Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 712, de 16/06/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 712
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles, 16 de junio de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Debate y, en su caso, aprobación del informe eleborado por la
subcomisión relavita al cincuenta aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. (Número de expediente 154/000023)
... (Página 20416)
Comparecencia del señor subsecretario de Asuntos Exteriores (De
Carvajal Salido) para informar sobre la política del Gobierno en
relación al servicio exterior. A solicitud del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), ( Número de expediente 213/001084)
... (Página 20429)
Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan)
para informar sobre los resultados de la sesión de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas reunida en Ginebra y, en
especial, de las posiciones del Gobierno español. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001096) ...
(Página 20439)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
- DEBATE, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL INFORME ELABORADO POR LA
SUBCOMISÓN RELATIVA AL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA DECLARACÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 154/000023.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días.
Comienza la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, de acuerdo
con el orden del día previsto que todos ustedes conocen, y que
incluye en primer lugar el debate y en su caso aprobación del informe
elaborado por la subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como saben ustedes, la existencia y los trabajos de las subcomisiones
están regulados por la resolución de la Presidencia del Congreso de
los Diputados de 26 de junio de 1996. En esa resolución se indica que
después de proceder a los trabajos correspondientes en el seno de la
misma subcomisión y con el trabajo de sus propios miembros, se
indica, digo -y cito literalmente-, que cada subcomisión elevará un
informe para su aprobación a la correspondiente Comisión. Dice
también que los grupos parlamentarios que discrepen de dicho informe
podrán presentar votos particulares que serán también objeto de
debate y votación por la Comisión. Añade que el debate del informe
por la Comisión se iniciará con la presentación del mismo por uno de
los miembros de la subcomisión, interviniendo a continuación un
representante de cada uno de los grupos parlamentarios que hayan
presentado votos particulares y finalmente los representantes de cada
uno de los grupos que no lo hayan hecho. Durante este debate, en el
que cada una de las intervenciones tendrá una duración máxima de
quince minutos, los grupos podrán presentar propuestas de transacción
entre el texto elevado por la subcomisión y los votos particulares.
Añade entre otras cosas y finalmente que el informe de la
subcomisión, los votos particulares y el texto aprobado por la
comisión serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales».
La subcomisión celebró lo que era formalmente su última reunión ayer
mismo; la subcomisión, en una decisión que agradezco, me confió, que
yo mismo como presidente de la subcomisión fuera el que presentara el
informe de los trabajos de la misma, cosa que pienso hacer
inmediatamente.
Efectivamente, la subcomisión fue aprobada en el Pleno del día 10 de
diciembre de 1998; la subcomisión creada tenía como finalidad la
celebración -la decisión había sido tomada previamente por la
Comisión de Asuntos Exteriores, por esta Comisión- del cincuenta
aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Estimó la Comisión entre otras cosas que la
declaración era la combinación de todo un esfuerzo de positivación de
los derechos humanos a nivel internacional y que al mismo tiempo
marcaba un momento importante en el que se habría la posibilidad de
que las constituciones de los diversos países integrantes de la
comunidad internacional
pudieran recoger aquellos principios como parte de sus propios
ordenamientos internos.
A tal finalidad, siguiendo las prácticas habituales de las
subcomisiones, tuvimos la oportunidad de convocar y escuchar las
opiniones de diversas personas e instituciones cuyo campo fundamental
de actuación son los derechos humanos con la finalidad de conocer sus
opiniones y sugerencias acerca de la mejor manera de potenciar y
fomentar una política que tuviera en cuenta fundamentalmente ese
respeto a los derechos humanos como clave de su actuación. Al mismo
tiempo pedimos del Gobierno y recibimos (cosa que también se había
solicitado en la proposición que originariamente dio lugar a la
existencia de la subcomisión), los correspondientes informes sobre
derechos humanos por áreas geográficas y los convenios
internacionales en los temas de derechos humanos, de los cuales
España es parte.
El resultado de esos trabajos nos ha permitido entre otros, quiero
recordarlo aquí porque también es motivo de agradecimiento, tener
entre nosotros en la subcomisión al Defensor del Pueblo, don Fernando
Alvarez de Miranda, al embajador en misión especial del Comité
Nacional del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, don Jesús Riosalido, al fiscal del Tribunal Europeo de
Justicia de Luxemburgo, don Antonio Vercher; al director del
departamento de Cooperación Internacional de Cáritas, don David
López; a don Eugenio Gay Montalvo, presidente del Consejo General de
la Abogacía; a la directora de relaciones institucionales de
Intermon, doña Paloma Escudero, a don Esteban Beltrán, director de la
sección española de Amnistía Internacional; a doña María Esther
Solabarrieta Aznar, diputada de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Vizcaya; a don Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de la Cruz
Roja Española; a don Joaquín Ruiz-Giménez, presidente de Unicef; a
don Antonio Pastor Ridruejo, juez del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo; a don José Antonio Gimbernat, presidente de
la Federación de asociaciones de defensa y promoción de los derechos
humanos; a doña Margarita Retuerto, vocal del Consejo General del
Poder Judicial y a doña Esther Colmenarejo Rubio, vicepresidenta de
Manos Unidas y coordinadora del departamento de proyectos, entre
otras personalidades. Esto nos ha permitido llegar a la elaboración
de toda una serie de propuestas de resolución que inmediatamente
consideraremos y que formarán parte de un volumen que a través de
esta Cámara será publicado esperamos que en fecha próxima,
inmediatamente después de que las propuestas de resolución hayan sido
consideradas y eventualmente aprobadas por el Pleno del Congreso
y que según la misma decisión de la subcomisión, contaría con la
presencia de una serie de antecedentes como es la misma Declaración
Universal de Derechos Humanos, con el acuerdo de la creación de la
subcomisión, con el acuerdo sobre la composición de la misma y con un
preámbulo introductivo y explicativo que contaría también
inmediatamente con la documentación enviada por el Gobierno, es decir
con el documento relativo a la situación de España con referencia a
todos y cada uno de los instrumentos internacionales relativos a
derechos humanos en vigor, y el informe acerca de la política de
promoción de los derechoshumanos por áreas geográficas y convenios
internacionales.
Al mismo tiempo, también daremos cumplida y minuciosa cuenta de cada
una de las comparecencias, no únicamente de las listas de aquellas
solicitadas y celebradas, sino también las transcripciones
mecanográficas de cada una de las comparecencias por el interés que
revelan. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que van a
reflejar el sentido mayoritario, esperemos que unánime y ampliamente
consensuado en cualquier caso de lo que es la subcomisión, de lo que
son los trabajos de la subcomisión y los trabajos de esta Comisión al
respecto.
Las propuestas de resolución que van a formar parte de este documento
sobre el cual tenemos que manifestarnos inmediatamente, están
agrupadas en una serie de capítulos. En primer lugar el preámbulo
titulado el derecho internacional en los derechos humanos en el mundo
actual; un segundo capítulo dedicado a la ratificación de convenios y
tratados internacionales, donde analizamos aquellos que han sido
ratificados, que deben ser ratificados o que podrían ser ratificados
por parte de España; un tercer capítulo dedicado específicamente a la
abolición de la pena de muerte; un cuarto capítulo donde se recogen
las referencias a los mecanismos institucionales y a los derechos
humanos; un quinto capítulo sobre educación, formación y difusión de
los derechos humanos; un sexto que contiene el futuro de los derechos
humanos, que se titula profundización en el desarrollo de los
derechos humanos y culmina este documento que recoge las propuestas
de resolución.
Tengo que decirles que como presidente de la subcomisión me encuentro
en situación de expresar mi profunda satisfacción y agradecimiento;
satisfacción por el desarrollo de los trabajos y agradecimiento a
todos y cada uno de los miembros de la subcomisión. Como los tengo
aquí delante, me voy a permitir mencionarlos, porque me parece que
necesitan un agradecimiento específico: doña Matilde Fernández; doña
Blanca García Manzanares; don José María Robles Fraga; don Ricard
Burballa; doña Margarita Uría; la señora Castro Masaveu, doña Alicia;
el señor Navas, don José; el señor Alcaraz, don Manuel. No está entre
nosotros don Luis Mardones, pero también quiero agradecerle su
participación.
Como presidente de la subcomisión, ha sido para mí
extraordinariamente satisfactorio trabajar con todos y cada uno de
ustedes. Creo que hemos producido un buen documento que espero recoja
un alto nivel de consenso dentro de esta Comisión y en el Pleno de la
Cámara.
Quiero agradecer al letrado de la Comisión, don José Manuel Serrano
Alberca, su participación y su trabajo y le ruego que haga llegar
este agradecimiento a las funcionarias de la Comisión; su trabajo nos
ha permitido contar con todos los documentos y propuestas en un
tiempo realmente récord en un asunto que a veces ha presentado
complicaciones técnicas y políticas de cierto alcance.
Este brevísimo informe quería someter a la consideración de esta
Comisión manifestando a todos ustedes mi agradecimiento y
satisfacción.
Vamos a proceder inmediatamente al debate y eventual aprobación,
primero de los votos particulares y luego del texto del informe de la
subcomisión. Como he indicado anteriormente, comenzaremos
considerando los votos particulares y dando la palabra a los
portavoces de los grupos parlamentarios que los han presentado. Luego
daremos la
palabra a los miembros de los grupos parlamentarios que no han
presentado votos particulares, y por fin procederemos a las
votaciones. Votaremos primero los votos particulares y a continuación
el texto del informe, en la forma que luego decidamos en función de
los acuerdos o desacuerdos que se hayan podido producir. En cualquier
caso, las votaciones no tendrán lugar antes de las once de la mañana.
¿Alguna observación? (Pausa.)
Pasamos a la consideración de los votos particulares. Lo haremos por
el orden de presentación: Izquierda Unida, Grupo Mixto -don Manuel
Alcaraz-, Grupo Socialista y Convergència i Unió.
En primer lugar, los votos particulares presentados por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Don José Navas tiene la
palabra.
El señor NAVAS AMORES: Mi grupo ha presentado cinco votos
particulares, cinco enmiendas de adición. Algunas pretenden aportar
no clarificación sino un complemento a lo que el texto va marcando;
es decir, no intentan cambiar el fondo de los artículos a los que se
refiere. También presenta tres enmiendas o votos particulares
referidos a cuestiones que entendemos que el texto no recoge y
podrían aportar algún elemento diferenciador. Las expondré por el
orden que aparecen en el documento de enmiendas.
La primera es de adición al apartado 1. Nuestra intención es
modificar y después de «Frente a violaciones sistemáticas de Derechos
Humanos, la Comunidad Internacional puede y debe arrogarse el derecho
de intervención», añadir la expresión «a través de las Naciones
Unidas y sus organismos.» Ya vimos en el momento del debate que
nuestro grupo no se sentía reflejado en esa afirmación, aunque
entendíamos que podíamos tener todos un lugar de encuentro. En ese
momento no fue posible aportar un texto, de ahí la propuesta de
incorporación que ahora hacemos. Creemos que ante violaciones
sistemáticas de derechos humanos, la comunidad internacional sólo
debe actuar a través de Naciones Unidas y sus organismos.
Estamos haciendo hincapié sobre un precepto básico del derecho
internacional. El Gobierno español está trabajando junto con otros
países en lo que se ha dado en llamar la Asamblea del milenio de
Naciones Unidas que pretende adaptar Naciones Unidas a las
necesidades del futuro. La modificación y democratización del Consejo
de Seguridad está también dentro de esos estudios.
Las referencias al llamamiento de La Haya también van en la línea que
propone mi grupo, que demanda una intervención rápida y eficaz por
parte de fuerzas humanitarias cuando civiles sean amenazados por
genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.
Evidentemente, cualquier intervención motivada por estos asuntos
tiene que estar sujeta a las prescripciones de la Carta de Naciones
Unidas.
Hacemos referencia constantemente a la necesidad de actuar cuando en
cualquier país del mundo se violen estos derechos, pero la queremos
dotar de un marco de seguridad jurídica. En distintos apartados se
habla incluso de reforzar la capacidad de Naciones Unidas para
mantener la paz; se hace referencia a la necesidad de intervenir,
pero intervenir, ¿cómo? Bajo el paraguas de Naciones Unidas. ¿Expongo
todas las enmiendas ahora, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Creo que sería bueno que hiciera referencia a
todas, dentro de un marco temporal relativamente breve.
El señor NAVAS AMORES: La segunda enmienda de adición, quiere añadir
un elemento al que el propio texto hace referencia. España dedicará
en su acción exterior especial interés al fomento y promoción de la
defensa de los derechos humanos en los países con los que tiene una
relación más directa y más próxima geográficamente. El texto menciona
exclusivamente Iberoamérica porque es una de nuestras prioridades
geoestratégicas y políticas. En cuanto a la proximidad física,
entendemos que nuestro flanco sur es uno de los lugares en los que
nuestra acción exterior es importantísima, y lógicamente, deberíamos
incluir al Magreb también como prioridad en cuanto al desarrollo
y promoción de los derechos humanos.
La enmienda número 3 incluye otro elemento para intentar enriquecer
el texto y son ni más ni menos que dos líneas extraídas de la
proposición no de ley de Izquierda Unida, que se aprobó el 10 de
febrero de 1999 por unanimidad. La proposición no de ley instaba al
Gobierno a la agilización del proceso de ratificación del Tribunal
Penal Internacional (TPI). Este párrafo hace referencia al esfuerzo
de España por adelantar los trabajos de ratificación y a la promoción
que España está haciendo dentro de la comunidad internacional para
que esa comunidad lo ratifique. Incluimos estas dos líneas
consensuadas en su día entre todas las fuerzas políticas porque
entendemos que enriquecen el texto. La cuestión ya fue tratada y
todos coincidíamos. Dice así: «manteniendo la política española
favorable a que el tribunal pueda ejercer sin limitaciones las
funciones jurisdiccionales que le atribuye el Estatuto de Roma.» En
la enmienda 4 hay un ligero error. La propuesta es de adición a
continuación de «del año 2002». Ha habido un pequeño error en la
transcripción administrativa. Queremos que el Gobierno no se
circunscriba exclusivamente a la comparecencia que dice el texto,
previa a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en Ginebra, sino que se celebre también una
comparecencia cuando la Unión Europea deba tratar la posición común
que va a presentar en esa institución.
España tiene su margen de autonomía en la acción exterior para la
promoción de los derechos humanos, pero tiene también una parte
delegada en la Unión Europea para que la represente en los ámbitos
regionales en los que ésta tiene voz y voto. Por tanto, sería bueno,
conveniente y necesario debatir en la Cámara la posición que se va a
defender en la Unión Europea para que el Gobierno tuviese referencias
completas de la voluntad de la representación popular española.
La última enmienda hace referencia al famoso y controvertido debate
que hemos tenido en la subcomisión sobre la necesidad que algunos
entendemos hay de que España elabore su propio informe anual, su
propio plan sobre la defensa de los derechos humanos, y ésta no es
sólo una petición expuesta por el Grupo de Izquierda Unida, sino que
a lo largo de los debates se ha visto que en la subcomisión había
sensibilidad importante para llevar a cabo esto. Nuestras prioridades
sectoriales, regionales y estratégicas requieren de una acción
exterior española; en ese ejercicio
de nuestra autonomía en la acción exterior debemos marcar una
definición de principios que sirvan a la propia Cámara y al Gobierno
para analizar el grado de consecución de los objetivos fijados, para
hacer una evaluación permanente de esa acción exterior, que esta
subcomisión pretende sea uno de los elementos centrales, más allá de
la capacidad administrativa técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Nosotros creemos que es posible realizar esto y que sólo
faltaría la voluntad política -y es lo que reclamamos-, tanto en la
subcomisión como hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores. Ésta es la
valoración global que hacemos de este documento.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Alcaraz, para la presentación y defensa de sus
votos particulares.
El señor ALCARAZ RAMOS: He de decir que comparto la valoración global
positiva que hacía el presidente. Creo que en conjunto se ha
realizado un buen trabajo, que va a ser elemento de referencia para
los derechos humanos en España, y desde este punto de vista todos los
que hemos participado en mayor o menor medida nos podemos sentir
satisfechos y orgullosos del trabajo realizado. No obstante, para
Nueva Izquierda hay algunos puntos manifiestamente mejorables, sobre
todo uno, por lo que hemos mantenido cinco votos particulares, todos
textos que figuraban ya en las propuestas de resolución que nuestro
grupo formuló a lo largo de los trabajos de la subcomisión.
El primero se refiere a los mecanismos institucionales y derechos
humanos, y dentro de ese capítulo a las fórmulas de control y de
incentivación de la tarea de acción del Gobierno en política
exterior, partiendo de algunas ideas básicas.
En primer lugar, que los derechos humanos deben ser la principal
fuente de inspiración de la política internacional de España. Si
estamos de acuerdo con esa idea, se podrá entender fácilmente que
buscar un mecanismo institucional permanente que permita que esa
acción exterior quede plasmada y pueda ser adecuadamente controlada
en el Parlamento y difundida ante la opinión pública se convierte en
un hecho fundamental. Anuestro modo de ver ello requiere dos cosas:
un plan global, como se ha recomendado en diversas conferencias
internacionales, y mecanismos específicos de control parlamentario.
En el texto que hoy se somete a votación, sin los votos particulares
aparecen dos ideas: primero, el apoyo a un informe anual en el ámbito
europeo, algo a lo que no tenemos nada que oponer, nos parece muy
bien; y, segundo, unas comparecencias del Gobierno ante la Comisión
de Asuntos Exteriores con motivo de la celebración de la sesión anual
de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo,
esto nos parece insuficiente por dos razones. Primero, porque no hay
que comparar necesariamente un plan global con los informes sobre
derechos humanos que emite el Gobierno de Estados Unidos, y quizá sea
ésta la larga sombra que ha impedido veamos otras cosas. Quizá eso lo
vaya a hacer la Unión Europea, ojalá lo haga y España debe colaborar.
Insisto, nada que oponer a esa idea. Pero aquí no se trata tanto de
que el Gobierno español haga un análisis
pormenorizado de cada uno de los Estados del mundo, algo que
seguramente está por encima de las posibilidades del Gobierno
español, sino que haga una planificación global de las tareas a
asumir por el Estado español en materia de derechos humanos. Ésa
sería una primera idea, la del plan global. La segunda es un
mecanismo de control ad hoc. En el texto que se sometería a votación,
si no se incluyen los votos particulares que sobre esta materia
existen, no se innova absolutamente nada. En la actualidad, basta con
que cualquier grupo parlamentario -si no es a iniciativa del propio
Gobierno- solicite que comparezca el ministro para informar sobre la
posición de España antes o después de las sesiones de Ginebra para
que se haya producido lo que ahora decimos. Por tanto esto no es,
insisto, ninguna innovación. En lugar de ello nosotros pedimos un
mecanismo más complejo, pero que permitiría un debate fructífero en
el seno de esta Comisión sobre derechos humanos. Se trataría de que
al principio del primer período de sesiones el ministro comparezca
para presentar el plan global a la Comisión y vuelva a comparecer al
final del segundo período de sesiones, ya ante el Pleno del Congreso,
para informar sobre la ejecución de dicho plan, pudiendo producirse
otras comparecencias de organizaciones no gubernamentales
o especialistas en derechos humanos en sesiones monográficas para
exponer su punto de vista sobre el plan global en el período previo a
esta segunda comparecencia. Todo ello sin menoscabo de otras acciones
de control parlamentario previstas reglamentariamente.
El segundo voto particular se refiere al papel de la Casa Real en la
promoción de los derechos humanos. Hemos de indicar claramente que se
hace a tenor de las competencias que constitucionalmente tiene
atribuidas la Casa Real como más alta representación en relaciones
internacionales, aunque lógicamente en el sistema de monarquía
parlamentaria española, sometida la acción del monarca o de otros
miembros de su familia a las directrices que marca el Gobierno. Por
tanto esto no es una recomendación que se dirija a la Casa Real, sino
una recomendación que obviamente se dirige al Gobierno. Entendemos
que no hay por qué dejar un espacio exento a la más alta institución
del Estado, y que al menos en dos cosas en que el consenso es unánime
en todo el arco parlamentario se podría perfectamente recomendar al
Gobierno que en la preparación de viajes, discursos, etcétera de S.
M. el Rey y otros miembros de la familia real pudieran incluirse
cuestiones como la derogación de la pena de muerte o alentar a la
firma y ratificación de convenios y tratados internacionales en
materia de derechos humanos.
El tercer voto particular, también dentro de los mecanismos
institucionales, se refiere a instar al Gobierno a realizar una labor
constante de intercambio de información con las organizaciones de
derechos humanos en España, fundamentalmente en aquellos casos que se
vayan a producir visitas de Estado a países en los que se aprecia o
se supone que existen graves violaciones de los derechos humanos o
bien en aquellos casos que España reciba visitas de dignatarios de
estos países. De esta manera, el Gobierno podría tener una
información más adecuada, podría circular la información en una
materia tan sensible, y de la misma manera finalmente se
establecería la obligación
de que el Gobierno informe de sus contactos a las Cortes
Generales y a estas organizaciones especializadas.
Un cuarto voto particular se refiere al apartado sexto del informe
sobre educación, formación y difusión de los derechos humanos. Se ha
aprobado en buena medida la propuesta que venía de Nueva Izquierda,
por lo cual nos congratulamos, pero entendemos que sería un elemento
de generación de espacio simbólico de los derechos humanos -algo muy
importante- que al igual que se ha aceptado el que los funcionarios
reciban el día de su toma de posesión la Constitución y la
Declaración Universal de Derechos Humano, cuando los jóvenes
españoles concluyan sus estudios reciban también la Constitución y el
texto de dicha declaración universal.
El último voto particular se refiere a tres elementos que entendemos
mejorarían aquello que ya se dice en el apartado sobre profundización
en el desarrollo de los derechos humanos respecto del derecho de
asilo. Son tres medidas técnicas que pensamos que hay que mejorar.
Así, por ejemplo, que el concepto de asilo en el marco de la Unión
Europea se extienda no solamente a aquellas personas perseguidas por
estados, como ha venido siendo tradicional, sino también a personas
perseguidas por entidades no estatales si su Estado no está en
condiciones o no tiene voluntad de protegerlos. En segundo lugar,
instar al Gobierno a que se impulse la adopción de medidas sobre
normas mínimas para los procedimientos de asilo que corrijan las
deficiencias apreciadas en resoluciones de la Unión Europea, sobre
todo en las llamadas solicitudes manifiestamente injustificadas
y cuando se aplica el concepto de tercer país euro. Finalmente, instar
al Gobierno a que cualquier medida tomada sobre la protección
temporal se aplique exclusivamente a situaciones excepcionales de
afluencia masiva y no provoque el descenso de los niveles de
protección. Entendemos que estas tres medidas mejorarían técnicamente
la redacción, aun estando de acuerdo con lo que figura en el texto,
con algunas dudas (ayer mismo ha sido introducida una modificación
sobre el acuerdo de Dublín que no estamos muy seguros que sea lo más
práctico desde el punto de vista técnico, aunque no haríamos un
problema de ello), así como lo referente a un tema tan importante
como el derecho de asilo.
Por lo tanto, concluyo reiterando la felicitación a todos los grupos
por el trabajo realizado, por entender que es un buen documento, pero
también esperando de los grupos el apoyo favorable a todos o a
algunos de estos votos particulares porque creemos que mejoraría,
sobre todo el primero, que daría sustancia y que elevaría el control
institucional, pieza clave en todo el sistema que tratamos de diseñar
en esta resolución y que si no corre el riesgo de quedarse un poco en
esta materia en la pura retórica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Permítame, en primer lugar, que haga
unas breves palabras al conjunto del informe, pasando inmediatamente
a la defensa del voto particular que hemos mantenido con una
enmienda. La constitución de esta subcomisión, sus sesiones de
trabajo,las comparecencias celebradas y finalmente los debates
tenidos por los grupos que en ella hemos intervenido ha supuesto para
nosotros un motivo de especial satisfacción porque ha ido más allá de
cumplir con un trámite necesario, importante y responsable ante una
celebración tan trascendental para el desarrollo y el progreso de los
pueblos como ha sido el cincuentenario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1949. Y digo, señorías, que ha sido algo más
que cumplir un mandato parlamentario porque lejos de terminar nuestro
trabajo con la presentación de este informe, nos sitúa en un
recorrido dinámico y permanente que habrá de continuar
ininterrumpidamente en esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Constituye un todo global que debe informar toda la política del
Gobierno, sin que ninguno de sus puntos sea más o menos importante
que otro, y a los miembros de esta Comisión nos mantendrá vigilantes
y alertas para que, como dijo la señora Robinson, alta comisionada en
Naciones Unidas para los derechos humanos, no sean necesarias más
celebraciones, porque la mejor de ellas será el respeto y
cumplimiento permanente de dicha declaración.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere dar las gracias a todos los
comparecientes que han acudido a la subcomisión, que nos han
trasladado sus reflexiones, aportaciones y propuestas y que, sin
duda, han enriquecido notablemente nuestros debates y facilitado
nuestro trabajo. Deseo manifestar con satisfacción que mi grupo ha
visto reflejado en este informe una buena parte de sus propuestas,
que han sido incorporadas al texto final, y quiero destacar también,
cómo no, con nuestro reconocimiento, el papel conciliador
y estimulante a la vez del señor presidente de la subcomisión, que lo
es también de esta Comisión, quien no sólo desde su habilidad
diplomática -ampliamente conocida, por otra parte-, sino más bien
desde su obsesión por el consenso ha orientado permanentemente sus
esfuerzos hacia la unanimidad final de este informe que ha terminado
en un buen trabajo. Nosotros no podemos olvidar tampoco al señor
letrado, quien recogiendo las sugerencias, tanto del presidente como
del resto de los grupos, ofrecía rápidas soluciones de síntesis y,
sin duda, ha supuesto una valiosa colaboración también.
Me refiero ya finalmente, señorías, a nuestro voto particular. Sin
ser, como decía anteriormente, ninguna de sus resoluciones más
importante que otras, sí que consideramos que el informe debería
contar -lo ha expuesto también el señor Alcaraz- con un punto
referido a un plan nacional que el Gobierno deberá presentar. Además
del informe anual de la Unión Europea, consideramos que es importante
conocer no solamente las líneas generales del Gobierno en materia de
defensa y promoción de los derechos humanos en su política exterior,
sino algo más concreto referido a nuestro país y a los países que son
objeto preferente de nuestras relaciones internacionales. Qué mejor
base que dicho plan para aportar al informe anual de la Unión
Europea, del que necesariamente debe tomar parte. Supondría, además,
el establecimiento de un mecanismo institucional de periodicidad, ya
establecida dentro de esta Comisión de Asuntos Exteriores, para
tratar monográficamente la situación de la promoción y desarrollo de
los derechos humanos. La sustitución de la elaboración de este plan
por el informe anual de la Unión Europea que nos presenta el Grupo
Popular nos parece insuficiente, ambos
son complementarios, y no supondría ninguna duplicidad sino todo lo
contrario.
Por otra parte, nosotros queremos hacer especial referencia a la
recomendación de la conferencia mundial y el programa de acción de
Viena de 1993, suscrito por nuestro Gobierno en 1994, donde su
recomendación número 71 contempla que cada Estado considere la
posibilidad de elaborar este plan de acción nacional, donde no
solamente se van a determinar las medidas necesarias para que nuestro
Estado, nuestro país, España, mejore la promoción y protección de los
derechos humanos, sino que también permitiría a las organizaciones no
gubernamentales y a otras organizaciones de base, que actúan en la
esfera del desarrollo o de los derechos humanos, desempañar un papel
importante de participación, así como tener en cuenta sus
interesantes aportaciones y sus puntos de vista para que todos los
ámbitos de los distintos estamentos, no solamente oficiales sino de
la sociedad civil, estuvieran también presentes y fuera escuchada su
voz en este plan nacional.
No obstante, conocemos no solamente la negativa del grupo mayoritario
de la Cámara, sino una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió. Como broche a los esfuerzos de consenso
mantenidos, podríamos aceptarla, aunque su enmienda original tampoco
es la que presentaba y ha sido debidamente descafeínada por el señor
Robles Fraga. Quiero también adelantar nuestro apoyo a las enmiendas
o votos particulares presentados por el resto de los grupos, siempre
con la idea de que, sin duda, vamos a lograr algún texto
transaccional que nos permita, como decía anteriormente, poner un
broche final a lo que ha supuesto un gran esfuerzo de consenso en un
tema que en ningún momento nos ha separado, sino que configura no
solamente nuestro deseo, sino que recoge fielmente el deseo de todo
el pueblo español en la defensa y promoción de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Burballa para la presentación de su
voto particular.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, hay que empezar
compartiendo con el resto de los grupos, con la Presidencia y con el
señor letrado la satisfacción por el trabajo realizado y por el grado
de consenso conseguido. Creo que ha sido sumamente gratificante y
estimulante el trabajo que ha realizado la subcomisión y deberíamos
-esta es la opinión de mi grupo- llegar a ese grado de unanimidad que
todavía no tenemos en este momento, pero que ya ha anticipado doña
Blanca García Manzanares, en cuanto al redactado final. Ésa es la
intención de nuestro voto, aunque me voy a referir antes, brevemente,
al marco general del documento.
Yo creo que el documento que esta Comisión hoy presumiblemente
apruebe es serio, riguroso y, en opinión de nuestro grupo, está en el
nivel de lo que debe ser un pronunciamiento del Congreso de los
Diputados, que se posiciona ante la práctica totalidad de los campos
de influencia de la defensa de los derechos humanos.
Yo creo que se abordan con valentía temas importantes que afectan al
derecho internacional público y al derecho humanitario y que se toman
posiciones claras ante temas
tan importantes como, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte.
Se hace referencia a los avances en la adhesión y ratificación por
parte del Estado español de tratados, convenios, acuerdos que tienen
incidencia en la defensa y en la promoción de los derechos humanos.
Se han incorporado -y así también el documento lo manifiesta y
nuestro grupo expresa su satisfacción- aspectos tan importantes como
la defensa de los derechos humanos en leyes para nosotros
especialmente queridas como la Ley de cooperación internacional para
el desarrollo. Se plantean objetivos, exigencias y compromisos, y
también compromisos al Gobierno. Voy al planteamiento de nuestro voto
particular.
Yo quisiera decir antes que nada a doña Blanca García Manzanares que
el redactado final de nuestro voto particular en nada es distinto a
cualquier otro anterior en lo que se refiere al sentido y a la
intención, en nada está descafeinado y, por supuesto, nada
descafeinado lo del señor Robles Fraga, doña Blanca. Yo creo que la
cafeína tomada en dosis puede ser incluso conveniente, en dosis
excesivas puede ser seguramente perjudicial. Por lo tanto, nuestra
intención es encontrar el punto justo de consenso.
Entendemos que el redactado que se nos plantea hoy, tal como está, es
insuficiente y compartimos con otros grupos esta percepción. Nosotros
creemos que debe haber una posición del Gobierno, que debe haber un
informe, que debe haber un mecanismo de control, que debe haber una
evaluación, que debe haber una comparecencia del Gobierno, que debe
haber un debate y que ese debate debe inspirar la posición del
Gobierno en la conformación de la posición única de la Unión Europea,
pero entendemos que el informe de la Unión Europea puede servir
perfectamente, y lo pongo en condicional; el tiempo nos lo dirá. Se
puede aceptar que el informe de la Unión Europea, en la perspectiva
de la posición común que nuestro grupo defiende, puede ser un
instrumento positivo en esos aspectos que antes he mencionado,
siempre que ello no suponga un subterfugio que intente soslayar el
papel de este Parlamento y, en todo caso, la fijación de la posición
y el control de la política exterior del Gobierno en materia de
derechos humanos, que nosotros entendemos debe ejercer esta Comisión.
Por ello hemos presentado este voto particular con el ánimo de que
sea votado por todos los grupos. Porque nos parece importante,
repito, que el Gobierno comparezca ante el Congreso de los Diputados
y concretamente ante esta Comisión de Asuntos Exteriores, que
presente el informe anual de la Unión Europea, que dé cuenta de sus
aportaciones a ese informe, que abra debate de esas posiciones y que
en función de las intervenciones y propuestas de los grupos
parlamentarios en esta Comisión pueda luego configurar una posición
que sea debatida sucesivamente. El tiempo nos dirá, señorías, si ese
instrumento nos sirve y si no fuera así, en todo caso, siempre
estaríamos en disposición de plantear nuevas modificaciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que no habiendo
presentado votos particulares desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo se congratula del trabajo
realizado tanto por la Presidencia, como por el señor letrado y
quienes han colaborado en la redacción de este informe de la
subcomisión que creamos aquí, en el seno del Congreso de los
Diputados, para conmemorar el cincuenta aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Entiende mi grupo -es la razón por la cual nosotros no hemos
presentado votos particulares- que este documento que obra ya en
nuestro poder resume de una manera ejemplar lo que es una declaración
de principios. Nosotros valoramos este documento como una auténtica
declaración de principios. Al observar los votos particulares que se
han presentado, todos ellos muy razonablemente expuestos y con
sentido común, nosotros entendemos que este documento no es una
proposición no de ley para instar al Gobierno a, sino que es una
declaración de principios de esta subcomisión, dentro de la Comisión
de Asuntos Exteriores, que sí tiene que generar una doctrina
intelectual ante cualquier acto de defensa de los derechos humanos y,
por lo tanto, tiene que impregnar tanto las iniciativas de los grupos
parlamentarios como los actos legislativos que promocione el Gobierno
en cualesquiera de sus formas, sean decretos, sean leyes, sean
convenios o acuerdos internacionales. Prueba de ello -y lo quiero
resaltar- es la magnífica sistemática con que está expuesto este
documento, que, vuelvo a decir, es informe y no proposición no de
ley, porque, afortunadamente, ante muchos de los votos particulares
que se han presentado, cabe utilizar la riqueza que nos permite el
Reglamento de la Cámara. Mi grupo también va a impregnar algunas
iniciativas parlamentarias emanadas del informe en la forma que el
Reglamento de la Cámara puede permitirnos como iniciativas, bien
proposiciones de ley, bien proposiciones no de ley o cualquier otro
tipo reglamentario que canalice estas ideas-.
Como estaba diciendo, la sistemática con que está expuesto el informe
es verdaderamente digna de elogio. Punto primero, el derecho
internacional y los derechos humanos en el mundo actual. Quisiera
dejar constancia aquí, porque tengo la sensación, por alguna razón
que mi grupo no participa, que hay un distanciamiento para emplear la
palabra Naciones Unidas. Mi grupo quiere resaltar, y coincide con la
primera enmienda que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda
Unida, que cuando se invoca a la comunidad internacional no estemos
inventando nuevas instituciones etéreas, más bien provenientes de un
lenguaje periodístico, en caso de intervenciones militares en países
que, por supuesto, no están respetando los derechos humanos. Si hay
un país que no respeta los derechos humanos creo que tenemos el marco
jurídico internacional, que son las Naciones Unidas, donde hay un
alto comisionado -en estos momentos, una mujer, la alta comisionada-
y en algunos de los documentos que se han aportado en estos trabajos
veo que a veces se cita a la alta comisionada sin decir de qué
organismo es. Parece como si tuviéramos pudor en emplear la palabra
Naciones Unidas u ONU, no sé si por el desgaste que le están
suponiendo determinadas actuaciones, versus actuaciones militares, de
la llamada comunidad internacional. Me parece muy bien que la
comunidad internacional, cuando mande sus instrumentos bélicos, les
ponga una especie de ángulo superior, pero hay
unas siglas que se llaman Naciones Unidas para identificar -incluso
cuando se llamaban las boinas azules o cascos azules- un organismo
internacional que tiene desde 1948 el alto honor y dignidad humana,
política y democrática de haberse ocupado de la defensa de los
derechos humanos; es decir, los derechos humanos no son huérfanos ,
tienen apellidos de padre y madre políticos en las actuaciones
correspondientes. De aquí que sería conveniente refrescar esta idea
ante la situación de precariedad que los últimos conflictos
internacionales han dejado a la figura del propio secretario general
de las Naciones Unidas, instrumento depositario precisamente de esos
documentos de declaraciones de derechos humanos que es necesario
recomendar y más cuando se trata ahora de legitimar determinadas
actuaciones pidiendo el respaldo jurídico del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
También tengo que decir que cuando en esta sistemática se habla de
ratificación de convenios y tratados internacionales, mi grupo
coincide plenamente, porque hemos observado que los gobiernos de la
democracia en España, afortunadamente, en razón del principio
constitucional, han venido impregnando todos los acuerdos
internacionales que han hecho referencia a la defensa de los derechos
humanos, la abolición de la pena de muerte, los mecanismos
institucionales que tiene que haber y todos los últimos instrumentos
fundamentales, como es el Tribunal Penal Internacional a estos
efectos. Yo creo que cabe en las iniciativas de todos los grupos
pedir las comparecencias necesarias a lo largo del año de los señores
miembros del Gobierno respecto a estas actuaciones, y mi grupo no
declinará respecto a los informes semestrales para que el presidente
del Gobierno informe sobre el resultado de las cumbres de los jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
En la defensa de los derechos humanos también tenemos que saber
utilizar una cuestión de inteligencia: tiene mucha más fuerza la
actuación en pro de la defensa de los derechos humanos, ante terceros
que no lo respeten, a través de las instituciones internacionales de
las que España forma parte. Antes me he referido a Naciones Unidas,
pero tenemos también el Consejo de Europa, que tiene en su naturaleza
jurídica la obligación de la ocupación prioritaria de la defensa de
los derechos humanos y nosotros, los parlamentarios, formamos parte
de ese Consejo de Europa, que es donde tenemos el foro de presión
internacional. Porque no nos olvidemos que la presión que se ejerza
debe servir para que estos organismos internacionales actúen contra
los que conculcar los derechos humanos. Ahora que tenemos el
instrumento de la Unión Europea, con el informe anual que tiene que
presentar dicho organismo, háganse las exigencias correspondientes en
el seno del marco jurídico, incluso en la nueva figura de su propio
secretario general del Consejo y representante de la política
exterior y de defensa común europea, el señor PESC (en este caso
concreto en la figura de un experto representante español, el señor
Solana, a quien yo quiero ya dirigir estas palabras de felicitación y
congratulación por ocupar este alto puesto de responsabilidad), quien
espero que incluya en su agenda de gestiones sobre política exterior
de la Unión Europea la exigencia de defensa de los derechos humanos.
Señor presidente, voy a terminar, no voy a ser más prolijo en esta
cuestión. Sólo deseo manifestar que estoy a favor de la línea de
declaración de principios que hace este informe. Coalición Canaria
suscribe plenamente este informe y defiende en estos foros y
organismos internacionales la declaración de principios, expuestos en
un magnífico informe cuya divulgación solicitaría de la Cámara,
elevando a la Presidencia del Congreso de los Diputados la
instrumentalización de todos los medios de difusión, divulgación
y alcance. Como se hace cuando hay presentación de libros, dictámenes,
informes, etcétera, creo que se debe prestar el marco institucional
de esta Cámara para su promoción. Es la misma idea que se tuvo en
cuenta cuando se tomaron los acuerdos de la conmemoración del
cincuenta aniversario de esta declaración y las normas que emitió en
su momento el propio Gobierno con los decretos de creación de estos
instrumentos de promoción.
Nosotros vamos a dar nuestro apoyo favorable a este informe, que
quiero con mi palabra destacar por su magnífica calidad política y
democrática que a todos nos honra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, cuando se trata de llevar a cabo
un análisis de las calidades de vida en una sociedad determinada y se
pretende de esta manera tomar el pulso a su nivel de bienestar
social, es oportuno determinar el grado de implantación que en esa
sociedad hayan adquirido los derechos humanos.
En lo que respecta a la sociedad española, la situación es
satisfactoria, tanto en lo que se refiere a su plasmación normativa
-los artículos 10 a 29 de la Constitución se han calificado
internacionalmente como modélicos- como a la posibilidad de la
exigencia ante las distintas instituciones de estos derechos y a su
defensa ante los tribunales. Sin embargo, a nosotros no nos parece
que sea tan claro, o tiene menos desarrollo, el nivel de exigencia en
cuanto a su respeto en las relaciones exteriores y de ahí que nos
pareciese muy interesante y muy afortunada la constitución de la
subcomisión con este enfoque referido a las relaciones exteriores
y ubicada en la Comisión de Asuntos Exteriores, precisamente como
conmemoración del cincuenta aniversario de la Declaración de los
Derechos Humanos.
Como ha hecho el resto de mis compañeros, quiero elogiar la ecuánime
labor de liderazgo que el presidente de la subcomisión ha efectuado
con todos nosotros, así como el talante de todos los subcomisionados
y, por supuesto también, la inestimable ayuda que nos ha prestado el
letrado aportándonos constantemente y al día el avance de los
trabajos de la subcomisión. Las comparecencias habidas creemos que
han tenido un punto de equilibrio entre los responsables de
organizaciones dedicadas a la tutela de derechos humanos y los
comparecientes pertenecientes a entidades asistenciales o dedicadas a
la tutela de derechos en el orden internacional, e incluso alguna
otra que tiene más bien el carácter de conciencia y casi guía en
cuanto a la valoración de la situación de tutela de derechos en el
mundo.
Creemos que el informe, aunque vaya a haber matices en algunos de sus
puntos, tiene validez general y recoge de una manera satisfactoria lo
trasladado por todos los
comparecientes y aceptado por los subcomisionados. En cuanto a las
propuestas de resolución, haré referencia a los aspectos que tienen
relación con los puntos concretos que habían sido objeto de
propuestas por parte mi grupo. En el apartado primero no puedo por
menos de hacer mención, aunque pueda resultar una obviedad, a que se
exprese específicamente que las normas relativas a los derechos
humanos no obligan sólo frente a los propios ciudadanos de un país,
sino también frente a la comunidad internacional en su conjunto y
estas normas deben ser pauta y norte de la política exterior de
España. El apartado octavo de este punto primero nos satisface
especialmente en cuanto se insiste en la promoción de los derechos
individuales, colectivos y sociales, que debe significarse en
acciones concretas encaminadas a combatir las causas que dificultan
su ejercicio material.
No puedo dejar de mencionar el punto noveno, puesto que se refiere a
que el marco constitucional y legal actualmente vigente ha demostrado
ser muy efectivo para la promoción, respeto y salvaguarda de los
derechos humanos. Es conocida por todos ustedes la postura de mi
propio partido, que desde el respeto y el acatamiento de la
Constitución, por supuesto, y del marco legal, sin embargo, no
proclama su bondad intrínsica. Quisiera explicar la reserva o el
matiz con el que mi grupo apoya este punto octavo. Acogemos su
referencia y nos parece correcta circunscribiéndola a la plasmación
que en tal marco se hace de la tutela de derechos y libertades, tal y
como hoy he expresado al referirme al punto primero. No ponemos en
duda el acatamiento al marco constitucional, pero el elogio a sus
bondades lo circunscribimos a lo que hace referencia a cómo se
plasman en él la tutela de derechos y libertades, y creemos que desde
luego es legitimo y está dentro del acatamiento y el respeto a la
Constitución poder sostener opciones distintas en cuanto a lo que
pueda ser su modificación, tal y como, repito, todo el mundo conoce
que es el credo que sostiene el grupo al que yo represento.
El apartado segundo recoge uno de los aspectos que habían sido
nucleares para el grupo al que represento en la participación en
estos trabajos, y es el que se refiere a la colaboración que está
teniendo España y a la necesidad de impulsar la definición y
negociación cuanto antes del estatuto del Tribunal Penal
Internacional. Creemos que en esta cuestión la labor de España está
siendo absolutamente elogiable y nos parece un importante avance que
un tribunal de estas características cuanto antes debe plasmar su
permanencia, no tanto en el órgano -que también-, sino sobre todo en
el derecho a aplicar y marcar las pautas de funcionamiento. Nos
parece que quitarán a estos tribunales la idea de tribunales ad hoc,
que en algunos casos parecen constituidos por los vencedores para
saldar cuentas en relación con los vencidos. Repito, la permanencia e
institucionalización de órganos, proceso y derecho a aplicar, será un
avance en la tutela objetiva y generalizada de los derechos humanos
en el mundo.
En el apartado tercero, referido a la abolición de la pena de muerte,
nada tenemos que objetar, sino muy al contrario, alabar el contenido
del informe de la subcomisión.
Respecto al apartado cuarto, pareciéndonos bien el contenido de lo
que se plasma en el informe, sí nos gustaría anunciar ya desde ahora
que apoyaríamos el voto particular
presentado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
en cuanto a la conveniencia de que el Gobierno comparezca en esta
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para presentar y someter
a debate el informe anual de la Unión Europea en materia de derechos
humanos. No es exactamente lo que contenía nuestra propuesta de
resolución, en la que proponíamos algún mecanismo para
institucionalizar el control por parte de esta Cámara respecto a la
política o la acción exterior del Gobierno de España, pero sí nos
parece que puede ser una referencia interesante, un avance
importante. En tal sentido anunciamos que estamos en condiciones de
apoyar la inclusión en el informe definitivo del voto particular
formulado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ,
como he indicado. Educación, formación y difusión de los derechos
humanos. No nos puede parecer más oportuno el contenido y el tenor,
porque de cómo se difunda, cómo se entienda o cómo se aprenda por los
menores cuál deba ser el contenido de estos derechos dependerá el
futuro de ellos en gran medida.
En la profundización y en el desarrollo de los derechos humanos se
encuentra contenido el tercero de los aspectos que proponía el Grupo
Vasco en sus propuestas de resolución y que hacía referencia a los
llamados derechos humanos de tercera generación, en la medida en que
se va abriendo conciencia y se va abriendo paso en la propia
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos, como tuvimos ocasión
de oír al compareciente señor Vercher, la idea de que deben plasmarse
también como derechos humanos alguno más además de los ya existentes,
entre ellos el derecho al medio ambiente. Particularmente agradecemos
la referencia que en el informe se hace, así como que se haya acogido
por todos los grupos la llamada declaración institucional de la
Diputación Foral de Vizcaya respecto a la idea de proponer o
propugnar que se tenga en cuenta en la Declaración Internacional de
Derechos Humanos el derecho al medio ambiente. Estamos igualmente
satisfechos de las referencias que se hacen, y que han sido
mencionadas por el representante del Grupo de Convergència i Unió, en
relación con la idea de desarrollar la política de cooperación de
acuerdo con los principios emanados de la tan recientemente aprobada
Ley 23/1998, de cooperación, y nos gustaría igualmente hacer una
referencia en cuanto a la idea de armonización de las políticas de
asilo.
La referencia que se hace a la convención sobre el estatuto de los
refugiados del año 1951 nos parece satisfactoria y nos felicitamos
por ello a pesar de que pueda parecer una obviedad, pero no quiero
dejar de manifestar a la Comisión que en esta legislatura ha tenido
una pequeña amenaza por parte de algunas de las actuaciones del
Gobierno si tenemos en cuenta que se presentó un proyecto de ley
referido a la cooperación jurídica internacional en materia penal que
claramente era contrario a los principios que consagra y exige
respetar este estatuto de los refugiados. Que este proyecto haya
quedado definitivamente aparcado y que se incluya en este informe de
la subcomisión esta referencia no puede por menos que satisfacer al
grupo al que represento.
Finalmente, quiero referirme a lo que figura como conclusión
duodécima del último apartado, relativa a la inmigración y al informe
aprobado recientemente por el Pleno
de esta Cámara en relación con los españoles que viven fuera, con los
inmigrantes y con los refugiados en unos tiempos en los que,
desgraciadamente, vamos a tener ocasión de acreditar que somos
capaces de cumplir lo que en ese documento se establecía por parte de
esta Cámara.
Como última reflexión, he de decir que creemos que es un buen
documento, que por supuesto mi grupo va a votar favorablemente, con
la validez que le da el consenso, aunque haya pequeños matices, y que
nos servirá a todos como pauta en la labor de esta Cámara, tanto en
la tarea legislativa como en la tarea de control al Gobierno,
teniendo en cuenta que todo lo que hace referencia a los derechos
humanos es siempre un parámetro, su respeto es siempre una tarea
inacabada, siempre perfectible, pero en esa ruta creemos que vamos
con la aprobación de este documento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: No me resisto a agradecer a la Presidencia el
carácter estimulante de su labor en esta subcomisión, como ha sido
señalado por la señora García Manzanares. A partir de ahora habrá dos
tipos de presidentes, los estimulantes y los no estimulantes, y es
bueno que el presidente de esta Comisión esté dentro de la primera
categoría, entendiendo por estimulantes aquellos que excitan al celo
y provocan el esfuerzo de los diputados para cumplir con compromisos
políticos y con tareas parlamentarias tan importantes como ésta. Yo
me sumo a las loas y alabanzas por el trabajo que hemos realizado con
intensidad, en el que hemos participado no solamente yo mismo sino la
diputada Castro Masaveu y el diputado Gortázar Echeverría, incluso en
momentos en los que estábamos muy dedicados a otras cosas como las
campañas electorales, la preparación de debates, etcétera. Éste es un
buen texto, es un texto razonable en su sistemática y en su
contenido, como ya ha sido subrayado. En él se reafirma el carácter
universal, indivisible e interrelacionado de los derechos humanos, se
hace naturalmente mención a los esfuerzos que ha hecho nuestro país
para incorporarse a los mecanismos más importantes, más avanzados,
más eficaces para la protección y defensa de los derechos humanos,
muy especialmente en el ámbito europeo y también en el seno de la
comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas. Se recogen
nociones y conceptos de la doctrina y de los usos del nuevo derecho
internacional sobre el carácter que tienen los derechos humanos con
relación a otros principios más clásicos del derecho internacional,
muy especialmente a lo que en el sistema clásico de Naciones Unidas y
del derecho internacional venía siendo el principio de la soberanía
nacional o de la soberanía de los Estados de la comunidad
internacional, que prevalecía frente a cualquier otra consideración.
En este texto, y siento discrepar de alguno de los intervinientes, se
establece que existe un derecho e incluso yo diría que un deber, de
intervención cuando se producen violaciones masivas y sistemáticas de
los derechos humanos, entendiendo además que esas violaciones
significan amenazas precisas frente a la paz y a la seguridad
internacional y que por tanto, en virtud de un concepto que ha sido
utilizado y desarrollado muy recientemente, existiría por
parte de la comunidad internacional organizada un derecho de legítima
defensa frente a esas violaciones sistemáticas. Naturalmente, el
derecho de intervención no se refiere sólo, como parece insinuar
alguno de los votos particulares o algunas de las propuestas últimas
de las intervenciones recientes, a la intervención armada o a la
intervención militar; el derecho a la intervención se concreta
también en las intervenciones que podamos tener en esta Comisión o en
el Congreso de los Diputados sobre la opinión que nos merece la
situación de los derechos humanos en un país o en una zona del mundo
determinada, eso también es derecho de intervención. Es un derecho de
intervención que tiene que ver con la aparición de una creciente
opinión pública internacional y muy especialmente una opinión pública
europea que es exigente, que demanda de los países con los que
mantiene relaciones el cumplimiento de las condiciones básicas de
respeto a los derechos más fundamentales de la persona.
Naturalmente, en este informe se insiste, como no podía ser de otra
manera, en que la política exterior española debe estar guiada por la
voluntad, por el deseo consciente, razonado y fervoroso de contribuir
a la mejora de los derechos humanos en el mundo, y eso no solamente
lo hacemos porque queramos dar lecciones a nadie, sino porque
entendemos por nuestra propia experiencia histórica que los derechos
humanos están en la base del sistema, del conjunto de valores, de
principios filosóficos y éticos que hemos querido utilizar y sobre
los que hemos querido construir nuestra propia convivencia pacífica.
Por eso siento discrepar, aunque naturalmente con moderación y con
todos los matices que aquí han sido expresados, de la opinión de la
diputada Uría.
El marco constitucional que nos hemos dado, que los españoles hemos
elegido, del que por cierto se celebraba el veinte aniversario en el
mismo año en que se celebraba el cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el mecanismo, es el
instrumento, es el marco en el que hemos podido garantizar los
derechos humanos en España y desde el que hemos podido asentar unos
principios filosóficos, éticos y políticos, unos determinados
valores, una determinada forma de entender la vida y la relación con
las demás naciones del planeta. Por tanto, consideramos que es de
valor universal y que debe ser acatado y respetado en todas partes
sin consideraciones y sin matices originados bien por una
interpretación ya caduca de la soberanía nacional o bien por esa
diferencia de culturas, diferencia de civilizaciones que justificaría
una violación o una interpretación yo diría que también caduca
y sobrepasada de lo que deben ser los derechos de las personas. Estamos
hablando de derechos humanos de las personas. Por desgracia, es
cierto que existe quien entiende que pueden contraponerse los
derechos colectivos a los derechos individuales, y uno de los
derechos colectivos más clásicos es el derecho a la soberanía y a la
no injerencia. Nosotros, en este informe, afirmamos que los derechos
humanos están por encima de cualquier factor diferenciador, de
cualquier elemento de civilización o de cultura que naturalmente nos
obliga a esa intervención, a esa injerencia para vigilar, para
prevenir y en definitiva para corregir cualquier violación masiva,
cualquier violación sistemática de los derechos humanos, que
consideramos no solamente
repugnante sino que pone en peligro la paz y la seguridad de todos.
No entraré en la parte dispositiva porque me parece que ha sido el
fruto de un importante trabajo de negociación, de consenso, de
acuerdos, de diálogo, de intercambio de opiniones y puntos de vista;
pero sí señalaré un elemento que está en todo el texto y que ha
aparecido en los debates. Para quien les habla, esta Comisión de
Asuntos Exteriores es la comisión de derechos humanos. Aquí es donde
deben producirse los debates. Nosotros somos los interlocutores para
la definición de una política exterior que promueva y defienda los
derechos humanos. Naturalmente, reconozco el papel importante que
tienen no sólo en España sino en el mundo las organizaciones no
gubernamentales, pero éste es el órgano ante el que el Gobierno debe
comparecer, ante el que el Gobierno debe informar y en el que los
representantes de la soberanía nacional deben plantear sus propuestas
y sus posiciones, con toda la ayuda, toda la colaboración, todo el
diálogo necesario; pero nunca debemos obviar esta naturaleza de
órgano de control, de representación y de decisión buscando vías
paralelas que no harían sino debilitar este carácter integrador que
entendemos que debe tener la política exterior española, en la que
los derechos humanos son punto, referencia y prioridad de primer
nivel. Creo que hemos conseguido un texto razonable y razonado, que
se tiene en pie, que aguantará el paso de los años y que sirve
también para recordar a la sociedad española este aniversario y
mejorar el conocimiento que tienen los ciudadanos de nuestro país
sobre ese texto fundacional del nuevo derecho internacional, el de
las Naciones Unidas, que es la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y su relación con nuestro sistema político y con la presencia
de España en el mundo.
Señor presidente, con su permiso haré referencia a los votos
particulares. No aceptaremos la primera enmienda de Izquierda Unida
que matiza el derecho de intervención. Como he dicho, no se trata
sólo de Naciones Unidas y sus organismos, sino también de lo que
hacemos aquí, lo que decimos fuera de aquí y muchas otras cosas más
que no están en Naciones Unidas. Naciones Unidas es el sistema de la
comunidad internacional, pero estamos hablando de un derecho de
intervención distinto, más amplio, que engloba esa referencia
concreta que hace el diputado Navas. Nos parece razonable que se
incluya en la enmienda segunda, y por lo tanto la apoyaremos, la
referencia a los países del Magreb, como podría haberse incluido
cualquier otra. Ahora bien, entendemos que ese esfuerzo que hace el
Gobierno español es universal, quizá más intenso con los países con
los que tenemos más relación; por tanto es perfectamente razonable.
En la enmienda tercera se redunda sobre lo que ya se ha dicho. Es
decir, se habla de la política española favorable a que el tribunal
pueda ejercer sin limitaciones sus funciones jurisdiccionales. Eso ya
está dicho de otra forma cuando se reconoce que el Gobierno español
ha tenido un papel activo y protagonista tanto en las negociaciones
para la adopción del estatuto del tribunal como en sus actuales
gestiones junto con los demás países de la Unión Europea para que sea
ratificado; por tanto no la apoyaremos. La enmienda cuarta no la
vamos a apoyar, pero apoyaremos la enmienda de Convergència i Unió a
la que luego haré referencia. La quinta tampoco la apoyaremos
por las razones que explicaré cuando lleguemos a la del grupo
antes citado.
Paso a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
del diputado don Manuel Alcaraz. No apoyaremos la enmienda que se
refiren al plan global, al informe, etcétera, por razones que luego
explicaré cuando me detenga a hablar de la del diputado Burballa, de
Convergència i Unió. Por lo que se refiere a las enmiendas tres
y cuatro, vuelvo a señalar que tenemos contactos en esta Comisión con
organizaciones no gubernamentales pero, repito, no podemos hacer
menoscabo, como así se haría, de las competencias de esta Comisión y
del papel que le corresponde, que no puede ser asumido ni cedido a
nadie más que a nosotros mismos. Existe una enmienda, que no
apoyaremos, sobre el papel de la Casa Real y en especial de Su
Majestad el Rey. La política exterior española es de promoción y
defensa de los derechos humanos. Corresponde al Gobierno aplicarla y
fijar en qué condiciones, en qué momentos pueden y deben producirse
intervenciones de la Jefatura del Estado que signifiquen una llamada
de atención, un aviso, una constatación o un reconocimiento de mejora
o de empeoramiento. Por tanto, ese carácter rígido que se pretende
dar en el texto queda fuera de la flexibilidad necesaria y de la
capacidad reconocida del Gobierno para organizar, modular, matizar,
insistir, reforzar o corroborar determinados llamamientos o discursos
sobre los derechos humanos. Quizás obedece más a una concepción de
una monarquía constitucional que a una monarquía parlamentaria en el
sentido tradicional del derecho político, motivo por el que no la
apoyaremos. Se reitera el papel de las organizaciones de derechos
humanos, etcétera. Ya hemos dicho lo que nos parecen estas opiniones.
El Gobierno donde debe informar es aquí, y este Congreso, esta Cámara
no puede imponer al Gobierno la obligación de que informe, como si
fuera ante otra comisión de derechos humanos o de Asuntos Exteriores,
a las organizaciones no gubernamentales. El Gobierno ya tiene una
oficina de derechos humanos, ya tiene relación con las organizaciones
de derechos humanos, ya recibe sus textos y sus declaraciones y los
utiliza, como es natural, como organizaciones no gubernamentales que
son, y sería extraño por nuestra parte que pretendiéramos hacer de
las mismas unas organizaciones paragubernamentales o
paraparlamentarias. Sin embargo, nos parece positiva la enmienda que
plantea Nueva Izquierda acerca de que se entregue a los jóvenes que
concluyan sus estudios un ejemplar de la Constitución y del texto de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En consecuencia, la
apoyaremos igual que hemos apoyado todas aquellas que en su día
fueron planteadas para la inclusión de los derechos humanos en el
sistema educativo y en los planes de estudio no solamente de las
Fuerzas Armadas y de la Policía, sino en los planes y programas de
todos los centros educativos de nuestro país. Finalmente, no
apoyaremos las enmiendas que se refieren a más matices técnicos sobre
el derecho de asilo o de refugio. Creo que hemos hecho una referencia
amplia y correcta que recoge los principios universales europeos. No
se trata de hacer un informe sobre el derecho de asilo o refugio en
España o en la Unión Europea. Se trata de incluir aquellos principios
generales que han sido objeto de alabanza porotros grupos, y creo que
lo hemos hecho de forma bastante
amplia, sin necesidad de que sigamos ampliándolos porque entonces
probablemente tendríamos que transformar este informe en uno sobre el
asilo y el refugio, labor que tampoco correspondería a esta Comisión
ni era el propósito de los que tuvieron la feliz iniciativa de
celebrar de esta forma el 50 aniversario de los derechos del hombre.
No apoyaremos las enmiendas del Grupo Socialista, con el que ayer
llegamos a grandes e importantes acuerdos que demuestran el talante
moderado, de consenso y de negociación de este portavoz, que no
descafeína nada, que negocia, que trata, que pacta, que modera los
impulsos ardorosos de la oposición y que cumple con su deber de
portavoz del principal grupo que apoya al Gobierno. Pero, repito, yo
no descafeíno nada y mucho menos en mi relación -magnífica, por
cierto- personal y política con Ricard Burballa, que es perfectamente
capaz de proponer cosas positivas para llegar a acuerdos y consensos.
(Rumores.)
Termino con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió). Nos parece una idea correcta y positiva que sea presentado y
sometido a debate el informe anual de la Unión Europea, además de que
permite que nuestro país tenga un papel activo e impulsor de ese
informe. En esta Comisión siempre se ha criticado muy duramente la
política de los Estados Unidos -no sólo por los bancos de la
izquierda sino de grupos minoritarios o más grandes como el Popular
certificando y descertificando países. Además, solamente elaboran
este tipo de informes los Estados Unidos, nadie más lo hace.
Pretender que Estados Unidos y España sean los únicos países que
hacen informes, presentan planes, certifican y descertifican países
no solamente es una pretensión inútil que roza el ejercicio de la
melancolía, sino que puede ser claramente contraproducente no sólo
para los intereses y los objetivos de la política concreta española
sino para la voluntad de contribuir a una política exterior y de
seguridad común y para la voluntad de que sea la Unión Europea la que
tenga posiciones, definiciones e informes comunes sobre la situación
de los derechos humanos en el mundo. Ese es un camino que se ha
abierto y en el que nuestro país está trabajando, impulsando
y colaborando con la redacción de este informe, informe que, por
cierto, será previo a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos
de Ginebra, lo cual indica que si el texto del informe definitivo es
aprobado, como espero, con nuestro voto favorable al voto particular
de Convergència i Unió, el Gobierno por primera vez en la historia de
esta Comisión no sólo deberá comparecer como hasta ahora a iniciativa
de los grupos o por voluntad propia para informar sobre la Comisión
de Derechos Humanos de Ginebra, sino antes y después o antes y
durante o como se quiera, en una ocasión o en dos, para presentar el
informe de la Unión Europea y que sea debatido y se tengan en
consideración para el año siguiente las posiciones de los grupos
parlamentarios en la Comisión de Asuntos Exteriores tanto en el
informe como la que Europa llevará con ese informe en la mano a la
Comisión de Derechos Humanos. Por tanto, estamos estableciendo un
cauce de control, de debate y de información que no existía y que sí
añade, a pesar de lo que aquí se haya podido decir, al papel central
de esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Me van a permitir que haga una sugerencia. Si queremos reforzar el
papel de esta Comisión, y por lo tanto de este Parlamento, en la
defensa y promoción de los derechos humanos y en la integración de la
política de defensa y promoción de los derechos humanos en la
política exterior, lo primero que tenemos que hacer es no solamente
reforzar los mecanismos de información y debate, tal y como se hace
en este informe y en el voto particular de Convergència i Unió, sino
evitar la tentación, como digo, de ceder a otros lo que nos
corresponde estricta y principalmente a nosotros. Reconozco el papel
de las organizaciones no gubernamentales, pero reconozco también su
interés en ser ellas mismas las únicas interlocutoras del Gobierno en
materia de derechos humanos. Nosotros estamos en un paso intermedio
que debe ser ineludible, que no es sólo la intermediación política
sino la articulación y la integración de las propuestas en materia de
derechos humanos que puedan hacer determinados agentes económicos,
políticos y sociales en un diseño general y afortunadamente casi
siempre consensuado de la política exterior de España. Por tanto,
nuestro papel no debe ser sólo el de transmisores o el de firmantes
de las propuestas concretas que puedan hacer otros, sino el de
integración, debate, matización, moderación e intensificación de
determinadas voluntades políticas que pueden configurar una política
exterior consensuada, amplia, fuerte y continuada por este Gobierno
y por anteriores y posteriores gobiernos en materia de defensa de los
intereses de España, entre los cuales está también la defensa de los
principios y valores de nuestra Constitución, de nuestro orden
constitucional y legal y, por tanto, de los derechos humanos en el
mundo. Por eso, señor presidente, creo que si terminamos con éxito
hoy estos trabajos habremos dado un paso importante no solamente para
cumplir nuestra misión, sino para reforzar el papel de esta Comisión
y de este Parlamento en la promoción de los derechos humanos en el
mundo.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, a continuación
vamos a proceder a las votaciones, pero antes quisiera hacer dos
observaciones previas. En primer lugar, hay un error evidente en la
primera página, pues se hace referencia a la Declaración Universal de
1949 y debe decir 1948. En segundo lugar, quería llamar su atención
sobre la página 4 del borrador del informe, donde al principio de la
misma la cláusula décima dice que insta al Gobierno a que ahora y en
el futuro mantenga la referencia y el respeto a los derechos humanos
como uno de los elementos esenciales de su política exterior, que
indudablemente corresponde a la voluntad del pueblo español. Eso
tiene una lectura que podría ser erróneamente interpretada, como si
la afirmación fuera que la política exterior siempre corresponde a la
voluntad del pueblo español, lo cual no es necesariamente cierto. Si
ustedes me lo permiten, creo que habría que corregirlo levemente y
decir: «elementos esenciales de su política exterior, coma, pues tal
respeto indudablemente corresponde a la voluntad del pueblo español».
Me parece que es la manera de expresar lo que efectivamente se quiere
decir y evitar cualquier tipo de malentendido al respecto. En cuanto
a la página número tres, cláusula novena, creo que dicha cláusula se
debería redactar diciendo: Recuerda que el marco constitucional y
legal que rige
nuestra convivencia ha demostrado ser muy efectivo para la promoción,
respeto y salvaguardia. No hace falta ese «y que», que es una torpeza
expresiva.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, pido la palabra para una
cuestión formal, si me lo permite, para cuando se someta a votación
la primera propuesta de mi grupo. Hay una oferta transaccional que
por nuestra parte sería la que se sometería a votación; lo digo para
que la lea el grupo que ha redactado la transacción.
El señor PRESIDENTE: No tengo constancia de esa propuesta
transaccional.
El señor ROBLES FRAGA: A mí me la acaban de enseñar.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, ¿hay alguna objeción a estas
alteraciones formales a las que acabo de referirme?
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: No hay ninguna objeción, señor
presidente. Simplemente quiero fijar posición respecto a esa enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Así pues, el texto queda tal y como se acaba de
leer.
Señor Burballa, tiene la palabra sobre la enmienda transancional.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente, nuestro grupo,
junto con todos los demás, cree que deberíamos proceder a una mención
de las Naciones Unidas en el apartado 4 del punto primero. En el
texto se añadiría al final: y defendida por toda la Comunidad
internacional, de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas.
Y a continuación habría un añadido que planteará el señor Estrella.
Creo que podríamos llegar a un consenso y votar unánimemente el
informe completo.
El señor PRESIDENTE: Si me lo permiten, yo diría de acuerdo con los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, puesto
que esa es la formula convencional.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente, no es lo mismo la
Carta que los propósitos y principios de las Naciones Unidas, que es
un concepto más amplio puesto que contempla otro tipo de
resoluciones. Propósitos y principios sí, pero de las Naciones
Unidas. Yo creo que eso engloba la Carta.
El señor PRESIDENTE: Propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Después habría un punto y seguido o un
punto cuarto bis.
El señor ROBLES FRAGA: Un punto cuarto bis.
La señora GARCÍA MANZANARES: Este punto diría que la Carta de las
Naciones Unidas debe ser modificada a fin de incorporar y amparar las
acciones preventivas e intervenciones de la Comunidad internacional
ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere leerla de nuevo, señor García
Manzanares, por favor?
La señora GARCÍAMANZANARES: Sí, señor presidente. La Carta de
Naciones Unidas debe ser modificada a fin de incorporar y amparar las
acciones preventivas e intervenciones de la Comunidad internacional
ante violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El señor PRESIDENTE: Podríamos decir: Naciones Unidas, cuya Carta, y
luego seguir con el texto.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, ese texto yo lo acabo de
escuchar ahora y creo que es manifiestamente mejorable. Si no tiene
inconveniente el grupo proponente podemos aparcarlo hasta el final y
buscaremos una redacción y una ubicación que corresponda mejor con lo
que se quiere decir pero que no está expresado con suficiente
claridad.
El señor PRESIDENTE: Entonces existe acuerdo sobre la primera
transacción y no necesariamente sobre la segunda. ¿Es así?
El señor ROBLES FRAGA: Aún no.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tienen ustedes
cinco minutos de receso para ponerse de acuerdo sobre este tema y
continuaremos después con las votaciones. (Pausa.)
Se reanuda la sesión. La Presidencia entiende que habría acuerdo
sobre la mención a las Naciones Unidas, propósitos y principios, de
la manera como se había referido el señor Burballa y no hay acuerdo
sobre la supuesta transaccional propuesta por el Grupo Socialista.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, simplemente quiero que
conste que no era una supuesta transaccional, era una transaccional.
El señor PRESIDENTE: La transaccional u obtiene la transacción o no
es transaccional, y parece que no ha obtenido la transacción. Con
voluntad de transacción, pero voluntad fallida.
El señor ROBLES FRAGA: Pretendidamente transaccional.
El señor ESTRELLA PEDROLA: No ha habido voluntad de la mayoría.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero
vamos a realizar las votaciones de cada uno de los votos particulares
presentados por los grupos. Pediría a los grupos que en aquella parte
donde se
hubiera obtenido transacción retiraran previamente el correspondiente
voto particular y así me lo indicaran. Segundo, una vez votados los
votos particulares, vamos a proceder a la votación del texto. La
tendencia natural de la Presidencia sería votar el texto en su
globalidad, pero como entiendo que puede producirse algún tipo de
divergencia con algunas partes pediría también a los grupos que en el
caso de que quisieran votaciones separadas me lo indicara para ir
agrupándolas.
En consecuencia procederemos primero a las votaciones de los votos
particulares. ¿Algún voto se retira?
El señor NAVAS AMORES: Retiro el primer voto particular de Izquierda
Unida, que queda sustituido por la enmienda transaccional que hemos
realizado con el resto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Se retira la primera enmienda de adición. La
segunda también porque ha sido aceptada, la del Magreb. En cualquier
caso habrá que votarla. La tercera se mantiene y las otras también se
mantienen.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Mantengo todas las enmiendas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente la enmienda número 4 coincide
con la que ha presentado Convergència i Unió y, como al fin y al cabo
el texto a la hora de expresar lo mismo es distinto, nos vamos a ver
representados por la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Queda retirada entonces la número 4.
Las del Grupo Mixto se mantienen. La del Grupo Socialista se
mantiene, pero van a votar también la de Convergència i Unió. La de
Convergència i Unió se mantiene, evidentemente.
Señorías, pediría un poco de atención y de silencio. Vamos a proceder
a las votaciones.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente, anuncio la
sustitución de don Luis Recoder por don Jordi Jané.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, don Miguel Ángel
Martínez es sustituido por doña Matilde Fernández y don Pedro Moya
por don Jordi Marsal.
El señor PRESIDENTE: Votos particulares del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Enmienda de adición número 2. Recuerdo su
contenido. A continuación de iberoamericanos se añade «y del Magreb».
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda de adición número 3 al apartado 2, claúsula primera. Se
añade: «manteniendo la política española favorable a que el tribunal
pueda ejercer sin limitaciones las
funciones jurisdiccionales que le atribuye el Estatuto de Roma.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Habiendo sido retirada la enmienda número 4, del Grupo Federal de
Izquierda Unida, procedemos a la votación de la número 5, que dice:
«El Gobierno elaborará con carácter anual un proyecto de plan global
sobre la política española en materia de derechos humanos para su
debate en el Congreso de los Diputados.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11;
en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las votaciones de los votos particulares del Grupo Mixto,
señor Alcaraz. No voy a dar lectura a los mismos porque tienen cierta
longitud, pero los tienen todos en sus manos y saben su contenido. En
primer lugar, el voto particular letra A, que propone una adición al
apartado IV del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 17; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular B, también del señor Alcaraz, que propone una adición
al apartado IV, titulado mecanismos institucionales y derechos
humanos, relativo a los papeles que el señor Alcaraz quería atribuir
a la Casa Real.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 17; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular C, también del señor Alcaraz, relativo a las
actuaciones del Gobierno con las organizaciones de derechos humanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
dos; en contra, 18; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Voto particular D, relativo a la entrega a los jóvenes que concluyen
sus estudios de un ejemplar de la Constitución española y del texto
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (Rumores.) ¿Están a
favor de que entreguemos la Constitución Española y la Declaración
Universal a los niños que acaben sus estudios? Espero que sí.
(Risas.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Voto particular con la letra E, del señor Alcaraz, sobre diversos
aspectos de la profundización de los derechos humanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos al voto particular presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista. Recuerdo su contenido: elaboración por parte del Gobierno
de un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas
necesarias para que el Estado mejore la promoción y protección de los
derechos humanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, voto particular que presenta el señor Burballa en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Acabamos con las votaciones relativas a los votos particulares. Como
les indicaba anteriormente, vamos a proceder a la votación del texto
del informe ya conocido, con las adiciones correspondientes. Pediría
a todos los grupos parlamentarios que me indicaran aquellos párrafos
o secciones sobre los que desearían votación separada.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Solamente para dejar claro que no se
ha procedido a la votación de la enmienda transaccional al apartado
cuarto del punto I.
El señor PRESIDENTE: Tiene toda la razón, es la relativa a la mención
de las Naciones Unidas. Los términos serían los siguientes. En la
página segunda del informe, la clásusula cuarta diría: y defendida
por toda la Comunidad internacional, de acuerdo con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas. Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
¿Alguna petición de voto separado? (Pausa.)
Vamos a votar el conjunto del texto con sus adiciones.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.)
Quiero hacer un par de precisiones importantes. En el texto de la
resolución de la Presidencia que regula la tramitación de los
informes de las subcomisiones se dice que la Mesa podrá acordar, a
propuesta de la Comisión y previa audiencia de la Junta de
Portavoces, que el informe de una subcomisión sea objeto de debate en
el Pleno de la Cámara. Entiendo que cuento con el apoyo de la
Comisión para pedir que efectivamente sea así. (Asentimiento.) Dice
también:
En tal caso, la Comisión dictaminará el informe de acuerdo con
el procedimiento previsto en el apartado quinto, así como los votos
particulares, etcétera. Tengo que anunciar a la Comisión que pediré a
la Mesa de la Cámara y a la Junta de Portavoces que la fecha fijada
para el debate del Pleno sea el 1 de julio. También quiero decir que
tomo buena nota de todas aquellas observaciones de los portavoces de
diversos grupos, el señor Alcaraz y el señor Mardones, en el sentido
de que se dé la máxima publicidad al texto y procuraré que el mismo
día 1 de julio tengamos la ocasión de presentar formalmente el
resultado de los trabajos de la comisión.
Muchísimas gracias a todos.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (DE
CARVAJAL SALIDO) PARA INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
RELACIÓN AL SERVICIO EXTERIOR, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 213/001084.)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día, comparecencia
del señor subsecretario de Asuntos Exteriores, a petición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para informar sobre la
política del Gobierno en relación al Servicio Exterior.
Señor subsecretario, bienvenido a esta histórica Comisión de Asuntos
Exteriores. Tiene usted la palabra para informar de la política del
Gobierno en relación al Servicio Exterior, tal como ha sido
solicitado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (de Carvajal Salido):
Muchas gracias, señor presidente.
Para poder enmarcar más adecuadamente esta comparecencia sobre
Servicio Exterior deberíamos partir de tres premisas que, a juicio
del departamento, informan lo que es la política del Gobierno en esta
materia y explican las medidas que hemos ido adoptando en los últimos
años sobre estas cuestiones del Servicio Exterior.
En primer lugar, partimos de un concepto comprensivointegrador del
Servicio Exterior en el que debemos englobar al conjunto de órganos
de la Administración general del Estado que participan en la
proyección internacional de España. Es evidente que cada vez son más
numerosos los órganos de los distintos departamentos ministeriales
que tienen atribuidas competencias para la defensa de los intereses
españoles en el extranjero. El concepto moderno del Servicio Exterior
debe saber incorporar ese conjunto de competencias en el marco
general del Servicio Exterior para, sin modificar las competencias
respectivas, lograr que se aúnen y que contribuyan positivamente en
la ejecución de la política exterior del Gobierno conforme al
principio de unidad de acción en el exterior.
En segundo término, entendemos que el Servicio Exterior, mediante los
órganos competentes, debe ejercer lascompetencias exclusivas del
Estado en materia de relaciones
internacionales, pero al mismo tiempo no puede ni debe permanecer
ajeno a las actividades con proyección exterior que desarrollan las
restantes administraciones públicas y los diversos poderes del
Estado. Debe ser por ello capaz de cooperar con esas administraciones
públicas y muy especialmente con las comunidades autónomas en el
ámbito de hechos y actividades con proyección exterior y asegurar la
debida coordinación y cooperación en su realización.
En tercer y último término y no menos importante, hay que tener en
cuenta el cambio de la realidad internacional sobre la que se ejerce
la acción exterior y que determina la necesidad de reforzar y en
cierta medida modificar el Servicio Exterior como instrumento de la
acción internacional del Estado. En ese sentido, se han ido abriendo
nuevos puntos de presencia de España tanto en países surgidos del
desmembramiento de la antigua Yugoslavia y de la desintegración de la
Unión Soviética como en aquéllos que aspiran a ser miembros de la
Unión Europea, sin olvidarnos de reforzar, por razones políticas y
económicas, de cooperación y culturales, nuestra presencia en el
sudeste asiático.
Haré por tanto un breve comentario sobre una serie de puntos
siguiendo esa triple premisa que enunciaba al comienzo de esta
intervención. Trataré de ser breve en la medida en que sobre muchas
de ellas he tenido el honor de comparecer ante esta misma Comisión
del Congreso en los últimos años, y me ofrezco de antemano, si los
señores diputados quisieran tener una ampliación escrita de estas
cuestiones, de hacérselas llegar con mucho gusto.
Siguiendo en ese cambio de la situación internacional, en 1997 se
abrieron embajadas en Bosnia-Herzegovina y en Eslovaquia, se decidió
establecer un consulado general en Moscú y se materializó la apertura
de la embajada en Vietnam. Por lo que se refiere a las actuaciones
llevadas a cabo más recientemente, se ha abierto la embajada en
Eslovenia, y se ha procedido a abrir -es la última de las aperturas-
la embajada en Kazajtan, uno de los países más importantes en
términos de relaciones bilaterales de contenido económico con los
países surgidos después de la desintegración de la Unión Soviética.
Por último, se ha creado el consulado general de Shanghai para poder
atender adecuadamente nuestros intereses de todo tipo en esta región
de China, que está conociendo un gran desarrollo. Todas estas
embajadas y consulados representan hitos concretos en el camino de
adaptación de nuestro despliegue diplomático a las actuales
prioridades de la política exterior, siempre dentro de los medios
económicos disponibles para ir realizando este proceso. Por esa misma
razón también ha sido preciso, y lo conocen SS.SS., proceder al
cierre de algunas embajadas y consulados, me refiero en concreto al
cierre de la embajada en Malta y al cierre de las oficinas consulares
de Lieja, Amberes, Lille y Elvas. Respecto a los objetivos de futuro
en este terreno, diré muy rápidamente que estamos pensando, cuando
los medios económicos lo permitan, abrir embajadas residentes en
Albania y en algunos de los países bálticos donde la presencia
española está asegurada en un régimen de acreditación múltiple.
Al mismo tiempo, para atender a esa nueva realidad internacional,
esta vez en el ámbito de la Unión Europea, ha sido preciso proceder a
una determinada reorganización
administrativa del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y acometer
diversas acciones que entendemos deben mejorar el funcionamiento de
los servicios centrales del Ministerio. Me refiero particularmente a
la modificación parcial de la estructura orgánica del Ministerio de
Asuntos Exteriores -ha habido oportunidad, por parte, creo recordar,
del secretario de Estado de Política Exterior de informar
convenientemente a la Comisión sobre este asunto como consecuencia
expresa de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el pasado 1
de mayo-, que tuvo como consecuencia la creación de dos nuevas
direcciones generales, una para atender mejor a las cuestiones que
sigue en primer término el Comité de representantes permanentes en
Bruselas -Coreper, 1 y Coreper, 2- y dividir la competencia y las
funciones de la única dirección general que venía existiendo en esa
Secretaría de Estado para temas comunitarios propiamente dichos. Al
mismo tiempo se creó, como es sabido, la figura del llamado director
de asuntos políticos, órgano básico en todos los ministerios de
Asuntos Exteriores, que adquiere una nueva preeminencia en la medida
en que se va reforzando cada vez más el desarrollo de la política
exterior y de seguridad común.
En este orden de cosas, también de refuerzo de los instrumentos de la
acción exterior, instrumentos que por definición constituyen lo que
es el Servicio Exterior propiamente dicho por lo que toca al órgano
central, es preciso mencionar una vez más -y ya tuve la oportunidad
de explicarlo en esta Comisión- las acciones que estamos emprendiendo
para poder acabar con una dispersión ciertamente importante y nefasta
de edificios en los que estaban diseminadas las sedes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Llegamos a tener hasta 29 edificios y locales, 18 de los cuales
estaban en régimen de alquiler, por los que el Ministerio pagaba un
importe anual aproximado de 360 millones de pesetas. También conocen
SS.SS. que en un momento dado se pensó en una solución que implicaba
la construcción de una nueva sede de nueva planta en una parcela que
en principio estaba afectada por el patrimonio de Estado, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, opción que fue posteriormente
abandonada habida cuenta, primero, del alto coste que implicaba esa
construcción y, en segundo término, la no idoneidad de esa solución
en la medida en que tampoco podría haber reunido en una misma
ubicación todos los servicios del Ministerio. Por ello pensamos en un
plan de reubicación que consiste, en términos concisos, en reunir en
dos únicos núcleos todos los servicios del Ministerio, el primero
formado por el complejo palacio de Santa Cruz, palacio de Viana, y un
segundo por el edificio situado en la plaza del Marqués de Salamanca,
actual sede de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Como también conocen SS.SS., se llegó a un acuerdo en
noviembre del año 1997, entre la SEPI, el Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Industria y el propio Ministerio de
Asuntos Exteriores para afectar ese edificio al Ministerio de Asuntos
Exteriores, y esperamos con fundamento que ese proceso podrá estar
finalizado a últimos de este año, posiblemente con un desbordamiento
en los primeros meses del año 2000, momento en el cual, como digo,
pasaremos de tener más de 20 edificios a tener fundamentalmente dos,
con un reparto de los servicios
entre el palacio de Santa Cruz y el edificio de la plaza del Marqués
de Salamanca.
Al mismo tiempo, creo que también es importante señalarlo, es
evidente que el Servicio Exterior ha sentido la necesidad de adecuar
lo que son sus métodos de comunicación, sus instrumentos de
comunicación y de informatización a las necesidades del mundo actual.
Es otra de las áreas que desde el primer momento identificamos como
imprescindibles para reforzar nuestro Servicio Exterior, tanto por lo
que se refiere al órgano central como fundamentalmente a los
periféricos (me refiero a las embajadas y a las oficinas consulares).
Partiendo de esa premisa, en los últimos años hemos empezado a poner
en práctica un auténtico plan de modernización informática, cuyos
efectos en muchos casos ya empezamos a poder contrastar. Así, desde
primeros de este año hemos abierto, como es sabido, una página de
Internet del Ministerio de Asuntos Exteriores, hemos procedido a
conectar a la red de Internet no solamente el órgano central del
departamento, ya que todas las direcciones generales tienen una
conexión con Internet, y empezamos también a conectar a esa red de
Internet a nuestras representaciones diplomáticas y consulares. En
este momento, el último dato que tengo es que 85 de esas
representaciones diplomáticas y consulares están conectadas con
Internet, lo que representa en números redondos un 40 ó 45 por ciento
del total de nuestras embajadas y consulados. Entre paréntesis puedo
decir, por si SS.SS. no lo recuerdan, que son 108 las embajadas,
contando 11 multilaterales que España tiene abiertas en el
extranjero.
En este mismo orden de cosas, de reforzamiento de los procedimientos
informáticos, es preciso señalar el hecho de que estamos también
comprometidos con la instalación del correo electrónico como
procedimiento de transmisión de datos destinado a sustituir a medio
plazo en casi su totalidad el sistema tradicional, vía valija, de
comunicaciones entre el Ministerio y embajadas y consulados. En este
momento, en el Ministerio de Asuntos Exteriores existen ya cien
puestos de trabajo que cuentan con correo electrónico, objeto por lo
demás de una circular de esta Subsecretaría a todas las unidades del
Ministerio del pasado 8 de junio, ciertamente enviadas sin saber que
en esta Comisión de Asuntos Exteriores se me iba a poder tal vez
preguntar sobre esta cuestión. Al mismo tiempo, tenemos ya 25
embajadas, todas las de la Unión Europea y alguna otra, que cuentan
también con ese sistema de transmisión de información que es el
correo electrónico. Es evidente que tanto por lo que toca al correo
electrónico como al propio sistema de Internet, lo que nos preocupa
es poder encontrar una vía de comunicación que utilice estas nuevas
tecnologías, pero que al mismo tiempo reúna los requisitos de
confidencialidad y de seguridad evidentes para la transmisión de las
comunicaciones de orden diplomático entre el Ministerio y las
embajadas, cuestión que sin ser un técnico en informática, ni
muchísimo menos, me parece evidente que es de una especial
complejidad.
Al mismo tiempo, siguiendo con esta cuestión de la informatización,
es preciso aludir en el ámbito de la labor consular a un particular
esfuerzo que hemos puesto en esta modernización informática. Así, en
1998 se dotó de nuevos servidores de aplicaciones a un total de 110
oficinas consulares y secciones consulares de embajadas y para las 41
restantes, incluidas las últimas creadas en Shanghai y en Eslovenia,
se están realizando también los trámites para dotar a estas embajadas
del mismo sistemas informático. En segundo lugar, mediante un sistema
de gestión consular, se está dando respuesta a necesidades
específicas a través de un conjunto de programas relativos a
cuestiones como la gestión del registro de matrículas de españoles
residentes, del censo de españoles residentes ausentes o del padrón
de españoles residente en el exterior, las inscripciones
y certificados de registro civil y la tramitación de visados conforme a
las normas del sistema swing. También se está desarrollando, y en
este particular puedo dar testimonio de la eficacia del nuevo
sistema, un nuevo procedimiento de contabilidad y gestión
presupuestaria para la representación en el exterior, que incluirá
funciones como el control de créditos y el seguimiento presupuestario
o la gestión de ingresos. Además, se ha creado un sistema propio de
informatización de solicitudes de visado con fines de turismo,
denominado Visatour, que funciona desde hace ya tiempo en consulados
de gran demanda, me refiero especialmente al de Moscú, en donde, como
es sabido, se expiden anualmente del orden de 300.000 visados, que el
mes próximo, si no a finales de este mes de junio, estará también
funcionando en la sección consular de la embajada de España en Kiev,
en Ucrania. Finalmente, continúan las actuaciones previstas de
adaptación o sustitución de los sistemas informáticos para hacer
frente al llamado Efecto 2000, pero eso es algo que SS.SS. conocen
como parte de toda la acción que despliega el Gobierno o la
Administración general del Estado. Sin embargo, quiero señalar, a
guisa de información concreta, que el Ministerio de Asuntos
Exteriores gastará en esta adaptación de sus equipos informáticos,
entre los años 1998 y 1999, la cantidad de 230 millones de pesetas.
Al mismo tiempo, dejando estas acciones más concretas, es evidente
que esa adaptación al refuerzo del Servicio Exterior requiere también
un esfuerzo intenso y concreto en la mejora de sus propios recursos
humanos. Esta Comisión de Asuntos Exteriores posiblemente recordará
que muy recientemente tuve el honor de comparecer para informar a SS.
SS. sobre el procedimiento de evaluación de los funcionarios
diplomáticos recientemente aprobado por el ministro de Asuntos
Exteriores y ya, por tanto, vigente, y cuyos primeros frutos
deberemos poder contemplar a final de este año en la medida en que en
el mes de septiembre se inicia la primera anualidad, por así decirlo,
de este sistema destinado no solamente a poder tener por parte de las
unidades directivas del Ministerio un mejor conocimiento de la
eficacia o de la actuación de cada uno de sus funcionarios, sino
también ideado como un procedimiento que sirva para alentar la propia
actuación de los funcionarios diplomáticos.
En este mismo orden de cosas no puedo por menos de referirme a algo
que también SS.SS. me han escuchado comentar en alguna ocasión, creo
recordar que con motivo de mis comparecencias a la hora de explicar
el proyecto de presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que
va en el sentido de lograr una mejor gestión de los recursos
económicos, cual es el tema de los arrendamientos financieros,
o leasing financiero, destinado a encontrar un procedimiento que sirva,
en primer lugar, para acabar con el
dispendio que suponen los 1.500 millones de pesetas que anualmente
viene pagando el Ministerio de Asuntos Exteriores en alquiler de sus
sedes diplomáticas y consulares y permitir, por tanto, la adquisición
de edificios a través, como digo, de ese sistema de arrendamientos
financieros, que recuerdo que fue objeto de un acuerdo firmado el
pasado 26 de noviembre entre el Ministerio de Asuntos Exteriores
y una entidad bancaria española, que está a punto también de dar sus
primeros frutos en la medida en que espero que en los próximos meses,
y desde luego antes de final de año, podamos haber realizado las
primeras cuatro o cinco compras de edificios a través de este
sistema, que recuerdo prevé la utilización de una línea de crédito de
10.000 millones de pesetas por un espacio de dos años, prorrogables
por otros dos.
Por último, señorías, quisiera hacer una breve mención a algo que he
anticipado también al comienzo de mi explicación, y es al hecho y a
la seguridad que quisiera transmitirles de que el Servicio Exterior
no permanece ajeno a la realidad que deriva de la organización de
España como Estado autonómico establecido por la Constitución de
1978. Esa atención a las peculiaridades de las nacionalidades
y regiones que integran España tiene, como es evidente, un doble
fundamento. De una parte, y eso va de suyo, el imperativo legal que
establece la propia Ley orgánica sobre el funcionamiento de la
Administración general del Estado, Lofage, de que esa Administración
General del Estado sirva con objetividad y con sometimiento pleno a
la ley y al derecho a los intereses generales del país. De ello
deriva, a nuestro parecer, el deber de las embajadas y de los
consulados de colaborar de forma muy especial con las comunidades
autónomas. Esta colaboración entendemos que se ha de prestar de
manera activa, para atender las peticiones que las propias
comunidades autónomas planteen para el eficaz ejercicio de sus
competencias.
De otra parte, me parece también conocido que el Servicio Exterior, y
muy en particular los embajadores y cónsules generales, viene
prestando tradicionalmente una atención indudable a las distintas
comunidades autónomas españolas mediante una cooperación que engloba
muy diversos ámbitos y que abarca desde la colaboración en la
organización de viajes al extranjero de autoridades autonómicas,
empezando por los presidentes de las distintas comunidades y de otros
miembros de los consejos de gobierno y de las asambleas
parlamentarias de nuestras comunidades, hasta el apoyo que pueden
solicitar, y desde luego pueden contar con ello, para la celebración
de eventos de carácter económico, comercial o cultural en las propias
comunidades. Es evidente que cuando el volumen o la complejidad de
los asuntos que interesan a las comunidades autónomas así lo
justifican, y siempre teniendo en cuenta las limitaciones del
personal con que cuenta el Servicio Exterior y muy en particular con
el que cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores, se puede llegar a
designar a uno de los funcionarios de la representación diplomática
como encargado especial del seguimiento de esas relaciones con las
comunidades autónomas. Sus señorías conocen el ejemplo más destacado
de este principio, cual es el que en la representación permanente de
España ante la Unión Europea existe desde hace ya tiempo un consejero
para asuntos autonómicos, que tiene como especial responsabilidad
asegurar la debida cooperación y coordinación con todas las
comunidades autónomas en los asuntos del ámbito de la Unión Europea
que afectan a sus competencias. Es cierto que en muchas otras
embajadas no se requiere posiblemente un nombramiento formal de estas
características, pero es habitual y desde luego me consta que siempre
algunos de los funcionarios diplomáticos, posiblemente el encargado
de los asuntos políticos, bajo la dependencia directa del embajador,
lleva a cabo esta función.
En resumen, señor presidente, señorías, quiero asegurarles el
compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores con la reforma y la
adecuación del Servicio Exterior del Estado a las nuevas realidades
internacionales en el ámbito exterior y también a la nueva realidad
social y política de nuestro propio país. Las iniciativas que he
podido comentar entendemos que responden a esa constatación. Entiendo
también que se han hecho cosas concretas que, como decía en mi
intervención, han empezado a dar sus frutos. Desde luego hay cosas
que quedan por hacer, hay cosas que quedan por completar en términos
de redespliegue diplomático consular, en términos de informatización
de los procedimientos y de nuestras comunicaciones, pero yo quisiera
pensar que estamos en la vía adecuada, en la que desde luego queremos
seguir profundizando, y para ello nos serían muy de utilidad las
indicaciones y los comentarios que SS.SS. pudieran hacernos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo que ha solicitado la
comparecencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor subsecretario
por su información.
La intención de nuestro grupo al pedir su comparecencia para hablar
del Servicio Exterior era plantearle algunas cuestiones, muchas de
las cuales ya han sido abordadas por usted, y creo que muy
rigurosamente, que afectan a eso que ha dicho al final, a la nueva
realidad internacional y a la nueva realidad de nuestro Estado. En
eso tenemos las ideas claras, señor subsecretario, y creo que hoy ha
hecho usted afirmaciones que van en la línea de tener esas ideas
claras, que nosotros podemos compartir perfectamente; luego podemos
entrar a profundizar en el detalle y a analizar cuestiones para
mejorar el funcionamiento de nuestro servicio exterior, que esa es
nuestra idea y lo que ha motivado nuestro planteamiento de
comparecencia.
La gestión de recursos materiales, los recursos económicos limitados,
marca un perfil que permite moverse hasta ciertos límites, y ya le
anticipo que nosotros valoramos positivamente la capacidad de
utilizar esos medios personales y económicos en mantener un Servicio
Exterior que tiene prestigio y dignidad reconocidos
internacionalmente y, por tanto, constatamos el esfuerzo de los
funcionarios, de los diplomáticos, que a veces en condiciones no
óptimas están supliendo con su dedicación personal esos déficit,
manteniendo un prestigio que nuestro grupo valora. La gestión de los
edificios, usted lo ha tratado, es un tema que ahora vamos a abordar
también. Hay un tema muy importante, que es el de la comunicación
diplomática, queespecialmente nos preocupa. En fin, voy a intentar
desgranar
con una serie de ejemplos, señor subsecretario, los terrenos sobre
los cuales entendemos que debería circular esta comparecencia. La
cuestión de principio es si tenemos un Servicio Exterior que se
corresponde con las necesidades de una diplomacia moderna y con la
realidad del Estado autonómico. Nosotros valoramos en lo que ha dicho
la perspectiva, el esfuerzo y los medios que se están poniendo para
que eso sea así.
Entrando ya en algún detalle quisiera plantearle, por ejemplo, las
nuevas situaciones que se dan en la Unión Europea; vamos a centrar
esta primera intervención en la Unión Europea. La creación de esas
nuevas representaciones y la supresión de las representaciones
diplomáticas y consulares que usted ha citado, dentro de un nuevo
marco, por un lado el creado recientemente por la decisión del Reino
Unido de devolver el poder autonómico a Escocia y a Gales, que
seguramente irá incrementándose en el futuro con Irlanda del Norte,
es decir, una nueva configuración de uno de los Estados importantes
de la Unión Europea, en una perspectiva también claramente de
descentralización, de regionalización o de nacionalización, llámese
como se quiera, y por otro lado, lo que puede significar la
ampliación de la Unión Europea a los países del Centro y del Este de
Europa, por la nueva situación creada en los Balcanes después de la
guerra de Kosovo, eso verdaderamente dibuja un nuevo mapa de
relaciones y de intercambios. Por tanto, la cuestión es si usted cree
que la actual distribución de los consulados que tenemos en la Unión
Europea se corresponde con las necesidades derivadas de esa nueva
situación actual y la futura. Ya nos ha comentado las intenciones que
tienen al respecto, pero nos gustaría que nos detallara alguna cosa
más.
La segunda cuestión, también en el marco de la Unión Europea, es si
usted cree que dentro de las realidades regionales, nacionales,
federales, autonómicas que hay en los distintos Estados de la Unión
Europea, la función diplomática y consular debe seguir en los mismos
parámetros que los actuales. Usted ha hecho referencia a ello
diciendo -y yo se lo agradezco- que los embajadores y los cónsules
tienen el mandato imperativo de colaborar con las comunidades
autónomas -y me consta que esto se hace normalmente-, y ha citado
como ejemplo la presencia del consejero autonómico, que de alguna
manera se introdujo en esta legislatura mediante el acuerdo de
gobernabilidad. Señor subsecretario, usted sabe que a nuestro grupo
le parece insuficiente esa fórmula, pero en todo caso la valoramos
como un paso positivo. Quizás también podríamos encontrar alguna
fórmula concreta administrativa para la asunción de esa dimensión
autonómica en las embajadas y en los consulados por parte de los
funcionarios, que reforzara esa colaboración que, repito, agradecemos
y que valoramos en lo que vale. Por tanto, me gustaría saber qué
sentido tiene mantener los mismos diplomáticos y los mismo
funcionarios, con las mismas funciones, en un momento en que la
presencia de empresas, de oficinas comerciales, de delegaciones
oficiales de comunidades autónomas en muchos casos se solapan en el
marco de la Unión Europea.
Fuera del marco de la Unión Europea usted ha hecho referencia a
nuevas embajadas, en Eslovenia, en Kazajstan y en Tirana, a la que ya
se refirió el presidente del Gobierno en su visita. Me gustaría saber
si hay alguna previsión más
en cuanto a los países de Asia Central. Respecto a los países
bálticos, ha hecho referencia también a esa posible apertura de
alguna delegación, pero me gustaría que nos aclarara que previsiones
hay en la zona del ¡frica Subsahariana. Nosotros entendemos que
nuestra presencia viene de alguna forma ligada al incremento de la
política de cooperación en esa zona. También nos gustaría conocer qué
previsiones hay en Asia, aparte del consulado general de Shanghai, al
que usted ha hecho referencia, y qué sucede con la embajada en
Singapur, que algunas veces por ser el centro económico, el
intercambio financiero, se ha comentado por el Gobierno la intención
de apertura en esa ubicación.
Usted nos ha hablado también de los procesos de compra, la fórmula
del leasing. Valoramos positivamente esa iniciativa, y quisiera
también que nos comentara con más detalle dónde se están haciendo
este tipo de operaciones. Por ejemplo, me consta la negociación en
Andorra con el propietario, el copríncipe episcopal. Por tanto, nos
gustaría que nos detallara un poco más esa situación.
Por lo que se refiere a los recursos humanos, es bien sabido que
tenemos el Servicio Exterior más pequeño de los Estados de la Unión
Europea. Tenemos alrededor de unos 750 diplomáticos. Me gustaría
plantearle si usted cree que es suficiente este número de
diplomáticos, de funcionarios, de personal contratado para cubrir las
necesidades actuales del Servicio Exterior y, en todo caso, cuál
sería el conveniente y cuál es la perspectiva para cubrir nuevas
plazas, si se va a mantener en la carrera diplomática ese ritmo de 20
plazas anuales que se ha iniciado este año.
Por otro lado, también me gustaría conocer es la calificación del
Ministerio respecto a la importancia de ciertas embajadas y
representaciones consulares, si hay algún criterio por el que tengan
una especial atención ciertas embajadas o representaciones consulares
respecto a los situados en otros enclaves geográficos. Le cito
algunos ejemplos que sé que son muy importantes por la labor que
están realizando: el consulado en Moscú, por la expedición de visados
turísticos, esa fórmula pionera que están utilizando con la
expedición de más de 300.000 visados, a los que usted ha hecho
referencia; o por ejemplo los visados para la inmigración, que han
convertido ciertos consulados que tenían una importancia secundaria,
marginal a veces, en muy de primera línea; o embajadas como la de
Andorra, por la situación de los residentes, de las condiciones
sociolaborales y por la especial relación en el ámbito cultural-
ling¸ístico con Cataluña concretamente; o lo que puede significar la
situación en Escocia, en Edimburgo, después del proceso autonómico de
devolución del Gobierno laborista británico. Por tanto, ¿en su
opinión sería necesario redistribuir los efectivos del Servicio
Exterior para atender mejor las necesidades? ¿Cree usted que la
distribución actual es la conveniente? Usted ha hablado también del
sistema de evaluación. Nos ha citado para el mes de septiembre para
conocer resultados. De todas formas, quisiera saber a cuántos
diplomáticos se les está aplicando este proceso de evaluación, aunque
después del verano, en el próximo período de sesiones, abordaremos el
tema con más profundidad.
Voy a entrar ahora en una cuestión para mi muy importante, que es el
tema de la información diplomática. Usted ha hecho referencia a ello
extensamente y yo se lo agradezco, porque además nos ha informado de
ciertas iniciativas
que nuestro grupo valora muy especialmente. La cuestión es saber si
la información diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores es la
que necesita un servicio exterior eficaz y moderno. Valoro lo que
usted nos ha dicho, pero hay hechos que ponen en cuestión, al menos
en este momento, el funcionamiento de este sistema de comunicación.
Señor subsecretario, el Parlamento también merece ser comunicado,
este Parlamento también necesita información de lo que está haciendo
el Ministerio, información diplomática, criterios, y no los tenemos,
y usted lo sabe. Aquí recibimos comunicaciones de muchos organismos y
representaciones diplomáticas, pero al menos nosotros -y yo
personalmente se lo tengo que decir- tenemos poco acceso a
información de criterios y de situaciones de política exterior
española. De hecho, en la página web, a la que usted ha hecho
referencia, encuentras algunas cosas muy peculiares: La página fue
creada el 20 de octubre de 1997; última revisión 14 de junio de 1999;
edición en pruebas. Tres años de pruebas es mucho tiempo para tener
una página en pruebas, señor subsecretario, al menos en ese tema.
O por ejemplo: El servicio de la OID informa; resumen de prensa de la
OID; estará operativo en muy breve plazo; último comunicado de la
OID, 2 de abril de 1999. Señor subsecretario, menos mal que no ha
pasado nada en los dos últimos meses, porque evidentemente
necesitaríamos un tipo de información más actualizada. Señor
subsecretario, la actualización de la información es un esfuerzo que
vale la pena y, por tanto, nosotros se lo pedimos. Yo le agradezco
también que nos informe de que se ha establecido correo electrónico y
conexión en Internet con muchas de las representaciones exteriores,
porque hasta este momento se producía el caso insólito de que el
Ministerio de Economía tenía las oficinas del ICEX comunicadas por
correo electrónico y nosotros no teníamos todavía funcionando el
sistema no sé si llamarlo artesanal o primitivo de la valija a la que
usted ha hecho referencia. Por tanto, el tema de la información nos
interesa mucho y le instamos a que lo refuerce, porque ese es el
mejor método para tener información clara, actualizada y, en todo
caso, criterios de la posición española en los temas de actualidad.
Por ello el procesamiento de la información diplomática también es
una cuestión que nos interesa y que le sugerimos.
Simplemente queremos plantearle cuál es el tratamiento de las
distintas situaciones en las que se encuentran nuestros conciudadanos
y conciudadanas en el extranjero, si hay alguna novedad respecto a
los consejos de residentes, si hay alguna situación nueva al
respecto. Hay otro tema que también nos interesa, que es cómo trata
el Ministerio la situación de los españoles que están cumpliendo
condena en cárceles extranjeras. Recientemente he tenido ocasión de
visitar a presos españoles que se encuentran cumpliendo condena en
uno de esos Estados geográficamente cercanos y en los que a pesar de
la buena voluntad de sus autoridades por mejorar las condiciones de
internamiento todavía persisten situaciones que reclaman la constante
presencia de nuestro cónsul, de nuestro servicio exterior. Por ello
le pido información, si la tiene, sobre la previsión de convenios de
cumplimiento de penas en los países de origen que en estos momentos
esté negociando el Ministerio y, en todo caso, su opinión sobre la
asistencia consular y letrada que se da a los presos españoles en
países extranjeros.
También le agradezco su mención a la posición del Gobierno sobre la
colaboración de las embajadas, al cumplimiento de la Lofage respecto
a las comunidades autónomas. Como le he dicho al principio, creo que
esa es una buena línea para empezar a trabajar y a profundizar en lo
que puede ser potenciar y en todo caso estar bien situados en lo que
pueden ser esas nuevas relaciones básicamente en el ámbito de la
Unión Europea pero también en el ámbito exterior.
Quisiera plantearle dos cuestiones, una que me ha sorprendido, en un
caso, y otra que me preocupa, en el otro. La primera es precisamente
sobre eso que usted ha dicho de que el servicio exterior no debe
trabajar ajeno a la realidad de nuestro Estado autonómico. En algún
caso nos hemos encontrado con ciertas situaciones como que, por
ejemplo, algún documento solicitado para algún caso concreto de
adopción, expedido por una comunidad autónoma en la lengua cooficial
y propia de la comunidad autónoma, no ha sido certificado
inmediatamente por el cónsul, cumpliendo, por otra parte, su función
de notario, y que ha necesitado de la intervención del Ministerio en
el sentido de facilitar una función que no es más que certificar un
reglamento de transferencias perfectamente establecido y
normativizado.
Por tanto, ese es un ejemplo que le pongo y evidentemente sé que
quizá pueda ser esa flor que no hace verano, para entendernos
-utilizando una expresión traducida directamente del catalán-, pero
no nos gustaría que se repitiera y quisiéramos que lo tuvieran en
cuenta.
Por último, quisiera saber también si en el programa de actividades
culturales usted conoce verdaderamente alguna representación
diplomática que trabaje ya en esa mentalidad de cultura plural o si
son la mayoría o si en su opinión verdaderamente esta es una cuestión
que es de práctica amplia en las representaciones consulares y en las
embajadas, o si verdaderamente valdría la pena hacer un esfuerzo
-nosotros ya se lo dijimos al director del Instituto Cervantes hace
poco en su comparecencia- para reforzar esa oferta cultural y plural.
Por tanto, señor subsecretario -y termino- le agradezco su
comparecencia, le agradezco su información. Solamente quiero
recordarle que en la resolución 49 de este Congreso de los Diputados
del debate de política general de 1997 se instaba al Gobierno a
impulsar un nuevo marco legal para el servicio exterior que tuviera
en cuenta, se decía, las exigencias y los objetivos de nuestra
proyección internacional. Dos años después estamos prácticamente sin
ninguna iniciativa en ese sentido y eso lo llevo al terreno de que
verdaderamente nuestra solicitud de comparecencia iba en el sentido
de actualizar esa posición, esa resolución y ese instar al Gobierno a
legislar o a impulsar un nuevo marco legal y a la otra cuestión, que
es conocer hasta qué punto su Ministerio es consciente de las
insuficiencias que pueda tener nuestro servicio exterior y en todo
caso qué medidas ha tomado ya el Gobierno -que valoramos muy
positivamente- para reforzarlo y adaptarlo a nuestra realidad
política y a nuestra presencia en el mundo.
Muchas gracias, señor subsecretario.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Creo que es enormemente pertinente esta
solicitud de comparecencia del Grupo de Convergència i Unió, porque
nos permite seguir realizando una evaluación, recibir una
información, mantener un contraste de pareceres con el subsecretario.
Creo que también es bueno para el subsecretario, porque quien lleva
esa responsabilidad en los ministerios normalmente está muy metido en
su cocina y muchas de las decisiones que tiene que adoptar a veces no
son suficientemente conocidas o no son a veces suficientemente
comprendidas.
Se ha hablado de una realidad cambiante. Yo traería un ejemplo a
colación. No hace mucho en una provincia, en la mía, alguien se
indignaba en los medios de comunicación porque en los edificios del
Banco de España -esos edificios enormes que hay en todas las
provincias, en la zona céntrica de las ciudades- la Guardia Civil que
los protegía había sido sustituida por vigilantes de seguridad. Las
autoridades no dieron una explicación, pero la realidad era - en
palabras que me expresaban responsables de la cuestión- que en el
Banco de España en las provincias no hay dinero; el dinero ya no se
mueve a través de la oficina provincial del Banco de España. Han
cambiado las misiones, tiene ahora unas funciones de coordinación con
las entidades financieras, bancarias, etcétera. Creo que esa noción
de que el mundo se mueve y de que por tanto se requieren nuevas
soluciones, vale también para el servicio exterior.
Quería empezar por una primera reflexión. Quizá sería conveniente que
en esta Comisión los grupos parlamentarios, el Gobierno, intentáramos
llegar a una definición común de lo que entendemos por servicio
exterior, a una noción compartida. Para el subsecretario el servicio
exterior hoy son las personas que dependen administrativa y
orgánicamente de él. Creo que en el fondo todos entendemos que el
servicio exterior lo forman todos aquellos que tienen una misión, que
desempeñan una misión de representación, de actuación en nombre de
España en el extranjero o vinculadas con esas relaciones
internacionales.
Otra cosa es que el marco actual no consolide, no contemple, no
establezca la unidad de misión o la unidad de acción en el exterior
más que como un principio genérico, que lamentablemente el propio
Gobierno, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, parece renuncia
a él cuando se aprueban cuestiones como la introducción de la
evaluación, un mecanismo que puede tener su eficacia a efectos
internos, pero que tiene el componente negativo de que en esa
evaluación, al introducirla exclusivamente para los funcionarios
diplomáticos, de manera expresa se está renunciando a la aplicación
del principio de unidad de misión, se está reconociendo una
impotencia.
El subsecretario ha hablado de una serie de mejoras. Me gustaría
saber si en esa orden o instrucción del 8 de julio se ha cancelado
una anterior que prohibía a las embajadas tener correo electrónico.
Amí siempre me ha sorprendido, desde hace varios años, y lo he
planteado en diversas instancias -nunca en ésta-, que nuestras
representaciones diplomáticas tuvieran expresamente prohibido el uso
de correo electrónico, que cuando se les autorizó a instalar
terminales conectadas a Internet se les mantuvo la prohibición
de utilizar el correo electrónico; no se les dijo: pongan
ustedes una línea dedicada a garantizar la seguridad de las
comunicaciones, sino simplemente: no utilicen ustedes el correo
electrónico, cuando en la práctica creo que entre el 50 y el 80 por
ciento de las comunicaciones no son materias que requieran
confidencialidad. Al margen de que yo creo que a estas alturas ya el
subsecretario habrá recibido los informes suficientes que garantizan
que hay determinados procedimientos de cifrado o encriptado que
permiten un cierto grado de seguridad en las comunicaciones, aunque
probablemente no para todas. Imagino, aunque no lo ha dicho el
subsecretario, que habrá algunas comunicaciones que seguirán
requiriendo los medios tradicionales de cifra, pero yo creo que buena
parte de las comunicaciones -por la vía normal del correo
electrónico, por la vía también de comunicaciones encriptadas- se
pueden utilizar a través de Internet. Otra cosa es que se haga a
través de líneas dedicadas para que no se pueda acceder a esas
terminales desde otras terminales ajenas.
La cifra que ha dado el subsecretario yo no sé si se corresponde con
la que estaba en los presupuestos para este año -230 millones de
pesetas- y si ha habido un incremento. Ha hablado de Internet. Yo
creo que las páginas del Ministerio, siendo un esfuerzo loable,
distan todavía mucho de responder a lo que sería deseable y posible
con los medios de que hoy se dispone. Si uno las compara con las de
otros ministerios de nuestro entorno, no resisten la comparación, son
enormemente pobres. Es cuestión de medios. No se dispone de grandes
recursos, pero se trata de tener personal especializado. Lo que sí le
pediría al subsecretario es que a través de ese medio, que en nuestro
país casi dos millones de personas ya lo utilizan habitualmente, y en
otros países mucho más, esas páginas incorporasen también lo que es
una primera imagen de España para los que utilizan ese medio y no el
papel, por ejemplo. Quiero decir que echo de menos en esas páginas
una información sobre lo que son los elementos principales de la
política española -la posición de España sobre el Mediterráneo, sobre
la Unión Europea-, información que debe ser neutral y no de autobombo
del Gobierno. Basta mirar las páginas del Gobierno británico o del
Gobierno alemán para entender a lo que me refiero.
Respecto a la cuestión que planteaba el señor Burballa en cuanto la
reestructuración espacial de nuestro despliegue -cierre de embajadas,
apertura de nuevas embajadas, etcétera-, a si es suficiente o no el
despliegue, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes
de que los recursos son insuficientes, sobre todo si tenemos en
cuenta que de esa cifra de diplomáticos que se ha dado hay un número
importante -y me gustaría saber aproximadamente la cifra- que están
en situaciones distintas -de excedencia, otros destinos, servicios
especiales- que no permiten que se pueda contar ellos dentro de ese
despliegue diplomático.
Ha hablado el señor Burballa de los presos. Quería recordar que hasta
ahora ha habido una actitud y una actuación desigual por parte de los
diferentes consulados. Ha habido consulados que han actuado con una
enorme eficacia y desprendimiento, que han utilizado los recursos
previstos para atención de necesidades de presos, y ha habidootros
consulados que parece que intentaban ahorrar dinero
al Estado y al erario público, siendo absolutamente parcos,
escatimando esos recursos.
Se ha hecho referencia a la Ley de Cooperación. Es un acuerdo de la
Cámara, es una petición al Gobierno, es un compromiso del Gobierno,
pero yo entiendo también que una ley requiere una voluntad política
del Gobierno en su conjunto. Nosotros desde el Grupo Socialista
queremos esa ley, entre otras cosas porque ésa es precisamente una de
nuestras frustraciones durante la etapa del gobierno socialista, una
ley que no conseguimos producir por distintas razones, aunque sí
quería hacer una advertencia. Nosotros estamos dispuestos a dar
nuestro pleno apoyo a que se produzca una ley del servicio exterior
como tal. No aceptaríamos que se volviese a realizar una nueva
reforma interna del Ministerio de Asuntos Exteriores a la que se le
pusiera el cartel de ley del servicio exterior. Esa ley del servicio
exterior tendría que contemplar lo que es la realidad global del
despliegue, estableciendo con sus mecanismos de entrada, salida
temporal, etcétera, la unidad de acción exterior, el principio de
unidad de misión, incorporando por lo tanto a los distintos
consejeros que participan, que están presentes hoy y que están
acreditados en una representación diplomática. Si no es así, nosotros
no vamos a apoyar, en absoluto, la ley y seguiremos, evidentemente,
reclamándola.
Respecto a los actores en la acción exterior, no solamente se trata
de la incorporación de la acción de las comunidades autónomas, hay
también otros agentes que deben ser tenidos en cuenta -ONG, empresas,
etcétera-, que van cambiando las demandas a las que debe responder la
representación. Sin ir más lejos, las propias diputaciones o
ayuntamientos forman parte también de esa imagen. Parece importante
que tengamos claro que esa multiplicidad de agentes debiera
fortalecer -no debilitar, no fragmentar- lo que son las señas de
identidad de la política exterior; que a través de la acción exterior
de los distintos agentes se fortalezca la política exterior. Hay
oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas -la mayoría de
ellas las tienen-, son oficinas de representación, son en el día a
día oficinas de intereses, la coordinación se debe mejorar y eso,
desde el Grupo Socialista, vamos a estar siempre apoyándolo.
La reforma a la que se ha referido el subsecretario tuvimos ocasión
de discutirla con el secretario de Estado. Lo más llamativo de esa
reforma es que rectifica un error que se nos presentó como acierto
del gobierno del Partido Popular -suprimir direcciones generales
porque había una inflación de ellas, y ahora se recupera una que se
había suprimido-. Otro nuevo hallazgo de esa reforma es que, por
primera vez, las relaciones con un país -o con dos en este caso- no
se hacen a través de una dirección política de área, sino a través de
una dirección sectorial, de manera que las relaciones con América del
Norte se realizan a través de la Dirección General de Seguridad y
Desarme, con lo cual el mensaje es claro. Nuestras relaciones con
Estados Unidos, por ejemplo, son esencialmente de carácter militar,
de carácter de defensa y seguridad. Creo que es un mensaje erróneo,
que no responde tampoco a la realidad de las relaciones
euroatlánticas, pero las explicaciones que nos daba el secretario de
Estado era equilibrar.
Hay una carencia también en esa reestructuración, que es lo más
llamativo, y es que se mantenga una dirección
general como la de ¡frica, Asia, Pacífico, etcétera, donde el
director general difícilmente tiene tiempo siquiera de pensar, no ya
de producir política.
Finalmente, quisiera hacer dos comentarios, uno de ellos sobre la
relación entre los medios, los instrumentos y las políticas. Esta
mañana hemos aprobado un informe sobre los derechos humanos que
contiene una serie de elementos que el Gobierno deberá incorporar a
las señas de identidad de nuestra política exterior. Dentro de esa
línea aprobamos no hace mucho una Ley de Cooperación. En esa ley se
decía que el ministro de Asuntos Exteriores dirige la política de
cooperación. Es cierto que el Grupo Popular votó en contra de eso,
pero el Pleno de la Cámara lo aprobó, como aprobó también, con el
voto en contra del Grupo Popular, que los fondos de cooperación, en
su inmensa mayoría, dependen y los gestiona el Ministerio de Asuntos
Exteriores a través de la Secretaría de Estado de Cooperación; es
decir, que los fondos de ayuda al desarrollo ya no están aplicados a
la cooperación, que, en definitiva, eran para ayuda a las
exportaciones. A mí me gustaría saber si eso está asumido plenamente
por el Gobierno y las consecuencias que tiene en todo lo que hemos
estado hablando aquí. En definitiva, me gustaría saber no solamente
cómo está el instrumento, sino al servicio de qué política exterior
está ese instrumento. Acabo de decir lo de la cooperación, pero hay
otras cuestiones espinosas, una de ellas la Agencia de Cooperación.
¿Este instrumento está para que un ministro del Gobierno se vaya a
hacer acuerdos de ventas de armas con el general Hugo Cháves? Todo
eso también lo tenemos que discutir, señor subsecretario. No sé en
qué medida las directrices políticas, los principios que deben servir
de señas de identidad de nuestra política exterior se incorporan a
través del instrumento que es la estructura del Ministerio y la
estructura de la acción exterior del Estado. Con esta reflexión
acabo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Trataré de ser un poco más breve que el
diputado Estrella y condensar mi pensamiento de forma más precisa que
lo ha hecho él.
En primer lugar, quiero agradecer al señor subsecretario no sólo su
comparecencia, sino su rigor y sus esfuerzos para mejorar el
funcionamiento del servicio exterior de España y muy especialmente
del que forma parte como corazón el Ministerio de Asuntos Exteriores
y la red de oficinas, embajadas, consulados, representaciones,
etcétera, que tiene nuestro país en el extranjero. Los esfuerzos han
sido muchos. Primero, de reordenación, de mejora del sistema. Es
bueno recordar aquí, ya que no lo ha hecho el señor Estrella -y no
quiero entrar en ningún debate con él-, que el organigrama que
nosotros recibimos cuando llegamos al Ministerio era bastante más
confuso que el actual, resultado de una serie de añadidos
arquitectónicos de estilos distintos, según habían ido pasando por
allí distintos ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, que
muchas veces habían carecido de una visión global. Podrá criticarse o
señalarse que se hizo bien o mal, pero de hecho intentamos crear un
mecanismo más ágil, más eficaz, donde la dirección de la política y
su ejecución y gestión, y
no sólo eso, sino la administración de cuestiones tan importantes
como las actividades de nuestras oficinas consulares, etcétera,
pudieran funcionar de una forma más armónica; por no hablar del
galimatías en que se había convertido la Secretaría de Estado de
Cooperación, que el señor Estrella omite, pero que era bastante más
complicada que la que hay ahora. Eso se ha conseguido en gran parte
gracias a los esfuerzos del señor subsecretario, no sólo para la
creación de un nuevo organigrama y para su puesta en práctica, sino
para racionalizar el sistema de sedes, para mejorar los mecanismos de
alquiler, en este caso de compra a plazo, de sedes de embajadas y
consulados, etcétera. Eso, sin duda, ha requerido mucho esfuerzo. Hay
que estar en la cocina, ¡ay del Ministro de Asuntos Exteriores que no
tenga un buen subsecretario y ay del subsecretario que no esté más en
la cocina que en los titulares de los periódicos! Sin duda, el señor
subsecretario aquí presente ha cumplido todas esas misiones con gran
eficacia.
Hay un par de observaciones que hacer por parte de mi grupo. No se
trata sólo de mejorar lo que tenemos; eso se está haciendo o ya se ha
hecho. Tenemos que reflexionar sobre el servicio exterior, esto es,
sobre los instrumentos que el Estado se otorga y de los que dispone
para la promoción y la defensa de los intereses y objetivos de
nuestro país, y es evidente que en parte es tarea que corresponde a
esta Comisión. Administrar lo que tenemos sería una postura
conservadora que un partido de centro-reformista como el mío no puede
en ningún caso aceptar. Tenemos que ir más allá y eso significa
plantearnos -tampoco lo ha hecho el señor Estrella y no es una
preocupación que venga mucho por esta Comisión- qué medios, qué
recursos necesita un país abierto al mundo, presente en los mercados
más lejanos, con unos españoles que no solamente están distribuidos
por toda la geografía del planeta, sino que además viajan, conocen,
invierten, visitan, estudian en los lugares más recónditos. Un país
abierto en un sistema global también abierto en el que sin duda
tendremos que hacer un ejercicio que no sólo tenga en cuenta la
creciente presencia de España en el mundo, sino la afirmación de una
creciente personalidad de la Unión Europea y lo que eso significa en
términos de qué servicio exterior para la Unión Europea (y cómo debe
estar configurado éste) queremos y podemos admitir, aceptar y pagar,
en última instancia. Esa es una de las grandes reflexiones que habría
que traer a este debate.
Y sin duda otra -y eso es importante y este Gobierno lo ha planteado,
aunque se le ha olvidado al señor Estrella, pero tampoco eso fue
fácil para el Gobierno anterior-, es la necesidad o no de un
instrumento legal, de una ley, que regule el Servicio Exterior.
Naturalmente, esa ley debe ser ambiciosa, comprensiva, moderna, que
establezca líneas, directrices, principios y que permita integrar,
hacer más efectiva, mejorar el funcionamiento de nuestras oficinas,
de nuestras embajadas, de nuestros consulados y también de los
órganos de la Administración general del Estado que tienen capacidad
de acción exterior y que, por tanto, deben ser coordinados y
dirigidos adecuamente. Y no solamente eso, sino también la actuación
del Estado en su papel de dirección de la política exterior,
artículos 97 y 149 de la Constitución, incluyendo naturalmente la
sentencia del Tribunal Constitucional del año 1995 y de las acciones
con
relevancia internacional que pueden y deben desempeñar las
comunidades autónomas u otros órganos de la Administración del Estado
en su sentido más amplio.
Por tanto, le agradezco al señor subsecretario su comparecencia, le
estimulo a seguir mejorando el funcionamiento de nuestro Servicio
Exterior y sepa que cuenta no sólo con el apoyo del Grupo Popular,
sino con el interés de esta Comisión para la mejor eficacia y el
mejor desarrollo de la Administración exterior del Estado.
El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE ASUNTOS EXTERIORES (De Carvajal Salido): En
primer término quisiera muy sinceramente agradecer las palabras que
el señor Burballa ha dirigido a la carrera diplomática, y lo digo no
como subsecretario de Asuntos Exteriores en esta ocasión, sino como
jefe de esa carrera diplomática. No hay nada que me alague más, y
estoy seguro de que a mis dos compañeros que están presentes en esta
sala les alaga de la misma forma que se hable con esa sinceridad del
prestigio y de la dedicación de los diplomáticos.
Intentaré agrupar las diversas cuestiones que han planteado los tres
intervinientes, en la medida en que se solapan en algunos casos, para
referirme en primer lugar al tema del redespliegue diplomático
consular en el que tanta insistencia ha puesto el señor Burballa, con
justa razón debo decirle, y concretarle por tanto alguna de las
indicaciones que he hecho en mi primera intervención.
En resumen, señor Burballa, creo que España tiene la red de oficinas
diplomáticas y consulares adecuada en Europa; que desde luego la
tiene en América, tanto en Latinoamérica como en América del Norte;
que también tiene una red adecuada de misiones permanentes en África,
por tanto también en África subsahariana, a la que S.S. se ha
referido, y que en cambio tenemos un cierto déficit de representación
en Asia central, para entendernos, las antiguas repúblicas
soviéticas. En ese sentido, he mencionado que el Gobierno ha abierto
muy recientemente la Embajada en Almaty, en Kazajstán, que
efectivamente una de nuestras prioridades -no sé si la primera, pero
sí una de ellas- sería poder abrir una segunda representación
permanente en otra de las repúblicas ex soviéticas, posiblemente en
Uzbekistán.
Ese despliegue debería completarse, como digo, con alguna otra
apertura en Asia. Estamos contemplando, siempre dentro de la
estrechez o de la debida contención del gasto público, abrir
Singapur. Como saben SS.SS., la Embajada de España en Singapur está
creada desde el año, creo recordar, 1982 y no se ha podido dotar
hasta ahora. En tiempos anteriores ignoro las razones, me imagino que
por razón del gasto público también, y en tiempos más recientes
porque entendimos que era más prioritaria la apertura, por ejemplo,
de Vietnam que la de Singapur, aunque la tenemos presente, así como
también la posibilidad de una Embajada de España en Camboya.
En lo tocante a los consulados, efectivamente, sus funciones han
cambiado y siguen cambiando. Evidentemente, se aplica también a la
función consular y a las responsabilidades de los funcionarios
consulares lo que hemos hablado
de la debida adecuación de sus funciones a las nuevas realidades
internacionales, pero tampoco hay que olvidar que los consulados, al
menos en Europa y desde luego en Latinoamérica, siguen teniendo una
función tradicional tan importante como es la atención debida a las
colectividades españolas en los distintos países. Por tanto, hay
consulados que se justifican prioritariamente por esa razón de la
atención consular a los connacionales y hay otros que tienen un
contenido más cultural o más político, como es el caso, al que se ha
referido el señor Burballa, del consulado general de España en
Edimburgo. ¿Cuáles son las prioridades de ese despliegue y, en
realidad, de toda nuestra acción exterior? Es muy difícil establecer
prioridades y, por tanto, retomando sus términos, señoría, establecer
una jerarquía o una preeminencia de unas embajadas sobre otras; es
evidente que todas son importantes. Lo que sí quisiera transmitir con
toda claridad es que en el orden de prioridades, que el propio señor
ministro de Asuntos Exteriores nos ha transmitido a los responsables
del Ministerio, hay dos criterios muy claros: en primer lugar,
repito, la debida atención a las colectividades españolas en el
exterior, que siguen siendo numerosas; posiblemente sean menos
numerosas que en años pasados, con necesidades menores,
afortunadamente, a las de los años sesenta y setenta y ciertamente
muy distintas en el ámbito de la Unión Europea, también
afortunadamente. Hoy en día nuestras colectividades en Europa no
tienen las mismas necesidades que existían en aquellos años, las de
una emigración en las condiciones tan difíciles que todos conocemos.
La segunda prioridad es que lo político -con mayúscula- está muy
bien, pero actualmente la política exterior tiene una constatación
muy importante, cual es la debida atención a los intereses económicos
de España, de sus ciudadanos y de sus empresas. Aquí retomo lo que
decía el señor Burballa sobre la debida atención a esos otros agentes
-y a ello también se refería el señor Estrella-, ya que evidentemente
no son sólo las comunidades autónomas, aunque me he referido más a
ellas porque entiendo que era el sentido de la petición del diputado
señor Burballa. Es evidente que hay otros actores en esa acción
anterior, como son los ayuntamientos y las ONG -va de suyo- en este
mundo actual, así como las empresas.
Eso me da pie para enlazar con otra de las cuestiones que se han
planteado, en este caso entiendo que por el señor Estrella, y
quisiera reiterar lo que he dicho en mi primera intervención, acerca
de que nuestro concepto del servicio exterior no equivale a
Ministerio de Asuntos Exteriores y mucho menos a carrera diplomática.
Es decir, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni mucho menos la
carrera diplomática tienen el monopolio del servicio exterior, al
menos en mi concepción, y espero y confío que mis dos compañeros, de
nuevo aquí presentes, coincidan con ese criterio.
La misma constatación de esa pluralidad de agentes, con señores de
otros ministerios, de otros organismos y de otras colectividades, y
no necesariamente estatales, nos lleva, como corolario debido, a
constatar la necesidad de una coordinación de esas actuaciones. Ése
es el concepto que, a mi modo de ver y al del departamento, debería
presidir e informar esa futura ley del servicio exterior. Quiero
tranquilizar al señor Estrella en el sentido de que, si un día
-espero que sea ya relativamente pronto- el Gobierno presenta al
Parlamento un proyecto de ley de servicio exterior, tendrá como
principal objetivo, si no el único, establecer los términos de esa
coordinación y, por lo tanto, potenciar y consagrar el principio de
unidad de acción en el exterior, y no estará dedicado, ni muchísimo
menos, a tratar de la reforma interna del Ministerio de Asuntos
Exteriores, a menos que SS.SS. en sede parlamentaria decidieran otra
cosa, pero no sería, desde luego, la intención del Gobierno.
Este punto me lleva a hablar, aunque sea muy brevemente, de otra
cuestión que ha planteado el señor Estrella, cual es la reforma de la
estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores. A este
respecto solamente quiero decir dos cosas. La primera, que no estoy
tan convencido de que la última reforma estuviera encaminada pura y
simplemente a corregir un error del año 1996. Lo que yo quiero pensar
es que esa reforma obedece a unas necesidades que posiblemente en una
parte sean antiguas, pero en otra parte más importante son nuevas y
derivadas de la entrada en vigor del reciente Tratado de Amsterdam,
como conocen perfectamente. La segunda, que comparto su observación
respecto de la Dirección General de África y Asia. Es una dirección
general con un contenido especialmente complejo y denso, pero con
cualquier solución que llevara su división en dos estaríamos
desequilibrando direcciones generales; y ese mismo equilibrio es el
que destinó las relaciones entre España, Estados Unidos y Canadá a la
Dirección General de Seguridad y Desarrollo. Por último, quiero
señalar a este respecto que, a mi modo de ver, la idea de unir las
responsabilidades de la antigua Secretaría General de Política
Exterior con la de Política Comunitaria creo que es un acierto, y
debemos seguir profundizando en esa vinculación tan estrecha y tan
inevitable que hoy en día tiene que existir entre lo que es política
exterior, en general, y las relaciones de España con la Unión
Europea.
Paso a responder algunas preguntas más concretas que se me han
formulado. En primer lugar, y por ir despejando cuestiones, señor
Burballa, tenemos el proyecto de poder aprobar cuatro o cinco compras
por el sistema de arrendamiento financiero antes de final de año. No
recuerdo exactamente cuáles son las cuatro o cinco, pero sí que entre
las primeras a realizar está la compra de edificios para los
consulados en Porto Alegre y en Sao Paulo y para la embajada en
Andorra, y realizaremos tantas operaciones cuantos edificios podamos
encontrar que, por un lado, entren en el límite de los 10.00 millones
de crédito a los que me he referido y, por otro, cuyos parámetros de
adquisición estén en la debida proporción que tiene que existir entre
el precio de compra y los límites de intereses en los que nos movemos
en virtud del convenio que el Ministerio firmó con la entidad
bancaria en cuestión. No recuerdo en este momento cuáles son
exactamente los intereses, creo que están alrededor del 3 y pico por
ciento, pero no puedo confirmar esta cifra. Por lo tanto, hay un
amplio margen de actuación, pero siempre se tienen que cumplir esas
condiciones o esa proporción entre el precio de compra e intereses de
amortización.
Recursos humanos. Este año, para la oposición que ya se está
celebrando, hemos convocado 20 plazas de ingreso
en la carrera diplomática, lo que supone en términos porcentuales un
incremento notable sobre las 15 de los últimos años, y esperamos
poder mantener ese número. Desde luego, yo lo intentaré, señor
Burballa. Aeste respecto debo constatar -y me complace hacerlo en
esta Comisión- el tratamiento privilegiado que el Ministerio de
Administraciones Públicas otorga al servicio exterior y al Ministerio
de Asuntos Exteriores, en la medida en que no se nos aplica la regla
general que, como conocen ustedes, es la de reposición del 25 por
ciento de las bajas en efectivos que se producen anualmente.
Evidentemente, nos pasamos de ese límite, lo que implica a mi modo de
ver un reconocimiento no sólo de la importancia del Servicio
Exterior, sino del hecho de que el Servicio Exterior, en
contraposición con lo que ha ocurrido con otros cuerpos de la
Administración general del Estado y con otros departamentos, no
solamente ha perdido competencias en favor de las comunidades
autónomas, entre otros órganos del Estado, sino que las ha
acrecentado también en función de una nueva realidad internacional
cambiante.
Siguiendo con cuestiones de personal, el sistema de evaluación no
contempla, señor Estrella, de momento más que a los funcionarios
diplomáticos. Es un proceso gradual en el que debemos iniciarnos y
veremos si eso es posible en el futuro. El señor Burballa me pregunta
el número. Actualmente, estamos contemplando a todos, salvo los que
tengan un nombramiento de real decreto, para entendernos: los jefes
de misión diplomática, los embajadores y los altos cargos del
Ministerio. En términos numéricos, si la carrera diplomática en estos
momentos tiene 750 miembros, descontando 108 embajadores, -107 ya que
hay uno que no es de la carrera diplomática- más unos quince o veinte
altos cargos, nos da una cifra aproximada de seiscientas y pico
personas que van a ser objeto de esta evaluación.
Paso a comentar, aunque sea también brevemente, otros temas que me ha
planteado el señor Burballa relativos a la función consular y, en
concreto, a la atención que a través de los consulados se presta a
nuestros conciudadanos en el exterior y más específicamente a las
personas que cumplen una condena en cárceles, en prisiones
extranjeras.
Por lo que toca a los primeros, a los CRE, a los consejos de
residentes en el exterior, a los que se ha referido, debo decirle que
es política del Ministerio promocionar y alentar la constitución de
esos CRE en todas las demarcaciones consulares. Como sabe S.S.,
existe un doble límite y una consideración también a tener en cuenta
a la hora de la posibilidad de crear los CRE que escapa a nuestro
control. El doble límite que se exige en la ley es que tiene que
haber al menos 700 residentes inscritos en el censo para que se pueda
constituir esos consejos de residentes y, al mismo tiempo, que la
lista elegida para el CRE pueda representar al menos el 10 por ciento
de los elegidos. Ciertamente, no en todos los casos, se producen esos
requisitos y eso lleva a la falta de constitución de los CRE en
determinadas demarcaciones consulares. En otros casos, y debo decirlo
con toda claridad, lo que no existe es un interés de nuestros
compatriotas en constituir los CRE, y lo que tiene que hacer la
Administración es alentarlos y promocionarlos, pero sin imponer
ninguna solución.
Respecto a los condenados, tengo algún dato que puede ser de
utilidad. España es pionera en la conclusión de tratados
internacionales en materia de traslado de personas condenadas. No
encuentro los datos, pero se los puedo decir de memoria: tenemos en
este momento una veintena de tratados internacionales, de convenios
bilaterales que permiten el traslado siempre que se da, como es
sabido, el triple consentimiento: es decir, el del Estado que lo
requiere, el del que lo concede y el del interesado. Además de esos
20 tratados bilaterales tenemos otros cuatro tratados multilaterales;
estamos negociando en este momento otros cinco y hemos solicitado
otros cuatro o cinco con países con los que todavía no tenemos
iniciada esa negociación.
Amodo de ejemplo debo decirle que este tema fue objeto de atención
preferente en el último Consejo General de Emigración que celebramos
a finales de abril en La Toja. Para satisfacción suya y mía debo
decir que los propios consejeros de este Consejo General de
Emigración reconocieron y alabaron la política del Ministerio de
Asuntos Exteriores en esta materia.
Termino, señor presidente, con una doble consideración que hace
referencia, por un lado, a la Ley de Servicio Exterior a la que ya me
he referido antes. Comparto completamente la ilusión a la que se
refería el señor Estrella por poder tener un texto de esta ley muy
pronto en el Parlamento, y espero que esto se pueda realizar en un
plazo adecuado. Comparto también la propia frustración del señor
Estrella al referirse a que ése es un proyecto que durante mucho
tiempo no se ha podido lograr y confío en que sea pronto. Termino con
la confesión evidente a la que me refería al principio de que quedan
muchas cosas por hacer; somos conscientes, señor Burballa, de las
carencias que tiene todavía el Servicio Exterior, que confiamos que
se irán mejorando en la medida de que los recursos presupuestarios lo
permitan, pero, una vez más, constato desde nuestra óptica que
estamos en el buen camino. También quisiera reconocer y agradecer los
comentarios que en esta misma Comisión han hechos los tres
intervinientes al hilo de mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario, por su presencia
aquí y por sus explicaciones, que seguramente tendrán continuación en
alguna próxima comparecencia.
- DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN) PARA INFORMAR
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE NACIONES UNIDAS REUNIDA EN GINEBRAY, EN ESPECIAL, DE LAS
POSICIONES DEL GOBIERNO ESPAÑOL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/001096.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, el siguiente punto
del orden del día es la comparecencia del señor ministro de Asuntos
Exteriores, para informar sobre los resultados de la sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, comparecencia que
había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto . Luego
tendríamos una serie, no ciertamente corta, de preguntas.
Como pueden comprobar es tarde, es más de la una , y hemos tenido una
sesión intensa. En consultas con el señor ministro y con los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios, podría ser posible
que en bien de todos, incluso de nuestra disposición de tiempo,
trasladáramos los puntos pendientes del orden del día de hoy (la
comparecencia del señor ministro y las preguntas) a la sesión de
mañana jueves, que comenzaría precisamente con esa comparecencia
y con las preguntas correspondientes. Luego continuaríamos con el orden
del día previsto para mañana. Según el Reglamento ese cambio del
orden del día debe ser aprobado por los miembros de la Comisión. De
manera que pregunto a SS.SS. si tendrían inconveniente en realizar
este cambio que, repito, sería comparecencia del señor ministro sobre
la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y
preguntas para mañana por la tarde.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Yo no tengo inconveniente como solicitante de
la comparecencia, pero quizás mañana nos podemos encontrar con un
problema similar agravado por que se haga tarde, haya que coger
transportes, etcétera. Para tratar de conciliar las dos posiciones
sin crear problemas al señor ministro, no sé si sería posible
comenzar ahora por las preguntas y destinar para ello un tiempo que
acordáramos ahora.
El señor PRESIDENTE: Es una posibilidad.
Tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Coincido con el razonamiento del señor
Alcaraz. Puesto que lo que está primero en el orden del día, que es
la sesión relativa a la Comsión de Derechos Humanos, no debe llevar
excesivo tiempo porque es una información que debe ser sucinta sobre
cuál ha sido la posición española en esa sesión, y la portavoz que ha
de intervenir por nuestro grupo en esa cuestión me dice que su
intervención sería bastante breve; se podría finalizar con creces
antes de las dos de la tarde, si abordáramos ahora esa comparecencia,
dejando las preguntas para el jueves, sin cargar así excesivamente el
orden del día de mañana, que ya contiene bastantes puntos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver primero la comparecencia sobre la
Comisión de Derechos Humanos. Quiero recordar a todos, incluso al
señor ministro, las normas autoimpuestas en esta Comisión sobre la
utilización moderada de los tiempos, de manera que podamos acabar
como muy tarde en torno a las dos. Vamos a celebrar la comparecencia
del señor ministro prevista en el punto 3 del orden del día sobre la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y mañana
comenzaremos con las preguntas.
Señor ministro, gracias de nuevo por su presencia. Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías, una
vez más la Comisión de Derechos Humanos se ha reunido como órgano
especializado del Consejo Económico y Social encargado de realizar
la cooperación internacional en el campo de los derechos humanos.
Ustedes saben que esta Comisión se creó en 1946. En su momento
redactó estudios y elaboró normas internacionales; actualmente es un
órgano que establece la situación sobre el respeto de la normativa de
derechos humanos en los diferentes países y emite recomendaciones. En
esta ocasión, España ha participado como observadora, lo que sucede
desde 1990. Me complace confirmar a SS.SS. que España accederá a la
Comisión de Derechos Humanos como miembro de pleno derecho el 1 de
enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2002, tras
decisión del Ecosoc del 6 del corriente. Con nuestra entrada, se
cumple un objetivo importante del Gobierno.
La Comisión ha creado instrumentos y mecanismos para supervisar,
asistir y exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus compromisos
en esta materia. El mantenimiento de esos mecanismos, su refuerzo, es
una necesidad constante y España se esfuerza en sus actuaciones para
que Naciones Unidas tenga los recursos necesarios para desempeñar su
labor y mantener su independencia. La revisión de estos mecanismos ha
sido precisamente uno de los asuntos de mayor importancia en la
presente sesión. Como señalé en esta Comisión hace escasas semanas,
España favorece una cooperación real para brindar a todo Estado el
máximo nivel de diálogo y de intervención en todas las iniciativas
que le puedan afectar.
Abordaré ahora de unos temas concretos que tienen especial relevancia
en esta Comisión.
Pena de muerte. España es parte de los principales instrumentos
internacionales en la materia: segundo protocolo opcional al pacto
internacional de derechos civiles y políticos, así como, en el ámbito
europeo, el sexto protocolo a la convención europea sobre derechos
humanos y libertades fundamentales; ambos establecen la abrogación de
la pena capital para aquellos Estados parte. El Consejo de Asuntos
Generales de la Unión hace un año adoptó unas líneas directrices
sobre la actuación de la Unión Europea en relación con Estados
terceros que mantienen esta pena. Los objetivos son: la observancia
de salvaguardas internacionales, la imposición de la pena de muerte y
la declaración de una moratoria de las ejecuciones en sentido
coincidente con la proposición no de ley aprobada por el Congreso de
los Diputados. La Comisión adopta una resolución en la que solicita a
los Estados que mantienen esta pena en sus sistemas que observen una
serie de salvaguardas.
Colombia. El Gobierno español apoya los esfuerzos de pacificación de
la Administración del presidente Pastrana. Hace tres años, la Unión
Europea elaboró el texto de la declaración del presidente de la
Comisión de Derechos Humanos sobre Colombia, lógicamente, en consulta
con la delegación colombiana, que siempre ha dado muestras de
cooperación y disposición al diálogo. Por otra parte, se ha decidido
mantener un año más la Oficina de la Alta Comisionada en Bogotá para
que continúe asesorando al Gobierno, haciendo un seguimiento de la
situación e informando a la comunidad internacional; creemos que es
otro logro. Además, en la mencionada declaración del presidente de la
Comisión se recogen las otras preocupaciones del Gobierno español y
de la Unión Europea: la reforma de la Administraciónde justicia,
especialmente la militar; la necesidad
de criminalizar el delito de desaparición forzada, así como una mayor
protección de los defensores de derechos humanos en el país.
Cuba. La posición de la Unión Europea en relación con los derechos
humanos en Cuba es clara: exige el respeto a los derechos civiles y
políticos y rechaza cualquier resistencia a cooperar con los
mecanismos internacionales, incluidos los de la propia Comisión. Por
otra parte, la Unión Europea entiende que la existencia de un embargo
contra aquel país crea consecuencias negativas que no se pueden
ignorar respecto al disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales de los cubanos. La no inclusión de esa reflexión determinó
que buena parte de los socios, entre ellos España, que no podía
pronunciarse en la votación por no ser miembro de pleno derecho de la
Comisión, no copatrocinaran el proyecto.
Guinea Ecuatorial. Nuestro objetivo para la reunión era mantener un
grado significativo de supervisión internacional de la situación de
derechos humanos, así como abrir el país a la recepción de asistencia
técnica en materia legislativa, reforma de la Administración de
justicia y educación para los derechos humanos. Creo que la posición
española resultó decisiva en el mantenimiento de los objetivos de la
Unión y del grupo occidental en el presente período de sesiones.
España negoció con el grupo africano los términos del proyecto de
resolución sobre la situación en este país. Al final, se consiguió
que la Comisión mantenga la necesaria supervisión en la figura de un
representante especial suyo, además de poner en marcha un mecanismo
de consultas entre el Gobierno guineano, la Oficina de la Alta
Comisionada y el PNUD, para el establecimiento de un amplio programa
de asesoría y cooperación técnica.
En relación con los Balcanes, pensamos, junto con nuestros socios y
aliados, que los crímenes y la limpieza étnica son intolerables. La
Unión Europea y todos los países miembros copatrocinan dos
iniciativas en torno a la crisis. Una sobre Kosovo, presentada por la
OCI -la Conferencia Islámica-, cuyo elemento más sobresaliente es el
envío de cinco monitores de derechos humanos a la región con el fin
de acopiar elementos que puedan resultar de importancia a la hora de
depurar responsabilidades. La Unión Europea patrocinó también un
proyecto sobre la situación en la región balcánica centrado en la
situación en Croacia, Bosnia Herzegovina y la República yugoslava,
que son las áreas que cubre el mandato del relator especial de la
Comisión sobre esta cuestión. La resolución fue aprobada de forma
abrumadora.
Creo, señoría, que estas son las cuestiones más destacadas debatidas
en la Comisión de Derechos Humanos. Hay otras -Irán, Irak, Nigeria,
Grandes Lagos, Ruanda Burundi, Myammar, Afganistán- de las que
también se ocupó la Comisión. La información pertinente está a
disposición de SS.SS.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, que ha solicitado la
comparecencia, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor ministro, por la
información que, evidentemente, es consecuente
con la que este grupo solicitó previamente a la celebración de
la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Me va a permitir una reflexión previa a compartir con esta Comisión;
no es necesariamente una crítica, aunque tiene elementos de crítica a
su intervención. Hemos aprobado hoy un mecanismo institucional de
informe sobre actuación del Gobierno -de éste y de cualquiera,
presente y futuro- en cuanto a derechos humanos. Si éste es el
informe que vamos a recibir, no sé si no me arrepiento de haber
votado favorablemente un punto de la información. En ese dictamen de
la subcomisión hemos asociado este informe sobre lo que se hace en
Ginebra al informe sobre la valoración de derechos humanos que hace
el Gobierno. Si éste es el informe que vamos a recibir -insisto-
sobre valoración global de derechos humanos en el mundo y la
actuación del Gobierno español, me parece que nos hemos hecho un
flaco servicio. Creo que esa es una reflexión muy importante y muy
seria.
Seguramente, el señor ministro no ha podido informar de mucho más
porque la valoración que se ha hecho por diversas organizaciones no
gubernamentales, especialistas en derechos humanos, etcétera, es que
esta sesión ha sido claramente decepcionante. Es verdad que España es
observadora y que por tanto su capacidad de iniciativa o de
incidencia directa está menguada, pero no cabe duda de que forma
parte, como se pone de manifiesto cotidianamente, de lo que podemos
llamar bloque occidental, que tiene una capacidad de incidencia
importantísima, y también de la Unión Europea, que tenía voz propia a
través de su representación o a través de alguno de sus Estados.
Insisto en que la mayoría de las resoluciones adoptadas han sido
decepcionasteis. No todas, desde luego, pero sí algunas de las
actuaciones en las que podían tener incidencia el Gobierno español y
sus aliados occidentales.
En la comparecencia que solicité para referirme previamente a qué iba
a hacer el Gobierno, mencionamos algunos Estados en los que
esperábamos que se pusiera el acento por su importancia o por sus
relaciones de tipo diverso -histórico, cultural, económico, político-
con España. Ha aludido el señor ministro a Colombia y ahí he de
decirle que coincido con el análisis y que nos parecen aceptables las
recomendaciones adoptadas e igual en relación con Guinea, aunque aquí
habría que hacer algunos matices. Pero llama sobremanera la atención
que sobre Argelia no se haya dicho nada, que no haya habido ningún
interés, no sé si en esa proclamada comunidad internacional
representada allí y, desde luego, por parte de los países europeos.
Igualmente ocurre con Estados Unidos, que tampoco se ha dicho nada
más allá de la referencia o en aquello en que va implícita la condena
a la pena de muerte. Tampoco se ha abordado nada sustancial sobre
Méjico, como no ha habido ninguna crítica nítida a China, pese a que
en los últimos tiempos se ha apreciado un agravamiento en el
ejercicio de derechos fundamentales, ha habido una involución y la
Unión Europea ha sido cauta en exceso. Hay que recordar que, el año
pasado, la Unión Europea prometió una resolución especial sobre
China, que por lo visto se ha olvidado y aunque Estados Unidos trató
de manera tardía de introducir algún tipo de alusión a China, dado el
mecanismo utilizado y algún tipo de argucia, no se ha aprobado nada
sustancial
en esta materia. También, y sin ánimo de ser exhaustivos, hay que
recordar que sobre Estados como Camboya, Ruanda o Nigeria tampoco se
han adoptado resoluciones que obliguen sustantivamente a una
modificación en las actuaciones de sus gobiernos, pese a que hay
casos en que algunos de estos Estados incluso se habían negado a
colaborar con relatores nombrados en sesiones anteriores. Tampoco se
dice nada sobre Marruecos y, en cuanto a la resolución sobre
defensores de derechos humanos presentada por Noruega, es muy
descafeinada, si se permite la expresión, y no se ha creado un
relator especial.
Respecto a propuestas de resolución presentadas por la Unión Europea,
aparte de alguna que ya ha citado el señor ministro, hay que recordar
que, junto a una valoración sobre la pena de muerte o el derecho de
injerencia, que valoramos positivamente, dichas propuestas se
centraban sobre todo en Estados como Congo, Irak, Irán, Myaunmar
o Sudán y, aun reconociendo la necesidad de que aparezcan, insisto en
que esto contrasta con el olvido de situaciones más próximas, más
ligadas a intereses de la Unión Europea o más graves y, sin embargo,
olvidadas.
Hecha esta valoración negativa, querría escuchar del señor ministro
una valoración global -que no ha hecho- sobre este conjunto de
recomendaciones aprobadas y no aprobadas y algunas preguntas
concretas. Me gustaría saber si ha habido una valoración global de
esta sesión por parte de la Unión Europea, qué posición ha mantenido
España en la conformación, en su caso, de esa valoración y qué
resoluciones se han copatrocinado. Por otro lado, como el propio
señor Matutes ha reconocido en otras ocasiones, en un gesto que le
honraba, la existencia de pocos fondos en Naciones Unidas para
proteger los derechos humanos, me gustaría saber qué propuesta
formula España en esta materia o cuál cree que se debería formular el
próximo año y todo tipo de actuaciones en relación con este marco.
Finalmente, también quisiera conocer qué actuaciones ha previsto el
Gobierno para adoptar medidas de vigilancia, de control o de
seguimiento del cumplimiento de las medidas que se han tomado
respecto a alguno de los Estados, haya hecho referencia a ellos o no
el señor ministro.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor ministro, quiero seguirle comentando
algo que ha comenzado a introducir en el debate el portavoz anterior,
Manuel Alcaraz, sobre el punto primero del orden del día, en el cual,
por unanimidad, hemos aprobado un documento. Entendemos que en este
documento se recoge una filosofía nueva a la hora de trabajar desde
esta Comisión de Asuntos Exteriores todos los asuntos relacionados
con los derechos humanos. Hemos aprobado un documento en el que
instamos al Gobierno a que -al menos hemos conseguido un consenso
básico- se convoquen dos debates a lo largo del año sobre derechos
humanos, sobre todo uno de ellos relacionado con el debate que se
vaya a realizar en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en
Ginebra. La especificidad que hemos dado al debate sobre derechos
humanos relacionado
con Naciones Unidas debe suponer un cambio sustancial en la forma de
abordarlo que hasta ahora estamos haciendo, y hoy también, que es
cubrir un expediente con algunas observaciones, algunas notas, como
tradicionalmente se puede tocar un tema en el escaso tiempo de que
disponemos. Tenemos que habilitar una sesión si pudiera ser incluso
monográfica, porque queremos los grupos de la Cámara debatir con el
Gobierno asuntos de mayor detalle sobre el desarrollo de las
negociaciones, conversaciones y resoluciones que se van a adoptar en
estas reuniones de la Comisión. Por lo tanto, no le voy a reclamar
una mayor concreción en el día de hoy porque, evidentemente, estamos
inmersos en este proceso loco de inclusión de muchos puntos del orden
del día, pero es evidente que nace una etapa nueva, una etapa en la
cual, en la próxima comparecencia suya para la próxima comisión, y
España participará ya como miembro de pleno derecho, queremos
documentarnos, queremos conocer cuáles son la propuestas que el
Gobierno ha ido elaborando y el Gobierno deberá escuchar cuáles son
las valoraciones de los grupos políticos sobre sus posicionamientos.
Centrándonos más en la reciente reunión celebrada, debo decirle que
somos muchos los que pensamos que nos queda un sabor peculiar. Al
final creemos que hay distintos países afectados por vulneraciones
sistemáticas de derechos humanos, que, mediante negociación política
bilateral, consiguen influir en el resultado final de las
recomendaciones de la propia Comisión. Quiero decir que el fenómeno
de la doble vara de medir parece que en esta última Comisión se ha
asentado. No es comprensible que se diga tan poco de algunos países.
Si tuviésemos que hacer un ranking, podríamos hacer dos grandes
bolsas, países que no vulneran derechos humanos, países que sí los
vulneran. Incluso entrando en la gravedad de la violación de los
derechos humanos de los países que los vulneran, nos sorprende
terriblemente que algunos salgan prácticamente indemnes de este
debate y de estas resoluciones. Por eso queda ese sabor agrio que le
comentaba en un principio. Cuando te preguntas por qué puede ocurrir
eso, llegas a la conclusión de que quizá no se prioriza en una
Comisión específica como ésta de los Derechos Humanos la vulneración
y sí algunas otras cuestiones colaterales. Yo creo que queda en el
ambiente el poso de que hay intereses comerciales - incluso más
comerciales que políticos, a pesar de la vinculación que tienen unos
y otros- que han llevado a que España, inmersa en esa posición común
de la Unión Europea, haya jugado un papel que muchos grupos de esta
Cámara no nos gustaría que hubiese jugado.
No le quiero comentar país por país porque, evidentemente, es más
importante esa valoración global del desarrollo de la Comisión, pero
sí quiero expresarle nuestra satisfacción por algunos de los debates
habidos. No ha sido todo esa especie de recelo sobre los criterios
que se aplican en las resoluciones, sino el avance hacia la abolición
de la pena de muerte, que nos parece que es imparable, y el debate
que se ha producido en la Comisión, que es muy importante, a pesar de
que no se ha hecho mención, como ya se ha dicho, a alguno de los
países importantes geopolíticamente y que están desarrollando
regularmente esta pena de muerte, y no sólo como enunciado de muerte,
sino incluso en algunos de los elementos que más claramente se ven
reflejados, como que se debería eximir el cumplimiento de esta pena
de muerte hablando de menores de 18 años cuando cometieron los
delitos, de personas con deficiencias físicas, psíquicas, etcétera.
Yo quisiera no sólo que el Gobierno entre en la nueva dinámica
política que hemos aprobado hoy para que la Cámara participe en el
conocimiento y debate del posicionamiento español sino que también
nos parece muy importante la participación de las ONG especializadas
en estos temas en el debate de estas cuestiones. Todavía hoy es el
día en que el Gobierno no ha convocado a las ONG que trabajan en
temas de derechos humanos para hacerles entrega y discutir con ellas
el contenido de los debates y las resoluciones allí aprobadas; sé que
en otras ocasiones sí lo ha hecho, aunque en esta ocasión todavía
está pendiente. Pero yo creo que más que entregarles el documento
definitivo de lo ya realizado sería importante, en la fase previa,
buscar un lugar de encuentro con esas ONG, porque es su especialidad,
es el tema en el que regularmente trabajan, están dotadas de un gran
reconocimiento internacional así como de suficiente grado de
confianza por parte de todos para pensar que no les mueven criterios
políticos ni económicos sino meramente la defensa de los derechos
humanos globalmente. Hay que intentar que a partir del próximo año,
en el debate que hagamos, lleguemos a superar esa sensación que
tenemos de demasiado acuerdo por pasillos; evidentemente los pasillos
son muy importantes para los acuerdos políticos, pero que no quede el
poso de que en los pasillos o en las reuniones vis a vis se ha
llegado a acuerdos que quizá se distancian de lo que debía de ser la
filosofía de la comisión, que es puramente la defensa de los derechos
humanos, condenando a los países que los incumplen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Gracias, señor ministro, porque, a pesar
de sus dificultades, se ha quedado a esta comparecencia. Nosotros
vamos a cumplir nuestra promesa de ser breves.
En la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del pasado 13 de
abril comparecía el señor ministro para informarnos de cuál iba a ser
la posición del Gobierno ante la 55 sesión de la Comisión de Derechos
Humanos. Es verdad que reiteró y resaltó unos principios generales
que apenas concretó, amparándose en el carácter de observador que
tenía el Gobierno español. Sí nos habló en cambio de la posibilidad
que como observador tenemos de copatrocinar resoluciones con los
socios de la Unión Europea, algo que evidentemente sabemos, y como
tales observadores activos demandamos la explicación del Gobierno, de
su copatrocinio de resoluciones, de su diálogo crítico, en palabras
del propio señor ministro, de la contestación ante demandas sobre
países concretos. Somos conscientes de que no hemos sido miembros de
la comisión en el pasado periodo, pero también somos conscientes de
la diferencia existente entre el observador que examina atentamente o
el observador que se limita a mirar cómo trabajan otros; ambas
acepciones de nuestros diccionarios.
Por las noticias que tenemos no parece que la última reunión de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas haya supuesto ningún avance real en cuanto a medidas
concretas o cumplimiento de recomendaciones de años anteriores a
países concretos. Parece que los miembros de la comisión, en nuestro
caso de la Unión Europea, y lo entendemos, quizá se hayan sentido
abrumados por el dramático presente de situaciones inmediatas y quizá
haya podido más salvar el expediente que detenerse en concreto en
países que ya venían siendo habitual escándalo en cuanto
a violaciones de derechos humanos. Viene siendo habitual también,
desgraciadamente, que ni los expertos de Naciones Unidas ni las
organizaciones internacionales de derechos humanos hayan podido
investigar las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en
países en permanente conflicto. La obligación que tiene la Comisión
de emprender acciones respecto de esos países ha quedado en
recomendaciones más o menos contemporizadoras, más acordes con los
deseos quizá de esos países que ajustadas a la gravedad de los
hechos. Y también nos consta -y lo constatamos desgraciadamente- que
se ha bajado la vigilancia. Así ha sido en casos como China, Argelia,
Nigeria o Ruanda, por citar sólo algunos ejemplos que también
anteriores portavoces han manifestado, incluso en algunos países no
se ha permitido la presencia de relatores especiales, como ha sido
Argelia, y en otros han tenido grandes dificultades para desarrollar
su trabajo. Queremos resaltar también que la Comisión ha recibido,
siempre lo ha hecho, amplia información de una gran variedad de
fuentes fiables y no parece que esta información haya sido tenida en
cuenta o no se le ha dado gran valor.
Como resumen, en el aspecto menos positivo o más negativo diríamos
que el resultado de la sesión, por los datos que tenemos, insistimos
en que previos a su información, llamémosle del cincuentenario, no ha
sido especialmente satisfactorio Celebramos, sin embargo, las medidas
que tanto sobre Colombia, Cuba, Guinea o Los Balcanes se han
producido con aportaciones de España y celebramos, cómo no, el debate
sobre la pena de muerte, aunque echamos en falta que no se haya
podido ir un poquito más allá en cuanto a compromiso de algunos otros
países. Para el próximo período, España pasa a formar parte, no ya
como observador sino como miembro, de esa Comisión y esperamos un
papel destacado, activo, protagonista y comprometido. Hoy -también lo
han dicho los anteriores portavoces- acabamos de aprobar el informe
de la Subcomisión de Derechos Humanos y por tanto es el primer día
del futuro de una dinámica necesariamente diferente, donde resalta el
carácter de protagonistas activos que este Parlamento, sobre todo el
Gobierno español, va a tener. Y esperamos, deseamos y estamos seguros
de ello que se producirá en el próximo período de sesiones una
presencia especial de nuestro país, que España destaque por su
iniciativa, por su compromiso real, por la defensa de los derechos
humanos en el mundo, que recupere su peso, su presencia y su
influencia política.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, seré breve porque no
solamente tenemos poco tiempo, sino queademás esto se está debatiendo
ahora porque tenemos que
acortar la sesión de mañana por la tarde. Sin embargo es la segunda
vez que comparece el ministro para hablar de la sesión de la Comisión
de Derechos Humanos de Ginebra. El Gobierno ha comparecido dos veces
este año para debatir sobre la situación de los derechos en el mundo,
lo cual no es poco y es necesario señalarlo. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría, dos veces ha
comparecido. En el procedimiento que hemos establecido en el informe
de la subcomisión también se establecen dos comparecencias, incluso
podría ser una sola comparecencia si coincidiese el informe de la
Unión Europea con la sesión de la Comisión de Derechos Humanos. En
esto hay que ser flexible y también generoso y reconocer que el
Gobierno informa y que el Gobierno comparece no solamente cuando lo
pide él, sino también cuando lo piden los grupos, como es, por otra
parte, su obligación.
Quiero felicitar al ministro porque España va a ser miembro de pleno
derecho de la Comisión de Derechos Humanos. Estoy seguro de que a los
demás portavoces se les ha olvidado felicitar al Gobierno por este
éxito añadido del Gobierno popular en los asuntos exteriores de
España, pero como se les ha olvidado y estoy seguro de que eso sólo
obedece a distracción, que no a mala voluntad, lo reitero. Es una
buena noticia, nuestro país va a estar en la Comisión de Derechos
Humanos en la que no estaba desde el año 1990. En cualquier caso, hay
que evitar en estas sesiones el argumento de la doble moral, porque
la doble moral se la aplica uno y se la aplican los demás. Todos
tenemos, naturalmente, una visión matizada de la realidad del respeto
a los derechos humanos del mundo, pero sí concordamos -y eso es algo
que está reflejado en el informe de la subcomisión- en que los
derechos humanos son de universal aplicación y que no caben ya ni
invocaciones a la soberanía de los estados, como en el pasado, ni
tampoco matices o muros de civilización que justifican que los
Estados o quienes gobiernan los Estados, más bien quienes dirigen
esos Estados, puedan violar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Estoy seguro de que el Gobierno, por boca del señor ministro,
ampliará sus explicaciones sobre esta sesión de la Comisión de
Derechos Humanos, en la que, como estoy seguro de que habrá sido
notado, se han producido no solamente mejoras de procedimiento, sino
que ha quedado clara la voluntad de la Unión Europea y de España
dentro de la Unión Europea de actuar de forma conjunta, con peso
propio, en la defensa y en la promoción del respeto a los derechos
humanos.
El informe de la subcomisión anima al Gobierno a continuar
colaborando en la redacción de ese informe anual de la Unión Europea
sobre derechos humanos. Hemos llegado a la conclusión de que no
tendría mucho sentido que un país aislado como España elaborara un
informe de esa naturaleza, pero sí creemos conveniente que de la
misma forma que la Unión Europea actúa conjuntamente en la Comisión
de Derechos Humanos exista ese informe conjunto de la Unión Europea
sobre derechos humanos. Es en el ámbito europeo en el que se ha
producido la acción española, es con los demás socios europeos con
los que hemos actuado y votado conjuntamente en Naciones Unidas sobre
cuestiones de derechos humanos y con los que hemos trabajado
conjuntamente en la Comisión de Derechos Humanos
de Ginebra. Por lo tanto, es en ese marco en el que, naturalmente
con toda autonomía y con toda la capacidad que España tiene de
influir, tenemos que trabajar y no podemos tener en la cabeza un
diseño de política exterior sobre la promoción de los derechos
humanos que olvide el trabajo conjunto, el trabajo dentro de la Unión
Europea y de la Unión Europea unida y conjuntada hacia afuera en
órganos tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Me excuso
otra vez por la brevedad del informe, pero creo recordar que es lo
que se me ha recomendado al inicio. Quiero decir al respecto que
desde luego en el informe que yo traía -y por ello mismo hubiera
deseado poder presentárselo mañana- están todos los países a los que
me he referido con comentarios respecto de cada uno de ellos, así
como aquellos que han sido citados por SS.SS., tanto respecto de
Croacia, como de Bosnia-Herzegovina, como de la República Federal
Yugoslava, como de la situación general de ¡frica, en virtud de la
posición común de la Unión Europea, como de Nigeria en particular,
como de los Grandes Lagos, como de la República Democrática del
Congo, como de Ruanda y Burundi, como sobre Irán, como sobre Irak,
sobre Miammar-Birmania, sobre Afganistán, sobre Timor oriental y
precisamente sobre Argelia, Méjico y Perú. Justamente en atención al
ruego que se me ha hecho no he querido distraer más tiempo su
atención.
Quiero decirles además que se está terminando de imprimir la
evaluación detallada que hace la Unión Europea de los resultados de
esa sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que, como ya les he
dicho, España ha contribuido a elaborar y comparte plenamente y
puede, a los efectos, ser asumido por el Gobierno español, porque de
hecho lo ha asumido y se les puede remitir. Es un informe
pormenorizado que analiza todos los proyectos de resolución y las
resoluciones finalmente aprobadas. Yo puedo remitírselo y al respecto
simplemente quiero recordarles que la posición de España como
observador no permitía otro protagonismo que el que hemos asumido con
los demás socios de la Unión Europea con los que hemos copatrocinado
todas las resoluciones a las que el informe detalladamente se
refiere. Por lo tanto, yo me comprometo a remitírselo y desde luego
creo que cumple a satisfacción con esas demandas de mayor detalle que
se me han formulado.
El señor PRESIDENTE: Con ello concluimos la sesión de esta mañana.
Repito que mañana comenzaremos a las cuatro y media de la tarde, las
16,30 horas, con las preguntas que quedan pendientes de esta sesión y
luego continuaremos con el resto del orden del día previsto.
Muchas gracias a todos por su presencia y su atención. Gracias, señor
ministro.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.