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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 771, de 07/10/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 771
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 79
celebrada el jueves, 7 de octubre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración
del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. (Número
de expediente 121/000186.) ... (Página 22826)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO
DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000. (Número
de expediente 121/000186.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (GONZÁLEZ MONTES). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (números de expedientes
212/002180 y 212/002181), DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 212/002262) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/
002283).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión, que
tiene como objeto, en su orden del día, las comparecencias que,
admitidas por la Mesa de la Comisión de Presupuestos, han de
sustanciarse ante esta Comisión de Justicia e Interior y que, en lo
que se refiere a la previsión para esta mañana, se concreta en la del
secretario de Estado de Justicia, señor González Montes, que
responderá en relación con su comparecencia y con aquellas preguntas
que hubieran tenido como destinatario al director general de Asuntos
Religiosos. De manera que, tanto aquellas cuestiones que interesan a
los grupos solicitantes planteadas al secretario de Estado, como las
que tuvieran como destinatario al director general de Asuntos
Religiosos, se formularán en una sola intervención por los grupos
parlamentarios solicitantes, que, teniendo en cuenta las
circunstancias y la naturaleza de esta comparecencia, son los que van
a intervenir en primer lugar.
Han solicitado esta comparecencia el Grupo Socialista, el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Por lo tanto, primero le voy a conceder la palabra al señor
Castellano, para que plantee las cuestiones sobre las que recaba
información del secretario de Estado de Justicia, vuelvo a repetir,
tanto en lo que se concreta a esta autoridad como a aquello que
pudiera tener como destinatario al director general de Asuntos
Religiosos.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Casi valdría dar por reproducidas
las intervenciones que se han ido efectuando en esta Comisión llegado
un trámite similar a éste en años anteriores, porque la verdad es que
el presupuesto del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de los
aumentos que puedan producirse, no varía sustancialmente en cuanto a
la consideración de seguir siendo la gran asignatura pendiente. Sabe
el compareciente que con motivo de la discusión de la Ley de
enjuiciamiento civil, sean cuales fueren las posiciones, legítimas
todas, de crítica o de apoyo que se han producido, sí ha habido una
conformidad absoluta en todos los sectores afectados y fuerzas
políticas en la manifestación de la posible frustración a
que puede conducir, incluso con esta Ley de enjuiciamiento civil, si
entrara en vigor, por la falta de estructuras adecuadas para que la
agilidad y la prontitud con que se quiera proceder llegue a ser
conseguida. Por lo tanto, es evidente que sigue habiendo una actitud
mezquina por parte del Gobierno del señor Aznar, que, una vez más y
con motivo de este presupuesto, se pone de manifiesto en relación al
Ministerio de Justicia, y sigue habiendo, lógicamente, una queja
generalizada en cuanto a la situación, cada día más insostenible (lo
que ocurre es que cuanto más se dice que es insostenible, parece ser
que más dura), de falta de adecuación entre los medios materiales y
humanos que se ponen a disposición de algo tan elemental como es el
principio constitucional, no solamente de juzgar y ejecutar lo
juzgado, sino de la tutela judicial efectiva y del derecho a un
juicio justo, sin dilaciones excesivas, con todo lo que ello refleja
en cuanto al respeto al principio de la seguridad jurídica. (El señor
vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.)
Solamente vamos a hacer algunas consideraciones porque,
evidentemente, dentro del marasmo del presupuesto, nos gustaría
concretar para poder obtener unas ciertas consecuencias. En primer
lugar, nos gustaría saber si en el volumen de remuneraciones que se
prevé para jueces y magistrados se tienen en cuenta las situaciones
de excedencia, y cuál es en estos momentos el volumen de magistrados
y jueces en situación de excedencia. En segundo lugar, si en ese
volumen se tienen también en cuenta las remuneraciones especiales que
dimanan de los llamados magistrados suplentes del Tribunal Supremo, y
qué volumen alcanzan esas remuneraciones dentro de la plantilla del
Tribunal Supremo. En tercer lugar, nos gustaría saber cuál es la
cantidad que corresponde a los jueces sustitutos dentro de estas
remuneraciones.
Como usted comprenderá, hacemos estas preguntas para establecer una
relación, que va a resultar harto contradictoria ante la afirmación
generalmente sostenida de que no se puede llegar a ampliar las
plantillas en la forma que todos estamos reclamando, porque no se
pueden tener 3.700 jueces y magistrados cuando resulta que, dentro de
estas remuneraciones, existe una cantidad de situaciones
excepcionales, de ciudadanos muy respetables pero que están
ejerciendo funciones jurisdiccionales de una forma que
inequívocamente se puede estimar como anormal.
Nos gustaría que nos explicara también el desglose del contenido del
presupuesto en lo que se refiere a la fe pública. Si yo no me
equivoco, hay 1.800 millones de pesetas destinados a lo que llamamos
la fe pública y nos gustaría saber cómo se distribuyen, porque sería
paradójico que se estén haciendo inversiones en instalaciones para
algo tan importante como es la fe pública y que resulte que el
tratamiento que están recibiendo sus titulares no sea el de uno
funcionarios a los cuales se suministra toda clase de medios, sino
que, además de suministrarles toda clase de medios, están cobrando
por arancel. Me gustaría saber en qué forma repercuten, cómo se
reembolsa el Ministerio de Justicia de un renglón tan importante de
gastos como puede ser el de la fe pública, que por lo que vemos
figura en los presupuestos, cuando alrededor del mismo hay un
conjunto de profesionales, perfectamente respetables todos ellos,
que obtienen del ejercicio de esta función unos saneadísimos
ingresos. Sería muy poco presentable que, además de estar manteniendo
unas funciones profesionales con cargo al Estado, esas mismas
funciones estuvieran sirviendo ni más ni menos que para el
enriquecimiento -repito que legítimo- de determinados funcionarios.
Dentro de estos Presupuestos Generales del Estado, nos gustaría saber
cuáles son las repercusiones, con respecto a medios materiales y
humanos, que tiene no ya la nueva Ley de enjuiciamiento civil, que
evidentemente se va a poner en marcha, sino la todavía no aplicada
reforma del Código Penal, porque seguimos en una situación de reforma
de un Código Penal y todas las consecuencias que tenía en materia de
instalaciones que no son establecimientos penitenciarios, sino de
otro tipo, sigue absolutamente inédito.
Circunscribiríamos a esto nuestras preguntas porque creemos que,
aceptada la separación de Instituciones Penitenciarias del Ministerio
de Justicia y su dependencia del Ministerio del Interior, no tendría
ninguna coherencia referirnos a ellas.
Alo mejor estamos equivocados, pero también nos gustaría que nos
aclarara si cuando habla de ministerio fiscal y tribunales, todo
englobado, han contemplado el cumplimiento de una proposición no de
ley que fue objeto de aprobación en esta Cámara y que decía que ya en
este presupuesto tendría que venir perfectamente diferenciado lo que
se refiere al ministerio fiscal, como partida específica, de lo que
se refiere al resto de los tribunales.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muy buenos días a todos, y de forma
especial al señor secretario de Estado, que una vez más viene a
informar y a aclarar aspectos del presupuesto, en este caso de
Justicia, para el año 2000.
Quiero adelantar que hemos pedido sólo una comparecencia, que es la
del secretario de Estado, en la que pretendemos (y espero que haya un
mínimo de benevolencia por parte de la Presidencia) realizar nuestra
valoración sobre los presupuestos que se presentan, desmenuzándolo
por capítulos, y sobre la situación de la justicia. De no haber esa
benevolencia, no quedaría más remedio que pedir una serie de
comparecencias más y nuestro grupo entiende que es más útil y más
práctico efectuar en una única intervención la totalidad de
valoraciones y la solicitud de aclaraciones.
Dada la bienvenida al señor secretario de Estado, tengo que empezar
por realizar una crítica, de entrada. El Grupo Parlamentario
Socialista, señor secretario de Estado, ha pedido información, hace
tiempo, del estado de ejecución de todas las partidas del presupuesto
para poder hacer una valoración real, no sólo sobre consignaciones,
sino sobre realizaciones concretas. Ustedes no la han facilitado y
esta opacidad y esta falta de transparencia tiene que constituir la
primera crítica de mi intervención porque, incluso, señor secretario
de Estado (y espero y deseo que este año no vuelva a ocurrir), la
información que le solicitamos el año anterior en la comparecencia
equivalente a ésta, tampoco nos fue facilitada. Seguramente, el Grupo
Parlamentario Socialista presentará enmienda a la totalidad y
esperamos tener esta información antes del debate plenario con la
señora
ministra; si no, tendremos que denunciarlo, quizás con un poco más de
acritud que en este momento, con esta tranquilidad, le estoy
planteando.
Ustedes presentan este año un presupuesto con un aumento sobre
consignaciones del 7 por ciento (pese a lo que están diciendo en los
medios de comunicación de porcentajes más altos, absolutamente
optimistas, que no se ajustan a la realidad), pero ese aumento del 7
por ciento se produce sobre consignaciones. Como usted bien sabe, el
presupuesto tiene un carácter preventivo y la primera información que
quisiéramos tener es cuáles han sido las modificaciones de crédito,
créditos extraordinarios, transferencias, generación o suplemento de
crédito, es decir, cualquier mecanismo que haya variado estas
consignaciones iniciales, porque para saber lo que efectivamente ha
aumentado el presupuesto para el año 2000, tendremos que saber cómo
ha quedado definitivamente el presupuesto de 1999. Alguna información
parcial tenemos, pero podemos afirmar en este momento -y usted lo
conoce mucho mejor- que el aumento no llega a las cuantías que
ustedes han manifestado públicamente.
Señor secretario de Estado -se lo decíamos ya el año anterior-, el
presupuesto total de Justicia se eleva al 0,8 por ciento del total de
los presupuestos -no al 1 y pico, como por ahí también están
manifestando- y es el mismo porcentaje que el del año anterior.
Cuantitativamente, se eleva a 158.691 millones, lejos de los 172.000
que ya había en los años 1995 y 1996. Cierto es que se han producido
importantes transferencias a comunidades autónomas, y ésa es la
siguiente información que le demandamos: situación actual,
cuantificada por comunidades autónomas, del importe de las
transferencias, porque así podremos utilizar cifras homogéneas.
Sería conveniente también que se pusieran de acuerdo el portavoz del
Grupo Popular, en este caso don Andrés Ollero, y la señora ministra
porque, dentro del triunfalismo en sus manifestaciones públicas, la
señora ministra habla de un incremento en el presupuesto de Justicia
del 37 por ciento en esta legislatura, desde el año 1996 al año 2000;
sin embargo, el señor Ollero habla del 57 por ciento. Ninguna de las
dos cifras es adecuada ni correcta, pero, de un 37 a un 57 por
ciento, la desviación es excesiva.
En una primera valoración, nos parece que el presupuesto es
manifiestamente insuficiente y que la afirmación de la señora
ministra de que, con estos presupuestos, los ciudadanos tienen, al
fin, la justicia que se merecen, señor secretario de Estado,
demuestra muy poco consideración y muy poca estima a los ciudadanos
de este país, porque si este nivel de justicia es el que se merecen,
los barómetros de opinión de los ciudadanos y de representantes
cualificados del ámbito de la justicia no coinciden en esa
valoración.
Sabemos que es una asignatura pendiente, sabemos que queda muchísimo
camino por recorrer y ustedes no han querido entrar a la oferta del
Grupo Parlamentario Socialista de llevar a cabo un pacto de Estado
-de verdad, no de partido- por la justicia. A nuestro juicio, este
presupuesto no prioriza la atención al servicio público de la
justicia, porque este incremento del 7 por ciento, con la cantidad de
carencias que hay, con la creación de nuevos órganos, con las nuevas
competencias y con las nuevas necesidades que se han ido
incorporando, hace que podamos volver a manifestar
que, en términos relativos, la atención al servicio público de la
justicia no sólo no se incrementa, sino que se minora. Este año hay
un incremento de 10.329 millones de pesetas, en total. Más de 2.500
supone, simplemente, el aumento del 2 por ciento del nivel de
retribuciones de los funcionarios, y con el resto hay que atender
todas las cuestiones nuevas, incluida la construcción de edificios de
juzgados, la creación de nuevos órganos, de nuevas plazas, en
definitiva, la dotación de medios materiales y humanos, para lo que
son manifiestamente insuficientes si tenemos en cuenta las carencias,
no sólo de ahora, de siempre, pero que ahora se pueden acentuar
porque las atenciones y las necesidades son mayores.
Entra en vigor -pretenden ustedes al menos- la nueva Ley de
enjuiciamiento civil y (se lo digo con serenidad, pero con rigor)
ustedes están vendiendo un éxito, pero eso es flor de un día porque,
si esto va como ustedes pretenden y lo consolidan, lo que venden a
corto plazo como un éxito, va a devenir en un estrepitoso fracaso.
Señor secretario de Estado, esta Ley de enjuiciamiento civil no puede
salir como va, mutilada. Debe tener la pretensión de perdurar a lo
largo del tiempo, es la ley procesal civil más importante y es
inevitable que nazca consensuada; si no nace consensuada, señor
secretario de Estado, no busquen la flor de un día, porque conducirán
a la justicia a un estrepitoso fracaso. Tampoco recoge las
necesidades para la ley de responsabilidad penal del menor ni las
nuevas exigencias del Código Penal ni las dotaciones suficientes,
como le decía para la creación de nuevos órganos.
El presidente del Consejo General de la Abogacía ante el propio Rey
de España habló de la carencia de medios y presupuestos para la
justicia y criticó la penuria y la politización de la justicia
española. El juez decano de Madrid, entre otros, achaca el colapso de
los juzgados y tribunales de Madrid a la escasez de presupuesto.
Quisiera entrar, después de esta valoración un poco inicial y global,
en algunas consideraciones, al menos las más importantes para
nosotros, comenzando con el programa 142.A, que es el de tribunales
de justicia y ministerio fiscal, que centrará la base de mi
intervención, ya que el mismo se eleva al 89,7 por ciento, es decir,
casi el 90 por ciento del total del presupuesto de justicia. En el
año 2000 la consignación es de 141.249 millones de pesetas, lo cual
supone un incremento del 6,9 por ciento frente al año 1999. Esto sin
incluir, homogéneamente en ambos supuestos, las transferencias
internas al Centro de Estudios Jurídicos y a la Agencia de Protección
de Datos. En el capítulo 1, señor secretario de Estado, se produce un
incremento del 7,6 por ciento. No sabemos si en este incremento se
recogen ya los supuestos aumentos del sueldo de jueces y magistrados,
ni tampoco si ahí se va a incluir el incremento del fiscal general
del Estado, porque cuando les preguntan públicamente por esta
cuestión dicen que las Cortes Generales resolverán. Nos gustaría
conocer cuál es la opinión del Gobierno, qué hay de esa presumible
ley que regule el aumento de las retribuciones de jueces y
magistrados, y que, en cualquier caso, confirme, si es o no así, que
en los presupuestos del año 2000 tan sólo se recoge el aumento del 2
por ciento en ambos supuestos.
En el año 1998 se produjo una disminución del 24,1 por ciento en este
capítulo, con lo cual los incrementos, mientras
no utilicemos datos homogéneos, al menos para este diputado son
dudosos, porque no tenemos la información exhaustiva y detallada de
las transferencias producidas y cuantificadas a las diferentes
comunidades autónomas. Nos gustaría conocer también el número de
funcionarios, además del importe de los gastos de personal, de
inversiones correspondientes y de gastos corrientes, en definitiva,
el total de los presupuestos transferidos a las comunidades autónomas
con total desglose. Este año ya moderan, por fin, el artículo 10 que
es la retribución de altos cargos, aunque sigue produciéndose un
aumento que, al consolidar el incremento del 55 por ciento del año
anterior, nos parece que se ha producido, en definitiva, una
consolidación con unos incrementos desproporcionados a altos cargos.
En el artículo 13, sobre trabajadores laborales no funcionarios, se
produce un incremento del 25,6 por ciento. La pregunta es ¿a qué es
debido este incremento de ese 25,6 por ciento? Sin embargo, en el
artículo 16, cuando hablamos de cuotas y gastos sociales, se produce
sólo un aumento del 1,7. Esto ya ocurrió el año anterior y bien
estaba mal consignado entonces y se acentúa este año, o había un
desequilibrio, porque no encaja un aumento del 25,6 por ciento en
gastos de personal laboral y, sin embargo, para hacer frente con
cuotas y seguros sociales a ese 25,6 por ciento se recoja tan sólo el
1,7 por ciento.
Hay un tema fundamental, que es de los más importantes, señor
secretario de Estado, que ustedes lo venden a bombo y platillo, que
se refiere a las dotaciones personales. Este año se recogen una serie
de compromisos, que voy a dar por reproducidos en aras a la brevedad,
pero entre los más importantes están las 10 secciones de audiencias
provinciales, los 119 órganos unipersonales y las 120 agrupaciones
nuevas de juzgados de paz. Se puede recoger cualquier situación, pero
lo importante es cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo. Más que
sugerirle que nos indique si se va a cumplir lo del año 2000, (esto
nos preocupa menos porque probablemente no gobiernen ustedes y
entonces no tengan que ejecutar y cubrir esas plazas, habrá que pedir
responsabilidades al nuevo Gobierno), nos interesa pedir las
aclaraciones de lo que ustedes ya han hecho. Así, en el año 1998,
había una serie de compromisos de creación de plazas que no se
llegaron a completar y que usted aseguró en la anterior comparecencia
que sí iba a ocurrir, pero nos interesa ir a lo más cercano. Los
compromisos del año 1999 eran 137 plazas de magistrados y jueces, 34
de fiscales, 135 de secretarios, 50 médicos forenses, 252 oficiales,
456 auxiliares, 265 agentes y 131 laborales. Nos gustaría que nos
dijera no la voluntad de cumplimiento, sino la cobertura real de
plazas y órganos jurisdiccionales producida en el año 1999, junto con
esas seis secciones de audiencias provinciales, los 111 órganos
unipersonales y las 40 agrupaciones de juzgados de paz. Nos gustaría
también, porque ahí va incluido el compromiso de la puesta en
funcionamiento de los juzgados y tribunales de lo contencioso-
administrativa, saber cuántos juzgados se han puesto en marcha en el
año 1999 y en el cierre de 1998, así como si se prevé cubrir las 26
que teóricamente faltarían para el año 2000.
En realidad nos parece que no se da cobertura de plazas en el
ejercicio presupuestario y no creemos que haya consignaciónsuficiente
para dar cobertura total a estas plazas.
Si esto se cubriera con el incremento vegetativo de gastos de
personal y gasto corriente, nos encontraríamos, señor secretario de
Estado, y usted lo sabe, con que no hay tales incrementos en el
presupuesto de justicia, con que hay carencias para dotar adecuada y
suficientemente todos estos servicios, los órganos y juzgados que hay
que crear y poner en funcionamiento y dotarlos de los medios
adecuados. No se pueden echar las campanas al aire y decir que todo
es histórico. Es histórica su comparecencia hoy aquí porque no se va
a repetir, por lo menos en el mismo día y a la misma hora. Todo es
histórico en este país y me parece que hay que ser un poco más
modestos, sobre todo, cuando la realidad, como le decía antes, es que
la percepción entre los ciudadanos es que la justicia es lenta, es
cara, es ineficaz e inspira poca confianza. Y estamos de acuerdo,
señor secretario de Estado, en llegar a un pacto de Estado por la
justicia de verdad.
Nos gustaría que nos comentara qué ha pasado y cuántos institutos de
medicina legal se han puesto en marcha en el año 1999, porque estaban
comprometidos también en ejercicios anteriores: cuáles, dónde,
cuándo, con que dotación. Qué ocurre, señor secretario de Estado, con
los 24 juzgados de vigilancia penitenciaria que llevan comprometidos
hace ya varios años. Cuál es la dotación y previsión del año 2000.
Cuál ha sido la realidad en la creación de estos juzgados en el año
1999. Cuáles son las consignaciones para responder a las necesidades
reales de la aplicación de la nueva Ley de responsabilidad penal del
menor y la previsión y la realidad en ejecución de creación de los
juzgados de menores en el año 1999. Ya el Defensor del Pueblo clamó y
pidió hace dos y tres años la urgencia en la creación de estos
juzgados. El año pasado nos comentó que para qué iban a dotarlos si
hasta el año 2000 no iban a entrar en vigor. Pues bien, parece que
van a entrar en vigor y quisiéramos saber cuál es el grado
cumplimiento de estos compromisos y de creación de estos juzgados.
Señor secretario de Estado, antes me he referido, y voy a entrar
nuevamente en el tema, a la entrada en vigor de la Ley de
enjuiciamiento civil. El portavoz del Grupo Popular ha manifestado, y
eso no se ajusta a la realidad, que el presupuesto del 2000 lleva
previsiones y consignaciones para la entrada en vigor de esta ley. No
es cierto. Usted lo sabe, señor secretario de Estado. Y la propia
señora ministra así lo ha manifestado en el sentido contrario.
Convendría que se pusieran de acuerdo. La verdad la ha dicho la
ministra. La ministra ha manifestado hace escasamente 24 horas que
con la planta judicial existente se da cobertura a las necesidades
y a la puesta en marcha y aplicación de la Ley de enjuiciamiento civil.
Sin embargo, el portavoz del Grupo Popular decía y manifestaba que se
había recogido absolutamente todo en el presupuesto en medios
materiales y humanos. No es verdad, señor secretario de Estado. Si
eso fuera así, entraríamos más de lleno en las carencias
cuantitativas y cualitativas de este presupuesto. Además, le insisto
en que no cometan el error de intentar sacar una ley de
enjuiciamiento civil mutilada y no consensuada. Esta ley va mutilada,
usted lo sabe; no afecta a once artículos, afecta a más de cien. No
son los once artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino lo
que supone la traslación de esos once artículos a la Ley de
Enjuiciamiento Civil. El
esfuerzo de consenso debe ser de todos, pero la responsabilidad del
resultado es de quien gobierna, fundamentalmente. Si el consenso es
necesario y no se consigue, sencillamente no se debe aplicar a
aquello que es imposible. Le repito lo de la flor del día y el
estrepitoso fracaso a medio y largo plazo. La responsabilidad será de
todos, pero fundamentalmente del Gobierno.
En personal sustituto ya se produjo el año anterior un incremento del
28 por ciento, en contra de las recomendaciones del libro blanco del
Consejo General del Poder Judicial. Este año se consolida ese
incremento y se produce uno más escaso, sobre la consignación del
presupuesto anterior. ¿A qué es debido?
En cuanto a las oficinas de asistencia a víctimas de la violencia,
quisiéramos saber cuántas se crearon definitivamente, al margen de
los compromisos adquiridos en el año anterior. No me repita lo que ya
estaba hecho hasta el mes de mayo, que eran cinco; el compromiso eran
doce y le pregunto, ¿qué ha ocurrido con el resto? ¿Cuáles son las
previsiones para el año 2000? ¿Cuáles son las consignaciones a tal
fin?
En gastos corrientes en bienes y servicios se produce un incremento
del 6,1 por ciento. El año anterior fue del 12,3 por ciento y en 1998
del 19,5 por ciento. Si lo acumulamos, señor secretario de Estado, y
permítame que ésta no se la deje pasar, hay un incremento en gasto
corriente de más del 40 por ciento; pero, fíjense, este incremento se
da cuando se han producido importantes transferencias a comunidades
autónomas. Luego, ¿dónde hemos elevado el gasto corriente?
Ya sabe por dónde va la reflexión, señor secretario de Estado. El
primer año, ustedes, con aquella demagogia que año tras año les voy a
recordar, dejaron sin papel, bolígrafos, teléfonos y gas butano a los
juzgados. Les dejaron sin poder funcionar en base al despilfarro de
los gobiernos socialistas. Recortaron unos gastos corrientes
despilfarradores -aunque le haga gracia, está en las actas- para
tener que suplementar luego las carencias de esa demagogia. Permítame
que se lo recuerde sin acritud, pero vea cómo han tenido que volver a
las consignaciones anteriores y no sólo eso, sino que han tenido que
incrementarlas notable y ostensiblemente. Yo no digo que ahora haya
despilfarro, allí donde lo haya lo denunciaremos, pero ustedes sí lo
hacían y el recorte era histórico; era vergonzoso e irresponsable. Lo
han corregido y les felicito por ello, pero no es malo recordar
cuáles eran las actitudes y las manifestaciones y cuál es la
realidad. Como ocurrirá a medio plazo -al señor Ollero le hace mucha
gracias porque es muy optimista- cuando entre en vigor esta ley de
enjuiciamiento civil. Creo que no va a entrar en vigor, no se van a
atrever. Además, si siguen con esa voluntad de venir al Senado sea
como sea, a lo mejor se encuentran con la sorpresa de que las
votaciones ya no son tan generosas en el Congreso a su regreso. (El
señor Ollero Tassara: Se votan las enmiendas.) Las enmiendas, todas
las enmiendas; no sabemos el número de enmiendas y cuáles se van a
presentar, los plazos no han vencido todavía.
La recuperación de la bajada del año 1997, era del 30 por ciento. Se
ha producido un incremento del 40 que cuantitativamente es casi el
doble por las cantidades transferidas a comunidades autónomas.
El artículo 20, arrendamientos y cánones, se incrementa un 21 por
ciento este año. Nos gustaría conocer -y no hay segunda intención- a
qué es debido este incremento.
Hay un concepto que se lo voy a decir aquí para no reiterarlo. Se
aumentan ostensiblemente en casi todos los programas las
contrataciones a terceras personas, a otro tipo de empresas, a otros.
Este incremento se eleva al 8,1 por ciento este año sobre otro
anterior, de 1999, del 37,8. Así se reproduce en casi todos los
programas de los presupuestos de Justicia. A qué es debida tanta
contratación, qué servicios se están sacando de la atención pública
para que se produzcan estos considerables incrementos.
El aumento en las comunicaciones telefónicas, postales, etcétera, es
aplicable a la crítica demagógica general de los gastos corrientes
-no se lo voy a repetir-; tuvieron que aumentar el 200 por cien
aquello que bajaron en el año 1998.
En cuanto al jurado, se consignan 270 millones de pesetas, lo mismo
que el año 1999. ¿Considera suficiente esta consignación para el año
2000?
Indemnizaciones por razones del servicio y otras indemnizaciones. En
el año 1999 se produjo un aumento del 89 por ciento, sobre todo en
otras indemnizaciones, que aumentaron 375 millones de pesetas. Sigo
sin tener claro a qué es debido este incremento tan desproporcionado
-probablemente por desconocimiento- y me gustaría tener una
aclaración.
El capítulo 3 es nuevo. Es una pequeña cuantía, gastos financieros y
por intereses de demora: 5 millones. ¿A qué es debido?
En transferencias corrientes, capítulo 4, se adjudican 500 millones
de pesetas a corporaciones locales, 3,5 millones menos que el año
1999. Sin embargo, tendrían que estar dotadas 40 agrupaciones de
juzgados de paz del año 1999 -nos gustaría saber cuál es la realidad-
y existe la previsión de 120 agrupaciones de juzgados de paz para el
año 2000. La pregunta es clara: ¿cómo es posible, con menor
consignación, poder atender a 160 agrupaciones de juzgados más?
Probablemente nos diga que se ha producido alguna transferencia este
año, pero no vemos como puede tener cobertura ese diferencial tan
importante. En cualquier caso, esperamos su información.
Concepto 483. Las transferencias al Consejo General de la Abogacía
disminuyen este año con relación a 1999, y a 1998, en que se redujo
de manera importante seguramente también por las transferencias. Para
este año en concreto, le pregunto cómo es posible que haya una
minoración de aportación al colegio de abogados cuando en la memoria
de objetivos y en la memoria de los programas recogen ustedes un
aumento del número de litigios en los que intervendrá el abogado;
cómo es compatible esa disminución de consignación cuando se
incrementa el número de asuntos.
En este punto me tiene que permitir también una pequeña crítica;
seguro que usted lo sabe mejor que nadie; o casi, que por ahí está el
señor secretario de Estado que lo domina al dedillo. Han dado por
bueno el trabajo que hicieron hace varios años y copian literalmente
las páginas de las memorias y de los programas, e incluso mantienen
citas anacrónicas. No cuesta mucho actualizarlo para indicar que hay
un mínimo de ideas, un mínimo de innovación, unos objetivos concretos
para el presupuesto que se persigue, un presupuesto tan importante
como el de Justicia.
Mantienen las mismas citas y hasta las mismas páginas; son
fotocopias año tras año, salvo alguna leve puntualización. Sostienen
el discurso de que es histórico; desde luego, igual de histórico que
1997, tan histórico que es la misma historia que se repite. Así está
el servicio público de justicia bajo mínimos en los barómetros de
opinión de los ciudadanos. Esta es la realidad; tengan un poquito de
cuidado. Lo sanean un poco, cambian el número de páginas, alteran el
orden y nos dan un poco de trabajo a la hora de mirarlo; había que ir
pasando páginas porque era lo mismo. La verdad es que a uno le gusta,
aunque sólo sea por estar informado, aprender un poquito en cada
presupuesto. Le recomiendo que hagan ese esfuerzo, porque además
cuando quitan alguna hoja queda alterna y ya no van ni seguidas.
Conviene hacerlo un poquito mejor. Esa es la imaginación y las
soluciones que con este presupuesto dan ustedes al servicio público
de la justicia, que sí es cierto que cuantitativamente aumenta
alrededor del 7 por ciento sobre consignación inicial, bastante menos
sobre consignación definitiva. Esto sí que es serio. Eso no es
suficiente y ustedes lo saben; nunca podrá serlo. Seguramente las
necesidades siempre serán superiores a las posibilidades económicas
reales, pero no manifiesten lo contrario y no engañen a los
ciudadanos, porque esa es la realidad que hay: un incremento real de
este año del seis y pico por ciento sobre consignación inicial e
insuficiencia para atender todo esto que se demanda para una justicia
más eficaz y más moderna, con un montón de juzgados de lo contencioso
nuevos y con otra ley que se va a aplicar de responsabilidad penal
del menor, con el Código Penal nuevo, que tampoco recogen
consignaciones para su desarrollo y eficaz aplicación, como las penas
de fines de semana, que creo que tampoco van en el Ministerio del
Interior que lleva mi compañero Álvaro Cuesta.
Hay otro tema -lo expondré brevísimamente- que son las transferencias
a los colegios de procuradores; nos pasa lo mismo que con los
abogados, se minora la consignación y la pregunta es obvia. Si hay
mayor número de previsión de asuntos, ¿ cómo es que se minora la
consignación? Nos gustaría tener el desglose de costes y gastos de
este capítulo, incluyendo también -y valga para todos los capítulos-
lo que se refiere a las comunidades autónomas.
Aquí hay otra referencia simpática, señor secretario de Estado. Por
fin, después de reiteradas peticiones, entre otros del Grupo
Parlamentario Socialista, se recoge una consignación, concepto 485,
para acciones relacionadas con el plan contra la violencia doméstica.
No le voy a leer lo que usted decía el año anterior, sólo comentaré
dos líneas: Por fin recogen una consignación de 76,6 millones. ¿Qué
vamos a hacer con esta ridícula consignación? El año anterior ustedes
decían que iba dentro del conjunto del presupuesto, como dice el
señor Ollero de la Ley de Enjuiciamiento Civil usted lo decía del
plan contra la violencia doméstica. Ahora vemos que efectivamente,
aunque es ridícula, hay una consignación concreta y en el año 1999 no
había ningún tipo de consignación. En cualquier caso es un paso
adelante, aunque sea ridículo y escaso, y nos gustaría conocer para
qué están previstos estos 76,6 millones de pesetas, qué acciones, qué
programas, qué convenios hay, etcétera.
En cuanto a inversiones reales, que tampoco salen lascuentas con lo
que ustedes de manera triunfalista van
diciendo a los medios de comunicación, se produce en la inversión
nueva no un aumento tan grande como comentaban sino una disminución,
porque frente a 4.917 millones de pesetas del año 1999 hay una
consignación de 4.876 millones, es decir, 41 millones menos y en
reposición sí se eleva de 2.532 a 2.783 millones. No encaja con las
cifras que ustedes están dando a través, insisto, de los medios de
comunicación. ¿Cuánto va a nuevos órganos judiciales? ¿Cuánto se ha
aplicado a órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa en
el año 1999 y cuál es la previsión del año 2000? Nuevamente
observamos que se vende humo, señor secretario de Estado. Usted
manifestó con total contundencia en el año anterior que no había
inversión que se recogiera en presupuestos que no se ejecutara. Si
quiere le paso la relación. En general es lo que ocurre, no lo
contrario. Decía usted: Dígame un caso. Yo le invito a que diga los
casos en que han cumplido el presupuesto, en cuanto a inversiones se
refiere, dentro del ejercicio corriente. Así cotejamos la información
que, de paso ya, para que no sea la que yo le manifiesto, le solicito
también por escrito. ¿Qué ocurrió con el edificio del Palacio de
Justicia de Salamanca, con el de Valladolid, con la previsión del
Tribunal Superior de Justicia de Burgos, donde se consignan 50
millones de pesetas este año? ¿Que se hace con 50 millones de
pesetas? Consignamos y vendemos durante muchos años, como hace el
señor ministro de Fomento, pero es la flor del día, y cómo se le
vuelve en contra cuando consigna 10 millones para la realización de
una autovía, por ejemplo. Es absurdo y ridículo; es preferible hacer
consignaciones reales para realización de proyectos, por un lado, y
ejecución de obras en ejercicios posteriores, aunque sea con planes
plurianuales.
Respecto a transferencias de capital, una pregunta, señor secretario
de Estado. Se recogían en el año 1999 transferencias a comunidades
autónomas, en concreto a dos: a la Comunidad Autónoma de Galicia, 300
millones de pesetas, y a la Generalitat de Catalunya, 150 millones.
Curiosamente (don Manolo se ríe y es para reirse), es para reírse
porque tiene guasa, la consignación total es de 450.817.000 pesetas
en el año anterior, desglosadas en estos 150 millones para Cataluña y
300 para Galicia. Este año desaparecen los 300 millones para Galicia
y se mantiene la misma consignación, exactamente las mismas pesetas,
pero todas para Cataluña. ¿A qué es debido? Supongo que se tratará de
un error o del pago de algún aguinaldo cuando se aproxime la Navidad,
pero no tendrá mayor importancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, me empieza a preocupar el que
se vaya a quedar usted sin argumentos para el Pleno y allí a lo mejor
nos privará de su brillante oratoria. En cualquier caso, lo que sí ha
hecho ha sido agotar su tiempo. Le ruego que termine.
El señor VILLARRUBIAMEDIAVILLA: Voy terminando, señor presidente.
Brevísimamente haré unas referencias por encima y puntuales a los
otros programas para que no queden sin tocar. En el 141.B se producen
de nuevo los incrementos de trabajos realizados por otras empresas,
se produce un incremento de otras indemnizaciones, del 85 por ciento,
que nos gustaría conocer a qué se debe. Nos gustaría que nos
explicara, sobre el capítulo 4 las transferencias corrientes que
nuevamente -ya se explayó el año anterior, esta subvención parece ya
crónica y permanente- van a la Fundación Justicia en el Mundo; por
cierto, asociación cercana a la profesional de la Magistratura. Hay
unas nuevas incorporaciones en transferencias sobre las que nos
gustaría conocer cuáles son los criterios para su aplicación, porque
en aras a la brevedad no realizo ya valoración alguna. En registros
vinculados con la fe pública registral tenemos que mostrar -y no lo
oculto- la satisfacción con el contenido del presupuesto. Si lo
ejecutan, se produce un incremento en la inversión de 686 millones.
Me gustaría que me lo dijera, pero presumo que se tratará por fin de
invertir en la informatización, después de todos estos años, de los
registros civiles. Si es así le felicito sinceramente por este
acontecimiento que venimos demandando de forma reiterada.
Sin embargo, en el mismo capítulo, registros vinculados con la fe
pública registral, en el mismo programa 146.A, se produce una
disminución de los gastos de inversión del año 1999 al año 2000 de un
38 por ciento. Nos gustaría conocer por qué.
Dos minutos, señor presidente, y termino. El programa 126.D,
asesoramiento y defensa de los intereses del Estado. Continuamos con
honda preocupación por la falta de cobertura de plazas de abogados
del Estado. El número de litigios aumenta año tras año y parece ser
que seguimos sin resolver la cobertura de plazas. Nos gustaría tener
información en sentido contrario y expresa y concretamente qué
ocurrió con el compromiso de cobertura de 35 plazas de abogados del
Estado en el año 1997, los 20 del año 1998, los 25 del año 1999 y
cuál es la previsión para el año 2000. Cada vez hay más trabajo y
menos efectivos humanos.
Un par de referencias, porque sirven los argumentos dados en
ejercicios anteriores, para un programa importante, que es el 313.F,
de prestación social sustitutoria. Disminuye el capítulo 1 en un 23
por ciento; disminuye la partida de haber en mano en un 33 por
ciento; puede haber alguna transferencia que nos gustará conocer. En
todo caso, esto choca tremendamente con las manifestaciones que usted
realizaba en la anterior comparecencia. El capítulo 2 disminuye un
16,8 por ciento y el material de oficina hasta un 95 por ciento. Sin
embargo, pese a las transferencias, los trabajos realizados por otras
empresas aumentan un 17,3 por ciento.
En cuanto a la realización de la prestación, nos gustaría conocer los
números reales de los que están en espera y los que están en activo
en cada momento y las previsiones del año 2000, aunque viene en la
memoria -creo que varían en 10.000, esa fila de compromisos sí la han
cambiado, no la repiten en las fotocopias-. Se produce un incremento
importante a comunidades autónomas, con 570 millones para los
convenios de prestación; para corporaciones locales se produce una
minoración de 36 millones y para instituciones sin ánimo de lucro de
183 millones. Nos gustaría conocer los criterios y cómo queda
definitivamente esto, al igual que indicar que se produce una
minoración en las inversiones de reposición, que bajan casi al 50 por
ciento.
Respecto a la formación del personal de la Administración de
justicia, se produce una minoración importante, del 35 por ciento en
el capítulo 1, que nos gustaría conocer. En el capítulo 2, otras
indemnizaciones, aparece una partida nueva de 196 millones y quisiera
pensar que se ha podido traspasar del capítulo 1 al capítulo 2 esta
partida, lo que podría dar una mayor coherencia a esta disfunción. En
el programa 143 desaparece también otro personal, supongo que era
laboral, con una consignación de 168 millones de pesetas.
Finalmente, en la Agencia de Protección de Datos se produce una
minoración de la aportación del Estado en la transferencia de 43 a 25
millones y las inversiones se reducen también en el 50 por ciento.
Nos gustaría conocer por qué.
Yo creo -y termino ya, señor presidente- que le he solicitado
bastante información por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Probablemente no coincidamos en muchas valoraciones, probablemente no
coincidamos en el nivel de priorización, y seguro que no
coincidiremos en el fondo del contenido del presupuesto, pero donde
sí debemos coincidir es en el respeto que se debe a esta Cámara,
señor secretario de Estado, y no oculten la información. Espero tener
la información que le hemos solicitado formalmente con la mayor
urgencia posible en los despachos de este Congreso pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, por el conducto que ustedes deseen,
a través de la Presidencia de esta Comisión, directamente, la forma da
igual, pero no sigan ocultando información para jugar con los datos,
porque, si no, estaremos rompiendo las reglas del juego, y yo creo
que eso no se debe producir nunca. Le agradezco ya de antemano la
información que en la medida que pueda sé que nos va a facilitar y,
sobre todo, esa otra información que le solicitamos por escrito y con
detalle, y que no se vuelva a repetir esta situación de ocultar a
ningún grupo parlamentario, y mucho menos si cabe, o en igual
intensidad, al principal grupo de la oposición, que además dentro de
pocos meses volverá a ser gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El Grupo Socialista
también había solicitado la comparecencia del director general de
Asuntos Religiosos y el secretario de Estado de Justicia contestará a
las preguntas que se le formulen. Para las correspondientes
preguntas, y le ruego que con la mayor brevedad posible, dada la
utilización del tiempo por su compañero, tiene la palabra el señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Efectivamente, habíamos solicitado la comparecencia del director
general de Asuntos Religiosos porque en estos presupuestos aparecen
una serie de novedades importantes respecto al nuevo sistema de
financiación de la iglesia católica en España por vía de los
Presupuestos Generales del Estado, y en concreto una nueva regulación
del llamado sistema de la asignación tributaria, que, como ustedes
saben muy bien, no es tal asignación tributaria, sino que sigue
siendo el viejo y preconstitucional sistema dotacional.
Pues bien, como ustedes saben, en la regulación que las distintas
leyes de presupuestos generales del estado realizan sobre la
asignación tributaria a fines religiosos y otros se establece, como
también se hace en los presupuestos
de 1998 y de 1999, y de los anteriores también, que, en ejecución de
lo previsto en el artículo 2.o 2 del Acuerdo entre el Estado Español
y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y
teniendo en cuenta también lo dispuesto en el apartado 6.o de la
disposición adicional quinta de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado, el porcentaje -esta fronda
normativa- de rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas aplicable a las declaraciones correspondientes a la iglesia
católica es el 0,5239, o sea, el 0,52 por ciento.
En los Presupuestos Generales del Estado para 1998, la disposición
adicional segunda, número 2, dispone que, a cuenta de esa declaración
del IRPF de 1997, y previéndolo para 1998, se entreguen a la iglesia
católica 1.711 millones de pesetas mensuales, es decir, 20.532
millones de pesetas, como cantidad a cuenta de la recaudación. En
1999, la cantidad que se entregó a cuenta, también de esa recaudación
del 0,5, ascendía a 20.901 millones de pesetas; incluso antes, en el
año 1997 -tengo más años, anteriores a 1997 y a 1996-, la cantidad a
cuenta ascendió a 20.112 millones de pesetas. En los últimos años (y
aquí manejo datos que han llegado lentamente a la Cámara desde el
Gobierno, en respuesta a algunas de las preguntas formuladas por este
diputado) la cuantía de la liquidación correspondiente a la iglesia
católica proveniente del 0,52 por ciento de las declaraciones del
IRPF de 1992, 1993 y 1994 asciende a un total de 40.508 millones de
pesetas. El Estado, a cuenta de las citadas declaraciones de IRPF,
entregó a la iglesia católica para esos ejercicios un total de 52.486
millones de pesetas en los presupuestos del Estado, lo que crea un
saldo favorable al Estado, en principio, de 11.978 millones de
pesetas, o lo que es lo mismo, con los Presupuestos Generales del
Estado de 1993, 1994, 1995 y 1996 se le condonó o perdonó a la
iglesia católica, a través de una elevación a definitivas de las
cantidades a cuenta por imperativos de los presupuestos del Estado,
una cantidad en torno a los 11.978 millones de pesetas.
De seguir esta tendencia, y aplicando otros datos posteriores
a ejercicios de 1996 y de 1997, nos encontramos con que entre 1993 y
1999 el total estimado -teniendo en cuenta, ya digo, esa tendencia y
los datos de recaudación de siguientes ejercicios- condonado a la
iglesia católica ascendería a los 30.000 millones de pesetas. Esta
dinámica, como ya digo, sigue creciendo tanto con los Presupuestos
Generales del Estado de 1999 como ahora para los presupuestos del año
2000.
La primera reflexión que quiero hacer es que existe, con
independencia de que el tema sea opinable, una sobrefinanciación de
la iglesia católica en estos momentos, que desde 1993 recibe más de
lo que le corresponde por recaudación del 0,5 del IRPF, porque se ha
extendido además más allá de lo que inicialmente era un período
transitorio, que moría en 1992, es decir, que de 1992 en adelante la
prórroga indefinida de un período transitorio está produciendo una
sobrefinanciación en favor de la iglesia católica superior a 30.000
millones de pesetas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Qué
quiere decir eso? Quiere decir que, por un lado, la iglesia católica
recibe un dinero de la asignación tributaria de aquellos impositores
que manifiestan su confesión religiosa o su
voluntad de aportar y ayudar a la confesión religiosa de la iglesia
católica, pero, por otro lado, el Estado le garantiza siempre la
condonación en el ejercicio siguiente del saldo, que normalmente es
favorable al Estado, (es decir, le provoca esa sobrefinanciación, que
ya digo que sobrepasa los 30.000 millones de pesetas), y esos 30.000
millones de pesetas ya son a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, son a cargo de los creyentes y de los no creyentes. De alguna
forma estamos, por esta vía, manteniendo el viejo sistema dotacional,
cuando el artículo 16 de nuestra Constitución establece la
aconfesionalidad del Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Que los
regímenes transitorios no se pueden prolongar eternamente porque por
esa vía se está introduciendo un mecanismo de clara inconstitucional
en el sistema de relaciones económicas Iglesia católica-Estado
español. La Constitución obliga al Estado español y al Gobierno y,
por lo tanto, es imprescindible un nuevo sistema de financiación.
Aquí no estamos intentando quitarle dinero a nadie, sino ejerciendo
la libertad religiosa de remover aquellos obstáculos que dice el
artículo 9 y, por lo tanto, potenciando libertades. Potenciemos pues
la libertad religiosa, pero en el marco de que ninguna religión es la
oficial, del principio de aconfesionalidad y, por lo tanto, vayamos a
un nuevo sistema de financiación.
Según respuestas del Gobierno, se está produciendo en estos momentos
una sobrefinanciación que, en los últimos años, rebasa los 30.000
millones de pesetas. Además, el Gobierno contesta oficialmente, el 4
de junio de 1998, que por parte del Estado no existe propuesta
ninguna de modificación del sistema actual de financiación de la
Iglesia católica. Así se responde en 1998 a una pregunta de este
diputado en la que planteaba esta cuestión y ponía de manifiesto la
escasa acomodación a la Constitución que existía en esta materia.
El Gobierno, incluso, reconoce que en el ejercicio de 1995, de todos
los declarantes, el 36,5 por ciento declara asignar el 0,5 a la
Iglesia católica y, en el año 1996, el 36,36. Por esas declaraciones,
en esos ejercicios, a la Iglesia católica le hubieran correspondido
14.138 millones de pesetas, y 13.723 millones en 1996. Sin embargo,
recibió a cuenta del Estado español cantidades por encima de los
19.000 millones de pesetas. Por lo tanto, existe esa
sobrefinanciación, en la secuencia de los últimos años las cantidades
que recibe a cuenta la Iglesia superan en 30.000 millones lo que le
corresponde por el 0,5 por ciento, estamos en un sistema dotacional
que podría ser contrario a la Constitución española, al principio de
la aconfesionalidad o laicidad del Estado, y al principio de libertad
religiosa y de igualdad del resto de confesiones.
Pero añado otro problema. Quiero poner de manifiesto que, en el año
1998, el Gobierno dice que no piensa cambiar el sistema. En los
actuales presupuestos del Estado se nos presenta la disposición
adicional vigésima y vigésimaprimera. En la disposición adicional
vigésima se vuelve a hablar de que, en desarrollo de lo previsto en
los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, el Estado
destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,52 por ciento
de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Primera anomalía, párrafo 2 de esta disposición adicional
vigésima. Empieza el citado
párrafo: A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto
la formada por la suma de la cuota íntegra estatal y de la cuota
íntegra autonómica. Fíjense en la anécdota. A la hora de regular la
asignación tributaria a la Iglesia católica en la ley de
presupuestos, el legislador - en este caso, el prelegislador- define
el concepto de cuota íntegra, que había sido desconocido en la ley
reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Fíjense qué anécdota, que tiene que ser en este apartado donde
vayamos a definir qué es cuota íntegra porque al legislador se le
olvidó esa definición en la ley especial, que era la ley reguladora
del IRPF.
Aparte de esto, en la disposición adicional vigésima, número 3, se
dice -y aquí empezamos a tener un nivel de variación en relación con
el sistema anterior todavía más extraño-: La aplicación de este
sistema no podrá dar lugar en cada uno de los ejercicios en que se
aplique a una cantidad superior a 24.000 millones de pesetas -en
favor de la Iglesia católica- ni a una cantidad -lo redactan de una
manera muy alambicada- inferior a la resultante de la actualización
de las entregas mensuales que en concepto de pagos a cuenta de la
asignación tributaria se hayan determinado en la ley de presupuestos
del ejercicio precedente. En una palabra, la aplicación de este
sistema no puede dar lugar a un techo superior a 24.000 millones ni a
un suelo inferior a 21.000. Eso es lo que se dice claramente en la
disposición adicional vigésima. Si vamos al sistema de asignación
tributaria y recaudan más de 24.000 millones, ¿por qué un techo? Más
grave aún me parece por qué un suelo. Si la recaudación efectiva
media está en los 15.000 millones, puede llegar a los 17.000, ¿por
qué se tiene que garantizar permanentemente un suelo de 21.000
millones? ¿Por qué se mantiene una vez más, de una manera expresa,
como nunca se hizo en ninguna de las regulaciones, el régimen de
financiación dotacional que, desde nuestro punto de vista, es
inconstitucional?
Hay un número 4. Planteo estas preguntas porque creo que esta
redacción procede del Ministerio de Justicia. Dice este número 4:
Este sistema se aplicará durante los años 2000, 2001 y 2002, pudiendo
revisarse durante este último período. A mí me parece que esto es un
ataque a la soberanía de la Cámara. ¿Cómo que este sistema se
aplicará durante el 2000 y el 2001? Lo único que puede disponer esta
ley es del 2000, no del 2001, del 2002 y siguientes. ¿Cómo es que
esta ley se permite el lujo de darnos licencia a las Cámaras para
estudiar la necesaria o no revisión de un sistema sobre unos acuerdos
económicos con la Iglesia católica, que parece que es la iglesia del
Estado por como está regulada en esta disposición adicional vigésima?
¿Cómo es posible que se nos dé licencia para poder revisar el sistema
en el 2002? Supongo que la licencia se la tomarán las Cámaras en el
ejercicio de la soberanía popular, respetando, eso sí, los acuerdos
internacionales que existan en la materia; acuerdos internacionales
que son también replanteables.
Aquí se está comprometiendo futuro y haciendo una regulación que no
sabemos de dónde procede ni cuál es su origen, porque tampoco es una
regulación que proceda de los acuerdos económicos del Estado español
con la Santa Sede, de 1979. Se está haciendo un sucedáneo, una
adaptación, una reinterpretación en virtud de una dinámica de
pactos que yo al menos, como diputado de esta Cámara, desconozco. Yla
pregunta es a qué acuerdos y con quién se ha llegado por el Gobierno
español para plasmar presupuestariamente estas disposiciones que,
desde nuestro punto de vista, desde el momento en que mantienen el
sistema dotacional, desde el momento en que intentan comprometer
futuro y limitar la capacidad de funcionamiento y operatividad de la
soberanía nacional, están deslizándose por la senda de la
inconstitucionalidad.
Finalizo, señor presidente, pidiendo una serie de datos. Quisiéramos
saber cuánto le corresponde a la iglesia por la recaudación del 0,52
por ciento del IRPF, desde 1992 hasta la fecha, y cuánto se elevaron
a definitivas las cantidades recibidas a cuenta también desde 1992
hasta la fecha. Tengo algunos ejercicios según la respuesta del
Gobierno, pero le pido el abanico de lo que es el fin de la llamada
fase transitoria, de 1992 hasta la fecha. Al menos, le pido los datos
de 1996 a 1999. Asimismo, le pido que remita a esta Cámara, a la
mayor brevedad, la memoria explicativa de las aplicaciones que en
esta materia hace la Iglesia católica. Como ustedes saben, el
acuerdo, de 3 de enero de 1979, sobre asuntos económicos, suscrito
entre el Estado español y la Santa Sede dispone en su protocolo
adicional número 1, párrafo segundo, que la aplicación de los fondos
proyectada y realizada por la iglesia, dentro del conjunto de sus
necesidades, de las cantidades a incluir en los presupuestos
o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la memoria
que a efectos de la aportación mencionada se presentará anualmente.
Nos gustaría conocer la última memoria presentada por la iglesia
católica en el Ministerio de Justicia. Sería una buena documentación
para trabajar en esta Cámara y para poder analizar con sosiego este
problema que pongo de manifiesto, desde la óptica constructiva de que
busquemos el sistema más acorde a la libertad religiosa y a los
principios constitucionales del artículo 16 para, de una manera
consensuada, dar una alternativa y cerrar esta página pendiente de
nuestra transición política española, porque la transitoriedad eterna
no es de recibo en el poder civil, en el ámbito de otros poderes, de
otras creencias, la eternidad se puede medir, pero en el poder civil
la eternidad no es en ningún caso medible ni sostenible.
Finalmente, quisiera también plantearle una cuestión menor: En el
programa 141.B. servicio 01, capítulo 4 de los presupuestos del
Ministerio de Justicia, en transferencias corrientes a familias e
instituciones sin fines de lucro hay ocho millones que se destinan a
actividades relacionadas con el estudio, promoción y defensa de los
derechos de la libertad religiosa. Me gustaría que especificara a qué
se refiere esta partida. Una última cuestión que a lo mejor tiene
algo que ver con esto aunque no lo sé, lo ignoro. Existe una revista
anuario de derecho eclesiástico del Estado, de derecho canónico y
quisiera saber cuál es la relación del Ministerio de Justicia y su
aportación económica a ese anuario y quiénes son los responsables de
la dirección y de la edición.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, prometo solemnemente no utilizar
una hora, como acaba de hacer el
Grupo Socialista, en este ciclópeo intento de erosionar los
presupuestos de justicia. Me parece que es un poco masoquista porque,
una vez que se ha afirmado aquí solemnemente que tenemos la inmensa
fortuna de tener un equipo gobernando el Ministerio de Justicia que
es capaz de hacer humo sin butano, lo cual es un asunto que raya lo
taumatúrgico -y así enlazamos con el final de la intervención del
Grupo Socialista-, sería hacer un flaco servicio a la justicia
privarle de personas con esa capacidad. Por cierto, lo del butano me
recuerda la famosa película de Más madera. Aquí, por lo visto, la
solución de los problemas de la justicia es más butano. Es un asunto
del que tomo nota porque siempre ahí hay posibilidades que hay que
explorar.
Señor secretario de Estado, tenemos aquí unos presupuestos que, si
uno los estudia de una manera imparcial y, recoge la obviedad que
está reflejada aquí, uno llega a sumar 1.716 millones menos, como
consecuencia de las transferencia a la Comunidad Autónoma de Navarra.
Simplemente con hacer una operación, -y yo soy de letras-, y restar
ese dinero, está claro que los presupuestos suben un 8,52 por ciento
y no un 7 por ciento, como se dice con un punto de vista meramente
contable, relacionando las cifras del año pasado con las de éste, sin
tener en cuenta la valoración política: que hay unas transferencias,
y se han reconocido, pero, a efectos retóricos, a la hora de hacer
valoraciones políticas, se ha ignorado que las hay.
Y ya que me ha aludido a mí, como si esto fuera un debate entre
portavoces, quiero que me confirme el señor secretario de Estado,
para no permanecer en el error, si lo estuviera, si son ciertos estos
datos. Se ha dicho aquí que no estoy de acuerdo con la ministra en
cuanto al incremento producido a lo largo de la legislatura, lo cual,
por otra parte, agradezco, porque se sugiere que estoy practicando un
asunto que tiene gran mérito en el fútbol, que es meterse en el área
chica, llevarse al defensa y dejar que la ministra chute, lo cual
viene muy bien. No sé yo si lo he hecho del todo. Si tomamos el
presupuesto de 1996 -la ministra tomó el de 1997, por tanto, eso
puede explicar la diferencia-, presupuesto prorrogado en el que, el
Gobierno socialista tuvo buen cuidado de declarar no disponibles
determinadas partidas -al no ser disponibles no están en el
presupuesto, no están en la realidad, quizá estén en la realidad
ultraterrena pero ya se nos ha dicho que eso es otra cosa, no lo
mezclemos con esta Cámara, dejémonos de realidades ultraterrenas-, se
queda en 100.598 millones de pesetas en 1996. Yo quisiera que me
confirmara este dato porque, si es cierto, basta compararlo con el de
estos presupuestos, una vez depuradas las transferencias, para
observar el incremento en una legislatura. La legislatura va en
relación con el legado del último Gobierno socialista, no se trata de
decir aquí cuánto va a gastar en el último presupuesto de la
legislatura el Gobierno popular en relación con su primer
presupuesto. A mí lo que me interesa políticamente es que se pueda
hacer un balance de cuánto ha gastado a lo largo de toda la
legislatura el Gobierno popular en relación con el que gastó el
Gobierno socialista. La diferencia pasa a ser de 57 por ciento, si
mis datos son exactos, ya que mis datos arrojarían una comparación de
100.598 millones con 158.691. El guarismo del cien mil a los de
letras nos facilita bastante lo del tanto por ciento porque se presta
mucho.
En cuanto a la existencia o no de previsiones respecto a las leyes en
marcha, le agradecería al secretario de Estado que, si tiene esos
datos, me informara de cuántos jueces se han creado en esta
legislatura, porque estamos en unos presupuestos que cierran una
legislatura. Según mis datos se han creado 526 jueces, lo cual supone
un incremento del 310 por ciento respecto a los creados en la
legislatura anterior. Amí me hace gracia que en algún momento de las
intervenciones se diga: ¡Por fin se va a informatizar! Si eso lo
dijera alguien que gobernó con Don Pelayo, lo comprendería, pero que
lo diga alguien que ha gobernado hace tres años no deja de tener
gracia. En efecto, por fin, menos mal que han llegado los que hacen
humo sin butano porque, si no, no se hace nunca. Bien, pues por fin
se ha informatizado. Quisiera saber de esos 526 jueces cuántos son de
la jurisdicción civil porque, según mis datos, pueden llegar a ser
del 82 por ciento, lo cual algo ayudará a que la ley de
enjuiciamiento, en su momento, funcione mejor. Por cierto, este
modesto diputado no solamente dijo que medidas de este tipo están
adelantando la puesta en marcha de la nueva Ley de enjuiciamiento,
sino que dijo -y esto no se recogió en el teletipo, pero el señor
Villarrubia pudo oírlo por el canal de sonido que tenemos en el
despacho, si tanto interés tenía-, y utilizó un latín, -los latines
en los teletipos no funcionan-, que la Ley de enjuiciamiento tiene
una vacatio legis de un año, como todos sabemos. Por tanto, va
a haber un año para que presupuestariamente se pueda seguir abundando
en ello. No dijo, en modo alguno, que ya en este presupuesto
estuviera contemplada la Ley de enjuiciamiento porque hay una vacatio
legis de un año, cosa que no ignora el señor Villarrubia, a no ser
que lo enmienden en el Senado, consiga ganar la enmienda e incluso
que la votemos nosotros aquí luego, cosa que veo complicado, aunque
todo puede ocurrir.
Quisiera que el señor secretario de Estado aludiera a las inversiones
más significativas, dado que observo que hay, una vez depuradas las
cifras de la transferencia de Navarra, un incremento del 13,51 por
ciento. Me parece que esta es una manera seria de manejar las cifras
y no irse a un papel y encontrar una partida aislada de
arrendamientos y cánones y preguntar que por qué suben los
arrendamientos y cánones. Página 44, cinco millones menos de
arrendamientos y cánones. Página 76, ocho millones menos de material,
suministro y otros, butano incluido, por supuesto. Página 98, 44
millones menos de arrendamientos y cánones. La misma página, 24,5
millones menos de comunicaciones, gastos corrientes. Todos podemos
coger una partida y preguntar qué han hecho con los arrendamientos y
cánones. Depende de en qué página se sitúen. Es un asunto que
convendría diversificar.
Mi grupo comparte el interés por conocer cuál va a ser el alcance del
programa contra la violencia doméstica en el que tiene especial
interés, y suscribo también esa petición de información.
En cuanto a creación de plazas de jueces, el señor presidente del
Consejo General del Poder Judicial -también del Tribunal Supremo,
pero en funciones de presidente del Consejo General del Poder
Judicial-, en 1997, el 6 de noviembre de 1997, hace ahora dos años y
un día, dijo que necesitaba 300 plazas de jueces y magistrados. Dijo:
«Son 300 las plazas que esperamos que se creen». Quisiera
que el señor secretario de Estado nos informara de cuántas plazas se
han creado desde 1997 hasta el momento actual, para ver si se han
satisfecho o no las peticiones del señor presidente del Consejo
General del Poder Judicial que dos años después, en marzo de 1999, ya
no aludía a que necesitara más plazas. En su intervención ante esta
Cámara parece que se daba por satisfecho. Quisiera que confirmara ese
dato.
Por otra parte, me llama la atención -y no sé en qué medida el
Ministerio podría hacer algo al respecto- es el número de vacantes,
porque el Ministerio va creando plazas, -526 en una legislatura-,
pero de poco nos sirve si el propio presidente del Consejo General
del Poder Judicial nos dice en su primera intervención que se iba a
encontrar con 600 vacantes -no está mal- y, luego,sólo con 300, con
lo cual no sé si creamos plazas o vacantes. Es un asunto que me deja
perplejo y quisiera que el señor secretario de Estado me orientara
sobre qué estamos haciendo respecto a las plazas.
Mi grupo comparte la satisfacción por el proceso de informatización
que ha ido observando, pero quisiera algunos datos sobre cuál sería
su alcance y cuantía, no solamente en cuanto a órganos judiciales
sino también en las fiscalías. Por supuesto, ya hemos registrado -se
ha dicho también por el Grupo Socialista, como no podía ser de otra
manera- esa importante partida en los registros que, al fin, van a
ser informatizados.
En cuanto a la objeción de conciencia le pediría algunas cifras,
porque creo que lo interesante son las cifras. Comprendo que cuando
las cifras no son favorables al Gobierno uno solicite que ustedes
monten un premio Formentor de novela para ver si la memoria cambia un
poco el texto. Me conformaría con alguna errata que me parece haber
advertido. Por ejemplo, en la página 108 de la memoria, hablando de
objeción de conciencia, se dice que el resto aproximado de objetores
a incorporar es de 250.201. Me parece que ahí se ha escapado un cero
y quizás sean 25.000. Me gustaría que me confirmara ese extremo,
porque me parecen demasiados objetores comparándolo con otros datos
de la misma memoria. Así dejo constancia de la errata.
En cuanto al coste, sería interesante que nos ilustrara sobre cuánto
esta costando actualmente cada objetor en activo y cuánto costaba en
1996, cuando este equipo se ocupó de los problemas de la justicia y
dentro de ellos, de los de la objeción de conciencia.
Ya que se ha hablado de los anuarios, tengo una curiosidad. Creo que
también el Ministerio edita un anuario de filosofía del derecho, que
es mi asignatura; otro de derecho civil; otro de historia del
derecho; además, creo que los edita desde tiempo inmemorial. Quisiera
saber, cuando envíe la información, quién es el que manda en ese
anuario, porque en filosofía del derecho no soy yo. La verdad es que
no me importaría, ya puestos. Así nos enteramos todos de quién manda
en historia del derecho, sí sé quién mandaba cuando gobernaba el
Partido Socialista; lo sé perfectamente. A lo mejor descubrimos que
siguen mandando los mismos que mandaban cuando gobernaban los
socialistas, como está ocurriendo en tantos otros ámbitos de la
Administración, con gran satisfacción por mi parte y no tanta por
parte de otros que están por la idea de la vuelta de la tortilla. Es
un aspecto ejemplar de este equipo de gobierno, que
me complazco en suscitar para que lo haga público y así podrán sacar
sus conclusiones.
Para terminar, quiero decir que mi grupo no va a entrar en la
gloriosa dinámica del arqueo del cepillo que nos han hecho aquí.
Políticamente toda la intervención que se ha hecho tiene una lectura
muy simple: según parece, el actual equipo del Ministerio de Justicia
no ha cambiado en absoluto la actitud del Gobierno anterior, lo cual
me parece bastante razonable. Aquí se ha hecho un acto a medias entre
lo penitencial y lo pastoral: por un lado, parece que hay un cierto
remordimiento de conciencia en el Grupo Socialista por haber
mantenido esta situación durante tantos años, incluso bordeando la
Constitución, pero el dolor de corazón es el preludio del propósito
de la enmienda. De todas maneras, tardarán en poder enmendar. Asumo,
como creyente que soy -no me importa que queda constancia en el
«Diario de Sesiones», antes al contrario-, la dimensión pastoral del
discurso del señor Cuesta. Seguro que el presidente de la Conferencia
Episcopal Española lo agradecerá porque, qué más quisiera él que
comparecer aquí y estimular a todos los creyentes españoles,
incluidos los del Grupo Socialista, a que se rasquen el bolsillo y
den más para evitar esta situación. Por si el señor Cuesta quiere
tener esa tranquilidad, le aseguro que voy a hacer examen de
conciencia a ver si puedo ser más generoso y contribuir modestamente
a que esta situación no se perpetúe en exceso.
Por lo demás, políticamente, lo único que queda claro es que todo
sigue como estaba, menos dos cosas que quiero agradecer a este
Gobierno: una, que se ha acabado con ese curioso dilema entre tener
que poner en una casilla para una confesión religiosa o para otros
fines sociales, cuando es bien sabido que hoy día en España es
precisamente desde las confesiones religiosas, en plural, desde donde
más asistencia social se está produciendo. Se ha hecho un cambio con
lo cual hay ya dos casillas, se pueden señalar las dos, con lo cual
saldrá más dinero para una cosa y para otra y, por supuesto, dentro
de las casillas sociales saldrá dinero también para instituciones
como Cáritas, como no podía ser de otra manera. Creo que eso es muy
de agradecer políticamente. Segundo, es muy de agradecer
políticamente que hayan mantenido la misma conducta que el Gobierno
socialista en cuanto al sentido común en esta fase transitoria, que
si los esfuerzos pastorales del señor Cuesta fructifican durará
menos, sin duda ninguna. (El señor Castellano Cardalliaguet: Amén.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Montes.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Quiero
subrayar, en primer lugar, el honor que me produce comparecer ante
esta Comisión de Justicia, en este caso a propósito de los
presupuestos, como en años anteriores, así como las preguntas o
petición de aclaraciones que aquí se hacen, que me parecen muy
pertinentes, salvo un bloque -y me refiero a la pertinencia- en las
que, probablemente yo no pueda dar los datos que se han pedido porque
no son de mi competencia. Sin perjuicio de eso sinceramente quiero
agradecer, como digo, las preguntas que se me han hecho y sugerencias
porque va a quedar muy clara cuál es la pretensión de este presupuesto
del Ministerio de Justicia, presupuesto que, como se ha dicho, se
reitera muchas veces en conceptos y en ideas. El Ministerio de
Justicia se planteó una política para una legislatura, por cierto la
más larga de la democracia, de cuatro años, y por eso los
presupuestos son congruentes y siguen una pauta.
Indudablemente esos presupuestos tienen de novedad la política que ha
seguido el Gobierno con la Administración de justicia, política que,
en términos generales, ha sido bastante más acertada que en períodos
anteriores. Como se comprobará también en este presupuesto y se ha
comprobado en presupuestos anteriores, se ha hecho un esfuerzo
inversor importante -dentro de lo que se puede hacer en unos
presupuestos generales del Estado- en esta legislatura respecto a las
líneas generales de la política del Ministerio y del Gobierno: por
una parte, mayor dotación de medios personales y materiales, lo cual
se puede contrastar por donde se quiera en términos relativos,
generales, absolutos y concretos con presupuestos anteriores y, por
otra parte, una política de iniciativa legislativa en aquello que era
necesario y no tanto en aquello que no era tan absolutamente
necesario, como anteriormente se hizo. Me refiero, (se ha puesto de
manifiesto por los distintos intervinientes) a las leyes procesales y
fundamentalmente a la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa y a lo que ha traído consigo, es decir, la creación de
los juzgados de lo contencioso-administrativo, y a la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Subrayo -porque algunas intervenciones daban a
entender eso y creo que el representante del Grupo Popular lo ha
puesto de manifiesto- que la Ley de Enjuiciamiento Civil entrará en
vigor cuando entre en vigor y por muy pronto que sea, es de aventurar
que lo hará a finales del año 2000 o muy a principios del 2001. La
proyección presupuestaria que hay que hacer es la que hay que hacer,
lo cual no quiere decir -y voy a ir aclarando algún entuerto- que no
haya habido inversiones en la justicia civil desde antes y mientras
se tramitaba el proyecto de ley de enjuiciamiento civil y que no haya
inversiones especialmente de cara a la futura Ley de Enjuiciamiento
Civil en 1999.
En relación con la intervención del señor Castellano -que reitero que
agradezco-, sin perjuicio de esa consideración general de que el
presupuesto no varía conceptualmente hablando, ya he respondido a
eso. En cuanto a que la Ley de Enjuiciamiento Civil se frustraría si
entrara en vigor, creo que no sería así si entrara en vigor ahora,
pero mucho menos se va a frustrar si entra en vigor cuando está
previsto. Respecto a falta de medios materiales y personales, con la
orientación de hacer una justicia más ágil, más eficaz y para dar un
contenido -valga la redundancia- más efectivo a ese derecho
fundamental que es el derecho a la tutela judicial efectiva, se están
poniendo los medios en estos presupuestos, de cara al ciudadano para
que eso sea posible.
Voy a empezar a dar respuesta a las preguntas concretas. Pregunta S.
S. por las remuneraciones de jueces y magistrados en situación de
excedencia, magistrados del Tribunal Supremo, número de jueces
sustitutos, etcétera. Por el momento, y sin perjuicio de posibles
ampliaciones, que con mucho gusto le facilitaría porque algunas veces
son datos muy puntuales, le voy a dar respuesta. Durante el
primer semestre de 1999, en el Tribunal Supremo ha habido 42
magistrados suplentes, incluyendo también el Tribunal Superior de
Justicia, con un coste aproximado de 96 millones de pesetas.
En relación con otra pregunta que me hace sobre sustituciones de
personal en general de la Administración de justicia, diré que hay
una partida en el programa 142.A, el número 125, de 1.780 millones de
pesetas para ese fin. En cuanto al desglose del presupuesto relativo
a la fe pública, en los registros en concreto y su incidencia, yo no
tengo ningún inconveniente en explicarle brevemente cuáles son las
partidas que hay, en qué concepto, qué es lo que se aumenta y qué es
lo que se disminuye, porque de paso respondo también a otras
preguntas relacionadas con este tema. Que conste que la
informatización de los registros de la propiedad y de los registros
mercantiles no está a cargo del Ministerio; lo que está a cargo del
Ministerio es la informatización de los registros civiles, de lo cual
hablaré después. Ese es un coste que asumen los propios
registradores. Únicamente por darle las cifras concretas, en el
capítulo de gastos de personal -me refiero a registros y notariado-,
hay un aumento de un 5,7 por ciento, de unos 80 millones de pesetas,
que aparte de la actualización monetaria por gastos de personal, que
hay que aplicar siempre en todas las partidas, hay un reajuste de
efectivos que proceden de otro servicio, que es el 142.A, de
relaciones con la Administración de justicia, por valor de quince
millones y pico de pesetas. Luego, hay otro reajuste por cuotas
sociales de 35 millones de pesetas.
En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios, aumenta un
3,6 por ciento. Este aumento tiene como fundamento 10 millones de
pesetas para dotar un nuevo concepto, equipos para proceso de
información necesario en el mantenimiento y conservación del parque
informático de la Dirección General, y el capítulo que aumenta
espectacularmente, porque era una variación del 490,9 por ciento, es
el de inversiones reales, donde hay una inversión en la
informatización de los registros civiles de 718 millones de pesetas,
lo cual marca un hito histórico, puesto que antes se ha hablado de
hitos históricos en esta materia -agradezco la felicitación que se me
ha hecho por parte de los distintos grupos-, que afortunadamente va a
dar lugar, con un plan ya preconcebido, a la informatización de todos
los registros civiles, lo cual, va a redundar muy directamente en la
actividad del ciudadano de cara a esos registros.
Se me hablaba de la repercusión de medios respecto a la Ley de
Enjuiciamiento Civil y al Código Penal. Por cierto, tema que se
reitera posteriormente. Empecemos por el Código Penal, por las
instalaciones, el cumplimiento de penas, etcétera. Este tema no es
competencia específica del Ministerio de Justicia y no quiero lanzar
balones fuera en el símil futbolístico, que seguramente al señor
Ollero le gustaría muchísimo. Por cierto, pertenecimos en un
determinado momento al mismo equipo de fútbol de profesores, aunque
no nos solíamos poner de acuerdo. En esta materia no sólo entraría
Instituciones Penitenciarias, sino que hay una actividad muy
importante -y así se está llevando a cabo- de las comunidades
autónomas y, en especial, de los ayuntamientos. Hay temas que
indudablemente no se verán reflejados en los Presupuestos Generales
del Estado porque, en parte, no son competencia del Gobierno.
El Código Penal, salvo las reformas puntuales que se han visto que
eran necesarias -vuelvo a reiterarlo-, lo hemos respetado y hemos
dotado de los medios suficientes para que se lleve a cabo; hemos
propuesto reformas, como una que viene al Parlamento a propósito de
una sentencia del Tribunal Constitucional y, por otra parte, hemos
hecho -y luego lo detallaré más pormenorizadamente- una apuesta muy
seria en inversión -y esto repercute directamente en el Código Penal-
para la creación de órganos jurisdiccionales penales, sobre todo, de
juzgados de lo Penal. Si luego hace falta dar más pormenorizadamente
datos, también los daré.
Reitera el señor Castellano el tema relativo al ministerio fiscal.
Ciertamente, le voy a dar algunos datos concretos no sin comentar
primero que esa moción consecuencia de la interpelación no tenía un
contenido exclusivo relativo a una partida presupuestaria autónoma o
definida respecto al ministerio fiscal, porque es un tema que tiene
mucho más alcance. En esa moción figuraba que el candidato propuesto
por el Gobierno tuviera que comparecer, oído el Consejo General del
Poder Judicial, ante este Cámara; que el estatuto fijara un mandato
concreto para el ministerio fiscal; que el fiscal general del Estado
remitiera aquí la memoria anual para poder ser examinada, etcétera
y que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplaran partidas
específicas. Ese entramado supone, sin duda, una reforma importante,
en profundidad, que no ha habido ocasión de hacer hasta ahora, y
todavía siguen pendientes algunos informes de los solicitados por
nosotros sobre el estatuto del ministerio fiscal, que no digo que
vaya a ir por aquí o por allí, sino que para poner en práctica alguna
de esas medidas es necesario hacer previamente la reforma de una
norma legal con rango de ley, que tendría que verse también en esta
Cámara.
Sin perjuicio de eso y en lo relativo al ministerio fiscal, le voy a
dar los datos sobre la inversión en el año 2000. Le puedo dar también
la de 1999. Con referencia a este presupuesto del año 2000, en el
capítulo 1, gastos de personal, en el ministerio fiscal se invierten
aproximadamente 15.534 millones de pesetas; en el capítulo 2 se
invierten 607 millones de pesetas; en equipamiento informático -y
luego responderé también al diputado Ollero sobre este particular- se
invierten 600 millones de pesetas; y finalmente, de los 4.612
millones que se invierten en obras nuevas y de reposición,
aproximadamente un 5 por ciento sería imputable al ministerio fiscal.
Esto puede representar bastante bien qué es lo que se invierte o
cuáles son las partidas que repercuten en el ministerio fiscal.
Atendiendo ahora a las preguntas y consideraciones que me hacía el
señor Villarrubia, diputado por el PSOE, en primer lugar, se ha
referido al estado de ejecución del presupuesto. A mí me extraña que
se diga que aquí se oculta algo porque no tenemos interés en ocultar
nada porque estos presupuestos son de una transparencia meridiana,
incluso la afloración de partidas concretas nuevas, de las pocas que
aparecen, es para que haya más transparencia, como después diré. En
el grado de ejecución, y sobre todo en lo que supone inversiones,
fundamentalmente en obras, eso es no ya para sobresaliente, sino para
matrícula.
Yo le doy los datos sobre la marcha, se los volveré a remitir, aunque
me consta que el año pasado se remitieron. En el presupuesto de 1997,
el grado de ejecución fue del 99,16. En el presupuesto de 1998, el
grado de ejecución fue del 98,89. En el presupuesto de 1998,
inversiones reales, el grado de aplicación del presupuesto -si ha
habido, entre otras, una gestión brillante en el Ministerio ha sido
precisamente en obras e infraestructura, con un nuevo subdirector
general- fue del 99,79; y en 1997, el 91,99.
En cuanto a 1999 -tengo los datos a fecha de junio-, el grado de
ejecución del presupuesto es del 44,21, que es un grado de ejecución
muy alto. ¿Por qué no es exactamente del 50 por ciento? Por las
inversiones, por una razón que todos conocen y que yo conozco muy
bien por mi anterior actividad como vicerrector de una universidad
grande en materia de infraestructura y de obras, y es que está claro
que en el segundo semestre del año se concretan todas las
inversiones, casi hasta el último día de diciembre, y se pagan las
que hay previstas para el año. Aunque luego el capítulo de
inversiones sea el que tiene un más alto grado de ejecución en
general -porque el noventa y nueve y pico es un altísimo grado de
ejecución que ya quisieran otras muchas administraciones; no estoy
hablando ya de ministerios, sino en términos generales-, en el año
2000 cumpliremos esos compromisos.
A propósito, no invierta, S.S. -una vez más tengo que decir que soy
procesalista-, la carga de la prueba. Ya le dije el año pasado que me
mencionara una obra comprometida que no hubiéramos realizado, porque
no existía ninguna; y lo vuelvo a repetir. Y usted me dice: dígame
usted cuáles han ejecutado y entonces yo le diré si hay alguna que no
se ha realizado. Esa inversión me parece muy graciosa, porque se han
ejecutado absolutamente todas.
En cuanto a las inversiones plurianuales no es para decir: voy a
hacer esto, aporto una pequeña cantidad en principio y luego dejo de
hacerlo. No, ahí está la trayectoria. Aquí ahora mismo, en 1999, se
cierran una serie de inversiones plurianuales, que, por cierto -esto
sí que es curioso-, estaban comprometidas por ustedes anteriormente
pero no vieron reflejo presupuestario ninguno. Me acuerdo de algunas
de memoria: una muy cercana, en mi tierra, que era la de Motril, que
fueron cuatrocientos y pico millones, que luego desarrolló la Junta
de Andalucía después de las transferencias; otra, en Guadix; las
grandesobras de Cáceres; la de Palma de Mallorca y la de Oviedo, que
son miles de millones. Si usted me dice que en tres años no hemos
cumplido ese compromiso y que no se han ido gastando las partidas
plurianuales, todavía podría llevar alguna razón, pero este año
aparecen algunas inversiones -me he referido antes a Salamanca y a
Valladolid- porque empieza la plurianualidad en este año y va a
terminar dentro de tres. Indudablemente es un sistema que permite
cumplir con los compromisos y que ya hemos acreditado que cumplimos.
Cuando yo me estrené como secretario de Estado venían algunos
presidentes de tribunales superiores de Justicia, el de Extremadura,
concretamente diciendo: Esto ya está. Yo le pregunté: ¿Qué está? Me
respondió: El edificio de Cáceres. Yyo repliqué: ¿Y dónde está?
Porque no estaba en ningún sitio, no había tenido reflejo
presupuestario, pero lo va a estar. El compromiso se cumplió, y ahí
está terminándose,
en Cáceres y en otras partes, como he dicho anteriormente.
¿Entrar en las cifras? Las cifras son las que son. Otra cosa que no
entiendo es por qué no se reconoce cuál es el aumento real. Dice que
el crecimiento es del 7 por ciento. Sí, en términos absolutos, pero
en términos de homogeneizar de alguna manera los presupuestos -antes
se ha dicho- es algo más del 8,50. Eso es una realidad. ¿Por qué?
Porque se han hecho transferencias.
Esto me lleva a otra cuestión que usted plantea. Dice S.S. que el
porcentaje sigue siendo el mismo en el conjunto de los Presupuestos
Generales del Estado, 0,8. Pues sí, pero en términos relativos;
depende de cuál es el 0,8, porque el 0,8 ó el 1 de 100.000 millones
no es lo mismo que el 0,8 con 156.000 millones. El 0,8 no es el 0,8
porque, si se tienen en cuenta las transferencias, resulta que, en
términos relativos también, la inversión en Justicia es el 1,14, pero
si hace usted la actualización monetaria nos sale un 1,4, eso es lo
que nos sale de proporcionalidad en cuanto a los Presupuestos
Generales del Estado, y un 1,4 es un porcentaje de inversión en la
Administración de justicia que está dentro, como en otras cosas hemos
conseguido, de los parámetros y de la homologación con el contexto
europeo.
En el mismo sentido, se habla, por una parte, del 37 por ciento y,
por otra, del 57 por ciento acumulado de la proporción que ha subido
el Ministerio de justicia. Pues claro, los dos llevan razón, depende
de qué cifras se manejen. Si usted no tiene en cuenta todo el
entramado de comunidades autónomas, transferencias, etcétera, le sale
el 37, pero si lo tiene en cuenta, le sale el 57 por ciento, es
decir, que no son contradictorios. Si tiene en cuenta lo que tiene
que tener en cuenta, sale el 57 por ciento.
Presupuesto insuficiente. Ya estamos viendo que no, entraremos con
mayor profundidad. Poca estima a los ciudadanos del país. La estima a
los ciudadanos del país se nota en la consideración que se les tiene
a la hora, de iniciativas legislativas y del coste político que puede
tener una iniciativa legislativa que, en pro de los ciudadanos, puede
tener para un determinado grupo un coste importante. Con poner la Ley
de Enjuiciamiento Civil sobre la mesa me parece que es suficiente. Se
habla de la consideración de los ciudadanos, del derecho a la tutela
judicial efectiva y del coste que eso puede tener también para un
Gobierno. Tendríamos que hablar de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa y de cómo se reformó en nuestro proyecto
respecto al de ustedes el control de los actos políticos del Gobierno
respecto al ciudadano. Y si se habla del ciudadano tendríamos que ver
otras leyes de naturaleza sustantiva, que no sé a quién van
dirigidas, como, por ejemplo, la protección del consumidor en las
condiciones generales de contratación, la protección de los
adquirentes de la multipropiedad, mal visto por mi parte,
técnicamente de aprovechamiento oportuno de bienes inmuebles, o la
protección del consumidor en la ley de ventas a plazos de bienes
inmuebles, etcétera.
Asignatura pendiente porque no hemos entrado en un pacto de Estado
sobre la justicia. Esto no es cierto, esto es invertir también la
carga de la prueba. Lo tengo que decir, muy seriamente. En absoluto,
y la demostración más palpable ha sido precisamente la Ley de
EnjuiciamientoCivil, donde tanto el Ministerio como el Grupo
Parlamentario
Popular han dado muestras más que sobradas de lo que debe ser el
consenso, de lo que debe ser el acercamiento, de lo que debe ser oír
las enmiendas ajenas, de lo que debe ser integrar esas enmiendas en
un mismo proyecto, en el que, al parecer, todos coincidimos que es
fundamental que una vez por todas se haga. Aquí se ha dicho
reiteradamente. Y sólo por motivos que algún parlamentario, brillante
por cierto, puso de manifiesto sobre la mesa en la votación del pleno
del Consejo, sólo por motivos políticos, sólo por ese tipo de motivos
no alcanzó la mayoría suficiente la Ley Orgánica que acompañaba a la
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya repercusión yo no quiero minimizar,
pero no quiero engrandecer más allá de lo que es. No me cuente
historias, yo sé a lo que afecta perfectamente; afecta a los recursos
extraordinarios fundamentalmente y sobre todo, y dentro de los
recursos extraordinarios, a la casación. Si no puede salir la ley
orgánica, que cierra congruentemente el sistema, lo que ocurrirá
probablemente es que el Tribunal Supremo conozca en casación no sólo
de la infracción de ley, sino también de la infracción procesal. Como
aquí hay también, como usted bien sabe, opiniones para todos los
gustos, lo que no se puede hacer no se puede hacer, pero eso no
minimiza ni mucho menos: la Ley de Enjuiciamiento Civil es flor de un
día. Si lo que me va a decir es que se ha vendido un éxito en lo que
no lo es, yo diría que al contrario: se ha vendido un fracaso en lo
que no lo es; exactamente lo contrario. Eso es lo que ha ocurrido. Y
se ha empañado que es la aprobación de una ley histórica, sin duda la
más histórica de todas, que se ha aprobado al completo prácticamente
con una oposición en la ley orgánica que no se ha permitido que viera
la luz.
Hacía referencia a lo general y ahora voy a lo más concreto. En
cuanto a las necesidades de que se apruebe la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor, coincidimos absolutamente. Hay una dotación -luego
haré algunas precisiones-, aumentando muchísimo más incluso las que
ha habido en presupuestos anteriores, relativas a plazas de jueces
y magistrados y a nuevos órganos jurisdiccionales, que también
repercutirían en la futura ley del menor, pero la apuesta por la ley
del menor tiene que venir por un sistema mucho más complejo del que
supone que tenga voluntad política el Ministerio de Justicia. En
primer lugar, la previsión de aprobación de la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor, que ojalá -y estamos por la labor- se apruebe en
esta legislatura. Es una ley con un año de entrada en vigor, por
tanto, de cara a su aplicación, al año 2001 y por tanto no vamos a
hacer unas previsiones que luego se desmonten porque, entre otras
cosas -y ya lo he repetido varias veces-, hay que ponerse de acuerdo
con las comunidades autónomas, que también tienen que hacer una
inversión importante aquí, y con los propios ayuntamientos.
Entrando ya en la respuesta a otras preguntas, me voy a centrar en
las relativas al programa 142.A, el más relevante, de relaciones con
la Administración de justicia, -me pregunta S.S. si se recogen- los
aumentos de jueces y magistrados y del fiscal general del Estado, y
qué hay de la ley de retribuciones. Me encanta contestarle porque
precisamente he estado presente en las negociaciones con las
distintas asociaciones judiciales, negociaciones que no sólo va a
haber con las distintas asociaciones judiciales, sino
también con los sindicatos en lo que se corresponde con el personal
auxiliar de la Administración de justicia. Esto no va a ser sólo una
visión única para jueces y magistrados, sino también para fiscales,
personal de la Administración de justicia, secretarios judiciales,
etcétera.
El compromiso fundamental de este Gobierno es, de una vez por todas,
que lo que desde hace 14 años -como en otros temas, porque hace mucho
tiempo que no se desarrolla una ley de retribuciones, que es lo que
había previsto la Ley Orgánica del Poder Judicial- no se ha resuelto,
se haga. Nuestra aspiración, lo más consensuado posible, es que antes
de que termine esta legislatura tengamos un anteproyecto de ley de
retribuciones que haga que en el próximo período -donde mucho más
probablemente de lo que usted dice, seamos nosotros los que
gobernemos- se lleve a cabo el desarrollo y la aprobación de la ley
de retribuciones. Nosotros no hemos puertas al campo, ni entrada en
vigor ni si tiene efectos retroactivos o no, pero creemos que ése es
el camino más solidario para los funcionarios. Ya sé que los jueces y
magistrados son peculiares, pero todos son funcionarios y el resto es
también personal de la Administración de justicia. ¿Se refleja en el
presupuesto algún aumento de los jueces y magistrados? No. Se refleja
el 2 por ciento. Eso es lo que ha dicho la ministra, que es cosa
distinta a entender -que también se ha entendido- que hay una
negativa absoluta a subir los sueldos a jueces y magistrados. No. Se
le ha preguntado: ¿Hay alguna previsión presupuestaria? Ha dicho: No.
Ahora mismo, en los presupuestos no hay ninguna previsión de aumento
ni para los jueces ni para los magistrados ni para los técnicos del
Ministerio ni para los profesores, universitarios o no, ni para
nadie. 2 por ciento para todos. Fiscal general del Estado. Le digo lo
mismo: 2 por ciento. Esa es la previsión que hay en el presupuesto.
¿Qué hicimos? Fuimos correa de transmisión entre la Junta de fiscales
de Sala, que pone de manifiesto una incoherencia -se diga lo que se
diga- y es que hay un artículo del estatuto del ministerio fiscal, si
mal no recuerdo el 31, que viene a decir que serán idénticas las
remuneraciones del presidente del Tribunal Supremo y las del fiscal
general del Estado. La Junta de fiscales de Sala nos dice que esto no
se está cumpliendo. Pues bien, nosotros transmitimos ese hecho al
Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría. Ustedes, en el
Parlamento, tendrán que valorar si lo estiman oportuno, porque ahora
mismo la previsión para el ministerio fiscal es del 2 por ciento.
Me hablaba de un incremento de altos cargos desproporcionado. No he
entendido bien, no sé si en la réplica me lo podrá aclarar. Pero ojo
con un error que suele haber, quizá por las denominaciones que se
emplean. Yo tampoco estoy de acuerdo con esas denominación, pero es
que hay muchas veces que no hay donde meter las cosas. En cualquier
caso, si ha habido un aumento de algún tipo en lo que son los altos
cargos del Ministerio, yo al menos no me he enterado y sigo teniendo
la misma nómina. Eso por una parte. Ahora bien, lo que ocurre es que
se suele incluir entre los altos cargos a los magistrados del
Tribunal Supremo, y éstos sí tuvieron una subida importante en su
momento. No digo yo que sea lo más adecuado y no sé hasta qué punto
hay que considerarla en este concepto. Probablemente haya
otras dificultades presupuestarias, técnicas -supongo yo-, para no
incluirlo en otro lado.
Dotaciones personales. A mí, cuando se pone en duda si las dotaciones
personales se han llevado a la práctica, si se han cubierto,
etcétera, me pasa como con las obras, que creo que la cosa está
clarísima. Vamos a ver si puedo dar una información de una vez por
todas en este tema, porque se me pregunta cuál es la cobertura real
para 1999, el año pasado se me preguntó la de 1998, etcétera.
Respecto a la cobertura, quiero decir la creación de las plazas (que
es lo que nosotros tenemos que hacer, poner la plaza y el dinero), se
han creado absolutamente todas las previstas. Si hay alguna vez algún
cambio -que alguno hay-, es porque en la Comisión Mixta Consejo
General del Poder Judicial-Ministerio de Justicia, donde nos ponemos
de acuerdo y vemos las necesidades, el Consejo nos dice que,
reflexionando sobre el tema, no era tan importante que hubiera, por
ejemplo, diez jueces de instrucción y que es más importante que, de
esos diez, haya dos de primera instancia y en tales sitios.
Afortunadamente (y está sirviendo de mucho esa Comisión Mixta Consejo
General del Poder Judicial-Ministerio de Justicia), nos solemos poner
de acuerdo, atendemos los requerimientos del Consejo y no hay ningún
problema para crear las plazas. Cosa distinta (para distinguir
conceptualmente) es la cobertura de la plaza por profesionales,
indudablemente. Pero no me lo pregunte usted a mí, sino al Consejo
General del Poder Judicial, porque nosotros no somos los que
fabricamos los jueces, en absoluto; al contrario, hemos colaborado
muy estrechamente en la Comisión a la que me he referido antes para
que, por ejemplo, en los juzgados de lo Contencioso-administrativo,
para los que sin duda ha habido creaciones masivas, se fueran
resolviendo los problemas con cierta antelación para que hubiera
titulares profesionales de esos juzgados. Y en los casos en los que
era absolutamente imposible, que se recurriera a uno de los turnos
para cubrir esa plaza con especialistas en derecho administrativo o,
incluso, alguna comisión de servicio. Nosotros ponemos las plazas, lo
que ocurre es que algunas veces ponemos tantas que es difícil
cubrirlas. Por eso, el presidente del Consejo General del Poder
Judicial ya está planteando reducir el tiempo en la escuela judicial,
cubrir 400 plazas para el año no sé cuántos, etcétera. Efectivamente,
hay más de 300 plazas que están creadas y sin cubrir por
profesionales. Y tenemos el problema de los sustitutos, que está ahí
y que habrá que arreglarlo, indudablemente entre todos, como se nos
dice en la Comisión Mixta Consejo General del Poder
JudicialMinisterio de Justicia.
Por dar cifras más concretas sobre el tema de plazas, le puedo decir
que, en 1996, el Libro Blanco de la Justicia reclamaba 300 jueces y
magistrados más y en 1999 ya había 334 jueces y magistrados más. Es
decir, se habían superado esas previsiones. En 1999, el presidente
del Consejo General del Poder Judicial volvió a reclamar 352 nuevas
plazas a crear en un horizonte de cuatro años y en el año 2000 se
habrán creado 152, lo cual significa el 43 por ciento, cerca de la
mitad, en un horizonte de un año, no de cuatro. Los datos, en
general, los tienen ahí. En este año se vuelven a crear muchas más
plazas: 1.384, en todo el ámbito de la Administración de justicia,
1502, ya lo he dicho
antes, de jueces y magistrados; 36 nuevas plazas de fiscales, que
también es importante, 139, de secretarios judiciales, 46, de médicos
forenses, que vendrán muy bien para cubrir las necesidades de la ley
de responsabilidad penal del menor; y 1.001 más, que se reparten
entre oficiales, auxiliares y agentes judiciales.
Si usted compara los datos de la última legislatura o la anterior con
los de ésta, verá que la diferencia es tremenda; entre 135 plazas
aproximadamente y 523 hay una diferencia abrumadora, me lo ponga como
me lo ponga. Si eso no es invertir en medios personales, entre otras
cosas, en la Administración de justicia, yo ya no sé qué va a ser
invertir. Y si éste es un presupuesto tímido en eso, yo no sé cuáles
son los presupuestos que no lo son, porque yo, desde luego,
retrospectivamente, no he conocido ninguno que lo supere. Únicamente
hay un año, 1990, si mal no recuerdo, que sube un poco más la
estadística, pero que tampoco tiene comparación con la de la
legislatura actual. (El señor vicepresidente, Cárceles Nieto, ocupa
la Presidencia.)
La violencia doméstica era otro de los temas sobre los que me había
preguntado e incluso me había pedido datos concretos sobre las
oficinas relativas a ella. El horizonte de creación de oficinas para
terminar en el año 2000 sería llegar a un total de 53, pero les voy a
decir cuántas son las oficinas creadas y las que se crean en 1999. En
1998, se crearon ocho oficinas, en Oviedo, Zaragoza, Albacete, León,
Valladolid, Murcia, Burgos y Palma de Mallorca; en 1999, funcionan ya
19 oficinas más, en Madrid, Logroño. Pamplona, Toledo, Badajoz,
Ceuta, Melilla, Huesca, Teruel, Salamanca, Zamora, Santander,
Palencia, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real; recientemente también se
han puesto en funcionamiento oficinas en Ávila, Segovia y Soria, y en
este momento se están realizando gestiones para abrir oficinas, antes
de fin de año, en Gijón y en Mérida. Repito que, en el horizonte del
año 2000, llegaremos, de las 29 que habrá el presente año, a 53. Por
primera vez (y agradezco las felicitaciones en ese sentido) hay una
partida relativa a la violencia doméstica de, si mal no recuerdo, 76
millones de pesetas, que son para ir un poco más allá, incluso, de la
creación de las meras oficinas. Ese más allá es para tener la
posibilidad de recabar también servicios externos como, por ejemplo,
colegios de abogados, de psicólogos, asociaciones de mujeres y de
víctimas, ayuntamientos, etcétera. Por tanto, va a haber una partida
presupuestaria para que las personas que se encuentran en esa
situación puedan recibir un asesoramiento especial.
Siguiendo por orden lo que se me ha preguntado, que en gastos
corrientes en bienes y servicios hay unos incrementos acumulados del
40 por ciento, porque llegó un momento en que los juzgados no tenían
papel ni bolígrafos. No, ahí hay que distinguir. Efectivamente, hubo
algún momento en que algunos juzgados no tenían ni papel, ni
bolígrafos, ni «BOE», ni nada. Precisamente en alguna comunidad
autónoma que tuvo transferencias, como Andalucía; no en otras que
también tienen transferencias, pero sí en ésa, hubo esa carencia
concreta. Los gastos son los que son y, teniendo en cuenta que la
creación tanto de nuevos órganos jurisdiccionales como de plazas ha
sido espectacular en estos años, los gastos han tenido que subir
algo. Pero no se olvide lo que corresponde a su gestión anterior,
nosotros heredamos una deuda cercana, si mal no recuerdo, a los
15.000 millones.
Incluso tuvimos que tirar de algún decreto-ley para subsanar esa
deuda. Ahora no tenemos deudas. Se va pagando absolutamente todo.
Nadie, si es que nos suceden en el Ministerio de Justicia, se va a
encontrar con las deudas acumuladas que ustedes tenían y ahora está
ajustado perfectamente el gasto en estas partidas al número nuevo de
órganos jurisdiccionales, al número nuevo de plazas de jueces y
magistrados, etcétera. No creo que en estos momentos, salvo alguna
mala gestión de alguna gerencia, que todo puede ocurrir, a nadie le
falte papel ni bolígrafos.
Incrementos en arrendamiento. Indudablemente, este incremento es
porque se crean nuevos órganos jurisdiccionales, se ponen a funcionar
y algunas veces, cuando no es posible tener un edificio que sea
propiedad del Ministerio, hay que ajustar nuevos arrendamientos. Sólo
el coste, y no lo recuerdo ahora, de lo que pudo suponer el edificio
de la Gran Vía para los juzgados de lo Contencioso-administrativo,
les dará una idea de por qué hay partidas que se aumentan.
Me dice que se aumentan las contrataciones a terceras personas. No sé
si se refiere a un concepto que, quizá, por su denominación puede
hacer pensar que son contratos con terceros, ajenos a la
Administración pública, para determinados fines. Los fines de esa
partida que usted cita son los de seguridad y limpieza de órganos
jurisdiccionales. Vienen bajo ese concepto. El presupuesto es el que
es y se refiere a lo que necesitan para seguridad y limpieza los
nuevos órganos y la nueva reestructuración de órganos
jurisdiccionales.
Jurado. Volvemos a incluir 270 millones en el Jurado. Más que de
sobra. ¿Sabe usted, hasta septiembre, cuánto se ha gastado en el
jurado? 60 millones. A no ser que haya muchísimos más juicios de
jurado, que no son de prever, será suficiente. Yo sé que ustedes
hicieron una previsión, una previsión que estaba fuera de la
realidad, unos mil y pico juicios al año con jurado. Yno ha sido así.
La realidad es la que es. Por eso, con 270 millones hay más que
suficiente e incluso nos sobrará.
Indemnizaciones por razón del servicio. No sé si se está refiriendo
al aumento en la partida correspondiente al Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia. (El señor Villarrubia
Mediavilla: Artículo 23, en el programa principal.) Artículo 23,
dice. Tenía duda. Hay un cierto aumento en el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia, porque se aumentan mucho
los cursos y el número de alumnos. Los alumnos son jueces, fiscales,
secretarios y la indemnización por este tipo de cosas aumenta
extraordinariamente.
Gastos financieros. Efectivamente, éste es un concepto nuevo que
aporta más transparencia. Me parece que incluye cinco millones de
pesetas. Esos gastos financieros son los gastos por intereses de
demora que se originan por ejemplo cuando se tarda en pagar a los
constructores que hacen la obras, etcétera. Eso, que es una partida
mínima, porque pagamos muy puntualmente, es inevitable. Todos los que
han gestionado temas de infraestructura saben que en algún momento
hay pequeños retrasos y que hay unos intereses de demora que hay que
pagar. Están donde deben estar y con el nombre que deben estar; antes
estaban en pagos de infraestructura en términos generales y ahora es
más transparente el presupuesto.
Cobertura de las agrupaciones de los juzgados de paz. Este año se han
creado otras 120 agrupaciones de juzgados de paz. Yo le podría dar
datos sobre la creación de todas esas agrupaciones, pero casi es
mejor que se los mande por escrito. No hay ningún problema, se han
ido creando las agrupaciones correspondientes y este tema tiene un
tratamiento preferente por el Ministerio. Cosa distinta, y me
adelanto, por si luego me dice otra cosa, es la problemática o no, en
torno a los juzgados de paz que existen, con el personal; unos son
interinos, otros funcionarios, unos que están en juzgados de paz de
menos de 7.000 habitantes y otros de más de 7.000. Le digo esto
porque el otro día contesté una pregunta, a requerimiento de su grupo
precisamente, en el Senado y se amplió mucho la información. Podría
remitirle a esa contestación para no manejar más datos de los
debidos.
Que yo sepa, no se disminuye la transferencia al Consejo General de
la Abogacía para los procuradores. Se aumenta. Hay un aumento
correspondiente, entre otras cosas al IPC. También están las
previsiones que se van haciendo sobre todo por la aplicación de la
ley de justicia gratuita y por la aplicación de las comisiones de
justicia gratuita, etcétera. Son las que son. Ya sé que algunos
pensaban que iban a ser más. Por tanto, no veo ningún problema en ese
sentido.
Desglose de costes y gastos de las comunidades autónomas. Tengo los
datos de lo que se ha transferido en 1999, incluso por partidas, si
quiere se los leo, pero va a ser mejor que se lo envíe por escrito.
Insisto en que nosotros estamos lejos de tener que ocultar nada. Todo
lo contrario, porque luego las cifras globales nos favorecen.
Por lo que se refiere al plan de violencia doméstica creo haber dado
ya cumplida referencia. En objeción de conciencia disminuye la
partida presupuestaria. Esto tiene como base fundamental el hecho de
que se transfieren a las subdelegaciones del Gobierno lo que son
servicios periféricos de la Dirección General de Objeción de
Conciencia. Supone una transferencia de menor coste y, por tanto,
menos necesidad de que esté en el presupuesto. En cuanto a los datos
que me piden de números reales de objetores, efectivamente -y lo ha
puesto de manifiesto el señor Ollero- hay una errata en la memoria.
Se habla de que están pendientes de incorporarse 250.000, cuando en
realidad son entre 25.000 y 35.000. El dato oscila de mes a mes,
pero, aproximadamente, los objetores de conciencia pendientes de
incorporarse serán algo más de 30.000. De tal manera que a fecha de
30 de abril de 1999 se encuentran realizando la prestación social
sustitutoria 102.551 objetores. Me parece que es el dato que se me
pide. Quedan pendientes de incorporarse alrededor de treinta y tantos
mil. Se prevé que se van a incorporar durante el ejercicio de 1999
unos 150.000; se va a llegar a esta cifra. En cuanto a plazas
disponibles, que están creadas, de objeción de conciencia -y ya
respondo también a otros grupos parlamentarios-, hay 130.342 puestos
de actividad. Se reparten de la siguiente forma: en entidades
públicas, 77.000, aproximadamente y en entidades de carácter privado,
unos 53.000.
En cuanto al presupuesto, después de la reorganización de las
oficinas correspondientes de la Dirección General de Objeción de
Conciencia, después de la informatización y después de una mejor
gestión -que incluso va a estar compartida en algunos casos con las
comunidades autónomas,
y me parece que son trescientos y pico millones los que se
transfieren para ese tema- lo que está claro es que el coste por
objetor hoy día es muchísimo menor que en la legislatura anterior.
Por poner un ejemplo, en el año 1995, el coste por objetor -y esta
pregunta se me ha hecho también por el diputado Ollero- era
aproximadamente de unas 85.000 pesetas, y en el año 1999, en este
momento, es de unas 25.000 pesetas. La gestión se puede comparar sin
ningún problema.
Formación de personal de la Administración de justicia. Si quiere
usted algún dato relevante -antes me parece que se lo he dicho-, me
tengo que referir al aumento que se produce, que es un 116 por ciento
en gastos corrientes, en bienes y servicios. Ese aumento se debe
fundamentalmente a las indemnizaciones por razón del servicio,
digamos que al aumento de cursos y de alumnos que se ha producido en
el Centro de Estudios de la Administración de Justicia. También hay
una transferencia que de alguna manera estaba antes en la
Subsecretaría y que asume el Centro de Estudios de la Administración
de Justicia para impartir los cursos, por una parte, de formación
inicial, a los que van ganando oposiciones en el ministerio fiscal,
secretarios, etcétera, y, por otra parte, de formación continuada. Se
han aumentado mucho los cursos. Incluso hay una memoria anual del
Centro, que si a usted le interesa, le puedo remitir. Por ejemplo, en
este año, tenemos 19 cursos de formación inicial, 201 de formación
continuada y 63 cursos descentralizada es decir, que no se realizan
en Madrid.
Agencia de Protección de Datos. La disminución del presupuesto, que
es, si mal no recuerdo, 25 millones de pesetas, en inversiones
reales, es porque hubo una aplicación y una inversión fuerte en años
anteriores en la renovación del parque informático. Ese parque ya
está, ya no es necesario más dinero y esa es la razón de que ahora
disminuya justo en esa proporción.
Me voy a referir al diputado señor Cuesta, en el tema de asuntos
religiosos. Hay que distinguir dos cosas. Hay una parte a la que le
puedo responder con pelos y señales sin ningún problema, que es la
última, la relativa al programa 141. B en el capítulo I4, en cuanto a
las inversiones que se hacen en materia de libertad religiosa, y hay
otro tema al que no le puedo responder, porque ocurre otra cosa que
también hay que explicar. Esta intervención suya - digo a efectos de
competencia de cada cosa- hubiera sido estupenda en 1994, porque en
el proyecto de presupuestos de 1995 fue el último año en que se
consignó la asignación del Estado a la Iglesia católica en el
presupuesto del Ministerio de Justicia. Pero ahora esa consignación
no va y, por tanto, no voy a decir que no tenemos que ver nada, que
eso tampoco es cierto, sino que no es competencia nuestra. Esa es la
realidad. Incluso los datos no se los puedo facilitar, porque los
tiene Economía y Hacienda. Quizá hubiera sido más propio hablar de
esto en la Comisión de Presupuestos, pienso yo, que en la Comisión de
Justicia. Ahora bien, de lo que es competencia nuestra y en lo que se
refiere a lo que me ha planteado antes en ese capítulo 4, del
programa 141.B, le puedo decir lo siguiente. Hay que distinguir, en
transferencias corrientes, dos partidas: una algo más importante, la
481, para actividades relacionadas con el estudio, promoción y
defensa de la libertad religiosa,
8 millones, y otra, la 494, que es para la IRLA, 1.500.000 pesetas.
Voy a explicar puntualmente cada cosa.
Por las relaciones que por razón del cargo he podido tener con
distintos líderes de comunidades religiosas, incluso con las más
extendidas en el mundo y más mayoritarias, es un orgullo decir que
hoy día se pone a España como punto de referencia -y en esto todos
tenemos corresponsabilidad- de lo que debe ser una legislación y su
aplicación y las políticas que se aplican de libertad religiosa en el
mundo. Así lo han comunicado expresamente algunos líderes religiosos,
no sólo de la Iglesia católica, sino también de otras confesiones
mayoritarias en reiteradas ocasiones y ha habido una actividad muy
importante que ha hecho de nuestro país punto de referencia también
en las actividades que se han desarrollado, quizá porque nosotros
tengamos históricamente, en algunas ciudades, algunas muy cercanas
a mí, como se comprenderá, por ejemplo Granada o Toledo, condiciones de
tolerancia y de convivencia de muy distintas religiones.
La asignación de los 8 millones, fundamentalmente es como sigue:
programas determinados que salen convocados en el «Boletín Oficial
del Estado» por concurso público, atribuyéndose las correspondientes
ayudas económicas. ¿Para qué? Por una parte, hay un viaje de niños de
enseñanza secundaria, que son seleccionados mediante concursos en
escuelas y colegios de toda España, pertenecientes a las religiones
católica, evangélica, islámica y judía, igual número de niños de cada
religión, para visitar juntos lugares históricos españoles que han
sido marco de situaciones de convivencia y pluralismo religioso. Ya
he puesto antes algún ejemplo. Además, hay también un concurso, que
se convoca en el «Boletín Oficial del Estado», para investigaciones
técnicas y científicas sobre el tratamiento normativo de la libertad
religiosa en todos los países y en las principales organizaciones
internacionales. Por cierto, está a punto de salir un libro
interesantísimo sobre la regulación en todas las constituciones del
mundo, de la libertad religiosa; me parece que merece la pena apostar
en ese sentido.
De paso -y se me había olvidado antes- le contesto a lo del anuario
de derecho eclesiástico del Estado, no de derecho canónico, porque la
asignatura en los planes de estudio de derecho se llama derecho
eclesiástico del Estado. Efectivamente, y el diputado Ollero lo ha
dicho antes, hay tradicionalmente en el Ministerio unas publicaciones
de gran categoría científica y ya casi centenarias en algún caso. Se
siguen editando, son varios anuarios, como el de derecho civil, el de
derecho penal, el de historia del derecho, el de filosofía del
derecho y el de derecho eclesiástico del Estado. No sé si me salto
alguno más. Son publicaciones clásicas del Ministerio, de siempre,
diría yo, que hemos mantenido porque creíamos que la apuesta por lo
científico también tiene su valor en el comentario de leyes y en el
trabajo de investigación y nosotros no hemos entrado prácticamente en
la estructura de dirección de cada uno de los anuarios porque
normalmente en la filosofía del derecho, historia del derecho,
etcétera, hemos respetado lo que las asociaciones de profesores y
científicos correspondientes nos han ido diciendo; en unos casos
coincidirá con unas personas, en otros coincidirá con otras, pero
puedo asegurar que ahí nosotros ni quitamos ni ponemos.
Finalmente la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa
tiene millón y medio. Esto es nuevo este año. Esta ONG es quizá la
más importante del mundo, está reconocida por Naciones Unidas, su
actual presidente curiosamente es un obispo luterano, el obispo
luterano de Oslo, y van a hacer su congreso internacional en España.
Se nos ha solicitado una ayuda concreta para que ese congreso sea un
encuentro de muy distintas religiones de muy distinta procedencia.
Esta prestigiosa asociación internacional, como digo, va a celebrar
su congreso en España y la aportación que va a hacer el Ministerio de
Justicia va a ser de un millón y medio.
Yo ya no sé si contestarle, por aquello de las asociaciones, señor
Villarrubia, al tema de Justicia en el Mundo. Le expliqué el año
pasado que es, con diferencia, la asociación de magistrados más
importante del mundo. A mí me da igual, se lo digo de verdad, que
sean más cercanos a la asociación profesional o a la otra o a la de
más allá, me da igual. Esto es como si de alguna manera tuviéramos
que relacionarlo con la asociación internacional de abogados, que es
la que es. Tiene más de 100.000 magistrados de cinco continentes y ha
tenido la suerte en algún de momento de que su presidente fuera un
español, lo cual es muy prestigioso, y daba la casualidad de que
pertenecía a la asociación profesional de la magistratura. Tampoco es
tanta casualidad, porque, como es mayoritaria, lo lógico es que salga
elegido alguien de esa asociación. Esto es como es. ¿Sabe usted a qué
se dedica ese dinero? Se dedica a un premio superprestigioso que da
esa asociación mundial a un jurista; ya le puse algún ejemplo el año
pasado, le puse el ejemplo de Su Majestad el Rey Simeón de Bulgaria y
de don Mario Soares. (El señor Castellano Cardalliaguet: ¿Es que hay
algún rey en Bulgaria?)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señorías, no mantengan
diálogo, por favor.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Es que
soy monárquico. Estoy con los tratamientos y el tratamiento es el que
es. (Risas.)
Voy terminando, porque no quiero alargar la intervención, aunque se
me han hecho muchas preguntas, por lo que no es mi culpa. Señor
Ollero, efectivamente alguno de los datos que usted quería contrastar
-voy rápidamente- en mi consideración son ciertos. Ya he explicado
antes la diferencia entre el 37 y el 57 en cuanto al incremento
acumulado en el presupuesto del Ministerio de Justicia. En cuanto a
la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ley más importante, les puedo
decir que de las 526 plazas, aproximadamente el 80 por ciento son de
jueces civiles, de juzgados de primera instancia e instrucción; pero
por darles un adelanto de lo que pueden ser las plazas de jueces y
magistrados de cara al año 2000, diré que la ley que en este momento
reforma la Ley de Demarcación y Planta está todavía en el Parlamento,
pero esa va fundamentalmente a juzgados de lo penal, juzgados de lo
contencioso-administrativo -se ha preguntado antes- y juzgados de lo
social; por ejemplo, en este caso de juzgados de lo
contenciosoadministrativo queda parte por completar para el 2000,
porque en este momento hay creados 154, luego se crearán veintitantos
y diez de esos veintitantos van para juzgados
de lo contencioso-administrativo descentralizados que están en la
ley, que espero que salga a tiempo para aplicarlo en el año 2000, por
ejemplo, Algeciras, Jerez de la Frontera, Gijón, Elche, Mérida,
etcétera.
Estas son previsiones que tenemos que contrastar en la Comisión Mixta
Consejo General del Poder JudicialMinisterio de Justicia, pero
siempre hay conversaciones previas, hay una orientación. Pero de cara
al 2000, la aportación más importante, con cierta diferencia -serían
alrededor de treinta y tantos-, sería para juzgados de primera
instancia. Lo que pasa es que cuando se quiere se confunden las
palabras, porque ya se han visto posibles contradicciones -por lo
visto parece que las hay pero luego no lo son- entre lo que dice el
diputado señor Ollero y la ministra de Justicia. Para llevar a cabo
la ley de enjuiciamiento civil -porque lo que se pretende es que haya
más agilidad, más rapidez y también menos trabajo-, tendrán que tener
menos trabajo, a lo menor no son necesarias tantas plazas. Pero ese
no es el tema. Lo que dice la ministra es que con el desarrollo de la
planta -Ley de Demarcación y Planta-, que la estamos desarrollando
todavía, hay para poner en marcha la ley de enjuiciamiento civil, no
con el número de juzgados que hay ahora. Lo que pasa es que las
palabras se entienden como se quiere. Dice: Con el desarrollo de la
planta, y la ministra es muy técnica cuando dice planta, como
comprenderá. Con el desarrollo de la planta claro que hay juzgados
para llevar a cabo la ley de enjuiciamiento civil más que de sobra y
desde luego, con la dotación del 2000 ya he dicho que va a haber
treinta y tantos que se van a ocupar también de materias civiles. Si
hacemos un examen de lo que se ha creado anteriormente, como decía el
diputado Ollero esas plazas llegan casi al 80 por ciento.
Violencia doméstica e inversiones. Creo que lo he contestado
debidamente. Tengo -lo digo por si alguien quiere que se lo remita,
no tengo ningún problema y lo expuse el otro día en el Grupo
Parlamentario Popular- una adenda con todas las inversiones por
comunidades autónomas, provincias, ciudades, etcétera, y se ve cuáles
son las inversiones. Así es más fácil ver si se cumplen o no. Digamos
que son muy dispersas, en el sentido de que hay que ir quitando las
que ya tienen transferencias. Por cierto, ahora me acuerdo de un tema
de transferencias, sobre todo a Cataluña, que tengo que citar porque
no lo había hecho. Permanece esa cantidad y le diré que va desde 649
millones en Asturias, a 1.300 en Castilla y León, a 734 en Murcia, a
980 en Baleares, etcétera. También están a su disposición las
inversiones para que se puedan ver.
El tema de mantener una especie de transferencia a Cataluña es porque
está claro que, entre los sistemas posibles, ellos tienen otro
sistema, curiosamente, que es que cada vez que se crea un nuevo
órgano jurisdiccional -un órgano jurisdiccional suele tener un coste
aproximado de 26 millones si es unipersonal- se le transfieren a
Cataluña las cantidades correspondientes a la creación de ese órgano
jurisdiccional y como creamos tantos, hay que transferirles todos los
años esa cantidad. Ese es un sistema que está pactado, que no es el
mismo que tiene, por ejemplo, la Junta de Andalucía, que asumió esa
creación y hacerse cargo del coste con su sistema, pero que, no
obstante, nos reclama lo mismo que Cataluña. Eso sí que tiene gracia
-lo tengo
que decir de camino- porque luego parece que el dinero no llega
porque no se gasta en lo que se tiene que gastar.
Ya le he dicho el coste por objetor y también me he referido al
número de vacantes. En cuanto a la informatización de órganos
jurisdiccionales y ministerio fiscal, voy a ser muy breve, aunque
podría dar una explicación mucho más amplia. Le diré que la
informatización de órganos jurisdiccionales ha sido espectacular en
los últimos años. Me parece que son 1.010 órganos jurisdiccionales
informatizados en este momento, pero con un sistema de
informatización, ese que se llama Libra, que no es el mismo sistema
que había anteriormente, que era el Inforius, si mal no recuerdo. El
Inforius consistía en aplicar el tratamiento de texto, la máquina de
escribir al ordenador y punto. Este es un sistema mucho más complejo
que permite la informatización en profundidad de la Administración de
justicia y de la Oficina Judicial, además de la interconexión, que va
a ser muy importante para el ciudadano que esté en otra ciudad y
quiera tener informe, en definitiva, noticia de su pleito. Ese
sistema de información, al que se le llama también judicial, es más
complejo, y de ahí que algunas veces, por esa complejidad, el
funcionario se resista en principio a su aplicación, por lo que se le
tienen que dar cursos de conocimiento de ese sistema. Pero cuando
pasan unos meses, hemos comprobado que se adaptan perfectamente y no
hay ningún problema. Se va a aplicar también al ministerio fiscal
pero en lo que se llama información fiscal. Es decir, el ministerio
fiscal en este momento está informatizado en todo lo que es el orden
penal, que es el 80 por ciento de sus competencias, pero para esa
informatización -últimamente hemos remitido 150 PC con CD ROM,
etcétera, al ministerio fiscal- hay una previsión de 600 millones de
pesetas para las fiscalías, es decir, para aplicación de los demás
órdenes y la interconexión entre las fiscalías y los juzgados y todo
el entramado de la justicia. Eso requiere una aportación muy fuerte,
que va a ser aproximadamente de 600 millones.
Sobre los registros civiles, ya lo he aclarado y comentado antes y
sobre la objeción de conciencia y de anuarios, que es lo último que
tengo anotado, también. Señor presidente, por mi parte, en esta
primera instancia, he terminado.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Van a hacer uso de un
segundo turno. Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, agradezco muy
sinceramente, sin ninguna reserva, al señor secretario de Estado la
información que nos ha suministrado y sobre todo le agradezco el
punto del que arranca, que es la presteza en el juego del regateo y
en driblar, en la que quiere homologarse con el señor Ollero. Lo ha
puesto de manifiesto, porque solamente desde esa perspectiva se puede
entender que para algo tan sencillo como es separar el presupuesto
del ministerio fiscal del de los tribunales tenga que acudir a la
complejidad del resto de la moción. El resto de la moción no es que
sea complejo, sino que es un presupuesto político distinto. Pero no
pasa nada, el ministerio fiscal puede seguir igual que está de mal,
por cierto, sin cumplirse la proposición no de ley,
pero no pasa nada porque tenga un presupuesto independiente, lo puede
tener. ¿Qué ocurre? Como entendieron ustedes que esa proposición no
de ley o esa moción consecuencia de interpelación no iba a ser
cumplida, ¿para qué iban a quedar en peor lugar cumpliendo sólo una
parte? En fin, no es lo más importante.
Algunos datos que yo he pedido me los ha dado, por ejemplo, en cuanto
al número de magistrados suplentes y su remuneración, pero no así en
cuanto al de jueces sustitutos, porque la contestación que me ha dado
engloba en todas las sustituciones de personal, 1.680, y ahí están
las sustituciones de oficiales, auxiliares y agentes. No, yo quiero
la de los jueces sustitutos, con la intención de ver cuánto nos
cuesta un juez sustituto, cuánto nos cuesta un juez suplente y ver
cómo a través de este mecanismo pura y sencillamente se está
falseando la ley de planta, porque es mucho más barato un juez
sustituto y un magistrado suplente y con este mecanismo nos parece
que tenemos un número de jueces, una ratio de juez-ciudadano, una
ratio de juez-asunto que no se corresponde con la realidad. Lo que yo
quiero, y en esto no le echo a ustedes la culpa, saben ustedes que se
lo he dicho muchas veces, es colaborar con que este Ministerio -que
me da igual cual fuere su color- lleve adelante un avance muy serio
en el aumento de la plantilla.
Le agradezco a usted la aclaración, que me parece muy bien y muy
exacta, de que si hay una vacacio legis -hablamos de la ley de
enjuiciamiento civil y ojalá salga la ley de responsabilidad del
menor; los que estamos en la ponencia vamos a hacer todo lo posible,
y si no es así, no será por nuestra culpa-, de un año, hay tiempo de
sobra. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de irla poniendo
en marcha se piensa: acaba de entrar en marcha, vamos a ir poquito a
poco creando los órganos y siempre, al final, vamos con un enorme
retraso. Esto nos parece bien en la medida en que sus afirmaciones
supongan un compromiso para que el año que viene veamos de forma más
clara cuál es la repercusión que tiene en personal.
Hay una pregunta que no le he hecho antes y, por lo tanto, se la hago
ahora aunque no hace falta que me la conteste. Si cree usted que es
preferible, me envía los datos a través de la Presidencia; no es
necesario que me conteste ahora. Quiero saber en concreto cuántos son
los ingresos que recibe la Administración de justicia por parte de
las entidades bancarias a las que se ha entregado, se ha cedido o en
cuyas manos se ha dejado, ni más ni menos, que la administración de
todos los depósitos judiciales. Esto era un renglón de ingresos que
tenía la Administración de justicia a través de la Caja general de
depósitos y en este intento de privatización hasta de los bienes
públicos quiero saber, porque parece ser que esto se hace mediante un
concurso, para compararlo, si tenemos los datos que representaba
históricamente estar disponiendo de ingentes cantidades en metálico,
como eran fianzas, cantidades depositadas para responder de embargos,
incluso hasta las cantidades para en un momento determinado
participar en subastas.
En cuanto al sistema informático tan complejo que ustedes han puesto
en marcha, ya que el anterior, como usted dice, era puro tratamiento
de datos, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Fíjese usted si
será complejo que en Plaza Castilla hay juzgados que llevan
veinticuatro días sin
poder utilizarlo; debe ser complejísimo, de una complejidad absoluta.
Ahí mi coincidencia con usted es absoluta.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): ¿El Grupo Socialista
comparte turno también? (Asentimiento.) Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Agradezco, como es casi obligado,
además de sentido, la información facilitada por el señor secretario
de Estado, del que tengo que decir, y lo digo de verdad, no en tono
sarcástico, que suele ser riguroso y en casi toda la amplia
información que ha dado ha sido riguroso. Lo que pasa es que hay
algunos aspectos en los que, aunque pretenda serlo y en sí mismo lo
sea, es imposible poder serlo, porque intentan justificar y decir que
es lo mismo lo que decía la ministra a lo que decía el portavoz del
Partido Popular, cuando uno hablaba del 57 por ciento y la otra del
37 de incremento en el total de legislatura; usted sabe que no es
verdad. (El señor Ollero Tassara: De años distintos.) Y no se está
hablando de años distintos. (El señor Ollero Tassara: Sí.) Señor
Ollero, tranquilo.
El señor PRESIDENTE: Respeten el turno de palabra, que turno hay para
contradecir y contravenir. En el turno que corresponda se harán las
manifestaciones pertinentes. Ruego a SS.SS. que no se interrumpan en
el turno de palabra.
Puede seguir, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Deben faltar a la verdad la
totalidad de los medios de comunicación porque ayer dio una rueda de
prensa el señor Ollero, y lo tengo subrayado. Pero no se trata de
debatir ni de entrar en discusión y menos de forma agria, que creo
que no es ni lugar ni momento, ni procede porque sencillamente
estamos cotejando información. Señor secretario de Estado, usted ha
dicho que la ministra tenía rigor en la utilización del dato. Por
exclusión, algún otro portavoz no tenía rigor, al igual que no tenía
rigor cuando hablaba del coste de objetor de conciencia, porque si
usted dice que se han transferido -palabras de la ministra también-
más del 52 por ciento a las comunidades autónomas, no se puede
imputar el gasto dividido por el total dentro de los Presupuestos
Generales del Estado. En cualquier caso, en ese afán histórico, bajan
la cifra del coste que daban en 1998 más del 25 por ciento en
relación a 1999. Pero no es esa la cuestión. Lo cierto es que estas
cifras no reflejan la realidad y hay una contradicción, ni más ni
menos, que del 40 por ciento entre sus portavoces. Porque si
utilizamos términos homogéneos, habrá que utilizarlos en todos los
supuestos, teniendo en cuenta las transferencias o no teniéndolas en
cuenta. Y no estamos hablando de años distintos; el presupuesto de
1996 es el de 1995 prorrogado, como bien conoce.
En cuanto al gasto corriente, sin entrar en temas puntuales, me
remito al conjunto, no a una partida específica. Aludía el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular a que si se utilizaban unas partidas
sí y otras no, y yo me he referido, además de a alguna
individualizada, al conjunto del gasto corriente, que ha
experimentado un incremento de
más del 40 por ciento en términos absolutos; en términos relativos,
probablemente sería el doble por el factor de las transferencias. Los
datos son contundentes, datos de ustedes sobre el presupuesto, que
nada tienen que ver con la opinión sobre las cifras. Les daba, en
concreto, los incrementos de los tres últimos ejercicios en el total
del presupuesto.
Es curioso también que el señor Ollero pregunte hoy. (El señor Ollero
Tassara: Yo no comparezco.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Villarrubia, ruego
que por favor facilite la labor de la Presidencia ajustándose al
Reglamento en lo relativo a estas comparecencias. Si se refiere en su
intervención permanentemente a un señor diputado, no se queje de que
se altere el orden sistemático de la sesión. De manera que si el
señor Ollero, en su intervención primera, ha hecho las
manifestaciones que ha tenido por conveniente hacer en apoyo o en
valoración de la intervención del señor secretario de Estado (El
señor Villarrubia Mediavilla: ¡Y de nosotros!), S.S., en su turno,
puede hacer la valoración que le corresponda sobre la intervención
del señor secretario de Estado. Si entran en la polémica como si
fuese un debate, nos separamos del tratamiento reglamentario que
tienen las comparecencias para los Presupuestos Generales del Estado.
Por lo tanto, ruego a SS.SS. que se ciñan al debate que mantienen con
el secretario de Estado para aclarar todos aquellos aspectos del
presupuesto, pero no para entrar en otro tipo de disquisiciones,
porque si no, será imposible regular mínimamente con orden esta
sesión.
Por lo tanto, hagamos el esfuerzo de recuperar la normalidad del
debate para no entrar en una discusión entre grupos parlamentarios,
que no es el caso de esta sesión.
Puede continuar, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una pequeña observación en cuanto a la cuestión de orden,
y es que precisamente estaba contestando, y si hay alguna
anormalidad, se ha producido con anterioridad, porque el señor Ollero
ha contestado a este portavoz, y si antes no se ha cortado, estaba
dando una pequeña réplica. Sólo voy a dar un dato ya, para no entrar
en debate, y paso a la intervención exclusiva del señor secretario de
Estado, pero es que la cuestión, insisto, no se ha planteado con
anterioridad. No obstante, respeto a la Presidencia y voy a seguir
sus indicaciones.El dato simpático, que no tiene mayor acritud, es
que las preguntas que el señor Ollero formulaba hoy al señor
secretario de Estado las facilitaba ayer en rueda de prensa, lo cual
no deja de ser cómico.
Yendo a la parte seria de la cuestión, señor secretario de Estado,
con el estado de ejecución veremos que no es lo mismo presupuesto
preventivo que consolidado. No voy a utilizar -de verdad que no- las
palabras que ha pronunciado el portavoz sobre faltar a la verdad.
Creo que en ningún momento yo las he utilizado. Con su exceso de
celo, sale defendiendo lo que tiene que defender, entiendo
políticamente, y no le diré jamás que miente o que falta a la verdad,
pero sí que, a mi juicio, los datos no son siempre ajustados y hay
discrepancias.
Dejando esto claro para que no haya malas interpretaciones, tengo que
decir también que no es verdad -y no digo con ello que falte a la
verdad; no quiero insultar- que se facilitara al Grupo Parlamentario
Socialista la información solicitada. Ni se facilitó el año anterior
ni se ha facilitado este año, y eso es falta de transparencia y
ocultación de la información, por mucho que usted diga que esto es
transparente. No se nos ha facilitado, y si no, a ver por qué
conducto se nos ha facilitado. Y se lo recordaré en el debate de
totalidad en el Pleno si cumplen con lo que hoy les hemos pedido
formalmente por escrito, porque constará en el «Diario de Sesiones».
Es importante diferenciar, para no disfrazar la información -con
independencia de que tenga parte de responsabilidad o no el Consejo-,
que no es lo mismo crear plazas que dotar y cubrir las plazas. Porque
si tengo consignación presupuestaria para crear órganos pero no les
doy cobertura, resulta que me quedo con la dotación presupuestaria
sin llevar a cabo eficazmente, es decir, sin cumplir, la prestación
del servicio para el que he creado las plazas. Son conceptos
distintos, y usted lo sabe muy bien. Y no es cierto que el 80 por
ciento de las plazas creadas sean del ámbito civil, o de instrucción
inclusive, porque 180, como bien conoce, son de los tribunales y
juzgados de lo contencioso administrativo, y usted me ha reconocido
que hay más de 300 plazas sin cobertura por profesionales. Me
gustaría que aclarara también, para ir a temas puntuales, la ley de
retribuciones. Efectivamente, tardará 1, 2 ó 3 años, suponiendo que
salga. Sin embargo, dicen que se planteará el 2 por ciento pero que
no dicen que no se vayan a incrementar los sueldos. ¿Cómo va a ser
eso? ¿Cuál es la situación real? Porque si digo que no incremento los
sueldos pero a la vez digo que no se preocupen, que a lo mejor sí se
los incremento, ¿cuál es la orientación presupuestaria? No lo
entiendo muy bien. En cuanto a altos cargos, está claro lo que me ha
dicho sobre el Tribunal Supremo, pero un 55 por ciento de incremento
del año anterior no me cuadra.
Me preocupa lo que ha apuntado sobre la creación de los juzgados de
lo penal -que es una preocupación prioritaria e importante del Grupo
Parlamentario Socialista- y le pregunto si pretenden con eso
consolidar el nuevo sistema de competencias surgido a raíz de la
importante modificación del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal a la que, como saben, nos opusimos frontalmente en su
tramitación. Además, parecía que había un cierto consenso en que la
situación podía y debía ser transitoria para evitar otra serie de
problemas que coyunturalmente se estaban produciendo, como atascos,
colapsos, una mala redistribución, etcétera. Hasta ahí podemos
coincidir en el origen, pero si lo que se pretende es consolidar lo
que para nosotros es una pérdida de garantías del justiciable como es
que hasta seis años, entre otras penas privativas de derechos, en la
pena privativa de libertad conozca un órgano unipersonal, nos parece
que es un retroceso, un paso atrás importante que hay que corregir.
Quiero introducir ese matiz. (El señor vicepresidente, Aguiriano
Forniés, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Civil -porque insiste en ello-,
tengo que decir que claro que no son cosas iguales, sino distintas,
las que ha dicho la ministra y
las que ha dicho el portavoz. Pero lo que importa es la realidad.
Usted dice, señor secretario de Estado -me voy a detener un minuto
porque el tema es importante-, que parece que hay sensación de
fracaso en lo que ha sido un éxito, y habla del consenso y del pacto
de Estado. Y no es en negociar unas cuantas tardes una serie de
enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que debe consistir y
consiste un auténtico pacto de Estado para la justicia. La Ley de
Enjuiciamiento Civil, importantísima, por supuesto, no es más que un
tema parcial de una parte -valga la redundancia- de la Administración
de justicia civil: el proceso; el resto no ha entrado en el pacto de
Estado. Y esa parte, como le decía, nace ya mutilada. Usted lo sabe
bien y ha manifestado -lo que me parece grave, aunque quito
trascendencia al adjetivo- que sólo por razones políticas ustedes no
tuvieron la mayoría absoluta en el Pleno. ¿Cómo está calificando a
CiU, al PNV, al resto de los grupos? Porque, ¿por razones políticas
quiere decir espurias? Me pregunto, porque se quedaron solos. ¿Qué es
lo que hacemos aquí más que política en el sentido más noble de la
palabra? ¿Qué razones les llevan a ustedes a intentar aprobar la Ley
de Enjuiciamiento Civil a costa de lo que sea y como sea? ¿Razones
partidarias hay que pensar, cuando quieren sacarla pese a todo?
Quisiera pensar que no es así, pero desde luego, si siguen intentando
sacarla ustedes solos, será una irresponsabilidad y un fracaso. Le
recuerdo -usted lo sabe muy bien- que el Grupo Parlamentario
Socialista, en uso de la lealtad parlamentaria adecuada y de la
responsabilidad, evitó que la Ley de Enjuiciamiento Civil saliera
derrotada en numerosas votaciones -no hablo de la ley orgánica- por
responsabilidad y por posibilitar que este tema importante de todos
fuese consensuado. Lea el «Diario de Sesiones», que lo habrá hecho:
la abstención en docenas y docenas de ocasiones del Grupo
Parlamentario Socialista para no crear un mal mayor permitió una
aprobación absolutamente minoritaria en gran parte de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no de la ley orgánica. Sacaron numerosos
artículos con ciento cincuenta y tantos y ciento sesenta y tantos
votos. No puede salir así la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, le recuerdo la
comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Xunta de
Galicia, quien manifestaba -y no es sospechosa- que la cuantificación
que recogía la memoria económica ni siquiera daría cobertura a la
eficaz implantación en el territorio de Galicia. Luego la escasez
parece que está puesta de manifiesto.
Las oficinas para asistencia a las víctimas de malos tratos es un
ejemplo palpable de la venta de humo que a alguien no le gusta
escuchar. Hay numerosas oficinas que se han creado y casi todas ellas
sin ningún tipo de dotación. Titulares de prensa en mi ciudad, en
Palencia, pero así ocurre en la mayoría: Se ha creado la oficina de
asistencia a víctimas de malos tratos. No hay ni una sola persona, ni
una sola mujer policía para atender a las mujeres que allí puedan
acudir; pero no sólo policía, ni un psicólogo, ni un asistente o
asistenta social, nada de nada, ni un duro, ni la cobertura de las
plazas ordinarias que, como ocurre en Justicia -pero no voy a entrar
en ese terreno-, están creadas y no están cubiertas y tienen graves
deficiencias para la
prestación de servicios por falta de dotación. Eso es vender humo.
¿Qué adelanto con decir que creo la oficina si ni siquiera tengo el
espacio físico ni los medios personales y materiales para que tenga
un mínimo de eficacia para echar a andar? Esa es la realidad, señor
secretario de Estado, y si no me lo quiere reconocer no me diga lo
contrario porque sería faltar a la verdad.
En cuanto a los juzgados de paz, ¿cómo se explica que haya una menor
dotación cuando se van a crear 120 nuevos? Respecto a los
procuradores creo que se habrá equivocado. Las dotaciones para
abogados y procuradores, aumentando el número de asuntos, no aumenta
el IPC sino que disminuye en términos absolutos y en términos netos
la consignación.
Termino agradeciéndole su contestación y reiterándole formal y
solemnemente la solicitud de información recabada por escrito por el
conducto que mejor considere.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: En su ausencia, cuando presidía el señor
Cárceles, he sido objeto de alusiones personales y solicito, antes
del turno que corresponde al grupo, un minuto por una alusión
personal relativa a unas cifras que veo que alguien está empeñado en
embarullar y que no estoy dispuesto a que se sugiera ni remotamente
que falto a la verdad.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Si el señor Ollero no
puede esperar a su turno tiene un minuto.
El señor OLLERO TASSARA: No puedo. Simplemente deseo aclarar a
alguien que por lo visto no quiere enterarse o no consigue enterarse
o falta toscamente a la verdad un dato que consta ya en el «Diario de
Sesiones», y es el siguiente: La señora ministra hizo una comparación
entre el año 1997 y el 2000, en cifras homogéneas y quitando
transferencias. El resultado era una diferencia del 37 por ciento.
Este diputado ha hecho una comparación entre el año 1996,
presupuestos prorrogados, descontando las partidas no disponibles, y
el año 2000. Por tanto, son dos comparaciones heterogéneas y el
resultado es lógicamente heterogéneo: 57 por ciento. A este diputado
le interesaba saber la diferencia entre lo que invertía el Gobierno
socialista y el popular, mientras que la ministra ha comparado su
primer presupuesto con el último.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Le agradezco que haya
usado sólo un minuto.
Quiero apelar a la responsabilidad de los señores parlamentarios, ya
que con una comparecencia llevamos tres horas y a la tarde tenemos
cinco. Sería preocupante que siguiéramos este ritmo. En cualquier
caso, me supongo que el señor Cuesta querrá intervenir.
(Asentimiento.) Tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Intervengo por responsabilidad. Deseo hacer
una reflexión en esta Cámara, que no es muy proclive a hacer esta
reflexión, sobre el problema de la laicidad del Estado, la neutralidad
del Estado en esta materia, la aconfesionalidad del Estado, el
impulso de la libertad religiosa y el tenor del artículo 16. Ya digo
que no ha sido muy proclive esta Cámara en los últimos años a hacer
una reflexión sobre esta materia, pero me parece que es fundamental y
tiene una especial incidencia con los presupuestos, con las
competencias del Ministerio de Justicia. En el proyecto de
presupuestos de este año se establece una fórmula de regulación que
crea modificaciones y elementos suficientes de alarma, y el
Ministerio de Justicia no ha sido ajeno a esa redacción. No estoy
pidiendo que las relaciones económicas con la Iglesia católica queden
reflejadas en los presupuestos del Ministerio de Justicia. Eso no es
lo que yo le estaba planteando; no es ese el problema. Ya sé que no
están presupuestadas en el ámbito del Ministerio de Justicia, no es
competencia de la sección, pero sí es competencia del Ministerio de
Justicia, a través de la Dirección General de Asuntos Religiosos, las
relaciones con todas las confesiones, el impulso de la libertad
religiosa. Por tanto, en el ejercicio de sus competencias, el actual
tenor que el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
establece en las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera
es y se ha hecho con la participación, corresponsabilidad y
conocimiento del Ministerio de Justicia. Las relaciones en esa
materia se hacen a través del Ministerio de Justicia.
También quiero hacer una precisión para que no haya malos entendidos
y no se abra un proceso al pasado. Considero que en aplicación de los
acuerdos Iglesia-Estado de 1979 la solución que se dio en la Ley de
Presupuestos de 1987 era correcta técnicamente, pero transitoria;
transitoriedad que llegaba hasta 1992. ¿Qué quiero decir desde ese
punto de vista? Que a partir de 1993 las soluciones que los
presupuestos dan a las relaciones económicas con la Iglesia católica
cuando menos son generosas, de las que este diputado, con mayorías
socialistas o con mayorías del Partido Popular, siempre se ha
manifestado especialmente crítico porque son soluciones generosas. Y
añado más: inconstitucionales. Antes les hablaba de que la
transitoriedad no se puede convertir en eternidad. Y digo más. Para
el año 2000, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado
da a la Iglesia católica una cantidad de 21.310 millones de pesetas.
Ojo, no estoy hablando de los otros 200.000 millones que por
distintos conceptos recibe la Iglesia católica en virtud de la
cooperación; estoy hablando de lo que se llama asignación tributaria.
En concepto de asignación tributaria se presupuestan 21.310 millones
de pesetas, como se presupuestaron en ejercicios anteriores
cantidades próximas a los 20.000 millones. Lo que la Iglesia recauda
por manifestación expresa de la voluntad del contribuyente, que
aplica una parte del IRPF, el 0,5 por ciento, a la Iglesia católica,
es una cantidad próxima a los 14.000 millones de pesetas de media en
los últimos años. Sólo un 35 por ciento de los declarantes o
impositores señala expresamente a la Iglesia católica. ¿Esto qué
significa? Significa que hay 7.000 millones al año de
sobrefinanciación en favor de la Iglesia católica en relación con lo
que le corresponde por el 0,5 por ciento del IRPF. Sobrefinanciación,
además, que incumple el tenor de losacuerdos Iglesia-Estado en
materia económica de 1979,
porque en esos acuerdos Iglesia católica-Estado español hay un
compromiso de autofinanciación por parte de la Iglesia católica.
Estoy poniendo de manifiesto este problema porque es competencia -ya
digo- del Ministerio de Justicia, porque significa que 7.000 millones
de pesetas al año procedente de los creyentes y de los no creyentes
se destina exclusivamente a una confesión religiosa; no se destina al
resto de confesiones religiosas. Además, el principio de neutralidad
del Estado obliga a que haya que ser respetuoso con todos aquellos
contribuyentes que expresamente no ponen la cruz; si no ponen la
cruz, luego no se puede producir una sobrefinanciación que sólo sale
del dinero del conjunto de los contribuyentes, no de los que
expresamente han señalado Iglesia católica. De manera que yo creo que
este es un problema especial, respecto del que Ministerio de Justicia
tiene una especial responsabilidad en el impulso del concepto de
libertad religiosa y en el impulso de lo que es laicidad,
aconfesionalidad y neutralidad del Estado, en aplicación, en suma,
del artículo 16, donde ha habido generosidad desde 1993 en adelante,
generosidad que, de eternizarse, se convierte en clara
inconstitucionalidad porque lo transitorio nunca puede convertirse en
permanente.
Me preocupa, y vuelvo a repetirlo, la disposición adicional vigésima,
punto 4, que habla de que este sistema se aplicará durante los años
2000, 2001 y 2002, pudiendo revisarse. Creo que esto es comprometer
al Estado. La cuestión que suscito es la siguiente. En este proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado se manejan estas
cantidades y se hacen estas afirmaciones de transitoriedad, de
revisiones futuras, de techos y suelos -techo de 24.000 millones,
nadie me explicó por qué; suelo de 21.000 millones-, sea cual sea lo
que recaude la Iglesia por declaración del 0,5. Si se pone un suelo
de 21.000 millones ¿para qué están las equis? Si las equis dan 13.000
y al final se les garantiza 21.000 ¿para qué están las equis? Es
también un fraude al impositor. Es decir, el sistema hace aguas, es
menester revisar el sistema, pero en la revisión que ustedes hacen
del sistema en este proyecto de ley alguien ha tenido que hacer un
acuerdo económico con la Conferencia Episcopal, porque para la
aplicación de los acuerdos económicos Iglesia- Estado el propio
convenio establece un mecanismo de diálogo. Lo que le pido en esta
comparecencia, porque sí es competencia de ese ministerio, es que me
remita los acuerdos que existan en esta materia, los convenios que
existan en esta materia, suscritos entre el Gobierno español y la
Conferencia Episcopal o entre la Dirección General de Asuntos
Religiosos y la Conferencia Episcopal. Quiero saber cómo han pactado,
en qué términos han pactado la asignación tributaria y la
financiación de la Iglesia católica y las relaciones económicas con
la Iglesia católica en aplicación de los llamados acuerdos económicos
con la Santa Sede de 1979. Para llegar a estas fórmulas ha habido que
poner en marcha algún tipo de convenio, y no lo conocemos; si existe
ese convenio, pedimos que se nos remita ese convenio o esos acuerdos.
En segundo lugar, los propios acuerdos Iglesia-Estado del año 1979
establecen que la contrapartida de control o de fiscalización que
tiene la Iglesia católica en sus relaciones
con el Estado por recibir financiación pública es presentar una
memoria anual con las aplicaciones que de esas subvenciones y
recursos públicos hace. Lo dicen los acuerdos de 1979. Además, que yo
sepa, la Conferencia Episcopal cumple todos los años ese compromiso
con el Gobierno de la nación, y esa memoria se pone a disposición del
Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Asuntos
Religiosos. Como sobre esta cuestión debe intervenir el legislador,
remítasenos, en el plazo de cuarenta y ocho horas, la última memoria
de aplicación que está en el Ministerio de Justicia que ha remitido
la Iglesia católica o la Conferencia Episcopal.
Tercera cuestión que le planteo, también muy precisa. ¿A cuánto
asciende -tengo datos por respuestas parciales- la cantidad
correspondiente a la Iglesia católica por aplicación del 0,5 del
IRPF, qué número de declarantes y qué porcentaje representan durante
los últimos períodos impositivos? Le preguntaba desde 1992 hasta
1999; en todo caso, por lo menos los años 1996, 1997, 1998 y 1999, si
ya está calculado.
Finalmente, quiero hacerle un recordatorio. Yo preguntaba por el
anuario. No sé cómo se financia ese anuario. He usado la expresión
derecho canónico que es la preconstitucional y la de derecho
eclesiástico del Estado, que es la que se maneja actualmente por la
doctrina. Conozco perfectamente la terminología y ya digo que la he
manifestado anteriormente. Se llama anuario de derecho eclesiástico
del Estado, por otro lado, terminología dudosa, como muy bien
apuntaba el señor Castellano. Caben muchas interpretaciones para la
denominación de derecho de Estado al derecho eclesiástico.
Simplemente apuntaba una necesidad de información y es cómo se
financian estos anuarios, en qué cuantía. Apuntaba también un dato.
He tenido conocimiento de que hasta tiempos recientes -no sé si en la
actualidad también- ese anuario está dirigido por el mismo director
general de Asuntos Religiosos, lo cual crearía algún problema de
incompatibilidades de altos cargos en la gestión. Lo pongo en
conocimiento, lo planteo y lo pregunto exclusivamente a los efectos
de que se clarifique esta situación. Finalmente, ya sé que, desde el
punto de vista doctrina España es un modelo interesante en materia de
libertad religiosa, pero el informe de 1999 de la Federación de
Helsinki para los Derechos Humanos -es verdad que es una organización
no gubernamental- hace una denuncia sobre varios países occidentales,
entre los que cita a España, diciendo abiertamente que España
incumple el documento de Budapest, suscrito en 1994, sobre libertad
religiosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Ollero, tiene la
palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Con gran brevedad, en primer lugar, quiero
agradecer al señor secretario de Estado que haya confirmado una serie
de datos que, yo ya había expuesto y por eso quería que me los
confirmara. Por cierto, resulta cómico oír a un diputado tachar de
cómico que uno utilice en una rueda de prensa unos datos antes que en
un debate en esta Cámara. No recuerdo ninguna rueda de prensa en esta
casa donde no se hable de algo de lo que aúnno se ha hablado en los
debates. Precisamente las ruedas de
prensa están para anticipar lo que uno va a decir en un debate, en el
que nadie le va a hacer ningún caso, como sabemos los que llevamos
algún tiempo en esta Cámara, pero se ve que algunos todavía están
enterándose de cómo va esto.
En segundo lugar, quisiera felicitarle por el cumplimiento
presupuestario -el último documento que tenemos de cumplimiento
presupuestario es el de 1998-, sobre todo en lo relativo a las
partidas de gasto corriente, porque desmienten la afirmación de que
aquí se estaría intentando ir a por butano. Según el documento de
1998, grado de cumplimiento 98,89, teniendo en cuenta que la mayor
parte de ese incumplimiento, entre comillas, se debe a que hay 953
millones por retraso en provisión de vacantes, puesto que se dotan
las plazas y no se cubren y el dinero está ahí porque no cobra lo
mismo un sustituto que un juez, y 471 millones que son un ahorro
de104 millones en teléfono, 69 millones postales, 50 millones en
transporte, 35 millones en material no inventariable, que demuestran
que están bastante ajustadas las partidas. No es verdad que haya que
pedir un crédito extraordinario para el butano; queda desmentido.
Por otra parte, como se ha aludido a los depósitos judiciales, aunque
este diputado sabe muy bien que ese dinero no entra en el Ministerio
de Justicia sino que va directamente al Tesoro, como le han recordado
a la señora Hermosín, que se lo quería llevar -por cierto que en
época de vacas flacas porque con los tipos de interés que hay, ya me
contará la señora Hermosín lo que va a sacar de ahí-, me gustaría que
si da una información sobre ese particular, a este diputado le
interesaría que especificara qué recibía el Tesoro público en ese
concepto cuando gobernaba el Partido Socialista y se daba a dedo ese
tipo de actividad a una entidad financiera -uno se enteraba a cambio
de qué en el periódico, porque no había ninguna cosa formal- y el
incremento que ha supuesto el hecho de que este Ministerio recurriera
a una subasta -no a un concurso, a una subasta- de manera que el que
más ofreció se lo llevó, que fue el mismo, pero pagando muchísimo
más. Me gustaría que se supiera para que se sepa también, de camino,
lo que costó el sistema anterior, que era el de debajo de la mesa.
Por último, con un pudor fácilmente inteligible en algún caso, desde
el Grupo Socialista se ha pedido información desde 1997. Le rogaría
que cualquier información que se envíe, aparte de que también llegue
a mi grupo, incluya siempre datos comparativos con la legislatura
anterior y con cualquier otra anterior que resultara significativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Creo que contribuirá a abreviar el trámite y
así no someto a SS.SS., después de la contestación del secretario de
Estado, a un tercer trámite en la medida que no hemos sido grupo
proponente de esta comparecencia, pero sí queríamos efectuar alguna
consideración con brevedad y formular alguna pregunta, es que por lo
demás nos atribuye el Reglamento.
Mi grupo, señor secretario de Estado, reconoce a su Ministerio el
incremento de las partidas presupuestarias
y que en lo que va de legislatura se han aumentado las partidas
destinadas a justicia para la creación y dotación de órganos
judiciales. Tengo que decirle, y no sería la primera vez, que estos
presupuestos tampoco son los que cabía esperar después de la
aprobación de la proposición no de ley de 16 de febrero de 1999.
Ciertamente no son los presupuestos de un pacto de Estado por la
justicia y todos aspiramos a que haya un compromiso muy superior,
y lo digo valorando lo que se ha podido alcanzar hasta la fecha.
En estos momentos están en trámite de aprobación por estas Cámaras
dos leyes importantes, la ley de responsabilidad penal del menor,
cuyo trámite de ponencia quedó concluido en el día de ayer, y la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Ciertamente tienen una vacatio legis
importante e incluso puede que fuese conveniente que en algún caso
fuese todavía superior. Pero no nos deja de preocupar la tranquilidad
con la que se asume ese compromiso. La Ley de Responsabilidad Penal
del Menor, sin perjuicio de incremento de gasto por parte de las
comunidades autónomas -porque la mía, la comunidad autónoma de
Cataluña, bien se ha gastado lo que se ha tenido que gastar para
poder gozar del sistema que en estos momentos tiene, y no es dinero
que le haya dado nadie-, supone también la necesidad de dotar de
importantes recursos a la Fiscalía, tanto desde el punto de vista
personal como de medios materiales, de edificios, etcétera, porque la
instrucción por parte de la Fiscalía no es lo mismo que la
instrucción por parte del juzgado y previsiblemente los edificios que
en estos momentos ocupa la Fiscalía no estén dotados para realizar
esa labor y es posible que la dotación de personal tampoco permita
realizarla dignamente.
Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, no voy a discutir ahora
sobre si va a redundar en un desahogo de los órganos judiciales
civiles que en estos momentos están ostentando esa jurisdicción. Lo
que sí tengo claro es que si dentro de un año o un año y dos meses
tienen que estar a disposición de todos los órganos de la justicia
civil los medios de vídeo o de audio a que hacen referencia los
artículos 147, 187 y 359 de la Ley; si además los juzgados y estos
órganos judiciales tendrían que poder garantizar la transcripción y
la incorporación a los autos de esas vistas y audiencias que quedan
registradas de esa manera; si además vamos a esa justicia mucho más
oral y, por tanto, las salas de vista han de hacer de salas de vista
y no de almacén de expedientes, que es lo que están haciendo en estos
momentos, y si no basta que cualquiera eche una ojeada a lo que se
produce en estos momentos en un juzgado de primera instancia,
entendemos que hay que invertir y destinar partidas. Hubiese sido
bueno que a lo largo de este presupuesto para el año 2000 se fuesen
instrumentando esas partidas porque, si al final la ley va a entrar
en vigor en diciembre del 2000 o en enero del 2001, muy difícilmente
a través de los presupuestos del 2001 van a poder atenderse éstas y
otras necesidades.
Respecto al asesoramiento y defensa de los intereses del Estado,
siempre hemos dicho que la partida nos parece extremadamente
reducida. Basta con que SS.SS. examinen las cuentas que se depositan
en el Registro Mercantil sobre el presupuesto de cualquiera de los
grandes bufetes o compañías de auditoría y de asistencia jurídica.
Los 3.000
millones de pesetas que destina el Estado a este menester debe ser
algo así como una tercera parte de lo que destina Garriges &
Andersen, por poner un ejemplo, y previsiblemente la mitad o poco más
de la mitad de lo que destina Uría & Menéndez, que no tiene ni
siquiera ese problema de compatibilidad con auditores.
Me ha sorprendido también la disminución de litigiosidad
presupuestada en la que se pueda ver involucrado el Estado en
relación al año 1999. No sé a qué se debe, si a que en el presupuesto
del ejercicio anterior se previó un incremento de litigiosidad que no
se ha producido y se ha reajustado la previsión o a qué.
Respecto a los tribunales de justicia y ministerio fiscal, quería
manifestarle, señor secretario de Estado, que mi grupo apoya la
reivindicación de incremento de retribución de los jueces. Es un tema
que puede abordarse en el marco de la Ley de retribuciones, es una
reivindicación que incluso creemos que debiera abordarse aunque sólo
fuera parcial y provisionalmente con anterioridad a esa ley de
retribuciones, incluso dejando aparte otros argumentos que puede que
estén muy a la orden del día en la prensa o en las declaraciones o
manifestaciones de las propias asociaciones judiciales, hay una
constatación para nosotros muy obvia, y es que en estos momentos el
estatus económico y el no económico de jueces y magistrados no hacen
a esta figura especialmente atractiva al menos en algunas comunidades
autónomas como la nuestra. Por tanto, estamos dispuestos a hacer lo
posible tanto en el ámbito inmaterial como también en el material
para que destinar una vocación a la carrera de juez o magistrado
pueda ser atractivo para muchos ciudadanos, desde luego para muchos
ciudadanos de Cataluña, con lo cual de rebote podríamos resolver
otros problemas como el del uso de las lenguas cooficiales en la
Administración de justicia. Por tanto, solicitamos que este tema se
tome en serio y que se contemple la posibilidad de que pueda ser
objeto de una solución parcial y provisional a la espera de la
llegada de la ley de retribuciones. En ese planteamiento su
Ministerio puede contar con todo nuestro apoyo.
Don Julio Villarrubia antes hacía referencia a unas transferencias
que aparecían presupuestadas para la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Después habrá visto en la mención que ha efectuado el secretario de
Estado cómo previsiblemente es una partida escasa comparada con otras
que se producen. No puede desconocer que el Gobierno de la
Generalitat tiene un conflicto abierto con el Gobierno del Estado,
tanto respecto de la gestión de los depósitos judiciales como de las
franquicias de Correos, que vamos arrastrando año tras año sin que
pueda ser objeto de solución. Hay que intentar resolverlo
definitivamente.
Con mucho cariño, no sé si es que imbuido por la atmósfera de
inauguración del Liceo que se produce en el día de hoy, antes se ha
referido a mí llamándome don Manolo. Eso es fruto tanto de la
consideración como del afecto, pero como le agradezco mucho el afecto
y me conformo con Manolo, le ruego que me apee el tratamiento.
(Risas.) Cuando me llame Manolo y quedaremos todos más satisfechos.
En cuanto a la financiación de la Iglesia Católica y otras
confesiones a que hacía referencia don Álvaro Cuesta, si es objeto de
enmienda tendremos ocasión de tratarlo definitivamente en el debate
estrictamente presupuestario.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por si le he entendido
mal quería hacerle una aclaración. La posibilidad de intervención de
los grupos que no han solicitado la comparecencia es una potestad que
recae exclusivamente en el presidente. Esta Presidencia había
considerado que dado que no hay más que una comparecencia, que
todavía no es excesivamente tarde y que solamente estaba presente un
grupo que no había pedido la comparecencia, parecía razonable
conceder la palabra al señor Silva, que la había solicitado. En otras
circunstancias y con otras razones, a lo mejor, la Presidencia actúa
de otra manera.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Admito la corrección de la Presidencia y le
agradezco la concesión que ha efectuado a este grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Para terminar tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Voy
intentar contestar muy rápidamente también a todo lo que se me ha
planteado en este segundo turno.
Por lo que concierne al diputado señor Castellano, le enviaré los
datos que pueda disponer sobre el tema de jueces sustitutos en
general. Su coste es algo menor, no mucho, que un profesional, pero
está en función de la cobertura de las plazas que no depende de
nosotros, aunque colaboremos y creo que todos debemos colaborar a que
se realice cuanto antes. Nada más lejos de nuestra política de que en
éste y otros temas como el de los interinos no haya titulares, en
definitiva profesionales, ostentando el cargo de juez y magistrado.
En cuanto a los datos que me pide sobre los ingresos de la
Administración de justicia por los bancos, se ha dicho antes que no
hay una repercusión directa. Se ingresa en el Tesoro y la repercusión
puede ser en los Presupuestos Generales del Estado. El sistema de
gestión de los depósitos judiciales y los intereses que eso devenga
en este momento están adjudicados a un banco en función de un
concurso-subasta, subasta fundamentalmente. Lo que sí le puedo decir
es la diferencia que existía con el sistema anterior, que lo que se
daba al Tesoro era inferior al míbor, en este momento es el míbor más
el 27 por ciento, y deben ser unos ingresos -ese dato no lo tengo
aquí ahora mismo- importantes, dado lo que se gestiona en la
Administración de justicia.
Complejidad del sistema informático. En realidad, tiene más
complejidad que el anterior, pero no es un sistema sumamente
complejo. Quiero decir con ello que, con unos breves días de
instrucción de aquel que lo tiene que manejar, dadas las ventajas que
proporciona el sistema, creo que vamos a progresar mucho en cuanto
esté absolutamente extendido.
Contesto ahora al diputado Villarrubia. El coste por objetor sale el
que sale. Precisamente figura en nuestro presupuesto lo que se
transfiere, porque no es una transferencia en sentido estricto para
la gestión a las comunidades autónomas. Por tanto, la cuenta sale
como sale, el número de objetores y lo que cuesta cada uno. Cuesta
menos, indudablemente. Ese es el dato. Ydividendo el número de
objetores entre la inversión que se hace, creo que sale correcto. El
gasto corriente. Ya sé que se ha referido a su conjunto, aunque yo
también he contestado a partidas concretas. En cuanto a la
liquidación, la información que yo tengo por ejemplo del anterior
presupuesto es que se envió el mes pasado a su grupo. Eso es lo que
me han dicho. (El señor Villarrubia Mediavilla: Lo tiene el Partido
Popular y no nosotros.) Ese es el dato que yo tengo. Si no fuera así,
yo procuraré que se lo envíen lo más rápidamente posible. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Entiendo perfectamente la
distinción entre crear, dotar y cubrir plazas. Nuestro retraso nunca
es en dotar. El no cubrimiento está en función de que haya
posibilidades de cubrir -ya hemos hablado de vacantes- o de no
cubrir. Y esa no es responsabilidad nuestra, aunque estamos
trabajando para que no ocurra.
Yo le he contestado a lo que le puedo contestar en este momento sobre
la ley de retribuciones y los sueldos. La ley de retribuciones a
nosotros nos parece que es el camino correcto. No sólo es que nos
parezca a nosotros, sino que les parece también al Consejo General
del Poder Judicial y a las asociaciones de jueces. Y si se lee todos
los documentos que ha generado este tema, la reivindicación de fondo,
la importante y la que hay que abordar de una vez por todas es la ley
de retribuciones. Que en esa ley de retribuciones haya un sistema -ya
veremos cuál- en virtud del cual se potencia la labor de los jueces
y magistrados, también a nivel de remuneración, etcétera, será muy
probable. Cuando se nos pregunta si se va a subir los sueldos a los
jueces y magistrados, o no, lo que nosotros decimos es que en este
momento y en el presupuesto hay un reflejo del 2 por ciento para
todos. Para todos y que el camino correcto y el más solidario creemos
que es la ley de retribuciones. Cuando hablo de ley de retribuciones,
insisto otra vez, no me estoy refiriendo sólo a jueces y magistrados,
que tendrán su ley de retribuciones de acuerdo con el desarrollo de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me estoy refiriendo a los
fiscales. En la última reunión que tuve con ellos estuvieron también
las asociaciones de fiscales, y en este momento -ya voy a llegar un
poco tarde- debería estar reunido precisamente con los sindicatos que
representan al personal auxiliar de la Administración de justicia y
con los secretarios, porque vamos a abordar ese tema en su conjunto.
Que la Ley de Enjuiciamiento Civil, consenso y pacto de Estado, es un
tema parcial. Indudablemente que lo es, pero menudo tema parcial. Es
que para empezar un pacto hay que empezar por algo. Y algo es poner
esto encima de la mesa, cosa que no se había hecho hasta ahora, por
cierto. Yno lo digo ya por los Gobiernos anteriores. Me refiero a la
historia legislativa de este país, incluso anterior a la democracia.
No se había puesto encima de la mesa una Ley articulada de
Enjuiciamiento Civil. Obviamente
cuando yo digo razones políticas es frente a razones técnicas en
primer lugar. Cada uno tendrá que explicar sus razones políticas, que
pueden ser muy legítimas, del porqué no se aprueba la ley. Y hubo
algunos que lo explicaron claramente.
Ley de responsabilidad del menor. Entrar en este tema en la posible
memoria económica que acompaña a la ley de responsabilidad penal del
menor. La memoria económica está proyectada al futuro y parte también
de los espartos con que puede contar quien hace la memoria económica,
no de otras administraciones, que tendrán que aportar también para
esta ley cantidades que pueden ser importantes. Me refiero a
comunidades autónomas y ayuntamientos. La ley está en el Parlamento,
si se considera que la memoria es insuficiente o necesita retoques,
estamos más que a tiempo. Yo coincido, también se ha dicho con
anterioridad, con la necesidad de, en la medida de lo posible, sacar
esta ley, que me parece magnífica, en esta legislatura.
Precisamente la dotación que se hace este año con nombres y apellidos
para la violencia doméstica es para que se pueda tener presencia
también de un abogado, de un psicólogo, de personas expertas en ese
asunto que puedan asesorar. Efectivamente, en primer lugar hay que
crear la oficina, el marco, el local, si se quiere, y luego ir
llenándolo, porque las cosas no se crean ex novo al completo. Pero el
Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en el tema de la violencia
doméstica con el plan de acción que ya se diseñó entre varios
ministerios, dicho sea de paso, entre otros el Ministerio de
Justicia. Hoy se firmaba entre la ministra de Justicia y el ministro
de Trabajo un convenio, y también, en lo que le concierne, Asuntos
Sociales, para que se vaya invirtiendo más y para que se vaya
teniendo una mayor atención. Eso es lo que se persigue por el
Ministerio de Justicia y por el Gobierno en este tema en el que es
especialmente sensible.
Si lo prefiere, la información concreta sobre los juzgados de Paz se
la voy a remitir. No hay ningún problema desde el punto de vista del
presupuesto financiero para hacer todas las agrupaciones que se han
hecho, que son muchas, y se las voy a dar detalladas, incluso por
comunidades autónomas y por provincias. Se ha ido cumpliendo el plan
establecido sin ningún inconveniente. Los abogados y los
procuradores. Esta partida aumenta igual en el capítulo
correspondiente de transferencias corrientes externas. Tiene una
variación de un 1,2 por ciento, me parece que lo he dicho antes. Y,
en concreto, tanto para la subvención, dicho sea de paso, de juzgados
de Paz, del Consejo de la Abogacía, como del Consejo General del
Colegio de Procuradores, hay un aumento que está en función del IPC
previsto y del número de asuntos, que calculamos que puede ser igual.
En cuanto a lo que ha dicho el diputado Cuesta yo quisiera aclarar
varias cuestiones. A mí me parece muy bien que, en esta Comisión o en
la que considere oportuna, haga las reflexiones oportunas sobre el
tema que se ha debatido de las subvenciones en este caso a la Iglesia
católica, en lo que indudablemente, y sin perjuicio del sistema de
libertad religiosa -yo creo que además la gestión del Ministerio se
lleva a ultranza-, no hay ningún punto de discriminación, lo que es
cierto es que hay una legislación y unos conciertos Iglesia-Estado
que no son los mismos
para otras confesiones, en este caso concertados para el Estado
español, que para la Iglesia católica. Partimos de eso. Que haya
puntos en esos conciertos o en la aplicación de esos conciertos que
al diputado señor Cuesta le puedan parecer inconstitucionales. Lo que
me extraña es que hayan surgido de tal manera como para que se
declare la inconstitucionalidad. Porque yo francamente, con los datos
que tengo, no la veo.
Sobre entrar en la guerra de cifras de si se subvenciona más o menos,
ya le he dicho anteriormente que no dispongo aquí de datos como para
debatir ese tema. Y no dispongo de ellos porque, aunque el Ministerio
de Justicia lleve las relaciones con las iglesias o con las distintas
confesiones religiosas, a través de la Dirección General de Asuntos
Religiosos, también es verdad que, en el tema económico, las
relaciones fundamentalmente son con el Ministerio de Economía y
Hacienda y, por tanto, ahí el Ministerio de Justicia digamos que
aporta poco, a no ser dar su visto bueno a determinadas cuestiones.
No obstante -y dado que tiene una cierta responsabilidad el
Ministerio de Justicia en estos temas-, lo único que le puedo decir
es que alguno de los datos que me ha pedido procuraré enviárselos en
la medida en que nosotros los tengamos. Si no los tenemos nosotros,
los recabaremos de quien proceda, para que pueda hacer ese estudio y
esas reflexiones que usted se ha planteado.
Anuarios. Me da igual que sea el de derecho eclesiástico o el del
Estado. Sí me consta, primero, que la dirección de los anuarios es
absolutamente gratuita. Segundo, que produce algo más de trabajo a
quien la lleva e, insisto, respetamos lo que nos van comunicando las
distintas asociaciones de profesores de cada área de conocimiento. Ya
digo que no hacemos ningún tipo de discriminación ni comentario. Que
puede coincidir o no el director de asuntos religiosos con el anuario
de derecho eclesiástico, que, por otra parte, es un prestigiosísimo
profesor de la materia, reconocido a nivel internacional. La
incompatibilidad en eso tampoco la vería, porque entonces yo tampoco
podría estar en el consejo de redacción de alguna revista de
procesalistas o temas por el estilo. Es algo gratuito y no creo que
produzca incompatibilidad.
El diputado Ollero me habla de los intereses de depósitos judiciales
y sistemas de adjudicación. Ya le he contestado. Y al diputado señor
Silva tengo que decirle que, en el tema de la Ley de Responsabilidad
Penal del Menor y su relación con la Fiscalía y con la instrucción
que van a llevar efectivamente los fiscales, yo he dado datos hoy -ya
desde ahora- de una especial atención a la Fiscalía. He dado datos,
por ejemplo, de creación de treinta y tantas plazas, por una parte.
He dado datos, importantísimos, de informatización, con un sistema
que sería interrelacionado con los órganos jurisdiccionales. Figuran
600 millones para ese sistema. He dado datos de cursos y los puedo
pormenorizar incluso, por escrito. En este sentido, en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia se está cuidando
mucho todo el tema de menores, especialmente en las fiscalías y de su
nuevo, digamos, cometido como instructores de esas causas. Me consta,
porque he tenido que supervisar o dar el visto bueno a la propuesta
que me hacen del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia. Por tanto, la preocupación desde ahora es
clarísima también por esa ley que, repito, ojalá pueda aprobarse por
el Parlamento.
Medios de vídeo y audio, que es lo que ha dicho el señor Silva.
Efectivamente, se me ha olvidado antes decir que va a haber una
previsión para la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre ese tema en el
presupuesto correspondiente, pero ya este año, donde se hace un
esfuerzo inversor en informática y en medios, dos mil y pico
millones; va a comenzar el ensayo, y se va a ver en pocos días, de
los primeros pilotos de imágenes y vídeos en algunos órganos
jurisdiccionales, probablemente empecemos por la Audiencia Nacional,
asociados también a documentos de tramitación. Digo que se va a hacer
el ensayo en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de los ensayos que
se van a hacer en los órganos civiles; se hace un poco como
conejillos de indias. Sistemas de encristación y de firma
electrónica, porque somos conscientes de que esos son los sistemas
que se van a tener que utilizar en el futuro en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Me hablaba también de la abogacía del Estado. Nosotros, ya lo dijimos
el año pasado, tenemos una especial preocupación y hay un aumento
presupuestario en la dirección del Servicio Jurídico del Estado y
fundamentalmente en medios, en la partida o el capítulo
correspondiente a medios. A nosotros nos preocupa el hecho de que,
por una parte, no es fácil formar abogados del Estado. La propia
dirección del Servicio Jurídico nos dice: Vamos a hacer un esfuerzo
inversor en plazas. Y las plazas oscilan, según los años, 30, 25. Y
normalmente, ya lo he dicho alguna vez, salen más que entran; son tan
buenos los abogados del Estado, que las ofertas del exterior son muy
tentadoras, lo tengo que decir en honor del diputado señor Silva. El
problema de los abogados del Estado, incluso sus posibles
remuneraciones, etcétera, lo vamos a ir examinando también en la
medida de lo posible, como hemos dicho antes con los jueces y
magistrados. Yo sé que ellos tienen una reivindicación y desde luego
seguiremos con el esfuerzo inversor de dotar más medios a este tema.
Que apoya la reivindicación de los jueces. Nosotros, también, pero ya
hemos dicho el camino. Nosotros creemos que el camino es la ley de
retribuciones. Creo que ese es el logro que se puede conseguir de
aquí a un futuro prácticamente inmediato, y pienso que efectivamente
el Poder Judicial no tiene por qué estar sometido a los vaivenes de
cualquier gobierno o a las subidas o bajadas que de alguna manera se
puedan realizar en un determinado momento a través de un real
decreto, etcétera. Creo que hay una asignatura pendiente, como otras
muchas que hemos puesto en marcha, que es el desarrollo de la Ley de
retribuciones, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, acompañado
también de la revisión de todo el entramado. Porque hay una Ley de
1980 que regulaba a todos, ya no puede ser así, los miembros de la
Administración de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Montes.
Terminada la comparecencia del señor secretario de Estado ruego a los
portavoces que permanezcan en la sala a los efectos de la reunión
convocada y se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTÍ FLUXÁ). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (números de expedientes
212/002197 y 212/002196), DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente 212/002254) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO (número de expediente 212/002285).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión,
que tiene por objeto, con arreglo a lo acordado por la Mesa de la
Comisión de Presupuestos, sustanciar ante esta Comisión de Justicia e
Interior las comparecencias de diversas autoridades del Ministerio
del Interior para solicitar la información que los grupos proponentes
deseen en relación con los Presupuestos Generales del Estado. En
primer término, será la del secretario de Estado de Seguridad, don
Ricardo Martí Fluxa, a quien le doy la bienvenida esta tarde.
Tal y como hemos llevado a cabo la sesión esta mañana, en primer
lugar, voy a conceder la palabra a los distintos grupos que han
solicitado su comparecencia. Quiero hacer constar que las preguntas
que el Grupo Socialista pretendía formular al director general de la
Administración de la Seguridad del Estado también deberán ser
planteadas al secretario de Estado de Seguridad, que será quien dé
respuesta a las cuestiones que pudieran referirse a aquellos temas
que determinaron la solicitud de comparecencia en su momento del
director general de Administración de la Seguridad del Estado.
En primer término, le concedo la palabra al diputado señor Meyer, del
Grupo de Izquierda Unida, que fue uno de los solicitantes de la
comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad.
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: En este trámite, igual que todos los años, tal
y como sabe el secretario de Estado, a quien doy la bienvenida y le
agradezco que esté aquí con nosotros para que nos informe sobre los
presupuestos, siempre hacemos una primera introducción planteando
que, desde nuestra óptica de cómo entendemos que debía ser el sistema
policial en la sociedad española hacia el siglo XXI, no compartimos
la estructura del presupuesto, al mantenerse en una parte fundamental
del mismo unas inversiones para dos cuerpos policiales que, en muchos
casos se superponen en cuanto a objetivos y en cuanto a servicios.
Esta es una primera reflexión que este año también hacemos. Creemos
que con otro sistema policial, un sistema claramente federal, con la
Guardia Civil desmilitarizada y el Cuerpo Nacional de Policía
fundidos en un cuerpo federal, se podrían racionalizar mucho más los
gastos, se podría aumentar la eficacia, habría posibilidad de pagar
mejor a los funcionarios policiales y se podrían abordar los retos de
formación tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de
Policía en la perspectiva del siglo XXI. Esto no ha podido ser así y
estos presupuestos, al igual que los del
año pasado, siguen poniendo de manifiesto, a partir de esta realidad
de dos cuerpos que de alguna manera se superponen en algunas
misiones, una disparidad en la inversión presupuestaria a la hora del
gasto. Por ejemplo, al Cuerpo Nacional de Policía van destinados
263.100 millones de pesetas frente a los 303.000 de la Guardia Civil,
a pesar de que el Cuerpo Nacional de Policía cubre el 59,9 por ciento
de la población y la Guardia Civil, consiguientemente, el 40,1 por
ciento. Éste es un tema que en sí mismo nos preocupa en la medida
que, como decía al principio, creemos que con otro sistema policial
se podrían racionalizar mucho más los gastos y no se crearían
agravios comparativos entre dos cuerpos que tienen los dos
encomendada una tarea fundamental en la lucha y en la prevención
contra el delito y, sin embargo, a la hora de la inversión hay una
disparidad de criterios. Eso no significa, y después tendremos
ocasión de tratarlo en la comparecencia del director general de la
Guardia Civil, que después no vayamos a plantear una serie de
cuestiones desde el punto de vista social que sería necesario
incrementar de cara a a los funcionarios, a los guardias civiles.
Nos preocupa, y creo que es una tendencia que se vuelve a reafirmar
en este ejercicio presupuestario, todo lo relacionado con las
facilidades para cursos de formación y promoción de los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, las dietas. Las dietas han
descendido desde 1993 hasta el año 2000 un 47,75 por ciento. En 1993
había un presupuesto de 809 millones y en el 2000 es de 386. Aquí
también hay una tremenda disparidad que nosotros no entendemos. La
Guardia Civil sube en cuanto a dietas un 67,72 por ciento, según
nuestros datos; por tanto, creemos que se sigue planteando una
disparidad que no sabemos bien a qué obedece.
En el capítulo de inversiones nos preocupa que haya un descenso
importante, porque en el conjunto del sistema policial creemos que
hay que hacer un esfuerzo muy grande para adecuar los medios
materiales tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de
Policía, en un momento en que el delito y el crimen se está
organizando a niveles de una sofisticación importante y de una
coordinación incluso entre Estados. Por tanto, habría que hacer un
mayor esfuerzo de inversión en todo lo que significa la modernización
de todas las dotaciones, bien sean sistemas informáticos o de
comunicación, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la propia
Guardia Civil.
En el programa 22.C, actuaciones en materia de droga, nos sigue
sorprendiendo esta tendencia, que se sigue consolidando en los
presupuestos, y es que, a pesar de ser una competencia claramente
exclusiva del Cuerpo Nacional de Policía, en su artículo 2.a) de la
Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin
embargo, en este caso también el incremento para la actuación en
materia de droga del programa 22.C es un incremento para el Cuerpo
Nacional de Policía del 9,99 y para la Guardia Civil del 22,41 por
ciento. Estos datos evidencia que los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000, como ya fueron los anteriores, mantienen un
desequilibrio entre Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
claramente a favor de la Guardia Civil, y ponen en evidencia también
una necesidad de abordarlos con mucho más rigor -y espero que el
resultado de los debates de la subcomisión
del modelo policial nos pueda ayudar a ello- para resolver cuestiones
desde el punto de vista de la coordinación, de la eficacia, de la
racionalización de gastos que se podrían acelerar de cara a preparar
el sistema policial español en la perspectiva del siglo XXI.
Nos preocupa que la formación y promoción interna del Cuerpo Nacional
de Policía, específicamente por la congelación a la baja de todo lo
que significa el capítulo de dietas, se siga consolidando también en
este presupuesto.
En cuanto a los incentivos al rendimiento de productividad, que
lógicamente tienen mucho que ver con el Plan de Policía 2000, según
nuestros cálculos, siguen faltando 24.000 millones para financiar el
Plan de Policía 2000. En todo caso, también tendremos ocasión de
poder ser informados por el director general de Policía.
En definitiva, creemos que estas disfunciones en cuanto a gastos e
inversiones en un capítulo fundamental del Ministerio del Interior,
como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguen
adoleciendo en su base de plantear un sistema policial que, desde
nuestro punto de vista, requiere con prontitud una reflexión, que
esperemos que salga de la Cámara, del Congreso de los Diputados, y
seamos capaces de abordarla.
Recientemente he tenido ocasión de leer el resultado de la visita que
ha hecho a Málaga el secretario de Estado en relación a la posible
presencia de mafias organizadas, y una de las conclusiones que he
leído que se va a proponer, o que ya se ha realizado, es crear un
organismo, como el que tenemos en la lucha antiterrorista, que sea
capaz de coordinar Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, que
tenga un comisario propio y que esté coordinario con la Secretaría de
Estado. Es una realidad que cuando hay un delito no menor, un delito
importante, sea de terrorismo o de otra clase, inmediatamente se pone
en evidencia la necesidad de la coordinación. Creo que esto tiene
mucho que ver con lo que he planteado en mi primera exposición y me
parece importante que estos temas se resuelvan.
Señor secretario de Estado, éstas son las preocupaciones y las dudas
que le expongo en esta comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señorías, señor secretario de Estado,
agradezco su comparecencia en esta Comisión.
Voy a hacer una valoración y una serie de preguntas en relación al
presupuesto del Ministerio del Interior que hoy nos ocupa. Yo le voy
a dar una primera impresión -después entraré en la parte más
analítica- que me he llevado al leer los presupuestos del Ministerio
del Interior y sus organismos autónomos. Me parece que estamos ante
unos presupuestos de puro mantenimiento. Aquí no hay política del
Ministerio del Interior, aquí hay una amplia serie de unidades
orgánicas que se mantienen, que intentan continuar la inercia de
gestión, pero no se observa por las cifras que haya una política de
Interior, es decir, que se estén destinando los recursos y marcando
prioridades en una serie de temas, de servicios, de políticas propias
de la seguridad ciudadana y las instituciones penitenciarias, que es
el área fundamental de actuación del Ministerio del Interior.
Por ejemplo, y aprovecho para hacer la pregunta puntual, en el
reparto territorial de los efectivos de personal, de dotación de
plantillas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni siquiera
encontramos un criterio territorial lógico. Nos gustaría saber cuáles
son las pautas territoriales, en virtud de qué prioridades, de
demografía, de inseguridad ciudadana. Es decir, estamos ante unos
presupuestos de puro y simple mantenimiento, sin ninguna prioridad
política.
Por darle un resumen, si quiere simple, tan simple como las grandes
magnitudes que se desprenden de estos presupuestos, nos encontramos
con que el presupuesto del Ministerio del Interior para este año
aumenta básicamente en los siguientes temas: gastos de personal,
gastos de teléfono en la Secretaría de Estado, gastos en material y
suministros en procesos electorales e inversión en seguridad vial.
Prácticamente en todos los demás programas hay una congelación. No
acabamos de ver cuantificadas en las cifras -ya se lo habíamos dicho
también en el ejercicio anterior- previsiones de política de
emigración o inmigración, observamos una auténtica parálisis del Plan
nacional sobre drogas, una congelación en todo lo concerniente a las
actividades policiales contra el narcotráfico, una escandalosa
paralización en formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, no hay programas específicos de seguridad ciudadana en
determinadas materias y, ya digo, hay una absoluta congelación.
A su vez observamos que, con las magnitudes que se barajan, este
Ministerio crece por debajo de la media de los Presupuestos Generales
del Estado, lo que pone de manifiesto que, una vez más -es una
expresión que uso en estas comparecencias en los tres últimos años-,
aparece despriorizado el tema de la seguridad ciudadana,
despriorizado el Ministerio del Interior, envuelto exclusivamente en
una burocratización, con un negociado fundamental, que es la política
antiterrorista, el resto puro mantenimiento y fundamentalmente
grandes operaciones de cosmética en su comunicación con los medios
por parte del ministro, vendiendo humo pero no una política real en
materia de seguridad ciudadana ni una política seria en materia de
instituciones penitenciarias.
Entiendo los problemas humanos y de salud que ha tenido el director
general de la Administración de la seguridad ciudadana; por tanto, mi
solidaridad personal y mis mejores deseos para esa dirección general,
pero es lo cierto que, personas al margen, en el primer presupuesto
pusieron una tremenda esperanza en la optimización de los recursos,
como decían ustedes, a través de la Dirección General de la
Administración de la seguridad ciudadana. Como ya he dicho en
anteriores presupuestos, ni siquiera hay un servicio presupuestario
dentro de la sección 16 para esa dirección general, con independencia
de los problemas humanos; tampoco existe la estructura, no está
perfilada ni desarrollada la función en relación a las expectativas
iniciales creadas por ustedes mismos desde la primera comparecencia
del ministro, ofertando un modelo de gestión en materia de Interior;
no hay una función, no hay magnitudes presupuestarias ni informe de
gestión en esta materia. La verdad, nos parece que ahí hay un
importante fracaso de la política gerencial, aunque el fundamental
fracaso -ya digo-, desde mi punto de vista, es básicamente la falta
de
prioridades y de políticas transformadoras con los números de un
presupuesto en el ámbito de Interior.
Hoy vamos a intervenir, como siempre en lo que se refiere a las
cifras, con una mutilación más. El Grupo Socialista viene en
desventaja, porque los portavoces del Partido Popular tienen todo el
Ministerio cuantificado en la ejecución presupuestaria al mes de
junio, y nosotros no lo tenemos. Aprovecho para decirle que mi
primera petición -y espero que en las próximas 48 horas obre a
disposición de la Cámara, y por tanto de este grupo- es que podamos
tener la liquidación efectiva del presupuesto de gastos de todo el
Ministerio del Interior, debidamente cuantificada, y también la
ejecución de este año; no me vale sólo el año 1998, quiero el año
1999 hasta donde humanamente sea posible. Ya sé que en otros
ministerios esto lleva fecha de junio, aunque todos tienen la
radiografía, si quieren, al día de hoy. Yo le voy a pedir ese mayor
esfuerzo. ¿Por qué? Porque para hacer un análisis serio de la
política presupuestaria me gustaría comparar presupuesto inicial con
liquidación efectiva del gasto. Ese ejercicio no lo puedo hacer, y
como no lo puedo hacer, lógicamente, a partir de ahora empezaremos
con la guerra de si aumentan mucho o aumentan poco y si el porcentaje
es extraordinario o no.
Fíjese en un dato que sí tenemos de 1999. Parece que el gasto
efectivo en este año -más del inicial-, para el conjunto de los
Presupuestos Generales del Estado, rebasa los 600.000 millones de
pesetas. ¿Cuál será la magnitud que le corresponde, dentro de esa
realidad, al Ministerio del Interior? Podría recordarle aquellos
anhelos de la optimización de la gestión económica. El año pasado
tuvimos la ocasión de debatir en el Pleno un decreto-ley por el cual
se intentaba tapar agujeros en la gestión del Ministerio del
Interior, pero agujeros presupuestarios ya suyos, ya del Gobierno, ya
no pueden vender pasado. En diciembre del año pasado hubo que aprobar
más de 9.000 millones de pesetas para cubrir déficit presupuestarios.
Ahí están las cifras y la memoria. Tengo aquí los datos, así que
podemos discutirlos; tengo exactamente en qué partidas y dónde
existían esos agujeros, desde política en Instituciones
Penitenciarias a gastos de luz o de comunicaciones telefónicas,
etcétera. ¿Por qué? Porque sus primeros presupuestos ya partían de
una infradotación de recursos, y eso se demostró en la práctica. Como
había esa infradotación decían: Esto lo vamos a resolver con la
optimización de la gestión. No, ustedes han generado un agujero, que
sepamos (más lo que vendrá este año, porque imagino que este año
volverá otro decreto-ley en esta materia), de 10.000 millones que han
tenido que tapar con un crédito extraordinario, que muy gustosamente
la Cámara les ha dado, pero eso demuestra que no hay una buena
capacidad de presupuestación.
Por tanto, en esta primera intervención quiero dejar claro que
estamos ante un Ministerio de puro mantenimiento y ante una carencia
de políticas transformadoras desde el presupuesto; un presupuesto que
está despriorizado, que va por debajo de la media y que aumenta en
unas magnitudes muy concretas. Si tomamos la memoria, el libro
amarillo del presupuesto de gastos no financieros del Estado, en su
página 146 y siguientes, veremos que cuando hace un análisis de los
presupuestos y analiza la sección 16 dice que mientras que el
conjunto de los presupuestos crecen un 4,7 por ciento, Interior crece
un 4,6 por ciento; que el peso del
Ministerio del Interior es de 3,6, dentro del conjunto del
presupuesto, lo que significa que está estancado, que no ha ganado
peso en el ámbito de los mismos y que ha crecido por debajo de la
media del crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado.
Si analizamos el total de los presupuestos de gastos del Ministerio
del Interior y de sus organismos autónomos para el 2000, hablando de
presupuesto sin consolidar, nos encontramos con un crecimiento que no
llega al 5 por ciento. Si se considera sólo el presupuesto del
Ministerio del Interior, sin consolidar, encontramos un aumento que
no rebasa los 32.000 millones de pesetas, es decir, un 4,58 por
ciento. El porcentaje de aumento es inferior al aumento medio de los
presupuestos, por tanto, el presupuesto del Ministerio del Interior
baja.
Aparentemente, los programas que más crecen presupuestariamente, en
términos absolutos, son seguridad ciudadana y fuerzas y cuerpos en
reserva, ambos en torno a los 9.000 millones de pesetas.
Acontinuación viene centros e instituciones penitenciarias, con 6.827
millones de pesetas, y dirección y servicios generales, con 3.650
millones de pesetas. Es preciso también destacar que, a diferencia
del año pasado, se estanca la partida de elecciones y partidos
políticos, aunque existen en cambio unas cantidades menores a la hora
de la dotación a partidos políticos y gastos electorales.
Porcentualmente, los programas crecen de la siguiente manera: fuerzas
y cuerpos en reserva, un 11,5 por ciento; dirección y servicios
generales, un 28,3 por ciento; trabajo, formación y asistencia a
reclusos, un 13,9 por ciento; seguridad vial total, un 9 por ciento,
y centros e instituciones penitenciarias, un 8,6 por ciento. Éstos
son los porcentajes de crecimiento de los presupuestos por programas,
pero ¿en qué crecen? ¿Qué es lo que más crece dentro de cada
programa? Este es el ejercicio que hay que hacer. La respuesta es muy
sencilla, es capítulo 1. ¿Quién se lleva la mayor parte del
crecimiento de los presupuestos del Ministerio del Interior? Se lo
voy a decir ahora mismo. Dentro de cada programa lo que más crece es
el capítulo 1: gastos de personal. Así cabe afirmar lo siguiente:
centros e instituciones penitenciarias suben 6.827 millones de
pesetas, y el capítulo 1 de ese programa sube 5.035 millones de
pesetas, es decir, el 73 por ciento de la subida es capítulo 1;
trabajo, formación y asistencia a reclusos, prácticamente la subida,
del 88,4 por ciento, corresponde también a gastos de personal;
seguridad ciudadana sube en total 9.291 millones de pesetas, y el
capítulo 1 sube 8.720 millones de pesetas; luego el 93 por ciento de
la subida corresponde a gastos de personal; en seguridad vial,
prácticamente el cien por cien de la subida es capítulo 1; las
actuaciones en materia de droga suben 354 millones de pesetas y el
capítulo 1 sube 295 millones de pesetas, luego el 83 por ciento de la
subida es capítulo 1.
Según el resumen económico funcional del presupuesto de gastos por
programas, la subida del capítulo 1, en los Presupuestos Generales
del Estado, en materia de Interior, asciende a 25.678 millones de
pesetas. Estas son las cantidades. En resumen, más del 65 por ciento
del incremento de los presupuestos del Ministerio del Interior se
consumen en el capítulo 1; el resto de las partidas se congelan en
muchos casos. Es verdad que hay algún aumento, por ejemplo, en el
capítulo 6, que aumenta 3.705, es decir, representa el 9 por ciento
del aumento total del presupuesto.
Pero volvamos al capítulo 1: gastos de personal. Los gastos de
personal crecen de forma desigual en cada programa. Queda claro en
los Presupuestos Generales del Estado que el incremento retributivo
con carácter general para los empleados públicos es del 2 por ciento,
y aquí hay un crecimiento en gastos de personal de manera desigual
por programas. Por ejemplo, el capítulo 1, en el programa de
seguridad ciudadana, aumenta un 2,2 por ciento, sin embargo en
centros e instituciones penitenciarias aumenta un 8,4, y en trabajo,
formación y asistencia a reclusos, un 14,9, aunque no podemos
desconocer que los factores que intervienen en la cuantificación del
capítulo 1 -y lo dice el propio informe de presentación de los
Presupuestos Generales del Estado-, en materia de personal, son los
siguientes: primer factor, actualización sobre inflación prevista, 2
por ciento; segundo factor, consolidación de efectivos que ingresaron
a lo largo de 1999; tercer factor, consolidación de derechos
económicos revisados y cuarto factor, incremento de nuevos efectivos
para el año 2000.
Bien, pues nos gustaría que profundizara en su exposición sobre estos
datos y nos pudiera remitir un informe más preciso sobre la política
de personal, porque, además, en algunas áreas se plantean subidas por
encima del 2 por ciento o se consolidan determinados aspectos
negociadores. Nos gustaría que hubiera una mayor cuantificación para
ver cómo juegan estos cuatro factores en los gastos de personal del
presupuesto del Ministerio del Interior.
En el programa 222.D: fuerzas y cuerpos de reserva, se pasa de 78.209
millones de pesetas a 87.212 millones de pesetas. Prácticamente, el
aumento se concentra en el artículo 12, funcionarios de la Dirección
General de Policía, servicio 03, y el aumento es de 8.700 millones de
pesetas. Me gustaría simplemente que nos diera alguna explicación
sobre este tema, que probablemente sea lógica. Esta magnitud consume
una buena parte del crecimiento del presupuesto de Interior, luego
fíjese usted, si aumentamos 30.000 y 8.700 en el capítulo 1, en el
tema de fuerzas y cuerpos de reserva, le estoy demostrando que no hay
un incremento presupuestario que tenga una proyección operativa.
En el capítulo de inversiones, el incremento del capítulo 6, decía
que era el 8 por ciento, es decir las inversiones aumentan en 3.705
millones de pesetas, sin embargo disminuyen los gastos de inversión
en el programa de seguridad ciudadana, que bajan 1.367 millones de
pesetas. En Instituciones Penitenciarias se produce prácticamente un
congelación del capítulo 6 y aumentan los gastos de inversión en el
capítulo 6 en el programa de seguridad vial, que ahí sí hay un
aumento de 4.666 millones de pesetas, es decir el aumento del
capítulo 6 para todo el ministerio prácticamente se consume en el
programa de seguridad vial, en el programa 222.B, capítulo 6,
inversiones reales, y ahí sí nos gustaría también que nos desglosara
la inversión en qué aspectos más relevantes, porque yo veo una
congelación de la inversión de todos los programas, salvo en el caso
de la seguridad vial, que nos viene definido así el aumento del
capítulo 6: inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados
al uso general, que sube de 10.266 millones a 12.900 millones, es
decir 2.634 millones de
pesetas. La inversión nueva asociada al funcionamiento operativo,
artículos 62 y 63, sube 268 y 1.371 millones de pesetas
respectivamente.
Los gastos de inversiones de carácter inmaterial suben 375 millones
de pesetas, es decir representan 2880 millones de pesetas. Lo digo
para que detrás de estas denominaciones nos pudiera explicar por
dónde van esas inversiones en materia de seguridad vial, cuáles son
los aspectos más importantes, partiendo de que prácticamente la
seguridad vial consume el aumento de inversiones del resto del
Ministerio. En el resto de programas no va a haber crecimiento, en
seguridad vial sí. Sepamos cómo se concreta y en qué aspectos.
El capítulo 2 del presupuesto aumenta el 10, 8 por ciento, 8.704
millones en términos absolutos. Los aumentos se concentran en los
siguientes programas: dirección y servicios generales, el incremento
es de 3.176 millones de pesetas, es decir sube teóricamente el 149,3
por ciento; en seguridad ciudadana, el incremento es de 1.965
millones de pesetas, el 6,7 por ciento; en centros e instituciones
penitenciarias, el incremento es de 1.611 millones de pesetas;
y elecciones y partidos políticos, el incremento en el capítulo 2 es de
1.338 millones de pesetas.
Los programas de protección civil, plan nacional sobre drogas,
actuaciones policiales en materia de droga, formación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se congelan o bajan en el capítulo 2.
Yo creo que no apostando por ese tipo de programas en el capítulo 2,
se está reduciendo la operatividad de los servicios una vez más y no
apostando por temas que son fundamentales, como es el reciclaje
o como es poner la prioridad en determinadas actuaciones.
Pero ya en este capítulo 2, vayamos en concreto al programa 221.A,
servicio 16.02, dirección y servicios generales. Estamos hablando de
la secretaría de Estado. Aquí nos encontramos con que se pasa en el
capítulo 2 de un gasto de 42 millones de pesetas a 2.742 millones,
¿en qué? Se dice claramente, claro, en comunicaciones telefónicas. Yo
no sé, tendrá alguna explicación, a lo mejor es que están enjugando
otros déficit u otros agujeros generados por su propia gestión, o
simplemente han centralizado las comunicaciones de otra manera, no
sé. Lo que observo es que el año pasado esta partida tenía 42
millones en su Secretaría de Estado y ahora pasa a tener 2.742
millones de pesetas. Simplemente nos gustaría saber qué ocurre y cuál
es la explicación.
Los otros 400 millones de pesetas en que aumenta el programa en su
capítulo 2 se consumen en el servicio 16.01, Ministerio,
Subsecretaría y servicios generales, básicamente en comunicaciones
telefónicas 74 millones, y transportes, que pasa de 82 millones a 400
en el concepto 223.
Los gastos reservados siguen estancados, mejor dicho, en este
presupuesto se estancan con relación al presupuesto del año pasado,
en 950 millones de pesetas. El año pasado sí se produjo un incremento
sin duda justificado pero que puso de manifiesto se había intentado
hacer una cierta política de imagen o de demagogia al principio, yo
creo que la cuantía de haberlos aumentado el año pasado estará
plenamente justificada, este año mantienen las mismas magnitudes, 950
millones de pesetas, y lo único que quisiera saber
de esta materia es si el nivel de ejecución es correcto, no me
refiero en su destino sino en la cuantía de la cantidad, si hace
falta más; si se han consumido en la totalidad, si hacen falta, o si
la partida realmente está sobredimensionada porque se tiene ad
cautelam, y nada más. No pretendo entrar lógicamente, no es
competencia de esta Comisión, en el análisis de los gastos
reservados; simplemente constato que la partida es para este año la
misma del año pasado, 950 millones de pesetas.
El programa de elecciones y partidos políticos, programa 463.A
aumenta 1.338 millones de pesetas en el capítulo 2, en concreto en
material, suministros y otros, artículo 22, concepto 227, subconcepto
05.
Procesos electorales pasa de 12.342 a 13.680 millones de pesetas; sin
embargo, y es la duda que me surge aquí, la financiación a partidos
políticos y la subvención de gastos electorales, conforme a la Ley 5/
1985, bajan en el capítulo 4 de 18.118, a 16.455, es decir, baja
1.667 millones de pesetas. También me gustaría saber las razones de
esta disminución.
En materia de Instituciones Penitenciarias, ya se lo he dicho,
hablaremos cuando comparezca el responsable, el director general,
pero sí tengo que volver a constatar que se ha producido una
congelación en los planteamientos más necesarios que son
demostrativos de que hay una política transformadora, que hay, eso
sí, un aumento importante en la política de personal y espero que se
nos explique, porque salvo que esté prevista alguna ampliación de los
créditos presupuestarios, supongo que guardará relación con los
últimos acuerdos que desconocemos, si se ha llegado y en qué
términos, con los funcionarios de prisiones, pero esto podemos
discutirlo con el director general de Instituciones Penitenciarias.
Lo único que sí constato es que el aumento también lo absorbe el
capítulo 1.
No voy a seguir consumiendo tiempo. En general, veo que todo lo que
son partidas de programas que implican cierta operatividad
básicamente están congeladas, y acabo por donde empecé, señor
secretario de Estado, señor presidente, señorías. Constato que
estamos ante unos presupuestos de puro mantenimiento, de pura inercia
burocrática que ponen de manifiesto que no se ha optimizado la
gestión, ni existe una política con prioridades destacadas con el uso
del presupuesto como un elemento de transformación política; no
existe nada de esto, existe una clara despriorización y como digo un
mayor empeño en el señor ministro en salir bonito en las fotos, pero
no ser eficaz en la gestión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, por el
Grupo Popular.
El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, señor presidente.
Posteriormente, intervendrá el señor Seco.
Nosotros veníamos atenidos a lo que habitualmente ha sido la
disciplina de estos debates, es decir la formulación de una serie de
consideraciones de preguntas específicas al compareciente para poder
recibir la información, pero habida cuenta de que se establecen hoy
algunas modalidades nuevas, es decir se anteponen las conclusiones a
la dación de información, con independencia de que el señor Seco
planteará una serie de cuestiones concretas al señor secretario de
Estado, nosotros sí queremos decir algo. En
todo caso, señalar que si toda la formulación crítica que se hace al
presupuesto del Ministerio del Interior es que acredita un fracaso
político, que acredita una falta de políticas transformadoras y que
acredita una incapacidad para haber producido mecanismos de
optimización de la gestión, pues bienvenida sea esa crítica en los
términos que los hechos, y los hechos son incontrovertibles,
acreditan exactamente lo contrario, y en algunos casos esos hechos,
además, vienen sujetos, apoyados, sustentados, por una alta
consideración popular, por una parte, y por otra por una alta
consideración de los propios profesionales de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que vienen diciendo lo contrario.
Yo creo que si la mejor política que puede inspirar un Ministerio del
Interior en el ejercicio de sus competencias de seguridad, es
inspirar confianza en los ciudadanos, nos parece obvio que la
política de seguridad ciudadana que ha venido aplicando el Ministerio
del Interior, por no citar otras de mayor hondura y de mayor calado,
ha producido ese clima de confianza y de seguridad ciudadana, y por
tanto ha gestado el mayor de sus triunfos políticos en términos que a
nosotros no nos gustaría tener que utilizar así, pero en todo caso
los contraponemos a la dialéctica del fracaso de la que se ha hecho
mención por parte de otro grupo parlamentario. Cuando se habla de la
ausencia, de la falta de políticas transformadoras y vemos cómo este
Ministerio del Interior ha puesto en práctica proyectos tan
sugestivos y tan importantes como el de policía de proximidad, el del
servicio integral de vigilancia del Estrecho, o el proyecto SIVE,
proyecto de seguridad que es también de solidaridad, por ser de
seguridad de la frontera sureuropea, parece que ese tipo de
aducciones de la falta de políticas transformadoras cae por sí mismo.
Y cuando, en definitiva, este Ministerio del Interior ha podido en el
último ejercicio dotar, y dotar mejor de medios materiales a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, invirtiendo más como
consecuencia de una mejor administración, y además invirtiendo mejor
como consecuencia de la introducción de procedimientos novedosos,
como el aplicado por la Dirección General de la Policía para la
renovación de su flota de vehículos, nos parece que aducir esa falta
de optimización de la gestión también cae de suyo.
Pero cae mucho más de suyo señalar que éste es un presupuesto que
denota una mera inercia de gestión y es de puro mantenimiento. Quizá
alguien no ha hecho los deberes, pero cuando resulta que este
presupuesto del Ministerio del Interior crece y lo hace por encima de
la media del conjunto del sector público, en todo caso nos parece
obvio que también esa afirmación, legítima en términos de debate, ya
se sabe que en un debate político se puede decir casi de todo y
cuando el sustento son los números mucho más, los números muchas
veces son muy elásticos cuando no se conocen en su frialdad y en su
exactitud; digo que en ese conjunto, en ese trípode de críticas
fundamentales que se aducen a este presupuesto nosotros no tenemos
más que referenciarnos a la propia realidad de los hechos.
No se puede decir que no hay una política de prioridades cuando este
presupuesto del Ministerio del Interior, continuando el presupuesto
de años anteriores, establece tres vértices esenciales, que son por
definición los que tienen que construir un sistema de seguridad
interior moderno y que son por definición los que tienen que
construir un sistema
de seguridad interior, como ha sido la política de seguridad
ciudadana de este Ministerio del Interior, capaz de generar confianza
en los ciudadanos, es decir, el principio de especialización, el de
proximidad, y el de coordinación; especialización, proximidad y
coordinación determinan las prioridades políticas, operativas,
profesionales y de inversión de este presupuesto, de esta política de
seguridad impulsada por este Gobierno y ejecutada por este Ministerio
del Interior, y así además lo aprecian los ciudadanos.
Por lo demás, señor presidente, celebrar, cómo no, poder
reencontrarnos otra vez en esta casa con el señor secretario de
Estado de Seguridad, darle la bienvenida en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, y formular, como lo hará ahora el señor Seco,
una serie de cuestiones concretas al hilo de este presupuesto.
Algunas van a ser muy útiles para la información general de SS.SS.;
otras lo van a ser para redundar en lo obvio, aunque algunos parecen
que no quieren contemplar ese sentido de lo obvio.
El señor PRESIDENTE: Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Para señalar que la salud mental de los
futuros lectores del «Diario de Sesiones» de esta Comisión, que sin
duda los habrá algún día, precisa que hagamos una aclaración y nos
refiramos a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000,
porque de anteriores intervenciones parece que estamos refiriéndonos
a cosas distintas, a unos presupuestos y a otros completamente
distinto. Como yo quiero referirme a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 haré una serie de preguntas concretas que sin
duda contribuirán a aclarar algunos de los aspectos que por la
complejidad técnica de toda ley presupuestaria precisan de esa
aclaración, reconociendo que la oposición tiene el deber de criticar
lo que hace el Gobierno, para eso está, pero como decía antes la
salud mental de los futuros lectores del «Diario de Sesiones»
agradecerá que nosotros hagamos también la interpretación de los
hechos que estimamos más conveniente, reconociendo además que los
hechos no son interpretables, lo serán las normas pero no los hechos
y los números menos todavía. Por eso me gustaría, señor secretario de
Estado para la Seguridad, que nos aclarara algo que parece obvio pero
que ha sido puesto en duda, y es que el presupuesto de inversiones
del Ministerio del Interior este año crece, y me gustaría que nos
dijera en qué porcentaje y cuáles son las prioridades inversoras; en
eso me sumo a la petición del señor Cuesta.
En segundo lugar, y reconociendo los buenos resultados que ha tenido
la puesta en marcha del Plan de policía 2000 en las principales
ciudades españolas, en lo que se ha denominado el territorio seis por
seis, contribuyendo a aumentar la seguridad de los ciudadanos y
mejorando su calidad de vida, me gustaría que nos aclarara en qué
términos se contempla en este presupuesto la continuación de la
implantación del proyecto de policía 2000.
Sin duda es especial la problemática que se plantea en algunos
territorios de España y concretamente en Ceuta y Melilla, y por eso
querría que nos aclarara qué actuaciones específicas de carácter
inversor y de todo tipo se contemplan en los presupuestos para estas
dos ciudades autónomas,
continuando proyectos anteriores, como el de la aduana de Beni-
Enzar o proyectos nuevos que se hayan podido contemplar en el
presupuesto.
Sin duda también la singularidad socioeconómica y los especiales
problemas que plantea la Comunidad Autónoma de Canarias exige una
actuación específica por parte del Ministerio del Interior, y en este
sentido existe el Plan de seguridad de Canarias. Me gustaría que nos
aclarara en qué términos se contempla en los presupuestos del Estado
para el año 2000 este Plan de seguridad de Canarias y qué inversiones
lleva consigo.
Renociendo que nuestra pertenencia a organismos internacionales y a
la Unión Europea conlleva una serie de compromisos que tenemos que
cumplir, me gustaría que nos aclarara qué actuaciones prevén los
Presupuestos Generales del Estado en relación con el compromiso
asumido para la protección de la frontera sur de la Unión Europea.
Una sexta pregunta que me gustaría realizar, para que nos aclarara y
constara en el «Diario de Sesiones», se refiere al organismo autónomo
Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, organismo
que pretende la mejor utilidad y el mejor aprovechamiento de los
recursos e instrumentos de que dispone la seguridad del Estado. Se
han aprobado este mismo año los estatutos de esta gerencia,
instrumento imprescindible para su correcto funcionamiento, y a
partir de ahí me gustaría que nos aclarara cómo se contempla el
funcionamiento de la misma en los presupuestos para el año 2000.
El programa de mayor envergadura del Ministerio del Interior es sin
duda el programa 222.A, de seguridad ciudadana, en la medida que
tiene por objetivo la protección de los derechos y libertades de los
ciudadanos, y por eso le pregunto cómo se incrementa, cómo se trata
este programa en los presupuestos para el año 2000 en comparación con
los del año 1999, y qué particularidades contiene.
Si hay algo característico en el trabajo que desarrollan los
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es
precisamente su peculiaridad; por tanto, es necesario reconocer la
labor que desarrollan y adecuar sus salarios. En este sentido creo
que es importante como instrumento para todo ello el concepto de
productividad. Por eso le pregunto qué previsiones se contienen en
este proyecto de presupuestos en lo que se refiere a complemento de
productividad para el Cuerpo Nacional de Policía y para la Guardia
Civil.
Asimismo, me gustaría saber si un instrumento que se ha puesto en
marcha en los últimos presupuestos generales y que contribuye a
modernizar los medios materiales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, concretamente el programa Renting para la
Dirección General de la Policía, va a continuar este año y en qué
términos.
Por último, y con ello concluyo, señor presidente, quiero hacer una
pregunta de carácter general que resumiría la filosofía del
presupuesto del Ministerio del Interior, y es el objetivo que se
trazó el Gobierno desde el momento de la toma de posesión, que
consiste en mejorar y modernizar la seguridad pública en España; me
gustaría saber cómo contribuyen estos presupuestos del año 2000 al
cumplimientode ese objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Señorías,
comparezco ante esta Comisión de Justicia e Interior un año más, esta
vez con el fin de informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000. Como viene siendo habitual,
otros cargos del departamento comparecerán igualmente ante esta
Comisión, por lo que SS.SS. tendrán una explicación específica y
detallada de las diferentes áreas del Ministerio del Interior. No
obstante, además de centrarme de manera muy especial en el ámbito de
mi estricta competencia, la Secretaría de Estado de Seguridad y las
direcciones generales de ella dependientes, querría también ofrecer a
SS.SS. en esta comparecencia una visión más amplia de las previsiones
presupuestarias del conjunto del departamento. Después de referirme
de forma pormenorizada a las líneas básicas del proyecto de
presupuestos del departamento del Ministerio del Interior, a
continuación contestaré a todos y cada uno de los puntos que me han
sido suscitados, por los representantes de Izquierda Unida, del
Partido Socialista y Partido Popular. Sin embargo, si hay algún otro
punto que no cubre mi intervención, y que tampoco cubrirán
posteriormente las intervenciones de los directores generales de la
Policía, de la Guardia Civil, del delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Droga y el director general de Instituciones
Penitenciarias, me comprometo a contestársela de la forma más directa
e inmediata posible.
Los presupuestos del Ministerio del Interior para el año 2000,
siguiendo la política del Gobierno en esa materia, se enmarcan en una
línea de contención del gasto y reducción del déficit público. La
disminución de gastos corrientes y la potenciación de las
inversiones, son asimismo dos líneas prioritarias. Frente al 2,5 por
ciento de incremento en el total del proyecto de presupuestos para el
sector público para el año 2000, el presupuesto consolidado del
Ministerio del Interior, incluidos organismos autónomos, es un total
de 774.848 millones de pesetas, experimentando un incremento del 5,04
por ciento respecto al presupuesto inicialmente aprobado para 1999.
Una vez más, señor presidente, señorías, el Gobierno prima los
servicios públicos e incrementa los de nuestro departamento, lo que
demuestra la importancia y la prioridad que el Gobierno otorga a la
seguridad y en general a las políticas públicas que se engloban en el
Ministerio del Interior.
El capítulo 1, gastos de personal, aparece dotado en el proyecto de
presupuestos con 611.114 millones de pesetas, esto representa el
78,87 por ciento del total de presupuesto y experimenta un incremento
del 4,39 por ciento. Independientemente de que luego contestaré de
forma más concreta a unas preguntas que me han sido suscitadas,
especialmente por el señor Cuesta, este incremento se debe a la
actualización del 2 por ciento autorizada por el Gobierno con
carácter general para el capítulo 1 y en segundo lugar a adecuaciones
y mejoras retributivas reconocidas al personal de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, cuya productividad experimenta un incremento
de 2.700 millones de pesetas para la Policía y 1.000 para la Guardia
Civil. Asimismo, el capítulo de personal de Instituciones
Penitenciarias crece en 1.850 millones de pesetas, cifra a la que se
refería el representante del Partido Socialista, y se debe al acuerdo
firmado con los sindicatos recientemente. Las peculiares
características que rodean el trabajo de estos funcionarios, la
necesidad de adecuación de sus salarios y la voluntad de reconocer su
labor, motivan este incremento presupuestario. Otros incrementos en
el capítulo 1 se refieren a la incorporación de efectivos por las
ofertas de empleo público, concretamente 8.326 millones de pesetas;
a la dotación de plazas en segunda actividad con destino en la policía,
3.312 millones de pesetas; al reconocimiento de antigüedad al
personal funcionario, 1.610 millones de pesetas; y a la plasmación
ejecución y del convenio único de personal laboral suscrito por el
Ministerio de Administraciones Públicas el 16 de noviembre, que son
648 millones de pesetas.
La dotación del capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios,
se eleva a 88.676 millones, lo que representa el 11,44 por ciento del
total del presupuesto; el incremento en este capítulo es del 10,88
por ciento. Este aumento es debido a que en el servicio 02,
Secretaría de Estado de Seguridad, es preciso hacer frente a una
anualidad de 2.700 millones de pesetas en gastos corrientes, para
abordar el proyecto del sistema de radiocomunicaciones digitales de
emergencia del Estado, Sirdee. Por otro lado, al estar prevista la
celebración de elecciones generales y elecciones a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en ambos casos en el año 2000, hay un
incremento de 1.338 millones de pesetas en el programa elecciones y
partidos políticos, al que me referiré más adelante. Por último, la
manutención de la población reclusa, los transportes para atender a
los gastos de repatriación de extranjeros que entran ilegalmente en
España y los gastos relacionados con el parque móvil de la Guardia
Civil y Policía, han experimentado igualmente incrementos. No
obstante, la política de austeridad y racionalización de los gastos
corrientes ha presidido la dotación presupuestaria de este capítulo,
y los incrementos enumerados son los que resultan ineludiblemente
necesarios.
El capítulo 3, gastos financieros, tiene escasa relevancia en el
presupuesto, por lo que paso a las transferencias corrientes del
capítulo 4. En este aspecto, las transferencias corrientes externas
suponen un total de 23.776 millones de pesetas, disminuyendo el 5,10
por ciento respecto al presupuesto inicial de 1999 y representando el
3,07 por ciento del total del presupuesto. El 69 por ciento de este
capítulo corresponde al programa elecciones y partidos políticos,
como consecuencia de los gastos que ocasionarán los ya citados
procesos electorales previstos para el próximo año. Experimentan
incrementos significativos la contribución a organismos
internacionales policiales, Interpol y Europol, 118 millones, y las
transferencias a corporaciones locales por depósitos municipales de
detenidos, 98 millones. Las transferencias internas se elevan a
27.245 millones de pesetas, siendo las más importantes las
transferencias al Estado de la Jefatura de Tráfico, 21.000 millones,
1.000 millones más que el año pasado, y la subvención al organismo
Trabajos y Prestaciones Penitenciarias, 6.010 millones, que suponen
847 millones más que en 1999.
El capítulo 6, inversiones reales, asciende a 49.986 millones de
pesetas. Representa el 6,45 del total del presupuesto, con un
crecimiento del 8,79 por ciento sobre el presupuesto inicial para 1999.
El esfuerzo inversor del departamento
se pone de manifiesto en varias líneas, y muy especialmente en nuevos
proyectos, como el sistema integrado de vigilancia exterior, dotado
con 1.000 millones de pesetas, al que me referiré más adelante, y el
Plan de seguridad de Canarias, 400 millones. Las actuaciones en las
fronteras de Ceuta y Melilla, 630 millones, incrementan igualmente el
capítulo 6, así como las inversiones en seguridad vial, que crecen el
23,3 por ciento.
Entre las variaciones en las actuaciones inversoras básicas previstas
para el año 2000, cabe destacar como las más significativas y al
alza: primero, las infraestructuras de seguridad vial y formación,
investigación y evaluación de seguridad vial, 23,3 por ciento; los
medios de vigilancia para la circulación, 13,4 por ciento; edificios
administrativos, 29,8 por ciento; mobiliario y enseres, 33,1 por
ciento; infraestructuras de apoyo para protección civil, 19,6 por
ciento; y equipamiento de talleres penitenciarios, 20,3 por ciento.
El capítulo 7, transferencias de capital, representa tan solo el 0,12
por ciento del presupuesto y asciende a 917 millones de pesetas.
Destacan en este capítulo: la potenciación de los planes de
emergencia nuclear, que aparecen dotados con 717 millones de pesetas,
y un nuevo crédito de 60 millones en el Plan nacional sobre drogas
para financiar proyectos de investigación que desarrollarán entidades
públicas o privadas, sobre los que se podrá extender con más amplitud
el delegado del Gobierno para el Plan nacional.
Por último, el capítulo 8, activos financieros, asciende a 260
millones de pesetas, y el 9, pasivos financieros, a 12 millones que
se destinan a la amortización de préstamos recibidos.
Señor presidente, señorías, seguidamente y continuando con el esquema
que les señalaba al principio de mi intervención, comentaré las
directrices fundamentales del proyecto de presupuestos para los
diferentes centros directivos del departamento, con particular
referencia a los que dependen de la Secretaría de Estado de la que
soy titular.
Nuestra intención es llegar al siglo XXI ofreciendo a los ciudadanos
servicios de la máxima calidad con el mínimo coste posible, y por
tanto con criterios de eficacia y eficiencia. Estamos ante un modelo
policial de servicio en el que la seguridad es un derecho para todos
los ciudadanos, y en consecuencia un deber para lo poderes públicos.
Como proyectos específicos quiero citarles la implantación del
prototipo de un sistema integrado de vigilancia exterior por parte de
la Guardia Civil, denominado proyecto SIVE, orientado a garantizar la
cobertura de la frontera sur de la Unión Europea y a evitar la
entrada irregular de personas y mercancías en consonancia con
nuestras obligaciones internacionales y con lo acordado en el Tratado
de Amsterdam. Este proyecto que comenzará en el año 2000 con la
implantación de una fase piloto en el Estrecho y que se irá
completando luego en todo el litoral andaluz, aparece dotado para el
próximo año con 1.000 millones de pesetas destinados al
establecimiento de centro prototipo de mando, control y coordinación.
El plan para Canarias cuenta con una dotación de 400 millones de
pesetas destinados a reducir los índices de criminalidad y a mejorar
el nivel de seguridad en esta comunidad autónoma. Desde el Ministerio
del Interior se quiere dar una atención especial a Canarias por su
singularidad
socioeconómica y por su particular problemática en materia de
seguridad. Se trata fundamentalmente de incrementar en el
Archipiélago medios humanos y materiales, mejorando infraestructuras
destinadas a la seguridad de las islas, adoptando medidas de
racionalización e incrementando la eficacia policial.
En lo que se refiere a Ceuta y Melillla, se prevén también
actuaciones específicas por importe de 630 millones de pesetas. Se
destinarán fundamentalmente a la aduana de Beni-Enzar, en Melilla,
200 millones; y en la protección perimetral de ambas ciudades, 430
millones.
En cuanto a vehículos, se consolida el programa Renting de la
Dirección General de la Policía y se potencia la adquisición de
vehículos ligeros para la Guardia Civil destinados a las unidades
básicas de puestos.
La Dirección General de la Policía, a lo largo del ejercicio
económico presupuestario del año 2000, continuará con la implantación
paulatina del proyecto policía 2000. En este proyecto priman dos
directrices fundamentales: proximidad y especialización. La primera
directriz pretende conseguir un mayor acercamiento del policía al
ciudadano con el fin de facilitar respuestas y servicios
personalizados, lo que se traduce en una mejora sustancial del propio
servicio y de la seguridad que el ciudadano percibe y recibe.
Igualmente, puedo asegurar a SS.SS. que continuará con especial
atención las unidades dedicadas a mujeres maltratadas y a menores que
sufren violencia familiar.
En lo que se refiere a la especialización policial, se impulsará la
constitución de unidades específicas en el campo de la información,
de la extranjería, de la policía judicial y de la policía científica.
Todo ello con el fin de afrontar adecuadamente las cada vez más
complejas formas de delincuencia, y en especial la correspondiente a
las bandas de delincuencia organizada, como antes señalaba el señor
Meyer.
Por último, y en consonancia con los principios de proximidad
y especialización, está previsto seguir desarrollando un programa de
dirección por objetivos que permita mejorar y medir resultados.
En el ámbito de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, quiere referirme a continuación y como uno de los puntos
fundamentales de su actuación, a la Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado. Los estatutos fueron aprobados en enero de
este año y han permitido que este organismo autónomo comience a
funcionar con normalidad y a cumplir los fines para los que fue
creado, que como el pasado año tuve ocasión de explicar a SS.SS. se
refieren fundamentalmente a la reorganización de los bienes afectados
al ámbito de la seguridad pública a partir de criterios de
racionalidad en el uso de los mismos, adecuándolos a las necesidades
de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la comunidad en la que se
ubican, buscando la mejor utilidad y aprovechamiento de los mismos.
Como actuaciones más significativas de la Dirección General de
Administración de la Seguridad, y concretamente de la gerencia, me
gustaría destacar las siguientes: En primer lugar, se han iniciado
las actuaciones preparatorias para llevar a cabo la desafectación de
41 inmuebles. En segundo lugar, se ha acordado la desafectación de 8
inmuebles, de los que 5 han sido ya declarados alienables con un
valor total de tasación de 364 millones de pesetas, y otros
han sido sacados a subasta pública existiendo una propuesta de
adjudicación de 615 millones. En tercer lugar, el consejo rector de
la gerencia aprobó la permuta con la Tesorería general de la
Seguridad Social del edificio donde se ubicó la comisaría de policía
de Gijón, recibiendo a cambio unos inmuebles ubicados en Madrid y
Arganda del Rey. En cuarto lugar, se ha acordado la firma de 11
convenios con administraciones locales y autonómicas para la
construcción de cuarteles y comisarías, lo que se traduce en
aportaciones de las administraciones citadas por importe cercano
a los 1.000 millones de pesetas.
Como puede comprobar SS.SS., la Gerencia de Infraestructuras de la
Seguridad, la Dirección General de Administración de la Seguridad, es
ya una realidad que irá adquiriendo progresivamente, lentamente sin
duda pero firmemente en el futuro, una mayor relevancia y
protagonismo en la gestión económica del patrimonio de las fuerzas
y cuerpos de seguridad.
En materia de tráfico, la gestión dinámica de éste y su vigilancia
constituyen actuaciones prioritarias. Por otro lado, la educación y
la formación vial y la investigación de accidentes se potenciarán a
través de los presupuestos del próximo año de la forma que
pormenorizaré más adelante.
Las actuaciones en materia penitenciaria se dirigirán a la custodia y
reinserción -las dos líneas fundamentales- así como a la acción
social necesaria con la población reclusa.
Señor presidente, señorías, expuestas estas líneas básicas del
proyecto de presupuestos, pasaré a continuación a informar sobre los
programas de cuya gestión es responsable la Secretaría de Estado de
Seguridad. En el programa 221.A, dirección y servicios generales de
seguridad y protección civil, corresponde a la Dirección General de
Administración de la Seguridad el análisis y la gestión de los medios
que permiten satisfacer las necesidades de los cuerpos y fuerzas de
seguridad. Dentro de este programa, está previsto asignar a la
Secretaría de Estado 9.120 millones, lo que supone un incremento del
47 por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de
que en este proyecto figura el anteriormente citado proyecto del
sistema de comunicaciones de la seguridad del Estado -Sirdee-, con
una dotación de 2.700 millones de pesetas en concepto de
comunicaciones, que no significa simplemente que nos dediquemos a
llamar por teléfono a Australia todos y cada uno de los integrantes
de la secretaría sino para hacer frente a este pago.
La ejecución del programa 221.B, formación de fuerzas y cuerpos de
seguridad, corresponde, como saben SS.SS., a las direcciones
generales de la Policía y de la Guardia Civil. La especial relevancia
que tiene este programa se basa en su estrecha vinculación con la
calidad y eficacia de los servicios, un concepto que se me ha
recordado como fundamental año tras año y que es considerado del
mismo modo por esta Secretaría de Estado. En los presupuestos para el
año 2000 figura para este programa la cifra de 11.926 millones.
Suponen un incremento del 0,16 por ciento, correspondiendo 5.073
millones de pesetas a la Dirección General de la Policía y 6.852
millones a la Dirección General de la Guardia Civil.
Dentro del programa relativo a la seguridad ciudadana, quiero
resaltar la continuidad del Plan policía 2000, cuyos
objetivos pretenden aumentar la seguridad de los ciudadanos mejorando
la calidad de los servicios, aumentando la satisfacción ciudadana y
reduciendo la delincuencia. La previsión presupuestaria del próximo
ejercicio para este programa es de 440.659 millones de pesetas, lo
que implica un incremento del 2,27 por ciento.
El desarrollo del programa 222.B, seguridad vial, corresponde a la
Dirección General de Tráfico y a la Guardia Civil. Se busca
fundamentalmente mejorar la fluidez y seguridad de la circulación a
través de la gestión, mejorar la seguridad vial mediante la
vigilancia en la circulación y mejorar la formación técnica y la
educación vial de los usuarios de las vías y la racionalización y
agilización de la tramitación burocrática.
El programa 222.C se refiere a las actuaciones policiales en materia
de droga. Está dirigido, primero, a salvaguardar la salud pública, a
prevenir la delincuencia provocada por la drogodependencia y a evitar
la constitución, propagación y enriquecimiento de los grandes grupos
de delincuencia organizada. Este programa, como saben SS.SS., está
dotado con 6.517 millones de pesetas, lo que supone un incremento del
5,47 por ciento con respecto al ejercicio de 1999.
Por último, el programa 222.D, las fuerzas y cuerpos en reserva,
tiene como objetivo el abono de las retribuciones al personal de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía que se encuentre en
situación de reserva y segunda actividad. En aplicación de la
normativa vigente, en el presupuesto para el 2000 se ha experimentado
un incremento del 11,51 por ciento, que se justifica por el
incremento de personal de ambos cuerpos que pasa a esta situación.
Señorías, creo que ya nos hemos referido con detenimiento a las
diferentes partidas, a los incrementos que van experimentado y a los
cambios que se van produciendo en un caso y en otro. Querría pasar a
referirme ahora más concretamente a muchas de las preguntas que me
han sido hechas en las primeras intervenciones. En primer lugar, la
disparidad del presupuesto entre Policía y Guardia Civil, señor
Meyer, se debe, primero, a la concepción radicalmente diferente de
ambos cuerpos. Si bien el Cuerpo Nacional de Policía presta su
servicio y cubre la parte tal vez más importante de la población
nacional, la Guardia Civil, por el contrario, se proyecta sobre el 90
por ciento del territorio nacional. Por tanto, siempre es difícil
saber cuál puede ser el incremento y sería igualmente injusto hacer
un incremento idéntico y perfectamente proporcional en los dos
campos. De cualquier forma, lo que sí le puedo decir es que el
presupuesto de la policía experimenta un incremento del 4,75 por
ciento, mientras que el de la Guardia Civil es del 2,71 por ciento.
Sin embargo, le vuelvo a decir que es muy difícil llegar a ese tipo
de actuación totalmente salomónica en la que estuvieran de la misma
forma. Rechazo la idea de que exista ese desequilibrio a favor de la
Guardia Civil en los Presupuestos Generales del Estado.
Hay que resolver cuestiones como la coordinación y la racionalización
de gastos. Creo que es una de las primeras obligaciones que me
corresponden como secretario de Estado y le puedo decir que lo
intentamos hacer en la medida de nuestras posibilidades. Así, como
hacía notar en su intervención, hemos creado este nuevo organismo de
coordinación,
en este caso para luchar contra la delincuencia organizada y para
evitar que se puedan implantar en nuestro territorio mafias de
carácter internacional y fundamentalmente para sacar el máximo
provecho posible de los cuerpos y fuerzas, porque sólo con una mejor
coordinación se puede conseguir una mayor eficacia. Para la
formación, igualmente, cuanto más esfuerzo hagamos será mejor, aunque
por mucho esfuerzo que hagamos siempre será insuficiente. En nuestros
presupuestos de este año hemos hecho un esfuerzo importante, se lo
puedo asegurar, aunque a lo mejor no se refleja así. Hemos intentado
gastar de la mejor manera posible, hemos hecho un esfuerzo importante
en el tema de idiomas, tanto en la Dirección General de la Policía
y en la Academia de Policía de Ávila como en la Guardia Civil, tanto en
Úbeda como en la Academia de Formación de Aranjuez, para oficiales, y
le puedo asegurar que continuaremos en lo que queda de legislatura, y
probablemente en las siguientes legislaturas, haciendo todo lo que
esté en nuestra mano para conseguir que esta formación sea cada día
más importante y más profunda.
Señor Cuesta, los presupuestos son de mantenimiento, en la mejor
manera que hemos podido. Hemos intentado que esa política siguiera en
las partidas fundamentales que hemos ido adoptando. Hay nuevos
proyectos, a los que me he referido antes, vamos a continuar los
proyectos que hemos mantenido durante los pasados ejercicios
presupuestarios, pero, evidentemente, siempre hay teorías y formas
diferentes de gastar el dinero. En nuestro departamento, señoría,
nunca podemos ser triunfalistas, nunca podemos estar al cien por cien
contentos, siempre tenemos la sensación de que queda muchísimo por
hacer y le puedo asegurar que siempre nos queda la angustia de no
haber hecho lo suficiente. Y lo que me pasa a mí, esta confesión que
acabo de hacer, creo que les ha pasado a todos los que han ocupado mi
sitio antes. Porque es mucho el trabajo, son muchos los problemas y
siempre intentamos utilizar los medios mejores posibles y éstos lo
son con el presupuesto que tenemos. Estoy seguro de que vamos a poder
continuar con este trabajo durante el próximo ejercicio, aunque
siempre uno tiene la sensación de que se podía hacer mucho más.
El reparto territorial no figura en el presupuesto y en este momento
no puedo explicarle la forma en que vamos repartiendo los efectivos.
Lo que sí le puedo ofrecer, y me comprometo a enviárselo en el más
corto tiempo posible, es la forma en que repartimos los efectivos,
tanto en Policía como en Guardia Civil. Se ha hecho un esfuerzo muy
importante en el tema de Canarias, en el tema de las costas y de las
zonas más turísticas, y se continuará haciendo, así como en el tema
de prevención para evitar la aparición de mafias organizadas y
determinados grupos de violencia urbana en las grandes ciudades.
Vuelvo a decir que a lo mejor no es lo suficiente, pero continuaremos
en esa línea.
Los incrementos que ha citado son los de personal y ya me he referido
a ellos y a qué se deben. Fundamentalmente a temas de productividad y
a compromisos que se han adoptado con diferentes grupos sindicales,
muy especialmente en Instituciones Penitenciarias. Del incremento en
teléfono ya he hablado. En cuanto a los procesos electorales, el
incremento que se produce se debe sobre todo a la financiación de los
partidos políticos, que aumenta 183
millones. En cambio, bajan las subvenciones por gastos electorales,
porque, según mis informaciones, son más baratas las subvenciones
para las elecciones generales que para las municipales y europeas.
Por tanto, disminuyen ligeramente las partidas para subvención de
gastos electorales, mientras que aumenta en 183 millones la
subvención a partidos políticos.
No creo que la Dirección General de Administración de la Seguridad se
pueda calificar de fracaso. Es una opinión que respeto, como respeto
todas. Creo que ha sido una gran aportación que ha tardado tiempo en
funcionar al ritmo que todos hubiésemos deseado, pero estoy seguro de
que ya ha entrado en una velocidad de crucero y que los resultados se
podrán ver pronto. Evidentemente, ha sido el cambiar conceptos, la
forma de actuación, el convertir una forma de actuación tal vez más
burocratizada en una más moderna, pero estoy de acuerdo con S.S. en
que los resultados han tardado en verse. La Gerencia de
Infraestructuras de la Secretaría de Estado, la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad, a la que me he referido antes, va a
ser la primera proyección importante y la primera en la que se pueda
ver de manera palpable la proyección de esa dirección y de esta
iniciativa del Gobierno.
En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto, lamento
profundamente que no tenga en este momento S.S. ese documento y me
propongo dárselo al final de mi comparecencia, la ejecución a 31 de
agosto. Acepte mis excusas por no haber podido disponer de él antes.
Desconocía que no se había distribuido de la forma que habíamos
dicho. Evidentemente, existía este agujero presupuestario en el
momento al que se refiere S.S. del año pasado. Me pasan los datos y
fueron exactamente 9.769 millones de pesetas. Señorías, me aseguran
que una parte de este crédito extraordinario fue para pagar gastos
anteriores, aunque yo los asumo como propios, porque muchas veces
estas cantidades son muy difíciles de concretar y de presupuestar.
Capítulo 2. Es muy difícil estar absolutamente seguro de cuál va a
ser el gasto final y yo, señoría, reconozco este fallo de 9.769
millones, que tuvo que ser sufragado con un crédito extraordinario,
esperando que el próximo año no tenga que sacar los colores a mi
sucesor cuando comparezca presentando los presupuestos para el año
2001. Pero el hecho, evidentemente, es que sí se produce este agujero
presupuestario.
El incremento en las Fuerzas y Cuerpos en reserva, este 11,5 por
ciento al que se refería S.S., se debe principalmente al pase a
segunda actividad de un mayor número de efectivos dentro del Cuerpo
Nacional de Policía fundamentalmente. Pasan a segunda actividad y con
esta retribución se espera que determinadas actividades, dentro de la
policía, que hasta ahora realizaban policías en activo puedan ser
realizadas ahora por policías en segunda actividad. Se produce un
aumento del coste, pero siempre será un aumento inferior al que se
hubiera producido si se hubieran aumentado las plazas
correspondientes en la oferta de empleo público.
Señorías, aún hay dos puntos, el incremento en el transporte, que
viene motivado por el incremento proporcional de la evolución de
extranjeros, y los gastos de carácter reservado, que puedo asegurar a
S.S. que son necesarios en la cuantía que las Cortes concedieron al
Ministerio del Interior,
siendo el nivel de ejecución el adecuado. Por lo tanto, la partida en
este momento es perfectamente adecuada a las necesidades del
Ministerio.
No me queda más que añadir en esta primera intervención. Vuelvo a
ofrecer la posibilidad de contestar puntualmente por escrito a todos
los demás puntos que me han sido suscitados. Únicamente quiero hacer
una pequeña referencia a las cuestiones de tráfico, que se me habían
olvidado. Se trata fundamentalmente de la instalación de equipos en
las zonas de mayor concentración de tráfico, principalmente en la red
de carreteras del Estado: N-II, Guadalajara-Medinaceli; N-III,
Tarancón-Honrubia; N-IV, Ocaña-Almuradiel; N-V, Talavera-Miravete; N-
VI, Villalba- Adanero y N-340, Cuatro Caminos-Cervelló, variante de
Bellavista. Igualmente, se continuará la construcción de los centros
de gestión de tráfico en Valladolid y La Coruña; se instalará la red
de estaciones de toma de datos meteorológicas en la zona centro; se
instalarán 290 nuevos postes de auxilio y se reforzará la vigilancia
de tráfico mediante control de alcoholemia, control de velocidad, uso
de cinturones y cascos, para lo cual se prevé la renovación de
vehículos, motocicletas y equipos de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Y, en lo que se refiere a las inversiones de carácter
inmaterial, se dedicarán 130 millones de pesetas a investigación,
2.500 millones a educación e información a través de medios y 250
millones de pesetas al desarrollo de sistemas de tráfico inteligente.
Ahora sí, señor presidente, pongo fin a mi primera intervención,
reiterando mi voluntad de contestar a todos y cada uno de los puntos
que se susciten y que no puedan ser contestados ni por mí en esta
primera intervención ni por los directores generales de la Policía y
de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, muy brevemente.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Le iba a reiterar el deseo de tener esa
documentación y si me la da en mano, estupendo, porque nos parece
imprescindible.
Quiero hacer una precisión en relación al famoso Real Decreto-ley 17/
1998. Efectivamente, los créditos extraordinarios se concedieron por
un importe de 9.769 millones de pesetas. Lo que pasa es que ese
decreto, señor secretario de Estado, se ha redactado con ambigüedad
tanto en su exposición de motivos como en su articulado. Se dice:
Para hacer frente a créditos procedentes de ejercicios anteriores.
Antes se había creado la imagen de que podían ser agujeros del
pasado. Uno coge la documentación del Gobierno, va a la memoria
justificativa y de ella voy a darle algunos ejemplos concretos.
Servicio 02, Secretaría de Estado de Seguridad. Se dice que el
importe de las deudas pendientes de pago de dicho servicio, 1.913.669
pesetas, procede exclusivamente del consumo durante 1997 de energía
eléctrica. Servicio 03, Dirección General de la Policía. Se dice que
se elevan las obligaciones generadas en este servicio, cuyo importe
asciende a 5.356 millones de pesetas, de los que -fíjese usted en la
manipulación- 48 millones corresponden a ejercicios anteriores a 1997
-estamos hablando de 5.356- y el resto, es decir, 5.308 millones,
fueron obligaciones sin crédito contraídas en 1997. Igualmente podría
hablar de energía eléctrica. El gasto por comunicaciones
telefónicas, 2.339 millones de pesetas, debidos a consumos de 1997
producidos en servicios centrales, Fábrica de Moneda Nacional y
Timbre. El Ministerio tiene deudas en concepto de locomoción y dietas
por importe de 999 millones y 505 millones respectivamente realizadas
en 1997. Servicio 04, Dirección General de la Guardia Civil. 2.210
millones. Corresponden al ejercicio de 1997.
Lo que quiero transmitirle es que en ese decreto han jugado con la
ambigüedad en el articulado. En la memoria, no. Eran ya
infradotaciones presupuestarias de su Gobierno y, por tanto, esos
9.700 millones, en un 99 por ciento iban a financiar agujeros
presupuestarios del Ministeriodel señor Oreja. Es más, el Consejo de
Estado llegó a decir, tengo aquí el informe, lo siguiente: No
obstante, y habida cuenta de que la gran mayoría de las obligaciones
que se han de dotar corresponde a gastos corrientes en bienes
y servicios, se llama la atención de la conveniencia de que los
créditos presupuestarios sean objeto en su momento de una previsión
más ajustada a la realidad, a fin de evitar el tener que acudir a las
modificaciones presupuestarias, cuyo cometido está pensado para
situaciones de carácter excepcional. Estamos de acuerdo con esta
recomendación del Consejo de Estado, pero al césar lo que es del
césar.
El señor PRESIDENTE: Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Con toda brevedad, señor presidente. Quiero
señalar que normalmente es mejor conocer antes de opinar e informarse
antes de criticar, porque lo contrario puede conducir al ridículo. Yo
comprendo que la labor de oposición es ésa, pero me gustaría dejar
constancia de que un mejor conocimiento o una mejor interpretación de
las cifras del presupuesto hubieran conducido a una intervención
inicial de los portavoces de la oposición o de alguno de ellos
concretamente en otro tono no tan crítico con estos presupuestos. Lo
demuestra la intervención final, que da por buenas las cifras y las
explicaciones que ha dado el señor secretario de Estado de Seguridad.
Nos congratulamos por ello.
Por último, debo decir que el señor Cuesta y yo hemos debatido
reiteradas veces en esta Cámara sobre temas relacionados con el
tráfico y la seguridad vial y creo que a los dos nos satisface que el
mayor incremento en las inversiones del Ministerio se produzca
precisamente en este ámbito.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta.
El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, por alusiones. En el
trámite anterior, tanto el señor Seco como el señor Lázaro, más que
preguntar, se han referido a mí. Lo único que quiero es ponerme a
disposición de la Presidencia. Si algún día desea que yo comparezca,
muy gustosamente compareceré y me someteré a las preguntas y al
debate en términos de comparecencia del señor Seco y del señor
Lázaro.
El señor PRESIDENTE: No abramos ahora un debate, señor Cuesta.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Me queda
muy poco más que añadir. Al césar lo que es del césar. Las últimas
líneas que ha leído don Álvaro Cuesta, redactadas por el Consejo de
Estado, son muy ilustrativas para todos. Y permítame que defienda
a mi Ministerio y que nos defendamos todos los que tenemos este tipo de
responsabilidades en este momento. Cuando el presupuesto son 780.000
millones de pesetas, cuando las cantidades son casi macroeconómicas,
es muy complicado ajustar exactamente los gastos de luz, de teléfono,
de agua, los gastos corrientes. Por tanto, hay veces que hay que
echar mano de este tipo de posibilidades, aunque luego recibamos un
rapapolvo, no sólo de S.S., con toda la razón del mundo, sino también
del Consejo de Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí Fluxá.
Concluida la comparecencia del señor secretario de Estado, se
suspende la sesión durante unos minutos para que se incorpore a la
mesa el director general de la Guardia Civil.
- DEL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (LÓPEZ VALDIVIELSO). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 212/002256.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con la presencia del
director general de la Guardia Civil, don Santiago López Valdivielso,
cuya comparecencia viene solicitada por el Grupo de Izquierda Unida.
A tal efecto, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor director general de la
Guardia Civil, por su comparecencia.
Realizada en una primera parte la comparecencia del secretario de
Estado de Seguridad, tenemos que descender ya a lo concreto, porque
las cuestiones generales están formuladas, contestadas y debatidas.
Quería aprovechar esta comparecencia para plantear mis preocupaciones
sobre algunos aspectos, concretamente los que se refieren a la
ejecución presupuestaria de la Dirección General de la Guardia Civil,
sobre todo en los aspectos sociales. Así como la Dirección General de
Policía tiene resuelta una comunicación fluida con los sindicatos
policiales, por el propio carácter militar de la Guardia Civil hay
una imposibilidad de hacer llegar de forma organizada la opinión de
los guardias sobre sus problemas sociales, sus carencias, etcétera, a
pesar de que en la próxima ley de personal de la Guardia Civil se
introduce una figura interesante, a la hora de ese consejo
consultivo, que puede ser una vía. Pero todavía no la tenemos, aún
está por desarrollar. Creemos que los presupuestos de la Guardia
Civil siguen adoleciendo de una mayor capacidad de inversión para la
renovación y el control de sus vehículos. Siempre nos ha llamado la
atención que los vehículos de la Guardia Civil no pasen la ITV, que
no pasen por el trámite obligado de cualquier ciudadano, aduciendo
que hay mecánicos en las comandancias, que no sean revisados por
industria. Nos gustaría que nos explicara con detalle qué incremento
se ha producido en la partida
presupuestaria correspondiente a este programa de renovación de los
vehículos.
Además, existe un problema añadido con relación al pago de pluses y
dietas de los guardias. Tenemos conocimiento, y las cantidades están
ahí presupuestadas, de que alguna de las concentraciones que se han
producido este verano por desplazamientos de guardias al día de hoy
están sin cobrar. Existe una lentitud tremenda en la ejecución de las
dietas y se les crea un problema muy serio desde el punto de vista
social a los guardias. Por ejemplo, los guardias concentrados en Las
Palmas durante el verano al día de hoy están sin cobrar las dietas
correspondientes. También consideramos, y nos gustaría que nos
hablara de ello, que hay una insuficiente inversión en todo lo
referido a la modernización de las comunicaciones. Nos parece que es
una asignatura pendiente de la Guardia Civil. Le pongo un ejemplo,
cualquier comunicación ordinaria que salga de un cuartel o un puesto
de línea para la Dirección General o usted mismo tiene que pasar por
un trámite; una vez que lo firma el oficial del puesto, sale a la
mañana siguiente por correo para el puesto de línea, donde lo repasa
el oficial; al día siguiente sale para la compañía, cuando llega, lo
revisa el oficial consiguiente, pasa después a la comandancia, es
revisado por el teniente coronel, al día siguiente pasa al tercio,
donde lo mira el coronel, pasa a la zona, lo mira el general y
finalmente, a los quince o veinte días, llega a usted, en conducto
ordinario, no extraordinario. Creo que se evidencia la necesidad de
una modernización rápida de la Guardia Civil en cuanto a ordenadores,
en cuanto a fax, en cuanto a la comunicación ordinaria en cualquier
entidad que necesite de una gran rapidez en la información, para no
hablar de alguna central de datos propia de la Guardia Civil a la que
tenga acceso cada puesto. Eso proporcionaría rapidez en la actuación
sobre cualquier tipo de delito.
Finalmente, una cuestión de la que ya le hablé en una comparecencia
anterior, me parece que hace dos años. Nos sigue preocupando todo lo
que se refiere al pago de la productividad y las retribuciones, tal
como se contempla en estos presupuestos. En las nóminas de la Guardia
Civil se viene reflejando mensualmente, bajo el concepto de A06, el
pago de la productividad. En primer lugar, seguimos pensando que
estos presupuestos crean una tremenda injusticia porque las horas
producidas en festivos y en domingos por un guardia civil se siguen
pagando a 115 pesetas la hora. Creemos que esto es un disparate, que
solamente se puede producir precisamente por el carácter de la propia
Guardia Civil, por ser un cuerpo militarizado; una reclamación de
horas extras en un cuerpo no militarizado se resolvería con un
conflicto colectivo. Como esto no es así, seguimos pensando que es un
verdadero disparate que la noche de festivo se esté pagando así, a
115 pesetas la hora. Además, cuando el guardia recibe su nómina,
cuando recibe la productividad -y es una reclamación que nos gustaría
que se resolviera ya- no sabe por qué es, de qué mes es e incluso se
sigue dando la discrecionalidad a la hora de pagar esa productividad
porque necesita del visto bueno del mando correspondiente. Es decir,
hay que pasar por un trámite subjetivo y dependerá del mando
consiguiente el pago de esta productividad.
En líneas generales, éstas son nuestras preocupaciones, toda vez que
las demás ya han sido contestadas por el
secretario de Estado. Dado que hay dificultad por parte de los
guardias, toda vez que no están organizados ni se les permite la
sindicación, nos gustaría que se fuese mucho más sensible en lo que
se refiere a los aspectos sociales.
El presupuesto para el mantenimiento, mejora y creación de nuevos
cuarteles también nos parece insuficiente. Hay cuarteles que siguen
estando en situación de precariedad. Y nos llama la atención que no
se sea mucho más enérgico y rápido a la hora de resolver la situación
por la incorporación de la mujer en el Cuerpo. Tenemos constancia de
que en muchos cuarteles hay todavía vestuarios únicos, donde se
tienen que vestir y desvestir los hombres y las mujeres del Cuerpo;
también hay dotaciones donde no está resuelta la cuestión de los
servicios sanitarios, que han de ser distintos para mujer y hombre.
Creemos que también en esa materia se va con mucha lentitud. Y se
sigue teniendo una deuda pendiente con los guardias en todos los
aspectos sociales, en cuanto a garantizar un trabajo en las mínimas
condiciones de dignidad respecto a otros cuerpos y respecto a su
propia función. Esto se agrava todavía más porque la Guardia Civil no
se puede acoger a la Ley de prevención de riesgos laborales. Como
usted sabe, ha sido una reclamación que hemos hecho en el debate
sobre la Ley de personal de la Guardia Civil. Esto crea también
problemas añadidos y creemos que habría que hacer una mayor inversión
en todo lo que significa la prevención del riesgo laboral y de
accidentes.
Con estas preguntas doy por finalizada mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso):
Señor presidente, quiero empezar mi intervención poniendo de
manifiesto el preciso y minucioso conocimiento que el señor Meyer
tiene de los problemas de la Guardia Civil, que ha identificado
perfectamente. Desde ese punto de vista, yo comparto sus
preocupaciones.
La Guardia Civil tiene una serie de problemas que vienen desde hace
muchos años. Precisamente, lo que estamos intentando hacer con
nuestra política de presupuestos es poner remedio a esos grandes
problemas. Desde el principio de la legislatura, nosotros nos
planteamos dos grandes objetivos a los que había que aplicar todo
tipo de políticas, pero también la presupuestaria. Por un lado, la
modernización de los medios -él se ha referido a los vehículos, a los
cuarteles, a las comunicaciones-, necesidad perentoria, y por otro
lado, la mejora de las condiciones de prestación de servicio por
parte de nuestros guardias civiles. En este presupuesto, lo que
hacemos es seguir una línea de reparto de las partidas de las que
disponemos para conseguir avances en la consecución de esos grandes
objetivos.
Por lo que se refiere a medios, ya que lo ha mencionado y casi por el
mismo orden en que lo ha planteado, tengo que decir que quizá la
cuestión más reseñable de estos presupuestos es que las inversiones
reales van a crecer este año un 20 por ciento con respecto al año
pasado. No creo que haya muchas direcciones generales en las que el
presupuesto de inversión crezca en el año 2000 un 20 por ciento
respecto al año 1999. Esto supone, además, que vamos casi
a multiplicar por tres la capacidad inversora de la Guardia
Civil en lo que llevamos de legislatura. Aunque las necesidades
siempre van por delante de los medios que hay para cubrirlas, me
parece que el que hayamos multiplicado por tres nuestra capacidad
inversora en tres presupuestos y que este año los presupuestos de
inversión aumenten un 20 por ciento es un dato a reseñar. El reparto
de este capítulo de inversiones ha sido principalmente para
vehículos; al año vamos a destinar 2.800 millones para la adquisición
de nuevos vehículos, lo que supone un 9 por ciento de aumento con
respecto al año 1999 y supone multiplicar por cuatro el presupuesto
que había para comprar coches en el año 1996. Teníamos que renovar
una flota muy envejecida, la edad media de nuestros vehículos es de
diez años, teniendo muchos de ellos más de veinte años. Entre los
años 1997, 1998 y 1999, hemos renovado ya el 30 por ciento de nuestra
flota, es decir, de los 19.000 vehículos que tiene la Guardia Civil,
13.300 que tenemos para nuestros servicios peculiares y 5.800 para la
agrupación de tráfico, hemos renovado ya 5.600, lo que supone casi un
30 por ciento de renovación de la flota. Con estos 2.800 millones que
tenemos para este año, pensamos renovar otro 15 por ciento de nuestra
flota. Así esperamos que, entre este ejercicio y el próximo, la
realidad del estado de nuestro parque de vehículos haya experimentado
una sustancial mejora con respecto a lo que nos encontramos cuando
llegamos a nuestras actuales responsabilidades.
Ya que hemos hablado de vehículos, hay que pensar que vehículos
también son los barcos, son los helicópteros. En esta legislatura y
con la austeridad presupuestaria que las circunstancias económicas y
lo objetivos que España como país se tenía que plantear, los
crecimientos han sido reducidos, pero puedo decir que, en el año
1996, el servicio marítimo de la Guardia Civil tenía 25 barcos y
ahora tiene 43. Como saben, el barco es un elemento caro en su
adquisición y en su mantenimiento. La verdad es que aquí también nos
hemos apoyado en otras instituciones. Para ilustrar lo que digo, este
año, el Gobierno de Canarias ha comprado dos barcos para la Guardia
Civil que vamos a utilizar nosotros, el Ministerio de Agricultura ha
puesto a nuestra disposición una patrullera de altura para nuestro
servicio marítimo y el Plan contra la droga nos va a comprar también
cuatro embarcaciones semirrígidas. Hemos hecho un importante
esfuerzo. En cuanto a helicópteros, hemos puesto en marcha una
operación muy importante para hacernos con unos helicópteros que las
FAM, las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra, dan de baja
porque para sus misiones ya no les son necesarios. A nosotros nos
vienen muy bien porque además son helicópteros de las mismas
características que los que tenemos en nuestra flota. Estamos
haciendo un esfuerzo muy importante para la mejora de nuestro parque
móvil en su conjunto. Por lo que se refiere a los vehículos, que
puede ser lo más llamativo porque es lo que ve el ciudadano de a pie,
ya hemos renovado el 30 por ciento de nuestra flota y este año vamos
a dedicar 3.000 millones a comprar vehículos nuevos.
Se ha referido a todo lo relacionado con las comunicaciones. Ahí
quiero hablar de lo que es el conjunto de comunicaciones, informática
y nuevas tecnologías. Los presupuestos que estamos analizando dedican
2.000 millones, que es un 10 por ciento más que el año 1999 y más del
triple que el año 1996, para la adquisición de equipos especiales, de
informática y de comunicaciones.
En cuanto a la lentitud de las comunicaciones, el secretario de
Estado se ha referido antes a un proyecto muy importante del
Ministerio del Interior, que es el Sirdee, que va a suponer una
revolución en las comunicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y del que nos vamos a beneficiar tanto la
Policía como la Guardia Civil. Creo que los papeles no tardan tanto
en llegar como usted dice. Es verdad que a lo mejor por el conducto
reglamentario es así, pero aunque no tenemos muchos medios técnicos,
por vía fax llegan con mucha más rapidez. No obstante, quería decirle
que durante el año 2000 todos los puestos de la Guardia Civil -le
recuerdo que tenemos más de 2.600 puestos- van a estar conectados con
correo electrónico y con Internet, lo cual va a ser un avance y una
revolución muy importante. A finales del año 1999 ya tendremos unidas
todas las zonas, todas las comandancias y todas las compañías, y en
el año 2000 conseguiremos tener unidos por correo electrónico e
Internet a todos los puestos de la Guardia Civil. Como no sólo se
trata de adquisición sino de mantenimiento, en el año 2000 vamos a
incrementar un 23 por ciento las cantidades destinadas para el
mantenimiento de nuestro parque informático, que ha pasado de 4.000
ordenadores en 1996 a más de 8.000 a finales de este año. Es decir,
coincido con usted en que este es un gran problema que tenemos
planteado, pero poco a poco, con lo que hemos hecho hasta ahora, con
lo que vamos a hacer con nuestros propios presupuestos más el Sirdee,
la verdad es que las comunicaciones y la aplicación de nuevas
tecnologías en el seno de la Guardia Civil va a experimentar un
cambio fundamental en los próximos meses del año que viene. (El señor
vicepresidente ocupa la Presidencia.)
El tercer gran problema que usted ha identificado también es la
mejora de las infraestructuras. En los presupuestos del año 2000
vamos a tener más de 3.000 millones para la construcción de nuevos
acuartelamientos y más de 600 para llevar a cabo reparaciones. Esto
supone un 22 por ciento más de lo que invertimos el año 1999. También
quiero señalar que, como el problema es tan grave, hemos acudido a la
colaboración de otras instituciones, y, de hecho, estamos recibiendo
una buena acogida. Yo, en todos mis viajes, hablo con las comunidades
autónomas, con las diputaciones, con los ayuntamientos, y nos están
ayudando de tal forma que, por ejemplo, en el año 1999, esto ha
supuesto un aporte de 700 millones, que unido a lo que nosotros
teníamos ha hecho posible que hoy no menos de 500 cuarteles de la
Guardia Civil, que son casi el 20 por ciento del total, estén mejor
que en 1997, aun siendo todavía la situación preocupante. Estimamos
que aproximadamente un 35 por ciento de estos cuarteles están en buen
estado, otro 35 por ciento está en estado regular y el 30 por ciento
restante está en mal estado. Ahí estamos haciendo un esfuerzo.
Insisto en que este año vamos a invertir en mejorar nuestra
infraestructura un 22 por ciento más que en el año 1999, y que hoy,
ya, 500 cuarteles están mejor que hace tres años. Cuando nosotros
llegamos, señoría, las tres peores comandancias de España eran
Cáceres, Cádiz y Pontevedra, y quiero informar a S.S. de que la obra
para la construcción de una nueva comandancia en Cáceres ya está
adjudicada, que la obra para construir la nueva comandancia de Cádiz
está en fase de proyecto y saldrá a concurso antes de que termine el
año, y que nos proponemos iniciar el proyecto de Pontevedra en el año
2000.
Aveces los gráficos dicen algo. Tengo aquí uno un poco pequeño, del
que le daré una copia, que muestra que las inversiones en vehículos y
las inversiones tecnológicas han crecido notablemente. Así que,
dentro de la austeridad presupuestaria que estos tres años hemos
tenido todos que vivir, creo que hemos avanzado de forma importante
tanto en los vehículos, como en las comunicaciones, como en la mejora
de nuestros cuarteles, con una senda iniciada de mejora que nos hace
ver un horizonte mucho más esperanzador que el que nos encontramos
cuando llegamos a la Dirección General de la Guardia Civil.
Por lo que se refiere a los gastos, que va también muy directamente
ligado a lo que dice, concretaré para no utilizar más tiempo que el
imprescindible. El hecho de que nuestros vehículos tengan todavía una
edad muy alta, a pesar de que hayamos renovado un porcentaje muy
importante, nos ha llevado a incrementar en 500 millones más la
partida presupuestaria para reparaciones y suministros en el año
2000, lo que supone un 52 por ciento respecto al año pasado.
Efectivamente, nuestros vehículos no pasan la ITV, pero pasan por
nuestros parques, nuestros talleres y nuestro servicio de
mantenimiento de vehículos. Puedo decirle que el nivel de
operatividad de nuestro parque de vehículos es alto si tenemos en
cuenta su antigüedad. Los guardias civiles que tienen asignadas esas
competencias y esas responsabilidades hacen un gran esfuerzo y
consiguen mantener operativa una flota que ciertamente tiene muchos
años y muchos kilómetros. No obstante, este año incrementamos la
partida dedicada a reparación de vehículos en 500 millones, lo que
supone un 52 por ciento más.
El otro gran objetivo que yo planteaba, al hilo de lo que usted decía
en su intervención, es la mejora de las condiciones de prestación de
servicio de los guardias civiles. Ahí podemos hablar de dos
cuestiones. Por un lado, hemos tratado de ajustar el horario de
servicio de los guardias civiles a la jornada laboral del resto de
los servidores del Estado. Ciertamente, estamos hablando de un cuerpo
de naturaleza militar, que por esa naturaleza no puede hablar en
ningún caso de jornada laboral ni de horas extraordinarias. Pero no
es menos cierto que, mientras que la función pública trabajaba 37,5
horas, los guardias civiles prestaban casi 45 horas de servicio como
promedio. En el período del que estamos hablando hemos reducido el
horario de servicio de los guardias civiles. Hoy podemos estar en una
media de 38 horas, lo que supone una reducción de casi el 17 por
ciento; creo que ese objetivo lo hemos conseguido. Luego, además de
ajustar el horario de servicio, hemos incrementado la partida
presupuestaria para poder compensar ese especial rendimiento, no para
pagar horas extraordinarias, que es un concepto no aplicable a la
Guardia Civil, igual que no lo es el de jornada laboral, pero sí para
compensar el especial rendimiento de los guardias. Este año se
produce un aumento en la partida de productividad del 17 por ciento,
pero en lo que va de legislatura lo hemos aumentado un 140 por
ciento; es decir, hemos pasado de 4.000 millones a casi 10.000
millones en productividad, lo que ha supuesto poder compensar a los
guardias.
El reparto de productividad se hace con una serie de criterios,
porque, como sabe, el concepto de productividad está muy bien
regulado, se reparte de acuerdo con la apreciación de quien reparte
la productividad. No obstante, para no dejarlo todo a la subjetividad
de quien tiene que hacerlo, hemos establecido unos criterios. Uno de
ellos es el de las horas festivas y nocturnas, que ahora se pagan a
115 pesetas y antes se pagaban a 70 pesetas. El aumento ha sido del
64 por ciento. El problema es que en la Guardia Civil siempre
hablamos de miles de millones, como pasa en la Policía y como pasa en
todos los cuerpos en los que hay muchas personas. Compensamos el
exceso de horas de servicio, cosa que nunca se había hecho en la
Guardia Civil, y ahí es donde hemos aplicado el aumento tan
importante de gasto que se ha producido estos años. Estamos
compensando también lo que no se había compensado nunca, que son las
guardias de 24 horas, lo que nosotros llamamos guardia combinada, que
es un sistema que hemos puesto en práctica, que nos ha permitido,
además de compensar económicamente a los guardias, dar un mejor
servicio, porque saben que una de las demandas que había respecto a
la Guardia Civil era el horario de apertura de los cuarteles.
Nosotros hemos reabierto a 24 horas 400 cuarteles que antes se
cerraban a las ocho de la noche y, por tanto, dejaban de prestar
servicio al ciudadano. Con esta productividad también hemos
conseguido que 400 puestos que antes cerraban a las ocho de la tarde
hoy estén abiertos 24 horas al día.
Me he referido a la disminución del horario de servicio, y alguien
podría interpretar que al hacerlo se ha reducido el servicio que
presta la Guardia Civil. Eso no es así. Es cierto que esto lo hemos
conseguido mediante una racionalización de los servicios, eliminación
de puestos estáticos, implantación de la guardia combinada a la que
me he referido, con la incorporación de guardias que estaban en
puestos burocráticos a puestos operativos, poniendo en práctica la
patrulla de un componente, que estamos ensayando en algunas
comandancias, ya que nos hemos dado cuenta de que en algunos sitios y
a determinadas horas se puede patrullar de uno en uno; ciertamente,
teniendo en cuenta que en España la pareja de hecho por antonomasia
era la pareja de la Guardia Civil, esto supone deshacerla un poco.
Pero hemos visto que con una gestión de personal adecuada a los
tiempos que vivimos, teniendo en cuenta los medios de transmisiones
que hay hoy, la capacidad de reacción que pueda haber en una patrulla
de apoyo, hay muchos sitios y a muchas horas (no digo en todos los
sitios ni siempre, pero sí en muchos sitios y a muchas horas) en que
puede ir un solo guardia civil, con lo que se produce una mejora.
No se ha producido una reducción de los servicios porque en nuestra
demarcación la delincuencia está estable, ha crecido un 0,7, lo mismo
puede ser un 0,7 más que un 0,7 menos, eso da estabilidad, y hemos
incrementado sin embargo tres puntos el número de los delitos que
esclarecemos, pasando del 32 al 35 por ciento. Además, esto unido a
lo de los gastos y a lo de la gestión, recorriendo un 6 por ciento
menos de kilómetros (y no se ha planteado lo del combustible, lo que
quiere decir que ya no es problema lo del combustible) a base de una
gestión adecuada, hemos intentado hacer una óptima aplicación de los
recursos.
Con respecto al reparto, sí decir que el 90,8 por ciento del
presupuesto de productividad lo perciben los oficiales y los
guardias; es decir, los aumentos que hemos hecho han sido para
compensar la especial dedicación en el trabajo de los guardias.
Permítame, aunque es un aspecto que no ha planteado, pero estoy
seguro de que también interesa a esta Comisión y a S.S., referirme al
aspecto de la información, en el que hemos hecho un esfuerzo
aumentando un 63 por ciento las dietas para formación en el año 2000,
lo que nos ha permitido formar, por ejemplo, 4.500 especialistas en
los dos últimos años en la Guardia Civil.
Con respecto a las dietas, otro de los grandes problemas que teníamos
era la lentitud en el cobro de dietas por parte de los guardias.
Hemos tropezado con un problema técnico, y es que, como ustedes
saben, nosotros sólo podemos disponer del famoso coeficiente de caja
fijo, que es un porcentaje sobre el importe total de la partida
presupuestaria. En la Ley de medidas del año pasado ya conseguimos
aumentar ese porcentaje, pero hay además otra cuestión. Antes, todas
las dietas había que pagarlas desde la dirección, con una única caja
pagadora; todos y cada uno de los puestos tenían que mandar a la
comandancia, de la comandancia a la zona, de la zona a la dirección
general, la dirección general comprobar y dar las órdenes de pago.
Desde abril de este año hemos puesto en marcha una caja pagadora por
unidad, con lo que a partir de ahora se va a cobrar de cada
Delegación Provincial de Hacienda, lo que va a permitir una gran
agilización del sistema, y eso va a hacer posible que no consumamos
todo ese famoso coeficiente de caja fija y que los guardias puedan
cobrar antes las dietas, a lo que tienen derecho, no solamente a
cobrarlas, sino a cobrarlas a tiempo.
Ahí yo creo que vamos a mejorar muchísimo. Como digo, hemos empezado
en abril, creo que el sistema está rodando bien, en unos sitios mejor
que en otros, y para eso hemos incorporado a nuestra estructura a 17
interventores de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, que nos
están ayudando a hacer esa gestión en cada una de las 17 zonas de la
Guardia Civil, con lo cual yo espero que el año que viene S.S. no me
plantee este problema de la tardanza del cobro de dietas por parte de
los guardias civiles. Hemos mejorado, pero este año vamos a mejorar
en cuanto que las cajas pagadoras estén rodando, y de hecho va a
dejar de ser un problema, esperemos que para siempre, en el seno de
la Guardia Civil.
Me ha hablado de la incorporación de la mujer. Yo estoy convencido de
que en la Guardia Civil tienen que haber más mujeres. En este momento
tenemos 2.700, yo no me atrevería a dar un porcentaje pero tiene que
haber más mujeres. Hasta ahora, no hay más mujeres porque las pruebas
físicas que se exigían a hombres y mujeres eran las mismas y a mí eso
me parecía una situación injusta; yo creo que la justicia es tratar
igual a los iguales, no igual a los desiguales, y partiendo de que
hasta en las olimpiadas hay pruebas para hombre y para mujeres me
parece discriminatorio el que a la mujer se le exija hacer las mismas
pruebas físicas que a los hombres, aunque alguien pueda decir que lo
justo es que todos sean iguales. La aprobación de la ley a la que S.
S. se ha referido nos va a permitir tener menos exigencias físicas
para las mujeres en las pruebas de acceso,
porque se da la circunstancia de que, siendo unas pruebas que
cualquier varón medianamente en forma las pasaba, sin embargo a las
mujeres se les exigían ciertas características atléticas. La prueba
es que el 80 por ciento de los hombres las aprobaban y sin embargo
sólo aprobaban el 20 por ciento de las mujeres. Ahora vamos a reducir
un poco las pruebas físicas que se exigen para las mujeres para el
ingreso en la escala básica; luego, para determinadas especialidades,
o se tienen determinadas pruebas físicas o no, tanto sea hombre como
mujer. Como digo, eso nos va a permitir incorporar más mujeres a la
Guardia Civil.
Con relación a la adecuación de las instalaciones, hay distritos
donde las mujeres no tienen un servicio propio o un vestuario. Ahora
en cada cuartel se hace lo que se puede para permitir que las mujeres
puedan tener unos locales adecuados, pero ya le puedo garantizar que
en todos los cuarteles vamos mejorando; por ejemplo, en el proyecto
estándar que hemos hecho para aplicar las nuevas construcciones ya
está eso muy tenido en cuenta, y a medida que vamos arreglando
cuarteles, a medida que vamos abriendo cuarteles nuevos, ese problema
se va, poco a poco, resolviendo.
Una última referencia, si me permite el señor presidente, a un
aspecto que ha mencionado, que es el consejo asesor. Tenemos mucha
ilusión con esto; es un instrumento, para quien tiene que tomar
decisiones, conocer cuáles son los problemas que se tienen por parte
de los guardias civiles, en el día a día del desarrollo de su
profesión, y en cuanto se apruebe la ley daremos prioridad a elaborar
el reglamento para que cuanto antes esos consejos asesores puedan ser
una realidad, una ayuda y un apoyo para quien tiene que tomar
decisiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): ¿Algún grupo desea hacer
uso de la palabra? (Pausa.)
Sustanciado el trámite, damos las gracias al señor director general
de la Guardia Civil por su comparecencia.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (COTINO FERRER). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 212/002257.)
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Damos la bienvenida al
director general de la Policía que comparece, al igual que en
trámites anteriores, a solicitud de los grupos parlamentarios, en
relación con los Presupuestos Generales del Estado.
Esta comparecencia ha sido solicitada solamente por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor director general de la
Policía.
Igual que con el compareciente anterior, voy a referirme a cuestiones
muy concretas, toda vez que las líneas generales han sido contestadas
por el secretario de Estado. Fundamentalmente, me gustaría conocer
cuál es su opinión sobre la repercusión negativa que puede tener el
haber congelado
prácticamente todo lo que son los gastos de dietas para la
formación en el Cuerpo Nacional de Policía.
La segunda pregunta es sobre los incentivos al rendimiento, lo que es
la productividad. Según nuestros cálculos, se prevé un incremento de
3.100 millones de pesetas, pero que no son más que la consolidación
de las generaciones de crédito y créditos extraordinarios obtenidos
durante el año 1999, es decir, que no supone un incremento respecto a
lo que realmente se ha gastado durante este año, y si tenemos en
cuenta que, de los 15.000 millones, 9.000 sirven para pagar turnos
rotatorios, lo que es la productividad estructural y funcional, según
nuestros cálculos nos siguen faltando 24.000 millones para pagar la
denominada DPO del Plan policía 2000, es decir, que hay una cantidad
ahí que no vemos cómo se puede financiar para el Plan policía 2000.
Nos preocupa el incremento en el presupuesto para la segunda
actividad. Si se sigue aumentando en la proporción que en estos
presupuestos se consolida, 4 ó 5 años podría rondar este presupuesto
de segunda actividad los 200.000 millones de pesetas. Nosotros
creemos que este incremento puede tener repercusiones negativas para
el propio funcionamiento de lo que es la plantilla consolidada del
Cuerpo Nacional de Policía, y por eso nos gustaría que nos contestara
a estas tres preguntas.
Lógicamente es obligada también una valoración por parte de la
dirección general sobre esta disparidad que hay a la hora de ejecutar
un presupuesto global del Ministerio entre cuerpos (como decía en mi
primera intervención al secretario de Estado) que prácticamente
tienen los mismos cometidos a la hora de la persecución del delito,
aunque uno, el Cuerpo Nacional de Policía, llega a mucha más
población que el de la Guardia Civil y, sin embargo, a efectos de
incremento de lo que es la inversión, no sube en la misma proporción
que la Guardia Civil en partidas fundamentales.
Seguimos viendo que la modernización de los vehículos del parque
móvil del Cuerpo Nacional de Policía no tiene un incremento
sustancial para permitir tener el parque totalmente renovado. Por
tanto, creemos que merecería un mayor esfuerzo; siempre desde la
óptica que seguimos planteando de que con un sistema policial más
coordinado, indudablemente un sistema policial que resolviera esa
dualidad a favor de un sólo cuerpo federal, tendríamos una mayor
racionalización de los recursos, de los gastos, y seguro que
incrementaríamos la propia eficacia en el servicio. Éstas son las
preguntas muy concretas que le quería hacer, toda vez que las demás
están ya formuladas y contestadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor director general,
tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Señoras y
señores diputados, voy a ceñirme a las preguntas que el diputado
señor Meyer me ha realizado, porque ciertamente parte de lo que tenía
previsto explicar creo que lo ha hecho el secretario de Estado y, por
tanto, quizá sería repetitivo, aunque sí me gustaría especialmente
centrarme en dos o tres ideas.
Una de las ideas básicas de lo que hemos venido en llamar, y que
también lo ha mencionado el secretario de Estado, el programa para el
2000, estaba previsto en el tema de la descentralización, y no se
trata solamente de descentralizar los efectivos de una comisaría
hacia un barrio, sino también la formación. En la Dirección General
de la Policía existía el sistema tradicional de que cualquier tipo de
formación que impartiéramos fuera centralizada; es decir, que
cualquier policía, por ejemplo de Ceuta o Melilla, por decir sitios
que están distantes, para poder realizar cualquier curso viniera a la
península y concretamente a Madrid. Esto suponía un coste de dietas
bastante elevado. Hemos pensado que una forma de racionalizar el
gasto es descentralizar un poco la formación e ir a cada una de las
ciudades donde hay que formar a la gente. Así lo hemos diseñado ya
este año; ayer mismo pude estar yo precisamente dando un curso que ha
comenzado sobre equipos directivos para implantar la policía de
proximidad en Ceuta, anteayer estuve en Granada, ayer había 30
policías en Ceuta, anteayer en Granada había 100 policías, lo cual
supone que el abaratamiento del coste en las dietas es importante.
Sin embargo, como usted habrá visto en los presupuestos, si han
bajado las dietas en ese capítulo han aumentado en seguridad
ciudadana. ¿Por qué? Porque el movimiento de las unidades de
intervención es relativamente grande. Las unidades de intervención
están centralizadas en unas ciudades y tienen que desplazarse con
gran regularidad, entonces hemos querido dotar más las unidades de
intervención en el capítulo de seguridad ciudadana para las dietas,
aunque disminuya sustancialmente en el capítulo de la formación.
Usted me habla de 3.100 millones de pesetas, y así es, de aumento en
el capítulo de productividad y la diferencia que hay entre los
30.000. El planteamiento de los 30.000 millones que yo he anunciado
en la comparecencia que tuve ante ustedes en su momento, era el coste
de la puesta en marcha del Plan de policía 2000 que, como yo les
expliqué a SS.SS., era un plan para tres años, y el coste no
solamente era en el capítulo de productividad, sino también en el de
inversiones, y aparte del capítulo de inversiones hacía un especial
hincapié, como así está ocurriendo, en el tema del renting de
vehículos. Cuando usted me habla de inversiones o de la modernidad en
el tema de los vehículos, nosotros, quizá por nuestras
características de funcionamiento en las grandes ciudades, creemos
que el sistema de alquiler de vehículos, nos es mucho más rentable, y
así podemos demostrarlo después de un año; es preferible que pongamos
dinero en el renting que comprar vehículos, dado que el vehículo en
una gran ciudad al uso habitual de la policía no nos estaba
funcionando como creíamos que debía. Por tanto, hemos propuesto en el
presupuesto de este año que sigan manteniendo y aumentando el
capítulo de alquiler de vehículos, porque con ello, a lo largo del
presupuesto del año que viene, el cambio de vehículos uniformados de
la Policía llegará a un 80 por ciento del total de los vehículos,
dado que uno de los problemas, como SS.SS. en muchas ocasiones han
preguntado, es que los vehículos «Z» tradicionales, como ustedes
saben perfectamente, estaban en mal uso. Eso no solamente nos ha
hecho mejorar y que el 80 por ciento de los vehículos funcionen y lo
hagan
bien, sino que nos está suponiendo que muchas de las personas que
estaban dedicadas a ser mecánicos estén siendo policías. Ese es el
otro tema básico respecto a las inversiones, que las hemos querido
transformar en alquileres.
El otro capítulo importante es el de la segunda actividad. Nosotros
creemos que hay muchos policías que, llegado un momento determinado,
cuando pasan a segunda actividad, por sus circunstancias familiares,
profesionales, por su salud, desean seguir trabajando los dos o los
cuatro años que les puede quedar hasta que la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad les permite. Entendemos que eso puede ser bueno
para los funcionarios y también para el colectivo policial. Por esa
razón, en el pasado mes de febrero se aprobó por el Ministerio de
Administraciones Públicas la posibilidad de la creación de 6.350
puestos de trabajo que pudieran ser ocupados por gente de segunda
actividad. Por eso el incremento en el capítulo 1 de los 8.000
millones de que usted me estaba hablando supone el que el 70 por
ciento de ese aumento está previsto para que la gente de segunda
actividad que lo desee, y voluntariamente, pueda seguir prestando
trabajos en el Cuerpo.
Con el incremento de la plantilla que nosotros hemos tenido este año
y con la gente de segunda actividad que, como estamos viendo mes a
mes, se queda trabajando en el Cuerpo Nacional de Policía en puestos
de segunda actividad, vamos a conseguir, después de muchísimos años
-al decir muchos me refiero a más de 10 o más de 15-, el que por
primera vez el número de funcionarios en el Cuerpo Nacional de
Policía no siga disminuyendo en una curva que viene desde hace
aproximadamente 16 ó 17 años en la que habíamos bajado más de 10.000
efectivos.
Por tanto, con las incorporaciones que ha habido este año en la
academia de Ávila, que son 1.500, con los 1.400 que están previstos
-están las plazas convocadas- para el próximo año y con el capítulo
de segunda actividad que está reflejado en el capítulo 1, podemos
mantener una plantilla acorde al menos a las necesidades que nos
demanda la sociedad. Éstas son las líneas presupuestarias básicas o
más importantes. En cualquier caso, aunque recientemente a los
distintos portavoces de los grupos les facilité los datos, como me
comprometí en mi comparecencia de febrero que periódicamente iría
informándoles de cómo iban las cosas del proyecto de Policía 2000,
les tengo que decir que, aunque nunca en temas de seguridad podemos
echar las campanas al vuelo, porque siempre hay que mejorar y
avanzar, podemos estar satisfechos del resultado de las seis ciudades
en las que lo pusimos en marcha. Por eso, el objetivo que tienen
estos presupuestos es seguir avanzando, para que a lo largo de este
ejercicio en todas las ciudades españolas esté implantada la policía
de proximidad, que era uno de los ejes básicos de la aplicación de
nuestro programa.
Otro de los asuntos básicos, que también está recogido
presupuestariamente, es la modernización informática, no solamente
basada en aparatos informáticos, sino en programas informáticos. Los
programas informáticos que la Policía está desarrollando en el
momento actual son importantes. Hay siete programas informáticos
diferentes y ése es también uno de los ejes importantes del futuro.
También queremos dar un impulso al Documento nacional de identidad,
para que la gente vaya solamente una vez para sacarse el documento.
Eso está funcionando actualmente en 100 de las 230 dependencias
policiales, y a lo largo del año que viene queremos que todas sean
así y aumentar el 50 por ciento de medios para atender el DNI rural,
que es otra de las necesidades. Éstas son las líneas generales del
presupuesto. No sé si he contestado a S.S. totalmente, pero en
cualquier caso si hay alguna duda estoy a su disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Meyer, ¿desea hacer
un segundo turno de intervención? (Denegaciones.)
Agradecemos la presencia del director general de la Policía, señor
Cotino.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE
CASTILLEJOS). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número
de expediente 212/002198) Y GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (número de expediente 212/002255).
El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Pasamos a la comparecencia
del director general de Instituciones Penitenciarias, solicitada por
el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida.
Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor director general de
Instituciones Penitenciarias. Quería intervenir sobre algunas
cuestiones que subyacen en los dos programas que le afectan
directamente. Después de analizar el proyecto de presupuestos,
venimos observando una infradotación de todo el Ministerio y, dentro
de él, de Instituciones Penitenciarias - y no es responsabilidad
suya. Yo tampoco vengo a imputarle personalmente una
irresponsabilidad, porque el propio secretario de Estado ha
reconocido una cierta dificultad a la hora de presupuestar de manera
satisfactoria las necesidades que genera el funcionamiento del
Ministerio del Interior y de sus distintos servicios y políticas-,
hasta tal punto que, por ejemplo, el incremento del programa de
centros e instituciones penitenciarias es de 6.827 millones de
pesetas y 5.035 millones se consumen en el capítulo 1, es decir, el
73 por ciento. En el programa trabajo, formación y asistencia a
reclusos, hay un aumento de 760 millones, de los cuales 672 van al
capítulo 1, gastos de personal, es decir, el 88,4 por ciento. Esto
pone de manifiesto que hay una cierta infradotación.
Con los presupuestos en la mano uno busca siempre -y se lo decía
anteriormente también al secretario de Estado- en qué medida las
magnitudes económicas permiten disponer, marcar prioridades y, por
tanto, realizar una política. Con las magnitudes que se manejan yo no
veo una política en materia penitenciaria con prioridades claramente
establecidas, porque no la hay en el Ministerio del Interior. Ya digo
que no se lo estoy imputando a usted directamente. Observo que los
incrementos en estos presupuestos
generales para el 2000 se consumen en capítulo 1 y en dos elementos
más, que me parece bien, pero que pone de manifiesto que ha habido
una infradotación en ejercicios anteriores, y es alimentos y
vestuario. Yo siempre he criticado una infradotación en esa materia.
Antes discutíamos sobre un agujero presupuestario de 9.769 millones
de pesetas que se generó en 1997; nosotros ya habíamos acusado de una
infradotación en 1997, y esto obligó a un crédito extraordinario. Mi
duda es si este año volveremos a tener crédito extraordinario,
mediante un decreto-ley, para financiar otro agujero del Ministerio
del Interior por infradotación. Yo recuerdo la memoria económica del
Real Decretoley 17/1998, de 11 de diciembre, donde se financiaba este
agujero del ejercicio de 1997, y en el servicio 05, Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, la propia memoria decía: El importe
de deudas contraídas en el ejercicio 97 pendientes de pago asciende a
1.590 millones de pesetas. Sigue diciendo: Existiendo también
diversas obligaciones de ejercicios del 91, 92 y 96, por importe de 8
millones: ocho millones frente a 1.500 millones. Desglosaba las
deudas y decía: 638 millones de pesetas, conciertos asistencia
sanitaria; productos farmacéuticos, 403 millones de pesetas; energía
eléctrica, 357 millones de pesetas; productos alimenticios, 83
millones; agua, 14 millones; total capítulo, 1.558 millones. Decía:
Las deudas más relevantes de esta dirección general son producidas
por los gastos derivados de asistencia sanitaria a los reclusos,
constituyendo aproximadamente el 65 por ciento del importe total de
las obligaciones pendientes de pago de este centro. Otra de las
partidas más significativas contraídas por este servicio la
constituye el gasto derivado del consumo eléctrico. No voy
a extenderme en aquello que fue la memoria que justificaba un decreto-
ley por el que se financiaba ya un agujero presupuestario del
Ministerio del señor Mayor Oreja y que ponía de manifiesto lo que
veníamos diciendo: que había infradotación en Instituciones
Penitenciarias en este caso, como lo demostró la necesidad de
financiar esa situación con un crédito extraordinario. Mi duda es:
¿tendremos este año que volver a financiar esto? Los datos de los
presupuestos son claros: sube el capítulo 1, probablemente tenga
mucho que ver con los nuevos acuerdos que ha habido, al margen de
otras magnitudes: 2 por ciento, consolidación de efectivos,
consolidación de derechos... Hay numerosos factores que intervienen
en la política de personal a la hora de cuantificarla. Me sorprende,
en cambio, que subiendo el capítulo 1, casi baje, dentro del mismo
capítulo, el artículo 16 -cuotas, prestaciones y gastos sociales a
cargo del empleador-; hay una congelación. No sé si es que no
aumentan los efectivos, pero aumentan los recursos destinados. Habría
que verlo. Quisiera saber cuál es la causa y, sobre todo, si están
presupuestados los nuevos acuerdos a que han llegado con las
organizaciones sindicales después del conflicto que ha habido en el
ámbito de Instituciones Penitenciarias. También le agradecería que
remitiera a la Cámara los términos del acuerdo para su conocimiento e
ilustración en estos asuntos que van a ser importantes para el
trabajo que tenemos que realizar.
Le decía que la subida del capítulo 2 se consumía en vestuario y en
productos alimenticios, y es verdad. Nosotros tradicionalmente hemos
dicho que había una infradotación y consideramos justificada la
subida. Seguimos
observando congelación en combustible, en gas, en agua, en productos
farmacéuticos y material sanitario... (El señor Seco Gordillo: En
butano.) Productos farmacéuticos ya empieza a ser un poco más que
butano. Observamos una congelación y, con los precedentes que
tenemos, es un asunto importante a resolver. Fíjese: conciertos de
asistencia sanitaria sube 24 millones de pesetas. Es una
presupuestación insuficiente, sobre todo porque hay precedentes en
esta Cámara. Hace poco, la respuesta que daba el Gobierno en cuanto
las necesidades de la asistencia sanitaria de la población reclusa y
las enfermedades -venía a cuento de un debate sobre la aplicación de
beneficios penitenciarios por razones de enfermedad- era que
desconocía realmente las magnitudes de la situación de salubridad de
los reclusos y del grado de padecimientos de determinadas
enfermedades. Eso se nota en los presupuestos por la infradotación y
llama poderosamente la atención. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
La memoria de los presupuestos sigue siendo repetitiva. Quisiera
centrarme en la creación de nuevos centros penitenciarios, dentro del
plan de amortización y creación de centros, porque me da la impresión
de que no es suficiente para eliminar la masificación de internos y
para garantizar el cumplimiento del principio celular -cada interno
una celda-. La puesta en marcha de nuevos centros en Algeciras,
Córdoba y Segovia, como se especifica en la memoria, ¿cuántas plazas
penitenciarias va a habilitar en 1999 sobre las existentes
actualmente?
Tanto en el presupuestos de 1999 como en el del 2000, y también
dentro del plan de infraestructuras penitenciarias, se programa la
construcción de 24 centros de inserción social, con 980 plazas
destinadas al cumplimiento de las penas privativas de libertad en
régimen abierto y de las penas de arresto de fin de semana, y 40
unidades de custodia en centros hospitalarios de la red pública en
las que serán atendidos los internos que precisen atención
hospitalaria. La repetición para el año 2000 de estos mismos
objetivos y de sus magnitudes nos lleva a la sospecha o a la
constatación de que en el año 1999 no se han cumplido los objetivos.
La pregunta es: ¿cuántos de estos centros de inserción social y
cuántas unidades de custodia se han creado en 1999? ¿Cuántas plazas?
¿Cuáles son las previsiones para el 2000?
Desde otro punto de vista, ya lo había hablado, en el capítulo 1
habíamos observado ese aumento -el incremento presupuestario
prácticamente lo consume el capítulo 1- y simplemente nos interesaba
conocer los términos del acuerdo y saber si están contemplados y
presupuestados ya en estas magnitudes o serán necesarias otras
previsiones.
Finalmente, me interesaría conocer las inversiones en cada uno de los
nuevos centros a construir o en los ya iniciados, tanto en 1999 como
en el año 2000. Me estoy refiriendo a la construcción de nuevos
centros penitenciarios que se financia con los gastos de inversiones
reales de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios. Nos gustaría tener esas previsiones porque,
lógicamente, del presupuesto no las podemos deducir.
Apreciamos en el organismo 201, Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, en el programa 144.B, en el capítulo 3,
transferencias corrientes, una congelación de las transferencias
destinadas a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, a la Federación Española de Municipios y Provincias para
trabajo en favor de la comunidad y arrestos de fin de semana, para
atenciones de los internos liberados y familiares, para la
cofinanciación de redes de recursos para la atención de personas
sometidas a medidas del Código Penal y para afectados del sida. ¿Por
qué se congelan estas dotaciones? Se habla de la existencia de
recursos y de aumentos y nos parece que estos no son temas menores y
deberían merecer un mejor trato presupuestario.
Otros años le pregunto por lo mismo, aunque tengo la argumentación.
En el capítulo 4, en el programa 144.A, la Comisión Episcopal recibe
para atención del culto de centros penitenciarios 84,5 millones de
pesetas. Entiendo de dónde viene, tengo el marco normativo y está
justificado en el sentido de que se deriva de los acuerdos y del
protocolo con la Santa Sede. ¿Cuánto se destina -si se destina algo,
porque no lo he observado, y si existe demanda- para la atención de
otros cultos no católicos en los centros penitenciarios? Quiero saber
también si existe alguna otra previsión en esta materia con otras
confesiones.
Finalizo, señor presidente, señorías, señor director general, por
donde empecé. Creo que los presupuestos no garantizan ni un
desarrollo del Código Penal ni una política de reinserción ni medios
suficientes para aplicar una política satisfactoria en materia de
Instituciones Penitenciarias. Para el conjunto del Ministerio del
Interior son unos puros presupuestos de mantenimiento. Los
incrementos prácticamente se consumen, aunque estén justificados, en
gastos de personal, en alimentos y en vestuario y poco más; es decir,
poca capacidad hay de transformación y de innovación y en algún caso
me queda la duda de si no estaremos produciendo infradotación
presupuestaria y, por tanto, pérdida de capacidad en la prestación de
servicios o generando agujero futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor director general, por
estar hoy aquí con nosotros.
Según la memoria, estamos hablando de un incremento de población
reclusa de aproximadamente 1.347, personas. Analizando los
presupuestos para el año 2000, nos reafirmamos en la preocupación que
hemos venido manifestando a lo largo de esta VI Legislatura en
relación con el cumplimiento del objetivo constitucional fundamental
de la resocialización de la pena, de la reinserción social y de la
asistencia social a internos y liberados, porque creemos que vamos
todavía muy por detrás de las posibilidades que tendríamos para poder
cumplir ese mandato constitucional. Es verdad que se avanza, pero se
avanza con una lentitud que deja incluso algunos aspectos al margen
de la propia Ley general penitenciaria. Los objetivos de la
reeducación, la reinserción, la retención y custodia y la asistencia
social se hacen muy difíciles de cumplir por una falta de recursos
presupuestarios. Creemos que el aumento del capítulo 1 era obligado.
Yo también me sumo a las palabras del anterior portavoz del Grupo
Socialista en el sentido de conocer si efectivamente este aumento se
deriva de esos acuerdos con los sindicatos a raíz del último
conflicto; por otra parte me parece muy razonable ese aumento, porque
era necesario un incremento para dignificar el propio trabajo de los
funcionarios de prisiones. Nos gustaría saber cómo se va a poder
cumplir ese fin resocializador de la pena, sobre todo a partir de la
redacción del nuevo Código Penal, que establece que va a corresponder
a la Administración penitenciaria la gestión de formas alternativas
de prisión, como el fin de semana o el trabajo en beneficio de la
comunidad. Las cantidades que se presupuestan para depósitos
municipales son realmente preocupantes por lo reducidas que son
y porque si no se resuelve este problema se crea realmente un agravio
importante. En primer lugar, lógicamente no se puede cumplir la nueva
redacción del Código Penal y, en segundo lugar, se crea un problema
social importante con las personas a las que está encomendado ese
arresto.
Hemos notado que hay un cierto estancamiento en lo que es la
reeducación y la reinserción social en cuanto a los planes que
permiten ese trabajo fundamental para lograrlos. Hemos podido
constatar a lo largo de sus anteriores comparecencias que había
incluso un diagnóstico, compartido por todos, y es que hacía falta
una mayor dotación presupuestaria, incluso para atender quejas del
propio Defensor del Pueblo en relación a dotaciones sociales dentro
de los centros.
Finalmente, para no repetirme, porque parte de las cuestiones que
tenía ya las ha mencionado el anterior portavoz del Grupo Socialista,
señalaré que los proyectos de obras en edificios creemos que también
son insuficientes. No se va a poder atender a la demanda real de las
necesidades que hay tanto para la conservación de los actuales
edificios como de nuevos centros que permitan alcanzar la ratio
recomendada por todas las orientaciones de la Unión Europea, en el
sentido de tener la garantía de que en el centro donde se va a
cumplir la pena se den las mínimas condiciones de dignidad y de
habitabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): En principio, quería mostrar mi satisfacción ante la
gratitud con la que me han acogido.
Es evidente, señor Cuesta, que cualquier gestor siempre desea más
medios y justamente el éxito de una gestión es buscar el equilibrio
entre unas necesidades casi ilimitadas y unos recursos siempre
escasos. Hacía referencia a la ausencia de una política en materia
penitenciaria y que solamente se primaba un crecimiento del capítulo
1 respecto al organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias. El organismo autónomo, además de ese presupuesto
administrativo, que realmente es tributario de recursos humanos, es
el que financia de alguna forma el sector público y es el que luce en
el presupuesto, tiene un presupuesto comercial para realizar la
actividad del trabajo productivo y es donde está el gran incremento.
Se ha triplicado el número de reclusos trabajadores en trabajos
productivos del año 1996. Hay un sector importante que ha venido a
sustituir la problemática producida por la desaparición de la
redención de penas por el trabajo que, como sabe, era un mecanismo
muy introducido en la cultura del recluso y que ha habido que
sustituir con un esfuerzo de trabajo productivo como elemento
motivador.
Las líneas de la política penitenciaria pueden verse también en el
presupuesto, a pesar de que yo le tenga que admitir los matices sobre
su cuantificación. En primer lugar, respecto al aumento de personas
del capítulo 1, es en parte consecuencia de los acuerdos con los
funcionarios, que muy gustosamente le remitiré, pero también de las
previsiones de la Administración del incremento de 530 funcionarios
en este caso y 40 laborales, que eran los previstos antes de que se
iniciara el conflicto lógicamente, para poder hacer frente a la
apertura de los nuevos centros. En esta legislatura se han abierto
ocho centros penitenciarios nuevos. Son ocho centros tipo con 1.008
plazas de una calidad que contrasta con los centros que se cierran,
como puede ser el de Carabanchel. No aparecen en el capítulo de
infraestructuras porque el objeto social de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos es la construcción de los nuevos
centros y su presupuesto tiene un mecanismo de financiación
específico que conoce perfectamente. Luego entraré en el tema de las
unidades de custodia o de los centros de inserción social, donde se
repiten los objetivos porque es un programa plurianual, no porque no
se haya hecho nada, sino porque su construcción no está ligada o no
tensiona nuestro presupuesto -me refiero a los programas 144.A o 144.
B-. Ese esfuerzo en materia de personal tiene un peso muy concreto.
Los funcionarios destinados específicamente a tareas de tratamiento,
como son funcionarios del cuerpo técnico, trabajadores sociales,
etcétera, apuntan hacia una verdadera preocupación por cumplir no
sólo el objetivo de custodia sino también el de reinserción.
Los centros que se han inaugurado ponen de manifiesto el esfuerzo
realizado, que hay que reconocer que no viene sólo de este Gobierno.
El diseño de los centros tipo y del programa de amortización ha sido
objeto de una remodelación, pero es un afortunado proyecto que creo
que va a ser un elemento de modernización de las infraestructuras
españolas que probablemente no tenga parangón en el derecho comparado
de los países de nuestro entorno. La población penitenciaria en este
momento está en torno a 40.000 reclusos -me estoy refiriendo a los
dependientes de la Administración central-, que en el año 1994 era de
41.451. Si hacemos un cálculo de la infraestructura que se ha creado,
no sólo cuantitativamente sino en la calidad de las plazas ofertadas
y en que el volumen de reclusos que se encuentra en torno al del año
1994, la comparación forzosamente nos debe conducir a que se ha
producido una transformación importante en cantidad de plazas
ofertadas, pero muy específicamente en la calidad de las mismas.
En cuanto al vestuario, que crece en 175 millones de pesetas, no se
trata del de los reclusos, se trata del vestuario de los
funcionarios. El uniforme de los funcionarios era sufragado hasta el
año pasado por los propios funcionarios con un concepto anacrónico
que se conocía popularmente con el nombre de masita. Creemos que
dignificar la tarea de los funcionarios significa dotarles como a
otros cuerpos a los que se les obliga a llevar un uniforme adecuado.
Ese concepto anacrónico estaba también reprobado desde el punto de
vista de la Intervención General del Estado; por eso se ubica en el
capítulo 2 y a ello obedece el incremento.
Respecto a las deudas, efectivamente fue necesario acudir a un
crédito extraordinario. Usted ha apuntado muy acertadamente que se
producía en productos farmacéuticos,
en asistencia sanitaria y en productos alimenticios. Los productos
farmacéuticos han sufrido un crecimiento exponencial al haber
introducido el tratamiento a los internos que padecen el síndrome de
inmunodeficiencia, con los tratamientos más modernos que existen en
este momento. Esto ha disparado el coste de estos fármacos y nos ha
hecho generar una deuda que creo es tan censurable
presupuestariamente como justificable desde el punto de vista
humanitario.
Lo mismo ocurre con el tema de la asistencia en hospitales públicos.
Parece razonable que el recluso no sea un ciudadano que no reciba la
misma atención por el hecho de estar privado de libertad. A ese
objetivo obedece tanto la generación de esta deuda como el hecho de
que nosotros nos habíamos comprometido a un programa de construcción
de unidades de custodia de las 24 a las que ha hecho alusión, que
permiten que el recluso sea atendido específicamente en el hospital
de referencia con las mismas garantías y la misma calidad que
cualquier ciudadano no privado de libertad.
Es cierto también que hay una gran dificultad para presupuestar
justamente lo que va a costar el tratamiento, por ejemplo, a los
enfermos de sida, habida cuenta que en este momento están apareciendo
nuevos fármacos con mucha rapidez y lo que no podemos hacer es privar
al interno enfermo de este tratamiento, so pena de generar una deuda
que creo es perfectamente confesable en ese sentido.
También quiero decirle que nuestro deseo, como se ha hecho con los
profesores de EGB, que se les ha integrado en la red general en el
Ministerio de Educación o bien en las comunidades autónomas que
tienen transferida esta competencia, es que nuestros médicos, el
cuerpo facultativo de Sanidad se integre en los cuerpos del Insalud y
que el recluso enfermo reciba no sólo la atención en el mismo lugar
sino por los mismos profesionales. Eso llevaría también a que los
presupuestos que en este momento tenemos destinados a satisfacer esta
necesidad los asuma el Insalud o el órgano autonómico que tenga
transferida la competencia en materia de sanidad, porque entendemos
que el ciudadano, por el hecho de estar privado de libertad, no tiene
que tener una sanidad específica, sino que tiene que tener la misma
que todos los ciudadanos y prestada por los mismos médicos. Con un
exceso de optimismo, espero que no tengamos esas dificultades o que
no resalte tanto cuando se produzca un incremento de la calidad
asistencial en un colectivo que tiene una demanda, porque el enfermo
de sida se concentra muy específicamente en el medio penitenciario,
y va a poder subsumido en condiciones si quieren menos relevantes desde
el punto de vista presupuestario por el sistema general de Sanidad.
En cuanto a la referencia que hacía a que había desaparecido el tema
de la Seguridad Social, ello se debe a que efectivamente este año
pasado ha disminuido porque había un número importante de
funcionarios interinos que tienen Seguridad Social. Nosotros hemos
hecho una oferta de consolidación de empleo, habiendo pasado la
mayoría de estos trabajadores a ser funcionarios de carrera, motivo
por el cual, lógicamente, se ha producido esa disminución.
Respecto al capítulo 2, los productos alimenticios llevan
prácticamente ocho años sin ser actualizados y hay una actualización
de un 10 por ciento que creo absorbe
razonablemente el IPC en estos productos durante este tiempo.
Entendemos que era necesario atender esta situación, siendo
indicativa en ese sentido del otro frente en el que yo identifico la
política que al menos pretende llevar la dirección general: mejorar
la calidad del interno con un presupuesto de modernidad, que le lleva
a ocupar un hábitat, si quiere, más digno o de más calidad, que le
lleva a recibir una asistencia más estandarizada, igual que el resto
de los ciudadanos, tanto en materia educativa como en materia
sanitaria, y que le lleva a obtener una mejor calidad de racionado.
Podemos estar invirtiendo 8.000 millones de pesetas en un edificio
que es todo lo necesario y todo lo eficiente que queramos, pero
también creo que el sustento era conveniente y oportuno actualizarlo
en el sentido que se hace.
En relación con los nuevos centros, hay tres de próxima apertura, a
los que ha hecho referencia. En este momento no podría especificarle
las plazas netas que se crean, porque concretamente el de Algeciras
cierra el obsoleto centro de esta localidad y el de Jerez. Son dos
centros que yo creo que merecen ser sustituidos y eso no es un
desdoro al esfuerzo que se está haciendo por mantener la mejor
atención posible, pero creo que es de justicia. El de Córdoba
cerraría lógicamente el viejo centro existente y el de Segovia es un
centro destinado a jóvenes que también cerraría la vieja prisión
provincial y que creo tiene 90 plazas. Serían prácticamente 3.800
plazas, de las que habría que detraer las viejas plazas que se
amortizaran, pero muy gustosamente también puedo mandarle cómo
quedaría.
Sobre los 24 centros de inserción social, en este momento estamos
terminando de localizar los emplazamientos. Es conocida la hostilidad
que existe para ubicar un centro en una ciudad. Estos centros no
pueden alejarse de las ciudades por obvias razones de eficiencia.
Estamos pensando también en transformar algunos de los centros viejos
que quedan vacíos en centros de inserción social. Unidades de
custodia, de las 40 previstas, creo que a finales de año habremos
inaugurado unas 20. Recientemente -le hablo de memoria- se ha
inaugurado la de Jaén, la de Almería y las dos de Sevilla, pero si
tiene interés le enviaré el planning relativo a las inauguraciones.
Respecto a las inversiones para cada centro de SEIEP, yo sé que el
gasto comprometido que tiene para el próximo año es de 18.000
millones de pesetas en inversiones. También se ha remitido en su
momento a la Cámara un estudio de eficiencia de la compañía, pero si
tiene interés le haré llegar igualmente cómo se han periodificado
durante este año pasado las inversiones y las previsiones que hay
para el próximo.
Respecto a los cultos no católicos, en principio las salas en los
centros tipo son de uso múltiple, es decir, no están estrictamente
asignadas a ningún tipo de confesión. No sabemos que exista ningún
otro convenio específico con otra religión, similar, al que pueda
existir en los pactos con la Santa Sede, y en ese sentido tanto las
ONG como los grupos ligados a otro tipo de confesiones tienen la
misma facilidad de acceso y pueden hacer el mismo uso de los locales
que pueda hacer la religión católica. Como digo, en los nuevos
centros las salas son de uso múltiple y no específico.
No sé si me he dejado algún punto sin contestar, pero, si es así,
gustosamente lo haré después.
Respecto a la intervención del señor Meyer, comparto muchas de sus
premisas. Igual que hacía referencia a que en el año 1994 había
41.000 internos, es cierto que hemos subido casi 1.400 en lo que va
de año. La evolución de nuestra población penitenciaria es un poco
errática en ese sentido, con unas previsiones difíciles, pero hay que
decir en relación con los datos que he aportado referidos a la
creación de nuevos centros que ocho nuevos centros en cuatro años
suponen una inyección de plazas, como digo, con una calidad
extraordinaria. En ese sentido, el principio celular no es que se
aleje, no se puede cumplir todavía, pero creo que cada vez estamos
más cerca de proporcionar un hábitat lo más adecuado posible.
En cuanto a las formas alternativas, me interesaría resaltar que
hemos conseguido acuerdos que nos llevan a obtener en este momento
1.679 plazas de trabajo en beneficio de la comunidad. Si tiene
interés, puedo dejarle su distribución por comunidades. Todo ello
satisface ampliamente la demanda en esa materia y creo que es justo
resaltar también en esta Cámara el compromiso y la sensibilidad que
estamos encontrando en un número importante de ayuntamientos que cada
vez se implican más en esta actividad.
Respecto a la posibilidad de que se cumpla la otra pena alternativa
por excelencia, que es el arresto de fin de semana, verá que se ha
realizado un esfuerzo importante en la retribución por interno y día
en estos depósitos municipales, tanto para los detenidos como para
las personas que decidían cumplir el arresto de fin de semana en
estos centros, que hasta ahora era de 1.325 pesetas y que pasa a
5.800 pesetas. Se ha hecho un esfuerzo importante porque entendíamos
que era una cantidad exigua la que se destinaba para que los
depósitos municipales pudieran resarcirse de los gastos que tenían.
Esta cantidad se obtiene extrapolando los gastos de mantenimiento que
tenemos en los centros
penitenciarios y aplicando una dieta cualificada de forma que no
sea oneroso para los citados depósitos municipales.
Los aspectos de resocialización de la pena, en la línea a la que he
hecho referencia antes, se basan en una premisa de modernización, es
decir, por una parte, dar un hábitat de calidad y, por otra,
incentivar de alguna manera aquellos elementos técnicos que son los
que realizan una función más pericial y más cualificada en ese
sentido. Siempre será una tarea inacabada porque cada vez es más
complejo, pero, por hacer una breve referencia, la implantación de
los programas con violadores, los programas específicos de
convivencia con parejas que tienen todas las unidades familiares
recluidas, el incremento muy sustancial del trabajo productivo o de
los cursos del Inem, apuntan en la línea adecuada; otra cosa es que
el ritmo siempre sea conveniente agilizarlo.
Quiero destacarle también que en estos momentos los programas que se
realizan en los centros españoles gozan también de absoluta cobertura
internacional no sólo en su financiación, como el proyecto Integra,
sino también en su realización y en su fiscalización. Nos encontramos
claramente inmersos en estos programas de recuperación de los penados
no sólo en nuestro entorno, sino con esfuerzos como la próxima ley de
inserción, donde van a tener también una especial sensibilidad estos
colectivos demandantes de empleo en condiciones altamente
problemáticas. El esfuerzo va dirigido hacia una política
penitenciaria concreta. Otra cosa es que no podamos ir todo lo rápido
que nos parece necesario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general. Muchas
gracias, señorías. Terminado el orden del día, se levanta la sesión.