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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 701, de 18/05/1999
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 701
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 18 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Guerra Zunzunegui (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre principales actuaciones del Ministerio de
Educación y Cultura para mejorar la atención a los más
desfavorecidos. (Número de expediente 181/002436.) ... (Página 201465
)
- Del señor Cuesta Martínez (Grupo Socialista del Congreso),
sobre situación actual de las transferencias educativas a la
Comunidad Autónoma de Asturias. (Número de expediente 181/002401.)
... (Página 20147)
- De la señora Díez de Baldeón García (Grupo Socialista del
Congreso), sobre situación actual de las transferencias educativas
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (Número de
expediente 181/002402.) ... (Página 20151)
- De la señora Heras Pablo (Grupo Socialista del Congreso), sobre
situación actual de las transferencias educativas a la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (Número de expediente 181/002399.)
... (Página 20156)
- De la señora Valcarce García (Grupo Socialista del Congreso),
sobre situación actual de las transferencias educativas a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (Número de expediente
181/002329.) ... (Página 20160)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías damos comienzo a la sesión de la
Comisión de Educación y Cultura del día de hoy, fundamentalmente
dedicada a la contestación de preguntas, que como verán en el orden
del día son sólo cinco dado que las que se iban a formular por el
Grupo Mixto al secretario de Estado para la Cultura no han podido ser
incluidas puesto que don Miguel Ángel Cortés está fuera de España. En
consecuencia, vamos a tramitar estas preguntas recordando que sobre
las doce menos cuarto, si para entonces no se ha acabado la sesión,
que es muy posible, atenderíamos a la delegación internacional con la
que tenemos una reunión y luego reanudaríamos a la una.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Yo creo que vamos a ser breves,
señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Siempre es de agradecer que en vez de levantar
la sesión podamos cerrarla definitivamente.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR GUERRA ZUNZUNEGUI (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO), SOBRE PRINCIPALES ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS MÁS DESFAVORECIDOS. (Número
de expediente 181/002436.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a esta Comisión a don
Roberto Mur, que sabe que siempre es bien acogido en esta casa.
La primera pregunta es de don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del
Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Sean mis primeras palabras, en nombre del
Grupo Popular, para dar la bienvenida al secretario general de
Educación, don Roberto Mur, que aunque es la primera vez que viene a
esta Comisión, todos seguimos su quehacer positivo en la Secretaría
General de Educación. Y paso a la pregunta.
Señor secretario general, en estos tres años de gobierno del Partido
Popular, siempre ha tenido un gran interés, tanto el grupo como el
partido, en la educación de los más desfavorecidos. Nos encontramos
en España con la situación de los hijos de los inmigrantes. Hay algún
centro en Madrid con chicos de veinte nacionalidades en el que se ha
dado un gran impulso a la educación, pero yo querría que don Roberto
Mur nos hablara un poco de la situación, tanto de los hijos de
inmigrantes que tienen un puesto de trabajo y su documentación en
orden como de aquellos que no la tienen en regla. Por otra parte,
también me gustaría saber cuáles son las acciones respecto a los
disminuídos físicos y sobre todo psíquicos. Una acción muy importante
para los desfavorecidos han sido las escuelas o las aulas
hospitalarias, donde se ha hecho un gran esfuerzo.
Resumiendo, señor presidente, éste es un tema que nos interesa
enormemente. Creemos que en estos tres años se han hecho esfuerzos
para atender a los más desfavorecidos en su educación y espero de la
respuesta del señor Mur que nos diga cuáles son, en lo que queda de
legislatura, las líneas fundamentales para la atención a los más
desfavorecidos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Por mi parte
manifiesto mi plena disponibilidad, como no podía ser de otro modo, y
mi mejor voluntad para colaborar en todo cuanto se me requiera.
En relación con la pregunta que se acaba de formular, voy a intentar
ser muy breve y sintetizar. En el sistema educativo hay toda una
serie de actuaciones, dentro de la programación habitual de lo que es
la enseñanza, que atienden a las situaciones singulares y colectivas
de los desfavorecidos. Dentro de la política educativa hay cuatro
ejes fundamentales de actuación para atender a minorías o grupos de
desfavorecidos, o lo que consideramos habitualmente en educación
desfavorecidos, que son: el programa de educación compensatoria, la
educación especial, programas de garantía social, y con carácter
transversal y general, el programa de becas y ayudas al estudio, que
en un sentido amplio del concepto también atiende a grupos que
requieren una ayuda para remover obstáculos para el ejercicio del
derecho fundamental a la educación.
Respecto a la educación compensatoria, en los últimos años se ha
hecho un esfuerzo especial para incrementar la atención en los
centros ordinarios para aquellos grupos de alumnos que presentan una
problemática especial, que requieren una orientación y un refuerzo en
sus estudios para evitar el fracaso escolar que se integren
plenamente. Refiriéndonos a cifras, en el último año se han ampliado
en 52 los centros de educación primaria e infantil que cuentan con
equipos de atención en educación compensatoria y en 35 los institutos
de secundaria. Esto supone, desde el curso 1987-1988 al curso 1988-
1989, un incremento de un 8,7 por ciento del volumen de centros que
están incorporados al programa de educación compensatoria. Respecto a
lo que S.S. apuntaba de atención hospitalaria, efectivamente es una
actuación, dentro del programa de educación compensatoria, que se
viene realizando desde hace varios años y que ya en este momento hay
en 31 hospitales unidades de apoyo para niños enfermos que necesitan
ese seguimiento y esa atención. Es un programa que tiene un éxito
indudable, una gran dimensión social y normalmente (esto no suele ser
frecuente en educación) las estimaciones de quienes se han servido de
este programa son totalmente encomiables y positivas. Todos sabemos
que en educación siempre hay alguna queja, justificada o no
justificada, pero justamente en este programa de atención
hospitalaria siempre se han hecho valoraciones totalmente positivas
por quienes han recibido esta atención.
La cuestión que planteaba las minorías étnicas creo que requeriría
una comparecencia mucho más amplia. Nos encontramos en nuestro país,
en los últimos años, en una situación nueva, en la que se tiene que
hacer un replanteamiento total, una situación sobrevenida por las
circunstancias
económicas, sociales y geográficas de nuestro país, de paso hacia
Europa, de incorporación de las llamadas minorías étnicas, que en
definitiva son emigrantes que van a afincarse en nuestro país o que
lo consideran de paso para Europa. Realmente es una problemática muy
especial. La atención a estas minorías étnicas requiere no sólo la
atención habitual en escolarización de los hijos que vienen con
ellos, sino unas medidas complementarias difíciles y complejas para
que no pierdan sus raíces culturales, para que en el caso de que
permanezcan en nuestro país se produzca una integración auténtica en
la sociedad, pero al mismo tiempo un mantenimiento de sus raíces
culturales, para que no sufran un desarraigo total de sus vínculos
del país de origen. El Ministerio ha ido centrando con carácter
general convenios de colaboración, actuaciones comprensivas de
grandes grupos de estas minorías étnicas. Podemos citar por ejemplo,
porque viene funcionando ya varios años, el convenio con Portugal
para atención de los hijos de inmigrantes portugueses, en el que
participan el Ministerio en cuanto territorio de gestión y diversas
comunidades autónomas que se hallan en pleno uso de la competencia
educativa, con el apoyo del Gobierno portugués que facilita el
profesorado y programas específicos de cultura portuguesa, al mismo
tiempo que programas ad hoc para la integración en el sistema
educativo español de esos niños que normalmente piensan arraigarse en
la sociedad española. Otro colectivo importante de minoría étnica son
los llamados magrebíes, que abarcan de una forma intensa casi todo lo
que es el arco mediterráneo y que significan una problemática
especial, con unas características que no se nos oculta que requieren
de una mentalidad nueva de integración, una mentalidad nueva de
atención a las carencias culturales y a las diferencias respecto de
nuestro país o eventualmente de Europa si pasaran, como muchas de
estas familias pretenden, a un país europeo, al ser España un país de
paso. Se están realizando acciones por parte del Ministerio y de las
comunidades autónomas de Andalucía, Murcia -hasta ahora territorio
del Ministerio-, Comunidad Valenciana y Cataluña, que es
fundamentalmente donde se concentra este tipo de población. Por
supuesto también Madrid, que es un conglomerado en el que confluyen
normalmente casi todas las circunstancias y características de este
tipo. Con motivo de la reciente cumbre de Marruecos con el Ministerio
de Educación se han establecido las bases para unos acuerdos, con
unos planteamientos similares a los que antes me he referido con
Portugal, para atender la cultura propia de estos alumnos en esos
centros de integración en que están. Por la experiencia que se acaba
de citar, estamos en condiciones de preparar a profesorado español
para que tengan las condiciones especiales que requiere la atención
de estos alumnos. Es decir, un tipo de enseñanza, de orientación y de
apoyo que va más allá de lo que tradicionalmente consideramos como
labor educativa estricta tradicional, orientación, asistencia social,
respeto y fomento de las raíces culturales de procedencia, con el
apoyo de los profesores que van a proporcionar los países con los que
se va a celebrar este acuerdo, en este caso Marruecos.
Como no puedo extenderme más, quisiera hacer referencia a que España
participa muy activamente en el programa Sócrates, que es para la
atención de hijos de emigrantes en cualquier país europeo. Bien es
verdad que es un
programa relativamente nuevo y que tiene que intensificarse, pero
España ha propuesto justamente que tenga una atención especial en
nuestro país por las características de inmigración que se están
produciendo (realmente hay que reconocer que en España no se tenía la
cultura de recepción de inmigrantes hasta fechas relativamente
recientes), y hay que hacer un replanteamiento que preocupa al
Ministerio y a todas las administraciones educativas, que en mayor o
menor medida se están viendo afectadas por esta situación.
Haciendo referencia a otra de las cuestiones que planteaba, la
educación especial es un programa que se viene aplicando mediante el
de integración en los centros ordinarios de los alumnos con
minusvalías de cualquier tipo. Quiero referirme a algo específico y
no sólo dar datos del incremento de profesores especiales de audición
y lenguaje, pedagogía terapéutica, que se ha producido en los tres
años últimos. Las cifras están disponibles. Ha habido un incremento
aproximadamente del 22 por ciento en dotaciones de profesorado para
atender a alumnos de educación especial. Como digo, quisiera resaltar
algo que por primera vez se ha hecho este año, y es la convocatoria
de la adjudicación de ayudas por valor de 175.000 pesetas cada una
para el transporte de aquellos alumnos con discapacidades motóricas
graves, problema realmente dramático para las familias con un niño
que con estas características no tenía posibilidad de transporte al
centro escolar y al cual se le estaba segregando. La singularidad de
estos casos requiere un esfuerzo especial de atención que merecen las
familias.
No voy a referirme al tema de las becas porque creo que he agotado
con creces el tiempo, pero lo dejo abierto a cualquier pregunta que
se me pueda formular sobre esta cuestión o sobre cualquiera de los
asuntos relacionados con la atención a esas minorías que existen en
nuestro país y que en un futuro inmediato hay que afrontar de una
forma sistemática en cooperación con todas las administraciones
educativas.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, ¿quiere usted añadir
alguna cosa?.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Nada más que agradecer la información que
ha dado don Roberto Mur. Respecto a las becas, quizá porque se están
diciendo cosas que no son ciertas, al iniciarse el curso este grupo
parlamentario pedirá su comparecencia para tener una referencia
amplia al respecto.
- DEL SEÑOR CUESTA MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN ACTUALDE LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS. (Número de expediente 181/002401.)
El señor PRESIDENTE: Por conformidad de todos los presentes, y por lo
tanto de los portavoces, vamos a tramitar a continuación la pregunta
número 5, del diputado don Álvaro Cuesta Martínez, a quien damos la
bienvenida en esta Comisión. Tiene usted la palabra.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, en mi pueblo se contesta
a esta gentileza con un bien hallados. Es un privilegio poder
intervenir en esta Comisión, y la razón es para interesarme por el
proceso de transferencias en materia de educación al Principado de
Asturias.
Como saben SS.SS., en esta materia hay una congelación, estamos en
una auténtica situación de parálisis que desde el punto de vista
político merece el calificativo de impresentable; estamos ante un
auténtico agravio comparativo al Principado en relación con el resto
de comunidades autónomas. Permítanme la licencia de imputar ésto (y
luego lo demostraré, con independencia de la respuesta que merezca
nuestra intervención) a que Asturias está pagando en estos momentos
la crisis irresponsable que crearon el actual vicepresidente del
Gobierno del Partido Popular, señor Álvarez-Cascos, y el presidente
del Principado, que se presentó en su día por el Grupo Parlamentario
Popular y que no tuvo la dignidad de dimitir ante la falta de apoyo
parlamentario. Esta situación de crisis la está pagando profundamente
el Principado de Asturias. Doña Esperanza Aguirre, la ex ministra de
Educación, ha venido formulando reiteradamente que el Ministerio
estaba en condiciones de realizar esas transferencias y culpaba de la
situación al Principado de Asturias. La consejera de Educación, en
cambio, habla de que simplemente falta realizar el ajuste fino y que
la culpa es de Madrid, que está obstruyendo ese proceso. Amí lo que
me preocupa son las declaraciones del candidato al Principado del
Partido Popular, señor Ovidio Sánchez, que fue presidente de la Junta
General del Principado y al que le presumo un cierto nivel de
información ante las autoridades de educación, que el 19 de febrero
de 1999 llegó a afirmar algo que me parece un escándalo. Llegó a
afirmar literalmente lo siguiente: «A pesar de la buena disposición
del Ministerio y de que las posturas estaban cercanas, Asturias no
asumiría educación hasta la próxima legislatura. Nada de lo que
dependa del actual Gobierno va a llegar a buen término». Si el
candidato a presidente ya está bloqueando ese proceso y presenta como
fundamento la actual situación del Gobierno del Principado de
Asturias, tenemos que concluir que quien está pagando el costo real
de la degradación de la educación en Asturias y de la falta de
competencias somos todos los asturianos, por un conflicto en el que
nosotros no tenemos nada que ver como asturianos y, por tanto estamos
siendo partícipes de unas consecuencias y no exactamente de las
causas.
Lo cierto es que las transferencias están congeladas. Las previsiones
que se iniciaron en 1992 con el pacto autonómico y con las sucesivas
reformas estatutarias siguen bloqueadas y, como siga la situación
así, la última reforma del Estatuto de Autonomía, en concreto las
previsiones de su artículo 18, por Ley 1/1999, de 5 de enero, van a
verse absolutamente frustradas, lo que nos parece que es una
situación absolutamente de escándalo. En estos momentos tenemos, en
Asturias graves carencias en educación. Por darle otro dato, la
Comisión mixta de transferencias se reunió a petición de Izquierda
Unida y del PSOE el 1 de marzo de este año, pero tuvo que ser a
petición de Izquierda Unida y del PSOE. Desde el 2 de junio del año
1998, es decir, desde que estalla la crisis del Partido Popular, no
hay reuniones bilaterales entre el Principado y el Gobierno en esta
materia, lo cual demuestra la parálisis lamentable. Pero lo más grave
es la situación que afecta a la calidad de educación, porque se ha
producido una rebaja considerable de la inversión educativa en
infraestructuras. Y le voy a dar otro dato. En los últimos
presupuestos socialistas no bajaban las inversiones en educación de
los 3.000 millones de pesetas al año y ahora estamos en 1.388
millones de pesetas, por lo que se plantea una situación de
deterioro, por ejemplo, en servicios complementarios, en transportes,
limpieza, comedor, etcétera. Se está produciendo una supresión de
aulas de educación infantil y primaria, al tiempo que se aumenta el
número de alumnos por aula hasta un 15 por ciento por encima del
número legal previsto por la LOGSE. Existe un problema muy serio en
materia de personal, una disminución de los servicios complementarios
como decía, hasta incluso en el transporte escolar un recorte del
número de trayectos, alargamiento de los recorridos y de su duración;
recortes -ya digo- en infraestructuras, en la oferta formativa en
materia de formación profesional en Asturias. Esto es un tema muy
sensible para una región que ha conocido consecuencias importantes en
los procesos de reconversión industrial y que tiene en las políticas
de empleo una prioridad fundamental, por lo que desde luego este
recorte es intolerable. Hay también una supresión de aulas de
educación infantil y primaria, al tiempo que se aumenta el número de
alumnos por aula en más de un 15 por ciento; una insuficiencia de la
escolarización de la llingua asturiana y una deficiente cobertura de
las bajas de profesorado mediante profesores sustitutos.
No solamente el Grupo Parlamentario Socialista sino toda la sociedad
asturiana y las plataformas que están relacionadas con distintos
colectivos del mundo de la Educación, desde asociaciones de padres de
alumnos hasta sectores de personal docente, empezamos a tener la
sensación de que lo que se está pretendiendo es abaratar los costes
del proceso de transferencias educativas, producir una degradación de
la educación, abaratar esos costes y rematar las transferencias
cuando existan las condiciones objetivas para infradotarlas
económicamente. Nosotros no lo vamos a tolerar, lo queremos
denunciar, expresamos nuestra contundente alarma y exigimos que se
plantee ese acuerdo en materia de transferencias, justo y rápido y
que esté basado en una adecuada valoración del coste efectivo de los
servicios y de todas las prestaciones que hay en materia educativa.
Y al decir esto le recuerdo que hay resoluciones en esta materia de la
propia Junta General del Principado, del Parlamento de todos los
asturianos, que se han dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno
central denunciando esta situación de degradación, llamando la
atención sobre esta situación de infradotación o de intento de
abaratar costes, y sobre todo de la degradación de la calidad
educativa en una región que, ya digo, está marginada por una crisis
interna del Partido Popular, con un Gobierno que ha surgido del
propio Partido Popular, y que entre ambos están demostrando una
tremenda incompetencia en materia de educación.
El señor PRESIDENTE: El señor Mur tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Me veo abrumado por la cantidad de datos y detalles que ha
planteado su señoría. No creo que dé tiempo para dar réplica puntual
a cada una de las informaciones, que no dudo que tenga su veracidad
en cuanto a la fuente, pero que yo tengo que decirle de antemano que
discrepa de los datos que yo puedo aportar aquí. En cualquier caso,
no voy a entrar ahora en una discusión de datos porque aquí de lo que
estamos hablando es de la situación en que se encuentran los
traspasos en materia educativa al Principado de Asturias. Yo lo que
sí puedo hacer es, obligadamente, -no tenía previsto hacerlo así-,
explicarle, aunque entiendo que ya todos lo conocen, cuál es la
responsabilidad, el papel, la función del Ministerio de Educación y
Cultura en un proceso de traspasos.
Como usted sabe, hay una metodología claramente establecida en cuanto
a los traspasos, y ese es un marco de referencia obligado porque es
la garantía de la objetividad, de la equidad y de que el modelo de
nuestro proceso autonómico desde nuestro Estado autonómico funciona.
No podía ser de otro modo y por lo tanto esas reglas son de obligada
observancia. En un proceso de traspasos intervienen, por parte de la
Administración del Estado, el Ministerio de Administraciones
Públicas, que es el que coordina e impulsa la mecánica de ese
proceso; el Ministerio de Economía y Hacienda, en la valoración de
los costes y en la mecánica de la cuantificación económica de la
transferencia del servicio de que se trate; y el Ministerio afectado,
en este caso Educación y Cultura. ¿Cuál es el papel de Educación
y Cultura? Es justamente la determinación de aquellas funciones y
servicios que son objeto del traspaso y la valoración exacta, real,
con referencia a los presupuestos del año en que se esté hablando del
traspaso, en cada una de las partidas y de los programas. Eso es así
porque técnicamente es lo que corresponde. El Ministerio de Educación
y Cultura da los datos objetivos de lo que es el presupuesto del año
de referencia, la territorialización de las partidas que están en la
periferia, es decir, servicios periféricos de la prestación del
servicio, y servicios centrales, costes indirectos. Eso tiene que
cuadrar y cuadra a cero partiendo las partidas territorializadas
dentro del presupuesto. Apartir de ahí, el Ministerio de Educación
está en plena disponibilidad para aportar todos los datos, todas las
consideraciones, toda la información que requiera la comunidad
autónoma, a través no ya de las ponencias técnicas, que ésas son
coordinadas por el Ministerio de Administraciones Públicas, sino
bilateralmente -comisiones, grupos de trabajo- para tratar todos y
cada uno de los aspectos del sistema educativo en la comunidad
autónoma e identificar cada una de las partidas que se han valorado
en el coste efectivo que se entrega a cada comunidad autónoma.
Perdonen este marco general, porque viene de algún modo obligado,
aunque sea en síntesis, para decir cuál es el punto de partida para
todas las comunidades autónomas del artículo 143, las diez
comunidades autónomas en las que se inicia el proceso de traspasos,
en noviembre del año 1996, en virtud de los acuerdos autonómicos de
febrero de 1992 y de acuerdo con el programa político del Gobierno de
efectuar dentro de esta legislatura el traspaso de las funciones en
materia educativa. A partir del año 1996 se parte de
un criterio homogéneo, igual y objetivo, como no podía ser de otro
modo, para las diez comunidades autónomas; se parte de una
información idéntica, naturalmente territorializada, para todas las
comunidades autónomas; y se parte de una disponibilidad de reuniones
a través de grupos de trabajo para todas las comunidades autónomas,
al ritmo que demande cada una de las comunidades autónomas, no al
ritmo que imponga el Ministerio. Esto tiene que quedar perfectamente
claro. Unas comunidades autónomas han requerido más ritmo de
reuniones, más información en un sentido o en otro; es decir, se han
dado situaciones muy variadas que no viene al caso detallar para cada
una de ellas. Con el Principado de Asturias, a partir de la
constitución de la ponencia técnica, se han mantenido muy diversas
reuniones primero con la valoración del coste efectivo año 1997 y a
continuación del coste efectivo año 1998, con todos los detalles
actualizados. Las referencias de esas negociaciones, de esas
conversaciones con el Principado de Asturias son que la valoración de
coste efectivo año 1998, que es la última en que se trató con
Asturias, presentaba algunas discrepancias en algunas partidas, como
suele ser habitual, en discrepancias de criterio que no vienen a ser
más que la aportación de datos para ir depurándolos exactamente. La
comunidad autónoma no tiene por qué disponer del detalle concreto de
capítulo 1 de la nómina de todo el profesorado o personal de
administración, que como todo sabemos en Educación es muy complejo,
enormemente complejo. Normalmente, cuando se hace la valoración de
los distintos capítulos del presupuesto del Ministerio, suelen ser
los capítulos 1, 4 y 6, el de inversiones, los que suelen presentar
más dudas, más necesidad de aclaración, de concreción.
En el caso del Principado de Asturias se avanzó bastante en la
concreción de cada una de las partidas y de los capítulos, y en un
momento determinado el Principado de Asturias presenta sobre la mesa
de la negociación la cuestión de la necesidad de la habilitación de
la Universidad Laboral de Gijón. En el momento en que se plantea (no
entro a valorar si legítimamente o no) puedo afirmar que de algún
modo los planteamientos de los que se partían distorsionaban el
modelo establecido para la valoración del traspaso. ¿Por qué lo digo
así? Porque la Universidad Laboral de Gijón está utilizada
parcialmente para fines educativos, y en esa parte que está utilizada
para fines educativos el Ministerio de Educación ha realizado las
obras, como no podía ser tampoco de otro modo, de mantenimiento y de
adaptación para que el servicio fuera prestado en condiciones de
calidad y de garantía y seguridad. No así sobre el resto del
complejo, que como S.S. sabe tiene un volumen enorme. Tan era así que
la valoración de las obras de rehabilitación de ese complejo
ascendían a 12.000 millones de pesetas; 12.000 millones de pesetas
significaban en el año 1998 y significan en el año 1999 algo así como
incrementar el coste efectivo en bastante más del 15 por ciento, creo
recordar que se acercaba esa cantidad a un 17-18 por ciento del coste
efectivo. Miren ustedes, romperíamos totalmente el modelo. Bien es
verdad que se plantea una alternativa, y es que esto se financiara
con cargo a los fondos mineros del protocolo firmado por el
Principado de Asturias con el Ministerio de Industria. Pero la
exigencia de que eso figurara en el decreto de traspasos de educación
paralizó la
negociación, la puso en un punto muerto, que no es que quedara
bloqueada sino que quedaba a considerar qué solución se daba a esta
cuestión. Yo entiendo que legítimamente el Principado de Asturias
considerara que se le traspasaran unos bienes -y la Universidad
Laboral de Gijón tiene un carácter emblemático, algo que
efectivamente ha de atenderse-, pero hay que tener cuidado de no
mezclar dos parámetros totalmente distintos. El traspaso en educación
no puede contemplar la utilización de fondos que proceden, con otras
características, de un protocolo para el fondo minero con el
Ministerio de Industria, porque de lo contrario estaríamos
desvirtuando el decreto de traspasos en educación y sentaríamos un
grave precedente para otro tipo de traspasos.
Esto es en síntesis lo que yo le puedo decir ahora mismo del motivo
por el cual con el Principado de Asturias se está en una especie de
impasse para buscar la solución más adecuada. Personalmente entiendo
que hay que buscar una solución para la Universidad Laboral de Gijón,
pero una solución que entre dentro del marco jurídico de lo que son
los traspasos y que se utilicen las fórmulas pertinentes. Y aquí
entramos en un tercer elemento que tiene que intervenir en la
negociación: el Ministerio de Industria. Pero es que también el fondo
minero, según tengo entendido, afecta a otras comunidades autónomas,
y por lo tanto de algún modo ese protocolo tiene que desarrollarse
mediante convenio con otras partes distintas. Por tanto, hay una
situación que en gran medida explica el porqué con el Principado de
Asturias se está ahora en compás de espera y a partir de las próximas
elecciones autonómicas se va a reanudar y, con los papeles y estudios
hechos sobre la mesa a propósito de la Universidad Laboral de Gijón,
ver la posibilidad de que se desbloquee cuanto antes el traspaso a la
comunidad autónoma. Yo entiendo que en lo que afecta estrictamente a
educación, valoración de coste efectivo, prescindiendo del problema
Universidad Laboral de Gijón, estamos en situación -por lo menos se
estaba- de llegar a un acuerdo de traspaso.
Yo no quiero entrar en polémica de cifras y de datos. Creo que sería
otro planteamiento del debate, otra cuestión, el estudio del sistema
educativo en el territorio MEC en el conjunto del Estado. Pero le
quiero decir una cosa. Cuando me está diciendo que se está degradando
(simplifico al utilizar la palabra degradar) el sistema educativo en
Asturias, yo le digo radicalmente que no, porque -le doy un dato nada
más- en formación profesional, dentro de lo que es la LOGSE, uno de
los pilares de la reforma de nuestro sistema educativo es la
formación profesional, y en la formación profesional se está haciendo
una apuesta muy fuerte, que en cierto modo va a condicionar el futuro
de este país en muchas cosas, y está el plan de formación profesional
por en medio, y todas las medidas de integración de los tres
subsistemas, etcétera. Pues bien, en formación profesional en el
Principado de Asturias -si hacemos simplemente una traslación de
datos- en el curso 1995-96 había 116 ciclos formativos implantados;
actualmente, en el curso 1998-99, hay 222 ciclos formativos, un 91,4
por ciento de incremento. Le digo esto como le podría decir cualquier
otra cifra, pero justamente los ciclos formativos son la parte más
costosa, la que necesita más inversión económica dentro del
presupuesto de educación. Podría decirle una y otra
cosa, pero ya le he dicho que no quiero entrar ahora mismo en el
detalle punto por punto, pero con mucho gusto le puedo proporcionar
todos los datos disponibles para que los contraste con la fuente de
información que usted ha utilizado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Cuesta, en un turno ya
más breve que el anterior.
El señor CUESTAMARTÍNEZ: Me tranquiliza escuchar que el problema
ahora reside en la Universidad Laboral, porque, efectivamente, aquí
hay un bien traspasado que necesita una inversión en torno a los
11.000 o 12.000 millones (usted hablaba de 12.000 y los datos que yo
tenía eran de en torno a los 11.000 millones de pesetas) y
lógicamente nosotros y el Principado siempre hemos incluido y
sugerido que este gasto entre en el decreto de transferencias por una
consecuencia lógica. Pero digo que contrastan sus afirmaciones con la
que antes le citada del candidato y responsable del Partido Popular,
que prácticamente imputaba el bloqueo a la situación política, como
una represalia, porque decía que nada llegaría a buen puerto, para no
dar -en términos castizos- ni agua al actual Gobierno. Para nosotros
no es un problema de gobiernos en el Principado, es un problema de
los asturianos y de las necesidades educativas de una población muy
importante que se ve afectada por esta situación de bloqueo.
Discrepo en la valoración que hace de la situación de la calidad de
la enseñanza en Asturias. Son muy respetables sus datos, pero las
denuncias de la sociedad asturiana (aquí tengo, por ejemplo, el
manifiesto de una plataforma por la escuela pública en Asturias, que
agrupa a muchísimos colectivos, que son claramente mayoritarios y
conocedores del sector educativo) las denuncias que se hacen son
tremendas, denuncias también realizadas por la propia Junta General
del Principado de Asturias, que por acuerdo mayoritario ha aprobado
distintas mociones con el mismo diagnóstico de la degradación
educativa. Usted hablaba, por ejemplo, de la oferta formativa de la
formación profesional en Asturias. La realidad es que se dejó sin
escolarizar a más de dos mil alumnos que solicitaron ciclos
formativos de grado superior en centros públicos, al tiempo que se ha
autorizado un aumento indiscriminado y desorbitado de ciclos
formativos en los centros privados. Esta es una de las realidades más
importantes. Otra realidad es que hay una deficiente cuantificación
del coste real. En todo caso, están usando como referentes magnitudes
presupuestarias de los últimos ejercicios, y ya digo que los últimos
ejercicios precisamente entrañan una disminución importante de
recursos económicos, y eso lleva a que en el Principado (las
inversiones en infraestructura es una prueba y una demostración) en
el futuro haya una infradotación o un intento de abaratar los
traspasos de competencias.
Por mi parte quiero simplemente reclamar, reivindicar, en primer
lugar que no se tomen decisiones que hipotequen, es decir, que no se
vaya a un despliegue de decisiones de política educativa que tiendan
a recortar los recursos materiales y humanos de la escuela pública en
Asturias y que, por tanto, ese tipo de decisiones quede paralizado
hasta que se realice esa transferencia de competencias, y en
segundo lugar que se finalice ese proceso de transferencias antes del
comienzo del próximo curso escolar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mur, en una segunda
intervención también breve.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Voy a ser muy breve y tomando sus palabras de deseo de
traspaso digo, y lo digo para la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y para las tres restantes, que el deseo del Ministerio es
cerrar el proceso autonómico y cerrarlo cuanto antes. Ojalá hubiera
sido el 1 de enero, como lo fue con Baleares, con todas las
comunidades autónomas, pero no basta la voluntad del Gobierno para
efectuar los traspasos (es una condición necesaria pero no única
o suficiente), hace falta también la voluntad de la otra parte.
Solamente le apunto un dato: no sólo porque es el cumplimiento de
unos acuerdos autonómicos o una voluntad manifestada por el Gobierno
de hacer los traspasos en educación dentro de esta legislatura, sino
que no haría falta ningún esfuerzo especial para comprender que el
Ministerio de Educación necesita que se ultimen todos los traspasos
por la distorsión que causa el escalonamiento de los mismos en el
tiempo o el que quede alguna comunidad sin traspasar, aunque
solamente fuera por este sentido pragmático y de diseño de futuro de
Estado en educación.
Respecto a la calidad del sistema educativo en Asturias,ahora mismo,
en cualquier lugar de nuestro país o en cualquier otro país todos
pedimos que se incremente la calidad del sistema educativo, todos
desearíamos muchísimo más, lo que ocurre es que se convierte ya en un
tópico repetido una y otra vez. Cualquier comisión que formáramos
para decir cuál es la situación del sistema educativo, en el mejor de
los casos tendría algo así como un centenar de peticiones de mejora
en aspectos concretos. Yo solamente le digo -no quiero entrar en
guerra de cifras- que actualmente, de las cuatro comunidades
autónomas pendientes de efectuar el traspaso, la del Principado de
Asturias es la que tiene las ratio de alumnos/unidad más baja de las
cuatro comunidades autónomas, salvo en ciclos formativos de grado
superior, que es la segunda, me parece; pero en las demás menos. Este
dato es muy significativo porque justamente el capítulo 1, gastos de
personal, es el setenta y tantos por ciento del presupuesto en
educación. Si la ratio está en esos términos significa que la
financiación que llega, los recursos que llegan al Principado de
Asturias están por encima de la media. No digo que no deba ser así,
son las circunstancias geográficas y demás, pero estos datos no
concuerdan con la conclusión a la que S.S. ha llegado.
- DE LA SEÑORA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA (GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. (Número de expediente
181/002402.)
El señor PRESIDENTE: Volvemos al orden del día. Pregunta número 2
sobre la situación actual de las transferencias educativas a la
Comunidad Autónoma de CastillaLa
Mancha. Doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra para formular su pregunta.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor Mur, bienvenido a esta
Comisión de Educación y Cultura, estamos encantados de tenerle hoy
con nosotros y le deseamos, como a todas las personas que vienen por
primera vez y luego se lo seguiremos deseando, suerte en su gestión.
Sus éxitos son los éxitos de todos y por el bien de la educación en
España deseamos que ustedes acierten.
Señor Mur, usted decía que es interés del Ministerio de Educación
hacer los traspasos educativos cuanto antes. Sin embargo -yo aquí
quería plantearle la primera cuestión- esta no es la impresión que
tenemos desde Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha hubo unas
negociaciones, una serie de conversaciones en las que estaba muy
encauzado el tema hace unos meses, parecía que finalmente el proceso
de transferencias se iba a cerrar pero de repente se interrumpe,
queda en punto muerto. Realmente no sabemos por qué ha ocurrido esto.
Incluso ha habido algo mucho más preocupante, que cantidades
inicialmente acordadas o negociadas para el traspaso de competencias
(valoración del coste efectivo) han sufrido un recorte importante,
han sufrido una reducción, un descenso. Realmente explicaciones no
existen porque voluntad, para asumir las competencias le puedo
asegurar que por parte de los responsables educativos de la Comunidad
Autónoma de Castilla- La Mancha la hay, había mucho interés en
asumirlas y no se explica que se haya producido este frenazo y sobre
todo esta reconsideración a la baja de la cantidad inicialmente casi
acordada. Por tanto, aquí la primera cuestión que se plantea es por
qué se ha producido. La única explicación posible, la única
explicación que nosotros tenemos es que se ha producido precisamente
por el momento electoral que estamos viviendo. Esta es la única
explicación razonable, porque al señor Rajoy parece comportarse más
bien como coordinador de campaña del Partido Popular que como
ministro de Educación. Hay una cuestión importante, y es que parece
ser que por parte del Ministerio de Educación no hay interés en dar
bazas electorales a las comunidades autónomas gobernadas por
socialistas. Le puedo asegurar que el presidente de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha tenía preparado en su programa
electoral una serie de ofertas importantes, y hubiera venido muy bien
tener esas transferencias cerradas, sin embargo finalmente no ha
ocurrido. Creemos que ésta es la explicación.
Señor Mur, la segunda cuestión que quería plantearle es precisamente
por qué se ha reducido a la baja la cantidad inicialmente manejada en
ese coste efectivo a la educación en Castilla-La Mancha, al tiempo
que se han producido incrementos significativos en las transferencias
educativas a otras comunidades que ustedes han cerrado recientemente.
Yle pongo dos ejemplos cercanos, por no extendernos a otras
situaciones. El caso de Murcia es llamativo. En Murcia, las
transferencias educativas se han cerrado con una subida del 20 por
ciento sobre la cantidad inicialmente valorada del coste efectivo del
año 1997. Pero es que en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid
ha ocurridoalgo similar, es decir, se han ofertado 3.200 millones adi
cionales
al preacuerdo realizado con la ministra Aguirre, en el que la
estimación del coste efectivo se valoró inicialmente en 255.000
millones. A nosotros nos parece muy bien que se hayan producido estos
incrementos. En el caso concreto de la Comunidad de Murcia sabe usted
que las necesidades educativas eran especialmente fuertes. No nos
parece mal que se hayan producido estos incrementos; es más, incluso
por parte de los grupos parlamentarios socialistas en esas
comunidades autónomas se ha dicho que los traspasos se han cerrado de
forma deficiente para poder realizar la reforma educativa con
criterios de calidad. Lo que le estoy planteando, señor Mur, es que
hay un doble rasero, un doble rasero en el tratamiento de las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, del mismo
signo político que el Gobierno, con las comunidades autónomas
gobernadas por los socialistas. Es un doble rasero muy llamativo e
importante porque mientras se cierran traspasos con unas comunidades
con valoraciones por encima del coste efectivo estimado, en otras
comunidades gobernadas por socialistas se pone freno al proceso de
negociación e incluso se reconducen a la baja las cantidades
inicialmente preacordadas.
La tercera cuestión que quería plantearle es que ustedes no han
preparado suficientemente en estos tres años el mapa educativo para
poder realizar unas transferencias con unos criterios de calidad y
tratando de corregir las diferencias territoriales. Sabe usted muy
bien, porque es responsable y lleva muchos años en el Ministerio de
Educación, que el mapa educativo responde a una realidad muy desigual
en España. Hay unas comunidades autónomas con verdaderas carencias.
Todos sabemos qué carencias tienen comunidades autónomas como
Extremadura, las tenía también la Comunidad Autónoma de Murcia y las
tiene muy importantes la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Ustedes han dicho que han hecho mucho y han publicitado
extraordinariamente las inversiones, las dotaciones de plantillas y
la compensación a las desigualdades de origen. Pero cuando uno
desciende a los territorios comprueba que una gran parte de lo que
ustedes han dicho es mera publicidad y, desde luego, en muchas
comunidades autónomas, en muchos territorios, esta realidad de
crecimiento educativo no se ha traducido en los hechos. Por ejemplo,
en mi tierra, Castilla-La Mancha, la red de centros educativos no
universitarios está incompleta. Las aulas de educación infantil que
faltan son numerosísimas, y usted lo sabe. En Toledo hay un déficit
de escolarización para niños de tres años de un 40 por ciento. Y eso
por no hablar de la red de centros de secundaria. ¿Cómo se va a
cumplir la LOGSE, cómo van a poder estudiar los niños la ESO en
centros de secundaria si esta es la realidad? Nueve de cada diez
niños de secundaria de la provincia de Toledo están todavía en
colegios de primaria, siete de cada diez niños de educación
secundaria obligatoria, de la provincia de Albacete están en colegios
de primaria; y en Cuenca esa implantación es solamente del 50 por
ciento, sólo uno de cada dos está en institutos de secundaria. Esto
es lo que vamos a recibir, esta es la realidad. Ustedes dicen que los
traspasos educativos son los que son, ustedes hacen esta valoración y
pasan lo que existe, pero es que lo que existe es verdaderamente
lamentable.
Ustedes han dicho algo que a nosotros nos llama la atención. Han
dicho que ha crecido la dotación de plantillas. Cuando uno ve el día
a día o cuando uno desciende a casos concretos, ve que no solamente
no crecen las plantillas sino que incluso no se cubren vacantes. Esto
es lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real. Le
puedo decir que ha habido este curso quince profesores menos, y eso
no se justifica de ninguna forma porque en esa provincia no desciende
ni el número de alumnos ni el número de grupos de alumnos. Que no se
doten plantillas es incomprensible. Pero es que además se están
produciendo unas áreas muy deficitarias en algunos IES. Por ejemplo,
áreas como la música, el dibujo o el francés no tienen en institutos
de reciente creación, institutos que se han hecho hace poco tiempo
como los de Porzuna o Santa Cruz de Mudela. Es decir, hay una
realidad educativa muy deficiente para determinados alumnos de estas
zonas, zonas que no son demasiado pequeñas sino incluso grandes. Pero
igual podemos decir de los departamentos de orientación. Los
departamentos de orientación han sufrido también unos recortes
incompletos y la situación es de gran deficiencia. Hay un déficit,
por ejemplo, de profesorado de apoyo. Usted decía antes que en la
educación compensatoria han hecho unos esfuerzos extraordinarios y
nos acaba de vender que la educación compensatoria es uno de sus
objetivos. Señor Mur, aquí volvemos a enfrentar otra vez la frase
publicitaria con la realidad de los hechos. Yo le puedo decir, por
ejemplo, que en recursos humanos, educación compensatoria en la
provincia de Ciudad Real la dotación es absolutamente deficiente,
hasta el extremo de que hay doce centros a los que les corresponde
medio profesor; no sabemos cómo ese medio profesor funciona, si la
parte de arriba, la parte de abajo, la mitad izquierda o la mitad
derecha, pero tienen medio profesor.
Otra cuestión es la formación profesional; es la gran olvidada en el
mapa nacional, pero desde luego en CastillaLa Mancha la implantación
es extraordinariamente deficiente. Solamente está implantado el 56
por ciento de lo planificado, pero en los ciclos de grado superior
sólo el 46 por ciento del mapa final. Estaban planificados en la
nueva formación profesional un total de 483 ciclos y sólo hay en
marcha hasta el momento 270. Es decir, en el período que ustedes
están gobernando, en todos estos años, solamente ha habido una
implantación de un 19 por ciento sobre lo previsto. Por eso le
recuerdo que las carencias son enormes y ustedes no han preparado un
mapa educativo para poder realizar unos traspasos en unas condiciones
de equidad territorial.
También le quería plantear la situación desigual, esta situación que
nosotros vamos a asumir en Castilla-La Mancha, y sobre todo el
déficit. Ustedes recortan las cantidades inicialmente valoradas.
Creemos que hay una situación de partida que afecta a todas las
comunidades autónomas y que nos preocupa particularmente. Con el
nuevo sistema de financiación que el Partido Popular ha puesto en
marcha lo que se hace es cerrar las transferencias educativas con una
foto fija. El sistema anterior, implantado por los socialistas,
preveía la posibilidad de cada cierto tiempo reconducir las
cantidades inicialmente valoradas e introducir algunas variables para
poder compensar los costes efectivos: variables de población,
variables de dispersión territorial,
de insularidad, etcétera. Pero con ese nuevo sistema de financiación
que ustedes han hecho ahora se queda la foto fija, se queda el coste
congelado y la implantación de la reforma educativa que tienen que
hacer las comunidades autónomas o sale de los bolsillos de los
castellano-manchegos y del presupuesto de la propia comunidad
autónoma, o seguiremos con unas deficiencias extraordinarias que no
garantizan en absoluto que la reforma educativa, la LOGSE, se pueda
cumplir con unos criterios de calidad. Usted me va a decir
seguramente, como ya me dijo el ministro de Educación, que eso es lo
que hay, que el coste efectivo es lo que hay a la hora de cerrar el
traspaso. Pero le recuerdo, señor Mur, que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó hace muy poco tiempo, hace unos meses, una Ley de
financiación cuyo objetivo era precisamente ése, hacer un pacto
educativo que permitiera implementar las cantidades del destino de
esas cantidades que se destinaban a la educación en el conjunto de
los territorios de España, y que sobre todo permitiera corregir todas
estas desigualdades territoriales de partida.
Anosotros nos preocupa particularmente que a partir de ahora, igual
que ha ocurrido con la educación universitaria, se creen diecisiete
subsistemas muy diferentes, nos preocupa extraordinariamente que la
educación en España, la calidad de la educación en España dependa del
territorio en que ha nacido un niño o una niña. Nosotros creemos que,
con independencia del lugar de origen, con independencia de que haya
nacido en Santiago de Compostela, en Badajoz o en Cádiz, un niño o
una niña han de tener una educación de calidad en el conjunto de los
territorios de España. Esto es lo que nos preocupa, por eso nuestro
interés en saber -a eso me gustaría que me contestara- qué van a
hacer ustedes, cuál es el proyecto, cuál es el calendario y, sobre
todo, por qué se han paralizado las negociaciones y se han
reconducido a la baja las cantidades inicialmente acordadas.
El señor PRESIDENTE: El señor Mur tiene la palabra para contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Dentro de su exposición, muy densa, muy ilustrada, hay
puntos en los que discrepo y puntos que comparto. Esas ideas que
subyacen en sus palabras de una política educativa de Estado,
efectivamente, muestran una preocupación, en el sentido literal del
término, del Ministerio para el futuro, que tiene, naturalmente, sus
previsiones de cuáles son las competencias del Estado dentro de esta
configuración de Estado autonómico fuertemente descentralizado en
Educación. Se pretende la unidad básica de ese sistema educativo, el
principio de solidaridad y el establecimiento de esos niveles básicos
de referencia que aseguran las condiciones de igualdad básicas de
todos los ciudadanos en el acceso a la educación, lo cual es
plenamente compatible con la diversidad de las comunidades autónomas,
siempre y cuando esos niveles básicos de referencia queden
garantizados para todos los ciudadanos en cualquier parte del
territorio español.
Yo lo que sí le puedo asegurar, dentro de este conjunto de ideas que
usted acaba de exponer, es que el Ministerio
de Educación realizó hace ya tres años una planificación del sistema
educativo y su proyección de futuro hasta la finalización de la
implantación de las enseñanzas establecidas en la Logse. Es una
planificación que respondía a dos criterios fundamentales: primero,
atención a necesidades específicas de cada uno de los territorios, no
ya comunidades autónomas sino territorios dentro de las propias
comunidades, porque nos encontramos con algunas desigualdades de
prestación de servicio que se producen entre localidades de una misma
provincia; desigualdades que son un arrastre histórico que se viene
planteando en nuestro sistema educativo. No olvidemos una cosa:
cuando se produce una descentralización en un Estado fuertemente
centralizado, como era el nuestro, la situación de partida teórica,
utópica sería la nivelación absoluta de los servicios para que cada
cual recibiera justamente lo que le corresponde, y lo mismo en todo
el territorio. Ésa, como digo, es una situación deseable, a la que se
debe tender, pero utópica, si tuviéramos que establecer una línea de
referencia exactamente igual, idéntica para todos los parámetros que
se utilizaran en Educación, que es algo muy complejo. No obstante, la
tendencia del Ministerio de Educación durante estos últimos años ha
sido a la nivelación de esos servicios entre todos los territorios.
Efectivamente, yo comparto con usted una apreciación, aunque habría
que matizarla y entrar en detalle: dentro del territorio gestionado
por el Ministerio había algunas desigualdades entre unas comunidades
autónomas y otras, en términos generales; habría que matizarlo mucho,
porque depende dentro de cada comunidad autónoma (zonas urbanas,
zonas rurales, etcétera). La política presupuestaria del Ministerio
-como usted sabe ha experimentado un incremento notable en los dos
últimos ejercicios del 6,4 o del 6,6 en el año 1998 o en el 1999-
significa un esfuerzo presupuestario importantísimo, mucho más de lo
que se explica normalmente en casi todos los foros, porque no es
subir el 6,4 por ciento, sino que, dado que el capítulo 1
(retribuciones) es la parte sustantiva de los presupuestos y el
capítulo 1 se incrementaba en cuanto a retribuciones del personal en
1,8 por ciento, el resto, el diferencial que existe, va para la
prestación de servicios, para infraestructuras, para actividades
complementarias, para todos los gastos asociados en la prestación del
servicio Educación. Por lo tanto, el incremento va mucho más allá,
bastante más de ese 6,4 o de ese 6,6 que ha experimentado el
presupuesto de Educación. Podríamos considerar que en algunas
partidas está cercano al 15 por ciento.
Ala hora de esa aplicación territorial de recursos, lo que yo le
puedo asegurar es que, con datos que tiene la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, la consejería de Educación, la valoración del
coste efectivo en los tres años en que se ha ido revisando para
Castilla-La Mancha me parece recordar que del presupuesto
territorializado del año 1997, se incrementa en 1998 en un 9 por
ciento. Estamos hablando de que el presupuesto de Educación crece un
6,4 por ciento, con esa observación que le he hecho del significado
de ese 6,4 por ciento, y en Castilla-La Mancha sube un 9 por ciento.
Ésa es una política de compensación interterritorial, ésa es una
política de nivelación de prestación de servicio.
Yo no insisto ahora en el detalle de todos y cada uno de los aspectos
concretos que usted ha referido, porque -reitero un poco las palabras
de la anterior intervención- si lo hiciera, entraríamos en un
análisis que sería más propio de un grupo de trabajo de esas
ponencias técnicas para analizar en detalle todos y cada uno de los
aspectos del sistema educativo en Castilla-La Mancha. Posiblemente en
algún caso puntual es posible que tenga razón cuando afirma: aquí
hace falta la dotación de un profesor más o de un profesor menos. Lo
único que le digo es que en términos globales el presupuesto,
cuantificado en coste efectivo a Castilla- La Mancha, subió de 1997 a
1998 en un 9 por ciento, y de 1998 a 1999 en un 6,8 por ciento
aproximadamente. Es decir, ha habido un incremento progresivo. Bien
es verdad que en esto hay que tener en cuenta que esas variaciones
significan que en el capítulo 6 (nuevas construcciones) hay un
deslizamiento de años, porque la programación se hace plurianual y,
por lo tanto, eso explica algunas crestas que pueda haber en el
resultado final del coste efectivo.
Yo le diría que en términos globales la educación en Castilla-La
Mancha ha dado un salto cualitativo notable. No digo que hayamos
llegado al nivel deseable por todos, porque Educación es casi un saco
sin fondo, aunque también habría que decirle que no existe una
relación directa unívoca entre recursos empleados y calidad de
educación. Hay veces que, a partir de un determinado nivel de
utilización de recursos, no por eso se incrementa la calidad de la
educación. Lo que sí que es cierto es que hay que garantizar la
prestación de los niveles básicos establecidos con carácter general.
Y sobre ella yo tengo datos aquí de tipo global. Ahora mismo en
educación secundaria obligatoria en Castilla-La Mancha el promedio es
de 27 alumnos por unidad, 27,1, para ser exacto. Ya sabe usted que el
tope establecido en la Logse son 30 alumnos; en el bachillerato están
en 26,5.
En cuanto a la formación profesional, arrancamos en 1995-96 con 120
ciclos formativos implantados; 270, o 269, porque hay un ciclo
formativo autorizado y no impartido por falta de alumnos, no recuerdo
exactamente en qué población. Hablar de 269 ó 270 significa que hay
un incremento de un 124 por ciento en ciclos formativos. Es deseable
y hay que continuar programando para llegar a ese cien por cien
teórico; y digo teórico porque cuando se programa en formación
profesional, -repito que es el aspecto más costoso en recursos dentro
del sistema educativo- hay que tener en cuenta que la formación
profesional es algo continuamente en mutación, en revisión. El número
de los ciclos formativos, que se implanta es un referente que nos
sirve para algo, pero hay que cuestionarlo también, porque tienen una
duración de tres años y posiblemente haya que revisarlos,
sustituirlos, cambiarlos, anularlos, porque están en íntima relación
con el entorno socioproductivo. Tiene unas características
determinadas, con atención a una demanda potencial de puestos de
trabajo que existe, y en el momento en que está cubierto hay que
cambiarlo totalmente.
Quiero decir con ello que en esa política educativa quese ha
realizado en Castilla-La Mancha se ha dado un salto sustantivo. ¿Que
no satisface plenamente lo que sería deseable? Podemos estar de
acuerdo en ello, pero lo que sí es evidente y es innegable es que se
ha producido ese salto.
¿Que la planificación que puede hacer la comunidad autónoma desde su
perspectiva, como ocurre en otras, llega a unos techos determinados,
que a lo mejor no coinciden con la planificación hecha por el
Ministerio? Es evidente también. La planificación que se haga por
quienes no tienen aún la responsabilidad directa de la gestión es
mucho más sencilla, mucho más fácil, menos comprometida, puede ser
más utópica. Esto no encierra -entiéndame S.S.- un juicio de valor
negativo, sino explicable de una realidad que se suele dar con mucha
frecuencia. Pero una cosa es tenerla responsabilidad de gestionar y
otra hacer proyectos en abstracto.
Yo lo que sí le puedo asegurar es que la planificación que se ha
hecho para la totalidad del territorio de gestión del Ministerio de
Educación responde a unos principios de objetividad y de equidad, de
nivelación de servicios. Y hacia esas tendencias se va. Y el
Ministerio, en tanto continúe teniendo la responsabilidad directa de
gestión de ese sistema educativo en cualquier comunidad autónoma,
hasta el día inmediatamente anterior a la fecha efectiva de los
traspasos continuará con esa atención y con esa misma planificación,
tal y como está diseñada, en colaboración, toda la que haga falta,
con la comunidad autónoma, que es la que va a asumir o coger el
relevo inmediato en la gestión de ese sistema educativo. Lo asumirá o
no en su totalidad, o lo modificará, porque legítimamente tiene
competencias para hacerlo en la forma que considere más oportuna.
Respecto a los traspasos, evidentemente Castilla-La Mancha junto con
Extremadura quizá sean las comunidades autónomas donde más grupos de
trabajo, más reuniones, más frecuencia ha habido en intercambio de
información por parte del Ministerio y de las autoridades educativas
de la comunidad autónoma.
La coincidencia sobre la valoración del coste efectivo estaba
relativamente próxima. Había discrepancias, sobre toda una, que hay
que salvar, y es la referida concretamente al capítulo 6 (obras en
ejecución). La comunidad autónoma pretende hoy por hoy algo que no
puede ser asumido por el Ministerio de Educación desde sus
competencias o desde el ejercicio de la responsabilidad que tiene en
este proceso de traspaso -lo he comentado al principio- porque el
Ministerio no puede asumir el compromiso de ejecutar obras a partir
de la fecha de los traspasos cuando ha valorado ya el capítulo 6
dentro del coste efectivo. ¿Con cargo a qué presupuesto futuro del
Ministerio, cuando no lo tenga en el capítulo 6, porque haya pasado
todo a la sección 32, va a realizar esas obras? Es decir, ése es un
punto que hay que resolver quizá por otros procedimientos, pero que
exceden totalmente de la decisión del Ministerio de Educación. Él
solamente puede hablar, decidir y comprometer según esa metodología,
criterios objetivos, lo que tiene en su presupuesto. Lo que no va a
tener en el presupuesto futuro, obviamente no lo puede comprometer.
Ahí está el punto de diferencia o de discrepancia que de algún modo
ha, no digo paralizado, ralentizado un poco el ritmo de ese proceso
de traspasos a la comunidad autónoma.
Yo, en el caso de esa negociación del traspaso con Castilla- La
Mancha, quiero ser optimista y pienso que a partir de la constitución
del Gobierno autonómico después de las elecciones del 13 de junio se
retomarán esas conversaciones, se intentará buscar la solución
aproximando las posturas
sobre ese punto concreto, que es el que actualmente marca la
diferencia, y se podrá llegar a un acuerdo de traspaso que realmente
está en situaciones objetivas. A mí no me gusta hablar de traspasos
buenos y de traspasos malos, los traspasos son los que son y como
deben ser, porque, si no, parece que esto sea una almoneda.
El señor PRESIDENTE: Segunda intervención, ya más breve. Doña
Clementina tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor Mur, yo comprendo que usted
esté en su papel, yo también estoy en el mio y tengo que decir que le
agradezco que usted reconozca que hay un mapa educativo muy desigual
en España, porque es una realidad evidente.
Usted dice que se ha hecho un esfuerzo con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. Pero esto es como una botella que está casi llena
o casi vacía. No es lo mismo terminar de llenar una botella casi
llena que echar un poquito más de agua a una botella que está casi
vacía; no es lo mismo. Esto es, y me va a permitir el símil, lo que
nos está ocurriendo a los castellano-manchegos. Fíjese cómo tenemos
la botella ahora: en formación profesional está a la mitad, pero en
la implantación de los centros de secundaria esa botella está por
debajo de la mitad. Y usted hace una valoración muy positiva del
crecimiento económico del año 1998, diciendo que estuvo en torno al 9
por ciento. No le voy a discutir la cantidad, no nos consta que
llegara a tanto y siempre es muy difícil hacer estas contabilidades
de los presupuestos, y usted comenta que ha crecido también en torno
al 6 por ciento en el año 1999. Por tanto, del año 1998 al 1999 de
entrada ha decrecido. Pero, señor Mur, usted olvida algo importante,
y es qué ocurrió con los presupuestos de 1996 y 1997, que fueron
catastróficos; hubo una congelación. En el año 1996 el presupuesto
educativo fue verdaderamente malo, se perdió, fue un crecimiento nulo
y en algunos sitios incluso se retrocedió. Por ejemplo, en este
curso, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, en
centros, en inversiones, el crecimiento ha sido de menos un 6 por
ciento con respecto al curso anterior; hablo de construcción de
centros.
Por tanto, uno puede fijarse en la botella medio llena, medio vacía,
pero la realidad es que a Castilla-La Mancha se va a transferir la
educación, y en muchos sentidos, comparativamente con otras botellas
de otros territorios de España, la tenemos llena a la mitad; y va a
corresponder al presupuesto de la propia Castilla-La Mancha el
terminar de llenarla, pero las situaciones de partida son muy
desiguales. Ustedes dicen que han hecho un esfuerzo para ir
compensando desigualdades, pero ha sido pequeño, no ha permitido
superar la desigualdad, y para nosotros es un esfuerzo, muy
pequeñito. Lo es porque verdaderamente estamos todavía muy lejos de
poder conseguir una situación equilibrada y comparativamente buena
con respecto a otras comunidades autónomas. El esfuerzo que tendremos
que hacer con los presupuestos autonómicos será terminar de llenar la
botella. Suele darse una situación verdaderamente triste. Normalmente
cuando uno tiene carencias en educación también las tiene en sanidad,
en infraestructuras, en viviendas sociales, en muchas otras cosas;
hay que hacer
un esfuerzo añadido en comunidades donde además las rentas no son
extraordinariamente grandes.
Por tanto, señor Mur, yo no estoy tan segura de que, si ustedes de
verdad tienen una idea de un pacto de Estado y quieren hacer de la
educación no diecisiete subsistemas, cada uno a su aire, encerrados
cada uno en la realidad de cada comunidad autónoma, ustedes estén
avanzando en este sentido. Por ejemplo, insisto, me parece gravísimo
que a partir de ahora no existan mecanismos de nivelación que en un
futuro puedan considerar si la población ha crecido, ha descendido y
qué variables se están produciendo para reajustar el coste educativo.
Todo correrá a cargo de la capacidad de las propias comunidades
autónomas. Ésta es la situación que hay, y con niveles de renta que
normalmente, cuando además también hay necesidades educativas
especiales, tampoco son extraordinariamente buenos. Ésta es la
realidad, esto es lo que tenemos. Por eso, es sorprendente que el
Grupo Parlamentario Popular diga reiteradamente que cree en un pacto
educativo, que quiere hacer un pacto por la educación; habla de
criterios de calidad y, cuando tiene que votar aquí una ley de
financiación que asegure ese pacto educativo, vota en contra. Eso es
lo que no comprendemos.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, señor Mur, tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Quisiera puntualizar una cosa. Me parece recordar, a lo
mejor estoy equivocado, pero creo que no, que los presupuestos de
1996 fueron la prórroga de los de 1995: primera cuestión. (La señora
Valcarce García: Recortados.) Segunda cuestión, quizá yo me haya
expresado mal... (La señora Díez de Baldeón García: Fueron
recortados.)
El señor PRESIDENTE: Como en la última sesión no, que esto iba muy
bien. Continúe señor Mur.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Quizá me haya expresado mal cuando, por lo que acaba de
reproducir, he dicho que el mapa escolar presenta diferencias
notables. Yo me he referido -y no he querido ser más explícito- a que
en un momento determinado, cuando se hace el estudio, el mapa escolar
presentaba diferencias notables. Hablo de esas diferencias, porque
hay que reconocer las cosas en sus justos términos, y con eso no
estoy achacando responsabilidades a unos ni a otros, sino que es lo
que viene dado por la naturaleza propia de las cosas y lo que es el
sistema educativo. Cuanto más nos aproximemos a la fecha del año 1990
más diferencias interregionales habrá. La implantación de un nuevo
sistema educativo, lo que muestra son, desde ese punto de partida,
carencias o deficiencias en unos territorios o en otros. Justamente
el punto de partida de un nuevo sistema, de una nueva estructura del
sistema educativo para lo que debe servir es para corregir esas
diferencias, esas desigualdades posibles. Lo que sí está claro es que
una vez corregidas, una vez llegado a la culminación, -y yo preveo
que esa culminación, tal y como está establecido en el calendario,
sea en el 2002- es posible que si no se articulan políticas
educativas de compensación interterritorial volverá otra vez el
declive y habrá diferencias. Es decir, hay algo que hay que prevenir
para el futuro, y ese futuro será a partir del año 2002, en mi
opinión. ¿Por qué? Porque ahora mismo todas las administraciones
educativas, y obviamente el Ministerio de Educación en su ámbito de
gestión también, están especialmente empeñadas con dos parámetros en
la lista, tenemos que aplicar unas nuevas enseñanzas, cuya práctica
estamos ya culminando, porque el año próximo se implanta el cuarto
curso de la educación secundaria obligatoria, por lo tanto
escolarización ya de alumnos hasta los dieciséis años, aunque
prácticamente estamos en tasas de escolarización casi total hasta los
dieciocho años, pero, en fin, eso es otra cosa. Quiere decirse que
ese parámetro de lista de aplicación de las nuevas enseñanzas lleva
aparejado la política de igualación de prestación de servicios, con
la dificultad que tenemos, que es la propia de un Estado
descentralizado, de territorios distintos con parámetros legítimos de
políticas educativas de planificación posiblemente distintas, aunque
afortunadamente en la actualidad sustancialmente iguales o por lo
menos con una base bastante similar.
Hay que procurar que a partir de lo que es la consolidación del nuevo
sistema educativo, aplicado ya con todo el calendario, no se
produzcan desviaciones, porque la tendencia siempre es a que se
produzcan desviaciones, no sólo en España, sino en cualquier país
descentralizado, por lo que hay que adoptar políticas de Estado.
Pero, ¡cuidado!, decir políticas de Estado es hablar de políticas en
las que las comunidades autónomas también son Estado, porque muchas
veces estamos hablando de Estado y parece que éste sea Presupuestos
Generales del Estado; me refiero a presupuestos del Estado y de cada
una de las comunidades autónomas con su responsabilidad, esfuerzo por
parte de todos para que ese sentido de solidaridad se aplique
realmente.
Los mecanismos institucionales para la corrección de desigualdades
interterritoriales están en el artículo 15 de la Lofca, por ejemplo,
o en cualquier otro que se pueda establecer para el futuro. El título
V de la Logse da pie para que se establezcan políticas de
compensación interterritorial. ¿Qué ocurre? Que posiblemente a partir
de una fecha no muy lejana -y yo la sitúo alrededor de ese término de
implantación de las enseñanzas- haya que hacer una reflexión conjunta
entre todos los responsables políticos de las comunidades autónomas
sobre la prestación de servicios básicos fundamentales, como es la
educación y la nivelación de servicios, nivelación que no quiere
decir igualdad absoluta, porque entonces estaríamos cercenando la
posibilidad de políticas educativas distintas. Pero hay que
garantizar ese denominador básico común a nivel de todo el
territorio.
- DE LA SEÑORA HERAS PABLO (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. (Número de expediente 181/002399.)
El señor PRESIDENTE: Tercera pregunta. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, doña María del Carmen Heras Pablo, para preguntar sobre
la situación de las transferencias educativas a la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Doña María del Carmen, tiene usted la palabra.
La señora HERAS PABLO: Me sumo, señor Mur, a la bienvenida que le han
dado mis compañeros y, sin más dilación, paso a hacerle la pregunta
objeto de esta petición.
Yo le he escuchado con muchísima atención en sus intervenciones
anteriores y créame si le digo que yo tenía mucho interés en tratar
este tema con un responsable del Ministerio de Educación. A mí me
parece que el responsable de Educación tiene unas características
especiales, es un profesional del asunto y, por lo tanto, cabe
atribuirle una sensibilidad mayor, incluso en temas de carácter
económico. Yo estoy un poco cansada de que desde hace algún tiempo se
nos dé una serie de explicaciones bajo el prisma siempre de las
cifras y de la economía, que deben regirse por unas determinadas
directrices. Por lo tanto, repito mi interés en que hoy tratáramos
esta cuestión hablando con un responsable de Educación; me parecía
algo importante, porque en este campo que nos ocupa no es solamente
el parámetro económico o los parámetros económicos los que han de
tenerse en cuenta, ya que la situación tiene diferentes caras,
diferentes matices, y todos ellos hay que considerarlos a la hora de
tomar una sabia decisión.
Yo lamento contradecirle, señor Mur, cuando usted ha dicho que el
proceso de transferencias va al ritmo que las comunidades autónomas
han marcado; al menos no es mi opinión. En el caso de Extremadura
tengo que decirle que no, que realmente esto no ha sido así.
Como muy bien ha dicho usted también, para que una cuestión tire para
delante, hablando coloquialmente, es necesario no solamente una
voluntad, sino la de todas las partes que están trabajando en el
proceso. No basta con hacer un discurso bonito diciendo que se
quieren unas buenas transferencias. Es necesario que esas
transferencias realmente se adecuen al gasto obligado por la Logse,
que es una ley, como todos sabemos, de rango superior, sobre todo
cuando se mira desde la perspectiva de una comunidad, como es la
extremeña en este caso, con unas características muy especiales.
Por lo que conozco, las transferencias siempre se han negociado sobre
la base de los presupuestos del año 1997, que fueron repartidos sin
criterios suficientemente explicitados, al menos en las primeras
negociaciones, y que con posterioridad se han ido incrementando con
relación a la evolución del PIB, lo cual, a mi entender, señor Mur,
invalida esos criterios de objetividad que usted ha marcado al
principio como criterios a tener en cuenta por parte de la
Administración central. Como sabemos todos no hay nada menos objetivo
que dar a situaciones distintas puntos de partida totalmente iguales.
Y me sirve en ese caso el ejemplo que usted mismo ha puesto cuando ha
hablado sobre el tema de formación profesional.
Si en algunas comunidades el tema de formación profesional sirve para
demostrar el interés del Ministerio de Educación y Cultura, en el
caso de la comunidad extremeña, como usted muy bien sabe, es uno de
los puntos de discordia, porque precisamente ahí los planteamientos
son bastante
diferentes y el mapa que tiene elaborado la consejería de Educación
extremeña no es aceptado por el representante ministerial que lleva
el asunto.
Por todo ello, señor Mur, yo le hago la pregunta del millón: ¿Cuál es
la situación actual, ahora mismo, de las transferencias educativas en
la Comunidad Autónoma de Extremadura? Y espero a que usted me
conteste para luego poder a mi vez replicarle si ello es así
operativo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mur.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Antes me he referido indirectamente a Extremadura, a
propósito de la pregunta relativa a Castilla-La Mancha.
Con los responsables de la consejería de Educación de Extremadura
posiblemente haya sido con los que más reuniones de grupos técnicos,
-no de ponencia técnica, que ha habido varias, sino de grupos
técnicos- se han celebrado desde julio del año 1997, en que se
constituyó la Ponencia técnica. ¿Por qué? Porque la Comunidad
Autónoma de Extremadura partió de un estudio de planificación
realizado por la propia comunidad de necesidades del sistema
educativo proyectado hasta el final de implantación de las enseñanzas
Logse. Evidentemente, este estudio de planificación llevaba una
valoración de costes que yo me atrevería a calificar -y permítame
usted la expresión, que la utilizo entre comillas-, como las cuentas
del Gran Capitán.
Esa expresión la empleé en algún momento también con algún
representante de la consejería de Educación. Una cosa es hacer un
estudio de planificación que se atenga a unos parámetros medios de lo
que es la prestación del servicio educativo en nuestro país, y otra
realizar una planificación, por entrar en un detalle, en ciclos
formativos de formación profesional, con una expectativa de atención
a grupos de menos de diez alumnos.
Mire usted, si la Comunidad Autónoma de Extremadura asume la
responsabilidad de llevar a cabo esa planificación que ha realizado,
que la tiene publicada, en papeles, una vez que asuma los traspasos,
yo le diría que va al colapso, a la bancarrota. No creo que
sensatamente estén pensando en llevar a cabo una planificación en
esos términos, porque sería totalmente irrealizable; y se lo digo
sinceramente. Lo puedo decir aquí porque lo he manifestado en otras
ocasiones. Tienen que revisarla. Yo entiendo perfectamente que es
legítimo, partiendo de esa hipótesis de que estamos iniciando una
negociación, y en ella las posturas tradicionalmente son pedir al
alza porque después vendrá el ajuste, pero ésa no es la metodología
en la que el Ministerio puede entrar. El Ministerio de Educación ha
presentado esa planificación que ha hecho, que puede tener o no la
conformidad de la otra parte, pero para eso se está, para discutirla.
Cuando las diferencias son tan grandes en esas dos concepciones de
planificación, difícilmente se pueden aproximar esas posturas.
Ahora mismo en esa planificación realizada por la Comunidad Autónoma
de Extremadura con esa implantación, -le pongo el ejemplo de los
ciclos formativos de formación profesional, tanto en grado medio como
en grado superior-, el Ministerio de Educación garantiza que al
menos con quince alumnos se crea un ciclo formativo. Pero que no se
rebaje esa cifra, porque estaríamos cometiendo un fraude; y le digo
un fraude por lo siguiente. Los ciclos formativos requieren un
equipamiento especial, unas condiciones materiales especiales,
costosas, y difícilmente se pueden crear centros para atender a muy
pocos alumnos con ese equipamiento; a eso se une que la situación, la
ubicación de ese mapa de ciclos formativos se hace en localidades
donde no se puede garantizar algo que es esencial, según la Logse,
para la nueva formación profesional, que es la formación en centros
de trabajo; es decir, que el alumno acuda a realizar prácticas, a
complementar su formación en una empresa. Estaríamos cometiendo un
fraude si a la población escolar española le ofreciéramos unos ciclos
formativos devaluados, tanto en equipamiento como en formación en
centros de trabajo. Sería mucho más rentable, -le pongo un ejemplo,
aunque sea esperpéntico-, poner un helicóptero al alumno a la puerta
de su casa y llevarlo a un centro en condiciones donde pueda recibir
la enseñanza de calidad. Sería mucho más rentable y mucho más
económico.
Con esto -y permítame usted que haya hecho esta descripción un tanto,
si quiere, caricaturesca de lo que está ocurriendo-, le digo que con
la Comunidad Autónoma de Extremadura hay que trabajar mucho en
equipo, discutir mucho, avanzar mucho contrastando datos de su
planificación y de la que tiene el Ministerio. Con datos en la mano
el Ministerio garantiza, con su planificación y la evolución del
coste efectivo con el modelo de financiación que tiene actualmente la
comunidad autónoma, la suficiencia económica para atender
holgadamente la aplicación de las reformas del sistema educativo;
holgadamente, quizá más ajustado que en otros casos en los que se
está aplicando el nuevo modelo de financiación. Pero el Ministerio de
Educación en esto no entra. El modelo de financiación que tiene la
Comunidad Autónoma de Extremadura es el que ha decidido ella, no el
que ha decidido el Gobierno ni, por supuesto, el Ministerio de
Educación. Los parámetros de recursos para una comunidad autónoma que
tiene garantizado un crecimiento del PIB nominal posiblemente tienen
holgura más en ciertos puntos que con otro sistema; pero ésa es una
decisión de cada comunidad autónoma. Ya se lo digo así. ¿Qué ocurre
como consecuencia de todo lo que estoy diciendo? Que en el caso de
Extremadura habrá que hacer un esfuerzo especial, yo creo que
apelando al sentido común, que me consta, por lo que lo conozco, de
los responsables de la consejería de Educación, realizando un estudio
riguroso y realista de cuáles son las necesidades del sistema
educativo en Extremadura, para llegar a unas posturas de encuentro
que permitan realizar el traspaso. ¿Voluntad del Ministerio? Ya le he
dicho: todas las reuniones que ha pedido la comunidad autónoma a
nivel técnico se han mantenido con ella. Toda la información que ha
pedido la comunidad autónoma se le ha facilitado. Posiblemente, la
consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura
disponga ahora mismo de datos concretos sobre el sistema educativo en
Extremadura en un grado superior al promedio de lo que suelen tener
la mayoría de las comunidades autónomas que están a punto de asumir
competencias en Educación. Tiene datos suficientes,
espero que con ellos en la mano, con el análisis riguroso, se llegue
realmente a una conclusión realista de lo que son las necesidades del
sistema educativo en Extremadura.
Por lo tanto, yo confío en que a partir del 13 de junio, reanudando
los trabajos del grupo técnico, se llegue a esa conclusión.
El señor PRESIDENTE: Segundo turno, más breve. Doña María del Carmen
tiene la palabra.
La señora HERAS PABLO: Evidentemente, el señor Mur explica la
situación desde el punto de vista técnico, como él la ve; pero no
puedo estar de acuerdo con él, sobre todo porque cuando habla de una
serie de temas, como puede ser el de formación profesional, es un
círculo vicioso: no proyectamos unos ciclos determinados porque falta
una condición y no llegamos a tener la condición porque no montamos
los ciclos. En algún momento alguien ha de tener la imaginación
suficiente, -no sé si el helicóptero pero la imaginación suficiente
para salir de ese impasse; si no, estaríamos todavía muy atrasados en
algunos aspectos, no en Extremadura, sino en otros muchos lugares de
España y del mundo.
El modelo de financiación, no es un tema que nos ocupa ahora, pero
también habría mucho que decir; entiendo que éste no es el momento.
El objeto de la pregunta que hacíamos, se refería a la información
que el día 23 de marzo nos ofreció el señor secretario de Estado para
Administraciones Territoriales, cuando informó en la Comisión de
Administraciones Públicas que las transferencias se iban a hacer, que
estaba ultimándose y que se llevarían a buen término en un plazo
mínimo.
Como para otros compañeros que también han intervenido aquí,
evidentemente la sorpresa de la comunidad ha sido grande, puesto que
partíamos un poco de esa premisa de que íbamos a intentar apremiar,
en el buen sentido, las reuniones y las negociaciones, puesto que así
se había manifestado por parte de los componentes de la Comisión
mixta de transferencias, que entendíamos que era la que tenía, por
así decirlo, la vela en este entierro. De hecho, en aquel momento el
secretario de Estado, lo he visto en las actas, calificó de muy
raras, de muy extrañas algunas consideraciones que se hicieron en la
Comisión, cuando ponían de manifiesto que había propuestas
contradictorias, entre el Gobierno central y el Partido Popular de
Extremadura, que es el partido que evidentemente sustenta al Gobierno
allí. A pesar de estas declaraciones del secretario de Estado hechas
en sede parlamentaria, nos encontramos en la prensa con unas
declaraciones realizadas desde el Ministerio de Educación, que es una
de las partes de ese grupo de ministerios que tienen que llevar a
cabo las transferencias, que de manera unilateral dice que se
paraliza el proceso de transferencias educativas por estar en período
electoral; esto lo hemos visto en la prensa. Es desagradable para la
comunidad extremeña, que esa información se haya sabido por los
medios de comunicación sin que la Administración central se haya
dirigido directamente a la Administración extremeña, que como usted
muy bien dice también es Administración de Estado y que es una parte
fundamental en el traspaso, advirtiéndola de estos propósitos.
Hay que decir que para nosotros no es nuevo, -independientemente de
que haya habido una serie de reuniones-, oír que ha habido varias
reuniones de tipo técnico, que han sido pedidas muchas veces por la
propia Administración autonómica, por la propia consejería de
Educación.
En ese sentido nosotros estamos un tanto disgustados, porque siempre
ha tenido que ser, según nuestro parecer, la Administración
autonómica la que ha solicitado esas reuniones, la que se ha dirigido
a la Administración central al objeto de no perder cierto hilo de
conexión y los contactos.
Partimos, como en otras muchas autonomías que no tienen las
competencias, de un deseo inicial por parte de la anterior ministra
de Educación de intentar llegar a unas transferencias educativas.
Pero la realidad ha demostrado que esos deseos iniciales se quedaron
en agua de borrajas, porque empezaron rápidamente las discrepancias y
por lo tanto la ralentización, el ir más despacio, quizá porque los
representantes ministeriales se dieron cuenta de que la negociación
parecía más laboriosa de lo que se pensaba en un principio, habida
cuenta de que en Extremadura todas estas cuestiones, que usted matiza
en un sentido negativo, según he creído entender, puesto que las ve
muy exhaustivas y excesivamente idealistas y utópicas, allí nos las
creemos, señor Mur. Creemos que la educación es un servicio
prioritario y que Extremadura necesita mucha educación y unos
traspasos educativos, y unos servicios educativos de primera calidad,
si queremos seguir desarrollándonos. No olvidemos que Extremadura
estaba en algunas cuestiones un poquito más atrás que otras
comunidades autónomas.
En ese sentido, nuestra impresión desde la comunidad autónoma es que
estas negociaciones han sido a trancas y a barrancas, como le digo,
muy ralentizadas, siempre a petición de una de las partes y con una
especie de sentimiento de desinterés por la Administración central,
que no se ajusta al deseo real de la comunidad autonómica. La
Administración regional de Extremadura sí desea las transferencias,
sobre todo porque de día en día aumenta el clamor de los ciudadanos,
que están viendo cómo el servicio educativo allí se está
deteriorando. Lo notan los padres, los profesores, los alumnos, los
profesionales en aspectos que daría vergüenza decir aquí en voz alta,
pero que existen en el día a día, que quizá es la forma más clara de
enfocar una cuestión: saber cómo va el día a día y cómo van las
cuestiones domésticas y cómo se resuelven.
Nosotros creemos que todo esto viene derivado del recorte tan
drástico, que paralizó totalmente el desarrollo de la Logse, mal que
les pese escucharlo. Del recorte tan drástico, repito, que se hizo
con los presupuestos del año 1997, del bajón tan brutal que se
realizó aquel año en capítulos y en programas específicos, que
también se han mencionado aquí y no voy a repetir, pero que ha sido
real y cierto, puede dar fe cualquier profesional involucrado. Al
mismo tiempo se aumentaron los conciertos con centros privados. Yo sé
que esto no les gusta oírlo, pero es verdad; se aumentaron los
conciertos con centros privados, y eso ha salido del bloque común,
por lo tanto hay que entender que eso ha salido de unos presupuestos
destinados a la educación pública.
Por todo esto, lo que yo le quiero decir, porque tampoco quiero
incidir demasiado en estas cuestiones, que son ya muy conocidas, es
que los ciudadanos extremeños estamos
preocupados realmente. Señor Mur, créame si le digo que estamos
preocupados y sensibilizados ante las transferencias educativas. En
Extremadura se ha firmado recientemente un pacto por la Educación.
Este pacto por la Educación lo han firmado los agentes sociales más
representativos de la comunidad con la Junta de Extremadura,
precisamente para intentar partir de un marco conceptual, de unas
líneas directrices en las que todos estuviéramos de acuerdo, para
lograr unas buenas transferencias. Se ha invitado a otras fuerzas
políticas y sindicales a unirse a este pacto e incluso el Parlamento
extremeño también ha aprobado una resolución incidiendo en estos
mismos temas.
Le digo todo esto, señor Mur, para que vea que no es pura teoría
cuando le hablo de que estamos preocupados por la cuestión; realmente
estamos sensibilizados, queremos las transferencias. Pero, claro,
queremos unas transferencias bien dotadas, que respeten, -no es lo
mismo que lo que usted ha dicho o al menos yo he creído entenderle-
algunas especificidades de aquella región. Estamos en un momento
político en el que todo el mundo pide que se respeten sus
particularidades, sus singularidades. Qué casualidad, en Extremadura
también vamos con la tónica general: pedimos que se respeten las
especificidades de la región. Pedimos que si se dice que se cree en
la Logse alegando que es una ley buena, etcétera, ese compromiso se
plasme en una dotación correspondiente al rango de la ley, como le
decía antes, que lleve consigo una correcta implantación de esa ley.
Sin recursos no es posible una buena calidad, con el voluntarismo no
es posible una buena calidad de la enseñanza. Hacen falta recursos
que apoyen la labor de todos los que intervienen en el proceso
educativo.
Cuando hacemos estas aseveraciones siempre tropezamos con lo mismo:
con el desconocimiento de cuáles son los criterios. Más allá de ese
adjetivo que ustedes le dan de objetivos, nos tropezamos con la falta
de conocimiento de cuáles son los criterios, comparativamente
hablando, que se han usado para otras comunidades autónomas.
Realmente, desconocemos cómo manejan ustedes esa objetividad que
usted aducía. Porque todo eso que usted nos ha dicho, desde el punto
de vista técnico, está muy bien, pero, repito, yo creo que en
educación eso importa, pero también otras cosas, ¿no?
Y sobre todo, nos encontramos totalmente descolocados con la postura
que mantiene el Partido Popular allí, en Extremadura. Y lo digo
porque el Partido Popular apoya al Gobierno de la nación. Nosotros
creíamos que el Partido Popular en Extremadura estaría deseoso de
servir de intermediario entre Madrid y la comunidad extremeña. Y nos
encontramos con que, al menos en apariencia, el Partido Popular de
Extremadura no pelea por los intereses de Extremadura, sino que se
deja atropellar sistemáticamente, tengo que decirlo claro, por los
intereses, porque siempre, en la negociación se pone del lado de la
Administración central; cuando hay disparidad de opiniones, se pone
del lado de la Administración central. El presidente Aznar dijo que
iba a considerar muchísimo a la comunidad extremeña y que iba a tener
con ella trato preferente. No queremos que tengan con nosotros un
trato preferente, lo que queremos es que se nos dé lo que sea justo
para nosotros.
Tenemos una duda desde el principio de toda la cuestión. Nosotros
recordamos que cuando se tramitó la Logse en el Parlamento español,
el portavoz popular de entonces, el que tuvo que intervenir por el
Grupo Popular, dijo: Nuestra intención es mejorar un proyecto que no
es el nuestro, que no lo ha sido nunca. Esto nos preocupa, señor Mur,
porque si realmente quien tiene que conseguir que la implantación sea
un hecho, que realmente sea digna, es alguien que no cree en ella,
que no cree en esa ley, tenemos cierto el enemigo en casa, porque
realmente, ¿cómo vamos a buscar los fondos? ¿Cómo vamos a financiarla
consecuentemente si no creemos en ella?
El señor PRESIDENTE: Señora Heras, le quedan diez minutos.
La señora HERAS PABLO: Sí, señor presidente, termino en seguida.
Por tanto, déjeme que le diga que dudamos de la formalidad demostrada
por los representantes ministeriales, sobre todo porque toman como
base datos no actualizados, criterios que realmente no creemos que
sean rigurosos. Pensamos que esto es un engaño manifiesto cara a una
verdadera política de negociación y de consenso. Fíjese que el propio
Partido Popular de la región reconoce que los datos manejados por el
Gobierno autónomo son correctos cuando habla de 75.000 millones más
30.000 más para inversiones en infraestructuras. Pero a nuestro
parecer se equivoca en el método, porque lo achaca todo a la
negociación, que habría que cambiar. Va un poco en línea con lo que
usted ha dicho, lo cual a nosotros no nos convence.
Señor Mur, yo le he hecho esta pregunta en sede parlamentaria, en
primer lugar, por la importancia del tema y, en segundo, porque puede
ser que aquí, con su contestación, se nos respete más a la Comunidad
de Extremadura. Repito, tal como van las cosas se están creando
agravios gratuitos, incluso en personas de allí que son votantes del
Partido Popular y que, como sigan así las cosas, van a terminar
también por no votarles.
El señor PRESIDENTE: Con brevedad, señor Mur, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Intentaré ser muy breve, aunque la intervención requeriría
una respuesta muy amplia.
El señor PRESIDENTE: Hoy son sólo cinco preguntas, y espero
sinceramente que la próxima vez que haya preguntas se circunscriban
exactamente a ellas y a las contestaciones. Pero hoy vamos a hacer un
poco la vista gorda, también con usted; aquí no hay criterios de
iniquidad. Diga usted lo que le parezca conveniente, señor Mur; si
quiere usted entrar en polémica, entre en ella. Tiene usted la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): No, creo que no es el caso entrar en polémica del detalle.
Vuelvo a decir que hay otras cosas que requerirían un
trabajo más metódico, con cifras, con cuantificaciones, para ver
exactamente no de qué lado está la verdad, sino cuál es la mejor
solución para nuestro sistema educativo y para ir adelante en el
proceso de traspasos. Lo que sí me preocupa de sus palabras es que
haya dicho que el Ministerio desprecia, no atiende a la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Mire usted, hay un principio de lealtad institucional entre las
administraciones, entre los poderes públicos, que se mantiene y se ha
mantenido siempre, con independencia del color del Gobierno. Nadie
desprecia a nadie; en una negociación de traspasos lo que se pretende
es llegar a un acuerdo, justamente para transferir unos medios, para
ejercer una competencia que tiene estatutariamente atribuida la
comunidad autónoma.
Usted me dice: la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene voluntad de
asumir los traspasos; no menos que la tiene el Ministerio de
Educación, se lo puedo asegurar, ni más tampoco. O sea, en ese punto
estamos totalmente de acuerdo.
Criterios. Mire usted, los criterios que el Ministerio de Educación
aplica para determinar el coste efectivo son absolutamente
transparentes. Ylo son porque hay unos Presupuestos Generales del
Estado, con una sección que es Ministerio de Educación, donde están
los programas y las partidas perfectamente identificados, donde a
cada comunidad autónoma se le dice la parte que le corresponde de
cada programa, y el agregado de cada una de las partes tiene que
cuadrar con la cantidad que figura en el programa. La comprobación de
que la parte que se le ha valorado a la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o a Castilla-La Mancha, o a Castilla y León, es la que
corresponde, la tiene perfectamente identificada, Le puedo decir que
hasta se están haciendo las comprobaciones con certificación de
nóminas, no con la valoración de lo que supone -y le estoy diciendo
la parte más importante que hay en una valoración de coste efectivo-,
no con la valoración de cuáles son las retribuciones de un número
equis de profesores, multiplicado por... y haciendo un cálculo
aproximado, sino con certificación de nómina mes a mes, viendo cuánto
ha supuesto esto en tal ejercicio, y la suma de eso es lo que se
valora.
Quiero decirle con esto que la transparencia en la cuantificación de
los datos para la valoración del coste efectivo es total y absoluta,
y están a disposición de la comunidad autónoma, que los ha manejado,
los ha utilizado, tanto la de Extremadura como cualquier otra. Cuando
a una comunidad autónoma se la convoca para una reunión es por
iniciativa del Ministerio o por iniciativa de ella. Normalmente, y en
eso coincido, en la mayoría de los casos es a iniciativa de ella,
pero esto tiene una explicación. Como son grupos técnicos de trabajo,
se le entrega a la comunidad autónoma aquella información que
requiere, información que suele ser de carácter técnico y muy
voluminoso; se le da a la comunidad autónoma con todos los criterios
y explicaciones que hacen falta. Ella la estudia, la analiza y no se
vuelve a tener la reunión hasta que nos dice: estoy en disposición ya
de ir comentando, concretando o pidiendo aclaraciones sobre la
información que nos habéis facilitado. Por lo tanto, el Ministerio no
toma la iniciativa de la convocatoria siguiente hasta que la
comunidad autónoma
no está en condiciones y en disposición de decir: he analizado total
y absolutamente todos los datos. Por eso, entre el Ministerio de
Educación y la Junta de Extremadura las relaciones han sido, y no
podían ser de otro modo, cordiales y de cooperación. Cuestión aparte
es que haya una discrepancia de fondo en la concepción de lo que debe
ser el sistema educativo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con que la Comunidad Autónoma de
Extremadura, como cualquier otra, pueda hacer una planificación de
todo lo que quiera, llegando al techo máximo de lo que considere
oportuno, porque los que estamos más o menos relacionados con la
educación siempre consideramos que todo lo que se dedique a este
aspecto es poco, insuficiente y queremos llegar a más. Pero una cosa
es ese planteamiento y otra el análisis estricto de la realidad de
cómo se utilizan los recursos que se tienen disponibles y cuáles son
esos recursos, para mantener de la mejor forma un sistema educativo
con esos niveles homogéneos de calidad.
Yo le vuelvo a dar datos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
porque justamente son donde está el punto fundamental de
discrepancia. Desde el año 1993, en que se empieza a aplicar la
reforma en cuanto a ciclos formativos de formación profesional, había
65 ciclos formativos, aprobados en el año 1995-96. En el año 1998-99
hay 155, se produce un incremento del 134 por ciento, por encima del
promedio de las comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio.
Para el próximo año se implantan 36 ciclos formativos nuevos en
Extremadura. Usted añada estos porcentajes y dirá: la situación y el
progreso que se produce en la implantación de enseñanzas Logse en la
Comunidad Autónoma de Extremadura está por encima del nivel medio. Yo
le doy razones y explicaciones; no estoy inculpando a nadie que
estuviera en esa situación, sino que tiene explicaciones, que se
pueden asumir más o menos, que serían cuestionables. Pero lo cierto
del caso es que se produce una curva ascendente en la prestación del
servicio en la Comunidad Autónoma de Extremadura como no se había
apreciado en años anteriores. ¿Que es deseable llegar a mucho más?
Evidentemente. Pero ¡cuidado!, una cosa es eso y otra un
planteamiento totalmente utópico, yo diría descabellado y -entiéndame
el término en ese sentido coloquial o familiar, si quiere-;
irrealizable.
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA, (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO),
SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A LA
COMUNIDAD AUTÓNOMADE CASTILLAY LEÓN. (Número de expediente 181/
002329.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta, de doña María Amparo Valcarce
García, que figura con el número 4, sobre las transferencias de
Educación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Doña Amparo, le recuerdo que entre las doce menos diez y menos cinco
tengo que levantar la sesión. En todo caso, si tiene usted menos
tiempo, delo por el exceso que han consumido sus compañeras. Estoy
convencido de que no va usted a entrar en polémica con ellas.
Tiene usted la palabra, doña María Amparo.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor Mur, bienvenido a esta Comisión de
Educación y Cultura. Ha sido muy aleccionador para nosotros que hoy
usted haya afirmado aquí que el escalonamiento en las transferencias
de Educación a las comunidades autónomas que faltan es muy negativo
para el sistema educativo, que puede poner en riesgo su viabilidad y
su equidad, y que haya añadido algo más. Usted ha dicho incluso que
dificulta el correcto funcionamiento del Estado autonómico. Y,
compartiendo estas afirmaciones suyas, nos preocupa y nosotros al
menos tenemos el «Diario de Sesiones» para fortalecer nuestro
razonamiento.
Llevamos tres años exigiendo al Gobierno el cumplimiento del pacto
autonómico de 1992. Nosotros utilizábamos los mismos razonamientos
que usted hoy aquí para justificar que era imprescindible que se
hiciesen las transferencias de educación en su conjunto a las
comunidades autónomas. Nos preocupa que en estos tres años el
Gobierno del Partido Popular haya sido incapaz de cerrarlas mucho más
cuando el nuevo ministro de Educación ha afirmado, en su primera
comparecencia en esta Comisión, que era el objetivo fundamental de su
departamento.
Por lo tanto, hay aquí un doble fracaso. Nos preocupa además que en
este doble fracaso no se estén explicando las razones. Desde Castilla
y León nosotros estamos especialmente preocupados y tenemos que
expresar el bochorno político que nos produce la parte que
corresponde a la comunidad. Por un lado, han sido incapaces de fijar
un criterio para la transferencia debido a la marginación de la
Consejería de Educación y Cultura, provocada sin duda por la falta de
liderazgo político de la consejera de Educación. Tomó las riendas en
su momento la consejera de Economía, que fue absolutamente incapaz de
llegar a ningún acuerdo, no sólo con las fuerzas políticas en la
Comunidad de Castilla y León, sino muchísimo menos con la comunidad
educativa de Castilla y León. Para nosotros nada extraño, dada la
inflexibilidad política de la consejera de Economía, que tuvo que ser
rápidamente sustituida en la negociación por el vicepresidente de la
Junta, señor Merino, que ha afirmado que las transferencias de
educación se harán en el 1 de enero del año 2000.
Lo cierto es que la negociación, en la parte que corresponde a la
Junta de Castilla y León, ha venido marcada por el oscurantismo y la
falta de transparencia. Por una parte afirman que el Gobierno central
ha ofrecido un coste de la transferencia de 167.000 millones de
pesetas. Desconocemos por completo cuál es la contrapartida que ha
ofrecido la Junta. Debo recordar que el señor presidente de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, el señor Lucas, valoraba ese
coste, antes del 3 de marzo de 1996, en 300.000 millones de pesetas.
Por lo tanto, dado que no hay más respuestas por parte de la Junta de
Castilla y León, nosotros le preguntamos al Gobierno, al que usted
representa hoy aquí, cuál es el coste de la transferencia a Castilla
y León y cuál es el estado de la negociación de esta transferencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero):
En primer lugar, yo quisiera puntualizar algo, porque no sé cómo
se han interpretado mis palabras al decir que el escalonamiento en
los traspasos en momentos distintos llegaba a un planteamiento de
ruptura de la equidad que cuestionaba el Estado autonómico o
repercutía en la construcción del Estado autonómico. Yo no creo haber
dicho eso y, si lo he dicho, lo retiro inmediatamente, porque de
ningún modo he querido decir eso. Lo que yo he querido decir es que
para el Ministerio de Educación, desde la perspectiva de su
autoorganización, es preferible que se realicen todos los traspasos.
Por una razón obvia, porque el traspaso en materia educativa lleva
aparejado, como en cualquier otra materia, la valoración de costes
indirectos y la adecuación de estructuras de la Administración
central al modelo autonómico. Es decir, las competencias de gestión,
por ejemplo, que viene realizando el Ministerio de Educación dejará
de ejercerlas en el momento en que se consuman todos los traspasos,
se termine el proceso autonómico. Mientras quede una comunidad
autónoma, hay que mantener parte de esa gestión, con lo cual se crea
una distorsión dentro de la organización del propio Ministerio. Es
preferible que consumemos el proceso de traspasos a todas las
comunidades autónoma y reorganicemos el Ministerio de Educación
adecuándolo al ejercicio de las competencias que le correspondan al
Estado. En una frase muy sencilla, muy simple o muy sintética he
querido decir eso y no quisiera que se interpretara de otro modo.
Faltaría más que el escalonamiento de los traspasos distorsionara
nuestro Estado autonómico; de ningún modo; o creara consecuencias que
atentaran contra principios de equidad. Si eso fuera así estaríamos
ya en una situación catastrófica, porque todos los traspasos se han
ido produciendo en todas las materias escalonadamente, y en
educación, desde enero de 1981 hasta ahora. Quisiera que mis palabras
se interpretaran en esos términos.
Respecto a lo que realmente nos ocupa, el traspaso de educación a
Castilla y León, yo le puedo asegurar que, tal y como he dicho antes,
ha habido contactos. Y me extraña una de las afirmaciones que ha
hecho, porque ha habido contactos frecuentes con la Consejería de
Educación a nivel técnico y se han explicado todos los detalles sobre
el sistema educativo en la comunidad autónoma, con independencia de
que, efectivamente, también la Consejería de Economía y Hacienda de
la comunidad autónoma haya intervenido. Como antes le dije, son unos
traspasos por parte de la Administración del Estado en los que
intervienen el Ministerio de Administraciones Públicas, el de
Economía y Hacienda y el Ministerio sectorial afectado por los
traspasos, y por parte de la comunidad autónoma, la Consejería
correspondiente que va a asumir las funciones y la Consejería de
Economía y Hacienda. Es decir, todos intervienen. Que en un momento
determinado parezca que tenga mayor protagonismo o que tenga mayor
actividad en esas relaciones o en ese proceso de acuerdo una
consejería que otra es independiente, con tal de que se llegue al
final de lo que se pretende, que es el acuerdo de traspaso. Pero
quiero que quede constancia aquí de que las relaciones con la
Consejería de Educación han sido frecuentes, han sido muchos grupos
de trabajo en reuniones técnicas frecuentes, intercambiando
información, tanto a nivel de lo que es sistemaeducativo y
funcionamiento en la Comunidad de Castilla
y León como de valoración del coste efectivo en cada uno de los
aspectos. Hasta tal punto que se ha llegado realmente a un momento de
aproximación máxima. Y digo aproximación máxima no porque sea una
negociación en la que se discute que esta partida tiene que subir más
o tiene que subir menos, sino porque con los datos del coste efectivo
había una aportación de datos por parte de la comunidad autónoma que
discrepaba en algo en capítulo 1 y capítulo 6, es decir, gastos de
personal y de construcciones. ¿En qué fase se está en ese punto?
Revisión de toda las certificaciones de haberes, de nóminas del
profesorado y personal de administración para ir cotejando dónde se
encuentra el origen de esas posibles diferencias en capítulo 1. Y en
capítulo 6, revisión de las obras programadas para el presente
ejercicio 1999, grado de ejecución a fecha de hoy y previsión de
ejecución a 30 de diciembre, con el fin de que el Ministerio intente
por todos los medios ejecutar todo lo programado para el año 1999.
Porque como S.S. sabe, el dinero destinado a la obra programada no
ejecutada dentro del presupuesto queda acumulado para la comunidad
autónoma. Normalmente, es muy difícil cumplir el presupuesto al cien
por cien en capítulo 6, porque surgen incidencias de autorización de
solares, de construcción, de demoras de los contratistas, etcétera.
Lo que se pretende con la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
y con todas, es que en el programa de ejecución de obras se llegue al
cien por cien. Es más, si hay alguna partida remanente no aplicable
en otro territorio de los que no se llega a un acuerdo, se hace
transferencia para adelantar obra en la medida de lo necesario, con
el fin de que al final el cierre del ejercicio 1999 esté al cien por
cien en capítulo 6, y en capítulo 1 esté totalmente puntualizado.
Salvadas esas discrepancias, que yo considero menores -menores porque
se refieren a datos objetivos, porque la nómina es la nómina y las
retribuciones del profesorado están ahí, y eso no tiene lugar a
interpretaciones diversas-, ¿que es complejo? Efectivamente, estamos
hablando de miles de funcionarios en una comunidad como Castilla
y León, con un volumen amplio, y que hay que ir punteando uno a uno. En
la medida en que la comunidad autónoma avance en ese detalle y
contrastemos datos con los disponibles a nivel central en el
Ministerio y en cada una de las direcciones provinciales, entiendo
que en un plazo no muy largo estará depurado el coste efectivo para
llegar al acuerdo de traspasos, porque las diferencias actualmente se
limitan justamente a eso que le digo de capítulo 1 y de capítulo 6.
El señor PRESIDENTE: Doña Amparo, para una segunda intervención más
breve, tiene usted la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor Mur, habrá comprendido usted que nos
va a volver a suceder lo mismo. Somos incapaces de saber cuál es la
oferta de coste efectivo que hace el Ministerio de Educación y
Cultura y somos incapaces de conocer cuál es la contraoferta que hace
la Junta de Castilla y León. Y para los castellanos y leoneses es muy
importante saber si el presidente de su comunidad mantiene la
cantidad de 300.000 millones que con tanta insistencia exigió al
Gobierno de Felipe González. Queremos saber si el señor Lucas es
igualmente exigente con el
Gobierno del señor Aznar. Y sobre todo queremos saberlo porque nos va
en ello algo tan importante como es la calidad de la enseñanza y el
traspaso de los servicios educativos en condiciones de calidad.
Nosotros, los socialistas, tengo que recordarle que en la negociación
de las transferencias exigimos algo tan elemental como estas tres
cuestiones. La primera de ellas, que se hagan de forma negociada; que
se hagan, en segundo lugar, con una financiación suficiente; y, en
tercer lugar, que la firma del acuerdo de transferencia garantice la
aplicación de la reforma educativa en condiciones de calidad. ¿Qué es
negociado? Pues mire, hay muchos ejemplos, y hoy aquí se han puesto
unos cuantos, de cómo se están haciendo las transferencias en otras
comunidades. Yo le voy a recordar el mismo ejemplo que ha puesto
nuestra portavoz. ¿Por qué razón en Castilla y León el Gobierno del
Partido Popular es incapaz de firmar un acuerdo con la comunidad
educativa, es decir, con los sindicatos de la enseñanza, con las
asociaciones de profesores y otros colectivos implicados en
educación, y también con la oposición parlamentaria? Ese pacto por la
educación es imprescindible y esencial. Se hizo en Madrid. ¿Por qué
no en Castilla y León? ¿Por qué no? Nosotros sentimos un profundo
agravio, nosotros sentimos que el Partido Popular está agraviando a
la Comunidad de Castilla y León en lo que se refiere a la negociación
de esta transferencia. Nos está agraviando.
En segundo lugar, nosotros decíamos: es imprescindible una
financiación adecuada. Y en una financiación adecuada es importante
conocer el montante global, cuál va a ser ese coste. Pero sobre todo
nosotros tenemos que recordar lo que ha sucedido aquí desde 1996. Yo
tengo que volver a recordarle lo que las diputadas de mi grupo que
han intervenido con anterioridad le han señalado. El presupuesto de
1996 efectivamente era un presupuesto prorrogado, como usted nos ha
recordado. Pero usted ha obviado decir que sobre él el Gobierno del
Partido Popular aplicó un recorte de 10.000 millones de pesetas. Pero
es que el presupuesto de 1997, teniendo como base el de 1996, cayó en
un 2,5 por ciento. Los presupuestos del año 1998 y los del año 1999
no han conseguido recuperar el gasto educativo en nuestro país. ¿Qué
ha sucedido en concreto en Castilla y León? Pues no sólo se ha visto
perjudicada, al igual que el resto de las comunidades autónomas, en
los recortes del año 1996, en la caída del 2,5 del año 1997 y en la
no recuperación de 1998 y 1999, es que además en el caso de Castilla
y León tengo que recordarle que en el capítulo 1 y en el capítulo 6
hemos sido especialmente maltratados por el Gobierno del Partido
Popular, sólo explicable en términos políticos por el entreguismo del
señor Lucas al presidente Aznar. Entonces, ¿qué es lo que ha
sucedido? Capítulo 6: de 4.500 millones, que era la media de las
inversiones en nuevas construcciones, en los centros, se ha caído
hasta 1.300 millones. Esto, señor Mur, imposibilita la aplicación de
la reforma educativa, sobre todo en los dos tramos más ambiciosos,
que son el de la secundaria obligatoria en concreto y la formación
profesional. En secundaria obligatoria usted sabe muy bien que
Castilla y León es la comunidad más afectada por la permanencia de
los alumnos del primer ciclo de secundaria en los colegios de
educación primaria.
Y ustedes no han sacado todavía sólo por razones electoralistas el
proyecto de centros integrados, que le supondrá un ahorro al Gobierno
central, pero sobre todo que pondrá en riesgo la calidad de la
enseñanza secundaria en Castilla y León. Lo mismo sucede con la
formación profesional, en la cual, según ha afirmado ya el señor
Nasarre, no habrá ni un 35 por ciento del mapa de formación
profesional.
Hoy usted ha hablado mucho de los mapas, y es que también su
predecesor, no el anterior, sino el anterior, el señor Nasarre, aquí,
en esta Comisión, dijo que ya no había mapa escolar. Nosotros, los
socialistas, dejamos un mapa escolar con la evolución prevista en
cada una de las comunidades. Ese mapa saltó por los aires, en
especial en Castilla y León. Ydesde luego, tanto en la aplicación de
la enseñanza secundaria como en el caso de la formación profesional.
En el capítulo 1, de personal, es especialmente grave, porque no sólo
ha habido una congelación de plantillas, sino que se han reducido los
recursos de los cupos provinciales. Por eso, señor Mur, este año, al
igual que en años anteriores, se han producido las situaciones que se
han producido, especialmente lamentables en el caso de León y de
Segovia, en fechas bien recientes, donde ni siquiera se puede
sustituir a los profesores que están de baja. Por eso es intolerable
lo que está sucediendo con la valoración que se hace de capítulo 1 y
de capítulo 6.
El señor PRESIDENTE: Doña Amparo, hay que darle cinco minutos al
señor Mur para que responda y tenemos que levantar la sesión, porque
no queremos incurrir en indelicadeza con nuestros invitados. Tiene
usted un minuto.
La señora VALCARCE GARCÍA: Creo que con un minuto me será posible
concluir.
Tengo que decirle, señor Mur, que es en capítulo 1, es en capítulo 6,
pero también en gastos de funcionamiento y en aquellos que se
refieren a los servicios complementarios. Permítame que le recuerde
que en Ávila este año no se pudo comenzar el curso escolar porque no
se pudieron firmar los contratos del transporte escolar.
Si no hay una valoración suficiente de las transferencias es posible
que no se firme. Para nosotros sería desde luego muy doloroso que se
firmara después del 13 de junio, porque ya no habría razones
electorales y porque poco importaría ya cuáles eran las razones
educativas de fondo que desde nuestro punto de vista imposibilitan la
firma de estas transferencias.
He de decirle que hay un modo de seguir transfiriendo fondos para
educación a las comunidades autónomas después de haber firmado. Somos
muchos los que creíamos que no era posible, pero el Partido Popular
nos ha dado una lección en los tres últimos presupuestos. Recuerde,
señor Mur, que a Canarias se le vienen transfiriendo 8.500 millones
de pesetas en cada ejercicio presupuestario para la construcción de
centros educativos de primaria y de secundaria. Nosotros lo hemos
denunciado como una razón que sólo afecta a la estabilidad del
Gobierno del señor Aznar, pero es muy positivo para el sistema
educativo de Canarias. Por lo tanto, no se preocupe, esa misma
fórmula se puede seguir aplicando, por ejemplo, a Castilla y León. Y
desde luego creemos que así se podrá recuperar la caída gravísima en
las inversiones de capítulo 6.
El señor PRESIDENTE: Señor Mur, para contestar lo más brevemente
posible, tiene usted cinco minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Me veo obligado a decirle que al día de hoy
desgraciadamente en la mayoría de las comunidades se ha producido un
descenso notable del número de alumnos. En el caso de Castilla y
León, los datos, por ejemplo, en secundaria, reflejan que ha habido
una disminución de un 8 por ciento, concretamente 8.215 alumnos. Pese
a esta disminución del alumnado, el incremento de dotaciones de
profesorado de secundaria ha sido de 459 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Es decir, disminuye el número de alumnos
y se incrementa el número de profesores. Usted me está hablando de
capítulo 1, esos son datos objetivos. Es que depende de cómo se
manipulen los datos. Son datos que están ahí, que están en plantilla,
y se puede decir, incluso con nombres y apellidos, la dotación que
hay en cada centro.
Hay una distinción clara entre la plantilla orgánica y los efectivos
reales que hay en cupo en cada una de las provincias, que son dos
cosas distintas. Si nos referimos a plantilla orgánica, estamos
haciendo un análisis teórico de lo que debe ser la plantilla de un
centro en su evolución, para evitar que haya desplazamientos de
profesorado que tenga plaza en propiedad después, que son cosas
distintas. Entiendo que los datos que usted está manejando son de la
plantilla orgánica y no de la plantilla real presupuestada y de
dotaciones de cupo. Le insisto: 8.215 alumnos menos, 459 profesores
más. Esto significa en capítulo 1 que, trasladado a lo que es sistema
educativo, en el año 1996-1997, la ratio número de alumnos por grupo
era de 27,85: hemos descendido a 25,44. Ya sabe usted que la Logse,
que en un momento determinado, como gran avance en la calidad de la
enseñanza, decía que el número máximo de alumnos por grupo debía
cifrarse en 30. Estamos en 25 y, posiblemente, en el curso próximo,
con datos de estimaciones que tenemos, este 25,4 del curso actual
disminuya en un punto. Quiere decirse que hay holgura suficiente en
la comunidad autónoma para atender perfectamente, con la financiación
que se le da de capítulo 1, todas las necesidades y mucho más del
sistema educativo.
Capitulo 6, inversiones. Aquí se está jugando a un equívoco continuo.
El equívoco es el siguiente. El crecimiento presupuestario que se ha
producido en los últimos años está dos puntos por encima (y estoy
hablando de promedio, no quisiera hacer referencia a 1996-1999, pero
inevitablemente tenemos que hacerlo así) del promedio de incremento
de presupuesto de los años anteriores. Yo entiendo y justifico que en
los años anteriores no hubiera crecimiento presupuestario por la
recesión económica, pero son datos reales que tenemos ahí y que son
incuestionables. Ha habido un crecimiento económico sustantivo
respecto a todo el período anterior. Como da la coincidencia de que
en todo ese período, desde 1991 hasta acá, estamos implantando Logse,
en capítulo 6 hay un esfuerzo importante de inversiones. ¿Por qué?
Porque el sistema educativo lo requiere
para adaptación de centros a las nuevas enseñanzas, fundamentalmente
construcción de institutos de secundaria -porque de primaria nos
sobran centros, lamentablemente- y formación profesional. ¿Qué ocurre
con esto? Que el esfuerzo inversor que se hace en capítulo 6 en el
año 1999 es extraordinario, es una punta de crecimiento coyuntural
por necesidades de aplicación de la enseñanza. Ala hora de hacer el
coste efectivo, da la casualidad de que esa punta de crecimiento que
es coyuntural se consolida como coste efectivo para la comunidad
autónoma para siempre. Quiere decirse que la comunidad autónoma que
recibe ahora mismo una valoración en capítulo 6 en razón de una
coyuntura del momento lo está consolidando para siempre, y cuando
termine el crecimiento de necesidades de construcción nueva, porque
termina, porque lamentablemente la evolución demográfica de nuestro
país está estancada, no necesitará nuevas construcciones y tendrá
unos recursos de capítulo 6 que serán valorados como coste efectivo y
que permanecen ahí con una financiación que además es incondicionada.
Esa es la holgura presupuestaria sobre la que se está planificando el
Ministerio; planificando, no estoy hablando de mapa escolar. El mapa
escolar es una expresión que utilizó en su momento el Partido
Socialista y que rápidamente borró, no quiso hablar de mapa escolar
porque no era mapa escolar, y lo digo porque intervine directamente
en esto. En un momento determinado se elaboró un documento al que se
denomina mapa escolar. Como aquello tuvo una conflictividad y una
controversia tremenda en las discusiones, estamos hablando del año
1991-1992, exactamente cuando los acuerdos autonómicos, entonces se
dijo: no, esto es una proyección dinámica de necesidades del sistema
educativo, que no es un mapa escolar, porque un mapa escolar evoca
una situación estática, no dinámica. Se lo digo por cuestiones
terminológicas.
El señor PRESIDENTE: Esta discusión la tendrán que mantener ustedes
en otra comparecencia. Por lo tanto, si quiere usted, dé alguna cifra
final y cerramos la sesión.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Mur
Montero): Respecto a ciclos formativos, ha habido un crecimiento de
231 ciclos formativos nuevos en la comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur, por su asistencia. Le
esperamos, tiempo hay, pueden ustedes pedir las comparecencias que
tengan por conveniente. Parece ser que no se va a disolver la
legislatura. Por lo tanto, hay tiempo.
Recordatorio a los portavoces: Tengan la amabilidad de suministrarnos
los nombres de los componentes de la subcomisión sobre los libros de
texto, para que podamos constituirla, a ser posible, incluso antes de
acabar este mes de mayo.
Muchas gracias a los servicios de la Cámara. Muchas gracias a los
medios de comunicación. Muchas gracias a los señoras y señores
diputados. Muchas gracias al señor compareciente.
Se levanta la sesión.
Eran las doce del mediodía.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Educación y
Cultura, del martes, 18 de mayo de 1999, no guarda la relación
cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los