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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 686, de 11/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 686
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 11 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para el Deporte (Villar
García-Moreno) para informar sobre:
- Actuaciones del Gobierno en relación con los acontecimientos
sucedidos en el Tour de Francia 1998 y que han afectado a
participantes españoles. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001477) ... (Página 197987
)
- Actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para la creación del
Consejo de las emisiones y retransmisiones deportivas, así como el
cambio de criterio del Gobierno en la consideración de 'interés
general' de las competiciones futbolísticas en el ámbito europeo. A
solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 213/000375)
... (Página 19806)
Proposiciones no de ley:
- Sobre la necesidad de presentar un proyecto de dinamización y
extensión de actividades del Teatro Real. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, (Número de expediente 161(001000) ...
(Página 19813)
- Relativa a la necesidad de establecer un sistema específico de
becas y ayudas al estudio para favorecer la movilidad de los
estudiantes universitarios entre las distintas Universidades.
Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001512)
... (Página 19817)
- Por la que insta al Gobierno a adoptar iniciativas que favorezcan
la movilidad de los estudiantes universitarios. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001496) ... (Página 19817)
- Relativa a la protección del patrimonio arqueológico sumergido
contra el riesgo de expoliación. Presentada por el Grupo anterior.
(Número de expediente 161/001497) ... (Página 19824)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (VILLAR
GARCÍA-MORENO) PARA INFORMAR SOBRE:
- ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS
SUCEDIDOS EN EL TOUR DE FRANCIA 1998 Y QUE HA AFECTADO A PARTICIPANTES
ESPAÑOLES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA. (Número de expediente 212/001477.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos
a dar comienzo a la sesión según el orden del día que obra en poder
de todos ustedes y que no ha sufrido otra modificación que la
petición, por parte del Grupo Mixto, de que su proposición no de ley,
que figura con el número 7, quede aplazada y no sea objeto de
sustanciación en el día de hoy.
Vista las otras proposiciones no de ley que exigen votación, creo que
sería prudente fijar la votación de todas y cada una de ellas a
partir de la una, nunca antes de esa hora. Lo digo para que los
grupos parlamentarios tomen sus correspondientes medidas a efectos de
tener presentes a los señores diputados.
Damos una vez más la bienvenida en esta Comisión a don Francisco
Villar, secretario de Estado para el Deporte, que comparece a
petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en
relación con los acontecimientos sucedidos en el Tour de Francia
1998, así como en materia de retransmisiones deportivas. Como son dos
temas absolutamente distintos, cada comparecencia va a ser objeto de
tratamiento diferenciado.
Señor Villar, de nuevo bienvenido. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno)
: Señorías, en primer
lugar, deseo mostrar la satisfacción por estar nuevamente en esta
Cámara y agradezco a la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida la pregunta que me permite venir aquí.
La primera comparecencia trata de las actuaciones del Gobierno en
relación con los acontecimientos sucedidos en el Tour de Francia de
1998 y que han afectado a participantes españoles.
El Tour de Francia del verano pasado desde luego pasará a la historia
del ciclismo mundial, aparte del triunfo del italiano Pantani,
también por los sucesos desencadenados como consecuencia del registro
y posterior expulsión del equipo Festina, seguido del abandono de los
equipos españoles en solidaridad con él.
Antes de exponer cuál fue la actuación del Gobierno en relación con
los acontecimientos del Tour 1998, permítanme SS.SS. que realice unas
breves consideraciones sobre la legislación francesa en materia de
represión del dopaje que permitirá enmarcar adecuadamente los
acontecimientos producidos y las actuaciones realizadas.
El derecho francés fue el primero en castigar el uso de estimulantes
en las prácticas deportivas mediante normas de orden público y de
carácter penal. En concreto, la Ley de 1 de junio de 1965 sancionaba
el uso de sustancias incluidas en un reglamento de la Administración
pública y a quienes las facilitaran las e incitaran a su uso. De esta
ley puede decirse que no llegó a tener una aplicación práctica real y
fue sustituida por otra de 28 de junio de 1989, enmarcada igualmente
en las medidas de seguridad pública, al margen de las normas que
regulaban el deporte, incidiendo fundamentalmente en aspectos como el
tráfico y la dispensación de productos y sustancias dopantes. También
preveía sanciones administrativas y penales a quienes administraban
o aplicaban sustancias o procedimientos prohibidos y a quienes
incitaban o facilitaban su utilización. Esta ley tampoco tuvo una
aplicación práctica real, se limitó al ámbito de las sanciones
administrativas sin que en ninguna de las competiciones deportivas
celebradas en Francia desde entonces se hubiera llegado a instruir
diligencias judiciales en aplicación de esta ley.
Al margen de esta normativa, el código de salud francés contiene una
regulación minuciosa de la utilización de medicamentos por los
particulares que se encuentran transitoriamente
en Francia, así como las condiciones que deben reunir los
profesionales que les acompañan, la utilización de medicamentos que
no hayan sido adquiridos en Francia, etcétera. El código de salud
pública conecta directamente con el Código Penal, que incrimina a
quienes introduzcan ilegalmente medicinas en Francia sin cumplir las
indicaciones previstas en el código de salud. El responsable de este
delito es básicamente el médico, a quien se le atribuye la obligación
de solicitar la autorización para la introducción de medicamentos de
uso terapéutico.
Las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo en el Tour
1998 causaron sorpresa en todo el mundo y supuso la reactivación de
la represión penal del dopaje a través de una serie de medidas, como
registros policiales, detenciones, emplazamientos para declarar y, en
definitiva, incoación de procesos penales que desencadenaron todo un
largo relato de hechos que trataré de resumir brevemente.
El 11 de julio de 1998, un día antes del comienzo del Tour, un
masajista del equipo Festina es detenido en la frontera franco-belga
cuando transportaba en un coche del equipo numerosas dosis de EPO y
de anabolizantes. En su declaración ante la policía implica a los
directores deportivos y al médico del equipo.
El 15 de julio el juez encargado del caso ordena la detención y
prisión preventiva del director técnico y del médico del Festina. Dos
días después el Festina fue expulsado de la carrera francesa. En sus
declaraciones el director del equipo implica a los corredores, de
quienes dice que ellos mismos costeaban los medicamentos, por lo que
el juez el 24 de julio procede a la detención de los nueve
componentes del equipo y del codirector del equipo que había acudido
al Tour tras la detención del director. No obstante, a la mañana
siguiente es puesto en libertad sin cargos y regresa a España. A
partir de este momento se generalizan los registros en los autobuses
y hoteles de concentración de los equipos, los interrogatorios a los
directores y corredores, la confiscación de todos los medicamentos
que se hallan en los registros y algunas detenciones más, como la del
director del equipo holandés TVM y la de su médico.
El 28 de julio, tras la finalización de la etapa del día, la policía
francesa condujo a seis corredores del TVM al hospital, donde se les
practicaron análisis de sangre y capilares. Este hecho fue el
detonante para que al día siguiente los equipos españoles ONCE,
Banesto, Kelme y Vitalicio, y los italianos Saeco y Riso y el alemán
Telekom decidieran abandonar la carrera.
El 30 de julio el embajador de España en Francia se puso en contacto
con los equipos españoles para preparar una eventual asistencia
jurídica por si fuera necesaria. Por la tarde se repiten diferentes
registros en los hoteles de concentración de diversos equipos, (ONCE,
Casino, Polti, Lotto, y uno francés) y se detiene al médico de la
ONCE. Inmediatamente el cónsul general de España en Lyon se trasladó
al hotel de concentración junto con el abogado contratado por la
ONCE. Posteriormente, se trasladó al médico a Lille y se estudió la
posibilidad de que un representante del consejo acudiera a Francia,
pero el propio abogado del equipo lo desaconsejó porque podría
entenderse como una forma de politizar el caso, lo que podría ser
contraproducente. Se hizo cargo de la asistencia la canciller de
España en Lille.
El 1 de agosto el médico es puesto en libertad bajo fianza, acusado
inicialmente de tráfico de sustancias dopantes, porque en el botiquín
del equipo se halló Ventolín y algún otro medicamento. Se acreditó
que los mismos eran para tratar el proceso asmático que sufre el
director del equipo y la diabetes de uno de los masajistas, que es
ciego. Esta acusación posteriormente se transformó en otra de
importación ilegal de medicamentos con arreglo al código de salud,
por unos frascos de un antigripal de Couldina, unos jarabes
bronquiales y un frasco de suero glucosado.
Para finalizar este relato de hechos permítanme SS.SS. que lea unas
declaraciones de los afectados al diario Sport el 28 de agosto. Dicen
textualmente que ha sido impresionante contar con tantas muestras de
apoyo. Quiero destacar la rápida respuesta del Consejo Superior de
Deportes y el respaldo incondicional del resto de los compañeros. El
Gobierno español, a raíz de estos acontecimientos y a través del
Ministerio de Educación y Cultura y el de Asuntos Exteriores,
actuando en coordinación, cursaron las instrucciones oportunas al
embajador español en Francia y al resto de los servicios consulares,
para que procedieran a auxiliar a los integrantes de los equipos
españoles participantes en el Tour. Los servicios consulares,
siguiendo las anteriores indicaciones, se personaron en los lugares
de concentración de los equipos españoles y analizaron con sus
responsables las distintas incidencias acaecidas, prestando el apoyo
requerido en esos momentos. Al mismo tiempo, el Gobierno español
transmitió al embajador español en Estrasburgo la preocupación por
los acontecimientos y por la situación creada en el ámbito deportivo,
a los efectos de que instara a una reunión inmediata del Consejo de
Europa y específicamente de los órganos de seguimiento de la
Convención Europea contra el Dopaje, con el fin de analizar la
repercusión que pudieran tener estos sucesos.
A raíz de todas estas gestiones, personales e institucionales,
desarrolladas se puede asegurar que los componentes de los equipos
españoles participantes en el Tour 1998 han tenido en todo momento la
asistencia jurídica y diplomática que corresponde otorgar a cualquier
español en territorio extranjero, dentro del respeto a las normas
legales y autoridades francesas. Sin embargo, a pesar de que
considero que se prestó toda la asistencia necesaria, nuestra
preocupación esencial en estos momentos se centra en el futuro de las
ediciones del Tour y otros acontecimientos deportivos que se celebren
en Francia, al objeto de evitar situaciones como las producidas en el
pasado Tour. Y aunque no es el objeto exacto de la pregunta, me
permito informar a SS.SS. de cuál es la situación actual del
problema.
Primero, hemos procedido a analizar toda la legislación francesa
sobre la represión del dopaje, así como el código de salud pública.
En materia de dopaje se acaba de promulgar en Francia una nueva ley
que, siguiendo la línea marcada por la Ley 1989, que antes les
comentaba, endurece las medidas sancionadoras y dota a las
autoridades administrativas de mayores facultades de investigación.
Segundo. El Consejo Superior de Deportes se ha reunido con la Real
Federación Española de Ciclismo, con el Consejo de Ciclismo
Profesional y con las asociaciones de grupos ciclistas, con el fin de
conocer los problemas inmediatos que se les plantean e intentar
buscar soluciones a los mismos.
Tercero. Se ha celebrado una reunión el 19 de febrero pasado,
convocada por la Comisión de la Unión Europea, al objeto de presentar
la posición común de la Unión Europea al Comité Olímpico
Internacional sobre la Agencia Internacional de Dopaje. En la misma
se incluyó en el orden del día, a iniciativa de España, la
problemática planteada en el pasado Tour, así como las inquietudes
transmitidas por las asociaciones de grupos ciclistas. Dado que
consideramos que algunas disposiciones del código de salud pública
francés pueden ser dudosamente contrarias al derecho comunitario, la
Comisión Europea y concretamente la Agencia Europea del Medicamento
está elaborando un informe, a consulta del Consejo Superior de
Deporte, sobre la adecuación de la normativa enviada por el
Ministerio de Juventud y Deportes francés a la Unión Ciclista
Internacional, a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea
relativas a la libre circulación de mercancías. La cuestión esencial
se centra en determinar si una prescripción relativa a la necesidad
de autorización administrativa para utilizar en Francia medicamentos
comercializados legalmente en España es compatible con la libertad
comunitaria de libre circulación de mercancías, desarrollada, por lo
que al mismo se refiere, por diversas disposiciones: por la Directiva
65 del Consejo, de 26 de enero, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales reglamentarias y administrativas sobre
especialidades farmacéuticas; Directiva 75/319 del Consejo, de 20 de
mayo, relativa a la aproximación de disposiciones legales
reglamentarias emitidas sobre especialidades farmacéuticas. Aestas
directivas se unen una serie de normas comunitarias sobre pruebas que
deben realizarse en el ámbito nacional para la comercialización de
especialidades farmacéuticas.
Cuarto. Igualmente se ha elevado consulta a la Dirección General de
Farmacia, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y a la Oficina del
Medicamento sobre los mismos extremos.
Quinto. Asimismo, se ha mantenido el 15 de marzo de 1999, una reunión
bilateral con el Ministerio francés de Deportes, al objeto de conocer
in situ las condiciones exigibles para el ejercicio de su profesión
por parte de los médicos, de los grupos ciclistas, así como los
requisitos necesarios para la entrada de medicamentos en territorio
francés. Estos encuentros bilaterales, con idénticos motivos, se han
mantenido el pasado 22 de abril con las autoridades italianas
responsables del deporte y mañana, día 12, con los representantes del
Gobierno portugués.
Todas estas actuaciones tienen por objeto clarificar las condiciones
y requisitos de participación, tanto de los grupos ciclistas en la
próxima edición de la ronda francesa como en otros acontecimientos
deportivos de otras modalidades: baloncesto, Campeonato de Europa de
Baloncesto, tenis, Roland Garros, etcétera, a celebrar en territorio
francés. Para ello hemos propiciado -y ya se quedó en la reunión
pasada con la ministra francesa-una reunión en París, que tuvo lugar
ayer en la sede de la Agencia francesa del Medicamento a la que
asistieron representantes de las modalidades deportivas españolas
interesadas, y ya puedo asegurar que ha concluido con la delimitación
de las reglas que nos van a permitir garantizar, dentro de lo
posible, que
no vuelvan a repetirse los hechos acaecidos en el Tour 1998.
A pesar de esto, evidentemente la realidad es que no se puede evitar,
jurídicamente hablando, la aplicación territorial de las leyes
penales, por lo que un juez puede en cualquier momento aplicar las
medidas de seguridad pública que estime oportunas, tales como
registro en autobuses u hoteles de los equipos, citaciones para
declarar a los deportistas o a los médicos, etcétera, y originan
situaciones parecidas. Lo que sí podemos garantizar es que todos los
deportistas y sus médicos, técnicos y directores estarán
perfectamente informados de la legislación francesa y de las
obligaciones que deben cumplir para evitar verse implicados en
acontecimientos como los pasados.
Anteriormente les informaba que los hechos sucedidos en el Tour 1998
han tenido unas indudables repercusiones que han sacudido los
estamentos deportivos y especialmente a las autoridades responsables
del control del dopaje en el deporte, sea cual fuere la modalidad
deportiva en la que pueda darse. En este sentido, el Consejo Superior
de Deportes desde hace ya muchos años lleva a cabo un seguimiento de
las actuaciones legislativas en los países europeos y de la labor que
desarrollan las instituciones internacionales en esta materia.
Pretendemos mantenernos en la vanguardia de la lucha contra el
dopaje, y para ello la Comisión nacional antidopaje ha aprobado para
1999 un sustancial incremento en el número de controles a realizar,
tanto en las competiciones oficiales de ámbito estatal como fuera de
competición, especialmente en los centros de alto rendimiento. Así,
por ejemplo, los controles a realizar en competiciones oficiales
serán como mínimo de 3.428, lo que supone un incremento de un 40,9
por ciento respecto a los controles realizados el pasado año, y los
de fuera de competición serán como mínimo 1.650, que suponen un
incremento del 300,8 por ciento, extendiéndose a todas las
federaciones deportivas que hasta el momento no efectuaban controles
antidopaje. Igualmente, se encuentra en tramitación en estos momentos
una modificación del Real Decreto 255/96, del 16 de febrero, por el
que se establece el régimen de infracciones y sanciones para la
represión del dopaje, para incluir dentro de su ámbito de aplicación
a los técnicos, médicos y personal sanitario con licencia deportiva,
según las normas de cada modalidad deportiva.
Seguiremos participando activamente en todos los foros
internacionales relacionados con la lucha y represión del dopaje.
Así, en el seno del Consejo de Europa los países firmantes del
convenio contra el dopaje de 1989, ratificado por España en 1992, han
convocado dos reuniones extraordinarias en la que España ha
participado, al objeto de preparar una posición común en la primera
conferencia mundial sobre el dopaje en el deporte, que se celebró el
pasado 2 de febrero, organizada por el COI, sobre la creación de la
agencia internacional de dopaje y la armonización del régimen
sancionador en esta materia y en las diferentes modalidades
deportivas, así como impulsar la lucha contra el tráfico y la
utilización indebida de anabolizantes. Igualmente, en el seno de la
citada conferencia mundial del dopaje, España tomó parte activa
apoyando, en línea con la Unión Europea, la creación de una agencia
internacional del dopaje, con autoridad suficiente, independiente,
transparente y con fines no lucrativos. La propuesta de España se
centró
fundamentalmente en los siguientes puntos: Primero, establecimiento
de una definición de dopaje comúnmente admitida que resulte concisa,
comprensible y práctica, y que conjugue dos elementos: la defensa de
la ética deportiva y la prevención de la salud del deportista.
Segundo, estudio de una nueva lista de sustancias y productos
prohibidos, examinada por todos los responsables de la lucha contra
el dopaje a través de sus representantes, justificada respecto de la
inclusión de las sustancias prohibidas y explicativa con respecto a
la evaluación de los resultados analíticos de la detección de sus
componentes y tercero, propuesta de unificación no sólo de sanciones,
sino también de plazo o inicio de cumplimiento de las mismas, así
como su efectividad en los ámbitos nacionales e internacionales,
y también de los procesos de recogida de muestras, básicamente en lo
que se refiere al material utilizado y los procedimientos de
habilitación de personal encargado de la recogida de muestras.
En el seno de la Unión Europea se ha celebrado el octavo foro del
deporte europeo en el que se debatió la problemática del dopaje en el
deporte, los puntos de vista de la Unión Europea y del COI,
acordándose que la colaboración en la lucha contra el dopaje entre
las organizaciones deportivas y los poderes públicos debe ser
reforzada en función de las responsabilidades de cada parte,
intensificando la educación, la investigación científica, las medidas
sociales y de salud protectora de los atletas y de armonización de
las legislaciones relativas al dopaje.
En relación con todo lo dicho anteriormente quiero llamar la atención
de SS.SS. para señalar que nuestro modelo de lucha contra el dopaje
se sitúa entre los más avanzados de nuestro entorno adaptando
inmediatamente a la legislación interna cualquier modificación que se
produzca en las listas de sustancias prohibidas, cualquier avance que
se produzca en los procedimientos de detección de las mismas y de los
métodos dirigidos a enmascarar tal detección.
En síntesis el modelo de represión del dopaje deportivo es
prácticamente homogéneo en lo que se refiere a la lista de
sustancias, las sanciones a imponer y los métodos de detección. Hay
diferencias en cuanto a la forma de represión de las prácticas que se
sitúan en el entorno del deportista; algunos países como Francia ya
la tiene promulgada o Italia está a punto de promulgarla y han optado
por reprimir estas prácticas, tráfico, dispensación o incitación al
consumo, en normas de seguridad pública, mientras que otros mantienen
en normas administrativas sectoriales la comercialización y
dispensación de productos farmacéuticos y dentro de éstos los que se
encuentran dentro de la lista de sustancias prohibidas en el ámbito
del deporte
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
peticionario de la comparecencia, doña Inés Sabanés tiene la palabra.
La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor Villar por esta comparecencia
que nos sitúa, por la fecha en la que se realiza, ante el análisis de
lo que sucedió en el Tour de Francia del año pasado, pero por la
tardanza en poder efectuarla ante lo que significa nuestra
participación no sólo en el Tour, sino en otras competiciones de
ámbito internacional.
Estoy de acuerdo con toda la explicación de lo que ha sucedido,
fundamentalmente en lo que supuso la orientación y la protección de
los deportistas que estaban en el Tour de Francia en ese momento.
Pero entiendo o quiero entender que España no está de acuerdo con la
legislación francesa, en primer lugar. No es una cuestión de un
trabajo de armonización internacional, sino que ya hay una diferencia
entre países. Según acaba de expresar hay países que entienden que
nosotros somos modélicos en la lucha contra el dopaje pero actuamos
bajo un criterio de sanción administrativa y en tres esquemas
básicos, también según los ha planteado, de definición, ampliación de
la lista de sustancias y unificación de las sanciones, un poco en la
línea de lo que mencionaba Samaranch acerca del criterio de adecuar
la lista de sustancias a la realidad de nuestro deporte. Faltaría, en
todo caso, en ese criterio -ya lo hemos apuntado en otras ocasiones-
lo que significa la evaluación del nivel del deporte espectáculo, la
dureza de las pruebas y el esfuerzo sobre todo en pruebas de
resistencia, que no tiene una menor importancia, aunque sí indirecta
en el fenómeno del dopaje. Así se está viendo desde toda la línea de
investigación lo que supone el propio desarrollo y la propia
exigencia en determinadas pruebas. Faltaría este elemento que
implicaría además un mayor nivel de protección a los deportistas. De
todas formas, yo quiero que nos aclare si toda nuestra actuación a la
hora de participar fundamentalmente en Francia en este momento indica
que estamos tratando de negociar o eludir la legislación francesa.
Por otro lado, desde lo que significa esta Cámara, de actuación de
control al Gobierno he de decirle que esta legislatura para el
deporte, para los grandes debates deportivos, no ha sido
especialmente fructífera. Es verdad que el deporte profesional, el
deporte espectáculo y los grandes elementos que han surgido y que han
sido debate nacional e internacional, como el dopaje, la violencia o
algunos niveles de desarrollo del deporte profesional prácticamente
han pasado sin pena ni gloria y sin posibilidad de ningún de debate,
de hecho es la primera vez que existe uno sobre algo que ha estado
sistemáticamente en esta legislatura.
Para nosotros el primer elemento es la protección del deportista y no
vamos a entrar en si en Francia y en otros países la protección del
deportista la asumen desde un mayor nivel de represión en lo que
significa el tráfico y la dispensación de determinadas sustancias o
cómo parece que se sitúa nuestro país en la definición más amplia,
más permisiva, por tanto, del dopaje y adecuando la lista de
prohibición de medicamentos a la situación que nosotros entendemos
asumida. En todo caso, para nosotros es ineludible que de una forma
clara se ponga el eje de lo que está ocurriendo con el dopaje en la
protección de los deportistas, en los derechos de los deportistas, en
la información y en la incidencia en el futuro profesional, escolar
de los deportistas, sabiendo, además, que el volumen de negocio, el
deporte espectáculo, la posibilidad de innovaciones médicas son, en
realidad, cambios peligrosos y explosivos que afectan al mundo del
deporte y que la estructura internacional y nacional del deporte no
ha sabido asumir convenientemente.
El planteamiento que nos hacen hoy a mi me parece un parche; es
decir, vamos a ver cómo salvamos ir a Francia, en qué condiciones y
bajo qué información jurídica y con
qué protección de nuestros deportistas; es decir, la consideración de
la entrada de medicamentos en Francia a través del Código Penal con
su nueva ley más restrictiva en lo que significa el fenómeno del
dopaje. Yo creo que nuestro país no se debería de situar en esa
línea. Ni nuestro país ni la estructura internacional del deporte se
puede plantear cómo salvamos las diferentes legislaturas; habrá -y es
verdadque definir lo que es el dopaje, las listas, habrá que
investigar y habrá que invertir en investigación y prevención de la
afectación de la salud de los deportistas, habrá que ser capaces de
crear un estatuto de los deportistas, habrá que ser capaces de
proteger, fundamentalmente, a los deportistas menores y habrá que
buscar un marco de actuación de médicos deportivos y elaborar una
nueva legislación también en este país. Habrá que hacer un debate en
términos parlamentarios, y sociales de lo que significa el dopaje.
Después de todo lo que ha pasado, de todas las informaciones, de lo
que significó la actuación en el Tour, de lo que después de un debate
muy controvertido se ha ido asumiendo mucho más lentamente que es un
fenómeno consolidado en determinado nivel de exigencia de
deportistas, fundamentalmente se sigue criminalizando de forma clara
a los ciclistas o a algunos deportistas, olvidando que el sistema en
general, la exigencia, el peso del fracaso, las posibilidades de
volumen de negocio que se pierden en unas situaciones u otras tienen
un peso determinante en lo que significa el fenómeno del dopaje. Por
tanto, me parece que España, y este Gobierno han de tener una
participación más clara, han de realizar un debate en mayor
profundidad de lo que significa el dopaje, tenemos que explicar dónde
estamos. Estamos intentando acudir a Francia sin que les pase nada a
nuestros ciclistas. Ahí es donde estamos hoy, después de todo lo que
ha ocurrido y lo que significó para los equipos españoles Banesto,
ONCE, y lo que está significando el caso Festina que no es de una
menor importancia jurídica en lo que afecta a todo el conjunto del
sistema deportivo, tanto al ciclismo, como a otros deportes.
Por tanto, me parece que nuestra actuación es a la defensiva, que no
se está abordando a fondo el peligro que para nuestros deportistas
aparece en la Oganización Internacional del Deporte; no estamos
teniendo incidencia. Exactamente, quiero saber, la expresión clara de
nuestra posición en los foros hemos participado y la posibilidad de
intervenir en una armonización internacional legislativa y en qué
términos. Definamos modelos; el francés, no, está claro. Definamos
mejor el modelo. Reitero: cuál es el modelo de dopaje; no que se
hable de un modelo que, según usted, tiene un buen componente de
investigación, que es muy moderno y que es de los mejores métodos
antidopaje, no; yo quiero saber la española clara y real actuación en
el caso del dopaje.
Finalmente, he de decirle que yo quiero que este Gobierno nos
explique cómo está ahora mismo la armonización de legislación
internacional, cómo se van a situar las normas más claras o en qué
afecta esta modificación que nos acaba de explicar de lista de
productos dopantes, en qué sentido, si es más restrictiva o más
amplia, en qué sentido vamos a elaborar una nueva lista que se ha
situado sólo entre un componente ético y un componente de salud del
deportista. Yo quiero que nos explique mejor en dónde situamos esta
nueva lista, para tener una idea más general
de dónde estamos exactamente, más allá de que tengamos la
posibilidad, -viendo con qué riesgos-de ir a Francia este verano.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burballá, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió).
El señor BURBALÁ Y CAMPABADAL: Señor secretario de Estado, gracias
por su comparecencia y por esa explicación exhaustiva que nos ha
transmitido, ubicando el inicio de la misma en los sucesos del Tour
98, que, fueron un aldabonazo. Yo creo que podemos coincidir en que
fueron un aldabonazo para la conciencia del deporte mundial,
independientemente de los métodos empleados y de la unificación de
legislaciones; eso fue un aldabonazo.
La pregunta es ¿qué tenemos al cabo de un año, prácticamente de un
año? ¿Dónde estamos? ¿Hemos mirado para otro lado? ¿Hemos estado
atacando el problema? Nuestra impresión es que hemos estado encima
del problema. Por lo tanto, damos por bueno lo que el Gobierno y el
Consejo Superior de Deportes ha hecho en este tiempo. Lo damos por
bueno en el sentido de que eso es lo mínimo que era exigible hacer
por el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno, que es proteger
los intereses de nuestros deportistas: la asistencia jurídica, la
movilización de los instrumentos consulares y del Ministerio de
Asuntos Exteriores, en fin, todo eso lo damos por bueno. La
participación en conferencias internacionales, los contactos con los
ministros de deporte de otros países también nos parece bien. Sin
embargo, al día de hoy, señor secretario de Estado, tenemos a un juez
en Francia llamando a declarar, instruyendo sumarios a diestro y
siniestro, aplicando en definitiva la legislación francesa,
aplicándola. Nosotros tenemos que ser respetuosos con la legislación
francesa, pero tenemos que velar también -en eso coincidimos con
usted-con la situación en que se van a encontrar nuestros deportistas
pasado mañana, o dentro de un mes, o dentro de dos meses, o el año
que viene.
Hay otra componente del tema, que es que esto no justifica que a
nivel internacional no se proceda a fijar unos criterios unificados
de actuación, y para eso instamos al Gobierno a que siga trabajando
para que en los ámbitos internacionales, amparándose en la
conferencia mundial, amparándose en las resoluciones que han llevado
a la creación de la Agencia, todo esto funcione, señor secretario de
Estado; que funcione, que no se quede simplemente en instrumentos.
Nuestro grupo cree que es difícil la cuestión porque se trata de
legislaciones en algunos casos contradictorias, pero ahí también hay
un papel muy importante que es el de la Unión Europea, y a eso le
instamos también. Nuestro Gobierno tiene que abanderar, dentro de la
Unión Europea, lo que significa el que el deporte se tome en serio
y que éste y otros muchos temas encuentren en el Tratado de la Unión un
reflejo, una vía, un camino, para poder ser aplicados después de una
forma unificada en todos los países de la Unión Europea. Lo que no
tiene sentido es que por llevar un frasco de Couldina, por llevar un
jarabe antibronquial un deportista, un técnico o cualquier persona
relacionada con una competición deportiva pueda verse sometido a
instrucciones de sumarios o a un proceso judicial,
que por otro lado seguramente es muy justo para los casos de delito,
que nosotros somos partidarios evidentemente de que se castiguen.
Hemos visto también durante estos meses, prácticamente este año,
distintos pronunciamientos, algunos que han intentado de alguna
manera involucrar al deporte español como un elemento consumidor de
sustancias prohibidas. Yo creo que esto ha tenido una reacción, una
respuesta que en este momento podemos considerar efectiva, pero por
otro lado hemos visto pronunciamientos del Gobierno sobre que iban a
modificar la legislación, que se iba a modificar el real decreto al
que ha hecho usted referencia, que iba a ampliar los supuestos de
sanción, para entendernos, por utilización de sustancias o métodos
prohibidos en el entorno de los deportistas. Yo quisiera que me
explicara también exactamente en qué situación se encuentra este
aspecto, porque usted ha vuelto a hacer referencia a él.
Por lo demás, señor secretario de Estado, compartimos la lucha que el
Consejo Superior, que el Gobierno, conjuntamente con las comunidades
autónomas, están realizando en la prevención y en la lucha contra el
dopaje, y le quiero insistir en el aspecto preventivo. También
quisiera saber si ustedes van a prevenir alguna otra cuestión; es
decir, si la prevención va a ser para ustedes un elemento fundamental
o simplemente vamos a seguir yendo a remolque de los hechos que vayan
produciéndose, a pesar de que eso signifique estar actuando activa,
positivamente en la lucha contra este fenómeno que hemos de erradicar
del deporte.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario
Popular, don Francisco Antonio González Pérez.
Para el futuro, cuando hablemos de Cultura y Educación, está bien,
pero cuando hablemos de deporte y de dopaje, no se fume. Nada más.
Señor González, tiene usted la palabra.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, procuraré seguir su
consejo, en este caso, para no doparme con la nicotina, y contribuir
en cierta medida a nuestro planteamiento sobre el dopaje.
En primer lugar, agradezco la presencia del secretario de Estado para
el Deporte en esta Comisión. Aunque se ha dicho que el tema que nos
trae aquí, inicialmente está pasado, como bien también se ha
indicado, no solamente es un tema de presente sino también de futuro.
Está claro que la actualidad a veces va por delante de los propios
acontecimientos.
Se oyen cosas, se ve cuál es la legislación francesa, y yo no me
plantearía irme en un viaje, sea de trabajo o sea vacacional, a
Francia con algún proceso bronquial o con algún catarro, porque si me
llevara de aquí los medicamentos, como la Couldina o el Ventolín,
podría acabar con mis huesos en un calabozo; es bastante preocupante.
Yo no sé el posicionamiento que pueden tener los demás grupos. Amí me
parece que la legislación francesa esto es una afirmación-es
excesivamente dura con el transporte -entre comillas-de medicación
que está perfectamente registrada y autorizada por un gobierno
comunitario, en este caso el Gobierno español.
Yo creo que lo que ha venido haciendo hasta ahora el Consejo Superior
de Deportes con respecto al dopaje en el Tour 98 en Francia no
solamente ha estado bien sino que ha estado muy bien. No podemos
olvidar que estamos hablando de una legislación de un país socio
dentro de la Unión Europea, pero que al fin y al cabo es soberano,
mientras no se demuestre lo contrario, sobre la posibilidad de
ejercer sus derechos, su propia legislación y actuar en consecuencia.
Posiblemente, si en vez de ser esto la Cámara española, si en vez de
ser esto el Congreso de los Diputados fuera la Cámara francesa, yo
sería beligerante en este caso, no en esta Comisión sino en la
comisión equivalente en el Parlamento francés de Justicia e Interior,
para que se derogara de alguna manera esa dureza legislativa que
plantean las leyes francesas con respecto a medicamentos o dopaje,
independientemente de que el tráfico, no para el uso de ciertas
sustancias pueda requerir actuaciones más duras.
Creo que la actuación del Consejo Superior de Deportes aumentando los
controles antidopajes en nuestro país, en un 40,9 por ciento en
alguno de los casos y en un 308,3 por ciento en otros, es una
respuesta positiva. La lucha contra el dopaje es España, desde que
tengo conocimiento en este ámbito, ha sido permanente y constante y,
por cierto, bastante dura. Mientras en algunos otros países se ha
sido ciertamente hipócrita, en España se ha actuado con dureza
manifiesta con respecto a estos temas.
Está claro que el Consejo Superior de Deportes ha actuado como debe
actuar. En este caso, ha consultado con las instancias comunitarias y
ha requerido la información necesaria por si la legislación francesa
contraviniera los propios acuerdos de la Unión Europea, como bien se
ha dicho, respecto a la libre circulación de mercancías. Me sigue
pareciendo una barbaridad que se actúe en contra de medicamentos,
insisto, legalmente establecidos en un país. Seguramente habrá algún
medicamento con nombre distinto, simplemente por el idioma, que tenga
los mismos componentes y que pueda ser perseguido en Francia.
En todo este maremágnum, en el Tour 98 y posiblemente en el Tour 99,
se han dado situaciones en donde, como dice el refranero popular, a
río revuelto, ganancia de pescadores. Creo que hay que tener bastante
conciencia de lo que ha sucedido en este ámbito. ¿Hay que unificar
criterios? Claro que hay que unificar criterios. Ahí estamos todos de
acuerdo, y seguramente el Consejo Superior de Deportes será el
primero que esté apelando a aquellas instancias superiores, en este
caso comunitarias, para que haya un criterio unificado con respecto a
la utilización de medicación en el ámbito deportivo. ¿Qué sucede? Que
mientras no haya una unificación legislativa respecto a leyes
penales, en lo relativo a este tema, va a ser muy difícil que esto se
lleve a cabo. Estamos hablando de todo el entorno de la Unión
Europea; Francia es un país que tiene una legislación desde mi punto
de vista dura, así como Dinamarca y los países nórdicos. Lo que pasa
es que hay cierta contradicción, porque en estos países nórdicos,
entre comillas, se es muy duro en el ámbito del dopaje y, a lo mejor
-es curioso-, se es más flexible o condescendiente con algún otro
tipo de droga, con medicamentos penados legalmente; existe cierta
permisibilidad con el tema de las llamadas drogas blandas. En Italia
se dice que se va a endurecer; el Parlamento
italiano no sé al final qué hará, pero no parece que vaya a tener
muchas posibilidades de sacar adelante esta legislación.
Con respecto a lo que ha hecho el Consejo Superior de Deportes, el
secretario de Estado, en su anterior comparecencia en esta Comisión,
manifestó algo sobre lo que quiero que profundice más, porque, para
conocimiento de todos, es importante la protección al deportista. La
idea del Consejo de crear esa comisión para prevenir la salud del
deportista es brillante y va a beneficiar no solamente al ámbito
deportivo sino a las propias personas que participan directamente en
este mundo del deporte. Se ha participado activamente; las propuestas
que ha hecho el Consejo Superior de Deportes, o España en este caso,
en cuanto a la creación de la Agencia Internacional del Dopaje, son
buenas. Los tres puntos que ha relatado el secretario de Estado
vienen a confirmar que estamos a la vanguardia, que estamos
trabajando para que se unifiquen estos criterios y no haya
discrepancias entre países, y quiero animar al secretario de Estado,
al Consejo Superior de Deportes y al Ministerio de Educación y
Cultura para que se sigan en esta línea, que creo que es la adecuada
y la que nos llevará a tener los beneficios que todos esperamos.
El señor PRESIDENTE: Señor Villar, tiene la palabra para contestar,
lo más escuetamente posible, a las cuestiones planteadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Primero, quiero agradecer a los tres portavoces que han intervenido
sus manifestaciones y el contexto en el que se han desarrollado. Sin
embargo, me gustaría empezar diciendo que la única cosa que no
comparto con la portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, es que
yo trate de hurtar algún tipo de debate al Parlamento. En primer
lugar, yo llevo tres meses y he venido dos veces a esta Cámara, creo
que es un récord difícilmente superable. Por tanto, permítame que
tenga cierto derecho a decir que no hurto ningún debate. En segundo
lugar, yo me podía haber limitado a contestar una pregunta de hace
año y pico, que ahora no tendría ninguna virtualidad y, sin embargo,
en la primera intervención de la comparecencia, he contestado a la
pregunta y he planteado la situación actual y la de futuro. Ratifico
que no tengo ningún problema en acudir a un debate monográfico sobre
este tema cuando a SS.SS. les parezca oportuno.
Una vez dicho esto, hay que diferenciar y debe quedar claro dos cosas
distintas. Una es el debate general sobre el dopaje en el deporte y
qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas,
estamos llevando una política de dopaje coherente. Como dije en la
primera intervención, somos pioneros en la lucha contra el dopaje.
Tenemos unos centros de investigación y control del dopaje que son
referencia mundial. Es fácilmente contrastable porque en cualquier
tipo de concentración o actuación deportiva que se realiza en el
mundo, nuestro laboratorio es constantemente requerido para hacer los
controles. Los componentes de nuestro equipo científico en los
laboratorios de este país están continuamente siendo requeridos, y
pongo como ejemplo concreto de dónde estamos a nivel técnico el
laboratorio que va a hacer el análisis de los próximos juegos del
Mediterráneo del año que viene.
En cuanto a lo que vamos a hacer en el futuro respecto al contexto
general, estamos convencidos -y así lo manifestamos en Lausanne-de
que la creación de la Agencia Internacional de Dopaje es un punto
clave. ¿Por qué es un punto clave? Porque es lo que nos va a servir
de referencia, si es, como creemos que debe ser, un órgano
independiente y puede funcionar como tal y va a servir para que haya
una verdadera armonización de las listas, para que estemos de acuerdo
todos en el tipo de controles y, sobre todo, para que armonicemos los
resultados del control del dopaje, que a veces son complicados ya que
técnicamente son muy difíciles de evaluar porque tienen
interferencias con algunas sustancias complicadas y, al final,
técnicamente es difícil saber si se puede considerar dopaje o no.
Como saben SS.SS., en Lausanne se quedó en que la Unión Europea iba
a tener una postura común en cuanto a la creación de la Agencia
Internacional del Dopaje. Aparte de las reuniones que he tenido con
las ministras francesa e italiana, y la que mañana voy a tener con el
ministro portugués, ha habido dos reuniones técnicas para preparar la
cumbre de ministros del deporte, que tendrá lugar los días 31 de este
mes y 1 y 2 de junio, en Paderborn, en Alemania, en la que se va a
decidir la postura de la Unión Europea respecto a la Agencia
Internacional de Dopaje y transmitirle al COI cuál es nuestra
postura.
El otro día, en la reunión que mantuve con la ministra italiana,
quedamos en enviar una carta, que mandamos la semana, pasada a la
Presidencia alemana para solicitar que las conclusiones que se saquen
en esta reunión de Pademborn sean definitivas. Saben SS.SS. de sobra
que llegar a conclusiones concretas dentro de la Unión Europea es
complejo pero, dado el interés que se tiene por este hecho, el
compromiso que se adquirió en Lausanne de que en tres meses la Unión
Europea daría una contestación y la inminencia relativa de la próxima
olimpiada de Sidney, a la ministra italiana y a mí nos pareció lo
suficientemente importante como para dirigirle una carta a la
Presidencia alemana para que la reunión de paderborn sea definitiva.
Estamos completamente de acuerdo y en vanguardia con la Unión Europea
para tratar todos estos temas. ¿Qué otra cosa hemos hecho a nivel
general? El fin de semana anterior tuvimos una reunión de directores
generales y secretarios generales de las comunidades autónomas y se
planteó la creación de una Comisión para prevenir la salud del
deportista. Creemos que es una comisión importantísima lo decía el
portavoz del Partido Popular y yo lo dije en la primera comparecencia
que tuve aquí-y de gran trascendencia, primero, para la prevención,
porque hemos de tener claro, que es lo que nos interesa
fundamentalmente, como decía S.S, es la prevención de la salud del
deportista; segundo, para saber si existe o si tenemos que hacer
algún tipo de prueba específica a los deportistas de alto nivel,
sobre todo antes o durante la actuación de su vida deportiva,
y también según los tipos de actividad, por ejemplo, las actividades
subacuáticas, pueden requerir alguna prueba específica. Todo esto -y
le puedo decir que se ha mandado a todas las partes implicadas y la
acogida ha sido soberbia y yo aprovecho para agradecer a las
comunidades autónomasla colaboración que han mantenido con nosotros
para
que esto siga adelante-tiene que servir para el hecho fundamental,
que es preservar la salud del deportista. Por eso, como ha dicho
también S.S, yo creo que para todos éste es el primer objetivo.
Estas son las líneas generales, que yo ya introduje en la primera
intervención, sobre las que podríamos discutir cuando le parezca
oportuno, pero, aparte de esto, hay un hecho concreto -y no puedo
estar de acuerdo en que nosotros vayamos detrás o sólo nos dediquemos
a esto-, y es que hemos tenido que coger el toro por los cuernos,
como se dice vulgarmente, tratando de solucionar los problemas
acaecidos, que se arrastran a raíz del tour del año pasado. Aquí hay
dos cuestiones que a mí me interesa distinguir y que son
fundamentales. En primer lugar, la actuación judicial. Ninguno de
nosotros ni la ministra francesa -lo comentamos en la reunión-tenemos
posibilidad de actuación. En Francia, el Código Penal entra en el
tráfico de estas sustancias. Si la actuación judicial, como ya dije
en mi intervención, puede acaecer en cualquier momento, ahí no
tenemos absolutamente nada más que hacer. Lo que le planteé a la
ministra francesa, y me parece importante, es que cualquier petición,
cualquier audiencia, cualquier actuación -porque todo esto es
consecuencia de las actuaciones del tour del año pasado-se hiciera,
si era posible, antes del comienzo del nuevo tour, aunque tampoco es
posible decir que vaya a ser así. Entonces, en primer lugar, tenemos
el problema judicial y, en segundo lugar, tenemos que aclarar lo que
nos solicitan los equipos y la Federación de Ciclismo, aunque después
se ha extendido, como veremos, a otros deportes, que son las reglas
del juego con las que los equipos españoles y sus deportistas van a
tener que actuar en los próximos eventos deportivos tanto de ciclismo
como de fútbol, baloncesto o tenis.
Aquí se plantean dos problemas fundamentales. Uno de ellos es qué
pasa con el transporte de medicamentos, que fue uno de los problemas
principales que se plantearon en el tour del año pasado. A este
respecto hemos establecido -y ayer hubo una reunión con la Agencia
del Medicamento, con el Colegio de Médicos y con la Comisión Nacional
de Antidopaje francesa para que nos dijeran qué es lo que tenemos que
hacer, qué tienen que hacer los equipos, por tanto, insisto, son
decisiones de ayer-que las federaciones nos van a mandar -nosotros
vamos a hacer de intermediarios, llamémosle como queramos-la lista de
medicamentos que ellos pretenden introducir en Francia, por ejemplo,
para el tour de este año. Nosotros vamos a mandar esa lista a la
Agencia del Medicamento francesa y ellos nos dirán cuáles de estos
medicamentos no necesitan autorización y cuáles sí. No vamos a
discutir, como decía antes, sobre la libre circulación de productos,
porque eso va por otra parte; discutiremos la reglamentación de la
Unión Europea, pero lo que nos interesa es ir a lo práctico. La
Agencia del Medicamento francés nos va a mandar la lista de
medicamentos cuya autorización considera indispensable. Hemos quedado
en que nosotros mandamos la lista por fax y ellos nos dicen, por
ejemplo, que de estos 35 medicamentos, 25 están autorizados y de los
10 restantes nos mandan la autorización.
Por otra parte, se habló con el Colegio de Médicos francés. El otro
problema que existe es la actuación del médico o del profesional
sanitario en territorio francés. Aquí hay
una cosa que es importante y es que todas las legislaciones europeas
obligan a la colegiación del médico que actúa en cada país, el
nuestro incluido. ¿Qué pasa? Hasta ahora, un equipo como el Girondine
de Burdeos, que viene a jugar aquí un partido de fútbol, trae su
médico. Al Barcelona -lo nombro porque va el primero en la Liga-
cuando se traslada a Francia a jugar un partido, normalmente no se le
exige la colegiación -entre comillas-temporal, pero si, al final, el
Colegio de Médicos francés considera que eso es absolutamente
necesario, no tendríamos ningún problema, porque han quedado en que
la tramitación de la autorización era inmediata. También hemos
propuesto al Gobierno francés lo que ha parecido oportuno y prudente-
trasladar a la Unión Europea la petición de cierta homologación para
estas actuaciones mediante un pasaporte médico común entre comillas-
para cada equipo que se traslada con un médico, el cual no va a
actuar en territorio de otro país, sino simplemente sobre cuatro, 10
ó 35 personas.
El señor PRESIDENTE: Nos queda otra comparecencia, señor secretario
de Estado. Vayamos abreviando. Como lo voy a advertir en la réplica,
lógicamente es conveniente que también a usted le reduzca el tiempo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Yo soy absolutamente respetuoso, lo que pasa es que es un tema de
gran interés. Bueno, yo me callo. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Conteste a las cuestiones concretas que le han
pedido de una forma muy rápida. Yo no le retiro la palabra, lo que le
digo es que conteste usted a las cuestiones concretas sobre las que
cada grupo ha pedido aclaración, sin repetir el contenido general de
la comparecencia, porque nos queda otra.
Tiene tres minutos para acabar con sus anotaciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Me puedo pasar dos días hablando del tema.
El señor PRESIDENTE: ...Ese era el temor. (Risas.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Como veo que el señor presidente ha entendido perfectamente el
panorama, corto y les dejo que vuelvan a replicar.
El señor PRESIDENTE: Un minuto rigurosamente medido, señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Rigurosamente.
Me parece que no es bueno para el debate simplificar todo lo que
ocurrió y ha ocurrido en Francia con lo de la Couldina, como aquí se
ha planteado. Es bastante más complejo lo que ha ocurrido y está
ocurriendo en Francia. De todas formas le pediría una aclaración que
para nosotros es muy importante. ¿Cuál es la lista de medicamentos
sobre la que vamos a pedir autorización a Francia para el tour? ¿La
nueva, la que vamos a modificar en el real decreto?
¿Esa nueva lista significa menos sustancias prohibidas y más
sanciones? Ésta es la aclaración que solicito.
El señor PRESIDENTE: Señor Burballa, también un minuto rigurosamente
medido.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor secretario de Estado, ¿hay
alguna modificación prevista respecto al mismo punto que planteaba mi
colega del Grupo Federal de Izquierda Unida? En mi opinión, es
necesario algún tipo de homologación para los médicos que acompañan a
los equipos deportivos, porque no puede pensarse que vamos a tener
que colegiar a todos los médicos que acompañen a un equipo de fútbol.
Por otro lado, hay que velar especialmente por la protección de los
deportistas en cuanto a lo que consumen y por la protección de los
deportistas en cuanto a su fama y a su prestigio, porque se ven
inmersos en denuncias o bien en situaciones como la que tenemos ahora
mismo y hemos tenido en el pasado. Verdaderamente no se corresponde
lo que se está proyectando sobre el prestigio del deportista con lo
que realmente ha sucedido en el control del dopaje.
El señor PRESIDENTE: Señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Menos de un minuto. Creo entender que la
lista que se va a ampliar con respecto al tema de Francia no es la
del real decreto. Le pido al secretario de Estado que me lo confirme;
creo que es la lista CIO, si no me equivoco.
El señor PRESIDENTE: Tres minutos, señor secretario.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
La lista de medicamentos que se incluyen en el dopaje es la lista del
CIO, y está admitida. Ahora hablamos de todos aquellos medicamentos
que un equipo quiera trasladar, incluidos los de tratamiento, por
ejemplo, en el caso de que un equipo haya un diabético que necesite
insulina o en el caso de un señor que tenga asma y necesite llevar un
broncodilatador. Esa es la lista que vamos a mandar y nos van a decir
cuáles están autorizados y cuáles no, pero no tiene nada que ver con
la lista general de las sustancias dopantes, ya que nosotros seguimos
con la lista del CIO.
En cuanto al decreto, lo único que hace es incluir dentro del ámbito
de aplicación a los técnicos, médicos y personal sanitario, que no
estaba incluido, pero siempre dentro del ámbito administrativo.
En cuanto al prestigio es evidente, y estoy completamente de acuerdo,
que se persiguen dos cosas: por un lado, la protección de la salud
del deportista y, por otro lado, que logremos entre todos que no se
asocie deportista a un señor que se mete cosas, sino que hay que
diferenciarlo claramente. Últimamente, a raíz de estos
acontecimientos, ha quedado un poco dañada su imagen.
- ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO PARALACREACIÓN DELCONSEJO
DE LAS EMISIONES YRETRANSMISIONES DEPORTIVAS, ASÍ COMO ELCAMBIO DE
CRITERIO DEL GOBIERNO EN LA CONSIDERACIÓN DE 'INTERÉS GENERAL' DE LAS
COMPETICIONES FUTBOLÍSTICAS EN EL ÁMBITO EUROPEO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000375)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el segundo punto del orden del día,
que tiene por objeto también su comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el criterio del
Gobierno en consideración al interés general de las competiciones
futbolísticas en el ámbito europeo.
Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
El objeto de la presente comparecencia es el de exponer cuáles han
sido las actuaciones llevadas a cabo para la creación del Consejo
para las emisiones y retransmisiones deportivas. Es evidente -aquí
más que en el caso anterior-que el tiempo transcurrido desde que se
solicitó esta comparecencia, que es el 13 de octubre de 1997, hace
que una parte sustancial de la misma carezca de actualidad. Primero,
contestaré a la pregunta porque no queda más remedio, pero luego haré
lo mismo que he hecho en la pasada comparecencia, y para no hurtar a
la Cámara el debate que luego se suscitará, sin lugar a dudas, paso a
hacer una intervención general prescindiendo de que esta pregunta
haya sido hecha hace dos años.
Quiero informarles que el Consejo para las emisiones y
retransmisiones deportivas se encuentra constituido y en
funcionamiento, habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones
que en el aspecto organizativo preveía la Ley 21/1997, de 3 de julio,
reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos. La disposición final cuarta de la citada
ley autorizaba al Gobierno para la creación del Consejo para las
emisiones y retransmisiones deportivas, del que formarían parte una
representación de las autoridades gubernativas deportivas de ámbito
estatal y autonómico, de las federaciones de las ligas profesionales,
de las distintas asociaciones de deportistas profesionales, de las
entidades organizadoras de las competiciones y acontecimientos
deportivos, de los medios de comunicación social públicos y privados
y de las asociaciones de consumidores y usuarios.
En cumplimiento de lo establecido en esta disposición final se
procedió a la elaboración del correspondiente proyecto de real
decreto, que tras las pertinentes consultas e informes, fue
finalmente aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de mayo de 1998
y publicado en el BOE el 23 de mayo. El Real Decreto-ley 991/1998, de
22 de mayo, crea el Consejo para las emisiones y retransmisiones
deportivas, que está compuesto por un presidente, cargo que recae en
mi persona, en calidad de presidente del Consejo Superior de
Deportes, un secretario y los siguientes vocales: nueve
representantes de las autoridades gubernativasde ámbito estatal,
nueve representantes de las comunidades
autónomas designados por las mismas, los presidentes de las
federaciones deportivas españolas con competiciones oficiales de
carácter profesional y ámbito estatal, es decir, fútbol y baloncesto,
dos representantes del resto de las federaciones deportivas
españolas, los presidentes de las ligas profesionales existentes,
fútbol y baloncesto, los presidentes de las asociaciones de
deportistas profesionales que participen en competiciones oficiales
de carácter profesional y ámbito estatal, dos representantes de las
entidades organizadoras de competiciones deportivas de ámbito
estatal, que no constituyan o formen parte de federaciones, un
representante de Televisión Española y otro de RadioNacional de
España, un representante de cada una de las televisiones reguladas
por la Ley 10/1998, de Televisión Privada, un número igual de
representantes a los que resulten de la aplicación del apartado
anterior de la Federación de Organismos de Radio y Televisión
Autonómica, Forta, dos representantes de los medios radiofónicos, dos
representantes de la prensa escrita, dos representantes de los
operadores existentes en la modalidad de servicios de televisión por
satélite, dos representantes de los operadores concesionarios de
telecomunicaciones por cable en el ámbito de la televisión, dos
representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios y
cuatro representantes de los sindicatos más representativos en el
ámbito de las comunicaciones y del deporte profesional. (El señor
Leguina Herrán: ¿Dónde se reúnen?) Una vez publicado este real
decreto-ley se procedió a la constitución del Consejo, lo que tuvo
lugar en la sesión del Pleno del 29 de junio. En esta misma sesión se
procedió a la elección de los vicepresidentes del órgano,
nombramientos que recayeron en el subsecretario del Ministerio de
Educación y Cultura, vicepresidente primero, y en el presidente de la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, vicepresidente segundo.
Igualmente, se procedió a la elección de los miembros de la Comisión
permanente y a aprobar las reglas de procedimiento para la
elaboración del catálogo de competiciones o acontecimientos
deportivos de interés general previstos en el artículo 4.1 de la Ley
21/1997, de 3 de julio. El Pleno encomendó a la Comisión permanente
del organismo la elaboración de una propuesta del catálogo y su
elevación al Pleno. A tal efecto, la Comisión permanente celebró tres
sesiones los días 3, 10 y 15 de julio de 1998, en las que, además de
elaborar la propuesta del catálogo prevista en el artículo 4.1 de la
Ley 21/1997 y para tratar de dar un cauce a la facultad genérica de
velar por el cumplimiento del artículo 5 de la Ley, se dirigió a
todos los operadores de televisión en abierto el 3 de julio de 1998
preguntándole si tenía interés y capacidad en derecho para
retransmitir los encuentros de fútbol en las condiciones del artículo
5 de la Ley 21/1997. Me permito recordar a SS.SS. que el artículo 5
de la ley considera de interés general un encuentro por cada jornada
de las competiciones deportivas de liga o de copa, que debe ser
emitido en directo, en abierto y para todo el territorio nacional,
siempre que haya algún operador o programador interesado en hacerlo.
La Comisión permanente del Consejo, en la sesión del 10 de julio de
1998, tomó conocimiento, sin reparo alguno de ninguno de los
operadores presentes, de la comunicación cursada por la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, Forta, con fecha 8 de
julio, en
relación con los criterios a utilizar para la retransmisión de
partidos al amparo de los previsto en el artículo 5 de la Ley 21/
1997. Dicha comunicación era del tenor siguiente.
Primero, que las televisiones, Canal Sur Televisión, S.A., Televisión
de Cataluña, S.A., Televisión Autonomía de Madrid, S.A., Televisión
Autonómica Valenciana, S.A., Televisión de Galicia, S.A. y Euskal
Telebista, Televisión Vasca, S.A., asociadas en Forta, son titulares
en exclusiva de los derechos de grabación y emisión en sistema de
televisión abierta y gratuita de los encuentros correspondientes al
Campeonato Nacional de Liga de primera y segunda división A, durante
las temporadas 1998-1999 al 2002- 2003, ambas inclusive, así como de
determinados encuentros del Campeonato de España, Copa de Su Majestad
el Rey, durante las mismas temporadas.
Segundo, que la titularidad de dichos derechos permite a dichas
televisiones dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la
Ley 21/1997, reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos. Es importante resaltar
este punto dos, en el que se dice que se permite a las televisiones
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 21/1997.
Tercero, que las televisiones autonómicas como titulares en exclusiva
para el territorio español de los derechos indicados anteriormente ha
iniciado las oportunas gestiones y negociaciones en el marco del
punto 4, del artículo 4, de la Ley 21/1997, a los efectos de extender
la retransmisión de la liga y copa a todo el citado ámbito
territorial.
Cuarto, que las televisiones autonómicas citadas, a fin de dar
cumplimiento a la Ley 21/1997, están dispuestas a llevar a cabo la
retransmisión de los referidos encuentros, de conformidad con los
siguientes criterios. Las televisiones autonómicas transmitirán al
menos un encuentro por temporada desde el estadio de cada uno de los
clubes y sociedades anónimas deportivas, con objeto de satisfacer a
los seguidores de todos los clubes y contribuir a la estabilidad
económica de los mismos. No será retransmitido un número abusivo de
encuentros por temporada de ninguno de los clubes que integran las
respectivas competiciones con el mismo objetivo de contribuir a la
estabilidad económica de los mismos. A los efectos de lo manifestado
en los dos puntos anteriores, queremos significar la trascendencia
que tiene para la estabilidad económica de los clubes y para la
viabilidad de las competiciones oficiales de fútbol que la
explotación en abierto de los derechos audiovisuales garantice la
transmisión de, al menos, un encuentro por temporada de cada club
desde su estadio, así como la no transmisión de un número abusivo de
encuentros.
Además de los criterios anteriores, para la selección a retransmitir
en cada jornada se tendrán en cuenta la importancia y trascendencia a
nivel nacional de los encuentros que se disputen en cada jornada, el
interés de los usuarios y la tradición y arraigo de las
retransmisiones televisivas del evento.
El Pleno del Consejo para las emisiones y retransmisiones deportivas,
celebrado el 30 de julio de 1998, fue informado de los criterios
antes expuestos y aprobó, con unas pequeñas modificaciones, la
propuesta del catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos
de interés general que había elaborado la Comisión permanente. El
catálogo fue publicado en el BOE el 25 de agosto de 1998.
A partir de este momento -como dije al comienzo de la intervención-,
no se puede ocultar a SS.SS. que la aplicación concreta del artículo
5 a determinados acontecimientos deportivos del catálogo ha suscitado
dudas interpretativas que voy a tratar de clarificar desmenuzando el
contenido de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley 21/1997, aunque la
pregunta no lo pide.
El señor PRESIDENTE: Si la pregunta no lo pide y quiere usted
eludirlo, elúdalo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Estoy encantado de hacerlo.
El punto de partida a considerar es la Directiva 97/36 del Parlamento
Europeo y del Consejo, que modifica la Directiva 89/552, sobre
Coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva, más conocida como directiva
sobre televisión sin fronteras.
El artículo 3 bis, apartado 1, de la citada directiva establece que
cada Estado miembro podrá adoptar medidas, de conformidad con el
derecho comunitario, para asegurar que los organismos de
radiodifusión televisiva sometidos a sus jurisdicciones no transmitan
de manera exclusiva acontecimientos que dicho Estado miembro
considere de gran importancia para la sociedad, de manera que se
prive a una parte importante de público de dicho Estado miembro de la
posibilidad de seguir dichos acontecimientos, en directo o en
diferido, en la televisión de libre acceso. Si adopta dichas medidas,
el Estado miembro de que se trate establecerá una lista de
acontecimientos, nacionales o no nacionales, que considere de gran
importancia para la sociedad, lo que hará de manera clara y
transparente a su debido tiempo y oportunamente.
En definitiva, esto es lo que ha venido a regular la Ley 21/1997, de
3 de julio. El artículo 1 de esta ley delimita el ámbito de
aplicación de la misma, señalando que sus disposiciones son
aplicables a las retransmisiones de competiciones o acontecimientos
deportivos que cumplan alguna de las siguientes condiciones: que sean
oficiales; de carácter profesional y ámbito estatal, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley del Deporte; que correspondan a las
selecciones nacionales de España, y que tengan especial relevancia
y transcendencia social. Evidentemente, esto no quiere decir que todas
las competiciones que cumplan alguna de estas condiciones deban ser
necesariamente retransmitidas, solamente se fijan los criterios
básicos que servirán al Consejo para poder elaborar el catálogo de
interés general.
El artículo 4.1 de la ley encomienda al Consejo la elaboración de un
catálogo de competiciones o acontecimientos deportivos que por su
relevancia y trascendencia social deban considerarse de interés
general. El artículo 4.2 señala qué criterios deben tenerse en cuenta
para la inclusión en el catálogo: atracción sobre la audiencia,
importancia en el ámbito deportivo nacional y tradición de la
competición o acontecimiento. El artículo 4.3 fija las condiciones en
que deben ser transmitidos estos acontecimientos: en directo, en
emisión abierta y para todo el territorio del Estado, aunque
excepcionalmente admite que determinados acontecimientos
se retransmitan en diferido, total o parcial. Para finalizar
el análisis de este artículo, diré que el apartado 4 admite la
posibilidad de que los operadores o programadores cuyas emisiones no
cubran la totalidad del territorio adquieran derechos exclusivos de
retransmisión de acontecimientos catalogados de interés general, con
la obligación de ceder los mismos en régimen de pública concurrencia
a los demás operadores o programadores, a los efectos de extender la
transmisión al resto del territorio nacional. El mencionado artículo
4.4 concluye señalando que en caso de que ningún operador o
programador esté interesado en adquirir estos derechos, quedará sin
efecto la obligación de cubrir todo el territorio del Estado.
Este inciso, que, como veremos, se vuelve a reiterar en el artículo 5
respecto a la retransmisión de los partidos de liga o copa, es básico
a la hora de analizar con sensatez las dudas surgidas por la no
retransmisión de determinados acontecimientos, porque para que la ley
sea plenamente efectiva es necesario que algún operador esté
interesado en la retransmisión en las condiciones fijadas en el
artículo 4.3, ya que la ley no impone la obligación de retransmitir
los acontecimientos catalogados, sino que concede un derecho a los
operadores que emiten en abierto a emitir con preferencia frente a
quienes emiten en otras modalidades. Además, convendrán SS.SS.
conmigo en que no es suficiente que exista un interés genérico o
teórico en la retransmisión de los acontecimientos por parte de los
operadores, sino que es preciso que este interés sea concreto y que
se manifieste de alguna forma, a efectos de que el Consejo pueda
adoptar los acuerdos pertinentes para amparar los derechos de los
operadores que deseen emitir los acontecimientos catalogados. En todo
caso, la ley no permite que este órgano imponga coactivamente sus
decisiones y acuerdos al no haberse arbitrado un sistema de
infracciones y sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones
por parte de los operadores, programadores y titulares de los
derechos de transmisión.
Por lo que se refiere al contenido del artículo 5 de la ley, ya he
tenido antes la oportunidad de comentar que considera de interés
general un encuentro en cada jornada en las competiciones de liga o
copa, encuentro que deberá ser retransmitido en directo, en abierto y
para todo el territorio del Estado, siempre que haya algún operador o
programador interesado en hacerlo. El derecho de elección del
encuentro de cada jornada se establece en el párrafo segundo del
citado artículo, según el cual los operadores o programadores
interesados en la retransmisión en abierto de este encuentro tendrán
derecho preferente de elección en el sistema de reparto de encuentros
de una misma jornada de cada competición frente a los operadores que
emitan en otros sistemas. En la aplicación concreta de este precepto
se añade el régimen específico de los contratos entre los operadores
para la retransmisión de los partidos de la liga de fútbol. El
Consejo, dado que no conocía el contenido concreto de los contratos,
optó, en la aplicación de este artículo, por preguntar a los
operadores que emiten en abierto por la titularidad de los derechos
de retransmisión y si estos derechos les permitían dar cumplimiento a
las condiciones establecidas en el artículo 5. Hace unos instantes he
comentado cómo la Comisión permanente del Consejo,en su sesión de 10
de julio, tomó conocimiento de la comunicación
cursada por la Forta sobre las condiciones en que iba a transmitir
los encuentros de la liga, y en uno de sus puntos se decía
expresamente que la titularidad de sus derechos le permitía dar
cumplimiento al artículo 5 de la Ley 21/1997.
Sin embargo, los hechos posteriores han demostrado que esta
afirmación no era completamente cierta, ya que el derecho de elección
preferente del operador que emite en abierto tiene una serie de
limitaciones y condicionantes que impiden a éste dar cumplimiento
real al artículo 5. En concreto, con fecha 4 de febrero de 1999, la
entidad Canal Satélite Digital comunicó al Consejo un acta notarial
en la que se transcribía una cláusula del contrato sobre los derechos
audiovisuales y televisivos del fútbol, de 24 de diciembre de 1996,
por la que se establece un sistema de elección de encuentros para el
Campeonato Nacional de Liga, primera división, que contiene la regla
de que las televisiones autonómicas no podrán elegir el mismo
encuentro en la primera y en la segunda vuelta del campeonato. Ante
esta situación, el Consejo únicamente puede adoptar acuerdos
o decisiones como la adoptada en su sesión de 5 de febrero de 1999, en
la que se declaró que la Federación de Organismos y Entidades de
Radio y Televisión Autonómicas (Forta), como operador de televisión,
tiene el derecho preferente de elección para la retransmisión en
abierto y en directo de un encuentro por cada jornada de liga, al
amparo de lo establecido en los artículos 5.1 y 5.2 de la Ley 21/
1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos. En los acuerdos adoptados
por ese consejo se instaba a los interesados para que, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes, adoptaran las medidas necesarias
para dar efectivo cumplimiento a los preceptos citados por la Ley 21/
1997. Teniendo en cuenta además que la Ley 21/1997 excluye cualquier
tentación de adoptar medidas de carácter expropiatorio, al señalar en
su disposición transitoria única que en ningún caso puede el Estado
asumir directa o indirectamente la compensación de los perjuicios
económicos que puedan derivarse de las modificaciones contractuales
que sean precisas para aplicar los artículos 4, 5 y 6 de esta ley,
cuando el pleno del órgano abordó esta cuestión el 5 de febrero de
1999, declaró el derecho que asiste al operador que emite en abierto
para la elección preferente del encuentro de cada jornada e instó a
todos los interesados para que adoptaran cuantas medidas fueren
necesarias para lograr el efectivo cumplimiento del citado derecho.
Al margen de estos acuerdos que el Consejo puede adoptar es obvio que
los operadores, a los que la Ley 21/1997 reconoce derechos
preferentes para la emisión de acontecimientos o para la elección de
encuentros dentro de cada jornada, podrían también hacer valer sus
derechos por los procedimientos legalmente establecidos, pero esta
opción de momento no parece haber sido considerada por los operadores
y evidentemente el Consejo no puede sustituirles en este papel.
Para finalizar la comparecencia, quiero referirme igualmente al
supuesto cambio de criterio del Gobierno en la consideración de
interés general de las competiciones futbolísticas. A tenor de lo
dicho por mi parte en esta comparecencia, creo ha quedado
perfectamente claro que no
corresponde al Gobierno declarar qué acontecimientos deportivos deben
tener la consideración de interés general, por tanto tampoco le
compete a esta declaración cambiar el criterio. Evidentemente el
Gobierno o cualquiera de sus miembros puede opinar en un momento
determinado si un concreto acontecimiento deportivo debería ser o no
considerado de interés general, pero la declaración de tal interés
corresponde al Consejo para las emisiones y retransmisiones
deportivas en aplicación del artículo 4.1 de la Ley 21/1997, o bien a
la propia ley que como antes he dicho califica de interés general un
partido de cada jornada para aquellas competiciones que se disputan
por el sistema de liga o copa.
El señor PRESIDENTE: Por parte del grupo solicitante de la
comparecencia, Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Sabanés para manifestar con la mayor brevedad posible los
puntos de disconformidad y solicitar las aclaraciones concretísimas
que estime más convenientes.
La señora SABANÉS NADAL: En primer lugar, quería decirle que miembros
del Gobierno hicieron manifestaciones relativas al interés general.
No sé si les compete o no; yo soy perfectamente consciente de a quién
le compete, pero lo manifestaron en su momento y en diferentes
circunstancias.
Por la brevedad que se me pide, voy a plantearle varias cuestiones.
En primer lugar, ¿cómo se ha analizado desde la permanente y desde el
Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas aquellos contratos
en los que pueden concurrir contradicciones entre lo que marca
fundamentalmente el artículo 4 y el artículo 5? El artículo 4 sí
explicita unos criterios de atracción sobre la audiencia y que
determinados criterios pueden considerarse de interés general; por
tanto, desde el Consejo de misiones y de retransmisiones deportivas
¿qué contradicciones tenemos hoy sobre la posibilidad de actuaciones
contractuales que se derivan del artículo 5 y cómo se ha informado de
ello cuando entra en contradicción con el artículo 4, con el interés
general? Yo sé lo que dice el artículo 4 y sé lo que dice el artículo
5, pero es que a veces la declaración de interés general, pese a que
un partido de liga sea declarado por el artículo 5 de interés general
y ahí entre el problema de selección de partidos en las diferentes
modalidades contractuales, bien pudiera ser que con carácter
excepcional y en virtud del artículo 4 se pudiera declarar de interés
general un partido de liga específicamente y con carácter excepcional
por los mismos criterios que se están planteando en ese artículo.
En segundo lugar, ¿el Consejo de emisiones y retransmisiones
deportivas conocía el contenido de los compromisos del contrato del
año 1997, evaluó lo que decían los operadores en el sentido de que
les permitía ejercer sus derechos y ello se evaluó frente a las
situaciones contractuales, sobre todo de Canal Satélite Digital en el
año 1997? También querría saber si se ha evaluado o se va a evaluar
lo que puede significar de contradicción la adquisición de derechos
para el Mundial del 2002 por parte de Vía Digital por lo que ello
pudiera afectar a una declaración, que como es anual, evidentemente
es posterior a lo que significa el contrato. A pesar de que he
escuchado alguna manifestación
en el sentido de que ello no impediría que cuando jugara la selección
española, se retransmitiera en abierto y supuestamente tampoco
impediría que las finales, jugara o no la selección española se
retransmitieran en abierto, ¿qué virtualidad tiene esa declaración
frente a un contrato de adquisición de derechos en exclusiva del
propio campeonato mundial y cómo en ese caso podría, intervenir el
Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas puesto que nos
encontraríamos en la misma situación que usted nos planteaba? Es
decir, si Vía Digital, en su momento, quisiera hacer valer el
ejercicio de un contrato frente al ejercicio del artículo 4 de la
ley, podría plantearse un conflicto de intereses sobre lo que
significa el contrato frente a la posibilidad de la declaración de
interés general, que en este caso yo creo está claro que entraría
dentro del marco de la declaración de interés general de estos
partidos.
Creo que conviene aclarar cuál es la posición del Consejo de
emisiones y retransmisiones deportivas, qué tipo de información
recaba y qué esfuerzos hace, sobre todo cuando entran en
contradicción cuestiones que tienen efecto contractual por las
medidas que se pueden derivar de ello. Finalmente, en base a los
problemas que han venido surgiendo por el desarrollo de la ley,
convendría saber si el Consejo se ha propuesto plantear una posición
clara a este Parlamento, como recoge la propia ley cuando dice que se
expondrían los problemas y se analizaría la situación planteada por
el desarrollo de la ley, y por último cómo se va a solventar en
aquellos casos en los que, a posteriori, se formulase la necesidad de
declarar un acontecimiento de interés general, como pasó en su
momento con la Copa intercontinental.
El señor PRESIDENTE: Con la brevedad requerida, tiene la palabra el
señor Burballa, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor secretario de Estado usted es
consciente de que este tema ha suscitado amplios y polémicos debates
en la sociedad. Hemos visto correr cantidades inmensas de tinta
durante esta temporada hablando de algunos de esos acontecimientos
deportivos que tenían que verse sin pagar y que al final no han
podido verse más que pagando. Cuántos pronunciamientos, señor
secretario de Estado, cuántos pronunciamientos -usted los conoce-y
cuántas contradicciones.
La Ley de retransmisiones y de emisiones deportivas, como usted
conoce perfectamente no fue apoyada por nuestro grupo. Éste no es el
momento para recordar exhaustivamente cuál era la posición de unos y
de otros, pero sí quiero constar que esta ley en nuestra opinión -lo
hemos dicho siempre-, provocaba más problemas que los que pretendía
solucionar, y lo que ha sucedido esta temporada, señor secretario de
Estado, en nuestra opinión es buena prueba de ello. Por tanto, le
emplazo a que nos diga si el Consejo de emisiones y retransmisiones
de acontecimientos deportivos tiene previsto analizar, o ya ha
analizado, los casos importantes de debate social que se han
producido esta temporada, algunos ubicados en lo que la ley
contemplaba en su articulado como acontecimientos de interés general
y otros no pero que en un momento dado han suscitado interés en
sectores, en colectivos, en la
misma sociedad y que no estaban contemplados inicialmente. Solamente
me referiré a la Fórmula 1, competición en la que participan dos
deportistas españoles y catalanes, que se vuelve importante por el
simple hecho de que participan estos deportistas, cosa que al
principio de temporada nadie podía prever. Nuestra inquietud es ésa
puesto que hemos oído algunas propuestas y algunas manifestaciones
incluso de miembros del Gobierno relativas a modificar la ley, a
modificar criterios... Nuestro grupo le requiere para que nos diga
cuál es la situación en este momento y qué medidas piensa adoptar el
Gobierno a través de sus representantes en el Consejo, que es el
órgano competente para determinar qué tiene interés general y qué no
lo tiene.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Joaquín Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señor presidente, previamente a mi
intervención en relación con este punto quisiera pedir disculpas a la
Presidencia, a los compañeros diputados y a usted mismo señor
secretario de Estado, puesto que en la interesante comparecencia que
ha tenido lugar anteriormente la persona que iba a intervenir por
parte del Partido Socialista no ha podido hacerlo como consecuencia
de un problema físico. No ha podido asistir y pido disculpas. En
absoluto creemos que sea irrelevante lo que usted ha dicho y mucho
menos el tema, se lo agradecemos en todo caso.
Respecto a la cuestión de la Ley del fútbol y su aplicación, tengo
que decir que una ley que no tiene capacidad coercitiva, como usted
ha puesto de manifiesto en su detallada exposición, puede ser una
buena declaración de principios o una plegaria; jurídicamente una
broma, y es lo que está pasando. Recuerdo al señor Álvarez-Cascos,
vicepresidente del Gobierno, que cual guerrero del antifaz salvaba
a la doncella del fútbol de las sucias manos de las televisiones
digitales y el resultado final es esta broma, una broma -voy a ser
muy breve, señor presidente- que además va a traer cola, de hecho ya
la está trayendo en algo que es de su estricta competencia, señor
secretario de Estado: la mala química existente en el ámbito
futbolístico, tanto en el espectáculo como en el deporte, en las
relaciones entre las pujas de las televisiones y el propio
funcionamiento del fútbol. Si yo estuviera en su lugar, estaría muy
preocupado por esto, estaría muy preocupado por cómo funciona y por
quiénes son los dirigentes del fútbol, si realmente no existe una
extraña casualidad entre las profesiones de los presidentes de clubes
de fútbol de primera división, que ni siquiera son representativos
del empresariado español, sino de cierto empresariado español. Todo
esto tiene que ver con esta broma de las televisiones y su mezcla con
el espectáculo del fútbol, cosa que me parece interesante y también
muy preocupante no sólo para usted, por el alto cargo que ocupa, sino
para toda la sociedad española. El fútbol no es un espectáculo
cualquiera sino un espectáculo de masas que arrastra cada domingo
tras de sí millones y millones de personas.
En cuanto a la valoración que hemos de hacer de la ley, ya se previó
en el momento que se votó en esta Cámara, motivo por el cual nosotros
votamos en contra; otros que votaron a favor parece que están
arrepentidos de haberlo
hecho. Sinceramente aquí se abre un melón, como se dice castizamente,
bastante difícil de manejar de cara a lo que ha señalado la señora
Sabanés: ¿Qué va a pasar con el próximo campeonato mundial de fútbol
cuando una de las televisiones en cerrado, digital o temática, ha
comparado los derechos? Si la propia ley no tiene posibilidad de
coerción alguna, puede ocurrir lo que al final sucederá desde un
pensamiento estrictamente neoliberal, y es que dado que la
retransmisión de los partidos de fútbol desde el punto de vista
comercial no es apenas rentable en abierto y sí en cerrado, esta
química de relaciones económicas entre la televisión y los clubes de
fútbol nos lleva a una sola conclusión: al final todos los partidos
serán en cerrado, tendremos que pagar por ver y yo quisiera ver
entonces en la televisión, y no jugando al fútbol, al señor Álvarez-
Cascos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Francisco Antonio González Pérez, si es posible con la
misma brevedad con que se han pronunciado los portavoces que le han
precedido en el uso de la palabra.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Lo procuraré, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer la explicación del secretario de
Estado, que se sale con mucho de lo que la propia petición de
comparecencia le pedía. Ha explicado exhaustivamente cuáles han sido
los acontecimientos, así como el desarrollo tanto del planteamiento
de la emisión de retransmisiones deportivas como de la composición de
su Consejo y la problemática que ha venido teniendo hasta ahora para
desarrollar su función.
Tengo que recordar aquí lo que se dijo en su día de esta ley, porque
me parece que no se ajusta a lo que ahora se dice o lo que se
pretende decir. Se dijo que era una ley expropiatoria, que tenía
carácter retroactivo, que era una ley contra alguien, que tenía
intereses espurios, oscuros y al parecer todo esto se ha diluido,
puesto que nada de lo que se dijo en aquel entonces se ajusta ni se
corresponde a la verdad de la actualidad y a cómo se han venido
desarrollando los acontecimientos. Sí ha habido cierto carácter
literario en las exposiciones que se han hecho, pero por lo
reiterativo y lo extenso yo pediría que en la próxima ocasión se
hicieran versos alejandrinos, puesto que es lo más extenso que
existe, y a lo mejor así se da más floritura a los planteamientos.
Una ley siempre tiene márgenes y los márgenes de aplicación en
función del inicio y del final le permiten a uno bandearse, por
utilizar una expresión ajustada a lo que se ha venido diciendo. Se ha
hablado del artículo 4 respecto a la liga de fútbol y hay que decir
que no es aplicable, ya que dicho artículo habla de los
acontecimientos no reiterativos y en este caso la liga de fútbol es
un acontecimiento permanente y semanalmente establecido, por lo que
no entraría dentro del artículo 4, aunque yo creo que se está
aplicando dentro de los márgenes que la propia ley permite. El
Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas no es un órgano
dependiente del Gobierno, como se ha pretendido decir, o mejor dicho
que el Gobierno tenga posibilidad de manejar. Yo creo que la propia
extensión del Consejo y la pluralidad de la composición del mismo
permiten prever
que no hay manipulación posible o intervención del Gobierno ni del
propio Consejo Superior de Deportes, porque prácticamente toda la
sociedad, no la deportiva sino la no deportiva o extradeportiva, está
representada.
Señor secretario de Estado, cuando esta ley se aprobó en su momento
se dijeron muchas cosas y al final no todo lo que se dijo, por no
decir prácticamente nada se ajusta a la realidad, pero de alguna
manera es bueno que se cree polémica, a veces una polémica
artificial, porque a lo mejor desde la sociedad no se prevé ese mare
magnum de declaraciones que hay entre unos y otros y de alguna forma
viven la polémica que ya surgió como consecuencia de intereses
estrictamente partidistas o políticos.
Lo único que quiero decir para terminar es que animo a que el
secretario de Estado siga actuando como lo hace, porque ha venido a
demostrar que las cosas que se dicen aquí y las que en este caso dice
el secretario de Estado se ajustan a la estricta realidad de los
acontecimientos y no se desajustan buscando coberturas que a veces se
han utilizado por parte de otras personas, grupos o gobiernos. La
claridad y la verdad ha imperado en la reflexión y en la explicación
del señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para contestar en el menor tiempo posible concreta y escuetamente a
las cuestiones formuladas. No va a haber prórroga ni se van a tirar
penaltis, pero es conveniente.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Hoy me maltrata duramente la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: No le maltrato. Me preocupan tanto las
obligaciones que tiene S.S. fuera de esta casa, que cuanto antes
mejor. (Risas.)
Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Como he hecho antes, agradezco todas las intervenciones y voy a
tratar de ser muy breve al contestarlas.
En primer lugar, a la portavoz de Izquierda Unida y aunque ya lo ha
manifestado el portavoz del Partido Popular quisiera decirle que no
es posible pasar del artículo 5 al 4, puesto que el 4 no prevé
competiciones que sean periódicas sino que alude a competiciones
expresamente no periódicas. Además, el artículo 4 establece que
anualmente se elaborará un catálogo de aquellas competiciones que se
consideren de interés general, que no tiene que ser el mismo.
Precisamente ahora estamos esperando el cierre de calendarios de las
competiciones, y en el mes de julio aproximadamente habrá que reunir
al Consejo y establecer aquellos acontecimientos que haya que
determinar este año. Aparte de que han cambiado algunas
competiciones, como la europea en la que van a participar cuatro
equipos. O sea, que el marco deportivo, por así decirlo, cambia
radicalmente y habrá que establecer cuáles son otra vez.
En cuanto a los contratos, el Consejo tiene relativa capacidad de
exigir; puede pedir los contratos, pero legalmente existen dudas
razonables de que pueda exigir que
dos empresas privadas den ciertos contratos para examinar. De todas
maneras, el Consejo está estudiando la posibilidad de elaborar un
informe para esta Cámara y para el Gobierno -posibilidad que le da la
transitoria, como SS. SS. saben- valorando lo que ha sido hasta ahora
la actuación del Consejo, y como dice textualmente aquellas
recomendaciones que considere oportunas. Está en eso, todavía tiene
plazo y creo que se elaborará. De todas formas, el Consejo, que es un
órgano colegiado formado por 52 personas, decidirá finalmente si
elabora o no dicho informe.
En cuanto a los mundiales del 2002, el que exista la compra de unos
derechos no implica nada porque todos los derechos están vendidos.
Ahora mismo cualquier actuación o competición deportiva tiene los
derechos vendidos, bien por los clubes bien por el que tenga
capacidad para ello. El que Vía Digital haya comprado los derechos
del Mundial del año 2002 no significa que no se emitan los partidos
de la selección española. Como dice el catálogo, si el Consejo lo
decide en los próximos años tendrá que emitirlos en abierto y para
todo el territorio. Creo que no tiene ninguna relación con que una
determinada empresa haya comprado los derechos. Insisto, todos los
derechos están comprados.
No entiendo la relación que establecía el portavoz del Grupo
Socialista entre dirigentes del fútbol y determinadas profesiones
relacionadas con las televisiones, no entiendo nada. Respecto a los
presidentes de fútbol hay dos posibilidades, una que se sea
presidente de un club, que, como sabe S. S. perfectamente son cuatro,
Real Madrid, Barcelona, Bilbao y Osasuna. Estos señores son
presidentes de unos clubes legalmente constituidos y nombrados, por
lo que no tengo nada más que decir ni dar ninguna opinión más. En
cuanto al resto, son sociedades anónimas deportivas con un
accionariado, como cualquier otra empresa. Ahora, vamos a regular
toda la cuestión del accionariado, el control y la salida a Bolsa de
estas sociedades anónimas deportivas y está previsto que en el 2002
ya pasen a depender en cuanto a su control de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Va a ser como cualquier otra empresa que
tenga un presidente, por lo que no tengo nada que añadir a eso.
Para cumplir con las órdenes del presidente, quiero acabar diciendo
que discrepo altamente de que esta Ley 21/1997 sea mala. Me
perdonarán SS. SS., pero tengo que decir que no es mala. Primero, la
ley regula una modalidad de retransmisión que no estaba regulada,
como es el pago por consumo. En segundo lugar, regula que cada sábado
o domingo exista un partido en abierto. En tercer lugar, como ya he
comentado antes, da cumplimiento a la Directiva sobre la televisión
sin fronteras que contempla la misión básica de elaborar un catálogo
de acontecimientos deportivos. La última razón fundamental, que a mí
me parece la más importante -por lo menos a mí, pero es una cuestión
personal-, da cumplimiento a un derecho que es el de comunicar y
recibir información, reconocido en el artículo 20.1 de la
Constitución, que garantiza el derecho a la información deportiva.
Esto no es retórico. Yo no sé si recuerdan SS. SS., yo sí lo
recuerdo, cuando en los telediarios no podíamos ver un resumen de los
partidos. Recuerdo cuando en los programas deportivos no se podía ver
un resumen de los partidos y se prohibía la entrada a los periodistas
de radio en los estadios. Sus señorías comprenderán que para mí tenga
especial importancia esta ley, aunque
como decía el portavoz del Grupo Popular tenga algunas dudas
interpretativas. (Varios señores diputados piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No creo que sea preciso ni un minuto. ¿Ustedes
lo creen? (Asentimiento.) Entonces, me declaro vencido.
Un minuto, señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Con mucha brevedad, En todo caso creo que no
se puede defender una cosa y su contraria. No se puede defender hoy
el abierto y en su momento la no regulación del pago por ver y el
libre mercado de exclusivas que incide sobre la posibilidad del
abierto. Vamos a centrarnos en lo que significó la ley en su momento.
Sobre lo que se ha planteado de los contratos en exclusiva del
mundial, habrá que arbitrar algún mecanismo para que aquellos
adquieren derechos en exclusiva sepan que lo hacen con limitaciones,
sobre todo por lo que la propia ley dispone respecto al interés
general. Habrá que arbitrar algún mecanismo para no encontrarnos
sistemáticamente con esos problemas.
Sobre la no posibilidad de vinculación del 4 y el 5, por parte de mi
grupo parlamentario se estaba pidiendo es que el Consejo de emisiones
y retransmisiones deportivas hiciera algún esfuerzo más para ser
capaz, dentro de que es una competición de carácter eventual, y saber
marcar la excepcionalidad en un momento dado por circunstancias
sociales, por circunstancias de especial relevancia en nuestro país;
posibilidad en la que se podía haber insistido más.
El señor PRESIDENTE: Señor Burballá.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Simplemente señor secretario de
Estado decirle que hemos de acostumbrarnos a la convivencia en el
futuro entre la televisión de pago y la televisión en abierto.
Seguramente eso será inevitable.
También tenemos que manifestar que estamos intentando que la
televisión privada y la pública cumplan una de las funciones del
servicio público de radiotelevisión, que los grandes acontecimientos
deportivos no se distraigan a amplias capas de la población y de la
sociedad y puedan seguir viéndolos sin tener que pasar por taquilla.
En eso estamos de acuerdo, por tanto nos parece bien todo lo que se
avanzar.
Tampoco nos parecería razonable, señor secretario de Estado, que
sistemáticamente este Parlamento tuviera que instar al Gobierno a que
se asuman nuevos acontecimientos de interés general o que el Consejo
de emisiones y retransmisiones deportivas actúe para introducir
nuevos acontecimientos de interés general según las conveniencias de
un sector o de otro. Por tanto, nos parece mucho más acertado que el
Consejo, y a eso le instamos, en el momento en que tenga elaborar el
listado de la próxima temporada, estudie los problemas que han
surgido en la anterior y haga un diseño adaptado que evite que puedan
reproducirse esas situaciones de debate y de polémica que hemos
tenido en esta temporada anterior.
El señor PRESIDENTE: Señor Leguina, tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRÁN: No tengo nada contra su intervención, me
parece que ha sido clarísima y se lo agradezco. Una ley que como la
que nos acaba de narrar se cumple siempre que haya algún operador
interesado en hacerlo lleva necesariamente a lo que ha pasado con el
partido Chelsea-Mallorca. Había un operador interesado en hacerlo,
Televisión Española, y no ha podido porque los precios de monopolio
del que tiene los derechos subían de tal suerte que se quedó sin ver
en abierto. Eso ha pasado en este partido y puede pasar en todos. Es
un problema porque la ley no es coercitiva, es una broma jurídica y
nada más.
Sobre el asunto de los presidentes de fútbol, yo en su caso estaría
preocupado no sólo como secretario de Estado del deporte sino como
ciudadano. Supongo que lo sabe mucho mejor que yo, pero ¿sabe el
porcentaje de presidentes de clubes de fútbol de primera, sean clubes
de fútbol tradicionales o sociedades anónimas, que son -y voy a
emplear una palabra suave- operadores de suelo? ¿No le parece raro
esto? ¿No le parece preocupante? Desde luego, yo estoy muy
preocupado. Usted sabe a qué se dedican los operadores de suelo sobre
las ciudades ¿no? Me parece que es para preocuparse. Es más, no le he
echado la culpa de nada, no se dé por aludido porque no la tiene
evidentemente, pero le transmito esa preocupación como cualquier
miembro de esta sociedad, y usted también lo es, además con una
responsabilidad alta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: La última parte de la explicación del
secretario de Estado viene a clarificar muchas cosas. No quiero
entrar en polémica con ningún grupo y no pienso reabrir el debate,
pero tildar de broma jurídica a una ley que emana de este Parlamento
me parece excesivo. El secretario de Estado, en los cuatro puntos que
él ha manifestado sobre la aplicación de la ley, aclara la validez,
regulando una situación que no estaba regulada. Quiero hacer también
una apreciación, porque dentro de la comparecencia del secretario de
Estado se ha referido al conocimiento de los contratos que tenían las
televisiones autonómicas. No voy a ser duro en este planteamiento,
pero algunas partes y no me quiero referir a ninguna institución ni a
ninguna empresa en concreto, han jugado con cierta deslealtad. El
conocimiento de la situación era necesario para la aplicación de la
propia ley. No es de recibo que en un momento dado, sobre una
actuación del Consejo de emisiones y retransmisiones deportivas, se
tenga que encontrar con un acta notarial que modifique lo que en
principio parecía establecido en el planteamiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villar, para contestar
lo más rápidamente posible a estas últimas cuestiones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Villar García-Moreno):
Voy a aclarar al portavoz del Grupo Socialista que en lo concerniente
al partido
Chelsea-Mallorca los días previos al encuentro ninguno de los
operadores que emiten en abierto se dirigió al Consejo de
retransmisiones deportivas mostrando interés por esa retransmisión.
La propia secretaría del Consejo se dirigió a todos los que emiten en
abierto para saber si estaban interesados en el partido Chelsea-
Mallorca. El único operador que contestó fue Televisión Española,
enviando un fax que se recibió el mismo día del encuentro a las 19,19
horas, hora y media antes de que comenzara el partido. Sabe S.S.
perfectamente la eficacia y eficiencia de la Administración, pero no
creo se nos pueda pedir que en hora y media tratemos de solucionar
dicho problema que sólo para convocar el Consejo requiere 48 horas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar. Esperemos que no
se vaya con el sabor de haber sido maltratado, sino pura y
simplemente atendido como siempre se hace.
La Presidencia celebra la presencia nunca tan destacada de medios de
comunicación, y espera que no sea ello por deberse al tratamiento del
deporte, y podamos gozar también de su presencia cuando se hable de
temas de educación y cultura. Creo que eso es lo que hoy les motiva y
espero que no se produzca ninguna desbandada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA NECESIDAD DE PRESENTAR UN PROYECTO DE DINAMIZACIÓN Y
EXTENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL TEATRO REAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001000.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el tratamiento del punto 3 del orden
del día, si los grupos parlamentarios están en condiciones de seguir
trabajando y no quieren hacer alguna modificación sobre dicho orden
del día.
Tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.
El señor DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Estaba prevista hacer una
modificación y las proposiciones de educación pasarían en primer
lugar, pero parece que hay un pequeño inconveniente y es que nos
falta el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: No tengo ningún inconveniente en darles cuatro
minutos de gracia y cortesía y tres minutos de busca y captura, pero
veo que ya está en la sala el señor Guerra Zunzunegui. ¿Entramos en
el punto tercero del orden del día, señor Guerra Zunzunegui?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Por mi parte no hay inconveniente, pero
he oído que iba a haber unos minutos.
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo en que haya unos minutos?
(Pausa.) ¿Está quien debe defender el proyecto de dinamización y
extensión de actividades delTeatro Real? (Asentimiento.) ¿Está en
condiciones el
señor Leguina para acometer esa tarea? (Asentimiento.) Tiene la
palabra.
El señor LEGUINA HERRÁN: No sé si estoy en condiciones, eso lo
juzgará el público en general.
El señor PRESIDENTE: Goza S.S. de una presunción iuris tantum de que
está usted siempre en condiciones, señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchísimas gracias.
La proposición no de ley que trajimos hace un año a la comisión y que
se discute hoy, pretende marcar unos nuevos pasos en la utilización
del Teatro Real, pieza cultural de primer orden, y creemos que
adolece en este momento de defectos sustanciales en su
funcionamiento. Como saben SS.SS., se creó una fundación mantenida
con fondos públicos para que rigiera el destino del Teatro Real, y
está ocurriendo que la gestión del gerente de esa fundación impide a
esta Cámara acceder a cualquier información. Pondré un ejemplo. Se
han solicitado los pagos realizados por el Teatro Real a los artistas
y se nos dice que no tenemos derecho a acceder a ello. Aunque fuera a
la Comisión de secretos oficiales, si es que ese cachet es tan
secreto, esta Cámara debiera tener acceso. Es una forma de eludir que
una propiedad pública pueda ser controlada en su gestión por el
Parlamento. Luego está todo el sistema de patrocinios que deja
muchísimo que desear, y conste que estamos claramente a favor del
sistema de patrocinios y de la ayuda privada a este ente público; en
otras palabras, no es un sistema de patrocinios, es un sistema de
venta de entradas, que además tiene repercusión sobre la fiscalidad
de los sedicentes patrocinadores, que debe ser expuesto por el
Gobierno, discutido y visto, porque tiene trascendencia. En cuanto a
las entradas para los grandes acontecimientos líricos que tienen
lugar en el Teatro Real, vulneran clarísimamente la legislación,
vulneran la legislación general, la legislación de espectáculos
públicos de la Comunidad de Madrid y la legislación del Estado en
materia de espectáculos públicos que obliga a despachar directamente
al público al menos el 50 por ciento de las entradas de cada clase de
localidades, y esto no se hace. Ya lo dice el señor Cambreleng, el
gerente del Teatro: 'Para qué vamos a crear más público, si no va a
haber entradas'. No las va a haber entre otras cosas porque es un
numerus clausus organizado en torno no sólo a estos sedicentes
patrocinios, sino también a algunas organizaciones; por cierto, una
de ellas estaba presidida por el señor Cambreleng antes de pasar a su
nuevo cargo. De todas formas, el público en general aunque quisiera
asistirá la ópera en el Teatro Real se tendría que quedar en las
puertos; y por cierto se lo pasaría bastante bien con el desfile de
modelos que allí se produce cada vez que hay un evento de este tipo.
(Rumores.)
Por otro lado, el Teatro Real como pieza fundamental de producción
cultural, en este momento no tiene ninguna solvencia. Ha pasado ya
tiempo suficiente para ver que por esa vía no llegamos a ningún
sitio. No se trata aquí de un a priori ideológico o político, se
trata de comprobar que una inversión fortísima, magnífica para la
ciudad de Madrid, no se aprovecha de manera suficiente en todo
aquello que no tenga que ver con el espectáculo puramente social,
social entre comillas, en el sentido que ponían los viejos periódicos
españoles crónica social, que hablaba de ciertas cosas y de cierta
sociedad.
Por otro lado, tenemos el problema del Teatro de la Zarzuela. En los
estatutos de la Fundación del Teatro Lírico está prevista la
integración del Teatro de la Zarzuela en esta fundación. Es evidente
que el Gobierno no ha podido o no ha querido dar este paso creo que
hasta ahora con buenas razones, porque el Teatro Real no estaba
asentado y esto hubiera provocado alguna disfunción. Entonces, el
Gobierno creo que ha actuado correctamente en este sentido diciendo:
vamos a esperar.
Anuncio aquí a SS.SS. que el Partido Socialista está abierto a
cualquier solución, cualquiera de las que quiera tomar el Gobierno
puede ser buena, con una condición, simplemente que la podamos hablar
y discutir en sede parlamentaria.
Voy terminando, señor presidente, en aras de esta brevedad que se nos
pide. Me parece que esto sería bueno para esta Cámara y también para
el Gobierno, porque en este asunto de las fundaciones hemos tenido
aquí la presencia del secretario de Estado hace muy pocos días
hablando del Museo del Prado. Con elegancia, pero con claridad, el
secretario de Estado traslucía una queja creo que muy razonable,
porque él tiene que venir aquí a responder de cuestiones de las
cuales es responsable, pero en ningún caso es causante, y en este
caso pasa exactamente lo mismo. Me dirijo muy claramente a los
diputados del Partido Popular. Esta proposición no de ley que
nosotros presentamos tiene bastantes ventajas para el Gobierno,
porque el Gobierno siempre será responsable de lo que pase en el
Teatro Real, pero en este caso no es culpable de los males que acabo
de señalar. Si uno es responsable, en este caso el Gobierno, tendrá
que tener la suficiente capacidad para poder actuar, que en este
momento, sinceramente, creo que no tiene. Por tanto, aquí se trata de
reclamar la entidad de la política para la cosa pública, y el Teatro
Real es una cosa pública y reclamar la entidad de la política
significa un debate que solicitamos en un plazo de seis meses sobre
las líneas básicas del proyecto cultural que hoy no tiene el Teatro
Real y que necesariamente debe de tener.
Desde luego les aseguro, señores del Partido Popular, señoras y
señores de otros grupos, que nuestro grupo no tiene ningún a priori
ni va a usar ningún agravio para llegar a un acuerdo, queremos llegar
a un acuerdo y querer llegar a un acuerdo exige que ustedes apoyen
esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado
enmienda alguna. En consecuencia, corresponde el turno de fijación de
posiciones de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Alcaraz tiene la
palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Voy apoyar, en nombre de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya, esta iniciativa, que nos parece oportuna
aunque ha dormido en los meandros reglamentarios de esta Cámara
durante bastantes meses.
Este diputado también ha tenido ocasión de constatar la oscuridad y
la falta de transparencia en las respuestas a las preguntas que en
alguna ocasión ha dirigido sobre este tema al Gobierno, no sabemos si
porque esa oscuridad se cierne sobre la Secretaría de Estado y
también es engañado o al menos no se le informa suficientemente, o
porque un cierto rubor impide a los órganos del Ministerio aclarar
ciertas circunstancias.
Hay que hacer alguna constatación triste, de alguna forma, porque era
un proyecto, el tema que nos ocupa, que generaba mucha ilusión, dada
la posibilidad de contar con un instrumento cultural de primer orden
que pudiera convertirse en un elemento asumido por todo el público,
al menos todo el público culto y, en definitiva, por la opinión
pública española con capacidad de sentirlo como algo suyo.
Se ha apuntado cierta ambigüedad en la programación, lo cual hace que
no se convierta en el referente que responde a esas expectativas
generadas, y, en definitiva, se percibe que no se ha convertido en
una institución nacional en el sentido de ser reconocida por el
conjunto de los ciudadanos. De alguna manera es algo que existe en
Madrid, que ha costado muchísimos millones, que se presentó a bombo
y platillo, que dio lugar a grandes fastos, que han sido continuados,
y, en definitiva -y es una reflexión en la estela también de lo que
decía el señor Leguina-, que la mayoría de la población, incluso
interesada especialmente en estas cuestiones, recibe más noticias de
ciertos eventos de la alta sociedad que se celebran ahí o de
presentaciones de diversos productos que de su contenido artístico.
También me voy a referir, porque creo que es una institución de
cabecera básica en el sistema cultural español, al reciente debate
sobre el Museo del Prado e insistir muy brevemente en la necesidad de
transparencia para su prestigio, que era una de las argumentaciones
que incluso el propio señor Cortés hacía. Sin embargo, no voy a ser
tan benevolente como el señor Leguina sobre la culpabilidad o no del
Gobierno. En cualquier caso, sin necesidad de hurgar mucho en ninguna
herida, sí que diría que al menos no se puede obviar que el Gobierno
peca por omisión o por inacción ante una situación que creo que ha
sido ya denunciada reiteradamente.
Este debate, como en el del Museo del Prado, como seguramente en
otros que hemos tenido y que tendremos, hay que romper el miedo en
esta Comisión a que se pueda recibir una especie de crítica
bienintencionada o malintencionada a que los políticos traten de
interferir en la gestión cultural, salvo si es para el patrimonio,
porque, como los romanos o los fenicios suelen estar muertos parece
que sobre ese tema puede hablarse y no sobre otros. Nosotros creemos
que esta Comisión se dignifica precisamente cuando nos ocupamos de la
cultura viva y que aquel que no lo entienda es que no acaba tampoco
de entender la imbricación de la cultura con un Estado democrático.
Por eso nos felicitamos de la iniciativa, la vamos a apoyar
y concluyo insistiendo en la última idea del proponente, que sería muy
deseable compartir un acuerdo. A mí empieza a darme miedo hablar en
temas culturales de política de Estado, porque al final lo que
significa es que cae un muro de silencio donde parece que todos nos
autocensuramos, y eso no es bueno, si se quiere utilizar ese término
que se utilice, pero al menos que compartamos la necesidad de un
acuerdo, pero sobre unas bases sensatas, razonables y útiles, que
conviertan a esta institución en lo que siempre debió ser y que hoy
por hoy no ha conseguido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular doña Beatriz
Rodríguez-Salmones tiene la palabra.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: La importancia del Real es de
tal magnitud, y debe serlo cada día más en la vida musical española,
que he escuchado con mucha atención lo que han dicho los dos
diputados que me han precedido en el uso de la palabra y algunas
afirmaciones las comparto.
He escuchado con especial atención porque esta proposición no de ley,
como bien ha dicho el señor Leguina, y desde luego por razones de
interés del Partido Socialista o del grupo proponente que no por
ninguna otra, no ha entrado hasta un año después de ser presentada en
registro y, por tanto, las cosas en este año en el Real han
funcionado por primer y segundo año consecutivo. Se empleaba en los
primeros momentos un lenguaje apocalíptico y hay que tener en cuenta
que esos primeros momentos fueron de solución de muchos problemas que
venían de muy antiguo, y en este año se podía comprobar que algo iba
a suceder nuevo que no fuera hablar otra vez de los abrigos de las
señoras; es una cosa diría que inconcebible que estemos hablando de
nada menos que de la Fundación del Teatro Lírico en unos términos que
yo no concibo.
He escuchado y voy a decir algunas cuestiones concretas. Creo que la
intervención del portavoz socialista tiene muy poco que ver con la
proposición no de ley, pero me parece correcto, introduce algunos
temas nuevos, lo que pasa es que los términos de la proposición no de
ley, que son seis, no tienen, creo, nada que ver con lo que nos ha
dicho.
Por parte de los dos portavoces se ha tocado el tema de la
transparencia. Estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de
transparencia absoluta en esta Cámara. Ha habido en alguna ocasión,
digamos, prudencia en la administración de los datos, porque conocen
muy bien SS.SS. que es muy difícil para determinados intérpretes ver
sus ingresos exhibidos en un lugar tan público que les puede resultar
incómodo y al año siguiente no puedes hacer esa contratación. Ese
argumento se ha dado, no se ha negado nunca la información -faltaría
más- y la tenemos a nuestra disposición. Lo que sí se pide es, por
parte de los diputados que estamos en la Comisión de Educación y
Cultura, que sepamos que a un determinado intérprete, si ve sus datos
expuestos, no le interesa trabajar con un lugar que no sigue los usos
habituales en este tipo de contrataciones; eso haría daño a la
programación. Podemos llegar nosotros a un acuerdo o podemos admitir
perfectamente que esa razón no es válida y que a pesar de eso
queremos saber cuánto gana cada uno de los intérpretes, pero las
cuentas del Real son absolutamente públicas, ustedes las conocen y
podemos llegar al fondo con ello.
La cuestión del patrocinio -que repito que no está en la proposición
no de ley-, me parece que unirlo -como ha dicho el portavoz
socialista lo apoyan y no me cabe la menor duda-peyorativamente con
ventajas fiscales es algo
que está así planteado en general en el mundo entero y que yo incluso
recomendaría que fueran más generosos. Quiero decir que si hay más
patrocinio, no le veo el inconveniente. El que ve el inconveniente es
normalmente el secretario de Estado de Hacienda. Por mí, cuantas más
ventajas fiscales haya en todo el ámbito de la cultura, las intentaré
apoyar frente al Ministerio de Economía y Hacienda.
La cuestión de la Zarzuela creo que es muy interesante. De nuevo no
estaba aquí, pero está planteada. Pienso, como bien ha dicho el
portavoz socialista, que es algo que podríamos ver todos juntos y
llegar al acuerdo de cómo estos dos teatros, pertenecientes ambos a
la fundación, plantean la relación que ahora mismo está como un poco
en suspenso.
Muro de silencio en cuestiones de Estado, no. Yo no sé si conviene
llamarle cuestiones de Estado o cuestiones que queremos dejar al
margen de una pendencia, no de un debate. Igual que he dicho lo de la
transparencia, me parecería un disparate que hiciéramos una
equiparación de la cuestión de Estado -no sé si es una palabra
excesiva para todo y hay que emplearla con un poquito más de mesura-
con la cuestión de interés general o cuestión de lo que se quiera,
pero muro no equivale a muro de silencio. Han sido bienvenidas las
cuestiones que el señor Alcaraz ha planteado sobre el Museo de El
Prado y serán bienvenidas todas las que vengan. Dicho esto, mi grupo
siempre buscará el acuerdo en esto, llamémosle con el término que
ustedes necesiten, ya sea cuestión de Estado o cuestión de interés o
sencillamente acuerdo sensato de no hacer con el Teatro Real un arma
arrojadiza, como hemos creído que no se debía hacer con los
importantes museos y con unas infraestructuras culturales que son
muchísimo más importantes y tienen que pesar más y permanecer mucho
más de lo que nosotros eventualmente podamos estar. Ni quiere decir
muro de silencio ni quiere decir no transparencia, y contarán con
nosotros para evitar esas dos cosas si en ello hubiéramos caído.
Ahora entramos en lo que dice la proposición no de ley, y yo insisto
en que no veo relación con lo que dice el portavoz socialista.
Relación, evidentemente, sí, porque estamos hablando del Real como
proyecto cultural, pero los seis puntos de la proposición no han sido
vistos aquí, lo que me parece lógico porque las cosas han cambiado.
Ante todo quiero decir -y me parece que los términos de los
portavoces anteriores, sobre todo del señor Leguina, son así- que
siempre buscaremos un acuerdo en esto. Si la forma de encontrar el
acuerdo son los términos apocalípticos en los que nos estamos
expresando o en los que se expresa esta proposición no de ley,
sencillamente no entiendo que a esto se le llame buscar un acuerdo.
Se habla de oscurantismo, de visiones, de un espectáculo social. No
se puede decir que la Fundación Teatro Lírico sólo tiene eco como
espectáculo social cuando ayer, mientras se hacían estas
declaraciones por parte del Partido Socialista, estaba dirigiendo
'SanbDerlin' en el Real.
Ahora voy a dar las cifras de la gente que va, cómo es el abono y lo
que está sucediendo. Esto es increíble. No han seguido la
programación del Real. Entre otras cosas yo, por ejemplo, que no
tengo abono -y pido que eso lo haga cualquier diputado y cualquier
persona que sepa que lo puede hacer-, me dirijo por un procedimiento
administrativo común para ir a los ensayos generales que son
extraordinarios y gratuitos. Suele haber incluso dos cuando el reparto
es doble y estás gratis sentada en un sitio abarrotado, donde nadie,
repito, está pagando absolutamente nada, viendo el espectáculo
exactamente igual al que se va a desarrollar al día siguiente.
Comprendo que a lo mejor les gusta mucho más ir a los palcos el día
famoso de los abrigos de piel, pero la realidad es que se están
haciendo cada vez programaciones más largas. Ahora voy a dar las
cifras de las entradas, de cómo se están vendiendo. Hablar del Real
como espectáculo social no tiene sentido. Es un lenguaje que se pudo
utilizar en un momento dado antes de ver lo que ha sucedido a lo
largo de un año y medio con las programaciones.
No se puede hablar del Teatro Real como una banalidad elitista, donde
prácticamente sólo se dan obras corrientes de repertorio, cuando
hemos tenido el mayor éxito con obras españolas, con música
contemporánea, cuando todos los récord los ha batido Janaser con la
Zorrita astuta, y Peter Grimes -que no digamos que es la vanguardia,
pero es teatro contemporáneo-, ha tenido un grán éxito. La relación
de obras españolas programadas contemporáneas es extraordinaria, las
tengo aquí, pero no las voy a leer porque con todos estos datos
podríamos ponernos en las dos de la tarde. Pero repito que no es así.
El portavoz socialista ha hablado de artistas españoles que están
teniendo muchísimo éxito fuera. Yo creo que nos debemos alegrar de
los éxitos de fuera, lo cual no quiere decir que debamos llorar sobre
nuestros desconsuelos. Mauricio Sotelo acaba de tener un éxito
arroyador fuera de España, pero va a estrenar en nuestro país en el
mes de junio. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo somos de puntillosos? Ojalá
Eduardo Arroyo haga unas coreografías fantásticas en el Real en la
próxima temporada. Lo último que estamos haciendo es rechazar.
Insisto, de los dos últimos éxitos, concretamente Mauricio Sotelo
como compositor y Eduardo Arroyo como coreógrafo, uno va a estrenar
ahora mismo y el otro estoy segura que en cuanto pueda y quiera, ya
que es un hombre enormemente cotizado y no es tan fácil que venga.
Ahora pasaría a darles unos datos -no me quiero alargar- que creo que
de verdad hablan por sí solos. Lo que tampoco quiero ni pienso que se
deba es evitar señalar en dónde estábamos hace un año y medio. Sé que
me van a decir que siempre hablamos del pasado. Es una cosa que lleva
un año y medio en función, por lo que me parece muy difícil no hablar
del pasado. Quiero decir que el antiguo gerente del Real dijo: señora
ministra, usted no tiene un teatro de la ópera, usted no puede hacer
ópera. Los portavoces socialistas decían que no éramos capaces de
abrir el teatro. Esa obra -yo no voy a entrar ahora en el Tribunal de
Cuentas- está en fase de alegaciones y me parece correcto esperar las
alegaciones y el dictamen final del Tribunal de Cuentas, pero ustedes
saben que era una obra de dos años que se prolongó diez, que era una
obra de 5.000 millones que ha costado 23.000 millones, ha habido una
desviación del 300 por ciento. No ha habido control alguno, ha sido
el proyecto más disparatado que jamás ha gestionado nadie, pero
bienvenido sea porque ahí está. La frase era: usted, señora ministra,
no abre el teatro: usted no tiene un teatro de la ópera. Por tanto
una desviación del 300 porciento en una empresa a la que nadie
controlaba ni a la que
nadie ha pedido responsabilidad, nos parece que ahora mismo no lo
podemos obviar. Teníamos un teatro en una situación que casi
parecería milagroso haberlo abierto; no ha sido milagroso, sino
cuestión de mucho trabajo, de mucho sentido común y de muy buenos
profesionales, cosa que debemos reconocer.
Asistencia al Teatro Real. La previsión era una asistencia media del
66 por ciento -ustedes lo conocen porque estaba en todos los
proyectos, los de la anterior gerencia y los de ésta- y en este
momento la ópera está en el 99,2 por ciento de asistencia, los
recitales líricos en el 96 por ciento y los conciertos en el 86 por
ciento. ¿Cómo es posible que con tal asistencia se diga que esto es
una cosa elitista, para los abonados, si se han superado con mucho
todas las previsiones?
Se habla del público famoso. Aquí se podía haber apostado por hacer
el modelo ópera de La Bastilla, fuera del centro de la ciudad, con
6.000 entradas, etcétera, pero nosotros no fuimos responsables de
eso. No digo que sea bueno o malo, digo que se apostó por arreglar el
Real, que tiene un aforo pequeño. Por tanto, no tenemos el Teatro de
La Bastilla, sino éste teatro, y en este teatro, en la presente
temporada, se han programado algo más de 200.000 localidades, 120.000
de las cuales se han vendido en abono, pero más de 75.000 se han
vendido fuera de abono. Yo les quiero decir que se puede ir al Teatro
Real. Me gustaría que alguno de ustedes me dijera: he ido a buscar
unas entradas para el teatro Real y no las he tenido, y, además, se
va a los ensayos generales. El que se hayan vendido 76.000 entradas
fuera de abono es algo que no sostiene el discurso que ha hecho el
portavoz socialista. Tenemos todos los ensayos generales abiertos;
los conciertos de la mañana, que ya se sabe que están dirigidos a un
público, son mucho más baratos y, además, los niños que vayan con sus
padres tienen las entradas gratis; hay un acuerdo con Televisión
Española y, normalmente, los viernes se retransmite la programación
entera por La 2. Realmente, las cifras no responden a lo que ustedes
dicen. Había un abono joven con un 60 por ciento de descuento y se
pusieron a la venta 2.000 abonos. Se han cogido 730, lo cual está muy
bien, pero, a pesar de esa reducción y esa difusión, no se cubrieron
esos abonos. Es lógico que no se hayan cubierto, pero todo eso son
entradas disponibles.
Participación de entidades privadas, patrocinio y coste.
Sorprendentemente, estamos hablando del teatro mejor financiado de
Europa, como sabe cualquiera que tenga acceso a las revistas
especializadas. Se soporta un gasto de menos del 46 por ciento porque
el resto son ingresos propios y patrocinio. Las cuentas están claras,
son transparentes, ustedes conocen a la gente que está en los
patronatos de la fundación, ¿cómo pueden decir que esas cuentas no
son transparentes?
Yo creo que el Teatro Real, como proyecto cultural entero, con tareas
de formación, de promoción, de divulgación, debe ser impulsado. Está
en esa línea y, de los seis puntos del petitum de esta proposición no
de ley, se puede decir que cinco están prácticamente cumplidos y dos
en vías de desarrollo. Apoyemos eso, pero no hagamos un discurso
apocalíptico. ¿Vamos a tener un debate sobre el proyecto cultural?
Estupendo; estamos abiertos a ello. ¿Esto que propone la proposición
no de ley tiene algo que ver
con ese debate? Entiendo que es más referido al Real no solamente
como programador, sino como formador, como proyecto cultural, como
proyecto de dinamización, que vaya palabra que usamos en la Comisión
de Cultura. Vamos a trabajar en ese proyecto, vamos a impulsarlo,
votemos más presupuesto, pero, desde luego, ya estamos en esa línea y
las cifras que se han dado no avalan lo que se ha dicho aquí. Por
tanto, claramente tenemos que votar que no a esta proposición no de
ley, lo cual no quiere decir que no buscamos un acuerdo, sino todo lo
contrario, que nos arrojan a la cara una cosa con un contenido
disparatado, tan disparatado que ni siquiera se defiende aquí. Ésa no
es la mejor manera de llegar a un acuerdo. Estamos abiertos al
acuerdo, al debate y todo lo que se pide en esta proposición es lo
que se está haciendo, más otras dos cosas que son cuestión de mayor
presupuesto. (El señor Leguina Herrán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene medio minuto, señor Leguina, entendiendo
que no ha sido lo que se dice aludido, pero sí en alguna medida
motivado. Adminístrese el tiempo lo mejor posible, porque es medio
minuto.
El señor LEGUINAHERRÁN: La absoluta contradicción del discurso de la
señora Rodríguez-Salmones es para llevarse las manos a la cabeza.
Dice que va a votar que no porque esto es incoherente, etcétera, y, a
la vez, dice que lo están cumpliendo. Señora Rodríguez-Salmones, o
sopa o teta; o es una barbaridad o no lo es y, si es una barbaridad
y se está cumpliendo, usted misma está criticando al Gobierno.
Me parece que ese aspecto maravilloso de los ensayos generales a los
que usted asiste, por invitación personal... (La señora Rodríguez-
Salmones Cabeza: No, no.) Sí, por invitación personal. No existen, en
absoluto, maravillas en cuanto al Teatro Real.
El señor PRESIDENTE: Ese no es el tema del debate, señor Leguina.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA ESPECÍFICO DE
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE LOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ENTRE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001512)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR INICIATIVAS QUE
FAVOREZCAN LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001496)
El señor PRESIDENTE: Debatida esta proposición, pasamos a la
siguiente, sobre la necesidad de establecer un sistema específico de
becas y ayudas al estudio para favorecer la movilidad de los
estudiantes universitarios entre las distintas Universidades. Ésta y
la siguiente proposición
tienen el mismo objeto. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)
Dígame, señor Guerra.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Quería hacer una petición. El diputado
señor Echániz, que va a defender el punto número 6, sobre la
protección del patrimonio arqueológico sumergido contra el riesgo de
la expoliación, tiene que asistir a otra Comisión y habíamos pedido,
como otras veces, cambiar el orden, lo cual no suele suponer un
problema. (La señora Díez de Baldeón García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, no es falta de
ganas de agradar al Partido Popular lo que nos obliga a seguir el
orden del día es que la persona que tiene que fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista está a su vez en otra Comisión; es
decir, existe una imposibilidad al no estar el diputado del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Dejamos, pues, sumergida la proposición no de
ley número 6 y seguimos con las números cuatro y cinco.
Por el Grupo Socialista, para defender su proposición número cuatro,
sobre la cual existen dos enmiendas, una de Izquierda Unida y otra
del Partido Popular, tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN: La proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Socialista trae hoy a la consideración de SS.SS. tiene
como objetivo establecer un sistema específico de becas y ayudas al
estudio para favorecer la movilidad de los estudiantes universitarios
entre las distintas universidades españolas.
Mi grupo parlamentario considera que la movilidad de los estudiantes
universitarios entre las distintas universidades es necesaria y muy
conveniente para estimular la competitividad del sistema
universitario, lo que, sin duda, va a favorecer un incremento de la
calidad. No obstante, consideramos que para que la movilidad del
alumnado sea una posibilidad real no sólo deben articularse una serie
de medidas destinadas a la apertura de los distritos universitario
que permitan el acceso de alumnos procedentes de otros distritos
diferentes a los suyos de origen, sino que, al mismo tiempo, resulta
imprescindible establecer un sistema de becas y ayudas al estudio que
posibiliten que los niveles de renta familiares no sean de hecho un
impedimento para que esta movilidad pueda llevarse a efecto.
Estimamos que una propuesta de movilidad estudiantil sin considerar
en paralelo un sistema de becas y ayudas al estudio puede ser
discriminatoria socialmente y afectar de forma negativa a los alumnos
procedentes de familias con menos recursos económicos. Señorías, si
se abren los distritos universitarios puede ocurrir, por ejemplo, que
el estudiante de una comunidad autónoma que desee ir a otra donde el
nivel de corte para acceder a determinada carrera -medicina,
telecomunicaciones, etcétera- sea más bajo, lo consiga sólo si su
familia tiene dinero para permitirle esa
movilidad, mientras que el estudiante con escasos recursos económicos
puede verse seriamente discriminado porque no podrá hacer el viaje,
ya que su familia no podrá pagarle los gastos derivados de su
desplazamiento, con lo cual puede producirse un efecto perverso, que
el estudiante procedente de otro distrito universitario llegue
incluso a ocupar la plaza del estudiante perteneciente a ese distrito
y que se ve imposibilitado para recurrir o cambiar.
Daré otro dato que nos preocupa especialmente, y que hemos puesto de
manifiesto reiteradamente. En la actualidad España ocupa uno de los
últimos lugares de los países europeos en la financiación destinada a
becas y ayudas directas a estudiantes, situación que es urgente
corregir si queremos proporcionar una eficaz igualdad de
oportunidades. Según datos proporcionados por la Oficina Estadística
Europea (Eurostat), España sólo dedica el 2,4 por ciento del gasto
educativo a becas y ayudas directas a estudiantes frente a países
como, por ejemplo, Dinamarca, que dedica un 16,4 por ciento, seguida
de Suecia, que destina un 15,5 por ciento, y Holanda, con un 12,7 por
ciento. Pero, además, esta situación se ha visto especialmente
agravada por el recorte de becas universitarias que se está llevando
a efecto por el Gobierno del Partido Popular. Según todos los
indicadores, entre el curso de 1983 y el de 1996 el porcentaje de
becarios españoles se duplicó, pasando del 10 al 19 por ciento. Sin
embargo, esa tendencia se ha interrumpido. De acuerdo con los
indicadores de seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado
del año 1999, concretamente en la página 455, vemos que habrá 23.000
becarios universitarios menos respecto al curso anterior. Esta
tendencia al recorte en el número de becarios también se manifiesta
en otras respuestas, que el Gobierno ha reconocido por escrito. En
contestación a una pregunta escrita sobre la evolución de las becas y
sus cuantías respecto al número de becas de convocatoria general
solicitadas por alumnos universitarios y las becas finalmente
concedidas y su importe, se dice por el Gobierno -y así figura en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales del 18 de marzo de 1999,
página 75; SS.SS. pueden comprobarlo-, que el número becas concedidas
en el curso 1995-96 fue de 283.226, que supusieron un importe de
62.690.000 pesetas, mientras que en el curso 1997-98 el número de
becas concedidas descendió a 255.742, que supusieron un importe de
56.767.000 pesetas. En dos cursos, por tanto, de 1996 a 1998, nos
encontramos -en respuesta escrita del Gobiernocon que hay 27.484
becarios universitarios menos en España. Además, el importe de las
ayudas concedidas se ha reducido en casi 6.000 millones de pesetas.
Si a este recorte del número de becarios se suma la disminución
prevista en los indicadores de 1999, menos 23.000 becarios, se llega
a la conclusión de que en cuatro años, el tiempo que lleva gobernando
el Partido Popular, desde 1995 a 1999 hay unos 50.500 becarios
universitarios menos.
Señorías, consideramos que esta situación es realmente insostenible.
Nos parece absolutamente justificado proceder a incrementar los
umbrales previstos para la concesión de las becas. No estimamos en
este momento dónde tienen que quedar. Creemos que el Gobierno tiene
que hacer una propuesta; pero nos parece urgentísimo que esos
umbrales se incrementen y también nos parece conveniente asignar
nuevas convocatorias que estimulen la movilidad de los
estudiantes universitarios para que puedan hacer sus estudios en
universidades de su elección y que incluso puedan ser diferentes a
las de su comunidad de origen. Pero también consideramos que es
imprescindible, primero, que las becas se vayan concediendo, y
segundo, que estos umbrales se incrementen. Por todo ello, el Grupo
Socialista presenta una proposición no de ley, cuyas propuestas hemos
modificado ligeramente, que dice lo siguiente: Punto primero. De
acuerdo con las comunidades autónomas y las universidades, establecer
una convocatoria específica de becas y ayudas al estudio destinada a
favorecer la necesaria movilidad estudiantil entre las distintas
universidades españolas que posibilite a los estudiantes con menos
recursos económicos cursar estudios en las universidades del
territorio nacional que deseen para afrontar los gastos derivados de
su desplazamiento. Punto segundo. Incrementar los actuales umbrales
económicos que permiten acceder a las becas y ayudas al estudio
destinadas a favorecer la movilidad estudiantil entre las distintas
universidades españolas.
Señorías, esperamos contar con el voto favorable de los distintos
grupos, porque consideramos que un incremento de la movilidad sin
este sistema de becas y ayudas al estudio puede ser incluso
contraproducente y socialmente discriminatorio para los alumnos con
menos recursos económicos.
El señor PRESIDENTE: Como hemos adelantado, hay dos enmiendas, la
primera, de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: En primer lugar, quiero expresar algunos
matices acerca del principio de movilidad; además, he de hacerlo de
forma generosa, amplia y con una gran firmeza frente al discurso un
poco engolado, habitual, con el criterio aparente del Grupo Popular
de resolver los conflictos de los alumnos cuando ellos no tienen
posibilidad de acceder a la carrera que eligen.
Siempre que se plantea este principio de movilidad, el criterio que
lo acompaña es el de la 'guía del viajero solvente'. En ese sentido,
se resuelve mal, planteando que la movilidad es un criterio que
afianza la competitividad o la calidad. La movilidad, en abstracto,
sin criterios de rango superior, lo único que afianza es la
competitividad mercantil, ya sea territorial o sectorial. Ese es el
único criterio. En función de las necesidades que tengan los mercados
en los territorios y en los sectores correspondientes así se dispone
de los planes de estudio, con las correspondientes complicidades de
las universidades.
La movilidad de los estudiantes universitarios no suele ser una
opción sino una necesidad. Los alumnos se ven obligados en la
búsqueda de su carrera elegida, y no pueden permitirse la movilidad
más que los que tienen recursos económicos suficientes. En líneas
generales, no con criterio conservador, la movilidad significa un
gran desasosiego, desestructura familiar, ruptura territorial y
afectiva, salvo los hijos de la burguesía cuando nos íbamos a París,
o a Londres; pero eso es excepcional. En la crisis de finales del
siglo XX, no nos referimos a eso cuando hablamos de movilidad.
Me parece importante la desestructura que significa la movilidad y
los costos tremendamente importantes que arrastra, porque no suele
ser motivo de elección en la vida de ningún joven ni de ninguna
joven, sino la decisión, a veces turística, de los hijos de los
sectores más pudientes, que deciden conocer, ver o ir a la búsqueda
del master o de la carrera que da renombre para luego competir en el
bufete de abogados. No estamos hablando de eso, sino de defender los
intereses de la mayoría de los estudiantes de este país.
Hecho este mínimo preámbulo y con una gran brevedad, porque creo que
expreso bien lo que quiero decir, he de manifestar que mi posición
con respecto a la movilidad es de una gran reserva no sólo
ideológica, sino política, académica, estudiantil y,
fundamentalmente, social. Por eso no entiendo el empeño de plantearlo
demasiado en abstracto, sin aterrizar. Entendería y suscribiría
cualquier proposición o iniciativa política sobre la movilidad si
está acompañada de un sistema becario fuerte, que favorezca a los que
lo necesitan. Los otros tienen los recursos resueltos. Solamente en
ese sentido estoy en condiciones de dar un voto favorable para una
iniciativa de esta envergadura. Hablo de un sistema becario fuerte
tanto para los destinatarios como para la cuantía. No sirve dárselo a
muchos y en pequeñas cantidades, sino a quiénes lo necesitan y en la
cantidad suficiente.
Hay un principio básico, sin el cual tampoco puedo identificarme con
este criterio, que es la modificación de la baremación. En España o
eres pobre de solemnidad y estás en el umbral de la pobreza o tienes
amigos en el poder o no tienes acceso a las becas. No suele ser un
criterio efectivo. No ayuda a encontrar instrumentos importantes para
este sistema becario fuerte, al que yo me refiero, que acompañe a la
movilidad para garantizar que no sea pagar el viaje turístico a los
hijos de la burguesía.
No creo que la calidad o la competitividad se incrementen porque los
estudiantes cambien de localidad. Creo que tampoco el grupo
proponente comparte siquiera que la calidad o la competitividad se
incremente porque los alumnos cambien de ciudad. No es justo decirlo,
si no es un argumento que se superponga a otro. Hay una única fórmula
para resolver este enorme problema. Los alumnos en estos tiempos que
corren, haya o no vocación -y es un término que no comparto-, no
suelen poder estudiar las carreras que desean, que les gustan o para
lo que sirven, sino que son desviados en criterios del número de
plazas; y eso es injusto. En ese sentido, hemos de instrumentar
mecanismos correctores que resuelvan este problema. Lo que tiene que
hacer la Administración es garantizar más planes de estudio en los
sitios donde la demanda sea importante, no donde el mercado lo exija,
sino donde la demanda de los estudiantes sea suficiente. Solamente en
el caso de que el numerus clausus esté cubierto tiene sentido la
movilidad, es decir, no para pagar el viaje turístico a los alumnos,
hijos de familias solventes, que deseen viajar. Sólo cuando este
criterio esté suficientemente abordado estaríamos en condiciones de
debatir el tema de la movilidad.
Las enmiendas que yo he planteado son absolutamente elementales. Se
pone un sistema becario fuerte; es decir, dar las suficientes becas
con las suficientes cuantías y con un baremo absolutamente objetivo y
objetivable. Esos son
los principios que defiende Izquierda Unida y, si el resto de los
grupos lo asume, lo acompañaremos con el voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Segunda enmienda. Por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, desearía para ahorrar
tiempo procesal, y como prácticamente los dos temas son iguales...
El señor PRESIDENTE: Lo tiene previsto la Presidencia y no les va a
limitar el tiempo en sus intervenciones en esta proposición, porque
la siguiente no va a ser objeto más que de un minuto, por si hay que
hacer alguna matización y se entenderá discutida.
- (La señora Díez de Baldeón García hace signos negativos.). No se le
está limitando la libertad de expresión. Como es el mismo tema se
está hablando de movilidad tanto en la primera como en la segunda
proposición; los argumentos de la primera valen para la segunda y los
de las enmiendas valen para cada una de las posiciones. No les estoy
limitando. Si ustedes quieren estamos hasta las cuatro de la tarde,
pero si se han puesto las dos proposiciones seguidas, porque son del
mismo tema, es con la intención evidente de que debatida una y
pronunciadas las enmiendas se haya debatido la segunda.
Continúe, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Nuestro grupo fue el primero que presentó
la proposiciones no de ley sobre movilidad estudiantil con fecha 19
de abril y posteriormente el Grupo Socialista presentó la suya, que
en espíritu vienen a ser iguales ya que se pide que se adopten
medidas respecto de la movilidad de los estudiantes universitarios.
El programa Erasmus, que refleja la movilidad de los estudiantes
universitarios españoles en el conjunto de los países de Europa,
alcanza a 12.500 alumnos e indica que somos el segundo país en cuanto
a movilidad, en cambio, en las universidades españolas es escasa.
Excepto algún grupo que ha intervenido últimamente, los demás
mantenemos un común acuerdo en que es necesaria la movilidad, no
tanto para aquellos que inician una carrera y he oído aquí algunos
comentarios como que a lo mejor en medicina la Universidad de
Santiago de Compostela exija una nota inferior a Málaga; no es esa la
idea de la movilidad, no es para dejar una puerta abierta a alumnos
que quieran desplazarse de un sitio a otro sino para aquellos alumnos
que desean cursar en una universidad, por ejemplo, de medicina,
ciertas asignaturas para las cuales ellos tienen más vocación. Es
interesante la posible movilidad por el catedrático, el profesor, o
como digo, por las asignaturas que no son exactamente iguales.
Esto le ha preocupado al Gobierno y en la referencia del Consejo de
Ministros celebrado hace dos semanas se dice claramente que habrá que
arbitrar algunas medidas. Es un firme propósito del Gobierno hacer
efectiva la movilidad en el sistema universitario español a través de
una adecuada
política de becas para lo que el Ministerio de Educación
y Cultura convocará -comillas-becas de movilidad interautonómica.
El primer tema es el de las universidades dentro de una misma
comunidad, en el que debe haber también movilidad, y luego
interautonómica mediante los acuerdos pertinentes. Es indudable que
todo ello está relacionado por el acuerdo con las comunidades
autónomas y con las correspondientes universidades, dado que la
competencia en universidades es de las comunidades autónomas y además
que las universidades tienen total y absoluta independencia al
respecto.
Nosotros habíamos sugerido -y me alegro mucho de que el Grupo
Socialista lo adopte-que se realizara de acuerdo con las comunidades
autónomas y las universidades a través del consejo de universidades.
En ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Con relación al segundo
aspecto propondríamos que el aumento de las becas correspondientes
sea un incremento gradual, porque no se puede decidir de la noche a
la mañana un aumento desmedido o desproporcionado para este tipo de
becas.
Al hilo de algunas intervenciones, querría decir que o los datos que
se han pasado o los datos que yo tengo no son exactos. Decir que
España está en la cola de las ayudas universitarias respecto a otros
países no es cierto. Tengo aquí a disposición de la Presidencia y de
todos los grupos los porcentajes de alumnos que tienen beca en los
diferentes países de la Unión Europea -y de un país, que no es de la
Unión Europea, como Suiza, que no lo voy a citar-. En España el 19,5
por ciento del total de universitarios acceden a las becas cuando,
por ejemplo, en Austria el 14, Francia el 18,1; Alemania distingue
entre los antiguos y los nuevos länder, pero en la antigua República
Federal era el 15,6, en Bélgica los de habla francesa son el 20 por
ciento. Por tanto, no estamos a la cola en lo que respecta a las
becas. El Gobierno y el Grupo Popular tienen voluntad de aumentar el
importe destinado a becas. Además hay que distinguir una cosa, lo que
figura en el presupuesto es indicativo, porque luego se hace la
convocatoria de becas y es indudable que a nadie se le rechaza la
beca si está dentro del umbral. Cuando este Gobierno se hizo cargo,
en mayo de 1996, se venían arrastrando de ejercicios anteriores unos
déficit muy considerables en lo que respecta a becas universitarias;
unos déficit que fueron pagados en los dos primeros años de gobierno.
No es que haya un cupo según el presupuesto, sino que a todas las
chicas o chicos universitarios, cuyos ingresos familiares están en el
umbral exigido, se les concede la beca solicitada, después de cotejar
si los datos que presentan son exactos.
Hay también otra cuestión y es que el número de universitarios está
bajando. Tengo aquí un periódico de hoy en el que se dice que la
Complutense y la Politécnica de Madrid, la universidad del País Vasco
y la universidad de Barcelona tienen este curso un 5,68 por ciento
menos de alumnos que el pasado. Dado que la situación económica en
estos tres últimos años es mucho mejor y que además disminuye el
número de parados, es indudable que, al bajar el número de
universitarios, sube el umbral de ingresos para la concesión de
becas. Tengo aquí unos datos oficiales, publicados por el Ministerio,
según los cuales en elcurso 1996-97 tuvieron acceso a las becas
292.000 universitarios;
en el 1997-98, 270.000 y en el curso 1998-99, 277.000.
Señor presidente, resumo en aras a la brevedad. Antes decía la señora
Rodríguez-Salmones que no había que hablar de algo tan grandilocuente
como tema de Estado, pero sí de acuerdo razonable, y en aras a ese
acuerdo razonable de todos los grupos estamos dispuestos a subsumir
las dos proposiciones no de ley en el sentido que se ha indicado
anteriormente por la portavoz del Grupo Socialista, siempre y cuando
en el segundo de los petitum se diga: se incremente gradualmente.
Hoy, por ejemplo, el umbral de ingresos para solicitar una beca por
una familia de cuatro miembros -padre, madre y dos hijos-me parece
que está en 2.200.000/2.300.000 pesetas. Si se dice solamente que se
incremente el umbral, el Gobierno cumpliría con subirlo, pero
entendemos que no es a eso a lo que tenemos que instar al Gobierno,
sino a hacerlo de una forma gradual. Si el Grupo Socialista acepta
(me consta, porque además en la redacción ha intervenido la portavoz
del Grupo de Convergéncia i Unió), creo que entre todos podríamos
llegar a un acuerdo diciendo que el Gobierno aumente gradualmente el
umbral.
Finalmente, no quiero dejar pasar una referencia que se ha hecho
aquí, no por parte del Grupo Socialista. (La señora Aramburu del Río:
Sólo he intervenido yo en ese tema; diga mi nombre.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, es evidente, pero no es
necesario que todo sea ad nominem personae. Esto es lo que se llama
la figura de la alusión.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: No, si yo no voy a hacer alusiones a
nadie.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, que no sean provocadoras, que
parece que se está poniendo la mañana un poco tensa. (Rumores.)
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No, en absoluto, señor presidente. En lo
que a mí respecta, no va a ser tensa.
Respecto a la referencia que se ha hecho a que las becas se obtienen
porque se está en la pobreza o por tener amigos en el poder, quiero
aclarar que no ha habido ni una sola beca que se haya dado por tener
amigos en el poder. La selección se hace por medio de unos
ordenadores. Si el solicitante, después de comprobar el ingreso
familiar que ha declarado en renta y el número de miembros de la
familia, tiene derecho a beca, se le concede. También quiero decir al
respecto que a veces se ha detectado -minoritariamente, pero se ha
detectado-que por parte de los que solicitan la beca se aporta una
declaración sobre la renta y que posteriormente se hacen unas
complementarias. En fin, esto se da en un número muy reducido de
casos y actualmente se están cruzando los datos, a través de los
ordenadores -cosa que antes no se hacía-, entre el Ministerio de
Educación y Cultura y el de Economía y Hacienda, con lo que se
obtiene la referencia del ingreso declarado por parte de las
familias.
Resumo, señor presidente. Espero que lleguemos aquí a un acuerdo
razonable (y me va a permitir la señora Rodríguez- Salmones que
utilice esta frase que me ha gustado
mucho), puesto que el Gobierno y la mayoría de los grupos
parlamentarios -y el Grupo Parlamentario Popular absolutamente-
desean que lleguemos a ese acuerdo respecto de las becas para la
movilidad, en el bien entendido que previo acuerdo con las
comunidades autónomas y con las universidades correspondientes.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, entiendo que agradecería
que hiciera una única intervención para las dos proposiciones.
El señor PRESIDENTE: Es que puede ocurrir que, cuando se pronuncie la
representante del Grupo Parlamentario Socialista en su turno de
aceptación de enmiendas, si aceptara las enmiendas de modo tal que
diera satisfacción al Grupo Parlamentario Popular, éste lógicamente
retirara la suya.
En cualquier caso, adminístrese usted el tiempo porque no va a haber
después más que un minuto para matizaciones. No vamos a estar
discutiendo el mismo tema en siete versiones.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, una cuestión de
orden.
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Cuando he defendido la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, esto no se nos había
dicho. Es decir, si yo hubiera sabido que después la del Grupo
Parlamentario Popular se va a discutir en un minuto, seguramente me
hubiera extendido y hubiera aludido a la proposición del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor presidente, no es el mismo tema. Son dos enfoques tan
radicalmente diferentes que yo creo que necesitamos un tiempo mínimo
para poder fijar nuestra posición. Yo no me pienso extender, pero sí
me gustaría que siguiera una marcha normal, porque lo más que nos
vamos a poder extender va a ser diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Perdone. Desde luego, diez minutos no se va a
extender. Va a tener usted, ya que lo pide, un tiempo mínimo. Pero
también le pongo de manifiesto que con respecto a la segunda
proposición, ni siquiera han enmendado ustedes.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, yo le rogaría que
en lo sucesivo, por favor, cada vez que se vayan a ver de forma
conjunta una serie de proposiciones, se nos haga saber a los
intervinientes para que podamos organizar nuestro tiempo. Decirnos
sobre la marcha que disponemos de un minuto para fijar posiciones en
la propuesta de otro grupo, no nos parece razonable.
El señor PRESIDENTE: Si es el mismo tema, señora Díez de Baldeón, a
mí me parece razonable, y parece ser
que el resto de los miembros de la Comisión así lo entendían. En todo
caso, tendrá usted un tiempo mínimo.
Señor Alcaraz, tiene usted la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: En cualquier caso, yo uniré las dos
intervenciones en aras del tiempo.
Voy a empezar refiriéndome a la proposición del Grupo Popular,
constatando una idea. Nos encontramos, por lo visto, ante la gran
sugerencia, en política universitaria, de este fin de legislatura. Es
curioso que el Grupo Popular -y el propio Gobierno-haya empezado a
preocuparse con energía, a través de esta proposición, apareciendo en
los discursos del señor ministro y del secretario de Estado que ya
hemos tenido ocasión de recibir en esta Comisión, justo cuando se
renuncia a la reforma de la LRU y, en definitiva, a medidas de mayor
aliento. Ante eso, la nueva mascota del Ministerio se convierte en la
movilidad, concepto que, en abstracto, difícilmente puede ser atacado
porque, en principio, parece una cuestión positiva o neutra, según se
haga.
Dicho esto, no me sorprende que el Grupo Popular traiga esta
proposición. La había anunciado reiteradamente y todos esperábamos,
con el espíritu de un ávido lector de novelas policiacas, conocer el
desenlace de tanto anuncio. La verdad es que nos encontramos ante un
caso insólito, porque en el primer párrafo de la exposición de
motivos de esta proposición no de ley se dice que el Gobierno ha
expresado en más de una ocasión que la movilidad de estudiantes
y profesores es una prioridad de nuestro sistema educativo. Digo que
nos encontramos en un caso insólito porque el grupo parlamentario que
sustenta al Gobierno le insta a hacer algo que se supone que ya está
haciendo, lo cual no se entiende muy bien, salvo que sea un intento
publicitario. A veces, me da la impresión de que algunas críticas que
tenemos que escuchar del Grupo Popular pierden bastante credibilidad,
salvo -y sería la única explicación plausible-que este grupo no se
fíe de las promesas del Ministerio. Lo cual, dada la experiencia de
los Ministerios de Educación y Cultura durante esta legislatura, no
sería nada extraño considerando a nuestros colegas del Grupo Popular
personas inteligentes. Solamente me queda manifestar mi solidaridad,
porque han tenido que defender y prometer en muchas ocasiones cosas
que, en la práctica, nunca se han llegado a ejecutar, no sabemos si
en aras de no pillarse los dedos, y de ahí la extraordinaria
ambigüedad del texto de la proposición.
En cuanto al segundo párrafo de la exposición de motivos, me va a
permitir el Grupo Popular que le felicite porque es una auténtica
joya literaria. Eso de que es preciso trasladar a la sociedad
española la convicción de que resulta fundamental para la universidad
asumir la cultura de la movilidad, me parece algo digno del mayor
encomio, ya que no es habitual encontrar en exposiciones de motivos
una frase en la que, utilizando expresiones tan rotundas, no
signifique nada.
Creo que ante estos grandes retos que nos plantean en la exposición
de motivos se llega al texto dispositivo. Esperamos el desenlace de
la novela y que el Gobierno diga con gran concreción, de verdad, lo
que se debe hacer o, dicho de otra forma, que el Gobierno susurre al
oído de los miembros del Grupo Popular aquello que deben decir aquí
para quedar bien. Pues, tampoco. Lo que se dice aquí es una piadosa
intención rellena de humo; es decir que se favorezca el
intercambio de estudiantes hablando con comunidades autónomas,
universidades, agentes sociales (no sabemos muy bien quiénes son los
agentes sociales en este caso, pero nunca queda mal ponerlo en un
texto de este tipo) y con el Consejo de Universidades, al que por
cierto se ha sido incapaz de cambiar en toda la legislatura.
Es curioso el concepto de intercambio, porque una cosa son fórmulas
de cooperación entre universidades o comunidades autónomas; pero tal
y como está aquí redactado parece que tiene que ser un intercambio de
uno a uno, como quien intercambia cromos, entre las distintas
universidades y las diversas titulaciones, lo cual me plantea cierto
estupor. No sé muy bien cómo se va a hacer eso de los intercambios
entre diversas titulaciones. Me hubiera gustado que este concepto se
explicara.
Entro en otro tema. Aprovechando la matización que hacía el señor
Guerra sobre la gradualidad de las becas, creo que éstas deberán
serlo en todo caso en función de las medidas. Lo que pasa es que como
en esta proposición no de ley no nos enteramos qué medidas son, no se
sabe muy bien la gradualidad. Si se van a mover 200.000 estudiantes
y la gradualidad de las becas es de 200, fíjense ustedes lo que
hubiéramos hecho. De nuevo aparecen los bailes de cifras, a los
cuales ya estamos acostumbrados en esta Comisión cuando hablamos,
olvidando, por cierto, los diversos niveles de vida existentes en
Europa o los diversos gastos generales en universidad en algunos de
los Estados que el señor Guerra ha tenido a bien citarnos una vez
más. En todo caso, la duda que nos queda es, después de tan
grandísimas y buenas intenciones, por qué el Grupo Popular no ha
tenido a bien incluir en su proposición ni una sola alusión a las
becas. Eso es lo que nos causa auténtica preocupación porque se sigue
definiendo, insisto, con estos grandes términos y, sin embargo, a la
hora de someter una iniciativa parlamentaria a votación, no hay
becas, y no me vale que se lean las referencias del Consejo de
Ministros. El Consejo de Ministros, si quiere, que apruebe la norma y
luego la someteremos a control parlamentario. Si se aprueba tal como
está por este Congreso, lo que hacemos es instar al Gobierno a que
apruebe una cosa sin incluir becas, lo cual es bastante peligroso.
En vista de que se supone las buenas intenciones, como el valor a los
soldados, y que, por tanto, es difícil estar en contra, ante la
vaciedad, anuncio por una vez una abstención, pero una abstención
rotunda, con energía. Por eso me parece oportuno el texto del Grupo
Socialista. Si vamos a hablar de movilidad, empecemos a hablar de
becas, porque habrá que incluir las alternativas reales que impidan
que, bajo el manto del buen fin que se pretende, se genere un
elemento de desigualdad que rompa las condiciones de equidad en el
acceso a la universidad. Este es el gran problema que va a tener el
Partido Popular, porque le queda muy poquita legislatura y no ha
hecho nada de lo que ha prometido. Tengan cuidado. Estoy
absolutamente seguro de que van a incrementar las becas porque hay
unos años electorales en los que este asunto se explica muy bien. Las
opiniones de los ciudadanos y del mundo universitario sobre cómo
están recibiendo las promesas del Ministerio causan estupor porque
están generando una serie de expectativasque ni, de lejos, se van a
ver cumplidas.
Ha sido un argumento típico del Gobierno del Grupo Popular decir que,
tras la ampliación de la universidad española -por tanto, una
universidad basada en la cantidad-, hay que pasar a una fase desde la
calidad. Perfecto. Es una de esas frases donde es imposible
discrepar. La calidad siempre debe ser un factor. Pero, hay que tener
cuidado en cómo entendamos, a partir de ahora, el concepto de calidad
universitaria o, mejor dicho, de calidad social de la universidad. Si
se vuelve al criterio de que la universidad es un mero elemento de
formación de unas personas que llegan allí, y no se contempla en
relación con el conjunto de la sociedad y de la función social
profunda de la universidad, nos vamos a encontrar con un conjunto de
medidas que, lejos de favorecer la calidad social, va a suponer una
degradación de la calidad social, porque esa calidad social solamente
se puede entender desde la clave de proseguir su democratización, y
ciertas propuestas genéricas pueden llegar a afectar esta idea si no
queda absolutamente claro que esa movilidad no va a ser, como decía
antes, un factor de desigualdad. Por eso, y tiempo habrá de seguir
hablando, me parece que en esta etapa la proposición no de ley
planteada por el Grupo Socialista, que incluso era mejorada a última
hora por su portavoz, es la base mínima de cualquier política sensata
para hablar de movilidad. Todo lo demás son cohetes que hacen mucho
ruido, pólvora que se gasta y que se la lleva el viento.
El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Laura Gil i Miró, tiene la palabra
por el Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió para fijar
posiciones.
La señora GIL I MIRÓ: Es evidente que el concepto movilidad se ha
convertido en la palabra estrella del discurso universitario del
actual equipo ministerial. Se podría decir que es el concepto cosecha
del 99 porque no se había oído antes. Movilidad para nosotros va
unida siempre a voluntariedad y en todo caso su concreción debe ser
antitética a desplazamientos no queridos. Con ello quiero decir con
absoluta claridad que mi grupo no permitiría ninguna iniciativa que
hiciera que un alumno universitario de Cataluña fuera desplazado
forzoso, a causa del derecho a la movilidad de alumnos o alumnas
provenientes de otros distritos universitarios. Les recuerdo que en
las universidades catalanes son ya distrito único y que la movilidad
forzosa, dentro de Cataluña y en las diferentes universidades, es, en
muchas ocasiones, un hecho doloroso y ciertamente dramático
económicamente, sobre todo dado el bajo presupuesto del Estado en
materia de becas universitarias y el muy bajo nivel de renta per
capita necesaria para que los alumnos puedan gozar de estas ayudas
compensatorias. También queremos hacer hincapié en que esta situación
no es de hoy, ni de hace dos y tres años, sino de otros gobiernos
anteriores socialistas.
Por ello quiero añadir que estamos de acuerdo con la reflexión sobre
la movilidad que ha hecho nuestra compañera la diputada Aramburu.
Estamos de acuerdo con ella en que produce desarraigo y frustración
en el propio alumnado y en su ámbito familiar y social y es algo
nunca querido. No podríamos decirlo ni igual ni mejor que ella.
Coincidimos con ella en que movilidad, jamás puede confundirse, como
ha dicho ella, con competitividad, ni ésta -yo añadocon
competencia, porque la universidad debe formar alumnos y alumnas
como personas competentes y, en todo caso, el mercado ya les obligará
a ser competitivos.
En todo caso, como también la palabra movilidad forma ya parte del
diccionario básico de la Unión Europea, en estos términos estamos de
acuerdo con los objetivos de las dos proposiciones que se presentan a
debate. A nuestro modesto entender, una complementa la otra, pueden
imbricarse y es exactamente el mismo tema. Una de las iniciativas que
puede hacerse para favorecer la movilidad es el establecimiento de
las becas, por tanto estamos hablando del mismo tema. Creemos que
pueden imbricarse en una sola mediante una transacción oportuna -así
lo ha hecho el señor Alcaraz-, que el portavoz del Grupo Popular ha
diseñado o ha dibujado, incorporando a su propia proposición no de
ley los dos puntos de la proposición socialista, y añadiéndo
a incremento de becas la palabra gradual. En este caso tendrían nuestro
voto favorable; voto favorable que estaría condicionado, como
siempre, a la introducción explícita de un inciso, relativo al
acuerdo de las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Para manifestarse acerca de la aceptación de las
enmiendas de Izquierda Unida y Grupo Popular, la proponente, doña
Clementina Díez de Baldeón, tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Mi grupo no va a admitir la
transaccional que pretende unificar el texto del Grupo Popular y el
nuestro, por una razón fundamental. Como ya se ha dicho aquí -yo
pensaba intervenir a continuación para decirlo-, el texto del Grupo
Popular es un brindis al sol y ahora tendré oportunidad de extenderme
más. Además, respecto lo que se dice sobre intercambio entre las
distintas titulaciones, nos parece que carece de sentido. Es decir,
no puede haber intercambio entre titulaciones. No estamos hablando de
eso y nos parece que debe ser un error manifiesto del Grupo Popular,
porque intercambiar titulaciones es un absurdo de un tamaño
impresionante.
Por otro lado, en la enmienda de Izquierda Unida se habla de
incrementar también el número de becas. Lo que estamos proponiendo es
precisamente un incremento del número de becas, porque estamos
haciendo una propuesta de una convocatoria específica de movilidad.
Por tanto, nos parece que esto carece de sentido.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si la Presidencia refleja
exactamente el contenido de su proposición. Diría así: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a, de acuerdo con las comunidades
autónomas y con las universidades: primero, establecer una
convocatoria específica de becas y ayudas al estudio, destinadas a
favorecer la necesaria movilidad estudiantil entre las distintas
universidades españolas, que posibilite a los estudiantes con menos
recursos económicos cursar estudios en las universidades del
territorio nacional que deseen, para afrontar los gastos derivados de
sus desplazamientos.
Segundo, incrementar los actuales umbrales económicos que permiten
acceder a las becas y ayudas al estudiodestinados a favorecer la
movilidad estudiantil. ¿Es así?
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Entre las distintas universidades
españolas.
El señor PRESIDENTE: O sea, destinados a favorecer la movilidad
estudiantil entre las distintas universidades españolas.
Por parte del Grupo Popular se solicitaba introducir detrás de la
palabra incrementar, la expresión gradualmente. ¿La acepta?
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Yo creo que es una obviedad
introducir en este texto: incrementar gradualmente, porque me parece
evidente que se van a incrementar gradualmente, pero si con esa
palabra se vota a favor, de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Si se introduce la expresión gradualmente en el
texto a que se ha dado lectura, ¿retiraría usted su proposición
posterior?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí, constando en acta que es el acuerdo
de las dos proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ustedes imagínense lo que les parezca
conveniente, porque lo que se va a votar es un texto, y si alguno
quiere y pretende que el texto sea, pura y sencillamente, reflejo de
las pandectas, ese es su problema. Yo lo que les estoy preguntando es
si están de acuerdo en que este es el texto que se quiere votar. Por
un lado, la señora Díez de Baldeón acepta lo de incrementar
gradualmente porque es una obviedad. Por otro lado, el Grupo Popular,
haciendo uso de su disponibilidad, ¿retira la siguiente?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, si eso significa el
acuerdo entre las dos proposiciones no de ley, sí.
El señor PRESIDENTE: Usted no pregunte a los demás y respóndame.
¿Para usted es satisfactorio en cuanto a la idea que guía su
proposición o no lo es?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, vuelvo a insistir, si
eso significa que de las dos proposiciones no de ley sale ese texto,
sí, en caso contrario no.
El señor PRESIDENTE: Esto significa que se va a votar ese texto y si
ustedes quieren lo acuerdan y el siguiente texto no se va a votar.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley...
El señor PRESIDENTE: Y es dueño de su iniciativa.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Y es dueño de su iniciativa, y la
única enmienda que admite el Partido Popular es que se diga:
incrementar gradualmente. Esta iniciativa es del Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Popular ha presentado una proposición no de
ley, desde nuestro punto de vista, completamente surrealista,
que se produce diez días después de un real decreto. Con lo cual
estamos votando la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: A ver si hay un poco de orden. Usted limítese a
decir qué es lo que propone y deje a los demás que dispongan lo que
les parezca conveniente. Lo que se votará posteriormente será el
texto del que se ha dado lectura.(La señora Gil i Miró: Quería hacer
una pregunta para saber luego el sentido de mi voto.)
El señor PRESIDENTE: Estamos todos completamente convencidos de lo
que se está discutiendo y las posiciones cada uno que se las
administre como le parezca conveniente y corra los riesgos que
quiera.
Hechas estas manifestaciones, le pregunto al propietario de la
correspondiente iniciativa: ¿quieren ustedes que se discuta el punto
quinto?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, yo creo que en mi
intervención ha sido defendido el punto quinto, y he dicho y reitero
que, en aras de un acuerdo sensato, las dos proposiciones no de ley
se subsumirían en este acuerdo final, donde se insta al Gobierno, de
acuerdo con las comunidades autónomas y las universidades. Esto iría
en el primer punto del Grupo Socialista, y en el segundo de forma
gradual el tema de los presupuestos. Si es así, nosotros votamos
favorablemente, pero como acuerdo -y se ha hecho en múltiples
ocasiones-de las dos iniciativas.
El señor PRESIDENTE: Esto si es que es absolutamente surrealista y
psicodélico. La Presidencia entiende que el texto que se va a votar
contiene la incorporación colectiva de los que han participado en el
debate y se votará de esa manera y, en consecuencia, no ha lugar a
discutir el punto quinto del orden del día.
- RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUMERGIDO
CONTRA EL RIESGO DE EXPOLIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO. (Número de expediente 161/
001497.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto. Proposición relativa a la
protección del patrimonio arqueológico sumergido contra el riesgo de
expoliación.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Echániz, para defender su proposición, con la mayor brevedad posible,
dada la hora que es.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, el extenso litoral de nuestro
territorio, la tradición naval y marítima de nuestro país a lo largo
de su historia, en lo relativo a la construcción de barcos, a las
rutas marítimas comerciales desde y hacia sus múltiples puertos,
muchos de ellos en estos momentos sumergidos, los naufragios por
tempestades y las batallas libradas en sus costas, convierten a
España...( Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un mininum de respeto al diputado que
está hablando, y si tienen alguna discusión pendiente, no está
prohibido que la tengan en el pasillo.
Puede continuar.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Decía que las circunstancias anteriormente
aludidas convierten a España en un lugar especialmente importante en
lo que a precios, yacimientos o hallazgos submarinos se refiere.
Por otra parte, los avances tecnológicos de los últimos años para la
exploración de los fondos marinos están siendo también utilizados
cada vez en mayor medida por desaprensivos, por auténticos buscadores
de tesoros que, con recursos económicos, con barcos y equipos
electrónicos de detección y rastreo, con ignorancia irresponsable
están produciendo destrozos arqueológicos importantes y saqueos de
los vestigios históricos que se encuentran en los fondos, en una
labor de auténtica piratería arqueológica submarina, expoliando
sistemáticamente el litoral español desde hace más de 50 años. Estas
personas se valen también de archivos, hemerotecas regionales,
informes de dragados de zonas, hallazgos fortuitos o entrevistas a
viejos pescadores y buceadores para conseguir su información.
El mandato constitucional, señorías, exige a los poderes públicos
garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España que incluye, según el artículo 40
de la Ley 16/1985, del Patrimonio histórico español, los bienes
muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no y
tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar
territorial o en la plataforma continental.
De la misma manera, el artículo 149 de la Constitución asigna como
competencia exclusiva del Estado la defensa del patrimonio cultural,
artístico y monumental español contra la expoliación, labor que debe
ser coordinada con las administraciones autonómicas competentes para
velar por la catalogación, el mantenimiento y la conservación de
estos yacimientos. El constante incremento de estas actividades
ilícitas en todo el mundo ha llevado a la Unesco a recomendar a los
Estados miembros la adopción de medidas inmediatas dentro de su
jurisdicción para proteger el patrimonio cultural subacuático, ya que
no hay leyes que protejan los descubrimientos en aguas
internacionales y basta con sacar algunos objetos para tomar posesión
de un buque. En ese sentido, España en estos momentos, por ejemplo,
no es dueña de sus galeones, de los que viajaban a América, salvo que
se explote permanentemente el yacimiento de cada uno de estos
precios. La investigación, la prospección, la excavación y la
extracción de estos bienes tiene un enorme valor histórico y
didáctico, y también un enorme interés respecto de la historia de la
navegación, en la que España ha tenido un papel totalmente
protagonista con una excelente construcción naval por parte de los
astilleros españoles que no debemos dejar de reivindicar frente
a otros países.
España, por otra parte, ha avanzado de forma sistemática en los
últimos años. En las comunidades autónomas existen ya centenares de
naufragios inventariados y yacimientos registrados. La Armada
española dispone de
buques auxiliares con base en Cartagena, como el buque oceanográfico
Hespérides, de 82 metros de eslora y de más de 2.600 toneladas de
desplazamiento, con sistemas de teledetección y robots de filmación,
gestionado por una comisión interministerial que preside el director
de la Oficina de Ciencia y Tecnología de Presidencia del Gobierno; el
buque A-33, con equipamiento científico de ecosondas, laboratorios y
grúas, o el buque Mar Rojo con sonar de barrido lateral, magnetómetro
de protones, minisonar de casco para exploraciones y vehículo
submarino no tripulado. Se ha creado también recientemente la
comisión contra el expolio y el Gobierno español presentó en
Bruselas, en el año 1996, el proyecto de creación del foro
euromediterráneo de arqueología marítima, el Fenam, que fue aprobado
en septiembre último en Rodas y que supone el reconocimiento de la
candidatura española para que Cartagena sea sede de conversaciones,
investigaciones y formación de arqueólogos subacuáticos de la cuenca
del Mediterráneo. También supone un impulso a la financiación de la
Unión Europea para coordinar medios, titulaciones y operaciones.
Se han adjudicado 1.200 millones para la construcción de un nuevo
centro nacional de investigaciones arqueológicas subacuáticas y museo
de arqueología submarina que coordine la investigación de los
precios, los buques hundidos y sus enseres en Cartagena, dependiente
también de la Subdirección General de los museos estatales. Yse ha
comprometido, cómo no, a la Armada, mediante un convenio entre los
ministerios de Cultura y Defensa, para su colaboración en los
proyectos de catalogación y protección del patrimonio sumergido y
para defender ante los intereses de la Unesco lo referente a la
protección de buques sumergidos y yacimientos arqueológicos
subacuáticos.
Pero, señorías, todavía queda mucho trabajo por realizar. Es
necesario catalogar y saber exactamente qué hay en aguas españolas,
en el mar territorial español, que supone...( Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, las taquígrafas y taquígrafos de la
casa agradecerían que se les deje trabajar manteniendo un mínimum de
silencio.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señor presidente.
Decía que es necesario catalogar y saber exactamente qué hay en aguas
españolas, en el mar territorial español, que supone una franja de
doce millas, es decir, desarrollar un plan de estudio de patrimonio
protegido; es necesaria una correcta tarea de coordinación entre el
Estado, sus distintos departamentos implicados, el Ministerio de
Educación y Cultura, el de Defensa, el de Fomento y el de Medio
Ambiente, y las comunidades autónomas con competencias en sus aguas.
Es necesario elaborar las cartas arqueológicas submarinas del litoral
y diseñar las fases de prospección, de excavación y de conservación,
especialmente delicada en materias como la madera, sometida a un
proceso de pérdida de la celulosa. Es necesario incrementar y
coordinar los recursos humanos dedicados a estas tareas, arqueólogos
subacuáticos, conservadores de museos, buzos, oceanógrafos, geólogos,
fotógrafos, restauradores, topógrafos, geógrafos, ingenieros navales,
historiadores,
biólogos, microbiólogos, informáticos y personal de apoyo, así como
los recursos materiales, tecnológicos e informáticos. Es necesario
incrementar y especializar a los submarinistas de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil y la
Armada, en la labor de protección y lucha contra el expolio
arqueológico submarino. Es necesario contar con más barcos de
investigación plenamente dotados con mantenimiento y tripulación a
cargo de la Armada para realizar campañas dentro de nuestras costas
en colaboración con la comunidades autónomas y para realizar acuerdos
con terceros países para realizar investigaciones en mares
internacionales o de terceros países sobre nuestros precios; estoy
pensando, por ejemplo, en la gran armada en Irlanda o todos los
galeones en América, lo cual ahora resulta imposible. Por último, es
necesaria también una mayor concienciación social de la importancia
del patrimonio arqueológico sumergido.
Por todos estos motivos, señorías, mi grupo parlamentario ha
presentado esta iniciativa para que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a incrementar la dotación de recursos materiales y
humanos, así como los esfuerzos necesarios para la protección del
patrimonio arqueológico sumergido, con el fin de dispensarles una
eficaz protección contra el riesgo de expoliación.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra don José
María Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender nuestra
enmienda presentada a esta proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, tenemos que decir que nosotros somos sensibles a la
filosofía que se plantea en esta proposición no de ley, puesto que
consideramos que siempre resulta urgente la protección de nuestro
patrimonio arqueológico, ya que dicho patrimonio materializa el
pasado en cosas tangibles. De ahí la importancia en el hecho de ganar
tiempo en el adelanto de medidas de protección para con este
patrimonio, ya que todos deseamos y urgimos que se controle la
expoliación, máxime dada la proliferación de atentados y la escasa
incidencia de la protección penal en muchos de los casos.
Con respecto a la conservación del patrimonio artístico, la
Constitución española, en su artículo 46, señala que los poderes
públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España, añadiendo que la ley penal sancionará los atentados contra
ese patrimonio. Asimismo, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio histórico español, en su artículo 4 advierte que se
entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro
de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes
que integran el patrimonio histórico español, considerando que en
tales casos la Administración del Estado, con independencia de las
competencias que correspondan a las comunidades autónomas, en
cualquier momento podrá interesar del departamento competente del
Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente la
adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la
expoliación.
Abundando más aún en cuanto a expoliación y protección de los
yacimientos arqueológicos y de todo el patrimonio, su artículo 42.3
precisa -y resumo-primero, que, toda excavación o prospección
arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la Administración
competencia; segundo, que, la autorización para realizar excavaciones
o prospecciones arqueológicas obliga a los beneficiarios a entregar
los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y
acompañados de una memoria, al museo o centro que la Administración
competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su
proximidad al lugar del hallazgo y a las circunstancias que hagan
posible, además de su adecuada conservación, su mejor función
cultural y científica; tercero, que, serán ilícitas, y sus
responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente
ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la
autorización correspondiente.
De todo lo anterior se desprende que en lo concerniente al patrimonio
arqueológico, como se recoge en el Título V de esta ley, y más
concretamente en su artículo 40.1, forman parte del patrimonio
histórico español los bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica
y que hayan sido o no extraídos, tanto si se encuentran en la
superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma
continental. Ello nos lleva a plantearnos las cosas con una mayor
amplitud de miras, extendiendo la protección arqueológica no sólo al
campo arqueológico sumergido, como hace esta proposición no de ley,
sino al conjunto de la misma, incluyendo la terrestre, tal como se
recoge en la enmienda, para que, tal como se señala en la misma, el
Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que a través del
Consejo Estatal de Patrimonio Histórico, en el que se integran las
comunidades autónomas, defina los contenidos básicos de un plan
general de protección del patrimonio arqueológico español con objeto
de su presentación a la Comisión de Educación y Cultura antes de que
finalice el actual período de sesiones, de suerte que cualquier
actuación a desarrollar en este campo se enmarque dentro de las
líneas de dicho plan, debiendo el Gobierno remitir cada año al
Congreso un informe sobre los resultados que se han alcanzado en la
lucha contra el expolio del patrimonio arqueológico.
Asumir lo contrario, frente a nuestra enmienda que tiene un carácter
genérico, supondría un brindis al sol. De ahí el hecho de reiterar
nuestra propuesta sobre la protección del patrimonio arqueológico en
su conjunto, de claro compromiso y no en un sentido light,
acometiéndola mediante dicho plan general de protección del
patrimonio arqueológico español que, indudablemente, para ser
eficiente en la consecución de sus objetivos debería contar con la
correspondiente dotación presupuestaria.
De otra parte tenemos necesariamente que decir que mal casa una
iniciativa de este tipo con que el museo al que se ha hecho
referencia y el Centro de Actividades Subacuáticas, teóricamente
nacional, que se pretende ubicar en Cartagena supondría, aprobado el
proyecto, el símbolo de la arqueología submarina. Sabemos que está
paralizada su construcción precisamente por la falta de coordinación
que
se da entre el Gobierno de Murcia y el Gobierno del Estado. Parece
ser que tienen problemas debido precisamente a la propia aplicación
de la Ley del patrimonio. Sería un escándalo que no se coordinen el
Ministerio y la Consejería después de marear la perdiz desde hace
cuatro años, tiempo que lleva este asunto.
Como se recoge en la exposición de motivos de esta proposición no de
ley, el avance tecnológico de los últimos años no sólo se viene
utilizando para la exploración de los fondos marinos, sino también
para saquear los vestigios históricos que en ellos se encuentran. Tal
ocurre mediante el uso de detectores de metales -que así se denominan
a unos aparatos de medición electromagnéticos-creados ex profeso para
la búsqueda de tesoros y usados con gran frecuencia para el expolio
de los yacimientos arqueológicos, algo que está ocurriendo en todo el
territorio español. De ahí que la recomendación 921/1982 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Ministros de Europa inste a
legislar y regular el uso de los detectores de metales en el seno de
los países miembros de la Unión Europea y que así se haya hecho en el
seno de alguno de ellos -en Francia en 1989-, inclusive en algunas
comunidades autónomas, como se da precisamente en el artículo 47 de
la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha.
La iniciativa del Grupo Popular, que propone medidas específicas para
el patrimonio arqueológico subacuático, ignorando el terrestre,
muestra una vez más la actitud de esconder la cabeza debajo del ala y
de mirar para otro lado, puesto que la defensa contra el expolio del
patrimonio histórico es una competencia que la Constitución reserva a
la Administración del Estado y que la sentencia del Tribunal
Constitucional de 1991, ante el recurso de algunas comunidades
autónomas respecto de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985,
precisa con exactitud, delimitando el papel que corresponde tanto a
las propias comunidades autónomas como al Estado. Así pues el Estado
tiene la obligación de hacer la legislación básica para garantizar la
custodia y reprimir el expolio del patrimonio arqueológico en su
conjunto en todo el territorio. Proponiendo medidas contra el expolio
del patrimonio subacuático, que nosotros defendemos, se ignora el
saqueo a que son sometidos numerosos yacimientos arqueológicos en el
medio rural; se ignora que mediante el uso de detectores de metales
se expolian y destruyen cientos de yacimientos para luego vender unos
cuantos objetos ya descontextualizados y sin información
arqueológica; se ignora que numerosos abrigos con arte rupestre son
pasto del vandalismo, y la destrucción actual de abrigos de arte
rupestre levantinos declarados patrimonio de la humanidad en el mes
pasado es buena muestra de lo que decimos.
Nosotros creemos que deben adoptarse medidas para atajar todos estos
males y que, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, se plantee una política que haga frente a las nuevas
formas de expolio que han surgido. Por eso entendemos que la
recomendación aludida de la Unesco no cabe interpretarla en un
sentido restrictivo, sino en toda su amplitud, considerando que es
indispensable adoptar medidas que establezcan un sistema eficaz de
protección, organizado de una manera permanente y según métodos
científicos y modernos, que permitan la
protección del patrimonio arqueológico y, en consecuencia, su legado
a las futuras generaciones. Por eso proponemos que se acometa un plan
general de protección del patrimonio arqueológico español que analice
el problema y proponga medidas para su mejor remedio. Para hacerlo
posible recabamos el apoyo de todos los diputados y diputadas
a nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, ¿Grupo Mixto?
(Pausa.) ¿Convergéncia i Unió quiere fijar posiciones? (Pausa.) Doña
Carmen Laura tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: El tema que se está tratando es muy importante
porque el problema es absolutamente candente. Por ello sería deseable
consensuar esta iniciativa, porque tiene una propuesta que puede
detener la destrucción del patrimonio de los yacimientos
arqueológicos subacuáticos.
Como muestra de este afán depredador de grupos internacionales
y también internos, sólo quiero citarles que de los 763 yacimientos
arqueológicos subacuáticos que existen en la Carta subacuática
arqueológica de Cataluña, más del 95 por ciento en todos estos años
han sido expoliados, de tal manera que casi el 50 por ciento de estos
yacimientos han perdido ya su valor científico. Ustedes no pueden
olvidar que, detrás de todo ello, está el gran valor económico de
este tipo de restos arqueológicos. Lo sabemos porque muy
recientemente la Caja de Madrid -parece que fue un cierto expolio de
un galeón-por 700 millones de pesetas ha comprado estos restos
arqueológicos.
Este tema es de gran complejidad por la intervención de intereses muy
distintos, a veces contrarios, como son los económicos, los
políticos, los militares, incluso también los estratégicos. Con todo
ello, nuestro grupo va a dar su voto favorable a esta proposición con
la confianza de que entre las iniciativas y recursos que vayan a
tomar probablemente figurará sobre todo incrementar la
sensibilización pública respecto del valor de este patrimonio,
conseguir de las instancias judiciales mayor sensibilización hacia
este tema e incrementar los medios de las brigadas de protección del
patrimonio, que ya está previsto en la ley, para que puedan actuar
también en la mar. De hecho, la Guardia Civil lo está haciendo.
Querría recordar al proponente que no nos parece lógico por lo menos
desde el Gobierno de Cataluña y desde los estudiosos de la
arqueología subacuática, que se den competencias a la Armada porque
internacionalmente es un tema muy discutido y porque debe hacerse por
buceadores que actúan normalmente, como usted sabe, a unos 80 ó 90
metros, lo que quiere decir que se debe estar muy cercano a la costa.
Por tanto es imposible que la Armada pueda hacer una vigilancia de
todos accidentes costeros que existen en este país. Es por ello que
creemos que la Guardia Civil, que lo está haciendo con muy pocos
medios, debería hacer este trabajo con muchos más recursos.
Nuestro voto es favorable pero está condicionado, como se supondrá, a
la introducción explícita del acuerdo con las comunidades autónomas
afectadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, para pronunciarse exclusivamente
sobre la aceptación o no de la
enmienda, bien sea de la enmienda del Grupo Socialista o bien sea de
las enmiendas verbales, tal como la que acaba de proponer la señora
Gil i Miró. ¿Qué redacción final ofrece usted?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Yo estoy de acuerdo con la intervención de
la portavoz de Convergéncia i Unió. El mandato constitucional obliga
a todos los poderes públicos -Estado y comunidades autónomas-a
garantizar la conservación del patrimonio artístico. Por una parte,
el Estado tiene la competencia de la defensa del patrimonio artístico
contra la expoliación y las comunidades autónomas su responsabilidad
sobre su propio litoral costero. Por tanto, no sólo lo creo
conveniente sino indispensable en los términos de su intervención.
Ese ha sido el criterio, el espíritu de nuestra iniciativa, desde
luego de nuestro de discurso de defensa de la iniciativa y, por
tanto, estamos de acuerdo con su posición. No podemos decir lo mismo
de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Desde
nuestro grupo parlamentario no se ignoran las otras consideraciones
de defensa del patrimonio que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista...
El señor PRESIDENTE: Es muy sencillo. Usted no acepta la enmienda del
Grupo Socialista, aparece claramente dibujado en el horizonte. Sí
acepta usted que diga: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que, de acuerdo con las comunidades autónomas, incremente la
dotación de recursos materiales ... ¿Es así? (Asentimiento.) ¿Tiene
usted una fórmula que lo mejora?
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quisiera resaltar que, aunque estamos de
acuerdo en la definición de un plan general de protección del
patrimonio arqueológico español de máximos, incluyendo el sumergido,
aprobar la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en
este momento produciría un retraso que nos parece poco razonable para
esta iniciativa puntual que, como se ha informado previamente,
necesitaba ponerse en marcha específicamente y sin demora, entre
otras cosas por las preocupantes consideraciones que hacía la señora
Gil i Miró para aprovechar esta campaña de primavera, y de verano ya,
y para cumplir la recomendación de la Unesco... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un poco de silencio, por favor.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: ... sin perjuicio de que en el futuro, como
decía el señor Martínez Laseca, se definan criterios básicos de este
plan, mucho más ambicioso y mucho más general.
El señor PRESIDENTE: Entonces, el texto definitivo diría: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las
comunidades autónomas, incremente la dotación de recursos materiales
y humanos y esfuerzos para la protección del patrimonio arqueológico
sumergido con el fin de dispensarles una eficaz protección contra el
riesgo de expoliación. Donde habría que sustituir, lógicamente,
'incrementar' por 'incremente'. ¿Estamos
de acuerdo? (Pausa.) Bien, pues eso es lo que será objeto de
votación.
- SOBRE APOYO A LA DECLARACIÓN POR LA UNESCO DEL PATRIMONIO ROMÁNICO
DE LA VALL DE BOÍ COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. ASOLICITUD
DELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (número de expediente 161/001334.)
El señor PRESIDENTE: Al haber retirado el Grupo Parlamentario Mixto
la proposición no de ley que figuraba bajo el número 7, vamos a
producir las votaciones que se refieren ... (La señora Díaz de
Baldeón García pide la palabra.) ¿Me pide la palabra para contribuir
al desorden reinante o para mejorar la situación?
La señora DÍAZ DE BALDEÓN GARCÍA: Para contribuir al orden que
preside esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: De usted lo imploramos, doña Clementina, tenga
usted la amabilidad.
Tiene usted el uso de la palabra.
La señora DÍAZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, teniendo en
cuenta que Convergéncia i Unió y el Grupo Parlamentario Popular ponen
como condición para votar el texto que sea una transaccional, admito
la transaccional y votamos como transaccional. Ha sido la condición
de estos grupos para votar a favor. (La señora Aramburu del Río pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Yo quiero recriminar al partido del
Gobierno y al partido de la oposición que no hayan tenido en cuenta a
la tercera fuerza de este país, de tres millones de votantes, para
llegar a ese acuerdo. Mi posición política, en dos tonos diferentes,
era de abstención activa, pero la cultura del consenso de Izquierda
Unida es superior a la cultura de los matices, y por lo tanto vamos
a votar a favor.
Nada más y gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muy bien, María Jesús, perdón, doña María Jesús.
(El señor Echániz Salgado pide la palabra.)
Señor Echániz, ya sólo se admiten intervenciones absolutamente
elogiosas y de inciensario, ni una sola de carácter crítico. Diga
usted.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Sólo quiero poner de manifiesto que a pesar
de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Díez
de Baldeón, está empeñada en que las iniciativas no sean del Grupo
Parlamentario Popular, ésta también es una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, que es enmendada por el Grupo de Convergéncia
i Unió y que nosotros admitimos porque creemos
que mejora el texto de la iniciativa; y por tanto quiero subrayar
claramente que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
fruto del consenso.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, yo creo que de
ahora en adelante desaparecerán esta clase de intervenciones porque
para algo hay un registro en la Cámara que dice de quién es cada
iniciativa. Tengan la amabilidad de no tener tan exacerbado sentido
del derecho de propiedad. Hagan el favor. ¿Quiere algún grupo
parlamentario hacer constar alguna sustitución en su grupo, o damos
por constituida la Comisión con todos sus miembros? (Pausa.) Pues
damos por constituida la Comisión con todos sus miembros.
La primera votación será la de la proposición no de ley sobre la
necesidad de presentar un proyecto de dinamización y extensión de
actividades del Teatro Real, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, según el texto con que fue presentada y que no ha sido
objeto de modificación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda desestimada dicha proposición no de ley.
La segunda proposición que es objeto de votación es la que figura
bajo el punto 4 del orden del día, relativa a la necesidad de
establecer un sistema específico de becas y ayudas al estudio para
favorecer la movilidad de los estudiantes universitarios entre las
distintas universidades, y que se presenta como transaccional entre
los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Convergéncia i Unió y
la
aquiescencia, en aras de la virtud del consenso, de Izquierda Unida,
y el Grupo Parlamentario Mixto, sin cuya colaboración no sería
posible llegar a tan estimable acuerdo. (Risas) ¿Conocen
suficientemente el texto? (Pausa.) Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La tercera votación se corresponde con la proposición no de ley que
figura bajo el número 6 del orden del día, sobre protección del
patrimonio arqueológico sumergido contra el riesgo de expoliación,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y que
ha sido objeto de modificación en el sentido de introducir detrás de
la expresión 'al Gobierno' la expresión 'de acuerdo con las
comunidades autónomas'. ¿Están suficientemente informados del texto
que votamos? (Pausa.) Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por una unanimidad
Antes de levantar la sesión, se ruega a miembros de la Mesa y
Portavoces que esperen un minuto en la sala. A todos los demás,
señoras y señores diputados, servicios de la Cámara y medios de
comunicación, muchísimas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.