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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 750, de 28/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 750
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 28 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Elección de vacantes. Mesa Comisión.
- Elección de] vicepresidente segundo de la Mesa de la Comisión.
(Número de expediente 041/000022) ... (Página 22028)
Comparecencia del señor presidente del Instituto Nacional de la Salud
(Núñez Feijóo) para informar sobre:
- La privatización de la gestión de 1,3 millones de historias
clínicas del hospital 12 de Octubre de Madrid. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/
002112) ... (Página 22029)
- Medidas que piensa adoptar para garantizar la confidencialidad de
los historiales clínicos y el derecho a la intimidad de los pacientes
de los centros sanitarios autorizados para la práctica de la
interrupción legal del embarazo. Asolicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/000590) ... (Página 22029)
- La contratación por hospitales del Insalud con empresas privadas,
de la gestión de los archivos de historiales médicos, del contenido
de estos contratos y de las garantías efectivas que se incluyan
en los mismos para asegurar el derecho a la intimidad de los
pacientes. (Número de expediente 212/002111) ... (Página 22029)
Comparecencia del señor subsecretario de Sanidad y Consumo (Castellón
Leal) para informar sobre:
- Previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo respecto del
establecimiento de infraestructuras y actuaciones sanitarias
dedicadas al tratamiento de la anorexia. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expedicnte 213/000665) ... (Página 22043)
- Medidas adoptadas en la mesa sectorial sobre trastornos de la
alimentación, reunida el día 26 de marzo de 1999, así como sobre la
previsión de futuras actuaciones. Asolicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/001126) ... (Página 22043)
Proposiciones no de ley:
- Sobre reconocimiento de las funciones enumeradas al establecer el
título de técnico superior de dietética y su ciclo formativo como
propias del técnico superior en dietética para ejercerlas en el
sistema nacional de salud. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001465)
... (Página 22051)
- Sobre medidas precisas para generalizar la implantación de
servicios integrales de reumatología y homogeneizar la oferta de los
mismos en todo el territorio. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001461) ... (Página 22051)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
ELECCIÓN DE VACANTES MESA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA MESA DE LA COMISIÓN.
(Número de expediente 041/000022.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días a todos. Damos comienzo al
orden del día de la Comisión de Sanidad y Consumo. Como conocen SS.
SS., el punto primero es la elección del vicepresidente segundo de la
Mesa de la Comisión. El señor Alcalde, que era vicepresidente
segundo, ha pasado al Parlamento autonómico de Aragón y el Grupo
Parlamentario Popular propone para dicho puesto, según me comunica su
portavoz, a don Mario Mingo.
Vamos a proceder a la votación, para lo cual ruego al señor letrado
que cite a todos los miembros de la Comisión.
(Por el señor letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
miembros de la Comisión que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.)
Efectuada la votación y verificado el escrutinio dijo
El señor PRESIDENTE: Por 27 votos a favor de don Mario Mingo, queda
elegido vicepresidente segundo de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Cuando quiera, don Mario, puede tomar posesión de su cargo.
(Aplausos.)
Señorías, someto a la consideración del pleno de la Comisión el
cambio del orden del día, solicitado por el Grupo Parlamentario
Socialista y Grupo Parlamentario
Mixto, y la retirada de una solicitud de comparecencia que figuraba
en el orden del día de hoy. Por acuerdo de la Mesa y portavoces, y
habiendo unanimidad, creo que debemos aceptarlo por asentimiento,
puesto que los temas tienen el mismo contenido, el mismo debate.
Quiero hacer la salvedad a los proponentes del cambio y la inclusión
en el orden del día de una nueva comparecencia, que no creo exista
inconveniente por parte del compareciente en aceptar también este
cambio, pero pido a los portavoces del Grupo Mixto y del Grupo
Socialista su comprensión por si no viene preparado para contestar a
algún dato de los que se le puedan recabar, porque es otra
comparecencia aparte que se agrega al orden del día. (La señora
Maestro Martín pide la palabra.)
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, esta portavoz no ha sido
consultada. (La señora Riera i Ben: Yo tampoco.) Supongo que estaré
de acuerdo, pero me gustaría saber en concreto cuál es el cambio.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego perdone; ha sido un
lapsus de la Presidencia. Había hablado con los portavoces
proponentes del cambio y con el portavoz del grupo mayoritario; en
aquel momento no estaban SS.SS. aquí y por eso lo di por hecho. El
cambio consiste en lo siguiente.
El primer escrito dice: a la Mesa del Congreso de los Diputados. Por
medio del presente escrito el Grupo Mixto comunica la retirada de su
solicitud de comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del
ministro de Sanidad y Consumo, con número de expediente 213/000665,
incluida en el orden del día de la sesión de mañana martes, día 28 de
septiembre. Es en relación con la anorexia.
El segundo escrito dice lo siguiente: al presidente de la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. Por medio del
presente escrito, al amparo de lo establecido en el apartado 2 del
artículo 68 del Reglamento de la Cámara, los grupos parlamentarios
abajo firmantes solicitan la alteración del orden del día de la
sesión convocada para el próximo martes día 28 de septiembre, a los
efectos de incluir la comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Mixto, con número de expediente 212/002111, para su
celebración acumulada a las que figuran en los puntos 2 y 3 del orden
del día. Viene firmado por el Grupo Parlamentario Socialista y por el
Grupo Parlamentario Mixto. Como está relacionado con los historiales
clínicos, pienso que no habrá inconveniente por parte de ningún
miembro de la Comisión en que, con la salvedad que he dicho
anteriormente, se incorpore al orden del día. (Pausa.)
Muchas gracias, queda aprobada la modificación del orden del día.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(NÚÑEZ FEIJÓO) PARAINFORMAR SOBRE:
- LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 1,3 MILLONES DE HISTORIAS
CLÍNICAS DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/
002112)
- MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE
LOS HISTORIALES CLÍNICOS Y ELDERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS PACIENTES
DE LOS CENTROS SANITARIOS AUTORIZADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000590)
- LA CONTRATACIÓN POR HOSPITALES DEL INSALUD CON EMPRESAS PRIVADAS,
DE LA GESTIÓN DE ARCHIVOS DE HISTORIALES MÉDICOS, DEL CONTENIDO DE
ESTOS CONTRATOS Y DE LAS GARANTÍAS EFECTIVAS QUE SE INCLUYAN EN LOS
MISMOS PARA ASEGURAR EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS PACIENTES.
(Número de expediente 212/002111)
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos la bienvenida al presidente del
Instituto Nacional de la Salud una vez más ante esta Comisión, para
celebrar las comparecencias solicitadas, en primer lugar por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario
Socialista, y anuncio al presidente del Insalud que por acuerdo del
pleno de la Comisión se introduce también en su comparecencia la
solicitud realizada por el Grupo Parlamentario Mixto, que
literalmente, puesto que no figuraba en el orden del día, dice:
Solicitud de comparecencia del
presidente del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ante la
Comisión de Sanidad y Consumo para informar de la contratación por
hospitales del Insalud con empresas privadas de la gestión de
archivos de historiales médicos, del contenido de estos contratos y
de las garantías efectivas que se incluyan en los mismos para
asegurar el derecho a la intimidad de los pacientes.
Comunico al señor presidente del Insalud que por parte de esta
Presidencia, y contando con la generosidad del señor López Garrido
que ha sido el peticionario de la comparecencia, aceptaríamos las
lagunas que pudiesen existir en su documentación ante esta
comparecencia, y si el peticionario de la comparecencia estimase que
no está bien informado o bien documentado, se le remita por escrito o
someterlo a la consideración que estime el proponente de la
comparecencia. Sin más, damos la palabra al presidente del Insalud,
haciéndole la observación de que por acuerdo de Mesa y portavoces se
resolvió que las comparecencias fuesen una sola, que admita en el
orden del día esa tercera y tratar todo unido en un mismo bloque.
Tiene la palabra el señor presidente del Insalud.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Señoras y señores diputados, antes de nada, quiero pedir
disculpas por este retraso involuntario, toda vez que la asesoría
parlamentaria del Ministerio había previsto que mi comparecencia
fuese en torno a las doce de la mañana.
Sin más trámite, comparezco ante SS.SS. a petición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Socialista
y ahora también del Grupo Parlamentario Mixto para informar, a
petición del primero sobre la contratación externa de la gestión de
1.300.000 historias clínicas del Hospital 12 de Octubre; a petición
del Grupo Parlamentario Socialista para exponer las medidas que
pensamos adoptar para garantizar la confidencialidad de los
historiales clínicos y el derecho a la intimidad de los pacientes de
los centros sanitarios autorizados para la práctica de la
interrupción legal del embarazo; y a petición del Grupo Parlamentario
Mixto en relación con la contratación por hospitales del Insalud con
empresas de la gestión de archivo y de historiales médicos, del
contenido de estos contratos y de las garantías efectivas que se
incluyen en los mismos para asegurar el derecho a la intimidad de los
pacientes.
Como SS.SS. conocen perfectamente, los complejos hospitalarios
públicos en nuestro país son edificios de uso muy intensivo, siendo
uno de los departamentos que mayor necesidad de espacio precisan en
los últimos años el departamento de admisión, documentación y archivo
de historias clínicas, por varias razones: por el mayor número de
pruebas complementarias que se realizan, por la cada vez mayor edad
de los pacientes y enfermedades crónicas que presentan, por el cada
vez mayor número de visitas que se realizan al hospital y, en
definitiva, por el cada vez mayor número de documentos necesarios,
tanto clínicos como administrativos.
La subcontratación de un servicio hospitalario no asistencial, como
el que motiva la comparecencia, lleva realizándose de manera
ininterrumpida y con toda normalidad, al menos en el ámbito del
Insalud, desde hace más
de diez años. Al que se refiere más concretamente la petición de
comparecencia, es decir, al complejo hospitalario 12 de Octubre, por
primera vez fue contratado externamente dicho servicio en el año 1988
mediante el procedimiento de adjudicación directa, sistema que se
volvió a utilizar en 1989 y en 1990. Posteriormente, y como digo de
forma ininterrumpida, volvieron a utilizarse contratos de asistencia
para este fin en 1991 y en 1992, y en este último año, 1992, sale por
primera vez un concurso público para la gestión de parte del archivo
de historias clínicas, concurso que fue prorrogado hasta estas
fechas; esta prórroga vencerá a finales del mes de octubre, y en
consecuencia la gerencia del hospital, cumpliendo los principios de
publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos del Estado, ha
considerado oportuno licitar nuevamente concurso público para la
gestión del archivo de historias clínicas de dicho hospital.
Otros grandes hospitales del Insalud decidieron, por las mismas
razones que el 12 de Octubre, la contratación de este servicio. Así,
el Hospital La Paz, el hospital más grande de todo el Insalud, quizá
el segundo hospital más grande de todo el país, lo viene haciendo
desde 1988; el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, desde 1991 y
el Hospital Puerta de Hierro desde 1994. En consecuencia, cuatro de
los cinco grandes hospitales del Insalud vienen gestionando de forma
ininterrumpida y con absoluta normalidad en su totalidad o en parte
el archivo de historias clínicas relativo a los pacientes que tienen
o han tenido una relación con dichos centros. ¿Por qué se realizan
estas contrataciones? Por varios motivos. El fundamental, sin duda,
es para ganar espacios para la asistencia sanitaria. En aquellos
hospitales de mayor tamaño y antigüedad, como los que me he referido,
se llegan a acumular más de un millón de historias clínicas sin que
parezca en modo alguno aconsejable sustituir espacio hospitalario
dedicado a la atención del paciente, siempre escaso, para destinarlo
a estos menesteres. Se calcula que la superficie óptima de archivo
por cada 250.000 historias serían 1.500 metros cuadrados. Si hacemos
una reflexión sobre qué suponen 1.500 metros cuadrados por cada
250.000 historias llegaríamos a considerar que para el archivo de
aproximadamente un millón de historias serían necesarios unos 7.500
metros cuadrados. Señorías, 7.500 metros cuadrados es prácticamente
igual superficie que se va a utilizar para el total de
hospitalización, médica y quirúrgica, del hospital de Fuenlabrada.
Estamos construyendo un hospital, como ustedes saben, en la zona Sur
de Madrid; este hospital tendrá unos 8.000 metros cuadrados dedicados
a la hospitalización médica y quirúrgica, y esto equivale
prácticamente a la superficie óptima de archivo del Hospital 12 de
Octubre. Esto quiere decir, sin duda, que el valor del espacio
necesario para estas historias clínicas en el interior de un hospital
adquiere una importancia relativamente mucho menor que el del
espacio, siempre escaso insisto, dedicado a la asistencia.
Otro de los objetivos de este tipo de servicios, además de conseguir
espacio para la actividad sanitaria o la actividad asistencial
propiamente dicha, es garantizar la organización, garantizar la
unificación y garantizar la depuración de las historias dispersas
entre diferentes edificios del mismo centro. Se cuenta para ello con
empresas especializadas
en gestión documental. Son empresas cuyo objeto, entre otros o
el único, es justamente la gestión de documentos que -y esto es muy
importante y lo recalco desde el principio- no hacen más que ordenar,
archivar y custodiar las historias y cuando el hospital necesita de
una de ellas se le proporciona, pero no se trabaja en la historia
clínica más que para informatizar el nombre del paciente y
localizarlo rápidamente en su ubicación; dicho de otra forma, esta
empresa en ningún caso podrá manipular los documentos ni podrá
modificar los contenidos de la historia y lo único que hará será
garantizar que existe una historia por paciente y remitir y trasladar
al hospital, cada vez que fuere necesario, la historia de ese
paciente sin conocer, sin manipular y sin tener acceso a ninguno de
los datos que se contienen en la misma.
Es evidente que surgen dudas sobre la garantía de confidencialidad de
estos trabajos. Es evidente también que en nuestro país tenemos
legislación suficiente para acomodar la actuación de estas empresas
especializadas a la normativa que aprueban las Cortes Generales. No
solamente la Constitución Española, no solamente la Ley General de
Sanidad, sino también la Ley orgánica sobre el tratamiento
automatizado de datos de carácter personal -la Lortad- son
imperativos legislativos que se han de cumplir tanto por parte de los
hospitales como por parte de las empresas especializadas en
documentación que trabajan para los hospitales. Estas garantías se
contienen no solamente en planteamientos teóricos, sino en documentos
escritos. Así el pliego en todos los concursos públicos contempla
cláusulas adicionales de confidencialidad a las que se someten las
contrataciones antedichas.
Si me permiten, contestando ya en parte a una de las propuestas del
Grupo Mixto, quiero decir lo siguiente. En el pliego último de
contratación del Hospital Doce de Octubre, en cuanto a
confidencialidad se refiere, el apartado 4 dice: Son obligaciones del
adjudicatario garantizar la confidencialidad de la información
documental y de toda información referente al archivo; cláusula
séptima: El personal del archivo de historias clínicas dependerá del
responsable designado por la empresa siempre bajo la supervisión del
jefe del servicio de archivo del hospital; cláusula octava: El
adjudicatario se hará responsable de las historias clínicas
obligándose a su custodia, conservación y disponibilidad, así como a
guardar la más estricta confidencialidad con respecto al contenido de
las mismas. Esto es lo que exige el pliego de contratación y,
obviamente, estas cláusulas se concretan después en el contrato
administrativo con la empresa adjudicataria.
Conviene resaltar -creo que es importante, señorías- que en estos más
de diez años que se lleva realizando este tipo de externalización no
hemos conocido ninguna denuncia sobre la falta de confidencialidad o
sobre la pérdida de historiales clínicos. Nos parece también
importante resaltar el informe elaborado por la Agencia de Protección
de Datos, un acta de inspección de hace unos días, concretamente el 8
de spetiembre de 1999, a una de las empresas de mayor volumen en
cuanto a la actividad de gestión de archivos clínicos se refiere, que
viene funcionando desde 1987 y que mantiene contrato con varios
hospitales de Madrid y de Andalucía. Me permito darles cuatro o cinco
conclusiones del acta de la referida Agencia de Protección
de Datos, órgano competente para cumplir y hacer cumplir los mandatos
de la Ley orgánica sobre el tratamiento automatizado de datos de
carácter personal.
Dice el acta de la referida agencia: primero, la actividad principal
de la empresa inspeccionada es la de inventario, custodia y
movilidad; segundo, la unidad de archivo es la propia historia
clínica y no se automatiza ninguno de los datos de los documentos
obrantes en el interior de los sobres; tercero, se registra toda la
actividad asociada a la historia clínica peticiones, devoluciones,
traslados; cuarto, tras el proceso inicial de generación de
referencias, el fichero únicamente registra el número de historia
clínica sin identificar el nombre del paciente al que pertenece; y
quinto, los empleados han firmado un compromiso de confidencialidad
sobre la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su
trabajo. Éste es el acta, como digo, de la Agencia de Protección de
Datos del día 8 de este mes de septiembre a una de las empresas que
tiene mayor contratación con las administraciones públicas en lo
relativo a la gestión de archivos de historias clínicas.
Contesto, aunque sea parcialmente, no solamente al Grupo Federal de
Izquierda Unida, sino también a SS.SS., del Grupo Mixto, en relación
con qué hospitales del Insalud tienen externalizado el archivo de
historias clínicas y en qué año se inició la externalización. Como
decía, el Hospital La Paz en el año 1988; el Hospital Doce de Octubre
en el mismo año; el Hospital Clínico San Carlos en 1991; el Hospital
Puerta de Hierro en 1994; el Hospital de Móstoles en 1990; el
Hospital Severo Ochoa y el Hospital Virgen de la Torre, los dos de
Madrid, en 1997; los hospitales de Asturias Valle del Nalón y Central
en 1996 y el de Cabueñes en 1998; el Hospital Talavera de la Reina en
1998; el Hospital Clínico de Madrid en 1997 y se encuentran en
trámite el Hospital de Salamanca y el Hospital de Virgen de la
Arrixaca de Murcia. Otros hospitales no gestionados por el Insalud y
a los que ha tenido acceso el Insalud cuando ha pedido información
son a los siguientes: el Hospital La Fe de Valencia, Hospital Clínico
de Alicante, Hospital General de Alicante y Hospital General de
Valencia, es decir, los dos hospitales más grandes de Valencia y los
dos hospitales más grandes de Alicante; el Hospital Arnau, de
Vilanova, el Valle Hebrón, de Barcelona -uno de los más grandes
hospitales del país y, sin duda, más grande de Cataluña- y el
Hospital Universitario Juan XXIII, de Tarragona. En cuanto a los
hospitales andaluces, a los que, insisto, hemos tenido acceso a
través de distinta documentación sin necesidad de pedir informe
-porque lo considerábamos innecesario- a las autoridades de los
servicios comunitarios de salud: el Hospital Reina Sofía, de Córdoba,
el Hospital Carlos Haya, de Málaga, y el Hospital Universitario de
Granada; el Hospital Juan Canalejo, en La Coruña, el Hospital de
Basurto, en Bilbao y el Hospital de Aránzazu, en San Sebastián. Otros
hospitales privados o concertados que, también nos consta, tienen
externalizada la totalidad o parte del archivo de historias clínicas:
la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital San Pablo, en
Barcelona, la Clínica Dexeus, en Barcelona y la Clínica Universitaria
de Navarra, en Pamplona.
Por lo que se refiere, señorías, al caso concreto del Hospital Doce
de Octubre, podría ampliarle la siguiente información. Los contratos
firmados desde el año 1988 hasta
ahora corresponden a las siguientes fechas: 10 de febrero de 1988, 12
de noviembre de 1991, 3 de septiembre de 1992, 31 de octubre de 1992
y 1 de febrero de 1999. El servicio que se contrata se denomina
Servicio de Logística Externa del Archivo de Historias Clínicas del
Hospital Doce de Octubre, según pliego de cláusulas administrativas
a las que me he referido y por una duración de tres años. Aparece
publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 186, de 5 de
agosto de 1998.
Los objetivos principales que el Hospital Doce de Octubre plantea
para realizar este proyecto son los siguientes: organización
modernizada del archivo, actualización del archivo activo,
almacenamiento del archivo pasivo, mejora de la gestión global del
archivo, mejora de la disponibilidad de la historia durante las 24
horas del día y unificación de todos los archivos existentes en este
hospital.
La situación que a esta fecha tienen los archivos del Hospital Doce
de Octubre es la siguiente. Existen tres archivos internos con unas
638.000 historias aproximadamente, existe una archivo externo con
cerca de medio millón de historias aproximadamente y existen
múltiples archivos departamentales con un total de aproximadamente
200.000 historias clínicas, todos ellos con numeraciones y sistemas
de archivado diferentes y, lo que es más grave, con imposibilidad de
tener acceso a historias de pacientes las 24 horas del día toda vez
que están dispersos dichos archivos como acabo de referir. Estos
problemas del archivo de historias han sido denunciados por la propia
junta técnico-asistencial del centro que, ejerciendo sus funciones
como órgano representante del personal del hospital en lo que se
refiere a la atención y responsabilidad ante los enfermos, considera
que es necesario solventar este problema crónico ya del Hospital Doce
de Octubre del que ahora estamos dando cuenta.
Hemos de dejar claro que el servicio de gestión global del archivo
está bajo el control y la responsabilidad exclusiva del hospital,
bajo la dirección y control del jefe del archivo -personal del
hospital, lógicamente- y otras seis personas que seguirán siendo las
responsables y los contactos permanentes con las empresas con las que
resulten adjudicatarias.
El proyecto de externalización de archivo fue sometido a los
siguientes órganos de participación y asesoramiento: a la junta
técnico-asistencial, a la comisión central de garantía de calidad y a
la comisión de documentación clínica. Por ser de interés, me referiré
a lo que han planteado estos órganos especializados en archivo y
documentación en el hospital y a lo que ha referido la junta técnico-
asistencial, como representante de los profesionales del centro.
La junta técnico-asistencial ha considerado hacer públicas las
siguientes manifestaciones. El archivo de historias clínicas del
hospital es fundamental para que la asistencia a los pacientes se
realice adecuadamente y, como representantes del personal del
hospital cuya responsabilidad es el tratamiento y atención a los
enfermos, ante la situación conflictiva que se ha planteado respecto
al archivo de historias clínicas, quiere recordar lo siguiente:
primero, que desde hace ya muchos años existen graves problemas dada
la estructura del hospital y el ingente volumen documental, lo que
dificulta cada vez más el manejo de las historias clínicas; segundo,
que cuando en el año 1988 se organizó el
archivo externo, se mejoró claramente, pero, dado el rápido
y progresivo incremento de la información archivada en los últimos
años, esta situación ha empeorado; por último, y más importante,
exigimos de usted -esto está remitido al gerente- que, respetando
escrupulosamente, por supuesto, la legalidad vigente, lleve adelante
el proyecto de mejora del archivo externo de las historias clínicas
en bien de los pacientes del hospital. Esto es lo que dice el acta de
la junta técnico-asistencial del hospital, que tiene fecha 24 de
septiembre de 1999.
El presidente de la comisión de historias clínicas, con fecha 23 de
marzo de 1999, refiere también informe que remite a la gerencia, y el
último párrafo del mismo dice: Asimismo, insistimos y deseamos que
este proyecto se realice lo antes posible, dada la vital importancia
del archivo en el funcionamiento del hospital.
Por consiguiente, dichos órganos han manifestado no solamente su
conformidad, sino, además, su apoyo directo al proyecto de
externalización del archivo y, dado el carácter profesional de los
mismos y su composición, SS.SS. tomarán buena nota del contenido de
dichos informes. Además, pese a ser un asunto de organización interna
que no afecta a las condiciones retributivas ni laborales de los
trabajadores, se ha considerado oportuno informar a la junta de
personal. En esta junta de personal hay tres sindicatos que se oponen
al proyecto, frente a otra serie de sindicatos, que refiero a
continuación, que no tienen un planteamiento contrario al proyecto.
Los sindicatos que han manifestado que no tienen un planteamiento
contrario al proyecto son: la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería, el Sindicato de
ATS DUE, la CGT y el CSI-CSIF.
En resumen, se considera, en primer lugar, que la externalización
temporal o definitiva de los archivos de historias clínicas en los
hospitales se inscribe en un proceso ininterrumpido y generalizado
desde más de una década en el ámbito del Insalud; en segundo lugar,
que los mayores hospitales del país han necesitado de esta
contratación externa y la vienen haciendo, entendemos, sin que se
haya producido denuncia alguna por problemas de confidencialidad o de
gestión; en tercer lugar, que un archivo donde permanezcan, por
ejemplo, 500.000 historias clínicas supone el mismo espacio que se
necesitaría para albergar todas las consultas externas para una
población de 360.000 habitantes; en cuarto lugar, que el proceso es
valorado y refrendado por los órganos del hospital, en este caso el
Hospital Doce de Octubre, órganos cuya responsabilidad directa es la
atención al enfermo; en quinto lugar, creemos que está garantizada la
confidencialidad de los datos clínicos a través de los pliegos de
prescripciones técnicas y de los contratos que se suscriben con las
empresas especializadas que resultaren adjudicatarias.
En relación con el interés del Grupo Parlamentario Socialista sobre
las medidas para garantizar la confidencialidad de las historias
clínicas y el derecho a la intimidad de los pacientes de los centros
sanitarios autorizados para la práctica de la interrupción voluntaria
del embarazo, quiero decir a SS.SS. que las medidas han de ser y son
exactamente las mismas que tienen las historias clínicas del resto de
los pacientes que son atendidos en la red asistencial propia
o concertada y que han de ser las derivadas de las leyes que
rigen el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y de las que regulan el tratamiento automatizado de
datos de carácter personal a las que me he referido anteriormente.
Cada centro es responsable de la historia clínica del paciente, de la
confidencialidad de los datos y ha de cumplimentar los mismos de
acuerdo con las leyes vigentes y, en el supuesto de que no lo
hiciera, será exigido por parte del Insalud, como servicio de salud
responsable subsidiario de todas las actuaciones que se puedan
realizar en centros donde por iniciativa de la Administración o por
concierto con la Administración se realice asistencia sanitaria a
cualquiera de los asegurados dentro del Insalud.
Nada más. Quedo a su disposición para aclararles lo que consideren
oportuno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, por las
explicaciones aportadas, que, como no podía ser de otra manera, mi
grupo parlamentario considera claramente insuficientes, sobre todo
porque han bordeado la preocupación fundamental que ha llevado a este
grupo parlamentario a pedir su comparecencia, deteniéndose en
aspectos accesorios.
Hay dos aspectos que quiero resaltar en mi intervención: el primero
es la ilegalidad y presunta inconstitucionalidad de la cesión de la
custodia de datos relativos a la salud y el segundo es la pertinencia
de la privatización de la gestión de los archivos y los datos que
hablan en contra de la calidad del nuevo procedimiento adoptado.
Quiero recordar al señor presidente del Insalud que la Constitución
plantea la protección estricta y concreta del derecho a la intimidad,
estableciéndose en la Ley Orgánica 5/1992, sobre regulación de
tratamiento de datos de carácter personal, en su exposición de
motivos, la necesidad de exigir el consentimiento consciente e
informado del afectado para que sea lícita la custodia o recogida de
datos y que sus contornos, es decir, este tipo de exigencia, se
refuerza singularmente en los denominados datos sensibles, como son,
entre otros, la salud y la vida sexual. La ley refiere una serie de
cautelas para otro tipo de datos relativos a la ideología, etcétera
y, concretamente, en lo relativo a la salud dice: Los segundos
solamente serán susceptibles de tratamiento mediando dicho
consentimiento o una habilitación legal expresa, habilitación que,
según exigencia de la propia ley orgánica, ha de fundarse en razones
de interés personal. Además, en su articulado se insiste en la
necesidad de que los datos solamente sean recabados, tratados y
cedidos cuando, por razones de interés general, lo disponga una ley
o el afectado lo consienta expresamente. Se habla específicamente de
las infracciones de las administraciones públicas: Cuando las
infracciones fuesen cometidas en ficheros de los que sean
responsables las administraciones públicas, el director de la Agencia
de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las
medidas que proceda adoptar para que cesen o se corrijan los efectos
de la infracción. Recuerdo a SS.SS. que existe un convenio firmado en
Estrasburgo para la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos de carácter personal en el que
se establecen categorías particulares de datos, entre los que se
identifican los datos de carácter personal relativos a la salud o a
la vida sexual, especificando que no podrán tratarse automáticamente
o cederse a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas.
La Ley General de Sanidad, en su artículo 10, al referirse a los
derechos de los pacientes, habla, como no podía ser de otra manera,
del derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada
con su proceso, etcétera, e incluso, en el artículo 61, se establece
explícitamente que en cada área de salud deberá mantenerse la
historia clínica sanitaria única para todo el área al menos dentro de
los límites de cada institución asistencial y que estará a
disposición de los enfermos y facultativos que directamente estén
implicados en el diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Por
último, en los hospitales que están dentro de la Comunidad de Madrid
hay también legislación del año 1995 sobre el uso de la informática
en el tratamiento de los datos personales de la Comunidad de Madrid,
en la cual se reitera la necesidad del conocimiento informado de los
pacientes y se establece en su artículo 9 que sólo la ley podrá
autorizar las cesiones de datos de carácter personal que se hicieran
precisas con posterioridad a la recogida de datos.
Como sabe el señor Núñez Feijóo, ha habido denuncias de diferentes
entidades ciudadanas (asociaciones de vecinos, centrales sindicales,
etcétera), tanto al Defensor del Pueblo como a la Agencia de
Protección de Datos, que están en estos momentos tramitándose y que
evidentemente no resuelve el acta de inspección que el señor Núñez
Feijóo ha tenido a bien relatarnos.
Hay un tema básico que no es el de carácter legal, que los tribunales
o las instancias administrativas correspondientes resolverán, y es la
necesidad o la pertinencia de la privatización; me resisto a utilizar
la palabra externalización que además me parece que está mal definida
en el diccionario o por lo menos su adecuación a este tipo de
objetivos. La privatización del archivo de historias clínicas del
Hospital Doce de Octubre no está justificada. Existe, y usted lo sabe
tan bien como yo -no sé si es que pensaba que no habíamos tenido
acceso a esa documentación cuando no la ha mencionado en su
intervención-, una auditoría, solicitada en la etapa de su presencia
al frente del Insalud, que tiene fecha del 2 al 6 de junio de 1997
-desconozco si es la empresa Arthur Andersen la que hace la
auditoría, pero, en cualquier caso, es una auditoría, solicitada por
el Insalud, del Hospital Doce de Octubre-, y usted sabe tan bien como
yo lo que la auditoría identifica como problemas y lo que recomienda.
Evidentemente, identifica como un problema la situación del archivo
de historias clínicas. En concreto, recomienda abordar como tarea de
máxima prioridad la remodelación total del archivo, incluyendo el
soporte informatizado de al menos los informes de alta de cada
episodio de las historias activas con posibilidad de acceso desde los
servicios.
Cuando el Insalud se ha gastado tal cantidad de miles de millones de
pesetas en la informatización de la, valga la redundancia,
información sanitaria, ¿podrá decirme el señor Núñez Feijóo por qué
no se plantea la utilización de esta técnica para limitar el espacio
necesario para el acceso
real y en condiciones adecuadas a los datos? Todos sabemos que hay
pruebas complementarias que son difíciles de informatizar, o que no
se deben informatizar, o que la información que retienen no puede
volcarse exclusivamente en unos datos informáticos, como pueden ser
los datos radiológicos, o los datos electrocardiográficos, pero
existen técnicas como es la del microfilmado y es evidente que los
datos de la historia clínica son susceptibles de tener un tratamiento
informatizado. Continúa diciendo la auditoría que, abordado este
problema, podría resultar innecesaria la contratación del actual
servicio externo, es decir, del ya privatizado, que gestiona parte de
las historias, lo que a medio plazo constituiría una fuente de ahorro
y convierte la resolución del problema del archivo en una inversión
más que en un gasto. Dice en sus conclusiones que se trata de un
archivo muy poco dotado para el volumen del centro, donde la
mecanización existe solamente a nivel de localización de existencia,
entradas y salidas de historias, y también dice que el personal,
señor presidente, para su satisfacción y la mía, tiene experiencia y
motivación por lo que podría abordarse una remodelación total
partiendo de esta base.
Su preocupación lícita y legítima por el ahorro a veces lleva, como
usted sabe bien que este grupo parlamentario ha denunciado, a atentar
contra la calidad de los servicios, y sorprende que cuando se trata
de externalizar -como usted dice-, de privatizar -como digo yo-,
dicha preocupación por el ahorro desaparece y a usted le parece del
máximo interés ceder la gestión del archivo a empresas cuando hay
auditorías externas que dicen que hay base material y de personal y
que la inversión sería un ahorro para que el hospital gestione
directamente el archivo.
He tenido ocasión de consultar con profesionales de hospitales que
tienen sus archivos cedidos a empresas privadas para su gestión y la
realidad es que cuando hay un ingreso de una persona que tiene
historia en el hospital se tarda, como mínimo, 24 horas en que el
médico de urgencias tenga acceso a un documento tan básico para el
tratamiento del enfermo y para la valoración en un servicio de
urgencias como es la historia clínica. En el caso de que el ingreso
se produzca un viernes por la tarde, se tarda 72 horas en tener
acceso real, no lo que dice la cláusula de condiciones, a la historia
correspondiente.
Hay una nota de prensa publicada en un diario médico en la cual el
responsable de Comisiones Obreras del Hospital Severo Ochoa desmonta
las razones, una detrás de otra, que han llevado a la privatización
del archivo de este hospital, incluida la relativa a la explosión
demográfica que se dice que ha tenido la zona sur. Yo creo que
crecimiento de población sí ha habido, pero catástrofes demográficas
no parece que sean las que en nuestro país estén justificando
semejantes decisiones.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTÍN: Sí, voy terminando, señor presidente.
Mi grupo parlamentario tiene la tranquilidad de conciencia y la
autoridad política como para decir, señorNúñez Feijóo, que ha
denunciado con anteriores gobiernos
y con el suyo los procesos de privatización injustificados y que
corresponden a una ola que evidentemente persigue trasladar fondos
públicos a manos privadas, sin que haya ninguna garantía de que se
produzcan mejoras de la calidad sino todo lo contrario. Yo sé que, en
general, la técnica del Gobierno del Partido Popular es decirle al
Partido Socialista y tú más, o, y tú antes. Para este grupo
parlamentario, cuando se producen denuncias, la respuesta es que tú
empezaste mucho antes y además mucho más que yo. Evidentemente, eso
no es una justificación que legitime actuaciones de las que es usted
directamente responsable y que, afortunadamente, montados en la ola
privatizadora del Gobierno del Partido Popular, han tenido mayor
transcendencia en los medios de comunicación, desgraciadamente para
usted.
Quiero preguntarle, señor Núñez Feijóo, si van a tomar alguna medida
que paralice este proceso o van a esperar a que haya decisiones al
respecto en el ámbito administrativo judicial. Quiero preguntarle
también cuál es el motivo para que, entre las instancias del hospital
informadas, se olvidaran ustedes de hacerlo a la junta de personal o
lo hicieran cuando el escándalo ya estaba en el calle. Asimismo,
quiero llamar la atención sobre usted y sobre el resto de los grupos
parlamentarios de la Comisión acerca de los documentos que usted nos
ha leído de la junta técnico-asistencial y me parece que de la
comisión de historias clínicas, que insistían en lo mismo en que
insistía la auditoría: la necesidad de mejorar el archivo y la
gestión de las historicas clínicas y de ninguna manera exigían al
señor gerente del hospital la privatización urgente del archivo de
historias clínicas.
Espero sus respuestas. Si está en condiciones, le ruego que
especifique el nombre de las empresas, si no es posible de todas, al
menos de algunas, que en estos momentos están gestionando los
archivos de historias clínicas de hospitales del Insalud.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: La intervención del señor Núñez, presidente
del Insalud, nos ha trasladado un problema, que es conocido, antiguo
y físico: la ubicación y archivo de las historias clínicas que se van
almacenando en los hospitales. Inmediatamente, él mismo nos ha puesto
en guardia sobre que la solución de este problema, mediante la
privatización de la gestión del archivo de las historias clínicas en
los hospitales, no genera un segundo problema añadido -según él-, que
es el de la vulneración del derecho a la intimidad que todas las
personas tenemos reconocido en la Constitución. Yo creo que hay un
consenso generalizado entre todos los aquí presentes en que la
utilización de los datos sensibles sobre las características
biológicas de las personas, las condiciones físicas, su estado de
salud, pertenece al más estricto ámbito de la intimidad de las
personas. Pues bien, la solución que nos ofrece y que está poniendo
en marcha el Insalud en determinados hospitales para solventar un
problema físico, de metros cuadrados, según ha expuesto el señor
Núñez, a nuestro juicio, vulnera la Constitución. Creemos que se está
vulnerando o se
puede vulnerar la intimidad de las personas. Un problema físico no se
puede solucionar vulnerando, presuntamente, la legalidad, la
Constitución y tampoco se puede amparar nadie en que esto ya se
estaba haciendo, porque las referencias que ha dado el señor Núñez a
la Comisión, salvo que se explique de otra manera, es que los
archivos se habían externalizado, palabra que tampoco me gusta. Esto
es decir eufemísticamente que se gestione privadamente un servicio,
que se había hecho en parte o en todo, aunque no nos ha dicho en qué
consistía esa externalización, y mucho menos los datos de hospitales,
que dice que tiene de referencia, pero sin haber consultado con los
mismos. Estos no son datos de fiar. Se debe decir exactamente en qué
consistía la gestión previa al Gobierno actual y además se consulta
directamente con las autoridades sanitarias de los hospitales en las
comunidades autónomas, pero no se puede venir a la Comisión a decir
que esto lo saben de oídas y además es certero porque tienen unos
amigos allí.
Dicho esto, a mi grupo le interesa resaltar que ninguna de las dos
premisas o justificaciones pueden tapar lo que, a nuestro juicio, ha
creado una alarma social, que es la presunta vulneración de la
intimidad de las personas. La intimidad, señorías, es aquello que
afecta a lo más secreto de las personas, aquello que no puede ser
conocido. También se vulnera esa privacidad, ese ámbito de lo
privado, cuando presuntamente se pueden transferir datos -y de esto
hablaré luego- de aquello que, siendo conocido, puede ser propalado
a ámbitos que no le interesan al propio afectado.
Pues bien, hay nada menos que cuatro leyes que desarrollan la
Constitución, que forman un bloque jurídico sobre el tema de la
intimidad, la confidencialidad y el ámbito privado. Algunas se han
citado aquí: la Ley general de sanidad, la Ley de protección de datos
personales, la Ley del derecho al honor y también existe una Ley muy
concreta, la Ley de prevención de riesgos laborales, que en su
artículo 22.4 dice textualmente: sólo el personal médico y las
autoridades sanitarias podrán tener acceso a la información médica de
carácter personal, sin que se pueda facilitar al empresario u a otras
personas sin el consentimiento expreso del interesado. Esto mismo del
consentimiento expreso del interesado está regado -valga la
expresión- en todos los artículos de la Ley de protección de datos
personales.
Señorías, la historia clínica pertenece al interesado, al paciente.
Hay un dicho en España muy conocido para calificar a las personas que
son retraídas o que no quieren comunicarse o recelan de otras
personas, que dice: este no dice la verdad ni al médico, haciendo
énfasis en ni al médico. Es verdad. Los ciudadanos confían en el
médico, pero no confían en lo que dicen al médico, que puede afectar
a sus familiares, porque la historia clínica no es solamente de un
paciente, sino que en ella se reflejan datos de familiares; los
ciudadanos no confían a terceras personas, empresas u otros entes que
estén gestionando que no sean los profesionales del centro médico los
datos que ha facilitado.
Nos parece que se está vulnerando la ley, la intimidad de las
personas, la confidencialidad, etcétera y no creemos que sean válidas
las justificaciones que se han expresado aquí, tanto las de que ya se
estaba haciendo -si de verdad se estaba haciendo, se estaba haciendo
mal-, como las del espacio físico.
Luego pasa el señor Núñez a explicarnos cómo se realizan los
contratos con las empresas privadas que gestionan los archivos. Nos
dice que sólamente se informatiza el nombre del enfermo. Cuando nos
relata el informe que ha recibido, casualmente anteayer -y subrayo lo
de casualmente-, de la Agencia de Protección de Datos, dice que lo
que se identifica es el número de historia. ¿En qué quedamos? ¿Se
informatiza el nombre del paciente o el número de historia? Aquí algo
falla. Si se está informatizando el nombre del paciente sin su
permiso, se está vulnerando la ley. Ysi se informatiza el número de
historia, señor Núñez, le tendré que decir que también se está
vulnerando la ley porque aquí lo que se está haciendo es una
transferencia de datos a terceras personas sin el consentimiento del
ciudadano, que en ese caso es paciente en un hospital o en una
institución sanitaria.
Nos dice que no ha habido denuncia. Yo creo que esto se lo debería
callar, señor Núñez, porque el uso indebido de los datos personales
que hayan sido conocidos por razón profesional -datos en este caso de
la salud-, sin que éstos lleguen a su divulgación, constituye una
intromisión ilegítima en el honor o en la intimidad de las personas.
Se lo vuelvo a repetir: el uso indebido de esos datos que hayan sido
conocidos por razón profesional constituye en sí mismo una
intromisión ilegítima y sancionable, como establecen las leyes, por
parte de la justicia. Por lo tanto, si no se divulga ese tipo de
actuaciones, no se conocen y no puede haber denuncias. Sin embargo,
tal como ha sido publicado y dicho en medios de comunicación escrita
y en radio, se trata de una empresa multinacional, para más detalles
parece ser que australiana; esta empresa multinacional puede tener
otras empresas filiales en el ámbito de los seguros, en el de la
contratación de trabajadores, empresas de trabajo temporal, puede
tener diversificado su riesgo en otro tipo de empresas. ¿Quién
impide, señor Núñez, que se transfieran datos del nombre del paciente
que se informatiza y, luego, al hacerse un seguro, por tener un
defecto físico, una tara, una enfermedad crónica que no le impida
realizar con normalidad su trabajo, que se le rechace, que se le suba
la cuota del seguro o que se le impida hacer un seguro de vida? Este
es el riesgo real que pueden tener personas corrientes y molientes
como nosotros, cualquiera que pueda acceder a un hospital.
Desde luego, he leído declaraciones muy peregrinas, unas del señor
ministro diciendo que solamente se va a gestionar las historias de
los muertos, que se acumulan y hay que almacenarlas, y de aquellos
que tardan cinco años en acudir de nuevo al hospital; como si tardan
diez, los datos están ahí y el hecho es que las personas están vivas
y en actividad ciudadana, ejerciendo un trabajo y no quieren que se
conozcan esos datos.
Ha habido un precedente, señor Núñez, que es el tratamiento que se ha
pretendido dar a la externalización, también a otra empresa, de la
recogida de datos para los infectados del VIH y los enfermos de sida,
y ustedes han tenido que dar marcha atrás, porque querían hacer la
recogida de datos con nombres y apellidos y conocimiento directo de
los pacientes, y han tenido que introducir códigos de salvaguarda
para que no se conozca directamente a los pacientes. Aquí también van
a tener que dar marcha atrás, esto no puede ser...
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, le ruego vaya concluyendo.
El señor BLANCO GARCÍA: Acabo, señor presidente, solicitándole su
benevolencia para terminar la intervención en dos minutos.
Como ha dicho la diputada portavoz del Grupo Federal de Izquierda
Unida, existen nuevas tecnologías. Ustedes han pedido una auditoría
(y no lo repito porque ya lo ha expresado ella de manera extensa) que
les indica que con esas nuevas tecnologías se pueden organizar nuevos
servicios de archivo de historias clínicas por los que se reduce de
manera infinitesimal el espacio físico. Por tanto, señor Núñez, las
justificaciones que usted ha dado aquí no han calmado nuestra
inquietud sobre lo que puede suponer esta externalización masiva de
historias clínicas. Desde luego no creemos que estén justificadas si
no se ponen en práctica otras medidas que existen y no la tan directa
y fácil como es la privatización.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor Núñez Feijóo, por su
comparecencia ante esta Comisión y por su contestación acumulada
también a la petición de comparecencia que hizo nuestro grupo y que
se ha incluido esta mañana en el orden del día con la generosidad de
los demás grupos, aunque trata, como se ve en su enunciado, de las
mismas cuestiones a las que se han referido los anteriores
intervinientes en esta Comisión, es decir, la noticia que salta a los
medios de comunicación en agosto y septiembre de este año según la
cual nada menos que catorce hospitales del Insalud han privatizado la
gestión de los historiales de sus pacientes, lo que crea, como decía
el señor Blano, una importante alarma social. También tiene un
carácter sorpresivo, es decir, puede que esto se estuviera haciendo
hace tiempo en algunos lugares, lo que todavía hace más grave el
asunto, porque esto se lleva haciendo años, la opinión pública no lo
ha conocido para nada y la Administración actual no solamente no lo
hace público ni interviene al respecto sino que profundiza en lo que
se estuvo haciendo mal posiblemente antes de que llegara esta
Administración del Partido Popular.
Creo que la cuestión, que salta a raíz de denuncias de sindicatos del
Hospital 12 de Octubre de Madrid, va mucho más allá de ese hospital,
por lo que no podemos limitarnos a algo que tenga que ver solamente
con ese hospital. Este asunto afecta a muchos hospitales -usted ha
hecho un relato de hospitales públicos y de hospitales privados-, por
lo que la cuestión va más allá de un hospital, se adopta una
determinada política a ese respecto que, coincidiendo con mis
compañeros y compañera en esta Comisión, contraviene claramente la
Constitución y la legislación actual. Me parece que es lo más grave
de todo lo que está sucediendo.
No es extraño que haya habido protestas, que usted conoce, desde
diferentes ámbitos, pues no solamente hay preocupación en esta
comisión parlamentaria -debe haberla y es nuestra obligación sentirla
así-, sino que hay protestas de sindicatos. Usted ha citado algunos
sindicatos
que no se oponen, pero da la casualidad de que los que sí se oponen
son los que tienen mayor presencia en este país; los sindicatos con
mayor representación se oponen: desde luego Comisiones Obreras y UGT
se oponen claramente a esta privatización de historias clínicas de
los hospitales. Tengo delante unas declaraciones del secretario
general de Comisión Obreras de Madrid donde dice que esto que se
llama eufemísticamente externalización de historiales clínicos es
grave, porque ahí están no solamente los datos personales, como
número de hijos, toxicomanías o enfermedades mentales, sino también
antecedentes familiares y cuestiones que afectan a la intimidad,
hábitos sexuales y costumbres, todos ellos datos útiles para alcanzar
un diagnóstico.
A su vez, la Confederación de vecinos y consumidores critica el
secretismo con el cual el Insalud ha llevado a cabo la privatización
de historiales clínicos en numerosos hospitales. También hay que
tener en cuenta el hecho de que la Agencia de Protección de Datos ha
abierto 493 expedientes a empresas privadas y organismos públicos por
presuntos incumplimientos en la custodia de los datos.
Todo esto hace que la cuestión tenga una enorme importancia.
Seguramente estamos asistiendo a uno de los mayores atentados a la
initimidad que se han producido en este país y a una de las mayores
vulneraciones de la intimidad en cantidad y en calidad, vulneraciones
difíciles de conocer. Usted dice que no ha habido protesta, que no ha
habido denuncia, y ahí radica precisamente la importancia de defender
la intimidad frente a la utilización indebida de las tecnologías de
la información porque, a diferencia de la vulneración de otros
derechos fundamentales, en este caso la víctima no se entera de que
es víctima. Ésa es sin duda la mayor vulnerabilidad, la mayor
indefensión que hay ante las técnicas de informatización. Estoy
convencido de que la inmensa mayoría, el 99,9 por ciento de los
pacientes cuyos historias clínicas ya no están en el hospital sino en
otro sitio, no tiene ni la menor idea de que están en otro sitio.
Desde luego, no tuvieron oportunidad de oponerse a ello porque, por
definición, estas cosas tienen un carácter secreto, y nadie sabe de
esos datos ni si esos datos tienen errores, porque a nadie se
comunica los avatares de esos datos.
Yo quisiera centrarme, señor presidente, en el elemento de
vulneración de la legalidad, flagrante, que se produce en este caso,
con los datos seguramente más íntimos de las personas. Probablemente
no haya violación más grave a la intimidad que la que se produce en
relación con los datos sobre la salud. Por tanto, es lo que hay que
proteger con más cuidado y respecto de lo que se deben cometer menos
imprudencias. Las autoridades públicas y los hospitales públicos
sobre todo deben tener un especial cuidado en no vulnerar la
legalidad y la intimidad cuando estamos, nada menos, ante los datos
personales relativos a la salud. Estoy convencido de que si a la
inmensa mayoría de la gente le dan a elegir entre lo que no querrían
que se supusiese sobre su vida privada, seguro que empezarían por los
datos relativos a su salud. Es lo más íntimo para una persona. Por
eso la ley establece, y no por casualidad, especiales garantías.
Fíjese, señor Núñez Feijóo, que la ley vigente a la que ha hecho
alusión en términos genéricos de cumplimiento, la llamada Lortad, Ley
de ordenamiento de datos, es obsesiva
en cuanto a la prohibición del tratamiento automatizado de los datos
relativos a la salud, salvo autorización personal. El artículo 7.3 de
la Lortad lo dice con toda claridad: los datos de carácter personal
que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual
sólo podrán ser recabados, tratados automatizadamente y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente. Es muy contundente lo que dice la
Lortad.
El artículo 11.2.f) dice: Será posible la cesión de datos relativos a
la salud cuando sea necesario para solucionar una urgencia (una
urgencia) o para realizar determinados estudios epidemiológicos, en
el sentido del artículo 8 de la Ley General de Sanidad. Por tanto, el
tratamiento automatizado de datos está absolutamente prohibido, salvo
autorización, y la cesión también está absolutamente prohibida.
Es verdad que la Ley orgánica de Regulación del tratamiento
automatizado de datos tiene una excepción a la cesión y, como hay que
ser absolutamente honestos a la hora de dar argumentos ante esta
Comisión, conviene decirlo. La Lortad en el artículo 27 dice que en
la prestación de servicios de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal por cuenta de terceros (que sería este caso) hay
una serie de garantías como la de que no podrán aplicar o utilizar
los obtenidos con fin distinto, y los datos de carácter personal
serán destruidos una vez cumplida la prestación contractual; por
tanto, admite la posibilidad de prestación de servicios del
tratamiento automatizado de datos de carácter personal. La Lortad
admite la famosa externalización en el artículo 27, pero hete ahí que
la admite sólo para ficheros de titularidad privada, nunca para
ficheros de titularidad pública. El artículo 27 figura en la Lortad
dentro del capítulo II, ficheros de titularidad privada. Precisamente
por eso el Grupo Popular ha querido solucionar esta limitación, que
para él es que sólo sea posible este tratamiento externalizado en
ficheros de titularidad privada, con un nuevo artículo que introduce
en un proyecto de ley que está en esta Cámara y que se va a discutir
pasado mañana en el Pleno, que es la nueva ley de protección de datos
que propone este Gobierno. El Gobierno introduce algo parecido a la
prestación de tratamiento automatizado de datos por terceros en el
artículo 12 del proyecto, en la parte general, cuando se refiere al
acceso a los datos por cuenta de terceros; dice: No se considerará el
acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario
para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. Ni
siquiera con este artículo ustedes podrían haber hecho lo que han
hecho, porque de las anteriores intervenciones ha quedado claro que
no es necesario o por lo menos es discutible que sea necesario hacer
esto para que se produzca el servicio médico, para que se dé un
adecuado tratamiento médico que es, en definitiva, el objetivo de los
hospitales.
El Grupo Popular ha tenido que introducir esto en un artículo de la
parte general porque, tal como está ahora mismo la ley, eso es
imposible con ficheros de titularidad pública, luego la violación de
la legalidad es absolutamente clara y, si hubiera alguna duda al
respecto, ustedes tendrían que haber consultado. Es absolutamente
temerario que esto se haga sin una consulta a la Agencia de
Protección de Datos sobre un plan general de externalización -estoy
utilizando
su palabra, no la mía, que sería más bien la de privatización- y sin
consultar a los interesados, que por supuesto no se ha hecho para
nada.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego vaya terminando.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Ya voy terminando, señor presidente.
No tiene sentido que ustedes hayan hecho esto sin haber hecho una
consulta -que entiendo que no debe haberla- a un supuesto plan de
privatización.
Termino rápidamente proponiéndole conteste a estas preguntas que
expongo. Primera, ¿tienen un plan global para la gestión de la
historia clínica en el Inslaud, o se trata de una cuestión a salto de
mata que se hace según le parece a un hospital? Segunda, ¿tienen
algún plan de informatización de las historias clínicas en el
Insalud? Tercera, ¿en algún momento tuvo el Insalud algún plan de
inversiones para estas cuestiones? Cuarta, dejando claro que la
historia clínica de una persona es un proceso clínico asistencial de
primer orden, con datos sensibles para la intimidad, ¿por qué nos
enteramos ahora de eso que usted llama externalización? Quinta,
suponiendo que hayan valorado estas cuestiones anteriores, ¿qué
controles efectúa el Insalud para exigir la confidencialidad de los
datos, teniendo en cuenta que si no estaría violando el espíritu y la
letra de la Lortad? Por cierto, nuestro grupo ha pedido los
contratos, no los pliegos a los que ha hecho usted alusión, donde
deben asegurarse esas supuestas seguridades, valga la redundancia,
porque no basta con los pliegos; hace falta saber cómo se asegura esa
confidencialidad en los contratos concretos. Sexta, por último, ¿por
qué se trasvasa dinero público a entidades privadas, teniendo
recursos en el Insalud para estos trabajos? No estamos ante un
proceso encubierto de privatización, pero ¿por qué se ha hecho esto
sin la autorización de la Agencia de Protección de datos y sin
autorización de los interesados? No es suficiente una esporádica
inspección que usted ha citado, con lo cual ya nos hemos dado cuenta
de que no ha habido autorización previa
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Intervengo para fijar la posición de nuestro
grupo parlamentario en relación con la comparecencia del señor
presidente del Insalud, que es ya habitual en casi todas las
reuniones de la Comisión de Sanidad, para dar cumplida respuesta de
la acción de gobierno en el Insalud.
Debatimos hoy tres peticiones de comparecencia y todas ellas tienen
que ver con un tema concreto: las historias clínicas y su archivo. No
es un tema nuevo, ha venido ya varias veces al Parlamento hace
bastantes años y tiene un doble enfoque. Hace unos cuantos años todos
los profesionales sanitarios, los médicos de los hospitales públicos,
los gerentes y los responsables, hablábamos del caos de las historias
clínicas -y aquí hay sanitarios y médicos que lo conocen porque lo
han vivido- en relación con los distintos
servicios, las historias clínicas almacenadas en los distintos
departamentos, la imposibilidad de que el médico de urgencia o no el
de urgencia, pudiera llegar a esas historias clínicas y pudiera
consultar en ellas los antecedentes de otras visitas del paciente al
hospital. Toda la sociedad reclamó en aquella época un cambio y una
mejora y modernización en el sistema de recogida de datos de las
historias clínicas, de su archivo y siempre con una doble cualidad:
que se garantizara la seguridad y la confidencialidad de los datos.
Se hicieron esfuerzos económicos y el Gobierno, dentro de la
legalidad, hizo mejoras en los archivos de las historias clínicas y
planteó; dentro de la Ley General de Sanidad y del Sistema Nacional
de Salud, algunos criterios que debían cumplirse en la plasmación de
esas historias clínicas, en la informatización de las mismas y en el
control del archivo que guardaban esas historias clínicas, y se
tomaron medidas gracias a la presión de los profesionales y también
de este Parlametno.
Hoy, unos cuantos años después, vemos el fruto de aquellas medidas.
Se externalizaron, se informatizaron, se modernizaron los archivos de
las historias clínicas y gracias a ello pudo mejorarse el
procedimiento de su archivos. Hoy continuamos con aquel procedimiento
que entendíamos (y que la experiencia demostró, como ha dicho muy
bien el presidente del Insalud) que era bueno, y continuamos en la
misma línea de bondad para mejorar la asistencia sanitaria que, a fin
de cuentas, es la responsabilidad del que gobierna.
No parece muy congruente decir, si se hizo entonces, se hizo mal. Por
tanto, cambiamos. No, se hizo bien y se hizo bajo la legislación
vigente, y se hizo con todas las garantías de la jurisprudencia.
Pensar que el archivo de las historias clínicas, esos documentos tan
importantes como han recalcado los distintos portavoces, su custodia,
se hace mejor en un habitáculo público o en un habitáculo privado, es
un tema que me parece que escapa a toda racionalidad. Discutir que
esto es, una vez más, una faceta de la pretendida privatización que
pretende el Gobierno del Partido Popular, me parece que es además una
falacia.
Creo que el presidente del Insalud ha hecho una exposición donde se
han marcado perfectamente los objetivos que se persiguen con estas
medidas, que han sido avaladas, en su aspecto positivo, por la
experiencia; ha argumentado razones de peso para llevarlas a cabo y,
además, ha garantizado la especialización de las empresas,
manteniendo siempre esos dos criterios que todos los grupos
compartimos, que no son otros sino la seguridad y la confidencialidad
de los datos.
El señor PRESIDENTE: El señor Núñez Feijóo, cuando quiera, puede dar
respuestas a las distintas intervenciones de los grupos
parlamentario.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Voy a intentar, si les parece, dar una respuesta lo más
sistemática posible a las cuestiones que han referido sus señorías.
Sin duda estamos ante un debate, si me permiten, que yo calificaría
como el debate de la confusión, porque unacosa es lo que se hace y
otra es lo que ustedes dicen que se
hace, y son cuestiones sustancialmente distintas. No voy a decir lo
que está haciendo el Insalud. Voy a decir lo que dice la Agencia de
Protección de Datos que están haciendo las empresas especializadas en
el tratamiento de los archivos, y lo voy a decir literalmente
conforme al acta: La unidad de archivo es la propia historia clínica.
No se automatiza ninguno de los datos de los documentos obrantes en
el interior de los sobres. Y recalca: El fichero único que existe en
estas empresas es el que registra el número de la historia clínica,
sin identificar el nombre del paciente al que pertenece.
Ustedes han intentado trasladar lo que es ordenar una historia, meter
todos los documentos, duplicados o no, que existan en esa historia en
un único sobre con un número de la historia clínica, que es lo único
que se informatiza y decir que esto significa tratar los datos de la
historia clínica y que esto puede significar ceder los datos de la
historia clínica.
Señorías, creo que esto no es un buen servicio a la sanidad pública
en nuestro país, y quiero decirlo de una forma absolutamente
contundente: no es un buen servicio a la sanidad pública de nuestro
país enterarnos de que la mayoría de las historias de los
alicantinos, de los valencianos, de los bilbaínos, de los
malacitanos, de los granadinos o de los madrileños, puedan estar
siendo tratadas e incluso puedan estar cediéndose esos datos a
empresas con intereses en el sector. Vuelvo a insistir, señorías, que
una cosa es el cumplimiento escrupuloso de una única historia por
paciente, la inevitable necesidad de tener esa historia
permanentemente a disposición de los facultativos, y otra cosa es
intentar decir que lo que se persigue es tratar automatizadamente los
datos que contiene la historia y, a lo mejor, ceder esos datos a
terceros.
Lo que prohíbe la Lortad es justamente esto: tratar automatizadamente
los datos y, por supuesto, ceder esos datos a terceros. Cosa que en
ningún caso está haciendo el Insalud y que en ningún caso admitirá
que se haga en ninguno de los archivos de alguno de sus hospitales
que pueda estar externalizado. Cosa que estoy convencido de que ni
las autoridades andaluzas ni las catalanas ni las gallegas ni las
valencianas van a permitir. Estoy convencido de que nadie del sector
sanitario público va a permitir que se utilice un dato o que se
traten informatizadamente datos que sólo corresponden al personal
médico, como el diputado y portavoz, en este caso, del Grupo
Parlamentario Socialista ha dicho de forma muy clara. Solamente el
personal médico tiene derecho y solamente a él le corresponde el
acceso a la información que se contiene en la historia clínica. En
ningún caso una empresa, por muy especializada que esté, con
independencia del sector que esté y con independencia de que en el
archivo de historias clínicas en ese hospital trabajen personas de
ese hospital, en ningún caso una persona que trabaja en un archivo en
un hospital público tiene derecho a acceder a la historia clínica,
solamente lo tiene el facultativo. Esto ocurre así, ya sea dentro del
espacio del hospital o fuera del espacio del hospital.
Por tanto, señorías, nosotros, como no podía ser de otra forma, nos
comprometemos a cumplir taxativamente la legalidad vigente, la que
fuere, la que ustedes aprueben en el momento en que lo consideren
oportuno, y dejen ustedes a la Agencia de Protección de Datos que
haga juicios de valor sobre si lo que se está haciendo en este
momento es
correcto o incorrecto. Porque decir desde estas tribunas que lo que
se está haciendo en la mayoría de los grandes hospitales de nuestro
país desde hace diez, ocho, nueve, siete, seis o cuatro meses es
ilegal, es tanto como ser juez y parte y espero que SS.SS. no puedan
trasladar fuera de este recinto que es inconstitucional, ilegal y,
por tanto, se está tratando informatizadamente la documentación que
aparece en las historias, e incluso se ha llegado a decir que se
pueden ceder esos datos a terceros. Creo que esto es especialmente
grave y que SS.SS. en modo alguno pueden permitir que algún ciudadano
dude de que lo que están haciendo estas empresas es adueñarse de su
historial clínico e incluso algunas de éstas podrían ceder estos
historiales a terceros.
Insisto, señoría, en que los contratos y los pliegos de condiciones
dicen exactamente cuáles son las obligaciones de las partes, y todas
las empresas en nuestro país, públicas o privadas, están sometidas al
ordenamiento jurídico del Estado español, y el Estado español prohibe
de forma taxativa este tipo de utilizaciones, y por eso dejamos
perfectamente claro, y la Agencia de Protección de Datos lo confirma,
que lo que se está haciendo no es, en ningún caso, procediendo a la
automatización de datos, y en ningún caso, como es natural,
procediendo a la utilización de esos datos. Esto no lo digo yo. Esto
lo recogen los medios de comunicación en boca del director de la
Agencia de Protección de Datos que leo textualmente: El hecho de que
empresas privadas especializadas traten informáticamente y gestionen
los antecedentes de salud de millones de pacientes es completamente
legal, siempre y cuando no cedan luego dichos datos a aseguradoras u
otras instituciones que puedan utilizarlos. Esto es lo que dice el
director de la Agencia de Protección de Datos que es, insisto, el
órgano competente en velar por la intimidad de los datos de todos los
ciudadanos españoles, y creo que hacer juicios de valor sobre este
aspecto es un flaco favor, insisto una vez más, al servicio sanitario
público de nuestro país.
Yo no sé si la junta técnico-asistencial o la comisión de historias
clínicas del Hospital 12 de Octubre son igual de irresponsables como
parece ser que pueden ser los dirigentes, y en este caso el
presidente del Insalud. Estoy convencido de que no, y estoy
convencido de que cuando la junta técnico-asistencial no dice lo que
usted dice, señoría, sino que se lleve adelante el proyecto de mejora
del archivo externo de las historias clínicas, está diciendo lo que
quiere decir, y en la junta técnico-asistencial están los médicos, la
enfermería, los jefes de departamento y jefes de servicio que han
sido democráticamente elegidos entre sus compañeros. Y el presidente
de la comisión de historias clínicas, que supongo que será un
profesional cuya misión en el hospital es velar fundamentalmente por
la intimidad de las historias clínicas, cuando apoya este proyecto
supongo que no estará pensando que es un proyecto ilegal,
inconstitucional, y que de aquí se va a derivar que sus pacientes van
a perder la intimidad de sus datos y que él es corresponsable de este
atentado contra la intimidad de los datos de los pacientes.
Señora Maestro, era evidente que iba a salir la privatización, como
es natural, lo que ocurre es que este debate está empezando ya, en mi
opinión, a cansar a los ciudadanos, y quizás los ciudadanos lo que no
pueden es pensar que no estamos hablando en serio de temas
importantes. Yo no sé si usted cree en la autarquía hospitalaria. Yo
no sé si
usted cree que los hospitales deberían tener panaderos, guardias de
seguridad, jardineros, carniceros, estoy convencido de que no. ¿Pero
es importante o no que en un hospital todas las dietas que van a las
plantas todos los días estén perfectamente controladas y los
alimentos correctamente manipulados? Sin embargo, el 99 por ciento de
los hospitales de este país han externalizado su servicio de
alimentación. Señoría, de seguir por estos derroteros, sin duda
podremos hacernos las siguientes preguntas: ¿es razonable que una
empresa privada realice todos los productos farmacéuticos que existen
en el mundo? O dicho de otra forma: ¿es razonable que el sector
público no sea el que investigue y establezca las moléculas y, por
consiguiente, sea el sector de la farmacia de todo el mundo? ¿Es
importante que la alta tecnología, con la que puede morir un paciente
o la que puede producir daños irreversibles, como un acelerador
lineal, esté en manos de empresas privadas y que, para obtener el
lucro que evidentemente obtienen las empresas privadas, hagan
aceleradores lineales incorrectos o resonancias nucleares magnéticas
de mala definición? ¿Este es el debate que interesa a los ciudadanos?
Señorías, créame, a los ciudadanos no les interesa este debate, lo
que sí les interesa es tener un servicio sanitario público,
universal, equitativo y que trate a todos por igual, con
independencia de su renta o de su origen.
Recuerdo, señoría, acusaciones de privatización a las que usted se
refiere con frecuencia. Usted ha dicho en distintos foros que la ley
de fórmulas de gestión es una privatización del sistema. Creo que eso
en ningún caso se puede considerar, salvo que el sistema sanitario
público español esté ya privatizado. Sé que le molesta hablar de la
privatización. A mí no y, por consiguiente, cada vez que salga el
debate no habrá dificultades para hablar sobre estos asuntos.
Señor Blanco, yo agradezco el tono de su intervención. Empieza usted
diciendo que el problema de los espacios físicos en los hospitales es
ya antiguo y conocido. Estoy absolutamente de acuerdo con usted.
Hemos dicho que el espacio adecuado para mantener en condiciones de
dignidad el archivo del 12 de Octubre, uno de los mayores hospitales
de nuestro país, es igual a toda la superficie de hospitalización
médica y quirúrgica que estamos construyendo para un hospital del
sur, en este caso para el hospital de Fuenlabrada. Por consiguiente,
la prioridad es espacios para la asistencia sanitaria directa a los
pacientes, y otras prioridades, entre las que puede estar el archivo
y otros menesteres del hospital, también han de ser reflejadas, pero,
como es lógico, una vez solventada la prioridad de la asistencia
sanitaria.
Señoría, ya no estamos de acuerdo en decir que si se estaba haciendo
se estaba haciendo mal. Yo creo que es difícil venir después de diez
años y decir que lo que estaba haciendo un Gobierno, si se estaba
haciendo, se estaba haciendo mal, porque no solamente se estaba
haciendo, es que se está haciendo. No es un problema de pasado, es un
problema de presente. Los hospitales a los que me refiero son
hospitales gestionados por otros gobiernos, que también coinciden en
que en determinados casos en que las razones lo justifican, el
archivo se puede tener físicamente fuera del hospital, siempre que se
garantice, como es natural, que no hay un tratamiento automatizado de
los datos y
que no se están cediendo los datos, que es lo que exige, con buen
criterio, nuestra legislación aprobada por sus señorías. No se
informatiza el nombre del paciente, señoría, el único fichero (he
dicho) informatizado es el del número de historia. Otra cosa es que
se ponga el número del paciente con código de barras en los sobres.
Pero lo que informatiza la empresa, según la inspección de la
Agencia, es el número de historias.
Señorías, es evidente que las empresas pueden tener intereses y que
pueden delinquir; es evidente que cualquier organización, cualquier
persona física puede cometer delitos, pero de eso a decir que la
externalización del archivo va a conllevar ael que las empresas que
lo gestionen estén delinquiendo, es una afirmación que seguro que
usted no comparte y que hemos de medir de una forma muy clara. Porque
lo que ha hecho el Insalud y los demás servicios de salud lo están
haciendo otros organizaciones del Estado. ¿Ustedes creen que los
sumarios judiciales no tienen, no sé si más, pero cuando menos igual
importancia que las historias clínicas? Pues con la información que
tenemos le puedo asegurar que la Audiencia Nacional o el Tribunal
Supremo tienen externalizada parte de sus archivos. ¿Eso atenta
contra la intimidad? Señorías, la máxima instancia jurisdiccional de
nuestro país entiende que por tener un sumario secreto o todo el
sumario judicial de un acto no está considerando que se está
rompiendo la Lortad que regula este asunto.
Decía el diputado López Garrido que llevamos años sin saber esto.
Pues quizá llevemos años sin saber esto porque no se publica en el
BOE o porque no se leía el BOE, porque el último concurso del
Hospital 12 de Octubre se acredita que sale en el Boletín Oficial del
Estado en 1992. Por tanto, no nos hemos enterado en julio, agosto o
septiembre de lo que estaba ocurriendo. El Insalud no ha actuado con
ningún secretismo. La diferencia entre la actuación del 12 de Octubre
antes y ahora es muy clara, y es que ahora se publica en el Boletín
Oficial del Estado el concurso público y antes, hasta el año 1992, no
se había publicado, a pesar de que se venía haciendo de forma
ininterrumpida desde el año 1988. Vuelvo a reiterar, señor López
Garrido, por lo menos para que conste en acta, que no se está
haciendo un tratamiento automatizado de datos ni se están cediendo
los datos, que es la preocupación, que comparto, de la señoría del
Grupo Mixto. Si esto fuera así, evidentemente las empresas no
estarían ajustadas al contrato ni al pliego y estarían incumpliendo
la Lortad.
Por último, señorías, voy a intentar responder, de una forma lo más
concreta posible, a las preguntas que se han planteado. En cuanto a
si pensamos paralizar la externalización del 12 de Octubre,
evidentemente que no. Desde luego, a lo que sí nos comprometemos es a
que si alguna autoridad, la Agencia de Protección de Datos o
cualquier otra, nos dice que lo que hacemos no es correcto, por
supuesto cumpliremos taxativamente lo que se nos diga, pero decir
ahora que lo que venimos haciendo desde hace diez años no es
correcto, es decirle a las personas que llevan sus historias clínicas
externalizadas desde hace diez años que alguien les ha tomado el pelo
o que lo que está haciendo el Insalud, antes y después, no es serio.
Yo creo que lo que hacía el Insalud antes y después es serio. Por
consiguiente, vamos a seguir con este planteamiento, salvo,
insisto, que la Agencia o cualquier otra autoridad nos proponga
modificar, en todo o en parte, las cuestiones que aquí se concretan.
Desde luego, el futuro de las historias, señora Maestro, pasa por la
microfilmación sin duda. Por si tiene interés, le diré que la
Fundación Hospital Alcorcón tiene microfilmadas las historias. Es un
buen ejemplo y lo digo porque estoy seguro de que usted siempre
quiere tener datos actualizados de la fundación Hospital de Alcorcón.
La empresa que conozco (no he pedido más información, pero no tengo
ningún inconveniente en hacerlo) sobre la que la Agencia de
Protección de Datos ha girado visita es Documentalia. Si quiere tener
una relación de empresas que puedan tener contratos en el ámbito del
Insalud, como es natural, estoy a su disposición para dársela.
Respondo a las preguntas concretas del señor López Garrido. Pregunta
si tenemos un plan de informatización de las historias clínicas. Sí;
el problema es que de los planes de informatización a los que estamos
comprometidos éste no ocupa un lugar prioritario por las cuestiones
que he mencionado. Pregunta asimismo si tenemos un plan de
inversiones. Por supuesto, el plan de inversiones del Insalud, en los
últimos tres años, ha crecido un 72 por ciento y el personal del 12
de Octubre lo sabe. ¿Por qué nos enteramos ahora de la
externalización? Es muy difícil contestar al señor López Garrido,
porque esta externalización viene haciéndose, como digo, desde hace
once años en el mismo hospital. Controles de garantía y de
confidencialidad. Absolutamente, nos comprometemos a que haya los
controles de garantía y confidencialidad que proceden.
Estas eran las preguntas que hacía el señor diputado que por
cuestiones de agenda no puede estar presente, aunque creo que está en
otra sala. Entiendo que ha de proceder su contestación para que
conste en el «Diario de Sesiones.» (La señora Maestro Martín pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿para qué solicita la palabra?
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente, porque hay algunas
inconcreciones en la intervención del señor Núñez Feijóo; hay
ausencia total de respuesta a una de las partes fundamentales de mi
intervención, basada en las recomendaciones de la auditoría. Luego,
el señor Núñez Feijóo se ha extendido en aspectos que tienen que ver
con la autarquía, el sistema farmacéutico privado, que evidentemente
salen fuera del contenido de la solicitud de comparecencia que usted
ha tenido a bien no interrumpir, pero que evidentemente me obligan a
responder.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, en cuanto al último
planteamiento que hace, usted ha sido la que ha hablado de
privatización con unos argumentos y el señor Núñez Feijóo ha
replicado con los que ha estimado oportunos para replicar a su
intervención.
Le doy un tiempo de tres minutos para realizar las aclaraciones
puntuales a las que usted se ha referido. (El señor Blanco García
pide la palabra.)
Señor Blanco, ¿a qué efectos?
El señor BLANCO GARCÍA: Señor presidente, yo le rogaría también un
par de minutos para poder puntualizar algunas cuestiones sobre las
que no he sido respondido o sobre las que he sido malinterpretado en
la exposición.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: En relación con la respuesta del señor
Núñez Feijóo, quiero decirle que en estos momentos hay denuncias ante
las instancias judiciales correspondientes, hay miles de denuncias
según un modelo que tengo en las manos y que corresponde a la
federación regional de asociaciones de vecinos y que sobre las que la
Agencia de Protección de Datos se pronunciará.
Hay otras leyes, no solamente la Lortad, como he mencionado en mi
intervención, que hablan de la necesidad de que los datos estén
protegidos, en sobre abierto, en sobre cerrado, porque en las leyes
no se especifica, sólo se dice que los datos no deben salir del poder
de las autoridades sanitarias correspondientes. Usted no ha
mencionado para nada uno de los elementos fundamentales. Sobre lo que
está sub iudice la justicia dirá, pero qué dice S.S. sobre la
justificación política, la justificación administrativa de la
privatización de la gestión del archivo, cuando hay una auditoría
pedida por ustedes en el año 1997 que recomienda un tratamiento
concreto dentro del hospital, que incluso señala que eso se va a
traducir en un ahorro que hará innecesaria la privatización anterior.
Señor Núñez Feijóo, yo le pregunto directamente qué está haciendo
usted con el dinero público. Primero pide una auditoría de la que
usted no hace ningún caso y, en segundo lugar, desoye lo que
supuestamente organismos expertos recomiendan que haga; justo cuando
le recomiendan que lo mantenga en manos públicas y cuando, además,
insisten en que eso es un ahorro. ¿Por qué, señor Núñez Feijóo, en
contra de un informe técnico reciente y solicitado por ustedes, usted
lo privatiza, cuando los datos aconsejan que mejore y desarrolle ese
archivo con los recursos humanos propios del hospital? ¿Cuál es la
justificación? ¿Qué hace con el dinero público, señor Núñez Feijóo?
Yo le digo que las cosas ocurren. Hay denuncias judiciales de
personas que han tenido accidentes, que han sido atendidos por
servicios sanitarios y que han recibido cartas de aseguradoras que
hacían referencia al conocimiento concreto del accidente producido.
Eso es lo que ha sucedido. Parece que a usted le da lo mismo lo
público que lo privado. Amí, no. Hay hechos bien concretos, como es
el que nos ocupa, que las leyes se han preocupado de proteger porque
es material extremadamente sensible.
Ha hecho usted mención al servicio farmacéutico. ¡Claro que no da lo
mismo lo público que lo privado! Por ejemplo, la Organización Mundial
de la Salud recomienda a todos los países que los medicamentos
estratégicos sean fabricados nacionalmente y por empresas públicas
para que no pase lo que sucedió con el contagio del sida a los
hemofílicos, porque da la casualidad de que los temas de salud son
especialmente sensibles y que cuando hay intereses económicos
concretos de por medio se prioriza el beneficio económico en
detrimento de la seguridad y la calidad de la atención. No tengo nada
contra empresas privadas que
fabrican determinados productos de consumo, pero hay aspectos de la
vida, como es la salud, que es una irresponsabilidad situarlos en
manos que priorizan la obtención de beneficios privados en detrimento
de la preocupación por la salud de los ciudadanos, que le corresponde
a usted, señor Núñez Feijóo.
Por otro lado, quiero decir...
El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento, señor presidente.
Deduce de una inspección de una empresa, realizada a toda prisa hace
unos días, como ha señalado bien el señor Blanco, para tener un
argumento que exponer en esta comparecencia que el tema está bien
resuelto. A los hechos me remito. No es un argumento de autoridad el
que usted ha señalado con toda profusión destacando la cantidad de
servicios sanitarios afectados por el tema que me ocupa, que, en el
más perfecto castellano, señor presidente, señor Núñez Feijóo, se
llama privatización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Con el mismo tono que antes agradecía el
señor Núñez mi intervención, le diré que se lo agradezco, es mi
manera de expresar mis diferencias políticas con otras personas.
Lo que no podemos admitir, señor Núñez, es que quiera achacar a los
miembros de esta Comisión, de manera generalizada, que estamos
haciendo un mal servicio a la sanidad pública, palabras textuales que
he oído de su boca. Tal parece que seamos nosotros los que hemos
decidido esta cuestión de las historias clínicas. La diferencia entre
el año 1988 y la actualidad es que hay por medio una ley que se llama
Ley de tratamiento de datos, que es de 1992. Insisto, usted nos ha
hablado del almacenamiento parcial del archivo, por eso no ha querido
ahondar en esa cuestión.
Le he puesto ejemplos anteriores porque esto tiene precedentes. Le he
hablado del VIH y hemos tenido debates en esta Comisión y en el Pleno
con el señor ministro sobre la utilización del TAIR y las posibles
consecuencias en la vulneración de la intimidad que tenía esa
terminal de ordenador, donde salen los datos en las recetas que luego
gestiona el Consejo de Colegios farmacéuticos.
Después de decirnos que estábamos haciendo un perjuicio a la sanidad,
que estábamos creando alarma social, han tenido que modificar la
orden ministerial por la Orden Ministerial de 19 de enero de 1999.
Han tenido que modificarla porque la Agencia de Protección de Datos
les ha dicho que eso vulneraba la intimidad. Sí, señor Núñez. Le voy
a enseñar la prueba. La prueba son estas recetas. Su señoría no puede
decir que los diputados de esta Comisión -o los diputados del Grupo
Socialista, como se nos dijo en el debate sobre el TAIR- generábamos
alarma social y que esos datos los iba a gestionar una entidad muy
profesional, de lo cual yo no dudo, que es el Consejo General del
Colegio de Farmacéuticos. Estas recetas constituyen el antes y el
después. En cuanto
al antes, usted verá que la parte de abajo de esta receta está en
blanco; en cuanto al después, según les ha dicho la Agencia de Datos
la receta dice: En cumplimiento del artículo 5.o de la Ley 5/1992 -la
Ley de protección de datos personales- se informa -al paciente- de
que los datos de la receta van a ser incorporados al fichero gestión
de la prestación farmacéutica para la gestión y control de la misma,
cuyo órgano responsable es el Insalud. (Parece mentira que usted se
extrañe cuando le he enseñado la receta.) La posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse
a través de las gerencias de atención primaria del Insalud. La
Agencia de Protección de Datos les ha obligado a poner esto, una vez
que ustedes dijeron que nosotros generábamos alarma social, que
estábamos equivocados y que no se vulneraba nada. Pero esto tampoco
resuelve el problema, señor Núñez, porque lo que dice la ley es que
tiene que ser con el consentimiento expreso del afectado. Esto no es
un consentimiento expreso, es como lo que se recoge en las cajetillas
de tabaco: La Dirección General de Sanidad dice que puede producir
cáncer, ppero aquí no hay ningún consentimiento expreso del afectado.
Nos seguimos ratificando, señor Núñez. Independientemente de que en
el año 1988 no se estaban haciendo las cosas como ustedes ahora y de
que era otro el sentido del almacenamiento de las historias, hay una
ley, del año 1992, que hay que cumplir y que es donde se genera el
acerbo general de todas las leyes que afectan a la intimidad.
No podemos admitir que la intervención de los diputados del Grupo
Socialista, en concreto la mía, pueda generar ninguna alarma que vaya
en perjuicio de la sanidad pública, sino todo lo contrario. Estamos
velando por la seguridad de los ciudadanos, por su intimidad, por su
privacidad, por su confidencialidad y, en definitiva, por resolver un
problema de espacio que, efectivamente, existe en los hospitales, sin
generar otro problema cual es el de vulnerar la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede contestar el señor Núñez
Feijóo.
El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Núñez
Feijóo): Señorías, muy brevemente.
Señora Maestro, en ningún caso obviamos los debates de las
auditorías. Me parece bien que cada vez le haga S.S. más caso a las
auditorías, a pesar de que, como dice, es una empresa evidentemente
privada la que la ha hecho. Como usted tiene la auditoría completa yo
le puedo decir cuáles son las prioridades que se han adoptado en el
hospital 12 de Octubre a raíz de esa auditoría y del cambio de
gobierno desde el año 1996. Las prioridades han sido las siguientes:
adquirir cuatro tacs, dos aceleradores lineales, la segunda
resonancia y la cuarta ganmacámara, importe 1.100 millones de
pesetas; equipamiento electrónico y electromédico, 937 millones de
pesetas. Hasta hemos tenido que cambiar todos los ascensores porque
tardaban más de un cuarto de hora en subir a las plantas. Fíjese en
las prioridades. Hemos remodelado, por un importe de 250 millones de
pesetas, las urgencias pediátricas, la ampliación de la farmacia, la
anatomía patológica, el banco de cordón de consultas de cardiología,
la oftalmología, la radiología pediátrica y la segunda sala de
hemodinámica. Y ahora estamos enfrascados en otro proyecto que
consiste en incrementar la superficie hospitalaria del 12 de Octubre
en 30.000 metros cuadrados, por un importe de 5.500 millones de
pesetas, porque necesitamos locales de consulta, porque necesitamos
locales para tratamientos, porque necesitamos locales para todo el
ámbito ambulatorio del hospital y porque no los tenemos. En
consecuencia, inversiones de más de 8.000 millones de pesetas, como
las que acabo de mencionar, son prioritarias antes de invertir en una
nave, eso sí, dentro del recinto hospitalario, como es natural,
porque si queda fuera del recinto hospitalario puede influir en algún
aspecto en la intimidad de los pacientes. Esto, señoría, es muy
difícil de explicar a los ciudadanos. Antes de esto hemos tenido que
invertir en proyectos asistenciales por valor de 8.000 millones de
pesetas y, simultáneamente, en otros que los ciudadanos y la
población del 12 de Octubre conocen muy bien, como es la demora. La
demora media para ser intervenido en el 12 de Octubre superaba un
año, quiere decirse que un paciente tardaba de media un año para ser
intervenido en el 12 de Octubre y en marzo, tres años después, en
1999, estaba tardando 89 días. (Rumores.) Esto es lo que hemos
interpretado como prioritario en el 12 de Octubre. Desde luego, hay
otras prioridades que esa auditoría puede contemplar, pero me imagino
que el nivel de prioridad que acabo de comentar es, desde el punto de
vista asistencial y desde el punto de vista público, más importante
que el objeto al que nos estamos refiriendo ahora.
A mí no me da igual lo público y lo privado. Primero, porque trabajo
en el sector público; segundo, porque creo firmemente en la sanidad
pública de mi país y, tercero, porque las propiedades de yo más
público -como usted decía- me parece, cuando menos, un planteamiento
poco razonable, considerando que se ha de juzgar por las actuaciones
que ha acometido cada uno y no simplemente por eslóganes que pueden
sonar más o menos bien en determinados momentos.
Nosotros no hemos propuesto a la Agencia de Protección de Datos que
inspeccione a las empresas, han sido ustedes, con buen criterio, o
los ciudadanos, las asociaciones de vecinos. Nosotros no se lo hemos
dicho a la Agencia de Protección de Datos. Por tanto, no diga que
este acta se ha levando con rapidez. ¿Somos también nosotros
culpables de que se levanten con rapidez las actas que ustedes piden?
En todo caso es bueno que se levanten con rapidez las actas que
puedan de alguna forma intranquilizar a los ciudadanos. El acta o
actas que se puedan levantar al 12 de Octubre o a cualquier hospital
del Insalud las vamos a cumplir taxativamente, como ha dicho el señor
Blanco. Ahora bien, la Agencia de Protección de Datos ha dejado muy
claro que se puede utilizar el TAIR. Se puede utilizar cumpliendo la
legalidad y nosotros cumpliremos en éste, en el TAIR y en cualquier
otro caso, la legalidad que se nos exija. Lo que no podemos cumplir,
señoría, es con todas y cada una de las cuestiones que, desde luego,
en su legítima actividad parlamentaria planteen. Nosotros tendremos
que cumplir la legalidad que la Agencia de Protección de Datos
considere en cada momento.
Señor Blanco, honradamente quiero decir que el debate sobre que lo
hacían ustedes de una forma distinta no beneficia
a nadie y al Grupo Parlamentario Socialista tampoco, porque
después del año 1992 sigue habiendo contratos en hospitales de
externalización de historias. No es que los siga habiendo en el
Insalud, es que ustedes lo están haciendo. No es bueno decir que lo
que están haciendo ustedes está mal hecho, salvo que, evidentemente,
rectifiquen, porque lo que están haciendo, lógicamente conforme a su
criterio, no está bien hecho. No nos traslade la culpabilidad de las
gestiones que ustedes han hecho antes y que siguen haciendo ahora por
un mínimo de coherencia a la que usted hace gala en sus
intervenciones.
Respecto a que la externalización era igual pero distinta, le quiero
decir que la externalización anterior era externalizar todas las
historias de la 1 al 500.000; es lo distinto, señoría. Parece que los
ciudadanos que estén entre la historia 1 y 500.000 son de una forma y
para los que estén de la 500.000 en adelante se pueden vulnerar sus
derechos. Este era el contrato del hospital 12 de Octubre firmado en
el año 1988, prorrogado hasta el año 1992, que, como puede ver, es
prácticamente idéntico, aunque yo no diría idéntico por si usted no
está de acuerdo.
Por último, vuelvo a reiterar que los responsables de las historias
del 12 de Octubre son la junta técnico-asistencial y el responsable
de los archivos y documentación a los cuales me refiero de una forma
muy clara respecto a las cuestiones que, no oralmente sino por
escrito, han remitido a la gerencia del hospital. Esos son los
profesionales responsables que han de dar cuenta a la opinión pública
y a los usuarios del 12 de Octubre sobre si lo que se hace en su
hospital, con su conformidad, es correcto o no. Desde luego, los
responsables del 12 de Octubre no sólo consideran que es correcto,
sino que se han atrevido a decirlo por escrito en un momento de
cierta confusión.
Nada más. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, no tiene S.S. la palabra. Esta
Presidencia ha interpretado que usted ha tenido su tiempo, ha
expuesto sus sugerencias o sus dudas y el señor Núñez Feijóo le ha
contestado.
La señora MAESTRO MARTÍN: Señor presidente si me permite, solicito
diez segundos para aclarar un dato que ha dado el señor Núñez Feijóo,
que puede llevar a error a los profesionales de los medios de
comunicación que están cumpliendo con su función de informar y al
propio «Diario de Sesiones». Le pido diez segundos para dar un dato.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, estoy plenamente convencido de
que los representantes de los medios de comunicación han interpretado
perfectamente a la señora Maestro y al señor Núñez Feijóo. Estoy
convencido de que su capacidad de síntesis y de captación de los
mensajes es máxima.
La señora MAESTRO MARTÍN: Me refiero a un dato nuevo. Permítame diez
segundos, porque tardamos menos.
El señor PRESIDENTE: No introduzca un nuevo debate. Usted quiere
introducir un dato y abrir un nuevodebate.
La señora MAESTRO MARTÍN: No es un nuevo debate; es una aclaración en
relación con la intervención del señor Núñez Feijóo. Exclusivamente
un dato.
El señor PRESIDENTE: ¿En relación con qué?
La señora MAESTRO MARTÍN: En relación con la intervención del señor
Núñez Feijóo sobre la licitación del concurso de la gestión del
archivo. Un dato exclusivamente.
El señor PRESIDENTE: Diez segundos.
La señora MAESTRO MARTÍN: Cuando ha hablado de la auditoría, parece
que la empresa adjudicataria lo realiza gratuitamente, y el
presupuesto base de licitación de esa empresa es de 225 millones de
pesetas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Terminada la comparecencia del señor Núñez
Feijóo, le agradecemos una vez más -son muchas las que le hemos
agradecido- su comparecencia en esta Comisión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO (CASTELLÓN
LEAL) PARAINFORMAR SOBRE:
- PREVISIONES DELMINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO RESPECTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS YACTUACIONES SANITARIAS DEDICADAS
ALTRATAMIENTO DE LA ANOREXIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000665.)
- MEDIDAS ADOPTADAS EN LA MESA SECTORIAL SOBRE TRASTORNOS DE
LAALIMENTACIÓN, REUNIDA EL DÍA 26 DE MARZO DE 1999, ASÍ COMO SOBRE LA
PREVISIÓN DE FUTURAS ACTUACIONES. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/001126)
El señor PRESIDENTE: Señorías, seguimos el orden del día con la
comparecencia, por acuerdo de Mesa y portavoces, del señor
subsecretario de Sanidad y Consumo, señor Castellón. Como saben SS.
SS., se ha retirado del orden del día una de las solicitudes de
comparecencia, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, y queda
viva la del Grupo Parlamentario Socialista, que dice: Comparecencia
del ministro de Sanidad y Consumo ante la Comisión de Sanidad y
Consumo, para informar sobre las medidas adoptadas en la mesa
sectorial sobre trastornos de la alimentación, reunida el día 26 de
marzo e 1999, así como sobre la previsión de futuras actuaciones.
Sin más preámbulo, tiene la palabra el señor Castellón.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, es motivo de satisfacción para mí acudir nuevamente a esta
Comisión de Sanidad para dar respuesta a la
petición de comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista sobre las medidas adoptadas en la mesa sectorial sobre
trastornos de la alimentación, reunida el 26 de marzo de este año, y
previsión de futuras actuaciones.
Iniciaré la comparecencia recordando que los trastornos de
alimentación en los que se incluye la anorexia y la bulemia son, de
hecho, problemas de salud pública que generan preocupación tanto en
la sociedad como en las administraciones sanitarias y justifican las
medidas que se están desarrollando y que responden también a diversas
iniciativas parlamentarias que se han aprobado en el Congreso de los
Diputados y en el Senado en relación con ambas enfermedades. También
es evidente que los trastornos de la conducta alimentaria han
traspasado la barrera de lo estrictamente médico y profesional para
ser motivo de actualidad en los medios de comunicaión. Aunque el
conocimiento de estos trastornos se remonta a muchos años atrás -de
hecho, hay descripciones de esta enfermedad en el siglo XVIII-, su
presencia en las consultas médicas se ha incrementado en las últimas
décadas, especialmente en los últimos años, fundamentalmente debido a
tres razones: la convicción de que es una enfermedad, lo que implica
que se solicita consulta por casos por los que antes no se acudía a
los servicios sanitarios; que son enfermedades muy relacionadas con
factores socioculturales, y que provocan distorsiones en la dinámica
familiar con mayor frecuencia e intensidad que otros trastornos
psiquiátricos. Siendo la anorexia el trastorno de conducta
alimentaria que más interés general suscita, bajo la denominación de
trastornos de la conducta alimentaria se incluye un conjunto amplio
de trastornos que van desde la anorexia restrictiva pura, pasando por
la anorexia con ataques de bulimia, o la bulimia pura, para llegar a
la obesidad con ataques de bulimia y también a la obesidad sin
ataques de bulimia. Se trata, en cualquier caso, de enfermedades que
tienen mucha mayor prevalencia en mujeres -sólo un 5 ó 10 por ciento
de los casos corresponden a varones- y con una mayor incidencia entre
17 y 19 años. La gravedad de estas patologías y su impacto sobre las
familias son intensos y prolongados e incluso, por las complejas
características que tienen, favorecen el desarrollo de nuevos casos
en los mismos entornos familiares. Esta circunstancia pone de
manifiesto la posible capacidad de la familia para influir en el
circuito de propagación de estas enfermedades. Como he indicado, la
población en riesgo es sobre todo la mujer joven, la adolescente,
aquella que hace dieta para adelgazar sin control médico, y
especialmente si está sometida a actividades o conductas de riesgo o
a ciertos elementos que actúan como desencadenante y que coinciden
con un estado emocional negativo.
Para resumir, ambas enfermedades constituyen un problema complejo,
multicausal, y su abordaje, lógicamente, ha de ser multidisciplinar e
incluye actuaciones en el ámbito sanitario para impulsar programas
específicos de atención y tratamiento, así como estudios
epidemiológicos que permitan conocer exactamente el alcance de la
enfermedad en el ámbito educativo, a fin de promocionar a través de
la educación para la salud una alimentación saludable, y en el
entorno social, desarrollando iniciativas que permitan modificar
determinadas presiones que se consideran coadyuvantes en la aparición
de las enfermedades.
En lo que se refiere al ámbito asistencial -y me referiré
exclusivamente al ámbito del Insalud-, los trastornos de la conducta
alimentaria se atienden a través de un dispositivo sanitario general.
Los pacientes son mayoritariamente captados en el entorno de la
atención primaria, y, a la vista del cuadro clínico, es el médico de
atención primaria, cuando lo considera justificado, el que deriva al
escalón especializado. El tratamiento en el nivel de atención
especializada radica fundamentalmente en los servicios de
psiquiatría, aunque colaboran también en la atención a estos
pacientes especialistas de otras especialidades, fundamentalmente de
endocrinología y nutrición y pediatría, dada la edad de los
pacientes, ya que, como saben, ocurren los primeros síntomas
habitualmente en la adolescencia. Sin embargo, el tratamiento se
realiza en la mayor parte de los casos de manera ambulatoria, y sólo
en un reducido número de casos existe indicación clínica de ingreso
hospitalario. A este respecto sí que tengo que decir que en todas las
comunidades autónomas, al menos en las gestionadas por el Insalud,
existe al menos un hospital con unidades donde pueden hospitalizarse
estos pacientes cuando requieren hospitalización.
Con el objetivo adicional de dar una respuesta en cualquier caso más
eficaz, si cabe, a los problemas que se plantean con estos pacientes,
se procedió ya hace algún tiempo a constituir un grupo de expertos
que se designaron por las sociedades científicas de las
especialidades que están más implicadas en el manejo de estos casos,
-psiquiatría, pediatría y endocrinología, como comenté-, grupo que se
constituyó el pasado mes de abril y que trabaja con dos objetivos
fundamentales: el primero de ellos es establecer los criterios de
ordenación de recursos que seguirán los hospitales de la red del
Insalud para garantizar un tratamiento integral de estos trastornos,
por tanto, bien la creación de unidades específicas o bien la
creación de una red utilizando las unidades ya existentes por
especialidades; y en segundo lugar, actualizar el protocolo de
actuación ante los trastornos de las conductas alimentarias,
elaborado en 1995 también por un grupo de expertos, que ahora,
lógicamente, conviene actualizar.
Hay una derivada de este grupo que está trabajando a la que se han
incorporado médicos de atención primaria, a través de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria, con objeto de establecer
un protocolo claro que hasta ahora no existía de manejo de esos casos
en atención primaria y de criterios para su derivación a los
hospitales. La atención primaria, es un escalón esencial para el
manejo de los casos de manera precoz y, evidentemente, también para
la prevención terciaria, es decir, para el manejo de casos que ya han
pasado por hospitales y que lo que se pretende es evitar recaídas.
Aparte de este grupo de trabajo y de las actividades que está
llevando a cabo, se han desarrollado acciones de incremento de la
capacidad de los hospitales para atender a esos pacientes de forma
general. Me refiero exclusivamente a lo que se hace en unidades de
psiquiatría. En los años 1997 y 1998 se han puesto en marcha tres
nuevas unidades para la hospitalización de agudos de psiquiatría,
pero no voy a detenerme en hacer una referencia de los hospitales en
concreto. En 1999 se pondrán en marcha en algunos hospitales nuevas
unidades de hospitalización de agudos de psiquiatría
y en hospitales concertados con un sistema público,
concretamente en la fundación Jiménez Díaz, se pondrán asimismo en
marcha unidades de psiquiatría de hospitalización de agudos.
Específicamente para los trastornos alimentarios se han incrementado
plantillas en algunos hospitales de la red, aparte de que a finales
de año se creará en León una unidad adicional de atención a los
pacientes con trastornos agudos alimentarios. Además de esto, se está
ampliando la capacidad de acceso para pacientes psiquiátricos en los
hospitales de día con programas específicos en trastornos
alimentarios. Diré de paso que una de las cuestiones más concretas en
la que está trabajando el grupo de expertos es en especificar cuáles
son las actuaciones que se tienen que realizar tanto en los niveles
de institucionalización como de atención ambulatoria y en los
hospitales de día, aparte de, como he dicho también antes, en el
nivel primario.
Las sociedades científicas han elaborado una guía de organización y
funcionamiento del hospital de día psiquiátrico, que se publicará
previsiblemente en las próximas semanas. En este caso se entiende que
es el hospital de día el dispositivo de elección para el abordaje de
los casos más graves de trastornos de conducta alimentaria. Ahora
mismo hay en la red del Insalud nueve hospitales de día
psiquiátricos, además de haberse iniciado las actividades de un
importante hospital de día psiquiátrico, el Marqués de Valdecilla, en
Santander. Asimismo se ha iniciado una remodelación para añadir otra
unidad de hospitalización de día en psiquiatría de agudos en el
hospital Ramón y Cajal, de Madrid.
Esto por lo que se refiere al ámbito asistencial. Con respecto al
ámbito de la educación para la salud y la promoción de hábitos de
vida saludable, es una estrategia eficaz en relación con la anorexia
y la bulimia, si bien realizando una serie de actividades que voy a
describir muy someramente, un convenio que ya existía del año 1989
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación
y Cultura, para impulsar acciones educativas en materia de
alimentación. En el marco de este convenio, durante los años 1997 y
1998, se han elaborado materiales didácticos dirigidos a la formación
del profesorado y también a los padres de los alumnos, incluyendo una
guía sobre recursos y educación para la salud en la escuela que
recopila todos los programas sobre alimentación saludable. Para
apoyar estas actividades, también se están haciendo cursos dirigidos
específicamente al profesorado y en estos años se han subvencionado
diversos proyectos sobre alimentación saludable. El año pasado además
se elaboró, en colaboración con el Instituto de la Mujer, una guía
sobre anorexia y bulimia, cuyo objetivo es prevenir e informar sobre
estas enfermedades.
Por lo que respecta a promoción y prevención de la salud, en el año
1998 se transfirieron 335 millones de pesetas a las comunidades
autónomas para el desarrollo de actuaciones específicas frente a
enfermedades emergentes y reemergentes, incluyéndose los trastornos
de alimentación en enfermedades emergentes. Esperamos ahora mismo
recibir -no puedo informar más a SS.SS.-, las actividades que durante
el ejercicio pasado desarrollaron las comunidades autónomas con estos
recursos que se lesdestinó. En el año 1999 también se destinaron
recursos en
la misma cuantía para esta finalidad, de manera que se pudieran
consolidar las acciones que se hubiesen iniciado.
Paso a referirme ahora a las actuaciones en el ámbito social. Quizás
el aspecto más complejo en relación con estas patologías, en la
medida en que se pretende una modificación de las presiones sociales,
que parecen ser coadyuvantes de estas enfermedades, es la moda o la
transmisión a través de la publicidad de imágenes personales
supuestamente ideales, cuya imitación en algunos casos se relaciona
directamente con la aparición de trastornos nutricionales.
Precisamente para avanzar en estas cuestiones, el pasado 13 de enero
el Instituto Nacional de Consumo firmó un convenio de colaboración
con la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, en la que
participa también el Consejo de Consumidores y Usuarios, siendo el
foro adecuado para lograr la promoción de acuerdos de autocontrol
publicitario que desde un planteamiento positivo contribuya a reducir
estas situaciones. Para valorar otras posibles acciones a
desarrollar, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el
punto de vista del consumo, el Ministerio está manteniendo contactos
aparte de con expertos en estas enfermedades, como antes he
comentado, con asociaciones de afectados, con agencias de publicidad
anunciantes y con agencias de modelos, con el objeto de tener un
intercambio de información que permita detectar, y en su caso
impulsar, acciones concretas en este ámbito.
Justamente en este marco de relación se reunió, el pasado 26 de
marzo, con motivo de mi comparecencia, una mesa sectorial sobre
trastornos de alimentación. Aesta reunión asistieron representantes
del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España, de la
Asociación de Agencias de Modelos de España, de la Asociación de
Agencias de Publicidad, de la Asociación de Autocontrol de la
Publicidad, de la Federación de Empresarios de la Confección, de la
Asociación de Anunciantes, de la Asociación de Padres de Enfermos de
Anorexia, del Consejo de Consumidores y Usuarios, del Instituto
Nacional de la Juventud y una representación del Ministerio de
Educación y Cultura. El objetivo de esta reunión era analizar de una
forma global ambos problemas, anorexia y bulimia, y definir acciones
basadas en un compromiso de las partes que permitiera contribuir a
hacer frente a este problema de salud. Además de proceder a un
análisis de la situación, el objetivo era la generación de
recomendaciones que obtuvieran un buen nivel de seguimiento por parte
de los sectores implicados una vez que éstos estuvieran persuadidos
de la importancia y la gravedad del problema y, conocidas sus
circunstancias, en qué medida la actividad respectiva de cada uno de
ellos podía influir sobre estos problemas.
En el curso de la reunión se puso de manifiesto que la preocupación
por el problema era compartida por todos, con el convencimiento de
que el origen de esta enfermedad es multisectorial y que hay factores
sociales importantes vinculados al mismo, así como la dificultad de
intervenir a través de medidas meramente administrativas o
coercitivas, y la voluntad compartida de hacer frente al problema y
adoptar medidas por cada una de las partes implicadas. Se constató
que era muy importante una implicación general de la sociedad para
hacer frente a estos problemas de alimentación y que habría que hacer
un esfuerzo sostenido
porque no se podía esperar un éxito de este tipo de medidas en un
plazo corto.
Por resumir, en esta reunión los distintos sectores implicados
anunciaron una serie de iniciativas que voy a exponer brevemente. Por
su parte, el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de España
acordó dar más énfasis a su labor de asesoramiento sanitario,
especialmente en relación con los sectores más vulnerables, extremar
-esto es importante- la vigilancia en la dispensación de medicamentos
diuréticos y laxantes, exigiendo la receta médica en los casos que
proceda, sobre todo cuando se trate de diuréticos y laxantes de
carácter osmótico; el ejercicio del consejo sanitario a personas de
riesgo que solicitan este tipo de medicación y la incorporación de
las alteraciones de la alimentación en el programa de educación
nutricional que el Consejo está llevando a cabo en 4.000 colegios
junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Las agencias de
modelos acordaron extremar la vigilancia médica de las personas que
con ellos están trabajando, el no colaborar con empresas que
manipulen o alteren la numeración de las tallas y alejarse de las
imágenes de extrema delgadez. Por su parte, la Asociación de Agencias
de Publicidad mostró su intención de hacer una campaña general de
información y, eventualmente, negociar con los medios de comunicación
su difusión. La Asociación para el Autocontrol de la Publicidad
propuso determinar con todos sus asociados el establecimiento de
patrones nutricionales que pudieran suponer un riesgo para la salud y
colaborar con la campaña propuesta por la Asociación de Agencias de
Publicidad. La Federación de Empresarios de la Confección expuso su
intención de hacer un llamamiento a las industrias de la confección
para que pongan a disposición del consumidor un amplio abanico de
tallas en distintas líneas de moda y, en colaboración con la
administración de industria, acometer un estudio antropométrico de la
población que sirva de base para una mejor elaboración de tallas que
respondan a las medidas del consumidor actual y/o realizar unas
jornadas técnicas sobre la actualización de tallas y su repercusión
en la sociedad española actual. Los anunciantes manifestaron su
intención de apoyar estas mismas líneas que acabo de mencionar y el
Consejo de Consumidores y Usuarios ofreció convertir las asociaciones
de consumidores en cauce de transmisión e información a los
ciudadanos, aparte de ejercer una activa labor de denuncia antes
aquellas situaciones que propicien la propagación de factores de
riesgo.
El Instituto Nacional de la Juventud acordó utilizar sus estructuras
para difundir la información necesaria y el Ministerio de Educación y
Cultura señaló también su objetivo de intensificar incentivos para la
formación de personal docente, la redacción de un documento de guía
práctica para profesores y la difusión de materiales que sirvan de
apoyo para esta actividad.
El Ministerio, como ya he comentado antes, destinó unos fondos para
el ejercicio actual, y evidentemente para el futuro, en relación con
las campañas y actividades que se pudieran llevar a cabo en las
comunidades autónomas en esta materia, para mantener e impulsar los
contenidos y los hábitos constructivos en ejercicios a desarrollar.
En base al convenio suscrito por el Ministerio de Educación y
Cultura, la Dirección General de Farmacia se dirigió a los órganos
colegiales a fin de que los farmacéuticos extremen la exigencia de
receta médica en la dispensación de diuréticos y laxantes aparte de
ejercer el consejo sanitario.
En definitiva, todas estas medidas y acciones, acordadas de manera
unánime por todos los asistentes, constituyen un plan de acción en el
ámbito social frente a la anorexia y la bulimia. Más recientemente,
en el mes de julio, se volvió a reunir esta mesa con objeto de
analizar la situación existente en cuanto a los avances que hayan
podido constatar. En el curso de esa reunión los representantes del
Consejo general de colegios farmacéuticos informaron sobre las
actuaciones que se estaban desarrollando en las farmacias y el grado
de respuesta que se había encontrado en esa actuación de formación
e información que están realizando.
Además, para el próximo curso el Consejo ya comentó que iba a salir
un plan de educación nutricional en el que participarán 4.000
colegios. Las asociaciones, concretamente la Asociación española de
agentes de publicidad, avanzó las líneas generales de la campaña
informativa que están diseñando, aparte de comentar que se están
realizando un seguimiento de las campañas publicitarias actualmente
en marcha, para prevenir la emisión de mensajes que puedan generar
problemas en esta materia.
La Federación de empresarios de la confección informó sobre las
actividades realizadas para efectuar el estudio antropométrico al que
antes me he referido; el Instituto de la Juventud informó que había
diseñado una campaña de comunicación, tal y como se había
comprometido, y el consejo de consumidores y usuarios señaló que
diversas asociaciones han elaborado campañas específicas de
información, para cuya ejecución ya habían solicitado las
correspondientes subvenciones al Instituto de la Mujer. Por su parte,
y para finalizar, la Asociación de autocontrol de la publicidad
confirmó la introducción de un código de autocontrol de nuevo
artículo, en la línea ya señalada.
Como conclusión, señorías, quiero insistir en que nos hallamos ante
un problema complejo, de alguna manera vinculado a modelos sociales,
preocupaciones propias de la adolescencia o aspectos relacionados con
los usos y las modas, por lo que los resultados de las acciones que
estamos desarrollando difícilmente se podrán evaluar en el corto
plazo. Por tanto, la cuestión no sería la búsqueda de culpables sino
lograr movilizar a los distintos interlocutores sociales, y es lo que
se ha pretendido hacer.
Independientemente de ello, se están atendiendo las necesidades
asistenciales de los pacientes, mejorando cuando es preciso las
unidades que resultan más adecuadas para atender de forma integral y
eficaz una patología tan variada, diversa y compleja como son los
trastornos de la alimentación y buscando el máximo consenso
científico en el diseño de las acciones que se puedan emprender.
Con esto finaliza la comparecencia, y a continuación, contestaré con
mucho gusto a las preguntas que SS.SS. deseen formularme sobre esta
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista la señora
Varela Vázquez tiene la palabra.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Quiero comenzar diciendo que parece que nos
empezamos a dar cuenta de que la dictadura estética de las sílfides
está conduciendo a
una especie de autocanibalismo femenino que devora cada año a un
escuadrón de mujeres de occidente. Además, tengo que decir que somos
las mujeres las que nos hemos dejado enredar en esta locura de la
estética del mondadientes. Somos en gran mayoría las mujeres y en
menor medida los hombres los que consentimos que todo lo que no tenga
que ver con el suplicio que obliga a mantener el pálpito vital a base
de bioManán o dietas de campos de concentración se convierta en
anatema. Después padecemos bulimia y anorexia.
Sin embargo, señor subsecretario, también hay que decir que nadie
duda de que los trastornos de la conducta alimentaria se encuentran
directamente relacionados con los valores de la cultura occidental en
lo que se refiere a criterios estéticos y a la creencia de la
relación entre aspecto físico con la aceptación social y
posibilidades de éxito.
El caso es que la problemática planteada, el número de personas
afectadas y la gravedad de los trastornos en la conducta alimentaria
ya se ha puesto de manifiesto tanto en el Congreso como en el Senado,
por lo que creo que ha quedado constancia de la gran preocupación que
existe sobre este tema en el Grupo Parlamentario Socialista. Hay que
resaltar que gracias a esa preocupación y gracias a sendas
proposiciones no de ley se ha creado una ponencia en el Senado para
el estudio en profundidad de la anorexia y la bulimia y que también
el Gobierno, a raíz de esas proposiciones ha decidido constituir una
mesa sectorial con todas las partes que se considera que no sólo
tienen algo que decir sobre el tema sino que también pueden aportar
su grano de arena en el intento de paliar o solucionar el problema
que estamos tratando.
Por eso, señor subsecretario, por la preocupación que existe en el
Grupo Socialista por la gravedad y la importancia del tema y porque
sabemos que se ha reunido en dos ocasiones la mesa sectorial, es por
lo que hemos solicitado la comparecencia, para que nos explique los
acuerdos, las decisiones que se han tomado en dicha mesa. Hemos
solicitado la comparecencia para que nos hablen del seguimiento que
desde su ministerio se va a hacer de este tema, del cumplimiento o no
cumplimiento de esas acuerdos y sobre todo -y a nuestro juicio
fundamental- del método para evaluar la efectividad o no efectividad
de los acuerdos tomados en esa mesa sectorial.
Señor subsecretario, no le he oído hablar de la evaluación,
y comprenderá que no sirve de nada reunirse cada tres meses con los
sectores implicados si las decisiones sólo quedan sobre el papel, si
no se concretiza nada, y sobre todo si lo que se escribe es tan
ambiguo que sólo sirve para hacer por parte de todos los sectores una
declaración de buenas intenciones.
Permítame, señor Castellón, un breve repaso a esas reuniones, en las
que los distintos sectores implicados han anunciado iniciativas
voluntarias, y fíjese que digo voluntarias. El Consejo General de
colegios farmacéuticos de españa dijo que iba a poner a disposición
de los distintos sectores las oficinas de farmacia para informar a la
población. También dijeron que iba a haber una vigilancia del no
despacho de diuréticos sin receta médica y que iban a aconsejar
sanitariamente a personas de riesgo, como usted ha dicho, que
solicitasen laxantes. ¿Sabe usted si todo esto se está haciendo de
verdad? Dése una vuelta por las farmacias y verá qué sorpresa
tan desagradable se lleva. También manifestaron que iban a incorporar
el tema en el programa de educación nutricional que llevan a cabo
4.000 colegios, junto con el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Lo
han incorporado? ¿De qué manera? ¿Puede mostrarnos el programa?
La Asociación de modelos de España manifestó que iba a vigilar
médicamente a las modelos y anunció una no colaboración con empresas
que manipulasen las tallas, pero mi grupo se pregunta ¿cómo se sabe
qué empresas manipulan las tallas si no hay normativa sobre las
mismas? ¿Cuándo ha cumplido el Gobierno la proposición no de ley que
se ha aprobado en el Congreso, en el sentido de que se regule,
mediante una normativa, los tallajes de las prendas de vestir, al
igual que ya están regulados los tallajes para las prendas de punto?
La Federación de empresarios de la confección se comprometió a hacer
un llamamiento a dichas industrias, para que pongan a disposición del
consumidor un amplio abanico de tallas en las distintas áreas de
moda. Pues bien, señor subsecretario, vaya por los comercios y
comprobará que todo sigue igual. También anunciaron que en
colaboración con la Administración iban a acometer un estudio
antropométrico como base para elaborar unas tallas que sirvan mejor a
las medidas del consumidor actual. ¿Puede decirnos, señor Castellón,
si ha comenzado ese estudio? ¿Cuál es el coste estimado del mismo?
¿Quiénes participan? Y lo más importante ¿cuándo va a estar
finalizado ese estudio? Sobre todo y a ver si me puede contestar, ¿se
financia con dinero público ese estudio? ¿Se va a financiar desde el
Ministerio de Industria? Si ese estudio se financia desde el
Ministerio de Industria es un estudio realizado con dinero público, y
por tanto debe venir a este Parlamento, no puede estar en manos
privadas.
Nos gustaría que usted hubiese explicado con todo detalle qué ha
hecho en este terreno el Consejo de la Juventud, así como qué tipo de
información se ha realizado a través de los 2.500 centros de
información para jóvenes que hay en España. En educación y cultura
las actividades de formación del personal docente brillan por su
ausencia, al menos en la comunidad gallega, en la que precisamente
soy docente.
Desearíamos poder disponer ya del documento o guía práctica para
profesores, así como de los materiales docentes que el Ministerio de
Educación y Cultura se comprometió a elaborar y saber con exactitud
cuál ha sido el alcance de la difusión de esos materiales, si es que
los hay, y saber a qué centros y a qué comunidades se les ha
remitido; porque, señor subsecretario, usted mismo es conocedor de
que lo que han acordado en la mesa sectorial si no se pone en
práctica de forma inmediata y si no se hace un seguimiento de los
temas resulta una gran fantasmada que no sirve absolutamente de nada.
Ahora voy a entrar a valorar lo que su Ministerio, el Ministerio de
Sanidad y Consumo se ha comprometido a realizar ante la mesa
sectorial sobre los trastornos de la alimentación; pero tengo que
adelantarle, señor subsecretario, que siento vergüenza ajena por los
compromisos tan pobres que ha realizado su Ministerio en esta
materia, y espero, porque sé que es usted inteligente, que se vaya
poniendo colorado a medida que avanzo en mi exposición. Su Ministerio
se compromete a enviar una circular de la Dirección
General de Farmacia a los farmacéuticos para que intensifiquen la
exigencia de receta médica para la dispensación de los diuréticos y
para que ejerzan el consejo sanitario en la dispensación de laxantes.
Mire, señor Castellón, no más de diez minutos es lo que le lleva a
una secretaria medianamente normal escribir esta carta. Han acordado
también la inclusión de hábitos nutritivos en las acciones a
desarrollar en los programas de educación para la salud en el medio
escolar, y yo le pregunto: ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué
contenidos? ¿Qué objetivos alcanzan en cada curso? ¿Qué evaluación
van a realizar para saber si los alumnos alcanzar esos hábitos?
Cuando hablamos de hábitos nutritivos, ¿hablamos sólo de los alumnos
o alcanza también a los padres? ¿Qué me dice de los profesores
encargados de los comedores escolares? Si tiene el material, ¿nos lo
puede remitir a este Parlamento? El tercer compromiso de su
Ministerio es la priorización de la vigilancia epidemiológica en los
trastornos de la nutrición entre los programas a financiar a cargo de
los 375 millones de pesetas que su Ministerio transferirá a las
comunidades autónomas. Mire, señor Castellón, con ese presupuesto,
como vulgarmente se dice: «ni para chufas». Aquí se acaba todo el
compromiso del Ministerio de Sanidad.
Creo habrá comprendido por qué le decía al principio que sentía
vergüenza ajena, pero además, de vergüenza lo que siento es pena;
pena por todas aquellas personas que tienen problemas de anorexia y
bulimia y también por esos padres que ven con impotencia lo que
ocurre a sus hijos, que ven en muchos casos que se les escapa la vida
y que ven, en definitiva, que tienen un Ministerio de Sanidad que no
es capaz de dar solución a este problema. Señor subsecretario, las
organizaciones de afectados denuncian una escasa respuesta a nivel
institucional y tienen razón. Porque, ¿puede decirnos usted cuál es
la valoración de los recursos disponibles para tratar esta tipología?
¿Puede el Ministerio enjuiciar y valorar la efectividad de los
recursos asistenciales con que contamos ahora para tratar esta
patología? ¿Los tratamientos y dispositivos asistenciales actuales
son los correctos? ¿Necesitan mejorarse? ¿Cuál es la valoración que
hace el Ministerio? ¿Cuál es el conocimiento que los responsables,
por ejemplo, de la asistencia psiquiátrica tienen de la gravedad del
problema y de sus efectos? Señor Castellón, los trastornos de la
conducta alimentaria no estaban presentes con la intensidad que ahora
tienen cuando se diseñó la reforma psiquiátrica, y por ello nos
encontramos con que los dispositivos creados, diseñados e instaurados
con tanto esfuerzo, que han supuesto un salto de calidad en relación
a la asistencia psiquiátrica previa y que han demostrado su eficacia
para tratar a los enfermos psicóticos y las enfermedades del ánimo,
con una distinción útil entre infantil y adulto, resulta que son
deficientes en este momento para el manejo de la anorexia y la
bulimia. Señor subsecretario, ¿saben usted y su Ministerio qué
requerimientos asistenciales serían necesarios para atender
adecuadamente a esos pacientes? Humildemente, le rogaría que escuche
y tome nota. Serían necesarios equipos de atención multidisciplinar
en los que se integren psicólogos, psiquiatras, internistas,
nutricionistas, ginecólogos, endocrinólogos, rehabilitadores,
terapeutas ocupacionales y asistentes sociales. Serían necesarios
programas de psicoterapia individual, serían necesarios programas
de tratamiento sistémico, sería necesaria psicoterapia de grupo,
serían necesarios grupos de apoyo y psicoeducación de padres y
familiares, serían necesarias hospitalizaciones de día que permitan
comidas vigiladas, actividades post-ingesta, grupos de manejo para la
aceptación de la figura corporal y programas de habilidades sociales.
Habría que evitar ingresos hospitalarios, hacerlos más cortos y
facilitar el alta hospitalaria. Son necesarios también ingresos
hospitalarios en camas específicas que permitan el control por el
personal de enfermería de la ingesta y la atención adecuada a las
posibles complicaciones somáticas. Son necesarios medios de
coordinación con la atención primaria, facilitando la consulta,
valoración y apoyo a los pacientes que fueron dados de alta y que no
precisan la incorporación a un programa de atención específico y es
importante tener la capacidad de desarrollar estrategias preventivas
y de detección en la comunidad. Todo esto, señor subsecretario, es su
responsabilidad; los enfermos son responsabilidad de su Ministerio;
los anoréxicos y bulímicos son responsabilidad del señor ministro de
Sanidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Varela, le ruego vaya concluyendo.
La señora VARELAVÁZQUEZ: Voy terminando.
Por tanto, los dispositivos asistenciales para las personas que
padecen trastornos de la alimentación son de su competencia y los
compromisos que ustedes tienen que asumir no pueden ser voluntarios,
sino que tienen que ser de obligado cumplimiento y tienen que
hacerlo, señor subsecretario, para que cuando nos reunamos con los
padres o con las asociaciones de afectados no nos digan que el
problema es más grave de lo que parece; tienen que hacerlo para que
cuando visitemos diversos puntos de nuestro país no tengamos que oír
lo que estamos oyendo: que los padres de los afectados venden sus
pisos, venden sus propiedades para llevar a sus hijos a clínicas y a
psiquiatras privados, porque el sistema sanitario público en nuestro
país no es capaz de dar cobertura a este problema.
Señor Castellón, para que la problemática no siga estando en nuestra
sociedad, reúnanse cuantas veces lo necesiten con la mesa sectorial,
pero cumplan las resoluciones de las proposiciones no de ley
aprobadas en esta Cámara y pónganse a trabajar seriamente en este
tema para solucionar el problema.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor subsecretario, el Grupo
Parlamentario Catalán no había solicitado esta comparecencia, pero
como SS.SS. conocen éste es un tema que desde sus inicios ha
preocupado a Convergència i Unió.
El 10 de marzo de 1997, en el seno de esta Comisión se aprobó una
proposición no de ley que instaba al Gobierno a procurar las medidas
terapéuticas y preventivas destinadas a afrontar, dentro del Sistema
Nacional de Salud, la creciente problemática de estas enfermedades,
de la anorexia y la bulimia. Desde esa fecha, y dentro de esta
legislatura,
hemos dado nuestra aprobación a varias iniciativas parlamentarias con
demandas muy concretas avaladas por el consenso de todos los grupos
parlamentarios. Es por tanto que nos parece apropiado que a las
puertas de finalizar esta legislatura hagamos balance y el Ministerio
venga a rendir cuentas del trabajo realizado y el grado de
cumplimiento de los acuerdos de esta Comisión en materia de
trastornos alimentarios de anorexia y de bulimia.
Señorías, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le
preocupa que el trabajo parlamentario llevado a cabo por todos los
grupos políticos en esta comisión, que se ha desarrollado desde el
sentido común y la responsabilidad, ya que todas las iniciativas
aprobadas en esta comisión han sido fruto de la negociación y del
consenso, no lleguen a ser aplicadas.
Señor subsecretario, le reiteramos nuestro agradecimiento por su
comparecencia y por su exposición. Teníamos varias preguntas que
formularle, pero ya han sido contestadas por usted. Nuestro objetivo
es exigir al Ministerio de Sanidad y Consumo el total cumplimiento de
todas y cada una de las medidas aprobadas en esta comisión. Ésta es
la actitud que esperamos mantenga el Gobierno en cumplimiento de sus
obligaciones, con todos los compromisos adquiridos por nosotros en
esta comisión.
Nada más, señor subsecretario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Pérez Vega.
La señora PÉREZ VEGA: En primer lugar, quiero agradecer al
subsecretario su presencia aquí para explicarnos las medidas que se
adoptaron en la mesa sectorial sobre trastornos de la alimentación,
el pasado 26 de marzo.
Los problemas generados desde hace unos años por los trastornos de la
alimentación son un preocupación compartida por todos los grupos.
Prueba de ello son la cantidad de iniciativas que hemos planteado en
esta Comisión; así como la creación, a solicitud del Grupo Popular,
de una subcomisión que está trabajando sobre los efectos
extrasanitarios de la anorexia.
Quizás lo más alarmante de estas enfermedades es que ha descendido la
edad en que comienzan a padecer, llegando a sufrirla los niños de
ocho años, aunque afecta principalmente a las adolescentes, como ha
dicho el señor subsecretario. Por todo ello era necesario que se
actuara rápidamente y se tomaran todas las medidas necesarias, tanto
para atender a las pacientes que sufren los efectos de esta
enfermedad, como para corregir las presiones sociales o modas que
pueden hacer desembocar en la anorexia. Por esto es por lo que mi
grupo valora muy positivamente el avance conseguido en la lucha
contra los trastornos de la alimentación, con la reunión celebrada el
26 de marzo entre el Ministerio y los representantes de los sectores
implicados. Si es importante haber conseguido alcanzar unos acuerdos,
lo cual evidencia el interés de esos sectores por erradicar la
enfermedad, no lo es menos que esos acuerdos se estén cumpliendo de
forma voluntaria, sin necesidad de llevar a cabo ninguna medida
coercitiva. Creo que todavía hay que avanzar más, y así desde mi
grupo parlamentario haremos un control y seguimiento exhaustivo de
todas las actuaciones del Gobierno en este asunto, pero también con
sidero
que se está tomando la dirección adecuada. Por último, y dada la
importancia de esta mesa sectorial, me gustaría saber si se van a
celebrar más reuniones.
El señor PRESIDENTE: Cuando quiera, puede dar contestación el señor
subsecretario de Sanidad y Consumo.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): La mesa
sectorial se constituyó para abordar un aspecto de las posibles
causas. Hay que decir que a veces tenemos una idea preconcebida
acerca de las causas de las enfermedades, pero esa idea hay que
demostrarla, de manera que no se sabe exactamente cuál es el impacto
que los problemas que se han mencionado ejercen sobre el desarrollo
de esta enfermedad, teniendo en cuenta que ya existía antes de que
estas causas tuviesen el apogeo que ahora tienen en cuanto a medios
de comunicación, modas y demás historias. Esto significa que nosotros
optamos por trabajar en dos sentidos: uno, intentar mejorar al máximo
algunas de las condiciones sociales que pudieran influir en esta
enfermedad, sin que supiésemos con total certeza cuál es ese impacto,
y dos, trabajar intensamente en la vía asistencial, tanto en el nivel
de prevención como en el nivel de atención a estos casos. La mesa
sectorial se constituyó dándole enfoque social para ver lo que podían
hacer los distintos sectores para contribuir a paliar ese impacto que
todos atribuimos, pero que no está suficientemente demostrado.
Se constituyó en marzo y se quedó en hacer revisiones trimestrales,
si bien todo el mundo era consciente de que en tan poco tiempo, cada
tres meses, muchas de las medidas difícilmente iban a poder ofrecer
un impacto neto como para hacer una valoración positiva de ellas, de
manera que creo habrá que esperar más reuniones. Esta primera que
hubo en julio, después de la inicial de marzo, tenía como objeto
únicamente ver si se habían iniciado ya los compromisos que las
partes habían aceptado, algunos de los cuales quizá omití en la
exposición previa, pero repetiré con sumo gusto el estado de los
compromisos, qunque difícilmente de marzo a julio ha podido diseñarse
y llevarse a cabo una encuesta, un programa educativo para el próximo
ejercicio; son cosas que por desgracia llevan más tiempo del que nos
gustaría. Además insisto en una cuestión que creo es evidente: aunque
seamos capaces de tocar con cierta efectividad todos esos factores
sociales que pueden influir en el desarrollo de estas enfermedades,
ese impacto no lo vamos a ver en algún tiempo por la propia
característica de la enfermedad y por la propia dificultad de alterar
una cultura general sobre este tipo de cuestiones, que, primero, no
se implanta en poco tiempo, y desde luego no se desactiva en poco
tiempo.
Ha dicho S.S. algo que es verdad. Cuando uno toma alguna medida es
esencial evaluar los resultados, pero en este caso no es fácil por
una razón muy sencilla, porque hay pocos estudios epidemiológicos
aquí y en otros países, no solamente aquí. Si se revisa la
comunicación, todo lo que ha publicado la comisión sobre
enfermedades, la relación entre sanidad y mujer en lo que se refiere
a casos de trastornos alimentarios, no se ponen de acuerdo los
distintos países y se manejan tasas tan distintas de casos de
trastornos de la dieta alimentaria como el 1 por ciento para el
conjunto de la población de los países occidentales y el 1 por cien
mil en el caso de Suecia, el 8 por cien mil en el caso de Holanda o
el 3 por cien mil -me parece que es- en el caso de Reino Unido. Es
decir, hay tasas muy variables que tienen mucho que ver con varias
cuestiones: primero, son enfermedades que no siempre las personas que
las padecen acuden a consultar en ciertos momentos, con lo cual hay
un déficit de información; segundo, para medir, por ejemplo, la
mortalidad que puede tener este tipo de problemas, como en los
certificados aparecen otras causas inmediatas de la muerte, como
insuficiencia cardíaca o suicidio, es muy difícil trazar hacia atrás
si la causa mediata era alimentaria, con lo cual tampoco tenemos una
información, y después porque este ambiente que se ha generado en la
opinión pública bastante recientemente ha condicionado la aparición
de casos atípicos que los propios especialistas dudan si considerar
trastorno de la conducta alimentaria o las manifestaciones más graves
de anorexia y bulimia.
Comentan los psiquiatras que trabajan en los grupos de estudio que
tienen dificultades serias, incluso con los códigos internacionales
de diagnóstico, para poder catalogar estas enfermedades como anorexia
o bulimia, de manera que hay una sensación de que se están
produciendo ahora más casos de los que realmente corresponden a estas
enfermedades. Me han llegado a comentar algunos especialistas (me
refiero a la gravedad del problema, como comentó S.S., relacionando
lo que sucede ahora mismo con lo que ocurría hace tiempo, cuando se
hicieron algunas cosas de salud mental) que algunos servicios han
constatado que ahora tienen del orden de dos casos mensuales
hospitalizados, mientras que en el período anterior tuvieron cuatro
casos diagnosticados por mes, es decir, parece como si ahora tuvieran
menos casos si quitan todos aquellos atípicos que aparecen con
vómitos muy acusados y pérdida rápida de peso que no se corresponden
con los diagnósticos del código internacional de diagnósticos, es
decir código y situación de diagnóstico. De manera que tenemos
dificultades, nosotros y todos los demás países, para determinados
casos y para tener una percepción exacta de cuál es la gravedad del
problema, que no se mide por lo que digan los periódicos, sino por
los datos biológicos, que desconocemos y los desconocen otros
también, por tanto también tenemos dificultades para evaluar el
impacto, pero esto no debe impedir que tomemos algunas medidas,
aunque sea un poco a ciegas, y reconozco que a veces merece la pena
abordar algunas medidas en la esperanza de que puedan contribuir a
mejorar el problema sin poder ser capaces de precisar el impacto con
todo rigor. Yo creo que las comunidades y el Ministerio se han
comprometido y en el seno de la Unión Europea otros países también, a
auspiciar con criterios uniformes el conocimiento exacto de la
epidemiología de estas enfermedades. Es un paso fundamental, pero
tampoco se improvisa, como se pueden imaginar.
Voy a repasar muy brevemente los compromisos y el grado de
cumplimiento. Estoy hablando de la reunión de julio respecto a la de
marzo, y quiero que S.S. entienda que los grados de cumplimiento son
modestos, teniendo en cuenta que sólo pasaron tres meses. Es verdad
que la Dirección General de Farmacia se dirigió al Consejo de
farmacéuticos, éste dice que ya ha impulsado información a todas
sus oficinas de farmacia para que se extremen las medidas de rigor en
la no dispensación de este tipo de productos, concretamente laxantes
y diuréticos osmóticos que no vayan acompañados de receta. Como sabe
también, el control de este tipo de cuestiones corresponde a los
servicios de salud de las comunidades autónomas. Es verdad que
también el Consejo de colegios de farmacéuticos se comprometió, y ha
dicho que está trabajando en ello para el próximo curso, a
desarrollar un programa de educación nutricional. Yo no tengo ningún
inconveniente, en una ulterior comparecencia, en requerir el diseño
de esos programas para traerlos a su conocimiento. También la
Asociación española de agencias de publicidad dijo en julio que ya
tenía avanzada la campaña informativa, pero que todavía la estaba
diseñando, y tampoco tengo ningún inconveniente, cuando esté ya la
campaña disponible, en traerla para su consideración. La Federación
española de la confección informó de que ya están iniciando el diseño
del estudio antropométrico previsto, que va a contar, por lo que yo
sé, con colaboración de la Administración, pero no sé qué parte van a
poner ellos y cuál la Administración, aunque no tengo ningún
inconveniente, cuando lo conozca con exactitud y cuando se produzca
esa aportación de la Administración, en comunicárselo a S.S. Ese
estudio es esencial, por enlazar con otra cuestión de las que
comentó, para el tema de las tallas, que no se puede regular hasta
que no se conozca esta cuestión, ni tampoco normalizar el etiquetado,
de manera que dependemos de que ese estudio se haga cuanto antes para
poder avanzar en este tema.
El Instituto de la Juventud también informó que el próximo curso
desarrollará la campaña informativa sobre la que ya nos dijo en julio
que estaba trabajando, y en la reunión de otoño de la mesa sectorial
probablemente la tengamos ya en nuestras manos. El Consejo de
consumidores y usuarios informó de que había elaborado campañas de
información que tendremos disponibles en la próxima reunión,
y propuso realizar un estudio sobre hábitos alimenticios de los niños
que pondrá a nuestra disposición en la próxima convocatoria.
Es verdad que la sociedad de afectados, como pasa en general con las
sociedades de afectados y con mucha razón por otra parte, aspira a
más y más rápido, pero yo creo que hay cuestiones en las que los
ritmos difícilmente pueden acelerarse, sobre todo cuando estamos
hablando de una mesa para tomar medidas de largo alcance que se
constituyó en el mes de marzo y en la que, por desgracia, muchos de
los compromisos que cristalizan en información y educación, en
programas y diseños de estudios y de campañas, difícilmente se pueden
implementar desde que se decide hacerlo en un plazo de tiempo tan
breve. Yo espero que para este curso ya empiece a estar disponible el
material educativo y que las encuestas y las campañas de información
estén disponibles para empezar este otoño, pero, como digo, lo
confirmaré en cuanto tengamos la próxima mesa de seguimiento.
En cuanto a lo que hay que hacer desde el punto de vista asistencial,
creo que lo que ha dicho S.S. coincide con lo que yo he dicho, aunque
quizá he sido excesivamente breve, pero por supuesto que lo
conocemos, porque ya tenemos parte del trabajo de los grupos de
expertos que han protocolizado la cuestión hospitalaria, tanto a
nivel de
consultas externas como a nivel de hospital de día y de
internamiento. Evidentemente estos protocolos -tengo el borrador
encima de la mesa pero no me voy a extender mucho en ellos-
especifican claramente la labor de los psiquiatras, terapeutas
ocupacionales, ATS, nutricionistas, psicólogos en los distintos
escalones de atención y dejan muy claro cuál es el rol que tiene que
ocupar cada uno de ellos.
Insisto en que el sistema es perfectamente capaz, pero nosotros no
prejuzgamos el comportamiento de pacientes o familiares de los mismos
para atender el problema donde consideren oportuno. El sistema
público es absolutamente capaz de abordar estas patologías en los
distintos niveles. Lo que se está discutiendo con los expertos es
cómo prevenir esa patología, cómo producir derivaciones lógicas desde
los distintos niveles asistenciales y cómo organizar los servicios
hospitalarios para ser más eficaz en la respuesta y permitir una
mejor coordinación de todos los especialistas implicados en el manejo
de este tipo de enfermedades. Sobre esto hay acuerdos muy sensibles
que probablemente cristalizarán en breve. También es una cuestión de
índole práctica, pero nosotros no podemos traer expertos que están
trabajando en sus servicios todos los días y ellos marcan el ritmo de
sus reuniones. Por lo que respecta al protocolo de actuación de
atención primaria, tanto de prevención primaria, como prevención
terciaria, como criterios de derivación a centros asistenciales
especializados, espero que lo podamos presentar -y este es el
compromiso que negocié con el grupo de trabajo- en el próximo Consejo
interterritorial de finales de octubre, con objeto de que las
comunidades autónomas, con los servicios transferidos, puedan manejar
esos protocolos. El protocolo de atención dentro de los hospitales,
los hospitales de día y consulta ambulatoria, están prácticamente
ultimados, solo falta que los expertos nos los pasen definitivamente.
Creo que los expertos han hecho un buen trabajo. Las ideas están muy
claras. Estoy convencido de que S.S. ha consultado con alguno de los
expertos o con algún otro profesional porque están en la misma línea,
como es lógico. No tiene sentido que este tema se maneje de diferente
manera por los especialistas. Confío en el incremento de unidades de
atención de agudos en psiquiatría, en general, y que, por lo menos,
se cree un hospital de referencia en cada una de las comunidades con
una unidad de atención específica para los trastornos de la conducta
alimentaria; en la presencia de múltiples especialistas en estas
unidades y que la conexión entre los niveles primario, ambulatorio,
hospital de día, atención especializada funcione con fluidez y
podamos trabajar más eficazmente en este tipo de problemas.
Para finalizar quería insistir a S.S. en que hay que medir muy bien
las campañas educativas porque los propios especialistas confirman
que la forma de captar mensajes por los adolescentes es muy variable
y no vale cualquier campaña educativa. No se puede uno apresurar, no
puede uno improvisar. Hay que medir muy bien lo que se dice y cómo se
dice, porque en este tipo de problemas, con campañas educativas
hechas atropelladamente, a veces se corre el riesgo de provocar el
efecto contrario, y es el de crear un ambiente en el que este tipo de
problemas puede utilizarse de manera chantajista por posibles
pacientes o por adolescentes
dentro de sus propias familias. Este es un tema que hay que evitar
con mucho cuidado.
Por lo demás, estoy absolutamente de acuerdo en S.S. en que
deberíamos trabajar intensamente en intentar mejorar el manejo de
estos problemas y en este deseo lo estamos haciendo. (La señora
Varela Vázquez, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué solicita la palabra?
La señora VARELAVÁZQUEZ: Para hacer una aclaración.
El señor PRESIDENTE: Usted sabe que no hay turno de réplica en este
tipo de intervenciones.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Es en relación a un dato que tiene
confundido.
El señor PRESIDENTE: Si es para una aclaración puntual, tiene la
palabra por dos minutos.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Creo que he sido muy clara en mi
intervención. En el Grupo Parlamentario Socialista tenemos la
sensación de que la solución a este problema ustedes la descargan
sobre todos los componentes de la mesa sectorial, menos sobre ustedes
mismos, el Ministerio de Sanidad. Le repito que sus compromisos, no
los suyos personales sino los del ministerio, son escasos por no
decir que son vergonzantes.
Quería añadirle una cosa. Está diciendo que están elaborando un
borrador de protocolo. El protocolo existe. Se hizo por el Gobierno
socialista en el año 1995 y se envió a todas las comunidades
autónomas. Búsquenlo. Se habrá perdido en el ministerio. Búsquelo y
mientras no tengan nada mejor aplíquenlo.
El señor SUBSECRETARIO DE SANIDAD YCONSUMO (Castellón Leal): El
borrador que tengo yo es en el que han trabajado la Sociedad Española
de Psiquiatría y la Sociedad Española de Nutrición y se refiere a la
actualización del borrador a que hace referencia S.S. Los protocolos
en el borrador sobre tipo de enfermedades hay que actualizarlos. Éste
es un poco el sentido del trabajo de grupo.
El señor PRESIDENTE: Finalizada la intervención del señor Castellón,
le agradecemos su comparecencia en esta Comisión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE RECONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES ENUMERADAS AL ESTABLECER EL
TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICAY SU CICLO FORMATIVO COMO
PROPIAS DEL TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA PARA EJERCERLAS EN EL
SISTEMA NACIONALDE SALUD. PRESENTADAPOR ELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001465.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día:
Debate y votación de las siguiente proposiciones no de ley.
Pongo en su conocimiento que ha sido retirada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida la segunda proposición no de
ley.
- SOBRE MEDIDAS PRECISAS PARA GENERALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS INTEGRALES DE REUMATOLOGÍAY HOMOGENEIZAR LA OFERTA DE LOS
MISMOS EN TODO EL TERRITORIO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001461)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a debate la proposición no de ley
sobre medidas precisas para generalizar la implantación de servicios
integrales de reumatología y homogeneizar la oferta de los mismos en
todo el territorio. El proponente es el Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Este es un tema que creemos que tiene
una importancia social de fuerte transcendencia y, quizá, para
centrar el tema vale la pena empezar con alguna cuestión
estrictamente técnica, como es, por ejemplo, la definición que de
reumatología ha hecho la Comisión Nacional de Especialidades. Ésta
señala y define a la reumatología como aquella disciplina médica que
se ocupa del estudio en sus diversas vertientes de los trastornos
médicos del aparato locomotor y de aquellas entidades que se
manifiestan predominantemente en él, esto es, todas las enfermedades
del tejido conectivo.
Esta definición, que ya ha adquirido, por tanto, carta de naturaleza
por la propia Comisión Nacional de Especialidades, supone admitir que
el campo de trabajo de la reumatología es amplio y que abarca
aproximadamente un conjunto de unas 236 enfermedades que están
relacionadas con este campo de la reumatología. Lo cual ya da muestra
de la importancia que tiene esta especialidad médica.
Por otra parte, debemos señalar que el desarrollo e implantación de
la asistencia reumatológica, guiada por especialistas en nuestro
sistema sanitario, presenta una evolución muy poco homogénea a lo
largo del territorio nacional. Podríamos señalar que la media europea
de reumatólogos en la Unión Europea está alrededor de 1,7 por cada
cien mil habitantes y la media española está algo más baja, se sitúa
en 1,07; pero esto, que podría dar una cierta necesidad de
incrementar las plazas de reumatología en todo el sistema sanitario,
se agrava mucho más si analizamos lo que sucede en las distintas
comunidades autónomas. Esta media de reumatólogos por cada cien mil
habitantes presenta unas variabilidades extraordinarias, desde
Baleares que presenta un índice de 0,25 reumatólogos por cada cien
mil habitantes, a La Rioja que presenta 1,86, es decir, en línea con
la media europea.
Aparte de esta cifra, hay también otro elemento cualitativo
importante a señalar en la dispersión de los servicios y en la mala
homogeneización que hay en nuestro país. Podemos observar cómo en
algunas comunidades, concretamente en Cataluña y Madrid, la
especialidad está plenamente
integrada en el nivel asistencial primario y se hace una atención
integral de los enfermos reumáticos en los distintos niveles de la
asistencia sanitaria. En otras comunidades, como por ejemplo Baleares
y Asturias, se observa que hay una alarmante escasez de reumatólogos,
incluso en hospitales de segundo y tercer nivel. Es decir, que además
de los déficit cuantitativos, hay también déficit cualitativos en la
organización sanitaria. Este es un problema que afecta a un número
importante de ciudadanos de nuestro país. Se cifra en aproximadamente
más de 4 millones y medio los ciudadanos españoles que presentan
algún trastorno de tipo reumatológico, de ahí la importancia que este
problema tiene.
Aparte de todo ello, quisiera señalar también la extraordinaria
importancia que desde el punto de vista social y económico tienen
estos trastornos patológicos. Podríamos decir que el impacto social
que crea la enfermedad reumatológica se puede apreciar en el hecho de
que, por ejemplo, de las personas activas que están en el mundo
laboral, aproximadamente un 21 por ciento de los reumáticos presentan
bajas laborales ocasionales y el 17,5 tienen invalidez permanente
como consecuencia de sus trastornos reumatológicos. El coste de la
enfermedad de los trastornos reumáticos en España en el año 1999 era
ya de 508.000 millones de pesetas, y se preveían incrementos en el
quinquenio 1990-1995 del 13,5 por ciento, y en el quinquenio 1995-
2000 del 16 por ciento.
Para justificar también esta proposición no de ley, que yo espero y
deseo que todos los grupos parlamentarios apoyen, quiero señalar que
hay una demanda social tanto de los profesionales como de los
usuarios en este tema, y buena prueba de ello es, por ejemplo, la
solicitud de petición que se presentó al Congreso de los Diputados
por el Principado de Asturias en diciembre de 1998, avalada por
104.522 ciudadanos solicitando que se normalizara esta situación. Por
tanto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no
de ley, en el sentido de que el Gobierno encargue al Insalud la
posibilidad de que se cree servicios integrales de reumatología, que
es la forma adecuada en todos los niveles asistenciales, y que,
además, se intente homogeneizar. Nosotros pensamos que una de las
obligaciones básicas del Sistema Nacional de Salud es que en todo el
territorio nacional haya las mismas posibilidades para todos los
ciudadanos, y no es de recibo que haya comunidades que tengan un
nivel tan escaso de atención a este tipo de trastornos, como sucede
en este caso, en el que, como decía, hay diferencias cuantitativas y
cualitativas muy importantes.
En el primer punto de la proposición no de ley se solicita que
paulatinamente se vaya normalizando y adecuando, para que todos los
ciudadanos tengan el mismo nivel de prestación asistencial, y en
segundo lugar, para obviar ya de una manera inmediata el que en las
comunidades, que además son competencia del Insalud, se intente
paliar este problema, y por ello que se doten con la máxima urgencia
plazas en las comunidades de Asturias y Baleares a lo largo del año
1999 -debo señalar que esta proposición no de ley entró a primeros
del mes de marzo y por eso se ponía este plazo del año 1999- para
paliar este escandaloso déficit. Pensamos que el Congreso de los
Diputados debe dar muestra de su sensibilidad hacia los problemas que
de una
manera directa afectan a los ciudadanos, y en este caso concreto a un
número muy importante, más del 10 por ciento de la población, porque
a estas alturas, finales del siglo XX, no es de recibo que haya
comunidades con tan escasa cobertura en unos trastornos tan
importantes como los que presentan los enfermos reumatológicos. Por
ello, presentamos esta proposición no de ley, que espero sea apoyada
por todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Con toda brevedad.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a dar
apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Esta
proposición, por un lado, insta al Gobierno a que en el ámbito del
Insalud se busque un servicio integrado de todos los tratamientos de
reumatología. Podría ser interpretado por parte del Grupo Socialista
que, ya que se refiere al Insalud, el Grupo Catalán nos abstuviéramos
de posicionarnos en este tema. Pero es que de actuar de esta manera,
se entendería que estamos prescindiendo de aquello que no nos compete
directamente, y de ninguna manera queremos dar a entender este
criterio. No apoyamos la medida porque pensamos que es preferible que
aquellos centros, aquellas comunidades aún dependientes del Insalud
que por razones de la propia morbilidad de su población, por los
recursos que tienen, por sus posibilidades crean conveniente prestar
unos servicios integrales en reumatología, esto sea así, pero no
opinamos que se tenga que instar a actuar forzosamente de esta
manera.
En cuanto al criterio que establece la proposición del número de
colegiados necesarios en reumatología para atender correctamente a la
población, aquí sí que tengo que decir que ese criterio es el que
contempla la propia normativa europea y que en Cataluña se están
dando con satisfacción. En este sentido, coincidimos en que el
porcentaje de doce reumatólogos al menos por millón de personas
atendidas tiene que ser el modelo al cual todos los que no estén en
estos momentos en estos parámetros tienen que aspirar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: También con toda brevedad quiero fijar la
posición de mi grupo, que es contraria a la aprobación de la
proposición no de ley del Grupo Socialista.
Nuestro criterio lo basamos no solamente en los aspectos
cuantitativos y cualitativos que ha expresado el portavoz del Grupo
Socialista. En este sentido, antes que nada quiero decir que
coincidimos con el señor portavoz del Grupo Socialista en que las
patologías reumáticas necesitan un apoyo integral y un tratamiento
multidisciplinar. Por ello, los citados enfermos reumatológicos en
cualquier consulta de cualquier hospital no solamente son tratados o
diagnosticados por profesionales sanitarios reumatológicos, sin
también, basado en este concepto que el señor portavoz dijo de
definición de lo que era la reumatología, por
traumatólogos, rehabilitadores, internistas, fisioterapeutas y, en
algunos casos, dependiendo de esa discapacidad que el señor portavoz
del Grupo Socialista ha puesto encima de la mesa, por psicólogos
especializados que enseñen al enfermo reumático a convivir con su
enfermedad.
Salvando este aspecto doctrinal que me interesaba ponerlo de
manifiesto, tenemos que señalar varios argumentos por los que damos
nuestro voto contrario a la proposición no de ley reseñada. En primer
lugar, desde el año 1996 el Gobierno del Partido Popular está
llevando una importante política de dotación de recursos, tanto en el
ámbito territorial del Insalud como en los demás, conjugando la
demanda sanitaria que pueda existir en las distintas áreas de salud
con la paulatina corrección de las desigualdades, si puede hablarse
de esa forma. Hay que reseñar que en el año 1996 la dotación de
facultativos especialistas en reumatología dentro del territorio del
Insalud era de 139. En el año 1998 esta dotación se ha incrementado
hasta 163, es decir, que en dos años se ha incrementado la plantilla
de reumatólogos cerca del 17,5 por ciento, lo que indica, con
independencia de los aspectos cuantitativos que acabo de reseñar, el
indudable interés institucional por dotar las plantillas
hospitalarias de esta especialidad.
Y una vez dicho esto, señor presidente, me permito señalar y analizar
brevísimamente, con dos pinceladas más, el contenido de la
proposición no de ley, entendiendo, como decía antes, que la misma
debía de ser rechazada no sólo por los argumentos que en principio
dije, sino porque, en nuestro criterio, la ampliación de la cartera
de servicios de cualquier centro sanitario debe realizarse en
respuesta a un estudio de planificación integral de la demanda
existente en esas áreas de salud y con independencia de las
iniciativas parlamentarias que puedan realizarse en esta Cámara.
También quiero decir que el Insalud de forma habitual realiza estos
estudios de las necesidades asistenciales de las distintas áreas
sanitarias, modificando, en función de estas
necesidades, la dotación de recursos. Cuantos hemos negociado alguna
vez algún contrato de gestión damos fe de lo que estamos diciendo.
Así, para dar más énfasis a lo que estoy diciendo, señor presidente,
cada año y dentro de los contratos de gestión se establecen, con los
responsables de cada centro, las necesidades previstas para cada
ejercicio, siendo este el instrumento adecuado para modificar
plantillas o para dar dotación de servicios a aquellas especialidades
más parcamente dotadas.
Por último, debo señalar a lo que ha dicho el señor portavoz del
Grupo Socialista algo sobre el contrato de gestión en los hospitales.
El hospital de Cabueñes dispondrá de dos reumatólogos más para este
ejercicio y el Hospital Central de Asturias incorpora en su contrato
de gestión para este año un nuevo especialista de reumatología.
Basado en estos argumentos, señor presidente, y para no ser más
prolijo en la explicación, siento decir que la posición de mi grupo
es contraria a la admisión de la proposición no de ley del Grupo
Socialista en el Congreso para generalizar la implantación de
servicios integrados de reumatología y homogeneizar las ofertas de
los mismos en todo el territorio.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a proceder a la
votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.