CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 690



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO



Sesión núm. 40



celebrada el miércoles, 12 de mayo de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Morenés
Eulate) para informar sobre:



- Planes y posibles usos de cuarteles u otros equipamientos en vía de
desafectación o desafectados en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
convenios con los ayuntamientos o posibles participaciones en
consorcios urbanísticos. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001701.) ... (Página 198987
)



- El accidente producido en el término municipal de Barbate (Cádiz)
por un vehículo aéreo pilotado a control remoto (RPV) de las fuerzas
aeronavales de los Estados Unidos de América. A solicitud del Grupo
anterior (Número de expediente 213/000720.) ... (Página 19901)



Preguntas:



- Del señor Herrera Antonaya (Grupo Parlamentario Popular del
Congreso), sobre la aportación del Ejército español a las tareas
humanitarias realizadas con motivo de la catástrofe acontecida en
Centroamérica. (Número de expediente 181/002044.) ... (Página 19905)

Página 19898



- Del señor Marsal Muntalá (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
situación en que se encuentra el proceso de selección del helicóptero
de ataque para las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra.

(Número de expediente 181/002260.) ... (Página 19907)



- Del mismo señor diputado, sobre la situación en la que se
encuentran las negociaciones del Ministerio de Defensa con la
Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat sobre el futuro del acuartelamiento de Lepanto. (Número de
expediente 181/002263.) ... (Página 19909)



- Del señor Pérez Segura (Grupo Socialista del Congreso), sobre los
planes del Ministerio de Defensa sobre el futuro de los Castillejos
(Baix Camp). (Número de expediente 181/002266.) ... (Página 19910)



- Del señor Ibáñez Haro (Grupo Socialista del Congreso), sobre la
situación del proyecto del desvio de la línea de tiro de los
polígonos de experiencia Costilla y González Hontoria en el término
munnicipal de Cádiz. (Número de expediente 181/002442.) ... (Página 19910)



- Del señor Borreiros Fernández (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre razones de la enajenación y la liquidación de
contratos entre la Administración y la Empresa Nacional Bazán.

(Número de expediente 181/002247.) ... (Página 19912)



Se abre la sesión a las doce del mediodía.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (MORENÉS
EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:



- PLANES Y POSIBLES USOS DE CUARTELES U OTROS EQUIPAMIENTOS EN VÍA DE
DESAFECTACIÓN O DESAFECTADOS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS O POSIBLES PARTICIPACIONES EN
CONSORCIOS URBANÍSTICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001701.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión
de Defensa que, como conocen por el orden del día, consta de una
serie de comparecencias y preguntas, todas las cuales van a ser
respondidas por el Secretario de Estado de Defensa, don Pedro
Morenés, a quien damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión.

En primer lugar, con el número 1 del orden del día está la
comparecencia para explicar los planes y posibles usos de cuarteles u
otros equipamientos en vía de desafectación o desafectados en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, convenios con los ayuntamientos o
posibles participaciones en consorcios urbanísticos. Es una
iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida.

Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Buenos
día a todos, señorías.

Como conocen SS.SS., las sucesivas reorganizaciones de las Fuerzas
Armadas, y más concretamente del Ejército
de Tierra, han provocado una reubicación de unidades que ha tenido
como consecuencia el que determinados inmuebles, cuya titularidad
ostenta Defensa, hayan quedado sin uso. Asimismo, el avance en el
proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas traerá consigo
una reducción y concentración de personal, dejando de tener interés
para Defensa un número de inmuebles todavía no determinado. La
política presupuestaria del Gobierno, basada en la austeridad y en el
rigor en la contención del gasto público y en los mayores costes e
inversiones que van a suponer las Fuerzas Armadas profesionales,
abunda en la necesidad que tiene el Ministerio de Defensa de obtener
ya recursos económicos de los inmuebles que no sean necesarios con
objeto de descargar, en lo posible, la partida de Defensa de los
Presupuestos Generales del Estado.

Conviene señalar, sin embargo, que se trata de una tarea
evidentemente compleja. Así, por ejemplo, el origen diverso de las
propiedades obliga a un tratamiento distinto de cada inmueble en las
diversas fases de su gestión. En relación expresamente con la
Comunidad Autónoma de Madrid, debo empezar por decir que se mantienen
contactos con distintos ayuntamientos, entre los que destacan, por la
importancia de las posibles operaciones urbanísticas, los de Madrid y
Pozuelo de Alarcón, en relación con las zonas de Campamento y
Retamares, respectivamente. Como conocen SS.SS., las competencias
municipales en materia urbanística están encomendadas a las
administraciones autonómica y local y, considerando la calificación
dotacional que suelen tener los inmuebles de Defensa, es necesaria la
correspondiente negociación, vía Convenio, con los ayuntamientos y
comunidades, para asignar las calificaciones convenientes a las
citadas propiedades inmobiliarias, de forma que se permita su
introducción en el mercado, salvaguardando los intereses de las
partes intervinientes.

Las actuaciones más importantes del Ministerio de Defensa en la
provincia de Madrid incluyen el Plan Campamento,



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el Convenio firmado con el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad
Autónoma de Madrid y la venta de una serie de propiedades de gran
superficie. En lo sustancial los datos precisos más significativos
son los siguientes: Por lo que respecta al cuartel Capitán Guiloche,
de Vicálvaro, el día 4 de octubre del año 1990 se firmó un acuerdo
marco con el Ministerio de Educación, en virtud del cual se ha
instalado la Universidad «Carlos III» en una parte de sus terrenos.

El resto se encuentra en fase avanzada de reversión a los titulares
anteriores y enajenación directa a los colindantes en su caso. En
cuanto a la residencia de oficiales y suboficiales del cuartel
Capitán Guiloche en Vicálvaro, se ha firmado recientemente un
Convenio con el Ayuntamiento de Madrid para su transmisión a éste. El
parque de ingenieros, en Ciudad de los Ángeles, está en fase de
desafectación para ponerlo a disposición de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la posterior
negociación con el ayuntamiento para su venta. El parque central de
material de automoción en Villaverde es una propiedad procedente de
expropiación y está desafectado. La Gerencia realiza, en
consecuencia, todos los trámites pertinentes de depuración física y
jurídica, habiéndose realizado los expedientes de reversión
correspondientes.

La propiedad de los almacenes del Ejército del Aire en Vicálvaro se
está negociando en estos momentos con Aena para su posible
transmisión a este organismo. Sobre los terrenos de la popularmente
conocida como Dehesa de los Carabancheles, que en la actualidad se
denomina también con el nombre de Plan Campamento, se están haciendo
todos los estudios previos por parte del Cuartel General del Ejército
sobre las instalaciones que se van a abandonar y se está en la fase
previa de negociación con los ayuntamientos implicados. En
particular, en la zona donde estaba asentado el polvorín de
Retamares, en el monte Gancedo, están ya muy avanzadas las
negociaciones con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la
Comunidad Autónoma de Madrid para la firma de un Convenio.

En las propiedades denominadas El Pañuelo y La Bota, que forman parte
de los antiguos campos de instrucción en esta misma Dehesa de los
Carabancheles, una vez aprobada definitivamente la revisión del Plan
general de ordenación urbana de Alcorcón, se ha interesado la
correspondiente cédula urbanística con el fin de proceder a su
introducción en el mercado.

El inmueble de la calle Fortuny, número 4, está ocupado en la
actualidad por la Fiscalía General del Estado y se está en
conversaciones con el Ministerio de Justicia para su adscripción
definitiva a este Ministerio. La finca 9.366 de Pozuelo de Alarcón,
que forma parte del campo de instrucción y adiestramiento del
Regimiento de Caballería Villaviciosa, número 14, incluye 210.922
metros cuadrados que se han contemplado en el Convenio, al que antes
he hecho referencia, con el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad
Autónoma de Madrid, ya que necesitan nuevos accesos para la Ciudad de
la Imagen y Kinépolis. Ésta es, en definitiva, la situación
específica de los proyectos de infraestructura que tiene el
Ministerio de Defensa en estos momentos en Madrid.

El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, por el Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra.




La señora SABANÉS NADAL: Desde el Grupo de Izquierda Unida se ha
tratado de intervenir, a partir de nuestras posiciones en el ámbito
local, en lo que significaba la incidencia de los proyectos que se
planteaban sobre suelo público, concretamente en la ciudad de Madrid
y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero nuestros datos son
algo diferentes a los que se han dado hoy aquí. Nosotros planteamos
que en los 21 distritos de Madrid había superficies, que están
consideradas en el nuevo Plan general de ordenación urbana, de
9.722.661 metros cuadrados, con una posible edificabilidad lucrativa
de más de 3.600.000 metros cuadrados, y con un volumen de viviendas
importantes en lo que respecta a las diferentes actuaciones y que
afectan en este caso al Ministerio de Defensa.

Anosotros, teniendo en cuenta los datos que hoy nos ha aportado aquí
el secretario de Estado, nos gustaría tener una mayor precisión sobre
todas las actuaciones en los terrenos públicos del Ministerio de
Defensa. En concreto, nos gustaría saber -y si no puede aclarárnoslo
ahora le rogamos que nos sea enviada la documentación pertinente- la
situación de negociación por lo que afecta al denominado Plan
Campamento en el distrito de Carabanchel, que tiene una incidencia
importantísima porque afecta a dos millones de metros cuadrados.

Según nuestra información, existe un compromiso previo en esta
operación en la parte más importante, en uso lucrativo y en uso de
viviendas, con una edificabilidad importantísima en el número de
ellas, y queríamos que nos dijera exactamente cuál es la negociación
sobre los terrenos que están afectando a esta parte de la operación
Campamento; cuál es la intervención que va a tener Defensa en esos
proyectos y cómo está la situación del Convenio que, según nos ha
informado, está en vías de negociación; sin embargo, según nuestra
información, que la extraemos del propio Plan general de ordenación
urbana, no es que estén en negociación con el Ayuntamiento de Madrid,
sino que hay un plan formalizado de unas determinadas
características.

También quisiéramos saber la situación de propiedad en lo que afecta
al parque central de ingenieros de Villaverde y lo que significa la
posibilidad de intervención en esta zona de la ciudad de Madrid. En
todo caso, por lo que afecta al conjunto de los distritos,
fundamentalmente a la zona de la operación Campamento, a Carabanchel
y a Villaverde, quisiéramos tener los datos exactos, primero, de la
situación de la propiedad; segundo, de la situación que usted conoce
en este momento que pone en ventaja al Ministerio de Defensa, puesto
que la situación que afecta a los terrenos es la que es y se extrae
del Plan general de ordenación urbana; por tanto, la situación de
posibles convenios, que tienen una menor incidencia, porque los
planes están ya muy adelantados; tercero, cuál es la participación de
Defensa con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y, finalmente,
si nos puede dar con mayor precisión los términos del Convenio con el
Ayuntamiento de Pozuelo que, como ha explicitado, está a punto de
firmarse con los terrenos que afectan al Ayuntamiento de Pozuelo.

Para terminar, le pedimos, desde mi Grupo, que los datos que no nos
pueda dar aquí, y que afectan a convenios,



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a propiedades y a la situación exacta de todos los terrenos y los
bienes inmuebles en la Comunidad de Madrid, nos sean enviados



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, no voy a profundizar en
los aspectos concretos de la política de desafectaciones que se está
llevando a cabo en Madrid ni tampoco voy a inquirir sobre otros
aspectos concretos de dichas desafectaciones. Quisiera aprovechar la
oportunidad que nos brinda la petición de comparecencia del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida para poner sobre la mesa la
necesidad de desatascar la tramitación de un proyecto de ley que el
Grupo Popular presentó en esta Cámara en diciembre de 1996
proponiendo la modificación de la ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura, que creemos pondría una cierta racionalidad en toda
esta política de desafectaciones que se está llevando a cabo a lo
largo y ancho de nuestro país.

Me he entretenido en mirar qué ha pasado a lo largo de esta
legislatura y puedo decirles que ésta es la 33 iniciativa que
presentan los grupos sobre políticas concretas de desafectación. Esto
se produce porque la proposición que presentó en su momento el Grupo
Popular, que a mí me pareció muy interesante, está aquí atrancada, no
sé la razón, y nadie dice nada de por dónde va a salir. Quiero
recordar a los miembros de esta Comisión que la proposición, después
de muchísimas ampliaciones, tenía un plazo para emitir dictamen hasta
septiembre de 1998. Voy a rememorar las fechas: entrada en Comisión,
diciembre de 1996; emisión de dictamen, por última vez, septiembre de
1998. Estamos a mayo de 1999 y no sabemos qué pasa y mientras tanto
los grupos tienen que seguir reiterando peticiones en relación con lo
que está pasando con las políticas concretas de desafectación de
propiedades militares, algo que se debería resolver de una vez por
todas, porque no puede ser que a lo largo de esta legislatura hayan
tenido lugar 33 iniciativas para ver lo que está pasando en cada
provincia con las propiedades desafectadas, propiedades que ya no
tienen interés para Defensa. Yo estoy seguro de que todos o casi
todos los que estamos en esta sala compartimos la necesidad de esta
ley; el Grupo Parlamentario Socialista, por no hablar por los otros,
estaría encantado de tramitar la iniciativa que presentó en su
momento el Grupo Popular, y no entendemos por qué pasan estas cosas.

Aprovechando la presencia del secretario de Estado, a mi Grupo le
encantaría que, a raíz de la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida,
nos pudiera aclarar cuáles son los pensamientos que tiene el
Ministerio acerca de esta proposición, a ver si de una vez por todas
podemos ayudar a resolver esta política concreta de desafectaciones
sin necesidad de que todos los parlamentarios de cada una de las
provincias tengan que preguntar al secretario de Estado cuál es la
política concreta en cada uno de los edificios, de los terrenos o de
los acuartelamientos que ya no tienen interés para Defensa y que son
requeridos por las distintas iniciativas o instituciones públicas y
privadas de cada una de sus provincias.

El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, seguramente ya conoce los
términos del problema al que acaba de aludir, pero permítame
informarle a usted, y de paso a todas SS.SS., que, al estar esa
proposición de ley afectada por la ley de acompañamiento, que fue
aprobada en su momento, tiene una tramitación compleja, difícil y
estamos esperando a ver el dictamen que se emite para ponerla en
marcha. No obstante, S.S. tiene toda la razón, porque, efectivamente,
es una iniciativa que lleva paralizada mucho tiempo.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Herrera Antonaya.




El señor HERRERAANTONAYA: Señor secretario de Estado, como es lógico,
quisiera comenzar agradeciendo en nombre del Grupo Popular su
presencia ante esta Comisión y, sobre todo, sus explicaciones sobre
los planes y posibles usos de equipamiento militar en vía de
desafectación o desafectados de la Comunidad de Madrid. Asimismo,
quiero agradecer, cómo no, al presidente de la Comisión, la oportuna
explicación que ha dado respecto a la intervención del señor
Moragues, ya que me ahorra la mía. Evidentemente, es un problema de
procedimiento de la Cámara y ahí está, pero el interés de nuestro
Grupo, que fue el Grupo proponente, es que esa proposición de ley
salga adelante.

Como quiera que este tema es recurrente en esta Comisión, como bien
se ha manifestado antes, al menos en su planteamiento general
referido a distintas ubicaciones geográficas, muchas de las
consideraciones que se puedan hacer ahora por nuestro grupo son
consecuentes con las mantenidas desde hace tiempo y están recogidas
en los «Diarios de Sesiones», por lo que a ellas me remito. En
cualquier caso, quiero resaltar una vez más el apoyo de mi Grupo a
todas aquellas iniciativas del Ministerio de Defensa que, en
consonancia con lo expuesto en las leyes 28/1984, de 31 de julio, y
32/1994, de 19 de diciembre, permitan que la supresión o traslado de
determinadas unidades impliquen nuevos usos adaptados a las
necesidades ciudadanas, de los que puede ser un buen ejemplo la
creación de la Universidad «Carlos III», en Getafe, y también puede
permitir una mayor flexibilidad en la gestión de las infraestructuras
de nuestros ejércitos. Además, debemos tener en cuenta la importancia
que pueden tener en el proceso de profesionalización y modernización
de las Fuerzas Armadas los recursos generados por las enajenaciones
de instalaciones con interés económico cierto y que, por tanto, no
pueden ser cedidas gratuitamente.

En este sentido, y centrándome en el caso concreto de la Comunidad de
Madrid, se debe tener muy presente tanto el elevado número de
instalaciones militares susceptibles de ser desafectadas, o al menos
su volumen, como la importante carencia de suelo urbano que, como
recordaba hace unos días el vicepresidente segundo del Gobierno,
influye decisivamente en el incremento desproporcionado del precio de
la vivienda. Por tanto, nuestro Grupo considera imprescindible que se
agilicen al máximo desde la Gerencia de Infraestructura los procesos
de desafectación, enajenación y negociación del Convenio con los
distintos ayuntamientos y con el propio Gobierno de la Comunidad de
Madrid, especialmente en operaciones de la magnitud que tienen los
planes referidos a Campamento y Retamares,



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pese a que entendemos que en ocasiones pueden ser lógicas
determinadas demoras derivadas, más que de la naturaleza legislativa
del proceso, de los propios procedimientos, por ejemplo, los
procedimientos de subasta que rigen con carácter general las
enajenaciones de Patrimonio del Estado.

Por todo ello, señor secretario de Estado, simplemente quiero incidir
en la importancia de acelerar todos esos procesos. En ese sentido, y
en el que apuntaba el portavoz del Grupo Socialista de mejorar los
trámites legislativos, van a encontrar siempre la mano abierta del
Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Voy a
contestar a cada una de las intervenciones en el orden en que se han
producido.

A la señora Sabanés le diré que creo que he explicado claramente cuál
es la situación del proyecto Campamento. La realidad es que este
proyecto está en estos momentos en fase previa a la desafectación, es
decir, todavía está afectado a las Fuerzas Armadas, en concreto al
Ejército de Tierra, y mientras tanto lo que estamos haciendo es ir en
la línea de lo que apuntaba el diputado Herrera Antonaya: tratar de
prever cuáles pueden ser las utilizaciones de Campamento, algunas de
las cuales pasan por la propia gestión de la reversión de los
antiguos titulares, a otras por la gestión que tenga que hacer
Defensa de acuerdo con el marco legal en el que en estos momentos se
tiene que mover desde el punto de vista de la infraestructura. Por
tanto, del Plan Campamento no le puedo adelantar más, tan solo que,
efectivamente, seguimos con los trámites de desafectación con el
Ejército de Tierra de aquellas parcelas que se van quedando sin
utilidad para Defensa y a partir de ese momento comenzaremos a hablar
con los respectivos interesados, sean ayuntamientos, instituciones u
otras personas físicas o jurídicas.

Con respecto al tema del parque de ingenieros de Villaverde, la
situación precisa de este parque no la conozco en este momento, pero,
como S.S. me ha dado la oportunidad, le enviaré por escrito el
informe de cómo está ese cuartel en la actualidad.

Creo que en esta comparecencia se ha informado cumplidamente en
cuanto a las otras posibles propiedades, las importantes. No
obstante, podemos hacer un exhaustivo informe, de hecho ya lo hemos
elaborado y creo que se ha enviado en repetidas ocasiones a los
grupos parlamentarios la situación precisa de cuáles son los metros
cuadrados, la situación jurídica previa a la desafectación, las
propiedades desafectadas y en poder de la Gerencia, pero le reitero
que enviaré a S.S. el estudio que ya hemos mandado en otras
ocasiones, aunque adaptado al día de la fecha en cuanto a las
propiedades que tenemos en Madrid.

Quiero hacer una aclaración. Lo que nosotros tratamos de hacer desde
el marco de la gestión es agilizar al máximo la puesta a disposición
del mercado participado por los intereses particulares y generales
por las diversas instituciones, la puesta a disposición de la
sociedad, vamos a decirlo así, de los bienes que ya no son útiles
para Defensa, ya digo que dentro del marco jurídico que tenemos
establecido y teniendo en cuenta el fin político básico de poder
descargar el presupuesto de Defensa ordinario con lo que es la
gestión de
activos ociosos de manera eficiente, que yo creo que es la mejor
forma de cumplir con la tarea que tenemos asignada.

Al señor Moragues sólo quiero decirle que, efectivamente, el señor
presidente ha dicho ya cuál es el trámite, en lo que es una cuestión
interna parlamentaria; nos lo ha aclarado y creo que es manifiesta la
voluntad del Partido Popular de empujar ese proyecto hacia adelante.

Ese proyecto tiene que tener las características de no perjudicar, en
absoluto, lo que es un principio de gestión que viene de una ley que,
en su día, el Gobierno anterior estableció, y que éste comparte,
porque entiende perfectamente, salvo esos matices que presenta el
Partido Popular, que esta política de activos ociosos es lo mejor que
podemos hacer en estos momentos, repito, para que Defensa grave menos
a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, creo que el
trámite va por su línea y la gestión va por donde tiene que ir.

Creo que las preguntas de SS.SS. en relación con lo que hacemos con
determinados aspectos inmobiliarios específicos en cada región
española tienen relativamente que ver con la ley. Es decir, creo que
hay muchas preguntas de SS.SS. que van orientadas a saber cuál es la
particular gestión que se está haciendo, no ya por el hecho de la
ley, sino por el hecho de los intereses de los propios ayuntamientos,
que se manifiestan en esta Comisión en relación a si se puede acceder
a un determinado Convenio que tienen con ellos, etcétera.

Quiero decir que entiendo que la vinculación directa, inmediata y
necesaria entre la aprobación de la ley y las preguntas de SS.SS.

interesándose por los aspectos concretos de la política inmobiliaria
del Ministerio en las respectivas regiones españolas no encuentro que
sea al 100 por 100 precisa. Creo que en algunos casos sí tiene una
determinada vinculación, pero cuando se pregunta concretamente qué se
va a hacer desde el punto de vista de aquellos activos que no tienen
una utilidad económica cierta.

En cuanto a la intervención del señor Herrera Antonaya, quiero
agradecerle el apoyo que presta a la acción del Gobierno en este
asunto. Efectivamente, creo que en su día se discutió la sensatez de
impedir -sobre todo porque empezó siendo una manera de proteger no
sólo los intereses de la sociedad en relación con determinados
activos del Ministerio de Defensa- el deterioro del tiempo sobre esos
activos, al ser su gestión inmobiliaria, a veces, lo suficientemente
complicada como para que, no pudiendo el Ministerio dedicar recursos
suficientes a la guarda y cuidado de los edificios, éstos se
deterioraban, incluso desde el punto de vista estrictamente mercantil
que establecía la Ley de la Gerencia de Infraestructura, por lo que
incluso desde ese punto de vista podían perder más valor que el que
realmente se hubiese obtenido en el caso de que esos cuidados se
pudiesen haber mantenido.

Eso se podía solventar cediendo esos edificios a determinadas
instituciones políticas o sociales que les pudiesen dar una
determinada utilidad, aunque fuese una utilidad temporal parcial, y
en esa línea creo que estamos encantados de que el procedimiento
legislativo vaya hacia adelante.




- ELACCIDENTE PRODUCIDO EN ELTÉRMINO MUNICIPAL DE BARBATE (CÁDIZ) POR
UN VEHÍCULO AÉREO PILOTADO A CONTROL REMOTO (RPV) DE LAS FUERZAS
AERONAVALES



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DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.

(Número de expediente 213/000720.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2, comparecencia solicitada
también por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para
informar de un accidente producido en el término municipal de Barbate
(Cádiz) por un vehículo aéreo pilotado a control remoto (RPV) de las
Fuerzas Aeronavales de los Estados Unidos de América.

Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Hace,
aproximadamente, un año el señor diputado don Willy Meyer formuló una
pregunta similar, interesándose por un accidente aéreo que tuvo lugar
en el término municipal de Barbate en el verano de 1996.

Los órganos competentes en la actividad aérea de la zona realizaron
una investigación exhaustiva sobre este supuesto accidente,
incluyendo dicha investigación al Servicio de Operaciones Navales de
la Marina de los Estados Unidos, en la base naval de Rota,
constatándose que en dicha fecha no se realizó ejercicio alguno en el
que se utilizasen aeronaves no tripuladas.

Al recibirse esta nueva solicitud de comparecencia del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida se amplió la investigación
de años anteriores, encontrándose un incidente de características
parecidas a las que se refiere S.S. Dicho incidente se produjo a las
8.00 horas del 3 de septiembre de 1993 y, en efecto, una aeronave no
tripulada se estrelló en el municipio de Barbate. El impacto de la
aeronave se produjo en la zona conocida como Paternilla, en la finca
propiedad de don Salvador Sánchez, ocurriendo los hechos con arreglo
a la siguiente secuencia: aproximadamente, a las 7.50 horas de la
mañana del día 3 de septiembre del año 1993, los vecinos de la zona
denominada Paternilla escucharon un ruido producido por los motores
de un avión que volaba, al parecer, a gran altura. Este avión, según
los testigos presenciales, llevaba rumbo sur y al llegar a la
vertical de la casa de Ribera varió repentinamente el rumbo, girando
hacia el norte, y comenzó a perder altura a gran velocidad,
estrellándose segundos después en el punto anteriormente señalado.

La Guardia Civil de la 4.ª compañía y puesto de Vejer de la Frontera
montó un dispositivo de seguridad sobre los restos de la aeronave
hasta las 8.00 de la tarde. Aesa hora aparecieron sobre la zona dos
helicópteros norteamericanos tipo «HC-6». Uno de estos helicópteros
se posó unos instantes en las inmediaciones de la aeronave
siniestrada, reemprendiendo el vuelo inmediatamente. Tras este primer
aterrizaje, tomó tierra el segundo helicóptero, procediendo su
dotación a la recogida de los restos del aparato siniestrado.

Asimismo, se ha comprobado que el vuelo de reconocimiento del RPV, la
aeronave no tripulada que dio origen al accidente, estaba incluido en
las operaciones programadas durante la ejecución del ejercicio
anfibio hispanonorteamericano, «Phixblex-93», ejercicio que había
sido debidamente autorizado.

El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE:Muchas gracias, señor secretario de Estado por
su información.

Quiero decirle que nosotros, lógicamente, cuando se nos facilitaron
las fotografías del accidente inmediatamente hicimos esta pregunta,
porque nos sorprendía que un accidente de este tipo hubiese pasado
inadvertido, tanto para la opinión pública, en su momento, como para
las autoridades civiles de la zona.

Hicimos esta pregunta y ahora solicitamos esta comparecencia porque
sentimos una preocupación especial por todo lo que está significando
una cierta avidez de los servicios de inteligencia norteamericanos en
la recogida de información, no sólo desde el punto de vista de sus
operativos militares desplegados en Europa, concretamente en la base
aeronaval de Rota, sino también porque con el informe STOA, del
Parlamento Europeo, en la mano, nos damos cuenta de que la Agencia de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos está creando un problema muy
serio de interceptación de las comunicaciones telefónicas,
analógicas, correo electrónico, etcétera, que también fue merecedor
de una pregunta al Gobierno, por parte de este diputado, en cuya
respuesta el propio Gobierno reconocía que existe un vacío legal y
que sería necesario ir hacia un código de conducta internacional para
parar los pies a estas agencias muy ávidas de información, aunque
después cometan errores como el de la Embajada de la República
Popular China en Belgrado.

Indudablemente, nosotros creemos que hoy este tipo de vuelos de un
avión no pilotado y dirigido por control remoto es una pieza
fundamental en las guerras modernas. Se empezó a emplear en la guerra
de Vietnam y se ha utilizado en la guerra israelita contra los
palestinos, pero en tiempos de paz el uso de todo lo que son los
aviones de reconocimiento, en este caso el RPV, que, como saben SS.

SS., es un avión que tiene la ventaja de no ir tripulado y, por
tanto, no tiene el riesgo que pueda tener otro avión tripulado, que
lleva una cámara de filmación a todo tiempo, es decir, que puede
filmar en cualquier condición meteorológica e incluso puede llevar
infrarrojos, que puede volar a una altura muy baja y que puede entrar
en cualquier espacio a 200 kilómetros de donde es lanzado y recoger a
tiempo real toda esa información, en tiempos de paz, repito, ese tipo
de vehículos indudablemente tiene que estar siempre absolutamente
autorizado -en el caso de que sea así-, en cualquier tipo de
maniobras, por las autoridades españolas.

Nos sorprendió esa contestación a que usted hace referencia, la que
dio el Gobierno el 10 de junio de 1998, que decía: Por último,
señalar que no existen antecedentes de autorización a las fuerzas
aeronavales norteamericanas para realizar este tipo de ejercicio con
aeronaves no tripuladas. Lo decía el Gobierno, ahora usted me dice
que sí, que se autorizó, e indudablemente hay una contradicción que
tendríamos que resolver, porque, por la información de que nosotros
disponemos, el modo en que actuó el ejército norteamericano, en este
caso el personal que se desplazó en el helicóptero «Chinook», no se
corresponde con un método conforme a nuestro ordenamiento judicial, a
nuestras normas judiciales, porque cualquier aparato que caiga sobre
nuestro territorio indudablemente tiene que ser custodiado



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por la Guardia Civil, a la espera de que llegue la autoridad judicial
competente, investigue el tipo de avión, la carga que lleva, el
responsable o responsables de esa nave y si estaba autorizada. Éstas
son las obligaciones que se tienen (y, además, aplicando el sentido
común, no podría ser de otra manera) para garantizar la seguridad de
nuestro territorio y para tener la seguridad de que cualquier
vehículo, cualquier aeronave que sobrevuele nuestro territorio, si
cae, hay que comprobar qué tipo de nave es, qué tipo de carga lleva,
etcétera.

Yo creo que la impunidad con la que actuó el personal de las fuerzas
aeronavales norteamericanas suele ser ésta, a la que nos tienen
acostumbrados en Rota. Da la sensación de que Rota es como si fuera
un territorio de Texas y no es así. Los norteamericanos tienen que
ser conscientes de que están en un país que tiene unas leyes, que
tienen que tener la autorización siempre preceptiva para el
desplazamiento de cualquier nave o aeronave militar, especialmente
éstas, y que en el caso de que haya un fallo tienen que comportarse
conforme a nuestras leyes. Digo que ya estamos acostumbrados porque
tambien se produjo un accidente del barco mercante «J. J. Sister»,
que fue origen de una comparecencia, con una fuga de fuel-oil
impresionante sobre las playas de Rota, y el capitán se fue a Estados
Unidos sin rendir cuentas desde el punto de vista administrativo e
incluso penal sobre esa responsabilidad. Es decir, hay una cierta
impunidad a la que hay que poner coto. Éste es un tema muy delicado
porque, insisto, estamos hablando no de un avión cualquiera sino de
un avión que recoge información a todo tiempo y que, en tiempos de
paz, si se autoriza, que yo tengo mis dudas sobre si se debe
autorizar este tipo de vuelos, siempre tiene que estar supervisado
por el Gobierno y, desde luego, en caso de cualquier fallo, debe ser
incautado todo el material y puesto a disposición de la autoridad
judicial.

Tiene usted que comprender que entre la información que usted me ha
dado y la respuesta que me dio el Gobierno hay una contradicción
importante y yo no sé en estos momentos cómo resolverla. Pero
pensando sobre todo en el futuro, a mí me gustaría que en esta
intervención pudiera aclarar, en primer lugar, si siguen utilizándose
estos vehículos en las maniobras que se realizan conjuntamente con
las fuerzas aeronavales de Estados Unidos, concretamente de la VI
Flota; en segundo lugar, en el caso de que se sigan utilizando este
tipo de vuelos, si la Administración española dirige y se incauta de
todo lo grabado por estos vehículos; y, en tercer lugar, en caso de
accidente, si usted considera que la actuación que se tuvo en este
accidente es la que debe ser la habitual, es decir, no esperar a que
la autoridad judicial intervenga, no esperar a que se pongan a
disposición de las autoridades judiciales los restos del vehículo
para su identificación hasta saber exactamente la carga que lleva.

Nos gustaría saber si en el futuro se produjese algún accidente, en
el caso de que el Gobierno siga autorizando este tipo de vehículos,
si el comportamiento de las autoridades españolas va a ser el mismo
que tuvo en este accidente.

Termino, señorías, planteando que, para Izquierda Unida, la base
aeronaval norteamericana de Rota -la base de utilización conjunta,
como siempre me rectifican mis colegas del Partido Popular- debía
dejar de existir en lo
que se refiere a la presencia norteamericana. Esto no es nuevo para
SS.SS. Para Izquierda Unida el despliegue actual de las 26 bases que
tiene Estados Unidos en el mundo nos parece una exageración y creemos
que no es un modelo a seguir por ninguna de las grandes potencias que
existen o que puedan existir, y el papel que está jugando la base
aeronaval, incluso con la posible ampliación que ha requerido la
administración norteamericana para ampliar la base principal y el
muelle, después de la Cumbre de Washington, nos llena de gran
preocupación porque se está convirtiendo en una gran plataforma,
tanto de lanzadera física de vehículos navales y aéreos como en una
gran base de lo que es la guerra electrónica, la información, la
contrainteligencia, y eso nos llena de una gran preocupación. Si a
ello añadimos que es posible que se sigan produciendo estos vuelos
sin ningún tipo de control, porque por la información que usted nos
ha dado no existe ningún tipo de control, esa preocupación va en
alza.

Esperemos que en esta comparecencia seamos capaces de sacar en claro,
después de la información que usted nos ha dado y la respuesta del
Gobierno, si existían antecedentes de autorizaciónn o no a las
fuerzas aeronavales norteamericanas para realizar este tipo de
ejercicios con aeronaves no tripuladas.

Sus señorías tienen a su disposición todo el reportaje fotográfico
que, en su día, un vecino de Barbate muy amablemente me facilitó en
relación a las características del avión, el resto del fuselaje, la
cámara de grabación a todo tiempo, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Sánchez López.




La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Voy a ser muy breve porque nos gustaría que
no se trasladase a la opinión pública que este Parlamento ocupa
demasiado tiempo en analizar un hecho que sucedió hace seis años;
creo que ello no abunda en una imagen demasiado positiva de los
representantes populares.

Solamente quería decir que a nosotros nos alegra que, aunque sea un
año más tarde, el Gobierno haya decidido hacer su trabajo
correctamente y haya puesto todos los medios a su disposición para
responder a una pregunta, aunque extemporánea, realizada por este
Parlamento. Hace un año se contestó al señor Meyer que no había
pasado nada y ha tenido que volver a preguntar para que este Gobierno
investigue y dé una contestación correcta.

Según la información que nos ha facilitado el Gobierno, parece que
todo se realizó correctamente, que el avión siniestrado estaba
trabajando dentro de una maniobra perfectamente autorizada, y que
todo se realizó conforme a las leyes y a los reglamentos o, al menos,
así hemos creído entender. Por tanto, sólo nos resta decir que nos
alegra que, al final, esto quede absolutamente claro y, en todo caso,
nos gustaría que no se utilizara, por parte de ningún grupo, un tema
tan aislado como éste para traer a colación un debate que creemos
superado por la sociedad española y que se esté intentando que
rebrote el tema de OTAN, no; bases, fuera; yanquis go home. Nos
parece que si ése es un debate que se quiere volver a plantear a la
sociedad española, los grupos políticos están en su derecho de
hacerlo,



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pero que lo hagan con claridad y no trayendo a colación a este
Parlamento un incidente de hace seis años, por otra parte
perfectamente claro para todo el mundo y, según nos ha dicho el
Gobierno, también para nosotros. Insisto en que todo el mundo está en
su derecho de reabrir los debates que le parezca, pero intentando que
el Parlamento no quede en un lugar que no nos parece el adecuado,
tratando temas de hace seis años. Podemos debatir aquí, si el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida así lo considera, las relaciones con
la OTAN, las relaciones con los Estados Unidos, desde el punto de
vista de la defensa, en un debate que tenga ese nombre, pero no en
una comparecencia solicitada al hilo de un accidente que sucedió hace
seis años y con unas fotos que más parece que estamos hablando de un
expediente X que de algo que tenga realmente que ver con la defensa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ibáñez Haro.




El señor IBAÑEZ HARO: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del secretario de Estado, señor Morenés, en la Comisión. Mi grupo
entiende que la información que nos ha facilitado es adecuada,
suficiente y, sobre todo, bastante clarificadora de lo que ocurrió la
mañana del día 3 de septiembre de 1993. Ésta es la tercera vez, señor
presidente, que este tema de tan vital importancia para la provincia
gaditana viene al Congreso de los Diputados. La primera la contestó
el Gobierno, como se ha dicho anteriormente, el día 10 de junio de
1998, se publicó el 13 de agosto del mismo año y ya era
suficientemente clarificadora en su momento, puesto que era una
pregunta del portavoz de Izquierda Unida sobre ese accidente que
había ocurrido en el verano de 1996. Se le contestaba que,
efectivamente, en el verano de 1996 no se había realizado ningún
ejercicio en esa zona.

Pero, además, hay un último párrafo del Gobierno que es clarificador,
cuando dice que el uso de RPV, en su caso, siempre se contempla en el
marco de ejercicios nacionales o combinados, debidamente programados
y autorizados. Luego no existe ninguna contradicción entre la
pregunta y lo que se viene a contestar después de una segunda
investigación. Aquí se dice claramente que el ejercicio Phiblex-93
estuvo debidamente autorizado, con lo cual lo que hace es ratificar
la respuesta que da el Gobierno.

De todas maneras, con esta pregunta no se queda contento
y recientemente en concreto el 10 de marzo de 1999, comparece el
ministro de Defensa para otro tema, y nuevamente sale la pregunta,
que es contestada por el señor ministro en los mismos términos que
acaba de contestar el señor secretario de Estado.

Como muy bien ha dicho la portavoz socialista, esto ya se está
convirtiendo en un culebrón y esperemos que aquí se pare y que en la
segunda parte no venga el suceso de Palomares, porque nos estamos
retrotrayendo a accidentes de hace ya una década.

Ironía aparte, señor secretario, sólo nos queda reiterarle nuestro
agradecimiento por las respuestas y por la aclaración, una vez más,
del suceso de Barbate.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate):
Gracias, señorías, por sus intervenciones, que contestaré en el orden
en el que se han producido.

Al señor Meyer quiero decirle que tratar de demonizar este tipo de
aviones diciendo que sus capacidades son en sí mismas perniciosas no
me parece algo que responda a la realidad. Es decir, esos aviones se
utilizan, como S.S. ha descrito, en funciones militares de
importancia, casi nunca en funciones,como S.S. ha señalado, de
inteligencia, estratégica y no táctica, como es su real utilidad, y,
por tanto, nada más lejos que tratarlos de constituir en una especie
de esquema de gran espionaje que parece ser lo que S.S. sugería con
su intervención.

Hay que tener en cuenta -aunque creo que ha sido ya contestado por el
señor Ibañez, pero me gustaría incidir en esto- que la contradicción
no es tal. Se aprueban las operaciones anfibias y no los vuelos uno
por uno, como puede comprender perfectamente S.S., como no se
aprueban los vuelos de los aviones F-18 o de las otras utilidades o
de las salidas de los helicópteros o los desembarcos de los soldados
uno por uno. Nada más lejos de la buena gestión militar. Por tanto,
no debe de buscarse contradicción en lo que no hubo sino una
información directa a una pregunta específica, datada con una fecha
que S.S. esta vez no ha mencionado, pero que en su momento sí lo
hizo. Por tanto, se contestó entonces.

Al no tener fecha la pregunta que formula S.S. esta vez, es cuando
hemos investigado y ante la insistencia, perfectamente legítima y que
respetamos enormemente, de S.S. tratando de averiguar si se produjo
eso a lo largo de la historia, así se ha contestado, y no creo que
eso sea una contradicción, sino una información más precisa a una
pregunta más difusa.

En relación con la posición del Grupo de Izquierda Unida sobre la
base naval de Rota, S.S. ha dicho que no es una postura nueva y
verdaderamente no lo es. Sabiendo como sabe S.S. la posición del
Gobierno en relación con ese asunto, no pienso dar una contestación
distinta a la que ha dado el Gobierno. Por tanto, como la
contestación que voy a dar no añadiría nada nuevo, me atengo a la del
Gobierno, manifestada en repetidísimas ocasiones en este Parlamento.

En cuanto a la intervención de la señora Sánchez López, quiero
decirle que hace un año nosotros contestamos a lo que se nos
preguntó. Esta vez se nos ha preguntado otra cosa y hemos contestado
con una profundidad mayor. Los hechos ocurrieron, como S.S.

reconocía, cuando ocurrieron, se preguntaron cuando se preguntaron y
entonces y ahora creo que los hechos estaban perfectamente
legitimados por los acuerdos que existen con los Estados Unidos de
América y, por ello, se aprueban las operaciones. Ése es el ejercicio
de la soberanía, que consiste en aplicar las convenciones
internacionales que esa soberanía autoriza, que se hicieron con los
debidos requerimientos desde el punto de vista democrático. En ese
sentido, no tenemos otra cosa que decir, porque en cada momento hemos
contestado lo que se nos ha preguntado.

En cuanto a la intervención del señor Ibáñez, quiero agradecerle la
precisión que ha hecho, que me la ahorra a mí en relación con el
aspecto contradictorio. Nosotros,



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como Gobierno, estamos dispuestos a contestar tantas veces cuantas
haga falta a las inquietudes que SS.SS. tengan. Simplemente eso. (El
señor Meyer Pleite pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Aqué efectos, señor Meyer?



El señor MEYER PLEITE: Formulé dos preguntas al secretario de Estado
y me gustaría que se sustanciara la contestación de las dos
preguntas.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado creo que ha
contestado a sus intervenciones, y si a alguna no ha contestado será
porque le va a enviar alguna documentación.




El señor MEYER PLEITE: Formulé dos preguntas.

Le planteé, en primer lugar, si se sigue autorizando la utilización
del RPV por parte de las fuerzas aeronavales norteamericanas. Y, en
segundo lugar, si en caso de que exista un accidente como el que
ocurrió en esa fecha, se procederá conforme a nuestras leyes.

Comprendo que el resto de los grupos parlamentarios no le den
importancia a estos efectos, pero, desde luego, este grupo
parlamentario cualquiera que sea el vehículo aéreo que caiga sobre
nuestro territorio, cualquiera que sea la fecha en que se produzca el
accidente, exigirá que se proceda conforme a las leyes. Es decir, no
vamos a permitir que dos helicópteros lleguen y se lleven los restos.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Lamento
no haber contestado específicamente a esa cuestión por que creí que
en la propia contestación que he dado se incluía ese tema.

Estos vehículos que usted, ya lo he dicho al principio, considera en
sí mismos como elementos de una gravedad extraordinaria, lo que no es
en absoluto cierto ni desde el punto de vista militar ni por la
propia maldad, que tengan estos vehículos, he dicho que son elementos
de tipo táctico y que no se aprueban los vuelos uno por uno, sino que
se aprueban las operaciones conjuntas, como las operaciones que
realizan las fuerzas armadas extranjeras previo acuerdo con el
Gobierno, en la manera que se precise, o los acuerdos que aprobará,
en su caso, el Parlamento. Nosotros aprobaremos las operaciones y
este tipo de vehículos, le vuelvo a decir, tienen la función que
tienen.

No sé si en estos momentos se están utilizando estos vehículos, pero
en nuestros acuerdos no excluimos, salvo las exclusiones de otro
tipo, que evidentemente S.S. conoce, la utilización de este tipo de
vehículos que, como digo, tienen una utilización táctica, operativa y
no, como S.S. dice, para la creación de una red de espionaje de otro
tipo.

Este Gobierno cumple la ley, y este Gobierno exigirá el cumplimiento
de la ley. Nada más que eso. Creo que en la propia pregunta va
implícita la contestación. Nosotros exigiremos el cumplimiento de la
ley en cada momento.




- CAUSAS YEFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS
SANTABÁRBARAYBAZÁN, ASÍ COMO OBJETIVO
DE LA ENAJENACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y FÁBRICAS MENCIONADAS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000843.)



PREGUNTAS.




- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, SOBRE RAZONES DE LA ENAJENACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
CONTRATOS ENTRE LAADMINISTRACIÓN Y LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN. (Número
de expediente 181/002247)



El señor PRESIDENTE: La comparecencia número 3, ha sido solicitada
por el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Rodríguez Sánchez. Me
dijo al principio de la sesión que iba a intervenir en la Comisión de
Asuntos Exteriores. Así que, si no les importa, señorías, vamos a
posponer un poco esta comparecencia. La pregunta número 5, que trata
sobre el mismo tema, la vamos a acumular, a petición del Grupo
Socialista, por lo que pasamos al resto de las preguntas.




- DEL SEÑOR HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE APORTACIÓN DELEJÉRCITO ESPAÑOLA LAS TAREAS
HUMANITARIAS REALIZADAS CON MOTIVO DE LA CATÁSTROFE ACONTECIDA EN
CENTROAMÉRICA. (Número de expediente 181/002044.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, del señor
Herrera Antonaya, del Grupo Popular, sobre aportación del Ejército
español a las tareas humanitarias realizadas con motivo de la
catástrofe acontecida en Centroamérica. (El señor Fernández de Mesa
Díaz del Río pide la palabra.)



Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señor presidente, a los
efectos de estar enterado del tema. ¿A qué hora está prevista la
comparecencia?



El señor PRESIDENTE: No hemos fijado hora, le he dicho que le
daríamos un poco de plazo. Yo les propondría a SS.SS, si les parece
oportuno, dejarla para el final del orden del día, como hemos hecho
en otras ocasiones. No se trata de poner una hora concreta, sino de
dejarla para el final y si en ese momento el señor Rodríguez Sánchez
no está, quedará decaída.

Señor Herrera.




El señor HERRERAANTONAYA: Señor secretario de Estado, quizás a estas
alturas ya no esté de moda hablar de la catástrofe ocurrida el pasado
año en Centroamérica toda vez que el centro de atención informativa
se ha desplazado a los Balcanes como resultado de la tiranía del ejér
cito



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serbio. Puede resultar irónico que la bestialidad producida por
hombres pueda superar, incluso hacer olvidar en pocos meses, una gran
catástrofe natural de las dimensiones de las causadas por el huracán
Mitch, pero por desgracia es la realidad. En cualquier caso, mi grupo
considera importante seguir mirando permanentemente hacia
Centroamérica porque, una vez pasada la avalancha de solidaridad de
los primeros días, los efectos siguen presentes en la zona. A este
diputado le consta que el Gobierno español sigue trabajando en el
tema, como lo demuestra su presencia en la reunión del grupo
consultivo para el seguimiento de la catástrofe, que se celebrará en
Estocolmo las próximas semanas, o el incremento de dotaciones y
programas desde la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Por tanto, mi pregunta tiene como objeto, además de conocer en
profundidad la importante aportación del Ejército español en las
tareas humanitarias, hacer un reconocimiento a la también importante
labor que hace el Ejército español en este tipo de misiones y servir
de recordatorio a la necesidad de una cooperación sostenida en el
tiempo. Quisiera además felicitarle por la sensibilidad demostrada en
la planificación de las ayudas, al tener en cuenta no sólo las
necesidades de emergencia sanitarias y alimenticias, sino también la
instalación de puentes e infraestructuras necesarias para la vida
diaria de aquella región, la reconstrucción de caminos, la
instalación de potabilizadores, en definitiva, para devolver, en la
medida de las posibilidades, la vida a su estado natural.

Por consiguiente, señor secretario de Estado, le formulo la pregunta
que figura en el orden del día, deseando que nuestro Ejército tenga
que hacer el menor número de intervenciones de ese tipo, pero que
esté presente allí donde sea necesario.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): El
huracán Mitch en Centroamérica saben ustedes que ha tenido unos
efectos devastadores, tanto sobre la población como sobre su
infraestructura. En particular, Honduras y Nicaragua, El Salvador
y Guatemala han resultado especialmente afectados por el fenómeno, lo
que activó la urgencia de los mecanismos de solidaridad
internacional. La pérdida de vidas humanas, cifrada por ahora en
40.000 muertos, y los más de 3 millones de damnificados son datos que
hablan por sí solos. España, vinculada históricamente a
Hispanoamérica, demostró, una vez más, su solidaridad con estos
países enviando ayuda humanitaria de urgencia por vía aérea en los
momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe. Las Fuerzas
Armadas españolas, partícipes desde el primer día en todo lo que ha
significado ayuda humanitaria, han actuado de puente ante esa
respuesta del pueblo español.

El total de personal de nuestras Fuerzas Armadas que ha participado
en la operación ha sido de 757 hombres y mujeres. El Consejo de
Ministros aprobó en los primeros días de noviembre de 1998 la
concesión de ayuda humanitaria por valor de 1.600 millones de
pesetas, que se repartían en Centroamérica por medio del puente
aéreo. Los primeros vuelos efectuados por nuestras Fuerzas Armadas
tuvieron como objeto transportar la carga más necesaria
desde el punto de vista humanitario, como medicinas y alimentos. El
día 5 de noviembre comenzó oficialmente el transporte de ayuda a
Centroámerica con el envío a Managua de un avión C-130 del Ejército
del Aire, con 10 toneladas de ayuda humanitaria. Al día siguiente, 6
de noviembre, se desplazó otro avión a Managua y El Salvador con
otras 10 toneladas. Los días posteriores 7 y 8 de noviembre se
enviaron dos aviones más a Tegucigalpa y Guatemala. Al mismo tiempo,
el Gobierno ordenó el alistamiento del buque anfibio Galicia y se
pusieron en alerta otros aviones del Ejército del Aire.

El 13 de noviembre, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se
desplazó a la zona afectada por el huracán con objeto de tener
conocimiento de los hechos de primera mano. Viajó acompañado por el
vicepresidente primero del Gobierno, don Francisco Álvarez Cascos, y
se entrevistó con los presidentes de los cuatro países afectados.

También se reunió con las colonias de españoles en esos países y se
interesó por su situación. El 13 de noviembre de 1998, y a petición
de los gobiernos del área afectada, el Consejo de Ministros autorizó
la actuación directa de unidades militares españolas para facilitar
la entrega de ayuda humanitaria y contribuir a la reconstrucción de
la región. En ese mismo consejo se dio luz verde a un paquete de
medidas que ascendía a 27.500 millones de pesetas. Esta cantidad
correspondía, por una parte, a 18.500 millones de fondos de ayuda al
desarrollo y fondos de viabilidad, además de pagos de deuda de los
créditos FAD hasta el año 2002, estimados en unos 7.500 millones de
pesetas. Por otro lado, la compañía española de exportación acordó el
perdón de una deuda con los países centroamericanos de
aproximadamente unos 1.400 millones de pesetas. En días sucesivos se
emitieron las órdenes preparatorias y las directivas precisas para
regular la actuación de las unidades militares en Centroamérica, al
tiempo que tuvo lugar un nuevo desplazamiento de un avión C-130
Hércules a Tegucigalpa con otras 10 toneladas de ayuda humanitaria.

Es de señalar que, si bien los primeros vuelos transportaban la carga
más necesaria desde el punto de vista humanitario, como medicinas y
alimentos, los envíos posteriores fueron para intentar restablecer lo
más rápidamente posible la normalidad de los países. El personal y la
carga a bordo del buque anfibio Galicia, que zarpó el 22 de
noviembre, fue buena muestra de ello, porque se produjeron la
reconstrucción de un puente sobre el río Negro, vía principal de
comunicación entre Nicaragua y Honduras, que recayó sobre el Ejército
de Tierra y más concretamente sobre la unidad de ingenieros de
Salamanca. Se embarcaron 100 metros de puente tipo bailey en el buque
Galicia y se dispuso lo necesario para que, sin desatender al resto
de los países, se pudiese efectuar esta importante operación. También
se embarcó en el Galicia material de reconstrucción para hospitales,
siete plantas potabilizadoras facilitadas por Protección Civil,
alimentación infantil, medicinas, ropa, elementos de cocina,
conservas, etcétera, donadas por diversas empresas y organizaciones
particulares.

El 17 de diciembre abandonó la base naval de Rota el buque anfibio
Pizarro con 273 personas a bordo. Entre los días 2 y 15 de enero
descargó ayuda humanitaria en Nicaragua, El Salvador y Honduras. La
duración de la misión fue de 44 días y el número de personas
asistidas se elevó a



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736. Las toneladas de ayuda humanitaria repartidas en este viaje
fueron 400. El 8 de enero se inauguró el puente de la solidaridad
tendido sobre el rió Guausanle, que une Honduras y Nicaragua. Al acto
asistieron los presidentes de los dos países, ocho ministros, los
jefes de los ejércitos y altas autoridades. La unidad de ingenieros
que ha participado en esta tarea ha estado compuesta por unos
efectivos de 145 personas. Su objetivo fundamental ha sido realizar
trabajos de infraestructura viaria en Nicaragua y Honduras que
superaron los 100 kilómetros de caminos arreglados. Al mismo tiempo,
se efectuó una importante contribución sanitaria en las localidades
de trabajo. Además del puente de Somotillo, en Nicaragua, también se
ha instalado más recientemente un segundo puente en Juticalpa, en
Honduras, que fue inaugurado el pasado 27 de abril.

Una vez atendidas las necesidades más urgentes con los medios que
acabo de describir, el Gobierno consideró oportuno seguir manteniendo
el proceso de ayuda humanitaria mediante apoyos no urgentes. Así, el
pasado día 15 de marzo el buque anfibio Hernán Cortés abandonó la
base naval de Rota con ayuda de naturaleza no urgente y unos
efectivos de 259 personas. Entre los días 2 y 13 de abril descargó
ayuda humanitaria en Nicaragua y Honduras. La participación de las
Fuerzas Armadas españolas en este tipo de misiones se ha convertido
ya en un elemento -si permiten el calificativo- tradicional en estos
últimos años, una tradición que las honra y que facilita su
disponibilidad a participar con plena eficacia en las acciones
encomendadas. En el ánimo del Gobierno siempre ha estado presente la
idea de que las Fuerzas Armadas constituyen un valioso instrumento de
acción inmediata, imprescindible para este tipo de actuaciones, como
lo demuestran las circunstancias que dolorosamente vivimos estos
días. Desgraciadamente, las necesidades de los países en demanda de
ayuda humanitaria no cesan de producirse y después de la tragedia de
Centroamérica que acabo de referir, estamos siendo estos días
testigos de intervenciones de las Fuerzas Armadas en ayuda
humanitaria en Kosovo.




El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.




El señor HERRERAANTONAYA: Muy brevemente, señor presidente.

Simplemente, quiero decir que el pormenorizado relato de la ayuda
hecho por el secretario de Estado habla bien a las claras de la
importancia del trabajo de nuestro Ejército y hace sentirse bien
orgulloso de ese trabajo a este diputado, y está convencido que al
resto de la población española.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Quiero
agradecer las palabras finales del señor diputado. Nada más.




- DELSEÑOR MARSALMUNTALÁ, DELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAELPROCESO DE SELECCIÓN DEL HELICÓPTERO
DE ATAQUE PARA LAS FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

(Número de expediente 181/002260)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6, del señor Marsal
Muntalá, del Grupo Socialista: situación en que se encuentra el
proceso de selección del helicóptero de ataque para las fuerzas
aeromóviles del Ejército de Tierra.

Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Señor secretario de Estado, cuando fue
formulada esta pregunta, a finales de febrero, tenía un carácter más
genérico y no venía motivada por situaciones posteriores que estos
días están en primera página de los medios de comunicación,
especialmente en relación con una de las opciones posibles de
adquisición de este helicóptero de combate. Como digo, esto hace que
esta pregunta cobre un sentido más específico que el que podía tener
a finales de febrero.

Uno de los problemas que tiene nuestro Ejército de Tierra, y sobre
todo nuestras fuerzas de intervención rápida, tanto en acciones de
alta como de baja intensidad, es la necesidad de un apoyo aéreo
cercano. Este apoyo aéreo cercano normalmente viene dado por un
helicóptero de combate del que el Ejército de Tierra español no
dispone en este momento. Por tanto, una intervención en
circunstancias como las que podían darse en Kosovo u otras parecidas
supondría un problema para la intervención de nuestros soldados, ya
que tampoco otras opciones, como la utilización de aviones Harrier,
que también es una opción, dado su tipo de entrenamiento y de
dotación no permitirían este apoyo aéreo cercano. Esto convierte en
más actual la pregunta que hoy le formulamos.

El 30 de junio de 1997 usted mismo, en el Senado, explicaba que
estaban en estudio las posibles opciones. En aquel momento se estaban
estudiando cuatro posibilidades, que, posteriormente, quedaron
reducidas a las dos que realmente tenían más sentido, es decir, el
Apache y el Tigre. Durante los años 1996 y 1997, el Ejército de
Tierra realizó estudios para elevar al Ministerio un informe. Según
mis informaciones, el 7 de enero de 1998 el Ejército de Tierra envió
al Ministerio de Defensa su informe comparativo sobre los dos
modelos, en los que hacía un estudio exhaustivo desde cuatro puntos
de vista: la comparación de las plataformas, la comparación de la
logística, la comparación de las capacidades operativas y,
finalmente, la eficacia del sistema de armas en los dos modelos,
Apache y Tigre. En principio, el objetivo inicial era que pudiese
realizarse la adquisición del modelo que se decidiese a finales de
1998. Evidentemente, esto se ha retrasado y parece que podría ser
para principios del año 2002; sin embargo, le planteo esta pregunta,
dentro de la pregunta general: si hay ya una decisión sobre cuándo
puede ser posible la adquisición, al menos de la primera docena de
estos aparatos, sean los que sean. La falta de información, porque no
voy a decir oscurantismo, que no sería la palabra adecuada, o la
operación de informaciones que muchas veces son de radio macuto,
lleva a situaciones incluso un poco surrealistas, como que en una
publicación de carácter divulgativo, en fascículos que aparecen en
los quioscos cada semana, aparezca



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una información que textualmente dice: También las fuerzas españolas
(Famet) han demostrado interés por el Apache, que han preferido al
Eurocopter Tiger. Y sigue diciendo que está previsto que se recibn
doce AH-64 Apache hacia el año 2002, destinados en principio a la
base de Almagro, Ciudad Real. Es decir, que en una publicación, que
ni siquiera podríamos llamar especializada aunque tenga cierto grado
de especialización, se hacen ciertas conjeturas. Además, esa
publicación es traducción de una edición inglesa. Por tanto, los
ingleses hacen ciertas afirmaciones que esta Cámara, y creo que el
propio Ministerio, seguramente no están en condiciones de confirmar.

También deseamos que nos precise si la opción va a definirse en una
compra inicial de 24 aparatos, ampliable a 6 ó 12 vehículos más. En
este caso, si hablamos de alrededor de 30, estaríamos hablando de
unos costes de adquisición y apoyo logístico posterior que podría
situarse alrededor de los 150.000 millones de pesetas; por tanto, se
trata de cifras significativas. Al parecer, por los informes que
tenemos, el Ejército de Tierra se inclinaría por el Apache por
criterios de eficacia militar; sin embargo, existen otros factores,
como el industrial, que podrían inclinar la decidion hacia la fórmula
franco-alemana de Eurocopter, el Tigre, lo que posibilitaría la
participación industrial, que tampoco tendría por qué desdeñarse.

Últimamente hay otro elemento sobre la mesa que hace tal vez más
urgente nuestra petición de que el Ministerio tome una decisión -con
esto acabo, señor presidente-, y es que tanto Alemania como Francia
tomaran la decisión de encargar a Eurocopter la fabricación de 80
Tigres para cada país, es decir, 160 vehículos. Si se da esta orden
quiere decir que se pone en marcha el proceso de fabricación, y si la
opción española fuese finalmente la del Tigre, sería lo más lógico y
lo más rentable para nuestros intereses que la negociación se hiciese
rápidamente. Esto supone tomar una serie de decisiones, por algunas
de las cuales ya le he preguntado, y sobre todo la decisión
fundamental: ¿cuál va a ser la opción del Ministerio de Defensa, el
Apache o el Tigre? Todos estos elementos son los que nos llevan a
formular esta pregunta, señor secretario de Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Es
difícil añadir algo más a la brillante exposición que ha hecho S.S.

sobre la situación del helicóptero Apache. Lo que sí voy a hacer es
comentar y contestar su pregunta en un orden distinto al que S.S. la
ha planteado.

Evidentemente, la decisión más importante -siéndolo mucho la que se
refiere a qué tipo de helicóptero se comprará- es la económico-
financiera, porque 150.000 millones de pesetas suponen en el
presupuesto del Ministerio de Defensa un programa de los que
consideramos grande.

En cuanto a las informaciones, aunque S.S. lo ha matizado, el
Ministerio de Defensa no tiene absolutamente ningún oscurantismo. Al
revés, hemos manifestado desde hace tiempo cuál es nuestra posición
en el tema del Apache y hemos dejado una cosa muy clara: la decisión
que se adopte será la del Ministerio de Defensa, no la que tome una
unidad de las Fuerzas Armadas. Ese es
un tema evidente por las razones que usted apunta: Primero, porque
tiene una enorme incidencia presupuestaria en el presupuesto total de
la defensa. Segundo, porque como los programas de defensa tienen una
enorme incidencia, no sólo operativa sino también industrial, habrá
que sopesar cuáles son y se ha advertido a todos los ofertantes de
helicópteros que debe tener enorme redundancia industrial en la
mejora de la adquisición de tecnología por parte de España. Estoy
seguro de que ambas compañías -que son las que usted ha dicho y las
que hoy en día se barajan como suministradores de helicópteros de
combate- están trabajando en ello. Tercero, desde el punto de vista
de la defensa, probablemente lo más importante cualitativamente -no
cuantivativamente, como ya he explicado- es elegir el helicóptero que
tenga mayor eficacia operativa.

En ese sentido han venido haciéndose los estudios. Nosotros hemos
solicitado a los cuarteles generales, al cuartel general en este
caso, una evaluación operativa de los helicópteros, y en ella hay
unos determinados aspectos que hacen que la propia diferencia
existente hoy en día entre los dos helicópteros, que siendo dos
helicópteros de ataque no son iguales ni tienen las mismas
características, se definan dentro del ámbito operativo. Pero le
puedo asegurar a S.S. que ambas compañías han conocido exactamente
las necesidades operativas que tiene el Ejército de Tierra y ambas
serán responsables de atenderlas o no. Una vez que tengamos el marco
económico financiero suficiente para poder abordar este programa,
tendrán muchísimo que ver en la decisión final que se tome. Así pues,
lo operativo, lo industrial y lo económico será lo que marque la
decisión del helicóptero de combate.

Hay un aspecto que S.S. ha señalado que conviene matizar.

Efectivamene, cuanto antes mejor, en todos los sentidos: en el
operativo, en el económico y, desde luego, en el industrial, pero la
situación es la que es y tendremos que afrontarla. Ambas compañías
están jugando una baza muy fuerte en España porque, si bien el número
de helicópteros que finalmente seamos capaces de entregar a las
Fuerzas Armadas, al Ejército de Tierra en este caso, no es relevante,
si lo comparamos con las inmensas cantidades que de esas unidades
compran otros ejércitos, significa que tienen una importancia grande
desde el punto de vista estratégico entre lo que pueda ser el mundo
industrial norteamericano y el europeo. Esa posición también se
tendrá en cuenta, sin lugar a dudas.

Respecto a cuándo podremos empezarlo, creo que depende de aspectos
financieros que tendremos que estudiar a la luz de la capacidad
presupuestaria de los años futuros. Yo no me atrevería a darle una
fecha, pero sí le digo desde ahora que dentro de las prioridades, del
Ejército de Tierra -como ha empezado S.S. explicando-, està un
helicóptero de ataque, de combate, que es la pata coja -si se me
permite la expresión- en estos momentos del Ejército de Tierra y, en
consecuencia, es algo que afecta a la defensa de forma integral. Pero
esa decisión tendrá que venir avalada, como no podía ser menos, por
la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, que es quien, desde el
punto de vista operativo, conjuntamente con el ministro, establece
esas prioridades.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morenés.

Señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señor secretario de Estado
por las informaciones que nos ha dado y por las preocupaciones que
nos ha expresado, que nosotros también compartimos en líneas
generales.

Nuestra preocupación al formular la pregunta o incluso en este
momento con las nuevas circunstancias que se dan, no es tanto por la
rapidez con que deba llevarse a la práctica la decisión que se tome;
lo que nos preocupa es que el alargamiento en el plazo de la toma de
decisión crea una serie de inquietudes en los sectores afectados,
tanto en los que tienen que utilizarlo operativamente, Ejército de
Tierra, como en las industrias españolas que, según la opción que se
decida, van a tener una participación. Este alargamiento en la toma
de una decisión da lugar a especulaciones mayores o menores, algunas
de carácter muy circunstancial, incluso si se quiere cómicas -entre
comillas-, como aquella a la que hacía referencia en mi primera
intervención, especulaciones que pueden crear problemas.

Nosotros querríamos instarle a que se tome una decisión. Se podrán
adquirir en el 2002, en el 2003 o en el 2004, será uno u otro, pero
se debería hacer lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta el
marco de posibilidades económicas y el marco de prioridades genéricas
en las Fuerzas Armadas y más concretamente en el Ejército de Tierra.

Se debe tomar una decisión sobre estos aspectos porque alargarla
puede dar lugar a especulaciones e inquietudes, que no son buenas
para nadie. Tenemos la obligación, especialmente el Ministerio de
Defensa que es quien debe tomar la decisión, de hacerlas desaparecer
lo más rápidamente posible.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate):
Compartimos plenamente la necesidad de tomar una decisión cuanto
antes sobre aspectos, aunque sean parciales, de este programa. Debo
decirle que, hemos trabajado intensamente durante estos dos años para
poderla tomar y, si no la hemos tomado,no es por que sea un aspecto
que concierna únicamente al Ministerio de Defensa, cuyo escenario
presupuestario tenemos que establecer, sino a dos aspectos
importantes que tiene una decisión de este tipo: uno, el aspecto
operativo, con un helicóptero definido y otro por definir; y otro, el
aspecto que afecta más al tema industrial; es decir, a las empresas
por las que, después de un proceso de selección, hemos optado les
cuesta -y lo digo claramente- definir el ámbito de cooperación
industrial y nosotros tenemos absolutamente claro que los programas
militares, sobre todo en situaciones como las que, afortunadamente
tenemos ahora, a pesar de incidentes parciales en los que nos vemos
involucrados, nos permiten tomar decisiones que no vengan basadas
simplemente en uno de esos aspectos.

Permanecemos en constante vinculación con las empresas
suministradoras, pero no vamos a tomar ninguna decisión que pueda
interpretarse que está basada en la prisa, porque eso irá
directamente en contra del escenario económico e industrial. Como
afortunadamente la situación nos
lo permite, trataremos de llevar a buen puerto una misión indirecta
que tiene la defensa, pero importantísima, que es el impulso de la
alta tecnología industrial en este país, que en este programa tiene
mucho que ver con la incidencia de la cooperación que seamos capaces
de conseguir del programa, y en eso estamos.




- DELSEÑOR MARSALMUNTALÁ, DELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA
SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LAS NEGOCIACIONES DEL MINISTERIO DE
DEFENSA CON LA GENERALIDAD DE CATALUÑAY ELAYUNTAMIENTO DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT SOBRE EL FUTURO DE ACUARTELAMIENTO DE
LEPANTO. (Número de expediente 181/002263)



El señor PRESIDENTE: Pregunta numero 7, también del señor Marsal
Muntalá, sobre situación en que se encuentran las negociaciones del
Ministerio de Defensa con la Generalidad de Cataluña y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat sobre el futuro del
acuartelamiento de Lepanto.

Señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Entre las instalaciones desafectadas en
Cataluña, y concretamente en Hospitalet de Llobregat, una de las más
importantes es el acuartelamiento de Lepanto, por varios motivos:
sigue siendo una de las instalaciones que queda y no sería correcto
decir en el centro de la ciudad, pero sí en una zona urbanísticamente
importante dentro del municipio de Hospitalet, pero ya en una
frontera con el municipio de Barcelona y en una situación de un
desarrollo urbanístico importante. Por tanto, esta instalación no es
de una dimensión económica urbanística insignificante, sino muy
importante.

Hace ya varios años, con el anterior Gobierno, empezaron las primeras
negociaciones, primero con el Ayuntamiento y posteriormente, con la
Generalitat de Catalunya, que mostró su interés en la adquisición, al
menos parcial de este equipamiento, lo que dio una nueva dimensión a
estas negociaciones. La verdad es que van pasando los años, están
abiertas las negociaciones con la Consejería de Justicia de la
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento está expectante, porque
tampoco quiere interferir en el resultado de estas negociaciones, su
voluntad es cooperar en lo que sea posible para un buen resultado, y
los hechos se están alargando excesivamente. Esto nos ha llevado a
presentar esta pregunta para que nos exponga en este momento en qué
situación se encuentran las negociaciones con la Generalitat y cuáles
son las perspectivas. Y, tal vez, si esto se encuentra en una
situación sin salida, habrá que buscar fórmulas para llegar a una
salida efectiva, ya que el Ayuntamiento cree que existen soluciones y
solamente su voluntad de no interferir en los aspectos de negociación
entre el Ministerio y la Generalitat, lo llevan a una cierta
prudencia. Pero si no avanza será necesario tomar ciertas decisiones
para desencallar una situación sobre la que tienen interés el
Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Hospitalet.

Indirectamente, el Ayuntamiento de Barcelona



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también tiene gran interés en dar una solución definitiva al futuro
de este acuartelamiento de Lepanto en la ciudad de Hospitalet.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA(Morenés Eulate): Conoce
S.S., porque así nos lo ha explicado en el planteamiento de su
pregunta, la situación del acuartelamiento. Fue puesto a disposición
de la Gerencia en enero de 1996. Antes de esa fecha se mantuvieron
conversaciones con los ayuntamientos de Barcelona y de Hospitalet,
dado el interés que tenían estas dos instituciones y toda vez que la
propiedad se ubica en sus términos municipales, llegándose a firmar
el 20 de diciembre de 1995, como nos informaba S.S., un preconvenio
con ambos ayuntamientos para realizar estudios urbanísticos que
dieran satisfacción a todas las partes intervinientes. No obstante,
la entrada en las negociaciones de la Consejería de Justicia de la
Generalidad, con sus proyectos sobre un futuro campus judicial, restó
protagonismo a las corporaciones municipales que, como S.S. señalaba,
cedieron el interés en la Generalidad para ver cómo se podría
sustanciar ese interés, valga la repetición, de la institución
catalana en el cuartel. Durante los años 1996 a 1998 se han mantenido
conversaciones con la citada Consejería de la Generalidad, llegándose
a cruzar borradores de convenios sobre el acuartelamiento entre la
Administración central y la autonómica. La Gerencia, de
Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa continúa trabajando con
estas instituciones locales, con las tres, para llegar a acuerdos que
permitan la conversión de este activo ocioso en lo que es el fin de
la Gerencia la infraestructura y el equipamiento. Existen algunas
dificultades presupuestarias en la Generalidad para llevar adelante
el proyecto que teníamos definido con las tres instituciones. Hemos
urgido a la Generalidad con fecha para que nos diga cuál es su
postura definitiva, teniendo en cuenta dos factores importantes:
unola financiación de la defensa y, otro, el deterioro de las
instalaciones que no podemos mantener sine die y sin cuidado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Querríamos exhortarle para que, en el mejor
sentido de la palabra se realice la mayor presión posible para que la
Generalitat tome una decisión y se pueda llegar a un acuerdo. Ha
introducido usted un elemento importante, el deterioro de estas
instalaciones, que es evidente día a día. Sin necesidad de entrar en
el edificio, sólo pasando por su lado y teniendo en cuenta que
atraviesa una importante arteria de comunicación en Barcelona, es
evidente para todos los ciudadanos el deterioro que se está
produciendo.

En el caso de otra instalación de características importantes y de un
coste significativo, el Hospital Militar de Barcelona, últimamente se
ha formalizado un convenio. No sé si se podría llegar a esa fórmula
con la Consellería de Justicia de la Generalitat para desbloquear la
situación. Sepa que por parte de los ayuntamientos existe el máximo
interés en colaborar con la Generalitat para encontrar una salida
definitiva, si no es posible con la Generalitat encontrar otra salida
que tenga en cuenta los intereses de los dos ayuntamientos. Este
grupo tiene gran interés en que se encuentre una solución y le
exhortamos para que este asunto no se alargue más en el tiempo,
porque si no la situación de desgaste del edificio puede llevar a un
final nada bueno ni para los intereses del Ministerio ni para los
intereses de los ciudadanos de Hospitalet y de Barcelona.




El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): En esa
línea venimos trabajando y en el mejor de los sentidos de la palabra
presión que sugería S.S. es en el que el Gobierno se ha puesto en
contacto con la Generalidad de Cataluña. Yo creo que en un corto
plazo seremos capaces de conocer la posición definitiva de la
Generalidad en este aspecto. Nosotros somos enormemente flexibles
para abordar un problema que entendemos que no es menor, porque el
cuartel de Lepanto es una unidad enorme desde el punto de vista del
inmueble, y por tanto seguimos abiertos a ello.

No sé si es extrapolable el sistema que hemos utilizado en el
Hospital Militar de Barcelona, evidentemente, no en todas sus partes,
porque cubre varios aspectos, pero sí le digo a S.S. que trabajamos
en ello no solamente con insistencia sino con plazo. Por tanto, en el
momento en que haya definición por parte de quienes están interesados
en si es definitivo o no y si se puede sustanciar en un determinado
plazo, si fuese así seguiríamos en la línea en la que estamos
trabajando con las tres instituciones y si no seguiríamos trabajando
con los que quisieran seguir en esa línea.

En cuanto al deterioro del edificio, no es algo que el secretario de
Estado compareciente aporta al edificio, sino que es la propia
circunstancia de la temporalidad, siempre proclive a la degeneración.




- DEL SEÑOR PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, SOBRE PLANES DELMINISTERIO DE DEFENSA SOBRE EL FUTURO DE
LOS CASTILLEJOS (BAIX CAMP). (Número de expediente 181/002265)



El señor PRESIDENTE: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha
retirado la pregunta que tiene el número 8 en el orden del día y ha
pedido el aplazamiento para otra sesión de la número 9.




- DELSEÑOR IBÁÑEZ HARO, DELGRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE DESVÍO DE LA LÍNEA DE TIRO
DE LOS POLÍGONOS DE EXPERIENCIA COSTILLA Y GONZÁLEZ HONTORIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁDIZ. (Número de expediente 181/002442)



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El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la pregunta número 10,
del señor Ibáñez Haro, sobre situación del proyecto de desvío de la
línea de tiro de los polígonos de experiencia Costilla y González
Hontoria, en el término municipal de Cádiz.

Señor Ibáñez.




El señor IBÁÑEZ HARO: Señor secretario de Estado, los polígonos
Costilla y González Hontoria tienen su origen en aquella batería de
experiencia del viejo polígono de Torre Gorda, de 1857. Este polígono
ha venido funcionando a lo largo de este siglo y ha constituido una
servidumbre para la zona de Cádiz, concretamente para la de San
Fernando y los caladeros de Barbate, Conil, Chiclana, etcétera. En la
década de los ochenta se produce un acercamiento entre la autoridad
de la zona marítima del Estrecho y el Ayuntamiento de San Fernando
con objeto de utilizar la playa de Campo Soto y la playa del
Castillo. Hay unos acuerdos verbales por los que la ciudad de San
Fernando puede disfrutar de la playa de Campo Soto y de la playa de
Castillo. Más tarde, en el año 1994, el Ministerio de Defensa llega a
un acuerdo escrito con el ayuntamiento por el que se permite el uso
de la playa en determinadas condiciones, en época estival, Semana
Santa, Navidad; es decir, que hemos tenido una playa con puertas,
como el campo, ya que no se podía utilizar en determinados momentos.

A lo largo de este tiempo ha habido una fuerte presión social por el
uso y disfrute de la playa por los ciudadanos de San Fernando. Esa
presión fue transmitida por determinados diputados que encontraron la
sensibilidad del Ministerio de Defensa para tratar de compatibilizar
los intereses económicos y turísticos de la ciudad con los intereses
de la defensa nacional. Incluso se llegó a presentar un anteproyecto,
que contemplaba una isla artificial y una carretera, que se mandó a
las distintas administraciones, Ayuntamiento de San Fernando,
Ayuntamiento de Cádiz, Consejería de Medio Ambiente y Demarcación de
Costas. Este anteproyecto fue rechazado y el Ministerio de Defensa
propuso una alternativa que está en estudio y que en gestiones
personales que he hecho hace un par de semanas ante la Dirección
General de Armamento, que es la competente en este tema, me dicen que
el proyecto está muy avanzado, que la petición que hay de que se
liberen las playas de Castillo y Campo Soto está contemplado y que,
por tanto, por el Ministerio de Defensa se iba a anunciar
próximamente en aquella zona la desafectaciòn y en qué consistía el
proyecto. Este es precisamente el objeto de mi pregunta, cuál es la
situación del proyecto, cómo está el tema en materia de medio
ambiente, del ecosistema, cómo afecta a los caladeros de Conil y
Barbate, e incluso el mismo proyecto que, al parecer, constituye un
hito en el avance tecnológico que por lo visto tiene.

Señor secretario de Estado, quería hacerle esta pregunta para saber
cuál es la situación, hacia donde vamos, y por eso doy por formulada
la pregunta que viene en el orden del día con el número 10.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Los
proyectos que ha puesto
en marcha el Ministerio de Defensa en la provincia de Cádiz
satisfarán, entendemos, las necesidades expresadas por la población
civil, las que nos plantea SS.SS., así como los requerimientos
ineludibles de la defensa. Las autoridades civiles de la zona,
recogiendo las demandas de la población civil, en los últimos años se
han hecho eco de tres inquietudes fundamentales: la liberación de
servidumbres militares de la mayor parte posible de la playa de Campo
Soto, la desviación de las líneas de tiro utilizadas para
experiencias con el fin de entorpecer lo menos posible los intereses
pesqueros de la zona, y la reducción del impacto sonoro que producen
en sus inmediaciones las actividades de los polígonos de experiencia
Costilla y González Hontoria, que han venido desarrollando sus
pruebas de tiro en una amplia zona marítima y costera de Cádiz.

Como conoce S.S., el Ministerio de Defensa ha abandonado los estudios
iniciados para la posible colocación de blancos móviles en la mar,
por haberse informado en esta Cámara, de una isla artificial, por
tratarse de un proyecto inviable desde los tres puntos de vista que
he señalado anteriormente y por haber recibido el rechazo tanto de
las autoridades como de las asociaciones ecologistas. En su lugar, la
Dirección General de Armamento y Material, con el propósito de
racionalizar sus centros y adaptarlos a las técnicas más modernas, ha
decidido fusionar ambos polígonos de experiencia y crear un nuevo
centro de ensayos denominado Torre Gorda, que responda a las
necesidades actuales y futuras de la defensa. Con la creación de este
nuevo centro, el Ministerio de Defensa suscribe los siguientes
compromisos: desviar las actuales líneas de tiro y reducir las
actuales zonas peligrosas al mínimo necesario para entorpecer lo
menos posible los intereses pesqueros de las zonas próximas de Cádiz,
San Fernando y Chiclana y las más lejanas de Conil y Barbate,
liberando además la mayor parte de la playa de Campo Soto de las
servidumbres militares; reducir el impacto sonoro que produzcan las
actividades del nuevo centro de ensayos y aprovechar al máximo los
recursos naturales de la zona, desde el punto de vista del medio
ambiente.

Para liberar la playa de Campo Soto el nuevo centro de ensayo
dispondrá de una sola zona de asentamientos para los sistemas de
armas -en la actualidad hay tres-, lo que permitirá reducir los
sectores de tiro y las zonas peligrosas, estableciendo en su lugar
unas nuevas líneas de tiro totalmente abiertas al mar en lugar de
apoyadas en la costa, como la actual línea de tiro del Castillo de
Sancti Petri. Esto va a ser posible gracias a la adquisición de un
moderno y sofisticado radar de trayectografía que va a permitir
alejar las pruebas de tiro de la costa, lo que no era factible hasta
ahora por la necesidad de observación directa de los puntos de caída
de los proyectiles. De esta forma, zonas peligrosas que ocupan una
superficie aproximada de 400 kilometros cuadrados se verán reducidas
a unos 150 kilómetros cuadrados, lo que supone una reducción superior
al 60 por ciento de las zonas de peligrosidad. De la misma forma se
liberarán de servidumbres militares las denominadas playas del
Castillo y de Campo Soto. Para permitir el impacto ambiental acústico
que produzcan las actividades del nuevo centro de ensayos se va a
iniciar un proyecto de insonorización que comprende dos fases. En la
primera se va a evaluar y medir la presión sonora y preparar el
entorno para



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amortiguar el impacto acústico de pequeños calibres y en la segunda
fase se va a desarrollar un sistema que aminore de forma sensible el
impacto acústico de cañones de grueso calibre.

Con objeto de preservar el medio ambiente y aprovechar al máximo los
recursos naturales de la zona, está prevista la implantación de un
moderno sistema de gestión medioambiental. El Ministerio de Defensa
tiene también el propósito de colaborar con la dirección del parque
natural de la zona para crear un entorno ecológico protegido y
desarrollar y apoyar las actividades de investigación en este ámbito.

Con esta finalidad se solicitará oficialmente que el director del
centro de ensayos de Torregorda se integre en la junta directiva del
parque natural de la bahía de Cádiz. La inversión total de este
proyecto que incluye, por tanto, la dotación al centro de los más
modernos sistemas técnicos, la liberación de la playa de Campo Soto y
la implantación de un moderno sistema medioambiental superará los
1.500 millones de pesetas.

También quiero destacar la importancia que se va a conceder a la
vigilancia, control y seguridad de las pruebas que vayan a
realizarse. En este sentido, además de los sistemas específicos
propios para las experiencias a desarrollar, se van adquirir dos
radares de vigilancia costera, ubicado uno de ellos en el mismo
centro de ensayo y el otro en las inmediaciones de Vejer de la
Frontera, en las actuales instalaciones militares, y una cámara
térmica que permitirá detectar, reconocer e identificar blancos,
tanto en el interior como en la zona próxima del recinto militar, con
la posibilidad de apoyar las operaciones de salvamento que sean
necesarias en esos lugares.

Por lo que se refiere al calendario de actuaciones, el pasado mes de
abril se iniciaron ya los expedientes de adquisición urgente de los
sistemas con los que va a estar dotado el nuevo centro. La playa de
Campo Soto quedará liberada de servidumbres militares el próximo mes
de noviembre. A comienzos del próximo año se iniciarán los trámites
para definir las nuevas zonas peligrosas. En el mes de marzo del año
2000 habrán finalizado las entregas y pruebas de recepción de los
sistemas necesarios para la realización de las experiencias con las
debidas garantías de seguridad. Un mes más tarde, en abril del mismo
año 2000, estará implantado el sistema de gestión medioambiental y se
liberarán de las servidumbres de pesca las zonas lejanas de Conil y
Barbate.

El Ministerio de Defensa tiene la voluntad de que el nuevo centro de
ensayo de Torre Gorda sea modélico a nivel mundial, tanto desde el
punto de vista tecnológico como medioambiental, incorporando medidas
tales como la anticontaminación, antirruidos, tratamiento de
residuos, aprovechamiento de la energía eólica, solar y marítima, y
participando en programas medioambientales.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis Ibáñez.




El señor IBÁÑEZ HARO: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
la exposición del nuevo proyecto. Es una buena noticia para la zona.

Mi grupo siempre ha tratado de compatibilizar los intereses de la
defensa nacional
con los intereses de la zona y creo que aquí lo hemos conseguido
plenamente.




- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO,
SOBRE RAZONES DE LA ENAJENACIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN Y LA EMPRESA NACIONAL BAZÁN. (Número de expediente
181/002247)



El señor PRESIDENTE: Al no estar presente el representante del Grupo
Mixto, tenemos que declarar decaído el punto número 3 relativo a esta
comparecencia, a pesar de que hemos estado esperando a quien la
formulaba. No ocurre así con la pregunta número 5, formulada por el
señor Borreiros, sustituido en este trámite por el señor Marsal,
sobre las razones de la enajenación y la liquidación de contratos
entre la Administración y la Empresa Nacional Bazán.

Tiene la palabra el señor Marsal.




EL señor MARSAL MUNTALÁ: El motivo de esta pregunta es la
preocupación que tiene nuestro grupo y que tiene su origen en la Ley
de presupuestos de este año y en la Ley de acompañamiento. Ya en las
comparecencias que tuvieron lugar con ocasión del debate de la Ley de
presupuestos, así como en su posterior debate en la Comisión de
Presupuestos, precisamente con intervenciones del señor Borreiros,
nuestro grupo presentó unas enmiendas al artículo 54 de la Ley de
acompañamiento y a las disposiciones derogatorias. Nuestra enmienda
al artículo 54 se refería a la posibilidad de la enajenación de las
propiedades del Ministerio de Defensa que están siendo utilizadas por
diversas industrias de Defensa, especialmente Santa Bárbara y Bazán,
pero también CASA, incorporada posteriormente en el Senado a través
de una enmienda del Grupo Popular. Respecto a las disposiciones
derogatorias, nuestra enmienda pretendía la derogación de unos
contratos-marco existentes entre el Ministerio de Defensa y Santa
Bárbara y Bazán. Esto fue aprobado, figura en el marco del proceso de
privatización de las empresas de Defensa que está llevando a cabo el
Gobierno a través básicamente del Ministerio de Industria, pero
existe en este caso un cierto oscurantismo en el proceso de
privatización, y no precisamente por parte del Ministerio de Defensa,
sino más bien por parte del Ministerio de Industria, lo que nos
produce una cierta preocupación.

Nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo en la política general
respecto a la privatización de las industrias de defensa, pero ello
es un hecho. Nosotros somos conscientes de que existe una mayoría
parlamentaria que va a apoyar este proceso, pero nos preocupan dos
cuestiones: primera, que como mínimo se haga bien y, segunda, que se
haga con la máxima transparencia. Estas dos disposiciones que se
aprobaron en la Ley de acompañamiento abren la puerta a unas
posibilidades que se pueden desarrollar de forma transparente o de
forma muy oscura, y que aunque sean empresas básicamente
pirvatizadas, siga habiendo una participación y una capacidad del
Ministerio de Defensa, a través del mecanismo que sea, de la acción
de oro o a través



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de otros mecanismos, es decir, que siga habiendo un mecanismo de
intervención en un sector que tiene un carácter estratégico que es
importante para la defensa. Y en el caso de que la privatización se
llegase a realizar pero no fuese rentable su gestión para quien
accediese a su compra, a final nos veríamos obligados otra vez a
revertirlo hacia el sector público. En otras industrias es posible su
desaparición, pero en este caso evidente que no sería posible.

Por todas estas razones formulamos esta pregunta referida a Bazán,
pero que es extendible a Santa Bárbara, incluso a Indra y a CASA. Por
tanto, nos gustaría conocer en qué situación esta, qué perspectivas
hay, es decir, toda la información que nos pudiese dar a este
respecto.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate):
Brevemente quiero establecer el principio que suelo establecer co S.

S. cuando me hace preguntas que afectan directamente a la
responsabilidad del Ministerio de Industria. Desde el punto de vista
de defensa siempre estamos buscando una posición de primera derivada
operativa y segunda derivada de apoyo industrial. Desde la derivada
operativa lo que necesitamos es comprar los mejores bienes y
servicios de defensa con criterios de eficiencia, y los criterios de
eficiencia son el mejor precio, la mejor calidad, en fin, estar en el
mercado. No obstante, la condición estratégica tiene algo que ver con
la defensa, y la condición industrial estratégica más. En ese
sentido, el Ministerio de Defensa lo que va a hacer (y lo ha hecho ya
en el primer ejemplo de privatización de empresa de defensa, que es
el de Indra, que usted ha señalado) es guardar (y así se ha dicho con
total transparencia primero a los nuevos miembros de la empresa, a
sus accionistas y, segundo, también a los medios de comunicación) una
situación prevalente, y todo aquel que quiera acceder a una
privatización debe saberlo, por dos razones: primero, porque son
empresas de defensa y, por tanto, deben estar sujetas a un criterio
estratégico desde el punto de vista de la acción del Estado, y
segundo, porque hemos invertido miles de millones públicos en
desarrollar determinadas tecnologías
de cuyos beneficios debemos participar. En esos dos sentidos vamos a
trabajar en el proceso que usted ha mencionado de gestión de las
empresas de defensa.

En cuanto al procedimiento privatizador o no privatizador, la
posición del Gobierno es absolutamente evidente, y usted mismo lo
señalaba. Y descuide S.S. que lo haremos bien, como lo hemos venido
haciendo hasta ahora, y lo haremos con la máxima transparencia por
dos razones: primero, porque estamos convencidos de que la máxima
transparencia nos va a aportar criterios, que nos pueden ser útiles,
de todos los representantes políticos y, segundo, porque además -y es
obvio- este Gobierno funciona a través de la ley que exige la máxima
transparencia en los procesos de privatización. Así pues, debo romper
una lanza por mis compañeros del Ministerio de Industria, entendiendo
que el oscurantismo tampoco se da en este caso.




El señor PRESIDENTE: Señor Marsal.




El señor MARSAL MUNTALÁ: Gracias por la información. Usted es
consciente de nuestra preocupación y vamos a seguir con ella.

Lógicamente, como oposición no estamos tan seguros de que este
Gobierno lo vaya a hacer bien y de una forma suficientemente
transparente, pero también como oposición le garantizamos que vamos a
hacer todo lo posible para seguir estos procesos, para que se hagan
bien y con la mayor transparencia posible.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Señoria
en ese camino estaremos siempre trabajando juntos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.

Agotado el orden del día agradezco a todos su presencia y muy
especialmente al secretario de Estado.

Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta minutos de la tarde.