Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 743, de 14/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 743
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 57
celebrada el martes, 14 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
para informar sobre:
- La posición del Gobierno español ante el caso Pinochet. A petición
propia. (Número de expediente 214/000129) ... (Página 21821)
- Las conversaciones entre el Gobierno español y el chileno,
concretamente de las entrevistas de los presidentes y ministros de
Asuntos Exteriores de ambos países, relativas al asunto Pinochet y de
si se han realizado en ellas propuestas concretas sobre alternativas
políticas o diplomáticas al procedimiento judicial de extradición que
se sigue en el Reino Unido contra el ex dictador Pinochet.
Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/001195) ... (Página 21821)
- Posición del Gobierno español ante la solicitud de una solución
extrajudicial al caso del dictador Pinochet, realizada por el
Gobierno chileno, y la información y asistencia que se pueda haber
proporcionado a este Gobierno sobre este asunto. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001203) ... (Página 21822)
- Posición del Gobierno ante las recientes amenazas de los gobiernos
de Argentina y Chile de boicotear por motivos relacionados con el
proceso de extradición de Pinochet la Cumbre Iberoamericana,
que debería tener lugar en La Habana el próximo mes de noviembre.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 213/001206) ... (Página 21822)
- Posición del Gobierno en relación con el proceso de extradición del
general Augusto Pinochet, así como para informar de los contactos e
intercambios de documentos e información con el Gobierno de Chile y
el de Gran Bretaña. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/001216) ... (Página 21822)
- Posición del Gobierno en relación al proceso de extradición al
Estado español de Augusto Pinochet. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001220) ... (Página 21822)
- Las relaciones entre España y Cabo Verde. Apetición propia. (Número
de expediente 213/000131) ... (Página 21835)
- Su viaje oficial a Cabo Verde, en el que coincidió con miembros de
su familia en viaje de negocios, así como para explicar los
compromisos oficiales con Cabo Verde. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
001205) ... (Página 21835)
- Las relaciones de España con Cabo Verde y las actuaciones en el
sector turístico de dicho país. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/001229) ... (Página 21835)
Preguntas:
- Del señor Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso,
sobre los resultados y acuerdos obtenidos tras la visita a Cabo
Verde, en el año 1998, del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Número
de expediente 213/002631) ... (Página 21835)
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores, Matutes Juan,
(continuación), para informar sobre:
- Iniciativas del Gobierno español para garantizar el respeto por
Indonesia de los resultados del referéndum de autodeterminación en
Timor Oriental, así como para impedir la política genocida de
Indonesia. Asolicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/001224) ... (Página 21841)
- Iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno español, en el seno de
la Unión Europea y la comunidad internacional con el fin de exigir al
Gobierno indonesio que adopte las medidas necesarias para garantizar
el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de Timor Oriental
y su decisión política, democráticamente y mayoritariamente alcanzada
en referéndum el día 30 de agosto de 1999, de independizarse respecto
al Gobierno de Yakarta. Asolicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/001232) ... (Página 21841)
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas en relación con la situación de Timor Oriental.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/001671) ... (Página 21846)
- Relativa a iniciativas del Gobierno en relación con la situación de
Timor Este. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001674) ... (Página 21846)
- Sobre medidas en relación con la situación de Timor Oriental.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/001686) ... (Página 21846)
- Sobre conmemoración del 60o aniversario del exilio español con
ocasión de la finalización de la guerra civil española. Presentada
por los grupo Catalán (Convergència y Unió), Socialista, Coalición
Canaria, Izquierda Unida, Vasco (PNV) y Mixto. (Número de expediente
161/001612) ... (Página 21851)
- Relativa al 60o aniversario del exilio español tras la guerra civil
española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001613) ... (Página 21851)
Dictamen sobre:
- Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento
sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de noviembre de 1998. (Número
de expediente 110/000259) ... (Página 21859)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia sobre
supresión recíproca de visados, hecho en Madrid el 9 de marzo de
1999. (Número de expediente 110/000263) ... (Página 21859)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia sobre
supresión recíproca de visados, hecho en Madrid el 9 de marzo de 1999.
(Número de expediente 110/000264) ... (Página 21859)
- Protocolo adicional al acuerdo entre Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Suecia, la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la
aplicación de los párrafos 1) y 4) del artículo III del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares, adoptado en Viena el 11
de junio de 1998. (Número de expediente 110/000265) ... (Página 21859)
- Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para
la ampliación del puente internacional sobre el río Runer, entre las
localidades de La Farga de Moles, en España, y Sant Juliá de Lória,
en Andorra, hecho en Madrid el 13 de abril de 1999. (Número de
expediente 110/000266) ... (Página 21860)
- Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que
se modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, hecho en Copenghague el 3 de julio de 1972. (Número de
expediente 110/000267) ... (Página 21860)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania sobre
supresión recíproca de visados, hecho en Madrid el 9 de marzo de
1999. (Número de expediente 110/000268) ... (Página 21860)
- Acuerdo entre la Organización Europea de Patentes, la Oficina
Española de Patentes y Marcas y la Oficina sueca de Patentes y
Registros, sobre el establecimiento de una cooperación en materia de
búsquedas internacionales, hecho en Madrid el 10 de febrero de 1999.
(Número de expediente 110/000269) ... (Página 21860)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia,
relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en
Madrid el 30 de marzo de 1999. (Número de expediente 110/000270)
... (Página 21860)
- Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno macedonio, sobre
transporte internacional por carretera, hecho en Skopje el 2 de marzo
de 1999. (Número de expediente 110/000271) ... (Página 21861)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días. Se
abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, que se va a
celebrar de acuerdo con el orden del día que todos ustedes conocen.
(El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Solicito la palabra para una cuestión de
orden simplemente.
Observo que los órdenes del día del Pleno recogen los puntos y la
fecha respectiva de entrada en el registro de los correspondientes
escritos con las solicitudes de comparecencia, etcétera. En el orden
del día de la Comisión no figura ninguna fecha. En primer lugar,
figura la comparecencia del Gobierno, a petición propia, cuando la
realidad es que, de los tres temas que vamos a debatir hoy, el
escrito de petición de comparecencia del Gobierno ha llegado con
posterioridad a los presentados por los grupos; es decir, el Gobierno
ha solicitado comparecer después de que los grupos parlamentarios
hubieran pedido su comparecencia, tanto para el tema Pinochet como
para Cabo Verde como para Timor. Pediría simplemente que en el futuro
se incluyesen
en el orden del día de la Comisión las fechas de presentación
o publicación de los escritos.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN)
PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL CASO PINOCHET. APETICIÓN
PROPIA. (Número de expediente 214/000129)
- LAS CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL CHILENO,
CONCRETAMENTE DE LAS ENTREVISTAS DE LOS PRESIDENTES Y MINISTROS DE
ASUNTOS EXTERIORES DE AMBOS PAÍSES, RELATIVAS AL ASUNTO PINOCHET Y DE
SI SE HAN REALIZADO EN ELLAS PROPUESTAS CONCRETAS SOBRE ALTERNATIVAS
POLÍTICAS O DIPLOMÁTICAS AL PROCEDIMIENTO JUDICIALDE EXTRADICIÓN QUE
SE SIGUE EN EL REINO UNIDO CONTRA EL EX DICTADOR PINOCHET. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/001195)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA SOLICITUD DE UNA SOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL AL CASO DEL DICTADOR PINOCHET, REALIZADA POR EL
GOBIERNO CHILENO Y LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA QUE SE PUEDA HABER
PROPORCIONADO A ESTE GOBIERNO SOBRE ESTE ASUNTO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001203)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LAS RECIENTES AMENAZAS DE LOS GOBIERNOS
DE ARGENTINA Y CHILE DE BOICOTEAR POR MOTIVOS RELACIONADOS CON EL
PROCESO DE EXTRADICIÓN DE PINOCHET LA CUMBRE IBEROAMERICANA, QUE
DEBERÍA TENER LUGAR EN LA HABANA EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 213/001206)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL
GENERALAUGUSTO PINOCHET, ASÍ COMO PARA INFORMAR DE LOS CONTACTOS E
INTERCAMBIOS DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CON EL GOBIERNO DE CHILE Y
EL DE GRAN BRETAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/001216)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL PROCESO DE EXTRADICIÓN AL
ESTADO ESPAÑOLDE AUGUSTO PINOCHET. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001220)
El señor PRESIDENTE: Como les decía, vamos a comenzar esta sesión de
la Comisión de Asuntos Exteriores de acuerdo con el orden del día que
tienen ustedes delante y conocen. Tiene tres bloques fundamentales:
un primero de comparecencias del Gobierno, en este caso del señor
ministro de Asuntos Exteriores; un segundo de proposiciones no de ley
y un tercero de dictámenes sobre convenios y tratados
internacionales.
Quiero recordarles que el primer bloque deberá concluir
necesariamente, por obligaciones ineludibles del señor ministro, en
torno a las doce y cuarto de la mañana. De manera que tenemos tres
horas básicamente para tres comparecencias. Yo les pediría que lo
tuvieran en cuenta para calcular las respectivas intervenciones, no
superar ese tiempo y tener espacio suficiente para la exposición de
los argumentos.
Dentro de las comparecencias tenemos las que figuran con los números
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del orden del día, correspondientes al Gobierno, al
Grupo Socialista del Congreso, al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y tres al Grupo Parlamentario Mixto, todas ellas
referidas, con formulaciones diversas, a la posición del Gobierno
español ante el caso Pinochet. Las vamos a tramitar conjuntamente,
de acuerdo con las prácticas habituales de esta casa, que incluyen
que, con independencia de cuales sean las fechas de petición de las
correspondientes comparecencias, el Gobierno -según la práctica
habitual, no sé si reglamentaria- ha tenido una cierta prelación en
la utilización de la palabra; prelación que no afecta en absoluto a
los derechos y a las responsabilidades de cada uno de los grupos
parlamentarios.
Quiero dar la bienvenida al señor ministro de Asuntos Exteriores en
el comienzo de este período de sesiones y, sin más, darle la palabra.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias,
señor presidente.
Señorías, comparezco para informar sobre los últimos acontecimientos
y contactos mantenidos con las autoridades chilenas sobre el proceso
de extradición del senador Pinochet. La posición del Gobierno en este
tema ha sido siempre la misma, siempre muy clara. En primer lugar,
desde el inicio mismo de su planteamiento, el Gobierno ha respetado
escrupulosamente, como no podía ser menos, la independencia del Poder
Judicial, las decisiones de los órganos judiciales. Así, tal como
exigen, por otra parte, las leyes españolas, dio trámite en su día a
la solicitud de extradición formulada desde la Audiencia Nacional y
no ha tomado iniciativa alguna que pudiera interferir en el normal
desarrollo del proceso judicial. Dicho sea de paso, no podía tomar
tampoco ninguna iniciativa que pudiera interferir. Se ha actuado así,
en primer lugar, por imperativo legal -porque al respecto la
legislación española es muy clara- y, en segundo lugar, por la
absoluta convicción de que la separación entre los tres poderes es un
principio consustancial al Estado de derecho, que no puede
cuestionarse.
Dicho y reafirmado esto, es también indiscutible que el Gobierno
faltaría a su obligación si no hiciera todo lo posible, dentro de ese
estricto respeto a las decisiones judiciales, para preservar unas
relaciones cordiales con Chile y con toda Iberoamérica. En efecto,
aunque la solicitud de extradición es una decisión judicial -es
decir, una cuestión legal que pertenece al ámbito jurídico-, lo
cierto es que tiene también importantes repercusiones políticas que
no pueden ni deben quedar ocultas. Permítanme SS.SS. que explique
brevemente las razones por las que no es sólo conveniente sino
exigible intentar mantener una buena relación con Chile, y con toda
Iberoamérica, por encima de este proceso de extradición. Chile es,
ante todo, un gran país que juega un gran papel en Iberoamérica. Ha
llevado a cabo un respetable proceso de transición, con el que España
asumió, en su día, una responsabilidad política y moral. Es un país
que hoy mantiene con el nuestro unas intensas relaciones de toda
índole y en el que, prueba de ello, existen cuantiosas inversiones
españolas. Lo mismo puede decirse del resto de los países
iberoamericanos. Lo cierto es que en algunos de ellos este tema está
causando también tensiones y problemas y -no es ningún secreto- está
motivando el que alguno de estos países se plantee el no acudir a la
próxima cumbre iberoamericana. No es ésta una cuestión menor, como
SS.SS. saben, pues ha sido grande el esfuerzo de muchos gobiernos
españoles e iberoamericanos
por asentar y potenciar este marco de cooperación, y muchos son ya
los frutos obtenidos.
A la vista de ello, estoy seguro de que SS.SS. verán como algo
natural y, como decía antes, exigible que el Gobierno se haya
esforzado en mantener abiertos los cauces de comunicación con las
autoridades chilenas, realizando un esfuerzo de explicación de la
posición española y escuchando los puntos de vista de la chilena. En
ese deseo de dar a conocer nuestros puntos de vista se han hecho
llegar al Gobierno chileno una serie de documentos que SS.SS. también
conocen.
Este mismo esfuerzo se ha realizado con otros países iberoamericanos
con el único objetivo de que la solicitud de extradición no dañe
nuestras relaciones con la comunidad iberoamericana. Por mi parte, en
todos los contactos habido reiteré la postura del Gobierno español,
que todos ustedes conocen y que se resume en esta obligación de
respetar las decisiones de los órganos judiciales. Una y otra vez he
explicado que el Poder Judicial español, según el artículo 117.3 de
nuestra Constitución, ostenta, con carácter exclusivo, el ejercicio
de la potestad jurisdiccional, por lo que el Poder Ejecutivo debe
respetar la independencia de su actuación y no puede interferir en
sus decisiones, en las decisiones tomadas en ese ámbito de actuación
exclusivo.
Debo manifestar aquí que las conversaciones con mis colegas chilenos,
primero el canciller Insulza y luego el canciller Valdés, fueron
siempre francas y cordiales, las propias entre cancilleres de dos
democracias con relaciones fraternales aunque mantuviéramos
posiciones distintas. A partir de abril, las autoridades chilenas
comenzaron a plantear la posibilidad de acudir a un arbitraje
internacional sobre la cuestión de la jurisdicción. Chile piensa que
existe una controversia con España y afirma -cito textualmente- que
los tribunales españoles han violado la Convención contra la Tortura
al pretender ejercer jurisdicción sobre el senador Pinochet.
En un primer momento las autoridades chilenas parecieron inclinarse
por el Tratado de Arbitraje entre España y Chile, de 1927, como base
de esta petición, pero ya desde los encuentros mantenidos en Río de
Janeiro, el pasado mes de junio, la parte chilena ha invocado el
mecanismo de solución de controversias previsto en el artículo 30.1
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 1984.
Este artículo dice textualmente: Las controversias que surjan entre
dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o
aplicación de la presente Convención que no puedan solucionar
mediante negociaciones se someterán a arbitraje a petición de uno de
ellos. Si en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes
podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto de
la Corte.
Esta voluntad chilena se puso claramente de manifiesto en la carta
que me dirigió el canciller Valdés el pasado 23 de julio y, de modo
más explícito y formal, en la que me ha dirigido el pasado 3 de
septiembre. El contenido de ambas cartas ha sido ampliamente
divulgado. La postura que hemos venido manteniendo sobre esa cuestión
ha estado
basada en los informes elaborados por los servicios del Ministerio de
Asuntos Exteriores y por dictámenes de especialistas en derecho
internacional, a los que ya me he referido y que son conocidos. Se
deduce con claridad de estos informes la inviabilidad del arbitraje,
sea cual sea el instrumento jurídico invocado, tanto el de 1927 como
el de la propia Convención contra la Tortura, por la imposibilidad
del Gobierno de interferir en decisiones judiciales. Esta ha sido
siempre, como les decía al comienzo, nuestra posición y así se la he
expuesto a las autoridades chilenas. La parte chilena no comparte
esta postura española. Mantiene la procedencia del arbitraje, y desde
fines de julio ha insistido en que el Gobierno español solicitara un
dictamen al Consejo de Estado, al objeto de que éste confirmara, o
contradijera en su caso, la posición defendida por el Gobierno
español.
Yo he estado considerando, durante el mes de agosto -puesto que la
petición, como les decía, fue hecha a finales de julio-, la
posibilidad de un dictamen del Consejo de Estado, incluso pensaba
proponérselo a SS.SS., (aunque, con toda probabilidad el dictamen,
-porque nuestras leyes dicen lo que dicen-, no se hubiera apartado de
los informes jurídicos de que dispone el Gobierno) porque hubiera
supuesto un gesto hacia el Gobierno de Chile, en el sentido de
abundar, de darle toda clase de argumentos respecto de la ausencia de
margen de maniobra del Gobierno español, como todas SS.SS. conocen.
En todo caso, me temo que la petición de ese dictamen resulta ya
extemporánea en estas circunstancias en que la situación viene
marcada por la nueva carta del canciller Valdés del pasado día 3 de
septiembre. Ustedes saben que durante el mes de agosto el Consejo de
Estado permanece cerrado, no emite dictámenes y la posibilidad de
haber solicitado ese dictamen, que tendría que haberse producido en
estos días, aconsejaba la consulta con SS.SS. Repito que la
mencionada carta del canciller Valdés del pasado día 3, invita
formalmente al Gobierno de España a iniciar de inmediato
conversaciones con miras a poner en ejecución las etapas previstas en
el párrafo uno del artículo 30 de la Convención contra la Tortura.
Este párrafo uno pide: primero, negociación sobre ese posible
arbitraje; segundo, arbitraje si tal negociación conduce al
arbitraje; y tercero, en caso de desacuerdo o de no arbitraje,
recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A ese
respecto quiero señalarles que existe una obligación, derivada del
derecho internacional, de la propia Convención contra la Tortura, de
acceder a la solicitud de esas conversaciones.
Aparte de que rechazarla sería contrario a los usos diplomáticos e
incomprensible teniendo en cuenta nuestras relaciones con Chile, el
hecho es que estamos obligados a mantener, como dice el propio
artículo 30.1 del convenio, las conversaciones solicitadas.
Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de buena fe en el
cumplimiento de los tratados, he creído un deber de lealtad advertir
a las autoridades chilenas, en mi respuesta a la reciente carta del
canciller Valdés -respuesta que fue entregada ayer tarde en la
cancillería chilena-, de que el Gobierno español no tiene margen de
maniobra ni en cuanto a la jurisdicción ni en cuanto al fondo del
asunto, esto es, no puede acceder a la posibilidad de resolver por
medios diplomáticos o por arbitraje una controversia aún sin definir
exactamente sobre un caso sometido a un procedimiento judicial en
curso. Por ello, en esta contestación al canciller Valdés he dejado
claro que es este un asunto que está en manos de la justicia y que el
Gobierno español no puede sustraer del ámbito de los tribunales
españoles. Este es, precisamente, el eje de la cuestión que nos
venimos esforzando en explicar a las autoridades chilenas. Me parece
esencial que todos los entendamos.
En suma, señorías, habrá conversaciones, pero no puede haber
arbitraje, ni sobre la jurisdicción ni sobre el fondo del asunto
porque, desde el momento en que está en manos de los tribunales, el
Gobierno, insisto, no puede entrar a discutir sobre estos extremos,
ni puede tampoco dejarlos en manos de un árbitro. Evidentemente, ello
puede conducirnos, como nos obliga claramente el mencionado artículo
30.1 de la Convención contra la Tortura, a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. En este caso, en cumplimiento de sus
obligaciones internacionales -y, como SS.SS. saben, lo hemos
planteado en muchas ocasiones-, España acudirá a La Haya si el
Gobierno chileno así lo requiere.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista del Congreso,
tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No me extenderé en consideraciones,
-algunas de las cuales ya ha realizado el ministro-, sobre las
especiales relaciones de España con Chile, unas relaciones que se
mantienen y que se deben de mantener en el futuro. Tampoco iré más
allá sobre la posición del Grupo Socialista, porque, en el caso
concreto del general Pinochet y del proceso de extradición, ha sido
muy clara: España no puede y no pretende mantener una actitud
paternalista hacia Chile, ni para proteger a los chilenos de Pinochet
ni para proteger a Pinochet de la justicia. Esa era y sigue siendo
nuestra posición. Como era también la posición de esta Comisión el 28
de noviembre del año pasado al manifestarse claramente sobre el
proceso de extradición. Tampoco me extenderé más allá -luego hablaré
un poco- del triste papel del Gobierno, de su presidente y de su
fiscal general, sobre sus actuaciones y declaraciones.
Estamos ante una cuestión enormemente delicada. El caso Pinochet ha
reabierto una herida que estaba ahí, que no se había cerrado en la
sociedad chilena y el proceso actual no se ve con unanimidad desde la
propia sociedad chilena, desde las fuerzas políticas chilenas. Pero
hay que decir también que el caso Pinochet ha abierto nuevas
esperanzas a las víctimas de la dictadura, esperanzas de que cuando
menos se pueda hacer algo de justicia, se pueda obtener alguna
reparación. Señor ministro, me hubiera gustado oír en sus palabras
alguna referencia a las víctimas de la dictadura chilena, del general
Pinochet.
Ha habido nuevos elementos. Se están desencadenando nuevas tendencias
en la sociedad y en la vida política y judicial chilenas que
probablemente no hubieran adquirido esta dimensión sin el inicio del
caso Pinochet. En menos de doce meses han sido procesados 35 miembros
de las Fuerzas Armadas chilenas; el juez Guzmán investiga actualmente
40 querellas contra el general Pinochet. Si prosperase alguna de
ellas, probablemente nos podríamos ver ante un escenario nuevo en el
que el Gobierno chileno podría
incluso solicitar la extradición del general Pinochet, lo cual
evidentemente llevaría de manera automática a una apelación. El juez
Guzmán también ha decidido procesar a los integrantes de la caravana
de la muerte. Hay más de 200 procesos en los tribunales chilenos por
violaciones de derechos humanos y son actuaciones basadas en que el
secuestro y la desaparición es un delito permanente que no prescribe.
También se plantea ahora en Chile el debate sobre si de acuerdo con
los convenios de Ginebra los delitos contra prisioneros en un estado
de guerra son o no amnistiables.
El caso Pinochet está influyendo también en la doctrina internacional
sobre persecución de determinados crímenes, en concreto sobre la
tortura en el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia, y también
sobre la competencia universal de las jurisdicciones nacionales, como
se demuestra en un reciente artículo de la Revista General de Derecho
Internacional Público. Sin duda es imposible no seguir con pasión el
proceso que hoy vive el pueblo de Chile y no seguirlo también con
incertidumbre; es un proceso que se vive desde el fin de la
dictadura, un proceso hacia el que tenemos que tener la más absoluta
comprensión y el máximo respeto.
La situación a la que nos enfrentamos con el caso Pinochet es
compleja desde el punto de vista jurídico y tiene enormes
implicaciones y derivaciones, tanto de índole política como
sociológica, en la propia sociedad chilena. Sobre ella se pueden
tener posiciones divergentes; de hecho, en las fuerzas políticas aquí
representadas, en mi propio grupo parlamentario, posiciones
matizadas, existen posiciones diversas sobre distintos aspectos del
caso Pinochet. Pero lo que es difícil es no tener posición. Eso es lo
que ha intentado demostrar el Gobierno: que no tenía posición alguna.
Tras expresar el señor Aznar su esperanza de que a lo mejor el
Gobierno no se tenía que pronunciar -lo hizo muy al principio del
proceso-, el Ejecutivo siguió intentando no pronunciarse, ha ido
proclamando su asepsia -lo acaba de hacer ahora el ministro- respecto
de las decisiones judiciales, pero no hemos escuchado en absoluto una
valoración política del Gobierno sobre esas decisiones judiciales. No
hemos conseguido conocer la posición política del Gobierno ni la
opinión personal del presidente. Desde luego no ha sido tan aséptica
la de la Fiscalía, la del fiscal Cardenal, del fiscal Rubira y del
fiscal Fungairiño, cuyos argumentos y estrategias se confunden con
los de la defensa de Pinochet; también sus reflexiones políticas e
ideológicas se confunden con las de la defensa de Pinochet.
El Gobierno sostiene que nada puede hacer para influir o condicionar
las decisiones judiciales. Sin duda creo que es una visión ajustada.
Eso es lo que los grupos parlamentarios aquí presentes hemos pedido
al Gobierno desde el inicio. Pero yo me pregunto, señor ministro, ¿el
Gobierno no puede hacer nada con las decisiones, con las actuaciones
y con las declaraciones de los fiscales? Los fiscales actúan, sin
lugar a dudas, en el marco del Estatuto del ministerio fiscal y ese
Estatuto permite al Gobierno en determinados casos, por interés
general, dar instrucciones al ministerio fiscal. El Gobierno también
podría haberse desvinculado de determinadas tomas de posición clara y
netamente políticas, de actuaciones de obstrucción a la justicia por
parte del ministerio fiscal. No lo ha hecho el ministro. Los fiscales
han actuado, sin lugar a dudas, con
beneplácito del Gobierno. Los intentos de la Fiscalía de evitar el
juicio a Pinochet expresan, como señalaba no hace mucho el Daily
Telegraph, la ansiedad, a pocos meses de unas elecciones, del primer
Gobierno de derechas de España desde el general Franco. Yo no sé si
el Gobierno dispone de encuestas realizadas a lo largo del último año
de la opinión pública española sobre el caso Pinochet. Si las tiene,
si el CIS las ha realizado, nos gustaría conocerlas.
El anuncio que el Gobierno ha realizado hoy de que por fin ha
comunicado a la Cancillería chilena que no va a acceder al arbitraje
se produce siete semanas y media después de la primera carta, del 23
de julio, del Gobierno chileno. ¿Por qué tanto tiempo? Por cierto,
nos gustaría que también nos remitiese, a ser posible hoy mismo, la
carta del 3 de septiembre del canciller Valdés y la carta que ayer
enviaba el Gobierno al Gobierno chileno. Nos gustaría poderlas tener
hoy mismo. En fin, este anuncio pone fin a la incertidumbre que nos
ha tenido a todos los presentes en vilo durante el mes de agosto en
medio de las declaraciones de la Fiscalía. Suponemos que pone fin a
las expectativas que aparentemente había creado el Gobierno de Aznar
en el Gobierno de Chile; expectativas que no nos inventamos, que han
sido expresadas por el Gobierno de Chile y que según el mismo son
fruto de conversaciones y de encuentros, como el que mantuvo usted
con el Subsecretario Fernández, en el que, según dice el Gobierno
chileno, usted apuntó la vía del arbitraje; como el encuentro del
señor Martín Villa con el canciller Valdés, dicen los chilenos, en
nombre del ministro de Exteriores español, donde evocó la consulta al
Consejo de Estado, y todo ello con un Gobierno que dejaba o hacía
actuar a la Fiscalía, que incluso -lo ha dicho usted- remitía al
Gobierno de Chile informe de sus asesores con toda la argumentación
de por qué al Gobierno español le era difícil aceptar el arbitraje.
No sé si esto es normal. Entiendo que era un gesto de buena voluntad
y que no se ha hecho igual, por ejemplo, en el caso del fletán con
Canadá, asunto sobre el cual no se le han dado nuestros argumentos
jurídicos. Fueron aún más lejos, remitieron el escrito del fiscal
Fungairiño que, si no me equivoco -no estoy seguro-, es parte del
sumario; sumario en el que ni España ni Chile son parte.
Cuando recibió el escrito de 23 de julio usted dijo que contenía
razones sólidas e importantes que iban a estudiar con cuidado.
¿Cuáles eran esas razones o esos elementos nuevos que hicieron decir
al portavoz de la oficina de información diplomática que se iba a
poner en marcha un mecanismo de consulta dentro de la Administración
y de las instituciones con un probable recurso a otras instancias
consultivas? ¿Qué instituciones se han consultado? ¿Qué otros
informes se han producido? Ya lo dijo el presidente del Consejo de
Estado: afortunadamente, no nos han consultado. El ministro Insulza
califica de insólita su actitud al rechazar desde Finlandia los
argumentos de una carta que usted -la del 3 de septiembre- todavía no
conocía. A mí también me sorprendió.
El Gobierno de Chile ha descubierto otro rasgo de este Gobierno. He
hablado en alguna ocasión de la irrelevancia política del Gobierno en
su política exterior y de la existencia de una política exterior
errática. Pues bien, hace unos días, el señor Insulza expresaba su
malestar por la errática política española que encabeza el canciller
Matutes que,
según decía, los tiene desconcertados. Y dicen más, dicen que se
sienten engañados. Dicen que se sienten engañados miserablemente.
Señor ministro, algo habrá hecho usted mal para que no se le
comprenda y no se le entienda o para que se le entienda mal. Hablan
también de falta de respeto por ese retraso en responder. Acusan de
cambio de posición con relación a lo que se les había dicho en
conversaciones y en reuniones y afirman: Aznar ha puesto
absolutamente por delante los temas de la política interna y sus
afanes políticos electorales. Afirman que fue el propio Matutes el
que sugirió el tema del arbitraje y que Martín Villa había abundado
en esa misma línea, incluso que desde el Gobierno español se les
había sugerido que en la carta que se les iba a enviar el día 3 se
hiciera constar la buena voluntad española.
Señor ministro, ¿por qué nos pasa esto a nosotros, por qué le está
pasando esto a España y no al Reino Unido? ¿Por qué estas cosas se
dicen del Gobierno de España y no del Gobierno del Reino Unido? Si
esto lo dicen los amigos, qué no dirán los que no son tan amigos.
¿Qué motivos ha dado usted, su Gobierno y el señor Aznar, para que
esto se esté produciendo? ¿Falta a la verdad el Gobierno de Chile al
decir que la defensa de la Cancillería -y cito textualmente-, en la
mayor parte de sus acciones y propuestas en torno a este caso, ha
sido inducida por el Gobierno Aznar? No sé, cuando dicen el Gobierno
Aznar, a qué llaman Gobierno, pero en el escrito de 3 de septiembre
hay un párrafo donde los argumentos son un calco de las tesis de la
Fiscalía. Dicen además que el Gobierno de Chile se hace cargo de la
controversia que hay respecto de la jurisdicción de los tribunales
españoles; la controversia precisamente es la suscitada por la
Fiscalía y también por el presidente Aznar a la salida de su
entrevista en Marivent cuando, al ser preguntado por el caso
Pinochet, afirmaba que reivindicaba la competencia del Gobierno en
materia de política exterior, con lo cual creaba aún más confusión.
¿Qué expectativas han creado Aznar y usted en el Gobierno chileno,
qué insinuaciones, qué compromisos?
Señor ministro, estamos en una situación compleja. Ha hablado el
ministro del riesgo de la cumbre de La Habana, de que los gobiernos
de Chile y de Argentina decidan no asistir a dicha cumbre con motivo
de esto que consideran un contencioso bilateral. Le tengo que decir
algo. En primer lugar, cuentan usted y el Gobierno con todo el
respaldo y la colaboración del Grupo Socialista para que las
relaciones entre España y Chile sean cordiales, fluidas, solidarias y
de entendimiento. Cuenta usted con todo el respaldo del Grupo
Socialista para garantizar el éxito de la cumbre de La Habana, que
sin duda se va a producir. Pero le tengo que decir que ustedes no
hacen otra cosa que recoger lo que ustedes mismos han sembrado. Las
cumbres iberoamericanas fueron un mecanismo donde desde el principio
se tuvo especial cuidado en excluir la introducción de los
contenciosos bilaterales, y había bastantes en aquel momento, por
ejemplo, toda la situación en Centroamérica. El Gobierno del señor
Aznar en 1996 introdujo los contenciosos bilaterales en las cumbres
iberoamericanas, en la famosa cumbre de la corbata, con aquello de si
tu mueves ficha, yo muevo ficha, e intentó introducir la
confrontación entre el Gobierno Aznar y el Gobierno de Cuba, de Fidel
Castro, en el proceso de las cumbres iberoamericanas.
Están ustedes recogiendo las tempestades que sembraron en 1996 con
sus vientos. En cualquier caso, sepa, señor ministro, que cuenta
usted con nuestro respaldo. Yo no sé si esta decisión del Gobierno de
dar carpetazo definitivamente y contestar tras siete semanas y media
responde a que por fin los equipos electorales del PP han tomado las
riendas de la decisión política del Gobierno. En cualquier caso,
bienvenida sea la decisión, cuenta usted con todo nuestro respaldo y
nuestra solidaridad para que el Gobierno de Chile y de España, el
pueblo de Chile y el pueblo de España sigan por la senda del
entendimiento y de la amistad.
El señor PRESIDENTE: La siguiente solicitud de comparecencia es del
Grupo Mixto, que tiene tres peticiones. Se me indica que el portavoz
del Grupo Mixto, al menos para esta sesión, será el señor López
Garrido. Yo pediría a todos los miembros del citado grupo que han
solicitado comparecencias -si las quieren mantener,
reglamentariamente tienen derecho a hacerlo- que dividan el tiempo,
para no llegar a la situación, un poco extraña, de que el Grupo Mixto
sea en realidad tres grupos.
Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Como portavoz del Grupo Mixto y en
representación, a la vez, de los diputados de Nueva Izquierda,
nosotros hemos solicitado una comparecencia del ministro de Asuntos
Exteriores, que ha coincidido con las peticiones de otros grupos
parlamentarios, en relación con una situación que era cada vez más
confusa, y más difícil de entender y que ha desembocado en este
intercambio de cartas, de petición de arbitraje por parte del
Gobierno de Chile y de denegación de ese arbitraje a los dos meses
por parte del Gobierno español. Es una respuesta que no arregla del
todo las tensiones entre gobiernos de países hermanos y que deberían
tener las mejores relaciones, sobre lo cual sobrevuela la gran
cuestión del caso Pinochet, sometido a los tribunales, cosa que
alguien no ha debido entender todavía, pero que también es un caso de
fuertes implicaciones políticas y que requería una especial
sensibilidad por parte del Gobierno español, un saber llevar a cabo
ese dossier, o esa importante cuestión, que está sometida a los
tribunales, pero que no cabe duda que tiene también sus implicaciones
y consecuencias políticas, lo cual no impide que sigamos considerando
que el caso Pinochet es una cuestión que se tendrá que dilucidar al
final por una decisión judicial dentro de un Estado de derecho. Aquí
ha habido un problema de fondo. Por eso nosotros, con otros grupos
parlamentarios, traemos la cuestión al Parlamento. Además de que esté
en los tribunales la hemos traído al Parlamento, y usted también lo
ha hecho al final al pedir su comparecencia. La posición del Gobierno
ha condicionado -no del todo, pero nosotros creemos que lo ha hecho-
este malestar cada vez mayor que se ha producido entre Chile y
España, entre el Gobierno de Chile y el Gobierno español, y que ha
contaminado también a otros gobiernos latinoamericanos y que puede
afectar a la próxima cumbre iberoamericana. La causa, a nuestro
juicio, en buena medida recae en la responsabilidad de este Gobierno,
que ha mantenido una enorme ambigüedad en el caso Pinochet desde el
principio lanzando implícitamente mensajes equívocos al Gobierno
chileno y a otros gobiernos y
que sigue manteniendo lo que yo podría llamar incluso un doble juego
en relación con esta cuestión, por una parte hablando -y usted ha
vuelto a repetirlo y me parece muy bien- de la independencia judicial
y del respeto a las decisiones judiciales y, por otra, poniendo todos
los obstáculos posibles para que Pinochet no sea juzgado en España, a
través de las actuaciones incalificables -hemos agotado todos los
adjetivos para poder definirlas-, con la política que está llevando a
cabo en este tema la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la
Audiencia Nacional. El Gobierno podría evitar que la Fiscalía
siguiese por ese camino, muy peligroso, que está llevando desde el
principio en esta cuestión.
Es verdad que el Gobierno tramita la extradición. Después de lo que
ha pasado alguno podría dudar sobre qué habría hecho el Gobierno si
hubiera sabido que después los lores británicos iban a decir lo que
dijeron, pero queremos pensar que el Gobierno no tenía más remedio
que tramitar esa extradición, que era una petición judicial. Pero no
sigue ese proceso con un apoyo a la extradición desde el punto de
vista político, todo lo contrario, la Fiscalía de la Audiencia
Nacional empieza a interponer recurso tras recurso sistemáticamente
para obstaculizar el procedimiento de extradición -Fiscalía sobre la
que tiene influencia evidente este Gobierno- y a producir escritos
cada vez más ininteligibles, que tienen por objetivo impedir que se
produzca al final esa extradición, solicitando la libertad de
Pinochet, recurriendo autos de prisión, recurriendo la extradición,
recurriendo la competencia, cuando la Audiencia Nacional, en
históricos autos de 4 y 5 de noviembre del año pasado, deja clarísimo
que España es competente para juzgar a Pinochet. Apesar de ello la
Fiscalía, con una actuación que roza la prevaricación, sigue una y
otra vez, erre que erre, planteando la competencia, algo que no se
podrá hacer según las estrictas leyes procesales hasta el comienzo
del juicio oral. Ese es un mensaje muy equívoco para el Gobierno
chileno, porque si la Fiscalía, en la que sí tiene influencia el
Gobierno -no sobre los tribunales- hace lo que está haciendo, el
mensaje que se le manda al Gobierno chileno es que al Gobierno
español le parecería muy bien que se interrumpiese esa extradición y
que no fuese juzgado Pinochet en España. Por tanto, ese mensaje
equívoco, a través de actuaciones como las de la Fiscalía y del mal
manejo de la cuestión del arbitraje, ayuda a entender también ese
empecinamiento del Gobierno chileno en presentar una petición formal
de arbitraje en julio, cuando debería saber indubitadamente que se le
iba contestar que no. Desde el primer momento, cuando a lo largo de
abril o mayo empieza a haber algunas sugerencias por parte del
Gobierno chileno sobre la posibilidad de sujetar ese asunto al
arbitraje, debería haber habido una posición nítida y clara del
Gobierno español en ese sentido, porque si hay algo clarísimo en esta
cuestión es que no se puede someter a un arbitraje, es de las cosas
más claras que se deducen de los convenios de arbitraje de España y
Chile del año 1927 - por cierto, recientemente denunciado por Chile-
y del año 1984. Tendría que estar claro desde el primer momento.
Menudo papel iba a jugar España aceptando un arbitraje después de que
este tema está sometido a un proceso de extradición en el Reino
Unido. Por cierto, la posición del Gobierno español contrasta muy
claramente con la posición,
nítida, del Reino Unido a este respecto, que no ha dejado ninguna
duda. El Gobierno español debe salir de esa ambigüedad y tener una
actitud mucho más nítida en cuanto a la posición favorable, porque se
ha pedido directamente a través de una extradición, a que Pinochet
sea juzgado en este país. Todavía no hay una sola declaración de
ningún miembro del Gobierno español que diga que el Gobierno quiere
que Pinochet sea juzgado en España. Esto no se ha dicho. Por tanto,
no se sabe qué piensa el Gobierno y cada uno de sus miembros; habría
que adivinarlo respecto de sus actuaciones.
A Chile hay que decirle con toda claridad que no es parte en esta
cuestión. El país chileno, a quien tanto queremos, la nación y el
Estado chileno no son parte en esta cuestión; es una cuestión de la
justicia española con Pinochet. No es parte tampoco el Gobierno
español estrictamente; es la justicia con Pinochet. Yen este caso el
Gobierno español, por nuestro sistema jurídico, no puede transigir
para nada en esta cuestión. A diferencia de lo que en algunas
ocasiones podrían hacer Alemania o Italia introduciendo alguna
posición gubernamental, en España no es así, el Poder Ejecutivo es
independiente del Judicial y el Judicial del Ejecutivo y, por tanto,
aquí no hay posibilidad ninguna de transacción, de arbitraje ni nada
por estilo, no hay ninguna posibilidad a ese respecto. Eso tenía que
haber quedado claro para el Gobierno chileno desde hace mucho tiempo.
A la Fiscalía el Gobierno español sí que le puede decir que deje de
dinamitar el sumario de Pinochet, que deje de dinamitar este
procedimiento, que deje de actuar con deslealtad procesal, que es lo
que está haciendo, respecto del caso Pinochet. Y, por cierto, que el
Gobierno español, que respeta la independencia judicial, conteste a
las peticiones de los jueces. Todavía el Gobierno español, que yo
sepa, no ha contestado la petición del juez Baltasar Garzón de que se
le informe de qué documentos ha entregado este Gobierno al Gobierno
chileno, para saber si alguno de ellos ha podido salir del sumario,
cosa que está absolutamente prohibida por la ley y que necesitaría
haber tenido una autorización del juez. Ese escrito que dirigió
Baltasar Garzón hace algunos meses al Gobierno, no ha sido contestado
y el Gobierno tiene que hacerlo. Ese escrito ha sido recurrido por la
Fiscalía, pero ese recurso no tiene carácter suspensivo, y el
Gobierno está en la obligación de contestar al juez Baltasar Garzón.
Por último, señor presidente, además de solicitar al Gobierno que
diga que quiere que Pinochet sea juzgado, le pedimos que le diga a la
Fiscalía que cambie -como hemos hecho ayer; yo personalmente he
enviado una carta a la Fiscalía General del Estado recordando que el
11 de septiembre fue el 26.o aniversario de una de las mayores
masacres de la historia y de crímenes contra la humanidad-, que
cambie su conducta y su política en esta cuestión. El Gobierno puede
y deber hacerlo. Este no es un tema, como ha dicho un portavoz
anteriormente, de paternalismo. No podemos, en aras de un supuesto
respeto diplomático, condenar a las democracias latinoamericanas
a que sean democracias de segundo nivel o a que sean Estados de derecho
de segunda fila. El caso Pinochet es una ayuda a la democracia en
Latinoamérica y en Chile. Es un caso de enorme ayuda a esas y a otras
democracias en el mundo. Es un aviso a los dictadores de ahora y del
futuro,
y, por tanto, nada tiene que ver con unas malas relaciones o no
respeto a lo que es un proceso de transición, absolutamente
respetable, como es el caso de la transición de Chile.
Millones de personas en Chile, en países latinoamericanos y en todo
el mundo están encantados y tuvieron una gran esperanza desde el
momento en que Pinochet fue detenido y sometido a un proceso de
extradición en el Reino Unido. Nunca se debe defraudar esa esperanza,
que está ahí, y menos con posiciones no claras, ambiguas o no
decididas en esta cuestión. Si hay algo que es incuestionable es que
hay que luchar con todas las fuerzas contra los crímenes contra la
humanidad y ser nítido en este aspecto. Eso está por encima de
cualquier razón de Estado o de relaciones internacionales entre un
país y otro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
Señor Rodríguez, su petición ha sido formulada posteriormente a la
del señor Navas. Como me imagino que repetirán los mismos argumentos,
prefiero mantener el respeto al orden de presentación.
Señor Navas, tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Gracias por sus explicaciones, señor ministro.
Primero, quiero hacer un breve comentario sobre lo que mi grupo desea
que sean las relaciones bilaterales entre Chile y España, que
evidentemente están en la línea argumentada por usted. Desde luego,
nuestro deseo de conseguir aumentar las relaciones bilaterales y
desarrollarlas en amplios aspectos no es menor que el que ha
expresado usted. Nos gustaría que se desarrollaran en un marco mucho
más amplio, no sólo ya de cooperación, de relaciones diplomáticas y
de participación conjunta en distintos ámbitos multilaterales, sino
que, además, la idea de mi grupo sería que de esa cooperación y de
esa relación ambos países pudieran enriquecerse, no desde el punto de
vista material, sino sobre todo en aquellas cuestiones que a ambos
países nos pueden interesar más, como la profundización en los
valores democráticos, la independencia de los distintos poderes y,
desde luego, la profundización en un Estado fuerte, social,
democrático y de derecho, tanto para Chile como para el resto de la
comunidad iberoamericana. Esto no lo decimos desde un punto de vista
paternalista o colonialista; lógicamente todos, la comunidad
iberoamericana y España, estamos trabajando por fortalecer unos lazos
que nos deben conducir a un destino que no puede ser otro que ese
escenario futuro de democracias consolidadas y desarrolladas.
Asentado este principio que enmarca el planteamiento de nuestro grupo
respecto a lo que consideramos que es una cuestión fundamental para
alcanzar esa meta, quiero hacer un análisis político de algo que
usted ha centrado exclusivamente en el riesgo que este caso tiene
para las relaciones bilaterales, no profundizando en ese otro aspecto
político, que es en el que yo quiero centrar mi intervención. Desde
luego, al Gobierno español se le ha pasado una patata caliente, como
se suele decir en el argot coloquial, y hasta el día de hoy usted
sólo ha definido una posición clara del Gobierno respecto a uno de
los temas fundamentales de
este asunto: el arbitraje, sobre el cual el Gobierno y las
autoridades chilenas habían centrado una parte fundamental de su
argumento. Hoy por fin usted ha dicho que el Gobierno español no ve
la posibilidad del arbitraje y lo ha razonado con informes jurídicos
de distintas procedencias. Por fin empezamos a concretar posturas del
Gobierno sobre aspectos fundamentales de este caso. Yo quiero
reclamar al Gobierno que desarrolle lo que hasta ahora no ha hecho y
que huya del escudo en el que se ha parapetado de que no tiene margen
de maniobra respecto a lo que es la separación de poderes en el
Estado español y que no puede resolver este asunto diplomáticamente.
Le pedimos que valore políticamente el caso tan importante como el
que tenemos entre manos.
Le demando otra cuestión fundamental, que colabore con la justicia
española. Hoy tenemos que analizar tres aspecto, fundamentales que
denotan una falta de colaboración del Gobierno español con la propia
justicia. Primero, el comportamiento de los fiscales, respecto a lo
cual el Gobierno tiene la responsabilidad de tomar una serie de
medidas. No ha lugar a las declaraciones del fiscal general del
Estado y del conjunto de miembros de la Fiscalía, que dependen
jerárquicamente de él, en un Estado como el español, que pretende
equipararse a los Estados de derecho más importantes y de
desarrollados que hay en el mundo. No podemos estar teorizando los
escritos de Carl Schmitt, en los cuales se argumentaba que acciones
como las que pudiera llevar acabo Pinochet o Hitler estaban
enmarcadas en unos procesos muy concretos y que pretendían evitar
otro tipo de males. No es aceptable y es inmoral decir que los fines
justifican las muertes que se hayan podido producir en procesos como
aquel del que se acusa al general Pinochet. Por tanto, reclamamos al
Gobierno que actúe en la Fiscalía, y si el Gobierno realmente se
siente identificado con la Fiscalía, debería seguir con la actitud
actual de mirar para otro lado y entender que los fiscales no tienen
nada que ver con el Gobierno.
El segundo elemento en la falta de colaboración está dirigido hacia
las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet. Tenemos
constancia de que el Gobierno no ha sido sensible a las peticiones de
estas víctimas y que, sobre todo, no ha sido sensible a recibir las
demandas que estaban interponiendo contra Pinochet.
El tercer elemento que España debe tomarse con total responsabilidad
es el de exigir a Chile la ejecución de los convenios bilaterales de
colaboración judicial. La diplomacia no puede evitar que se cumplan
los convenios firmados entre ambos países y, desde luego, la justicia
chilena se ha negado a colaborar desde el primer momento con la
justicia española. Existen convenios que obligan a las partes y
existen cláusulas según las cuales los dos Estados pueden demandar el
cumplimiento de sus compromisos.
Son tres elementos que nosotros consideramos básicos y que sitúan al
Gobierno en un lugar en el que no nos hubiese gustado verle en ningún
momento cuando estamos enjuiciando algo que tiene tanto que ver con
los derechos humanos y cuando estamos Estamos analizando algo que
tiene una gran importancia, mayor que la que Chile o España le
podamos dar. La comunidad internacional está pendiente de este
proceso que, sobre todo, va a marcar el futuro de lo que se podría
llamar la persecución de acusados de
delitos de terrorismo, genocidio, torturas, etcétera. No se pueden
argumentar razones humanitarias para evitar que Pinochet entre en
juicio; las razones humanitarias son las que se tenían que haber
invocado durante la dictadura chilena para evitar que hiciese lo que
hizo. Evidentemente, tanto en Gran Bretaña como en España se le está
asegurando un proceso judicial en el que todas sus garantías están
preservadas y, por lo tanto, lo necesario es que Pinochet,
cumpliéndose los trámites reglamentarios, pueda ser extraditado
a España a la mayor brevedad posible y sea puesto en manos de la
Audiencia Nacional para su juicio.
Me gustaría que el ministro ahondase más en las relaciones
bilaterales entre Chile y España. Parece ser que las presiones
políticas que está sufriendo el Gobierno español son intensísimas y
yo quisiera que hiciese una radiografía de hasta dónde pueden llegar
estas amenazas y estas presiones, porque no sólo tiene que ver con el
posible boicot a la cumbre iberoamericana. Como grupo político,
nosotros confiamos en que al final Chile vaya a dicha cumbre. Yo creo
que está utilizando distintos medios de presión ante el Gobierno
español para que tome una serie de medidas políticas, medidas que
desde luego no va a poder adoptar, y no por su sola voluntad, sino
porque el Estado de derecho español se lo impide, y que al final
Chile irá a la cumbre iberoamericana.
Nos preocupa el alcance que puedan tener los distintos acuerdos
bilaterales firmados, sobre todo en cuanto a que cualquier conflicto
de estas características entre Chile y España vaya a influir
directamente, como no podía ser de otra forma, en las relaciones de
Chile con la Unión Europea, y eso es muy importante cuando España
está sirviendo de llave y de puente entre Iberoamérica y Europa, algo
que interesa a todas las partes, sobre todo a los distintos países
iberoamericanos. Entendemos que Chile tenga una serie de expectativas
respecto a lo que podría ocurrir con el ex dictador, pero pensamos
que sería un grave error el intentar imitar transiciones políticas,
entendiendo que los mismos criterios de la española podían aplicarse
directamente a la chilena, y que sobre todo son los aspectos
fundamentales de las transiciones los que las estabilizan y dan
solidez y solvencia para el futuro.
Nosotros pensamos que con esta actitud España y, como digo, la
comunidad internacional, que prácticamente de forma unánime está
apoyando las tesis de la Audiencia Nacional, va a favorecer
profundamente esa estabilidad y esa solvencia de la democracia
chilena. El Congreso español ya ha fijado su posición en noviembre
del año pasado, como ya se ha dicho, alrededor de esas dos cuestiones
fundamentales: apoyo sólido, inequívoco, a la transición política
chilena, al tiempo que el Parlamento español también se sitúa al lado
de lo que debe ser el Derecho internacional humanitario, algo que
todavía no está consolidado con la creación del Tribunal Penal
Internacional, pero que en este caso se justifica porque este
tribunal no podría actuar contra delitos como de los que se acusa al
ex dictador, cometidos con anterioridad a la creación del mismo
tribunal. Por lo tanto, es necesario que la Audiencia Nacional
continúe con sus trabajos, es una exigencia al Gobierno el que
colabore y coopere con la justicia española, y también, cabe exigir
al Gobierno que se abra a las demandas de las víctimas españolas de
esta ex dictadura. Todas esas amenazas
de Chile hacia España lo único que van a conseguir es debilitar la
postura de Chile ante la comunidad internacional. Pensamos que el
Gobierno español tiene un deber y una obligación: tiene que saber
explicar su posición actual ante la comunidad iberoamericana. Hay una
gran incomprensión de nuestro Estado de derecho, de las actitudes que
deben de cumplir nuestros gobernantes, nuestros parlamentos, el Poder
Judicial y su autonomía, y por lo tanto es necesario una labor
divulgativa de cómo se está configurando este proceso y el margen en
el que nos movemos cada uno de los distintos poderes del Estado
español.
Queremos que el Gobierno español no interfiera en el proceso
judicial, y le exigimos que colabore con la Audiencia Nacional en
todas aquellas peticiones que le está demandando y sobre todo que
articule diplomáticamente a todas nuestras representaciones en
Iberoamérica para conseguir una mayor comprensión de lo que es y
significa el proceso entablado contra el ex dictador Pinochet.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, como yo me temía, el señor
López Garrido ha consumido prácticamente todo el tiempo de su grupo.
Le pediría que fuera lo más breve posible en su exposición.
También tenía pedida una comparecencia, en nombre del Grupo Mixto, la
señora Lasagabaster, a quien no veo en la sala. Consuma usted su
turno, pero en cualquier caso con la máxima brevedad.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En primer lugar he de decir que voy a
intervenir en nombre de la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna,
por indicación suya, y en nombre del Bloque Nacionalista Galego.
Deseo recordarle que es norma que el tiempo del Grupo Mixto se divida
entre los intervinientes. Yo no soy responsable de que los demás
hablen de más. Me voy a ceñir al tiempo que usted me circunscribe.
Yo comprendo -y quiero decir esto no solamente a título particular,
sino desde un punto de vista analítico, desde una fuerza política
nacionalista- que el señor ministro de Asuntos Exteriores esté
perplejo ante una situación que en principio nos dejó perplejos a
todos. Realmente, cuando hay una situación internacional en la que se
considera que todo está atado y bien atado, que existan a veces
jugadas del destino, que a lo mejor son algo más que jugadas del
destino, por las que se pueda posibilitar una situación que consiste
en que un ex dictador que fue jaleado por todo el mundo occidental
anticomunista se vea ahora ante unos tribunales y acusado de crímenes
contra la humanidad, no es para menos que estar perplejo. Pero son
situaciones inevitables en un mundo que felizmente es contradictorio
y que, a pesar de que algunos quieren que no ande, se mueve, como
diría el otro.
Desde la perspectiva nacionalista, pensamos que una situación así
cuenta lógicamente con discrepancias y con posiciones muy críticas,
no solamente en el Estado español, sino también en Gran Bretaña. A
pesar de que somos nacionalistas, consideramos que el caso del Estado
español no es peculiar dentro de la Unión Europea. Efectivamente, el
señor Pinochet cuenta con apoyos importantes en Gran Bretaña. No hay
más que verlo expresado a través de una ex jefa de Gobierno que con
entusiasmo no solamente lo
visita, sino que además defiende la causa del dictador, incluso la
causa ejecutiva por el momento histórico en que le tocó gobernar
Chile. En el Estado español es indudable que los fiscales que actúan
así no lo hacen conmovidos por un ansia humanitaria de ver a un
viejecito en una situación tan dificultosa, sino que lo hacen porque
comparten gran parte del universo político, moral e ideológico del
dictador, como seguramente en el Estado español hay muchísimos
sectores del aparato del Estado que son proclives a justificar
cualquier tipo de barbarie en nombre de no se sabe qué estabilización
de la vida política.
Por eso, nosotros pensamos que usted tiene un papel muy duro, un toro
muy difícil de lidiar, que hace referencia ni más ni menos que a toda
la capacidad de presión y de poder que tienen sectores que se
consideraban inmunes a cualquier tipo de crítica o, sobre todo, de
proceso judicial que los pusiese en entredicho, y además porque el
caso afecta a un proceso de transición política que se está dando en
otro Estado que es soberano. En ese sentido queremos decirle lo
siguiente, señor ministro. Para nosotros, ninguna transición política
es modélica, sino que cada una es lo que puede ser dentro de su
territorio, pero en todo caso es cierto -y políticamente se lo
queremos decir- que este caso está contribuyendo a la pérdida del
miedo dentro de Chile -cosa que es fundamental-, está contribuyendo a
una mayor democratización y está contribuyendo a que, por fin, la
causa de muchos ciudadanos torturados y masacrados pueda ser
denunciada ante los tribunales, y no solamente dentro de Chile. Usted
sabe que en el exterior hay ciudadanos del Estado español (el nombre
del señor Soria le puede recordar algo) que no fueron debidamente
amparados en su momento y creo que es una buena ocasión para que el
Estado español, por lo menos en defensa del legítimo derecho de las
personas físicas que fueron gravemente perjudicadas y sus familias,
se porte de la manera más acorde con los derechos humanos. Además,
quiero decirle que en algunos casos eran cargos diplomáticos, lo cual
obliga muchísimo más al Gobierno del Estado español e incluso al
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Nosotros podemos comprender que en el Estado español haya mucha gente
que piense que en las transiciones hay que olvidar el pasado, pero lo
que no se puede hacer es estar dispuestos a aceptar el peso
contundente, práctico y real del pasado y su incidencia en los nuevos
regímenes políticos. En este sentido, pensamos que la reacción del
régimen actual de Chile o del de Argentina no es de recibo porque
está montada en una visión patriotera, que curiosamente sólo es así
cuando les interesa, porque es patético ver a dos gobiernos sumamente
unidos ahora cuando estuvieron enfrentados por la guerra de las
Malvinas y con colaboracionismos externos con terceros países. En
este aspecto, no tenemos nada que amparar y nos parece que el proceso
está obteniendo unas eficacias políticas interesantes.
En cuanto al Estado español, comprendemos que los intereses
económicos de grandes empresas puedan sufrir y comprendemos que el
Gobierno español a través suyo haya entrado en una serie de
conversaciones secretas obligado por este tipo de presiones, pero, en
todo caso, sería gravísimo que ustedes pactasen en secreto cualquier
posibilidad de vuelta de Pinochet a Chile sin ser juzgado en el
Estado
español, por mucho que, repito, las circunstancias internacionales
perjudiquen momentáneamente los intereses económicos del Estado en
Latinoamérica.
Señor presidente, concluimos diciéndole al señor ministro lo
siguiente. Dejen actuar a los tribunales, colaboren con la justicia
en todo aquello en que la colaboración deba ser legítima, tengan en
cuenta que no solamente ciudadanos de Chile, sino de terceros países
y concretamente del Estado español, sufrieron amargamente la
persecución, la desaparición y la tortura, y actúe en consecuencia.
Por lo demás, quiero decirle que las contradicciones de la actual
situación internacional hay que asumirlas también, afortunadamente
existen, y esperamos ver al ex dictador en un juicio con todas las
garantías, juzgado como se merece, no sólo desde el punto de vista
político, sino por los crímenes que indudablemente se cometieron en
su mandato.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desearían intervenir no habiéndolo
hecho previamente?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Después de la salutación cordial y con
todo afecto al señor ministro de Asuntos Exteriores, del Abel
Matutes, al reanudarse este nuevo período de sesiones, voy a fijar la
posición de mi grupo, Coalición Canaria, ante el motivo que nos
convoca aquí en este punto del orden del día.
Desde Coalición Canaria nosotros tenemos tres ópticas para el
enjuiciamiento de este problema. En primer lugar, el valor moral que
para la comunidad canaria supone su proyección histórica y cultural
sobre Iberoamérica, Comunidad de naciones de la que Chile forma parte
con todo afecto. Nuestro apoyo a todo deseo de bienestar democrático,
jurídico, legal, político, económico y social con la nación chilena
desde esta parte de nuestro Estado español que es Canarias, y por
tanto, vemos con simpatía todo lo que pueda favorecer el
mantenimiento de relaciones diplomáticas cordiales a través de
nuestro departamento cuya titular es el señor Matutes, pese a todo
contencioso, como éste tan espinoso que se nos presenta aquí.
Nuestro segundo punto de valoración es el principio de legalidad. No
podía ser otro para Coalición Canaria que el respeto a la
Constitución española, a los órdenes jurisdiccionales que señala la
misma, entre los que está el de los tribunales de justicia. Tienen
que comprender el pueblo chileno, las autoridades chilenas, cualquier
sector democrático chileno, que la postura política española no puede
ser otra que la del el respeto a nuestra Constitución, en lo que
consagra con el nombre de poder, Poder Judicial. Por este motivo ya
adelanto que compartimos el planteamiento con que cerraba su
intervención el señor Matutes de la falta de maniobra, de
flexibilidad, que por parte del Gobierno chileno en una componenda de
arbitraje se pudiera plantear al Gobierno español. Nuestra
Constitución llama a la jurisdicción correspondiente Poder Judicial,
con el carácter de poder y con el carácter de independencia, y a ello
tiene que someterse el Gobierno español, como lo hace a todas
aquellas leyes concordantes con nuestro ordenamiento jurídico y a los
acuerdos y convenios internacionales que en el ámbito de los derechos
humanos y de las jurisdicciones internacionales
ha signado el Gobierno español en cualquier de las épocas de
mandato democrático que ha tenido en esos últimos veinte años, entre
ellos la Convención contra la Tortura y, en su caso, la
correspondiente remisión al Tribunal Internacional de La Haya donde
está esta última instancia.
Con esto ligamos, para que lo comprenda el Gobierno chileno y
cualquier fuerza de opinión que exista en la querida nación
iberoamericana, que tiene que regir un principio de claridad para no
confundir las cosas. Hay órganos de opinión chilenos que han echado
en cara al Gobierno español que esté defendiendo el principio de no
aplicación de la extraterritorialidad de las leyes, como ocurre con
la ley Helms-Burton, de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese
caso España es una parte de la Unión Europea, la cual está
defendiendo el mismo principio. No es España aisladamente quien está
planteando un principio sobre la no aplicación de estas leyes tipo
Helms-Burton, porque está en otro ámbito de competencias. Está
respecto a terceros en el ámbito del comercio internacional, de las
actuaciones de determinados Gobiernos y empresas, y es lógico que en
España ese campo jurisdiccional, junto con otros países de la Unión
Europea, rechace la aplicación de un principio de
extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton. Además esta ley, con
todas las críticas que le hacemos, a lo que no se refiere es a
cuestiones de derechos humanos, y es en este principio de derecho
donde el Gobierno español, consecuentemente con el Poder Judicial,
dice: yo no estoy hablando de una ley que rechazo porque conculca
unos principios de respeto a la no aplicación de la
extraterritorialidad de las leyes. El Gobierno chileno debe entender
que, a pesar de todos los componentes de rechazo que tiene la Ley
HelmsBurton, ésta no hace ninguna referencia a que se aplique a
países terceros o empresas que han conculcado derechos humanos;
habrán conculcado derechos mercantiles, pero no humanos, para los
cuales sí existe una aplicación de extraterritorialidad, como hemos
visto con el caso de los criminales de guerra de la ex-Yugoslavia,
algunos ya afortunadamente en la prisión holandesa, porque sí se les
está aplicando, con el consentimiento y el consenso de acuerdos
internacionales, un principio de extraterritorialidad por conculcar
derechos humanos. Este es el terreno que tiene que comprender, con
toda la inteligencia política y jurídica posible, el opinante
chileno. Desde este punto de vista, solamente buscamos mantener este
principio de legalidad.
Nuestro tercer punto de vista, con lo que voy terminando, es el
compromiso de Coalición Canaria de un apoyo al Gobierno, que aquí nos
es cómodo en la medida en que ratificamos el pronunciamiento que el
señor ministro Matutes acaba de hacer al final de su intervención de
decir: Señores, el Gobierno español no tiene margen de maniobra por
dos razones fundamentales. Una, porque este tema compete al Poder
Judicial de acuerdo con la Constitución; dos, porque tampoco entra en
el fondo del asunto, ya que no le compete hacer valoraciones de este
tipo. Lo contrario sería distorsionar la posibilidad de maniobra que
necesita la diplomacia española para mantener aquel principio de buen
acuerdo y de relaciones en todos los intereses históricos,
culturales, sociológicos, políticos, económicos y comerciales que nos
unen con el entrañable y querido país chileno, al que deseamos no
entorpecer -y desde Coalición Canaria quiero quequede esto bien
claro- ningún recurrente de tipo político o
legal que permita acabar en paz y felizmente la transición que se
merece el pueblo chileno después de la dictadura ominosa del general
Pinochet. Por tanto, no debemos mezclar cuestiones de principios de
legalidad.
Dicho esto, desde Coalición Canaria tenemos que afirmar que no
compartimos ni apoyamos las exigencias o la posición del Gobierno
chileno por esta postura de enjuiciamiento. No las podemos justificar
a la luz y marco de las leyes españolas, de los convenios que hemos
firmado sobre derechos humanos y de nuestra propia Constitución,
aunque desde luego sí comprendemos las razones políticas que el
Gobierno chileno trata de plantear. Eso es como cuando en un juicio
los abogados tratan de explicar lo que no se justifica, es decir, por
qué ocurrió aquel hecho y por qué está ocurriendo esta situación,
porque esto también facilita la postura de diálogo y de comprensión
desde el lado español hacia este tema.
Quiero terminar planteando dos cuestiones al ministro de Asuntos
Exteriores. Le ruego encarecidamente que el propio departamento de
Exteriores tutele toda esta actuación, no caigamos en torpezas que a
veces el Gobierno chileno está poniendo en nuestro camino, y evitemos
que se mezclen en este asunto delicado escenarios y protagonistas que
no tienen nada que ver con ello. Me estoy refiriendo al Ministerio de
Defensa español. Porque si se acepta una visita a España, el pasado
mes de agosto, del brigadier general, don Juan Carlos Salgado, uno de
los militares destacados que aparece en Madrid, y se dice que viene
solamente en una misión institucional relacionada con la agregaduría
militar de Chile en Madrid, hay que indicarles que se abstengan de
esas fotos en las gradas del Ministerio de Defensa, que aquí para
este tema no hay más interlocutor en este momento que el Ministerio
de Asuntos Exteriores de España y que no mezclen una cosa con otra,
dando origen a juicios de valor perturbadores de esta materia, porque
nunca habíamos conocido que se hubiera preocupado de la oficina o de
la agregaduría militar de Chile en Madrid un brigadier general de
esta categoría, además de que en el diálogo con la prensa acepta que
viene acompañado de dos asesores legales y que viene a ver cuál es la
situación jurídica del general Pinochet ante los tribunales
españoles. O viene a una cosa o viene a otra. Por tanto, hay que
pedirle que se abstengan en estos momentos de mezclar para nada a las
Fuerzas Armadas españolas y al Ministerio de Defensa, ni por razones
históricas ni por razones políticas, afortunadamente ya superadas
durante nuestra transición y por nuestra Constitución, ni por razones
de tipo técnico-económico de si fabricamos o dejamos de fabricar dos
submarinos para la armada chilena. El tema es demasiado delicado como
para que en estos momentos se le cree al Gobierno español un problema
adicional más del que ya tiene sobre la mesa respecto a la petición
de Chile sobre el dichoso tema arbitral. Lo rechazamos y, por tanto,
desde Coalición Canaria mostramos nuestro apoyo a esta postura del
Gobierno español que nos ha expresado el señor Matutes, en cuanto a
que no hay margen de maniobra para buscar un subterfugio de la
diplomacia tipo florentino de la sinuosidad bajo la mesa. Nos
remitimos al apoyo al Gobierno español respecto al principio de
legalidad en la competencia de la jurisdicción, sin que podamos
entrar en el fondo del asunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Seré breve.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el ministro
Matutes sobre la inviabilidad del arbitraje. Por tanto, no vamos a
abundar en este aspecto.
Yo creo que, en el abecé de la democracia, un mensaje que se puede
enviar al Gobierno chileno es que la justicia tiene sus propios
planteamientos en una democracia, que es uno de los poderes del
Estado, y también que en este siglo de la globalización, y sobre todo
de cara al siglo XXI, no está mal empezar a globalizar también la
justicia, sobre todo cuando se trata de juzgar a genocidas.
Entiendo que el ministro Matutes esté preocupado por las relaciones
entre España y Chile, eso es lógico y es su trabajo además tratar de
que no se entorpezcan o empeoren y sobre todo se afiancen. Pero
también hay que recordar que estamos ante un Gobierno chileno que
está terminando su mandato y que confiamos en que el siguiente
gobierno tenga una mayor sensibilidad ante este aspecto de la
historia reciente del propio Chile.
Entiendo también que el ministro Matutes esté preocupado por la
cumbre iberoamericana y sobre todo por la política de silla vacía que
puedan plantear tanto el Gobierno argentino como el Gobierno chileno,
incluso el nicaragüense por otros aspectos. La verdad es que las
políticas de silla vacía tienen fecha de caducidad, tarde o temprano
se arreglan y siempre vuelven. Si la cumbre iberoamericana funciona
como tiene que funcionar, no se preocupe, señor Matutes, que los
señores Menem y Frei tienen un año de mandato y eso se va a arreglar
en un año y pico. De manera que es mucho más importante que la foto
es la defensa de unos principios.
Yo personalmente -y seré breve- lamento como antifranquista connotado
que Francisco Franco no estuviera en la misma situación en la que se
encuentra actualmente el ex dictador Pinochet. Me tocó estar presente
en la toma de posesión del presidente Frei, invitado por el
presidente de la Democracia Cristiana Gutemberg Martínez Ocamica, y
aquella escena que yo vi en el palacio de la Moneda, cuando entraba
por una puerta el presidente Frei y por la otra entraba el ex
dictador Pinochet, era la viva imagen de que estábamos ante una
democracia tutelada, que lógicamente tenemos que respetar, aunque un
demócrata tiene que sensibilizarse por lo que allí está ocurriendo.
La actuación del juez Garzón, si para algo sirve internacionalmente,
es para abrir compuertas y caminos ante lo que tiene que ser un nuevo
concepto de la justicia internacional. Creo que en ese aspecto
incluso deberíamos felicitar al juez Garzón por la iniciativa que ha
tomado.
Hoy veremos en esta Cámara una iniciativa de todos los grupos
parlamentarios sobre algo tan sangrante como las víctimas del
terrorismo. También tenemos que ser solidarios, porque todas las
libertades son solidarias con las víctimas del terrorismo de aquel
régimen genocida que se sublevó contra un gobierno legítimo
legalmente constituido. Si ahora tenemos tanta sensibilidad con Timor
y hace muy poco con Kosovo y se ha predicado el derecho a la
injerencia, nosotros somos partidarios de la injerencia en temas de
derechos humanos, como es el caso muy concreto.
En el transcurso de esta mañana vamos a ver una iniciativa de casi
todos los grupos parlamentarios sobre el 60.o aniversario del exilio
republicano. Parte de ese exilio republicano llegó a Chile. Recuerdo
que fue Pablo Neruda cuando era cónsul en Burdeos quien fletó un
barco, el Winnipeg, que llegó a Chile y que es parte de su historia.
En el pueblo de Chile habrá gentes, lógicamente, que no estén de
acuerdo con esta situación, pero verá usted, si se plantea de una
manera correcta, cómo la mayoría está de acuerdo con lo que se está
haciendo internacionalmente para que este baldón de la historia
reciente de Chile no quede sin ningún tipo de tratamiento judicial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor ministro por sus
explicaciones.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán, como bien sabe, a lo largo de
la legislatura siempre hemos dado nuestro más sentido apoyo político
a la investigación que se estaba llevando a cabo en la Audiencia
Nacional, manteniendo en su momento reservas respecto a los
pronunciamientos que se pudieran hacer de tipo estrictamente técnico
o competencial, pero sin dudar en ningún momento en dar nuestro apoyo
político a lo que ahí se estaba llevando a cabo. El tema
estrictamente jurídico fue resuelto por la propia Sala de lo Penal de
la Audiencia y desde entonces ya el apoyo no tiene ningún tipo de
matiz.
Por tanto, no es un apoyo hecho desde la asepsia de quien contempla
con respeto al reparto de poderes, en este caso desde el Legislativo,
lo que está haciendo el Poder Judicial, sino que es un apoyo desde el
convencimiento de que estamos ante algo conveniente, estamos ante un
proceso positivo que supone un despertar del derecho penal
internacional y que sin duda se apoya en el derecho positivo español.
No bastaría con que ideológicamente nos convenciera aquello que se
está llevando a cabo en la Audiencia si eso no tuviera un apoyo en el
ordenamiento jurídico vigente. Creemos firmemente en el principio de
legalidad penal. Pero sabiendo que el principio de legalidad penal
aquí no está siendo infringido, compartimos claramente eso. Seguimos
respetando que haya quienes jurídicamente consideren que este no es
un proceso sostenible con base en los tratados internacionales de los
que España es parte y con base en el propio sistema español. Pero no
compartimos -y ese es uno de los puntos donde nos distanciaríamos más
de lo que es la posición actual del Gobierno español- esa sensación
de absoluta asepsia, de que esto no va con ustedes. Creemos que esa
no es una posición válida. Nosotros estamos, sin ninguna duda y sin
matices -insisto-, del lado de las víctimas, del lado de que
demasiado tiempo o demasiados años los derechos humanos han sido
sacrificados al mercado, al comercio internacional, a la política.
Estamos entrando en una nueva era y el caso Pinochet, como ya han
comentado otros portavoces, está abriendo claramente una etapa nueva
que está siendo seguida muy atentamente no sólo en toda Europa, no
sólo a nivel académico sino también entre intelectuales, entre toda
la sociedad de América Latina.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición
del Gobierno de Chile y las dificultades que puede tener el Gobierno
de Chile ante su propia sociedad, incluso suponiendo que sean por
convencimiento, por lo menos por las consecuencias que puede tener
ante su propia sociedad, las dificultades, digo, que encuentra para
aceptar este proceso que se está desarrollando en España.
Nosotros queríamos subrayar aquí -y creemos que ese es el principal
papel que tiene el Gobierno español, en concreto el Ministerio de
Asuntos Exteriores- que este no es un conflicto entre España y Chile,
no es un conflicto ni entre el pueblo de España y el pueblo de Chile
ni entre el Gobierno de España y el Gobierno de Chile; este es un
conflicto entre el derecho y un criminal, un presunto criminal, vamos
a dejarlo ahí en el mejor de los casos. Eso es de lo único de lo que
estamos hablando, no de un conflicto entre estados. No debemos caer
nosotros mismos en la tentación ni dejarnos arrastrar hacia esa
imagen de que estamos ante un conflicto político internacional. Ni es
eso ni permitiremos que sea eso. El Gobierno de Chile -no sólo el
pueblo de Chile sino el propio Gobierno de Chile- tiene todas
nuestras simpatías. El proceso de transición en Chile tiene todas
nuestras simpatías y, en la medida en que eso pudiera ser posible,
todo nuestro apoyo. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de
que el derecho se desarrolle y a una persona concreta, con nombre y
apellidos, con responsabilidad penal individual -que esa es la
novedad, señor ministro, la responsabilidad penal individual aplicada
a quien fue jefe de Estado- le sea exigida por el derecho esa
responsabilidad penal individual, personal e intransferible, en este
caso por el derecho español, conforme a las leyes españolas, pero
también conforme básicamente a tratados internacionales de los que
España es parte.
Aquí no se ha abierto una herida, no es España quien está creando una
herida en la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene una herida
abierta por sí sola, y lo único que está haciendo España -este
proceso judicial más que España- es sacarla a la luz de la opinión
pública, y lo que es una profunda herida en la sociedad chilena que
la divide de forma sangrante, hubiera pasado absolutamente
desapercibida de no haber sido por este proceso. Pero creo que se
equivoca quien haga el análisis de que es la Audiencia Nacional quien
está dividiendo a la sociedad chilena. La sociedad chilena estaba
dividida antes de que el juez Garzón tomara la primera de sus
providencias en este proceso.
Nosotros entendemos que efectivamente el papel del Gobierno de España
está en este marco de exigencia de responsabilidad penal individual,
de solidaridad con las víctimas de la dictadura chilena, de no
asepsia con lo que es una dictadura genocida, con lo que fue en su
momento una dictadura genocida, e intentar preservar, efectivamente,
las mejores relaciones posibles entre España y Chile, el transmitir
ese mensaje de que esto no tiene nada que ver con lo que deben ser
las espléndidas relaciones entre dos democracias amigas como son la
española y la chilena. En ese sentido, el Ministerio de Asuntos
Exteriores español tiene todo nuestro apoyo en las gestiones de todo
tipo y de todo orden que pueda llevar a cabo para intentar que no
contamine un proceso que nosotros apoyamos que no contamine lo que
son las correctas y deben ser cada día mejores relaciones políticas
entre España y Chile. No creemos que la
mejor manera de hacer eso sea mantenerse aséptico ante el proceso.
Entiendo que lo que estoy planteando en un equilibrio difícil en la
práctica, pero creo que ese equilibrio es perfectamente posible. No
basta con subrayar la independencia del poder judicial en España o
con explicar las dificultades constitucionales que tendría cualquier
interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial; tampoco
estaría de más, ni creo que perjudicaría para nada ese esfuerzo por
mantener las buenas relaciones entre España y Chile, que el Gobierno
español se posicionara como no ha hecho hasta el momento. No se puede
estar hablando de la dictadura chilena o, cada vez que aparece esta
cuestión, que haya un pronunciamiento político al respecto con un
tipo de frases vacías, como que condenamos cualquier dictadura en el
mundo; condenamos cualquier actuación no democrática, estamos por la
democracia. Ha faltado y sigue faltando un pronunciamiento expreso de
que el Gobierno de España está del lado de las víctimas, lo cual es
perfectamente compatible con su pleno apoyo a las mejores relaciones
entre España y Chile en este momento.
No se puede estar hablando de la dictadura chilena o, cada vez que
aparece esta cuestión, que haya un pronunciamiento político al
respecto con un tipo de frases vacías, como que condenamos cualquier
dictadura en el mundo; condenamos cualquier actuación no democrática,
estamos por la democracia. Ha faltado y sigue faltando un
pronunciamiento expreso de que el Gobierno de España está del lado de
las víctimas, lo cual es perfectamente compatible con su pleno apoyo
a las mejores relaciones entre España y Chile en este momento.
Señor ministro, puede creer que no va con usted, pero usted está
representando aquí al Gobierno de España y no tanto a un ministerio
concreto, y en este marco es particularmente criticable - lo han
hecho ya los demás portavoces- , y no ayudan en absoluto, las
posiciones de la fiscalía española. Nosotros respetaríamos y nunca
hubiéramos dicho nada -por eso he empezado por ahí- que la fiscalía
española estuviera manteniéndose con unos pronunciamientos
estrictamente jurídicos y manifestando en algún caso la
disconformidad jurídica con el proceso. Creemos que tampoco sería
exactamente su papel, porque ha llegado a un punto en el que Pinochet
no necesita un abogado defensor en este proceso, lo tiene en la
propia fiscalía. Pero la realidad es que en todo momento la fiscalía
ha ido más allá. Desde el primer momento, la Fiscalía General del
Estado, y después la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se están
pronunciando sobre el fondo de la cuestión con una connivencia con la
dictadura chilena que resulta absolutamente intolerable para
cualquier demócrata, y ahí el Gobierno español tiene su
responsabilidad, no puede quedar impasible ante eso. Y nosotros, en
su momento, dijimos, y lo seguimos reiterando, que es el Gobierno
español quien tiene que dejar claro que no comparte esos
pronunciamientos.
Finalmente, nos felicitamos en el marco de esta intervención
y pedimos que se aparte esa incertidumbre que se había planteado ante
la petición de un arbitraje, que es absolutamente inviable. Así se
pone de relieve en los informes jurídicos de los que hemos tenido
conocimiento por haberlos solicitado al Gobierno durante el mes de
agosto y habernos sido remitidos puntualmente por el mismo. Esos
informes, en particular el muy brillante dictamen del embajador
Yáñez sobre este tema, son claros, nítidos y no admiten prácticamente
discusión, no cabe en el actual marco constitucional español un
arbitraje por múltiples razones, no cabe conforme al propio Tratado
de Arbitraje por poderse alegar la cláusula de exclusión, es decir,
que no se hayan agotado los recursos judiciales internos, además de
las enormes dificultades constitucionales de relación entre el
Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial que un arbitraje
plantearía. Por tanto, aplaudimos que con toda claridad y nitidez ya
el Gobierno español haya informado al Gobierno chileno de que el
arbitraje no es posible, que haya recordado que queda abierta la vía
de la Corte Internacional de Justicia y sigamos en este momento ante
un proceso judicial que deberá terminar y en el que, acabo como
empezaba, señor presidente, no se está juzgando a un país, no se está
juzgando a un régimen en términos estrictamente políticos, se está
juzgando la responsabilidad penal, individual, ante la ley de un
dictador -eso es indiscutible-, presuntamente genocida, presuntamente
responsable de crímenes contra la humanidad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No hablaré tanto como todos los miembros del
Grupo Mixto, pero trataré de explicar las razones de mi grupo.
Señor ministro, aquí hemos escuchado de todo y en los últimos meses
este ha sido un elemento del debate político nacional, y es en ese
terreno en el que hay que situarlo. El asunto de la extradición del
senador Pinochet, del ex dictador y ex general jefe de las Fuerzas
Armadas de Chile ha sido utilizado como parte del debate político y,
conforme se acerquen las elecciones, veremos cómo los apoyos a la
transición chilena, a la democracia chilena y al proceso chileno
serán despachados como se ha hecho aquí, con una gran ligereza y,
naturalmente, se insistirá sobre la connivencia del Gobierno español
con la dictadura genocida y asesina del dictador Pinochet que, como
argumento electoral, entiendo que es de gran utilidad y de gran
pertinencia. Se pedirá que el Gobierno español no solamente respete
la actuación de la justicia, conforme a los mandatos
constitucionales, y que garantice la separación de poderes, sino que
encabece esa gran manifestación para señalarles a los chilenos, desde
el punto de vista político no judicial, dónde se equivocaron, qué
hicieron mal y qué hicieron bien en su proceso de transición y cómo
pueden los políticos españoles ayudarles a dejar de ser una
democracia tutelada.
Yo recordaba, cuando escuchaba estas brillantes y fogosas
intervenciones de los colegas y compañeros que me han precedido, los
debates que tuvimos cuando el Gobierno español promovió la política
común hacia Cuba. Decirle entonces a un gobierno iberoamericano que
convenía que realizara reformas democráticas y que si abría ese
camino y esa esperanza podría iniciarse un camino de cooperación, era
llamado ruptura de la soberanía de Cuba, injerencia, imperialismo,
etcétera, y, por supuesto, todo eso acompañado de acusaciones de
estar al servicio de las fuerzas más oscuras del universo mundial.
Señorías, en este momento tenemos un Gobierno que respeta la ley, un
Poder Judicial en el que jueces y fiscales ejercen cada uno con
independencia su papel. Tenemos la obligación
de proteger, defender y mejorar las relaciones no sólo con Chile sino
con todos los miembros de la comunidad iberoamericana y aquí
pareciera como si todo eso sucediera en dos planetas totalmente
distintos. Es decir, proceda la justicia inexorablemente hacia la
victoria final; defendamos, también inexorablemente hasta la victoria
final, las relaciones con Chile, y protejamos la transición chilena
como si no tuviera que ver una cosa con otra. No nos toca a nosotros
decirle a los jueces o fiscales lo que deben o pueden hacer u opinar,
se supone que actúan en cumplimiento de la ley y del mandato legal,
que es el propio. Pero sí nos corresponde a nosotros, y aquí no ha
sido hecho porque eso es omitido de forma sistemática, analizar qué
relación podemos establecer con una democracia chilena cuyo proceso
de transición amparamos, protegimos, tutelamos y garantizamos en su
día.
Ha sido clamoroso el silencio de los diputados, sobre todo del
Partido Socialista y otros grupos que han hablado en ese mismo tono
sobre las palabras del señor Felipe González, por cierto, miembro de
esta Comisión de Asuntos Exteriores y una vez más ausente. (El señor
García-Santesmases Martín-Tesorero: Pero no es portavoz.) Algo tendrá
que decir, algo tendrá que opinar, alguna cita podremos recordar
sobre las opiniones que le han merecido no solamente cuando ha
hablado este verano y en meses anteriores, sino cuando era presidente
del Gobierno o cuando siendo él presidente del Gobierno la fiscalía
recurría contra acciones de la justicia en este mismo sentido. Aquí
parece como si hubiera dos discursos, un discurso paralelo, modédico
sobre la transición y la democracia chilena, y la relación con Chile
que debiéramos salvaguardar de las consecuencias políticas que puedan
tener las actuaciones de los jueces en España, actuaciones de los
jueces sobre las que no nos corresponde a nosotros opinar y tampoco
sobre las actuaciones de los fiscales, ya que se supone que tan
independientes son unos como otros. Si no, recordaré qué grupo de
esta Cámara sistemáticamente ha calificado acciones judiciales en el
pasado cuando le tocaban directamente y qué grupo ha defendido
siempre la tesis de que no le corresponde a las fuerzas políticas, al
Parlamento, enjuiciar los motivos de la actuación de los jueces y de
los fiscales.
Es evidente -por mucho que nos neguemos a reconocerlo, por mucho que
se diga que no existe semejante crisis, quizá porque quien dice
semejante cosa le conviene negar la evidencia- que el Gobierno de
Chile ha planteado un diferendo sobre la aplicación de un tratado
internacional asumido por Chile y por España. Ese es el estado de
nuestras relaciones con Chile. Hay quien pretende ver en todo eso -y
lleva meses haciéndolo- una sistemática mala fe del Gobierno español,
como si hubiera una agenda oculta del Gobierno español, cuando la
agenda ha sido la más abierta en la política exterior de España en la
historia de nuestra democracia. Nunca habían circulado los papeles
con tanta alegría, con tanta rapidez, nunca habían sido publicados al
minuto siguiente y entregado a los portavoces de la oposición, nunca
un ministro se había reunido tantas veces en sesiones más abiertas,
más cerradas, más grandes o más pequeñas para explicarle a todo el
mundo qué es lo que se estaba haciendo. Sin embargo, la oposición
sigue diciendo que existe una agenda oculta. Lo que no dice la
oposición es que existe un diferendo con el Gobierno de Chile, porque
les viene muy bien esa ficción, esa fantasía de que existe, por un
lado, un
proceso judicial en el que todos debemos estar detrás de la bandera
del juez Garzón y, por otro lado, las relaciones con Chile, como si
no tuvieran que ver una cosa con otra.
En cualquier caso, señorías, ni existe agenda oculta ni existe otra
actitud por parte del Gobierno ni del grupo que lo apoya que la de
garantizar, por una parte, la separación de poderes en este país y,
por otra parte, la defensa de las mejores relaciones posibles con
Chile, ahora y en el futuro, con este presidente y con futuros
presidentes, con este Parlamento y con otros parlamentos. Es una
tarea dura y difícil a la que, sin duda, nada ayudan las actitudes de
la oposición en este país, que han pretendido desde el principio
transformar este proceso no en un proceso a Pinochet, sino al
Gobierno de España, al que se le intenta contaminar, calumniar y
degradar acusándole de connivencia con la dictadura del señor
Pinochet y con la defensa del señor Pinochet, lo cual no solamente es
falso, sino que es un juicio de valor que, nos afecta a todos, porque
transformar un asunto judicial que tiene consecuencias para nuestras
relaciones políticas, económicas, comerciales, sociales y culturales
no sólo con Chile sino con todos los demás miembros de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones es una grave irresponsabilidad en la que
está incurriendo el principal grupo de la oposición con la alegre
compañía de otros grupos pequeños (Rumores.), aunque la principal
responsabilidad está en el grupo socialista.
Defensa de la independencia del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Señor Santesmases, un poco de respeto,
exactamente el mismo que los demás han tenido cuando su portavoz
hablaba.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias señor presidente por su amparo.
Claridad en la exposición de los planteamientos políticos,
transparencia en la relación con nuestros hermanos chilenos y defensa
de un patrimonio construido en todos estos años, que es el patrimonio
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y un poco más de
coherencia habría que pedirle también a la oposición.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo creía que
no sería obligado a estas alturas que el Gobierno tuviera que hacer
una declaración en el sentido de que está contra las dictaduras,
contra todas las dictaduras, sean del color que sean y sean del
tiempo que sean, y, naturalmente, contra la última dictadura que hubo
en Chile. Me parece realmente incomprensible que tengamos que
formular esa declaración, que creo que la compartimos todos desde
hace muchísimos años. Las declaraciones de los fiscales, no obstante,
son otra cuestión, dejando bien sentado el principio que les acabo de
expresar.
Tengo que puntualizarles, en primer lugar, que la posición de la
fiscalía sobre esos temas de extradición, tanto respecto de lo
ocurrido en las dictaduras chilena como argentina, fue fijada
precisamente en la etapa del Gobierno socialista por el entonces
fiscal general del Estado. Dicho esto, hay que acabar explicando que
el ministerio fiscal, si
bien orgánicamente depende del Gobierno, no así, como muy bien ha
aclarado el portavoz popular, en sus tomas de postura, precisamente
porque así lo establece nuestra Constitución y la Ley orgánica del
poder judicial, es autónomo en sus posiciones, y cuando hablamos de
respeto a los órganos judiciales, si hemos de ser coherentes, hemos
de respetar, aunque no las compartamos en algunas de sus expresiones,
las tomas de posición que hace tanto un magistrado como un fiscal,
porque el órgano judicial se compone justamente de la fiscalía y del
juez. Naturalmente, fijadas las posiciones del órgano judicial,
firmes las sentencias no le queda al Gobierno otro camino que el de
ejecutarlas en la medida que procede y, en todo caso, respetarlas,
que es lo que ha hecho siempre este Gobierno.
Sus señorías solicitan la carta, que es pública, que me dirigió el
canciller Valdés el pasado 3 de septiembre, así como la contestación
del Gobierno, sobre cuyo contenido ya les he informado. No tengo
inconveniente, en hacerles llegar ambos documentos como se ha hecho
con otros una vez que naturalmente el Gobierno chileno conoce desde
ayer la carta que yo le he enviado y precisamente porque no introduce
ninguna novedad ni tiene, como no podía ser de otro modo, cláusulas
secretas como ya se les ha informado.
Se ha referido el señor Estrella a una cierta política errática, así
como a la reacción -airada en algún momento- de responsables o de
altos cargos del Gobierno chileno. Una vez, ya en Río, yo tuve
ocasión de declarar que no veía posibilidad legal de arbitraje, y esa
ha sido -como he tenido ocasión de explicarles- nuestra política
desde el comienzo, desde siempre, clara y continuada: respeto a las
decisiones de las normas judiciales. Naturalmente de lo que no se nos
puede acusar es de no definirnos, por una parte, cuando se habla de
política errática, y de definirnos, al propio tiempo, cuando se
critica el hecho de que nos hayamos pronunciado en el sentido de que
no veíamos la posibilidad de acceder a ese arbitraje.
Respecto a la historia de la delegación, que ha solicitado el señor
López Garrido, yo creo que es clara. En abril recibí a una delegación
chilena que habló de la posibilidad de que se realizara un arbitraje
y, naturalmente, como corresponde con un gobierno amigo, fraterno,
que hace una petición, se le dijo que se estudiaría. Se solicitaron
los informes jurídicos de los que ustedes tienen conocimiento y de
los que también tiene conocimiento ahora el Gobierno de Chile, y en
junio, en la cumbre de Río, se les explicó que no veíamos la
posibilidad legal de acceder a su petición. En julio, y ante las
críticas al respecto que la posición del Gobierno español había
merecido en algunos círculos chilenos, se facilitaron esos dictámenes
que demostraban a las autoridades chilenas cómo, desde el punto de
vista del derecho español, de las decisiones de nuestros jueces, no
cabía tal posibilidad. Esa es, en definitiva, la historia clara,
transparente, de una controversia, que lamentamos.
El señor Estrella ha reclamado una posición política clara del
Gobierno español. Se ha pronunciado a favor de que en todo momento
estemos animando a la justicia o, en definitiva, propugnando una
animación. Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley y respetar las
decisiones que hay que respetar. Tengo que decirle, como ya ha sido
indicado por distintos portavoces, que otros dirigentes de su partido
no comparten esa posición. Yo no voy a dar nombres personales
ni voy a criticar a nadie, sólo tengo que decir que lo
entiendo porque España tiene una especial responsabilidad moral y
política en este asunto, como Estado y como Gobierno; porque
justamente una buena parte de la transición chilena se negoció en la
embajada de España en Santiago con el apoyo explícito, con el
respaldo y con la garantía del Gobierno español; eso hace que a la
hora de dialogar con nuestros amigos chilenos tengamos que ser
respetuosos y considerados con ellos, y tenemos que entender esa
posición especial en que se encuentra el Gobierno de España. Por un
lado, estamos obligados -y me parece que desde el primer momento ha
quedado clara la voluntad- a cumplir con nuestras obligaciones
legales, el principio de legalidad a que se han referido los señores
Mardones, Guardans y Robles, pero al propio tiempo no podemos ignorar
que nuestra posición como Gobierno es más delicada que la de otros
países en relación con este tema. Por ello, yo les agradezco su apoyo
a la hora de compartir con el Gobierno el objetivo de preservar unas
buenas relaciones con Chile.
También les tengo que decir que calificar a Chile como una democracia
vigilada, exigir que el Gobierno se convierta en animador de esta
causa judicial, en la que, al propio tiempo, SS.SS. reconocen que el
Gobierno no es parte, no creo que sea el camino para preservar estas
relaciones. Ustedes mismos han dicho que las viejas heridas del
conflicto chileno todavía no están cerradas del todo y que quizá
ahora se ha hurgado en ellas, se han reabierto, razón de más para ser
especialmente cauto y delicado no porque no vayamos a cumplir con
nuestras obligaciones políticas, que lo hemos hecho, lo estamos
haciendo y seguiremos haciéndolo pero sí para, al propio tiempo,
tener en cuenta esas especiales circunstancias que se dan en este
caso.
- LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y CABO VERDE. A PETICIÓN PROPIA (Número
de expediente 214/000131).
- SU VIAJE OFICIAL A CABO VERDE, EN EL QUE COINCIDIÓ CON MIEMBROS DE SU
FAMILIA EN VIAJE DE NEGOCIOS, ASÍ COMO PARA EXPLICAR LOS COMPROMISOS
OFICIALES CON CABO VERDE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA(Número de expediente 213/001205).
- LAS RELACIONES DE ESPAÑA CON CABO VERDE Y LAS ACTUACIONES EN EL
SECTOR TURÍSTICO DE DICHO PAÍS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 213/001229).
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO, SOBRE
LOS RESULTADOS YACUERDOS OBTENIDOS TRAS LA VISITAA CABO VERDE, EN EL
AÑO 1998, DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES(Número de expediente
181/002631).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de cuestiones que
ocupan la comparecencia del señor ministro, tal como se recoge en las
peticiones de comparecencia que figuran con el número 7 -petición
propia del Gobierno-, con el número 8 -petición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida- y con el número 9 -petición
del Grupo Socialista del Congreso- y en la pregunta número 10, de la
que es autor el señor Estrella Pedrola. (Rumores.)
Solicito a los portavoces, señores diputados y otros asistentes a
esta sala que mantengan un cierto nivel de silencio. Señor Robles,
señor Santesmases, señor De Cáceres, silencio.
Quiero decirles que, antes de proceder a la consideración de estos
puntos, vamos a interrumpir la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, continuamos la sesión que, como antes
indicaba, va a considerar conjuntamente los puntos 7, 8, 9 y 10 del
orden del día, todos ellos referidos a las relaciones entre España y
Cabo Verde, contemplando diversos aspectos según las peticiones de
comparecencias de los distintos grupos parlamentarios.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor
presidente, señorías, ante noticias aparecidas este verano en algunos
medios, me complace comparecer de nuevo ante SS.SS. para informarles
de las relaciones de España con Cabo Verde. Como sin duda recordarán,
el 10 de marzo del año pasado tuve ocasión de informarles sobre el
viaje oficial que realicé a Cabo Verde en enero de 1998. Hice
entonces una descripción de la evolución política y económica de Cabo
Verde desde la independencia, destacando los grandes cambios
acaecidos desde que en 1991 se celebraran las primeras elecciones
libres. Concluí -recordarán- indicando que Cabo Verde podía ser un
modelo político y económico para muchos otros países del continente
africano. Hice también alusión a las razones que, además de las
anteriores, aconsejaron en su momento mi desplazamiento a Cabo Verde.
Me referí concretamente al seguimiento de cerca de las vicisitudes de
los deportados españoles en aquella isla, al interés que las islas
caboverdianas representaban para las Canarias como importante área de
expansión y al hecho de que Cabo Verde, como país lusófono-africano,
era altamente adecuado para recibir una ayuda española que
contribuyera a su desarrollo económico y social. Desde entonces
nuestras relaciones se han ido desarrollando con normalidad. Por otro
lado, en el marco de las relaciones con las islas Canarias, en 1998
se ha llevado a cabo un programa de formación en el campo de la
alimentación, cofinanciado con el Gobierno autónomo de Canarias.
Además, empresarios caboverdianos han visitado recientemente las
islas Canarias para impulsar la cooperación económica entre ambos
archipiélagos. En lo que atañe a nuestra cooperación, la prioridad
geográfica de Cabo Verde ha quedado asumida definitivamente en el
primer plan director de la cooperación española, recientemente
aprobado por el Consejo de Cooperación, en el que figuran en el
África subsahariana, junto con este país, Guinea Ecuatorial, Angola,
Mozambique,
Guinea Bissau, Santo Tomé, Namibia, Senegal y Sudáfrica.
Desde mi visita en enero del pasado año, el relanzamiento de la
cooperación con Cabo Verde se ha producido básicamente en torno a
tres sectores: la ayuda alimentaria, la formación de recursos humanos
y la preservación del patrimonio artístico. Ello ha supuesto un
volumen de cooperación anual en torno a los 200 millones de pesetas,
una cifra adecuada entre los recursos de que dispone nuestra
cooperación no reembolsable. En efecto, hemos invertido a fondo
perdido algo más de 210 millones el año pasado, de los cuales más de
163, que prácticamente supone el total, en ayuda alimentaria. Se han
dedicado, además, 31 millones de pesetas a la preservación del
patrimonio histórico local y 18 millones a la cofinanciación del
programa mencionado con el Gobierno canario.
Para el año 1999 está presupuestada una cifra algo más baja, en torno
a los 180 millones de pesetas, que contempla 122 millones para ayuda
alimentaria y 42 millones para la preservación del patrimonio
histórico. Tengo que destacar, pues, la importancia de nuestra ayuda
alimentaria. En lo que se refiere a nuestra cooperación en sentido
estricto, nuestros esfuerzos se han centrado en la rehabilitación de
la fortaleza de la Ciudad Bella, en la isla de Santiago, construida
durante el reinado de Felipe II, cuya primera fase finalizará este
año. Aeste proyecto de restauración artística se ha dedicado entre
los años 1988-99 algo más de 73 millones de pesetas.
La actual cooperación con Cabo Verde se enmarca en el vigente acuerdo
de cooperación científica y técnica. Consideraciones de distinto tipo
han impedido que se reuniera el año pasado (lleva varios años sin
reunirse) la correspondiente comisión mixta, aunque espero que ello
ocurra próximamente. Teniendo en cuenta el interés que durante mi
viaje me manifestó el primer ministro de Cabo Verde, es previsible
que cuando se celebre se estudie ampliar nuestra cooperación -ya lo
han solicitado informalmente varias veces- a otros sectores como los
de pesca y turismo, además de enfocar cuestiones económicas
y laborales. Como les avancé en mi anterior comparecencia, su Gobierno
estaba especialmente interesado en renegociar su deuda con España.
Asimismo piden nuestro apoyo para sus negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional (no tengo noticia de que en este momento haya
habido ningún acuerdo concreto en este tema) y solicitaron también la
conclusión de un acuerdo de seguridad social que pudiera amparar a
los aproximadamente 15.000 nacionales caboverdianos que residen
legalmente en nuestro país, es decir, a los trabajadores de Cabo
Verde en España.
Así pues, señorías, la cooperación entre España y Cabo Verde se ha
venido manteniendo y ha evolucionado con normalidad en el curso de
estos dos últimos años -ha bajado un poco en este año-, y sería de
desear su incremento y profundización (veremos que se pueda realizar
cuando se reúna la comisión mixta) mediante acuerdos específicos de
cooperación que indudablemente son de interés para nuestros países.
Espero, pues, que con su ayuda podamos mantener nuestro apoyo a un
país pequeño en extensión, pero que sin duda merece la solidaridad de
nuestro pueblo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
La primera petición de comparecencia es la del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Señor Navas, tiene la palabra.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor ministro, por su comparecencia
y por las explicaciones que nos ha dado.
Cuando tuve conocimiento de las inversiones que la empresa de su
familia acababa de formalizar con las autoridades de Cabo Verde,
recordé su comparecencia a comienzos de 1998 sobre este mismo asunto
y rememoré el análisis que usted hizo para justificar las razones
políticas de ese viaje, cuando algunos entendíamos que había una
coincidencia intolerable entre su visita oficial y la visita privada
de una empresa de su entorno familiar que se movía en el sector
turístico. Como ve, en la pregunta hacemos referencia a esos dos
aspectos, es decir, el desarrollo de los compromisos que usted dijo
asumir en aquel viaje y que expuso en su intervención, sobre todo
porque aquel viaje y aquellos compromisos van inexorablemente unidos
a aquella otra coincidencia, de índole privada, de la empresa Doliga.
Usted ha comentado de nuevo que los países lusófonos siguen siendo
una prioridad para el Gobierno, así como el África sudsahariana, y
por lo tanto el Gobierno ha actuado en lógica coherencia con esas
prioridades para desarrollar una serie de políticas con dichos
países. Yo solamente voy a enumerar algunas de las que usted dijo que
se había acordado desarrollar y que, según sus referencias, una
amplísima mayoría de ellas no se han desarrollado, y llegaré luego
a un análisis final.
En su momento usted dijo algo que era obvio, que España había cesado
prácticamente la cooperación con Cabo Verde. Usted recuerda que
cuando la cooperación era más importante había un grado de
vinculación de la misma con la ayuda que mostraban las autoridades de
Cabo Verde para alojar a militantes de ETA. Por tanto, hay un
elemento que es importante que usted nos explique: cómo está esa
situación, el nivel de relación que existe entre las autoridades de
Cabo Verde y la posible estancia en ese país de militantes de ETA, y
si se ha vuelto a vincular ese mismo principio de más cooperación,
más ayuda antiterrorista, más allá, vuelvo a subrayar, de que ustedes
entienden como prioridad política el aumento de la cooperación con
esa zona geográfica.
Usted comentó que los tres ejes de nuestra ayuda iban a girar sobre
la ayuda alimentaria, de la que de nuevo ha hecho mención y que por
sus datos es el grueso importante de la cooperación española con Cabo
Verde. Ello me hace pensar que si ese es el elemento central de la
cooperación española lo podíamos enclavar en esas otras ayudas que
vienen a enmarcar lo que es la ayuda más perentoria, más urgente, la
que hay que hacer, puesto que si no es así la gente afectada por la
hambruna no va a poder resistir. Quisiéramos saber si el nivel de
cooperación española va a seguir centrado exclusivamente en este tipo
de ayuda o se va a diversificar hacia el segundo aspecto importante
que usted enumeró, proyectos de pesca, sanidad y educación. El tercer
aspecto de su propuesta de ayuda era la asistencia técnica para
impulsar el desarrollo del país. Se habló de la necesidad de un
acuerdo de protección de inversiones. Si España pretende desarrollar
una labor de captación de
negocios en este país es importante y fundamental un acuerdo de estas
característicos. También se habló del convenio de seguridad social
para la colonia de Cabo Verde asentada en España.
Usted se comprometió a convocar la comisión mixta en breve. Si esa
visita se realizó en enero de 1998, yo considero que en breve podía
ser en 1998. Usted acaba de reconocer que no se ha reunido. Por
tanto, entiendo que a esos seis años anteriores, dos de su gestión y
el resto de la del Gobierno anterior, habría que sumar otro añito más
de olvido o de falta de prioridad de esta comisión mixta, que es la
que debe de desarrollar los aspectos importantes del aumento
estratégico de la cooperación española con ese país y de la captación
de posibles negocios para nuestras empresas y empresarios. ¿Cuáles
son los datos que tiene la AECI sobre el desarrollo turístico en Cabo
Verde? También se suscitó ese debate en esta Comisión hace año y
medio, cuando la AECI estaba haciendo un informe específico sobre las
posibilidades que tenía el sector turístico en Cabo Verde. No conozco
si ha habido otras iniciativas empresariales que se hayan
desarrollado en la isla desde su visita hasta estos momentos, aparte
del consorcio Promitur del que forman parte importante las empresas
de su entorno familiar. Sería bueno que nos pudiese ilustrar sobre
los posibles éxitos empresariales que tuvo su viaje, al margen de los
de la empresa de su familia.
Se dijo que había que revitalizar el acuerdo de cooperación
científica y técnica del año 1979. No quisiera seguir sumando años y
años a la inactividad de toda esa serie de convenios y acuerdos que
pretenden hacer destacable la relación de España con algún país y que
al final sólo sirven para justificar otras circunstancias. ¿Qué es lo
que ha pasado con este acuerdo? Se dijo que no iba a haber ningún
tipo de inversión ni de negocio privado. Evidentemente era una
afirmación exaltada a la que no se le podía dar ningún tipo de
credibilidad, porque desde las filas del Partido Popular -que fue el
que mencionó esta frase- nadie podía entender que ninguna empresa
privada fuera a poder desarrollar negocios después de la gestión
política que el Gobierno español, a través del ministro de Asuntos
Exteriores, había desarrollado en la isla. Por tanto, vemos que cae
de su peso que sí va a haber inversiones privadas y una serie de
negocios en el entorno familiar del señor ministro.
La principal conclusión que saco de este asunto es que su
comparecencia nos dejó un poso de esperanza cuando llegó a reconocer
que no era lógico y coherente esta coincidencia familiar con su
visita política, oficial. Entendió que no se deberían repetir
coincidencias de ese tipo. Ese fue un poso positivo que nos dejó su
comparecencia. Ahora, la única posibilidad que hay de que nosotros
como grupo parlamentario entendamos que por un lado caminan las
iniciativas y los intereses privados y por otro bien distinto el
interés público, el interés del Estado español, es que usted nos
hubiese enumerado un listado abrumador de iniciativas políticas que
se comprometió a desarrollar hace más de un año y medio en las
relaciones de España con Cabo Verde, pero lo que nos ha mostrado es
un relato escuetísimo. Creemos que no sirve siquiera ni para lavar la
cara de aquel viaje. Entiendo que va a ser imposible poder quitar esa
cortina de dudas que existe alrededor de su viaje famoso a
Cabo Verde y, por tanto, lamentablemente creo que a pesar de que
usted hizo mención a su ética en la acción exterior, en la acción
pública de sus responsabilidades, en este caso le va a ser imposible
poder evitar la sospecha, la duda razonable, no inducida por
intereses políticos y se puede decir que torticeros de la oposición,
sino por datos objetivos como es su compromiso de desarrollar un
cierto tipo de cooperación y de relación política con Cabo Verde, y
el que nos ha mostrado es tan exiguo que todo lo que dijimos en su
día de sospechas, de dudas sobre esa coincidencia, desde luego se
mantienen y se desarrollan hasta llegar al caso de que, hoy por hoy,
aquel viaje quedará totalmente teñido por la conjunción de los
intereses privados a la hora de hacer una acción pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Yáñez.
BARNUEVO GARCÍA:
El señor YÁÑEZ-Señor ministro, su seráfica intervención introductoria
no puede hacernos desviar la atención sobre lo que nos trae en este
punto, porque si bien es importante la relación con Cabe Verde, país
que tiene toda nuestra simpatía, en realidad no se trata de un debate
en profundidad sobre las relaciones de España con un país que tiene
menos de 400.000 habitantes y que, por cierto, es el único que ha
visitado el señor ministro en todo el África subsahariana desde el
año 1996. Lo que nos trae aquí es dilucidar -cosa que es muy
importante para la vida pública, para la relación entre el Parlamento
y el Gobierno- si hay una colisión, si hay una relación entre los
intereses públicos, la defensa de los intereses generales que deben
representar un ministro y el Gobierno, y los intereses privados, los
negocios del ciudadano Abel Matutes y del grupo familiar que él
encabeza.
Cuando compareció el 10 de marzo de 1998 para explicar las
imputaciones o las publicaciones en la prensa sobre la coincidencia
de su viaje oficial a Cabo Verde con la visita en los mismos días y
en el mismo hotel de sus familiares, los que llevan las empresas del
grupo Matutes, yo le dije en mi última intervención, en la réplica -y
no tenía en ese momento mayor información, sino que era puro sentido
común o intuición política-, lo siguiente: Diría incluso que usted
podría ser prudente porque puede haber otras revelaciones en el
futuro, y entonces nos veremos otra vez abocados a venir aquí a decir
que donde digo digo, digo Diego o hacer una ampliación sobre algo que
no se ha dicho hoy. Año y medio después aparece en un periódico de
ámbito nacional, en primer página, que el grupo Matutes construirá un
gran complejo turístico en Cabo Verde. Y luego en la información más
extensa en páginas interiores habla de un preacuerdo firmado en
Fitur, la feria de turismo de Madrid, en enero de 1998, entre
Promitur, encabezado por el grupo Matutes, un holding de empresas que
ha firmado ese protocolo con las autoridades caboverdianas para
inversiones hoteleras y turísticas en Cabo Verde.
En primer lugar, ello nos lleva a pensar que no se dijo toda la
verdad o que no se dio toda la información que se debía haber dado el
10 de marzo de 1998. Nos lleva también a la conclusión, con las
informaciones que han ido apareciendo o de que hemos ido disponiendo
desde entonces, de que el ministro mintió en la Comisión de Asuntos
Exteriores por lo menos en cuatro puntos. Digo que mintió en el
sentido más amplio de la expresión: no dijo toda la verdad, omitió
algunas cosas, dijo parcialmente otras. Como ejemplo de la primera,
en relación con lo que acabo de decir, dijo que no se había producido
ninguna decisión de inversiones del grupo Matutes en Cabo Verde.
Hasta en una declaración el director general de la Oficina de
Información Diplomática explicó que el grupo Matutes no había
realizado inversión alguna en la isla. El ministro lo dijo también en
la Comisión en marzo de 1998. Vemos un año después que sí se ha
producido un preacuerdo, no desmentido sino confirmado por los
responsables del grupo Matutes, para un importante -importante
también para el país de que se trata- acuerdo de inversiones en temas
turísticos. Esa es la primera omisión o la primera vez que no se dice
la verdad en su totalidad.
La segunda es que el ministro dijo entonces que no había coincidido
con los responsables de sus empresas familiares en ningún otro viaje;
solamente en ese de Cabo Verde y llegó a reconocer: Puede haber sido
un error. Por cierto, viendo el «Diario de Sesiones» de la Comisión
del 10 de marzo, muchas de las preguntas que entonces hicimos y que
hubiera sido pertinente que se contestaran no lo fueron, y le ruego
que conteste porque eso aclararía las conclusiones a las que
lleguemos todos los grupos parlamentarios. Le pregunto ahora de nuevo
si ha coincidido en algún otro viaje oficial como ministro con los
representantes del grupo Matutes, con sus familiares o responsables
de esa empresa. Porque según nos llega información -y quiero que el
ministro nos la confirme o la desmienta-, hubo una coincidencia en
Filipinas el 10 de febrero de 1997 y estuvo a punto de haberla en
Panamá los días 13 y 14 de febrero de 1998, cuando tenía programada
una visita a Panamá que suspendió por indisposición a última hora, ya
estando allí sus hijas y los responsables de sus empresas familiares,
y el programa, que era ya público, incluía muchos puntos y muchas
visitas que tenían relación con los temas turísticos. Al final fue
sustituido por el secretario de estado, señor Villalonga, que cumplió
en su mayor parte ese mismo programa. Incluso en el avión de vuelta
iban los responsables del grupo Matutes con el ministro de Asuntos
Exteriores. Esta es la información de que disponemos y nos gustaría
que el ministro confirmara o desmintiera esos extremos.
Tercera respuesta no exacta. Dijo el ministro, el 10 de marzo de
1998, con mucho énfasis: No conservo acciones de las empresas
familiares o de las empresas a las que ustedes están haciendo
referencia. Le pregunto ahora: ¿Es cierto que usted transfirió el 25
por ciento de las acciones del grupo Matutes, 140.000 acciones, a una
empresa panameña instrumental en octubre de 1986? Si es así, le ruego
que informe al Parlamento de qué empresa se trata y cuáles son las
características de Panamá como paraíso fiscal y de la opacidad en la
información de los extremos relacionados con empresas, acciones,
etcétera. En el caso de que eso sea cierto usted se transfirió a sí
mismo acciones que no aparecían a su nombre sino al de una empresa
instrumental de un paraíso fiscal. Insisto que sería importante para
el Parlamento y para la opinión pública que usted confirmara o
desmintiera ese extremo.
Cuarto. También dijo en la Comisión de Asuntos Exteriores, el 10 de
marzo de 1998, que no se trató el tema turístico. Hoy mismo ha
hablado de nuevo de ayuda alimentaria, de pesca, de patrimonio
cultural y de acuerdos de Seguridad Social, pero no cita el tema
turístico, aunque no habría problema alguno en que el ministro lo
tratara con un país que quiere desarrollar este sector. Hemos ido a
buscar las referencias de prensa caboverdianas de cuando usted estuvo
allí. En la rueda de prensa, al final de su visita, en Praia, sí
hablaba de la cooperación turística, entre otras, con Cabo Verde;
concretamente el Novo Jornal caboverdiano se hace eco de esa
información poniéndola en su boca y también en boca del ministro de
Asuntos Exteriores caboverdiano, Amílcar Spencer, que habla del
proyecto de formar cuadros en pesca, en agricultura y en turismo. Hay
demasiadas coincidencias como para tener sospechas más sólidas de que
hay una colisión entre intereses públicos y privados. Por tanto, se
hace más necesario que el ministro desmienta todos esos extremos o
los confirme y cada uno saque sus propias conclusiones.
Es evidente que hubo esa coincidencia, calificada por el propio
ministro como un error, entre su visita oficial y la visita de los
responsables del grupo Matutes y es evidente también que el resultado
de esa visita del grupo Matutes ha dado como fruto la firma de un
preacuerdo turístico en Cabo Verde. Lo que aún no sabemos es si
durante este año y medio ha habido algún desarrollo de las relaciones
entre ambos gobiernos en el terreno turístico. Nos gustaría saber: si
ha habido conversaciones, negociaciones o un desarrollo en este
sector entre el Gobierno español y el Gobierno caboverdiano para
formar personal hotelero caboverdiano en escuelas españolas, no sólo
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino también por
departamentos como Comercio o Turismo, que han podido llevarlo a
cabo. El ministro debería informarnos sobre esta cuestión para
atenernos a las consecuencias, porque, como decía al principio, no se
trata tanto de si las relaciones con Cabo Verde se deben desarrollar
o no -que yo creo que se deben desarrollar-, sino de si ha habido una
colisión entre intereses privados y públicos. Si se demostrara que el
Gobierno español está financiando formación de personal hotelero con
fondos públicos, con fondos de los contribuyentes, o ayudando a crear
infraestructuras de aeropuertos, de autovías y después un grupo
privado, ligado al ministro de Asuntos Exteriores, está construyendo
hoteles o instalaciones turísticas que se van a favorecer de esa
formación de personal y de esas infraestructuras, estaríamos ante un
caso mayor. Si no es así, el ministro tiene de nuevo la oportunidad
de desmentirlo. Estará de acuerdo conmigo, señor ministro, en que el
responsable de la cartera de Asuntos Exteriores de España -en
general, de todas las carteras pero, especialmente, a quien está
representando es al Estado y al Reino de España en el mundo entero-
tiene que tener una autoridad moral, personal y política que no puede
estar en entredicho o bajo sospecha, como lo está la suya en este
momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tiene la palabra para la
formulación de su pregunta que figura recogida en el orden del día.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Se da por incluida en la intervención del
señor Yáñez.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: En el debate del día 10 de marzo del año 1998
se volvió a señalar ese viejo uso jurídico de que cuando uno no tiene
caso habla de todo menos del caso. La intención de los grupos de la
oposición que han suscitado este asunto es claramente divergente a la
del señor ministro y naturalmente del Gobierno, que es informar sobre
la cooperación entre España y Cabo Verde. Al parecer, eso carece de
interés para los grupos de la oposición y no les preocupa en demasía.
Lo único que les preocupa es algo sobre lo que solamente saben lanzar
insinuaciones, y a veces ni siquiera eso sino veladas alusiones a una
posible circunstancia que podría darse en el caso de que se
demostrara algo que naturalmente ni se formula ni se demuestra ni se
comprueba ni se trae a esta Comisión.
Lo que no se ha señalado es la incompatibilidad entre intereses
privados y públicos, la colusión, la coincidencia, ni siquiera la
relación entre unos y otros. Se ha insinuado, se ha lanzado esperando
que tenga algún recorrido pero sin aportar dato alguno en este caso.
Naturalmente no se ha podido elaborar mezcla alguna entre gestiones
públicas con gestiones privadas, ni se ha podido afirmar que las
relaciones de España con Cabo Verde están relacionadas o tienen algo
que ver con los intereses de los familiares del ministro señor
Matutes.
Cuando vemos el tamaño de la cooperación de nuestro país con Cabo
Verde difícilmente se puede insinuar semejante cosa. Si el señor
ministro ha elegido para sonarse un país como éste, al que anualmente
le damos una cifra que a veces está un poco por encima a veces un
poco por debajo de 200 millones de pesetas realmente ha escogido el
país más pequeño, más pobre, con menos cooperación y capacidad de
aprovecharse de su posición de ministro. El caso de Cabo Verde,
incluso como alusión, demuestra la ridiculez del tema porque estoy
seguro de que el señor ministro, que además de haber sido comisario
europeo es persona que conoce y ha viajado a lo ancho de este mundo,
sabe perfectamente que puestos a buscar colusión, beneficio o
aprovechamiento de sus gestiones o de su posición como ministro en
beneficio propio, de sus familiares o de las empresas de éstos, hay
otros lugares mucho más apetitosos para hincar el diente. Desde
luego, el señor Rafael Vera pasó por Cabo Verde en el año 1985 y no
se le conoce que hiciera, hablando de aprovechadores del erario
público, alguna inversión o negocio por ahí. Puestos a buscar
asuntos, ha habido otros temas, otros países y otras posibilidades de
negocio. Si el señor ministro, como ni siquiera insinúa pero parece
querer insinuar el ilustre portavoz de la oposición que me ha
precedido en el uso de la palabra, ha elegido Cabo Verde para hacer
su agosto, creo que ha escogido el país donde menos es posible
hacerse rico.
Si el señor ministro quiere contestar a alguna de las alusiones está
naturalmente en su derecho, lo que me corresponde a mí señalar es la
ridiculez del tema, la reiteración
y la insistencia del Grupo Socialista en este asunto. Naturalmente,
eso debe obedecer a que no tienen nada mejor de lo que ocuparse, que
decir y que proponer.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor
presidente, señorías, ojalá -y lo digo sinceramente- que todos los
temas de colusión que pueda haber tenido o tener en el futuro
cualquier ministro de cualquier Gobierno en España sean éstos porque
estaremos todos de enhorabuena.
Como ya dije en mi comparecencia anterior, no hubo coincidencia
propiamente dicha entre mi visita y la visita de esa delegación
empresarial en la que tiene intereses mi familia, a invitación, en
esas fechas, del Gobierno caboverdiano, como ya quedó claro. La
delegación empresarial ya había partido -me parece que era el señor
Bonet?, consejero delegado de las empresas- cuando yo llegué y mis
dos hijas esperaban para pasar el fin de semana conmigo. En todas mis
reuniones con las autoridades caboverdianas estuve acompañado de los
correspondientes directores generales y altos cargos del Ministerio y
en ningún momento se suscitó ningún tema privado. Por tanto, no hubo
esa coincidencia.
En segundo lugar, se han referido ustedes a las inversiones que se
han acabado de formalizar. Señorías, han pasado casi dos años pero,
según mis noticias, no hay tales inversiones, no se ha producido
ninguna inversión, ni siquiera, por lo que yo sé, se ha producido
todavía la decisión de invertir. Ha habido un grupo de empresarios
canarios, probablemente en función de esas reuniones de cooperación
promovidas por el Gobierno canario, -ni siquiera sé si es así o no-,
que teniendo un acuerdo de principio con el Gobierno caboverdiano, ha
solicitado la participación en el proyecto de esa empresa en la que
hay accionistas familiares, proyecto en el que -por lo que se me ha
contado y, por lo tanto, no lo tomen al pie de la letra, quienes al
parecer tienen que hacer esas inversiones, si el citado proyecto
llega a cuajar, son los propios empresarios privados, porque, como
ustedes saben, la economía de Cabo Verde no se lo permite: entre
ellas, la construcción de un aeropuerto en una isla que no puede
recibir tráfico internacional. Ante esa oferta, por lo que yo sé, los
directivos de esa empresa en cuestión están estudiándola. Por
consiguiente, ni hay ni ha habido inversión, ni siquiera se ha tomado
la decisión. Espero que si alguna vez la toman, no tenga yo que pedir
explicaciones. Les rogaría que para tener una información más
detallada se dirijan a la empresa en cuestión, que con toda seguridad
-porque en sus planteamientos siempre ha sido muy transparente- se la
va a dar y a lo mejor les da alguna más que pueda ser también
interesante para ustedes. Sería una buena medida que hicieran estas
preguntas a la empresa en cuestión. Yo ya dije en su momento lo que
tenía que decir y ahora les he descrito cómo ha ido la cooperación en
Cabo Verde.
Primero, yo no he viajado a Panamá y, segundo, no sé si la fecha a la
que usted se ha referido coincidió con mi visita a Filipinas o no,
pero desmiento formalmente que hubiera en ella actividad privada
alguna. Aquí hay quienes están soñando o quizá confunden sus deseos
con realidades.
Repito que no hubo actividad privada alguna en mi visita a Filipinas,
-ni siquiera sé si coincidió en las fechas que usted dice-, no he
hecho ninguna visita a Panamá y, señoría, creo que estamos aquí en un
juego de despropósitos. España había cesado la cooperación, la ayuda
alimentaria a este país -así lo expliqué- y ésa fue la razón por la
que dejaron de controlar en aquel momento a aquellos deportados de
ETA. España se comprometió a reanudar esa cooperación alimentaria y
ellos se comprometieron a reanudar ese control. Como ustedes han
visto por mi intervención, la ayuda alimentaria es el 80 por ciento
de la escasa ayuda que estamos dando en cooperación a Cabo Verde.
Efectivamente se habló de la posibilidad de desarrollar aspectos de
cooperación como pesca, sanidad y educación, así como asistencia
técnica. Naturalmente las autoridades caboverdianas hablaron de la
conveniencia de introducir la cooperación turística. Es muy probable
que cuando se reúna la comisión mixta -no se ha reunido todavía y lo
siento, me he enterado ahora porque, como SS. SS. comprenderán, no
sigo todos los temas de cooperación de todos los países, pero,
seguramente, si se hubiera reunido habría alguien que habría dicho
con qué diligencia se ha reunido- se puedan atender en la medida de
lo posible, dentro de los límites presupuestarios que tenemos y de
los que están aprobados por el plan de cooperación, las peticiones
que haga el Gobierno de Cabo Verde. En todo caso, estaba previsto, al
parecer, que la construcción de infraestructuras la financiaran los
propios inversores privados con cargo a sus propios recursos
privados. Si ese proyecto va adelante quizá se pueda ayudar a Cabo
Verde. Desde luego, lo que no desearía tampoco es que unas islas tan
pobres como Cabo Verde, que tienen un producto interior bruto que es
más o menos igual a la mitad de su producto nacional bruto, lo que
quiere decir que tiene la mitad de sus nacionales trabajando en el
extranjero precisamente porque el país no les ofrece recursos ni
puestos de trabajo, paguen al final el pato de todos estos
despropósitos que aquí hoy he oído; unas islas en las que España
puede hacer una buena cooperación. Estoy convencido de que a la larga
habrá muchas empresas españolas desarrollando los distintos
potenciales que este país tiene. Yo así lo deseo y, desde luego, si
SS.SS. me lo permiten, seguiré impulsando el que así sea en el
futuro.
En cuanto al acuerdo de protección de inversiones, lo que sé es que
las autoridades caboverdianas hicieron una petición hace unos meses
en este sentido y naturalmente, como procede en estos casos, la
Dirección General correspondiente, de REI, lo transmitió al
Ministerio de Economía y Hacienda y también, como ya me he referido,
solicitaron un acuerdo de Seguridad Social que se ha pasado al
correspondiente Ministerio.
Señorías, eso es cuanto tengo que decir. Yo les rogaría teniendo como
tenemos pendiente el tema de Timor y teniendo como tengo pendiente a
la señora Ogata, comisaria de las Naciones Unidas para los Refugiados
que hace su visita oficial a España y a la que tengo que atender
a las doce y media, que pudiéramos ocuparnos de temas serios que sí
interesan a todos y a nuestra opinión pública y que pasáramos página
de estos juegos de artificio e imaginaciones. (El señor Yáñez-
Barnuevo García pide la palabra.)
Señor Yañez.
El señor YÁNEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señor presidente, ¿puedo tener una
pequeña réplica? Es imprescindible. La primera intervención del señor
ministro no daba lugar a la información que ha ofrecido
posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, brevísimo.
El señor YÁNEZ-BARNUEVO GARCÍA: Voy a ser muy breve, señor
presidente.
Señor ministro, la honorabilidad del ministro de Asuntos Exteriores,
no es un tema menor, no es un asunto secundario. Yo comprendo que le
sea incómodo personalmente, tampoco es cómodo para este portavoz y
estoy seguro de que no lo es para ninguno. No es cierto que
confundamos deseo con realidad. En todo caso, nuestro deseo sería que
no hubiese esa colusión de intereses, pero es nuestra obligación
investigar y tratar de ver si la hay o no. Una vez más, señor
ministro,-y con eso termino, señor presidente-, no ha contestado a
alguna de las preguntas que le he formulado sobre la transferencia de
acciones de don Abel Matutes a una empresa instrumental panameña, en
octubre de 1986. El resto cada uno lo interpreta como le parece.
Usted dice que no ha habido inversiones. Su hija Carmen Matutes,
directiva del holding, declaró el 20 de agosto que confirmaba la
firma del protocolo por medio del cual se reservaba la opción para
construir en las islas diversas instalaciones, Estamos interesados en
Cabo Verde porque es un destino turístico con muchas posibilidades.
Si eso no significa que hay inversiones, no sé cuándo se puede decir
que las hay; a lo mejor todavía no han puesto un ladrillo, pero es
evidente que se ha avanzado respecto de marzo de 1998.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo mismo le
he confirmado, señoría, que las noticias que yo tenía eran que había
un interés de principio en estudiar la oferta que se recibió, pero
que no se ha tomado la decisión. Le recomiendo que no le pregunte al
ministro de Asuntos Exteriores, sino a la empresa, que seguramente la
dará más información que será de interés para usted y para toda la
opinión pública. ¿Se da cuenta S.S. de su pregunta? Me pregunta si en
el año 1986, yo, persona física, vendí unas acciones de una compañía
a una empresa extranjera. Lo que tiene que preguntarme a mí S. S. es
si, en el caso de que hubiera vendido algunas acciones, he ingresado
su importe como corresponde, según las leyes, y he pagado los
impuestos correspondientes. Todo lo demás son solo una serie de
juicios de valor que son absolutamente inadmisibles. No estamos en
los siglos XII, XIII ó XIV con la Inquisición. Pregunte usted si en
cada momento he pagado mis impuestos, si he hecho las declaraciones
correspondientes y he ingresado el importe de una supuesta venta.
Señoría, yo no recuerdo haber hecho una venta a ninguna empresa
panameña. Es cuanto tengo que decirle. Está usted hablando del año
1986. Ysi alguna vez he vendido algunas acciones de alguna
compañía, lo que cuenta es si he ingresado el dinero en España y
he pagado los impuestos correspondientes que, por cierto, son muchos.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, (MATUTES
JUAN) (CONTINUACIÓN) PARAINFORMAR SOBRE:
-INICIATIVAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL PARA GARANTIZAR EL RESPETO POR
INDONESIA DE LOS RESULTADOS DEL REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN EN
TIMOR ORIENTAL, ASÍ COMO PARA IMPEDIR LA POLÍTICA GENOCIDA DE
INDONESIA. ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 213/001224)
-INICIATIVAS LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL SENO DE LA
UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CON EL FIN DE EXIGIR AL
GOBIERNO INDONESIO QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR
EL RESPETO ALOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS DE TÍMOR ORIENTALY
SU DECISIÓN POLÍTICA, DEMOCRÁTICAMENTE Y MAYORITARIAMENTE ALCANZADA
EN REFERÉNDUM EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1999, DE INDEPENDIZARSE RESPECTO
ALGOBIERNO DE YAKARTA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/001232.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de las comparecencias
que figuran con los números 11, 12, 13, 14 y 15. Tengo que decir que
la número 15, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, todavía no había sido considerada por la
Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara, pero como se trata del mismo
tema, vamos a considerarla conjuntamente.
Se trata de la situación en Tímor Oriental. Sin más preámbulo, le
concedo la palabra al señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Con honda
preocupación comparezco hoy ante SS.SS. para hablar de la tragedia de
Tímor. Van a disculparme el que, por el escaso tiempo de que
dispongo, voy a intentar que mi comparecencia sea breve para que les
dé tiempo a SS.SS. a una toma de posición y, si yo puedo, contestar
después. Paso, por tanto, por todos los antecedentes históricos de
cómo se produjo después del abandono de Portugal la invasión por
parte de Indonesia de Timor Este, todas las negociaciones que España
apoyó formando parte del grupo de amigos, que llevaron finalmente al
acuerdo tripartita entre Indonesia y Portugal y las Naciones Unidas
para celebrar el referéndum de autodeterminación. Tengo que decirles
que España nunca reconoció la anexión de Tímor por parte de
Indonesia, nuestro país siempre se ajustó a las resoluciones de la
ONU sobre el territorio y adoptó una posición moderada, fomentando el
diálogo tanto individualmente como en el seno de la Unión Europea,
alentandoel compromiso y el diálogo político entre las partes.
Tanto Portugal como Indonesia han agradecido nuestra equilibrada
posición a lo largo del tiempo. España acogió positivamente la firma
de los acuerdos de Nueva York y consecuencia de nuestro apoyo a esos
acuerdos tripartitos y del firme interés del Gobierno en colaborar ha
sido la aportación de seis españoles al contingente de la Policía
civil de la Unamet que en la actualidad han tenido que ser evacuados,
encontrándose cuatro de ellos en Darwin y los otros dos están ya en
España. Además, tres españoles integraron también el grupo de
observadores de la plataforma de juristas internacionales.
A la comunidad internacional y a España lógicamente les sorprendió
favorablemente la alta tasa de participación, que fue del 97 por
ciento, del cual el 78,5 por ciento votó en contra del estatuto de
autonomía y a favor de la independencia. Fue un ejemplo de madurez
cívica del pueblo, que acudió en masa a los colegios electorales, a
pesar de las dificultades por las que atravesaba el territorio. La
votación fue ordenada y estuvo bien organizada por Unamet y hay que
reconocer que la jornada electoral se desarrollo sin incidentes
graves y dentro de una sorprendente normalidad. El clima se deterioró
luego. Concluida la votación, la comunidad internacional comprobó que
las milicias pro integración en Indonesia, cometieron toda clase de
desmanes y violaciones, con la pasividad de las tropas de Indonesia
y que no acataban la decisión expresada en las urnas.
Como es de todos conocido, el territorio entró en una espiral de
violencia que horrorizó al mundo. La condena del Gobierno español y
de la Unión Europea a los desmanes y desórdenes fue clara; estamos
consternados ante la magnitud de las cifras de desplazados y muertos.
Indonesia tiene hoy la responsabilidad principal sobre Timor. España
hizo un llamamiento a su Gobierno para que asumiera sus
responsabilidades y, de no ser capaz de hacerlo, Indonesia debía
aceptar, y así lo dijimos, que la comunidad internacional, amparada
en un mandato del Consejo de Seguridad, lo hiciera. Además, el
Gobierno cree -y así lo he manifestado en su nombre en los últimos
días- que la ONU y su Consejo de Seguridad también tienen un papel
fundamental en esta crisis; es el Consejo de Seguridad el que tiene
que tomar urgentemente las medidas apropiadas para restablecer la paz
en el caso de que el Ejército y las autoridades indonesias no cumplan
con su responsabilidades ante la comunidad internacional. Los centros
de decisión y de presión en este triste asunto están en Yakarta y en
Nueva York. España, como muchos de nuestros socios aliados, apoyó
desde el primer momento la idea de que si el Gobierno indonesio no
era capaz de preservar el orden, debía solicitar o tolerar la
presencia de una fuerza internacional. Hemos estado en todo momento
en contacto con nuestros socios de la Unión Europea, muy
especialmente Portugal, y también con nuestros aliados y amigos.
España comprende -y éste es el mejor momento para subrayarlo-, la
angustia de los pueblos timorense y portugués y, como ustedes saben,
el presidente Habibie anunció anteayer la aceptación de su Gobierno a
la presencia de una fuerza de paz, esperanzadora noticia, fruto sin
duda de la continua presión internacional, de la amenaza de
sanciones. Esperamos que esta aceptación sea de efectos inmediatos y
sin condiciones. Las gestiones que se están desarrollando hoy en
Nueva York con los miembros del Consejo de Seguridad
y el ministro de Asuntos Exteriores indonesio, señor Alatas,
son decisivas al respecto. Debemos estar atentos a la evolución de
los acontecimientos.
Por otra parte, el Consejo de asuntos generales de la Unión Europea,
al que asistí ayer, impuso un embargo de exportación de armas,
municiones y equipo militar a Indonesia, así como la prohibición de
abastecimiento de equipos que puedan ser utilizados para la represión
interna o el terrorismo y una suspensión de la cooperación militar
con Yakarta, todo ello por un período de cuatro meses, al cabo del
cual se revisará la situación a la luz de la evolución de los
acontecimientos. Asimismo, decidimos solicitar el envío a Timor
Oriental de una misión de investigación de la Comisión de Derechos
Humanos, para reunir pruebas y determinar responsabilidades por la
campaña de terror desatada. En estos momentos es importante también
adoptar acciones de ayuda humanitaria. Se están elaborando por ello
planes de contingencia en el seno de la Unión Europea para paliar la
gravísima situación de los desplazados en Timor. También se está
estudiando la posibilidad de que la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos convoque una reunión urgente y especial de la citada
Comisión.
En suma, España cree que hay que promover la estabilidad en el
sudeste asiático y la de ese gigante de 200 millones de habitantes
que es Indonesia, pero ello no debe hacerse a costa de desconocer los
resultados de un referéndum organizado por la ONU, con el acuerdo de
todas las partes implicadas en relación con un territorio cuya
anexión a Indonesia no fue reconocida nunca por la ONU ni por la
comunidad internacional. Las Naciones Unidas deben hacer respetar
esta legalidad, pues el mundo no puede tolerar actos de violencia que
atentan contra los más elementales derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Las dos peticiones de comparecencia proceden del
Grupo Mixto. Empezamos por la del señor Rodríguez. Insisto en lo que
antes decía en relación con el uso económico del tiempo.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Aun recordamos un momento histórico,
paralelo con el que hemos comentado anteriormente en relación con el
general Pinochet: cuando en Indonesia se produjo un golpe de Estado
contra un régimen filocomunista que, después, conllevó el
establecimiento de una dictadura militar durante más de 30 años. No
es novedad, por lo tanto, que el actual régimen de Indonesia recurra
a la represión brutal y violenta para acabar no solamente con la
discrepancia, sino con la expresión de la voluntad mayoritaria de los
pueblos que la conforman. En ese sentido, recordemos los miles de
asesinados que estaban vinculados al régimen comunista y el intento
de establecer un marco imperial como una especie de potencia
subsidiaria y secundaria dentro de lo que es el Extremo Oriente.
En este caso nos llama la atención que un Estado con semejante
historial y que está asistiendo ahora a una transición democrática
controlada muy similar a la que en principio se produjo en Chile haya
sido tolerado ampliamente por los Estados de occidente, precisamente
porque erabeneficioso para sus intereses. En ese sentido, la convoca
toria
de un referéndum de autodeterminación para lograr la libre expresión
del pueblo de Timor Este fue sucesivamente boicoteada hasta que por
fin el 30 de agosto se pudo realizar con el amparo y el respaldo del
Consejo de Seguridad del organismo internacional. Pero
desgraciadamente, señor ministro, es curioso que algo que tiene el
respaldo del Consejo de Seguridad no sea también amparado en las
consecuencias que pueda conllevar. Así nos encontramos con un régimen
que es capaz de imponer un baño de sangre a una población indefensa
que, sin embargo, contaba con todas las legitimidades posibles dentro
del marco internacional: primero, un pueblo que fue anexionado por la
fuerza en 1975, una vez que la potencia colonizadora lo había
liberado, precisamente coincidiendo con un proceso revolucionario
dentro de ella; en segundo lugar, con una expresión democrática
depurada y con todos los avales de los organismos internacionales, y,
en tercer lugar, incluso con figuras prestigiadas a nivel
internacional que dejaban claras las masacres, las persecuciones y el
derecho que tenía el pueblo a expresarse libremente, como pudieron
ser los señores Belo y Ramos Horta.
Señor ministro, lo que primero nos llamó la atención fue la pasividad
y la connivencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea y una
cierta falta de perfil, con el silencio del Estado español, que
contrastó vivamente con el caso de la potencia colonizadora,
Portugal, donde no solamente su opinión pública sino también sus
autoridades políticas supieron estar a la altura de las
circunstancias -hay que decirlo todo- en un medio internacional
bastante pasivo. En todo caso, señor ministro, nos gustaría que el
Gobierno español fuese mucho más activo en este tema y evocar unos
debates bastante duros que tuvieron lugar en este Congreso de los
Diputados, algo que usted recordará, en relación con la guerra de
Yugoslavia y con el problema de Kosovo. En aquel momento el Gobierno
español, y usted en particular, se agarraban firmemente a que estaban
justificadas todo tipo de injerencias en nombre de la defensa de los
derechos humanos, para acabar con la limpieza étnica y con el
genocidio, y nos gustaría que en este caso se mantuviese una posición
similar, porque desde luego es un caso muchísimo más depurado; y, si
no, tendríamos que preguntarnos si los derechos humanos están
solamente en función de los intereses que en el nuevo orden
internacional tienen las grandes potencias. Sería muy lastimoso que
en el futuro -acabo ya- se pudiese abrir paso una solución a la
angoleña. Recuerdo que el MPLA ganó las elecciones en Angola y que
después fue obligado a aceptar un pacto con Unita, que hoy no es
respetado, sin duda por la connivencia que tienen las grandes
potencias occidentales, que, por lo que se ve, no les gusta lo que
sale de las urnas. Sería terrible para la comunidad internacional y
en concreto para este pequeño pueblo que tanto lleva sufrido que se
le obligase a una soberanía compartida y que no se respetase la
expresión en las urnas, que dieron una abrumadora mayoría,
prácticamente el 80 por ciento, a favor de la independencia. Le
rogamos encarecidamente que el perfil del Estado español sea más
claro y más contundente a la hora de defender los resultados del
referéndum y de impedir las actuaciones del régimen de Yakarta, por
mucho que puedan estar avaladas por países amigos, como se dice en la
jerga actual, con intereses económicos muy grandes en el Extremo
Oriente y en concreto en las rutas del Pacífico.
El señor PRESIDENTE: La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a ser breve para permitir al
ministro que cumpla con los compromisos que tiene. No obstante, voy a
señalar varias cuestiones en función de las cuales solicitábamos su
comparecencia. La primera es relativa a la defensa de los derechos
humanos y las medidas que se iban a tomar, tanto bilateral como
multilateralmente, a fin de evitar, de la manera más rápida posible
esas violaciones masivas de derechos humanos que se estaban
produciendo. La segunda parte de la comparecencia, que creemos
también que es muy importante, trataba de determinar qué medidas
había que adoptar de manera rápida para respetar lo que es un derecho
fundamental, como es el derecho a decidir respecto a su propio
destino en un pueblo como el de Timor. Son dos cuestiones muy
importantes que van muy unidas, porque queremos garantizar no
solamente la vida sino también la democracia.
En relación con esta cuestión -ya lo señalaba el ministro-, es verdad
que con la invasión en 1975 se produjo la muerte de 250.000 personas
en Timor Este. No olvidemos que la población censada para votar
apenas llegaba al medio millón, con lo cual uno observa cuáles fueron
las consecuencias de esa invasión. A lo largo de este proceso -y creo
que es importante hacer esta reflexión- se podrían haber hecho muchas
más cosas, porque lo que realmente a uno le sorprende es que las
condiciones en las cuales se iba a producir este referéndum o esta
participación eran terriblemente graves. El propio Kofi Annan tuvo
que suspender la celebración del referéndum con 15 ó 20 días porque
era imposible realizarlo en la fecha prevista del 8 de agosto.
Nosotros, el 5 de julio, planteamos al Gobierno, porque era bien
conocido y resultaba claro de los informes de Naciones Unidas, que
efectivamente se estaban produciendo infracciones graves, no
solamente derivadas de las milicias pro indonesias, sino que además
llevaban consigo una colaboración formal -y era evidente- por parte
del ejército. Preguntábamos al Gobierno el 5 de julio qué se iba a
hacer para garantizar que ese referéndum, que había sido dilatado, se
pudiera hacer de manera correcta para que todo el mundo pudiera
acudir sin ningún tipo de represión ni de represalia. No se nos ha
contestado a estas preguntas que formulamos, porque creíamos que era
una cuestión clave. No se puede organizar un referéndum sin dar a los
ciudadanos la garantía de que van a poder ir a votar libremente, pero
menos se puede organizar -y no digo ya organizarlo, sino celebrarlo,
que creo que es muy importante- sin haber previsto las consecuencias
que hubiera podido tener para aquellas personas que participaban. A
pesar de todo, resulta muy importante, como decía el ministro, que la
cifra del 98,6 por ciento de ciudadanos de Timor acudieran a las
urnas y más aún que el 78,5 decidiera que no estaba a favor de la
autonomía sino de la independencia.
En definitiva, mi primera reflexión es que tenemos que hacer una
autocrítica -y digo tenemos en general, la comunidad internacional,
especialmente aquellos que tienen
más responsabilidad, el Consejo de Seguridad, pero también todos los
participantes en Naciones Unidas- sobre si se ha organizado
correctamente, si se han hecho todas las gestiones frente al Gobierno
de Indonesia para poder celebrarlo, si es verdad que ya existían
informes en Naciones Unidas y que se habían transmitidos a los
miembros del Consejo de Seguridad sobre que realmente había una
colaboración estrecha entre el ejército y las milicias pro
indonesias, no sólo para evitar el referéndum, sino también, si salía
un resultado como el que ha salido, para llevar a cabo todos los
planes de genocidio que estaban establecidos. Hay que hacer estas
reflexiones porque en el futuro no podemos permitir que se den
circunstancias como éstas.
En cuanto al futuro, sobre qué se va a hacer, en primer lugar hay una
cuestión clave respecto a la seguridad de las personas que
conformaban la misión de Naciones Unidas. Es una decisión difícil de
determinar si era conveniente o no determinar...
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, estamos fuera de tiempo.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No se preocupe, señor presidente,
que ya voy a terminar.
En definitiva, quiero decir que hay muchas cuestiones sobre las que
hay que reflexionar, qué va a pasar en el futuro respecto a los
derechos humanos, pero también sobre el respeto a esa decisión.
Por último, sin más, quería expresar mi agradecimiento a aquellas
personas de la misión de Naciones Unidas que tuvieron el valor y el
coraje de mantenerse firmes, la mayoría de ellas, al menos hasta el
día de hoy, en la ciudad de Dili para proteger a los refugiados.
El señor PRESIDENTE: No tenemos al señor ministro a nuestra
disposición ni siquiera 10 minutos ya que como antes les informaba,
tiene a la señora Ogata citada a partir de las doce y media en la
sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. De manera que yo les
pediría a los grupos parlamentarios que deseen tomar la palabra que,
teniendo en cuenta que tendrá que cerrar la comparecencia el señor
ministro y que posteriormente vamos a tener una discusión sobre las
proposiciones no de ley correspondientes, realicen sus intervenciones
no ya con la máxima brevedad sino con carácter telegráfico. Me van a
perdonar si a partir de este momento soy muy tajante.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, tajante, pero tengo que
consumir el tiempo que corresponde, que será breve.
El señor PRESIDENTE: Lo que pasa es que el señor ministro se tiene
que ir. De manera que si me lo quiere contar a mí, me lo cuenta, pero
el señor ministro no va a estar aquí presente a partir de las doce y
veinticinco, arrastrando mucho el tiempo.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No es la primera vez que esto ocurre, pero
no...
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, hemos tenido tres horas a
nuestra disposición. Yo creo que es más que suficiente.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Para tres comparecencias, no, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Proceda.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Aunque efectivamente, como bien dice,
luego volveremos sobre este tema, creo que es importante dejarlo
claro en este momento. Estamos ante un genocidio que se está
produciendo ante un pueblo que está reclamando su derecho de
autodeterminación, que lo ha reclamado impulsado por Naciones Unidas
y que en el momento en que lo ha hecho impulsado por Naciones Unidas
se le ha empezado a ejecutar. Yo querría leer (y lo hago ahora y no
después, señor presidente, aunque después volveremos sobre este tema
y seguiré pronunciándome) unas palabras escritas por quien fue
diputado en esta Cámara, portavoz de mi grupo parlamentario durante
mucho años y ponente constitucional, Miquel Roca i Junyent: Lo peor
que ha ocurrido aquí es que la ONU nos representa a todos. Cuando sus
funcionarios huyen de Timor para evitar la masacre, somos todos
nosotros los que huimos, es todo el mundo de la libertad el que
abandona a su suerte a aquellos que hemos invitado a participar con
nosotros del gran beneficio de la libertad y, hoy, algunos de los
habitantes de Timor deben preguntarse sobre cuál era el sentido de la
presencia de la ONU en su país, qué es lo que realmente se les estaba
ofreciendo y, lo que es todavía más inquietante, cuál es el contenido
real de la libertad. La gente de Timor verá cómo los suyos son
asesinados porque han ido a depositar una papeleta en la urna que la
ONU les ofreció.
Creo, señor presidente y señor ministro, que ese es exactamente el
drama que tenemos entre manos y esa es nuestra responsabilidad, lo
que distingue esto de Kosovo. Las comparaciones con lo de Kosovo
pueden ser muchas, pero hay una muy clara, que aquí la
responsabilidad es nuestra, que aquí, en cierto sentido, somos todos
los agresores, por pasividad, porque somos nosotros los que les hemos
llamado a votar. Por tanto, aunque en su momento, cuando hablábamos
de Kosovo, el gran argumento que todos utilizábamos -y consta en el
'Diario de Sesiones'- continuamente era que estábamos hablando de
atrocidades a sólo dos horas de vuelo, y aquí estamos hablando de
atrocidades a veinte horas de vuelo, no por eso el tema tiene menor
gravedad; o por lo menos tiene tanta como la que tenía la situación
en Kosovo -probablemente más-, pero en todo caso nuestra
responsabilidad es mucho mayor.
Por tanto, señor ministro -y termino con esto-, hay que estar
satisfechos porque en este momento Indonesia ya acepte la presencia
de tropas internacionales, pero no hay que cejar en la presión, y el
papel del Reino de España en este caso, y del Gobierno puede ser
todavía más del que ha sido hasta este momento. Usted ha expresado
que ya ha hecho todo lo que podía, pero no es esa la impresión de la
opinión pública española y no lo es en absoluto de la opinión pública
portuguesa, donde se ha denunciado, por activa y por pasiva, la
pasividad por parte del Gobierno español.
Nosotros pedimos que el Gobierno vaya mucho más allá en la medida de
su papel concreto, que en la Unión Europea es mucho; en el escenario
mundial evidentemente puede quedar más diluido, pero en la Unión
Europea es grande. Por tanto, el Gobierno español tiene que seguir
muy de cerca las eventuales sanciones económicas que se puedan
desarrollar. Esto no ha hecho más que empezar. Va a haber una fuerza
internacional que tiene que conducir a la implementación del
resultado del referéndum y por tanto a la independencia de Timor y es
responsabilidad del Gobierno seguirlo de cerca.
Señor presidente, volveremos sobre este tema en el debate posterior.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, no hace falta que le repita las
moniciones.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, siendo críptico más que otra
cosa. Evidentemente, hay una frase muy española que ejemplifica todo
este proceso y es la de cría cuervos..., que nos lleva a pensar si
este conflicto surge como una cuestión espontánea o realmente
estábamos alimentando a una fiera que, al final, como tal fiera, ha
mordido y ahora ese mordisco nos escandaliza. Nos tenía que
escandalizar todo el proceso, toda la alimentación que hemos
procurado para que esa fiera alcance la dimensión que actualmente
tiene. Es una fiera que está perfectamente definida en los informes
de Amnistía Internacional: el ejército mata ilegalmente a cientos de
miles de personas; hay cientos de presos de conciencia, informes
continuos de torturas, malos tratos, violaciones de mujeres de etnia
china, desaparición de detenidos, impunidad, ejecuciones
extrajudiciales, condenas de muerte, denuncias del presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de que no se aplican las
recomendaciones que está recogidas en sus resoluciones. Es un país
que no tiene suscritos los principales tratados internacionales sobre
derechos humanos, que no voy a enumerar porque no tenemos tiempo. Ese
es el cuervo, esa es la fiera que estamos alimentando la comunidad
internacional, nuestros aliados, y ahí lógicamente participa España
con un papel relevante, con más de 1.200 millones de pesetas vendidos
en armas en estos últimos años; en armas para seguir cometiendo lo
que Amnistía Internacional y Derechos Humanos de Naciones Unidas
recogen en sus informes.
Ahora nos encontramos con la última heroicidad de nuestra fiera: 800
muertos en Dili en sólo dos días. Los optimistas piensan que ha
habido 7.000 muertos en la última semana; 200.000 timoreses que han
sido deportados a la fuerza, 100.000 que se encuentran refugiados en
las montañas. Los campos de esos 200.000 deportados están controlados
por la milicia, que es la que está ocasionando fundamentalmente todos
esos asesinatos. Se han saqueado las ciudades del litoral; los
servicios sociales no tienen medios para atender a toda esa gente. Al
final estamos donde habitualmente en estos casos, ante la producción
de acontecimientos deleznables y sin capacidad para poderlos
prevenir. De nuevo ha fallado uno de los recursos que para la
estrategia de la solución de dichos conflictos constantemente viene
proponiendo mi fuerza política: la prevención de los conflictos, el
desviar recursos y fondos hacia políticas
que prevengan que estas cosas puedan suceder, y no la teoría
contraria, que es la de promover estrategias que constantemente estén
rearmando y favoreciendo la política de crear enemigos para podernos
defender de ellos con más armas.
Aunque creo que he ido demasiado deprisa, tengo que hablar de la
responsabilidad del Gobierno español. Usted, este mismo fin de
semana, señor Matutes, decía que España es favorable a estudiar un
embargo sobre la venta de armas y sanciones económicas si no cesa la
violencia: si la situación se deteriora más, deberán adoptarse
medidas como el embargo y sanciones. Eran frases suyas este fin de
semana, cuando ya esa estadística que le he enumerado se había
producido. ¿Qué más esperaba el Gobierno español que se produjese
para poder tomar este tipo de iniciativas? ¿Qué es lo que se tiene
que producir o dónde? Quizá es que geográficamente debe ocurrir en
otro lugar para que España tenga una posición más clara. España no es
independiente en su política exterior; España en este conflicto,
cuando tenía una oportunidad de oro -eso que Napoleón quería de sus
generales, que tuviesen suerte-, tuvo la posibilidad de haber
definido claramente una posición autónoma en este conflicto y de
nuevo ha fallado; ha fallado España, han fallado la Unión Europea y
ha fallado Naciones Unidas. Al final nos encontramos en la misma
situación tradicional.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Sólo treinta segundos, simplemente quiero
terminar con las palabras que escribió el señor Saramago. ¿Para
cuándo se pondrá fin al cinismo de la mal denominada comunidad
internacional? ¿Cuándo terminará la hipocresía de quienes mandan? Y
la inercia de quienes son mandados ¿cuándo terminará?
El señor PRESIDENTE: El señor ministro se tiene que ir. Yo voy a
pedir perdón al señor Santesmases y al Grupo Popular, que me imagino
que también deseaba tomar la palabra.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: El Grupo Popular es el
que apoya al Gobierno. (El señor Robles Fraga: ¿Y vosotros no?)
El señor PRESIDENTE: Lo siento en el alma. La verdad es que también
me siento rebasado por los acontecimientos. Señor Santesmases, señor
Robles, en la medida en que tuvieran pensado intervenir, háganme
llegar por escrito su intervención y, siguiendo la práctica habitual,
constará en acta. No puedo hacer otra cosa.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Señor presidente, tendrá
que quedar en el 'Diario de Sesiones' cuál es la posición del Grupo
Socialista en un tema de esta magnitud. Es verdaderamente atípico que
lo hagamos por escrito, cuando el Parlamento es el lugar de la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Santesmases, perdón,quedará en las actas
correspondientes de la sesión, como se
hace en otros casos en donde se producen estas situaciones límite.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy
brevemente, para contestar a los aspectos más importantes de las
distintas intervenciones.
Naturalmente, señor Navas, que España no es independiente en todas
sus decisiones de política exterior. Ningún país de la Unión Europea
lo es.
A estas alturas S.S. no puede ignorar que las sanciones y los
embargos se tienen que adoptar en el Consejo de Ministros de Asuntos
Generales. Por eso dije que España era partidaria de esos embargos y
ayer mismo los defendimos, y, en contra de algunos países -porque en
esos casos además es necesario recoger la unanimidad-, conseguimos
que se aprobaran esas sanciones incluso como medida preventiva aunque
finalmente se despliegue la fuerza internacional, para no tener que
volver a reunirnos en el caso de que finalmente no se respeten los
resultados del referendum. Creo que ésa es la única medida que estaba
en nuestras manos y España ha actuado anticipándose a todos nuestros
socios, porque yo todavía no había visto ni leído ninguna declaración
en este sentido de países miembros de la Unión Europea. De manera que
no hemos ido detrás de nadie, sino que otros han venido detrás de
nosotros.
En relación con Portugal, quiero informar al señor Guardans que el
Gobierno portugués ha agradecido formalmente en varias ocasiones la
posición y la actitud del Gobierno español ante este conflicto. No he
dejado de estar en contacto con mi colega el señor Matos da Gama. Yo
no sé qué pensará ni cómo han prospectado esa llamada opinión pública
portuguesa. Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno portugués,
que es quien ha estado en contacto con el Gobierno español, ha
agradecido, repito, en varias ocasiones, formal y efusivamente, la
actitud del Gobierno español.
Tiene razón la señora Lasagabaster cuando dice que estaba verde la
situación cuando se organizó el referéndum. El referéndum estuvo muy
bien organizado. Se desarrolló pacíficamente, pero lo cierto es que
la ONU pecó de ilusoria a la hora de tomar precauciones previas
respecto de cuál sería la actitud de los militares indonesios en el
supuesto, por otra parte muy previsible, de que en el referéndum
ganaran los partidarios de la independencia.
En todo caso, la posición del Gobierno español es la de prioridad
absoluta y restablecimiento en la isla de la paz, el orden y la
seguridad; en segundo lugar, mantenimiento de la presión
internacional, y cuanto acabo de decirles respecto de la decisión
tomada ayer sobre el embargo es la mejor prueba de ello, y, en tercer
lugar, una vez restablecido el orden y, por tanto, atendida la
prioridad principal, que es la seguridad y la vida de las personas,
tomar todas las medidas y dar los pasos necesarios para que
finalmente se respeten los resultados del referéndum. Esa es la
posición que entiendo han reflejado los grupos y la que nos
seguiremos esforzando en mantener. (El señor García-Santesmases
Martín-Tesorero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Santesmases.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Quiero que conste en acta
la protesta de este diputado y de este grupo parlamentario, no
referida al señor ministro, que tiene plena posibilidad de marcharse
a la reunión, por considerar que el primer grupo de la oposición no
ha tenido oportunidad de poder expresar su opinión sobre una crisis
de esta gravedad. (El señor Ministro de Asuntos Exteriores, Matutes
Juan: Señor presidente, si me lo pide yo me quedo.) Un visitante
extranjero puede esperar cinco o diez minutos. El diputado portavoz
del primer grupo de la oposición no puede hablar sobre lo que ha
ocurrido en Timor y se le dice que en un Parlamento, que es el lugar
de la palabra, tiene que hacerlo por escrito. Señor presidente,
quiero expresarle mi más clara y rotunda protesta. (El señor Ministro
de Asuntos Exteriores, Matutes Juan: Si son tres minutos me espero.)
El señor ministro se puede marchar, pero quiero que conste en acta la
protesta de este diputado. Cuando venga la proposición no de ley
o mañana explicaré también cuál es nuestra posición, pero lo que ha
ocurrido aquí es absolutamente atípico.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor ministro a lo largo de estas comparecencias. En segundo
lugar, vamos a proceder tal como he indicado. En tercer lugar, vamos
a interrumpir la sesión durante cinco minutos y querría contar con la
presencia de los portavoces y los miembros de la Mesa ahora mismo
para discutir algunas cuestiones de orden inmediatamente después.
Se interrumpe la sesión durante cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/001671)
-RELATIVAA INICIATIVAS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE
TIMOR ESTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001674)
-SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001686)
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, se reanuda la sesión.
Tenemos dos bloques pendientes, uno el de las proposiciones no de ley
y otro el de los dictámenes de tratados y acuerdos internacionales.
Les propongo a SS.SS., si no les parece mal, que las votaciones de
ambos, proposiciones no
de ley y dictámenes, tengan lugar a partir de las dos menos cuarto y
en cualquier caso no antes de esa hora.
Con esos límites en el tiempo, vamos a proceder al debate y posterior
votación de las siguientes proposiciones no de ley. En primer lugar,
se trata de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre medidas en relación con la situación en Timor Oriental; en
segundo lugar, de la proposición no de ley, de la que también es
autor el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a iniciativas del
Gobierno en relación con la situación en Timor Este; en tercer lugar,
la proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas en relación con la
situación de Timor Oriental. (Rumores.) ¿Podría pedir a todos los
diputados y diputadas, y a los que no lo son, un poco de silencio? Si
no es muy incómodo el trabajo.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre medidas en relación con la situación en
Timor Oriental, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURALAPORTA: Gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley evidentemente enlaza con el corto debate
que hemos tenido antes en la comparecencia del señor ministro de
Asuntos Exteriores. Creo que en las anteriores intervenciones ha
habido dos aspectos, sobre los que yo no voy a incidir, que hoy son
comunes para todo el pensamiento: uno, la espeluznante sorpresa de
que un referéndum organizado e impulsado por las Naciones Unidas haya
significado inmediatamente el abandono de las Naciones Unidas de
Timor Oriental y la masacre que se ha producido. La otra cuestión que
hoy también es absolutamente común, en la que todo el mundo está de
acuerdo, son las barbaridades, la tragedia y la masacre que se han
cometido.
Quería remarcar dos aspectos que pienso que no han salido con
suficiente fuerza. Por un lado, que esto ha sido posible, en parte,
porque fundamentalmente tanto la Unión Europea como Estados Unidos
como España durante estos años han tenido una postura de colaboración
o de cooperación con un Gobierno, el de Indonesia, que literalmente
masacraba, negaba derechos fundamentales y perseguía a las personas
que simplemente querían libertad y democracia en Indonesia o a
aquellos como los de Timor Oriental que querían solamente un
referéndum.
Quería leer al ministro de Asuntos Exteriores -no lo he hecho por la
prisa- la contestación que me dio a seis preguntas que realicé en
octubre de 1996, precisamente sobre la situación en Indonesia. Mis
preguntas iban dirigidas a por qué razón el Gobierno español vendía
armas a Indonesia; por qué razón incluso parecía que había un
convenio de formación militar a unidades de las fuerzas armadas de
Indonesia; cómo pensaba el Gobierno español hacer frente a la
utilización indebida contra las personas de Indonesia y de Timor del
armamento que se exportaba o qué opinaba el Gobierno español de que
Indonesia fuese uno de los cuatro mayores perceptores de ayuda
oficial al desarrollo desde España a través de los créditos FAD.
La respuesta del ministro no tiene desperdicio. Les leo literalmente.
El secretario de Estado en boca del ministro dice: El segundo
criterio que rige el código de conducta comunitario en materia de
exportación de armas es el respeto de los derechos humanos por parte
del Estado receptor, es decir, que no se produzcan violaciones
flagrantes de los derechos humanos. A continuación dice: En el caso
de Indonesia no existe medida alguna de embargo sobre la exportación
de armas ni por la Unión Europea ni por las Naciones Unidas.
Evidentemente el ministro da un salto. Es cierto que no han existido
embargos de exportación de armas, pero evidentemente sí es cierto, lo
han dicho Naciones Unidas, Amnistía Internacional, todos los
organismos internaciones, que ha habido violaciones flagrantes de los
derechos humanos. En esa situación España ha continuado exportando a
Indonesia y a Turquía, países prioritarios de exportación de armas
del Estado español; también hemos visto cómo en los últimos seis años
España ha dedicado más de 30.000 millones de pesetas de créditos FAD
a Indonesia, de los cuales sólo el 0,5 por ciento se han destinado a
los servicios básicos de programas sociales como enseñanza o salud.
Dicho de otra manera, España ha estado manteniendo de alguna manera
una posición de favor o de no radical oposición en contra de un país
que vulneraba derechos humanos.
La segunda cuestión, y con esto acabo, es lo que aquí se ha dicho
antes, la absoluta tardanza, pasividad, del Gobierno español, y en
general de la Comunidad, con la honrosa excepción de Portugal, ante
lo que estaba ocurriendo en Timor. Desde ese punto de vista, la
proposición no de ley que nosotros planteamos es que el Gobierno tome
medidas activas, y que fundamentalmente las tome en el seno de las
Naciones Unidas, para conseguir tres cosas: evitar las matanzas,
garantizar la paz y hacer que se respeten los derechos del pueblo
timorense que claramente se ha manifestado en el referéndum.
Creo que, a la luz de lo que he escuchado del ministro de Asuntos
Exteriores, es posible llegar a una transaccional de las diversas
proposiciones no de ley que exprese una voluntad de consenso en esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: También voy a intervenir muy brevemente.
Nuestra proposición no de ley está guiada por dos objetivos
fundamentales. El primero de ellos es conseguir que el referéndum de
autodeterminación que dio el resultado favorable a la independencia
sea respetado por las autoridades de Yakarta. En este sentido,
pensamos que es necesario desenmascarar y sobre todo que no se vuelva
a repetir, si es que realmente hay eficacia dentro de la ONU y de su
Consejo de Seguridad, algo que fue anunciado por los medios de
comunicación precisamente antes de celebrarse el referéndum. Todos
pudimos leer en las páginas de los periódicos cómo gran parte de la
prensa occidental se hacía eco de lo que eran las estrategias del
régimen de Yakarta y, por tanto, del amparo de que gozaba en círculos
de la ONU y por supuesto de otros organismos de carácter militar, y
era la masacre programada en caso de que ganasen los
independentistas. Los titulares de los periódicos eran: Un baño de
sangre se anuncia después del resultado del referéndum, cosa que no
es posible a no ser que efectivamente haya connivencias por parte de
Estados Unidos, por parte de algunos Estados de la Unión Europea y
por parte lógicamente de los miembros más importantes del Consejo de
Seguridad. Esto es lo que hay que ratificar, aunque sea un hueso duro
de roer, y también ahuyentar el peligro de que ahora se intente
buscar una solución política, entre comillas, del peor estilo, que
consistiría en un diálogo entre el Gobierno de Yakarta y algún líder
independentista para dar una solución confusa y ambigua a lo que fue
algo que quedó claro desde el principio, que se hacía un referéndum
de autodeterminación para que fuera respetado. La solución, como dije
antes, a la angolana sería terrible y, además, un nuevo golpe a una
visión del nuevo orden internacional que no esté basada
exclusivamente en el uso de la fuerza y en que siempre tiene razón
aquel que está amparado por los poderosos.
En segundo lugar, el otro objetivo es dejar claro que el régimen de
Yakarta debe de ser aislado internacionalmente. No pedimos ni
siquiera el bombardeo de Yakarta, como entusiásticamente se aceptó en
este Congreso de los Diputados por parte del Gobierno en el caso de
Yugoslavia, y simplemente pedimos que se impongan todos los métodos
de aislamiento internacional para paralizar esta política de
exterminio sistematizado de la población de Timor Este. Y todo ello,
ni más ni menos que en nombre del principio de que los pueblos tienen
derecho a su libertad y en nombre del principio de que no podemos
permanecer impasibles ante este tipo de brutalidades y de medir
políticamente las situaciones de los países según el grado de
amistad, de conveniencia y de interés que las grandes potencias
tienen en este caso.
Esperamos que haya una transaccional que por lo menos nos dé un poco
de amparo a lo que indudablemente es irrebatible, que son los
resultados del referéndum y el sufrimiento del pueblo de Timor.
El señor PRESIDENTE: Para presentar la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Como comencé diciendo con anterioridad en la
comparecencia del señor ministro, para mi grupo este suceso no sólo
es una tragedia humanitaria, sino que nos tiene que dar una gran
lección de política internacional y sobre todo de cómo debemos
construir el nuevo orden internacional, sobre qué bases, qué
comportamientos tenemos que erradicar, lógicamente en la esperanza de
crear un futuro mejor, una mejor convivencia entre los pueblos, un
mayor respeto a los derechos humanos, ya que recién celebrado su 50o
aniversario nos vemos en la necesidad de reiterar su incumplimiento y
las graves violaciones que sufre. Por lo tanto, es fundamental que
sepamos recoger las enseñanzas de todos estos conflictos, a la que
vez que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que no se
produzcan y, en caso de producirse, tengan la menor incidencia
posible. Por consiguiente,cuando hablemos de vulneración de derechos
fundamentales habría que romper inmediatamente con la estrategia
diplomática de
diferenciar a amigos o aliados a la hora de evaluar las medidas que
se deben tomar en unos u otros casos ya que no podemos seguir siendo
cómplices de Estados que estén vulnerando estos principios, estos
derechos, que estén vulnerando lo que pretendemos que sean los
pilares de convivencia internacional para el futuro.
Se han dado ya múltiples adjetivos sobre lo que ha pasado en Timor:
vergüenza, el fracaso de la comunidad internacional, de la Naciones
Unidas. Yo quiero decir que después de estos últimos acontecimientos
hay que poner urgentemente en revisión los cauces de intervención que
tiene la comunidad internacional, porque se ha conseguido
descapitalizar desde un punto de vista político a las Naciones
Unidas, que era el órgano del que esa comunidad internacional se
había dotado para la solución de estos conflictos, se la ha
descapitalizado hasta el punto de ser hoy un espectro, de ser hoy una
vergüenza para todos aquellos que entendemos que todavía es el
elemento fundamental sobre el cual debe pivotar el futuro de las
relaciones internacionales.
Mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley que
creo que recoge lo que es el sentir general de la sociedad española,
por cuanto después de haberlo cotejado con distintos comunicados de
ONG, de organizaciones de derechos humanos, incluso con declaraciones
públicas de dirigentes políticos, aquí hay un gran consenso entre las
distintas fuerzas políticas y estoy convencido de que al final habrá
una sola votación. El contenido de nuestra proposición no de ley
habla de que el Gobierno tiene que ser coherente con la recientemente
aprobada Ley de cooperación para el desarrollo y tenemos que ser
consecuentes con nuestro propio ordenamiento jurídico. Esta es la
primera ocasión que nosotros tenemos de poder aplicar artículos de
esta ley a países que cometan las atrocidades que Indonesia está
cometiendo en Timor Oriental. Por consiguiente, tenemos que aplicar
los artículos 4 y 7 c) para cancelar los créditos FAD y la venta de
armas con destino a Indonesia hasta que el escenario cambie
radicalmente.
Indonesia tiene que habilitar el libre acceso de todos los timorenses
exiliados; debe levantar las restricciones que ha aplicado a los
observadores, a los medios de comunicación internacionales; tiene que
facilitar el retorno de todos los timorenses que incluso han sido
desplazados forzosamente al otro lado de la frontera; tiene que
retirar todo el aparato represivo que actualmente ocupa en el
territorio de Timor Oriental para que pueda reiniciarse la
convivencia en ese lugar y tienen que cumplirse los acuerdos que el
mismo Gobierno indonesio ha firmado el 5 de mayo con la República de
Portugal y Naciones Unidas para el referéndum y la asunción del
resultado del referéndum por parte de ese país. También hay un
mandato de Naciones Unidas en el cual pedimos que refuerce a la
Unamet, el organismo de Naciones Unidas que estaba gestionando todo
el proceso del referéndum de autodeterminación. Cuando se registró
esta proposición no de ley todavía estábamos hablando de la necesidad
de preparar una fuerza bajo el mandato de Naciones Unidas que acabara
con la tragedia humana que está sucediendo en Timor lo que desde
luego es imprescindible. Pedimos a la comunidad internacional y a la
Unión Europea que haga uso de su influencia para que Indonesia
respete todos los acuerdos
que tiene firmados respecto a la asunción del resultado del
referéndum y que se envíen delegaciones de observadores para
garantizar que, evidentemente, se van cumpliendo esos objetivos.
Se trata de una proposición no de ley lo suficientemente genérica
para que abarque todos los aspectos que nos han escandalizado a lo
largo de todo este proceso, que va por encima de las sensibilidades
políticas de unos y otros, y que puede llegar a servir de puente
entre todos los grupos parlamentarios. Evidentemente este conflicto,
uniéndolo con el comienzo de mi intervención, lo que nos tiene que
dejar sobre todo es el poso de qué es lo que debemos hacer ante
situaciones similares y, por lo tanto, asumir la responsabilidad como
país de que no hemos tenido la suficiente agilidad para posicionarnos
políticamente en este tema y que hemos tenido que depender de la
voluntad de nuestro país guía -hasta que Clinton no ha posicionado
claramente en un sentido o en otro nosotros no hemos movido nuestra
ficha correspondiente-, más allá del marco de coparticipación de
decisiones que tenemos en el seno de la Unión Europea. Ha habido
otros países del seno de la Unión Europea que se han definido
claramente antes que el propio Consejo de la Unión decida acciones a
tomar respecto a la crisis de Indonesia, pero, como digo, España
tampoco ha sabido defender una postura coherente con la crisis que se
estaba padeciendo en el seno de la comunidad internacional a la cual
pertenecemos y hemos seguido aplicando una política de excesiva
prudencia, que en estos casos, al final, se convierte casi casi en
complicidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
El señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En línea evidentemente con lo que era la
breve intervención anterior con motivo de la comparecencia del señor
ministro querría dejar clara, como no puede ser de otra manera, la
profunda inquietud de mi grupo y de toda la opinión pública catalana,
que no digo que represente más que otros diputados catalanes pero que
quiero trasladar aquí en este momento. Como decía en la intervención
anterior, no sólo estamos en general ante una situación de derechos
humanos y de violación de derechos humanos individuales, que ya sería
bastante evidentemente y por sí solo sería un argumento importante
para intervenir aquí y manifestar una preocupación profunda, sino que
en este caso concreto mi grupo entiende, y así lo quiere dejar claro,
que estamos además, -digo además, no en lugar de-, ante una violación
de los derechos de un pueblo como tal pueblo, que en el momento que
ha pronunciado su voluntad de autodeterminación en el sentido más
profundo de esa expresión, en el momento en que ha intentado empezar
a recuperar su libertad y en el momento en que la propia comunidad
internacional le ha impulsado a recuperar su libertad y a proclamarla
en voz alta haciéndole creer que a partir de ahí garantizaría lo que
de esa consulta se derivara, resulta que ese pueblo incrementa su
sufrimiento por el solo hecho de haberse pronunciado y la propia
comunidad internacional se convierte en cómplice en la medida en que
ha impulsado el genocidio que estamos presenciando en este momento
al reconocer ese referéndum. Por tanto, la negligencia por parte
de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
de los funcionarios concretos de Naciones Unidas, con nombres y
apellidos, que no han sabido prever lo que ocurría y lo que podía
ocurrir es una negligencia culpable que nos obliga a todos nosotros y
a España y, por tanto, a este Parlamento a impulsar una decisión
política, no como quien contempla un conflicto ajeno y en el que hay
que defender los derechos humanos, sino porque somos responsables en
la medida en que las Naciones Unidas somos todos -y también lo somos
nosotros- de lo que está ocurriendo en este momento en Timor.
Antes he leído un fragmento de un artículo publicado por quien fuera
portavoz durante muchos años de mi grupo en este Cámara, Miquel Roca
i Junyent, y querría leer otro fragmento de ese artículo muy claro.
El Consejo de Seguridad se reunirá, deliberará, tomará acuerdos, pero
la gente de Timor verá cómo los suyos son asesinados simplemente
porque han ido a depositar una papeleta en la urna que la ONU les
ofreció. Ahora la urna debe estar rota, las papeletas quemadas, los
funcionarios que las sostenían huidos, algunos votantes muertos y los
demás escondidos y temerosos frente a la barbarie que la ONU no supo
ni pudo y quizá ni quiere controlar.
En este momento hay indicios mayores para la esperanza, puesto que
efectivamente Indonesia ha aceptado la intervención de unas fuerzas
de pacificación, pero como decía anteriormente en la comparecencia
del señor ministro, queda mucho por andar y, por tanto, es importante
que en una posición de consenso entre las distintas proposiciones no
de ley que en este momento están sobre la mesa, lleguemos a dejar
clara la posición del Parlamento, instando al Gobierno en un
pronunciamiento genérico no sólo a proteger los derechos humanos en
Timor Oriental, sino a seguir y a imponer, en su caso, sanciones a
Indonesia o por lo menos a que esa espada de Damocles pese sobre
Indonesia más allá incluso de lo que es un embargo de armas.
Indonesia tiene que saber que ya no puede tener la coartada de su
protagonismo o de su papel en el marco de la guerra fría para seguir
despreciando los derechos individuales de los miles de timorenses,
como ha hecho durante estos años desde la anexión forzada y no puede
tampoco en este momento oprimir a un pueblo como lo está haciendo.
Y lo tiene que saber y el Gobierno tiene que impulsar esto en el seno
de la Unión Europea.
Por tanto, nosotros daremos apoyo a un texto cuyo tenor literal no
conocemos en este momento, pero vistas las proposiciones no de ley
que se han presentado y de las que ese texto tiene que salir, que
evidentemente va en línea con la posición de este grupo, entendemos
que la posición del Gobierno tiene que ser firme y ha de ser seguida
muy de cerca por este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor García-Santesmases.
El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO: Respecto al debate
mantenido en el punto anterior quiero manifestar que no voy a pasar
un texto escrito porque creo que el Parlamento es el lugar de la
palabra,no el lugar de los textos escritos y que, hay una mala
costumbre, que es la costumbre de los monólogos sucesivos a partir de
textos escritos previamente. En la intervención que hago ahora
intentando retomar ese debate pensaba expresar el apoyo de nuestro
grupo en esta ocasión a esta proposición y recordar lo que ocurrió el
pasado martes día 7 en la reunión de la Mesa, en la que no estaba
presente el señor presidente, donde nuestro grupo insistió, junto con
otros grupos, en que era muy importante que en esta primera sesión
parlamentaria, el día 14, se pronunciara el Parlamento en su conjunto
a través de las proposiciones y el Gobierno a través de la
comparecencia del señor ministro, sobre lo que estaba ocurriendo en
Timor Oriental. Por ello comprenderá, señor presidente, la
frustración de este portavoz, que no viene solamente de traer más o
menos citas ilustres, yo también traía citas ilustres, además de la
de los señores Roca, Saramago, Soares, la del obispo Belo o la de
distintas personas que han hablado durante estos días, pero me parece
muy importante aprovechar al comparecencia del Gobierno para
introducir -aquí es donde está el problema- este asunto en la agenda
política. Porque no nos olvidemos que las resoluciones que hacemos
aquí como Parlamento, las palabras que se emiten aquí, el efecto que
tienen fundamentalmente es poder introducir en las prioridades de la
política exterior española y en la agenda política de nuestro
Gobierno este tema. En este sentido es donde se produce una cierta
preocupación.
El señor ministro ha dicho muy bien que hay una consternación, pero
hay una consternación que no ha ido unida durante estas últimas
semanas o días a una contundencia mayor. A nosotros nos parecía
conveniente aprovechar la primera sesión del día 14, con toda la
solemnidad que tiene una comparecencia del Gobierno, y -aunque se
pensó en ese momento en la Mesa que había otros temas de gran
importancia, como, por ejemplo, la visita del presidente del Gobierno
en plenas vacaciones a Marruecos-, sin embargo se consideró que era
muy importante, dada nuestra especial relación con Portugal y lo que
estaba viviendo la comunidad internacional aprovechar esta primera
sesión para expresar la crítica, el rechazo y la condena a las
acciones del Gobierno de Indonesia. En este sentido, en relación a lo
que aquí se ha dicho, la pregunta fundamental es si de la
consternación podemos pasar o no a la contundencia; es decir, si más
allá de la retórica podemos ejercitar acciones que permitan ver a
todos los que están sufriendo esta persecución que tienen nuestro
apoyo, nuestra solidaridad. ¿Por dónde pueden ir esas medidas de
contundencia? Evidentemente, tenemos dos ámbitos esenciales: el
ámbito de la Unión Europea y el ámbito de Naciones Unidas. Hay que
reconocer que el Gobierno portugués se ha sentido -así lo hemos visto
en las imágenes televisivas durante estos últimos días- enormemente
sólo en este conflicto, sólo a partir de las últimas horas, de los
últimos días la comunidad internacional ha empezado a conmoverse
frente a este asunto, y la relación con Kosovo que se ha establecido
aquí por parte del señor Rodríguez tiene importancia por lo
siguiente: porque si efectivamente entre los objetivos que había en
la intervención en Kosovo estaba mantener un Kosovo multiétnico -y,
desgraciadamente, hoy casi nadie podría poner la mano en el fuego y
decir que se está alcanzando un Kosovo multiétnico-, en esta ocasión
no estamos sólo ante la perspectiva de conseguir
que en un territorio se respeten las culturas o religiones de las
distintas etnias, sino que se trata de un territorio que ha sido
anexionado por otra potencia y no respeta sus derechos culturales,
lingüísticos ni religiosos -no olvidemos el conflicto religioso que
allí existe- y, ante ese tema y ante la madurez cívica mostrada por
ese pueblo, la pregunta es: ¿qué somos nosotros, como comunidad
internacional, capaces de hacer?, ¿qué somos nosotros, como
Parlamento español, capaces de decir? Ahora, a las nueve de la
mañana, a la entrada en esta sesión, había una serie de
organizaciones no gubernamentales que nos daban a los diputados una
serie de puntos sobre este asunto, hay una movilización, todavía
débil, en la sociedad española. Si a pesar de que esta sesión no ha
ido bien en lo que ha sido la comparecencia del ministro, por las
palabras balbuceantes, por la rapidez, por no fijar lo que tiene que
ser una posición y no darse cuenta de que la prioridad en un
parlamento es el control que ejercen los parlamentarios sobre el
Ejecutivo antes que las visitas internacionales, por importantes que
éstas puedan ser, al menos hay que agradecer a Nueva Izquierda, a
Izquierda Unida y al Bloque Nacionalista Galego que nos hayan traído
estas proposiciones, para ver si el conjunto de la Comisión, como es
habitual, presentamos una proposición que todos aceptemos por
consenso y que logre romper esta malla de una cierta indiferencia, de
una cierta falta de interés no sólo por parte del Gobierno, sino
también por parte de la opinión pública española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Creo que todos estamos de acuerdo en que es
necesaria una acción enérgica y urgente de la comunidad
internacional, así como en que por parte de Indonesia se ha producido
la ruptura de unos compromisos internacionales asumidos ante Naciones
Unidas y con Portugal -por tanto, con un país no sólo vecino, sino
socio y aliado en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica- para la
culminación del proceso de descolonización en Timor Oriental, proceso
y referéndum que han sido contestados por la violencia, la masacre,
la deportación, el desplazamiento y el asesinato en masa de los
líderes timorenses favorables a la independencia. En los últimos
años, España, junto con Portugal, ha venido prestando un apoyo
constante en todas las instancias en las que se ha planteado este
asunto, muy especialmente después de la crisis económica, política y
social en Indonesia, y hemos estado, junto con los demás países de la
Unión Europea, apoyando las gestiones de Portugal para lograr la
terminación de este largo contencioso, respecto al cual conviene
recordar que la retirada portuguesa del año 1975 fue seguida por una
declaración de independencia y por una invasión que nunca fue
reconocida por España.
Es el momento de la intervención y de la acción; de la intervención
por parte de las fuerzas de Naciones Unidas y de la acción
humanitaria para provocar y garantizar el retorno de las poblaciones
desplazadas y reconstruir un país que ha sido devastado por una
violencia indiscriminada, una violencia tolerada por las fuerzas que
se habían comprometido a velar por la seguridad de todos, una vio
lencia
que el Estado indonesio ha sido no solamente incapaz de atajar, sino
que en gran parte ha contribuido a fomentar. Por eso, en el último
minuto, cuando los textos presentados necesitan de una corrección o
por lo menos de una revisión ya que los acontecimientos se han ido
sucediendo a gran velocidad, se nos ocurre proponer una enmienda
transaccional in voce que ha sido ya leída y vista por distintos
portavoces y que diría la siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a continuar actuando en el seno de Naciones Unidas
junto con el resto de los Estados de la Unión Europea, y muy
especialmente con Portugal, para lograr que Indonesia cumpla sus
compromisos en relación al proceso de autodeterminación de Timor
Oriental, de modo que pueda procederse con la mayor urgencia posible
al despliegue de una fuerza internacional bajo el mandato de Naciones
Unidas que garantice la seguridad del pueblo de Timor, detenga las
masacres de las milicias y haga posible el retorno a sus hogares de
los desplazados por la violencia; en segundo lugar, a contribuir a la
puesta en marcha de un plan de ayuda humanitaria a Timor Oriental, y
en tercer lugar, a colaborar en cuantas acciones emprendan las
Naciones Unidas para garantizar el desarrollo del proceso de
descolonización en Timor Oriental.
Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo en torno a este
texto. (El señor Navas Amores pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, tiene la palabra..
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, quería intervenir para la
aceptación o no de la transacción.
El señor PRESIDENTE: Aeso voy, señor Navas. ¿Podría recabar de los
autores de las tres proposiciones no de ley si el texto leído por el
señor Robles puede ser el que sometamos a votación? ¿Podríamos contar
con su asentimiento para que así fuera? (El señor Peralta Ortega pide
la palabra.)
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Por nuestra parte sí., señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Desgraciadamente, nosotros no estamos a favor
de esa propuesta de consenso, ya que, coincidiendo desde la primera
letra hasta la última, creemos que hay una ausencia de un elemento
que para nosotros es fundamental y de ahí nuestra imposibilidad de
poder estar a favor de dicha propuesta. Una responsabilidad propia
del Gobierno español es que, en cumplimiento de nuestro ordenamiento
jurídico, debemos aplicar lo que es la Ley de Cooperación respecto a
los créditos FAD y a la
venta de armas con destino a la República de Indonesia, y mientras
eso no esté reflejado nosotros no vamos a poderlo apoyar.
El señor PRESIDENTE: Entiendo entonces que el texto transaccional es
asumido por los representantes del Grupo Mixto, que habían presentado
las dos proposiciones no de ley, por lo que, consiguientemente, será
sometido a votación en lugar de esas dos proposiciones de ley, y al
mismo tiempo someteremos también a votación la proposición no de ley
del Grupo de Izquierda Unida. (El señor Estrella Pedrola pide la
palabra.)
Señor Estrella, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, ninguna objeción en
cuanto al procedimiento, pero yo creo que sería conveniente hacer un
llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que de aquí al
momento de la votación -faltan todavía casi tres cuartos de hora- se
intente elaborar un texto que pueda ser aprobado unánimemente por la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, esa posibilidad siempre existe y
está en sus manos, señorías. Si son capaces de ponerse de acuerdo en
torno a un solo texto que englobe también las formulaciones del Grupo
de Izquierda Unida, tendría lugar solamente una votación; si no,
constato en este momento que habría dos votaciones, una sobre la
transaccional en torno a las dos propuestas del Grupo Mixto y otra en
torno a Izquierda Unida.
- SOBRE CONMEMORACIÓN DEL 60.O ANIVERSARIO DEL EXILIO ESPAÑOL CON
OCASIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. PRESENTADA
POR LOS GRUPOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOCIALISTA, COALICIÓN
CANARIA, IZQUIERDA UNIDA, VASCO (PNV) Y MIXTO. (Número de expediente
161/001612.)
- RELATIVAAL 60.O ANIVERSARIO DEL EXILIO ESPAÑOL TRAS LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001613.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de las dos
proposiciones no de ley que figuran con los números 16 y 17, la
primera presentada por los grupos Catalán (Convergència i Unió),
Socialista, Coalición Canaria, Izquierda Unida, Vasco (PNV) y Mixto y
la segunda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Mi intención es dar brevemente la palabra, por razones obvias, a
todos los portavoces de los grupos que han firmado la primera de las
proposiciones no de ley y luego pasar a la segunda. Vamos a proceder
por orden, empezando por un representante del Grupo Mixto, si no les
parece mal. (Denegaciones.) Entonces daré un minuto a cada uno.
Seguiremos por Coalición Canaria, que no está presente en este
momento, luego por el grupo del PNV, después por el
de Convergència i Unió e Izquierda Unida y finalmente por el Grupo
Socialista.
El señor Estrella tiene la palabra. (El señor Estrella Pedrola pide
la palabra.)
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, ha nombrado a todos los
grupos que deben intervenir, pero la práctica habitual -y esa es la
consulta que realizaba antes al letrado- es que en este tipo de
iniciativas las intervenciones se producen de mayor a menor.
El señor PRESIDENTE: La verdad es que yo no voy a morir por esta
cuestión. (Risas.) El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTAORTEGA: Hablo en nombre propio y no de todo el grupo,
pero creo recordar, señor presidente, que la iniciativa de esta
proposición no de ley fue en concreto del Grupo Socialista. Por esa
razón parecería lógico que empezara dicho grupo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ir de mayor a menor.
El portavoz del Grupo Socialista, señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: En este año 1999 se cumple el 60.o
aniversario del final de la mal llamada guerra civil española y, como
todos sabemos, el golpe militar contra la legalidad de las
instituciones surgidas de la soberanía popular había triunfado, éxito
de la pura razón armada. Como decía la premio Cervantes 1989 María
Zambrano, España se convertía en el alma estrangulada de Europa.
Para mí y para mi grupo -y estoy convencido de que para los otros
cinco grupos cofirmantes, toda la Cámara, menos el Grupo Popular-
este debate tiene un altísimo valor emotivo y simbólico. Las
sociedades que se han visto atrapadas, señorías, en tragedias
similares deben luchar por rescatar la esperanza de la fatalidad. Y
eso justamente, en mi opinión, es lo que con general asentimiento
hizo el pueblo español en la transición democrática de 1977. Pero las
democracias no pueden asentar sus pilares sobre el olvido. Constituye
una inexorable obligación de contenido más ético y moral, bien es
cierto, que de otro tipo reparar en lo posible los efectos
traumáticos sobre quienes padecieron injusticias, persecución,
destierro y muerte, y así lo ha venido haciendo el Estado social y
democrático español después de la Constitución de 1978; medidas
relativas a igualdad de trato para los empleos civiles y militares de
todos los participantes en la contienda; de carácter asistencial,
reconocimiento de pensiones para quienes combatieron en el lado
republicano y sus familiares e indemnizaciones por estancia en
prisión de los represaliados en ambas partes del conflicto. Hasta la
Constitución española sólo hubo reconocimiento para quienes
pertenecieron o se cobijaron en el bando ganador y fueron medidas
éstas que he señalado, impulsadas por gobiernos socialistas,
aceptadas de buen grado por organizaciones de izquierdas y
nacionalistas democráticas y tengo que decir, porque así lo avalan
los debates parlamentarios, que con reticencias en ocasiones por
parte de la derecha.
El final de la guerra civil, señorías, abrió un negro horizonte que
habría de durar 40 años de dictadura personalista y ausencia total de
garantías y libertades. Gabriel Jackson, un gran hispanista, decía
que la victoria de Franco dio lugar a una represión masiva, a la
restauración de los principios históricos de la clase dominante, a la
inmovilidad y la falta de imaginación. Y entre los represaliados hubo
cientos de miles de españoles que tuvieron que abandonar su patria.
Acerca de la naturaleza de aquel régimen, yo creo que ni la
historiografía -prácticamente unánime- ni las actuales doctrinas
sociales y políticas ofrecen divergencias. Se trató de una dictadura
ostentadora de un poder arbitrario y sin límites, con ausencia de
garantías y libertades.
Tussell, un autor actual, ha dicho que la condición imprescindible
del dictador es pensar sólo en el poder, nada más que en el poder y
además en todo el poder. Y sigue Tussell: En 1939, señorías, el
Estado español carecía de vertebración, no hubo proyecto
constituyente alguno, aquella dictadura tuvo un acusadísimo carácter
personal, no fue un sistema político institucionalizado y codificado
en normas políticas y vivió perpetuamente dependiente de la voluntad
de una persona. Por ello, la emotividad y el simbolismo de la
necesidad de una condena por un Parlamento democrático como es el
actual español.
Otro gran analista, no de simpatías filoizquierdistas, Raymond Carr,
recordaba cómo aquel fue un régimen que siempre careció de
legitimidad democrática, a pesar de la torturada y tanto diría yo,
señorías, semántica de la democracia orgánica. Y una de las
consecuencias más dramáticas fue su derivación hacia el fanatismo y
el rencor.
Preston -otro gran hispanista- afirma que el dictador usó la
violencia y el terror como instrumento de su propia ambición,
recordando que, en fecha tan temprana como el 28 de julio de 1936,
entrevistado el dictador en Tánger por el periodista americano Jay
Allen, declaró: Pronto mis tropas habrán pacificado el país y todo
esto parecerá una pesadilla Allen preguntó: ¿Eso significa que tendrá
usted que fusilar a media España? Franco sacudió la cabeza y,
sonriendo, dijo: Repito, cueste lo que cueste. Fría falta de piedad
que contrastaba con la humanidad de quien fuera presidente de la
Segunda República, don Manuel Azaña. Ninguna política, decía, se
puede fundar en la decisión de exterminar al adversario, no sólo
porque moralmente es una abominación, sino porque es irrealizable, y
la sangre injustamente vertida renace, retoña, fructifica en frutos
de maldición; maldición que no reciben los que la derramaron, sino el
propio país que la ha absorbido, para colmo de la desventura.
El atraso y la ignorancia nos embargaron, hasta el punto de que otro
gran historiador, Pierre Villar, pudo decir que, desde el exterior y
desde el interior, fue tácitamente admitido, señorías, que España era
no un país subdesarrollado, sino un país al menos insuficientemente
desarrollado para que se le permitiera el lujo de la democracia.
Fácil colegir, por lo tanto, señorías, que esa condición -la
democracia-, para desgracia de los españoles, no fue nunca fomentada.
¿A qué extrañarse, pues, de ciertos ideales, como aquel que
encabezaba uno de los militares golpistas jefe de la conspiración?
Decía en su primer manifiesto: Es
necesario reestructurar el país, destruyendo el actual sistema
parlamentario liberal.
La relación con el exterior fue cortada. Dentro tuvimos pocas
oportunidades para conocer la verdad, y quiero, porque generaciones
de españoles podrán comprobarlo, recordar cómo las mejores y más
objetivas descripciones de aquella tragedia correspondieron a
extranjeros. Quiero rendir tributo a hispanistas destacados, que hoy
recuerdo por todos ellos: Brenan, Hugh Tomas, Ian Gibson (por él
supimos el triste final de una gloria de las letras españolas:
Federico García Lorca), Payne, Malefakis, Jackson, Preston, Carr,
Villar, que abrieron el camino que luego siguió una pléyade de
historiadores y estudiosos españoles. También por todos ellos, Vicent
Vives, Fusi, Tussell, Tuñón de Lara, Juliá, Ballcells, Linz, Viñas,
Fontana, y todos los demás.
Probablemente, una de las consecuencias más dramáticas y dolorosas
-acabo, señor presidente-, con un altísimo coste cultural, social y
económico para el país, fue la diáspora del exilio. Prominentes
hombres y mujeres representantes de la literatura, la música, las
bellas artes, la universidad, la ciencia, la investigación y el
deporte tuvieron que marchar. Se perdió un capital humano
imprescindible para el desarrollo de España y las consecuencias de
aquel éxodo son incalculables, probablemente, aún hoy,
infravaloradas. Y tuvimos ocasión de comprobarlo en una visita
parlamentaria a la república de Méjico cuando su presidente, el señor
Zedillo, nos recordaba a los comisionados españoles, con emoción, con
cariño y con devoción, el papel que aquellos exiliados españoles
jugaron en el renacimiento cultural de aquella gran república. Otros
países les acogieron, varios europeos, y muy en especial repúblicas
latinoamericanas. Allí aportaron su saber, ciencia, sensibilidad, lo
que mejor había de ellos permitió contribuir de forma notable al
desarrollo de aquellos países. Todos supieron estar de parte de las
víctimas, frente a los verdugos, en un gesto que la España social y
democrática de derecho actual debe saber reconocer.
Por ello hemos presentado esta proposición no de ley, que se inicia
con una condena clara del levantamiento contra la legalidad
constituida, encarnada en las instituciones políticas que
representaron la Segunda República española, surgidas de la voluntad
popular. ¿Con qué ánimo, señorías? ¿El vindicativo? No, en absoluto.
Aquí no mueve rencor alguno, sino justicia. Simplemente, no permitir
la condición del olvido. Vuelvo otra vez a María Zambrano. Yo no me
olvido -decía ella- porque el olvido, al fin y al cabo, es creador,
pero la desmemoria no, la desmemoria lo borra todo y eso, no. Si
defendemos las virtudes de la democracia, resultaría una visión muy
corta de ellas construir la democracia en base al olvido. Yo aún
recuerdo aquellos hermosos versos -aunque aplicados a otra situación-
de Nicolás Guillén: ¿Cómo vais a olvidar -decía- lo que las nubes aún
pueden recordar? Si la historia está hecha de lo que unos quieren
olvidar y otros no pueden olvidar, señorías, este Parlamento debe
estar con quienes no pueden olvidar, sólo con una finalidad: para que
nuestros ciudadanos reconozcan con su Parlamento (y eso dice la
proposición no de ley firmada por estos seis grupos parlamentarios)
que la vía para resolver los conflictos, que se dan en toda sociedad,
nunca puede estar en el camino de
la violencia, sino en el del diálogo, el entendimiento y la paz. Eso
nos pedía el presidente de la República Española, Azaña, en el
segundo aniversario del levantamiento de aquella guerra incivil, mal
llamada civil, cuando decía que los caídos, quienes desaparecieron,
quienes sufrieron injusticias ya no tienen odio, no tienen rencor;
nos envían, con los destellos de su luz tranquila y remota, como la
de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus
hijos: paz, piedad y perdón. Treinta y nueve años después se consumó
esta llamada de Azaña en la transición pacífica española a la
democracia.
Por eso, la proposición no de ley condena aquel levantamiento como
parte dispositiva de la iniciativa; insta al Gobierno a crear una
Comisión intergubernamental para analizar el impacto que supuso la
diáspora y recuperar materiales que nos permitan tenerlo siempre
presente; promover iniciativas de recuperación de los derechos
perdidos por exiliados y herederos, que sean compatibles con el
actual marco jurídico español; crear, de común acuerdo con las
instituciones de los países en que se asentaron los exiliados, un
fondo para atender los supuestos de necesidad de exiliados y
herederos directos que permita garantizar renta mínima de inserción;
programa de actos conmemorativos del exilio, e intensificación de
relaciones de cooperación y ayuda al desarrollo con las repúblicas
iberoamericanas receptoras en su día de tan importante contingente de
exiliados.
Sólo me resta pedir al Grupo Parlamentario Popular, que presentó una
proposición no de ley idéntica, copiada de ésta, salvo la condena
emotiva, simbólica, basada en el rechazo de la desmemoria, como antes
dije, que procure sumarse a la misma, porque creo que es de justicia
que hoy el Parlamento democrático español así lo haga.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Nos explicamos la alegría, la honda y profunda
satisfacción, la gran esperanza que se abrió tras la muerte del
dictador, si recordamos lo que supuso para todo el pueblo español el
golpe de Estado que dio en 1936, no sólo para las víctimas directas,
sino para todo el pueblo español, repito, no sólo para los muertos en
aquel conflicto, no sólo para los exiliados -como decimos en esta
proposición no de ley-, no sólo para los perdedores de aquel
conflicto, sino para todos los españoles que lo padecieron cuando se
estaba produciendo y en el resto de las décadas que duró el mismo. De
ahí que vimos con esa alegría la esperanza que se abría tras la
muerte del dictador y la llegada de la democracia.
Fuimos muchos los que trabajamos para que ese escenario se diese y en
ningún momento nos planteamos una revancha sobre el pasado. Lo único
que estamos planteando y siempre hemos defendido es la necesidad de
hacer justicia para todos aquellos que padecieron más directamente
las consecuencias de aquel levantamiento militar fascista.
Deberíamos de agradecer a todos esos países que dieron cobijo a estos
exiliados, que les dieron su suelo y que de alguna forma también les
posibilitaron un medio de vida, y que a la vez ellos también supieron
ofrecerles lo que era la calidad de sus personas, las cualidades que
ellos
mismos habían atesorado en nuestro país. En muchos de estos países
receptores de exiliados veríamos cómo hay placas conmemorativas en
colegios universitarios, en universidades; grandes cátedras de todos
esos países al final fueron fundadas y desarrolladas por esos
exiliados españoles: en las letras, empresarios, etcétera. Una
aportación que dieron nuestros hombres que huían de esa diáspora que
comentaba el portavoz socialista.
Creo que es un momento adecuado, no es un momento de tensión ni
caliente en el cual se provoca un cambio profundo en la política de
este país, sino que es un momento sereno en el cual los partidos
políticos queremos hacer justicia a los que perdieron el conflicto
armado y tuvieron que abandonar el país bajo la amenaza de la muerte
o de la cárcel. En consecuencia, queremos que el Partido Popular
explique el porqué de esta falta de acuerdo en esta proposición no de
ley, el porqué hay reticencias en condenar y deplorar el
levantamiento militar que se produjo en el año 1936. Si es que
realmente hay metáforas para poder llamar de otra forma a aquello que
se produjo, o es que realmente preferimos correr un tupido velo y
olvidar lo que ocurrió. Como he dicho antes, la inmensa mayoría del
pueblo español no está de acuerdo con ese olvido, porque participó y
padeció las consecuencias de aquella dictadura y en la transición
fueron los grandes impulsores del paso hacia la democracia y hacia
las libertades que durante tantos años se les había privado. El
Partido Popular no puede frenar su camino hacia el centro con esta
línea del texto, que desde luego le situaría en un lugar muy incómodo
si al final se ve votando en solitario contra la condena del
levantamiento militar del 18 de julio de 1936.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sin duda el 18 de julio de 1936 comenzó
uno de los períodos más dramáticos de la historia de España no sólo
de este siglo, sino de toda ella y, por tanto, eso no debería ser
nunca objeto de un debate político entre un grupo y otro o entre unos
y otro, cuando uno intentara echar en cara al otro una especie de
revisionismo sobre lo que allí ocurrió. Lo único que todos tenemos
claro es que ahí comenzó lo que la propia proposición no de ley que
vamos a votar califica de un enfrentamiento incivil, de la
culminación de la sinrazón y del odio entre conciudadanos. Sin duda,
ahí, en esa fecha concreta se produjo un alzamiento militar que
rompió una legalidad republicana establecida.
No es el momento de entrar en disquisiciones históricas sobre los
porqués ni sobre los sentimientos de unos y otros en esa fecha. Unos
más, otros menos, todos estamos directamente implicados todavía por
esos acontecimientos. Mi grupo entiende, y este portavoz en
particular, que es muy oportuno en este momento, desde la
tranquilidad que da este 60.o aniversario y desde la serenidad,
intentando huir de conflictos entre fuerzas políticas, recuperar una
dimensión muy concreta que se derivó de ese conflicto, como es el
papel del exilio. El papel del exilio -que, insisto, unos más otros
menos, todos sabemos muy bien lo que significó para muchas familias
españolas- es algo que por miedo a
reabrir heridas que todavía no están cicatrizadas, ha sido
lamentablemente olvidado o dejado de lado en la actuación política
española de los últimos años. Y a justo título, los exiliados, esas
personas que en los distintos países en los que se integraron
empezaron a echar sus raíces, puesto que España en ese momento les
rechazaba, y después ya no quisieron volver, sin perder para nada su
vinculación emotiva con España, esos exiliados, repito, ese conjunto
de la diáspora ha echado de menos muchas veces un mayor
reconocimiento de su papel y de lo que es y fue su presencia en esos
países.
Por tanto, compartimos totalmente la iniciativa que hoy votamos aquí.
Entendemos que es oportuna. Compartimos también las propuestas
concretas que aquí se plantean y nos parece absolutamente fuera de
lugar que se pueda romper la unidad política entre las distintas
fuerzas parlamentarias en aras de una pretendida paz social, en aras
de intentar eludir una determinada expresión y muy concretamente si
fue o no fue un levantamiento militar lo que ocurrió el 18 de julio
de 1936. Parece mentira que en 1999 todavía no seamos capaces, según
parece, de alcanzar un texto unitario sobre lo que ocurrió en esas
fechas. Por parte de mi grupo no cabe ninguna duda de que eso es lo
que ocurrió. Sin ningún afán vindicativo, evidentemente, sin ningún
afán de reabrir heridas que es cierto que para determinadas personas
pueden no estar estrictamente cicatrizadas, entendemos que el papel
de este parlamento está por encima. No entendemos muy bien a quién
representa el Grupo Parlamentario Popular cuando se está separando de
esta vía de consenso, en nombre de quién está rechazando el consenso
que todas las demás fuerzas políticas vamos a suscribir. Será a
alguna parte de sus votantes o será a alguna parte de su propia base
a quien estará hoy representando aquí cuando se niega a suscribir un
texto frío como es el que todas las demás fuerzas políticas vamos a
suscribir.
Por tanto, lamentando esa falta de consenso, lamentando que no sea
posible lograr una unidad, mi grupo sin ninguna duda va a dar su voto
positivo a la proposición no de ley suscrita por todas las fuerzas
políticas y también, como primer firmante, por el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el
señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No voy a reiterar los argumentos ya
expuestos anteriormente, simplemente recordar que esta iniciativa
surge de un viaje parlamentario que hace la Comisión mixta de amistad
hispanomejicana. Llegamos a Méjico y nos encontramos -como ha
recordado el portavoz socialista- con una cierta sorpresa: que Méjico
estaba conmemorando el 60.o aniversario del exilio republicano
español, y cuando se estaba celebrando el quinto centenario del
nacimiento de Carlos V y cuando se había celebrado el de Felipe II y
el de Cánovas del Castillo, centenarios que nos parece lógico que se
celebren, sin embargo nos encontramos con una realidad que era que un
país centroamericano estaba conmemorando algo tan importante como el
60.o aniversario del exilio. De ese impulso surgió esta iniciativa
que desgraciadamente no se pudo presentar hace veintidós años, que
quizá hubiera
sido el mejor momento para hacerlo, sobre todo para que muchos de
aquellos exiliados o muchos de aquellos combatientes pudieran haber
visto reconocido por lo menos que no lucharon en vano.
Nos encontramos también con la sorpresa de que la intelectualidad
mejicana recordaba el decreto del presidente Lázaro Cárdenas para dar
entrada al exilio republicano español y nos encontramos la valentía
de un personaje, como el escritor Carlos Fuente, que decía algo tan
importante como: Méjico no sería lo que es sin la aportación cultural
de los exiliados republicanos españoles que transformaron
y enriquecieron nuestra cultura. La España peregrina nos proporcionó un
gran caudal de inteligencia que no podremos pagar nunca, pero sí
debemos reconocer. Mi generación aprendió filosofía con José Gaos,
derecho con Manuel Pedrojo, cine con Buñuel, arquitectura con Giner
de los Ríos, y es una deuda inmensa. Y así como en Méjico también en
otros países americanos y europeos.
Por consiguiente, es buena esta iniciativa, sobre todo para recordar
aquella gran tragedia y que no se vuelva a repetir. Esta iniciativa
no está cargada de una vindicación, de recordar el pasado para
recrearnos en lo que fue aquella tragedia, sino fundamentalmente para
que sirva de enseñanza a las siguientes generaciones y que no se
vuelva a repetir aquella gran tragedia.
Creemos que en la transición política española ha habido un gran
olvido. El secreto, uno de los grandes secretos de la transición
política española lo tiene también el exilio y lo tienen todos
aquellos perdedores de la guerra civil que tuvieron, porque quizás no
les quedó más remedio, el coraje de no mirar atrás y mirar adelante.
Pero, una cosa es no mirar atrás y otra cosa es que nos hurten la
propia memoria y aquí todavía no ha habido un reconocimiento a lo que
fue aquello. Es bueno recordar estas cosas, sobre todo porque empieza
a disiparse una cierta amnesia quizás obligada por la propia
transición que decía que no convenía hurgar en estos temas del
pasado, pero creemos que ha pasado suficiente tiempo, sesenta años,
para que las cosas se pongan en su sitio.
Ha habido en las universidades de verano simposios sobre la guerra
civil española y creemos que con el tiempo este asunto va a ir in
crecendo. Puedo traer aquí una serie de testimonios, pero solamente
voy a traer uno, nada menos que el de Carlos Castilla del Pino, que
es un siquiatra, quien en un curso de verano de la Universidad
Menéndez Pelayo reivindicó que se ponga fin a la amnesia colectiva
sobre los años de la guerra civil recuperando la memoria anónima de
quienes vivieron una etapa marcada por la figura más nefasta en la
historia de España desde el neolítico. Esto lo dice no un
nacionalista peligroso, sino un siquiatra solvente como Castilla del
Pino. Ydice que a su juicio no ha habido en España nadie que haya
reportado tantos sufrimientos a tantos millones de personas como
Francisco Franco Bahamonde. Hubo medio millón de encarcelados, medio
millón de exiliados y en Madrid se fusilaba a doscientas y pico
personas diarias. Quería traer este testimonio sobre todo porque,
vuelvo a repetir, es bueno que se recuerde este tipo de cosas.
Termino, señor presidente, con algo que dijo en su día una persona
que fue presidente de esta casa, presidente del Congreso de los
Diputados, Julián Besteiro, un socialista
que murió en la cárcel de Carmona rodeado de curas vascos, de esos
curas que aparentemente no seguían la cruzada del catolicismo
propugnada por la jerarquía eclesiástica española. Cuando fue juzgado
y en relación con aquellos juicios le preguntaron por el famoso oro
de España, Julián Besteiro dijo aquella frase que es tan bonita y que
conviene repetirla en esta su casa: El oro de España está en los
cementerios, en las cárceles y en el exilio. Por tanto, es bueno que,
aunque sea tarde, se reconozca que el oro de España hizo por lo menos
en el exterior un cierto trabajo.
El señor PRESIDENTE: ¿No hay ningún representante de Coalición
Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar
esta proposición no de ley con tres criterios. El primero es dejar
claro que se realizó una dura represión en aquella etapa histórica
del Estado español que, en el caso en particular de nuestro país,
conllevó la peor de las guerras que puede padecerse, que es
precisamente la denuncia del vecino, el asesinato en las cunetas y
una diáspora que se vino a añadir a la emigración tradicional de
Galicia. El segundo es que nosotros mismos, la gente de nuestra
generación, padecimos en nuestro ambiente familiar la falta de
memoria histórica, incluso tuvimos que asistir a ser informados por
participantes en mítines, mayores de 70 años, de quiénes eran
nuestros abuelos y lo que les había pasado. El tercero es dejar claro
que el exilio gallego en Latinoamérica especialmente, pero también en
algún país de Europa, fue de las personas que en aquel momento
mantenían una conciencia de Galicia más aguda y un momento inicial de
nuestra toma de conciencia colectiva.
Este acto de reivindicación de todas las figuras del Estado español,
y en particular de las de nuestro exilio político, tiene nombres tan
llamativos e importantes para la Galicia actual como Castelao o
Suárez Picllo, que fueron diputados de esta casa y que no fueron
asesinados en Galicia precisamente por permanecer en Madrid y
cogerles el alzamiento en aquel momento histórico en la capital del
Estado español. Gran parte de los textos que hoy sustentan la
ideología política del nacionalismo gallego fueron escritos en esa
diáspora, en concreto Sempre en Galiza, en los años 1940 y 1945, en
Argentina y en Uruguay. Además, nuestros exiliados participaron de la
vida colectiva de los emigrantes de Galicia en Uruguay, en Méjico, en
Venezuela, en la República Argentina y en Cuba. Gran parte de los
sufrimientos del pueblo gallego están reflejados en álbumes
elaborados por Castelao, como por ejemplo Milicianos y Atila en
Galicia, que dejan claro ese aserto al que me refería al principio de
que Galicia, a pesar de caer precisamente en el bando fascista,
sufrió por ello una represión muy cruenta.
Acabo diciendo que la antorcha que los exiliados gallegos mantuvieron
viva en la diáspora, sobre todo de Argentina, de Uruguay y de Méjico,
nos ha valido a muchos gallegos de hoy para recuperar la conciencia
de nuestro país, la conciencia democrática. Además fueron recibidos
en repúblicas florecientes en aquel momento que hoy están pasando
situaciones de deterioro económico-social y que
merecen, por tanto, nuestra atención. Afortunadamente este acto de
reparación no es más que un acto que corresponde a aquella frase de
Castelao en los álbumes Milicianos y Atila en Galicia de: Non
enterran cadáveres, enterran semente. Efectivamente entierran vida
para el futuro y nosotros tenemos que agradecer el legado que nos han
dejado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: No entraré en las razones que
inducen a la presentación de esta proposición, como bien han señalado
los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Quiero
mostrar nuestra sorpresa y nuestro reconocimiento al reconocimiento
-valga la redundancia- que de los exiliados se está efectuando en el
60 aniversario de la finalización de la guerra civil. En ese
reconocimiento que se hacía en otros países que acogieron a estos
exiliados nos pareció que era suficiente el tiempo pasado para al
menos recuperar la memoria histórica. Y lo decimos así porque ha
habido un olvido (quizá no se podía antes) y lo que no ha existido es
suficiente apoyo ni rehabilitación del buen nombre de los maltratados
por el franquismo ni restablecimiento de la verdad ni reconocimiento
suficiente, y momento es de que lo haya. Es momento de recuperar la
memoria histórica no sea que, no existiendo pronunciamientos
formales, se trate de disfrazar y termine pareciendo que lo que fue
no fue lo que fue sino que fue otra cosa. Es momento para que este
Parlamento, de una vez por todas, reconozca de manera clara qué es lo
que allí pasó, que no fue otra cosa sino un levantamiento militar
contra la legalidad democrática establecida, y sabrán los que no
voten por qué no lo hacen y qué razones tienen para no hacerlo.
Creemos que es bueno hacerlo ahora porque es conveniente reflexionar
sobre la importancia de defender la palabra frente a la fuerza, la
importancia de la libertad, de apoyar la civilidad frente al
militarismo y, sobre todo, de reflexionar para mirar hacia el futuro
y poner remedio para que nunca más vuelva a ocurrir esto en nuestra
sociedad. Este es el único propósito de la primera parte de esta
proposición, reconocer que la libertad, tanto la individual como la
colectiva, tiene que ser el elemento guía para las relaciones
institucionales y políticas y las relaciones entre los pueblos. Creo
que esta reflexión es suficiente para apoyar al menos la primera
parte de esta proposición. Hay otra segunda parte en la que creo que
es importante reconocer a ese gran número de exiliados que tuvieron
que abandonar su familia, su país, su entorno y su cultura y que se
adaptaron a otros países que les acogieron. También es de lealtad
reconocer a aquellos países que les acogieron y colaborar con ellos
para recuperar esa memoria histórica, así como sería de justicia
ayudar a esas personas que por razones de la historia o de las
circunstancias se encuentren en momentos de necesidad.
En definitiva -y voy a terminar para ser breve- las dos partes de
esta proposición son muy importantes y creo que es hora de hablar, de
reconocer, de reflexionar y de admitir lo que realmente pasó.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Tal como ha sido puesto de manifiesto, el
origen de esta proposición no de ley suscrita por varios grupos
parlamentarios procede precisamente de la constatación de que
celebramos el 60 aniversario del fin de la guerra civil, que entre
una de sus peores consecuencias tuvo la del exilio de una parte
significativa de la población española. En este debate se podrá
constatar, señor presidente, señorías, que todos los grupos estamos
de acuerdo en adoptar medidas para la recuperación del legado de ese
exilio español y de reparación a los afectados por los daños que el
mismo conllevó. La discrepancia se plantea únicamente en si esa
reparación alcanza también al terreno de las ideas, en concreto a la
condena al recurso a la violencia contra el sistema democrático. En
Nueva Izquierda, señor presidente, señorías, consideramos que a
quienes tuvieron que sufrir el exilio por sus ideas, y los daños
importantes que conllevaba, hay que repararles ineludiblemente en el
terreno de las ideas. Creemos en Nueva Izquierda, que desde que el
pueblo español, no los políticos, en 1978 se comprometió con la
democracia, implícitamente está rechazando de forma rotunda el
recurso a la violencia. Por tanto, no hay ningún problema en hacer
explícito ese rechazo y esa condena. Es más, en Nueva Izquierda
consideramos que es bueno que los políticos hagamos explícito el
rechazo al recurso de la violencia porque, desgraciadamente, hay
algunos que nunca dejan de meditar dicho recurso.
Por todo ello, señor presidente, señorías, vamos a apoyar el texto de
la proposición no de ley que hemos suscrito.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la consideración de la segunda de las
proposiciones no de ley sobre este tema. Para su presentación y
defensa tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, escuchando el debate, las
intervenciones que se acaban de producir, uno se pregunta si estamos
hablando de las mismas proposiciones no de ley de las que se acordó
realizar una iniciativa conjunta en aquel ya citado viaje a México y
si esta Comisión de Asuntos Exteriores era el lugar en el que se
estaba produciendo esta discusión. En aquel viaje (creo que todos los
portavoces que han hablado de ello lo han hecho en términos
parecidos), en el que participaban casi todos los grupos aquí
representados, se acordó de manera informal -esto es, de una forma
mucho más fuerte y responsable que de otro modo- que era bueno
recordar, igual que lo estaban haciendo nuestros amigos y hermanos
mexicanos, el 60 aniversario del exilio y que parecía conveniente que
los grupos políticos aquí representados fuéramos capaces de común
acuerdo, en consenso, de elaborar una proposición no de ley de
concordia, de memoria y de agradecimiento a quienes habían acogido no
solamente en México -, a nuestros compatriotas -no podía ser una
proposición no de ley sólo referida a México-, que habían abandonado
nuestro país como consecuencia de la guerra civil, a lo largo de la
guerra civil y sobre todo al final de
la guerra civil. Aquella idea era una idea que nosotros apoyamos, con
la que nos encontramos cómodos y de acuerdo.
Creo recordar que en el último minuto del último Pleno de la última
sesión del anterior período de sesiones se pasó a la firma de los
distintos grupos un proyecto elaborado por el señor Caldera, según
tengo entendido, que pretendía responder a esa voluntad, manifestada
por todos los grupos, de elaborar de común acuerdo un texto para
recordar y agradecer a nuestros compatriotas y a quienes los
acogieron en el 60 aniversario del año 1939. Aquel texto no había
sido consultado con este grupo, no había sido elaborado de común
acuerdo con el Grupo Popular; había sido presentado a la firma por el
señor Caldera o por quien moviese aquel documento como si fuera el
texto de consenso. Al no haber sido consultados, nos vimos en la
imposibilidad de firmar en barbecho un documento que contenía tres
partes distintas: una parte literaria, una parte declarativa y otra
parte dispositiva. Muy pocos han mencionado la parte dispositiva; yo
sí lo haré porque creo que es importante y es lo que justifica este
debate. Todos han mencionado la parte literaria y la declarativa.
Citaré algunas de las frases de la parte literaria de la declaración,
que supuestamente debía ser de consenso, y citaré también la
literatura de nuestra declaración. En cualquier caso, algo llama la
atención en la declaración presentada por los demás grupos, no
solamente el hecho de que el Grupo Popular no haya firmado esa
declaración sino el tono de la misma. ¿Cómo se puede afirmar en 1999
que en el interior de España sólo las organizaciones políticas de la
izquierda, los nacionalismos democráticos y grupos de inspiración
republicana mantuvieron una larga lucha por la recuperación de la
legalidad democrática y de las libertades? (Rumores.) Si SS.SS. me lo
permiten, continuaré. ¿Cómo se puede olvidar a otros grupos de
inspiración democratacristiana, liberal o monárquica, que también
lucharon por la recuperación de la democracia? ¿Cómo se puede dar una
visión tan sesgada de la lucha por la recuperación democrática en
este país? (Un señor diputado: ¡Muy bien! Rumores.)
En segundo lugar, ¿cómo se puede resumir la historia de España
hablando del golpe fascista militar contra la legalidad republicana
como única causa del enfrentamiento civil? (Rumores.) ¿Cómo se puede
...?
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, pido para todos
exactamente el mismo respeto que todos han tenido con ustedes. De
manera que les pido silencio en el momento en que cualquiera de
ustedes tenga la palabra, en este momento el señor Robles.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: ¿Cómo se puede olvidar que la quiebra de la
legalidad republicana del año 1936, grave y sin duda condenable,
había sido precedida por otras quiebras de la legalidad republicana,
entre ellas la revolución de Asturias de 1934? ¿Cómo se puede olvidar
que instituciones de la legalidad republicana se habían alzado en
armas contra la República en el año 1934 y partidos políticos de
aquella misma institucionalidad democrática republicana se habían
alzado en armas o habían llamado a la revolución armada contra la
legalidad republicana? ¿Cómo se puede resumir en una simple frase el
drama de la quiebra
de la convivencia en nuestra sociedad que lleva al enfrentamiento
civil, a la autodestrucción nacional de este país? ¿Cómo se puede
pretender hablar sólo en blanco y negro, hablar sólo de víctimas
frente a verdugos, hacer una simplificación, una reducción histórica
en un asunto motivado por la recuperación de la memoria, el
agradecimiento y la concordia? ¿Cómo se puede olvidar en la parte
introductoria hablar de la transición española, del papel, del
consenso y de la Constitución de 1978 o siquiera de la Corona? ¿Cómo
se puede, por fin, en una proposición no de ley presentada por
distintos grupos que trata de conmemorar, de recordar y de agradecer
en su parte declarativa y en su parte dispositiva olvidar ese
agradecimiento? Señorías, en la proposición no de ley que se nos ha
presentado y que todos tenemos aquí delante no se dice nada en la
parte dispositiva ni en la parte declarativa del agradecimiento a las
repúblicas de Iberoamérica. No se agradece, señorías; lo único que se
señala es la necesidad concreta y específica de tomar una serie de
medidas, pero no se hace ninguna declaración, sobre el reconocimiento
a una generación de españoles ni a quienes los acogieron, ni se
manifiesta ninguna consecuencia política actual sobre el valor
supremo de la paz, ni por fin se habla de la necesidad de continuar
dando a las repúblicas iberoamericanas esa lección de fraternidad
y generosidad con que ellos nos correspondieron en el año 1939.
Señorías, mi grupo no se opone a las iniciativas de los demás grupos.
Pretende sencillamente que el consenso aquí proclamado auténtico y
real. Podemos escribir y reducir la historia a una simplificación,
pero yo no creo que ese sea el mensaje de la patria eterna que le
dice a sus hijos paz, piedad y perdón, como decía el presidente
Azaña. El señor Caldera se olvida de lo que dice antes del párrafo
que ha citado y se dirige a los españoles, a los que recuerda la
necesidad del mensaje de la patria eterna cuando vuelvan a sentir que
la ira y que el rencor vuelve a correr por sus venas.
Señorías, estamos en la obligación de aprobar un texto de acuerdo
entre todos los grupos. Aprobar un texto dispositivo conjunto y
perder por votación una parte declarativa resumiendo la historia de
nuestro país de los años treinta que lleva al enfrentamiento y a la
guerra civil y que olvida, naturalmente, que en la guerra civil las
víctimas corrieron y cayeron de forma generalizada, yo creo que es un
error. Es verdad que puede que haya una explicación a todo esto, pero
contradice el espíritu de la transición española, de la que por
cierto no se dice nada en el texto de los demás grupos -desaparece en
el texto de los demás grupos-, ni en su parte declarativa ni en su
parte dispositiva. Quizás esto sirva para que todavía haya alguien
que llame fascista a otro en un acto político; quizá sirva para esto.
Pero repito, reitero y recuerdo que los españoles han rechazado de
forma clara a quienes han pretendido utilizar los argumentos, los
discursos, los conceptos y los términos del año 1936 en el debate
político actual.
Nosotros no pretendemos olvidar. Yo no creo que la sociedad española
haya olvidado nada. Creemos que ha sabido aprender la lección del
presidente Azaña, la de la paz, piedad y perdón. Y ha sabido omitir
de su debate político concreto, de la solución de sus problemas
políticosconcretos, las referencias al mayor error, al mayor desastre
colectivo de nuestra historia, que es aquel momento en que los
españoles decidimos exterminarnos unos a otros y pensamos que en la
desaparición del otro está la solución a nuestros problemas. Por eso
quizás algunos hayan traído este debate a esta Comisión de Asuntos
Exteriores. Pero esto es un asunto exterior a la realidad de nuestro
país, es un asunto ajeno, extraño a la voluntad de nuestros
conciudadanos.
Señorías, yo creo que si se leen y escuchan el texto de la
proposición del Grupo Popular verán que algunas de las declaraciones
de intenciones que aquí se han hecho están profundamente equivocadas
. Por eso, si el señor presidente me lo permite, leeré lo que dice
nuestra proposición de ley: La Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso de los Diputados del Reino de España reconoce el legado
histórico del exilio como fuente de enseñanza y reconocimiento a una
generación de españoles que vieron truncadas ansias de libertad y
dignidad; agradece, en nombre del pueblo español, a todas las
naciones de Europa y América que en su día acogieron a nuestros
compatriotas que se vieron obligados al exilio con motivo de la
guerra civil; manifiesta que el valor supremo de la paz, asentada
sobre nuestro compromiso de diálogo, respeto y fraternidad, está hoy
firmemente asentado en el alma y la memoria de los españoles;
recuerda que las Repúblicas de Iberoamérica, que acogieron a nuestros
compatriotas del exilio, nos dieron una lección de fraternidad y
generosidad que debe seguir siendo un sólido cimiento para la
continuada intensificación de las relaciones políticas, económicas,
culturales y de todo tipo entre nuestras naciones. Y de este modo
insta al Gobierno: 1. A crear una comisión nacional que, con la más
amplia participación posible, tenga por objeto: a) rendir un merecido
homenaje a quienes tuvieron que tomar el duro y forzado camino del
exilio tras la guerra civil; b) recoger y superar cuanto
documentación e información pueda ser posible sobre el exilio
español, así como sobre su aportación a la cultura y la realidad de
España y de la naciones que tan generosamente los recibieron; c)
crear un fondo de ayuda, de acuerdo con las instituciones de los
países en los que fueron recibidos y muy especialmente de las
Repúblicas Iberoamericanas, para atender dignamente a quienes todavía
pudieran encontrarse en situación de necesidad y a sus sucesores más
directos; d) conmemorar y recordar el exilio español con un programa
de actividades y publicaciones que debiera ser acordado con las
instituciones correspondientes de los países de acogida. Hasta aquí
el texto de nuestra proposición no de ley.
Tengo que señalar, señorías, señor presidente, que me he dirigido al
autor de la otra proposición no de ley, al señor Caldera, y le he
manifestado la voluntad de nuestro grupo de llegar a un acuerdo sobre
el texto, tanto sobre la parte declarativa como sobre la parte
dispositiva, ya que la literatura, como ustedes bien saben, no forma
parte de lo que aquí se vota. El señor Caldera, no ha hecho mención
alguna, a la parte dispositiva. Me ha manifestado que para él lo
único innegociable -lo cual es una curiosa manera de entender la
negociación y el consenso- era la parte declarativa.
Señorías, mi grupo cree que con nuestra proposición no de ley se
cumple el compromiso asumido por todos en el viaje a México de llegar
a una proposición no de ley de
consenso y acuerdo que recogiera, por un parte, el homenaje al
exilio, por otra, el agradecimiento a las repúblicas iberoamericanas
y, por otra, el patrimonio de la transición española, y que con la
otra proposición no se hace. Por tanto, les ruego que voten por la
nuestra. (Aplausos. El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, tanto en mi
intervención como en las del resto de los grupos hemos tenido la
cortesía parlamentaria de fijar posición exclusivamente de nuestra
iniciativa, sin entrar en juicios de valor acerca de la iniciativa
del Grupo Popular. Su portavoz ha hecho un doble turno, de defensa de
su iniciativa y de rechazo de la iniciativa común firmada por varios
grupos parlamentarios. Además, ha tenido el mal gusto de hacer
públicos, de forma subjetiva, los resultados de unas pretendidas
conversaciones que son absolutamente habituales en este tipo de
comisiones y que normalmente quedan en el ámbito de la reserva.
Necesitaría explicar esto porque el señor Robles Fraga ha entendido
muy mal mi posición.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, creo que las posiciones de unos y
otros están claras. Vamos a redondear la sesión de hoy, que ha ido
suficientemente larga, con las votaciones correspondientes.
En primer lugar, señor Navas, ¿hemos llegado a algún acuerdo en
relación con su proposición no de ley sobre Timor?
El señor NAVAS AMORES: He tenido ocasión de hablar con todos los
portavoces, salvo con el señor Robles Fraga, que estaba en el uso de
la palabra en el momento en que hemos llegado a un acuerdo sobre el
texto que se podría incorporar a la propuesta de consenso ya leída y
que a todos los grupos les parece acertado y estaría en disposición
de aprobar.
El señor PRESIDENTE: Dé lectura de ese texto.
El señor NAVAS AMORES: Sí, porque, como digo, el señor Robles Fraga
todavía no ha tenido ocasión de escucharlo.
Se trataría simplemente de incorporar a la propuesta de acuerdo el
siguiente texto: Remitir con urgencia a esta Comisión -estamos
instando al Gobierno- un informe sobre los contenidos y componentes
de la cooperación española con Indonesia, a la luz de lo dispuesto en
la Ley de Cooperación. Sería un texto que podría satisfacer a todos
los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Mixto está de acuerdo? (Asentimiento.)
¿Los demás grupos están de acuerdo? (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación, pero antes, señor secretario, tome
nota de las sustituciones.
Por los señores portavoces de los grupos se procede a dar cuenta de
los miembros de la Comisión presentes y sustituidos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Mixto tiene sólo un voto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Dos, de los señores Alcaraz y Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: Imagino que el señor Rodríguez en sustitución
del señor Chiquillo.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Hay un portavoz,el señor Alcaraz, y un
vocal, un miembro de la Comisión, que soy yo.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votación sobre
las proposiciones no de ley en torno a Timor Oriental. Vamos a votar
los textos de compromiso que fueron leídos, en primer lugar, por el
señor Robles y, en segundo lugar, por el señor Navas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad en los términos
descritos.
En segundo lugar, vamos a someter a votación la proposición no de ley
sobre la conmemoración del 60 aniversario del exilio español con
ocasión de la finalización de la guerra civil española, de la cual
son coautores diversos grupos parlamentarios a los cuales antes he
hecho referencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder en tercer lugar a la votación de la proposición no
de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al 60 aniversario del exilio español tras la
guerra civil española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS HISPANO-
PORTUGUESAS, HECHO EN ALBUFEIRA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número
de expediente 110/000259).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder a las
votaciones de los dictámenes sobre tratados y acuerdos
internacionales.
¿Algún grupo desea realizar alguna intervención al respecto? (Pausa.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Una observación simplemente, señor
presidente, para recordar que, al igual que hicimos en el Pleno,
donde mantuvimos una enmienda a la totalidad, en el caso del convenio
que figura en el orden del día con el número 18 el Grupo Socialista,
por las razones que expresó en el Pleno, se va a abstener.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del punto número
18 del orden del día: Convenio sobre cooperación para la protección y
el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas
hidrográficas hispano- portuguesas, hecho en Albufeira el 30 de
noviembre de 1998.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA SOBRE
SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS, HECHO EN MADRID EL 9 DE MARZO DE
1999. (Número de expediente 110/000263).
El señor PRESIDENTE: Punto número 19: Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Estonia sobre supresión recíproca de
visados, hecho en Madrid el 9 de marzo de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAREPÚBLICADE LETONIASOBRE
SUSPENSIÓN RECÍPROCA DE VISADOS, HECHO EN MADRID EL 9 DE MARZO DE
1999. (Número de expediente 110/000264).
El señor PRESIDENTE: Punto número 20: Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Letonia sobre supresión recíproca de
visados, hecho en Madrid el 9 de marzo de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO ENTRE LAREPÚBLICAFEDERALDE ALEMANIA,
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, EL REINO DE BÉLGICA, EL REINO DE DINAMARCA,
EL
REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, LA REPÚBLICA HELÉNICA,
IRLANDA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, EL
REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, EL REINO DE
SUECIA, LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍAATÓMICAY EL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍAATÓMICAPARALAAPLICACIÓ` DE LOS PÁRRAFOS 1) Y
4) DEL ARTÍCULO III DEL TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN DE LAS
ARMAS NUCLEARES, ADOPTADO EN VIENA EL 11 DE JUNIO DE 1998. (Número de
expediente 110/000265).
El señor PRESIDENTE: Punto número 21: Protocolo adicional al acuerdo
entre Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia,
la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Organismo
Internacional de Energía Atómica para la aplicación de los párrafos
1) y 4) del artículo III del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares, adoptado en Viena el 11 de junio de 1998.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY EL PRINCIPADO DE ANDORRA PARA LA
AMPLIACIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO RUNER, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE LA FARGA DE MOLES (ESPAÑA) Y SANT JULIÁ DE LÓRIA
(ANDORRA), HECHO EN MADRID EL 13 DE ABRIL DE 1999. (Número de
expediente 110/000266).
El señor PRESIDENTE: Número 22: Convenio entre el Reino de España y
el Principado de Andorra para la ampliación del puente internacional
sobre el río Runer, entre las localidades de La Farga de Moles, en
España, y Sant Juliá de Lória, en Andorra, hecho en Madrid el 13 de
abril de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- PROTOCOLO, HECHO EN COPENHAGUE EL 17 DE MARZO DE 1999, POR EL QUE
SE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑAY DINAMARCA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, HECHO EN COPENHAGUE EL 3 DE JULIO DE 1972. (Número de
expediente 110/000267).
El señor PRESIDENTE: Número 23: Protocolo hecho en Copenhague el 1 de
marzo de 1999, por el que se modifica el Convenio entre España y
Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Copenhague el 3 de
julio de 1972.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LITUANIA SOBRE
SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS, HECHO EN MADRID EL 9 DE MARZO DE
1999. (Número de expediente 110/000268).
El Señor PRESIDENTE: Número 24: Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Lituania sobre supresión recíproca de visados, hecho en
Madrid el 9 de marzo de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES, LA OFICINA
ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Y LA OFICINA SUECA DE PATENTES Y
REGISTROS, SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COOPERACIÓN EN MATERIA DE
BÚSQUEDAS INTERNACIONALES, HECHO EN MADRID EL 10 DE FEBRERO DE 999.
(Número de expediente 110/000269).
El señor PRESIDENTE: Número 25: Acuerdo entre la Organización Europea
de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina
Sueca de Patentes y Registros, sobre el establecimiento de una
cooperación en materia de búsquedas internacionales, hecho en Madrid
el 10 de febrero de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LETONIA,
REALATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO
EN MADRID EL 30 DE MARZO DE 1999. (Número de expediente 110/000270).
El señor PRESIDENTE: Número 26.:Acuerdo entre el Reino de España y la
República de Letonia, relativo a la readmisión de personas en
situación irregular, hecho en Madrid el 30 de marzo de 1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- ACUERDO ENTRE ELGOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO MACEDONIO, SOBRE
TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN SKOPJE EL 2 DE MARZO
DE 1999. (Número de expediente 110/000271).
El señor PRESIDENTE: Número 27: Acuerdo entre el Gobierno de España y
el Gobierno macedonio, sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Skopje el 2 de marzo de
1999.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señoras, señores, muchas gracias.
Se levanta la sesión.