CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 716



ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS



Sesión núm. 71



celebrada el miércoles, 16 de junio de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia (Petitbo Juan) para informar sobre:



- Las comisiones abusivas por pago con tarjeta electrónica debido al
acuerdo entre las entidades emisoras. Asolicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 212/001824) ... (Página 20499)



- Los avances alcanzados en materia de flexibilidad de la economía
española. Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

(Número de expediente 212/001885) ... (Página 20508)



Preguntas:



- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Socialista del Congreso), sobre
criterios que va a adoptar el Tesoro respecto a las cuentas
corrientes abiertas en entidades financieras. (Número de expediente
181/002364) ... (Página 20519)



- Del señor Estrella Pedrola (Grupo Socialista del Congreso), sobre
las causas del progresivo descenso de las exportaciones españolas.

(Número de expediente 181/002444) ... (Página 20521)

Página 20498



- Del señor Álvarez Gómez (Grupo Socialista del Congreso), sobre
medidas para garantizar la concordia y fiabilidad de los datos de
coyuntura en el sector hotelero y turístico entre el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y la Junta de Galicia. (Número de
expediente 181/0024449) ... (Página 20523)



Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.

He de decirles en primer lugar que, de acuerdo con informaciones
suministradas ayer, a partir de las diez de la noche, se me dijo que
la señora presidenta del Instituto Nacional de Estadística no podría
comparecer hoy porque no había sido debidamente citada y no tenía
noticias de la asistencia a esta Comisión. Sin perjuicio de que,
lógicamente, les dé la palabra a continuación a SS.SS., si tienen
algo que decir al respecto, les sugeriría que, ya que estamos aquí
los componentes de la Mesa y portavoces, y sin perjuicio de las
alegaciones que tengan SS.SS. a bien manifestar a continuación,
celebrásemos una nueva sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda en el día de mañana, por la tarde posiblemente, y si les
parece a ustedes bien a partir de las cuatro o cuatro y media de la
tarde, y que se convocase debidamente a la señora presidenta del
Instituto Nacional de Estadística para que inexcusablemente
comparezca ante esta Comisión.




Independientemente de las alegaciones o de las manifestaciones que
quieran hacer con posterioridad, ¿están ustedes de acuerdo con que
celebrásemos Comisión mañana jueves, a partir, digamos, de las cuatro
de la tarde?
Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Es evidente que tendrá que abrir la
correspondiente investigación para identificar en dónde se encuentra
el problema para esta ausencia y, por supuesto, mi grupo expresa su
voluntad de que se celebre Comisión el jueves por la tarde, siempre y
cuando haya la conformidad de que la compareciente asiste. Por tanto,
esperamos que con la mayor diligencia y la mayor capacidad ejecutiva
y operativa se hagan las gestiones para contar con la presencia de la
presidenta del INE en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Supongo que en algún momento habrá que
celebrar una reunión de esta Comisión. La duda que a uno le asalta es
si lo que debemos hacer es fijar una fecha o esperar a que nos la
fije la presidenta del INE, y entonces acudir cuando ella decida
venir. Si, como tengo entendido, desde los servicios de la Cámara se
ha oficiado adecuadamente y por tanto señalando con tiempo oportuno
la fecha y el momento de su presencia, la
verdad es que uno no alcanza a entender esto, porque además es la
segunda vez en la que tenemos el fallo de comparecencia de la señora
presidenta, en un caso por un viaje y en otro caso por razones que
hasta este momento son desconocidas.




Yo a estas horas de la mañana tengo una escasa voluntad combativa,
pero me parece tan inefable lo que viene ocurriendo en la Comisión de
Economía y Hacienda que, señor presidente, simplemente me parece que
esto no puede ser, no se puede repetir, es una burla a todos los
parlamentarios. Tenemos la sensación desde hace demasiado tiempo de
que nuestra presencia en esta Cámara está estrictamente dependiente
de la voluntad, individual en ocasiones y no sé si a veces de la
voluntad de un grupo (y no quiero en este momento responsabilizar al
Grupo Popular, que me parece que está tan consternado por el triste
espectáculo como yo mismo) pero, señor presidente, hay que poner
remedio a esto. Esto es, como dijo un alcalde recientemente elegido
refiriéndose a una institución del Estado, un cachondeo.




El señor PRESIDENTE: Independientemente, como es lógico, de las
protestas, que por supuesto también esta Presidencia hace palmarias y
quiere que sean expresivas, y sin perjuicio de que efectivamente se
abrirá la correspondiente investigación interna para conocer por qué
no se han recibido estas citaciones, he de decirles a SS.SS. que ha
sucedido lo mismo con el presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, quien en el día de ayer se puso en contacto telefónico
conmigo para decirme que no sabía nada de la comparecencia del día de
hoy y que se había enterado por la prensa, que le llamó para que
hiciese unas declaraciones respecto a la comparecencia de hoy, aunque
él sí vendrá.

Como quiera que surgió esto con anterioridad a las manifestaciones
que me hicieron por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y los
servicios correspondientes del gabinete del ministro sobre la no
citación de la señora presidenta del Instituto Nacional de
Estadística, ayer por la tarde mismo hicimos una somera
investigación, esclarecimiento interno, para conocer las posibles
causas por las cuales no se podían producir las comparecencias en el
día de hoy, y he de decirles a ustedes que, desde luego, consultados
los servicios de la Cámara, salió de esta casa un fax el pasado día 9
de junio señalando estas comparecencias, y ese mismo día se hicieron
tambien las citaciones a las señoras y señores diputados. Sin
perjuicio de esto, como saben ustedes, celebramos además una reunión
de la Mesa y portavoces a finales de mayo en la que se acordaron
estas comparecencias, y lógicamente ese día



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también se debieron cursar oportunamente las correspondientes, no
citaciones expresas, pero sí informales, a los efectos de que todo el
mundo estuviera suficientemente prevenido.

Si les parece a ustedes, celebraríamos sesión de la Comisión a ser
posible mañana cuando acabe el Pleno y si no a las cuatro de la
tarde. Los servicios de la Cámara se pondrán en contacto telefónico
directamente con el Instituto Nacional de Estadística a los efectos
de lograr esta comparecencia, y a lo largo de la mañana se nos
informará de la hora en que celebraríamos esta reunión. Si no fuese
posible el jueves, la haríamos el viernes, el lunes por la mañana, o
el lunes por la tarde, en fecha absolutamente inmediata, para que
tenga lugar definitivamente.

Suspendemos la sesión hasta las diez de la mañana, en que está
prevista la comparecencia del señor presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA (PETITBO JUAN) PARA INFORMAR SOBRE:



- LAS COMISIONES ABUSIVAS POR PAGO CON TARJETA ELECTRÓNICA DEBIDO
AL ACUERDO ENTRE LAS ENTIDADES EMISORAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001824.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la
sesión.

Damos la bienvenida al señor presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, don Amadeo Petitbo Juan y pasamos sin más preámbulos a
la celebración de las comparecencias que tenemos planteadas en
relación con este alto puesto de la Administración, consistentes en
que el señor presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia
informe sobre las comisiones abusivas por pago con tarjeta
electrónica debido al acuerdo entre las entidades emisoras, así como
de los avances alcanzados en materia de flexibilidad de la economía
española. Estas comparecencias han sido solicitadas respectivamente a
instancia del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Popular.

A efectos de ordenar adecuadamente el debate, si les parece a ustedes
correcto, comenzaríamos por una primera intervención del señor
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. No sé cómo
querrá hacer las comparecencias si primero la una y luego la otra o
formularlas simultáneamente. (Pausa.) Entonces, celebraremos la
primera de las comparecencias, en relación con las comisiones
abusivas en las tarjetas de crédito. Intervendrá en primer lugar el
compareciente, para a continuación intervenir el grupo solicitante y,
a continuación, los demás grupos que deseen fijar posición o formular
algún tipo de sugerencia, pregunta e información complementaria, para
concluir el
señor presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia en el
supuesto de que se suscitase algún tipo de dudas. Si no quedan
suficientemente aclaradas las preguntas, sugerencias o
posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, abriríamos
un segundo turno al respecto, y lo mismo haríamos con la otra
comparecencia, que celebraríamos a continuación.

Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia, don Amadeo Petitbo, para informar sobre
las comisiones abusivas por pago con tarjeta electrónica debido al
acuerdo entre las entidades emisoras.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): El motivo de esta primera comparecencia es, de
acuerdo con la notificación, informar sobre las comisiones abusivas
por pago con tarjeta electrónica debido al acuerdo entre entidades
emisoras.

Señorías, ante todo, quiero expresar mi satisfacción por comparecer
ante esta Comisión para informar sobre un tema relevante, que ha sido
ampliamente discutido en las últimas semanas, que ha tenido
relevancia en los medios de comunicación y que afecta a dos sectores
particularmente importantes de nuestra economía, como son el sector
comercial y el sector financiero. Ysobre todo, quiero excusarme
anticipadamente por si algunas cuestiones no se desarrollan con la
suficiente precisión o resultan insuficientemente documentadas, y el
motivo no es otro de que tuve conocimiento informal de mi
comparecencia ayer a las diecinueve horas aproximadamente, y
conocimiento formal de la misma a las veintiuna horas dieciocho
minutos.




Debo empezar diciendo que el tema no es nada sencillo cuando se
analiza desde la perspectiva de la Ley de Defensa de la Competencia y
desde la perspectiva del funcionamiento competitivo de los mercados.

Ello resulta particularmente complejo cuando el compareciente es el
presidente de una institución como el Tribunal de Defensa de la
Competencia, que probablemente algún día deba entrar a enjuiciar
algún tipo de conductas, relacionadas con el caso, consideradas por
la propia Ley de Defensa de la Competencia, cosa que puede ser
probable si atendemos al hecho de que en estos momentos está en
trámite ante el servicio de Defensa de la Competencia una denuncia.

Evidentemente, esta situación es algo incómoda para un miembro que
posteriormente pueda tener que enjuiciar esta cuestión. La
legislación me impide hacer pronunciamientos concretos para evitar el
riesgo de prejuzgar algo que probablemente tendré que juzgar
posteriormente. Sin embargo, este tipo de limitaciones no me impide
abordar la cuestión desde un punto de vista general y desde una doble
perspectiva, que creo que es como debe hacerse: desde una perspectiva
jurídica y desde una perspectiva económica. Y lo voy a hacer con la
ayuda que supone el conocimiento de nuestra legislación de defensa de
la competencia, por una parte, y del funcionamiento del mercado de
las tarjetas de crédito, por otra. Conocimiento que se ha visto
incrementado en los últimos tiempos como consecuencia del informe que
está realizando el Tribunal de Defensa de la Competencia,



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que en estos momentos está a punto de terminarse definitivamente, en
la fase de redacción final. Es un informe sobre la situación de
competencia en el mercado de tarjetas de crédito, débito, monederos
electrónicos y en particular sobre las relaciones entre las entidades
financieras y el sector comercial con terminal de punto de venta
instalado, que fue encargado al Tribunal por el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda en los
términos acordados por el Pleno del Congreso de los Diputados y cuya
solicitud fue recibida en el Tribunal el día 16 de marzo de 1999.

En la pregunta formulada se plantean dos cuestiones, y dos cuestiones
que están directamente relacionadas con el articulado de la Ley de
Defensa de la Competencia. La primera cuestión se refiere a
comisiones abusivas y la segunda a acuerdos entre entidades emisoras;
abuso por una parte, acuerdo por otra. Tales cuestiones corresponden
a dos supuestos perfectamente contemplados en la Ley de Defensa de la
Competencia. Uno, el de las comisiones abusivas, podría estar
contemplado en el artículo 6 de dicha ley, que prohíbe la explotación
abusiva por una o varias empresas de su posición dominante en todo o
en parte del mercado nacional, y posteriormente la ley se dedica a
concretar aquellos supuestos de abuso de posición dominante. La
segunda, el posible acuerdo entre entidades emisoras, está
relacionado con el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia,
que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o
práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto,
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear
la competencia en todo o en parte del mercado nacional o del
territorio nacional, y a continuación detalla supuestos específicos.

Pero al lado de estas cuestiones, y junto a ellas, y a los efectos
que más tarde expondré, es conveniente tomar también en consideración
cuanto dice el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia en
relación a que se podrán autorizar los acuerdos, decisiones,
recomendaciones y prácticas a las que se refiere el artículo 1 de la
ley, o categorías de los mismos, que contribuyan a mejorar la
producción o a la comercialización de bienes y servicios o a promover
el progreso técnico o económico, siempre que..., y a continuación la
ley se extiende en cuestiones más pormenorizadas. Entiendo que es
sobre la base de estas tres cuestiones como debe analizarse la
situación del mercado de tarjetas de crédito en estos momentos.

Debo empezar diciendo que el Tribunal no ha recibido ningún
expediente relacionado con esta cuestión. En consecuencia, no puedo
desarrollar mi intervención de acuerdo con alguna resolución del
Tribunal que manifestara o que expresara la decisión colegiada de los
órganos del mismo.

Si esto es así, el análisis que sigue tiene que basarse
exclusivamente en la información que hemos obtenido en el estudio que
en estos momentos estamos a punto de concluir. Y posiblemente, para
poder entender el alcance de nuestras conclusiones, sea conveniente
explicar qué ha hecho el Tribunal antes de llegar a las mismas.

Ciertamente, el trabajo realizado ha sido, como sucede en estos
casos, un trabajo arduo, un trabajo extenso y un trabajo
particularmente complejo, como ocurre en muchas ocasiones, por el
desconocimiento que teníamos algunos sobre el funcionamiento de
dichos mercados. Pero, en cualquier
caso, dos cuestiones de lo realizado merecen ser destacadas. La
primera, las reuniones que hemos llevado a cabo para conocer aspectos
específicos de la cuestión analizada; y la segunda, para poder
disponer de información que permita la elaboración de criterios
objetivos, consiste en la realización de una encuesta a todas las
entidades financieras con el objetivo de crear primero y de disponer
a continuación de una base de datos extensa, una base de datos que
previamente no existía.

Diseñamos la encuesta, que se remitió a 292 entidades de crédito
registradas en el Banco de España. Se recibieron 274 respuestas, lo
que supone un 92 por ciento del total. Y no se tabularon los datos de
148 entidades por varias razones; en 93 casos, porque no realizan
adquisiciones de tarjetas de crédito; en siete casos adicionales,
porque los ficheros que nos mandaron resultaban ilegibles y en 26
casos porque recibimos la respuesta fuera de plazo. Pero lo que sí
resulta relevante es que se tabularon datos correspondientes a 148
entidades, lo que supone el 74 por ciento de las entidades que
realizan operaciones de adquisición de tarjetas.

La información era abundante, difícil de tratar estadísticamente,
y lo que hicimos fue simplificar el análisis sin que los resultados
perdieran significación. En consecuencia, seleccionamos 17 tipos de
comercio, sobre la base de las 200 categorías distintas que utiliza
el sistema financiero. Entendemos que esa selección ofrece la
suficiente representatividad en un análisis como el que nos
proponíamos, y eso lo puedo afirmar sobre la base de algunos
argumentos. En primer lugar, porque representan 1,9 billones de
pesetas de facturación con tarjeta en el año 1998, lo que supone el
45 por ciento de las ventas totales con tarjeta. En segundo lugar,
porque la clasificación adoptada es similar a la que en su día acordó
el Banco de España en su análisis sobre el comportamiento del mercado
de tarjetas de crédito. En nuestra selección se incluyen comercios de
gran facturación (el caso de las grandes superficies por ejemplo),
comercios de baja facturación (discotecas, facturación a través de
tarjeta de crédito), los denominados comercios de utilidad (son
aquellos utilizados reiteradamente: gasolineras, autopistas o
teléfonos) y comercios que podemos clasificar como intermedios y no
especiales.

Las variables estudiadas fueron, entiendo, las que permiten explicar
con mayor precisión el funcionamiento del mercado. Por una parte, la
tasa de descuento y las tasas cobradas por las entidades adquirentes
de tarjetas a los comerciantes; por otra, las tasas de intercambio.

La tasa de descuento entendemos que resulta explicada por la tasa de
intercambio, por la facturación de los clientes y por los niveles de
riesgo fraude e impago, principalmente. La tasa de intercambio es
cobrada por las entidades emisoras a las entidades adquirentes de
tarjetas. De forma que podríamos establecer una identidad por la cual
la tasa de descuento se igualaría a la tasa de intercambio, más los
costes de la entidad adquirente, más los beneficios probables de la
entidad adquirente.

Llegados a este punto, conviene hacer un análisis del proceso de
determinación de los precios del sistema. Ahí me remito no solamente
a las conclusiones que ha alcanzado el Tribunal después del análisis
exhaustivo mencionado,sino a las propias manifestaciones del Banco de
España.




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Dice el Banco de España que, por razones comerciales relacionadas con
políticas de penetración en determinados segmentos comerciales o con
la importancia de determinados clientes, el banco adquirente puede
decidir no cobrarle al comerciante su parte del coste en la
transacción, y de hecho en algunos casos este coste es igual a cero,
o incluso puede decidir pagar él parte de la tasa de intercambio. De
este modo, en la práctica, la tasa de descuento puede ser mayor (caso
normal), igual o incluso menor que la tasa de intercambio. Y prosigue
el Banco de España diciendo que de hecho la tasa de descuento
aplicada en cada caso se negocia entre el banco adquirente y el
comercio, que es su cliente, según las características del mismo y
teniendo en cuenta aspectos como la experiencia histórica con el
cliente, el tamaño de la empresa, el impacto medio por transacción,
el número total de transacciones y el grado de fidelización del
cliente, entre otras cuestiones.

Si consideramos la cuestión globalmente (ya he dicho que no iba a
hacer consideraciones específicas) y con independencia de conductas
concretas que, por las razones que he mencionado, ahora no me
corresponde enjuiciar, puede sostenerse que en relación con la tasa
de descuento los datos revelan que se determinan en régimen de
competencia mediante una negociación entre distintas entidades, una
entidad comercial por una parte y una entidad financiera por otra.

Insisto en que éste es el resultado del análisis global, al margen de
consideraciones específicas. No puede, en consecuencia, sostenerse
que en el marco considerado pueda aplicarse el artículo 6 de la Ley
de Defensa de la Competencia. Además, la evolución de las tasas pone
de manifiesto una tendencia claramente decreciente de las mismas.

Llegados a este punto, la pregunta que debemos formularnos es la
siguiente: ¿dónde puede haber problemas de competencia, caso de
haberlos?
Si el análisis global no permite sostener la hipótesis de abuso de
posición de dominio en términos generales, debe examinarse la
posibilidad de una conducta contraria a la Ley de Defensa de la
Competencia y concretamente la posibilidad de una conducta contraria
a lo establecido en el artículo 1 de la misma.

Si en la determinación de la tasa de descuento el análisis general no
permite afirmar la existencia de un abuso de posición de dominio,
cabe examinar ahora qué ocurre en relación con la tasa de
intercambio. La tasa de intercambio son los porcentajes sobre el
conjunto de la transacción que la entidad emisora de las tarjetas
cobra a la entidad adquirente de las mismas, en el sistema de
compensación, por la utilización del terminal punto de venta de las
tarjetas emitidas. Yesta tasa de intercambio se justifica por los
costes de los servicios y por el riesgo, como ocurre generalmente en
los mercados.

La pregunta que ahora debemos formularnos es cómo se determinan las
tasas de intercambio. O podíamos formularnos también otra pregunta
complementaria consistente en decir: ¿puede haber problemas
relacionados con la competencia en el proceso de determinación de
esas tasas de intercambio?
Para ello debemos acudir al análisis del proceso de formación de la
tasa de intercambio. Tal análisis manifiesta que, por su propia
naturaleza de tasa de compensación, se
realiza de forma concertada, y se realiza de forma concertada, entre
las diversas entidades de crédito. De hecho, de acuerdo con la
información recogida, las entidades miembro de cada sistema las
acuerdan periódicamente y las estratifican según diversos criterios,
entre los que predominan los costes de procesamiento y los diversos
niveles de riesgo para cada tipo de comercio que interviene en el
proceso. De acuerdo con el análisis efectuado, la tasa de descuento
deberá tender a pagar la tasa de intercambio, así como otros
elementos del coste. En consecuencia, la tasa de intercambio siempre
va a influir, cualquiera que sea su nivel, en la tasa de descuento.

Es decir, la tasa de intercambio va a funcionar como un faro
orientador en la formación de las tasas de descuento. Por esta razón,
desde la perspectiva de la misión encomendada al Tribunal de Defensa
de la Competencia, es necesario extremar el cuidado en la forma de
determinación del dinero de las tasas de intercambio en sus
diferentes estratos, para evitar perturbaciones en el proceso de
formación de los precios que en competencia fijan las tasas de
descuento.

Los datos manejados por el Tribunal revelan que la magnitud de las
tasas de intercambio oscila entre el 1 por ciento y el 5,6 por
ciento, situándose su tasa media en torno al 3 por ciento. Sin
embargo, conviene analizar con algún detenimiento el proceso de
determinación de las tasas de intercambio.

Se acepta que se determinan en un comité técnico, en el que están
representados los bancos emisores y los bancos adquirentes. Pero lo
que no se conoce con la precisión necesaria para este tipo de
análisis es qué ocurre en este comité técnico. Ningún control, desde
la perspectiva de la defensa de la competencia, se ejerce sobre el
proceso de determinación de la tasa de intercambio. Los acuerdos se
toman según unas normas que no se conocen. Tampoco se conoce cómo se
vota ni cómo se eligen los representantes de las entidades
financieras. Se sabe solamente que es aproximadamente quince el
número de tales representantes. Tampoco se conoce qué criterios se
emplean, ni qué estudios se utilizan para llevar a cabo la
determinación de las tasas correspondientes. Se pregunta el Tribunal
qué publicidad se da a los acuerdos alcanzados y en qué documentos se
plasman tales acuerdos. No cabe duda, desde nuestra perspectiva, que
dichas cuestiones son relevantes. Y lo son desde el momento en que
los acuerdos alcanzados se comunican a todas las entidades de crédito
participantes en el sistema. Pero, además, deben destacarse algunas
cuestiones adicionales.

El procedimiento empleado puede interpretarse como necesario para el
funcionamiento del sistema. Sin embargo, este mismo procedimiento
puede plantear problemas desde la perspectiva de los criterios
expresados en la Ley de Defensa de la Competencia. En efecto, dado
que la tasa de intercambio fijada concertadamente es un elemento del
coste de la tasa de descuento fijada mediante negociación entre las
partes, la tasa de intercambio influye en la tasa de descuento, y
desde la perspectiva de la Ley de Defensa de la Competencia, este
hecho obligaría a dos cosas. En primer lugar, a que la concertación
se lleve a cabo en un clima de máxima transparencia y, en segundo
lugar, a que los niveles de la tasa de descuento se fijen de acuerdo
con criterios de carácter objetivo. Eso supone dos cosas: la primera,



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que los niveles de la tasa de intercambio se aproximen a los costes
reales del sistema y, la segunda, que la negociación entre las
entidades financieras pueda ser sometida al procedimiento de
autorización singular contemplada, en la Ley de la Competencia y al
que he hecho mención anteriormente.




Quiero hacer referencia a una cuestión adicional no contemplada
directamente en la pregunta, pero de interés. Como es sabido, en los
contratos que el comerciante suscribe con la entidad adquirente, es
frecuente que se incluya la obligación de admitir, con independencia
de quien sea la entidad emisora, todas las tarjetas de las marcas
aceptadas y de no discriminar en términos de precio a los
consumidores que pagan con tarjeta frente a los que pagan en
metálico.

La primera de las obligaciones no presenta ningún problema desde la
perspectiva de la defensa de la competencia, dado que no impide la
libre participación en el proceso o en el sistema de ningún operador
económico. Sin embargo, en relación con la segunda cuestión, la no
discriminación en términos de precio a los consumidores que pagan con
tarjeta frente a los que pagan con dinero en efectivo, cabe imponer
alguna objeción, al menos desde el punto de vista formal, puesto que
supone una imposición de condiciones no estrictamente necesarias. Y,
de hecho, este tipo de cláusulas han sido prohibidas en algunos
países y en estos momentos están siendo estudiadas por la Comisión
Europea.

La pregunta que cabe formularse ahora es qué hacer. Y esta pregunta
-y con ello termino- se la ha planteado también el Tribunal de
Defensa de la Competencia. Y, en los términos de la discusión que
estamos llevando a cabo en estos momentos, el Tribunal se ha fijado
en dos cuestiones principales y en una complementaria.

La primera cuestión consistiría en la necesidad de acomodar el
sistema de clasificación para establecer los niveles de la tasa de
intercambio a criterios más objetivos, adaptándolos al coste y al
riesgo de acuerdo con los distintos tipos de transacciones y la
actividad a la que pertenecen los establecimientos comerciales con
los que se realizan las operaciones.

La segunda, que, con el fin de evitar la realización de conductas que
limiten la competencia, para cada marca de tarjeta de crédito
bancaria, las sociedades de medios de pago sometan al procedimiento
de autorización singular de las autoridades de Defensa de la
Competencia los respectivos sistemas de acuerdos, para establecer las
tasas de intercambio y sus sucesivas modificaciones, en el bien
entendido que las operaciones sometidas a este tipo de control
posteriormente están sometidas a la oportuna vigilancia.

La tercera de las cuestiones consistiría en analizar la regla de no
discriminación o las cláusulas por virtud de las cuales se impide a
los comerciantes la discriminación de precio en relación con el medio
de pago empleado por los clientes, en conexión con los oportunos
análisis llevados a cabo en estos momentos por las autoridades
comunitarias.

Con esto termino, señor presidente, señorías.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Grupo Socialista, señor Gimeno.

El señor GIMENO MARÍN: Quiero agradecer la comparecencia del
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y decirle que
sus primeras palabras me habían generado en principio una sensación
no positiva, cuando me planteaba usted que sus funciones
enjuiciadoras le iban a determinar una limitación en los
pronunciamientos y en la opinión sobre los temas que estamos
considerando. Sin embargo, tengo que reconocer que sus últimas
palabras me han parecido mucho más interesantes, sobre todo cuando ha
empezado a plantear dos cuestiones importantes, a las que me referiré
más adelante, que son la autorización singular después de lo que se
refiere a la tasa de intercambio y, por supuesto, la no
discriminación, con todas las consecuencias que esto tendría que
producir, que no son pocas, como sin ninguna duda después de los
estudios que habrá empezado a hacer el Tribunal empiezan a percibir,
y de las que en esta Cámara también ya empezamos a ser conscientes a
través de los debates que estamos teniendo.

Empezando por esas expectativas de su intervención, quiero decirle
que la valoración global me parece de enorme interés por las
conclusiones a las que llega, pero me voy a referir a otro tipo de
cuestiones, que sin ninguna duda también serán de interés para usted
en la labor que le toca realizar. Supongo que en el informe, que ya
han debido medio hacer, todas estas cuestiones se tratarán
minuciosamente, aunque hoy no haya podido usted plantear los temas
aquí, en esta Comisión.

Quiero indicarle que abordaré el tema de las tasas o de los tipos de
interés que se cobran por las entidades financieras por la
utilización de las tarjetas, y luego una parte del problema desde el
punto de vista de la competencia, que es un problema mucho más
global. Sin ninguna duda, el tema de las tarjetas ha supuesto una
revolución en el funcionamiento económico de los últimos tiempos y de
los últimos años y además silenciosa, silenciosa en el sentido que
todo el mundo acepta como medio generalmente de pago un sistema
privado y, además, lo hace sin una regulación muy concreta al
respecto, lo cual no deja de ser una innovación enorme, pero que ha
ido penetrando y que ha ido cambiando, y los cambiará mucho más, los
hábitos del consumidor y del conjunto de los ciudadanos. Significa un
cambio fundamental en los hábitos de los ciudadanos y en el
funcionamiento de los mercados.

En ese contexto, la articulación de la historia de lo que ha pasado
va a generar una serie de condicionantes también para el futuro, y
para resolver algunos de los problemas que usted señala como
conclusiones, sin ninguna duda va a suponer posiblemente la
modificación del sistema tal como está establecido en la práctica por
un funcionamiento de los mercados que en este tema a mí me parece
poco transparente, como insinúa en su intervención. Pero no sólo poco
transparente, sino que a mí me parece que es un funcionamiento
bastante inadecuado hasta este momento, con perjuicios serios para
los comerciantes y fundamentalmente para los consumidores. Lo digo
porque aquí hoy no hemos hablado del consumidor, pero al final el que
paga el último precio del producto es el consumidor y, como bien
decía el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,
además, de forma discriminatoria, porque, encima, el que paga con
dinero efectivo resulta que tiene que sufrir el coste, de



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alguna manera, del que paga por tarjeta, ya que hay una tasa de
descuento que cobran las entidades financieras.

Fíjese usted, que estos días, no hace mucho, de acuerdo con lo que
usted planteaba, algunos empresarios y comerciantes me decían: ¿Sabe
usted que la empresa VISA España es una ONG? Digo: ¿Qué me está
diciendo? Dice: Es que acabo de leer que la definición que se dan a
sí mismos, a la que podemos tener acceso todos a través de Internet,
dice que VISA España es una sociedad civil sin ánimo de lucro. Y,
claro, yo analizaba el tema en profundidad y tenía una parte de
verdad.

Yo creo que lo explicaba porque ahí está la clave fundamental de cómo
se ha articulado por el sistema financiero el sistema para la
fijación de las tasas de descuento y de las tasas de intercambio en
el coste de utilización de las tarjetas. Se ha montado un sistema,
sinceramente, maravilloso para burlar la competencia. Se ha montado
un sistema perfecto para burlar la competencia. De VISA España, son
accionistas todas las entidades financieras que emiten tarjetas. Por
cierto, la diferencia entre emisores de tarjetas y bancos, que son
bancos del establecimiento comercial, a mí me parece una diferencia
absurda, en la medida que todos son emisores de tarjeta, y esa
diferencia se la han establecido con mucha habilidad también. En fin,
en la definición técnica real es un elemento que está allí, pero, en
cualquier caso, nos encontramos con la articulación de un sistema en
el que los que son emisores de tarjeta articulan un procedimiento
mediante una sociedad en la que no haya ánimo de lucro, para
trasladar, lógica y automáticamente, a todos los accionistas de esa
sociedad los márgenes de beneficio que puedan tener en la utilización
del propio sistema. No está mal como sistema.

Además es que en ese margen y en esa articulación de esa sociedad es
donde se fijan los precios; se fijan los precios de la utilización
del sistema. Como no tienen ánimo de lucro, ¿qué problema va a haber?
Pero fijan los precios que automáticamente se trasladan a las
entidades financieras. Aparte de sistemas también muy polémicos en la
utilización de todo el sistema, forma parte de la mecánica de
funcionamiento de las entidades financieras la elaboración de listas
negras dentro de todos los mecanismos de compensación, etcétera, y
toda una serie de cuestiones que plantean otros problemas que
sobrepasan posiblemente el marco en el cual hoy estamos debatiendo
desde el punto de vista que estrictamente le corresponde a usted, que
es el debate sobre la competencia. En cualquier caso, son temas de
enorme interés a considerar y a plantear.

Sin embargo, fíjese usted también en otra cuestión. Hace no mucho
tiempo, en esta misma Comisión y en esta Cámara, se nos facilitaba,
directa o indirectamente, el resumen de un informe que elaboró el
Banco de España, que supongo que el Tribunal ha conocido, que nos
remitió el Gobierno, donde se nos decía que no había margen para la
disminución de los tipos de interés porque lo que se fijaba estaba
perfectamente justificado. Luego nos encontramos con que no hace
mucho tiempo, como consecuencia de alguna iniciativa legislativa y de
algunas modificaciones que han dado lugar, entre otras cuestiones, a
alguna denuncia ante el Tribunal de los propios comerciantes, nos
encontramos con que los tipos de interés sí que podían ser bajados.

Por cierto, personalmente todavía no entiendo muy
bien lo que acordaron, pero con el tiempo nos iremos enterando.

Porque, claro, cuando uno leía los titulares de los medios de
comunicación -bancos y cajas reducirán en julio el 3 por ciento de la
comisión máxima por el pago de tarjetas- no sabíamos exactamente a lo
que se estaban refiriendo, había más cosas en el acuerdo. El tiempo
nos irá diciendo si ese acuerdo era un acuerdo real o era un acuerdo
virtual que genera todavía más conflictos. Pero lo iremos viendo.

Lo que veíamos es que sí había margen, para disminuir los tipos de
interés, a pesar de que en los informes que nos mandaba aquí el
Gobierno, como consecuencia de los informes que elaboraba el Banco de
España, parecía que el margen no existía. Ya hemos llegado a una
conclusión: parece que se podrían introducir elementos nuevos. El
problema es cómo se introducía el funcionamiento de la competencia
dentro del sistema, porque era obvio que el sistema no funciona en
régimen de competencia, ya que las tasas de descuento son una
ficción. La tasa de descuento es lo que teóricamente se cobra de
final o lo que al final paga el consumidor, aunque también hay que
incluir muchos más costes. Porque el problema que se deriva de la
utilización de las tarjetas es que también pagan los consumidores
directamente por el uso de una tarjeta, ya no digo por la utilización
de los cajeros, etcétera, sino por las operaciones comerciales. Pero,
en cualquier caso, en esa ficción que se planteaba respecto a las
tasas de descuento, nunca se dice lo que decía usted en estos
momentos: No, no si hasta los bancos pueden determinar que la tasa de
intercambio la fijan en un precio, pero el resto de los márgenes
podrían reducirse a cero, que es lo que hace la mayor parte de los
bancos cuando empiezan a introducirse nuevos elementos. Claro, a la
fuerza, si es que son los mismos. Si es que la realidad es que el
emisor de tarjeta y el banco del comercio prácticamente son lo mismo,
aunque no coincida en la utilización de una tarjeta. ¡Qué más dará!
Para evitar problemas como los que usted plantea, de enorme interés
en mi opinión, de no discriminación para el consumidor, es que
entonces lo que se debería pagar es por tener tarjetas, porque, si
no, no sé la solución que ustedes van a proponer a esta Cámara para
modificar el sistema. No me parecería mal sistema, lo que pasa que,
con los hábitos que hay y con la situación del sistema financiero
actual, mucho me temo que todas las entidades financieras, incluido
el Banco de España, pongan el grito en el cielo incluso sobre lo que
está usted diciendo hoy aquí, que me parece bien, no tengo ningún
problema al respecto.

No obstante, entremos en consideraciones específicas. ¿Qué sentido
tiene hablar de competencia o de la determinación de la tasa de
intercambio, cuando se habla de riesgo, que es de lo que hablan? O
sea, hablan de riesgo y se plantean problemas tan curiosos como que
un consumidor con una misma tarjeta, usted y yo cuando vamos a un
sitio, resulta que nos cobran distinto por el mismo riesgo; es decir,
yo soy el mismo titular de la misma tarjeta, pero cuando voy a un
sitio o a otro, me cobran distinto. Algo hay en el sistema que no
cuadra, no hay criterios objetivos suficientes para definir, en mi
opinión, ni el elemento ni lo que está pasando.

Mucho me temo que los criterios sean otros. En cualquier caso, la
realidad que nos han presentado, el informe



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que elaboró el Banco de España y los informes que a nosotros se nos
han facilitado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
concretamente no tienen nada que ver. También es cierto que esto de
las medias o las medias ponderadas y todo este tipo de cuestiones nos
llevan a situaciones un poco curiosas. Pero nos encontramos con un
sistema en el que las mismas entidades financieras que operan en cada
una de las provincias de este país cobran distinto en cada una de
ellas, porque son las mismas entidades emisoras y, como consecuencia,
también los mismos titulares de tarjeta. En Almería, según el estudio
que me presenta esta asociación, cobran distinto en tarjeta de débito
que en Madrid, que cobran bastante más, y que en Las Palmas, que
cobran mucho más. Todo esto sucede con la misma tarjeta, con el mismo
titular, con las mismas entidades financieras. Por tanto, dentro de
un mismo sector nadie acaba de entender, porque evidentemente
introducen algunos elementos de distorsión, cómo es posible que una
gran superficie... Yo entiendo perfectamente por qué a una gran
superficie le cobran mucho menos en la tarjeta que a cualquier otro
comercio, pero de todos modos introducen elementos que distorsionan
la competencia entre el pequeño comercio y la gran superficie, de por
sí con bastantes problemas al respecto.

Es decir, hay elementos y factores que no se justifican -usted lo
decía al final de una manera bastante clara-, porque no hay una
transparencia suficiente en la definición de elementos objetivos, lo
que en cierta manera podía introducir elementos de contradicción con
el sistema de la competencia; esto sólo se puede suplir con una
transparencia y con determinación de criterios objetivos para poder
ser controlado; todos estaremos de acuerdo en este aspecto.

Es ahí donde surgen los problemas. ¿Cómo es posible que en este
sistema, tal como está establecido, digan que todas las entidades
financieras son capaces de concertar una tasa de intercambio, pero
sólo se permite a cada entidad financiera que se ponga en contacto
con un pequeño comerciante? Esa es otra cuestión, porque la realidad
con que nos encontramos es que a ese pequeño comerciante ni siquiera
se le permite asociarse con otro pequeño comerciante, ya no digo al
conjunto del sector, sino con el vecino de al lado, para lograr un
mejor volumen de ventas, si es que ese factor fuera objetivo e
influyera en la determinación de ese riesgo que podría producirse en
la transacción y en la relación comercial.

Hay un conjunto de factores que evidentemente no cuadran. Decir que
para que haya competencia cada entidad financiera tiene que
relacionarse individualmente con cada comerciante..., ¡tela
marinera!; repito, con cada cualquier pequeño comerciante; no es lo
mismo hablar con El Corte Inglés, por supuesto, que con el tendero de
la esquina. Y eso es así. Pero en nombre de la competencia se está
diciendo que es imposible que se pongan de acuerdo los pequeños
comerciantes para articular una negociación, se está planteando ese
tema -eso es lo que se niega en las justificaciones que manifiestan-
y, sin embargo, en nombre de la competencia, es perfectamente posible
que en una sociedad anónima en la que están todas las entidades
financieras se fijen las tasas de intercambio y ellos decidan, sin
que nadie sepa cómo, cuáles son sus costes, sus riesgos y sus
márgenes de beneficio. Cuando además toda la red que se
utiliza mediante la evolución de las propias técnicas nuevas, les
sirve dentro del conjunto del sistema de costes y de eficiencia del
sistema financiero, para reducir, por ejemplo, gastos de personal.

¿Quién no cree ya que los cajeros reducen plantilla en los bancos? ¿O
quién no cree que esas técnicas nuevas, aplicadas al sistema
financiero mucho más eficientemente que a otros sectores, como es
obvio y además positivo, no están determinando la mejora, la
eficiencia del conjunto del sistema financiero y no sólo en el uso de
tarjetas? ¿O es que las tarjetas forman una cosa específica al margen
de todo el sistema financiero, y no parte de un conjunto de servicios
que presta el propio sistema financiero? Es decir, hay cantidad de
elementos que en mi opinión están distorsionando claramente la
trasparencia del sistema y desde luego la competencia. Y, como
consecuencia, cuando comparamos los precios de las tarjetas en España
con los de otros países -son datos que también han sido facilitados,
que no coinciden, por cierto, con los que nos ofrecen un tipo de
entidades y otras; pero qué vamos a hacer, iremos acumulando
información para tener un juicio más razonable sobre la cuestión-,
vemos que estamos en peor situación que ellos -ésas son las
conclusiones a las que se llega-, y nos encontramos con que, entre
todos los sectores, cada uno tiene un precio por tarjeta y dentro de
cada sector se le cobra a cada comerciante un precio. Tiene más que
ver con la capacidad de cada comerciante y lo espabiladito que es el
titular del comercio para poder negociar con el banco -también de la
esquina- que con la capacidad que tienen realmente de articular un
sistema transparente en que el propio mercado permita que avancemos.

Todo eso sucede en un sistema en el que no hay regulación; ¡esto sí
que es otra!, ¡Esta es otra! No hay regulación; ¿por qué no la hay?
Porque la dinámica social, es cierto, en este tema -a mí me parece
enormemente positiva- ha evolucionado, pero sólo tenemos una
recomendación europea, que es la base de todo el sistema, que
establece las normas mínimas que deben regular las relaciones entre
los titulares y los emisores de instrumentos de pago electrónico.

Tenemos una recomendación, así como un código de conducta del sector
bancario europeo, pero los bancos en España han decidido que eso no
les obliga. Evidentemente no es ninguna norma de obligado
cumplimiento, por eso es un código de conducta.

En un sistema de comercio electrónico, que se basa en la relación de
confianza entre usuario-titular y entre la entidad emisora y el
comerciante, nos encontramos con una falta de regulación enorme en un
mercado que sin ninguna duda va a tener que ser algo más regulado, no
digo con eso intervenido exacerbadamente, sino simplemente regulado,
para marcar las reglas del juego en las cuales por lo menos haya la
suficiente transparencia y además se permita a todas las partes
afectadas (comerciantes, consumidores y entidades financieras) poder
participar de alguna manera para conseguir que los precios bajen y
sean competitivos, porque hoy desde luego nos encontramos con una
imposición clara del sistema financiero. Los comerciantes más o menos
protestan porque les reducen sus márgenes comerciales hasta
situaciones en algún caso desastrosas y los consumidores, por el
momento, todavía no se han sublevado, pero también llegará, porque en
definitiva son los que pagan.




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Digo -y termino con ello- que sus conclusiones me parecen
interesantes como reflexión, me parecen muy interesantes. Esperaremos
con interés el informe que va a presentar, que supongo que a esta
Cámara nos llegará también, porque el del Banco de España no nos lo
facilitaron. Por cierto, señor presidente de la Comisión, sería
interesante que el informe del Banco de España también llegara a esta
Comisión. Confío en que ese informe que pasarán al Gobierno, lo
faciliten también a este Parlamento para que tengamos más datos para
seguir debatiendo un tema que es de enorme interés, que afecta a los
comerciantes, pero también a todos los consumidores.




El señor PRESIDENTE: Por la parte que atañe a esta Comisión, he de
decirles que el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia ha
sido solicitado a requerimientos de esta Comisión. Luego,
lógicamente, no es que esperemos que se nos remita el informe aparte
de que se envíe a otro órgano del Estado; es que se tiene que remitir
pura y exclusivamente a esta Comisión, sin perjuicio de que además se
pueda mandar a otros órganos. ¿Grupos que deseen fijar su posición
también al respecto? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVASÁNCHEZ: Sabe la Comisión el interés del Grupo
Parlamentario Catalán, a cuyo portavoz en esta Comisión sustituyo
incidentalmente en el día de hoy por motivos obvios postelectorales,
en toda la problemática referente a las tarjetas de crédito y débito,
partiendo obviamente de la base, que aquí ya ha sido puesto de
manifiesto, de la ausencia de regulación y de desarrollo, tanto desde
el punto de vista de legislación estatal como desde el punto de vista
de normativa comunitaria, y desde luego muy vinculado también a la
falta de transparencia, que en el fondo no deja de ser o determina
una cierta presunción asimismo de falta de competencia en la
especificación de algunos de sus conceptos.

En el día de hoy, el objeto de esta comparecencia tiene desde luego
como motivo fundamental los problemas que respecto al cumplimiento de
la normativa de competencias pueden sufrir las tasas de descuento o
las tasas de intercambio. Pero también hace muy pocas semanas
aprobaba el Pleno del Congreso otra moción, en este caso respecto a
excedidos en cuentas y de intereses derivados también de tarjetas, de
débito o incluso de crédito, en la que se ponía de manifiesto la
falta de transparencia e incluso se requería al Tribunal de Defensa
de la Competencia para que pudiese informar al respecto y que
precisamente su informe pudiese determinar cierta posición de esta
Cámara respecto de la vigencia o revisión de la Ley Azcárate de 1908.

Por lo tanto, no podemos sino felicitarnos por este avance en cuanto
al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Creo que si
algo ha quedado puesto de manifiesto es la absoluta falta de
transparencia que, como decía anteriormente, determina una cierta
presunción de que no se están cumpliendo o que se adoptan decisiones
concordes que no se ajustan al principio de libre competencia; desde
luego continuamos, por así decirlo, a la espera de un informe más
detallado, que permita también que los diversos grupos parlamentarios
podamos adoptar algunas decisiones
al respecto, sin perjuicio obviamente de la competencia que ya en
función de la propia ley de desarrollo presenta el Tribunal de
Defensa de la Competencia.

Por lo tanto, continuamos, en ese sentido, a la espera, e instamos al
Tribunal a que, además de elaborar los informes que corresponda,
ejerza también las competencias que la ley le atribuye para incidir,
para actuar directamente en estos temas, sin necesidad incluso de que
el Legislativo tenga que promover un impulso especial.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Gómez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Agradezco, en primer lugar, la
comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Éste es un tema que ya ha sido expuesto con toda
claridad por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, del Grupo Socialista y del Grupo Catalán.

No voy a incidir en los mismos temas, porque la posición de los
grupos parlamentarios está clara. Estoy de acuerdo con la brillante
exposición, diáfana y objetiva que han realizado: ausencia de
regulación, ausencia de transparencia, falta de equilibrio en la
relación entidad financieracomerciante y por tanto, usuario, así como
la necesidad -no solamente del Estado español sino también de la
Unión Europea- de regular con mayor profundidad esta utilización del
llamado dinero plástico.

Esperamos que el informe del Tribunal, entidad que usted preside,
adopte las medidas necesarias para una mayor y mejor solución de los
problemas que van surgiendo en perjuicio del consumidor, que es al
fin y al cabo la razón y el objetivo fundamental de la creación del
propio Tribunal.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Gómez Darmendrail.




El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: También, como todos los grupos
anteriores, evidentemente quisiera agradecer en nombre de mi grupo la
comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia.

El uso de las tarjetas electrónicas como instrumento de pago ha
experimentado un incremento espectacular en nuestro país y en general
en toda la Unión Europea. Se trata de un servicio que agiliza la
gestión de la tesorería y que supone una mejora, una comodidad en la
realización de las compras, tanto del pago de las mismas por el
cliente como del cobro por el comerciante, pero que conlleva también
una serie de riesgos y costes de los que adolecen otras modalidades
de instrumento de pago.

Evidentemente, dada la importancia que este medio de pago tiene y va
a tener, parece normal y obligado que tanto el Gobierno como la misma
Unión Europea, el Banco de España y el propio presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia, presten atención a cualquier aspecto
que pueda afectar a la utilización de estas tarjetas. Y el objetivo
debe ser lograr la máxima transparencia y eficiencia, no sólo en el
funcionamiento de este instrumento de pago,también en todo lo que
afecta a nuestro sistema financiero.




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Ypor esta razón, ya el Grupo Popular presentó una serie de propuestas
a lo largo de esta legislatura, dirigidas a mejorar el actual
sistema, de forma que todas las partes implicadas en él actúen de
forma clara, con la suficiente información y sin ningún tipo de
intervención por parte de la Administración.

Y así, recientemente, ante el conflicto que ha tenido lugar entre
comerciantes y entidades emisoras de tarjetas, nuestro grupo propuso
la creación de una mesa de negociación que debía estudiar los
problemas existentes y sus posibles soluciones y en la que debían
sentarse, y así fue, los diferentes representantes de los
comerciantes, de las entidades participantes en el sistema de pago
mediante tarjeta y expertos independientes.

Esta propuesta y su rápida puesta en funcionamiento han permitido
alcanzar un doble objetivo. En primer lugar, se ha creado un
instrumento que está en consonancia con la libertad de mercado,
objetivo perseguido por nuestro actual ordenamiento y por el de la
Unión Europea. Algunos grupos parlamentarios fueron en su día
partidarios de establecer unas comisiones máximas, que debían
supuestamente garantizar los derechos de los participantes en este
mercado. Olvidaban que su propuesta no sólo era contraria a la
libertad de mercado que actualmente propugna nuestro ordenamiento,
también lo era respecto de los intereses de nuestros ciudadanos, ya
que, como declaró en su día el Banco de España, poner límites de
forma arbitraria al cobro de comisiones supone debilitar a las
entidades de crédito frente a sus competidores, lo que a su vez va en
detrimento de sus clientes. Y esta posición también ha sido defendida
por la Unión Europea, como demuestra la directiva sobre cláusulas
abusivas, al establecer que es el juego del mercado el que mantendrá
el importe de las prestaciones en el nivel justo. Y en segundo lugar,
esta Comisión ha constituido el origen de la negociación entre las
entidades financieras y comerciantes, que ha permitido alcanzar el
pasado 12 de mayo la consecución de un acuerdo, señor Gimeno, según
el cual los representantes de las organizaciones de medios de pago se
comprometen a acondicionar de forma progresiva las tasas de
intercambio de competencia interbancaria, fijando de forma inmediata
en 3,5 por ciento todas las tasas superiores a ésta y continuando
dicha reducción anualmente hasta llegar al 2,75 durante los tres
próximos años.

Hay que reseñar que este acuerdo ha sido alcanzado en el marco de una
negociación en la que libremente han participado todas las partes
afectadas y cuyo resultado es beneficioso para todos los ciudadanos
en general, demostrándose una vez más que el sistema de libre mercado
no debe ser alterado con ningún tipo de medida intervencionista.

En 1997, la tasa media de comisiones cobradas en Alemania, Reino
Unido, Italia y Francia fue del 2,1, 1,5, 2,8 y 1, respectivamente.

En nuestro país fue del 2 por ciento, por debajo de países tan
importantes como Alemania e Italia. Y este acuerdo sitúa aún más
cerca a nuestro Estado de los niveles medios franceses, los más bajos
de nuestro entorno, con la diferencia de que el sistema de pago
electrónico establecido en nuestro Estado es, si no el más moderno y
eficaz, sí uno de los más desarrollados del mundo y que, a diferencia
del resto de países, las terminales telefónicas y su instalación son
soportadas por las entidades emisoras y no por los comerciantes, por
lo que los
costes para éstos son menores. Parece claro, por consiguiente, que el
sistema de libre mercado está funcionando al mismo nivel que en el
resto de Europa y que nuestros ciudadanos, que como consumidores
finales son los principales afectados, se están beneficiando de ello.

Y en esta línea, y con esto termino, señor presidente, se debe
continuar poniendo en marcha medidas que faciliten el entendimiento
entre las diferentes partes que componen nuestro mercado. La comisión
creada para estudiar la evolución de estas comisiones ha sido y será
en el futuro un instrumento válido, pero debe complementarse con
otros que nos permitan anticiparnos a las demandas de nuestra
sociedad. Debemos continuar creando un marco legal que garantice
a los consumidores el acceso total a la información que necesiten y la
transparencia de todos los mecanismos que operan en el mercado. Sólo
así la libre competencia continuará teniendo la buena salud que al
día de hoy representa.

No obstante, esperamos también, como el resto de los grupos,
completar nuestra información con la lectura del informe que en su
momento solicitó el Gobierno del presidente del Tribunal de la
Competencia.




El señor PRESIDENTE: A continuación, y para contestar las preguntas y
sugerencias formuladas, tiene la palabra el señor presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): Voy a ser muy breve. Quiero empezar agradeciendo los
comentarios, sugerencias e información obtenida de los distintos
representantes de los grupos parlamentarios en un tema tan complejo
como éste, sobre todo en el momento del análisis, que se explica
sobre todo por la opacidad de determinados procedimientos. Es fácil
analizar e interpretar lo que se conoce perfectamente; es bastante
más difícil sustituir con ideas abstractas situaciones concretas.

Hasta el presente, los informes del Tribunal de Defensa de la
Competencia hacían referencia a propuestas de desregulación o de
modificación de normas cuando ellas suponen restricciones manifiestas
a la competencia. En este caso se planteaba una cuestión singular,
justamente por lo que se ha dicho. Éste es un sistema en el que la
regulación es mínima; en consecuencia, promover medidas de
modificación de normas es algo particularmente difícil, por no decir
imposible.

Pero quiero hacer referencia y mostrar mi satisfacción por las
manifestaciones del señor Gimeno y por haber pasado del escepticismo
inicial a un mayor optimismo. Pero yo quiero recalcar una cuestión
que limita no solamente el alcance de mi intervención en esta
Comisión, sino incluso el propio de los informes que realiza el
Tribunal de Defensa de la Competencia. Ningún órgano que juzgue puede
prejuzgar, porque si lo hace se va a solicitar el correspondiente
pronunciamiento del Tribunal cuando tenga que juzgar. En
consecuencia, esto impone muchas limitaciones a cualquier tipo de
actuación y de manifestación. Cosa distinta sucede cuando el Tribunal
tiene pronunciamientos en forma de resoluciones, porque en estos
casos se pueden abordar las cuestiones sobre la base de ejemplos
analizados, y además de ejemplos analizados y resueltos conjuntamente



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en un órgano colegiado; porque pertenecer a un órgano colegiado
impone también limitaciones al propio pensamiento, porque uno no
puede expresar sus ideas, sino exclusivamente las del conjunto del
órgano. Ésta es la razón por la cual intentamos abordar el análisis
en términos generales, sabiendo que esto deja al lado
particularidades que pueden ser importantes, y que en nuestro caso
deben ser analizadas como casos concretos, cuando las
correspondientes denuncias, en caso de haber acuerdos prohibidos por
la competencia o abuso de posición de dominio, se plateen ante el
servicio de defensa de la competencia, como así ocurrirá en el caso
de que la denuncia en su día presentada llegue hasta el Tribunal.

Éstas son limitaciones importantes. Éste es el motivo por el cual
intentamos abordar el tema en términos generales y por el que creímos
que el mejor procedimiento para conocer lo que sucedía era la
realización de una encuesta que nos permitiera ver qué ocurría -digo
en términos generales- en el conjunto de este sistema.

Es cierto que hay margen para reducir las tasas de descuento. Uno
piensa que casi siempre hay margen para reducir costes, que
descienden mejorando la eficiencia. Yel Tribunal siempre ha sostenido
que, cuando en los mercados hay situaciones en las cuales algún
operador dispone de un cierto poder de dominio, juega con muchas
ventajas, porque tiene menos dificultades para traspasar incrementos
de costes a precios que aquellos operadores que actúan en régimen de
competencia. Y ésa es la razón por la cual en muchas ocasiones los
operadores procuran llegar a acuerdos para restringir la competencia.

Pero esto tiene que analizarse en cada caso concreto con objetividad
y de acuerdo con lo que está prescrito en la propia Ley de defensa de
la competencia.

Anosotros, la idea de la autorización singular nos parecía oportuna,
pese a algunos problemas que conlleva, porque el artículo 3 está
presuponiendo que algo ocurre en el mercado que tiene que ver con la
competencia. Pero la propia ley dice que determinadas restricciones a
la competencia pueden ser autorizadas si las ganancias obtenidas por
el procedimiento superan los posibles inconvenientes. Y eso solamente
se puede determinar mediante un análisis concreto, pormenorizado de
una situación, en algunos casos opaca, que mediante este método se
puede hacer transparente. No se puede hacer transparente en la fase
actual, pero sí en una fase posterior. Yse plantean cuestiones
relevantes que usted ha mencionado, como que el usuario de la tarjeta
de crédito sea quien se haga cargo de los costes. Pero como son
muchos los que participan en el sistema y son muchos los que se
benefician de él, posiblemente en el análisis deberíamos incluir
también otros agentes económicos, como los propios comerciantes. Digo
que el análisis es complejo; conocer con precisión los elementos de
riesgo no es una cuestión fácil, la información sólo puede proceder
de las propias entidades afectadas y de análisis específicos sobre
estas cuestiones.

En todo caso, yo quisiera señalar una cuestión que me parece
relevante, que es la sustitución de la negociación entre un banco y
cada uno de los comerciantes por la negociación entre una o diversas
entidades financieras y un colectivo de comerciantes. Yo creo que eso
se puede hacer dentro o fuera de lo que está prescrito en la Ley de
defensa
de la competencia. Pero, en cualquier caso, tenemos un instrumento
sabiamente incluido en la ley, que es el de las autorizaciones
singulares y este balance debe realizarse entre ventajas e
inconvenientes. Y además, como decía en mi primera intervención, el
procedimiento de autorización singular tiene una ventaja enorme, que
es la posibilidad de que el servicio de defensa de la competencia
periódicamente pueda vigilar el cumplimiento de aquello que ha sido
autorizado, con el cual el sistema se puede hacer más trasparente,
mucho más ágil y se puede conseguir lo que creo que es necesario en
todas las actividades de la economía, que es la mayor eficiencia de
unos y de otros, mayor eficiencia que necesariamente tiene que
traducirse en menores costes. Todo esto debe conducir inequívocamente
a una mejora de la competitividad y del nivel de bienestar de los
ciudadanos.

Yo creo, como decía el presidente de esta Comisión, que el informe
del Tribunal va a llegar a sus destinatarios naturales, que no son
otros que ustedes.

Debo agradecer al señor Silva y al señor Gómez sus intervenciones y,
en el segundo de los casos, sus amables calificativos a mi
intervención.

Y quiero terminar con algún comentario adicional a la intervención
del señor Gómez Darmendrail. Estoy totalmente de acuerdo con usted,
absolutamente de acuerdo en que el objetivo es la máxima
transparencia y la eficiencia, las dos cosas van ligadas. Los
mercados cuando son transparentes se convierten en eficientes. El
riesgo de no andar por la senda de la eficiencia es la desaparición
de mercados. De esa transparencia se van a beneficiar, entiendo yo,
particularmente los comerciantes y los propios ciudadanos que
utilizan unos instrumentos por los cuales pagan un precio, cuyo
proceso de formación en muchas ocasiones desconocen.




Yo creo que fue una buena idea la creación de la mesa de negociación,
porque, ante situaciones de conflicto, se puede acudir a las leyes, a
la negociación o a ambos instrumentos simultáneamente, siempre y
cuando las negociaciones respeten aquello que está previsto en las
leyes. Nos ha sido útil, como creo que también a la mesa de
negociación, que las discusiones en la mesa y el análisis del
Tribunal se hayan llevado a cabo simultáneamente, porque de esta
forma se producían efectos de retroalimentación entre unos y otros.

Nosotros teníamos conocimiento de cómo se planteaban las cuestiones
en la mesa de negociación y en ella sabían cómo estaba planteando el
Tribunal estas cuestiones a las personas con las cuales nos estábamos
entrevistando. Conocían el proceso de análisis que estábamos
efectuando, que introdujo, entiendo yo, un cambio fundamental en la
dirección iniciada, que consistía en ver los problemas en la tasa de
descuento y no verlos en la tasa multilateral de intercambio. Es
decir, se produjo un cierto desplazamiento, en términos de los
supuestos contemplados por la Ley de defensa de la competencia, desde
el artículo 6, del abuso de posición de dominio, hasta el artículo 1,
de acuerdos que en determinadas circunstancias pueden contribuir a
reducir la competencia.

Yal final yo creo que se ha llegado a un solución, como no podía ser
de otra forma cuando las cosas se hacen con sensatez, perfectamente
complementaria, que es la de acordar cambios en el procedimiento con
un elemento inicial



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de referencia importante, que es la reducción de las tasas de
intercambio máximas. No conocemos cuál va a ser el impacto real de
esta reducción, por falta de datos. Pero al mismo tiempo, con la
intervención del Tribunal, caso de aceptarse la propuesta, y con la
sumisión de los acuerdos al procedimiento de autorización singular,
se reduce o se impide el riesgo de que en este procedimiento se
alcancen acuerdos contrarios a lo que está previsto en la Ley de
defensa de la competencia. Se gana en transparencia, se gana en
eficiencia y las ganancias totales obtenidas por el cambio de
procedimiento, no me cabe ninguna duda, como ocurre con los óptimos
paretianos, son superiores a los posibles inconvenientes. Y no me
cabe tampoco ninguna duda de que, con todos los ceteris paribus que
quisiéramos introducir en el análisis, esta situación es mejor que la
anterior. Lo que no sé es cuánto mejor.

Y esto es lo que quería decirles, señorías.




- LOS AVANCES ALCANZADOS EN MATERIA DE FLEXIBILIDAD DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO
(Número de expediente 212/001885.)



El señor PRESIDENTE: Acontinuación pasamos a la segunda de las
comparecencias planteadas, relativa a dar cuenta de los avances
alcanzados en materia de flexibilidad de la economía española, para
cuya exposición, y en el mismo orden de intervenciones y del debate
que habíamos seguido con anterioridad, tiene la palabra el señor
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amador Petitbo.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): Señorías, agradezco nuevamente esta oportunidad que
me brindan de dar cuenta de los avances alcanzados en materia de
competencia, de flexibilización de la economía, dice la pregunta, en
la economía española.

Aquí mis excusas por la falta de preparación deben ser más intensas
que en el caso anterior. Con un tiempo limitado se puede preparar
algo, pero posiblemente no se pueda preparar todo. Repito, yo debo
excusarme de entrada en este caso claramente por insuficiencia de
documentación concreta y posiblemente por alguna imprecisión en
alguna de las cuestiones que voy a desarrollar, y prácticamente
debería decir que voy no a improvisar totalmente, pero sí en cuanto a
la forma.

Creo que hace unos años se sostuvo que era necesario profundizar en
la desregulación, liberalización y privatización de la economía
española para poder alcanzar los beneficios que esos procesos ofrecen
no solamente a los ciudadanos sino también a las empresas, y sobre
todo a las empresas eficientes. Yprobablemente los puntos de partida
de ese planteamiento eran generales. Se sabía lo que dicen los libros
de economía y se conocía cuanto había ocurrido en otros países. Se
sabía que la competencia contribuye a reducir los precios, mejora sus
ritmos de crecimiento y al final del procedimiento termina
incrementando el poder adquisitivo de los salarios nominales. Además
contribuye al crecimiento por los beneficios que introduce en las
condiciones de oferta y, en definitiva, contribuye a mejorar la
competitividad de las empresas, sobre todo de las empresas
eficientes. Esto es lo que conocía, esto es lo que decían los textos
de economía. Pero era necesario también ver lo que ocurría en la
realidad. Y hemos tenido ocasión en los últimos años de comprobar
empíricamente cómo los resultados de los procesos de desregulación,
liberalización, sobre todo, han sido plenamente acordes con aquello
que predice la teoría económica y con lo que habíamos observado en
los análisis correspondientes a otros países, y sobre todo en los
análisis realizados desde hace ya bastantes años en relación con los
resultados sectoriales y los resultados globales de la desregulación.

Los economistas americanos fueron pioneros, pero los trabajos que en
su día realizó el Comité de competencia y de comercio de la OCDE han
permitido obtener resultados suficientemente significativos de cuanto
acabo de decir.

Yhemos tenido ejemplos concretos que refuerzan todos estos
planteamientos. Y uno de ellos ha sido, por ejemplo, el de la
liberalización de las leches infantiles, que son un buen elemento de
referencia para conocer con cierta precisión qué ocurre cuando un
mercado, tradicionalmente protegido de la competencia, rompe las
cadenas de la protección y empieza a ser ofrecido a los consumidores
en un régimen competitivo. Se dan fenómenos importantes, porque, de
acuerdo con lo que dice la teoría económica, los precios se reducen
-en este caso la oferta no aumenta, pero mejora de calidad- y se
produce una distribución de cuotas de mercado que lógicamente
perjudica a quienes habían sido beneficiados por el poder de
monopolio y beneficia a todos aquellos que, como consecuencia de la
eliminación de las barreras de entrada, han podido participar en el
mercado. Los precios se han reducido del orden del 25 al 30 por
ciento y los cambios de cuota de mercado superan sin ninguna duda el
25 por ciento. Éste es un caso sencillo, claro. Pero el mismo tipo de
análisis, con las matizaciones correspondientes a cada sector, podría
aplicarse al del transporte aéreo de personas o al de los servicios
de telecomunicaciones.

Yo creo que las cuestiones planteadas en la pregunta constituyen una
buena ocasión para recordar realizaciones en materia de competencia y
para traer también a colación algunas cuestiones que, desde la
perspectiva de los partidarios de liberalizar la economía, deberían
ser objeto de un nuevo impulso liberalizador.

He hecho referencia a la falta de tiempo, objetiva en este caso, para
preparar la respuesta que hubiera querido ofrecer, que fuera
documentada, adecuada al objetivo y a la relevancia del tema que
estamos discutiendo. Pero quiero empezar por lo que en mi opinión
quizá es lo más relevante, afirmar que en los últimos años se ha
avanzado, y mucho, en materia de liberalización y además con un paso
firme, y ello, pese a algunos retrocesos, como el caso del sector
comercial, y a algunos frenos, como ha ocurrido en algunos sectores,
entre los cuales no me resisto a citar el del suelo urbanizable o el
de la distribución de libros. Ha habido avances, retrocesos, avances
acelerados. Yo creo que ha ocurrido, en términos generales,
aproximadamente lo mismo que en otros países, porque el análisis de
la historia de la liberalización pone de manifiesto que se trata de
una tarea ardua y no exenta de dificultades, porque lo que



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se contraponen son intereses económicos, que en ocasiones son de
envergadura, y justamente ella en ocasiones facilita el proceso, pero
en otras lo dificulta.

Yo creo que es relevante decir que en estos momentos la sociedad
española reclama que se liberalicen actividades que durante mucho
tiempo han estado protegidas de la competencia. Y esta reclamación
tiene su justificación no sólo por los beneficios que los ciudadanos
han percibido que reciben del proceso de liberalización, sino también
por los efectos positivos que tiene, sobre todo sobre las empresas
eficientes y sobre el conjunto de la economía, pero asimismo sobre
las empresas menos eficientes, cuando éstas son capaces de adaptarse
a las nuevas circunstancias, lo que en muchas ocasiones les supone un
esfuerzo particularmente importante.

Quiero señalar que, en su comparecencia ante esta Comisión el día 4
de marzo de 1999, el secretario de Estado de Economía presentó un
informe de progreso sobre las reformas en los mercados de bienes,
servicios y capitales, y que en dicho informe se hacía referencia a
los avances en materia de liberalización de mercados, sectores y
actividades, así como al proceso de privatización. Se refirió incluso
a las modificaciones parciales de la propia Ley de Defensa de la
Competencia, a las que sin duda seguirán otras de mayor calado, con
el fin de proseguir en el proceso de adaptación de los órganos de
defensa de la competencia y de sus funciones a la nueva situación de
los mercados y a la demanda que en estos momentos plantea la
sociedad.

Hecho aquel balance, en estos momentos parece pertinente acercar algo
más el objetivo de la Cámara a sectores, mercados y actividades
concretas y examinar algunos casos específicos, recordando
previamente que voy a referirme a procesos de liberalización y de
desregulación y de introducción de competencia sobre la base de
aquellas propuestas que en los últimos años ha hecho el propio
Tribunal de Defensa de la Competencia. No seguir este camino
supondría seguir el procedimiento alternativo, con lo cual los
solapamientos con la intervención citada del secretario de Estado
serían en cualquier caso excesivos. Empezaré diciendo que el punto de
referencia de la actividad del Tribunal ha sido el artículo 26 de la
Ley de Defensa de la Competencia, que atribuye a dicha institución
funciones consultivas y de emisión de informes sobre materias
relacionadas con la libre competencia, informes que pueden ser
llevados a cabo por decisión propia o a partir de la solicitud de las
asociaciones o de otras instituciones contempladas en la ley.

Antes de abordar estas cuestiones específicas, he de señalar que el
proceso de liberalización y de derogación ha resultado impulsado
además por decisiones, por resoluciones del Tribunal en algunos
sectores específicos, como pueden ser el pan, la leche, el azúcar, la
sidra, la distribución de pescado, telecomunicaciones, funerarias,
productos petrolíferos, etcétera. Y que, complementariamente, el
Tribunal, en algunas ocasiones, ha tenido un papel creo yo que
relevante en la defensa de la competencia a través de los informes
sobre operaciones de concentración que ha remitido, como está
preceptuado en la ley, al Gobierno. Y creo que el caso reciente de
Coca-Cola es un caso elocuente.

Voy a tener que simplificar, porque los aspectos contemplados son
muchos. Haré referencia a los que me parecen
particularmente relevantes y luego, para terminar, a algunos de
carácter más general. El Tribunal se refirió hace ya bastantes años,
en 1992, a la regulación restrictiva de la competencia en materia de
colegios profesionales. Y cuando hacemos balance de aquellas
propuestas, el resultado es que la mayoría de ellas han sido
adoptadas o están en proceso de adopción, pese a que en determinados
momentos aparecen cuestiones susceptibles de ser analizadas desde la
perspectiva del derecho de la competencia. Y quiero citar, por poner
referencias inmediatas, cuestiones relacionadas con la Ley de
edificación, cuestiones relacionadas con auditores y abogados y otras
por el estilo.

Se ha avanzado, pero, como decía al principio, surgen en ocasiones
intentos para alcanzar excepciones a aquellos principios generales
liberalizadores que deben ser examinados con sumo cuidado. Pero
entiendo que someter a los colegios profesionales, con excepciones,
con pocas excepciones, pero con ellas a la legislación sobre la
competencia y establecer libertad de precios ha supuesto un cambio
fundamental en relación con la situación anterior al año 1992. No
cabe duda de que, en materia de telecomunicaciones, el avance ha sido
considerable. La separación entre regulador y regulado, adelantar la
fecha de liberalización, garantizar la igualdad de los operadores de
telecomunicaciones, liberalizar rápidamente y de forma flexible el
sector, la aprobación de una ley de televisión por cable, la
aplicación de las normas de la Unión Europea, etcétera, han sido
modificaciones significativas, pese a que todavía quedan cuestiones
relevantes por resolver, como el reequilibrio de determinadas tarifas
o cuestiones, susceptibles de ser calificadas como barreras de
entrada, que deberían ser destruidas para permitir el paso de la
competencia a aquello que los economistas denominamos «competencia
efectiva en el mercado», es decir, una situación en la que el número
de operadores económicos sea suficiente, que los operadores
económicos sean de dimensión parecida y que además compitan
fuertemente entre ellos.

Se ha avanzado también en materia de transporte aéreo. Posiblemente
queda algún aspecto relevante, como el libre acceso a los sistemas
informáticos de reservas. Se ha avanzado en transporte terrestre por
carretera. Pero todavía podíamos dar pasos admitiendo el cabotaje
consecutivo o experimentando qué ocurriría si en determinados
corredores se abriera el mercado a la competencia y pudiéramos pasar
de un sistema de concesión a un único operador a un sistema de
concesión a varios operadores simultáneamente. Se ha liberalizado el
cabotaje marítimo nacional, el movimiento de los fletes marítimos. Lo
mismo ha ocurrido en algunos aspectos del transporte ferroviario.

Pero el Tribunal propuso algo que nos parecía conveniente, como es la
concesión a una empresa distinta de Renfe de una línea de transporte
ferroviario de viajeros de cercanías. Algo se ha empezado a hacer en
esta cuestión, pero la introducción de nuevos competidores permitiría
obtener algo tan importante como es información sobre la situación
del mercado respecto a determinadas variables, que solamente puede
ofrecer un sistema de competencia. Ha habido avances en el sector
eléctrico. Hay discusiones pendientes todavía de solución y de
pronunciamiento por parte de las autoridades comunitarias. Ello pone
de relieve la dificultad de analizardesde la perspectiva de la
competencia con precisión el



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asunto sometido a discusión. Pero quedan algunas cuestiones que
deberían ser reconsideradas, como las relacionadas con la tarifa G4.

En algunos casos se plantea un tema de interés, y es que, tras la
libralización de algunos mercados, condición necesaria para que haya
competencia, no se da el paso siguiente de introducir competencia,
por razones diversas: o bien como consecuencia de decisiones libres
tomadas por los propios operadores económicos, o bien porque a la
denominación de normas restrictivas de la competencia se suman nuevos
elementos que son restrictivos de la competencia. Y algo de esto ha
ocurrido en el sector de servicios funerarios. El Tribunal propuso la
supresión de los servicios mortuorios de la lista de actividades
monopolizables por los entes locales. Se liberalizó. El Tribunal
propuso que el criterio de referencia no fuera de numerus clausus
sino de numerus apertus. Esto se liberalizó, pero, a continuación
y al amparo de sus competencias, determinados ayuntamientos incluyeron
nuevos elementos que en algunas circunstancias se han traducido en
barreras de entrada a nuevos operadores, restringiendo de esta forma
la competencia potencial en el sector.

Hay sectores particularmente importantes para el conjunto de la
economía por su incidencia en la totalidad de sectores, mercados y
actividades. Quiero referirme al suelo urbanizable, por su
importancia. Estamos observando estos días en los medios de
comunicación los datos correspondientes a la evolución del precio de
la vivienda. Y los propios medios de comunicación nos ofrecen datos
relacionados con el impacto del coste del suelo sobre el precio de la
vivienda. Es cierto que la voluntad del Gobierno fue liberalizar el
suelo urbanizable y es cierto que, tras el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional, pudimos contemplar cómo, a continuación de
pasos dados hacia adelante, se dieron pasos hacia atrás. Y eso ha
tenido un efecto particularmente importante, en un momento en el que
la oferta del suelo, limitada históricamente, ha visto cómo se
frenaba su tasa de crecimiento, al mismo tiempo que la demanda de
vivienda se incrementaba de forma significativa, lo cual, a su vez,
exige un incremento de la oferta de suelo, si se quiere equilibrar el
mercado. Yen ese proceso han surgido nuevos fenómenos, posiblemente
comprensibles desde la perspectiva del proceso de financiación de las
haciendas locales, como han sido la oferta del suelo escaso en
régimen de subasta, que ha contribuido a incrementar el precio de
este suelo y, en consecuencia, no ha tenido otro resultado o no va a
tener otro resultado que el de incrementar consecuentemente el precio
de la vivienda.

El Tribunal quiere recordar lo que en su día propuso y defendió, que
no era otra cosa que se precisara cuál es el suelo urbanizable en
todo el territorio nacional, de acuerdo con un plan de prioridades
públicas en función de valores medioambientales, paisajísticos y
ecológicos, y que, una vez precisado este suelo no urbanizable, se
permitiera, con determinados criterios generales, urbanizar en el
resto de suelo. Y además, como esto, sin ningún tipo de duda,
conllevaría problemas de financiación para los entes locales,
entendíamos que este problema, importante, porque incide no solamente
en la capacidad de consumo de los ciudadanos, sino también en los
costes de las empresas, debería estudiarse simultáneamente a un
replanteamiento de los
procesos de financiación de los entes locales. Yno nos cabe duda de
que hay que hacer un esfuerzo de reducción de plazos y etapas de
edificación, de calificación y de gestión del suelo, porque, a pesar
de que se ha reducido el tipo de interés, la dilatación de tales
plazos tiene efectos inequívocos sobre los precios. Se recomendó en
su día que las operaciones de concentración del sistema financiero,
los términos, las concentraciones bancarias, se sometieran al
procedimiento de control previsto en la Ley de Defensa de la
Competencia. Recientemente, y por primera vez, el Tribunal ha tenido
ocasión de examinar uno de estos procesos de concentración, el de el
BSCH, y, tras el examen pertinente, ha remitido, como está previsto,
su informe al Gobierno para su pronunciamiento posterior.

Es cierto que se ha avanzado notablemente en el proceso de
liberalización de puertos. Se ha dotado de mayor autonomía a las
autoridades portuarias para desarrollar una política de descuentos
tarifarios, se han introducido sistemas de incentivos, se ha
fomentado la concesión a empresarios privados de terminales de uso
general, se han liberalizado los servicios de remolque, se han
liberalizado los servicios de amarre. Pero quedan pendientes algunas
cuestiones que en su día fueron propuestas por el Tribunal, por
ejemplo, la supresión de las restricciones cuantitativas para el
acceso a la condición de práctico de puerto. Propuso también el
Tribunal la suspensión de las posibilidades de nuevas contrataciones
en las sociedades estatales de estiba y desestiba ya constituidas,
propuso convertir paulatinamente estas sociedades en auténticas
empresas de trabajo temporal, propuso también sustituir el sistema de
concesión en la prestación de servicios de estiba y desestiba por un
sistema de autorizaciones administrativas regladas para operar en
sistemas o en régimen de competencia, y propuso establecer la
libertad de prestación de servicios de carga y descarga, estiba y
desestiba, para todas aquellas empresas que se comprometieran a
asumir en sus plantillas el porcentaje o número que se determine de
trabajadores pertenecientes a las sociedades de estiba y desestiba. Y
otras muchas cuestiones fueron abordadas en el proceso de
liberalización de los puertos, pero queda pendiente alguna
importante, además de las que he citado, como el establecimiento de
la libertad de precios para los servicios citados de estiba,
desestiba, carga y descarga.

En distribución de productos petrolíferos se ha dado la circunstancia
que mencionaba anteriormente. Se liberaliza el sector, pero, por
determinadas cuestiones, el paso de la liberalización a la
competencia efectiva es un paso difícil, entre otras cosas por las
limitaciones en materia de suelo urbanizable y por el precio de dicho
suelo. Es cierto que se ha liberalizado la comercialización de
carburantes sometidos todavía a regímenes especiales y que se ha
liberalizado el precio de los gasóleos y de las gasolinas, pero queda
todavía, como decía, avanzar en materia de suelo, encargar una
auditoría de gestión al CLH, que permita asegurar la existencia de un
trato neutral a todos los operadores e imponer a la corporación de
reservas estratégicas que la propuesta del plan de localización se
formule por un consultor independiente. Éstas fueron las propuestas
hechas en su día por el Tribunal. No se han adoptado, o se han
adoptado tan sólo parcialmente, las propuestas relacionadas con la
liberalización del precio de los libros a través de un procedimiento



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algo singular, como es la liberalización de los descuentos, lo que
supone aceptar el principio de precio fijado por el editor. Aceptado
este principio, la única fórmula para introducir competencia en
precios, igual que ocurre en el caso de las oficinas de farmacia, es
permitir a los que intervienen en el proceso de distribución
mayorista o minorista de libros que puedan aplicar descuentos a tales
precios.

Se puede avanzar en el sector de tabacos. Se puede avanzar, y mucho,
en el sector de oficinas de farmacia, eliminando restricciones a la
libre instalación, siempre y cuando, en el proceso de dispensación,
esté presente un titulado o un licenciado en farmacia. Y se puede
avanzar mucho, y eso tendría efectos positivos sobre el gasto de la
Seguridad Social, si se permitiera a los operadores económicos
aplicar descuentos sobre precios que son administrados, que son
determinados administrativamente y sobre los cuales hay poderosas
razones que justifican el que tales precios continúen siendo
administrados o determinados administrativamente. Más recientemente,
el Tribunal se ha referido al sector del gas, proponiendo la remoción
de barreras que impiden a nuevos operadores entrar en este mercado.

En un mercado como el del gas, en un mercado que progresivamente se
va convirtiendo en un mercado estratégico -no en vano el gas será el
input fundamental en el proceso de producción de energía eléctrica-,
sería bueno, digo, que en este sector pudieran entrar nuevos
operadores, ofreciendo nuevas condiciones de precio y de servicio a
los consumidores del gas. Es cierto que se ha dado un paso adelante,
es cierto que, como ocurre en el sector eléctrico, andamos mucho más
aprisa que el resto de países de la Comunidad, que estaban en
situaciones similares a la nuestra, pero el hecho de andar más
deprisa no significa que no se pueda, y posiblemente no se deba,
acelerar todavía más el paso.

También se ha referido el Tribunal a los servicios postales. Ha
detectado los avances en esta materia, aunque todavía encuentra que
faltan algunas cuestiones, que son ciertamente discutibles, como es
el mantenimiento del monopolio de fabricación de sellos. Pero los
avances en cuanto a autorizaciones, en cuanto a financiación, en
cuanto a separación del regulador y del operador y en cuanto a la
separación contable de las actividades de servicio postal universal y
el resto de actividades, con el fin de evitar subsidios cruzados
entre las mismas, nos ha parecido un paso adelante.

En definitiva, ¿el balance cuál sería? El balance sería que puede ser
y es el balance que se deduce del análisis cuantitativo y cualitativo
entre propuestas realizadas durante un conjunto de años y
transformaciones de estas propuestas en desregulación o en
elaboración de nuevas normas cuyo objetivo es la apertura del mercado
a nuevos operadores. El balance es claramente positivo en opinión del
Tribunal de Defensa de la Competencia, pero pone de manifiesto que
todavía hay piezas importantes que deben ser sometidas a discusión y
que van a permitir avanzar todavía más, que van a permitir reducir
algunos precios y mejorar las condiciones de la oferta, pasos
adelante que deben darse de la misma forma que se han dado aquellos
que se han traducido en resultados positivos.

Nada más gracias.

El señor PRESIDENTE: Acontinuación, por parte del grupo solicitante
de la comparecencia, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Petitbo, por su
comparecencia en esta Comisión. Tenemos que no sólo felicitarle por
la exposición que nos ha hecho en la mañana de hoy, sino porque el
balance de los asuntos tratados por el Tribunal que preside es un
balance que como acaba de finalizar usted diciendo, es bastante
positivo.

Si es interesante haber escuchado cuáles han sido los informes que ha
emitido el Tribunal o, por así decirlo, las recomendaciones que ha
elaborado de cara a la liberalización y el proceso de liberalización,
y si es interesante averiguar que el proceso ha tenido, como decía,
avances y retroceso, aunque me ha parecido entender que hacía usted
más hincapié en los avances que en los retrocesos, yo creo que lo
interesante de su comparecencia, señor Petitbo, es lo que queda por
hacer; es, de alguna manera, saber dónde tienen identificados los
estrangulamientos o los cuellos de botella a la competencia y
escuchar una exposición suya de cara al futuro.

Es evidente que hace pocos días estábamos aprobando en esta Cámara la
Ley de Colegios Profesionales. Es evidente que, en materia de
telecomunicaciones, en materia de servicios funerarios,
comunicaciones, transportes, ha habido grandes avances. Probablemente
una de las grandes asignaturas pendientes, a nuestro entender, es el
suelo. No sólo usted, sino otras instituciones han opinado que
existen demasiados elementos de falta de competencia en este aspecto.

Ypara esta Comisión sería importante, insisto, que nos pudiera hacer
una valoración de futuro, identificando cuáles son las cuatro grandes
áreas donde merecería la pena opinar y donde merecería la pena
impulsar nuevas modificaciones. Y, como ha dicho usted, hemos
asistido hace pocos meses a una intervención del secretario de Estado
de Economía y, por qué no decirlo, del vicepresidente de Economía.

Uno al hilo del programa de estabilidad y el otro al hilo del proceso
de liberalización podían estar anticipándonos, desde el punto de
vista del Ministerio de Economía, cuáles eran las áreas o las
materias en las que había que profundizar en ese proceso de
liberalización que todo y cada uno opinaban, como usted, que es el
elemento principal para el desarrollo de nuestra economía.

Ala vista de esos informes del Pacto de Estabilidad y a la vista del
programa de liberalización realizado y por realizar, nos gustaría
conocer la opinión de persona tan autorizada como es el presidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia. Y también, aprovechando su
presencia en esta sala, sabemos que en breve, por lo menos ya hemos
podido leerlo en medios de comunicación, se promulgará una nueva ley
sobre los órganos de defensa de la competencia, una nueva, por así
decirlo, estructura de dichos órganos. Aparte de que nos hablara de
ese futuro, de los puntos de estrangulamiento, de los cuellos de
botella, nos gustaría pulsar su opinión sobre el funcionamiento de
los órganos de competencia y sobre su funcionamiento futuro. Yya que
estamos hablando de los órganos de competencia, nos gustaría saber su
opinión sobre de qué forma nuestra integración en el área euro y en
definitiva en las instituciones



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económicas europeas puede afectar a todo el organigrama de la
competencia y de qué manera vamos a tener que estar atentos a las
referencias que en materia de competencia se nos envíen desde
Bruselas. Por último, una cuestión que creo que es importante.

Querríamos conocer si, en materia de fiscalidad, le parece a usted
que hay todavía alguna modificación que realizar para beneficiar la
capacidad de la competencia entre los operadores y de la competencia
de nuestra economía.

Señor Petitbo, reitero nuestro agradecimiento por su presencia en
esta Comisión y le emplazo a estas cuatro grandes cuestiones, que
pienso que son de interés para todos nosotros.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hablar de posiciones o
realizar algún tipo de preguntas o sugerencias?



Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: También quiero agradecer la
comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia y el tono de su intervención, porque, tanto en las
comparecencias de los distintos responsables del Ministerio de
Economía como cuando debatimos sobre reales decretos, o sobre la
presentación de superplanes de liberalización o sobre presentación de
informes por parte del secretario de Estado, estamos acostumbrados a
que la reforma de los mercados aparezca como algo casi totalmente
automático, la competencia aparece de manera mágica, se hace mucho
más eficaz la economía española, y eso supone que hay grandes
beneficios para todos los ciudadanos. Es decir, estamos acostumbrados
en este ámbito a un tono de triunfalismo que yo considero y que mi
grupo considera que es poco recomendable y a la larga poco efectivo.

Usted ha hablado de asignatura pendiente y de que hay muchas cosas
que hacer y creo que es mejor para el debate la utilización de este
tono que otros. Como también ha dicho usted, nadie pone en duda en
estos momentos los efectos beneficiosos que puede tener la
introducción de la competencia, fundamentalmente sobre la reducción
de los precios. Pero también ha dicho que estos efectos beneficiosos
sobre los precios sólo son tales cuando realmente hay una competencia
efectiva. La competencia efectiva no es automática ni se da como
consecuencia automática de un proceso de privatización, que muchas
veces se confunde con liberalización, sino que es fruto de la
existencia real de una rivalidad entre diferentes empresas que
compiten dentro de un mismo mercado. Por tanto, es algo evidente que
los incrementos de productividad y de eficiencia son mayores cuanto
menor sea la concentración empresarial y cuanto menos barreras
técnicas o legales existan para la incorporación de nuevos
competidores.

Dicho esto, un análisis puramente teórico, también me parece que
usted, especialmente por su propia trayectoria personal y sobre todo
por la función que ocupa en estos momentos, es consciente de la falta
de competencia que existe en múltiples sectores; de que hay una gran
insuficiencia de liberalización en sectores regulado, y yo creo que
de algo que se está dando últimamente y que es bastante
evidente, que es la concentración de poder económico que se está
registrando, tolerada, desde nuestro punto de vista, o incluso
fomentada en algunos casos por el propio Gobierno. En todo este globo
de procesos de liberalización, que, como ya he dicho, gozan de una
cierta retórica triunfalista por parte del Gobierno, la verdad es que
en el último real decreto-ley, el de 16 de abril, que se titulaba
real decreto de medidas urgentes y de incremento de la competencia,
todas las medidas que se introducían correspondían única y
exclusivamente a medidas que tienen que ver con tarifas públicas.

Había muy pocas medidas que tuvieran que ver con la creación de
verdaderas condiciones de competencia en mercados y sectores que
pensamos que están francamente necesitados. Yme voy a ir refiriendo
un poco por encima, a estos sectores en los que creemos que hay una
cierta necesidad de avanzar más en la creación de esas condiciones de
competencia.

El sector energético es, desde nuestro punto de vista, sin duda uno
de los sectores clave. Hemos vivido en esta legislatura la aprobación
de dos leyes claves para la liberalización y pensamos que el efecto
que han tenido estas leyes sobre la competencia ha resultado
francamente escaso. Francamente escaso o casi nulo. Me estoy
refiriendo lógicamente a la Ley eléctrica y a la Ley de
hidrocarburos. En lo que se refiere al sector eléctrico, quisiera
conocer cuál es la valoración que hace usted o que hace el Tribunal
de Defensa de la Competencia, si hace alguna, de la evolución que se
está dando en el mercado eléctrico, de lo que supone para la
competencia la existencia de determinados umbrales de legibilidad, de
la evolución que está habiendo de los precios, porque estamos
hablando de bajadas de los precios, pero nuestro punto de vista, y
así lo dicen los múltiples informes que circulan, es que corresponden
única y exclusivamente a comportamientos o caídas del tipo de
interés. ¿Qué tipo de valoración hace usted de la evolución del
mercado eléctrico? ¿Es una evolución positiva desde el criterio de la
competencia? También dentro de este mercado, del mercado eléctrico,
quisiera que se refiriera al comportamiento que pueden generar sobre
la propia competencia los famosos CTC, que, desde nuestro punto de
vista y desde múltiples informes, concretamente el de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, no hay duda de que afectan en sentido
negativo a la competencia, porque lógicamente impiden la entrada en
igualdad de condiciones a otra serie de competidores. Qué tiene que
decir el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre esto.

Sin ir más lejos, tenemos el último informe que ayer anunció un
determinado periódico económico y en el que hoy también profundiza,
un informe confidencial, encargado por la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico a la consultoría London Economics, en el que se
acusa a Endesa y a Iberdrola de impedir la competencia por su
excesivo poder de mercado, incluso utilizando los precios y pactos en
precios para llevar a determinados equilibrios que puedan convenir
a las dos partes. ¿El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene algo
que decir respecto a este informe?, No es el único. Lo cito porque es
el último y porque está en la prensa de hoy. En definitiva, este
informe lo que dice es que el mercado eléctrico no funciona como tal
mercado, no es un mercado competitivo. Siguiendo dentro del sector
energético,ha hablado usted algo de los carburantes. Yo quisiera



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ir un poco más allá. ¿Qué opinión le merece la competencia o la
llamada competencia en este sector, en el que, habiendo 6.300
gasolineras y 1.000 postes de reparto, está más del 80 por ciento en
manos única y exclusivamente de tres empresas, de manera directa o a
través de abanderamientos? ¿Qué efectos tiene esto sobre la
competencia o qué propuestas se pueden hacer para evitar que esto sea
así? ¿Hay alguna valoración por parte del Tribunal respecto al efecto
que ha podido tener en la liberalización de precios el que
desaparezca el precio máximo o la posibilidad de establecer un precio
máximo en los carburantes? ¿Qué efectos beneficiosos ha tenido en la
competencia? ¿Hay diferencias reales de precios fuera de las
puramente territoriales? Territorialmente sí existen diferencias,
pero si hacemos un análisis concreto de cada uno de los mercados en
los territorios,parece ser que el efecto no ha sido excesivamente
fuerte.

Ha hablado usted algo o me ha parecido a mí entenderlo, y quisiera
que lo recalcara un poco más, en otro sentido quizá. Que CLH sea el
monopolio del transporte en el sector petrolero, que el acceso a la
red sea un acceso negociado, estando en una situación de
preponderancia, lógicamente, el monopolista del transporte, no tiene
grandes inconvenientes para la entrada de competidores o la entrada
de nuevos suministradores. ¿Ha efectuado el Tribunal algún
seguimiento de todos estos temas? ¿En el ámbito de las gasolineras ha
habido denuncias? ¿Qué seguimiento se ha hecho? Quisiera que nos
explicara un poquito este tema.

Como conclusión, desde nuestro punto de vista parece ser que el
sector energético no es ningún modelo de mercado competitivo, y la
verdad es que no creemos que sea porque las cosas van despacio y hay
que esperar para pasar de un mercado monopolista a un mercado
competitivo, sino que nosotros creemos que las leyes no han
respondido a la necesidad de una liberalización real del mercado y
que realmente se ha caído en determinados intereses y poderes
económicos que en algunos casos sintonizan de manera importante con
el poder político.

En el ámbito de las telecomunicaciones, usted ha hablado algo, parece
que su balance era bastante satisfactorio. No tenemos nosotros esa
visión. Según el último informe de la Comisión Europea, España es el
país en el que menos han bajado los precios y además estamos
convencidos de que las últimas medidas que se han tomado en el real
decreto- ley no favorecen en ningún caso, en ningún caso -repito-, la
competencia en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿No habría que
tomar algún tipo de medidas? ¿Tienen ustedes alguna propuesta de por
qué no se favorece la competencia en el ámbito de las llamadas
locales y metropolitanas? ¿Por qué no hay propuestas para
promovercierta transparencia en el sistema de precios de los
operadores telefónicos para que los consumidores puedan pasar
fácilmente de un proveedor de servicios a otro? ¿No habría que hacer
un esfuerzo en ese ámbito?
Otro sector es el de la vivienda. Yo creo que usted ha hecho un
análisis más sereno y hemos visto que realmente no han llegado todas
aquellas medidas que nos anunciaban, haciendo que toda España era
suelo urbanizable iban a acabar con la especulación de la vivienda y
que iba a ser algo terrible. Usted ha hecho el análisis, no sólo
usted sino incluso también el portavoz del Partido Popular ha dejado
ese triunfalismo que estaban utilizando en otros momentos
y ha reconocido que el sector del suelo es precisamente uno de los
mercados en los que se están registrando grandes retrocesos en el
ámbito de la competencia.

Respecto al transporte, ha hecho usted alguna afirmación de cierto
conformismo o cierto balance positivo respecto a la evolución; pero
parece ser que los precios en el transporte aéreo siguen
considerándose en muchos ámbitos como precios pactados por las
compañías y no hay conciencia por parte de la opinión pública de que
realmente exista una verdadera liberalización de ese mercado. ¿Qué
piensa el Tribunal de Defensa de la Competencia respecto a esto?
Aparte de algunos otros mercados que usted ha citado, sí quisiera
hacer una referencia o alguna consideración respecto a algo que he
citado al principio y es el proceso de concentración de poder
económico que se está dando en los últimos tiempos y que desde luego
no sería permitido en otros países. Concentraciones, cruces de
participaciones, compras y ventas que no se le escapatienen gran
importancia en sectores de mucho peso como son el sector energético,
los de las comunicaciones y lógicamente el sector financiero.

Creo que estamos asistiendo a la creación de grandes mercados
oligopolísticos y a nosotros nos preocupa fundamentalmente la
existencia de este tipo de mercados y los niveles que están
alcanzando. ¿Qué medidas, o piensa el Tribunal de Defensa de la
Competencia que deberían establecerse determinados mecanismos para
proteger la competencia y qué tipo de mecanismos puede utilizarse?
¿Ha dicho algo el Tribunal de Defensa de la Competencia respecto
a esto? ¿Tiene pensado decir algo?
No quiero acabar mi intervención sin hacer referencia, como ha hecho
antes el portavoz del Grupo Popular, a su opinión respecto a la
reforma de la legislación en materia de competencia. Por parte del
Gobierno se ha anunciado de manera reiterada la aprobación de un
nuevo proyecto de Ley de reforma de defensa de la competencia que no
termina de aparecer, pero existen borradores por ahí. ¿Qué opinión le
merece el borrador que circula y específicamente, como también ha
señalado el portavoz del Partido Popular, qué opinión le merece el
papel a que queda relegado el propio Tribunal de Defensa de la
Competencia y el refuerzoque parece se da al servicio de defensa de
la competencia? Éstas son las preguntas que deseo me conteste.

Quisiera hacer una reflexión final sobre la opinión que le merece a
mi grupo el tema de la competencia y sobre todo la actuación del
Tribunal de Defensa de la Competencia.

Desde nuestro grupo, usted lo ha dicho en algún momento, creemos que
es necesario exista una actitud más beligerante, no me estoy
refiriendo a beligerante en el ámbito de enfrentamiento sino
beligerante en el ámbito de tener iniciativa, de generar polémica, de
generar debate, de que podamos conocer y debatir sobre es el nivel de
competencia que se va a alcanzando, cuáles son los límites a esa
competencia, cuáles son las propuestas que debemos ir haciendo, tanto
desde el ámbito legislativo como me imagino que desde el ámbito del
poder ejecutivo, para que podamos llegar a una liberalización de
mercados real, a una competencia efectiva, que afecte de manera
beneficiosa a los ciudadanos, que realmente es el único objetivo de
la competencia, no sólo los beneficios de determinados



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ámbitos del poder económico sino el beneficio general de cada uno de
los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Gómez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, y tras agradecer la
exposición que ha hecho el presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia para dar cuenta de los avances alcanzados en materia de
flexibilidad de la economía española.

No voy a entrar, porque se ha hecho aquí con todo detalle, en el
seguimiento de cada uno de los puntos que ha tratado. Lo ha hecho
perfectamente la portavoz del Grupo Socialista. Tampoco voy a
insistir en los temas que ha presentado el portavoz del Partido
Popular; pero sí queremos dejar sentado que nuestro grupo considera
que es completamente necesaria, por quien proceda no por el Tribunal
de Defensa de la Competencia, una nueva regulación más tuitiva de la
liberalización para el logro de una competencia efectiva, que al fin
y al cabo se persigue la mejora del bienestar de los ciudadanos. Me
voy a referir a unos cuantos temas, estrangulamientos que creemos
existen todavía en el mercado y que afectan a muchos sectores de la
sociedad, especialmente en algunas autonomías.

Por ejemplo, el acceso a la profesión de controladores aéreos. Eso es
un monopolio hoy día. El tema de las tarifas aéreas. Es evidente y
todos los españoles lo sabemos, que es más barato ir de Madrid a
París o de Madrid a Londres que de Madrid a Canarias, y a la vuelta.

Eso es incomprensible; es incomprensible que se hayan suprimido
vuelos, por ejemplo desde Canarias a Málaga, obligando la compañía
a ir de Canarias a Madrid y de Madrid a Málaga. El perjudicado es el
ciudadano, sea de la Península o sea de Canarias.

Las primas de las compañías de seguros, especialmente, en los seguros
funerarios, según cartas que he recibido de sectores de personas
mayores o de tercera edad, señalan que ha habido crecimientos
excesivos y abusivos.

Los precios de las medicinas, no por parte del sector farmacéutico
sino por parte del fabricante y distribuidor del producto
farmacéutico, que es verdad cada vez tiene un mayor
perfeccionamiento, mejores principios activos; pero cada vez también
tienen unos precios impresionantes; comparemos los precios de las
medicinas hoy día con los precios de hace cinco años.

No voy a hablar del tema del suelo, que se ha hablado también, y
tampoco voy a hablar del tema de las gasolineras.




Con estas pequeñas cuestiones que he señalado, solamente puedo decir
que nosotros consideramos que su exposición, su exposición
equilibrada, tiene un balance positivo, no es un balance excesivo con
un saldo de superávit impresionante, pero es positivo y estoy seguro
que con la línea de actuación que ustedes vienen haciendo y una nueva
legislación se va a conseguir un mayor avance.




El señor PRESIDENTE: Para concluir, tiene la palabra el señor
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia para contestar
las preguntas y sugerencias formuladas.

El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Petitbo Juan): No es un tema fácil responder a todas las cuestiones
planteadas, sobre todo si se ha tenido poco tiempo para reordenar
muchas ideas, y porque en relación con muchas cuestiones a mí
personalmente me hubiera gustado hablar previamente, y para esto
requería tiempo, con el conjunto del Tribunal, sobre todo porque se
trata de un Tribunal nuevo, nombrado mayoritariamente hace pocos
meses, y todavía no hemos tenido tiempo de discutir sobre todas y
cada una de estas cuestiones. Como decía antes, el Tribunal es un
órgano colegiado y toma decisiones colegiadamente, con lo cual voy a
incurrir hoy en algún riesgo, que en todo caso debería ser atribuido
solamente a mi persona.

Quiero empezar agradeciendo las palabras del señor Aguirre y las
preguntas, que no son preguntas de sencilla respuesta. Estoy de
acuerdo en que lo interesante es lo que queda por hacer; lo que se ha
hecho hecho está; pero el contenido de la pregunta me obligaba a
referirme también a lo que se había hecho y disciplinadamente he
procurado responder, en la medida que he podido, a lo que se me había
preguntado. ¿Dónde están los estrangulamientos? Todas las economías
tienen estrangulamientos en multitud de puntos. Unos son grandes
estrangulamientos, que son los que se conocen y de los que dan cuenta
con bastante frecuencia los medios de comunicación; luego hay
estrangulamientos importantes, menos conocidos, y que en muchas
ocasiones conoce el Tribunal en el desarrollo y en la discusión de
los procedimientos que enjuicia. Podría decirme: ¿por qué no son
tratados? y podría contestar: porque en muchas ocasiones no son
planteados como problemas relacionados con la competencia, son
conocidos pero no están planteados, y por tanto no pueden
enjuiciarse.

Creo que estos temas, todas las cuestiones planteadas son relevantes
y voy a referirme a algunas de ellas. Sobre alguna no diré nada,
porque ni lo he estudiado con el detalle que creo estoy obligado a
hacerlo, ni lo hemos discutido en el propio Tribunal con la anterior
configuración ni con la nueva. Es cierto que he olvidado la
intervención del ministro de Economía y Hacienda, pero no tengo toda
la documentación en mi domicilio y no he podido manejar todos los
papeles que hubiera querido para preparar esta intervención.

Pregunta cómo funciona, cómo debe funcionar el Tribunal en el futuro
y cómo puede afectar el organigrama europeo a los temas de la
competencia y al funcionamiento del Tribunal. Yo creo que son dos
cuestiones totalmente pertinentes, porque va a haber cambios en cada
una de ellas, sin ningún tipo de duda, y los cambios en las
condiciones diseñadas por las autoridades comunitarias van a afectar
obviamente al funcionamiento de las autoridades nacionales de Defensa
de la Competencia. Posiblemente el cambio más relevante planteado por
las autoridades comunitarias sea la descentralización del tratamiento
de cuestiones relacionadas con la competencia. Está sometiéndose a
discusión la modificación del Reglamento 17, las cuestiones
relacionadas con la aplicación, no solamente por las autoridades de
competencia sino también por los organismos jurisdiccionales de los
artículos 85 y 86, y yo creo que esto va a configurar un nuevo
panorama, totalmente distinto



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del panorama que tenemos en estos momentos, porque a este proceso se
incorporan también los jueces de la jurisdicción ordinaria, y esto es
relevante. Va a plantear problemas, sin ningún tipo de duda, pero en
cualquier caso la reflexión colectiva sobre conductas que puedan
afectar a la competencia se va a ensanchar y sin ningún tipo de duda
se va a profundizar. Nosotros aprenderemos de los jueces, los jueces
aprenderán de nosotros y no me cabe ninguna duda de que el resultado
final tiene que ser forzosamente positivo.




¿Cómo va a funcionar el Tribunal en el futuro? Pues depende de cómo
se redacte la versión final de la Ley de Defensa de la Competencia.

Depende de cuál sea el presupuesto, los medios y el trabajo que tiene
que acometer el Tribunal. Lo que hace el Tribunal es resultado de lo
que tiene que resolver por vía de denuncia o por vía de notificación
de apertura de grandes superficies o de operaciones de concentración,
más lo que hace como resultado de sus propias reflexiones. Lo primero
debe hacerlo, lo segundo puede hacerlo y lo segundo es muy tributario
del tiempo libre que deja lo primero. En consecuencia, lo que pueda
hacer depende de una combinación de distintos factores, unos de
naturaleza personal, otros de naturaleza económica y otros en función
de la carga de trabajo que deba resolver.

El análisis del último borrador que he recibido del anteproyecto de
ley de defensa de la competencia, que en estos momentos debe ser
examinado o debe estar examinándose por el Consejo de Estado si mi
información es correcta, manifiesta algunos cambios fundamentales en
relación con las funciones que tenía encomendadas el Tribunal hasta
el presente, manteniendo funciones que ya tenía atribuidas y
modificando algunas, pero que desde una perspectiva precisa no es en
mi opinión fundamental. En cambio, sí lo son las modificaciones que
se introducen en materia de control de concentraciones, modificando
la notificación posterior por una notificación previa. Eso va a
permitir poder elaborar propuestas al Gobierno sobre este tipo de
operaciones en un mayor número de casos y de hecho es la plasmación
de una voluntad que ya ha tenido lugar en los últimos meses, porque
se ha dado la circunstancia de que si en años anteriores el Tribunal
examinaba cinco, seis o a lo sumo siete operaciones de concentración,
en los meses recientes hemos tenido como mínimo cinco informes
simultáneamente sobre la mesa, lo cual como es obvio en una
institución de reducidas dimensiones, ha alterado absolutamente el
quehacer cotidiano, entre otras cosas porque como en este caso la ley
es sabia nos da solamente tres meses para resolver cuestiones de la
envergadura de la adquisición de Schweppes por Coca-Cola, de Endesa-
Gas Natural, de BSCH y algunas otras. No son temas triviales, son
temas como digo de envergadura, que exigen muchas horas de dedicación
y que suponen enormes dificultades, porque los temas van cambiando de
un día a otro y es difícil ser expertos en todas y cada una de las
cuestiones sometidas a concentración.




No puedo contestarle honestamente en materia de fiscalidad. Me
parecería muy pobre decir que hemos de pensar en corresponsabilidades
fiscales y en competencia en materia fiscal. Sería abordar el asunto,
creo yo, con excesiva frivolidad cuando el asunto es de una
importancia incuestionable. Adelantándome a lo que también me ha
preguntado
y relacionado con los temas de fiscalidad, sí quisiera decirle que me
parece absolutamente oportuno la propuesta introducida en los
borradores de la nueva ley de defensa de la competencia, consistente
en permitir que el Tribunal, si considera que determinadas ayudas
públicas alteran significativamente el funcionamiento competitivo del
mercado, pueda elaborar un informe a remitir posteriormente al
ministro de Economía y Hacienda para que la cuestión sea examinada.

No cabe duda de que el sistema de ayudas públicas puede ser
incentivador de determinadas actividades, pero al mismo tiempo puede
ser perniciosamente restrictivo de la competencia, habiéndose dado
circunstancias que seguramente desde la perspectiva de la
racionalidad económica deberían horrorizarnos, como es el hecho de
que una empresa ineficiente, con el apoyo de ayudas públicas ponga
dificultades o incluso amenace con expulsar del mercado a empresas
eficientes que no disponen de tales ayudas públicas. Ése es un tema
relevante, un tema particularmente importante, un tema que hasta
ahora estaba exclusivamente en manos de las autoridades comunitarias,
pero que va a pasar también a manos de las autoridades nacionales, y
yo creo que la discusión de estas cuestiones va a permitir traer
a colación aspectos relevantes de funcionamiento de nuestros mercados.

Con eso creo que contesto a las preguntas que me ha formulado.

Más difícil y extenso es responder a las preguntas formuladas por la
señora Mendizábal, por su extensión y luego por una dificultad
sobrevevenida, porque debo decir ya que esto refleja la realidad, que
a pesar de la dedicación y del interés del Tribunal por cuestiones
relacionadas con los mercados de la energía y de telecomunicaciones,
las razones expuestas en relación con el incremento de la carga de
trabajo y la existencia de comisiones específicas, ha hecho que
relajáramos algo el seguimiento continuado de estas cuestiones, entre
otras cosas porque tal como están reguladas las comisiones y tal como
está estipulado el quehacer del Tribunal, debe haber un proceso de
comunicación entre ambos y un proceso de intercambio de determinadas
opiniones entre ambos. Es decir, si las comisiones detectan
restricciones a la competencia susceptibles de ser consideradas desde
la perspectiva de la Ley de Defensa de la Competencia deben
comunicarlo al Tribunal; y si el Tribunal necesita información sobre
esos sectores, debe pedirlos a las comisiones correspondientes, como
así ha hecho en más de una ocasión.

Son sectores complejos que exigen dedicación cotidiana. Una comisión
dedicada a un sector, cualquiera de ellas, tiene más medios, más
recursos personales sobre todo que el Tribunal de Defensa de la
Competencia que tiene que seguir y tiene que dedicarse a resolver un
número elevado, diverso y progresivamente creciente de sectores,
además cada uno distinto del anterior, y además sometido a regulación
distinta. No es sencillo resolver esas cuestiones y ninguno de
nosotros tiene tiempo suficiente como para poder hacer un seguimiento
cotidiano de todo cuanto aparece en los medios de comunicación
relacionado con esos sectores y con los mercados. Yo creo que eso
exige más de una persona para cada uno de ellos y nosotros en estos
momentos no podemos disponer de las personas suficientes y
necesarias.




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Estoy de acuerdo con su planteamiento en relación con la competencia
efectiva, no es automática, totalmente de acuerdo, es resultado de la
rivalidad, y en consecuencia hay que contribuir siempre a introducir
rivalidad en todos los mercados. El concepto de rivalidad es un
concepto preciso, se puede liberalizar y puede no haber rivalidad y
en ocasiones todavía permanecen en pie barreras de entrada que son
relevantes, son importantes para que pueda haber rivalidad.

El sector del gas yo creo que está fuera de cualquier duda.

Posiblemente junto a esos elementos estructurales se añaden en
ocasiones otros derivados de las conductas de los agentes económicos
que, por posibles inconvenientes derivados de la introducción de
competencia en los mercados caen en la tentación de llegar a acuerdos
que en ocasiones pueden tener efectos contrarios a la competencia.

Es cierto que hay sectores en los cuales la competencia es
insuficiente, que hay mucha regulación, yo utilizaría el tema
regulación ineficiente acuñado por la OCDE, que creo es mucho más
preciso que el término genérico de regulación, regulación ineficiente
que puede contraponerse a la regulación eficiente, aquella que tiene
que ver con cuestiones relacionadas con los intereses públicos. Creo
que es absolutamente necesario regular aspectos relacionados con la
salud o con la seguridad y estaríamos todos de acuerdo, pero regular
otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento libre de
los mercados puede ser calificado como regulación ineficiente, y es
justamente esta regulación ineficiente la que debe ser objeto de
análisis y debe ser objeto de eliminación.

Debería referirme de nuevo a los informes de la OCDE, que ponen de
manifiesto que cuando se ha eliminado esta regulación ineficiente los
resultados en términos de precios, en términos de condiciones de la
oferta, en términos de I+D han sido resultados positivos, sin que
haya habido resultados negativos significativos en materia de
ocupación. Más bien, los análisis realizados ponen de manifiesto que
en algunos sectores el crecimiento de la ocupación es claramente
positivo y el total de trabajadores ocupados en el sector después de
la desregulación es superior al número de trabajadores existente
antes de que se llevaran a cabo las medidas desreguladoras.

Ha hecho usted referencia a la concentración de poder económico. Ése
es un tema particularmente complejo desde el punto de vista del
análisis económico, porque se están dando simultáneamente dos
fenómenos: un fenómeno de ampliación de los mercados, de eso que
hemos convenido en denominar globalización o mundialización, y al
mismo tiempo una ola importante de procesos de concentración, que
puede ser comparada con aquella que tuvo lugar en el último tercio o
el último cuarto del siglo pasado y principios de este siglo.

Cuando los mercados se amplían, la historia pone de manifiesto que
los procesos de concentración son un medio que utilizan las empresas
para poder responder a este crecimiento de los mercados, pero el
proceso al mismo tiempo conlleva dos cuestiones. La primera, una
posible mejora en la eficiencia de las empresa si éstas son capaces
de adaptarse a la nueva dimensión mínima impuesta por esta
modificación de los mercados relevantes. Y hasta aquí, desde el punto
de vista de la defensa de la competencia, pocas cuestiones cabría
objetar: aumenta el tamaño del mercado relevante,
aumenta la dimensión de las empresas, se modifica la curva de
costes y las empresas se sitúan en un punto de costes inferior al
punto de la curva de costes en que estaban situadas anteriormente. Si
el mercado funciona, esto se traduce necesariamente en reducciones de
precios. Pero este mismo mecanismo conlleva riesgos, y es que este
proceso de adaptación a la nueva dimensión de los mercados relevantes
vaya acompañada de una restricción de la competencia efectiva o una
restricción de la rivalidad. Si debemos conceder parabienes a la
primera cuestión, es necesario vigilar atentamente la segunda. En
unas ocasiones esa segunda se vigila por autoridades nacionales, en
otras circunstancias por autoridades comunitarias y posiblemente
quepa desarrollar un tercer eslabón cuando este tipo de operaciones
tiene un alcance mundial, porque en ocasiones, pese a las labores de
coordinación, no es suficiente que exista una autoridad europea
fuerte, ya que quedan al margen de esas autoridades países que
imponen restricciones considerables al comercio internacional y a la
competencia, en consecuencia. Como he dicho antes, hay preocupación
por esta cuestión. De ahí una modificación de las actuales normas de
defensa de la competencia en relación con el control de
concentraciones, así como el incremento en el número de informes que
está llevando a cabo el Tribunal.

Es cierto que en los sectores que usted ha mencionado se puede
avanzar más. En el sector energético, además, se debe avanzar todo lo
que se pueda, porque tiene una característica de determinados bienes
económicos que es fundamental, que no es otra que la de ser bienes
básicos, en el sentido de que son utilizados por todos y cada uno de
los sectores de la economía. En consecuencia, si pensamos en términos
de una tabla de relaciones multisectoriales de la economía, cualquier
modificación en las condiciones de funcionamiento del sector
energético o de las telecomunicaciones, por citar solamente dos
ejemplos, tiene efectos no solamente sobre los consumidores, sino
también sobre todas las empresas de la economía que en mayor o menor
intensidad utilizan estos bienes como inputs. En consecuencia, una
reducción de precios en el sector energético se traduce en una
reducción de costes en todas las actividades. El mejor sistema para
reducir precios es, por una parte, la reducción de costes por mejora
de eficiencia y la segunda el fomento de la competencia, que es la
que traduce con mayor eficiencia que cualquier otra estas reducciones
de costes a reducciones de precios.

Cierto que hay problemas que resolver, como los costes de transición
a la competencia. Esto ya lo debatimos en la Comisión de Industria,
si no recuerdo mal, pero es un tema particularmente complejo, aunque
podía parecer que no lo fuera tanto, y además en el que coinciden
opiniones encontradas, en el que está interviniendo en estos momentos
con una mayor dimensión de la cuestión la propia Comisión Europea.

Cuando todos creíamos que la Comisión Europea se pronunciaría sobre
este tema, leíamos en los medios de comunicación que necesita tiempo,
porque hay que contrarrestar información, hay que hacer operaciones
aritméticas, hay que ver lo que ha ocurrido en materia de
liberalización y hay que ver también lo que están haciendo otros
países.

He leído el informe de London Economics, pero desde hace mucho tiempo
he tomado una decisión, que consisteen no pronunciarme sobre lo que
aparece en los medios de



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comunicación y hacerlo exclusivamente después de la lectura de los
documentos, entre otras cosas, porque la lectura global de los
documentos manifiesta muchas veces sutilezas y matices que el
periodista que tiene que escribir con poco tiempo no siempre refleja
en sus escritos, da la información verazmente, con eficacia, pero yo
entiendo que desde un organismo como el que presido deben darse pasos
adelante y deben leerse este tipo de cuestiones con una cierta
intención y con una cierta finura.

La competencia en carburantes es complicada, pero es que lo fue el
punto de partida. Se partía de un monopolio. El monopolio se dividió
por tres en distintas proporciones y con este punto de partida se
pretende introducir competencia en una situación en la cual había
contratos firmados a largo plazo entre las petroleras y los
distribuidores minoristas de productos petrolíferos. En estas
condiciones es complejo avanzar rápidamente en la liberalización.

Tiene que permitirse la entrada de nuevos operadores y tenemos pocos
por número determinado de automóviles, en comparación con los que hay
en otros países. Tiene que facilitarse la apertura de gasolineras y
esta apertura tiene que superar dos limitaciones, dos barreras: una,
la del coste, y otra, las limitaciones impuestas por las dificultades
de encontrar suelo a precio adecuado, que permita que la nueva
gasolinera pueda competir en precios y en calidad de servicios con
las existentes.

Se han liberalizado los precios. Liberalizamos el gasóleo y el
resultado de la liberalización del precio del gasóleo fue positiva
sobre todo en relación con los grandes consumidores. No me ha llegado
todavía el informe que solicité sobre esta cuestión. El Ministerio de
Industria y Energía tiene datos exhaustivos sobre el tema y yo creo
que hay que pronunciarse sobre el análisis de estos datos. Si damos
un paso más allá y superamos lo que se ve en una primera
aproximación, es cierto que se han introducido algunos elementos de
competencia en precios, no tan importantes como los que uno puede
observar en Francia, por ejemplo, pero sí más importantes de los que
en muchas ocasiones nosotros consideramos.

Las grandes superficies compiten de una forma particular, pero lo
hacen en precios. Hay tarjetas de fidelización, que permiten obtener
descuentos del orden del 3 ó el 4 por ciento, no sé cuál es su
extensión, pero existen. Y es justamente este un mecanismo de
introducción de competencia, insuficiente, pero es un mecanismo
existente. Las barreras existen y son las que hay que remover.

Sobre el tema del CDH, tengo que reiterar lo que dijimos. Lo que
pedimos es que se investigara, qué ocurre y si hay discriminación, no
de precios, sino en cuanto al trato. Como creo que el informe no se
ha hecho, al menos lo desconozco, no puedo opinar sobre ese tema. Es
cierto que tenemos denuncias promovidas por las gasolineras y por las
asociaciones de gasolineras, pero tienen que ver en su gran mayoría
(y no puedo precisar cuantitativamente porque no lo he determinado)
con los contratos existentes entre gasolineras y petroleras. Lleva
razón. Es una razón comprensible. Hay nuevos operadores mayoristas
que ofrecen mejores condiciones que los operadores con los cuales las
gasolineras habían contratado, pero ahí tenemos la limitación
impuesta por la firma del contrato y por la vigencia de un contrato.

Y, como he dicho en más de una ocasión en
esta Comisión, los contratos, en principio, si no son contrarios a la
competencia, deben respetarse.

En telecomunicaciones yo creo que se ha avanzado, solamente hace
falta comparar la situación de hace cinco años con la actual. Yo
tengo mi ejemplo concreto cuando llegué a Madrid hace diez años.

Cuando solicité algo para mí tan elemental como una línea telefónica,
la respuesta fue: tiene usted que esperar entre seis y doce meses. En
estos momentos, el último teléfono que he adquirido lo contraté en mi
despacho, tuve línea inmediatamente, no tuve que pagar derechos de
acceso y además podía elegir entre una gran cantidad de instrumentos
de comunicación. Creo que se ha modificado y es justo decir que el
hecho de que Telefónica tenga competidores con más de un 30 por
ciento de cuota de mercado diseña un panorama absolutamente distinto
al que yo observé cuando llegué a Madrid, hace diez años. ¿Hay
limitaciones? Es evidente, hay barreras, no se ha desarrollado el
cable. Esto es evidente. Eso es lo que hay que resolver, pero lo que
no podemos hacer es negar que se ha avanzado, entre otras cosas
porque hay bastantes más operadores ahora que antes y además por una
cuestión fundamental, y es que lo primero que anuncia cada uno de los
nuevos operadores es que va a reducir el precio en relación con los
operadores preexistentes, pero no una rebaja mínima, pequeña,
imperceptible, minúscula, como podíamos pensar aquellos que durante
muchos años nos hemos dedicado al análisis de la economía industrial,
sino reducciones significativas. A un analista de este tipo de
cuestiones le sorprende que un nuevo operador ofrezca reducciones del
25 por ciento, porque examinada la cuestión desde otra perspectiva
esto manifiesta que todavía hay rentas de monopolio, costes
innecesarios, ineficiencias ocultas, etc., etc. Es la competencia
justamente la que permite con mayor rapidez eliminar todas estas
cuestiones indeseables y, como he dicho antes, a quien más benefician
es al propio operador dominante si sabe adaptarse a las mismas.

En el tema de transporte yo no me conformo con nada, aunque usted
considere que he manifestado un cierto conformismo. Yo creo que se ha
avanzado. En la prensa aparecen continuamente ofertas de precios
escandalosamente reducidos, en algunos casos y seguramente
escandalosamente altos en otros, pero el consumidor puede elegir,
antes no podía. Y nuevos operadores de pequeña dimensión entran en el
mercado en aquellos aspectos en los que pueden entrar, que es
justamente en esas tarifas mucho más competitivas. Las tarifas más
elevadas están reservadas para las grandes compañías y estas tarifas
para operadores de menor dimensión.

Sobre el tema de los precios pactados, espero que comprenda que con
un expediente sobre esta cuestión, una denuncia sobre este tema, que
tiene que estar resuelto antes de final de año, no me pronuncie, por
lo mismo que he dicho antes, y es que no quiero prejuzgar. Sobre la
información que hay en el expediente el Tribunal resolverá lo que
considere oportuno desde el punto de vista de la defensa de la
competencia.

He hecho referencia ya, por seguir el orden de su intervención, a la
concentración del poder económico. Y quedan algunas cuestiones
relacionadas con la Ley de Defensa



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de la Competencia que voy a responder. Eso tiene que ver también con
la intervención inicial del señor Aguirre.

Creo que en el nuevo diseño -veremos cuál es la redacción final para
poder matizar cuanto voy a decir- hay tres cuestiones de una cierta
envergadura. La primera es la intensificación de los análisis de
concentración. La segunda es el control de ayudas públicas. Y la
tercera es la posibilidad de que el Tribunal participe en el proceso
de señalamiento o de indicación de indemnizaciones por el lucro
cesante provocado por restricciones a la competencia e impuestas por
un operador a otros operadores económicos. Es un tema particularmente
difícil y creo que ustedes van a tener dificultades cuando lo
analicen, porque supone una ruptura relevante desde el punto de vista
de derecho.

Independientemente de estas cuestiones de naturaleza meramente
jurídica, hay una cuestión sobre la que sí quiero llamar la atención,
que está parcialmente resuelta. Siempre he aplaudido las reducciones
que la ley concede al Tribunal para resolver los expedientes. Y
siempre me ha parecido positivo que el tiempo disponible sea de un
año en estos momentos, un año y medio en el servicio de Defensa de la
Competencia, y que en el proyecto de ley creo que todavía se quiere
reducir algo más. Me parece importante porque están en juego los
intereses, y en ocasiones intereses significativos, de operadores
económicos. Los operadores económicos no deben estar sometidos a la
incertidumbre de un fallo de un tribunal jurisdiccional o de un fallo
de las autoridades de Defensa de la Competencia. En ocasiones, como
digo, los intereses en juego son relevantes y diferir en el tiempo
una resolución puede tener consecuencias no triviales.




El problema se plantea cuando el que obtiene una resolución, que no
le es favorable en el tribunal, quiere acudir a los tribunales
ordinarios, o cuando un operador económico intenta dilatar en el
tiempo la ejecución de la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia, porque ahí empieza un lento peregrinaje que dura
muchísimo tiempo: recurso ante el tribunal contencioso administrativo
y posteriormente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tres
o cuatro años en cada una de estas fases, que deben añadirse al año
ante el Tribunal, al año y medio ante el servicio y, antes de la
reforma correspondiente, a un tiempo indeterminado ante el Tribunal y
ante el servicio. Se ha avanzado significativamente en la primera
etapa, pero la incertidumbre continúa estando presente en la segunda
etapa. ¿Pero qué ocurre a continuación? Si está en juego una
indemnización por daños y perjuicios, cuando el interesado obtiene la
sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo inicia el segundo
peregrinaje, acudiendo a los tribunales para instar la recepción de
los daños y perjuicios correspondientes por una conducta que fue
calificada como contraria a la competencia por el Tribunal y cuya
resolución, la del Tribunal, fue confirmada por la Audiencia, por una
parte, y por el Tribunal Supremo, por otra. Eso puede conllevar
cuatro o cinco años más, con lo cual podemos estar ante
procedimientos cuya realización total puede superar los 15 años.

Esa es una cuestión que yo creo que tenemos que plantearnos con
detenimiento pero con contundencia, porque este tiempo necesario
limita de forma significativa la eficacia
de aquellas resoluciones que adopta el Tribunal de Defensa de la
Competencia, y posiblemente este sea uno de los ingredientes que
toman en consideración en su análisis algunos operadores que llevan a
cabo conductas contempladas por la Ley de Defensa de la Competencia.

Usted me pide la opinión sobre el Tribunal. Como diría un economista,
dados los recursos disponibles, el resultado es óptimo. No puedo
decir otra cosa. Si dijera otra estaría diciendo algo que no siento y
que no contemplo. Si me pregunga que si puede mejorar, la respuesta
sería positiva. ¿Puede empeorar? Todo puede empeorar, pero será
difícil. La tendencia iniciada es hacia la mejora. Con todo este
proceso de discusión y de reconsideración de las cuestiones
relacionadas con la competencia y con el convencimiento de que la
competencia constituye un elemento importante en el proceso de mejora
de la eficiencia de la economía y de reducción de precios, el
resultado final tiene que ser positivo.

Iniciativa, polémica, debates, yo me quedo con la iniciativa y con
los documentos; la polémica y el debate, que vengan después. Me
preocupan los límites a la competencia. Después de la discusión del
nuevo proyecto de ley, todo este tipo de cuestiones va a mejorar de
forma significativa. Pero no quiero dejar de poner de manifiesto que
las estadísticas revelan que, ante una dotación de medios
prácticamente idéntica en los últimos años, hemos tenido que hacer
frente no solamente a un incremento en el número de expedientes, sino
también a un incremento en la complejidad de los mismo, y eso porque
todos hemos aprendido, nosotros, las empresas y los juristas que
defienden los intereses de las empresas. Pero a todo esto se nos
añadió, como consecuencia de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista, un análisis de todas y cada una de las grandes superficies
que se abren en España y estamos llegando, si no lo hemos superado ya
estos días, al informe número 200. No ha pasado tanto tiempo, eso
supone más de un informe por semana. Y seguramente, si eliminamos
periodos vacacionales, nos acercamos a los 2 informes por semana. Eso
es mucho trabajo para algo que yo personalmente entiendo que en el 95
por ciento de casos, como mínimo, sirve para poco. Se ha
incrementado, como decía antes, todo aquello relacionado con los
análisis de concentración.

Al señor Gómez quiero agradecerle también su intervención, sus
amables palabras y decirle lo mismo, que el tema del expediente sobre
presunto acuerdo de precios lo vamos a examinar antes de final de
año, el plazo termina entonces. En el proceso de determinación de
precios de los medicamentos interviene la autoridad administrativa y
lo hace presionando siempre los precios a la baja, pero pronto
estaremos ante un fenómeno, inexistente hasta ahora pero muy
importante en este sector, como es el de las exportaciones paralelas,
por un lado, y el de las posibles importaciones paralelas de países
del Este, por otro, que van a configurar un panorama totalmente
distinto.

El tema del suelo lo hemos tratado. El tema de las gasolineras
también. Estoy totalmente de acuerdo en que, cuando existen barreras
de entrada a determinadas profesiones, el resultado es el mismo que
en muchas ocasiones se alcanza cuando en el mercado hay empresas con
poder de mercado o que se comportan como monopolios.

Le digo al señor Aguirre tres o cuatro cuestiones relevantes.Es
difícil ordenarlas, se me podían ocurrir más, o menos,



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pero quiero citar algunas. Algunas son principios, por ejemplo, la
sustitución de la concesión por autorización en aquellos casos en que
esto no conlleve problemas relevantes. Voy a citar dos: ITV
(inspección técnica de vehículos) y taxis: sistemas concesionarios.

El más ligero análisis permite alcanzar la conclusión de que,
determinados los elementos de referencia para poder ejercer este tipo
de actividad, muchos más operadores podían llevarla a cabo si cumplen
las condiciones regladas, si todos están en la misma condición.

Ley de descuentos. Esta es una vieja propuesta del Tribunal que
permitiría discutir en un solo texto legal algo que está en muchas
disposiciones, y que no sería otra cosa que la de decir, en todas
aquellas actividades donde hay un precio fijo, que este precio se
convierta en máximo mediante la posibilidad de que los operadores
económicos puedan aplicar descuentos a este precio fijo.

Resolveríamos temas planteados por la fijación de precios en algunos
colectivos profesionales y resolveríamos sin ningún tipo de duda
cuestiones que tienen que ver con la distribución de medicamentos
o con la distribución de libros, por citar un ejemplo.

Ya he hecho referencia a las ayudas públicas. Me parece que es un
tema particularmente relevante.

Queda otra cuestión, que he citado, que es la referida a la libertad
del ejercicio de la actividad comercial. El tema del suelo sería uno
de los que a mí personalmente me preocupa. Por decir alguno más de
los que usted me ha pedido en términos cuantitativos, entiendo que la
propia modificación de la Ley de Defensa de la Competencia va a ser
un instrumento importante para alcanzar algunos de los objetivos
propuestos y para resolver algunas cuestiones que han sido planteadas
esta mañana.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos por un tiempo inapreciable la
Comisión a los efectos de despedir al señor Petitbo y dar la
bienvenida a la autoridad que vaya a responder a las preguntas
formuladas a continuación al Gobierno. (Pausa.)



Señores diputados, reanudamos la sesión, no sin antes participarles
que si ustedes están de acuerdo celebraríamos Comisión mañana jueves,
a partir de las cuatro de la tarde, con la presencia de la presidenta
del Instituto Nacional de Estadística, a los efectos de celebrar la
comparecencia que figura en el orden del día de hoy, solicitada por
el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar la composición de la
encuesta de población activa y sus variaciones. También se acumularía
una comparecencia de la misma persona que ha sido ssolicitada por el
Grupo Mixto, a instancias del Bloque Nacionalista Galego. ¿Están
ustedes de acuerdo? (Asentimiento.) Queda aprobado.




PREGUNTAS



- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
CRITERIOS QUE VAAADOPTAR ELTESORO RESPECTO ALAS CUENTAS CORRIENTES
ABIERTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS. (Número de expediente 181/002364.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, y sin más preámbulos, pasamos a
la contestación de las preguntas
que han sido formuladas y que estaban pendientes en la Comisión. En
primer lugar pasamos a la pregunta formulada por Ángel Martínez
Sanjuán, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno, sobre
criterios que va a adoptar el Tesoro respecto a las cuentas
corrientes abiertas en entidades financieras. El señor Martínez
Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Buenos días, señor Montoro. Esta pregunta
la he formulado desde la curiosidad, desde la ampliación de
conocimiento y para saber los criterios del Gobierno respecto a un
tema aparentemente poco importante, pero sustancial desde el punto de
vista del monto económico del que estamos hablando.

Apartir de la información que recibí como miembro de esta Comisión,
concretamente en el mes de marzo, respecto al movimiento de las
cuentas del Tesoro a 31 de diciembre de 1998, ejercicio cerrado, pude
sacar algún conocimiento, pero y me asaltan algunas dudas o algunas
preguntas que son las que quisiera formularle.

Mediante esta información se puede conocer que el conjunto de las
administraciones del Estado, a través del Tesoro, mantiene en
entidades de crédito 9.658 cuentas abiertas, de las que 1.592 están
referenciadas y ubicadas en el Banco de España y 8.136 en 72
entidades privadas. El saldo al final del año 1998, de acuerdo con la
información recibida, en el conjunto de ellas, es de 708.211 millones
de pesetas, de las que en el Banco de España hay 488.000 millones y
219.000 millones de pesetas, casi 220.000 millones de pesetas, en las
entidades privadas. Me voy a referir, como es el objeto de mi
pregunta, a estas últimas, las que están ubicadas o referenciadas o
situadas en las entidades privadas.

De la información obtengo la respuesta a algunas inquietudes mías. La
mayor parte de este dinero, son saldos de organismos autónomos y
sobre todo del organismo de Loterías y Apuestas del Estado. Estamos
hablando de una cantidad importante de dinero en estas 72 entidades
privadas, tanto banca privada como cajas de ahorro, y quisiera
preguntar al secretario de Estado con qué criterios se decide la
utilización de unas u otras entidades financieras.

El 71 por ciento del total del saldo vivo al 31 de diciembre está
concretamente en el Banco Bilbao Vizcaya y, por el contrario, veo que
en el resto de lo que se llama «la gran banca» -Popular, Argentaria,
Santander, Banesto, Central Hispano- no llega al 1,5 por ciento. Me
imagino que esto tendrá una explicación, posiblemente sea que el
Banco Bilbao Vizcaya haya ganado algún concurso de la administración
de algunas cuentas, y me imagino que por el monto será el del
organismo de Loterías y Apuestas del Estado. Es una hipótesis, no sé
la respuesta, por eso quiero obtener información de cuál es el
procedimiento y por qué concretamente el Banco Bilbao Vizcaya -sin
ánimo de hacer propaganda de nadie- tiene el 75 por ciento de los
saldos o de los depósitos que hay en cuentas corrientes en las
entidades financieras.

Asimismo observo, por la información a la que me refería, que el
Tesoro no tiene cuentas abiertas en algunas cajas de ahorro
implantadas en algunas comunidades autónomas que además son de
proveniencia pública, de antiguas diputaciones o bien de comunidades
autónomas. Es decir, me extraña un poco que habiendo en una misma
provincia, en



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una misma comunidad autónoma, por ejemplo, dos entidades de crédito o
cajas de ahorro, el Tesoro tenga cuenta abierta en una de ellas y no
en la otra. Concretamente en mi comunidad autónoma, veo que el Tesoro
tiene cuenta abierta en Ibercaja y no la tiene en la Caja de La
Rioja, por poner un ejemplo. ¿Con qué criterios, en el ámbito, por
ejemplo, de las cajas de ahorro, se abren o por el contrario no se
abren cuentas del Tesoro?
Asimismo -y esto quizá no estaba en el espíritu de la pregunta, señor
Montoro- observo enla información que hay organismos que prefieren
trabajar con la banca privada a diferencia del Banco de España. Me
imagino que tendrá que ver, el que son organismos autónomos y tienen
un grado de autonomía para tomar decisiones; no sé si son ellos o es
el Tesoro directamente quien lo decide. Observo, por ejemplo, que la
Confederación Hidrográfica del Segura, que tiene un saldo de 5.200
millones de pesetas en cuentas bancarias a través del Tesoro, 2.142
millones los tiene en la banca privada y 3.100 en el Banco de España.

Pero, por el contrario, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir tiene prácticamente todo el dinero, los 20.000 millones
de pesetas que tenía de saldo al 31 de diciembre, en las cuentas del
Banco de España. Sólo tiene 3 millones en la banca privada. Es decir,
que una confederación tiene prácticamente la mitad de su saldo en la
banca privada y la otra mitad en el Banco de España y otra, por
ejemplo, trabaja casi al cien por cien con el Banco de España y no
trabaja con la privada. Es decir, ¿cuáles son los criterios, no en
este caso en concreto, sino en general?, ¿Quién adopta las
decisiones?, ¿Con qué criterios se adoptan las decisiones?, En
definitiva, queremos saber cuáles son los mecanismos que utiliza o
piensa seguir utilizando en el futuro la Dirección General del Tesoro
o los respectivos organismos, tanto autónomos como ministeriales, que
tienen cuentas abiertas a través del Tesoro en las diferentes
entidades, para conocer cuál es el procedimiento de asignación de
fondos y de recursos de los saldos de tesorería que utilizarán estas
entidades y que el conjunto de la Administración del Estado utiliza
en relación a la banca privada o en relación con la banca privada y
el Banco de España. Éste es el motivo de mi pregunta y esto es lo que
yo quiero preguntarle, señor Montoro.




El señor PRESIDENTE: Para responderle, tiene la palabra el señor
secretario de Estado de Economía, don Cristóbal Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): Entiendo
perfectamente el interés del interpelante, del señor Martínez
Sanjuán, puesto que está bien identificar cuáles son los criterios
por los que se opera, o bien en el Banco de España o, como él
planteaba en su pregunta, en las entidades bancarias privadas, desde
las cuentas de las administraciones públicas.

Aese respecto, aclararé en primer término que la actual redacción del
artículo 118 de la Ley General Presupuestaria, dada por la Ley 50/
1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, establece que los ingresos y pagos a realizar por el
Estado y sus organismos
autónomos se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que
se mantengan, bien en el Banco de España, en los términos que se
convengan con éste conforme al artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de
junio, de autonomía del Banco de España, bien en otras entidades de
crédito, en los términos establecidos en el artículo 119. A su vez,
el mencionado artículo 119 somete estas cuentas a la autorización de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Y establece
ese artículo, insisto, el 119, el régimen aplicable para la obtención
de la misma.

Esta disposición, que se introdujo en la Ley de Acompañamiento de la
última Ley vigente de Presupuestos, se refiere a las intenciones o
los resultados que se podían derivar de las actuaciones del propio
Banco Central Europeo. La presencia del Banco Central Europeo podía
ser influyente en cuanto a la dotación a los bancos centrales,
reconociendo al máximo su grado de autonomía, pero podía establecer
determinadas condiciones, determinadas reglas que fueran comunes a
toda la zona del euro en lo que se refiere a la acción económica de
esos bancos centrales y al tipo de servicios que podían operar dentro
de la zona del euro. En ese sentido, ésa fue la intención por la que
también se introdujo en esa Ley de Acompañamiento esta modificación,
para adecuarse a lo que podía ser un cambio de procedimientos en el
manejo de este tipo de cuentas.

En lo que se refiere al procedimiento a seguir para la apertura de
cuentas en las entidades de crédito distintas del Banco de España,
este procedimiento tiene dos fases claramente diferenciadas. En la
primera, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera emite
su informe favorable en el plazo de 30 días, en el que se pronuncia
acerca de la idoneidad de la apertura de la cuenta y de sus
condiciones de funcionamiento. En la segunda fase, una vez realizado
el proceso de adjudicación, que según lo recogido en la ley se
ajustará a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las administraciones públicas, mediante procedimiento
negociado, con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir
prestación de garantía definitiva, se concede la autorización
definitiva. Esta autorización tiene un periodo de vigencia de tres
años, prorrogables por otros tres. Este régimen de autorización de
las cuentas ya había sido establecido por la modificación del
artículo 119 de la Ley General Presupuestaria introducida por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social; si bien la última modificación normativa amplía el
horizonte de estas autorizaciones, al eliminar el carácter de
excepcionalidad anteriormente atribuido a la situación de fondos del
Tesoro público fuera del Banco de España.

En la actualidad, por tanto, la apertura de cuentas corrientes se
está autorizando tras un proceso de adjudicación ajustado a la Ley de
Contratos, lo que da una mayor garantía de transparencia en las
adjudicaciones, fomentando la concurrencia y competencia entre las
entidades de crédito. Ello redunda a su vez en una mejora de la
remuneración de los saldos del Tesoro, que tradicionalmente habían
estado infraremunerados. A su vez, la posibilidad de autorizaciones
globales, introducida en la modificación normativa referenciada, hace
que las condiciones ofrecidas por lasentidades de crédito mejoren
sustancialmente, ya que al



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negociarse saldos globales, tanto la remuneración como los servicios
ofrecidos son claramente más beneficiosos.

En estos momentos se encuentran en marcha numerosos procesos de
adjudicación, dado que las autorizaciones tienen en la actualidad un
periodo de vigencia limitado, tres años, y se están sometiendo de
nuevo a autorización todas aquellas cuentas que se abrieron con cargo
a la anterior normativa y que en su día fueron adjudicadas de forma
directa y en su mayo parte no remunerada. En ese sentido, la revisión
será positiva para la remuneración de estas cuentas.

La situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España
afecta básicamente a pagos que se realizan a través de habilitado, ya
que la mayoría de los pagos, según la normativa vigente, se realizan
directamente por el Tesoro a los acreedores directos a través de la
cuenta ordinaria del Tesoro en el Banco de España. Estos pagos a
través de habilitado se corresponden con los pagos de nómina,
anticipos de caja fija y pagos a justificar y sólo en ocasiones a
determinados pagos en firme de carácter especial. En la vertiente de
ingresos, afecta a las cuentas restringidas de recaudación de
ingresos no tributarios.

El criterio de autorización de estas cuentas es absolutamente
abierto, limitándose el papel del Tesoro prácticamente a la mera
verificación de la legalidad del funcionamiento de las cuentas y al
cumplimiento de los trámites legales exigidos por la ley. No
obstante, la normativa vigente abre la posibilidad de que también
puedan realizarse a través de entidades de crédito otros pagos del
Tesoro, si bien ello tendría unas consecuencias que exigen una mayor
profundización en su análisis, un estudio de las implicaciones sobre
otras partes afectadas y la necesidad de determinadas modificaciones
o desarrollos normativos.

En definitiva, al día de la fecha, la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera no está haciendo uso para sus pagos ordinarios de
la habilitación introducida en la Ley de medidas del año pasado. No
obstante, y respecto de aquellos organismos públicos que por razón de
sus particulares circunstancias o sectores de actuación necesitasen
un sistema de pago distinto al tradicional, se autoriza la
utilización de cuentas corrientes abiertas en entidades financieras,
si bien sujetas al principio de selección en libre concurrencia
a través del correspondiente concurso.

No estoy en disposición, puesto que no tengo los datos, de contestar
la otra parte, que ya ha concretado S.S. en su pregunta -me refiero a
la distribución-, porque he traído la respuesta correspondiente al
procedimiento, a cómo se articula ese procedimiento. Se ha referido
S.S. a las consecuencias de estos procedimientos que, en definitiva,
es la distribución de esas cuentas en las entidades bancarias
privadas. No sé exactamente a qué obedece esa distribución a la que
se ha referido. De todas formas, pediré las aclaraciones pertinentes
y se lo remitiré por escrito porque, como S.S. avanzaba, seguramente
es el resultado de algún concurso.




En todo caso, la entidad bancaria que ha citado en primer lugar,
recuerdo, que fue ganadora de un concurso de las cuentas judiciales,
y eso puede tener algo que ver con la importancia o la cuantía de
esas cuentas. Pero hablo completamente de memoria, señoría, y
prefiero constatar el
porqué, las razones de esas distribución, y se lo enviaré por escrito
para completar esta respuesta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Agradezco la información adicional que me
suministrará el señor Montoro, pero ya le adelanto que no parece que
el dato que le he dado con relación al Banco Bilbao Vizcaya tenga que
ver con el Ministerio de Justicia, porque el saldo del Ministerio de
Justicia a 31 de diciembre, de acuerdo con la información, es de
30.000 millones de pesetas. Y por otra parte, en la información que
se me ha suministrado, concretamente el Consejo del Poder Judicial o
la otra vertiente que pudiera tener no aparece, con lo cual ya le doy
la pista de que no debe venir por ahí la información, sino que
posiblemente sea más la otra que yo he establecido. De todas formas,
hay que esperar la ampliación de la información que me suministrará
el señor Montoro.




- DEL SEÑOR ESTRELLA PEDROLA (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
LAS CAUSAS DEL PROGRESIVO DESCENSO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS.

(Número de expediente 181/002444.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la siguiente pregunta,
que formula don Rafael Estrella Pedrola, y en sustitución del mismo
doña Ana Leiva, relativa a las causas del progresivo descenso de las
exportaciones españolas.

La señora Leiva tiene la palabra.




La señora LEIVA DÍEZ: Señor secretario de Estado, en los años 1998 y
1999 se están produciendo unas fuertes caídas en las exportaciones,
que están sufriendo deterioros progresivos y, por lo tanto, están
peligrando nuestra balanza comercial, que únicamente se va a salvar
gracias a la bonanza del turismo en España. Estas caídas se han
producido en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión
Europea, y también en otros mercados asiáticos o americanos y además
también han sido varios los sectores económicos afectados.

Por ello, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, ha pedido al
Gobierno en sucesivas comparecencias o iniciativas parlamentarias que
hemos presentado en el Congreso, un plan de choque para evitar la
caída de las exportaciones. Entonces, yo le pregunto: ¿Cuáles han
sido las causas del progresivo descenso de las exportaciones en
España?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): Señoría,
la desaceleración de las exportaciones españolas que, como S.S.

identifica correctamente, tuvo lugar en la segunda parte, en el
último cuatrimestre del año pasado y primeros meses de éste, tiene



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como causa fundamental el deterioro del comercio internacional
derivado de la incidencia y de la extensión de la crisis financiera
internacional que, como S.S. recuerda, se agudizó a partir del mes de
agosto del año pasado con motivo del repudio de la deuda externa de
la economía rusa.

La extensión de esa crisis financiera internacional significó también
que, además de afectar a parte de Europa, como sabe S.S., afectara
seriamente a Iberoamérica, y ello ha promovido una desaceleración de
la tasa de aumento del comercio mundial, algo negativo para la
continuidad del crecimiento económico para España y en general para
la economía internacional y, como no podía ser de otra manera, ha
repercutido negativamente en nuestra capacidad de exportar bienes y
servicios.

Para tranquilidad de S.S., desde luego reconociendo el interés que
siempre ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista en esta cuestión,
he de decirle que, como mi colega, la secretaria de Estado de
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, explicó en la Cámara,
ha habido ya una significativa recuperación de las exportaciones en
el mes de marzo. Como sabe S.S., las exportaciones han crecido en
tasa anual, en el mes de marzo, un 7,2 por ciento, que se corresponde
también con un significativo avance de las importaciones españolas y
que tiene a su vez como causa fundamental la recuperación de los
mercados europeos y por tanto el mayor pulso de la demanda interna en
las grandes economías europeas.

Como S.S. conoce, la desaceleración económica que están viviendo
buena parte de los países miembros de la Unión Europea, de las
grandes economías, desaceleración que ha sido incluso más profunda de
lo que permitía anticipar o vaticinar a finales del año pasado, viene
precisamente por la pérdida de competitividad de esas economías, me
refiero al caso especial de la economía alemana, pero también a la
economía italiana y en menor grado a la economía francesa, que han
vivido un pérdida en su ritmo de crecimiento económico, lo que
obviamente ha perjudicado a la capacidad exportadora de la economía
española.

Por tanto, entendemos desde los equipos del Gobierno que lo peor de
esa situación ya ha pasado, que la evolución de las exportaciones en
marzo significa una recuperación y que, a pesar de la caída del
comercio internacional -debo recordarlo esta mañana, una vez más, en
la Cámara-, las exportaciones españolas durante el año 1998
mantuvieron un ritmo de aumento claramente por encima del crecimiento
del comercio mundial, es decir, que seguimos ganando cuotas de
mercado en el año 1998. Las exportaciones en el total del año
crecieron en torno a un 7 por ciento, un 6,7 por ciento en volumen, y
el comercio mundial lo hizo prácticamente a la mitad, en torno a un
3,5 por ciento, también en volumen. Eso quiere decir que el
comportamiento de la exportación española mantuvo y permitió el
avance de cuota de mercado. Aún así, la economía española, para
entendernos, ganó posiciones en la economía internacional, en el
comercio mundial. Además, y reconociendo, como no puede ser de otro
modo, el deterioro que en ese momento se produjo en materia de
exportaciones, también es cierto que la balanza de pagos de la
economía española hace perfectamente soportable, en el sentido de
perfectamente financiable, el deterioro del déficit comercial que se
ha derivado de esa situación, puesto que, como S.S. conoce, el año
pasado
la capacidad de financiación de la economía española, como resultado
de la evolución positiva de la balanza por cuenta corriente de la
economía española, volvió a ofrecer un signo positivo. El año pasado
la economía española tuvo capacidad de financiación frente al resto
del mundo, y ello contando con que en buena parte del año sufrimos,
padecimos un fuerte bache también de crecimiento de la exportación.

Aún así, mantuvimos una capacidad de financiación frente al resto del
mundo, que es exponente de la sanidad de nuestro crecimiento
económico y que además permitirá enlazar con la recuperación de la
economía mundial. Como sabe S.S. todos los pronósticos en este
momento son positivos a ese respecto y hay ya avances de crecimiento
en el resto de la Unión Europea, avances en el aumento de demanda
interna en los mercados, sobre todo alemán y francés, y ello en sí
mismo es el mejor destino, el destino más primario para nuestra
exportación.

En una palabra, la causa está clara, la causa, como bien decía S.S.,
era fácilmente pronosticable. En mi comparecencia cuatrimestral de
septiembre del año pasado, de septiembre de 1998, ya anuncié que
sufriríamos ese deterioro y que eso llevaría a un deterioro de
nuestro crecimiento económico, pero no está siendo especialmente
significativo, puesto que en España la evolución negativa de las
exportaciones ha sido compensada por la evolución positiva de la
demanda interna, de manera que apenas hemos resentido nuestro
crecimiento económico. Manteniendo la preocupación, que debe ser de
todos, por el futuro de la exportación y por la ganancia de
competitividad de nuestro país, puesto que eso es lo que significa el
ingreso de España en el euro, podemos ver la situación con optimismo,
puesto que los exportadores españoles también están mejorando sus
expectativas en lo que se refiere a la evolución de su demanda. Eso
es lo que significa el dato de exportación de marzo y la mejora de
las expectativas de ese dato de exportación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Leiva.

La señora LEIVA DÍEZ: Agradezco su información y esparemos que ese
dato de exportación de marzo, que efectivamente conoce mi grupo, no
sea un dato aislado, sino que recuperemos el ritmo de las
exportaciones, por el bien de las pequeñas y medianas empresas y por
el mantenimiento de puestos de trabajo en todos los ámbitos. Y que de
verdad se readapten los instrumentos de apoyo institucional a la
exportación española para que estos índices, que pueden empezar a
tener un signo de inflexión por esta caída de las exportaciones,
puedan ser reales y empecemos el siglo XXI con un buen nivel de
exportación en España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): Quiero
completar la información y agradecer la intervención de la diputada,
en el sentido de que, aún contando con la desaceleración de las
exportaciones y la evolución alcista de las importaciones, nuestra
tasa de cobertura continúa por encima del 80 por ciento. Y en ese
sentido, podemos todavía estar tranquilos.




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En lo que insisto es en lo que avanzaba ya en mi primera
intervención, en que su preocupación, la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista es la del Gobierno, en cuanto a que el
desafío de la economía española es la competitividad. El Gobierno
trabaja para ganar esa competitividad a través de las políticas
económicas, cuya aprobación corresponde a la Cámara, y desde luego
celebra todas las iniciativas relativas a seguir mejorando la
competitividad de nuestra producción, puesto que el significado
auténtico de nuestro ingreso en el euro es ése. Tenemos que seguir
ganando competitividad interna sobre la mejora de nuestros precios
relativos y sobre la mejora de la calidad de nuestra producción.




- DEL SEÑOR ÁLVAREZ GÓMEZ (GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO), SOBRE
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONCORDANCIA Y FIABILIDAD DE LOS DATOS DE
COYUNTURA EN EL SECTOR HOTELERO Y TURÍSTICO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Y LA JUNTA DE GALICIA. (Número de
expediente 181/002449.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la última de las
preguntas pendientes, formulada por don Julio Álvarez Gómez, del
Grupo Socialista, relativa a medidas para garantizar la concordancia
y fiabilidad de los datos de coyuntura en el sector hotelero y
turístico entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Junta
de Galicia.

El señor Álvarez Gómez tiene la palabra.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Señor secretario de Estado, nosotros
planteamos esta pregunta porque desde las distintas administraciones
públicas que tienen competencia en la cuantificación de movimiento de
viajeros y de ocupación hotelera, se están dando datos absolutamente
discrepantes.

En el primer cuatrimestre de 1999, la Consejería de Turismo y
Comunicación Social de la Junta de Galicia cuantifica en dos millones
y medio de turistas las personas que han visitado Galicia. El
Instituto Gallego de Estadística, en su encuesta continua de
ocupación hotelera, en el mes de enero cuantifica las visitas, los
visitantes, el dato de ocupación hotelera, en definitiva, en 127.995.

El Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta de ocupación
hotelera en el mismo periodo, enero de 1999, sin embargo da una cifra
sensiblemente inferior, 107.636, veinte mil viajeros menos. En
febrero, 151.317 el Instituto Gallego de Estadística, 119.919 el
Instituto Nacional de Estadística. En el mes de marzo, 197.854 el
Instituto Gallego de Estadística; 170.821 el Instituto Nacional de
Estadística. Yen el mes de abril, 262.249 el Instituto Gallego de
Estadística; 222.794 el Instituto Nacional de Estadística. En total,
hay tres cifras globales del primer cuatrimestre de 1999. Por un
lado, la Consejería de Turismo y Comunicación Social lo cifra en dos
millones y medio; el Instituto Gallego de Estadística lo cifra en
739.415; el Instituto Nacional de Estadística lo cifra en 621.170.

Nosotros creemos que este lamentable escenario influye en algunos
indicadores económicos, particularmente en la
inflación, en los precios del sector. Se están dando unas cifras
difícilmente creíbles, no sabemos cuáles son las fiables y cuáles no,
pero algunos empresarios pueden creer que efectivamente esto se está
produciendo. Yha tenido que intervenir la propia comunidad autónoma
para sancionar ya en estos meses a algunos empresarios que estaban
incumpliendo la normativa de precios. También influye, sin duda,
a corto y medio plazo sobre la oferta hotelera y y seguramente también
sobre la inversión y sobre los criterios que las distintas
administraciones públicas competentes en materia de turismo, Gobierno
central, Gobierno autónomos e instituciones encargadas de promover el
desarrollo en cada territorio, puedan manejar para tomar sus
decisiones.

Por lo tanto, desde el Grupo Socialista consideramos que las cosas no
puede seguir así, que no puede haber esta confusión, esta
discrepancia en las cifras sobre un tema importante como es el
turismo, en España y en Galicia. Creemos que el Gobierno tiene que
tomar algún tipo de medidas. Por ello, le preguntamos concretamente
cuáles son las medidas de coordinación que el Gobierno prevé adoptar
para impedir que se siga produciendo esta discrepancia entre las
cifras que manejan las distintas administraciones públicas
competentes en materia de turismo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA( Montoro Romero): Señoría,
el Instituto Nacional de Estadística elabora su encuesta de ocupación
hotelera en función de las variables y las metodologías armonizadas
en el seno de la Unión Europea. En ella, la definición de turista
está en función de si se contabiliza una pernoctación. Esta es la
cuestión clave, de forma que muchos visitantes que no duermen en
hoteles o en otros establecimientos registrados no se contabilizan en
esa estadística.

El censo para su elaboración ha sido actualizado, con información de
las comunidades autónomas, en enero de 1999. En el caso de provincias
con pocos establecimientos se hace una consulta al universo completo.

El Instituto Nacional de Estadística participa, desde mayo de 1998,
en el grupo de trabajo sobre estadísticas regionales, que es el
centro de coordinación, con el fin de ofrecer a todas las comunidades
autónomas que lo deseen la posibilidad de realizar convenios o
explotaciones específicas de cada comunidad en el ámbito de las
estadísticas de turismo. De hecho, se han cambiado esas encuestas de
ocupación adaptándolas a las necesidades expresadas por las distintas
comunidades autónomas con el fin de evitar, en la medida de lo
posible, la duplicidad de encuestas.

Uno de los resultados de este grupo de trabajo ha sido la unificación
de los directorios empleados en las encuestas que realizan tanto el
Instituto Nacional de Estadística como las comunidades autónomas,
para evitar la sobrecarga que supone responder a ese tipo de
encuestas cuando no obedecen a directorios comunes. Desde el próximo
mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística implantará las
encuestas de ocupación en alojamientos de turismo rural y en
apartamentos turísticos, de manera que esa estadística será más
completa, que el resto de las que están basadas en criterios
homogéneos y armonizados con el resto de los países de la Unión
Europea.




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El trabajo de coordinación está en marcha y el deseo del Gobierno es
que exista la mayor coincidencia en los resultados finales que mide
la estadística económica, a efectos de que lo que está revelando sea
lo más fiel con la realidad y de que no produzcan expectativas
negativas en cuanto a la evolución, como S.S. decía, de problemas
como la inflación o la ocupación hotelera. El trabajo se está
haciendo y puedo avanzarles también que la disposición de las
comunidades autónomas es favorable a que exista mayor coincidencia.

Apreciamos también, en lo que se refiere a las publicaciones
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto
gallego, discrepancias en cuanto a ocupación. Por lo que se refiere a
la ocupación de estos primeros meses -me refiero a la estadística
publicada, a la oficial- la discrepancia es muy baja, prácticamente
despreciable. Comprendo la preocupación de S.S. porque es también
preocupación del Gobierno hacer que en la estadística regional en
España lleguemos a un grado de coordinación suficiente para que no
haya lecturas de realidades económicas en turismo ni en ninguna otra
materia: en paro, inflación, producción industrial, evolución
económica general y distribución comercial, puesto que la estadística
económica tiene que revelar , lo más fielmente posible la evolución
económica que pretende advertir. Hay que seguir trabajando en esa
coordinación entre la labor que hace el Instituto Nacional de
Estadística y las contabilidades regionales.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Álvarez Gómez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Agradecemos y compartimos que es deseable que
el Gobierno tome medidas, al hilo de lo que indica el señor
secretario de Estado, para garantizar la concordancia de datos entre
los distintos organismos de las comunidades autónomas y el Instituto
Nacional de Estadística, para evitar esa confusión e, incluso, el
caos al que yo aludía en mi primera intervención, pero no compartimos
que esas desviaciones sean desechables. Hay más de un 15 por ciento
de variación sobre los datos publicados por el Instituto Gallego de
Estadística y los del Instituto Nacional de Estadística en el primer
cuatrimestre de 1999: 739.000 frente a 621.000, de más en el
Instituto Gallego de Estadística; es decir, hay 110.000 viajeros más
que, según el citado Institut, han ocupado plazas hoteleras en el
primer cuatrimestre.

También queremos poner de manifiesto que el Gobierno se está
olvidando de otras cosas. Según los datos que da la Consejería de
Comunicación y de Turismo de la Xunta de Galicia faltan dos millones
de viajeros. Cierto que no sabemos cómo los cuenta, no sabemos si
tiene en Santiago de Compostela, algún mecanismo por el cual el que
pasa por la catedral y le da un abrazo al apóstol Santiago tarda
cinco segundos lo cual, multiplicado por no sé cuántas horas de
apertura de la catedral, da no sé cuántos visitantes. Esos métodos
tienen poca fiabilidad.

A partir de la pregunta que nosotros hemos formulado al Gobierno y
que ha entrado en la Cámara hace ya algo más de un mes, la Xunta de
Galicia se ha esforzado más en mantenerla que en corregirla. Sigue
manteniendo que la cifra de visitantes es de dos millones y medio.

Luego los ha disfrazado con la figura del peregrino, ése que va y no
se sabe dónde duerme, de dónde sale y dónde entra. Ha insistido
en los medios de comunicación reiteradamente en que las cifras
son correctas, en que han visitado Galicia dos millones y medio de
personas, en que esto tremendo y algunos empresarios se lo pueden
creer.

El Gobierno debiera hacer pública su posición sobre este particular.

No basta que se establezcan los mecanismos. Es bueno que abunde en
los mecanismos de coordinación para impedir que en las estadísticas
oficiales de las comunidades autónomas y del Gobierno central se
vayan equiparando las cifras, pero en este momento hay muchos
ciudadanos, muchos empresarios, muchas instituciones que no saben
cuál es la cifra de turistas y de visitantes, cuál es la dimensión
del sector turístico en una comunidad autónoma. Ymientras una
comunidad autónoma mantiene su cifra y la reitera en los medios de
comunicación, buscando eventos de diversa índole para reafirmarse en
lo ya dicho, el Gobierno todavía no ha manifestado nada. Nosotros le
pediríamos al Gobierno que públicamente diga cuál es su estimación de
visitantes en la Comunidad Autónoma de Galicia, que diga algo que
pueda servir para deshacer esta confusión y este caos, porque estamos
seguros de que está produciendo decisiones inadecuadas en el ámbito
económico, de la inversión privada y del propio sector, máxime cuando
la propia Consejería de Turismo dice que esos son los datos del
sector. Si lo son, convendría cerciorarse.

Termino diciendo, señor presidente, que nuestro único interés es que
esta confusión, este caos que se ha creado a partir de una
metodología termine. Es bueno que vaya confluyendo en sus mecanismos,
pero, a partir de lo que teníamos hasta ahora, es preciso mejorar
notoriamente los mecanismos de coordinación y evitar estas
lamentables situaciones, que no benefician a nadie, salvo que alguien
pretenda hacer un uso partidario de cifras que no se corresponden en
absoluto con la realidad. Si hiciéramos un análisis de cuáles han
sido las cifras de visitantes del año 1998 veríamos que el Año Santo
Xacobeo de este nuevo milenio, a pesar de los esfuerzos del Gobierno
central y de la comunidad autónoma, tampoco está dando los frutos que
todos esperábamos, a la vista la cantidad de recursos que se están
movilizando para este evento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): En primer
lugar, deseo expresarle que estoy convencido de que el Xacobeo es un
éxito.

Advertido esto, debo añadir que las estadísticas las publica el
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Gallego de
Estadística; esas son las que yo he manejado. Efectivamente, el grado
de ocupación relativo al mes de abril en Galicia es de un 29,16 y el
del Instituto Gallego de Estadística, de acuerdo con la información,
además obtenida en Internet, es de un 29,8, es decir, que las
discrepancias no son precisamente exageradas. Son las fuentes
publicadas, las que yo estaba comparando en todo momento y las que me
han servido para la reflexión general que hacía. Insisto en que el
trabajo de coordinación se está haciendo. Por otra parte, es
importante que se haga en España ese trabajode coordinación para que
la estadística que manejamos



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los ciudadanos españoles, con independencia de nuestro lugar de
residencia, sea la más fiable. Es muy importante esa coordinación.

Comparto la preocupación de S.S. en cuanto a la necesidad de
coordinar esas estadísticas, pero no extrapolemos ni derivemos
conclusiones que son más propias de otro debate, como es el éxito o
el fracaso de un acontedimiento. Yo supongo que S.S. desea el éxito,
como -yo mismo-, de esta celebración especial para toda Galicia y,
dada esa coincidencia de intereses, lo que tenemos que haer es seguir
trabajando para evitar que las estadísticas puedan ofrecer imágenes
no reales. Pero insisto en que las publicadas son las que yo he
manejado. Tengo que referirme a los datos oficiales, en este caso del
propio Instituto Nacional de Estadística, que tienen toda la
fiabilidad y la profesionalidad que les da el citado el Instituto.

El señor PRESIDENTE: No se olviden lo señores miembros de la Mesa y
los señores portavoces que a continuación celebramos Mesa y Junta de
Portavoces, con toda la brevedad que sea posible.




Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.




Nota.-El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, del miércoles, 16 de junio de 1999, no guarda
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones« ya elaborados.