en Iberoamérica, puedan ser
útiles en estos momentos.
En cuanto al contenido de los debates previstos en la cumbre, saben
SS.SS. que el tema fundamental de la misma será el de Iberoamérica y
la situación financiera internacional en una economía globalizada.
Será, pues, una cumbre de contenido básicamente económico, aunque sin
duda se tratarán otras cuestiones, y muy especialmente las propuestas
de reforma de las cumbres presentadas hace dos años por España. Sobre
todo ello estoy a disposición de SS.SS. para dar la información
complementaria que requieran.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Yáñez.
El señor YÁNEZ-BARNUEVO GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista ha
solicitado la comparecencia del ministro para conocer con antelación,
como debería ser y a veces es práctica habitual, los objetivos y la
estrategia del Gobierno español con relación a la próxima cumbre de
la Habana de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos.
El ministro, cuya presencia agradecemos, ha explicado el origen de
esas cumbres. Siempre es bueno recordarlo, porque a veces la falta de
memoria es mala consejera y es bueno saber que fueron esos principios
que el ministro ha enunciado los que dieron lugar a la creación de
una institucionalidad de reuniones periódicas de jefes de Estado y de
Gobierno que no había existido con anterioridad nunca desde la
independencia de los países de América Latina. Se aprovechó
precisamente la excusa, podríamos decir, del V Centenario del
descubrimiento de América o del encuentro entre dos mundos, para
impulsar, como ocurre tantas veces en política, una idea que ha dado
frutos como consecuencia de esa conmemoración. Se pretendía entonces
que la conmemoración no fuera sólo un conjunto de acontecimientos de
carácter efímero, sino que dejara huella permanente de carácter
institucional en la cooperación, en el encuentro entre los países
iberoamericanos. De ahí surgió el nacimiento del Instituto Cervantes,
de la Casa de América, de otro tipo de instituciones y, sobre todo,
de las cumbres iberoamericanas.
Ya he dicho en otras ocasiones que creo que fue un acierto el inducir
el hacer que Méjico convocara la primera cumbre en 1991, para que así
la de 1992 del V Centenario fuera en Madrid, y desde entonces algo
que parecía una utopía, una quimera, algo imposible de poder
realizar, por muchas razones, diferencias entre países, presiones de
grandes potencias, se convirtió en realidad.
Además, en aquellos momentos de crisis económica y de distinto
estadío de desarrollo democrático, que casi es un sofisma para decir
que algunos países entonces no tenían claramente la institucionalidad
democrática establecida, era muy complicado organizar una cumbre de
esa naturaleza. Había otro factor añadido, y es que en España y en
Portugal existía un predominio, una hegemonía del pensamiento
europeista. Parecía, erróneamente en mi opinión y afortunadamente en
la de muchos, que lo de Europa, la construcción europea, el discurso
europeo, la Unión Europea descartaba otro tipo, por llamarlo así, de
alineamientos de
España. El ministro ha dicho -y coincido con ello -que España no debe
autolimitarse o mutilar su proyección exterior circunscribiéndola
exclusivamente a la europeidad. España tiene una dimensión americana
histórica, cultural, lingüística y de muchas dimensiones y también
mediterránea, y no solamente no es contradictoria, sino que es
complementaria con nuestra dimensión europea. Recuerdo que entonces
decíamos muchos que la dimensión americana es justamente lo que nos
da un plus en Europa de fuerza, de autoridad, de valor añadido en
nuestras relaciones con el resto de los países europeos y en el seno
mismo de la Unión Europea, y así ha sido a lo largo de esta década.
Pero hay que decir que entonces no era tan fácilmente comprensible
ese discurso americanista.
Las cumbres se pusieron en marcha, las cumbres funcionaron contra
muchos escepticismos; primero, el de que era difícil que se reunieran
y segundo, el que permanecieran o que se sucedieran anualmente y, sin
embargo, estamos en la novena cumbre desde el año 1991 y las cumbres
continúan. Eso no quiere decir que no hayan tenido, con uno u otro
Gobierno, problemas de recorrido, problemas en el camino, que se han
ido resolviendo más bien que mal; es decir, se han ido superando los
escollos que se iban planteando en esas cumbres iberoamericanas que,
en efecto, son foros de concertación política únicos e irremplazables
de los países iberoamericanos y de cooperación cultural que debemos
desarrollar no solamente bilateralmente, sino con un carácter
multilateral.
Uno de los secretos y de las claves del éxito del desarrollo de las
cumbres es el consenso y el no llevar a las mismas los diferendos
bilaterales que tienen otro ámbito de discusión u otro ámbito para
ser resueltos, por una razón muy sencilla; si en cada cumbre todos
los países o algunos de los países plantean sus conflictos o sus
diferencias con el vecino o con el no vecino por muy diversos
motivos, las cumbres hubieran estallado en mil pedazos desde el
principio. De la misma manera que si se hacen exclusiones por razones
de carácter político, no podríamos mantener una cumbre con una
asistencia de los países del cien por cien o del 90 ó 95 por ciento.
Pensemos sólo un momento si Ecuador y Perú o Argentina y Chile o
Colombia y Venezuela o los países centroamericanos hubieran llevado
sus conflictos fronterizos o bilaterales al seno de la cumbre con
exclusión del llamado oponente en esos temas, hubiera estallado por
los aires la propia existencia de la cumbre.
Por todo ello consideramos, y lo repetimos aquí, un error -que aunque
no ha sido reconocido explícitamente, tácitamente sí -del Gobierno
español cuando en la cumbre de Chile provocó el incidente conocido
como de las corbatas. El Gobierno español tenía todo el derecho a
tener una opinión determinada sobre Cuba, pero llevarlo al seno de la
cumbre Iberoamericana creaba un precedente que hacía peligrar la
propia existencia de la cumbre. Ojalá me equivoque, pero puedo pensar
que ese error de la cumbre de Chile cometido por el presidente Aznar
ha dado pie también a que ahora el presidente Frei o el presidente
Menem recurran a argumentos parecidos para no asistir a La Habana con
motivo de un diferendo con España en el que no tienen razón y en el
que coincidimos con el Gobierno español en que el asunto Pinochet no
debe interferir en la cumbre Iberoamericana, va por sus cauces
judiciales y no debería
ser motivo de la ausencia de ningún país. Pero quizás fue un error o
una novatada de un gobierno que se incorporaba entonces a las
primeras cumbres; aquellos polvos traen estos lodos.
Yo quería preguntarle al ministro, porque es una de las razones de la
comparecencia, además de Argentina y Chile qué otros países han
anunciado que no van a asistir, porque teníamos noticias de prensa de
que había otros países centroamericanos, como Nicaragua -no sé si
algún otro, espero la confirmación o el desmentido del ministro -que
no van a asistir. Es verdad que en otras cumbres, desde la segunda
-creo que en la primera no faltó ninguno -siempre faltó alguien, pero
fue justificado; fue por motivos de salud o por motivos fácilmente
comprensibles que no tenían nada que ver con asuntos políticos o de
diferencia con algunos de los países asistentes. Ahora sí tiene más
importancia, por la característica especial de que sea en La Habana,
cuya singularidad del régimen cubano nadie ignora, y sobre todo por
su propia supervivencia en la cumbre, el conocer cuáles son los
países que no van a asistir, aunque sea oficiosamente, porque a lo
mejor no lo han comunicado a la secretaría formalmente. Esta es la
última oportunidad probablemente que vamos a tener en la Comisión de
Asuntos Exteriores de que el ministro pueda informarnos y sería bueno
conocer qué países van a ausentarse, qué jefes de Estado y de
Gobierno no van a asistir y cuál es la reacción del Gobierno a tal
efecto.
Otro aspecto que nos interesaría que el ministro ampliara es el
relativo al estado de los trabajos para la creación de la secretaría
permanente, si hay ya un acuerdo para nombrar al embajador Jorge
Alberto Lozoya, mejicano, como secretario permanente de las cumbres,
y si hay ya una estructura de ese organismo que se va a crear, por
pequeño y modesto que sea, si va a haber algún español en esa
estructura o si no existe todavía esa estructura y tendrá que
discutirse en La Habana, cosa que comprenderíamos. No sabemos cuál es
el estado de los trabajos sobre la secretaría permanente y nos
gustaría conocerlos, si tiene un presupuesto. Ya aprobamos por
unanimidad en esta Comisión instar al Gobierno español a que
defendiera en la cumbre la sede de la Rábida, porque hay en sí un
acuerdo de que sea España la sede de esa secretaría permanente. Pero
repito, sus características, sus objetivos, presupuesto, organigrama
de personal no lo conocemos, a lo mejor todavía no existe, y esa
aclaración es la que queremos del ministro, si eso se va a discutir
en La Habana o cómo están los trabajos en esa dirección.
Termino, señor ministro, deseando el mayor éxito de la cumbre y la
mejor y mayor aportación del Gobierno español en ese éxito de la
misma. Hay una tradición no escrita en las cumbres y en todo lo que
tiene que ver con los asuntos iberoamericanos multilaterales, que
aunque el país anfitrión de cada cumbre juega un papel primordial,
protagonista en la organización, los demás países conceden a España,
no porque España se tome esa prerrogativa de su mano, la facultad de
tener ese papel preeminente en las cumbres, y esa responsabilidad,
nos guste o no, la asumimos. Yo sé que el Gobierno la asume y la
asumían también gobiernos anteriores. Por eso, es muy importante la
opinión que el ministro pueda expresar sobre esos aspectos que le he
preguntado en esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Como les indicaba al principio, era mi
intención, lógica por otra parte, acumular esas comparecencias y la
pregunta que figura con el número 9 del orden del día, de la que es
autor el señor Robles Fraga y que se refiere precisamente a los
trabajos preparatorios de la cumbre Iberoamericana.
Señor Robles Fraga, brevemente, esta es la ocasión para formular esa
pregunta y añadir las consideraciones que le parezcan oportunas.
El señor ROBLES FRAGA: Imagino que luego habrá intervenciones de
otros grupos. Por tanto, yo la formulo tal y como está en el orden
del día y así ahorramos tiempo. Intervendré en el turno de los
grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Seré breve en esta intervención.
Efectivamente, por un lado, es cierto que hay que agradecer la
información que nos facilita el señor ministro sobre este tema y es
importante que sea tratado en esta Comisión, pero, por otro lado,
también es verdad que el tema está como está y la situación es
perfectamente clara. Por tanto, ni por parte del ministro podía
profundizarse mucho más de lo que ha hecho en su intervención, ni
creo que los portavoces podamos ir mucho más allá de lo que
prácticamente ya ha quedado dicho por el portavoz socialista.
Efectivamente, es lamentable la situación hacia la que se encamina la
cumbre de La Habana, pero al mismo tiempo es evidente que ninguna
responsabilidad tiene España en eso y el Gobierno español no puede
ser tenido como responsable de que dos jefes de Estado, que deberían
asistir a la cumbre de La Habana, concretamente los de Chile y
Argentina, tengan una incapacidad cultural, jurídica o política
respecto de sus propios electorados para entender lo que es una
situación procesal en España en aplicación de los convenios
internacionales y, por tanto, para entender que ahí no hay ni una
invasión de su soberanía ni una ofensa a lo que son sus regímenes
políticos, sino una simple aplicación por parte de un sistema
judicial que funciona, a diferencia quizá de sus propios sistemas
judiciales, de lo que es un derecho internacional general y un
derecho internacional convencional. Por tanto, nada de eso es un
argumento para poder bloquear la cumbre de La Habana. En
consecuencia, nosotros en absoluto hacemos responsable al Gobierno
español de esa situación. Sí compartimos que no es oportuno o no
conviene que la cumbre de La Habana se convierta, ni ahora ni antes
ni en el futuro, en una fuente de debate de problemas bilaterales,
pero tampoco llegaríamos a hacer esa causa-efecto, que a lo mejor
otros portavoces hacen, de que el hecho de que ahora se lleven
problemas bilaterales a la cumbre es consecuencia de que ya lo
hiciera en su momento España. Creemos que esa es una interpretación
un poco exagerada de lo que es realmente la situación.
Quiero reiterar el deseo de máximo éxito a lo que es la cumbre de La
Habana. También quiero reiterar nuestro
apoyo a cualquier esfuerzo que pueda hacer el Gobierno español por
mejorar al menos -o incluso habría que decir en algún caso salvar-
las relaciones entre España y Chile o entre España y Argentina, en la
medida en que puedan verse alteradas por el ejercicio por parte del
sistema judicial español de sus funciones en el caso Pinochet. Quiero
que conste nuestro pleno apoyo a cualquier medida diplomática que
intente suavizar las relaciones, salvando el principio de que el
sistema judicial español ha de seguir cumpliendo con su obligación, y
nuestro apoyo a cualquier iniciativa que permita salvar la cumbre de
La Habana, con esas dos ausencias vinculadas a la situación en
España, y con esas otras tres ausencias a las que ha hecho referencia
el ministro, que ya nada tienen que ver con nosotros, pero que no por
ello dejan de ser importantes. El hecho de que también fallen
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador es algo que tampoco ha de ser
considerado positivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias por su comparecencia, señor ministro.
Como usted mismo ha anunciado, en esta cumbre de La Habana va a haber
un asunto de especial relevancia sobre la mesa, que es el económico,
donde yo creo que los países iberoamericanos tienen mucho que decir,
por cuanto son, desde mi punto de vista, una de las regiones del
mundo donde este nuevo modelo económico, esto que se denomina la
globalización, tiene unos efectos peculiares, ya que, también
globalmente hablando, como región, no se puede considerar que haya
sido el mecanismo que les haya posibilitado la salida de las
situaciones precarias en las que se veían inmersos tradicionalmente.
Había un comentario que decía que hace cien años que se estaba
hablando de la necesidad de la apertura de los mercados, de la
globalización. Iberoamérica no ha conseguido durante todos estos años
elevar sus tasas de crecimiento, sus igualdades sociales, etcétera.
Por tanto, la globalización es un elemento importante para
Iberoamérica, para esta cumbre, para conseguir políticas o acuerdos
que puedan reducir la brecha que se está creando entre dos mundos, el
desarrollado y el que afecta especialmente a la comunidad
iberoamericana.
En esta cumbre, básicamente económica, creo que tendrán una especial
relevancia todas aquellas cuestiones que redundan en unos mejores
resultados económicos para los países iberoamericanos, y hago
referencia no sólo a las materias primas, sino sobre todo al comercio
internacional de los cultivos tradicionales que hay en Iberoamérica.
Ha habido durante estos años una falta de sensibilidad en las grandes
potencias; la globalización no ha tenido en cuenta las necesidades y
las peculiaridades de los productores de estos cultivos, y desde
luego los precios y el mercado no han dado una salida como se
merecían a estos productos.
Otro de los elementos económicos que también son fundamentales para
esta cumbre y para Iberoamérica es todo lo relativo a la deuda
externa. Si miramos globalmente Iberoamérica se podría llegar a
concluir que prácticamente supone el 40 por ciento de los ingresos
que tienen estos países. Por tanto, son elementos relevantes para una
cumbre económica. Es mi deseo que se puedan sacar las conclusiones
necesarias para minorar o eliminar, en todo caso, en una visión
todavía más optimista, las consecuencias negativas que está
originando el mantenimiento de estas situaciones.
Me gustaría que comentara si la recientemente celebrada cumbre en Río
de Janeiro entre la Unión Europea y América Latina va a suponer
también un input dentro de esta cumbre, porque tuvo unas
connotaciones básicamente económicas, donde se preparaban una serie
de acuerdos políticos, jugando un papel esencial España. Está claro
que hay un consenso total por parte de todas las fuerzas políticas en
cuanto a la prioridad de nuestras relaciones con América Latina y nos
gustaría saber, repito, cómo esa reciente cumbre puede incidir no
sólo ya en la cumbre de la Habana, sino en posteriores cumbres que se
puedan celebrar. Quizá pueda haber una reincidencia en algunos de los
asuntos que se puedan incluir en los distintos órdenes del día, tanto
en una cumbre como en la otra.
Hay otro elemento que concurre en esta cumbre de la Habana que hasta
ahora no había ocurrido, y es el planteamiento, de boicots por parte
de algunos países a su presencia, por lo menos a la presencia de sus
jefes de Estado. Aquí se ha dado el argumento -y yo lo comparto -de
que España no es culpable de las declaraciones de Chile y Argentina
de no acudir al más alto nivel, pero creo que tampoco es culpa de
Cuba que esto se esté produciendo. Todos los grupos coincidimos en
que no podemos justificar que las cumbres iberoamericanas se puedan
llegar a convertir en una serie de desafueros, de desencuentros entre
cuestiones bilaterales, porque al, final lo único que ha producido en
la celebración de las cumbres, no incluyendo esa teoría en su
funcionamiento, es que pudiese haber encuentros bilaterales entre
distintos países que pudieran tener algún tipo de conflictos y, en
todo caso, se han convertido en un mecanismo de solución esos
conflictos. Por tanto, no hay justificación por ningún lado para que
estos países estén planteando este boicot. Seguimos subrayando que la
presencia de todas las naciones es la garantía para una mejor
convivencia política a nivel de relaciones exteriores, a nivel de
planteamientos de todo tipo de cooperación cara al futuro.
Hay otro elemento muy importante en esta cumbre, y es la evolución
política que se está produciendo en el conjunto de Iberoamérica.
Siempre estoy hablando como región, no personalizo ningún país. Fue
muy ilusionante el final de la década de los 80, se consiguieron una
serie de acuerdos de pacificación en conflictos que eran realmente
sangrantes y que tenían una incidencia extremadamente grave sobre
muchos países. Se consiguieron progresos importantes en su
democratización, pero creo que en estos momentos nos tendríamos que
parar a reflexionar si está habiendo, matizadamente si quiere, algún
tipo de involución política en Iberoamérica, si lo que está
ocurriendo en distintos países al final se va a convertir en un atajo
hacia no sé qué pretendida eficacia en las acciones políticas, al
margen de la observancia estricta de los principios democráticos.
No quiero concretar ningún país, pero usted sabe que hay una gran
inquietud por lo que está ocurriendo en Colombia. Distintos países
están valorando diferentes posibilidades para solucionar los
problemas de Colombia
-el narcotráfico y la guerrilla-, que eso sí puede convulsionar las
relaciones y la comunidad civil americana más allá de cualquier tipo
de valoración sobre participación de países fuera de esta comunidad.
Estamos muy preocupados porque los acuerdos de paz de Guatemala -
según las noticias que tenemos -no se estén cumpliendo; estamos muy
preocupados porque seguimos teniendo índices de vulneración de
derechos humanos que no debían ser el marchamo de identidad de esa
comunidad a la que queremos pertenecer.
Quiero terminar mi intervención preguntándole si la secretaría de
cooperación va a ser el único elemento de la arquitectura
institucional de que van a disponer las cumbres, si se plantea que va
a ser una salida a medio plazo y quizá a más largo plazo se podían
plantear otro tipo de instrumentos. Nos gustaría saber cómo se
articula la participación social en las cumbres, si hay determinados
mecanismos, si se pretende desarrollarlos más, si van a coincidir con
las cumbres antes o después, si realmente la renovación de las
cumbres es un planteamiento a corto plazo y si el Gobierno ya está
valorando como satisfactoria la forma en la que se están
desarrollando para seguir manteniendo lo que yo creo que es una
identidad de nuestro Parlamento: el consenso político sobre estas
cuestiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Creo que todos podemos estar de acuerdo en un
punto de partida, y es que las cumbres son un instrumento
especialmente importante para España: instrumento político,
instrumento diplomático, instrumento de cooperación. Y si algo
importante hemos hecho en la política exterior hacia Iberoamérica en
los últimos veinte años, si algo grande hemos construido y si,
además, ese algo grande e importante lo hemos hecho con el apoyo de
todos y con todos y para gobiernos pasados, presentes y futuros, es
el mecanismo de las cumbres iberoamericanas. Por ello creo que si se
habla de consenso en la política exterior, lo primero que hay que
hacer, además de Europa, es hablar de las cumbres iberoamericanas y
de la comunidad iberoamericana de naciones. Por ello es una
satisfacción, creo que legítima, pensar que el Gobierno así lo
entiende, que en eso trabaja y que, por lo tanto, hace todo lo
posible para que la cumbre de la Habana sea un éxito. Es evidente que
la cumbre de La Habana ha planteado siempre problemas. Ya en su
momento se retardó la designación de La Habana como sede de la cumbre
lo más posible; ya en su momento se comprendieron las dificultades y
se esperó, además, que pudieran ser superadas en el momento de la
celebración de la cumbre. Son dificultades objetivas que nacen de
que, más allá de la teoría tradicional de nuestra diplomacia respecto
a Iberoamérica de que se reconocen Estados y no gobiernos o regímenes
políticos, el régimen que existe en Cuba es singular y en él no se
respetan los principios básicos comunes propugnados, proclamados
y defendidos por todos los demás. Me refiero a principios democráticos
de respeto a los derechos humanos, etcétera; eso es una dificultad
objetiva. Si con esa dificultad objetiva, con la fecha en que la
cumbre de La Habana se iba a producir, coincide otro elemento, quizá
otro objeto espacial
no identificado de ruta mucho más variable como los viajes al
extranjero del senador Pinochet, ustedes comprenderán que tal
concurrencia de astros provoque turbulencias en la tranquilidad y en
el desarrollo programado y programable de las cumbres
iberoamericanas. Por tanto, habría que hablar no sólo de Chile y
Argentina, sino de los problemas internos que a países tan serios,
democráticos, respetables y civiles como Costa Rica les plantea
asistir a la cumbre de La Habana; eso es de lamentar.
Es evidente que hay que felicitar al Gobierno porque está haciendo
todos los esfuerzos posibles, imaginables y deseables para que los
gobiernos que tienen problemas para sentarse juntos en La Habana
entiendan que la mejor manera de resolverlos es estar allí y discutir
las diferencias. Si alguna importancia tienen las cumbres
iberoamericanas es que proporcionan, por primera vez, a las naciones-
Estado de Europa y América Latina que hablan portugués y castellano,
una ocasión y un lugar en el que discutir y resolver amigablemente
sus diferencias.
En cualquier caso, no podemos decirle al Gobierno solamente que le
felicitamos por sus esfuerzos; los aquí presentes debemos hacer algo
para ayudarle en esos esfuerzos. Habría que pedir, repito, a todos
los aquí presentes, que representan a mucho más, que contribuyan con
sus declaraciones y esfuerzos a tranquilizar ánimos, a no confundir
los espíritus y a poner en orden el consenso nacional español de
partidos que trabajan juntos por el éxito del mecanismo de las
cumbres, más allá de que lo protagonice este Gobierno u otros
gobiernos españoles en el pasado; eso es lo primero que habría que
decir.
Lo segundo -y creo que tiene algún interés -es que existirán cumbres
después de La Habana. No soy de los que piensan que lo mejor que
puede pasar con La Habana es que termine lo antes posible y nos
planteemos trabajar por la cumbre de Panamá. Si en algo ha trabajado
este Gobierno y de algo nos hemos ocupado en esta Comisión, es de dar
continuidad a las cumbres. Convendría escuchar alguna opinión un poco
más desarrollada sobre las propuestas de reforma de las cumbres y los
mecanismo de institucionalización que puedan asegurar la eficacia,
agilidad y buen resultado de sus trabajos.
Es necesario recordar que, superando la dificultad objetiva que ha
planteado siempre y plantea la cumbre de La Habana, podremos
contribuir no sólo a su éxito, que será el éxito de todos los
iberoamericanos y no del Gobierno cubano -así han sido siempre las
cumbres, una ocasión para el trabajo conjunto y fructífero de todos
los que asistían y no de lucimiento de los gobiernos que las acogían
-,sino al éxito mismo de la idea iberoamericana de España; una idea
construida entre todos que debe estar, en la medida de lo posible,
acogida, albergada y protegida por el sentido común y la
responsabilidad de los que participan en las tareas de Gobierno y de
los que, desde fuera del Gobierno, contribuyen a la formulación del
consenso en materia de política exterior.
La cumbre de La Habana plantea problemas de conciencia a todos los
demócratas de América Latina por la contradicción aparente entre los
principios democráticos en que se sustenta la comunidad
iberoamericana y los problemas que sufre hoy el pueblo cubano. Sólo
hay una respuesta a esa dificultad de conciencia: decir y reiterar
que la
vigencia de las cumbres iberoamericanas, la continuidad y estabilidad
del proceso de edificación de un entramado de intereses compartidos,
es la mejor respuesta, la mejor esperanza, para que todos los
iberoamericanos puedan ahora y en el futuro alcanzar los grados de
libertad y diálogo que esperamos como principios que rijan esa
comunidad.
Lo mismo hay que decir a los países que tienen problemas políticos
para asistir a la cumbre de La Habana relacionados con el caso
Pinochet. La mejor manera de solucionar los problemas entre los
miembros de la comunidad, de la familia iberoamericana de naciones,
es ir a La Habana, sentarse y discutir amigablemente, de buena fe,
sus problemas y diferencias. Por eso intervenimos en esta
comparecencia, para reiterar al Gobierno nuestro apoyo y para
felicitarle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por sus
esfuerzos en pro del éxito de la cumbre de La Habana yde la
continuidad y futuro éxito de las cumbres iberoamericanas. No sólo
porque es algo que concierne al día de hoy, sino porque es un
proyecto para el día de mañana, para los días que vendrán, a cuyo
éxito y mejor futuro debemos contribuir todos los aquí presentes.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor
presidente, quiero empezar dando las gracias por las intervenciones y
los apoyos ofrecidos por todos los grupos sin excepción.
Por lo que se refiere a los contenidos de la cumbre, cuestión por la
que el señor Navas ha mostrado especial interés, quiero informarles
que, durante las reuniones preparatorias celebradas hasta ahora, ha
ido emergiendo un consenso, que sin duda quedará reflejado en la
declaración de La Habana, en relación con aspectos básicos de
nuestras políticas económicas. Quiero destacar los más relevantes,
que son los siguientes: la necesidad compartida por todos de mantener
políticas económicas financieras sanas, la promoción del incremento
de las tasas de ahorro interno, la profundización en los cambios
estructurales de nuestras economías, la necesidad de reforzar la
disciplina y la transferencia financiera y bancaria, la necesidad de
continuar estimulando las inversiones extranjeras directas
estableciendo para ello un marco de seguridad jurídica adecuado y la
defensa de un comercio internacional libre, no discriminatorio
y equilibrado. Parte del consenso establece que esas materias de
política económica deben tener como objetivo básico en todo caso,
como no podría ser menos, la búsqueda de la justicia social, la
elevación de los niveles de bienestar de las sociedades, la promoción
de políticas de apoyo a los sectores más vulnerables y la ampliación
de la cooperación internacional.
Naturalmente, van a salir temas relacionados con la cumbre de Río en
la Unión Europea, por cuanto en esa cumbre logramos relanzar, como
SS.SS. saben, la negociación de los acuerdos de libre comercio entre
la Unión Europea y Méjico y poner en los raíles el mandato -que
estaba sin aprobar -para la negociación de un acuerdo de libre cambio
entre la Unión Europea y Mercosur, al margen de otras declaraciones
políticas que siguen estando vigentes.
Respecto de los problemas bilaterales que planean sobre la cumbre,
siempre los ha habido. Como bien decía el propio señor Yáñez, no ha
dejado de haber problemas bilaterales entre distintos países
iberoamericanos. Se han ido superando los escollos, en todo caso, y
continuaremos superándolos. Lo que sí tiene que quedar claro es que
la cumbre ha representado siempre un camino, una ocasión para tratar
esos problemas bilaterales y en muchos casos esa ocasión, con la
ayuda del buen ambiente, con la posible mediación de otros países, ha
dado lugar a que muchos conflictos bilaterales se resolvieran o se
encauzaran en las reuniones de las cumbres, y algunos de ellos muy
importantes.
Lo que también está claro, como muy bien decían los señores Guardans
y Navas, es que el hecho de que en un momento dado se utilice la
oportunidad que ofrece la cumbre para abordar problemas bilaterales
no obsta para que, al propio tiempo, todos los países tengamos la
firme y expresada voluntad de evitar que la no solución de un
conflicto bilateral pueda finalmente amenazar los logros de este foro
de concertación política multilateral. Ello quedó de manifiesto de un
modo claro, patente, hace un mes en el desayuno de preparación de esa
cumbre, que tuvo lugar en Nueva York con motivo de la asamblea de las
Naciones Unidas, donde todas las delegaciones, sin excepción, que
hablaron -hubo una o dos que permanecieron calladas -dejaron muy
claro que en ningún caso ningún tipo de conflicto bilateral debía
constituir una amenaza para los logros de la cumbre.
Respecto de las ausencias, efectivamente conocemos las de Chile y
Argentina y sus razones. Por cierto, en Argentina he visto algunas
declaraciones que incluso de alguna manera pretendían exculpar al
Gobierno haciendo distinción entre poderes, precisamente la
separación de poderes que tenemos. Sin embargo, lo importante es que
tanto esos dos países como los otros tres que han anunciado su no
asistencia a nivel de presidentes, de máximos mandatarios, y a los
que ya me había referido -lo he pasado por alto en aquel momento-,
que son Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, por problemas
bilaterales con La Habana, y, por tanto, al margen por completo del
conflicto relativo al senador Pinochet -y así lo han dicho además
claramente-; repito, tanto los dos que han expresado su disgusto
sobre este tema como los otros tres sí estarán representados; en el
caso de Chile y Argentina por sus cancilleres y habrá un nivel de
representación parecido en los jefes de delegación de los otros tres
países centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua y El Salvador).
Finalmente, acerca de las propuestas españolas de reforma de las
cumbres, como SS.SS. saben España presentó hace dos años algunas
propuestas tendentes a reformar para mejor consolidar las cumbres
iberoamericanas al objeto de, por una parte, dar mayor agilidad al
formato de la cumbre, como a los documentos emitidos y aprobados en
ellas, así como, por otra parte, dotar de mayor coherencia e impacto
a los programas de cooperación que se aprobaran.
La reforma del formato supuso la reducción al máximo de las
intervenciones formales y públicas, de los actos protocolarios y, en
cambio, la ampliación del tiempo destinado por los jefes de Estado y
de gobierno a sus reuniones plenarias a puerta cerrada y a sus
contactos bilaterales. De ahí
que siempre se haya aprovechado la cumbre como una ocasión para ir
hablando y profundizando en temas bilaterales por distintos países.
Esta reforma del formato se aplicó ya con éxito en la pasada cumbre
de Oporto y es el formato que se ha acordado mantener en la cumbre de
La Habana.
El segundo elemento de la reforma propuesta por España se refería al
establecimiento por primera vez de un órgano de carácter permanente.
Ustedes saben que cada año terminada una cumbre terminaba el mandato
de la secretaría pro tempore del país en cuestión encargado de
organizar tal cumbre y empezaba el mandato de una nueva secretaría
pro tempore que tenía el encargo de organizar la cumbre para el año
siguiente, lo que, a pesar, naturalmente, del solapamiento que había
y de los intercambios de información, producía una cierta
discontinuidad y una falta de institucionalización de las cumbres.
Por ello mismo España, además de esas reformas de formato, propuso
una primera reforma institucional, modesta por cuanto que había
reticencia por parte de algunos países en no crear nuevas estructuras
burocráticas, pero consistía, en definitiva, como ustedes saben, en
la creación de un órgano de carácter permanente, una secretaría
permanente, que llamaríamos Secretaría de Cooperación Iberoamericana.
Esta Secretaría tendrá por objeto la consideración de los nuevos
proyectos de cooperación que se presenten, la coordinación y
seguimiento de todos los programas que están en curso, la
identificación de fuentes de financiación, y, en definitiva, mantener
siempre viva la continuidad de esas cumbres.
De acuerdo con el mandato de Oporto, por tanto, en la cumbre de La
Habana se va a determinar formalmente la estructura y modalidades de
funcionamiento de esta Secretaría de Cooperación Iberoamericana. Los
jefes de Estado y de gobierno aprobarán los estatutos de esta
Secretaría, el nombramiento del secretario general, que efectivamente
será el embajador mejicano señor Lozoya, y la sede de este organismo,
que después de múltiples consultas y ante la actitud unánime de los
iberoamericanos se propuso que fuera Madrid, probablemente la nueva
sede radicará aquí. Todo ello se espera que se adopte formalmente en
la próxima cumbre. Ésas son, por tanto, señorías, las líneas
generales en torno a las que girará la cumbre, y estoy convencido de
que al margen de factores coyunturales todos estos años nos han
demostrado a todos la utilidad de este foro que nos permite actuar
como una sola comunidad, articular coherentemente nuestras grandes
prioridades políticas y contribuir a la mejora del nivel de vida y a
la mejor comprensión de todos nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor presidente sólo treinta
segundos porque me considero satisfecho con la respuesta del
ministro, que en esta ocasión ha hecho una explicación, creo yo, muy
exhaustiva y completa, salvo algo que ha dicho, aunque supongo que su
intención no era ésa, Madrid, sino España; es decir, el consenso para
que España sea la sede de la Secretaría permanente. Lo digo porque
como sabe el señor ministro se aprobó - claro que todas las
aprobaciones del Parlamento no son vinculantes para el Gobierno -por
unanimidad de esta
Comisión instar al Gobierno a que defendiera la sede de La Rábida
para la Secretaría permanente. Es decir, cuando ha dicho que Madrid
será la sede, supongo que se referirá a que España será la sede y ya
se decidirá el sitio; espero que acepte la posición unánime del
Parlamento de que sea La Rábida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Conozco,
efectivamente, el interés de esta Comisión, interés que yo mismo
comparto, que no me es ajeno, buscar la localización de esta
Secretaría permanente en un lugar tan entrañable y tan cargado de
historia en relación justamente con Iberoamérica como es La Rábida.
Pero aquí el gran problema con el que nos enfrentamos es que nuestros
amigos iberoamericanos en muchas conversaciones privadas aceptan el
principio de tener que cruzar el charco cada vez que tengan que hacer
una consulta a la Secretaría permanente. Pero el hecho de que a su
vez después tengan que hacer un segundo trayecto representa una gran
incomodidad, por lo cual lo previsible, a pesar del esfuerzo
realizado buscando una mayor comprensión problema, es que tengamos
que empezar a aceptar el principio de que será Madrid finalmente la
sede que se elija. Desde luego, en este caso lo más importante es
conservar la sede para España. Seguiremos haciendo gestiones, viendo
hasta qué punto ello es posible, pero no deberíamos poner en riesgo
que se logre la sede en España, a costa de no poder atender esa
petición de la Comisión que el Ministerio y el Gobierno comparten.
- GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA FISCALÍA EN LA
CAUSA QUE SE SIGUE EN ELREINO UNIDO RELATIVA ALPROCESO DE EXTRADICIÓN
DE AUGUSTO PINOCHET. ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/001285.)
- ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA POSICIÓN DE LA FISCALÍA
BRITÁNICAANTE UNAHIPOTÉTICASENTENCIA FAVORABLE AL DICTADOR PINOCHET.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
001287.)
- ACTUACIONES DEL GOBIERNO ANTE LA FISCALÍA BRITÁNICA, DIRIGIDAS A
IMPEDIR QUE SEA RECURRIDA UNA EVENTUAL SENTENCIA FAVORABLE AL GENERAL
PINOCHET. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 213/001289.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de las comparecencias
del señor ministro, que se encuentra recogido en los puntos 3, 4 y 5
del orden del día, todos ellos referidos al tema de la extradición
del general Pinochet. Hay una comparecencia pedida por el Grupo
Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, otra por el Grupo Parlamentario Mixto
y una tercera por el Grupo Socialista del Congreso. Vamos a tramitar
las tres conjuntamente.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, el
fallo del magistrado Bartle, dado a conocer el pasado viernes 8 de
octubre, representaba el primer paso en la consideración por los
órganos judiciales británicos de la solicitud de extradición del
senador Pinochet presentada por España al Reino Unido. A partir de
entonces se iniciaba un proceso complejo de recursos y apelaciones,
incluyendo la posibilidad de que el ministro de Interior británico
tomase en su momento la decisión de autorizar o denegar dicha
extradición. Todo ello configuraba un panorama legal y jurídicamente
muy complejo en el que resultaba imprescindible para el Gobierno
español conocer las normas aplicables a este proceso en sus futuras
y sucesivas fases, y al respecto se había recibido informaciones cuando
no contradictorias por lo menos no coincidentes. Por un lado, está el
Convenio europeo de extradición, en el que se fundamentó la solicitud
de extradición, pero, por otro, entraban en juego las leyes internas
británicas que regulan todas las cuestiones procesales sobre un
procedimiento de extradición. Y a esa situación de gran complejidad,
en la que algunos elementos no cuadraban, obedeció (fue la
justificación) la obligación que tenía el Gobierno de solicitar a la
Fiscalía británica mantener una reunión para que nos facilitasen
información precisa y de primera mano sobre todas esas cuestiones. La
Fiscalía británica la entendió perfectamente e indicó que no había
inconveniente alguno en celebrar dicha reunión. Para asistir a ella
se decidió que además de un representante de nuestra embajada en
Londres estuviese también presente un funcionario diplomático de este
Ministerio en Madrid. Se trata de una persona que ha estado destinada
con anterioridad cuatro años en la embajada en Londres, que además
trabaja actualmente en la Subsecretaría del Ministerio de la que
depende la asesoría jurídica del departamento. Les doy todos estos
antecedentes para que entiendan que estaba familiarizado con el
procedimiento de extradición de Londres. Se trataba, pues, de una
gestión diplomática normal, de carácter meramente informativo (así se
les había solicitado, así se concertó la entrevista) y, por
descontado, en ningún momento los mencionados funcionarios tenían
instrucciones de trasladar ninguna comunicación, ninguna clase de
instrucciones del Gobierno sobre dichas apelaciones. Así se lo
expresaron a la Fiscalía británica en el curso de la reunión
celebrada, tal y como quedó convenido el pasado martes 5 de octubre.
Creo que es más que razonable, más que justificado, es una obligación
del Gobierno frente a esa situación, sobre todo esperándose la
sentencia, como SS.SS. saben, para el siguiente día 8, el que se
tuviera exacto conocimiento de toda la compleja red de recursos y de
actuaciones que cabían. En el curso de dicha reunión mantenida el
pasado 5 de octubre, los representantes de la Fiscalía británica
informaron a esos dos funcionarios, que iban allí exclusivamente a
conocer los detalles de posibles recursos, de que el magistrado juez
del Juzgado de Instrucción número 5 de laAudiencia Nacional ya había
transmitido por fax a la Fiscalía
británica instrucciones para que apelasen un posible fallo del juez
Bartle, que denegase la extradición del senador Pinochet. Esas
instrucciones del juez instructor no habían sido comunicadas ni al
Ministerio de Justicia de España ni al Ministerio de Asuntos
Exteriores. No habían sido transmitidas a la Fiscalía británica por
vía diplomática, conforme dispone el Convenio europeo de extradición,
ni siquiera la propia Fiscalía británica había informado hasta este
momento al Gobierno de que se hubieran recibido esas instrucciones
del magistrado juez del Juzgado número 5. Es en ese momento
justamente cuando la Fiscalía británica procede a informar de que han
recibido ese fax con esas instrucciones. Ante esa situación, como era
obvio, los representantes diplomáticos españoles, por lógica
prudencia y ateniéndose estrictamente al mandato que habían recibido
puesto que no tenían instrucciones sobre esa cuestión que
desconocían, como desconocíamos todos, se limitaron a tomar nota de
esa información, comunicaron a la Fiscalía británica que la pondrían
en conocimiento de las autoridades españolas para que tomaran las
correspondientes decisiones. Los representantes británicos
solicitaron entonces poder disponer de la confirmación de esas
instrucciones por parte de las autoridades españolas antes del
viernes. Estamos hablando de que el martes día 5 es cuando se les
informa de esta situación y la Fiscalía británica solicita disponer
de esas instrucciones por parte de las autoridades españolas antes
del viernes, día de la sentencia. Tan pronto recibí la información
sobre esa reunión, me parece que era el miércoles 6, di las
instrucciones precisas para que se enviasen dos escritos. El primero
de ellos fue una nota verbal de la Embajada de España en Londres a la
Fiscalía británica, confirmando la validez de las instrucciones que
desde la Audiencia Nacional se les había remitido únicamente por fax.
Me parece recordar que en una rueda de prensa del jueves día 7, a
preguntas de un periodista, confirmé que efectivamente el día
anterior había pasado esas instrucciones a nuestra embajada en
Londres. Por tanto, las instrucciones fueron dadas el mismo día en
que se nos informa de la existencia de esas instrucciones desde la
Audiencia Nacional. El segundo escrito que ordené enviar fue un
oficio al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional,
informando sobre la nota verbal enviada y solicitando al magistrado
que, conforme al Convenio europeo de extradición y a lo demandado por
la Fiscalía británica, las comunicaciones entre ese juzgado español
y la Fiscalía británica se remitiesen por vía diplomática. Repito, es
lo que exige el Convenio de extradición y es lo que, con ocasión de
la visita de los dos funcionarios que iban a informarse, como acabo
de comentarles, solicitó la propia Fiscalía británica. Tengo que
decir que al poco tiempo se recibió en el Ministerio un escrito de
dicho juzgado acusando recibo del oficio que se le había enviado.
Hasta aquí el relato de los hechos tal como ocurrieron. Estoy seguro
de que SS.SS. saben que al día siguiente de esa reunión, el día 6, en
los medios informativos se dijo que el Gobierno había querido anular
las instrucciones ya dadas a la Fiscalía británica. Nada más lejos de
la realidad, como acabo de explicarles. Ese mismo día 6, a las diez
de la mañana, el director general de la Oficina de Información
Diplomática negó tajantemente que se hubieran dado tales
instrucciones y explicó, como yo les acabo de aclarar, que
los dos funcionarios iban a informarse de la red de recursos que
procedía interponer, de acuerdo con la legislación británica, después
de la sentencia, y se encontraron con esa demanda del magistrado,
ante lo cual dijeron que no disponían de instrucciones y que la
comunicarían al Gobierno para que se actuara.
En conclusión, señorías, el Gobierno dispuso oficialmente, como era
su obligación ante la inminencia de la sentencia, la celebración de
una reunión con la Fiscalía británica de carácter exclusivamente
informativo, similar a las que se celebran regularmente con
representantes de cualquier otro país, en este caso, repito, para
obtener información sobre los aspectos procesales de un procedimiento
de extradición que tiene lugar en el Reino Unido, y confirmó por la
vía diplomática, como disponen los convenios aplicables a este caso,
unas instrucciones remitidas por fax desde la Audiencia Nacional.
Esto es cuanto tengo que informarles respecto de las gestiones
realizadas por el Gobierno español ante la Fiscalía en relación con
esta causa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor ministro, nosotros tenemos que hacer
profundas matizaciones a su explicación sobre estos acontecimientos.
En primer lugar, siguiendo el propio análisis que usted ha hecho,
tengo que decirle que qué mal hacen ustedes lo fácil. Su tesis,
recién expuesta, ha estribado en que el Ministerio de Asuntos
Exteriores necesitaba clarificar cuáles son los mecanismos judiciales
británicos y mandó unas personas para recabar del fiscal esa
información, y fíjese la que se ha liado. Es un mecanismo fácil, pero
ustedes han llegado a hacer complejo lo fácil y no es grato para la
oposición tener que decírselo, porque está en juego la credibilidad,
la imagen de España, de su modelo político, de eso que se ha venido
en subrayar permanentemente: la separación de poderes. En la
práctica, las actuaciones del Gobierno con relación al caso Pinochet
nos distancian cada vez más de lo que debían ser esas señas de
identidad de nuestro modelo político: el respeto a la acción de la
justicia, la colaboración con la justicia.
Usted declaró que se había aprovechado este caso para criticar sus
actuaciones, e incluso lo catalogó de rumor, de intoxicación, de
declaraciones sin confirmación. Si le sirven de confirmación los
escritos de la Audiencia Nacional, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, de la propia Fiscalía británica, podríamos hablar en esta
comparecencia de elementos como los que usted ha expuesto, es decir,
documentos oficiales, con contenidos oficiales, así dejaríamos de
acusar de intoxicaciones y de falta de confirmación. Lo digo porque
tengo aquí un documento del día 1 de octubre, que es una comunicación
del juez Garzón a la Fiscalía británica, en la que le aclara que debe
hacer todo lo necesario, interponer y agotar cuantos recursos fuesen
precisos legalmente, en caso de que la decisión del magistrado fuera
adversa a aquella demanda. Aquí está claro cuál es la voluntad, cuál
era la intención de la Audiencia Nacional, del juez titular del
Juzgado número 5 sobre las acciones a
tomar por parte de la justicia española, la única competente para
actuar judicialmente en este proceso.
Ustedes, en ese ínterin, envían su delegación a la Fiscalía. Yo me
pregunto, primero, quién dio instrucciones, quién autorizó el envío
de esta delegación, quién fijo el contenido de esa reunión, los
elementos que se iban a tratar, con qué extensión, con qué
matizaciones, por qué se decidió que fuese esa fecha la de la visita,
a tres días del veredicto de la justicia británica sobre la
extradición de Pinochet; por qué se decidió que había que ir allí a
buscar esa información sobre el aparato judicial británico y no
acudir a otro tipo de instrumentos, como pueden ser la propia
Audiencia Nacional, la Fiscalía del Estado, la Embajada española en
Londres, los servicios jurídicos del Parlamento o de Asuntos
Exteriores. Ninguno de estos elementos le daba suficiente garantía y
entendió que había que ir allí y, además, en esa fecha y con un
contenido para la reunión lo suficientemente ambiguo como para que el
fiscal tenga que protestar, tenga que considerar inaceptable lo que
le están diciendo los representantes de España, los representantes
del Gobierno español. Tras la presentación, tras la petición de
información que usted ha mencionado, el señor Aguirre continuó
diciendo que en Madrid todavía están por tomar las decisiones
respecto de los recursos y no ha podido decir (son palabras del
propio fiscal Brian Gibbins) si se nos va a pedir que recurramos en
caso de que el magistrado falle en contra de España, ni siquiera
confirmar si se celebrarán las reuniones necesarias para considerar
la cuestión con anterioridad a que se conozca la resolución del
viernes.
Esto entra en contradicción con el envío del juez Garzón del día 1 de
octubre a que he hecho mención, que está en poder del fiscal, y éste,
lógicamente, dice que no sabe cómo debe proceder: si presenta el
recurso siguiendo las instrucciones que ha recibido del titular del
Juzgado número 5 o si ha de esperar instrucciones del departamento al
que pertenecen los miembros de esa delegación, del departamento de
Asuntos Exteriores o del Gobierno español, que debe enviar algún tipo
de aclaración, que debe buscar la concordancia de las voluntades
entre el juzgado y el Gobierno, entre la justicia y la política.
Evidentemente, eso provoca la protesta del fiscal, que contesta
diciendo: no podemos considerar que nos han dado instrucciones para
presentar un recurso si una parte del Estado español da instrucciones
que parecen estar en conflicto con las que da otra parte del mismo.
El fiscal saca esa conclusión fruto de la conversación o del análisis
que ha hecho en esa reunión la representación del Estado español.
Incluso, según dice el fiscal, parece que hay una cita para una
posterior reunión, que no sé si se habrá producido. Si se ha
mantenido, me gustaría conocer en qué términos. El fiscal dice que
tendrá que informar al director -al que aquí sería el fiscal
general-, a su superior jerárquico, ante la dificultad que ha
surgido; con el fin de ayudarle a tomar una decisión quisiera -se lo
pide al juez Garzón- que utilice sus influencias para asegurar que
sus instrucciones se envían por vía diplomática. Lógicamente, ante la
contradicción manifiesta entre la voluntad del Gobierno y la del
propio juez, hay que recurrir a los aspectos formales. No voy a
valorar lo que pensaría el juez Garzón ni lo que pensaría el fiscal,
que también le reclama alguna documentación vía fax, que es
una vía suficientemente eficaz y rápida para manifestar cuál era la
voluntad del juzgado, pero le pide que sus instrucciones las envíe
por vía diplomática, oficialmente, dada la actual contradicción entre
las distintas voluntades; pide que Madrid proporcione instrucciones
escritas claras para saber cuál es el criterio que prevalece por
parte del Gobierno español.
Por supuesto que la embajada comunica al juez cuál es la voluntad del
Juzgado número 5 y le indica que tiene que recurrir en un escrito del
7 de octubre; en otro escrito de esa misma fecha del Ministerio de
Asuntos Exteriores al juzgado se indica la posibilidad de tener que
tramitar toda la documentación por vía diplomática, y en el último
escrito que tengo de la Audiencia Nacional el Juzgado número 5 le
indica al Ministerio de Asuntos Exteriores que todas las
notificaciones que ha enviado son de contenido estrictamente
jurisdiccional, fuera de lo cual están las gestiones realizadas por
los enviados por parte del Gobierno. No son interpretaciones, como ya
he dicho, no son rumores, no es intoxicación, son documentos
oficiales de la Audiencia, de la Fiscalía y del propio Ministerio de
Asuntos Exteriores. Por tanto, reafirmo el comentario con el que he
comenzado: Qué mal hacen lo fácil, qué problemas crean a este
procedimiento, qué obstrucción permanente están realizando a este
proceso judicial, que para nosotros es una base fundamental sólida
sobre la que se está construyendo un derecho internacional que evite
la impunidad, la globalización también de la acción de la justicia
contra la impunidad por acusados de estos delitos.
Yo le recordaría que el Gobierno no ha justificado cuál es su visión
política, su posicionamiento a este respecto sino que siempre se ha
parapetado en la frase de que es una cuestión de la justicia y que no
tiene valoración política. Nosotros le decimos que por supuesto que
tiene valoración política y que el Gobierno no se puede distanciar de
este proceso, no puede ser una parte contemplativa de este proceso
porque incurriría en la vulneración de sus responsabilidades legales
internacionales por no colaborar activamente con la justicia.
Desgraciadamente, la actuación y las declaraciones del Gobierno se
han apartado de esta responsabilidad de colaboración activa con la
justicia, y tengo que decir que el derecho internacional les obliga a
ustedes a esa colaboración activa.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, no quería interrumpirle, pero sí
recordarle la práctica habitual que tenemos en esta Comisión sobre la
utilización del tiempo, que usted está rebasando ampliamente. Por
favor, acabe cuanto antes.
El señor NAVAS AMORES: Un minuto, señor presidente.
Hay obligaciones legales internacionales expresadas, entre otros
instrumentos de derecho internacional, en la Convención contra la
tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; en
los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias; en la declaración
sobre la protección de todas las personas contra desapariciones
forzadas, etcétera, que por escasez de tiempo no puedo seguir
enumerando.
Señor ministro, tiene ahora una nueva ocasión en esta Comisión, ante
los representantes del pueblo español, para que su Gobierno recuerde
a las víctimas de la represión de Pinochet, cientos de ellas
españolas, no sólo ya en una visión global sobre lo necesario que es
la persecución de estos delitos sino incluso sobre los propios
nacionales. El propio presidente del Gobierno, en declaraciones a El
Mercurio en la cumbre de la Isla Margarita, en 1997, dijo
literalmente que resulta impensable al Gobierno interferir en las
acciones de los jueces, hablando sobre todo de los procesos contra
las dictaduras de Chile y Argentina abiertos en la Audiencia
Nacional. Otra cosa distinta es la posición del fiscal, eso es una
cuestión distinta que se puede interpretar no ya como una postura
personal del fiscal sino como una visión que lleva implícita la
posición del Gobierno. Esto es una declaración extremadamente clara
de cuál es la voluntad del Gobierno, la valoración política que hace
el Gobierno del caso Pinochet, que es la que están haciendo el fiscal
general del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional; no es
discrepancia jurídica sino que han entrado en valoraciones éticas y
personales que no se ajustan a lo que es un Estado democrático y de
derecho. No pueden someter al ministro portavoz a una comparecencia
de prensa como la que tuvo que hacer el día en que salta este
escándalo, en la cual entra en una contradicción permanente desde el
primer momento al no reconocer siquiera la visita de la delegación
y unas cuantas horas después tiene que decir que evidentemente se ha
producido esa visita pero que tenía otro tipo de contenidos. No se
puede reconocer lo que el fiscal británico estaba diciendo. Por
tanto, colaboren con la justicia, dejen de intentar contentar a todos
para que no tengamos que escuchar de las autoridades chilenas que
España tiene un doble lenguaje en este proceso; alegan que con el
Reino Unido se puede hablar porque sólo tiene una voluntad pero que
España sigue estando a las duras y a las maduras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, integrados en el Grupo Mixto, hemos solicitado también
la comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores, cuya
presencia agradecemos, para que nos explique convincentemente (debo
decir que hasta ahora no lo ha conseguido, al modesto juicio de este
diputado) por qué se produce esa extraña reunión un día antes de que
el juez Ronald Bartle decida, sin duda en una decisión histórica, que
Pinochet debe ser extraditado a nuestro país; unos días antes se
produce esa reunión. Por esa razón nosotros pedimos esta
comparecencia, disculpándome de antemano ya que no podré estar
presente para escuchar su contestación al existir otro compromiso
parlamentario al que me debo, concretamente la inmediata
comparecencia en la Comisión de Justicia del fiscal general del
Estado. Pero permítame que pueda expresarle aquí mis consideraciones
sobre esta petición de comparecencia que hemos realizado.
Era lógico que pidiéramos esta comparecencia, (otros grupos
parlamentarios también lo han hecho), dado que nos pareció en
principio bastante sorprendente e insólito.
que muy pocas horas antes de la decisión de Londres sobre la
extradición se produjera la visita de unos funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores a la fiscalía británica que lleva el
caso, según dice usted para, con carácter informativo, saber qué tipo
de recursos se podrían interponer; detalles sobre posibles recursos
ha dicho usted en su Intervención.
Es sorprendente que a esas alturas del procedimiento el Gobierno
español no sepa qué tipo de recursos puede haber cuando ya llevamos
un año de procedimiento. Se supone que el Ministerio de Asuntos
Exteriores tiene relaciones con el Reino Unido, conoce su derecho,
conoce el procedimiento, los servicios jurídicos lo conocen también;
pero justo unos momentos antes de que se produzca la decisión sobre
la extradición tiene lugar esa extraña reunión o esa extraña petición
de información. Nosotros hemos leído en los medios de comunicación el
escrito que la Fiscalía británica envía al Estado español, en el que
claramente le dice que hay una contradicción de instrucciones. Eso es
lo que dice la Fiscalía británica claramente al Gobierno español. Le
pide que se aclare porque tiene instrucciones contradictorias. Eso es
lo que yo he leído, señor ministro; aunque usted diga que no, eso es
lo que yo he leído en esa carta que se envía. Ante la contradicción
que se constata, aclare cuál es exactamente la posición de España
respecto del recurso contra un posible rechazo, aunque
afortunadamente no ha sido así, de la extradición. Por tanto, la
pregunta que queda todavía sin respuesta es: qué le dijeron
exactamente esos funcionarios a lal Fiscalía británica. ¿Qué le
dijeron? ¿Le dijeron que si había una decisión contraria a la
extradición no había que recurrir? ¿Le dijeron acaso que antes de
recurrir consultaran? ¿Le dijeron que quien únicamente decide eso es
el Gobierno español y no los jueces españoles? ¿Le dijeron que a ese
respecto la autoridad estaba en el Ejecutivo y no en el Judicial?
¿Qué le dijeron exactamente para que esa Fiscalía contestase de la
forma en que lo hizo en esa carta?
Esta petición de comparecencia se hacía necesaria para aclararlo. La
conducta del Gobierno español es profundamente contradictoria con la
forma en que se ha llevado el asunto hasta este momento, una forma
que en informaciones periodísticas del 17 de octubre de 1998, hace un
año, el presidente José María Aznar definió diciendo lo siguiente: El
Gobierno español no es parte del proceso y nos limitamos a contemplar
las actuaciones de los organismos judiciales. Es decir, adopta una
política (vamos a llamarlo así) contemplativa. Nosotros -decía José
María Aznar- sólo contemplamos las actuaciones de los órganos
judiciales. Realmente sí que las contemplan, porque la verdad es que
la colaboración con la justicia a ese respecto por parte del Gobierno
español es prácticamente nula, salvo el hecho de tramitar la
extradición, pero no hay una colaboración activa recabando pruebas e
interviniendo activamente. Esto es así de claro. Y resulta
contradictorio que un Gobierno contemplativo de pronto se convierta
en un Gobierno muy activo y empiece a solicitar reuniones y a pedirle
a la Fiscalía de forma apresurada en unas reuniones de carácter
informativo realmente bastante insólitas que le diga qué es lo que
hace y lo que no.
En el fondo, para justificar la petición de esta comparecencia,
tenemos que reconocer que no solamente nosotros,
sino también una parte importante de la opinión pública española (y
posiblemente a estas alturas se tenga esa sensación más allá de
nuestro país) tiene una desconfianza en el Gobierno en cuanto a su
actitud en este procedimiento, y a lo mejor usted piensa que no hay
razones para ello, pero la verdad es que la desconfianza existe. Hay
una desconfianza sobre la política de este Gobierno en cuanto a este
asunto que no solamente se deduce de las actuaciones de la Fiscalía,
que hasta ahora han sido realmente feroces en cuanto a obstaculizar
este asunto. La gente piensa que difícilmente una Fiscalía de la
Audiencia Nacional puede hacer estas cosas con esa contundencia,
yendo contra las decisiones de los órganos judiciales si no hay una
condescendencia, cuando no instrucciones, del Gobierno español. Es
difícil pensar que se pueda actuar de esa forma sin que haya una
cierta condescendencia por parte del Gobierno español. Y éste, usted
mismo, le envía a su colega chileno toda una serie de documentos que
obran ya en poder de los grupos parlamentarios de esta Cámara
(recientemente nuestro grupo ha recibido la correspondiente
documentación), le envía informes jurídicos elaborados en el interior
del Ministerio de Asuntos Exteriores que se supone son para uso del
Gobierno, que está manteniendo un contencioso con el Gobierno chileno
por la muy beligerante actitud de dicho Gobierno contra nuestro país
o la actitud de nuestro país o nuestro Gobierno. Anosotros nos parece
insólito -reconózcalo- que documentos que se elaboran para ser
utilizados por el Gobierno español o que pueden servir para su
defensa sean transmitidos al Gobierno chileno, a la otra parte, con
la que uno a lo mejor se puede enfrentar judicialmente o en otro
foro, por ejemplo, en el Tribunal de La Haya. Así pues, a este
respecto existe y persiste esa desconfianza.
Señor ministro, sinceramente nosotros no entendemos cómo usted
manifiesta estar encantado con que el asunto vaya a La Haya y allí se
decida. Prácticamente admite usted el arbitraje al decir que le
parece estupendo lo que diga el Tribunal de La Haya, materialmente
así se percibe. ¿Qué piensa hacer España en ese Tribunal si es que se
plantea ante él? Porque lo que usted demuestra al decir que está muy
bien el ir a La Haya y que se aceptará lo que allí se diga es que se
trata casi de un allanamiento ante un posible conflicto planteado por
Chile, porque usted está renunciando de entrada a que haya posibles
excepciones de admisibilidad, que se le pida a Chile que agote los
procedimientos internos en España. Hay muchas actuaciones
preliminares en los procedimientos ante La Haya que usted parece
despreciar, y quiero recordarle que las cosas que dice un ministro de
Asuntos Exteriores pueden constituir obligaciones internacionales;
así se considera por el derecho internacional en muchas ocasiones.
Por tanto, su planteamiento ante lo que aparece en el horizonte como
una posibilidad de que se vaya al Tribunal de La Haya por parte de
Chile, permítame que se lo diga, nos parece imprudente. Decir de
entrada que le parece muy bien lo que diga el Tribunal de La Haya, no
es muy correcto, porque nosotros nos preguntamos qué dirá España en
dicho Tribunal. ¿Qué va a decir ahí cuando se plantee ese tema, si se
plantea, por Chile?
Por último, efectivamente, como ya ha dicho el anterior
interviniente, hay una desconfianza de fondo, puesto que el Gobierno
español y su presidente no ha condenado explícitamente
los actos por los cuales se persigue a Pinochet y no ha
expresado una solidaridad rotunda con sus víctimas, algo que, sin
embargo, contrasta con manifestaciones mucho más claras de otros
jefes de Gobierno europeos o no europeos o ministros de Justicia a
este respecto. Y por eso es por lo que nosotros hemos pedido esta
comparecencia, para que usted nos explique de forma convincente, ya
que hasta ahora no creo que lo haya hecho, la razón, el sentido de
esa habitual petición de reuniones. Es verdad que los intercambios de
información y la cooperación es algo habitual, pero lo que es
habitual es que esto no lo estén haciendo, por ejemplo, el fiscal de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el fiscal británico. Lo que no
es habitual es que no haya una relación entre fiscalías, porque la
posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional es tan contraria que
curiosamente la que está defendiendo los intereses españoles en este
caso es la Fiscalía británica y no la española. Yo creo que no hay
ningún problema desde el punto de vista jurídico en cuanto a que hay
una relación constante y habitual, normal entre órganos judiciales a
los que el presidente del Gobierno dijo que simplemente contemplaba.
Incluso Ronald Bartle nos dice en su sentencia que las relaciones
entre la justicia española y la justicia británica están muy bien y
los documentos que ha recibido del juez Garzón le parecen estupendos
y los aceptan.
Si ustedes tienen dudas -y termino, señor presidente- sobre
cuestiones relacionadas con el procedimiento, lo lógico sería que se
relacionasen con el Foreign Office, con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, porque lo que no es normal es que el Ministerio de
Asuntos Exteriores español se dirija al fiscal británico que está
llevando el caso. Nos parece extemporáneo y sorprendente, que el
órgano diplomático se dirija al órgano judicial, siendo otra de las
razones por la que hemos considerado necesario una aclaración de esta
extraña reunión, de esta inusual iniciativa de un Gobierno que hasta
este momento ha sido un Gobierno meramente contemplativo, como decía
José María Aznar hace un año.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, yo creo que a nadie
sorprende que volvamos a abordar en esta Comisión el caso Pinochet,
aunque sea ahora en una dimensión muy específica, puesto que se trata
en este caso de la aplicación de un acuerdo internacional del que
España forma parte, el Convenio de las Naciones Unidas contra la
tortura. Se trata de una actuación que tiene una indudable
repercusión internacional, que sienta un precedente; es una actuación
que supone poner sobre la mesa y traer ante la justicia la situación
y el daño causado a seres humanos que tienen rostro, que tienen
nombres y apellidos, las víctimas de la dictadura chilena, y se
trata...
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, puede proseguir.
El señor ESTRELLAPEDROLA: Después de las lecciones particulares del
ministro al señor López Garridosobre cuestiones procedimentales,
decía que sin duda se
trata también de un caso que incide, que afecta a las relaciones
entre dos Estados amigos, España y Chile. Por todo ello, el caso
Pinochet tiene importancia para nuestra política exterior y, por lo
tanto, para esta Comisión.
La decisión del magistrado Bartle ha dado un paso más dentro de estas
actuaciones al ratificar los argumentos de las autoridades judiciales
españolas en favor de la extradición. Lo que nos trae hoy aquí es el
hecho de que esa sentencia ha estado precedida por la visita de dos
funcionarios diplomáticos españoles, una diplomática adscrita a la
embajada en Londres y un alto funcionario del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a pesar de que el ministro, en alguna declaración que le
oí, decía que no era un alto funcionario. Estamos hablando de un
funcionario nivel 30, de libre designación y con rango, si no me
equivoco, de subdirector general, lo que para las personas que forman
parte de la carrera diplomática se considera un alto funcionario.
Hay una carta del fiscal, a la que el ministro no se ha referido, en
la que explica a la Audiencia Nacional la visita y extrae también sus
conclusiones. Junto con lo que el ministro ha dicho de que el
objetivo principal, pero no el único, de la visita era obtener
información detallada respecto a los posibles recursos que se puedan
interponer, dice también que se ha planteado una situación embarazosa
porque -entiende el fiscal- el alto funcionario de su Ministerio no
ha podido decirle si se les va a pedir que recurran en caso de que el
magistrado falle en contra de España ni siquiera confirmar si se
celebrarán las reuniones necesarias para considerar la cuestión con
anterioridad a que se conozca la resolución el viernes. A la pregunta
de si debían proceder a presentar el recurso se les dice que no hay
instrucciones; es decir, fueron a decirle que no tenían nada que
decirle. Concluye el fiscal que no podemos considerar que nos han
dado instrucciones para presentar un recurso si una parte del Estado
español da instrucciones que parecen estar en conflicto con las de
otra parte del Estado español. Esto era lo que decía hace un momento
el señor López Garrido, a lo cual el ministro cabeceaba a derecha e
izquierda, pero está en el texto del fiscal.
Se dice que el Gobierno sólo puede dar instrucciones por escrito,
pero hay un antecedente. En diciembre de 1998 -y lo señala también el
fiscal en su carta-, por vía diplomática, se remitió una comunicación
de la Audiencia Nacional en la cual se le decía al fiscal británico
que presentara todos los recursos necesarios. Todos los recursos
significa todos los recursos. Y aquí es donde empezamos a encontrar
el barullo que el Gobierno organizaba. Dice el ministro que los
diplomáticos conocieron allí que existía un fax del juez Garzón. Yo
no sé si éste es el problema o no. No sé si el problema es que ha
habido un desencuentro o una falta de entendimiento con la Audiencia
Nacional en cuanto a los procedimientos, pero parece obvio que esas
cosas han de resolverse en España sin ir a Londres para resolverlas.
Hay una pregunta que me parece necesario hacerle, señor ministro, y
le pediría que respondiera con claridad. Si no se hubieran enterado
allí de que existía ese fax, si ese fax del juez Garzón no existiese,
dos días y medio antes de la sentencia, ¿el Gobierno español, el
Ministerio de Asuntos Exteriores no conocía los trámites necesarios,
no conocía si era necesario o no dar instrucciones al fiscal para
que,
en caso de una sentencia desfavorable, presentara un recurso? ¿El
Gobierno no tenía una posición formada 48 horas antes de que se
promulgara la sentencia? Porque el fiscal británico, en el mismo acto
en el que se pronuncia la sentencia, tiene que anunciar si tiene
intención de presentar recurso o no, porque si no lo hace pierde esa
posibilidad. Esto echa por tierra buena parte de los argumentos que
usted nos ha estado ofreciendo. ¿Valía ya la instrucción de diciembre
de 1998? ¿Hacía falta una nueva instrucción? ¿Cuál era la posición
del Gobierno el día 5 de este mes de octubre cuando fueron esos
funcionarios, de los que, según usted, uno era experto en los temas
del caso Pinochet y, por tanto, alguna visión tendría aunque no
tuviera instrucciones? Entiendo, señor ministro, de sus palabras que
usted respalda plenamente la actuación del señor Aguirre de Cárcer,
porque en todo aquello que hizo, dijo o dejó de hacer o de decir
seguía instrucciones del Gobierno.
Cabe preguntarse, señor ministro, para qué enviar a un alto
funcionario a una misión de carácter técnico porque no es una misión
política. Cabe preguntarse también para qué están las embajadas, para
qué tenemos una embajada en Londres con sus equipos, sus asesores
internos y externos. Cabe preguntarse si la asesoría jurídica del
Ministerio u otros departamentos, en este caso Justicia, no tienen
suficiente información. Yo querría preguntarle, señor ministro, si en
este procedimiento el Gobierno ha contratado los servicios de algún
despacho, equipo o experto jurídico para que le asesoren sobre las
actuaciones relativas al caso Pinochet. Sé que se han encargado
informes externos a principios de este año sobre las posibles
cuestiones relativas al arbitraje, al profesor Remiro Brotons, según
se desprende de alguna de las notas del propio Ministerio. Querría
saber si se ha hecho también eso para las actuaciones que se llevan
en Londres o en el caso Pinochet en su conjunto.
Creemos que el Gobierno tiene un problema con todo lo relativo al
caso Pinochet. Hace un par de meses se abrió una gran polémica en
torno a la posibilidad de la tramitación de un arbitraje, que
permitiera una solución política al caso Pinochet. Las autoridades
chilenas dijeron entonces que el Gobierno español, el Gobierno del
señor Aznar era el que le había inducido a buscar esa vía del
arbitraje y que se sentían engañados, en palabras del propio Gobierno
chileno -y hablo del presidente Frei, los ministros Insulza o
Valdés-, por una política que calificaban de errática. Seguimos sin
saber si eso es verdad o no. Hay una acusación muy concreta. El
Gobierno todavía no nos ha dicho si miente o no miente el Gobierno de
Chile. Ahora nos encontramos con que el fiscal entiende que ha habido
una actuación de un alto funcionario del Ministerio de Asuntos
Exteriores en la que el propio fiscal británico concluye que esa
actuación es inaceptable, porque, en definitiva, se le pide que no
haga nada. No quiero sacar más conclusiones, pero o miente el señor
fiscal británico o no lo hace. O, tal vez, lo que ocurre, señor
ministro, es que este Gobierno no logra que se le entienda en el caso
Pinochet. Da la sensación de que a veces el Gobierno actúa de una
manera mucho más realista que su mejor caricatura en cualquiera de
los guiñoles. Hay una percepción generalizada de que el Gobierno
Aznar junto con el fiscal general del Estado y los fiscales de la
Audiencia Nacional han estado desde el principio enredando en el caso
Pinochet. Ésa es la sensación que
tiene la inmensa mayoría de la sociedad española y ésa es la
sensación que se tiene fuera de España también.
Todo ello, sin duda, ha deteriorado la imagen de España, ha hecho
aparecer a España como un país con una política exterior errática, ha
creado tensiones innecesarias en nuestras relaciones con el Gobierno
del país amigo de Chile, tensiones que no las ha padecido el Reino
Unido, diciendo que las autoridades británicas siempre habla claro,
y tensiones que nosotros querríamos evitar ya en el futuro. Yse ha
planteado hace un momento esa cuestión pendiente del Tribunal de La
Haya. Usted, señor ministro, es la única persona que conozco que ha
dicho que está encantado de que le lleven a los tribunales; un caso
insólito en esta sociedad de pleitos tengas y los ganes. Pero está
habiendo también una actuación que a nosotros nos preocupa, porque
podría conducirnos a una nueva situación cargada de equívocos en la
que se reabriesen nuevamente debates como el que estamos teniendo
ahora o como el que tuvimos en torno a la cuestión del arbitraje.
No sabemos todavía qué posición mantiene el Gobierno ante la eventual
demanda del Gobierno chileno al Tribunal de La Haya y sería
importante saberlo. Sabemos ya lo que va a plantear el Gobierno
chileno, no sabemos lo que va a plantear el Gobierno español. Sabemos
que el Gobierno ha estado suministrando al Gobierno chileno todo el
material, todos los informes internos de que dispone, en los que se
contienen los argumentos sobre lo que el Gobierno español tendría que
hacer en el caso Pinochet, en particular con relación al Tribunal de
La Haya. Sabemos que han venido dos funcionarios del Ministerio de
Exteriores chileno, el señor Van Kleveren y el señor Lagos, para
estudiar, junto con los asesores jurídicos del Ministerio, cómo nos
pueden demandar en La Haya, cosa que resulta también bastante
sorprendente. Tendremos que seguir profundizando en esto, señor
ministro, aunque algo nos podría anticipar, como tendremos que volver
y profundizar -y voy acabando, señor presidente- sobre el papel del
señor Martín Villa en esas misiones diplomáticas y el de su propio
asesor jurídico en Endesa-Chile, que es un antiguo dirigente de
grupos parapoliciales vinculados a la DINA.
Señor ministro, yo no le voy a preguntar cuál es la posición del
Gobierno en el caso Pinochet. Me sigue sorprendiendo que el Gobierno
sí pueda tener una posición clara y conocida sobre Milosevic y no
sobre Pinochet, pero no le voy a preguntar si usted o el Gobierno es
partidario de que Pinochet responda por los crímenes que se le
imputan. Sí querría saber...(Pausa.)
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Le oigo,
siga, ya me lo sé de memoria, señor Estrella.
El señor PRESIDENTE: Prosiga, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, la capacidad
estereofónica del ministro nada tiene que ver con el respeto a los
miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Prosiga, señor Estrella. El tiempo no es
elástico.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente, pero no me lo diga a
mí, dígaselo a la persona que tiene a su derecha que es quien ha
interrumpido la sesión de la Comisión.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Ni el tiempo es elástico
ni las formas indiferentes.
El señor PRESIDENTE: Señor García-Santesmases, no tiene la palabra.
Señor Estrella, vaya acabando.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, lo que quiero saber
ahora es si es cierto lo que dice el fiscal británico en su carta. Le
pido una respuesta clara. Usted puede decir que sí, puede decir que
no o puede decir que no puede responder y cada cual sacará sus
conclusiones, pero sí le pido que lo haga con claridad y no con una
respuesta elusiva, como nos tiene acostumbrados en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor ministro, por su
explicación.
Dicen los manuales de ciencia política que la política es percepción,
y en este caso la percepción es que ustedes no lo están haciendo bien
y que esta situación no se está administrando bien en conjunto desde
el Gobierno y en particular desde el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Hay una imagen y una percepción de confusión ¿Qué es lo
que lo ha motivado? No lo sé, y el motivo de la comparecencia de hoy,
que no la pidió mi grupo, era intentar aclarar lo que ha pasado para
que esa imagen de confusión, esa imagen de que el Gobierno, de alguna
manera, ha tratado de interferir en el proceso judicial, intentando
corregir unas instrucciones dadas por el juez, no se correspondía con
la realidad.
Las explicaciones que ha facilitado el ministro efectivamente aclaran
algo la situación, pero no del todo. Para empezar por lo más obvio,
no acabamos de entender por qué dos funcionarios del Ministerio de
Asuntos Exteriores se dirigen a un fiscal del Reino Unido para
obtener información sobre el derecho británico a dos días de la
decisión judicial, no lo entendemos. Quiero creer, no lo pongo en
incondicional, que lo hicieron con la mejor de las intenciones;
quiero creer que la información posterior que de esa conversación se
derivó quizá fuera exagerada; quiero creer que la interpretación que
de esa conversación con los dos funcionarios de Exteriores hizo el
propio fiscal inglés fue errónea, que entendió mal la posición de
España y no era una desautorización del juez Garzón lo que se estaba
haciendo en ese momento sino una simple constatación de que, como
funcionarios que eran, necesitaban instrucciones de su superioridad y
no teniéndolas no podían manifestarse ni a favor ni en contra de las
instrucciones que el propio juez Garzón ya había emitido por fax.
Puede que todo eso sea exactamente como nos lo ha descrito el señor
ministro, pero todo eso se habría ahorrado si esa visita no se
hubiera producido y todavía falta una explicación convincente de por
qué esa visita se produjo y por qué se produjo
entonces. Hay muchas vías a disposición de cualquier ciudadano, otras
muchas a disposición de cualquier abogado experimentado en materias
internacionales y muchísimas más a disposición de un Gobierno de la
Unión Europea para saber cómo funciona el derecho procesal inglés y
cómo funciona un proceso en particular, sin necesidad de dar la
impresión de que, de tapadillo, dos funcionarios del Ministerio de
Asuntos Exteriores van a encontrarse con la persona que realmente
está representando ahí al juez instructor español. Por lo menos eso
sí es objeto de crítica, suponiendo, insisto, que el contenido de esa
actuación no sea el que la prensa ha transmitido, no sea el que el
propio fiscal percibió, sino que sea exactamente el que el propio
ministro nos ha explicado hoy.
A eso hay que sumar determinadas interpretaciones o apariciones en
público del ministro portavoz del Gobierno que llevan a confusión,
llevaron a confusión con motivo de este incidente y lo siguen
llevando desde que este tema ha empezado. Por ejemplo, el arbitraje.
Mientras que, por una parte, el propio ministro de Exteriores nos
explicaba en esta Cámara, y a los portavoces en particular -algo que
es cierto y respecto de lo cual nosotros le dimos todo nuestro
apoyo-, que en la medida en que el Gobierno no tiene facultades de
disponer, quien no tiene facultades de disponer tampoco puede delegar
en un árbitro la facultad de disponer, no cabría arbitraje puesto que
el propio Gobierno no puede disponer sobre este asunto. Ese es un
esquema limpio y claro, que se contradice frontalmente con una
comparecencia en rueda de prensa del ministro portavoz donde, de
forma absurda y que no se corresponde con la realidad, se permite
decir que, en el caso de que la oposición en el Parlamento español y
el Grupo Parlamentario Socialista tuvieran una disposición distinta o
una voluntad política distinta, sí se habría podido llegar al
arbitraje.
Entiendo que el ministro Piqué sepa muy poco Derecho internacional,
sepa muy poco de lo que son las relaciones exteriores y, como
ministro portavoz, se sienta en la necesidad de salir a defender al
Gobierno sin mayor conocimiento de las cosas, pero eso induce a
confusión, le perjudica a usted y perjudica al área de Gobierno de la
que usted es responsable, porque lo que acaba apareciendo en la
prensa chilena, lo que acaba siendo objeto de comentario en la
opinión pública chilena, es que, si no hay arbitraje, es porque el
Partido Socialista no ha querido. Luego lo que ha faltado es
capacidad negociadora por parte del Gobierno español para convencer
al Partido Socialista de que debía haber arbitraje y quedan
absolutamente diluidas sus opiniones y su posición, que es el que
nosotros compartimos, de que el arbitraje ni siquiera era
jurídicamente posible ¿Hasta qué punto es usted responsable de las
opiniones del ministro portavoz? No lo sé, pero en la medida en que
se supone que el ministro portavoz es eso, portavoz de las
actuaciones del Gobierno, le corresponde a usted corregirle para que
sea portavoz de la realidad y no portavoz de la distorsión.
Lo mismo vale exactamente cuando el ministro portavoz, a raíz del
incidente que hoy estamos comentando aquí, hace unas críticas
furibundas al juez Garzón por haberse dirigido por fax al fiscal
inglés. Aquí no vamos a entrar en disquisiciones jurídicas. Es cierto
que el Convenio de extradición impulsa como sistema ordinario de
comunicación
la vía diplomática, pero sabe perfectamente que respecto a la
cooperación judicial en Europa, no sólo desde Tampere sino desde
mucho antes de Tampere -y expresamente lo reconocía ese proyecto de
cooperación judicial internacional en materia penal que su Gobierno
trajo a esta Cámara-, se impulsa y anima la cooperación directa entre
jueces, sin perjuicio de su ratificación posterior por vía
diplomática. No es que sea algo tolerable, es que es algo
conveniente, oportuno, que debe ser fomentado y que es la base y el
sustento de la cooperación judicial que pretendemos en Europa.
Descalificar a un juez porque, en un supuesto de urgencia y de
vencimiento de plazos, en lugar de quedarse en unos métodos de
cooperación judicial propios del siglo XIX, como es de juez a
Ministerio de Exteriores, de Ministerio de Exteriores a otro
Ministerio de Exteriores y de ahí al otro juez, pase a la cooperación
directa por fax -incluso podría ser por vía electrónica -,de juez a
juez, sin perjuicio de la posterior convalidación formal de esa
comunicación, que eso se critique con el tono con el que se hizo en
esa rueda de prensa, vuelve a ser un indicio de confusión.
Por tanto -termino señor presidente-, aceptamos las explicaciones que
da hoy aquí el Ministro, aceptamos la buena voluntad o la buena fe
con la que se hizo esa intervención, pero nada de eso impide decir
que esa intervención no fue oportuna ni en la forma en que se hizo ni
ante la autoridad ante quien se hizo, porque tenía a su disposición
otros muchos conductos para obtener esa información. Por ello,
instamos al Ministro de Asuntos Exteriores como máximo responsable de
este tema, en la medida que está afectando directamente a las
relaciones en cierto modo con el Reino Unido, y muy particularmente a
las relaciones con Chile, a que clarifique al portavoz del Gobierno
cuál es la situación y a que exija al portavoz del Gobierno que sea
portavoz de la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, que
suponemos es la válida, y que hasta ahora ha tenido el apoyo de este
grupo. Que no se dedique a hacer afirmaciones que son las que
aparecen en la prensa, incluida la prensa internacional, ya que en la
medida que es el portavoz al final no comparece aquí y sus
declaraciones son las que aparecen como posición formal del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Haré mía la posición contemplativa frente a
una oposición destemplada hoy y yo creo que inoportuna una vez más.
¿Por qué digo destemplada? Entiendo que no conozcan el funcionamiento
de la justicia británica, y que el señor Guardans no entienda que la
Fiscalía británica, llamada Crown Prosecutión Service, sea parte de
la Administración británica, que su jefe sea miembro del Gobierno y
que por tanto, todo lo que se ha dicho aquí sobre interferencias en
el sistema judicial británico por parte de unos funcionarios de la
Administración española, es totalmente incorrecto, por no decir
equivocado. Así que igual que instan al Gobierno algunos de los
ilustres portavoces que me han precedido en el uso de la palabra para
que se informe, para que se entere y tengaconocimiento de todas las
posibles acciones derivadas del
proceso judicial británico, que hagan ellos lo mismo, estudien un
poco más y preparen sus papeles. (Risas.)
En segundo lugar, entiendo que algunos portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra desconozcan cómo funciona el
Ministerio de Asuntos Exteriores, pero eso se debe a que se ocupan
más de otros temas y menos de lo que deberían ocuparse. (Risas.) Es
evidente que si el ministro de Asuntos Exteriores tiene un
instrumento para estar informado sobre este o cualquier otro tema,
son sus funcionarios. Al ministro de Asuntos Exteriores se le está
pidiendo que use todos los procedimientos posibles, que recurra a
abogados, informes jurídicos, estudios, que se dirija a todo el mundo
pero que no utilice los funcionarios a su servicio que, por cierto
son, y muy especialmente aquellos a los que se ha hecho mención hoy
-quiero concretarlo en don Miguel Aguirre de Cárcer-, funcionarios de
probada eficacia, de notable prudencia y gran rigor en todas sus
actuaciones.
Esos funcionarios puestos ante la disyuntiva de obedecer o no a una
instrucción, la obedecen y cumplen con su obligación con la mejor de
sus posibilidades y capacidades. Es evidente que esos funcionarios
que visitan Londres y se reúnen con el fiscal británico, tienen la
obligación, ante una pregunta provocada por un fax del Juez Garzón,
de no decir absolutamente nada, ni sí ni no, pero sí de transmitir lo
que le dicen a sus superiores, lo que, por otra parte, nos lleva a
preguntarnos no sólo como funciona la diplomacia española, sino si en
esta actuación de nuestros diplomáticos hay algo extraño, algo
anormal. Yo creo que no lo hay, y es evidente, porque no responden a
una pregunta sobre la que no tienen mandato alguno ni capacidad de
decisión. Lo que es cierto es que hay otras cosas extrañas. En primer
lugar, aunque a alguno de los portavoces que me han precedido le
parezca normal, no deja de ser curioso que el juez español encargado
del caso, el juez Garzón, abra a través del fax una vía de
comunicación extraoficial, informal, por muy conveniente y razonable
que le parezca al señor Guardans, porque es evidente que el Convenio
europeo de extradición no prevé esa vía. Es normal que el fiscal
británico pregunte a los funcionarios diplomáticos que tiene allí,
que no tienen mandato al respecto, sobre si esa comunicación del juez
Garzón tiene o no confirmación por parte del Gobierno. El Gobierno,
una vez recibida la comunicación de esos probos funcionarios, como se
decía antiguamente, de que el fiscal tiene dudas o plantea dudas
sobre esa comunicación por fax, una vía informal y extraoficial del
juez Garzón, a través del Ministro de Asuntos Exteriores, confirma
inmediatamente esas instrucciones.
Hay que recordar que en la carta del fiscal británico se señala al
juez Garzón la conveniencia de que proceda por la vía diplomática y,
por tanto, que siga los trámites establecidos en el Convenio europeo
de extradición y que no continúe por esa vía extraoficial, informal,
de comunicación. Es evidente que en la carta del fiscal británico hay
comentarios improcedentes sobre el funcionamiento de nuestra
Administración y la relación de ésta con la justicia española. Me
gustaría que el ministro comentara algo sobre esto, sobre que no es
quien para señalar determinadas cuestiones que no le competen. En
cualquier caso, lo que me parece sorprendente es que el fax del juez
Garzón, a donde el fiscal británico remite esa carta, sea el mismo
del periodista
Ekaicer porque al día siguiente encontramos ese fax en el
periódico El País, lo cual va más allá de esa vía de cooperación
judicial a la que aquí se ha hecho mención. Si a lo que se refiere el
señor Navas es a que el juez Garzón utilice sus influencias para que
las cartas que la Fiscalía británica le dirija aparezcan al día
siguiente en un periódico de difusión nacional, debe ser así, pero me
parece sorprendente. Es una osadía que se publique una carta de un
fiscal británico, que esa carta haya sido extraviada en los meandros
judiciales españoles y que se haya provocado este pequeño terremoto a
propósito de la actuación del Gobierno español. El Gobierno español
ha hecho uso de sus instrumentos, de los mejores que tiene, esto es,
sus funcionarios diplomáticos, para conocer el sistema judicial
británico y las posibilidades y desarrollos futuros del caso Pinochet
y es evidente que se abren dos juicios distintos: uno, al senador
Pinochet, al dictador Pinochet, en el que el Gobierno español ha
hablado donde tenía que hablar, esto es, en sus comunicaciones
oficiales dando curso a las actuaciones judiciales españolas y, otro,
que es el que se pretende abrir aquí una vez más, que es un juicio de
intenciones al Gobierno español. Ese juicio de intenciones es
equivocado, en primer lugar porque no hace sino enredar más las cosas
no solamente con nuestra opinión pública, que estoy convencido que
presta una atención relativa a las cosas que dicen las señorías de la
oposición en este tema y que mira con mucho escepticismo a quienes en
el pasado callaban cuando los fiscales de la época del Gobierno
González recurrían las actuaciones judiciales contra las dictaduras
del cono sur y que ahora pretenden ponerse a la cabeza de una
manifestación de una reivindicación moral, cuando su silencio en el
pasado sobre esos temas era notorio, clamoroso, escandaloso, era
obsceno. (Rumores.)
En segundo lugar, se ha hablado aquí mucho de confusión y yo diría
que la única confusión, que la única ambigüedad creada en este tema,
y las percepciones equivocadas de los gobernantes chilenos y de
muchos chilenos de a pie y ese malestar real o supuesto que se ha
creado, nace por las expectativas que levantan declaraciones como las
de un ex presidente del Gobierno miembro de esta Comisión, hoy
ausente, don Felipe González Márquez (Rumores.), reiteradas por algún
diputado aquí presente, de forma más o menos confusa como el diputado
don Luis Yáñez que dijo que el Gobierno había hecho dejación en favor
de los tribunales creyendo que era lo más cómodo, diciendo que el
Gobierno tenía capacidad de interferir en las declaraciones
judiciales. Las únicas ambigüedades, la única confusión, el único lío
creado sobre la posición española lo ha creado la posición del ex
presidente del Gobierno, señor González, de algunos de sus compañeros
mártires en abierta contradicción con la de sus portavoces oficiales
(Rumores.) que han creado falsas expectativas y falsas esperanzas de
solución a nuestros amigos chilenos.
Es momento, una vez más, de recordar que la oposición también tiene
responsabilidad, no solamente en la creación del consenso sobre
política exterior, sino en la percepción de ese consenso en países
tan cercanos a nosotros como es Chile. Es evidente que España
respecto a Chile tiene una cercanía que hace que nosotros seamos
protagonistas no deseados del debate sobre el proceso de extradición
delsenador Pinochet, proceso de extradición que en este
momento depende de la justicia británica y del Gobierno británico. Es
evidente que como el Gobierno británico no tiene la cercanía
sentimental, ni moral, ni afectiva, ni política, y diría incluso que
económica, que tiene España respecto a Chile, ese asunto les trae más
al fresco, pero como a nosotros no nos trae al fresco, señorías, sino
que nos importa de verdad, es hora de poner a la oposición ante su
responsabilidad (Rumores.), y la responsabilidad de la oposición ha
sido decir por boca del expresidente del Gobierno de España, señor
González... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, un momento.
Una vez más les pido al señor Santesmases, señora Balletbó, señor
Estrella, señor Yáñez y señor Guardans, exactamente el mismo silencio
y el mismo respeto que los demás han tenido cuando ustedes
intervenían, ni más ni menos.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Con excepción del señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Espero que tenga ese respeto que es la base
fundamental del trabajo de esta Cámara y de esta Comisión.
Señor Robles, puede continuar.
El señor ROBLES FRAGA: Voy terminando, señor presidente.
Esa responsabilidad de la oposición debe ser asumida, igual que debe
serlo la de hacer interpretaciones torticeras de faxes filtrados de
un fiscal británico a un juez español y publicados de forma
improcedente en un diario de difusión nacional llamado El País, y
también, yo creo, la de desprestigiar y tratar de utilizar una
gestión diplomática normal, corriente y usual hecha por funcionarios
impecables a las órdenes de un Gobierno que en este tema se ha
caracterizado por su respeto escrupuloso a las decisiones judiciales,
cosa que no se puede decir de otros gobiernos anteriores.
Finalmente, señorías, no puedo evitar comentar la divertida parte
importante de la intervención del señor Guardans cuando hace
responsable de todo eso al señor Piqué. Algo tendrá que ver la
situación política en Cataluña, pero desde luego creo que si de todo
esto alguien es responsable no es el señor Piqué. (Rumores.-Los
señores Estrella Pedrola, Yáñez-Barnuevo García, y Guardans i Cambó,
piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías,
quisiera empezar por una declaración rotunda, que ya he hecho en
varias ocasiones, pero que al parecer se ha olvidado, o cuando no
parece oportuno recordarlo se olvida, y es que ya he condenado en
varias ocasiones los horrores de la represión. Quiero reiterar esa
condena así como mi solidaridad con las víctimas y sus familias.
Quiero añadir que esa es una cuestión importante y grave, pero quiero
decir también que el tema que hoy estamos debatiendo no es éste, sino
el de la jurisdicción competente, y son temas separados.
Y el segundo, es decir, cuál es la jurisdicción competente, no puede
tratarse con ligereza, ni parece que tenga que pronunciarse el
Gobierno sobre una cuestión que está debatiéndose en el ámbito de la
Justicia. El Gobierno asume las decisiones de sus tribunales, no las
discute, las tramita y las pone en práctica con celeridad. No se le
puede pedir más, ni se puede entrar en un juicio de intenciones;
tendremos ocasión de profundizar al respecto con posterioridad.
También quiero decir que yo no he querido interrumpir al señor
Estrella, sino que he querido contestarle -cuando él ha parado su
discurso- ante el hecho de que yo me he sentido obligado a dar
instrucciones al director de mi gabinete para que pospusiera la
entrevista con el ministro de Exteriores de Grecia, que hoy está en
visita oficial en España, con el que tengo una reunión, seguida de
rueda de prensa y comida, y cuando he visto que ciertamente
llevábamos mucho retraso oyendo por tercera vez el mismo argumento.
A eso me refería al hablar de que ese argumento ya lo conocía.
Hechas esas dos aclaraciones previas, que me parecen importantes y
que dejan la cuestiones zanjadas, entremos en el fondo del asunto, y
para entrar en él conviene recordar, como muy bien ha hecho, por
cierto, el portavoz del Grupo Popular, que la fiscalía del Reino
Unido, el Crown Prosecutión Service es un órgano de la
Administración, no un órgano judicial. No ha habido, por tanto,
interferencia alguna precisamente porque es el interlocutor natural y
obligado por la Convención de extradición con el Ministerio de
Asuntos Exteriores español. Y contra lo que algún portavoz, poco
versado, ha dicho que era poco ortodoxa esa comunicación Ministerio
de Exteriores-diplomacia española-justicia británica, que ni era eso,
como ustedes pueden ver, tengo que decirle que es el procedimiento
obligado de acuerdo con el Convenio de Extradición. Pero, además, en
cualquier otra comunicación de este tipo, los servicios judiciales
del país demandante, a través de su Ministerio de Justicia, dirigen a
otro Gobierno cualquier demanda y esa demanda automáticamente, en
cuanto tiene que salir de España para ser trasladada, se hace por vía
diplomática por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o al Ministerio
de Asuntos Exteriores, o muchas veces, por razones de economía,
directamente a la Administración de Justicia por la vía de ese órgano
del Gobierno, en el caso inglés, que es el Crown Prosecutión Service,
esa fiscalía que no es órgano judicial.
Tengo que aclarar también que esa decisión de enviar a nuestro
interlocutor natural y obligado, que es esa Fiscalía británica, para
no repetir otra vez el nombre, el CPS, decisión que tomo yo, se hace
a sugerencia del subsecretario y del propio servicio jurídico que,
ante algunas preguntas relativas a plazos, a recursos, cuáles caben,
cuáles no, en qué momento puede intervenir el Gobierno británico en
función de sus facultades, cuestiones todas ellas sobre las que había
en algún caso contradicción, en otro distintos informes y de la
máxima importancia, yo atiendo la petición que se me hace, entiendo
que apropiada y obligada, de decir: Pues muy bien, si quieren ustedes
efectuar esa visita, organícenla como tengan por conveniente; y se
fija, de mutuo acuerdo con los británicos, el día 5. Podría haberse
fijado el día 3, quizá, y podría haberse fijado el día 10, pero
parecía razonable que se fijara para antes de la sentencia. Nada veo
de extraño en todas esas actuaciones que entran dentro de la más
estricta normalidad.
En cuanto a la pregunta de: ¿Y por qué se ha armado este lío?,
ciertamente esa es la pregunta que públicamente yo mismo me formulé
en cuanto comparecí en una rueda de prensa el día 7, porque comparto
eso, qué líos se arman algunos, y muy en especial le contesto al
señor Navas. Tratando de buscar una explicación a ese lío que algunos
intentaron montar, creo que el gran problema es que se utiliza
cualquier rumor, cualquier intoxicación, para abrir un juicio de
intenciones y para montar una gran bronca. Ami juicio, ese periodista
que publicó el mismo día 6, al día siguiente de esa reunión, la
noticia falsa de que el Gobierno español había desautorizado las
órdenes de magistrado al cargo, fue objeto de una intoxicación. Lo
lógico era atender el desmentido oficial que, esa misma mañana y de
un modo enérgico y terminante, decía que esa noticia era falsa y
explicaba que esa visita se había producido simplemente a título
informativo porque era no sólo un derecho sino también una exigencia
de la situación, y que en ningún caso se habían dado instrucciones.
Lo lógico era hacer caso de ese desmentido oficial tajante y claro.
Pero no, es que hay algunos que se empeñan en seguir el camino
difícil ante cualquier intoxicación -y repito lo de intoxicación, no
sé quién la hizo pero quién la padeció fue el periodista que firmó
ese artículo con una noticia falsa -; se abrió un juicio de
intenciones y se montó una gran bronca. Después, cuando se descubre
la falsedad de la noticia y esas supuestas intenciones que algunos
veían no se confirman, los que han montado el gran follón se quedan
colgados de la brocha. (Risas.-El señor García-Santesmases Martín-
Tesorero: Esto es un disparate.) Después se preguntan quién ha
organizado este lío y piden responsabilidades al Gobierno de un lío
que han organizado ellos mismos. (Risas.) Eso es lo que ha sucedido,
señorías, aunque pueda parecer gracioso, y creo que hay razones para
que distendamos un poco esta reunión. (El señor García-Santesmases
Martín- Tesorero: Pero, ¿quién es el pintor?-Risas.) El pintor es el
que se monta en esos tinglados tan poco sólidos. (Risas.)
Les recomiendo a algunos que sigan las instrucciones de personas
sensatas con cuyas explicaciones no suelo coincidir. Por ejemplo,
refiriéndome al señor Navas, vi por televisión una explicación de su
jefe, el señor Anguita, que me pareció sensata y muy puesta a punto.
Hizo unas declaraciones serenas e impecables. Dijo: Yo no entro en
juicios de intención; lo que constato es que el Gobierno sigue
respetando las decisiones de los tribunales y eso es lo que cuenta
para mí, que siga por este camino. (El señor Estrella Pedrola: A
trancas y barrancas.) Fueron unas declaraciones que yo mismo le oí al
señor Anguita, en términos prácticamente literales, porque las
recuerdo muy bien. De haber empezado todo el mundo por tomar las
cosas como realmente eran, nos habríamos ahorrado el trabajo que le
estamos dedicando aquí, que tanto dinero les cuesta a los españoles.
(Risas.)
Podría recomendar prácticamente lo mismo a algún otro portavoz. A su
ex colega o compañero de partido, el señor López Garrido, también.
Otros podrían pedir explicaciones a alguno de sus jefes porque
también es evidente
que si alguien tiene posturas erráticas y no coincidentes no es el
Gobierno ni el Partido Popular o sus portavoces.
Tengo que puntualizarles en cuanto al Gobierno de Chile, y como tengo
mejor información lo hago con mucho gusto -supongo que ustedes no
habrán tenido ocasión de leer las declaraciones del señor Valdés -,
que el mismo día 7 en que yo comparecí para decir que había dado las
instrucciones el día anterior -el 6- de que se ratificaran las
órdenes del magistrado español, había hablado previamente con el
canciller chileno para explicarle la posición del Gobierno español:
hay esas instrucciones. Él quería saber si el Gobierno español quería
recurrir; era una de las cosas que teníamos que ver porque no
sabíamos exactamente en qué términos, si procedía. Le dije: Vamos a
recurrir, ya han salido unas instrucciones del magistrado encargado
que el Gobierno va a ratificar; quiero que las conozcas y que sepas
que, en todo caso, es una obligación taxativa del Gobierno en función
de nuestra Constitución, que consagra el principio de separación de
poderes, y de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial. La declaración
del señor Valdés en Chile a sus medios informativos fue: Me ha
llamado el canciller Matutes, me ha explicado que van a recurrir y he
estado enterado, por tanto, desde el mismo momento o antes de que se
produjera la noticia. Eso demuestra, una vez más, que el Gobierno
español no tiene ningún margen de maniobra en esa cuestión. Esas
fueron las palabras textuales del canciller Valdés el pasado día 6 ó
7. Si alguien las quiere, tengo despachos de agencia donde figuran
con claridad. Por tanto, nada de conductas erráticas. Si el Gobierno
chileno tiene algo que reprochar, desde luego no es al Gobierno
español. (El señor Estrella Pedrola: Lo ha dicho Frei.)
Como ya he señalado en alguna de las múltiples ruedas de prensa que
he dado y que parece que no llegan a algunas de SS.SS. -parece que
algunos están más pendientes de sus propias especulaciones-, el fax
de uno de los funcionarios de la Fiscalía británica al magistrado
español contiene,es cierto, una serie de especulaciones sobre una
eventual discrepancia. No habla de que exista una discrepancia. ¿Es
que eso quiere decir que haya una discrepancia en las instrucciones
que se den por vía diplomática a la Fiscalía británica? El fiscal no
dice que la actuación sea inaceptable, todo lo contrario; dice que ha
dicho que ha trasladado al funcionario español que no es aceptable
que no se pronuncie sobre las instrucciones del juez español. Es muy
diferente, eso es exactamente; aunque esté redactado en inglés, me
parece que también lo he visto traducido en algún medio. No es tan
difícil entender exactamente lo que dice el fax de la Fiscalía
británica. Dice que no es aceptable que no se pronuncie sobre las
instrucciones del juez español, pero ya le explicó el señor Aguirre
de Cárcer que no tenía instrucciones, que las recabaría. Eso tuvo
lugar el día 5; el día 6 lo comunicó y el mismo día 6 se dieron
instrucciones de ratificación. ¿Dónde está el lío? ¿Dónde está la
mala fe? ¿Dónde está el arrastrar los pies? ¿Dónde está el triple
lenguaje y la reticencia a cumplir? Una vez más, sueños de una noche
de verano, juicios de intenciones total y absolutamente gratuitos que
hacen algunos. (Rumores.)
Profundizando en la cuestión, porque así se me ha pedido, considero
inaceptable que unos representantes oficiales de la Administración
británica, en este caso de su Fiscalía,
realicen este tipo de especulaciones; lo que él hace es pura
y simplemente una especulación. Se pregunta: ¿Es que hay acuerdo entre
ambas? No es él quien tiene que preguntárselo. Tiene que
preguntárselo a quien tiene que pasar las instrucciones: el
Ministerio de Asuntos Exteriores español, que por vía diplomática le
dirá cuáles son las instrucciones. En aquel momento no tenía
absolutamente ninguna base, absolutamente ninguna razón, para pensar
que el Gobierno no iba a ratificar esas órdenes directas que había
recibido de un magistrado español, saltándose los canales habituales.
Esa es una cuestión, en todo caso, que compete única y exclusivamente
al orden interno español y las instrucciones las tiene que recibir
del Ministerio de Asuntos Exteriores español por vía diplomática.
La posición española se expresa por vía diplomática que, como le he
dicho, es la que establece el Convenio europeo de extradición.
Mientras no haya expresado el Gobierno español su posición por vía
diplomática, ningún representante de otro país debe contribuir a
propagar especulaciones o rumores sobre si habrá o no más de una
postura dentro de nuestro país a la hora de fijar nuestra posición
oficial. Como eso es intolerable, así se lo hemos hecho saber
formalmente a las autoridades británicas, que tengo que comunicarles
que han aceptado íntegramente las razones españolas y han reiterado
que tal situación no se volvería a producir porque, entre otras
cosas, exigirían siempre la comunicación por la vía diplomática.
Señorías, si hay alguien que ha intentado aclarar las cosas, que ha
actuado con limpieza, con transparencia, con absoluta probidad, es el
Gobierno español y, en particular, el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Todo lo demás, ya lo han visto, son juicios de
intenciones que no tienen ninguna consistencia. Sobre cualquier otra
cuestión en la que quieran ustedes que profundicemos estaré encantado
de hacerlo pero, por favor, son temas muy serios que afectan al
prestigio exterior de España. Por cierto, tengo que decir que no hace
muchos días un cualificado mandatario mundial, el presidente Chirac,
aquí en el Parlamento, y en un discurso ante varios centenares de
grandes empresarios españoles y franceses habló del cada día mayor
peso y prestigio de España en la escena internacional, habló del
éxito continuado y reiterado de todas las negociaciones que estaba
llevando a cabo el Gobierno Aznar en el seno de la Unión Europea y en
los consejos europeos, y todo eso era antes de Tampere. Habló de que
España había recuperado su grandeur, y eso supongo que ustedes mismos
lo oyeron. Por yanto, estando en juego cuestiones tan importantes, en
la medida en que se acercan las elecciones, algunos preferirían que
estuvieran más matizadas. Nosotros no hablamos de ellas, pero cuando
se nos pregunta tenemos que replicar. Creo que tendríamos que ir con
más cuidado porque, sobre todo, también están en juego nuestras
relaciones con un país hermano con el que tantas cosas nos unen, y no
sólo vínculos económicos de muchos cientos de miles de millones, como
es Chile.
El chiste de que el señor ministro es el único que se alegra por
primera vez de que le lleven a La Haya, es un chiste pero muy malo.
Yo no he logrado ni siquiera sonreir con él, porque, señorías,
¿queremos o no que se haga justicia? Yo entiendo que eso es lo que
queremos. Es evidente que hay una discrepancia entre nuestros
tribunales y Chile.
Nosotros, como es lógico, seguimos el imperativo legal, defendemos
las decisiones de nuestros tribunales, las ejecutamos y estamos
logrando ser cada día más y mejor comprendidos, pero teniendo ese
conflicto que amenaza con amargar esas relaciones y existiendo una
jurisdicción internacional suprema, la de las Naciones Unidas, lo que
más se parece a ese Tribunal Penal Internacional que todos añoramos
para que un país no tenga que afrontar por sí mismo y en solitario
los costes de aplicar esas legislaciones internacionales, si
realmente lo que queremos es la justicia y Chile, desde el momento en
que acude al Tribunal Internacional de La Haya, estará reconociendo
que se somete a su jurisdicción, creo que es para alegrarse el decir
que España, que tiene toda la razón en este asunto y por eso el
Gobierno apoya las decisiones de nuestros tribunales, verá reconocido
su derecho. Esto no es una broma, creo que tenemos que alegrarnos por
esa sentencia final obligatoria para todos. Tengo que puntualizar,
una vez más, a algún aprendiz de Derecho internacional que eso no es
acudir a un arbitraje, eso es someterse a una jurisdicción
internacional a la que estamos obligados y que está contemplada
especialmente en la Convención sobre la tortura, artículo 30, que es
la que estamos aplicando en todo este tema. Que no se confunda eso
con un arbitraje porque realmente le quita seriedad a cualquier otra
razón que haya podido argumentar la persona que se expresa en esos
términos. Es un motivo de satisfacción decir: Aquí vemos la fórmula
para encontrar una solución a un diferendo entre países que tienen
que seguir siendo amigos, que lo seguirán siendo y además es la forma
de que se haga justicia. Yo no puedo estar en contra de eso. ¿Quién
puede pretender que lo que hay que hacer en estos casos es alegar
cuestiones formales para demorar más y más la sentencia? Pero, ¿qué
queremos, justicia, venganza, con razón o sin ella? No estamos
seguros de nuestros argumentos. No tengamos miedo de debatirlos en la
Corte Internacional de La Haya y aplicarlos, ¡a santo de qué hemos de
tener ese miedo y hemos de querer ganar con razón o sin ella! Si
estamos confiados de nuestros argumentos, adelante con la
jurisdicción de La Haya.
España, ¿qué dirá? Sin duda, lo que tiene que decir, utilizará los
argumentos que han servido a los tribunales españoles para basar sus
decisiones. Sinceramente, no creo que pueda hablarse de política
errática. Ha sido una sola política desde el principio. Si se
hubieran atenido a las declaraciones que en todo momento ha hecho
este ministro de respeto absoluto a las decisiones judiciales, desde
el primer día, que es lo que hemos hecho, muchas horas de debate
estéril, en algún caso distendido, tengo que reconocerlo, nos las
habríamos ahorrado y seguramente podríamos haberlas dedicado a
cuestiones más productivas para nuestros ciudadanos.
Finalmente, quedando a su disposición, les doy las gracias por el
silencio y la atención con la que me han escuchado.
El señor PRESIDENTE: Turnos brevísimos, por favor. ¿Quién desea
intervenir? (Pausa.)
No voy a conceder la palabra por alusiones; una por grupo
exclusivamente.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor presidente, corte a quien las
cite si no va a dar turno por alusiones, porque si no, no es justo.
El señor PRESIDENTE: El señor Navas tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: No voy a entrar en el juego de otorgar
adjetivos calificativos a las intervenciones o dar mi apreciación
sobre las intervenciones de unos u otros portavoces, porque lo único
que haría es distraer el debate de fondo. Creo que el debate de fondo
es saber cuál es la intención del Gobierno respecto a este tema.
Estaríamos de acuerdo en que si el Gobierno no llega a ser tan ágil y
tan eficaz y no le llega a haber corroído esa curiosidad por conocer
allí, en la propia Fiscalía del Reino Unido, cuáles son los recursos,
cuál es el procedimiento judicial ante la sentencia que podría
ocasionar, no estaríamos en esta incomprensión, en este montón de
intoxicación y de especulación.
Le he dicho desde el comienzo de mi intervención que sólo iba a hacer
mención de los documentos oficiales. En el documento oficial que yo
le he mencionado, el señor Aguirre expresa al fiscal una serie de
argumentos que entran en contradicción con lo que es el deseo del
juez Garzón de recurrir una posible sentencia contraria a la
extradición. Y el fiscal es el que reclama una clarificación a ese
delegado. Al no recibir esa declaración, él comenta que esa postura
es inaceptable. Son elementos obvios, objetivos, no podemos discrepar
de algo que está escrito, salvo que entremos en la tesis de usted:
que este fiscal británico, Brian Gibbins, es un especulador y es un
intoxicador, porque todo este debate surge a partir de que conocemos
cuál ha sido el contenido de la reunión que han tenido los
representantes del Ministerio de Exteriores con la Fiscalía
británica. Si usted considera que no tiene ninguna credibilidad el
fiscal británico, está muy bien defendiendo sus tesis, que
coincidirían con todos aquellos que cada vez más claramente se están
decantando porque el general Pinochet no pueda ser sometido a la
acción de la justicia y que, una vez más, los presuntos culpables de
haber cometido delitos tan graves puedan quedar en la impunidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Quería hacer un par de consideraciones.
Señor ministro, no se puede matar al mensajero. Hay una comunicación
del fiscal, se publica, se traduce lo que dice el fiscal y de ahí se
desprende que el fiscal considera que existen instrucciones
contradictorias y que 48 horas antes de la emisión del fallo el
Gobierno español no sabe si es partidario de que se produzca la
apelación o no. Eso es así de sencillo. Cuarenta y ocho hora antes el
Gobierno no sabe si es partidario de que se produzca la apelación
o no. El alto funcionario que está en Londres no lo sabe y no puede
decírselo al fiscal, de ahí viene la confusión, las historias que nos
han traído hoy a esta Comisión. ¿Sería justo que acusáramos de
intoxicación a la prensa chilena, que ha publicado los informes
internos del Ministerio de Asuntos Exteriores? Porque esto también
son filtraciones. Yo creo que no es justo, que hay que buscar
quién filtra desde el Ministerio, lo mismo que en el caso anterior.
El ministro ha hecho una consideración, dentro de una reflexión
bastante esotérica, vinculando razón con justicia, con no venganza y,
a partir de ahí, la sale la vena ibicenca y mezcla eso con
productividad. No estamos perdiendo el tiempo; estamos haciendo
política, estamos discutiendo de la política exterior de este
Gobierno, de la política exterior de España. El ministro ha dicho
algo que yo le agradezco, pero que quizá no ha clarificado
suficientemente; ha dicho que condenaba los horrores y expresaba su
solidaridad con las víctimas. Quiero entender que se refería a los
horrores y las víctimas de la dictadura chilena del general Pinochet.
Lo digo porque, como él no lo ha dicho, parecía algo esotérico
y genérico, pero entiendo que es así.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Guardans.
GUARDANS I El señor CAMBÓ: A este portavoz le parece muy poco
elegante que se descalifiquen las intervenciones de otro portavoz con
argumentos de desconocimiento de la Ley, del Derecho, de cuál es la
situación. Por supuesto, no voy a entrar aquí en un debate técnico-
jurídico con el ministro, y tampoco con otro portavoz, sobre la
supuesta ignorancia acerca del Crown Prosecution Service y si está o
no integrado en la Administración. Yo querría mantener esta discusión
en términos políticos y, estrictamente en términos políticos, sin
entrar en cómo funciona el Crown Prosecution Service o qué es lo que
autoriza o prohíbe el Convenio de extradición y hasta qué punto el
hecho de que el Convenio de extradición no prevea expresamente la
comunicación directa entre jueces debe interpretarse como que prohíbe
la comunicación directa entre jueces, porque si eso es así, será
interesantísimo que se le comunique a la Audiencia Nacional a los
efectos de la lucha contra la droga, etcétera. O sea, quien
interprete que todo aquello que no esté expresamente autorizado en
los convenios de cooperación judicial está prohibido debe comunicarlo
a la Audiencia Nacional, porque sería causa de nulidad de
prácticamente el 60 por ciento de las causas abiertas en este momento
en la Audiencia Nacional relativas a cooperación internacional; por
ejemplo, en materia de lucha contra la droga, en que muchas veces se
está actuando mucho más allá de lo que establecen los convenios, pero
sin infringir nada que prohíban expresamente. Pero este es un tipo de
debate jurídico que nos sacaría de esta Comisión y nos metería en
otra, así que sólo haré esa puntualización.
En términos estrictamente políticos, diré que es España quien ha
solicitado la extradición; no es el Ministerio de Asuntos Exteriores,
no es el juez, es el Estado español quien ha solicitado la
extradición y el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que ha hecho es,
a efectos internos, hacerse portavoz de una solicitud de extradición
de un juez y, por tanto, sus actuaciones exteriores en materia de
extradición son portavocía de un tribunal que tiene solicitada esa
extradición. Si han de ser algo más que eso, tienen contenido
político, porque, entonces, efectivamente el Ministerio de Asuntos
Exteriores está adoptando una posición política más allá de la del
juez que estrictamente solicitó la extradición. Por tanto, jugamos o
no jugamos. O el Ministerio de
Asuntos Exteriores es simplemente interlocutor ante el Crown
Prosecution Service, ante el Gobierno inglés, de un juez que solicitó
la extradición y, por tanto, no tiene actuaciones al margen de lo que
el juez le solicite o, si las tiene, que venga a esta Comisión y
responda de esas actuaciones, que nos explique por qué las ha tomado
y se someta a las críticas de estos portavoces sobre el porqué y el
cómo de esas actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Me alegra mucho el carácter didáctico de esta
comparecencia, que ha permitido que alguno entienda lo que es el
Crown Prosecution Service. Yo no quiero entrar en descalificaciones
en relación con el conocimiento o desconocimiento del Derecho, pero
es evidente que el Gobierno no es el funcionario que acude a una
entrevista informativa con un fiscal británico, que el Gobierno no
puede hablar por boca de ese funcionario; el día que los funcionarios
de nivel 30 representen al Gobierno y puedan tomar iniciativas que
sólo competen al ministro de Asuntos Exteriores o al Gobierno en su
conjunto habremos perdido la posibilidad de hablar de responsabilidad
política del Gobierno en este tema. En este caso hay un claro juicio
de intenciones basado en hechos que se ha demostrado que son falsos.
El hecho falso que motiva esta comparecencia es que se acusa al
Gobierno de dar instrucciones contradictorias con las del fiscal o de
anular las instrucciones del juez español al fiscal británico, cosa
que no se ha producido, sino todo lo contrario. Por tanto, todos los
demás debates jurídico-políticos, en cualquier caso literarios, los
dejo para los que consideran que Felipe González es referente moral
para unas cosas y no lo es para otras. (El señor Yañez-Barnuevo
García: Ya estamos con las citas, y el presidente callado.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo creo que
este debate ha permitido ir clarificando progresivamente todos y cada
uno de los aspectos que al principio, y de modo absolutamente
injustificado - no quiero decir interesado porque a mí sí que no me
gusta entrar en juicios de intenciones-, parecían oscuros; ahora
parecen más nítidos.
Efectivamente, la comunicación del fiscal dice que el funcionario no
llevaba instrucciones. Eso es lo que ha dicho el Gobierno, el
portavoz de la OID desde el primer momento. Si ese era el problema,
acabáramos; ahorrémonos debates porque ya el mismo día 6, a las 10 de
la mañana, lo dijo el propio director general de la OID. Además,
¿cómo iba a llevar instrucciones si lo que quería saber era qué
recursos había, qué plazos, detalles sobre los que el propio servicio
jurídico tenía alguna duda y ni siquiera sabía que había una petición
de recurrir la sentencia por parte del magistrado español?
En definitiva, señorías, considero muy pertinente el razonamiento que
ha hecho el portavoz señor Guardans. La parte actora son los
tribunales españoles, lo que ocurre es
que, en su expresión hacia afuera, y de acuerdo con la Convención
y con la propia legislación británica, quien demanda no es un juez, no
es un tribunal, es el Estado español y el Gobierno es, por ley, el
que está obligado a efectuar esa presentación de documentos en nombre
del Estado español. Aquí se plantea un doble problema: ¿Quién es el
que legítimamente toma las decisiones? Depende. En el ámbito interno
las toman los órganos jurisdiccionales españoles, los tribunales
españoles, que automáticamente obligan al Gobierno y el Gobierno, por
nuestra legislación, está obligado a asumir esas decisiones
legítimas, legales, pero quien las toma legítimamente de cara al
exterior -por esa obligación de las propias leyes -,quien produce
efectos es el Gobierno, porque a él le corresponde la representación
del Estado en esa legitimación externa, simple e inevitable
consecuencia de esa legitimación interna que tienen las decisiones
judiciales. Ese es el gran problema, que a alguno de nuestros amigos
le cuesta entender; a algunos les cuesta entender cómo, no siendo el
Gobierno parte activa en esa decisión inicial, en un momento dado
tendría que tomar decisiones si hubiera tenido que recurrir. Pero esa
es justamente la arquitectura jurídica en que se basan las relaciones
internacionales.
Por ello, y como conclusión de este debate, yo quedaría muy
satisfecho si asumiéramos que hay unas decisiones judiciales que
obligan al Gobierno español y que éste ha respetado y seguirá
respetando. Pero, por otro lado, seamos también respetuosos con
Chile, y esto quiere decir ser respetuosos con su transición, ser
respetuosos con su democracia; que nos esforcemos en no tratar a
Chile como en alguna intervención en algún momento podría haberse
interpretado: como una democracia vigilada. Ese no es el tratamiento
que merecen nuestros amigos chilenos. Les cuesta entender, y yo lo
comprendo, algunas de esas cuestiones (que para nosotros son así y no
pueden ser de otro modo), pero intentemos al mismo tiempo aportar el
máximo de comprensión y de amistad para hacernos comprender.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
PREGUNTAS (Continuación):
- DEL SEÑOR COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS ANTE LAAPERTURA DE EXPEDIENTES A EMPRESAS EMPAÑOLAS POR PARTE
DE LAADMINISTRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, EN
APLICACIÓN DE LA LEY HELMS-BURTON. (Número de expediente 181/002737.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las preguntas.
Quedan cuatro preguntas: la número 6; la número 7, que será tratada
conjuntamente con la número 11; la número 8, que será la tercera y en
cuarto lugar trataremos la número 10. (El señor Estrella Pedrola pide
la palabra.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, no sé qué número
corresponde a la pregunta del señor
Costa, pero anuncio en este momento en su nombre que queda retirada.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Es la número 8.
- DE LA SEÑORA BALLETBÓ PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE MOMENTO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA E
IRÁN. (Número de expediente 181/002587.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, de la que es autora la señora
Balletbó, que tiene la palabra.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor ministro, me consta que desde los
dos últimos años ha habido un intento de restablecimiento importante
de la presencia de la diplomacia española en Irán. Y también me
consta que se han producido algunos viajes tanto de representantes
iraníes a nuestro país como de representantes del Gobierno español,
y diría más, incluso de esta Cámara: también estuvo allí el
vicepresidente del Congreso. En ese sentido, me gustaría saber en qué
momento se encuentran las relaciones entre España e Irán y
especialmente qué previsiones hay para que de una u otra forma el
jefe del Ejecutivo español devuelva la visita que hace ya bastante
tiempo el representante del Gobierno iraní, señor Jatamí, hizo a
España.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Con mucho
gusto voy a contestar a la señora Balletbó haciéndole una pequeña
precisión, fruto de una confusión: no fue el presidente Jatamí sino
el ministro de Asuntos Exteriores, señor Jarazi quien hizo la visita
a España.
Lo cierto es que el clima de tensión y de enfrentamiento entre la
Unión Europea e Irán, que se produjo a raíz de la famosa sentencia
del caso Mikonos y que provocó la retirada de embajadores, la
suspensión del diálogo crítico con Irán, ha ido superándose desde
febrero de 1998. En ese gradual proceso de normalización, en el que
España ha jugado siempre un papel de vanguardia, porque yo no he
dejado de hablar en todo momento con motivo de las reuniones de
Naciones Unidas en Nueva York, con mis colegas iraníes -ellos siempre
han mostrado interés en mantener un vínculo especial con España-;
todo ello se va normalizando, especialmente gracias a la elección en
marzo de 1997 del presidente Jatamí, que inicia un proceso de
apertura y consolidación de un Estado de derecho que todavía no está
terminado.
En el plano social ha supuesto un refuerzo de las libertades públicas
y una mayor preocupación por los sectores sociales hasta hoy más
marginados: la mujer, la juventud, y una apertura a valores
culturales exteriores bajo el lema del diálogo de culturas y
civilizaciones. En el ámbito internacional, el presidente Jatamí
busca acabar con el aislamiento del régimen, recuperar su
protagonismo regional y obtener el reconocimiento internacional. Se
trata de un proceso complejo y difícil que, a pesar de que goza del
apoyo mayoritario, como se ha visto en las elecciones de la población
iraní, no está exento de riesgos ni de oponentes, como se ha
puesto de manifiesto durante las crisis provocadas con motivo de las
manifestaciones estudiantiles, que querían más aceleración, en el
pasado mes de julio. Persisten algunos problemas que preocupan a
España y al resto de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, los
grandes déficit que todavía subsisten en el ámbito de los derechos
humanos o determinados aspectos como la postura de Irán, crítica
hasta ahora -parece que va evolucionando- en relación con el proceso
de paz en Oriente Medio.
Lo cierto es que la superación del caso Mikonos, la política
aperturista y reformista del presidente Jatamí, la propia visita a
España del ministro de Asuntos Exteriores, Jarazi, la visita de una
delegación parlamentaria, han permitido un relanzamiento de estas
relaciones. España ejerció su liderazgo desde el primer día entre los
países europeos que han ido normalizando esas relaciones. En los
últimos dos años han visitado Irán el secretario general de Política
Exterior, señor Bastarreche; y en febrero de este año el secretario
de Estado de Cooperación, señor Villalonga. En esa visita se firmó un
memorándum para relanzar la cooperación cultural y científico
técnica.
Por lo que se refiere a las relaciones económicas, es importante
señalar que nuestro tercer socio económico en aquella región es Irán,
después de Israel y Arabia Saudí. Las cifras de comercio siguen una
línea ascendente que han permitido una sensible mejora de la
cobertura, se ha pasado del 44 por ciento en 1997 al 61 por ciento en
1998. Hay un creciente interés de las empresas españolas en Irán. En
la última Feria Internacional de Comercio 23 empresas españolas
estuvieron representadas. No es ajeno a todo ello la generosa
política financiero-crediticia, que nos ha permitido ir
reequilibrando nuestra balanza comercial, como le decía.
Por tanto, estamos en una buena fase de nuestras relaciones. Estamos
negociando y buscando fechas mutuamente convenientes con el Gobierno
iraní para que yo devuelva la visita del ministro de Exteriores.
Podemos decir que las relaciones siguen desarrollándose por el buen
camino.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Señor ministro, le agradezco que haya
salvado el lapsus que he cometido; como ha visto, yo también me he
dado cuenta. Pero en esa misma línea, seguro que usted sabe mejor que
yo, por cuestiones del ejercicio de su cargo, que hay una norma
diplomática de devolución de visitas. En ese sentido, me consta que
la visita del ministro de Asuntos Exteriores a Irán hace tiempo que
es esperada y se ha reiterado en sucesivas ocasiones, justamente como
devolución de la que el ministro de Asuntos Exteriores iraní realizó
a nuestro país. Puesto que en principio no está prevista la visita
del presidente del Gobierno, creo que sería oportuno -no hace falta
que yo lo recomiende, porque el señor ministro lo sabe mucho mejor
que yo- que esta visita se produjera. Lo digo por varias razones. Yo
comparto con usted las dificultades que tiene el Gobierno iraní en su
camino de evolución, así como las dificultades de ese régimen para ir
evolucionando hacia una situación de normalización. Pero por las
mismasrazones que usted exponía de importancia en las relaciones
económicas, por ser el tercer país de la zona con relaciones
comerciales en España, por la importancia del cambio que se está
produciendo en el interior del país, creo que es bueno y oportuno
ayudar en la dirección correcta. En ese sentido, estoy convencida de
que la visita del jefe de la diplomacia española es esperada y
debería producirse antes de finalizar esta legislatura, a la que, por
cierto, le queda poquito.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Confiamos
poder hacerla antes del fin de la legislatura, señora Balletbó.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL SEÑOR NAVAS AMORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA SITUACIÓN EN ISRAEL Y PALESTINA TRAS LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ISRAEL. (Número de expediente 181/
002692.)
- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PAZ EN
ORIENTE MEDIO TRAS LOS ÚLTIMOS ACUERDOS ENTRE LAAUTORIDAD NACIONAL
PALESTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL. (Número de expediente 181/002754.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Navas, que se
realiza conjuntamente con la número 11, de la que es autor el señor
Robles.
El señor NAVAS AMORES: Queda formulada en los términos en los que
está recogida: situación en Israel y Palestina tras las elecciones
presidenciales celebradas en Israel.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: En los mismos términos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Es bien
conocido que las elecciones en Israel el pasado 17 de mayo supusieron
un importante punto de inflexión en el proceso de paz que, por
distintas razones, llevaba estancado casi tres años. La victoria
electoral del nuevo primer ministro Ehud Barak y sus primeros pasos y
declaraciones en favor de la paz encontraron una muy buena acogida en
árabes y palestinos. Se abría así la puerta a un nuevo clima que
auguraba un relanzamiento del proceso de paz. Este relanzamiento se
ha plasmado en hechos concretos, especialmente en la banda palestina,
en los últimos dos meses.
A finales de julio, el primer ministro Barak hizo una propuesta al
presidente Arafat que consistía básicamente
en la ejecución de los acuerdos de Wye River, eso sí, con un
calendario modificado con un acuerdo sobre el inicio de las
negociaciones del estatuto final. Después de intensas negociaciones
sobre esas propuestas a lo largo del mes de agosto, se pusieron de
acuerdo en la firma de un memorándum, como saben SS.SS., el 4 de
septiembre en Sharm-elSheikli. Es necesario subrayar que, a pesar de
los acuerdos concluidos, el proceso no está exento de riesgos como
demuestran los últimos atentados terroristas en Israel. Yo mismo
recibí la semana pasada la visita de un enviado especial del
presidente Arafat, el ministro de Exteriores, y la semana anterior la
visita de Shlomo Ben Ami. También se habló de lo que va a ser otra
prioridad, que son las negociaciones de la banda siria. Pero
remitiéndonos al proceso palestino, las negociaciones del estatuto
permanente se presentan muy duras, dado lo alejado de las posturas
iniciales, por lo que no hemos de descartar nuevas crisis y
estancamientos. Para evitar que esas crisis vuelvan a paralizar el
proceso negociador, tiene gran importancia, a mi juicio, que las
partes se abstengan de realizar acciones unilaterales que puedan
minar el clima de confianza y buena fe que debe presidir estas
negociaciones.
En definitiva, estamos en un buen momento del proceso, tan
esperanzador, por una parte, como delicado, por otra, que requiere
muchas dosis de prudencia y de responsabilidad de todas las partes
implicadas, así como del conjunto de la comunidad internacional y muy
en especial de aquella parte que ha sido, como nosotros mismos, más
activa en los últimos años, y tengo que decir que esa actitud ya está
dando frutos concretos y positivos.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Le agradezco, señor ministro, sus
explicaciones. Entiendo que ese riesgo está latente, está en el aire,
después del buen escenario que se abrió con el cambio de Gobierno en
Israel y con la firma el 4 de septiembre para desbloquear el acuerdo
de Wye. Es un escenario radicalmente contrario al que estábamos
viviendo con el anterior Gobierno israelí. Todos los pasos que se han
recogido hoy para desarrollar durante este próximo año son de alguna
forma hasta ambiciosos, porque -como usted muy bien ha comentado- el
estatuto es un elemento central en torno al reparto de poderes
políticos que van a tener unos y otros. Lo que nos preocupa es que no
sea más que una política a corto plazo, que no sea un gesto por parte
del presidente del Gobierno israelí para conseguir estabilizar
definitivamente la zona, y por tanto, entrar en el fondo de esas
cuestiones que todos tenemos en mente: qué va a pasar con los
refugiados palestinos de 1948 o de 1967; una cuestión trascendental,
que es la situación de Jerusalén; qué va a pasar incluso con los
propios asentamiento de colonos judíos en territorios de Gaza y
Cisjordania. Al final, cuando se negocien estos temas, es cuando se
va a entrar en el auténtico margen político de que va a disponer la
Autoridad Palestina ante Israel. Quizá podría darse el caso de que la
Autoridad Palestina aceptase una serie de acuerdos que rebajasen
sustancialmente lo que son las reivindicaciones tradicionales,
incluso los contenidos de los acuerdos de Oslo, que después fueron
revisados en Wye y que corremos una dinámica en la cual podrían ser
revisados y revisados
hasta su mínima expresión. Yo creo que ese es el auténtico peligro
del proceso, que vayan quedando asuntos importantes sin resolver y
que, al final, el conflicto permanezca o, en el peor de los casos,
incluso podría reactivarse, lógicamente, con la relevancia y la
resonancia que tiene para Oriente Próximo, para las relaciones con el
mundo árabe y con el Mediterráneo, que es un eje fundamental de
nuestra política exterior.
Tanto desde el Gobierno español como desde el trabajo que hacemos
como miembros de la Unión Europea, no sólo el apoyo económico y de
cooperación que se viene desarrollando, sino el apoyo político a la
estabilización definitiva, al desarrollo de los acuerdos políticos
que pretenden resolver las cuestiones fundamentales que todavía están
pendientes de solución. Ese apoyo político ha de ser un elemento
permanente y un peso específico fundamental, no un peso invisible,
sino que se vea y se pueda palpar durante todo el proceso entre
Israel y Palestina.
El señor PRESIDENTE: Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No tengo nada que añadir a lo que ha dicho el
señor Navas.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En efecto,
quedan puntos muy difíciles de la negociación. Se ha referido de
manera especial, y ese es probablemente el punto más difícil, a la
negociación sobre el estatuto final de Jerusalén. De lo que no tengo
absolutamente ninguna duda, tengo la íntima convicción de que en todo
caso esa nueva política del nuevo Gobierno de Barak no es un gesto y
hay plenos deseos de aplicar el convenio de Wye Plantation, con esas
modificaciones que ambas partes han acordado, sobre todo de
calendario, y de incluir el estatuto final, pero no está exento de
riesgos el proceso, efectivamente.
- DEL SEÑOR ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE LASITUACIÓN EN LAQUE SE ENCUENTRAN LOS PRESOS DE
OPINIÓN CUBANOS INTEGRANTES DEL LLAMADO «GRUPO DE LOS CUATRO».
(Número de expediente 181/002752.)
El señor PRESIDENTE: Se ha retirado la pregunta número 8. La última
que queda pendiente en este trámite es la que figura con el número
10, de la que es autor el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: En junio del año 1997, Vladimiro Roca, Félix
Antonio Bonne, René de Jesús Gómez y Marta Beatriz Roque tuvieron la
tremenda osadía de firmar un comunicado en Cuba, largo comunicado,
comentando el congreso del Partido Comunista cubano. En él afirmaban,
osada y valientemente, que la patria era de todos, que la patria
cubana era de todos los cubanos. Ese documento en el que se aludía a
ese espíritu martiano que señalaba como ley primera de la república
el respeto a la
dignidad del hombre, provoca su juicio por el Gobierno y los jueces
del régimen cubano. Ese grupo ejercía la libertad de expresión,
reconocida universalmente y muy especialmente por los países que nos
reivindicamos democráticos y que defendemos los derechos humanos en
todo el mundo y muy especialmente en los países miembros de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Fueron condenados a 5, 4, 4 y 3
años y medio de cárcel, respectivamente, y a pesar de los reiterados
llamamientos de la Unión Europea, de sus países miembros y de muchas
personas de España, entre ellos muchos diputados de esta Cámara,
fueron ingresados en prisión y allí permanecen en una situación grave
y preocupante. Es evidente -como también decía Martí- que un pueblo
no se funda como se manda un campamento y que reivindicar el derecho
a la libertad de opinión y de expresión es, en este caso, una
obligación moral por parte de todos los españoles y muy especialmente
en esta Comisión de Asuntos Exteriores. Por ello he formulado esta
pregunta sobre la situación de los integrantes del llamado grupo de
trabajo de la disidencia interna y por ello espero la respuesta del
señor ministro sobre las gestiones y las distintas acciones
realizadas por este Gobierno dentro y fuera de la Unión Europea para
su liberación y para su salida de prisión.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En efecto,
los integrantes del denominado grupo de trabajo de la disidencia
interna, cuatro personas a las que se ha referido el señor Robles,
fueron encarceladas en junio de 1997 y permanecen en prisión desde
entonces. En marzo de este año fueron condenados por actos contra la
seguridad del Estado en relación con un delito de sedición.
Posteriormente, tres de ellos, salvo el señor Bonne, presentaron
recurso contra la sentencia, sin que hasta la fecha se haya fijado
día para conocer tal recurso. La legislación cubana señala que estos
recursos deben ventilarse sin dilación.
Por otra parte, esas cuatro personas son consideradas por Amnistía
Internacional como presos de conciencia. El caso de esos cuatro
presos es probablemente el más conocido de todos los detenidos en
Cuba en la actualidad. Los cuatro se responsabilizaron y dieron
publicidad antes de su encarcelamiento a un documento, la patria es
de todos, donde recogían sus opiniones políticas. Lo cierto es que la
Unión Europea y España siguen estos casos con constante interés y
atención. Durante mi viaje a Cuba en noviembre del pasado año realicé
gestiones personalmente ante las autoridades cubanas para exponerles
la preocupación de España y de la Unión Europea por estos casos.
También me entrevisté con los familiares de estos presos. La Unión
Europea aprobó una declaración, al conocerse las sentencias,
considerándolas impuestas por ejercer un derecho humano
universalmente reconocido, como es la libertad de expresión.
Como conclusión diré que España y los países miembros de la Unión
hacen un permanente seguimiento de la situación de esos cuatro
presos, en aplicación de la posición común de la Unión Europea sobre
Cuba.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Con ello concluimos el trámite, tanto de comparecencias como de
preguntas. Quiero agradecer de nuevo al señor ministro su presencia.
Vamos a suspender la sesión durante unos siete minutos. Alas doce y
media en punto se reanudará la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE SUSPENSIÓN URGENTE DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL
CONVENIO DE PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE ESPAÑA Y CHILE.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001628.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la consideración de los
debates y correspondientes votaciones de las tres proposiciones no de
ley que figuran en los números 12, 13 y 14 del orden del día.
Les adelanto que las votaciones tanto de las proposiciones no de ley
como de los dictámenes sobre convenios y acuerdos internacionales
tendrán lugar a partir de la una y media, en cualquier caso, no antes
de la una y media.
Punto número 12 del orden del día, proposición no de ley de la que es
autor el Grupo Socialista del Congreso, sobre suspensión urgente de
las modificaciones introducidas al Convenio de protección recíproca
de inversiones entre España y Chile.
Por el Grupo Socialista, para explicar el alcance de esta proposición
no de ley, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: El artículo 96.1 de la Constitución
establece que los tratados internacionales válidamente celebrados,
una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del
ordenamiento interno y sus disposiciones sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho
internacional.
El 1 de octubre del año pasado funcionarios del Gobierno chileno y
funcionarios del Gobierno español procedían a firmar una denominada
acta interpretativa que venía a modificar el Convenio de protección
recíproca de inversiones entre España y Chile de 1991. Mi
intervención tiene, en primer lugar, una dimensión sobre los aspectos
generales y luego me referiré a los particulares.
Este acta se firma por parte de los dos gobiernos, hemos podido
acceder a ella, existe algún documento en que se habla de que tiene
rango de auténtica, pero no ha sido publicada, no ha sido notificada
a la Cámara, no ha sido suscrita por ningún órgano que tenga
competencia para realizar lo que en derecho se denomina una
interpretación auténtica, no ha sido sometida tampoco al trámite, por
ejemplo, de consulta al Consejo de Estado, que podía haber dicho si
procedía remitirla a la Cámara para información o para su aprobación,
y, lo que es más sorprendente, ese acta
interpretativa introduce modificaciones sustanciales en el Convenio
de protección recíproca de inversiones entre Chile y España.
Son modificaciones que afectan, por ejemplo, a qué se entiende por
inversiones extranjeras, o que afecta también a qué se entiende por
nacionales de uno u otro país. Ese acuerdo que firman ambos gobiernos
(pero formalmente desconocido para esta Cámara y por tanto
desconocido para los posibles actores en derecho internacional, que
podrían acogerse a las disposiciones de ese Convenio) es
completamente desconocido. Se han alterado las bases del derecho en
materia de protección de inversión entre los dos países sin que se
conozca, sin que se haga público, sin que este Parlamento lo conozca,
y eso es especialmente grave. De ahí que nosotros planteemos la
nulidad de ese acta interpretativa.
Con este acta interpretativa se está generando una grave indefensión
para los inversores españoles, con carácter general. Imagínense, por
ejemplo, que prácticamente un tercio de las inversiones de una
empresa como Endesa en Chile habrían dejado de ser, en aplicación de
ese acta interpretativa, inversiones españolas en Chile, porque se
habrían producido a través de adquisiciones de activos en las bolsas
internacionales, algo que por otra parte es cada día más frecuente.
Pues bien, el acta interpretativa establece que eso no serían
inversiones españolas en Chile.
Como cada vez nos vamos a encontrar más con el hecho de que en el
mundo actual se adquieren participaciones de empresas en terceros
países por esa vía de los mercados internacionales, en aplicación de
lo que han firmado funcionarios de ambos gobiernos, que no ha sido
aprobado por ningún órgano competente, al menos que nosotros
conozcamos, se estaría provocando esa indefensión a la que hay que
sumar la indefensión, que genera el propio desconocimiento de la
norma y de su posible validez.
Eso se agrava aún más si tenemos en cuenta que, con la práctica del
ejercicio de la cláusula de nación más favorecida, no solamente
estamos hablando de la situación con Chile, sino que en terceros
países, donde España tiene sustanciales inversiones, la autoridades o
la contraparte de ese país podría reclamar la aplicación, en virtud
de esa cláusula de nación más favorecida, del acta interpretativa que
España ha firmado con Chile para lo que se refiere al Convenio de
protección recíproca de inversiones entre Chile y España. Es decir,
se podría extender su aplicación, que restringe la protección a las
inversiones españolas, a terceros países.
Tiene un elemento adicional, ya de carácter mucho más específico, y
es que esa desprotección y esa alteración de las bases de derecho
está afectando ya de hecho a un caso concreto, un caso que hemos
debatido en esta Comisión, sobre el que esta Comisión incluso se ha
pronunciado en su momento en el sentido favorable a los derechos de
un ciudadano español, que es la reclamación que existe ante el Ciadi,
el órgano de arbitraje con sede en Washington, previsto en el
convenio de protección recíproca de inversiones, por parte de un
ciudadano español, que se plantea en noviembre de 1997, y que
quedaría absolutamente modificada en las bases de derecho de sus
alegaciones por ese acta interpretativa que se firma once meses
después, en octubre de 1998.
Es decir, se estarían cambiando las reglas de juego en mitad del
partido, cuando precisamente el artículo 10.6 del convenio bilateral
establece que las partes contratantes se abstendrán de tratar, a
través de canales diplomáticos, argumentos concernientes al arbitraje
ya en marcha, como es este caso, hasta que los procedimientos
correspondientes hubieran sido concluidos. Uno de los elementos
esenciales de los acuerdos de protección de inversiones es el de dar
seguridad jurídica a todos los inversores privados, sin
discriminación de ningún tipo, y el derecho a defenderse ante un
tribunal de arbitraje internacional sin interferencias estatales. De
tener virtualidad, de darse vigencia en derecho a ese acta
interpretativa, se estaría incumpliendo de manera clara lo que
estipula el propio acuerdo de protección recíproca de inversiones.
Prueba de ello es que el pasado mes de julio, ante el Ciadi, el
tribunal de arbitraje, las autoridades chilenas presentaban el acta
interpretativa, desconocida por este parlamento como elemento de
derecho para fundamentar sus alegaciones, en el sentido de que lo que
dice el acuerdo de protección de inversiones no es lo que dice sino
lo que habrían firmado ambos gobiernos interpretándolo en octubre de
1998. Señor presidente, estamos hablando ya de incidencias en
derechos constitucionales, estamos hablando, incluso, de posibles
incidencias que aparecen tipificadas en el Código Penal.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley
en la que insta al Gobierno a declarar en suspenso el acta del 1 de
octubre de 1998, y a denunciar la firma de la misma, a comunicar al
centro de arbitraje, al Ciadi, que dicha acta carece de toda validez
con relación a las actuaciones en curso, a remitir a esta Comisión
del Congreso todas las notas verbales, comunicaciones, etcétera,
relativas a la reinterpretación de este convenio y a remitir también
a esta Cámara un informe aclaratorio de las razones que habrían
llevado al Gobierno a la firma de dicha acta, del procedimiento que
se ha seguido para la firma de la misma y de su incidencia sobre
actuaciones arbitrales en curso, remitiendo, igualmente, el texto de
dicha acta que, insisto, el Parlamento no conoce.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado
ninguna enmienda. Me gustaría conocer el parecer del resto de los
grupos y sus respectivos portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Para manifestar nuestro apoyo y suscribir las
explicaciones del portavoz del Partido Socialista señor Estrella.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El Convenio de promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de
Chile sigue vigente en los propios términos en que fue redactado. No
son necesarias muchas palabras para explicar lo que no necesita
demostración. Sus señorías saben que el Gobierno no ha enviado al
Parlamento propuesta alguna de modificación.
Por tanto, el Tribunal Internacional de Arbitraje, a cuyo criterio ha
sometido el interesado las consecuencias económicas de la lamentable
incautación en su día del diario Clarín, hará su trabajo
interpretativo sobre el Convenio, tal y como se suscribió entre
España y Chile en 1991. Este es el estado real de la cuestión. Lo
demás son recelos injustificados del grupo parlamentario proponente.
¿Que el Grupo Socialista quiere que se protejan las inversiones
exteriores españolas? Como es lógico, el Grupo Popular, también. ¿Que
quiere que se garantice la seguridad jurídica en las inversiones de
nuestros empresarios en el extranjero? Nosotros también y seguro que
todos queremos que se promuevan y rubriquen en las mejores
condiciones acuerdos con otros países que favorezcan nuestra
presencia económica en el exterior. Pero la manera de cumplimiento
del convenio de inversiones con Chile no ha afectado ni va a afectar
para nada a ese fin. Cada uno es libre de hacer las construcciones
mentales que estime convenientes, pero en el caso que tratamos no
dejan de ser construcciones virtuales. Decía el portavoz del Grupo
Socialista que es como cambiar las reglas del partido en la mitad del
juego. Atendiendo al mismo símil, su postura sería la del que
considera normal que los entrenadores en mitad del partido, porque
así lo consideran conveniente, pudieran cambiar la medida de las
porterías sin que el árbitro interviniera.
Por todo lo dicho, porque creemos que no se ha variado para nada el
marco en el que el Tribunal de Arbitraje Internacional tiene que
intervenir, vamos a votar en contra de la iniciativa del grupo
proponente.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más.? (Pausa.) Si no es
así, pasamos al siguiente punto del orden del día.
- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR LA CONDENA A MUERTE IMPUESTA POR LOS
TRIBUNALES DE TURQUÍA AL LÍDER KURDO ABDALÁ OCALAN. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001645.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre medidas para evitar
la condena a muerte impuesta por los tribunales de Turquía al líder
kurdo Abdalá Ocalan. El autor de la proposición es el Grupo
Parlamentario Mixto. Su portavoz, el señor Alcaraz, tiene la palabra
para explicar su alcance y contenido.
El señor ALCARAZ RAMOS: En nombre de Nueva Izquierda quisiera
defender esta proposición no de ley que, tanto en su redacción, como
en sus intenciones, es bien sencilla. Está más que acreditada la
sensibilidad del pueblo español, reflejada reiteradamente en esta
Cámara, contra la pena de muerte en cualquier lugar donde se imponga
y bajo cualquier circunstancia. Quizá ello nos debiera llevar a
manifestarnos ante cualquier sentencia de pena de muerte, sin
embargo, por razones obvias nos encontramos ante un caso que ha
adquirido una notoriedad política que reclama nuestra atención. En
primer lugar, porque nos recuerda el problema del pueblo kurdo, una
vez más. Ya nos hemos
manifestado en esta Cámara reiteradamente. Ha habido ocasión de
debatirlo desde diversos puntos de vista y con diversas ocasiones,
pero no se puede desligar el caso de esta condena a muerte de la
situación del Kurdistán. Hay que tener en cuenta, además, en un país
-luego me referiré algo más a esto -que reclama su ingreso en la
Unión Europea, las complejas, por utilizar una palabra más bien un
eufemismo, circunstancias que se dieron en el proceso de detención de
Ocalan, que incluso posteriormente, con sentencia de tribunales
italianos no dejan en muy buen lugar a algunos de estos Estados que
reiteradamente defendemos los derechos humanos.
Por otro lado, es importante que España, junto con sus socios de la
Unión Europea, y así se hace constar en la proposición y se insiste
en esta idea, se enfrenten a un proceso de demanda de integración en
la Unión por parte de Turquía de manera que se puedan crear
esperanzas en Turquía, que no provoquen un mayor aislamiento en una
zona de por sí conflictiva, pero que liguen todo ese proceso a la
democratización y al respeto a los derechos humanos, incluidos los
derechos colectivos e individuales de los ciudadanos kurdos. Por
tanto, creo que Turquía debería ser sensible a este mensaje que hoy,
en el caso español, y creo que en el de otros parlamentos europeos,
debería enviarse y que esta no ejecución de la pena de muerte, de
este asesinato legal, pueda ser una especie de test en todo ese
proceso.
Concluyendo, es una proposición no de ley que entendemos que no es
estridente, que no pretende reabrir ninguno de los debates de fondo
que ya hemos tenido, y que pretende simplemente ayudar a objetivos en
los que el consenso, pensamos, se ha ido estableciendo en esta Cámara
y que, insisto, creo que podemos volver a conseguir en esta ocasión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desearían manifestarse al respecto?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-
Santesmases.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Señor presidente, quiero
manifestar el apoyo de nuestro grupo a esta proposición que presenta
Nueva Izquierda.
Efectivamente, hemos tenido ocasión en esta Comisión de tener otros
debates sobre la situación del pueblo kurdo, sobre la manera de
colaborar para resolver el problema entre el pueblo kurdo y el Estado
turco, pero en esta ocasión se trata de algo más puntual, aunque
efectivamente más dramático también, que es la condena a muerte de un
ciudadano y, en la medida en que nosotros estamos en contra de la
condena de muerte, debemos manifestarnos públicamente.
Es evidente que muchas veces se dice que en este y otros parlamentos
las proposiciones que se hacen pueden quedar a título de inventario,
pero como dice bien la exposición de motivos de esta proposición hay
una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea que
debería hacerse valer en estos casos, en estos momentos, en estas
circunstancias especialmente dramáticas.
Nos parece lo más importante de la proposición que se presenta que el
Estado turco pretende desde hace tiempo su
incorporación normalizada a las instituciones de la Unión Europea. Si
se pretende esa normalización parece evidente que dentro de esa
normalización, al menos dentro del modelo europeo, se está contra la
pena de muerte, y por ello deberíamos exigir a ese Estado, que
pretende esa normalización con nosotros, que en esta ocasión y en el
futuro no se aplique la condena que se ha impuesto y no haya esa pena
de muerte. Eso ayudaría a aumentar el respeto a los derechos humanos
y cabría la posibilidad de que, tal como terminó el propio proceso y
cómo fueron las declaraciones del señor Ocalan y el debate que se
produjo, haya la esperanza -esperanza que veremos si el futuro
demuestra que es vana o fundada en la realidad -de poder resolver el
problema.
Es evidente que hay un manifiesto para que, al evitar la pena de
muerte, se produzca una reconducción de la situación, un respeto a
los derechos individuales, a los derechos colectivos del pueblo
kurdo, y creemos que estamos en una situación óptima como Unión
Europea para exigir a Turquía que se produzca esa forma de encauzar
este conflicto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, esta proposición no de ley
reitera el contenido de la declaración institucional que aprobó el
Pleno del Congreso el 29 de junio de este mismo año, en la misma
fecha en la que se hizo público el veredicto condenando al señor
Ocalan a la muerte. En ella se decía que el Congreso de los Diputados
declara su inequívoca voluntad en contra de la ejecución de la
condena a muerte dictada en Turquía en el proceso seguido contra el
señor Ocalan. Hay que recordar -y aquí termina la cita -que ha pasado
muy poco tiempo y que hasta principios de septiembre el Tribunal
Supremo turco no ha comenzado a revisar la sentencia del Tribunal de
Seguridaddel Estado que condenó al señor Ocalan.
Yo creo que conviene hacer algunos comentarios. En primer lugar, no
hay que olvidar nunca, cuando se habla de este señor, la naturaleza
terrorista de la organización que ha dirigido y que dirige y, por
tanto, la consideración sobre su liderazgo kurdo creo que puede ser
fácilmente sustituida por una un poco más neutra.
No se trata, en ningún caso, creo yo -y ninguno de los portavoces lo
ha hecho -,de olvidar su grave de responsabilidad por la violencia
política protagonizada por el PKK, sino de oponerse -y en eso creo
que hay acuerdo -por principio a la ejecución de toda pena de muerte.
Ese era el sentido de la declaración de la Unión Europea, de 24 de
febrero, tras la detención del señor Ocalan, en la que se subrayaba
la oposición de la Unión Europea a la pena de muerte, al mismo tiempo
que se condenaban todas las formas del terrorismo.
Hay que recordar también algunos hechos concretos. En estos meses la
Asamblea Nacional turca ha aprobado una reforma constitucional que
modifica la composición de los tribunales de seguridad del Estado,
desapareciendo en ellos la figura del juez militar. Hay que recordar
también que el procedimiento judicial turco todavía no ha concluido,
puesto que como ya he dicho, el Tribunal Supremo turco debe aún
ratificar esa sentencia y, es bueno decirlo,
hay que recordar también que Turquía es miembro del Consejo de Europa
y parte de la Convención Europea de los Derechos Humanos, como ha
dicho el señor García-Santesmases, que permite a los particulares
denunciar ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos las
violaciones de los derechos y libertades que la Convención protege.
Así, Alemania, en la presidencia de la Unión Europea, hacía pública
el 29 de junio una declaración en la que tomaba nota de las
observaciones de los miembros de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa de que el procedimiento del juicio ha sido correcto
y de acuerdo con la ley turca aplicable.
Es evidente también que en reiteradas ocasiones la Unión Europea ha
recordado -como lo hacía el Consejo Europeo de Luxemburgo en
diciembre de 1997 -que la intensificación de los lazos de Turquía con
la Unión Europea también depende, entre otras cosas, de la
continuación de las reformas políticas y económicas que ese Estado ha
emprendido, en particular en lo relativo al ajuste de las normas
y prácticas en materia de derechos humanos con las vigentes en la Unión
Europea y el respeto de las minorías y su protección -y termino la
cita-.
Por tanto, la Unión Europea, y España dentro de ella, ha sostenido de
forma inequívoca y clara estos criterios políticos como determinantes
de sus relaciones con Turquía y, naturalmente, eso nos obliga a
seguir con atención el proceso de reformas, de profundización de la
democracia y el Estado de derecho en ese país.
En la declaración de la presidencia de la Unión Europea que he
mencionado antes también se decía que, a la luz de la declarada
intención de Turquía de llegar a ser miembro de la Unión Europea,
debería señalarse que la no aplicación de la pena de muerte forma
parte de los valores comunes y, por tanto, del acervo de la Unión
Europea.
Todo ello recordando además que el Gobierno de España, a través de su
ministro de Asuntos Exteriores, en coincidencia con la declaración
institucional del 29 de junio, transmitió a su homólogo turco una
carta comunicándole el deseo del Gobierno español de que no llegará a
ejecutarse la sentencia de muerte contra el señor Ocalan, y se
recordaba el firme rechazo de España al terrorismo y al uso de la
violencia con fines políticos.
Las peticiones se han hecho por muchas razones, no solamente por
razones humanitarias y políticas, por parte de España y de toda la
Unión Europea. Entendemos que no sólo porque somos contrarios a la
pena de muerte, sino porque debemos promover constantemente una
política activa en favor de su abolición, y desde un punto de vista
político porque esta conmutación de la pena de muerte impuesta al
señor Ocalan brindaría -esperémoslo -una oportunidad para buscar y
conseguir el cese de la violencia protagonizada por el PKK.
Por eso votaremos a favor de la proposición no de ley, señalando
algunas sugerencias que creo que pueden ser aceptadas por el señor
Alcaraz, como me ha comunicado anteriormente, y que permitiran alguna
pequeña modificación que no cambia sustancialmente la proposición no
de ley. Así, donde dice que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a...etcétera, «se adopten», que se diga «se continúen
adoptando», ya que se están adoptando todo tipo de iniciativas,
«conforme a la declaración institucional del 29
de junio pasado del Congreso de los Diputados». Yo creo que es bueno
hacer ese recordatorio de que hay una declaración institucional
aprobada por unanimidad de la Cámara. Asimismo, sugeriría que, en vez
de la expresión «líder kurdo», se hablara directamente del señor
Ocalan, que son los términos en los que los portavoces se han
referido en el debate a esta persona. Creo que con ello mejoraríamos
el texto de la proposición no de ley, cuyo espíritu compartimos
y seguiremos compartiendo.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Simplemente para aceptar las sugerencias, con
independencia de otros argumentos que vienen a reconocer que la
presión internacional es la que está haciendo que Turquía dé algún
tímido avance como la eliminación de juicios militares, etcétera.
Si se fijan SS.SS., la fecha en que está registrada esta proposición,
al menos en que está firmada, es el 29 de junio; es decir, lo que se
pretendía es que la declaración institucional no quedara como una
simple declaración retórica, sino que se instara al Gobierno, por eso
la presentábamos. Por tanto, no tenemos ningún problema en aceptar
esa parte de la propuesta. Como tampoco la otra. Como Nueva Izquierda
y este portavoz personalmente no quiere que maten ni a un líder kurdo
ni a un señor kurdo que se llame Ocalan, francamente nos da lo mismo
que desaparezca esa alusión al líder kurdo y que figure simplemente
el señor Ocalan, si con eso se va a sentir más tranquilizado el señor
portavoz del Partido Popular.
- RELATIVA A LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA HABANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001731.)
El señor PRESIDENTE: Quería decirles, porque nosotros mismos a veces
tenemos la memoria corta, que con fecha 17 de marzo de 1999 está
misma Comisión adoptó una resolución sobre este mismo tema como
consecuencia de dos proposiciones no de ley que habían sido
presentadas respectivamente por el Grupo de Izquierda Unida y por el
Grupo Parlamentario Mixto, no sé si por el mismo señor Alcaraz, y que
vienen a decir prácticamente lo mismo. A efectos de concordancia,
sería bueno que así como se hace mención a la declaración
institucional, se hiciera también mención a lo que al fin y al cabo
son nuestros propios antecedentes. Lo digo porque la consulta de esa
memoria colectiva de esta Comisión es ahora más fácil, dado que los
servicios de la Cámara y el señor letrado han sido capaces de
publicar este tomo, donde están todas nuestras resoluciones no de
ley. Si no les parece mal, junto con la referencia a la declaración
institucional de la Cámara, citaremos tambien esta resolución no de
ley.
Pasamos a la tercera de las proposiciones no de ley, relativa a la
Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de La Habana,
de la cual es autor el Grupo Parlamentario Popular. Para su
presentación, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No me extenderé porque ya hemos debatido el
tema de la cumbre. Sin embargo, nos parecía importante en el Grupo
Popular que una vez más esta Comisión se pronunciara sobre la cumbre
de La Habana a través de una proposición no de ley y que tomáramos en
consideración los distintos asuntos de actualidad que han complicado
el camino hacia La Habana, ya que, como decimos en la exposición de
motivos, las circunstancias que rodean este encuentro preocupan a
quienes creemos en el proceso de constitución de Iberoamérica como
una comunidad de naciones y a los que pensamos que este proceso es
una tarea de largo alcance que supera a sus protagonistas temporales
y que va más allá de cualquier diferencia coyuntural entre los
gobiernos de nuestras naciones. Las cumbres son el mecanismo, el
instrumento vertebrador de una presencia cada vez mayor de
Iberoamérica en el mundo, de esa comunidad formada por naciones que
hablan español y portugués a ambas orillas del océano Atlántico, y
este eje vertebrador necesita del impulso de esta Comisión de Asuntos
Exteriores. Sin duda, no lograremos que los parlamentos nacionales
tengan un protagonismo creciente en el proceso de creación de un
entramado de lazos y de relaciones cada vez más intensas si no somos
capaces de pronunciarnos en los momentos oportunos y además lo
hacemos aludiendo a las cuestiones de actualidad, a las cuestiones
que nos preocupan, a los proyectos comunes y a los mecanismos que
estamos dispuestos a poner en común entre todos para dar continuidad,
mayor eficacia, mayor valor y peso político y mayor presencia a las
cumbres iberoamericanas en la opinión pública.
Por eso hemos presentado esta proposición no de ley, de la que yo me
permitiría hacer un breve resumen señalando la necesidad de que se
continúen realizando cuantas gestiones sean precisas para la
presencia de todos los jefes de Estado y de Gobierno en La Habana,
para reafirmar que la comunidad iberoamericana es un espacio de
diálogo y cooperación basado en principios y valores democráticos y
de respeto a los derechos humanos, así como en una lengua y cultura
comunes; para que esta cumbre se desarrolle con los mismos principios
de apertura, pluralismo y libertad informativa en que se han
desarrollado las anteriores cumbres (esta cumbre no debe ser a estos
efectos una cumbre diferente, sino una cumbre igual, en la que puedan
alcanzarse los mismos niveles de apertura y de libertad de opinión,
de expresión y de reunión); para asegurar la consolidación y la
continuidad de las cumbres como mecanismo vertebrador de nuestra
comunidad y muy especialmente a través de la creación de una
secretaría permanente de cooperación, para impulsar y seguir
impulsando el desarrollo de programas de cooperación, para promover y
continuar promoviendo la profundización de los procesos de
integración regional y muy especialmente entre la Unión Europea
y América Latina y para manifestar el respeto de todos los españoles
hacia los procesos de transición a la democracia y nuestro compromiso
con la defensa y promoción de las instituciones democráticas y
representativas en todas las naciones iberoamericanas. Es evidente
que esta es una tarea de largo alcance, que va más allá de La Habana
y precisamente por eso conviene recordar en su momento en tiempo
y forma, como hacemos hoy, los valores, los principios, los ejes
vertebradores, los pilares sobre los que se asienta este
proyecto colectivo que llamamos la comunidad iberoamericana de
naciones.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su presentación,
tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Con su permiso, también aprovecharé para
fijar la posición del Grupo Socialista. Señor presidente, nos tiene
ya acostumbrados el Grupo Popular, con motivo de viajes
multilaterales del presidente del Gobierno, a acompañar ese viaje con
un pronunciamiento de la Comisión, cosa que nos parece acertada
y oportuna. Y lo viene haciendo además con un lenguje, algún día me
gustaría conocer al autor que tiene esta literatura tan florida, que
supone un pronunciamiento que respalda la acción de Gobierno, que
impulsa la acción de Gobierno y que además no adjudica al Gobierno
prácticamente ningún compromiso concreto, tal como corresponde al
grupo que apoya al Gobierno, que lógicamente no le va a crear
problemas. Por lo tanto, nosotros no encontramos ningún tipo de
obstáculo a la proposición que presenta el Grupo Popular. Nos hubiera
gustado que cuando se habla de secretaría permanente se hiciera una
remisión a lo que acordó el 29 de septiembre esta Comisión, donde se
indicaba que había que apoyar y promover la candidatura de La Rábida
como sede de esa secretaría permanente. No nos valen los argumentos
que esta mañana daba el ministro y esperamos poderle convencer de
ello. Muchos organismos internacionales tienen sus sedes en unas
ciudades pero nunca se reúnen en ellas. El presidente sabe
perfectamente que la asamblea de la OTAN, con sede en Bruselas, no se
reúne en Bruselas nada más que esporádicamente. Es decir, la sede del
secretariado no tiene nada que ver con las ciudades donde se celebren
las reuniones.
Tan sólo sometemos a la consideración de la Comisión una enmienda que
es coherente con el texto presentado por el Grupo Popular y que
pretende que el Gobierno también desarrolle una acción para evitar
que se produzcan situaciones como la que estamos viviendo en vísperas
de esta cumbre, con gobiernos que están introduciendo cuestiones de
ámbito bilateral y que condicionan su presencia en la cumbre a la
resolución o no de esas cuestiones. Fue un criterio fundacional de
las cumbres, precisamente uno de los elementos de su éxito, conseguir
que los países no introdujeran en las cumbres los contenciosos
bilaterales. Costó trabajo convencer de ello a algunos países -los
países centroamericanos tenían una serie de querellas, de
contenciosos y otros países tenían problemas fronterizos -,pero al
final se pudo resolver y lo bilateral no está en la cumbre gracias a
un esfuerzo colectivo. Por eso proponemos modestamente esta enmienda,
que pretende añadir un párafo 2 bis nuevo, que dice: Recordar que uno
de los elementos fundamentales desde la primera cumbre iberoamericana
fue el compromiso -se entiende que político- de no introducir en las
mismas contenciosos bilaterales. Entendemos que con la introducción
de esta enmienda quedaría redonda la proposición del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere expresar su opinión?
(Pausa.)
Señor Robles, por el Grupo Popular.
El señor ROBLES FRAGA: No nos parece mal la enmienda del Grupo
Socialista. Entiendo que lo que quiere decir el señor Estrella es que
las cumbres no deben ser obstaculizadas, interferidas, por asuntos
estrictamente bilaterales, es decir, aquel tipo de asuntos que no se
refieren a los valores ni a los principios articuladores ni a la
constitución misma de la comunidad iberoamericana, sino a esas
diferencias que siempre existen entre países sobre cuestiones muy
precisas. Como entiendo que es así, aceptamos su enmienda.
- DICTAMEN SOBRE: PROTOCOLO MODIFICATIVO DEL CONVENIO DE EXTRADICIÓN
DE 23 DE JULIO DE 1892 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, HECHO EN MADRID EL 16 DE MARZO DE 1999. (Número de
expediente 110/000288.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los convenios y acuerdos
internacionales. Primero, el número 15, protocolo modificativo del
Convenio de extradición de 23 de julio de 1892 entre el Reino de
España y la República de Colombia.
Señora Pulgar.
La señora PULGAR FREIRE: Señoras diputadas, señores diputados, desde
el mes de julio del año 1998 se vienen manteniendo contactos con las
autoridades colombianas para la conclusión de un texto definitivo, y
tras sucesivas negociaciones se ha llevado a cabo la firma ad
referendum en Madrid el 16 de marzo de 1999, que supone una necesaria
actualización del Convenio de extradición vigente del 23 de julio de
1892 entre el Reino de España y la República de Colombia, ya que el
anterior data de hace 107 años. Ahora se incluye una nueva redacción
del artículo 3 del convenio en la cual, respetando el principio de
legalidad, se cambia el sistema de lista cerrada o numerus clausus de
delitos por un sistema de numerus apertus, que es el seguido en los
textos convencionales actuales sobre la materia. El nuevo artículo 15
establece que se rehusará la extradición en el caso de que los hechos
a que se refiere el Estado requirente sean punibles con pena de
muerte, a menos que dicho Estado garantice a satisfacción del Estado
requerido que no impondrá tal pena. El artículo anterior del convenio
estaba redactado en términos meramente facultativos, y, señor
presidente, el Grupo Parlamentario Popular dará su voto favorable a
este protocolo.
- ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
ESTONIA, HECHO EN TALLINN EL 28 DE JUNIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000289.)
El señor PRESIDENTE: El número 16 es el Acuerdo de extradición entre
el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Tallinn el 28
de junio de 1999.
Señora Pulgar.
La señora PULGAR FREIRE: Durante el mes de junio del año 1998 se
negoció en Tallinn el acuerdo entre
las delegaciones de España y Estonia con el objetivo de reforzar la
cooperación judicial en materia penal y garantizar que los
procedimientos de extradición se desarrollen con la máxima eficacia y
rapidez. El presente acuerdo pretende contribuir a facilitar la
aplicación de los convenios europeos de extradición de 1957 y de
supresión del terrorismo de 1977, en los que Estonia es parte desde
el año 1997. Por otra parte, el que Estonia se encuentre
desarrollando un proceso de acercamiento a la normativa comunitaria
en el marco de la ampliación de la Unión Europea ha permitido que el
acuerdo haya seguido los principios del Convenio de extradición entre
los Estados miembros de la Unión Europea de 1996.
Señor presidente, también el Grupo Parlamentario Popular dará su voto
favorable.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA RELATIVO
ALA READMISIÓN DE PERSONAS, HECHO EN TALLINN EL 28 DE JUNIO DE 1999.
(Número de expediente 110/000290.)
El señor PRESIDENTE: Señora Pulgar, imagino que será usted misma
también la que nos explique su punto de vista y el de los demás
grupos sobre el punto número 17, acuerdo entre el Reino de España y
la República de Estonia relativo a la readmisión de personas, hecho
en Tallinn el 28 de junio de 1999.
Tiene la palabra, señora Pulgar.
La señora PULGAR FREIRE: El 16 de junio de 1998 se celebró en la
República de Estonia una primera ronda de negociaciones para la
conclusión de un acuerdo entre el Reino de España y la República de
Estonia relativo a la readmisión de personas. Posteriormente se han
mantenido diferentes contactos hasta llegar por consenso al texto
definitivo del acuerdo. El acuerdo se enmarca en el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen, en el que la lucha contra la
inmigración ilegal constituye una de las prioridades básicas, siendo
este tipo de acuerdos uno de los instrumentos jurídicos más eficaces
para desarrollar dicha prioridad. Con ello se trata de facilitar la
repatriación de aquellos extranjeros que se encuentren irregularmente
en el territorio de cada una de las partes. Asimismo, el artículo 2
regula las condiciones en las que las partes contratantes se
comprometen a readmitir en su territorio a todas aquellas personas de
las que se pruebe o presuma razonablemente su nacionalidad.
También el Grupo Parlamentario Popular dará su voto favorable a este
acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Como comprobarán, hemos llegado al final de la
sesión antes de la una y media. Si no les parece mal, lo que vamos a
hacer es interrumpir durante diez minutos, para mantener los
compromisos, y a la una y media en punto reanudar la sesión.
Se suspende la sesión hasta la una y media.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la
sesión.
Si hubiera sustituciones en algún grupo parlamentario, les
agradecería que se las hicieran saber a la Presidencia. (Pausa.-Por
el señor presidente se da lectura a la lista de señores diputados
sustituidos.)
Vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley, y,
en primer lugar, a la presentada por el Grupo Socialista, sobre
suspensión urgente de las modificaciones introducidas al Convenio de
protección recíproca de inversiones entre España y Chile. El texto
que se presenta es el original pues no ha habido ninguna enmienda.
(El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Quería hacer un anuncio. Después de haber
escuchado al portavoz del Grupo Popular, que ha señalado que este
acta interpretativa carece de toda validez a los efectos del actual
arbitraje en el Ciadi, porque no ha sido sancionada ni incorporada a
nuestro ordenamiento -no ha sido publicada, como exigen el artículo 9
de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional -y que
el Ciadi deberá pronunciarse sobre la base del acuerdo APPRI en sus
términos estrictos, que son los aprobados por esta Cámara, en el caso
que se está viendo sobre bienes expropiados por la dictadura chilena
entendemos que sólo queda una cuestión, que es qué validez tiene
desde el punto de vista interno de la Cámara, de publicación de las
leyes, etcétera. Habiéndose resuelto una de las cuestiones que
suscitaba nuestra proposición -hay discrepancias del Grupo Popular
que son más técnicas, y para evitar una votación dividida sobre esta
cuestión, retiramos la proposición.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, señor Estrella.
Pasamos con ello al punto número 13 del orden del día: votación de la
proposición no de ley sobre medidas para evitar la condena a muerte
impuesta por los tribunales de Turquía al líder kurdo Abdalá Ocalan.
Este texto va a ser sometido en los términos y con las modificaciones
que fueron anuncidas por el señor Robles y aceptadas por el señor
Alcaraz y con alguna adición que yo también me permití sugerir.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación, la proposición no de ley relativa a la Cumbre
iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de La Habana, de la
cual es autor el Grupo Parlamentario Popular y a la cual ha sido
presentada una enmienda por parte del Grupo Socialista, que ha sido
incorporada por el Grupo Popular. En esos términos se somete el texto
a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos con ello a las votaciones de los dictámenes sobre convenios
internacionales. En primer lugar, Protocolo modificativo del Convenio
de extradición, del 23 de julio de 1892, entre el Reino de España y
la República de Colombia.
Efectuada la votación, dijo
Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia relativo a
la readmisión de personas, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Con ello llegamos al final de esta sesión de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Muchas gracias a todos por su presencia y atención.
Se levanta la sesión.