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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 757, de 29/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 757
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 49
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación
vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya composición
aparezcan aceites o grasas y especifique la procedencia de los
mismos. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001272.) ... (Página 22236)
- Sobre medidas agroambientales de apoyo al olivar. Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/001331.) ... (Página 22238)
- Sobre elaboración de una normativa que persiga erradicar la
actividad de los buques con banderas de conveniencia, que ponen en
peligro las normas de conservación de los recursos a escala
internacional y ejercen una competencia desleal hacia los buques
españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001438.) ... (Página 22240)
- Sobre implantación de un plan para dotar a las flotas pesqueras
españolas, que no desarrollen su actividad en las cercanías de
nuestras costas, de un sistema de localización automática de los
buques, utilizando las tecnologías de posicionamiento y comunicación
por satélite. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001439.) ... (Página 22242)
- Sobre actuaciones en relación con el exceso de producción en el
sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número
de expediente 161/001667.) ... (Página 22242)
- Sobre aumento de los aranceles pesqueros tras la finalización del
acuerdo con Argentina. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001559.) ... (Página 22246)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE MODIFIQUE LA LEGISLACIÓN
VIGENTE DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN CUYA COMPOSICIÓN
APAREZCAN ACEITES O GRASAS YESPECIFIQUE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001272.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 49 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca con una serie de debates de
proposiciones no de ley. Previamente, y antes de iniciar los debates,
les quisiera comunicar a SS.SS. que las votaciones se realizarán a
partir de las doce y cuarto. También les quisiera recordar a SS.SS.
que mañana, al finalizar el Pleno, tendremos una reunión de la Mesa y
portavoces, en la que fundamentalmente trataremos el orden del día de
la Comisión del día 7, comparecencias para presupuestos, y también
les quisiera recordar que en esa reunión la letrada de la Comisión
les pedirá a los portavoces los nombres de los ponentes de los
proyectos de ley que en estos momentos tenemos en trámite, es decir,
del régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (en
ésa prácticamente todos los grupos ya han nombrado sus ponentes),
también la de animales peligrosos y, por último, la de contratos. Por
lo tanto, advirtiéndoles que mañana vamos a tratar esos temas, yo les
rogaría a los portavoces que viniesen con los nombres de esos
ponentes para que la letrada pudiera conocerlos.
Iniciamos, por lo tanto, el debate de la primera proposición no de
ley, por la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación
vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya composición
aparezcan aceites o grasas y especifique la procedencia de los
mismos. El grupo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra su portavoz, señora Varela, para la presentación de la
proposición no de ley de su grupo.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, hoy traemos a esta Comisión una
proposición no de ley que el grupo parlamentario al cual pertenezco,
el Grupo Socialista, estima que es de gran interés para grandes y
distintos
sectores de nuestra sociedad, como son, por ejemplo, el propio sector
olivarero, el sector industrial de la alimentación, y, sobre todo, es
de gran interés para toda la ciudadanía en general, ya que somos
precisamente los ciudadanos los consumidores finales de cuantos
productos se presentan a la venta en el mercado. Para comenzar
podemos decir que para el sector olivarero es importante esta
proposición no de ley, máxime cuando en la reforma de la OCM del
aceite de oliva, aprobada el pasado 25 de mayo por el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Luxemburgo, no se
consiguió la prohibición de la posibilidad de realizar mezclas de
aceite de oliva con otros aceites vegetales, lo cual indudablemente
supuso un duro golpe para la comercialización y anuló la política de
calidad. Respecto al sector industrial de la alimentación, hay que
decir que es un consumidor muy importante de aceites vegetales en
general y de aceite de oliva en particular. Quiero mencionar
especialmente al sector conservero, recordando, por ejemplo, que
España es el primer productor de conservas de la Unión Europea, que
hay 20.000 personas en nuestro país empleadas directamente en este
sector específico y, de ellas, 13.000 están en la comunidad gallega,
a la cual represento; a estos empleos hay que añadir los inducidos en
el sector extractivo y en las empresas auxiliares. Por tanto, el
sector conservero en particular y todos los sectores de la industria
de la alimentación en general tienen sin lugar a dudas una gran
incidencia social y económica.
Señorías, si partimos de la base de que cada familia dedica por
término medio un 20 por ciento de su renta disponible a la compra de
alimentos y bebidas, de que en la Unión Europea las industrias de
transformación alimentaria emplean ellas solas aproximadamente 2,3
millones de personas, y de que el consumo en la Unión es de alrededor
de 500.000 millones de ecus, comprenderemos rápidamente que la
legislación alimentaria es un tema de interés público. Por otro lado,
es indudable que si hoy planteamos el tema de la salud alimentaria,
prácticamente toda la ciudadanía comienza a pensar en el mal de las
«vacas locas» o en el escándalo de las dioxinas de los pollos belgas
y en su más que probable transmisión al ser humano o en su posible
repercusión sobre la salud de los ciudadanos. Si el continente
europeo se conmocionó hace dos años con el mal de las vacas locas y
se sigue conmocionando con el problema de las dioxinas, en nuestro
país la preocupación por la salud alimentaria ya se disparó a
principios de los años ochenta por la intoxicación del aceite de
colza. No podemos olvidar, señorías, que acontecimientos de esta
índole originan, sin lugar a dudas, una honda preocupación en la
opinión pública
y ello obliga a una reacción inmediata, proponiendo cambios
drásticos, tanto legislativos como competenciales. Estas actuaciones
no son sino la respuesta a un sentimiento, ampliamente extendido en
la opinión pública, que se caracteriza por una pérdida de
credibilidad en la seguridad de los alimentos. Así, del análisis del
último sondeo eurobarómetro realizado por la Comisión Europea a los
consumidores sobre la seguridad alimentaria, se desprende un fuerte
deseo de disponer de la máxima información sobre el contenido de los
productos. La etiqueta sigue siendo una buena fuente de información y
seis de cada diez personas declaran que la leen regularmente. Los
elementos más importantes siguen siendo la fecha de caducidad, la
falta de indicaciones sobre el verdadero lugar de origen (esto lo
manifiestan nueve de cada diez consumidores) y la presencia de
organismos genéticamente modificados. Estos tres temas siguen siendo
lo que más se echa de menos en las etiquetas de los productos. En
nuestro país, como en el resto de Europa, el consumidor es cada vez
más exigente en su demanda del conocimiento de los productos que
consume.
Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista considera que para
garantizar una alimentación segura y sana es necesario un alto nivel
de protección de la salud pública y esa garantía tiene que darse a
través de la coherencia, racionalidad y claridad en la legislación,
y, por tanto, entendemos que es bueno examinar en qué medida la
legislación responde a las necesidades y a las expectativas de los
consumidores, los productores, los fabricantes y los comerciantes.
Creemos que la legislación debe definir claramente las
responsabilidades de los productores, los transformadores, los
distribuidores y los minoristas en cuanto a su obligación de
suministrar alimentos seguros y salubres, aptos para el consumo
humano con la calidad exigida y debidamente identificados.
Mi Grupo entiende que se debe desarrollar una verdadera política de
seguridad alimentaria que otorgue la mayor importancia a la
protección de los consumidores y de la salud, y para que dicha
política sea eficaz no deben escatimarse esfuerzos para asegurar que,
entre otras cosas, se tomen medidas apropiadas para garantizar la
correcta información del consumidor sobre la naturaleza y el
contenido de los productos alimenticios. Para conseguir la garantía
de que el consumidor tenga una información cierta, eficaz, veraz y
objetiva del producto que va a consumir, tenemos que entrar en el
ámbito del etiquetado, en el cual son necesarias normas que permitan
a los consumidores acceder fácilmente a la información esencial
relativa a los productos alimenticios. Por tanto, es necesario e
imprescindible garantizar a los consumidores la obtención de toda la
información útil y necesaria.
Pues bien, en nuestro país la legislación vigente permite a las
empresas de alimentación que utilicen los aceites en sus
ingredientes, tanto para la elaboración, transformación
o conservación de sus productos, o que puedan especificar en las
etiquetas del producto que ponen a la venta los calificativos de
aceite de oliva, aceite vegetal o aceite animal, y el Grupo
Parlamentario Socialista entiende que esa clasificación es
incompleta, ya que en primer lugar el aceite de oliva es también
aceite vegetal y en segundo lugar falta la indicación de su
procedencia, y no nos referimos al país de origen, sino a la
procedencia del vegetal concreto del que se extrae dicho aceite, es
decir, si es aceite de coco, de
palma o de cualquier otro tipo. No es lo mismo, señorías, el aceite
de girasol, el aceite de cacahuete, el de colza o los aceites
tropicales.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que debe aplicarse el
principio de priorización de la salud pública con una claridad
informativa, y esa claridad informativa debe extenderse al producto
mismo, siendo absolutamente primordial alcanzar rápidamente una
identificación completa de los alimentos, el Grupo Parlamentario
Socialista entiende que la Administración debe proporcionar al
consumidor toda la información necesaria sobre los alimentos, de
manera que éste pueda evaluar los riesgos para la salud, si
existieran, que conlleva el consumo de un determinado producto, por
lo que ha presentado para su toma en consideración una proposición no
de ley que dice lo siguiente: La Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca insta al Gobierno a que en un plazo máximo de tres meses
modifique la legislación vigente, a fin de que en el etiquetado de
todos los productos alimenticios se especifique de forma obligatoria
la planta o semilla de donde procede el aceite o la grasa que se
ofrece como ingrediente al consumidor. Esperamos que sea aprobada por
todos los grupos por el bien de los consumidores.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, ante esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Grupo
Parlamentario Popular creemos que es un sentimiento compartido dentro
del tema de la alimentación que ésta ha de ser segura y sana, y en lo
que respecta a la información al consumidor, que debe ser lo más
completa posible, y que las etiquetas, como elemento importante de
esa información al consumidor, reflejen lo más exactamente posible el
tipo de alimento que hay dentro de esa conserva.
De la exposición que ha hecho la señora portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista de esta proposición no de ley, mi grupo no
alcanza a entender, porque no tienen nada que ver con las etiquetas,
los antecedentes desdichados de las vacas locas o los pollos belgas,
porque, que sepamos, ni esas vacas ni esos pollos llevaban etiquetas.
Simplemente, cuando hay fraudes o cuando hay descuidos en la
alimentación animal, que pudieran repercutir eventualmente en el
producto final, lo que hay que perseguir será ese fraude o la
alimentación mal organizada de estos animales para consumo humano.
Estamos de acuerdo en el fondo, repito, de que las etiquetas tienen
que ser lo más claras y explicativas posible y, sobre todo, que deben
reflejar exactamente aquello que contiene ese producto que compramos,
para seguridad y sanidad completa de los alimentos. El problema está,
señor presidente, señorías, en que se insta al Gobierno, y además se
le da un plazo, a hacer algo que mi grupo entiende que no está en
manos del Ejecutivo, porque, efectivamente, el Real Decreto 212, de 6
de marzo de 1992, por el cual se aprueba la norma general de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
(tiene luego una serie de modificaciones posteriores), es la base
legislativa vigente en el ámbito de la Unión Europea, puesto que ese
Real Decreto y,
repito, sus posteriores modificaciones, traen causa de la
trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva
comunitaria 79/112 y de otras posteriores que no citaré.
Concretamente, en lo que se refiere a los ingredientes, el aceite de
oliva utilizado como tal debe indicarse en el etiquetado de acuerdo
con la regla general establecida en el citado Real Decreto 212. Esto
se hace, sin embargo, sensu contrario, para los aceites refinados, la
Unión Europea y el ordenamiento español resultante de la trasposición
para el tema de los ingredientes, repito, en el caso de los aceites
refinados, establece la posibilidad de su inclusión indicando su
origen exacto o simplemente aceite vegetal o animal, que es lo que se
hace. En este sentido no es que la legislación europea, y por tanto
la española, permita poner lo que pone en la etiqueta, sino que
obliga a ello. Entonces, repito que compartiendo la opinión de que la
salud pública debe ser el tema prioritario a la hora de tomar
decisiones, entiende mi grupo que la Administración española no
puede, en un mercado único y en un ámbito regulado por el Derecho
Comunitario, modificar de forma unilateral las excepciones que
concede la norma a todos los agentes económicos que operan en el
territorio de la Unión Europea, dado que, por otra parte, esta
modificación no resolvería de forma definitiva, ni en modo alguno, el
tema, ya que los productos de libre circulación en el mercado podrían
seguir acogiéndose a la legislación europea aun cuando nuestra
normativa nacional dispusiera lo contrario.
Tenemos conocimiento dentro del Grupo Parlamentario Popular de que
las autoridades españolas desde hace tiempo han abogado en los foros
de debate de la legislación relativa al etiquetado para que la
declaración del origen de los aceites y de las grasas fuera una
información obligatoria del etiquetado, y hasta ahora la verdad es
que no se han obtenido resultados satisfactorios. Estamos de acuerdo
en el fondo, pero vemos imposible de cumplir como proposición
e instancia al Gobierno un tema que éste no puede sino, como está
haciendo ahora, trasladar a los foros europeos, y hasta ahora,
repito, sin resultados satisfactorios.
En definitiva, por parte de mi grupo entendemos que la proposición no
de ley no resulta en principio factible sin contar con el marco
comunitario en el que se desenvuelve la legislación del etiquetado en
los productos alimenticios. Reitero una vez más que al tratarse de
una legislación armonizada por la Unión Europea, ningún Estado
miembro puede establecer en su legislación nacional disposiciones con
exigencias mayores que las que establecen las directivas. Por tanto,
antes de modificar la legislación española, es absolutamente
imprescindible y necesario modificar la legislación europea. Ésta es
la postura de nuestro grupo y así lo manifiesto en su nombre.
- SOBRE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE APOYO AL OLIVAR. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001331.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición que figura en
el orden del día con el número 2 sobre
medias agroambientales de apoyo al olivar. El autor es el Grupo
Parlamentario Socialista. Para la presentación y su defensa, tiene la
palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora
Ballesteros.
La señora BALLESTEROS BELINCHÓN: Señorías, con esta proposición no de
ley que el Grupo Socialista trae a debate pretendemos hacer balance
en este momento casi final de la legislatura de los compromisos que
el Gobierno adquirió después de prever los negativos resultados que
en determinados sectores iba a ocasionar su negociación con la Unión
Europea. En numerosas ocasiones hemos asistido a reivindicaciones
efectuadas por parte de los sindicatos agrarios, partidos políticos y
otros grupos, con las que se indicaba al Gobierno que productos
agrarios significativos salían muy mal tratados. Asimismo, decíamos
que la caída de renta agraria sería notable y que las zonas rurales
afectadas, la mayoría zonas deprimidas, quedarían condenadas a
ofrecer a sus escasos habitantes un mayor desempleo y, por lo tanto,
una mayor emigración. Ante estas reivindicaciones siempre nos ha
respondido con el reconocimiento del agravio y su compromiso de
compensar a los sectores implicados mediante ayudas provenientes de
programas agroambientales.
Esta proposición no de ley trae hoy a debate las promesas del
Gobierno a los agricultores del olivar, ámbito agraciado por una de
estas medidas y, a su vez, agraviado por los compromisos que el
Ejecutivo adquirió con la Unión Europea. Para ello tenemos que
recordar las negociaciones de la ex ministra en Bruselas sobre la OCM
del olivar y el debate profundo que surgió en toda la sociedad,
especialmente en la agraria, por la importancia económica, social y
medioambiental del olivo, cultivo tradicional y apoyo económico de
muchas familias andaluzas, extremeñas y manchegas.
En aquel momento sosteníamos que las negociaciones no iban por buen
camino, que la nueva regulación repercutiría negativamente en la
renta de los agricultores, y al final de la negociación se les
condenó, entre otras cosas, a una penalización en la ayuda a la
producción, al haberles reconocido una cuota que representa
escasamente el 70 por ciento de la producción de un año medio.
Decíamos entonces que esta penalización sería sufrida por el olivar
más cercano al umbral de la rentabilidad, el de menos rendimientos
y el de mayor coste de recolección, que es precisamente el de mayor
importancia social y medioambiental. Tal evidencia, señorías, era
reconocida en esta institución por la propia ex ministra de
Agricultura, a lo que puso remedio inmediatamente anunciando medidas
agroambientales que compensarían las deficiencias de sus
conversaciones. Para otros sectores se anunciaron posteriormente y
del mismo modo idénticas medidas. Ahora, señorías, con el paso del
tiempo comprobamos que el programa agroambiental que el Gobierno
diseñó pasea el sueño europeo para quedar en diligencias, en nuevas
inclusiones de acoplamiento y en definitiva, en este momento, en nada
tangible y práctico que a los afectados les pudiera dar seguridad y
que les hiciera confiar en las promesas anunciadas.
A todo esto hay que añadir el agravante de que en la solución
agroambiental que propuso el Gobierno se exigían tales parámetros a
cumplir para tener acceso a las ayudas
que dejaron grandes zonas rurales deprimidas fuera de su alcance;
entre otras y, concretando, la provincia de Cuenca y la mayor parte
de Castilla-La Mancha, incluyendo importantes superficies de interés
paisajístico y que sirven también para la defensa a la erosión o como
base para una ganadería extensiva. Yes que, señorías, un sector no se
salva aplicando medidas agroambientales. Un sector sale adelante con
una buena política de mercado, una buena política de renta y, si
acaso, con un complemento de ayuda, que podía venir precisamente de
estas medidas, pero como complemento, no como parte única y
principal.
Las medidas que se anuncian como salvadoras de los agujeros ya
visibles de su negociación no hacen más que esconder lo que han
dejado perder en Bruselas y que ahora tendrán que reponer a costa de
los Presupuestos Generales del Estado consiguiendo sólo en estos
anuncios entretener a las partes afectadas con soluciones que no
llegan y con un texto en cuya letra además no les incluyen. A todo
esto se le llama dilación en el tiempo y así poder pasar esta fase
preelectoral, ya que ustedes saben que después de la Ronda de Uruguay
es muy difícil que se apruebe en Europa un programa ambiental
dirigido a un solo producto.
Creo, señorías, que la política de verdad tiene un fin más serio que
el de ganar unas elecciones, porque detrás hay unas personas que
esperan actuaciones simplemente para poder vivir dignamente. Por ello
instamos al Gobierno a que cumpla sus promesas de ayuda al sector
mediante medidas y programas agroambientales, como anunciaron, y a
que introduzca en su texto condiciones que puedan cumplir todas las
zonas con tradición olivarera afectadas por su negociación.
Espero que sean conscientes del momento en que nos encontramos y que
esta propuesta sea aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: La intervención de la diputada señora
Ballesteros tiene dos partes diferenciadas, una de ligero análisis o
valoración de la reforma provisional de la OCM del olivar y otra
relativa a la protección de determinados olivares con una producción
muy reducida. Realmente, la OCM del olivar que se negoció no ha
tenido una repercusión negativa en la renta de los agricultores,
puesto que desde que está en vigor lo que han percibido los
olivareros por cada kilo de aceite es mucho más que lo que percibían
antes. ¿Qué podían percibir más? Sí, es verdad, pero no se diga que
hay una repercusión negativa en la renta cuando la subvención
percibida con la OCM nueva en vigor es la mayor que nunca se ha
percibido en el olivar. ¿Se han producido desviaciones?, que era otro
de los argumentos utilizados. Quizá la campaña pasada sea una de las
campañas que podemos considerar media, de acuerdo con la actual
superficie destinada al olivar en España. Realmente, no se han
producido desviaciones en la producción de aceite de oliva ni, por
tanto, en la producción subvencionable de aceite de oliva. Las
desviaciones se producen por la aplicación de dos subsectores: El 8
por ciento correspondiente a los orujos y la aceituna de verdeo, que
antes no estaba en la OCM. Por tanto, hay una desviación en la
subvención motivada porque otros agricultores, fundamentalmente los
orujeros y de la aceituna de verdeo, entran en la subvención y antes
no estaban. Ha habido así una extensión de las subvenciones a una
superficie mayor y a una superficie, como es el olivar de verdeo, que
genera más jornales por hectárea que el olivar de almazara por la
forma de la cogida, que es mucho más de tipo manual en el olivar de
verdeo. La referencia a la combinación ganadoolivar no tiene ninguna
relación. Si estamos hablando de un olivar productivo de más o menos
producción, ese olivar productivo es incompatible con una dedicación
de ganadería extensiva.
Pretende olvidar la proposición, y es el planteamiento que quizá más
nos condiciona a la hora de su análisis, que en agricultura hay una
cesión de competencias y de soberanía nacional dentro de la Unión
Europea y que hay una regulación de la Unión Europea que es
obligatoria para todos los Estados miembros, de forma que no es
posible a ningún Estado miembro, a costa de los Presupuestos
Generales del Estado, compensar a determinado agricultor que trabaja
cualquier producto agrícola, tenga o no tenga una regulación
específica europea. Hay que recodar que en la patata, que no tiene
una organización común de mercado europea, no hay posibilidad de
subvencionar a los agricultores en los momentos de bajada excesiva de
precio y que las únicas medidas indirectas que un Estado miembro de
la Unión Europea puede tomar van relacionadas con ayudas al
almacenamiento y otra serie de medidas, pero nunca una subvención
directa a los productores de patatas. Lo mismo pasa en el olivar.
¿Cuál es la fórmula que se buscó para compensar a determinados
olivares que por sus características y por los mayores costes de
explotación se veían más perjudicados por la aplicación de la OCM? La
vía fue encontrar medidas agroambientales de apoyo a ese olivar. Pero
para que case una norma nacional con los reglamentos comunitarios, y
en especial el 2078 de 1992, es preciso que se reúnan unos requisitos
de protección medioambiental, y sin esos requisitos es imposible
establecer ayudas determinadas. No ha sido el Ministerio de
Agricultura quien ha establecido la norma. El Ministerio de
Agricultura ha tenido el impulso para poner sobre la mesa un
borrador; ese borrador ha sido discutido amplísimamente con las
Comunidades Autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, y
el texto definitivo es un texto consensuado con esas administraciones
autónomas y con las organizaciones profesionales agrarias. Frente a
un texto consensuado a tres bandas no puede el Ministerio de
Agricultura por sí solo modificar la norma y requeriría un acuerdo
nuevo con esas Comunidades Autónomas y con las organizaciones
profesionales agrarias para tratar de ampliar la normativa o
modificarla. ¿Se queda corto el texto? El texto va a afectar a
1.200.000 hectáreas, que es aproximadamente un 45 por ciento de la
superficie total del olivar español. Por tanto estamos considerando
que un 45 por ciento de la superficie total del olivar español tiene
unos costes de producción superiores por la configuración del terreno
en que se encuentra o por la pluviometría de la zona, que no supere
los 370 litros por metro cuadrado al año. Ése es el marco en el que
nos podemos mover y no hay posibilidad de que el
Ministerio por sí solo pueda actuar en otra dirección. Quizá esta
proposición o esta línea de trabajo habría que plantearla a través de
la conferencia sectorial en la que serían las Comunidades Autónomas
las que tendrían que plantear determinadas medidas para intentar
llegar a otro tipo de olivar que no está contemplado. La situación no
es exclusiva de Cuenca ni de Castilla-La Mancha. Hay olivares de muy
baja producción en todas las zonas olivareras que no pueden acogerse
a las medidas agroambientales por estar situados en llano
básicamente, no estar situados en pendientes y gozar de una
pluviometría superior a la prevista, aunque la calidad de las tierras
en que se ubican hace imposible obtener una mayor producción o por la
propia antigüedad del olivar de que se trata.
Por estas razones no podemos dar nuestra conformidad, porque no se
trata de una materia en la que podamos instar al Gobierno, ya que se
encuentra aquí limitado en dos sentidos por las normas comunitarias,
que son de obligado cumplimiento, y por un acuerdo tripartito, que no
puede alterar el Gobierno por sí solo sin contar con las otras partes
de la negociación. Eso nos impide poder votar a favor la proposición
del Grupo Socialista, aunque compartimos la existencia en España de
una serie de olivares de muy baja producción y de costes de laboreo
excesivo que, por tanto, no son plenamente competitivos. Esta
situación no se da sólo en el olivar; se da en una serie de
productos, y no en todos se logra cubrir la totalidad de la
producción teórica que un Estado puede conseguir por vía
subvencionable, y en todas las organizaciones comunes de mercado y en
todas las regulaciones hay penalizaciones cuando se produce un exceso
de producción. También en el olivar cuando se superan determinadas
producciones hay penalización. Lo curioso es que, aun con esas
penalizaciones, la renta de los agricultores es superior a la que
percibían antes de la reforma de la OCM.
- SOBRE ELABORACIÓN DE UNA NORMATIVA QUE PERSIGA ERRADICAR LA
ACTIVIDAD DE LOS BUQUES CON BANDERAS DE CONVENIENCIA, QUE PONEN EN
PELIGRO LAS NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS A ESCALA
INTERNACIONAL Y EJERCEN UNA COMPETENCIA DESLEAL HACIA LOS BUQUES
ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001438.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la
proposición que figura en el orden del día como número 3, sobre
elaboración de una normativa que persiga erradicar la actividad de
los buques con bandera de conveniencia, que ponen en peligro las
normas de conservación de los recursos a escala internacional y
ejercen una competencia desleal hacia los buques españoles. Su autor
es el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra
su portavoz, señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Con esta proposición no de ley
pretendemos que el Gobierno defina un marco normativo por el cual, de
una parte, se
Incremente la eficacia en el esfuerzo común de protección de los
recursos pesqueros y, de otra, se erradique la competencia desleal a
la que muchos de nuestros buques están sometidos, por la presencia en
nuestros caladeros de barcos con banderas de conveniencia, que campan
a sus anchas, faenando al margen de las legislaciones, a las que sí
está sometida nuestra flota.
Son muchas las quejas provenientes del sector, cargadas de razón y de
sentido común, en las que se manifiesta la indefensión y sensación de
impotencia que sienten al ver cómo su aportación a la sostenibilidad
de los recursos mediante el cumplimiento de todas las normas de
conservación, ya sean las de la propia legislación interna, de la
comunitaria o de los diferentes organismos regionales de pesca, queda
notablemente mermada por la incontrolada actividad de dichos buques
que, no formando parte de los citados organismos, pescan en sus áreas
de regulación. Como ejemplo cuantitativo para determinar la magnitud
del problema la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico, el Iccat, ha fijado en un 20 por ciento del total de
capturas autorizadas la sobrepesca atribuible a dichos buques;
cantidad que deja suficientemente claro el efecto negativo que tiene
sobre los grandes esfuerzos de conservación que se están haciendo
para esta pesquería, así como el impacto económico que ejerce en
detrimento de los ingresos y de los intereses de los profesionales.
Es una lástima que los pasos decididos del Gobierno en favor de
desarrollar políticas de conservación de recursos encuentren dentro
del propio territorio obstáculos provenientes de la anarquía que
envuelve al control y al funcionamiento de los barcos de países
terceros y con banderas de conveniencia. Y cuando me refiero a este
tipo de barcos quiero aprovechar también para criticar la actitud de
aquellos pescadores españoles que cuando se encuentran en problemas
apelan a su condición de españoles, pero han estado pescando también
y han estado faenando en barcos de bandera de conveniencia. Que sirva
también esta moción para denunciar esta actitud, puesto que aunque
sean pescadores españoles, evidentemente tampoco colaboran en los
esfuerzos a los que he estado haciendo referencia.
Los esfuerzos del Gobierno son de varios tipos, primero, por el
posicionamiento en el seno de las organizaciones regionales, donde es
sobradamente conocida la actitud española de instancia y apoyo a la
adopción de resoluciones y recomendaciones tendentes a asegurar la
sostenibilidad del mar, que obliguen tanto a los Estados que son
partes contratantes como a los países terceros que no pertenecen
a dichos organismos; hay pasos también en la dirección legislativa,
como, por ejemplo, ha representado la aprobación del proyecto de ley
para la protección de los recursos pesqueros, y pasos de carácter
todavía más contundente, como el que queda definido por el Real
Decreto de 1 de agosto de 1997, por el que se creó una zona de
protección pesquera en el mar Mediterráneo, que recuerdo tiene unas
aguas que son óptimas para la reproducción de las principales
especies pesqueras, entre ellas el atún rojo; Decreto que permite
ejercer un control eficaz en la zona, donde estaban proliferando de
manera preocupante los barcos tristemente protagonistas, de esta
proposición no de ley. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario
Popular
consideramos necesario avanzar en esta filosofía y en base al
reglamento comunitario por el que se establece un régimen de control
aplicable a la política pesquera común, que otorga a los Estados
miembros la competencia en el control, inspección y vigilancia de
todas las actividades del sector pesquero, que se realicen en su
territorio y en las aguas marítimas sujetas a su soberanía o
jurisdicción, desarrollar esta normativa que permita un mayor control
de todas las actividades relacionadas con el sector pesquero por
buques de países terceros y de pabellones de conveniencia en nuestras
aguas.
Cada vez se va entendiendo mejor el significado de pesca responsable.
El sector tiene prácticamente asumido que es el único camino para
garantizar la protección de los recursos pesqueros y, por tanto, es
una actitud que tiene que encontrar la debida correspondencia en el
campo normativo, de manera que la legislación ampare y proteja a
todos por igual. Por ello hemos considerado la oportunidad de la
presentación de esta proposición no de ley y, en consecuencia,
solicitamos también el apoyo de los demás grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque
Nacionalista Galego, tiene la palabra su portavoz, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): No sé si entendí
inadecuadamente el sentido de la proposición del Grupo Popular, que
me pareció al final que se refería más bien al problema de las
banderas de conveniencia en el Mediterráneo y al problema del atún
rojo. Si es así, la proposición me parecería más o menos adecuada.
Yo creo que, efectivamente, estamos ante un problema muy importante
que es la utilización de banderas de conveniencia en barcos de pesca,
en primer lugar porque efectivamente muchos de estos barcos no
respetan las normas de las que se dotan precisamente las
organizaciones mundiales o multilaterales de pesca, y en segundo
lugar porque la actividad de estos buques de conveniencia fuerza en
muchas ocasiones a la baja los precios del pescado que consiguen
nuestros barcos precisamente respetando esas normas internacionales,
como aconteció de una manera muy intensa recientemente a la flota del
pez espada, que vio cómo se hundían sus precios como consecuencia de
las importaciones masivas procedentes de terceros países y de buques
con bandera de conveniencia.
Por lo tanto, a mí me parece que esta proposición debería ir
orientada más hacia el problema general de los barcos con banderas de
conveniencia. Si ésa es la intención del Grupo Popular, yo no digo
nada. Si se limita exclusivamente al atún rojo, tampoco, porque es
libre voluntad del grupo proponente. En todo caso, si efectivamente
hace referencia al problema general de las banderas de conveniencia,
esta proposición instando al Gobierno a poner en marcha normativas
que protejan los intereses de nuestras flotas frente a esos barcos de
bandera, aunque nos parece adecuada, sin embargo sería insuficiente
para el fin que se propone, que sería erradicar la actividad de los
buques con banderas de conveniencia, porque esta actividad desde
luego no se erradicaría con una normativa exclusivamente
de ámbito estatal. Nos parece también necesario que hubiera una
normativa comunitaria o incluso que efectivamente, dentro de los
propios organismos multilaterales de pesca, se fomentasen medidas
para impedir esta actividad.
Aquí sugeriríamos al grupo proponente dos cuestiones, una, que se
instase también al Gobierno a demandar de la Unión Europea normativas
a este respecto para erradicar este tipo de actividad, y también, en
todo caso -ya es una cuestión menor pero no menos necesaria-, fijarle
un plazo al Gobierno para aprobar esta normativa. Es una sugerencia
que nosotros le hacemos. Son enmiendas in voce o sugerencias que no
invalidan para nada lo dicho por el grupo proponente y, sin embargo,
completan la proposición, porque yo insisto en que planteada tal como
está, si se habla en general de los barcos de bandera de
conveniencia, con una normativa estatal efectivamente no se va a
solucionar el problema.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señorías, en efecto estamos ante la discusión
de una proposición no de ley, una más que en los temas que tienen que
ver con el ámbito de pesca normalmente son proposiciones no de ley
que plantea el Grupo Popular y que son un brindis al sol. Nos
encontramos ante una proposición no de ley en cuyo debate de fondo y
en cuya línea argumental que esgrimía el portavoz del Grupo Popular
estamos de acuerdo. No compartimos los términos en que finaliza la
proposición no de ley y, por lo tanto, en el mandato de esta Comisión
ante el Gobierno consecuentemente no podremos votar afirmativamente
la proposición no de ley, en su formulación porque entendemos que es
necesario abordar la situación y promover una pesca responsable en el
ámbito donde se tienen que tomar las decisiones. No tendría sentido
que modificásemos solamente la normativa española, instando a que
nuestra flota actúe de forma responsable, cuando en el ámbito
pesquero nos encontramos que no solamente tienen que compatibilizar
el trabajo dentro con nuestra flota, sino que hay otras flotas a las
que también se les debe de exigir ese mismo comportamiento. Por lo
tanto, tal y como afirmaba el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego, creo que debería ser en el ámbito internacional y en el
ámbito europeo donde se regularan este tipo de situaciones, lo que
podría dar como resultado lo que en la línea argumental planteaba el
portavoz del Grupo Popular: Más eficacia en el esfuerzo común de
asegurar y preservar nuestros recursos pesqueros y una legislación
clara destinada precisamente a ese fin. Yo creo que con el
ordenamiento jurídico español y, por lo tanto, dentro de nuestras
competencias tenemos muy poco que hacer, y es precisamente en el
marco comunitario y en el marco internacional donde se tendría que
producir este tipo de regulaciones.
Insisto, tal y como está formulada la proposición no de ley, el Grupo
Parlamentario Socialista no puede votarla porque no da solución al
problema que estamos analizando, ni siquiera para la referencia
concreta de lo que sucede, por ejemplo, con el tema del atún rojo del
Mediterráneo, donde vemos que son precisamente las flotas italianas
las que más esquilman en ese ámbito. Si nosotros obligamos a
la flota española en el Mediterráneo a actuar sobre la base de
determinadas regulaciones, lo único que estamos fomentando
precisamente es lo contrario, es decir, una mayor competitividad de
las otras flotas con respecto a la nuestra si por parte de otros
países no se promueve también una pesca responsable. Éste es un buen
ejemplo precisamente para sostener que es en otros foros donde debe
regularse esta situación. Si el portavoz del Grupo Popular modifica
los términos de la proposición no de ley, nosotros podríamos
reconsiderar nuestro voto. En caso contrario, nos vamos a abstener,
porque esto no resolvería el problema que estamos planteando.
- SOBRE IMPLANTACIÓN DE UN PLAN PARA DOTAR A LAS FLOTAS PESQUERAS
ESPAÑOLAS, QUE NO DESARROLLEN SU ACTIVIDAD EN LAS CERCANÍAS DE
NUESTRAS COSTAS, DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS
BUQUES, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN
POR SATÉLITE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001439.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la
proposición que figura en el orden del día como número 4 sobre
implantación de un plan para dotar a las flotas pesqueras españolas
que no desarrollen su actividad en las cercanías de nuestras costas
de un sistema de localización automática de los buques, utilizando
las tecnologías de posicionamiento y comunicación por satélite.
Para la presentación y defensa de esta iniciativa tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: El Grupo Parlamentario Popular formula esta
proposición no de ley solicitando la instalación de sistemas de
control y localización vía satélite, más conocidos como GPS, para
buques pesqueros, con el matiz que se introduce en la solicitud de la
proposición no de ley de que no desarrollen su actividad dentro del
límite de las doce millas. Se requería esto porque si el reglamento
comunitario 2847/1993 establecía un sistema de localización, los
reglamentos posteriores, de 1997, tanto el 686 como el 1489, obligan
a los Estados miembros a instalarlos en todos aquellos buques de más
de veinticuatro metros de eslora total o que no realicen su actividad
dentro del límite de las doce millas, incluidos también los barcos
que no faenen más allá de un tiempo de veinticuatro horas.
La Administración española, el Gobierno en sí, se ha adelantado y ha
desarrollado ya proyectos piloto previos de sistemas de localización
tanto en aguas NAFO como en Marruecos. Posteriormente, también
teniendo presente que nuestra flota faena en la práctica totalidad de
los mares, el Gobierno consiguió desarrollar un sistema propio para
dar cobertura a todos los buques españoles en aquellos caladeros
donde realizan su actividad. Como corresponde a un Gobierno activo y
sensible con la gestión del esfuerzo pesquero, se publicó una orden
el 12 de noviembre de 1998, que va más allá del propio reglamento
comunitario, para
aplicar la norma también a los buques que aun no estando obligados
pertenecen al mismo segmento de flota, y es que, señor presidente,
este Gobierno, por la experiencia y liderazgo propio del sector
pesquero español, ha concluido que por pertenecer a una misma flota,
a una flota específica, los buques requieren un tratamiento uniforme
y no estar sólo catalogados por los metros de eslora, por las
dimensiones, en definitiva.
Finalmente, quería decir que ya se dispone también en estos momentos
de fechas límite fijadas por la orden del 7 de julio de este mismo
año. Por lo tanto, y como resultado de la mayor amplitud de las
actuaciones del Gobierno respecto de lo que se solicitaba en el
momento de la presentación de la proposición no de ley -anteriormente
a esta actuación-, la misma será retirada con su autorización, señor
presidente, del orden del día, por lo cual dejo esta constancia y que
se proceda en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda retirada del orden del día
la proposición número 4.
- SOBRE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL EXCESO DE PRODUCCIÓN EN EL
SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número
de expediente 161/001667.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación, y habida cuenta que no
está el portavoz de Izquierda Unida, a debatir la proposición que
figura en el orden del día con el número 6 sobre actuaciones en
relación con el exceso de producción en el sector lácteo. Para la
defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señoras y señores
diputados, desde luego hace mucho tiempo que venimos manteniendo que
la política del Gobierno para el sector lácteo, cuando menos en lo
que se refiere a Comunidad Autónoma de Galicia, lleva a su
destrucción y por tanto es una política basada en dar satisfacción
a los intereses de los Estados europeos excedentarios, proclives a que
no aparezcan en el horizonte competidores que lleven a ver
disminuidas las rentas de sus agricultores.
La política del Gobierno está llevando a la rápida desaparición de
miles de empleos en el campo y, en consecuencia, a la despoblación, y
esto es algo que se puede constatar. A estas alturas, yo creo que ya
no se puede hablar de una política heredada, porque si bien el
problema fundamental del sector lácteo, cual es la insuficiencia de
cuotas, tiene su origen en una negociación mal hecha en su día, lo
que es más que evidente es que el Gobierno del Partido Popular desde
el inicio de su mandato ha practicado una política tendente a
conseguir la disminución del número de productores lácteos hasta que
esa producción se equiparase a la escasa cuota disponible, es decir,
una política destinada a reconvertir el sector y, en esencia, a
impedir su desarrollo y dejar que los Estados excedentarios europeos
se encarguen de surtir el mercado español, a nuestra costa,
naturalmente.
Esa política tuvo hechos concretos. Se intentó aplicar la supertasa
en las campañas 1995-1996, 1996-1997, se realizaron todo tipo de
iniciativas para buscar los abandonos de producción, etcétera, y
además fue incapaz el Gobierno, a pesar de lo anunciado, de conseguir
en el marco de la reforma de la OCM de la leche un aumento de cuota
que permitiese salir del atolladero al sector lácteo. Nosotros lo
dijimos en su día y ahora es más que evidente: el incremento de las
550.000 toneladas no resuelve el problema de la insuficiencia de
cuota ni por asomo; en consecuencia, seguirá habiendo más abandonos
de producción y también seguirá habiendo sucesivas aplicaciones de
supertasa.
Esta política, señoras y señores diputados, tiene unos efectos
concretos, no sólo abstractos. Más allá de las afirmaciones sobre la
bondad de la misma o los discursos sobre el cumplimiento de tal o
cual normativa, tiene efectos reales sobre las personas, muchas de
ellas desesperadas para hacer frente a los pagos de los préstamos que
consiguieron para modernizar sus explotaciones y que ahora o las
tienen que abandonar o no les resultan rentables. También tiene
efectos sobre la economía general de algunas zonas, repito, y en
concreto en algunas como la Comunidad Autónoma de Galicia, que como
consecuencia de ésta y otras políticas se encuentra, efectivamente,
entre las regiones europeas con menor nivel de desarrollo y peor
evolución futura, y ya sé que a muchos de ustedes a lo mejor les da
igual; a nosotros no.
Hoy discutimos una vez más sobre el pago de la supertasa de la pasada
campaña 1998-1999, cifrada por el Gobierno en 2.398 millones de
pesetas, una supertasa que nosotros no cuestionaríamos, a ver si
queda claro de una vez por todas, si la cuota de la que disponen
nuestros ganaderos permitiese la existencia de un sector lácteo como
el holandés, el irlandés o el danés, por poner algunos ejemplo, es
decir, si nuestros ganaderos dispusieran de una capacidad de producir
que respondiera criterios de igualdad con otros Estados europeos. Por
lo tanto, a ver si dejamos claro de una vez por todas que el problema
de la supertasa o la defensa de la no aplicación de la supertasa no
es algo caprichoso. Lo que nosotros seguimos discutiendo es su
aplicación a los ganaderos en las condiciones actuales, porque de
esta supertasa se deriva la necesidad de sobrepasar la cuota
individual por muchos ganaderos simplemente para poder vivir, para
hacer mínimamente, rentables sus explotaciones y porque la supertasa,
en estas condiciones de cuota insuficiente, no es más que el
instrumento de una política dirigida a destruir nuestra capacidad
y derecho de producir. Es un instrumento político para alcanzar este
fin y no una medida técnica normal o necesaria para castigar a unos
cuantos ganaderos irresponsables o insensatos, como muchas veces se
dice, que perjudican a quienes actúan en el marco de la ley, porque
no estamos en ese nivel de discusión.
Efectivamente, muchos ganaderos, entre ellos muchos jóvenes que
invirtieron en medidas de mejora tecnológica de sus explotaciones o
en comprar cuota, para lo que arriesgan su hacienda y muchas veces
más que su hacienda, son incapaces de sobrevivir en el marco de las
restricciones impuestas. Por tanto, no estamos ante un problema de
buenos y malos, de cumplidores y de incumplidores. A mí me parece que
los que defienden con tanto ahínco la aplicación
de esta norma deberían defender, quizá con mayor ahínco aún, que lo
normal sería que la norma fuese justa, lo que no es. Y digo esto
porque efectivamente, casi como único argumento que se utiliza para
contradecir a quienes defendemos el derecho a producir y, en
consecuencia, la exención del pago de la supertasa, se nos acusa en
esencia de apoyar a defraudadores o de que nosotros pedimos que se
incumplan las normas. A mí me parece que no se puede separar la
discusión sobre la supertasa de este marco injusto que la origina. No
se trata de defender a unos señores defraudadores o insolidarios.
Simplemente, nosotros pedimos que se permita vivir a la gente de su
trabajo y cuestionamos las políticas que lo impiden, porque, se mire
como se mire, la política del Gobierno para el sector lácteo confirma
lo que decía: es negativa, no moderniza ni hace competitivo al
sector; simplemente lo reduce a niveles aceptables para la Europa
rica. Esa es la realidad.
Yo decía antes, porque es necesario afirmarlo, que la supertasa es un
instrumento para aplicar una política injusta, pero es que además el
Gobierno aplica la supertasa, y hay que decirlo también, en función
de sus intereses; es decir, modula la aplicación a su antojo, lo que
resulta más preocupante. Me explico. Es curioso comprobar cómo
durante las campañas 1995-1996 y 1996-1997 se aplica la supertasa y,
sin embargo, en la de 1997-1998 no hay exceso de productos, según el
Gobierno y, por tanto, no hay supertasa. Y no hay exceso de
producción, curiosamente, justo antes de las negociaciones de la OCM
de la leche, lo que sin duda, como afirmamos en su día, porque esto
no lo digo ahora, permitía a la señora ex ministra ir a las
negociaciones con menor presión y, por tanto, poder aceptar más
fácilmente el resultado de esta reforma de la OCM láctea. Realmente
no se explica que no exista sobreproducción en esa campaña cuando las
condiciones no variaron sustancialmente o cuando menos, y eso yo lo
he preguntado al Gobierno, no conocemos cuál fue la causa que provocó
precisamente en esa campaña la disminución de la producción.
Nosotros criticamos que esa táctica era equivocada para conseguir
precisamente un incremento que respondiera a las necesidades que
tenemos de aumento de cuota, como luego efectivamente resultó. Por
cierto, del millón de toneladas que incluso el propio Grupo Popular
consideraba necesarias para solucionar el problema de la
insuficiencia de cuota, nada de nada, nos quedamos con la mitad, y
corrobora lo que digo que cuando el señor Fischler realizó aquella
visita de cortesía a este Congreso, efectivamente, a preguntas de
este diputado, se permitió contestar que las 550.000 toneladas de
aumento que se otorgaban al Estado español eran una buena cifra
teniendo en cuenta que no había superproducción, es decir,
sobrepasamiento de la producción en ese momento.
Digo que también se hace un uso político, y lo voy a decir aquí en
esta Cámara, de este tema de la supertasa. Basta comprobar dos cartas
remitidas en su día desde el FEGA, una directamente que de este
órgano, que efectivamente, hablando de la devolución de las
retenciones a los ganaderos no afirmaba que iba a haberlas, eso es
cierto, pero lo insinuaba, y si esa insinuación se acompaña de
declaraciones públicas de algunos cargos del Ministerio, es lógico
que muchos ganaderos pensaran que no iba a haber supertasa en esta
campaña. Yo les puedo leer algún titular
de prensa: efectivamente el Gobierno asegura que los ganaderos
recuperarán las retenciones de la cuota... y no prosigo leyéndoles la
noticia, donde un alto cargo de Agricultura decía que se les iban a
devolver las retenciones porque no se preveía sobrepasamiento de la
producción. Y hay también otra carta, remitida por la señora ex
ministra de Agricultura, supongo que en plena campaña electoral, el
20 de abril de 1999, en la que asegura que con el incremento de
550.000 toneladas no habrá multas por sobreproducción en el futuro.
Y, claro, uno puede entender que la señora ex ministra hablaba de
después del reparto de las 550.000 toneladas, pero si uno observa que
efectivamente esta carta se remite en esa fecha, lo que insinúa o lo
que trata de transmitir a los ganaderos es que en esta campaña,
gracias a esa negociación del incremento de cuota, efectivamente no
iba a haber supertasa. Por lo tanto, insisto, se hace también de este
asunto un uso político, a mí me parece que excesivamente abusivo.
Concluyo, señor presidente, porque no quiero cansar mucho más a sus
señorías. Un periódico de Galicia titulaba así un reportaje en el
pasado septiembre: la cuota ordeña a Galicia. Pues bien,
efectivamente la supertasa contribuye a ese fin. La supertasa es
injusta y es irracional y, por tanto, no es razonable aplicarla a
unos ganaderos cuya capacidad de producir para vivir dignamente está
restringida a límites intolerables, y menos aun cuando precisamente
estamos pendientes de la distribución de esas 550.000 toneladas de
incremento que, según dicen algunos, va a resolver el problema de la
sobreproducción. Nosotros no lo creemos, pero dicen algunos que lo va
a resolver. Por ello nos parece aún menos oportuno en este momento
proceder a aplicar esa supertasa y es por lo que nosotros presentamos
esta proposición no de ley, instando al Gobierno a no repercutir
sobre los ganaderos el pago de la multa derivada del exceso de
producción en la campaña 1998-1999 y a establecer las oportunas
negociaciones con los pertinentes órganos del Gobierno de la Unión
para que atendiendo a la situación y circunstancias concretas de
nuestro sector lácteo, condonen o renuncien a aplicar la mencionadas
sanciones económicas.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado
dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa
de estas enmiendas y la fijación de la posición de su grupo, tiene la
palabra su portavoz, señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: Efectivamente, somos absolutamente conscientes
de cuál es la situación y cuáles son los problemas que crea, no
solamente en una determinada comunidad, sino a la que yo también
represento, la dificultad de...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Madrid, ¿se podría acercar más
el micrófono?
El señor MADRID LÓPEZ: Es que, no sé por qué razones mágicas, se me
había desconectado, y eso que no está el señor Trillo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Es malo no estar conectado. De todas formas,
tiene la palabra, señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: No sé si he tenido, por razones de
taquigrafía, recogidas las palabras o las vuelvo a repetir, que no
serán las mismas, seguro.
Estaba diciendo, señor presidente, que nosotros hemos venido
trabajando en esta dirección, compañeros y compañeras nuestras en
esta Comisión, para conseguir que la capacidad de producción y las
potencialidades existentes, ciertas, en el conjunto del país, pero
especialmente en algunas comunidades, como Galicia, como el norte de
España, también Castilla y León, etcétera, permitan en todo caso no
solamente un mayor y mejor desarrollo económico, sino también
expectativas de futuro, que son interesantes si queremos conseguir
que los jóvenes vayan incorporándose ciertamente a un trabajo que es
no solamente interesante, sino también de futuro. Así como hay otras
actividades y otros sectores donde se podrá discutir, lo que no se
puede pensar es que este producto, en concreto la leche, vaya a
rebajarse en la producción y en el propio consumo. De hecho, todavía
el consumo de los ciudadanos españoles es superior a la tasa
concedida por la Unión Europea.
Nosotros hemos denunciado a veces, en un terreno de colaboración,
cómo el Gobierno ha jugado al equívoco con la supertasa, y lo hemos
dicho en varias ocasiones. Creemos que efectivamente las autoridades
españolas tienen que hacer valer en la Unión Europea la capacidad, la
potencialidad de lo que es la aportación positiva de nuestro país, de
manera que pueda establecerse un futuro cierto de la producción real.
Es decir, venimos con este asunto trabajando durante muchos años.
Hemos tenido a veces dificultades en establecer y en llegar a
convencer a nuestros socios de la Unión y creemos que ha llegado el
momento de que el Congreso de los Diputados apoye decididamente
y mandate al Gobierno con las indicaciones que esta exposición de
motivos y esta proposición no de ley acaba de ser expresada
brillantemente por el compañero de la Comisión.
Nosotros, para mejorar y aumentar, si cabe, los argumentos, hemos
querido añadir alguna enmienda para que también se pudiera urgir a la
Unión Europea, y, tal como establece la proposición no de ley, se
diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a urgir a la
Unión Europea que adelante la distribución de esas 550.000 toneladas,
puesto que ya están negociadas y pactadas.
Y después hay una segunda enmienda de adición, que pretende también
dar un paso más: abrir una vía nueva de actuación y de compromiso de
esta Comisión y del Congreso. Yes que es necesario que se cree el
marco adecuado para que se establezca una política de concertación
entre la industria láctea y el sector productor, propiciando un
sistema contractual. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos
sensibles también a que las cuestiones no son una foto fija. Es
decir, hay una actividad creciente de necesidades mutuas entre lo que
es la industria, lo que son los productores; y quien tiene que
facilitar a veces esta situación son los poderes públicos o las
administraciones o quien convenga. Me decía el ponente hace un
momento que quizá esta segunda parte de la enmienda nuestra de
adición podía no ser acertada en estos momentos. Nosotros creemos,
sin embargo, que es una buena ocasión para introducir una
parte nueva en el debate y, con ese espíritu de cooperación y de
sumar esfuerzos a estos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista,
que yo ahora represento, ha querido hacer esta aportación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar
posición? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz, señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Yo quisiera, señorías, comenzar diciendo
algo con el máximo respeto hacia el Bloque Nacionalista Galego y
hacia su portavoz, pero es que sinceramente yo considero que es
desolador el ver que período de sesiones tras período de sesiones se
plantea ante esta Comisión exactamente la misma propuesta, cuando
además se sabe (creo que se sabe, puesto que yo lo he repetido en
numerosas ocasiones en lo que va de legislatura) que existe una
normativa de la Unión Europea y una normativa española que impiden
que se puedan llevar a cabo las propuestas que aquí se hacen. Yo
sinceramente debo decir que no sé a qué obedece esta postura. Me
parece una falta de rigor y una falta de seriedad el hacer una
propuesta que se sabe que va en contra de la ley. Por tanto, quien la
propone debería pensarse un poco más la forma de hacer política,
porque creo que las personas que hemos sido elegidas por los
ciudadanos para representarlos debemos ejercer en primer lugar
nuestras actuaciones al lado siempre de la ley y no en contra de la
ley.
Ycuando pienso que en un futuro alguien quiera consultar los Diarios
de Sesiones y compruebe que repetidamente esta iniciativa se plantea
aquí, y que sucesivamente este grupo está obligado a salir en defensa
de la ley y en defensa de la normativa, tanto de la Unión Europea
como de la española, creo que podrá ver que este tipo de actuaciones
se deben única y exclusivamente a la demagogia o a la pretensión -y
ya creo que esto es más malintencionado y, por lo tanto espero que no
sea así, al intento de confundir a los ganaderos españoles, a los
ganaderos especialmente de la cornisa cantábrica, que son los más
afectados en este tema.
Y aunque el Portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha dicho que a lo
mejor a nosotros nos daba igual, tengo que decirle que no nos da
igual; que desde el Partido Popular, y desde el Gobierno de José
María Aznar, la postura que se viene llevando a cabo desde el primer
día, primero por la ex ministra Loyola de Palacio y hoy por el actual
ministro, es de defensa de los intereses de los ganaderos. Y así ha
quedado demostrado, eso es evidente, no solamente en España, sino
ante la Unión Europea.
Yefectivamente, cuando él dice que hay que dejar claro de una vez por
todas las posturas, yo lo que digo es que hay que dejar claro de una
vez por todas que no se puede solicitar que se lleven a cabo una
serie de políticas que van en contra de una normativa de la Unión
Europea y de una normativa española. Y por citarlas, para que queden
más que nada en el «Diario de Sesiones», porque creo que todo el
mundo las conoce ya, me estoy refiriendo al artículo 2 del Reglamento
de la Unión Europea 3.950/1992 y al Real Decreto de España que se
refiere a este reglamento de la Unión Europea. Y nosotros por
supuesto que no les vamos a acusar de defender a defraudadores, nunca
se ha dicho semejante cosa. No se trata de decirles a ustedes que
están
defendiendo a defraudadores, están defendiendo unas posturas que
saben perfectamente que no se pueden llevar a cabo, que no se pueden
cumplir.
Yo lo que creo es que, en definitiva, lo que hay es una falta de
imaginación, una falta de iniciativa, de propuestas nuevas, de
propuestas que beneficien a los ganaderos y de propuestas que vayan
un poco de acuerdo con las medidas que se deben tomar de cara al
siglo XXI sobre la calidad de la leche y sobre actuaciones que
verdaderamente beneficien a los ganaderos de la cornisa cantábrica, a
los ganaderos españoles.
Sí quisiera manifestar también, señor presidente, que estamos de
acuerdo absolutamente con la manifestación que ha hecho el portavoz
del Grupo Socialista, que dice que las autoridades españolas deben
actuar de una forma eficaz, seria y contundente ante la Unión
Europea, reivindicando actuaciones y políticas para nuestros
ganaderos. La pena, señor presidente, señorías, es que cuando se
gobernó durante catorce años... (Rumores.) Sí, sí, yo lo lamento; es
que usted es el que me lleva a ese terreno. La pena es que durante
catorce años no se haya hecho de esa forma y muy especialmente cuando
se negoció la entrada de España en el Mercado Común. Y recuerdo una
vez más que ustedes tenían a una persona para llevar a cabo esa
negociación, que era don Fernando Morán (a quien aprecio mucho,
asturiano como yo), que no solamente no supo llevar a cabo esa
actuación de la forma en la que ustedes la defienden ahora, sino que
hizo una negociación muy perjudicial. Y mire, señor Madrid, yo no
pretendía en absoluto entrar una vez más en este debate, ni pretendía
volver otra vez a reincidir en lo que ya hemos dicho aquí por activa
y por pasiva; pero es que usted me ha llevado a ese terreno. Ustedes
no están capacitados para dar lecciones al Gobierno de José María
Aznar, ni en la persona de su actual ministro, ni antes en la de
Loyola de Palacio, de cómo deben actuar.
Por tanto, señor presidente, solamente me cabe decir que mi grupo,
por las razones obvias que acabo de manifestar, se va a pronunciar en
contra de esta proposición no de ley. (El señor Madrid López pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Madrid, ya sabe que aquí en los turnos de
defensa de fijación de posiciones cada grupo parlamentario fija su
posición.
El señor MADRID LÓPEZ: Es para una cuestión por alusiones, señor
presidente. Ha dicho que no estamos capacitados
El señor PRESIDENTE: Bien. Yo le voy a dar dos minutos para que
conteste a esa alusión, pero simplemente a esa alusión.
El señor MADRID LÓPEZ: Estrictamente y además serena y
tranquilamente. Mire, yo creo que la capacitación personal y la
capacitación política se expresa a través de las biografías
personales y como grupo de las personas que han trabajado con
honradez y sinceridad independientemente de los resultados que se
hayan tenido. Estar permanentemente (y siento no poderlo hacer en el
Pleno del Congreso en estos momentos, pero me vale esta Comisión)
haciendo alusiones al pasado nos puede llevar a una situación
grave. La capacitación nos la dan los ciudadanos. Si estamos o no
capacitados para realizar la actividad a la que nos han llevado los
ciudadanos cuando estuvimos en el Gobierno y ahora en la oposición,
no nos tiene que dar nadie patente de esa capacitación. Yquiero decir
que la alusión permanente a eso denota un complejo enorme de
inferioridad. (El señor Vázquez Vázquez, don Guillerme, pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Al final tendrá usted la palabra, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): También por una pequeña
alusión, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Si quiere, acumulamos la alusión y acumulamos la
defensa de la enmienda y le damos la palabra a la portavoz del Grupo
Popular, señora Castro, también por dos minutos. Con eso finalizamos
este turno de alusiones y de réplicas.
La señora CASTRO MASAVEU: Simplemente quiero manifestar que yo sí
creo que se debe recordar el pasado para corregir y no cometer los
mismos errores. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, complejo de inferioridad, absolutamente ninguno.
Efectivamente, la patente nos la dan los ciudadanos. Y los ciudadanos
españoles han sabido qué Gobierno debía representarles. Y los
ciudadanos españoles comprenderán cuál ha sido la política del
Partido Popular y de su ministra Loyola de Palacio en la defensa de
los intereses de los españoles ante la Unión Europea con la
negociación de la Agenda 2000. (El señor Madrid López: Que no la
hubieran destituido.) ¿Qué no la hubieran destituido? O sea, le
parece a usted...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Castro. Silencio, señorías,
silencio para dejar hablar a la portavoz del grupo. Pero miren, ya
saben ustedes que la cortesía parlamentaria exige de todos los
miembros de las Comisiones que mantengan un silencio para que se
puedan escuchar y, en todo caso, rebatir las argumentaciones. Por
tanto, yo les solicito silencio y le seguimos dando la palabra a la
señora Castro para que pueda finalizar su intervención.
La señora CASTRO MASAVEU: Sí, porque si por en medio hay
intervenciones, señor presidente, seguiré contestándolas. Si a usted
le parece, señor Madrid, que ha sido destituida una persona que ha
sido la candidata del Partido Popular a las elecciones del Parlamento
Europeo (y quiero recordar que ha sido la lista más votada), y además
esa persona ha sido elegida vicepresidenta; si eso a usted le parece
que es ser destituido, ojalá todos seamos mañana destituidos para
seguir el mismo camino que la ex ministra Loyola de Palacio.
El señor PRESIDENTE: Para aceptación o no de la enmienda, así como
por esa alusión, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): La enmienda número 1 que
presenta el Grupo Socialista vamos
a aceptarla; no sobra urgir a la Unión Europea que adelante la
distribución de las 550.000 toneladas previstas en dos tramos,
aunque, en todo caso, ya el Gobierno anunció que su intención era
repartirlas en un solo tramo y de manera inmediata.
En cuanto a la segunda enmienda, yo, efectivamente, antes le hice
llegar mi opinión al ilustre portavoz del Grupo Socialista en el
sentido de que no encajaba en el contexto de la proposición no de ley
que presentamos, porque es una enmienda que hace referencia a una
cuestión de precios, no porque no fuera oportuna, quería matizar
esto. En todo caso, como la votación presumiblemente se va a producir
en el sentido que se va a producir, también vamos a aceptarla.
Ysi me permite, también brevemente y con todo respeto, señor
presidente, yo le recomendaba a la señora portavoz del Grupo Popular
que cuando quiera defender los argumentos que avalen la política del
Gobierno para el sector lácteo lo haga con esos argumentos en vez de
recurrir a las descalificaciones. Términos como demagogia o que
nuestras iniciativas pretender confundir a los ganaderos a mí me
parece que no son muy de recibo. En todo caso, ustedes pocas veces
utilizan argumentaciones en defensa de esa política y si la tienen,
si tienen esa política, si ustedes creen que es tan buena para el
sector lácteo, explíquenselo a los ganaderos, porque desde luego le
puedo asegurar que medios para explicársela tienen muchísimos más que
el Bloque Nacionalista Galego.
- SOBRE AUMENTO DE LOS ARANCELES PESQUEROS TRAS LA FINALIZACIÓN DEL
ACUERDO CON ARGENTINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001559.)
El señor PRESIDENTE: Al encontrarse ausente el portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la proposición que figura
como número 5 decae de esta Comisión y, por tanto, única y
exclusivamente votaremos las cuatro que se han mantenido presentes.
Siendo la hora que es y habiendo quedado en votar a partir de las
doce y cuarto, vamos a suspender la sesión hasta las doce y cuarto.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de la Comisión de
Agricultura con las votaciones de las proposiciones no de ley.
Previamente les quiero comunicar a los señores portavoces que mañana
a las nueve y media tendremos una reunión informal en las puertas del
hemiciclo. (Risas.) Ya saben SS.SS. a qué se refiere la reunión
informal.
Pasamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Socialista, por la que se insta al Gobierno a que modifique la
legislación vigente de etiquetado de productos alimenticios en cuya
composición aparezcan aceites o grasas y especifíque la procedencia
de los mismos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar, a continuación, la proposición no de ley número 2,
también del Grupo Socialista, sobre medidas agroambientales de apoyo
al olivar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
sobre elaboración de una normativa que persiga erradicar la actividad
de los buques con banderas de conveniencia, que ponen en peligro las
normas de conservación de los recursos a escala internacional y
ejercen una competencia desleal hacia los buques españoles.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La proposición no de ley número 4 ha sido retirada y la número 5 ha
decaído, por lo que procedemos a votar la proposición no de ley
número 6 del Grupo Parlamentario Mixto, sobre actuaciones en relación
con el exceso de producción en el sector lácteo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.
NOTA.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, del miércoles 29 de septiembre de
1999, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no