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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 751, de 28/09/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 751



EDUCACIÓN Y CULTURA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET



Sesión núm. 42



celebrada el martes, 28 de septiembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey)
para informar sobre:



- Iniciativas planteadas para este curso. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
001248.) ... (Página 22056)



- Planes del Gobierno para la reforma de la Ley Orgánica de
ordenación del sistema educativo (Logse) y los criterios en que se
fundamenta. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). (Número de expediente 213/001250.) ... (Página 22056)



- Las medidas anunciadas de modificación de la Ley Orgánica de
ordenación del sistema educativo (LOGSE). Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/001253)
... (Página 22056)



- Medidas a adoptar para garantizar el respeto a los principios
democráticos y constitucionales en los contenidos y materiales
didácticos en la enseñanza religiosa en España. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001039.) ... (Página 22068)



Proposiciones no de Ley:



- Sobre potenciación de cursos de formación de enseñanza de la lengua
española para alumnos extranjeros. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/001675.) ... (Página 22071)



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- Relativa a la integración de los funcionarios de los equipos
psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria,
especialidad Psicología y Pedagogía. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001596.)
... (Página 22071)



- Relativa a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Málaga,
Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Deportes con el fin de
proceder a la construcción en la ciudad de Málaga de un estadio
olímpico ecológicamente homologado. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
001344.) ... (Página 22076)



- Relativa a la atención específica que el sistema educativo español
debe dar a los menores inmigrantes matriculados en centros educativos
en que se imparta la enseñanza obligatoria. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/
001668.) ... (Página 22077)



- Sobre aplicación de las jubilaciones de la Ley Orgánica de
ordenación general del sistema educativo (Logse) a los funcionarios
acogidos a regímenes de Seguridad Social o previsión distintos del de
clases pasivas. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 161/001661.) ... (Página 22079)



Se abre la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (RAJOY BREY)
PARA INFORMAR SOBRE:



- INICIATIVAS PLANTEADAS PARA ESTE CURSO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
001248)



- PLANES DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICADE ORDENACIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) Y LOS CRITERIOS EN QUE SE FUNDAMENTA.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ).

(Número de expediente 213/001250)



- LAS MEDIDAS ANUNCIADAS DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE). A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/001253)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. El orden del día que obra en
poder de SS.SS. sufre las siguientes incidencias que se someten a su
generosa consideración. Según tengo entendido, el señor ministro a
las doce tiene otra clase de requerimientos. También inidacaré por
parte del autor de la iniciativa, el señor Chiquillo, se ha
solicitado el aplazamiento de la proposición no de ley que figura con
el número 10, relativa al traspaso de la titularidad del Museo de
Cerámica González Martí. Puesto que lo solicita el autor, no creo que
haya el menor inconveniente. Al
mismo tiempo, cuando despidamos al señor ministro -y no es ningún
impulso para que se vaya usted antes, puesto que está en su Comisión-
los miembros de la Mesa y los portavoces tendremos una primera
reunión a los efectos de convalidar las reuniones y las
comparecencias que SS.SS. han solicitado en materia de presupuestos,
porque hace falta un acuerdo de la Mesa y portavoces para que se dé
trámite. Como es posible que a la Presidencia, como tantas otras
cosas, se le olvide, me lo recuerdan ustedes.

Empezamos con las comparecencias solicitadas del ministro de
Educación y Cultura por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió) y del Grupo
Socialista. Todas ellas hacen referencia a la ordenación general del
sistema educativo. Dejaríamos, si lo quiere tratar el señor ministro
a continuación o le damos tratamiento específico en último lugar, las
relativas a los contenidos en materia didáctica de la enseñanza, que
la tramitaría con la vertiginosidad de una pregunta. Comenzamos con
las tres primeras, si le parece, señor Ministro, al que damos, una
vez más la bienvenida a esta Comisión y le agradecemos su gentileza y
su colaboración con la misma.

Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias
por sus palabras, señor presidente. Como me ha pedido el señor
presidente, en primer lugar, voy a hacer una exposición para dar lo
que espero sea cumplida respuesta a tres de las peticiones de
comparecencia. Una de ellas del Grupo Catalán (Convergencia i Unió),
para explicar los planes del Gobierno para la reforma de la Logse y
los criterios en que se fundamenta. La segunda, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para explicar las
iniciativas planteadas para este curso y la tercera, del Grupo
Socialista, para que explique las medidas anunciadas de modificación
de la Logse. Hay dos que se refieren de una manera más específica a
la



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Logse y a algunas propuestas de reforma, y otra que está redactada en
términos más amplios, que trata de explicar las iniciativas
planteadas para este curso. Fijándome con mayor atención , puesto que
hay dos solicitudes de comparecencia que hacen referencia a la Logse
en este punto, daré respuesta también a las iniciativas planteadas
para este curso. Lo que sí quiero señalar es que voy a hacer una
intervención fundamentalmente de criterios y de planteamientos. No
voy a entrar en el análisis de los presupuestos, que luego serán la
plasmación económica de algunas de las ideas que voy a plantear,
porque esto se debatirá la próxima semana, ni voy a entrar en el
análisis de cuántos centros vamos construir o dejar de construir o
cuántas reparaciones, obras, etcétera, se harán, ya que eso
corresponde al capítulo presupuestario, aunque si alguien tiene
alguna duda sobre el tema, con mucho gusto intentaré resolverla.

Dicho esto, voy a comenzar mi intervención empezando por los más
pequeños, es decir, por la educación infantil sobre la cual quiero
señalar que, una vez lograda la escolarización plena de los alumnos
de cuatro y cinco años, para el Ministerio la prioridad es la
escolarización de los alumnos de tres años. Actualmente, el 83 por
ciento de estos alumnos, me refiero al territorio MEC, ya está
escolarizado, y mi intención es aproximar este porcentaje al cien por
cien en el menor plazo de tiempo posible, y ello por dos razones
fundamentales. Primera, porque es una demanda social que está ahí;
segunda, porque el éxito académico está relacionado con la edad a la
cual se comiencen los estudios o, dicho de otra forma, el fracaso
escolar está relacionado con la edad en que el alumno se incorpore al
sistema educativo. Por tanto, este sería el primer proyecto de este
curso académico que iniciamos ahora.

En segundo lugar, vamos a impulsar la enseñanza precoz de un idioma
extranjero. Por ello, la orden ministerial que ya hemos aprobado y
que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6, de julio
de 1999, regula ya la implantación con caráter experimental de la
lengua extranjera en el primer ciclo de la educación primaria. Les
recuerdo a SS.SS. que en el curso pasado y en los niveles no
obligatorios más del 33 por ciento de los alumnos ya cursó un idioma
extranjero. En 1996 este porcentaje no llegaba al 2,6 por ciento y en
el curso que ahora comienza la implantación precoz de este idioma
superará el 50 por ciento. Me refiero con este dato también al
territorio de gestión del Ministerio.

En tercer lugar, otro de los asuntos al que prestaremos especial
atención, me voy a limitar a señalarlo, es intentar que el plan de
Aldea Digital, a cuyos efectos firmaremos con Retevisión un convenio
en próximas fechas, se generalice a la totalidad de los colegios
existentes en los municipios pequeños, fundamentalmente los de menos
de 5.000 habitantes. En cuarto lugar, también prestaremos especial
atención a los alumnos que cursan los estudios de ESO en zonas
rurales, asunto que, aun siendo importante, para no hacer
excesivamente larga mi intervención, no voy a desarrollar. En quinto
lugar, y entro más directamente en el tema de la Logse, como sin duda
SS.SS. conocen, este curso 99-2000 supone la implantación definitiva
del cuarto curso de educación secundaria obligatoria, quedando
completa la implantación de los estudios de la Logse en sus tramos de
escolaridad obligatoria, es decir, de los seis a los 16 años. Por
tanto, este será el primer curso escolar en el cual
los alumnos que finalicen el cuarto de ESO y obtengan el título de
graduado en educación secundaria, habrán seguido en su itinerario
educativo las enseñanzas del sistema educativo establecido por la
Logse. Es este hecho objetivo el que nos lleva a plantear la
necesidad de realizar una primera aproximación a la situación que ha
generado la implantación del sistema educativo establecido por la
Logse. Por ello el Ministerio de Educación y Cultura, y con ello doy
respuesta a parte de las preguntas que están detrás de las peticiones
de comparecencia, voy a proponer al Consejo Rector del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, al INCE, que celebrará una reunión
el próximo día 27 de octubre, la realización de una evaluación de la
educación secundaria obligatoria. Este proyecto se plantea, como no
podía ser de otra manera, para conocer el grado de consecución de
objetivos y el progreso que pueda existir en los resultados que
obtienen los alumnos, como también la incidencia que puedan tener en
esos resultados los procesos educativos. Conocer lo que saben los
alumnos de cuarto curso de enseñanza secundaria obligatoria, junto
con la posibilidad de detectar la buena o mala salud del sistema
educativo de un modo continuado, es lo que hace que consideremos
necesario elaborar el mencionado estudio. Nuestra idea no es sólo
conocer los resultados de los alumnos al finalizar esta etapa
educativa y analizar hasta qué punto son debidos a todos los cambios
introducidos en el nuevo sistema, sino poderlos comparar, en la
medida de lo posible, con la evaluación realizada hace tres años, que
quedó plasmada en el diagnóstico del sistema educativo que todos
ustedes conocen. Los resultados de esta evaluación permitirán a las
administraciones educativas, en caso de que resulte necesario, que
realicen los cambios adecuados en la Logse o en normas de desarrollo
para paliar posibles desajustes.




Desde otro punto de vista, en este curso también finalizan los
mandatos de los directores de los centros educativos elegidos al
amparo de lo establecido en la Ley orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes, la Lopeg. Como saben, la función directiva ha sido
considerada siempre factor fundamental en la eficacia de los centros
docentes y, en consecuencia, un componente básico del sistema
educativo en su conjunto. Las demandas de la comunidad educativa, las
conclusiones de los investigadores y la percepción de los
responsables de políticas coinciden en que el cuidado de la dirección
de los centros es condición inexcusable para el buen funcionamiento
del sistema educativo. Por nuestra parte, estamos convencidos de que
el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Lopeg es suficiente
para la consolidación del modelo de función directiva que la ley
establece. Por lo anteriormente expuesto, parece oportuno evaluar
y hacer un diagnóstico global de la función directiva desde una
perspectiva de ordenación general del sistema. En esta línea, el
Ministerio de Educación y Cultura propondrá al Consejo rector del
INCE la elaboración de un diagnóstico de la dirección de los centros
docentes administrados con fondos públicos también en la reunión del
27 de octubre, a la que antes he hecho referencia. Lo hacemos con un
objetivo que a ustedes no se les escapará, que es el de obtener una
información rigurosa sobre el funcionamiento del modelo vigente,
dirección de centros docentes,



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educación primaria y educación secundaria. Por tanto, habrá dos
propuestas al consejo del INCE, una vez que este año se implanta el
cuarto curso de ESO, a los efectos de ver los aspectos positivos y
negativos del funcionamiento del sistema educativo, vía Logse, a lo
largo de estas fechas, y también para analizar lo referente a la
dirección de los centros, una vez que han transcurrido cuatro años
desde la aprobación de la Lopeg.

Otra idea, sería la séptima que quiero transmitirles a ustedes, es el
desarrollo normativo de la Logse en el ámbito de las enseñanzas
artísticas, que tuvo un importante retraso, como ustedes saben, con
respecto al resto de las enseñanzas. En estos años se ha realizado un
esfuerzo normativo y se han conseguido importantes objetivos como,
por ejemplo, el desarrollo del grado superior de música y más
recientemente en el mes de septiembre en el que nos encontramos, el
grado superior de danza, hasta ahora inédito en España, y la
normativa de la carrera superior de diseño que hemos a probado en el
último Consejo de Ministros. Sin embargo, es verdad que quedan
todavía cuestiones por desarrollar. En este sentido, ya está en
marcha la elaboración de una normativa que permita simultanear las
enseñanzas de régimen general con las de música y danza en las
primeras edades. En este curso, se pondrá en marcha por primera vez
el bachiller en música y el bachiller en danza, ambos previstos en la
Logse.

Desde otro punto de vista, aunque también dentro del ámbito de las
enseñanzas artísticas, pretendemos seguir desarrollando en los
próximos meses aquellos aspectos normativos que afectan a la
situación de los profesionales de estas enseñanzas con titulaciones y
habilitaciones no previstas en la Logse, a los efectos de adecuar
esas titulaciones y sus salidas profesionales a la situación actual.

Ya está resuelto lo concerniente a las titulaciones de música, arte
dramático y artes plásticas y a punto de resolverse los estudios
superiores de canto; sólo quedan por resolver, para completar este
apartado, los problemas específicos de los profesionales de danza.

Para completar el ajuste del sistema, se va a intentar avanzar en
medidas destinadas a fomentar la movilidad de los alumnos de estas
enseñanzas en el territorio nacional a la vez que se completa la
normativa de convalidaciones de los antiguos estudios con los que se
vayan implantando.

En los próximos meses y en lo que al territorio de gestión del
Ministerio de Educación se refiere, vamos a potenciar la red de
centros transformando los actuales conservatorio elementales -quedan
pocos- en profesionales. Daremos un paso importante hacia la
profesionalización de las enseñanzas musicales, atendiendo a una
importante demanda tanto de los profesionales como de la comunidad
educativa en general.

Paso ahora al octavo objetivo para el inicio de presente curso: la
potenciación de la formación profesional. Es una realidad que,
durante el proceso de implantación de las nuevas enseñanzas de
formación profesional establecidas en la Logse, distintas
administraciones educativas y algunos sectores de la comunidad
educativa han podido constatar la baja aceptación que tienen entre
los alumnos los ciclos de grado medio. Les daré un ejemplo que habla
por sí solo: desde el curso 1991-1992 al curso 1998-1999, los ciclos
formativos de grado medio han experimentado una
caída del 61,2 por ciento. Pueden ser varias las razones del descenso
del alumnado, pero una de ellas es sin duda la poca aceptación de los
ciclos de grado medio como consecuencia de la falta de oportunidades
reales que existen para que los alumnos que cursan la formación
profesional de grado medio y obtienen el título de técnico puedan
continuar sus estudios en los ciclos formativos de grado superior.

Pretendemos dar una solución a este problema y, para ello, hemos
propuesto en la Ley de acompañamiento anticipar la edad para efectuar
la prueba de acceso a los ciclos superiores de formación profesional
de 20 a 18 años; esto, solamente para aquellos alumnos que estén en
posesión del título de técnico, es decir, los que hayan superado las
enseñanzas específicas de formación profesional de grado medio de la
misma familia profesional o afín a la del ciclo superior en que
pretenda cursar estudios. También se prevé en la propuesta que recoge
la ley de medidas que los alumnos que hayan superado un ciclo de
grado medio puedan acceder a los de grado superior de la misma
familia profesional o afín mediante la superación de determinadas
enseñanzas. Mantenemos la vía actual del bachillerato y la de la
prueba para mayores de 20 años para acceder a ciclos de grado
superior, pero aumentamos -como he dicho- las posibilidades para los
alumnos que hayan cursado un ciclo de grado medio, sin que ello
suponga una disminución del rigor y exigencias para una formación
profesional superior de calidad.

Pensamos que esta flexibilización es algo demandado por la sociedad
-profesores, padres y alumnos- y ratificado expresamente por el
Congreso de los Diputados. Tal y como ya informé la semana pasada
ante el Pleno, el hecho de establecer esta nueva vía a través la Ley
de acompañamiento obedece únicamente a una cuestión de tiempo;
difícilmente podría darse cumplimiento al mandato de esta Cámara si
el procedimiento hubiera sido otro. Les recuerdo -ya lo dije en el
Pleno contestando a una pregunta de la señora Díez de Baldeón- que
éste es un asunto que ya planteé en mi primera comparecencia como
ministro de Educación en febrero de este año, que luego se debatió en
el Senado y sobre el que más tarde, en el debate del estado de la
Nación, se aprobó una resolución con el apoyo mayoritario de la
Cámara. Por esas razones lo presento en la Ley de acompañamiento; si
no lo hiciera así, no se podría aprobar y creo que mi responsabilidad
como ministro de Educación es llevar a buen término las iniciativas
que mejoren la calidad del sistema educativo y las expectativas de
sus usuarios, y ello en el tiempo más adecuado para que surtan los
efectos que se pretenden.

Desde otro punto de vista, vamos a impulsar una serie de planes de
promoción y comunicación de las enseñanzas de formación profesional
dirigidos a los demandantes potenciales y a la ciudadanía en general.

En concreto, estamos elaborando un plan de comunicación audiovisual
que permita acercar a los ciudadanos el perfil de las nuevas
profesiones con el fin de difundir el carácter profesional y
actualizado de estas enseñanzas y sus niveles de inserción en el
mercado de trabajo.

Décima idea que quisiera trasmitirles: las becas son un instrumento
muy importante para hacer efectivo el principio de igualdad en el
acceso y continuidad de los estudios para todos los alumnos, y vamos
a seguir aumentando las



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partidas destinadas a este fin. En esta comparecencia voy a hacer
referencia a las becas no universitarias, que son las menos, porque
estamos hablando de educación no universitaria. Como saben, existen
las becas de educación infantil, que este año tendrán una
actualización para aquellas personas que no estudien en un colegio
público ni vayan a un colegio privado concertado. En cuanto a las
becas de educación especial, además de actualizarlas, creamos unas
nuevas: las becas para el transporte de alumnos discapacitados que no
puedan usar el transporte ordinario. Se aumenta el número de becas
para bachillerato y las de gratuidad de libros de texto, para
adquisición de libros y material didáctico en los niveles obligatorio
de las enseñanza, que pasa de 300.000 a 325.000, y se eleva la
cuantía de cada ayuda en un 20 por ciento, de 10.000 a 12.000
pesetas.

Incrementaremos en un 44,4 por ciento la convocatoria anual de
subvenciones para los programas de garantía social, que pasará de
3.982 millones de pesetas a 5.750 millones. Se crea otra nueva
convocatoria de beca de garantía social. Se prevé la concesión de
20.000 ayudas de 50.000 pesetas para los alumnos cuya renta familiar
sea baja. Su dotación será de 1.000 millones y su objetivo el de
incentivar la escolarización de los jóvenes mayores de 16 años en los
programas de garantía social. Su publicación se efectuará dentro de
unos días en el Boletín Oficial del Estado.

Con el objeto de apoyar a diversos colectivos desfavorecidos, se ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de agosto de este año
una nueva convocatoria de subvenciones para la contratación de
técnicos de inserción socio-educativa por parte de las entidades
locales. Con estas contrataciones, las entidades locales
desarrollarán planes de inserción socio-educativa dirigidos a
personas con discapacidad o a jóvenes socialmente desfavorecidos. Las
ayudas tendrán un importe máximo de 30 millones de pesetas por
corporación local solicitante.

Voy a terminar la primera parte de mi intervención con la reforma de
la selectividad. Lo incluyo en esta intervención porque no es un tema
de enseñanza universitaria propiamente, sino el procedimiento para
que los alumnos no universitarios se integren en el sistema
universitario. El Senado adoptó en su día por amplia mayoría -creo
que incluso por unanimidad- una serie de sugerencias que hacía el
Gobierno en orden a la reforma de la selectividad y que fueron objeto
de amplios debates en los que intervinieron significados
representantes de la comunidad educativa. A lo largo de este año
hemos tenido reuniones y contactos con la comunidad educativa y ese
proyecto del Senado ha sido objeto de opiniones por parte de la
conferencia sectorial de Educación, del Consejo de Universidades, de
las asociaciones de padres, sindicatos, Consejo Escolar del Estado,
de la comunidad educativa en general, de suerte que ahora para
llevarlo a término, solamente nos resta el trámite en que está en
este momento: el del Consejo de Estado. Mi intención es presentar al
Consejo de Ministros en el mes de octubre al el proyecto de reforma
de la selectividad para su aprobación.

Por último, quiero señalar -no son propiamente medidas para este
curso- que nos gustaría poder finalizar el proceso de traspasos de
los medios de la educación no universitaria a las comunidades
autónomas que hasta el presente momento no ejercen todavía las
competencias de gestión
y las que le atribuye la legislación vigente que, como ustedes
saben, son las de Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Estos
días, de una manera intensa, se están manteniendo distintas
negociaciones con estas comunidades autónomas y me gustaría que el 1
de enero, o el 1 de febrero, si crea problemas a las comunidades de
que se trata, pudieran asumir sus competencias. Como ustedes saben, a
lo largo de este año, desde que soy ministro de Educación, se ha
producido el traspaso a las de Madrid, Murcia y Castilla y León,
aunque Castilla y León no ejerce todavía la competencia porque el
acuerdo de Comisión mixta es de que lo hagan de manera definitiva a
partir del 1 de enero del próximo año 2000, aunque en cierta manera
sí hay una cogestión como, por otra parte, parece lógico y natural.

Resumo entonces lo dicho de una manera muy breve. Los objetivos para
el inicio de curso son los siguientes. Lograr la escolarización total
para los alumnos o para las chicas y chicos de tres años, con lo cual
finalizaríamos, no siendo, como es sabido, enseñanza obligatoria. En
segundo lugar, seguir avanzando en la enseñanza precoz del idioma. En
tercer lugar, generalizar el programa de Aldea Digital. En cuarto
lugar, una especial atención a los alumnos de ESO en las zonas
rurales. En quinto lugar, proponer al INCE una evaluación de cómo ha
funcionado la Logse y los conocimientos de los alumnos y otros temas
relacionados con ellos, así como el funcionamiento de la dirección de
los centros en la reunión de INCE que tendrá lugar en octubre. En
sexto lugar, una reforma de la Logse a través de la Ley de medidas de
acompañamiento para la formación profesional, en la línea que he
indicado. En octavo lugar, las becas con las novedades a que he hecho
referencia en mi intervención; y llamo especialmente la atención
sobre la de garantía social. En noveno lugar, el decreto de
selectividad que aprobaremos, como también acabo de recordar, en el
mes de octubre. Por último, la voluntad - esto no puedo asegurar que
lo vaya a hacer, pero sí lo voy a intentar- de terminar los traspasos
a las comunidades autónomas que todavía no ejercen esa competencia.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su brevedad
y, sobre todo, por su concreción que me imagino que va a servir de
pauta a todos los que van a intervenir para metodológicamente ir
avanzando lo más rápidamente posible.

La primera peticionaria de la iniciativa, doña María Jesús Aramburu,
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenos días, señor ministro.

Como ya le han informado -acaba de informar el señor presidente- la
iniciativa de su comparecencia parte inicialmente de mi grupo
parlamentario y luego de los restantes, con una ausencia
significativa, que es la petición del Gobierno para dar cuenta en
sede parlamentaria de cambios tan sustanciales como los que hemos
conocido a través de los medios de comunicación y casualmente a
través de la pregunta respondida la semana pasada. Vaya pordelante,
por tanto, el malestar de esta portavoz que creo



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que no es exclusivo, por no considerar el Congreso de los Diputados
el estadio adecuado para informar, presentar, consultar
modificaciones de la envergadura de las que tiene que previsto
abordar, y desde luego utilizar la Ley de acompañamiento no nos
parece el procedimiento más consensuador, sí quizá el más
antidemocrático y más clandestinizante de los elegidos.

Estamos hablando, ni más ni menos, entre otras cosas, que de reformar
o cambiar, como usted quiera -y así lo ha esbozado- artículos de la
Logse referidos a la formación profesional, por ejemplo, que son
precisamente vértebras del sistema educativo. A usted le ha parecido
anecdótico que las críticas más contundentes se hayan hecho a las
formas; eso parece ilustrativo y da la impresión de que en este
sistema vale todo si de lo que se trata es de conseguir unos fines
determinados.

Lo paradójico, señor ministro, por dulcificarlo, es que usted esté
convencido, o mejor dicho pretenda convencernos, de que la reforma
está demorada por problemas formales y no por falta de financiación
especialmente. Creo que sería necesario que el Gobierno, que la
oposición y que la Cámara en su conjunto tuviéramos indicadores y
parámetros convergentes para funcionar eficazmente si queremos que el
sistema educativo funcione. Usted comprenderá que es absolutamente
deficitario que parte de una parte de la comunidad educativa tenga
una posición para que el sistema de tratamiento sea suficientemente
democrático. Para eso nos tenemos que sentir representados
mayoritariamente y este es un alejado caso.

Efectivamente, señor ministro, en los últimos ocho años ha caído el
número de alumnos de grado medio, más del 59 por ciento, lo sabemos,
pero no por la maldad implícita del sistema educativo, sino, primero,
porque ustedes apenas han puesto dinero y recursos y no han mimado
suficientemente la FP, segundo -como ustedes dicen-, por el brutal
descenso de la natalidad. No sería bueno hacer demagogia con el tema
en cuestión y además para colmo se aferran a las competencias y a un
modelo de Estado y cuando llega el nudo gordiano deciden servir a la
carta desde las comunidades, sin criterios y sin fondo de
compensación, un desaguisado considerable que ustedes, por la vía de
la mayoría y no por la del consenso, piensan llevar al próximo
Consejo de Ministros del 1 de octubre.

Entiendo, señor ministro -y usted lo sabe- que se está equivocando en
este tema -no en otros, me estoy refiriendo a este tema- de forma
garrafal. Es evidente, señor ministro, que estamos en tiempo
electoral y los temas educativos también están en la agenda de puesta
en escena -siento que usted haya entrado tan desenfrenadamente en esa
noria-, explicitados en algunas de las medidas anunciadas como sería
las inyecciones de dinero público para la infantil en los centros
privados en los niveles no obligatorios, la magnificación del debate
sobre la asignatura de la religión -que lo he oido en los medios de
comunicación- y sus posible alternativas, o la comentada previamente
reforma de la Logse o lo referido a la FP, la evaluación sobre la
comprensividad o la famosa cenicienta que es la reforma de la LRU, el
tema de los asociados o la misma selectividad que acaba de comentar.

Parece evidente que ya el tiempo parlamentario, por razones de
calendario, no le permite abordar algunos de elementos más duros pero
esperados por su electorado y con este globo informativo creo que les
ha dicho que si le apoyan electoralmente en las próximas legislativas
se podrá efectuar alguna de estas cuestiones. A mí me parece una
barbaridad, pero desde luego absolutamente respetable.

En este momento, señor ministro, su gabinete tiene prioridades, como
serían, entre otras, finalizar el proceso de transferencias a
Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias. Siento profundamente que
no haya dicho usted que se culmina con el año, con los Presupuestos
Generales del Estado. Lo siento profundamente, porque había una gran
expectativa en torno al tema. Tiene otro compromiso contraído, y es
abordar el diseño que va a jugar el Estado, el papel del Estado, una
vez sean transferidas las competencias a todas las comunidades, lo
que a nuestro entender entre otras cosas debería comportar la
aplicación de la reforma en condiciones de calidad, respeto
escrupuloso al principio de igualdad de oportunidades, con una
compensación sólida de las desigualdades, además de con una fiable
potenciación de la red pública como elemento troncal del sistema
educativo, estableciéndose un nuevo mecanismo de participación
política, social, sindical, además de terminar de resolver la
estabilidad de las plantillas del profesorado.




De lo que se trata, señor ministro, es de que no se incline
demasiado, como está pasando en los últimos tiempos, la balanza solo
hacia las alforjas de la Conferencia Episcopal o de la patronal de la
enseñanza privada. Ustedes insisten en la bonanza económica de este
Gobierno, lo que les obliga a reflejarlo en uno de los pilares de la
sociedad del bienestar, que es el caso de la educación, con
inversiones solventes en la enseñanza pública para garantizar la
reforma de la educación en condiciones de calidad. Esta mañana he
leído en un diario de Sevilla una bajada del 42 por ciento en
educación que se atribuye exclusivamente al traspaso. Espero que nos
lo explique para poder entenderlo, independientemente de que ustedes
lo cifran en un 8 por ciento. Me ha parecido absolutamente
escandaloso y espero que sea una errata de un medio de comunicación y
que usted nos explique qué está pasando con esa información.

Entiendo, señor ministro, que estas brevísimas líneas generales de
reivindicaciones inaplazables tienen hoy las concreciones que usted
ha puesto sobre la mesa. En definitiva, se trata de que ustedes
apuestan por algo tan complicado, tan complejo como es flexibilizar
el acceso a los ciclos superiores de la formación profesional desde
los ciclos de grado medio. En resumen, la alternativa ministerial,
señor ministro, consiste en la rebaja de la edad mínima de
concurrencia a las pruebas de acceso superior de los actuales 20 años
a los 18 y en el establecimiento de un curso puente. Yo le digo,
señor ministro -y quiero que me escuche con atención-, que está
absolutamente demostrado, en España y en todos los países de Europa,
que todas las vías tempranas de segregación han fracasado. Insisto,
todas las vías tempranas de segregación han fracasado. Se trata, sin
demagogia, sin tapujos, sin recursos literarios ni barrocos, de
dividir de acuerdo a las capacidades intelectuales, que
mayoritariamente, señor ministro, usted lo sabe, tiene que ver con
las clases sociales. Mientras la asignación de recursos siga siendo
uniforme -insisto, siga siendo uniforme-, el mismo gasto para
Celestino Muti que para Isabel



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la Católica, estaremos ante un problema sin solución aplicada.

Usted sabe la sensibilidad de la comunidad educativa y lo que no se
va a permitir es que se fraccione también por vía educativa los ricos
con los ricos y los pobres con los pobres. No. Por eso, señor
ministro, entre otras cosas, su propuesta sólo ha tenido el apoyo de
su Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y algo de
Navarra, con muchos matices. Distinto es si hablamos de las
organizaciones patronales o del representante de la comunidad
catalana. Efectivamente, como nada es vinculante, usted ha puesto el
turbo y a cualquier precio ha decidido caminar en solitario o
bastante en solitario. La utilización de la Ley de acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado para alterar la Logse raya
-insisto-, en lo anticonstitucional. Además, señor ministro, la
infantilización de la FP es un tema que afecta a la diana de la
propia estructura comprensiva del sistema educativo. No podemos
evaluar, rigurosamente, como usted plantea, rigurosamente los
conflictos de la nueva FP porque no se ha completado el proceso de
implantación. Por lo tanto, es incompleto y poco rigurosa cualquier
aproximación.

La cuestión es que las pasarelas como están planteadas es volver a
empezar, reabriendo la doble vía educativa en la enseñanza y el final
del afer se saldaría debilitando las asignaturas transversales,
fundamentalmente las humanidades, convirtiéndose los ciclos medios en
módulos para la consecución de trabajos exclusivamente dedicados a
ese nivel y no sería la antesala de nada más, sólo del mercado puro y
duro. Con estos antecedentes los gobiernos universitarios acabarían,
usted lo sabe, liderando que la FP en su grado correspondiente no es
trampolín de acceso. De estos apuntes de reflexión, señor ministro,
se puede deducir que cualquier reforma en esta línea significa
retroceder. Por lo tanto, lo más aconsejable sería abrir un gran
debate -insisto, abrir un gran debate- en este país sobre el tema
educativo y mientras financiar y aplicar lo que aprobamos en su
momento con un gran consenso en esta Cámara. En definitiva, señor
ministro, por el bien de todos, dentro de lo que espero también se
incluyan, por supuesto, los intereses de su propio partido y de su
propio Gobierno, se deberían paralizar las aventuras electoralistas,
evitar, para que todos nos sintamos representados, agredir al sistema
educativo y el Gobierno debía ser también la clave educativa, señor
ministro, para todos y para todas, y que así España pueda ir bien
también en la enseñanza, que es un buen termómetro del bienestar de
un país, en este caso España.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu, por haberse
sujetado al tiempo que fija el Reglamento en su artículo 203. Muy
amable.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra
doña Carme Laura Gil i Miró.




La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor ministro, por haber dado
respuesta con tanta presteza a nuestra solicitud de comparecencia.

Mi grupo no va a hablar hoy aquí ni de metodología ni de estrategia
político-administrativa, sino de las acciones anunciadas sobre el
nuevo sistema educativo, sobre todo en lo que se refiere a la
enseñanza básica y obligatoria para
todo alumno y alumna de este país. Quizás usted ya sabe, por las
manifestaciones públicas de mi grupo, nuestro pleno acuerdo con la
flexibilización de las vías existentes para acceder al grado superior
de la formación profesional. No en balde esto ha sido una propuesta
de mi grupo, aprobada por el Pleno de la Cámara, creo recordar que
sin ningún voto en contra y entiendo que también la propuesta es
respetuosa con la Logse, en especial con su artículo 32, respetuosa
con las competencias de las administraciones educativas y además
sensible con las demandas sociales educativas al respecto. Pero
además tiene un valor añadido, que es el de desmitificar el elitismo
mal adherido al bachillerato, que fue y es fruto de una cultura
educativa segregadora, absolutamente inadecuada a la acción de
permeabilidad permanente que debe impregnar todo el sistema
educativo. Pienso firmemente, como portavoz del Grupo Catalán y
también personalmente, que esta medida va a redundar en la evaluación
positiva de la enseñanza profesional de grado medio y superior y que
va resituar en su lugar las aspiraciones y la confianza de todo
graduado, además de que tiene otro valor añadido, que es el de que
puede mitigar el uso perverso del grado superior por aquellos alumnos
que no han podido optar por la plaza deseada en determinada carrera o
facultad de la universidad y usan el grado superior como una
pasarela, como una manera de entrar por una vía clandestina a la
universidad y a la facultad querida y además también usarlo como un
curso vacío a la espera de poder entrar en la facultad querida.

Además, señor ministro usted, también ha anunciado otras medidas
sobre la Logse, medidas que también se ha de decir que han
desnaturalizado por completo, no sé si por estrategia o quizá por
convencimiento, otras manifestaciones públicas que usted ha hecho a
la prensa recientemente y que también han hecho otras voces de su
Ministerio, y que nosotros habíamos creído que podían anular el valor
ejemplar de la educación básica y obligatoria en esta país y lesionar
la posibilidad de conformar una sociedad educativa y también en
general más educada, tolerante y justa que la de hoy. Porque en
realidad debe haber en su Ministerio y fuera de su Ministerio voces
nostálgicas, y quizás usted también las ha escuchado en algún
momento, que añoran el sistema educativo anterior de 1970, que nació
planificado por tecnócratas, cuando el país vivía en una economía en
expansión y se precisaba mano de obra y cuadros cualificados. Esta
Ley de 1970 es el ejemplo paradigmático de cómo la estructura de la
ocupación se relaciona con la estructura educativa y de cómo un
proyecto educativo se subordina a necesidades coyunturales
económicas, un sistema que ha estado vigente hasta hoy, que
estableció unas pautas tradicionales de selección y exclusión
prematura de los adolescentes y configuró, a la vez, una determinada
estructura sociocultural de este país. La Ley de 1990, en cambio,
señor ministro, quiere romper que la elite escolar se identifique con
la elite social, y esto es lo que significa la ampliación de la
escolarización hasta los 16 años no sólo la ampliación hasta los 16
años de la escolarización, sino lo que es el valor más preeminente,
la universalización de la enseñanza secundaria para todo ciudadano y
ciudadana de este país. Esta es la gran diferencia. Por ello no se
puede hacer segregación prematura, como ha dicho la diputada que me
ha precedido, la Ley de 1990 puede reinterpretarse



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de diversas maneras, sin duda: puede hacerse a la luz de una
ideología neoliberal o de una ideología neosocialista o también puede
hacerse a la luz de la política en un sentido más generoso, en el más
generoso, el de la política al servicio de la sociedad.

Usted tiene tiempo -también hasta el 27 de octubre, creo que ha
dicho- para reflexionar y para escuchar voces distintas. Yo desearía
que escuchara las de esta Comisión y otras. También quiero proponerle
-no, más bien sugerirle, yo no soy quién para proponer nada, quizá sí
para sugerirle- que le sirva como punto de reflexión una noticia muy
reciente. En el último simposio de la Real Sociedad Española de
Física se ha hecho pública una encuesta que indica que el 35 por
ciento de españoles no creen que la tierra sea redonda. Este es el
país del cual usted es ministro no sólo de Educación sino de Cultura;
este es el país europeo, económicamente en alza, el país del refresco
en lata, del periódico deportivo y del teléfono móvil, en el que el
35 por ciento de sus ciudadanos y ciudadanas no creen que la tierra
es redonda. Y las encuestas no se han dirigido a los niños y niñas de
10 años, ni a los jóvenes de 15 años que este curso cumplen el cuarto
curso de la educación secundaria obligatoria, probablemente es a
otros a quienes se ha dirigido, quizá a los que han sido fruto de
esta educación segregadora, una educación que antes de los 14 años
dejaba a un 40 por ciento del alumnado fuera de la escuela, marginado
para siempre. Con esto se han conformado náufragos en la sociedad.

Una sociedad sin náufragos debería ser la única meta de la educación,
la única meta de toda política. Este debería ser nuestro horizonte.

Aún a sabiendas de que el horizonte es una línea maravillosa, quizá
como final de un paisaje, pero que es un lugar que podemos ver y que
jamás lograremos alcanzar, creo que debe seguir siendo nuestra meta,
la de todo político en política, el de todo educador y educadora y
además el único acicate posible para el progreso real de una
sociedad.

Usted, señor ministro, pertenece a un gobierno a un partido político
en donde probablemente hay voces distintas. Yo le ruego que dentro o
fuera de él escuche otras voces también distintas que le expliquen
otro valor de la educación, que quizá usted también oye. Porque
aunque pertenezcamos a un partido político o usted pertenezca a un
gobierno, sabe muy bien que incluso durmiendo en una misma cama se
pueden tener sueños absolutamente distintos. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, también
peticionario de la comparecencia, tiene la palabra la señora Díez de
Baldeón.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Bienvenido, señor ministro, y
gracias por acudir a esta Comisión a explicarnos sus planes. Me
sorprende porque la convocatoria era para que usted nos hablara sobre
las propuestas de reforma de la Logse, pero se ha referido también a
otras medidas que piensa acometer. Se lo agradezco.

Ha hablado del desarrollo normativo de la Logse en materias
artísticas para hacerlo a partir del próximo curso. Me parece muy
bien, pero lo único que lamento es que se haya perdido esta
legislatura, porque ha sido la asignatura
pendiente. Entonces lo único que ocurrirá con esta asignatura es que
tienen que repetir curso.

Antes de tratar el tema relativo a formación profesional ha hecho
referencia a las becas, al incremento de las mismas. Me alegra, señor
ministro, que ustedes ahora comprendan también, al final de la
legislatura -no sé si movidos por cierto interés electoralista-, la
necesidad de aumentar las becas y, sobre todo, ser sensibles a los
colectivos sociales más desfavorecidos. Ustedes en becas no han hecho
lo que debían, no han hecho los deberes. Sabe muy bien, que Eurostat,
la Oficia de Estadística Europea, dice que España es uno de los
países de la Unión Europea que menos dinero destina a becas y ayudas
directas a estudiantes, concretamente un 2,4 por ciento del gasto
educativo se destina a becas, frente al 15 y 16 por ciento del
presupuesto en países como Dinamarca u Holanda. Pero ahora nos
encontramos con que al final dicen ustedes que van a incrementar las
becas. Me alegra que lo hagan porque el Gobierno, en contestación a
una pregunta,dijo que entre los años 1996 y 1998 en este país se
habían perdido veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tantos
becarios, es decir que hay veintisiete mil becarios universitarios
menos y 6.000 millones de pesetas menos destinadas a becas.

Señor ministro, permítame que le diga que esa no fue la política del
gobierno socialista, porque en los años en los que estuvimos
gobernando multiplicamos por veinte el presupuesto educativo
destinado a becas. Por tanto, ahora lo que desearía es que no hagan
demasiada propaganda porque efectivamente ha sido una asignatura
pendiente y me alegra que, aunque sólo sea por interese
electoralistas, ustedes ahora destinen más presupuesto a este fin.

Ha hablado de la reforma de la selectividad. Ya hemos dicho cuando
hemos podido -porque no tenemos muchas posibilidades de decírselo
directamente a usted- que en las reformas de la selectividad hay
algunas cuestiones que nos preocupan sobremanera. Por ejemplo,
distribuir de forma desigual la nota del bachillerato con respecto a
la nota final del examen. Porque nos preocupa que al tener el
expediente del bachillerato un mayor peso en la ponderación de la
nota final lo que ocurra es que si no existe un sistema de control
-que hoy por hoy no existe-, habrá centros que desde luego
contribuirán a inflar las notas y, por lo tanto, ese principio de
igualdad de oportunidades puede vulnerarse.

Hay otra medida también que nos parece bastante preocupante. Me
refiero a la posibilidad de hacer selectividad en la convocatoria de
enero. Es una medida que, como usted sabe, en su día fue propuesta
por la ministra Aguirre y los rectores la rechazaron, porque supone
no sólo una distorsión en el sistema universitario (la prueba de
selectividad es muy compleja, no es un examen más y tener a las
universidades haciendo pruebas de selectividad permanentemente es una
distorsión importante para su personal y para sus fondos económicos),
sino que también, señor ministro, es que esa medida es bastante
absurda. En primer lugar, porque no va a ser utilizada por los
alumnos para subir nota porque las plazas ya están cubiertas, no ya
en septiembre, están cubiertas en junio en aquellas carreras que
tienen más demanda, como usted sabe. Por cierto, ha habido muy pocos
estudiantes que han utilizado la selectividad



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de septiembre para subir nota, un porcentaje mucho menor del que yo
creo ustedes esperaban.

En segundo lugar, si es para aprobar, no tiene demasiado sentido,
porque fíjese lo que implica. Si el examen de selectividad es en
enero, supongo que será después de las Navidades, con lo cual luego
habrá un plazo para corregir el examen, un plazo de reclamación, un
plazo de matrícula, etcétera, y cuando los alumnos quieran entrar en
la universidad será febrero o marzo. Por tanto, en las universidades
va a distorsionar extraordinariamente que aparezca un número de
estudiantes de repente en el aula -solamente en aquellas aulas que
queden plazas libres- a mitad de curso. Señor ministro, yo creo que
esto en realidad puede favorecer a centros privados que organicen ex
professo cursos para alumnos que tengan más posibilidades económicas
en el mes de enero. Yo no sé lo que usted piensa sobre este tema,
pero verdaderamente nos preocupa esta prueba de selectividad en
enero. No sólo es mi opinión, sino la de quienes más saben del tema
de la comunidad universitaria que se han manifestado en contra. Por
tanto, demagogia la tiene, pero no es una medida que yo creo que
pueda ser utilizada ni que tenga un beneficio para los estudiantes.

Me referiré a continuación a las otras reformas que usted anuncia.

Habla de potenciación de la formación profesional. Señor ministro, yo
creo que la medida que usted pone ahora sobre el tapete no es
potenciar la formación profesional, sino degradarla. Le diré por qué.

Porque nosotros aspiramos, en el mundo globalizado en el que vivimos,
a más conocimiento, no a rebajas que degradan los títulos, que es -me
temo- lo que usted está proponiendo con esta medida. El otro día le
dije, y hoy que tengo más tiempo se lo repito, que usted ha burlado
un debate que nos prometió en su día. Usted anunció cuando llegó que
había consenso y que buscaría el diálogo y, sin embargo, no ha
buscado ni el diálogo ni el consenso. A toro pasado nos encontramos
con que las medidas están tomadas y se hace a través de un
procedimiento irregular, como es la ley de acompañamiento. Y no nos
diga que es para cumplir una resolución que se tomó en el debate
sobre el estado de la Nación, porque sabe usted muy bien que en
aquella resolución se instaba a que ustedes hicieran un texto y lo
remitieran a esta Cámara para su debate, cosa que no han hecho. Me
alegra que diga usted que tiene mucho interés en cumplir las
resoluciones que se toman en esta Cámara. Pero lo que no es
comprensible es que usted se niegue a cumplir otras resoluciones. Por
ejemplo, hay una resolución reiteradamente demandada y reiteradamente
incumplida sobre la presentación del libro blanco referido a la
financiación de la Logse. Por tanto, a ver si, por favor, usted se
aplica también con el mismo celo a traer ese libro blanco de
financiación.

Decía, señor ministro, que hay un problema de forma. Usted ha burlado
un debate no sólo a este grupo parlamentario, a estos representantes,
sino también a toda la comunidad educativa, que no le ha dado tiempo
para decir lo que piensa al respecto. Y hay un problema de fondo muy
grave que le comentaba yo el otro día. Al adelantar la prueba de
acceso a los dieciocho años y al hacer un curso puente que sea
equivalente al bachillerato, está usted impidiendo, de hecho, que los
alumnos hagan el bachillerato. Es decir, en la práctica muy pocos
alumnos cursarán el bachillerato, porque harán la prueba de acceso o
bien harán este curso
puente. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la Unión Europea,
para acceder a la formación profesional de ciclo superior, es
preceptivo tener el bachillerato, porque el bachillerato en esta
sociedad del conocimiento es un sustrato necesario para acceder a
unos estudios que son de grado superior. Eso es así en todos los
países de la Unión Europea, y lo que usted está haciendo es potenciar
la degradación de la formación profesional de ciclo superior, porque
ese título será difícilmente homologable en los demás países de la
Unión Europea si los estudiantes no cursan el bachillerato. Además,
señor ministro, con la prueba de acceso usted está potenciando
también la aparición de academias y centros privados que harán su
agosto. Le voy a decir más, hay una cuestión que a mí me parece
extraordinariamente grave, y es que las comunidades autónomas tengan
capacidad para hacer a su gusto el curso puente o la pasarela
equivalente al bachillerato.

Señor ministro, le decía hace unos días que me parece intolerable que
el señor Aznar se pasee por España anunciando la cohesión del sistema
educativo -discurso que está muy bien- y que en la práctica hagan
justamente lo contrario de lo que vienen diciendo. Porque lo que
están haciendo en la práctica es posibilitar a las comunidades
autónomas que hagan a su gusto, a la carta, una reforma de la
formación profesional. Sabe usted muy bien que debería haber una
normativa básica regularizada en todo el Estado, porque si no lo que
usted está haciendo es comprometer, y comprometer muy seriamente, la
acreditación y la homologación de los títulos de formación
profesional de ciclo superior en todo el Estado. Además, señor
ministro, le diré que lo que usted tiene que hacer es regular la
oferta y la demanda, porque faltan 50.000 plazas nada menos de
formación profesional de ciclo superior. Si ustedes facilitan el
acceso desde el ciclo medio, ¿dónde van a meter a la gente si ahora
mismo hay 50.000 personas que desean cursar los estudios de formación
profesional de ciclo superior, cerca de 10.000 solamente en Madrid, y
no hay plazas suficientes? Señor ministro, ustedes han castigado a la
formación profesional. La formación profesional ha sido la cenicienta
de los presupuestos, no han creído en ella, y le decía hace unos días
que ahora le dan la última puntilla, que es precisamente degradarla a
este nivel.

Me va a permitir, señor presidente,que diga que me preocupan también
extraordinariamente dos medidas de las que usted no nos ha hablado
aquí y sí lo ha hecho en los medios de comunicación. Usted se ha
referido a que en la próxima legislatura -ya no da tiempo para
hacerlo ahora- van a modificar el actual sistema de evaluación
previsto en la Logse para la promoción automática de curso y van a
modificar también el actual sistema de diversificación curricular
adelantando los programas de garantía social a los 14 años. Señor
ministro, estas son dos medidas de las que usted no nos habla aquí no
sé por qué, porque usted ha hablado públicamente en la presentación
del próximo curso (ahora nos burla también este debate; no sabemos si
cuando llegue el día nos lo encontraremos hecho, sin posibilidad de
hablar de él), y nos gustaría saber qué piensa al respecto. La
modificación del actual sistema de evaluación previsto en la Logse
consiste en la posibilidad de que los alumnos puedan repetir curso
una y otra vez. No me extenderé por falta de tiempo, pero le diré que
todos los



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estudios de la OCDE demuestran que para combatir el fracaso escolar
la repetición reiterada de curso no es la solución y no hace sino
agravar el problema porque el alumno queda atrapado en una espiral de
la cual no puede salir. La repetición de curso encarece en un 20 por
ciento el gasto educativo, y nosotros pensamos que lo que hay que
hacer es que los alumnos que tienen más dificultades sean atendidos
de forma específica por profesores de apoyo. Ustedes no han puesto
estos profesores de apoyo. No se trata de que el alumno con
dificultad repita, sino de que el alumno con más dificultades, por
capacidad intelectual o por su procedencia social o familiar, tenga
el profesor de apoyo que necesita. Porque hay una diferencia entre
los niños ricos y los niños pobres: los niños ricos prosperan porque
tienen profesores particulares; los niños pobres se quedan por el
camino porque sus padres no pueden pagar profesores particulares. Por
eso, el esfuerzo fundamental debe hacerse ahí, y no en hacerles
repetir curso una y otra vez.

Le diré también, señor ministro -y con esto termino-, sobre la
modificación del actual sistema de diversificación curricular y sobre
el adelanto de la garantía social a los 14 años, que ustedes no han
creído en un pilar fundamental de la Logse, que es la enseñanza
comprensiva. La enseñanza comprensiva, que la señora ministra Aguirre
dijo en su día que era mala y que parece que usted también dice ahora
que es mala, lo que pretende es hacer que en la sociedad del
conocimiento los chicos y chicas de este país tengan un sustrato
común de conocimientos básico, imprescindible para poder
deselvolverse en su vida, porque ese nivel básico de conocimientos
será su garantía de estabilidad laboral. Usted sabe bien, que todos
los indicadores de la Unión Europea dicen que a menor formación,
mayor inestabilidad laboral. Luego el mayor blindaje laboral
profesional que podemos hacer de nuestros estudiantes es dotarles de
más conocimientos. Y no se trata de segregar al niño más torpe, como
ustedes llevan diciendo desde que se inició la legislatura y dijeron
en su día cuando se planteó la Logse; no se trata, señor ministro, de
llevar la garantía social a los 14 años; se trata de atenderles
mejor, y nuestra propuesta es que al chico o a la chica que tiene
dificultades, que las tiene efectivamente y que en el aula genera
conflicto, se le ponga un profesor específico. Nosotros proponemos
que desde los 14 años estos alumnos estén en el aula con sus
compañeros el 50 por ciento de su tiempo lectivo y el 50 por ciento
restante sean atendidos por un profesor de apoyo específico
y profesional del fracaso escolar.

Señor ministro, esto es lo que pensamos. No ha dicho usted tampoco
nada sobre la reforma de la asignatura de religión; supongo que se
quedará para el último punto del debate. Agradecemos su presencia y
le reitero que nuestro ánimo no es otro que el de mejorar la
educación, no meternos con ustedes.




El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posiciones, por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra
Zunzunegui, con la mayor brevedad posible, pues nos queda mucho
trabajo por hacer.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Atendiendo a la petición de brevedad, en
la que además se quedó en la reunión de Mesa y portavoces, quiero
decir que la libertad,
gracias a Dios, en nuestro sistema es en sueños, en el pensar y en el
actuar. En ese sistema estamos, y efectivamente tiene razón alguna
señoría cuando dice que la libertad en sueños es cualquiera que sea
la cama en donde se duerme. (Risas.)
Dicho esto -y perdónenme, señor presidente y señor ministro-, quiero
decir que de la exposición...




El señor PRESIDENTE: No es a la Presidencia ese terreno el que más le
pueda preocupar si ustedes quieren transitar por él. (Risas.)



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Quiero decir, señor ministro, que de los
puntos que ha tocado (en los que, como bien ha dicho, hacía
referencia exclusivamente a la educación infantil, primaria y
secundaria y no a la universitaria, para la que ya tendremos tiempo
en otro momento) en principio estamos absolutamente de acuerdo en que
en la educación infantil se llegue a cotas del 83 por ciento y que al
final de este curso o al inicio del año que viene lleguemos al cien
por cien. Esto es fundamental para la igualdad de oportunidades. Ahí
si que no habrá niños de una procedencia o de otra, sino que habrá un
conjunto de niños y niñas del país.

Asimismo, apoyamos totalmente que se imparta la lengua extranjera
desde el inicio; creemos que es fundamental y que se hace así en la
mayoría de los países de la Unión Europea.

Y vamos a entrar, en los dos temas fundamentales que los demás
portavoces y el señor ministro han indicado, que son la selectividad
y la formación profesional, y en un tercero, becas, aunque en muy
corto espacio de tiempo. Respecto a la selectividad, creo que, como
ha indicado el señor ministro y como siempre hemos dicho, hubo
unanimidad en la comisión especial que se creó en el Senado al
respecto y que, en definitiva, algunas de las líneas que nos anuncia
el señor ministro ya se han puesto en vigor en este curso, como ha
sido la posibilidad de que los alumnos se examinen en el mes de
septiembre para subir nota. No conozco los datos exactamente, pero en
todo caso es una puerta abierta para que no se trunquen vocaciones,
que era en definitiva la idea primaria respecto a la selectividad.

Las demás medidas, las que nos anuncia el señor ministro, son en
resumen las mismas que por unanimidad se aprobaron en el Senado. Creo
que cuando una Cámara colegislativa como es el Senado aprueba por
unanimidad unas medidas, hace muy bien el Gobierno de turno y el
señor ministro en llevarlas a la práctica.

El segundo tema es el de formación profesional, y aquí, aun muy
deprisa, me quiero parar algo. Mi experiencia con profesores de
formación profesional de todas las ideologías -no quiero citar aquí
nombres porque no creo que sea oportuno- es que están absolutamente
de acuerdo en la necesidad de reformar y de hacer un curso para poder
pasar de grado medio a grado superior. Es decir, la baja de los
chicos y chicas que van a formación profesional de grado medio tiene
una de las razones y causas en que si posteriormente, al terminar el
grado medio de uno o dos cursos, tienen que pasar a hacer el
bachillerato y terminarlo, en muy pocos casos volverán a la formación
profesional de grado superior sino que intentarán ir a carreras
superiores de



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grado técnico. Estamos perdiendo unos años que son fundamentales en
el desarrollo del país y en el de estos chicos y chicas de la
formación profesional. Vamos en sentido contrario al resto de la
Unión Europea. Por eso, nuestro grupo apoya totalmente las dos
medidas, bajar a 18 años para hacer el curso de ingreso en formación
profesional superior y la posibilidad de un curso para que los de
grado medio pasen a grado superior.

Señoras y señores diputados, señor ministro, este es un tema
fundamental. El porqué se lleva en la ley de acompañamiento es porque
si no estaríamos en el curso 2003, habríamos perdido la posibilidad
del curso 2001-2002. Si hay elecciones en marzo o abril el próximo
Gobierno no tendría tiempo de traer a esta Cámara un proyecto de ley
para que entrara en vigor en el curso 2001-2002. Por tanto,
perderíamos completamente dos cursos para poder adoptar esta medida
de formación profesional. Por eso, señor ministro, nuestro grupo
apoya totalmente el planteamiento que ha efectuado.

Quiero terminar con el tema de becas. Indudablemente, este Gobierno
ha hecho un esfuerzo. Ha subido el 24 por ciento -en los tres años de
Gobierno, puesto que el presupuesto de 1996 no era de este Gobierno-
lo destinado a becas. He oído o leído en algún medio de comunicación
-y espero que lo confirme el señor ministro cuando presente el
presupuesto- que este año, por primera vez en España (hablo de
universitarios y no universitarios) llegaremos a los cien mil
millones. Esto es un hito. Es verdad que toda la sociedad tendremos
que hacer un esfuerzo para aumentar las becas, pero los pasos que se
están dando son muy importantes si los comparamos con los que se
dieron anteriormente.

Por todo ello, señor ministro, adelante. Tiene el apoyo del grupo y
en las 10 líneas generales que ha expuesto (en algunas de ellas, que
son importantes, no puedo entrar por falta de tiempo) sabe que cuenta
con el apoyo de este grupo. Creo que en estas medidas cuenta con el
apoyo de la comunidad educativa, y especialmente en formación
profesional con el de la mayoría de los profesores de la misma.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra para contestar
lo más rápida y escuetamente posible a observaciones y preguntas
sobre este tema y entrar luego en la siguiente comparecencia.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Porque me lo
pide el señor presidente, que sin duda es argumento suficiente, y al
mismo tiempo para corresponder a los distintos portavoces, intentaré
hacer mi contestación a los distintos temas que se han planteado de
la manera más rápida posible.

En mi intervención inicial yo planteaba 10 medidas en las que
pretendía concretar cuáles iban a ser los objetivos de futuro del
Ministerio de cara al comienzo del curso. Algunas medidas se toman ya
y, por tanto, se aplican y afectan directamente a los ciudadanos, en
la mayor parte de los casos a los alumnos, y otras medidas planteaban
debates de futuro, concretamente todas aquellas a las que hace
referencia la reunión del 29 de octubre, donde pretendemos plantear
al INCE las evaluaciones a las que antes he hecho referencia.

De esas 10 medidas algunas han merecido más atención por parte de las
señoras y señores diputados y otras, bien porque hay acuerdo o porque
generen menos polémica, han gozado de menos atención. Voy a intentar
contestar a algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho sin
ánimo de provocar ningún tipo de réplica y, por supuesto, sin hacer
ninguna alusión de tipo personal. Probablemente lo haga de una manera
un poco desorganizada porque prefiero dejar para el final los dos o
tres temas que han generado sin duda más polémica o han merecido
mayor atención por parte de las señoras y señores diputados.

Hay un asunto, el de los traspasos, donde se ha dicho, creo que por
parte de la señora Aramburu, que yo no me había comprometido a
hacerlos. Yo me puedo comprometer a hacer todo lo posible para llevar
a buen término los traspasos. Lo que pasa es que, como usted sabe,
los traspasos es cuestión de dos. Tenga usted la absoluta convicción
de que yo tengo voluntad de hacer los traspasos y este Gobierno
también, como ha acreditado al haber producido que siete comunidades
autónomas a lo largo de esta legislatura hayan asumido la gestión de
educación. Creo que podemos llegar a un acuerdo con las comunidades
autónomas que todavía no tienen la gestión de educación. Estamos
negociando con ellas y me gustaría, y créame que le digo la verdad,
poder hacerlo, y así lo dije en mi primera intervención.

En segundo lugar ha hecho referencia a un tema que me parece
importante, que tenemos que trabajar en el diseño de lo que va a ser
el Ministerio -es verdad que no lo he dicho en mi intervención, pero
lo estamos haciendo- una vez que finalice este proceso de traspasos a
las comunidades autónomas y cuáles van a ser las competencias que le
queden, que son muchas, tanto al Ministerio como, sobre todo y
fundamentalmente, a las propias Cortes Generales. Es un asunto en el
que sin duda alguna también estamos trabajando, pero no he hecho
referencia al mismo en mi intervención porque he intentado resumir lo
que me parecían los temas más importantes.

No hay tal bajada de presupuesto. Si hay alguien que dice que el
presupuesto de educación baja un 40 por ciento, ese alguien tiene una
evidente mala fe, como todos los aquí presentes sabemos. Lo que se ha
producido es un proceso importante de traspasos: solamente en Madrid
son 258.000 millones. Yo ya intuía que a alguien se le iba a ocurrir
hacer esta suerte de ejercicios numéricos, pero en fin, estamos en
una Comisión, somos gente seria y aunque podamos decirlo en algún
mitin aquí no debemos decirlo. Todos sabemos que no se produce la
rebaja del presupuesto de educación.

En el presupuesto que presentó el otro día, después del Consejo de
Ministros, el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda había
una lámina, presupuesto por secciones, donde se hace una comparación
de los presupuestos homogeneizados y el Ministerio de Educación y
Cultura tiene una subida del 10,1 por ciento, que es la más
importante -lo digo porque como ministro estoy muy satisfecho- que se
ha producido en los últimos años en el Ministerio de Educación. Por
tanto, desde ese punto de vista puede usted estar tranquila, aunque
es evidente que los 258.000 millones del traspaso de Madrid no los
gestiona el Ministerio de Educación y Cultura, pero las comparaciones
hay que hacerlas sobre presupuestos homogéneos.




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Es decir, hay un aumento importante del presupuesto de educación y
también en cultura y deportes.

Hay una afirmación que siempre sobrevuela las distintas
intervenciones que se hacen por diferentes grupos parlamentarios
sobre ricos, pobres, si en el fondo viene bien a las academias, a los
colegios privados. Puedo asegurarle que yo intento gobernar para todo
el mundo, porque a la luz de algunas intervenciones puede entenderse
que hacemos una prueba para que las academias privadas tengan
alumnos. No me digan esas cosas. De todas las medidas que he
presentado, todas sin excepción son para todos porque todas son para
la escuela pública, empezando por la educación infantil a los tres
años, continuando con la enseñanza precoz del idioma, el tema
digital, el de la formación profesional, sobre el que luego haré
algún comentario sobre ricos y pobres. Pero es que además este año
-celebro que se me reconozca aunque de paso se me dé un castañazo
perdón por la utilización de la expresión, por años pasados- hemos
hecho un esfuerzo muy importante en materia de becas. Todas las becas
nuevas que hemos anunciado son para personas que no están
precisamente en la mejor de las situaciones. Por eso, entiendo que
forme parte del discurso político decir que somos unos señores muy
ricos que ganamos mucho dinero; personalmente no lo soy. Eso lo
pueden decir por ahí, pero no lo digan en una Comisión porque se
contradice radical y absolutamente con los hechos. Estoy, por tanto,
en manifiesto desacuerdo con esa afirmación que se hace siempre sin
que se sepa exactamente a qué responde; yo por lo menos no lo sé.

Hay otros dos asuntos, la formación profesional y el tema de la
segregación, que entra dentro de lo que yo he dicho que era la
evaluación que iba a pedir al INCE que hiciera. El tema de la
formación profesional -aprovecho la ocasión para contestar a todos
los que han intervenido sobre este asunto- es una cuestión opinable.

Yo no digo que ustedes no tengan razón. Pueden tenerla y pueden no
tenerla. Voy a comenzar hablando del problema de forma. Este asunto
lo planteé aquí en febrero de este año; luego se debatió en dos
oportunidades, al menos que yo haya visto o que mis servicios me
hayan comunicado, en el Senado. Pero no se puede decir que se le
hurta el debate sobre este asunto al Parlamento cuando ha sido éste,
en el debate sobre el estado de la Nación, quien dijo al Gobierno que
hiciera esto. Es absolutamente contradictorio, no se me puede decir
que el Parlamento no puede opinar de una cosa cuando ha sido el
propio Parlamento quien se lo dijo al Gobierno, a mayor abundamiento,
ni siquiera por propuesta del grupo parlamentario que gobierna. Por
tanto, ustedes no pueden decir eso. ¿Que no ha sido debatido
suficientemente? Bueno, ha estado en la conferencia sectorial de
educación, ha estado en el Consejo Escolar del Estado; es decir, creo
que ha sido debatido suficientemente. Por tanto, no digan que este es
un asunto antidemocrático y que se burla el debate, no es así y no
puedo estar de acuerdo con ello. Entiendo que ustedes lo digan, pero
no es verdad. Nos hemos ajustado estrictamente a lo que nos ha dicho
el Parlamento y llevamos un año hablando de ese tema.

Sobre el problema de fondo, le diré que he tenido contactos con
distintos sectores de la comunidad educativa y si en algún problema
he encontrado unanimidad ha sido en este. La gente dice que hacer
formación profesional de
grado medio para luego irse a ningún sitio es letal, porque es negar
a muchas personas, que no son precisamente de los ricos, sino más
bien todo lo contrario, poder proseguir sus estudios. Porque hacer
formación de grado medio y luego tener que hacer dos años de
bachillerato para poder acceder a la enseñanza superior o tener que
esperar hasta los 20 años para hacer una prueba, comprendo que sea
opinable, pero es que a mí todo el mundo me lo ha pedido. Así como
hay temas, de los que luego hablaremos, donde he oído cosas
distintas, en este asunto no he oído más que decir eso. A lo mejor yo
trato con señores poco presentables, pero lo han aprobado en el
Congreso de los Diputados varios grupos parlamentarios, ustedes ni
siquiera se han opuesto, algún senador del PSOE dijo que le parecía
muy correcto y he tenido conversaciones con mucha gente y no me
parece que esto sea ningún disparate.

Lo de las academias privadas lo olvido, porque supongo que no me dirá
en serio que me lo invento para que vayan más alumnos a las academias
privadas.

Usted dice que se deja a las comunidades autónomas el diseño de este
curso puente, que es un tema que puede ser discutible. En este
momento la prueba de los 20 años, a la que no va nadie, porque a los
17 años y medio terminas los estudios y no vas a estar esperando
hasta los 20 años. Se presenta el 10 por ciento de los que hacen FP
de grado medio, de los cuales no aprueba nadie. El curso puente tiene
que ajustarse, como dice el propio proyecto que llevamos en la ley de
medidas de acompañamiento, a lo que dice el artículo 32 de la Logse.

Por tanto, debe dar los conocimientos del bachillerato que explicita.

Ahí sí hay una normativa básica. La prueba de los 20 años, que tiene
lugar en este momento, es básica, pero no su contenido. Esta prueba
de los 18 años mantiene la situación actual, sigue siendo básica,
pero no es básico su contenido y permite un curso puente que no da en
ningún caso una titulación, sino que facilita el acceso al grado
superior. Imponer el curso puente como obligatorio es más que
discutible, porque una comunidad autónoma puede querer el curso
puente en unos determinados colegios o en unas determinadas familias
profesionales según la demanda que haya en el mercado de trabajo. Es
un tema discutible, que nosotros le hemos dado muchas vueltas y lo
hemos debatido en numerosas ocasiones y creo que es la mejor de todas
las soluciones posibles. Sobre este asunto entiendo que se pueda
discrepar, pero tengo la firme convicción, y si no no lo haría, de
que prestamos un buen servicio a la comunidad educativa. Naturalmente
que me puedo equivocar. Así funcionan los gobiernos. Uno intenta oír
a todo el mundo, intenta buscarse sus apoyos y si al final cree que
la cosa está bien y que hay que hacerla así, la hace. Comprendo que
ustedes puedan mantener un criterio diferente.

Hay otros asuntos que se han planteado como el de las enseñanzas
artísticas. En el tiempo que llevo en el Ministerio de Educación he
hecho algunas cosas en relación con las enseñanzas artísticas. Dice
usted que llegan con retraso. Es probable que así sea, pero aquí ha
gobernado mucha gente a lo largo de los últimos años y no se crea
usted que es tan fácil. Nos quedan dos cosas por hacer y ya me
hubiera gustado hacerlas. Probablemente no las pueda hacer hasta el
mes de diciembre o tendrá que hacerlo el nuevo ministro de Educación
que haya. Lo que no se puede negar



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es que este Gobierno ha aprobado normas importantes de desarrollo de
la Logse en materia de enseñanzas artísticas. No le voy a decir que
ustedes no lo hicieron y me dirá que no habrán tenido tiempo, pero al
menos reconozca que se ha producido un avance importante, como
también se ha producido un avance importante en materia de becas.

Usted ha dicho que han sido los campeones de las becas. Ni siquiera
se lo voy a discutir. Y para no organizar polémica no voy a dar las
estadísticas de las becas a lo largo de estos años, lo que le digo es
que la subida en becas que se produce en estos presupuestos es muy
importante y creo que todos debemos congratularnos de que sea así.

Sobre la reforma del decreto de selectividad diré que también es un
asunto muy opinable y discutible. Que prime el 60 por ciento la nota
del bachillerato y el 40 por ciento la nota de la selectividad yo no
lo he dicho. Lo ha dicho el Senado por unanimidad, yo no lo he dicho,
yo no he presentado el decreto de reforma de la selectividad. Yo no
he dicho nada, a mí el Senado me dice 60/40. (La señora Díez de
Baldeón García: ¿Y lo dice ahora?) Usted no está de acuerdo con el
Senado, dígaselo al Senado, pero no me lo diga a mí porque yo no he
dicho en ningún sitio que vaya a haber un examen de selectividad en
enero. ¿Lo he dicho yo en algún sitio? No. ¿He dicho lo del 60/40? No
le voy a decir sí, tampoco le voy a decir que no, pero no lo he
dicho. (Risas.) Yo tomo nota de todas estas consideraciones porque me
pueden servir para formar criterios, pero el Gobierno todavía no ha
presentado su proyecto de decreto de selectividad.




El señor PRESIDENTE: No conviertan la Comisión en una sala de
justicia, ni me otorguen a mí ningún papel arbitral. Cada uno expone
lo que le parece conveniente.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA( Rajoy Brey): Simplemente me
he referido a que no lo he dicho, lo ha dicho el Senado. Estoy
oyendo, y sigo en ese trámite, a la comunidad educativa y ahora estoy
en el Consejo de Estado.

Por último, quisiera hacer un comentario más de futuro sobre el tema
de mayor trascendencia, que es un posible debate sobre cómo ha
funcionado la Logse, formación profesional aparte, a lo largo de
estos años. Yo en el tema de la formación profesional detecto un
sustancial apoyo a la reforma que planteé en la ley de medidas de
acompañamiento y en los otros asuntos detecto al menos la necesidad
de un debate.

Aquí se han manifestado unas posiciones muy claras y muy firmes, que
supongo que responden a unas convicciones muy firmes y muy claras,
pero no se me puede negar el derecho a que pueda no tener unas
convicciones tan firmes y tan claras sobre ese asunto. Yo no tengo la
firme convicción, y he visto a gente que tampoco la tiene, de que la
regulación del modelo actual sea la mejor, por eso quiero que se haga
una evaluación, no para darles un mensaje -como decía malévolamente
la señora Aramburu- a los posibles o supuestos electores del PP, sino
porque creo que es un tema importante y serio que hay que debatir.

Hay gente que cree que hay que debatir sobre si es bueno o malo que
se estudien todas las materias que se estudian, si hay que darle más
peso -y lo hemos hablado en otras ocasiones-
a la lengua, a las humanidades en general o a las propias
matemáticas, sobre si es bueno o malo que esté todo el mundo en el
mismo aula hasta los 16 años. Yo creo que la escolarización es buena
hasta los 16 años, nunca he dicho lo contrario. Pero si es bueno o
malo iniciar la diversificación a partir de los 15 o de los 14 años,
que ya hay una vía abierta en la propia Logse, yo en ese tema he oído
muchos planteamientos diferentes, por eso voy a encargarle la
evaluación al INCE, pero sobre ese asunto el Gobierno aún no ha
presentado ninguna propuesta. (La señora Díez de Baldeón García pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Acabado el trámite de esta comparecencia, no
quedan ustedes en absoluta indefensión, les queda un venero de
sugerencias para formular sugerencias y preguntas en el Pleno acerca
de qué día y en qué medio se produjo cualquier manifestación y les
queda además a ustedes ni más ni menos que una prometedora ley de
acompañamiento que va a dar lugar a unos debates absolutamente ricos
y fecundos.

No permite el reglamento ninguna clase de intervenciones. Por tanto,
pasamos a la siguiente comparecencia del ministro de Educación y
Cultura.

Señora Díez de Baldeón.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Como ha habido unas cuestiones muy
puntuales, me gustaría que nos diera un minuto por grupo, si es
posible, para una aclaración mínima. Usted en otras comparecencias ha
sido más generoso con el tiempo y nos ha permitido intervenir.




El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, en otras comparecencias
la Junta de Portavoces no había asumido unos acuerdos rigurosísimos,
dado el trabajo del día de hoy en materia educativa.

De todas maneras, apelando a la justeza de su breve petición, tiene
usted un minuto.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor ministro, dice usted que
habla con todo el mundo, por eso resulta sorprendente lo que declaran
los sindicatos, lo que declaran confederaciones de padres, lo que
declaramos grupos políticos y es que no hemos sido consultados en el
tema de la formación profesional. Lo que le estoy diciendo con la
prueba y con el sistema que usted hace con el curso puente es que se
puede producir una perversión del sistema, porque la prueba de acceso
que ustedes plantean adelantarla es como si ahora la prueba de acceso
de mayores de 25 años la pasaran a los 18 años. El objetivo
fundamental es que la mayoría de la gente estudie bachillerato para
acceder a la universidad, que es algo que está también en la
formación profesional de ciclo superior. Aeso me refiero, a que hay
una perversión del sistema. Y no diga usted que el curso puente o la
pasarela la pueden organizar las comunidades autónomas a su gusto,
porque eso es grave, ya que, por ejemplo, los contenidos de la
selectividad o de la prueba de acceso los fija cada universidad y
cada comunidad autónoma, pero sobre una regulación básica. Por tanto,
si ustedes quieren la coordinación del sistema, esa regulaciónbásica
es fundamental.




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Termino. No parece usted gallego, parece regallego. Es un paradigma
de ambigüedad extraordinaria que nos diga ahora que usted no ha
propuesto nunca el examen de selectividad en enero ni ha hablado del
40/60 que estamos viendo en medios de comunicación y que figura en un
texto. Señor ministro, ¿es usted ministro o no es ministro? Si es
ministro, por favor, no se escurra y contéstenos.




El señor PRESIDENTE: De todas maneras, yo tengo que defender a los
gallegos. Gallego no significa ambigüedad, sino otras expresiones de
claridad mucho más poéticas y que se prestan a especulaciones por
quien las oye.

Doña Carmen Laura Gil i Miró, ¿quiere hacer uso de su minuto?
(Denegación.)



El señor PRESIDENTE: No lo quiere.

Doña María Jesús Aramburu, tiene usted un minuto. ¿Lo quiere usted?
(Denegación.) Muchas gracias.

Señor ministro, tiene usted también otro minuto, aquí todo es
equitativo.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): No, muchas
gracias, señor presidente. No es por falta de cortesía, sino
porque...




El señor PRESIDENTE: Porque usted cree que todo ha quedado aclarado.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA( Rajoy Brey): Exacto.




- MEDIDAS AADOPTAR PARAGARANTIZAR EL RESPETO A LOS PRINCIPIOS
DEMOCRÁTICOS Y CONSTITUCIONALES EN LOS CONTENIDOS Y MATERIALES
DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN ESPAÑA. ASOLICITUD DELGRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001039)



El señor PRESIDENTE: Entramos en la última comparecencia, y estaba en
el ánimo de todos que casi la íbamos a evacuar cual pregunta. La
pregunta se da por formulada y el señor ministro tiene la palabra
para manifestarse acerca de las medidas a adoptar para garantizar el
respeto a los principios democráticos y constitucionales en los
contenidos y materiales didácticos de la enseñanza religiosa.

Señor ministro, tiene usted la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Señor
presidente, voy a intentar hacerlo con la mayor brevedad posible,
aunque voy a comenzar con un recordatorio. Ya sé que es conocido por
todos los presentes, pero es bueno reiterarlo. (El señor Peralta
Ortega: ¿Ha dicho recordatorio o jaculatoria? Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, no contribuya usted a la
confusión reinante, haga el favor. (Risas.)



El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Creo que las
normas -por lo menos en
opinión del Gobierno- son pacíficas en este sentido. La Constitución
española dice que los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa
y moral de acuerdo con sus propias convicciones. La Logse -por lo
menos en mi opinión también es pacífica en este tema- dice que la
enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el acuerdo
sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede,
etcétera, y a tal fin y de conformidad con lo que dispongan dichos
acuerdos, se incluirá la religión como área o materia en los niveles
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los
centros y voluntaria para los alumnos. Y el real decreto del año
1994, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material
curricular, establece en su artículo 4.1 que la determinación del
currículum de las enseñanzas de religión católica será competencia de
la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades
religiosas, y las decisiones sobre utilización de libros de texto y
materiales didáctico corresponde a las autoridades de las respectivas
confesiones religiosas, todas, de acuerdo con los convenios que hayan
suscrito con el Estado español, etcétera. Por tanto y de conformidad
con la legislación vigente, los libros de texto, los currículos,
etcétera son competencia de las autoridades religiosas, si bien es
cierto que ellas, como no podía ser menos y como establece la ley,
deberán respetar en su texto e imágenes los preceptos
constitucionales y los principios a los que se refiere el artículo
correspondiente de la Ley orgánica de 1990, de ordenación general del
sistema educativo. Por tanto, así son las cosas.

Esta pregunta está motivada -aunque lógicamente la respuesta la
podemos generalizar a cualquier otro asunto- por el famoso vídeo del
colegio público de Mocejón, en Toledo. Voy a intentar resumir qué es
lo que hemos hecho nosotros en ese caso, que sería lo mismo que
haríamos en cualquier otro en que se produjese una situación similar.

Pues bien, tan pronto como tuvimos conocimiento de este hecho, el
servicio de inspección (esto data de julio del año 1998) se puso en
contacto con el centro para recabar información sobre lo acontecido
e hizo un informe, en el que propone que se comuniquen estos hechos al
Arzobispado, indicando que cualquier actividad realizada en un centro
educativo estará sujeta a lo previsto en el proyecto curricular del
centro, cuya aprobación corresponde al claustro de profesores. El
informe de la inspección dice que se proyectó una película, que la
actividad generó alarma entre los padres, que no se ha respetado la
opción realizada por los padres, que el contenido no responde al
punto de vista religioso sino que recoge aspectos médico-científicos,
etcétera. Por tanto, es contrario a la emisión del vídeo y así lo
comunica al director, que también hace otro informe en la misma
línea, y a la comunidad educativa, que lo comunica al Obispado. Tengo
que señalar que, antes, el propio profesor de religión hizo un
informe en el que asume su responsabilidad -se había proyectado en la
clase de religión- y termina diciendo: he pedido y pido disculpas a
aquellos alumnos y padres que se sientan afectados, y hace una serie
de consideraciones que, con mucho gusto, le puedo entregar al señor
Peralta.

Lo que nosotros hicimos fue lo que podemos hacer con arreglo a la
ley, que es mandar la inspección y pedirle al Obispado (que es el que
tiene la competencia con arreglo a



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las normas que he señalado) que ese tipo de situaciones no se
volvieran a producir. Lo cierto es que el vídeo fue retirado y no se
se han reproducido ese tipo de acontecimientos. Así son las cosas, y
eso es lo que haremos siempre que se produzca un acontecimiento de
esas características. Mandaremos a la inspección y si ésta entiende
que las enseñanzas de cualquier religión, la católica u otras, no se
ajustan a lo establecido, se lo comunicaremos a la autoridad
correspondiente y esperemos que ésta haga como en esa ocasión:
retirar el vídeo y que el profesor pidiera disculpas. Si no fuera
así, no nos quedaría más opción, lógicamente, que ir a los tribunales
de justicia.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, y como peticionario de la
comparecencia, tiene la palabra don Ricardo Peralta, por el tiempo
más breve posible, que él sabrá administrarse.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente, por su confianza.

Señor Rajoy, esta comparecencia se solicita, tal como indica usted
acertadamente, por ese hecho concreto, pero desgraciadamente no es el
único. En fechas posteriores a las de la proyección del vídeo al que
ha hecho usted referencia se plantea también en centros públicos, en
este caso de la Comunidad de Madrid, la problemática relativa a la
exhibición de signos religiosos en las aulas, la petición de que sean
retirados y la decisión inicial de la dirección del centro,
respaldada por la dirección provincial, de que eso formaba parte de
la libertad religiosa de los profesores y que, por lo tanto, se
negaban a retirar esos signos religiosos de las aulas.

En relación con estos temas, señor Rajoy, se han ido produciendo
respuestas poco claras, que incluso hoy, en alguna medida, las
sintetiza usted. Ya tuvo usted ocasión de responder a una pregunta
que yo le formulé en el Pleno sobre este tema y en aquella respuesta
que daba usted en marzo de este año (la tengo aquí delante; entonces
hablábamos exclusivamente del tema del vídeo) decía que la
determinación de los contenidos es competencia de la jerarquía
eclesiástica. Y el mismo decreto al que hacía usted referencia, la
norma (así son las cosas, ha dicho usted hoy), señala que en las
enseñanzas correspondientes a las distintas religiones elaborarán los
programas didácticos de las mismas los profesores. Absoluta libertad
de las religiones y de los profesores para establecer sus contenidos
didácticos. Ésa era la respuesta que daba usted y en aquélla no
tenían ningún límite. Hoy -es verdad- ha puesto usted uno (que ya
aparecía en una respuesta escrita anterior a su comparecencia y que a
usted, extrañamente, se le olvidó citar), que es el respeto necesario
a la Constitución, como también lo dice la ley ordinaria y por
supuesto la Constitución. Usted ha hecho referencia a lo que dice la
Constitución y al respeto que hay que tener a las enseñanzas
religiosas, y de ahí que se entienda que el Estado debe ser
respetuoso con esas enseñanzas religiosas y que no tiene que
interferir en ese terreno, en absoluto. Ese respeto en el ámbito
educativo se debe traducir -lo decía nuestro Tribunal Constitucional
ya en el año 1981- en un sistema jurídico basado en el pluralismo, la
libertad ideológica y religiosa de los individuos y la no
confesionalidad del Estado. Todas las instituciones
públicas, y muy especialmente los centros docentes, han de ser
ideológicamente neutrales. El Estado no debe entrar en ese terreno;
sí debe entrar -lo dice la propia Constitución, ahí sí establece una
obligación positiva- en formar a los alumnos en el respeto a los
principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.

En nuestra opinión, estamos asistiendo a una serie de hechos que nos
hacen pensar que no se está actuando correctamente. Usted ha hecho
referencia al tema concreto de ese vídeo. ¿Le parece a usted
razonable que en un Estado de derecho, en un Estado democrático en el
que es un derecho la interrupción voluntaria del embarazo en
determinados supuestos se enseñe a niños de hasta catorce años que
eso es un crimen? Eso es absurdo, contrario por supuesto a cualquier
mínimo principio democrático y de racionalidad, y eso se ha
producido, señor ministro. Usted ha reconocido que es así pero la
respuesta que da usted es -me parece que ha dicho literalmente- que
se han dirigido a las autoridades religiosas, no a las autoridades
del Estado, a las autoridades religiosas, y esperan que ellas actúen
razonablemente y, si no, iran a los tribunales. Creo que ha dicho
usted literalmente eso, señor ministro, lo ha leído, si no, podrá
decirme si no ha dicho exactamente esto. ¿En relación con cualquier
otra situación similar en una enseñanza, ustedes actuarían así? ¿Está
tan inerme la autoridad democrática en este país que no le queda más
que ese modo de dirigirse a las autoridades religiosas y, en última
instancia, a los tribunales cuando estamos hablando de centros
públicos que dependen del Estado?
Le agradezco, señor presidente, su benevolencia, y voy a terminar
inmediatamente.

Quiero decirle, señor ministro, que en este país hay libertad
religiosa, y lo que yo estoy planteando no afecta en absoluto a eso,
al contrario, garantiza la libertad religiosa de todos. Hay centros
religiosos de todos los tipos abiertos donde se enseña sin ningún
límite las enseñanzas religiosas, la doctrina de cada religión, sin
ningún límite; hay medios de comunicación, escritos, orales, que
expresan las opiniones de cada religión. Pero, señor ministro, ahora
estamos hablando de los centros públicos, y de la obligación que
tiene el Estado, -de ustedes que en estos momentos están al frente de
la Administración- de garantizar el respeto a los principios
democráticos y a la libertad religiosa de todos, señor ministro. Con
medidas como las que usted me acaba de anunciar, señor ministro, eso
no se produce. Eso es necesario, como se lo dije ya en su día, señor
ministro, y, entonces, usted me contestó, no sé si de forma gallega y
como ha dicho el presidente: Tengo que manifestarle que, como
Gobierno, independientemente de aquello con lo que yo esté o no de
acuerdo, necesariamente he de respetar la ley. El Gobierno tiene
también facultad, si es necesario, de cambiarla. En todo caso, esta
ley que hay hoy, señor ministro, se puede interpretar de manera
distinta, puede actuar la Administración de una manera distinta y
avanzar en un terreno que garantice la libertad religiosa de todos
los ciudadanos; eso pasa, señor ministro, por la neutralidad
exquisita en los centros públicos educativos. Ya hay centros privados
de todos los colores. Tengo que decirle, por ejemplo, que en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, que el señor Aznar el otro día la
ponía como modelo, cinco colegios del Opus este año recibirán 523 de
los 690



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millones autorizados para nuevos conciertos. Son formas de actuar,
señor ministro, las de su Gobierno y las de su partido. Nosotros
creemos que hay otras más respetuosas con la libertad de los
ciudadanos, y desde luego abogamos por ellas.




El señor PRESIDENTE: Habíamos convenido que este tema lo tramitamos
casi cual una pregunta. Por lo tanto, si quieren los grupos
intervenir, a lo que yo no me opongo, tiene que ser evidentemente con
una disciplina muy seria de un minuto o dos minutos como máximo.

De mayor a menor. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
¿quiere hacer uso de la palabra? (Denegación.)



Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿quiere hacer uso de la
palabra?



La señora ARAMBURU DELRÍO: Se ha sustanciado como una pregunta, señor
presidente; no ha lugar, por lo tanto.




El señor PRESIDENTE: Si usted quiere, puede hacerlo. Si insistimos en
recordar ese acuerdo de la Junta de Portavoces, no ha lugar a la
intervención de los grupos. Yo se lo ofrezco a usted, porque algún
grupo quiere intervenir.

Señora Díez de Baldeón, un minuto, para no vulnerar nuestros propios
acuerdos y compromisos.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Hemos dicho que podíamos tener
hasta las doce y son menos veinticinco.




El señor PRESIDENTE: A las doce el señor Ministro tiene que estar en
otro sitio.




La señora DÍEZ DE BALDÉON GARCÍA: Se lo agradezco, y voy a ser breve.

Sí quisiera plantear al señor ministro una cuestión que tiene que ver
con una respuesta por escrito, que contesta el Gobierno, que tiene
fecha 13 de septiembre de 1999. En ella se dice que el Gobierno no
está conforme con la actual regulación de la asignatura de religión,
y dice lo siguiente: Se pretende modificar esa regulación y se trata
-cito literalmente- de pasar de un planteamiento en el que se
establezcan las alternativas a la religión a otro distinto en que la
religión se plantee como alternativa, partiendo de la base de que
dentro de las materias fundamentales ha de haber una formación en
valores. Esa formación en valores, tanto si se recibe desde una
perspectiva confesional, como si se recibe desde otra no confesional,
por el hecho de formar parte de las enseñanzas mínimas obligatorias
tendría tratamiento de materia fundamental y evidentemente evaluable,
y se aplicaría desde la educación primaria hasta el bachillerato,
pasando por los ciclos formativos de formación profesional de grato
medio.

Yo creo que aquí lo que se está planteando es una reforma de más
calado en la que se trata de hacer una asignatura fundamental que
sería formación en valores, que tendría o se interpretaría con dos
áreas de conocimiento: una, confesional y, otra, no confesional.

Pero, señor ministro, nosotros estamos de acuerdo en que haya una
asignatura fundamental, que sea formación en valores, pero no puede
tener dos ópticas, dos perspectivas, porque entonces entraríamos en
una contradicción fuerte entre las doctrinas de la Iglesia y la
Constitución.

El ejemplo que acabamos de ver sobre los vídeos antiabortistas y el
tema del aborto es claro, pero hay otro más reciente, el de la pena
de muerte. Si nosotros hacemos una asignatura fundamental de
formación en valores ella se puede dar desde la óptica religiosa de
la doctrina de la Iglesia, a unos alumnos. Según el catecismo a unos
alumnos se les dirá que en determinados supuestos la pena de muerte
es admisible, pero desde otra óptica no confesional se les dirá que
la pena de muerte es inadmisible. Señor ministro, hay una
contradicción de fondo muy fuerte que usted sí que debe resolver.




El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, ¿quiere intervenir también?



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muy brevemente, en un minuto.

Yo creo que el señor ministro -nuestro grupo le apoya totalmente- ha
citado un caso concreto que se ha resuelto conforme a la normativa y
legislación vigente. Aquí se ha hablado de una serie de hechos. Que
yo conozca, el único que se ha producido al respecto es éste; decir
serie de hechos en otros centros, es hacer una generalización de algo
que es muy puntual.

Finalmente, en lo que respecta al catecismo, yo creo que no es esta
Comisión la que debe entrar este asunto; entraríamos en legítima
defensa, etcétera. Repito que no es tema de esta Comisión, por lo
tanto, dejemos el catecismo (Rumores), doctores tiene la iglesia,
porque esta Comisión no tiene que abordar ese tema.




El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, en tanto en cuanto no haya nadie
que quiera discutir el catecismo, no entrará; pero como alguien
quiera discutir el catecismo, no le quepa duda de que se discutirá
con mucho gusto, y con un enorme respeto también al catecismo.

Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA( Rajoy Brey): Voy a ceñirme
a la petición de comparecencia que hacía el señor Peralta, porque la
señora Díez de Baldeón plantea otra cosa. Por cierto, no me suena mal
lo que dice el Ministerio, lo cual no quiere decir que me suene mal
lo que diga usted (Risas.). No es un tema en el que yo vaya a entrar
ahora.

Yo agradezco al señor Peralta el tono de su intervención. Yo creo que
hay unas cuantas ideas en las que todo el mundo está de acuerdo, que
son fundamentalmente las que se recogen en los texto legales. Usted
lo ha dicho: la libertad religiosa; el Estado tiene firmado acuerdos,
y así se recoge en la Constitución y en la Logse, por virtud de los
cuales voluntariamente pueden estudiar la religión católica
o cualquier otro tipo de religión. Lógicamente, está el límite que
usted muy bien ha dicho. Yo lo expuse en mi intervención. En una
pregunta de dos minutos y medios, como sabe, hay tal follón que no
valen para nada, y no se puede



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decir nada; es un follón debatir allí. Hágame caso. Pero es evidente,
aunque no lo diga, como he recordado antes, que tiene el límite de la
Constitución y de la democracia, etcétera. Lo normal es que no se
produzcan problemas -estamos hablando de un vídeo concreto,
determinado-, ésa es la regla general. Cuando hay problemas en
educación, si no es en lo relativo a la enseñanza religiosa, es la
propia Administración educativa la que puede tomar medidas; cuando se
trata de enseñanza religiosa, por el convenio que hay, quien tiene
que tomar las medidas es la Iglesia católica o la autoridad
competente en cualquier otro tipo de confesión, y lo que hace la
Administración educativa, después de mandar la inspección, es decirle
a la Iglesia católica que tome medidas. Lo normal es que los temas se
resuelvan, como se ha solucionado el incidente del famoso vídeo que
estamos comentando aquí.

No es que la Administración educativa esté inerme, que no lo está,
puede mandar la inspección, puede dirigirse a la autoridad
competente, religiosa, católica u otra y en el cien por ciento de los
casos las cosas se arreglan. Si se produjera un caso donde no hubiera
acuerdo, la propia ley prevé que se puede acudir a los tribuales de
justicia, pero es que no ha ocurrido ni una sola vez.

Lo que yo quiero decirle es que éste tampoco es un problema tan
general; éste es un caso que se produce en una sola ocasión. Lo ideal
sería que no se produjera en ninguna, y es a lo que debemos aspirar,
pero en este mismo caso la Administración educativa ha actuado
correctamente y el tema se ha resuelto, incluso el profesor ha pedido
disculpas. Tampoco pensemos que estas cosas se producen todos los
días.

Consiguientemente, estando de acuerdo con usted en que lo ideal es
que no se hubiera producido, tengo que decir que tampoco creo que sea
un tema tan enormemente capital, porque lo normal es que las
enseñanzas, tanto de la religión católica como de las otras, se
ofrezcan de acuerdo con lo que piensan las autoridades competentes en
la materia. En el tema del aborto lógicamente la religión católica no
está a favor de él; y a los niños musulmanes les enseñarán El Corán,
pero es que eso es así, porque es un acuerdo que está firmado y así
se lo enseñarán. Yo entiendo que lo harán dentro de los límites que
marca la propia Constitución. Tampoco somos nosotros los indicados
para decir que es lo constitucional y qué es lo que no, que es muy
complicado; al decir nosotros quiero decir usted y yo, porque al
final quien dice si es constitucional es el propio Tribunal. Yo creo
que estas cosas con lógica, con sentido común, con equilibrio y con
la propia responsabilidad de la sociedad no se plantean tanto como
para que sea un problema, al menos en mi opinión, que nos deba
preocupar en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Creo que está
sustanciado el problema, en cuanto a su tramitación parlamentaria no
en cuanto a otros aspectos.

En consecuencia, le damos las gracias al señor ministro por su
comparecencia y su colaboración con esta Comisión, y suspendemos la
sesión hasta las doce, para todos, menos para los portavoces y
miembros de la Mesa. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE POTENCIACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA PARAALUMNOS EXTRANJEROS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001675)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las proposiciones no de
ley que figuran en el orden del día.

Se recuerda a los miembros de la Comisión que las votaciones no se
producirán antes de las 14 horas.

Proposición no de ley sobre potenciación de cursos de formación de
enseñanza de la lengua española para alumnos extranjeros. Por el
Grupo Parlamentario Popular, la señora Camilleri tiene la palabra
para manifestarse sobre dicha proposición no de ley.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Señor presidente, únicamente quiero
decir que retiramos esta proposición no de ley para hacer una mejora
técnica en el texto. Volveremos a presentarla posteriormente.




- RELATIVAA LA INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS EQUIPOS
PSICOPEDAGÓGICOS EN ELCUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA,
ESPECIALIDAD PSICOLOGÍAYPEDAGOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001596)



El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a la siguiente
proposición no de ley, relativa a la integración de los funcionarios
de los equipos psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, especialidad de psicología y pedagogía, de la
que es autor el Grupo Socialista del Congreso.

Por el Grupo Socialista del Congreso, va a hacer uso de la palabra
para la defensa de la proposición, doña Montserrat Palma, que tiene
la palabra.




La señora PALMAI MUÑOZ: Esta proposición no de ley que traemos hoy
aquí para someterla a la consideración de los miembros de esta
Comisión es una proposición no de ley cuyo contenido tiene larga
historia. En cualquier caso, intentaré ser breve y sintetizar la
abundancia de datos de los que disponemos.

Esperamos que hoy, cuando finalicemos esta Comisión, podamos irnos
con la satisfacción de haber solucionado un tema que afecta a un
colectivo, yo diría que reducido pero no por ello menos importante,
de profesionales al servicio de la educación que llevan mucho tiempo
intentando resolver un tema que puede parecer incluso corporativo
pero que, en este caso, es de derechos fundamentales como
profesionales que son. Nos estamos refiriendo a un colectivo cuyo
cometido profesional tiene su origen en la creación en el año 1977 de
los servicios provinciales de orientación escolar y vocacional. La
Orden ministerial de 30 de abril de 1977 reguló con carácter
experimental la organización



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de dichos servicios para atender, básicamente, a los alumnos de
educación general básica. Estos servicios provinciales de orientación
escolar y vocacional se nutrieron en aquel momento básicamente de
maestros licenciados en psicología y pedagogía, creándose de este
modo plazas del grupo Ano escalonadas dentro de un cuerpo y se
ofertaron a concurso público; por tanto, estamos hablando de
profesionales que accedieron a estas plazas mediante concurso
público. Posteriormente, y en momentos diferentes ya que se
produjeron después las transferencias a los gobiernos autonómicos,
estos profesionales fueron perdiendo sus plazas de origen, las plazas
de maestro, puesto que se les obligó, para adquirir definitivamente
su plaza como psicólogos y pedagogos de los equipos, a renunciar a
sus plazas de origen como maestros.

El origen de la creación de estos servicios y de la generación de
esta situación se remonta incluso más atrás, en la Ley General de
Educación, de 1970, que ya contemplaba la necesidad de establecer la
actividad orientadora y que reconocía en diferentes artículos el
derecho a la orientación a lo largo de todo el proceso educativo y
especialmente para aquellos alumnos necesitados de educación
especial. Posteriormente, con la Ley orgánica reguladora del derecho
a la educación, en 1985, se reconoce explícitamente y de una forma
generalizada y universalizada el derecho de los alumnos a recibir
orientación escolar y profesional. Después, con la Ley orgánica de
ordenación general del sistema educativo en 1990 se establece que la
orientación educativa y la intervención psicopedagógica son elementos
básicos del sistema educativo. Estamos hablando, pues, de un
colectivo que, junto a otros profesionales que en diferentes
situaciones se incorporaron posteriormente a la realización de este
servicio, es fundamental para la mejora de la calidad del sistema
educativo y para garantizar el acceso a la educación de los alumnos
en condiciones de igualdad.

La historia del problema continúa cuando estos profesionales, viendo
que la Administración no resuelve su situación, acuden a los
tribunales y ven, uno detrás de otro, a través de sentencia,
reconocido su derecho a pertenecer al grupo A, aunque la
interpretación que la propia Administración hizo posteriormente de
estas sentencias permitió solamente que este derecho fuera reconocido
a efectos retributivos. Ha sido un largo peregrinar de los psicólogos
y los pedagogos procedentes de los antiguos SOEV por los tribunales
para que mayoritariamente se vieran reconocidos sus derechos
laborales, hasta tal punto que, recientemente, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid reconoció, por primera vez, porque se dio el
primer caso de jubilación dentro de este colectivo, incluso los
derechos pasivos. Creo que como Parlamento ya no nos queda casi nada
más por reconocer y a la Administración tampoco.

Anivel parlamentario, tanto en el Congreso, en el Senado como en los
parlamentos autonómicos, a lo largo de estos últimos años se han
aprobado iniciativas parlamentarias para solucionar este problema. De
alguna manera estamos insatisfechos o dolidos con la Administración
educativa del Estado por no haber sido capaz de solucionar el tema
hasta el momento, cuando es una cuestión compleja, que tenía
diferentes alternativas pero creo que a través de la discusión
parlamentaria, con el texto que mi grupo propone y enriquecido con la
enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) llegaremos a una
solución perfectamente legal que resuelva tan histórico problema. En
un primer momento, al inicio de esta legislatura, los grupos dimos un
contundente voto de confianza hacia los responsables del Ministerio
de Educación aprobando por unanimidad una proposición no de ley que
presentó Coalición Canaria y, a través de una enmienda transaccional,
depositamos la confianza en la Administración educativa para que
estudiara el tema y resolviera en un plazo determinado de tiempo; han
pasado casi cuatro años, esto no se ha producido, cuando
posteriormente también ha habido otras iniciativas parlamentarias, y
creemos que no tenemos más remedio que presentar esta proposición no
de ley que, insisto, incorporando la enmienda de Convergència i Unió,
define claramente cuál es la solución: que mediante un real decreto
se integren de forma automática, tal y como propone Convergència i
Unió, los funcionarios procedentes del cuerpo de maestros que con
titulación de licenciados en psicología y/o pedagogía obtuvieron
plazas por concurso público de méritos en los equipos
psicopedagógicos de la Administración educativa que ocupan dichas
plazas del grupo A de forma definitiva después de haber renunciado a
sus plazas de maestro de grupo B. Pensamos que el texto puede quedar
muy explícito y concreto. Yo he propuesto al grupo enmendante que
especificáramos que esto fuera durante el curso 1999-2000, que ya
estaba recogida la temporalización de la actuación en el texto
original. Esperamos que el Ministerio, sin más dilación, proceda
a promulgar este real decreto.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado
dos enmiendas. Por orden de entrada en la Cámara, en primer lugar, la
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra doña Carme Laura Gil
i Miró.




La señora GIL I MIRÓ: Como ha sido explícita la aceptación de la
enmienda por parte de la portavoz del Grupo Socialista, no vamos a
comentar más la nuestra. Simplemente, quiero decir que la
transcripción que hemos dado a la Mesa dice: obtuvieran, y debe ser:
obtuvieron, tal y como la diputada ha leído correctamente. También
estamos de acuerdo en que se introduzca el paréntesis o la frase de:
durante el curso escolar 1999-2000.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular se ha
presentado también una enmienda a esta proposición no de ley.

Para su defensa, tiene la palabra doña Elena GarcíaAlcañiz.




La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: La proposición no de ley que hoy
debatimos relativa a la integración de los funcionarios de los
equipos psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, especialidad psicología y pedagogía, en su exposición de
motivos hace un recorrido por la historia legislativa relativa a la
educación, desde la Ley 14/1970, es decir, hace casi 30 años. Ya la
Ley de educación reconoce el derecho a la orientación psicoeducativa
y en este punto, permítame,



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señor presidente, que tenga un recuerdo para los doctores, Yela,
Pinillos, Germain y Mallart, pioneros y fundadores de la enseñanza de
la psicología en España y por la extraordinaria labor que realizaron
en este ámbito de la orientación profesional.

El Grupo Popular reconoce y explicita la importancia que tienen los
servicios de pedagogía en la buena marcha de la enseñanza y de la
educación. Por ello, mi grupo parlamentario reconoce el buen trabajo
que en líneas generales realizan los psicopedagogos dedicados a este
trabajo. Reconociendo, supongo, la buena intención del Grupo
Socialista de dar una solución a la situación que tienen algunos
funcionarios que realizan sus trabajos en los equipos
psicopedagógicos -pérmítanme un inciso porque la intervención de la
señora portavoz hace pensar que realmente no está muy enterada del
trabajo que su grupo parlamentario ha realizado en los pasados años,
ni siquiera el comportamiento que el gobierno anterior tuvo, con las
lagunas que dejó-, sin embargo considero que es un poco demagógica la
expresión que usted ha utilizado en defensa de esta proposición no de
ley. Sin más, señor presidente, y reconociendo esa buena voluntad,
hay que recordar que estas lagunas existen porque en el pasado muy
reciente no se ocupó, quien debía hacerlo, de solucionar este
problema. No obstante nos compete en estos momentos discutir la
adecuación o no de esta proposición no de ley.

Señor presidente, señorías, las normas que nosotros mismos nos hemos
dado deben cumplirse y si hubiese quedado obsoleta alguna de ellas
-que no es el caso-, debíamos reformarlas. Por lo tanto, si el Grupo
Socialista quiere hacer de verdad lo que dice que quiere hacer con
esta proposición no de ley, tendría que presentar, en primer lugar,
una proposición de ley dirigida a reformar la Ley 30/1984 de la
Función Pública en su capítulo IV, dedicado a regular las normas para
obtener la selección del personal, la previsión de puestos de trabajo
y la promoción profesional de los funcionarios, que en su artículo 19
relativo a la selección de personal, dice expresamente: «Las
administraciones públicas seleccionan su personal, ya sea
funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen en
todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.». Y en su artículo 22, sobre el
fomento de la promoción interna, nos dice así: Las administraciones
públicas facilitarán la promoción interna consistente en el ascenso
desde cuerpos o escalas de un grupo de titulación a otros de
inmediato superior. Los funcionarios deberán para ello poseer la
titulación exigida y para el ingreso en los últimos tener una
antigüedad de al menos dos años en el cuerpo escala a que
pertenezcan, así como reunir los requisitos y superar las pruebas que
para cada caso establezca el Ministerio de Administraciones Públicas
o el órgano competente de las administraciones públicas.

Por todo ello, señor presidente, y por lo que respecta a las
disposiciones adicionales en esta misma ley, en la disposición
adicional novena se dice que el sistema de ingreso en la Función
pública docente será el de concurso-oposición convocado por las
respectivas administraciones públicas, y asimismo en la disposición
adicional décima, en su
apartado dos, explicita lo siguiente: Los funcionarios pertenecientes
al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria podrán adquirir la
condición de catedráticos de enseñanza secundaria en los términos
establecidos en la disposición adicional decimosexta. Yo creo que es
lo que se pretende -y la intención es buena y así también lo pone de
manifiesto la enmienda que presenta el Grupo de Convergència-, pero
debiera quizá haberse explicitado un poco más, aunque entendemos que
es lo que se pretende, pero existen, a mi juicio, algunos defectos de
forma y procedimiento.

Por todo ello, señor presidente, no podemos aprobar en los términos
en que viene planteada por el Grupo Socialista la proposición no de
ley porque supondría no sólo una clara demagogia, como acabo de
decir, porque tienen la responsabilidad de haberlo hecho hace muchos
años, que no lo hicieron -y yo pediría que no achaquen falta de
responsabilidad al Gobierno actual en este momento ni a esta Cámara-,
sino también supondría un fraude de ley y un agravio comparativo
respecto a los funcionarios que han logrado pertenecer a un
determinado escalafón utilizando la inteligencia y el esfuerzo
personal para superar las pruebas de acceso.

No quiero recordar, pero es casi imposible, las medidas que se
tomaron en determinados momentos, como las famosas pruebas de
idoneidad, etcétera, que denigran a muchas personas por el
procedimiento y la forma, que hubieran alcanzado, si hubieran sido un
poco más respetuosos con la norma, con la ley y con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Por todo ello, señor presidente, no nos parece adecuada la
proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista a efectos de manifestarse con relación a las
dos enmiendas, la enmienda del Grupo Catalán y la enmienda del Grupo
Popular. En el supuesto de que alguna de las enmiendas mereciere su
aprobación, parcial o total y modificara el texto, les rogaría
hicieran llegar a la Mesa el texto resultante para que sea
literalmente objeto de votación.

Tiene la palabra doña Montserrat Palma.




La señora PALMA I MUÑOZ: Ya he dicho en mi intervención anterior que
aceptábamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), ya que además consideramos que precisa mucho mejor la
redacción de nuestra proposición no de ley. Respecto a la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular rotundamente no la aceptamos, puesto
que tiene un planteamiento completamente distinto a como ha expuesto
su portavoz. Tengo que lamentar que, después de cuatro años de debate
parlamentario entre los diferentes grupos, en los que hemos logrado
encontrar una solución a un tema complejo, sin embargo el Grupo
Parlamentario Popular siga descolgado de este consenso al que hemos
llegado los demás grupos.

Señor presidente, si me permite me extenderé diez segundos más,
puesto que la portavoz del Grupo Popular ha hecho una alusión muy
directa a las responsabilidades del anterior gobierno socialista. Me
permito recordarle, señoría, que el origen de este problema es
incluso anterior, es decir, en los años setenta, cuando se crean
estos equipos,



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es cuando se genera el problema porque acceden a estas plazas de
grupo A profesionales que son del cuerpo de maestros, por lo tanto,
del grupo B. Por consiguiente, las diferentes opciones que ha
expuesto la portavoz del Grupo Popular creo que las hemos explorado
todos, quien no lo ha hecho en los últimos años, incumpliendo el
mandato del Parlamento mediante una proposición no de ley que se
aprobó en el Pleno del Congreso, ha sido precisamente la
administración educativa del Estado, es decir, el Ministerio de
Educación y Cultura no ha aportado más que un borrador de decreto
para vehicular el sistema de promoción interna para resolver el
problema que, dicho llanamente, no podía cogerse ni con pinzas,
porque era un borrador de real decreto que fue copiado de un modelo
absolutamente anacrónico que no se ajustaba con el fundamento legal y
jurídico que especificaba aquí la portavoz del Partido Popular. En
cualquier caso la disposición adicional primera de la Ley 30/1984 es
una normativa que permite claramente establecer la solución a esta
situación.

Quiero también recordar que en los últimos dos o tres años el
Gobierno del Partido Popular ha realizado por real decreto -y
podríamos dar muestra real y física de ello- más de 50 integraciones
parecidas, no exactamente iguales, muchas de ellas asimilables a la
que proponemos en esta proposición no de ley. (La señora García-
Alcañiz Calvo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, muy brevemente, doña Elena
García-Alcañiz.




La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, gracias por su
flexibilidad. Voy a ser muy breve.

Quiero recordar a la señora Palma que efectivamente los equipos de
orientación educativa y psicopedagógica tienen su origen en la Ley
14/1970, pero el problema generado en la situación que ha alcanzado
este grupo de personas y profesionales no fue abordada en ningún
momento por el gobierno socialista en el largo período de tiempo que
gobernó. Es demagógico decir que este Gobierno no lo ha hecho cuando
tiene un mandato, es verdad, pero no del Congreso, señora Palma, sino
un acuerdo del Senado. En todo caso es igual, la intencionalidad es
que debiera hacerse. Creo, sinceramente, que hay que ser más
realistas y mirar las cosas con objetividad. Y desde luego, por mucho
apasionamiento que se tenga, la verdad es la que es, la diga Agamenón
o la diga el porquero.

Yo he dicho que no estamos de acuerdo con la proposición no de ley
que presenta el Grupo Socialista, y lo reitero, pero he hecho una
pequeña salvedad respecto a la enmienda presentada por el Grupo de
Convergència i Unió, aunque no nos gusta porque creemos que en
algunas cosas se debe mejorar, si bien se ha aceptado la corrección
de una errata, de tipo mecanográfico, sustituyendo la palabra
obtuvieran por obtuvieron. Nosotros estamos de acuerdo con esta
salvedad que ha sido aceptada por la portavoz del Grupo de
Convergència i Unió y votaremos esta enmienda pero no la propuesta
del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: El texto que se votará será el siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional
primera de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función pública, sean declarados de manera automática
por real decreto integrados en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, en la especialidad de psicología y pedagogía, aquellos
funcionarios procedentes del cuerpo de maestros que, con la
titulación de licenciados en psicología y/o pedagogía, obtuvieron
plazas por concurso público de méritos en los equipos
psicopedagógicos de la administración educativa, que ocupan dichas
plazas del grupo A de forma definitiva después de haber renunciado a
sus plazas de maestros del grupo B. Dicha integración se realizará
antes de finalizar el actual curso 1999/2000. Es esto lo que se va a
votar. Están todos suficientemente instruidos y entiendo que recibe
el consenso de todos los grupos. (Asentimiento.) En consecuencia,
será objeto de votación cuando le llegue la hora.




- RELATIVA A LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA,
JUNTA DE ANDALUCÍA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CON EL FIN DE
PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA DE UN ESTADIO
OLÍMPICO ECOLÓGICAMENTE HOMOLOGADO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
001344)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura en
el número 7 del orden del día, introducida en el debate por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y el
Consejo Superior de Deportes, con el fin de proceder a la
construcción en la ciudad de Málaga de un estadio olímpico
ecológicamente homologado. Para su defensa, por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don José
Luis Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Muy brevemente, porque creo que esta
proposición no va a tener mucho problema en ser aprobada ya que
corresponde a una propuesta del Ayuntamiento de Málaga, presentada
por su propia alcaldesa y también diputada, doña Celia Villalobos
que, en el mes de marzo del año pasado, aprobaba instar al Consejo
Superior de Deportes y a la Junta de Andalucía a la firma de este
convenio. También cuenta con el aval de un acuerdo del Parlamento
andaluz y por tanto creo que representa un consenso de los grupos
parlamentarios que en esta Cámara suman la mayoría, salvo que se
dijese una cosa en el mes de marzo y después de las elecciones
municipales se quiera decir otra; yo no llego a tanto. Por ello, creo
que bastará una simple explicación para conseguir que esta iniciativa
sea aprobada por esta Cámara.

Brevemente quería señalar que en la ciudad de Málaga existe un campo
de fútbol que se inauguró en el año 1941 y que solamente ha tenido
una pequeña remodelación con motivo del Mundial de Fútbol de 1982. Su
situación actual es de una escasa funcionalidad, planteándose por
parte dela Diputación de Málaga, de la Junta de Andalucía y del



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propio Ayuntamiento la construcción de un nuevo estadio para que la
ciudad de Málaga cuente con el estadio que no solamente necesita para
su propia actividad deportiva sino para que también pueda jugar un
papel importante a la hora de recabar un turismo deportivo que en la
Costa del Sol y en el litoral malagueño tiene una gran importancia.

Digo esto porque Málaga no necesita de eventos especiales cada 30
años para obtener un empuje económico; la provincia de Málaga, por
fortuna, y también gracias al trabajo de sus habitantes, tiene una
economía de gran importancia en estos momentos, pero lo que necesita,
eso sí, es la justicia que requiere por sus aportaciones
multimillonarias a las arcas del Estado a través de su industria
turística. Es el momento de que Málaga cuente con un importante
estadio olímpico, que nosotros planteamos debe tener un modelo de
gestión pública. Y que debe ser financiado por todas las
administraciones mediante un convenio porque, al final, todas se van
a beneficiar, no solamente desde el punto de vista material sino
también, como decía anteriormente, desde el punto de vista económico
a través del turismo. Nosotros creemos que, tras el acuerdo alcanzado
en el Ayuntamiento de Málaga, repito, a través de la moción
presentada por la alcaldesa, Celia Villalobos, y el acuerdo del
Parlamento andaluz ya solamente falta la tercera pata, que sería que
el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, también se
involucrara en el proyecto.

Dicho esto, quería resaltar muy brevemente el último párrafo de
nuestra proposición no de ley, donde nosotros planteamos que sea un
estadio ecológicamente homologado porque queremos resaltar las
condiciones medioambientales que debe reunir este estadio, que van
desde una reducción de las emisiones de CO2 hasta la eliminación de
todos los elementos de PVC o de material sintético, pasando por un
mantenimiento de la biodiversidad, con vegetación natural y especies
autóctonas y no utilizando maderas provenientes de bosques vírgenes.

Nosotros creemos que es importante que se dé este ejemplo y que el
estadio de Málaga sea un estadio modélico, dentro de lo que pueden
ser en estos momentos los estadios deportivos. No quería dejar de
mencionar este punto ya que en los últimos días hemos tenido la
tentación de retirar esta iniciativa porque creíamos que venía en un
momento inapropiado, cuando en Málaga se ha dado el triste escándalo
de haber tenido que cerrar un pabellón polideportivo, con un coste de
más de 3.000 millones de pesetas, a las dos semanas de haberse
inaugurado. La verdad es que es una situación bastante vergonzosa,
pero hemos considerado que no deben de ser precisamente los
malagueños quienes paguen los desafueros de las distintas
administraciones, que han sido tan poco rigurosas a la hora de
vigilar en qué se invierte el dinero público. Creemos que sería
importante que hoy aquí se aprobase esta iniciativa, como creemos que
no puede ser de otra manera ya que el acuerdo de las altas
instituciones sería imposible de explicar que aquí se rompiese, para
que los malagueños, que estos días sufren esa situación un tanto
desconcertante de ver cómo las distintas administraciones no han sido
capaces de construir un pabellón en condiciones, se vean reforzados
con el inicio de este nuevo proyecto, que creemos que puede ser de
importancia para el futuro de esta provincia.

El señor PRESIDENTE: No hay presentada a esta proposición no de ley
ninguna enmienda. En consecuencia, en el turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo siempre acoge con
satisfacción iniciativas que van dirigidas a mejorar las
instalaciones, a construir instalaciones nuevas y por tanto a
potenciar y a fomentar el deporte. No podía ser de otra manera con la
iniciativa que hoy se nos plantea de un nuevo estadio para Málaga.

Sin embargo, nuestro voto no va a ser favorable porque el
planteamiento que hoy aquí se nos hace en cuanto a la participación
de las diferentes administraciones -por cierto, celebramos escuchar
que hay consenso de las administraciones para llevar a cabo este
proyecto- no respeta, a nuestro entender, el ámbito competencial.

Nosotros hemos tenido situaciones semejantes, en las que los
proyectos han llegado a buen término precisamente porque se ha
respetado ese ámbito competencial que para nosotros y para nuestro
grupo siempre radica fundamentalmente en la comunidad autónoma, y a
partir de aquí a iniciativas que pueden ser de las propias
asociaciones deportivas o de los ayuntamientos, como es el caso. Por
supuesto apoyamos que el estadio de que disponga Málaga en el futuro
sea ecológicamente equilibrado porque creo que hoy día ninguna nueva
instalación deportiva debería construirse sin tener en cuenta estos
condicionantes medioambientales. En definitiva, esperamos que este
proyecto pueda llevarse a cabo, pero atendiendo a las competencias
y a los procedimientos que, a nuestro entender, no son los que hoy se
recogen aquí.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Jerónimo Nieto para manifestar su posición al respecto.




El señor NIETO GONZÁLEZ: La verdad es que el Grupo Socialista, como
también decía el portavoz de Convergència i Unió, siempre recibe con
los brazos abiertos proyectos o iniciativas que presentan los grupos
siempre que sirvan para mejorar los equipamientos, en este caso
deportivos, y además referidos a una ciudad como Málaga, que
verdaderamente los necesita. Es una gran ciudad donde es necesario
incrementar el equipamiento deportivo que tiene. Por lo tanto, en ese
sentido, sepa el proponente de la iniciativa que va a contar con
nuestro voto favorable, pensando, además, en que se haga una
instalación deportiva en las mejores condiciones posibles, no
solamente desde el punto de vista ecológico, sino de su propia
construcción, a fin de evitar ese espectáculo al que estamos
asistiendo ahora con el palacio de deportes de Málaga recién
inaugurado y que posiblemente tenga que ser derruido, que con tanto
ahínco y tanto empeño defendieron su construcción tanto el Grupo
Popular en el Ayuntamiento de Málaga como el grupo de Izquierda
Unida, que fueron los grandes defensores del proyecto del palacio de
deportes.

Dicho esto, quisiera también manifestar, porque me parece que leyendo
el texto hay que decirlo en una Comisión como ésta, que hay un cierto
oportunismo a la hora de presentar una iniciativa de este tipo. El
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó unos meses antes de
las



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elecciones municipales la misma iniciativa, una proposición no de ley
redactada exactamente de la misma forma que ésta en el Parlamento de
Andalucía. Ahora se acercan las elecciones generales y se traslada
automáticamente la misma iniciativa a esta Cámara. Cada cual lo hace
como cree conveniente.

Aunque la vamos a apoyar -no hemos presentado ninguna enmienda porque
nos parece que lo sustancial es el texto resolutivo de la proposición
y no la exposición de motivos- hemos de decir que nos parece que la
exposición de motivos está llena de algunos despropósitos.

Afortunadamente, si se aprueba esta iniciativa, lo único que se va a
aprobar es la parte resolutiva. Vamos a apoyar la parte resolutiva
porque creemos que sí es interesante la firma de un acuerdo entre las
cuatro administraciones que deben de estar implicadas en la
realización de este equipamiento deportivo, que son el Ayuntamiento,
la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación. En
ese sentido, apoyamos que se inste al Gobierno para que llegue a un
acuerdo con las otras tres administraciones y así sea posible
construir una infraestructura como este estadio olímpico en la ciudad
de Málaga, que creemos debería realizarse, ya que carece de
equipamientos suficientes. En este sentido, por lo tanto, señor
presidente, anuncio nuevamente que nuestro voto será favorable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
González Pérez tiene la palabra.




El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Vaya por delante nuestro voto negativo a
esta iniciativa, y no es porque se hayan modificado nada, como se ha
dicho en esta Comisión por parte del portavoz de Izquierda Unida, las
posiciones que ha mantenido el Grupo Popular en todo momento. Una
cosa es que se haya hecho una defensa en los ámbitos correspondientes
-en este caso en el órgano competente, como es la Junta de Andalucía,
la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Málaga- y otra cosa es
que traslademos responsabilidades, no solamente a la hora de ejecutar
proyectos, sino económicas, a estamentos que no le corresponden. ¿Por
qué digo esto, señor presidente? El Consejo Superior de Deportes no
puede financiar el fútbol profesional. Eso creo que es la base
fundamental de la exposición que voy a desarrollar a continuación,
partiendo -creemos-, no intencionadamente, del ámbito electoralista,
como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista con respecto a
las futuras o próximas elecciones generales, por parte de Iquierda
Unida, sino sencillamente por desconocimiento. Entendemos que el
desconocimiento es mal asesor en todo caso.

Quiero recordar en esta Comisión cómo funciona el ámbito del fútbol
profesional. En los anteriores presupuestos se aprobó que el fútbol
profesional tiene unos ingresos del 10 por ciento de las quinielas
para este tipo de actuaciones, lo que ha venido a redundar,
aproximadamente, en unos ingresos para la Liga de Fútbol Profesional
de unos 8.000 millones de pesetas. De esos 8.000 millones de pesetas,
la remodelación o construcción de estadios se lleva a cabo, bien
porque se encuentran en situaciones deficientes y haya que mejorar,
como consecuencia del propio plan de saneamiento del año 1995 o de la
normativa antiviolencia,
del Real Decreto 769/1993, pero siempre a través de este fundamento,
que es la recaudación de las quinielas. Sí he de decir que
efectivamente hay conversaciones del Consejo Superior de Deportes con
la Liga de Fútbol Profesional para hablar del tema de La Rosaleda, de
Málaga. En la exposición de motivos se hacían una serie de
apreciaciones que yo quiero también poner de manifiesto aquí, como es
que el estadio se construyó en 1941 y que se hizo una mínima
remodelación en el año 1982, con motivo de los mundiales, exactamente
igual, por ejemplo, que el estadio Santiago Bernabéu, que ha
finalizado sus remodelaciones precisamente en base a ese plan de
saneamiento al que hacía anteriormente referencia. La propiedad del
estadio es del Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, el
ámbito competencial está en la Junta de Andalucía, son los
responsables y los que tienen las competencias de deportes en el
ámbito del territorio de Andalucía y, por lo tanto, traerlo al
Consejo Superior de Deportes no parece lo más razonable, entre otras
cosas porque el Consejo Superior de Deportes, como he dicho antes, no
puede financiar el fútbol profesional y además no tiene ninguna
partida reflejada en sus presupuestos para este tema, porque se sale
del ámbito competencial del Consejo Superior de Deportes.

También quiero manifestar que sé que en esas reuniones que se están
manteniendo dentro del Consejo Superior de Deportes y de la Liga de
Fútbol Profesional se está hablando, como he dicho antes, del estadio
de La Rosaleda, de Málaga. Aproximadamente, de esos 8.000 millones de
pesetas que se han recaudado a través del 10 por ciento de las
quinielas, hay que calcular, más o menos, unos 700 millones para que
el equipo de fútbol del Málaga tenga la posibilidad de acometer esta
remodelación o incluso la construcción de un nuevo estadio.

Igualmente debo decir en esta Comsión que, al parecer, hay un
proyecto que está evaluado económicamente en unos 2.700 millones de
pesetas, con lo cual restaría bastante el montante total, si el
Málaga aportara su participación en este caso, y quedaría la
participación de la Junta de Andalucía, de la Diputación y del
Ayuntamiento.

Asimismo, tengo que manifestar también que parece un poco exagerado
que en la distribución que hace el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida con respecto a lo que es la financiación del campo de fútbol
del Málaga, de titularidad, como he dicho antes, de tres organismos,
como son Junta, Diputación y Ayuntamiento, sea el Consejo Superior de
Deportes el que tenga que aportar el 47,5 por ciento del coste total.

Yo creo que es exagerada en este caso esa cantidad,
independientemente del primer argumento, que es el válido y el
absolutamente contundente: el Consejo Superior de Deportes no puede
financiar el fútbol profesional porque tiene sus cauces establecidos
para ello, tanto en la construcción de nuevas instalaciones como en
la remodelación de las siguientes.

Con respecto a las apreciaciones que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida con respecto a la alcaldesa de
Málaga, si yo fuera alcalde de Málaga también pediría que se
construyera un estadio nuevo, cómo es lógico, y no porque haya
elecciones por medio o las deje de haber, sino por buscar la
financiación adecuada. Y eso se está buscando, pero fuera del ámbito
del Consejo



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Superior de Deportes, fuera del ámbito del Ejecutivo de la nación.

Nada más. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Centella, ¿a qué efectos pide la palabra?



El señor CENTELLA GÓMEZ: A efectos de concretar alguna precisión.




El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas y no ha habido más que un
debate. Por lo tanto, no ha lugar a ello.




- RELATIVAA LAATENCIÓN ESPECÍFICA QUE EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
DEBE DAR ALOS MENORES INMIGRANTES MATRICULADOS EN CENTROS EDUCATIVOS
EN QUE SE IMPARTA LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA. PRESENTADAPOR ELGRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/
001668)



El señor PRESIDENTE: Debatida la correspondiente proposición no de
ley, entramos en la siguiente, sobre atención específica que el
sistema educativo español debe dar a los menores inmigrantes
matriculados en centros educativos en que se imparta la enseñanza
obligatoria, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La señora Camilleri tiene palabra.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Como todos sabemos, la Ley orgánica 8/
1985, del derecho a la educación, reconoció este derecho a todos los
españoles y a los extranjeros residentes en España, sin que en ningún
caso el ejercicio del mismo pudiera estar limitado. La prioridad
básica del sistema educativo, y una vez conseguida la escolarización
generalizada de toda la población, es lógicamente la calidad de la
enseñanza. En los últimos años -todos lo sabemos-, España se ha
convertido en un país receptor de inmigrantes, que requieren una
atención especial, a lo que el sistema educativo lógicamente tiene
que dar una respuesta. Este crecimiento considerable obliga, en
primer lugar, a plantearse una serie de medidas que incorporen a
nuestro sistema educativo a estos alumnos que llegan a nuestro país.

Recientemente se ha realizado un estudio sobre la influencia de los
padres en el rendimiento escolar de los hijos y se ponen de
manifiesto diferentes actitudes en función de la situación familiar y
del nivel de estudios de los progenitores. En el éxito escolar de los
alumnos influye la información que los padres tienen sobre los
estudios y, asimismo, en el comportamiento escolar de los hijos, las
expectativas, los niveles de aspiración, etcétera; en definitiva,
manifestar interés por el estudio de sus hijos.

También sabemos todos que nuestra escuela, en los próximos años, será
pluricultural -podemos decir que ya lo está empezando a ser- y
tenemos que dotarla de las medidas y de las condiciones idóneas para
esta nueva época, el siglo XXI, que está entrando en las aulas; que
debe ofrecer
las máximas garantías de éxito en la calidad y en la formación de
nuestros estudiantes. Un aspecto a tener en cuenta es que las
familias que en los últimos años se asientan en España no tienen,
salvo en muchos países procedentes de Centroeuropa, proyecto de
retornar a su país, por lo que dentro de su planificación familiar se
encuentra el deseo de adquirir una inserción social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta
proposición no de ley, y teniendo en cuenta también que se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, que estamos
dispuestos a aceptar, vamos a modificar de nuestra proposición no de
ley con el siguiente texto. El primer párrafo iría exactamente igual,
pero cuando decimos educativo a través de las federaciones de
asociaciones, añadiríamos: de ámbito estatal.

El segundo párrafo se cambiaría y admitiríamos el texto del Grupo
Parlamentario Catalán, que dice: asimismo, editar materiales
dirigidos a aquella finalidad en las diversas lenguas oficiales del
Estado e idiomas de los principales colectivos de alumnos
inmigrantes.

Por último, el tercer párrafo diría: mantener, en el ámbito de sus
comeptencias, actividades de colaboración con asociaciones de
inmigrantes y con organizaciones no gubernamentales.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Para defensa de la enmienda prsentada por el
Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i
Miró.




La señora GILI MIRÓ: Alos simples efectos de manifestar, para que
conste así en el «Diario de Sesiones», que estamos de acuerdo con la
transacción realizada entre el Grupo Popular y nuestro grupo.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
doña Carmen Heras tiene la palabra.




La señora HERAS PABLO: La posición de nuestro grupo parlamentario
respecto a esta iniciativa va a ser afirmativa incluso en relación
con la transacción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque no
puede ser de otro modo. ¿Quién va a negarse a promover actividades de
información, editar materiales y colaborar con asociaciones?



Dicho esto, también quisiera hacer unas pequeñas precisiones que
considero apropiadas ante esta iniciativa del Grupo Popular en un
momento en que el ministro Rajoy ha vuelto a hablarnos de querer
modificar una ley básica como es la Logse.

Desde que el PP llegó al poder, parece que pende sobre la Logse una
espada de Damocles...




El señor PRESIDENTE: Doña Carmen, le pido por favor que su
intervención se circunscriba a la proposición no de ley y a la
correspondiente enmienda.




La señora HERAS PABLO: Sí, señor Presidente, a eso voy.

Cada poco tiempo, no sé si por un deseo de hacer pequeños o grandes
cambios que pasen a la historia, se



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organiza contra la Logse una serie de iniciativas, pequeñas o grandes
escaramuzas, que creo que son causadas por una especie de descontento
con la propia normativa de la ley en su momento y también por
presiones de ciertos sectores excluyentes. Cremos que es por esto,
porque todavía no ha habido tiempo, como se ha dicho repetidamente,
de evaluar los resultados de la Logse de una manera completa en toda
su visión de conjunto.

El Grupo Popular presenta hoy esta iniciativa, que creemos que no
sería necesaria si el Gobierno estuviera realmente dispuesto a
ejercitar el espíritu de la Logse tantas veces denigrada, si
cumpliese realmente esa norma escrita, porque tengo que repetir aquí
que es un objetivo de la Logse, un pilar de la misma, la enseñanza
personalizada. Además, la Logse tiene un título entero, el título V,
que habla de la educación compensatoria, a la que ahora nos
referiremos ampliamente. Si desde cada una de las direcciones
provinciales del Ministerio de Educación que tiene el Gobierno en
cada una de las provincias se hiciera caso a este título Vy se
pusiesen los medios y los recursos oportunos para ejecutarlo,
créanme, señorías, que esta iniciativa no sería necesaria. Como esto
no es así, ustedes defienden una iniciativa, que se debe a que no se
están poniendo en marcha determinados programas compensatorios desde
la llegada al Gobierno del Grupo Popular. Ahora, ante una situación
que cada vez se les escapa más, se pretende algo así como cambiar
joyas por bisutería, cuando en educación, como en otras muchas cosas,
lo lógico es tender a objetivos elevados dentro de los recursos
humanos.

Todos ustedes saben que la ley marca en los artículos primeros, que
son los generadores de los principos, lo necesario para hacer
efectivo esto que estoy diciendo. Se habla allí de que es obligatoria
la educación personalizada y de la importancia que tiene para la
sociedad el desarrollo completo de cada individuo; cada uno de ellos
es un todo que hay que respetar en sus peculiaridades.

Como muy bien se ha dicho aquí, la emigración es un fenómeno que va
en aumento en España. En Extremadura, tenemos un caso muy concreto al
que, si me lo permiten, me voy a referir brevemente. En Talayuela, un
pueblo de la provincia de Cáceres, está aumentando de forma masiva la
emigración de magrebíes. Ahora mismo, según datos totalmente
actualizados, existe una población escolar de 211 magrebíes, casi un
13 por ciento de la población escolar total del municipio de
Talayuela. La comunidad escolar de este municipio lleva un tiempo
insistiendo ante la dirección provincial en que le den los recursos
suficientes de cara a paliar los efectos que esta emigración está
teniendo en el sistema educativo, en el entorno educativo. La última
promesa, después de mucho insistir, ha sido la que propugna la
iniciativa que hoy nos ocupa, conseguir que miembros de una
organización no gubernamental pasen un periodo de tres meses para
enseñar allí el idioma a los niños magrebíes. El consejo escolar cree
que ésta no es la solución, cree que es un pequeño parche que no hará
frente a los trastornos que, en el desarrollo normal de la actividad
escolar, está produciendo la avalancha de niños emigrantes. Saben
ustedes que el cultivo del tabaco y del espárrago trae primeramente
a los padres de familia y luego vienen todos sus familiares formando lo
que llamamos agrupaciones familiares. Lo que decimos para el aula
vale también para el
comedor escolar. Tienen su propia religión que plantean una serie de
desasosiegos entre el personal docente, que se ve sin recursos puesto
que no tienen diferente situación en cuanto a horas lectivas y ratio
profesor/alumno y porque carecen de personal especializado para poder
ejercer con garantías esta profesión.

Esto que digo -que nadie se confunda- nada tiene que ver con
planteamientos xenófobos sino todo lo contrario. En Talayuela, se
quiere a los emigrantes, se les acoge, pero su manifiesta precariedad
económica, sus condiciones higiénicas y de vivienda, la inestabilidad
del asentamiento, los diferentes niveles de competencias curriculares
que traen estos niños y el desconocimiento total del castellano
indican que el problema es muy complejo y que hace falta realmente
una verdadera decisión política que resuelva estas situaciones
imprevisibles de escolarización.

Cómo será el problema que la comunidad educativa de Talayuela ha
recurrido a la propia embajada de Marruecos en España y ha hecho uso
de convenios bilaterales entre España y Marruecos, al objeto de
conseguir alguna ayuda en cuanto a recursos humanos se refiere. La
respuesta no ha llegado, como tampoco ha llegado la respuesta
ministerial, y hete aquí que ahora viene esta iniciativa al Congreso
de los Diputados, cuando pensamos que este tema debería de haber sido
analizado hace algún tiempo y no debería ser necesaria tanta
insistencia por parte de los sectores afectados, pues creemos que es
obligación de la autoridad educativa de la zona, ya que Extremadura,
como saben ustedes, aún no tiene transferidas las competencias en
esta materia, por lo que compete a Madrid y al Ministerio de
Educación y Cultura.

Señorías, repito, nuestro voto va a ser afirmativo, pero nos gustaría
que, puesto que este tema les ha motivado a presentar esta
iniciativa, repasasen la legislación que ya existía antes de llegar
ustedes al Ministerio de Educación. Si la utilizaran, no harían falta
iniciativas tan pobres en este sentido. Me permito simplemente
ennumerar los principales reales decretos y órdenes ministeriales de
los que se puede hacer uso: el real decreto de ordenación de acciones
dirigidas a la compensación de desigualdades en educación, por el que
se establecen las medidas destinadas a mejorar el acceso y
permanencia de determinadas personas en situación de desventaja; la
Ley orgánica de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación,
donde se recoge este derecho de todos los españoles y extranjeros
residentes en España, sin que en ningún caso pueda estar limitado por
razones sociales y económicas; la Logse en su título V, dedicada a la
compensación educativa, que ya he citado antes; la Ley orgánica de
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes; y
resolución de la dirección general de centros escolares sobre
admisión de alumnos extranjeros en centros docentes sostenidos con
fondos públicos, de educación infantil, primaria y secundaria. En
todos ellos hay referencias concretas al tema que nos ocupa.

Señorías, me parece una paradoja que, teniendo una ley con tantas
posibilidades, que únicamente necesita algunos recursos humanos y
materiales, vayamos a iniciativas de este tipo que, repito, pueden
ser válidas de cara a la galería, de cara a la opinión pública cuando
la opinión pública no esté sensibilizada, pero que no son capaces de
resolver el problema tan importante ante el que nos encontramos.




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El señor PRESIDENTE: ¿Pueden hacer llegar a la Mesa, por parte del
Grupo Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), el texto definitivo que vaya a ser objeto de votación?
(Pausa.)



- SOBRE LAAPLICACIÓN DE LAS JUBILACIONES DE LALEYORGÁNICADE
ORDENACIÓN GENERALDELSISTEMAEDUCATIVO (LOGSE) ALOS FUNCIONARIOS
ACOGIDOS AREGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIALO DE PREVISIÓN DISTINTOS DEL
DE CLASES PASIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/001661)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que tiene por
objeto la aplicación de las jubilaciones de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo a los funcionarios acogidos
a los regímenes de Seguridad Social o de previsión distinto del de
clases pasivas. Esta proposición no de ley ha sido introducida a
debate por el Grupo Socialista del Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra doña Amparo.




La señora VALCARCE GARCÍA: Señorías, el Grupo Socialista somete a su
consideración la cuestión de cómo se están aplicando las jubilaciones
de la Logse a los funcionarios que no están acogidos al régimen de
Muface, sino a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos
del de clases pasivas.

Les recuerdo que la disposición transitoria novena de la Logse
establece para los funcionarios de los cuerpos docentes a los que va
a hacer referencia, una disposición adicional décima, uno y
decimocuarta una, dos y tres de la misma ley, un sistema de
jubilación voluntaria anticipada siempre que hayan cumplido los
sesenta años de edad, acrediten un mínimo de quince años al servicio
del Estado y permanezcan en activo de forma ininterrumpida desde el
primero de enero de 1990, fecha en la que se aprobó la Logse. La
citada disposición, por tanto, excluye de este sistema de jubilación
voluntaria anticipada a los profesores que no estén incluidos en el
ámbito de clases pasivas del Estado y que permanezcan en otros
regímenes distintos, ya sea Seguridad Social o previsión. Éste es el
caso en que se encuentran los profesores procedentes de las antiguas
universidades laborales -hoy denominadas CEI- y de los centros
docentes de la antigua organización sindical que en su día se
integraron en los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, pero sin
que se alterase su régimen de pertenencia a la Seguridad Social.

Señorías, estos colectivos de profesores se contemplan tan sólo en el
punto quinto de la disposición transitoria novena de la Logse, la
cual establece que si estos profesores causan baja definitiva en su
servicio al Estado por jubilación voluntaria o por renuncia a su
condición de funcionarios, podrán percibir una gratificación
extraordinaria que en ningún caso podrá exceder al equivalente de
cincuenta mensualidades del salario mínimo interprofesional. Por
tanto, la jubilación voluntaria anticipada en el régimen de la
Seguridad Social implica una notoria disminución de haberes pasivos
en proporción al número de años que se
anticipe, por lo que la gratificación prevista por la ley de ningún
modo mitiga la pérdida de percepciones que supone la anticipación de
la edad de jubilación en el régimen de Seguridad Social, resultando,
en consecuencia, un procedimiento disuasorio. Sin embargo, la
intención de la norma es claramente propiciar la jubilación
anticipada de los profesores mayores de sesenta años durante el plazo
de aplicación de la reforma educativa y esto por interés público,
para fomentar la renovación de los cuadros docentes.

Así pues, por razones de equidad entre profesores que realizan el
mismo trabajo y también por congruencia con el sentido de la norma,
el Grupo Socialista insta al Gobierno y solicita el apoyo de esta
Cámara, para que se proceda a una modificación de la legislación
vigente en orden a establecer un sistema equiparable de jubilación
voluntaria anticipada entre todos los profesores contemplados en la
disposición transitoria novena de la Logse.

Señorías, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presenta una
enmienda a la proposición de mi grupo parlamentario a la cual se suma
también el Grupo Popular con una propuesta que se nos ha hecho llegar
y que trasladaré a la Mesa. Mi grupo parlamentario en aras a
conseguir el objetivo de que se resuelva esta situación de
desigualdad, está dispuesto a aceptar los términos de la redacción
propuesta por Convergència i Unió y la modificación del Grupo
Popular. Por tanto, le hago llegar la modificación, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra en relación a su enmienda, a la que ya se
ha hecho referencia, la señora Gil.




La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, como usted mismo ha dicho,
dado que la diputada portavoz ha aceptado nuestra proposición y el
inciso de estudiar la modificación en lugar de modificar, estamos de
acuerdo y muy satisfechos del consenso obtenido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Nos alegramos de que exista este consenso,
ya que pensamos que el hecho de que existan, como bien se ha dicho,
en la disposición transitoria novena unas condiciones específicas de
jubilación voluntaria anticipada tiene su sentido y se justifica por
el interés en que se pueda ir procediendo a la aplicación progresiva
de la Logse.

No obstante, también entendemos que las circunstancias de que los
funcionarios docentes del régimen general de la Seguridad Social no
puedan optar o no hayan podido optar a la jubilación voluntaria de la
Logse no deben ser interpretadas como un trato desigual en su
perjuicio, sino que es una consecuencia lógica del régimen de
previsión en que se encuadra, que recordamos es absolutamente
diferente en un caso y en otro, desde su mismo inicio hasta las
cotizaciones y, en consecuencia, sus prestaciones. Sin embargo, nos
parece bien el hecho de que se proceda a estudiar por el Gobierno la
posibilidad de esta equiparación teniendo en cuenta ese matiz que
hemos hecho de que



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quizá podía pretenderse en aras a esa igualdad que se propugnara el
sometimiento de todos los funcionarios públicos al mismo régimen de
protección social, pero teniendo claro que hay un régimen que es el
general que tiene unas condiciones y otro que tiene otras. Por ello
nos parece apropiado el estudiar la posibilidad para que se pueda
aplicar o no en función de su cuantía y sus necesidades.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, habiendo sido objeto de debate
las cuatro proposiciones no de ley que quedaban y habiéndose
anunciado que la votación tendría lugar no antes de las catorce
horas, suspendemos la sesión con carácter provisional y la
reanudaremos a las dos en punto para efectuar las correspondientes
votaciones.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tengan la
amabilidad de tomar asiento. Vamos a reanudar la sesión para realizar
las votaciones correspondientes a las cuatro proposiciones no de ley
que han sido objeto de debate en la mañana de hoy.

Primera proposición no de ley, de la que es autor el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la integración de los funcionarios de los
equipos psicopedagógicos en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, especialidad psicología y pedagogía. Texto literal de la
resolución que se vota, a efectos de información: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional primera, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, sean
declarados de manera automática por real decreto integrados en el
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de
psicología y pedagogía aquellos funcionarios procedentes del cuerpo
de maestros que, con la titulación de licenciados en psicología y/o
pedagogía, obtuvieron plazas por concurso público de méritos en los
equipos psicopedagógicos de la Administración educativa, que ocupan
dichas plazas de grupo A de forma definitiva después de haber
renunciado a sus plazas de maestro de grupo B. Dicha integración se
realizará antes de finalizar el actual curso 1999-2000.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, en relación con la firma de un convenio con el
Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Consejo Superior de
Deportes con el fin de proceder a la construcción en la ciudad de
Málaga de un estadio olímpico ecológicamente homologado. (Rumores.)
Les ruego que durante la votación no hablen, y desde luego si alguno
quiere, porque le parece que todavía podemos quedarnos aquí un buen
rato, están autorizados a pedir explicación de voto, tanto propio
como contrario. (Risas.) No creo que haya nadie que lo quiera hacer.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda desestimada dicha proposición no de ley.

Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a la atención específica que el sistema educativo español
debe dar a los menores inmigrantes matriculados en centros educativos
en que se imparta la enseñanza obligatoria. Como resultado de dicha
proposición y las enmiendas correspondientes, el texto que se vota
dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover
actividades de información y conocimiento sobre el sistema educativo
a través de las federaciones de asociaciones de ámbito estatal de
padres de alumnos y en la educación de adultos dirigidas a padres,
madres y tutores que tengan a su cargo menores inmigrantes
matriculados en centros educativos en que se imparta la enseñanza
obligatoria. Segundo apartado de dicha proposición no de ley:
Asimismo, a editar materiales dirigidos a aquella finalidad en las
diversas lenguas oficiales del Estado e idiomas de los principales
colectivos de alumnos inmigrantes. Tercer punto: Amantener, en el
ámbito de sus competencias, actividades de colaboración con
asociaciones de inmigrantes y con organizaciones no gubernamentales.

¿Informados? (Pausa.)



Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Última proposición no de ley, del Grupo Socialista del Congreso,
sobre aplicación de las jubilaciones de la Ley orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo a los funcionarios acogidos a regímenes
de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas.

El texto que es objeto de votación es el siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a estudiar la modificación del punto
5 de la disposición transitoria novena de la Ley orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, de tal
manera que los funcionarios de los cuerpos docentes acogidos a
regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases
pasivas que opten por el régimen de jubilación voluntaria de acuerdo
con aquella disposición se beneficien de las mismas cuantías de
pensión de jubilación y de gratificación extraordinaria que los
funcionarios de los cuerpos docentes incluidos en el ámbito de
aplicación del régimen de clases pasivas del Estado.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




Culminadas las votaciones, agradeciendo a los servicios jurídicos de
la Cámara su colaboración, se levanta la sesión.