Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 676, de 27/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 676
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 36
celebrada el martes, 27 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga) para informar sobre:
- Situación actual en que se encuentra el Parque de Doñana tras el
vertido tóxico del 25 de abril de 1998, así como el posible proceso
de reapertura de las minas de Aznalcóllar. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/
000928) ... (Página 19542)
- Grado de cumplimiento por parte del Ministerio del compromiso de
subsanar las deficiencias de los pozos de agua que abastecen el
Parque de Doñana. A solicitud del Grupo anterior. (Número de
expediente 213/001049) ... (Página 19542)
- Explicar su valoración sobre la situación actual de las áreas
afectadas por el vertido tóxico del accidente minero de Aznalcóllar y
las actuaciones efectuadas por el Gobierno y la Administración
Central del Estado en dicha área. Asolicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/001074) ... (Página 19542)
- El cumplimiento por el Ministerio de Medio Ambiente del plan de
actuaciones aprobado por el Gobierno el 22 de mayo de 1998 en
relación con el vertido de la mina de Aznalcóllar. A petición propia.
(Número de expediente 214/000118) ... (Página 19542)
- Contenido del informe sobre política hidráulica que, como
consecuencia de la moción aprobada por el Pleno del Congreso del
pasado mes de octubre, le corresponde presentar cada seis meses. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/000267) ... (Página 19560)
- Contenido del Libro Blanco sobre el agua y posición española en
relación con la futura directiva europea sobre política del agua. A
solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 213/000852)
... (Página 19561)
- El Libro Blanco del agua, así como las modificaciones legales
previstas en dicha materia. Asolicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000900) ... (Página 19561)
- Contenido y aplicación del Libro Blanco del agua, así como las
reformas legislativas previstas en dicha materia para el desarrollo
de una política sostenible del agua. A solicitud del Grupo anterior.
(Número de expediente 213/000955) ... (Página 19561)
- Contenido del Libro Blanco del agua en España y postura que va a
adoptar el Gobierno con respecto a la futura directiva europea sobre
política del agua. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/001008) ... (Página 19561)
- Situación hidrológica del país y reforma de la ley de aguas. A
petición propia. (Número de expediente 214/000119) ... (Página 19561)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (TOCINO
BISCAROLASAGA) PARA INFORMAR SOBRE:
- SITUACIÓN ACTUALEN LAQUE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE DOÑANA TRAS EL
VERTIDO TÓXICO DEL 25/04/98, ASÍ COMO EL POSIBLE PROCESO DE
REAPERTURA DE LAS MINAS DE AZNALCÓLLAR. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/
000928.)
- GRADO DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL COMPROMISO DE
SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS DE LOS POZOS DE AGUA QUE ABASTECEN EL
PARQUE DE DOÑANA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/001049.)
- EXPLICAR SU VALORACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUALDE LAS ÁREAS
AFECTADAS POR EL VERTIDO TÓXICO DEL ACCIDENTE MINERO DE AZNALCÓLLAR Y
LAS ACTUACIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL DEL ESTADO EN DICHA ÁREA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/001074.)
- EL CUMPLIMIENTO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL PLAN DE
ACTUACIONES APROBADO POR EL GOBIERNO EL 22 DE
MAYO DE 1998 EN RELACIÓN CON EL VERTIDO DE LA MINA DE AZNALCÓLLAR. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000118.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Se abre la sesión correspondiente al día de hoy. Damos la bienvenida
en nombre de la Comisión a la señora ministra, doña Isabel Tocino,
que comparece para dar cuenta de las solicitudes relativas al informe
sobre el proceso de reapertura de las minas y la situación actual de
Aznalcóllar.
En la primera intervención de la ministra se acumularán las cuatro
comparecencias que están en el orden del día, a disposición de todos
ustedes, solicitadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por el Grupo Socialista y a petición del propio Gobierno.
Para su exposición tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados.
Comparezco, en primer lugar, para dar cuenta, tal y como han pedido
SS.SS., y también el propio Gobierno, de la situación al día de hoy
de la consecuencia de la catástrofe de las minas de Aznalcóllar,
cuando anteayer se cumplía un año de dicha catástrofe. Por esa razón
han recibido SS.SS., antes de esta comparecencia, el documento de
balance que tuve la ocasión de presentar al Consejo de Ministros el
pasado viernes, al cual me voy a referir.
Concretamente, en el plan de actuaciones en torno al accidente de las
minas de Aznalcóllar que el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 22
de mayo de 1998, se proponía una serie de actuaciones estimadas como
precisas para lograr dos objetivos, fundamentalmente: primero la
recuperación del río Guadiamar en tiempo y forma y, segundo, evitar
que ninguna afección se produjera en el parque
nacional de Doñana, por razón de la rotura de la balsa de las minas
de Aznalcóllar.
Las actuaciones materiales acometidas por el Ministerio de Medio
Ambiente han logrado, hasta el momento completar con antelación
suficiente las fases previstas en el Plan de 22 de mayo de 1998. Por
su parte, la Junta de Andalucía también ha completado en tiempo y
forma las tareas que le correspondían. Las soluciones técnicas
adoptadas han contado, en todo caso, con la asistencia de empresas
especializadas en el sector y con el consenso de los expertos
universitarios y científicos. Están terminados los planes de retirada
de lodos, depuración de aguas embalsadas en Entremuros, así como la
limpieza de su suelo y la restauración ambiental en las márgenes del
río Guadiamar. Siguen en marcha los planes de seguimiento de calidad
de las tierras y de las aguas. Asimismo, el Plan Doñana 2005 se ha
iniciado mediante la ejecución de su ficha número 8: la construcción
de la denominada montaña del río, que permitirá sellar
transitoriamente el parque nacional de Doñana de los aportes de agua
del río Guadiamar, de modo que se garantice que se mantendrá la no
afección al mismo por causa de rotura de la balsa minera.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento se pueden dividir en
tres grandes apartados: en primer lugar, balance de los planes ya
ejecutados; en segundo lugar, planes que están en marcha, y, en
tercer lugar, otras actuaciones. El balance de los planes ya
ejecutados se refiere, en primer lugar, al Plan de retirada de lodos.
Concretamente respecto a la superficie afectada, según los datos que
constan en este momento, debemos decir que fue de 2.616 hectáreas
y el volumen de lodo 1,98 millones de metros cúbicos. A ello se deben
sumar las aproximadamente 1.900 hectáreas de la zona de Entremuros
que quedaron cubiertas por unos cuatro millones de metros cúbicos de
aguas ácidas, teniendo en cuenta que los trabajos en la zona de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comenzaron el 1 de julio
y terminaron el 1 de septiembre. Han supuesto un coste de 1.829
millones de pesetas, más el importe de las expropiaciones por valor
de 278 millones de pesetas, que están íntegramente pagados desde
diciembre. La Junta de Andalucía ha tenido un coste aproximado de
4.500 millones de pesetas en zonas de su competencia.
Los lodos se retiraron junto con una capa de tierra superficial de
entre cinco y diez centímetros a la corta abandonada de Aznalcóllar.
Finalmente se vertieron seis millones de metros cúbicos. En el punto
de vertido la cadencia de camiones era de 180 por hora, es decir, un
camión cada 20 segundos. La retirada manual de lodos supuso un total
de 21.186 jornales, a través del sistema Aepsa, establecido por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, en colaboración con los
ayuntamientos. Los camiones de 20 toneladas circulaban a una media de
243, siendo el máximo por día 491 camiones de 20 toneladas. En cuanto
a los camiones Dumper, de 80 toneladas, la media era de 18 al día. En
otro tipo de maquinaria la media era de 314 máquinas cada día. La
media era de 462 al día, pero con días de 868 trabajadores. Los
kilómetros recorridos por los camiones han sido, 70.000; viajes
hechos por los camiones, 1.700; viajes hechos por cada camión,
aproximadamente de cuatro al día. Estos porcentajes que acabo de dar
son realmente los que había cada día. Volumen vertido
a la corta, seis millones de metros cúbicos. Recorrido total de
los camiones, 17 millones de kilómetros. Recogida manual de Aepsa,
21.186 jornales.
Por lo que respecta a la calidad de la retirada de los lodos, la
comisión de evaluación de retirada de los lodos emitió un informe
sobre la calidad de toda la zona con el siguiente resultado -la
comisión de evaluación de retirada de lodos, como saben SS.SS.,
estaba formada por técnicos, científicos y por las dos
administraciones (Junta de Andalucía y Ministerio de Medio
Ambiente)-: superficie evaluada, 2.606 hectáreas; limpieza y retirada
de lodos, el cien por cien; zona limpia, 2.505 hectáreas, lo que
significa un 97, 9 por ciento; restos de lodos, 76 hectáreas, lo que
representa un 1,6 por ciento; y lodos sin retirar, 25 hectáreas, lo
que representa el 0,5 por ciento. Éste fue el informe que se emitió a
30 de agosto, y ello determinó que se hiciera una segunda limpieza en
las zonas implicadas por la comisión de evaluación.
Con relación al Plan de tratamiento de aguas retenidas en Entremuros,
al final de la tarde del día 27 de abril de 1998, se construyó un
muro transversal en la zona denominada de Entremuros con el fin de
detener la lengua de agua ácida antes de que pudiera alcanzar al
parque nacional de Doñana, lográndose este objetivo. Quedaron
embalsados unos cuatro millones de metros cúbicos. No obstante, por
la cola del embalse continuó entrando agua limpia que no hubo
necesidad de tratar, ya que una vez aislada se bombeó directamente
aguas abajo de la zona afectada, aproximadamente 1,4 millones de
metros cúbicos. Se emplearon conjuntamente las dos técnicas
disponibles: por un lado, una depuradora convencional, construida al
efecto, parte de cuyos elementos son prefabricados, lo que permitió
su construcción en sólo cinco semanas, entre el 29 de junio de 1998 y
el 10 de agosto, tratándose en ella 1,2 millones de metros cúbicos,
siendo su coste de 1.082 millones de pesetas. Adicionalmente se
construyó en nueve días un sistema de tratamiento in situ mediante
una balsa de decantación. Esta balsa de decantación trató 1,6
millones de metros cúbicos de agua, con un coste total de 226
millones de pesetas.
En cuanto al Plan de recuperación ambiental del río Guadiamar, para
acometer las tareas de retirada de lodos ha sido preciso realizar
desarbustado y desarbolado de cauce y márgenes, tareas absolutamente
necesarias para el movimiento de maquinaria y personas en dichos
trabajos de limpieza, que, aunque sujetas a las normas dictadas al
efecto por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
evidentemente han causado un fuerte deterioro del río Guadiamar y su
entorno.
La restauración ambiental supone, por tanto, las siguientes
actuaciones: en primer lugar, trabajos en el cauce. En la zona del
cauce se terminaron en octubre las 81 obras transversales, con un
total de 1.355 metros lineales, para la retención de sedimentos
mediante minidiques de pilotes de eucalipto. Se terminó en octubre,
repito. Además, hubo trabajos en taludes. Tapiz herbáceo: se han
realizado 467.000 metros cuadrados de hidrosiembra, terminado en
octubre. Tapiz arbóreo y arbustivo: en la parte baja se plantaron
carrizos y eneas y en la más alta adelfas, sauces y fresnos. Se han
plantado 100.000 plantas; se terminó enmarzo de este año.
Con relación al trabajo en márgenes de riberas, el tratamiento de
corrección y enmienda de los terrenos mediante carbonato cálcico en
240 hectáreas se terminó en febrero. En tapiz herbáceo se sembró una
mezcla de gramíneas en toda la franja de 30 metros, con una
superficie de 120 hectáreas; se terminó en octubre. En lo relativo a
tapiz arbóreo y arbustivo se han plantado 32.000 especias arbóreas y
60.000 arbustivas; se terminó en marzo.
Con relación al Plan de limpieza de los suelos en la zona de
Entremuros el compromiso inicial de reparto de zonas de actuación
supuso que la Administración estatal depuraría las aguas retenidas,
mientras que la Junta de Andalucía se ocuparía de la limpieza de los
suelos, si ello fuera necesario, al tratarse de terrenos agrícolas.
Una vez terminado el tratamiento de aguas retenidas en Entremuros en
los primeros días de septiembre quedó el terreno a disposición de la
Junta de Andalucía, tal y como se había comprometido con el
Ministerio de Medio Ambiente. Dada la bondad del tiempo se ha
completado la limpieza de los suelos en una extensión de 1.957
hectáreas, consistente en la retirada de toda la vegetación, así como
de una capa de terrenos de escasos centímetros, que contiene rizomas
y raíces con el fin de evitar que fueran comidos por las aves de la
zona. El coste final ha sido de 3.045 millones de pesetas.
Con relación a los planes que actualmente se encuentra en marcha he
de comunicarles, en primer lugar, el Plan de seguimiento de la
calidad de los suelos. Se han realizado estudios por diversas
instituciones; entre ellos destacan los estudios presentados por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su décimo informe,
del 10 de marzo de 1999, con la recopilación y análisis de 90
muestras, así como los del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INIA) en su avance de estudios de 4 de febrero de 1999, con
207 muestras analizadas. De ellos, aunque la retirada de lodos se
completó adecuadamente, en zonas concretas, sobre todo en la zona
norte, donde el terreno es menos arcilloso, los metales penetraron en
el terreno, haciéndose precisa una tarea de descontaminación. Las
administraciones estatal y autonómica estamos a la espera de que los
científicos nos orienten en esta materia para acometer cuanto antes
esas tareas. Esperemos que los próximos informes científicos tiendan
más a la ciencia aplicada una vez que son conocidas las áreas en que
se debe actuar.
Con relación al Plan de seguimiento de la calidad de las aguas
existen dos planes de seguimiento, uno relativo a las aguas
subterránes y otro a las aguas superficiales. Respecto a las aguas
subterráneas, gracias a las excepcionales lluvias de la pasada
primavera, los acuíferos se encontraban con un buen nivel, lo que
facilitó que no se haya apreciado ninguna contaminación de los
acuíferos. No obstante, se estima necesario hacer un seguimiento de
los acuíferos, por lo que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir realizó 31 campañas de muestreo entre el 12 de mayo y el
4 de diciembre de 1998. Asimismo, se analizaron y limpiaron pozos
cubiertos por la riada de lodos. Acerca de las aguas superficiales,
de los iniciales controles diarios se ha pasado progresivamente a una
periodicidad semanal. El muestreo realizado a lo largo del año 1999
revela que las concentraciones de los metales en el río Agrio se
mantienen estabilizadas respecto de los valores observados en
diciembre de
1998 y, en general, todos los valores han recuperado las
concentraciones de fondo anteriores al vertido.
En tercer lugar y respecto a otras actuaciones, debo hablar del
proyecto Doñana 2005. La rotura de la balsa de lodos de la mina de
Aznalcóllar tiene que suponer un punto sin retorno en la degradación
progresiva que a lo largo del presente siglo han experimentado los
cauces y las cuencas vertientes a la marisma de Doñana. Es una
situación que exige un programa coordinado de restauración y
recuperación. Así lo ha entendido el Patronato del parque nacional de
Doñana cuando, en su sesión plenaria del día 16 de mayo de 1998, a la
vista de la situación planteada, aprobó por unanimidad una serie de
acuerdos por los que insta al Ministerio de Medio Ambiente a evaluar
la situación y proponer medidas al Patronato. El Ministerio de Medio
Ambiente, en cumplimiento de los citados acuerdos, ha elaborado el
proyecto Doñana 2005 y ha presentado a financiación comunitaria las
obras que pueden ejecutarse en el presente período.
Quería hablarles de la montaña del río porque es una de las
actuaciones que ya se han llevado a cabo. Aunque es una de las
actuaciones del proyecto Doñana 2005 -es parte de la ficha 8- debe
ser destacado por su relevancia a los efectos de prevenir que ninguna
afección se produzca al parque nacional por razón de la rotura de la
balsa de residuos mineros. El dique proyectado a lo largo del
Guadalquivir está destinado a proteger el parque nacional de las
aguas que pudieran entrar procedentes del Guadiamar, ello no sólo
porque exista peligro de que las aguas bajen contaminadas en los
primeros momentos, sino fundamentalmente porque sí hay certeza de que
bajarán con notables arrastres de tierra que, si entraran en la zona
del parque nacional, podrían acarrear aún una mayor e importante
colmatación de la marisma. Las obras han supuesto movimientos de
tierra de aproximadamente 750.000 metros cúbicos a lo largo de 20
kilómetros por cada margen. La tierra se obtuvo de 32 sacatierras,
especialmente diseñados para permitir el retorno de los materiales
una vez se elimine el muro y favorecer, entre tanto, la presencia de
aves acuáticas. El coste de las obras ha sido de 535 millones de
pesetas. Las obras terminaron en diciembre de 1998. En cualquier
caso, la obra se hizo a hecho, es decir, igualando en todo momento
las alturas a medida que se recrece, de modo que desde su inicio fue
eficaz contra eventuales avenidas, que finalmente no se produjeron
por las escasas lluvias del otoño.
Para las aves, ante la escasez de lluvias y con el fin de atraer a
las aves acuáticas invernantes hacia el interior del Parque Nacional,
se presentó a principios de noviembre un Plan por el director
conservador del parque nacional. Se encharcaron artificialmente
varios lucios, que incentivaron la dormida y bebida de las aves en
terrenos del parque nacional. En diciembre estaban inundados tres
lucios con una superficie de 80 hectáreas y una lámina de agua de
entre 3 y 50 centímetros. Estas medidas, junto a la retirada de toda
la vegetación de Entremuros, han limitado la posible afección a las
aves que visitan Doñana. A ello ha colaborado también la escasez de
lluvias, que ha reducido su presencia en la zona respecto de los
valores habituales.
En cuanto a la afección a terrenos del parque nacional de Doñana, una
vez retenidas las aguas ácidas en Entremuros a una distancia
considerable del parque nacional, sin
embargo durante los dos o tres primeros días continuó fluyendo una
cantidad mínima de agua ácida a través del canal de aguas mínimas,
que llegó a la zona del Brazo de la Torre y, por efecto de las
mareas, llegó a tocar la zona del Matochal. Los análisis realizados
inmediatamente, así como los tres hechos con posterioridad, muestran
que los valores se encuentran por debajo de los que la Junta de
Andalucía ha fijado para zonas sensibles por Decreto de 18 de
diciembre de 1998. Así, el arsénico presenta un máximo de 20 partes
por millón y una media de 15 partes por millón, cuando el límite
legal para zonas sensibles es de 52 partes por millón. La totalidad
de los gastos en que incurre el Ministerio de Medio Ambiente o sus
organismos dependientes se imputa a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, con el fin de mantener un seguimiento unitario del
coste de las actuaciones y facilitar en su día su reclamación de
quien resulte responsable. Los gastos abonados o comprometidos
ascienden hasta el momento a 5.323 millones de pesetas.
En cuanto a la actuación internacional, la colaboración ha sido
especialmente estrecha con la Comisión Europea, tanto para mantenerla
informada del desarrollo de la situación como con el fin de solicitar
fondos comunitarios para acometer las obras descritas. El 14 de enero
visitó la zona el director general de la DG XI de Medio Ambiente,
quien afirmó que la labor realizada era excepcional y de calidad. Se
ha mantenido periódicamente informados a los servicios de la Comisión
Europea. También se recibieron visitas de miembros del Parlamento
Europeo, de técnicos del Consejo de Europa y del Fondo de Desarrollo
Social.
En cuanto a la actuación parlamentaria, el número de iniciativas
parlamentarias relacionadas con el parque nacional ha ascendido hasta
el día de hoy a 74, estando ya 64 finalizadas. La coordinación de la
Administración del Estado con la Junta de Andalucía se canaliza a
través del coordinador general para las actuaciones derivadas de la
catástrofe de las minas de Aznalcóllar y la Comisión de Coordinación
Gobierno-Junta de Andalucía para la recuperación de la cuenca del río
Guadiamar que, como saben ustedes, se puso en marcha el 29 de abril,
es decir, cuatro días más tarde de la catástrofe, en cuyos grupos de
trabajo se integraron ambas administraciones.
Acerca de la reclamación de daños ocasionados, se encauza a través de
los servicios jurídicos del Estado dependientes del Ministerio de
Justicia, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. Se
sigue un procedimiento penal en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2, de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla, en el que el
Estado está personado desde el día 19 de mayo de 1998. Desde el
primer momento, el Ministerio de Medio Ambiente estimó la necesidad
de derivar responsabilidad hacia las matrices canadiense -Boliden
Limited- y sueca -Trelleborg Ab- de la filial española -Boliden
Apirsa S.L.-, ante la insuficiencia patrimonial de esta última para
afrontar en su caso la indemnización de los daños materiales y al
medio ambiente ocasionados por el vertido. De tal manera, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir exigió el 28 de julio de
1998 de Boliden Limited la presentación de sus seguros de
responsabilidad civil. Recientemente, se ha solicitado en el juicio
que sea citada Boliden Limited como responsable civil, al ser
empleadora de una de las personas imputadas en el procedimiento.
Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto especial
énfasis en los aspectos procesales del anteproyecto de ley de
responsabilidad civil derivada de actividades con incidencia
ambiental, que está terminando su tramitación, de modo que en lo
sucesivo quede asegurado que quien contamina paga con certeza y
rapidez. El mencionado anteproyecto, en la redacción propuesta,
supera el test del caso real de Aznalcóllar, pues habría determinado
que Boliden ya hubiera pagado la indemnización al establecer un
seguro obligatorio de responsabilidad civil de 15.000 millones de
pesetas, un régimen de responsabilidad objetiva, la no suspensión del
procedimiento de reclamación por la existencia de un procedimiento
penal en curso y un régimen amplio de medidas cautelares.
El señor PRESIDENTE: Según el orden de solicitud de comparecencias,
en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra su portavoz la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señora ministra, de
todos es sabido que estamos hoy ante el nefasto aniversario de la
catástrofe más irreparable del ecosistema español. El desastre de
Aznalcóllar ha costado ya, según cifras no estimativas sino
contrastadas por diferentes organismos expertos en estos temas,
60.000 millones de pesetas. Ha transcurrido un año desde aquel 25 de
abril en que 7.000.000 de toneladas de lodos tóxicos envenenaron
4.000 hectáreas de cultivos agrícolas y pusieron cerco a la reserva
natural más importante de Europa, el parque nacional de Doñana. Ha
pasado el tiempo y el puzzle sigue sin resolverse suficientemente. Se
ha autorizado la reapertura de la mina sin un estudio ambiental
aprobado por las partes en conflicto. El Ministerio de Medio Ambiente
insiste en decir que Doñana se ha salvado, mientras del CSIC
encuentra niveles no aceptables de metales pesados en la cadena
alimentaria, un tipo de contaminación directa que ya ha afectado a la
fauna protegida, a invertebrados marinos de consumo humano. Los
agricultores, obligados a abandonar sus contaminadas tierras, no han
cobrado la subvención y los ecologistas, señorías, piensan que ha
nacido un monstruo y que no se está haciendo un cálculo real de su
capacidad de destrucción. Para colmo, señorías, señora ministra,
usted lo sabe, el fiscal general del Estado ha llegado a decir que el
llamado caso Doñana desbarata el Código Penal español.
Señora ministra, el cinturón que protege en su zona norte el parque
nacional se ha convertido en un depósito de arsénico; dosis récord ha
dicho el CSIC y, en concreto, las últimas palabras pronunciadas por
el presidente de dicho organismo, el señor Nombela, han sido las
siguientes: profunda preocupación. En este orden de declaraciones,
por ejemplo, el señor Ruiz de Larramendi, director del parque, admite
que el vertido sí entró diluido, por las mareas del Guadalquivir,
hasta 80 hectáreas en el interior del parque, contaminando con zinc
el estuario del Guadalquivir. Además, entre patos, cucharas, gansos y
patos reales, se cifra en casi 50.000 -y usted lo sabe- las aves
contaminadas. Además, hay 21 imputados, pero aquí, señora ministra,
en este país, nunca pasa nada, ni una sola autocrítica y, para colmo,
dicen los científicos que lo peor está aún por venir.
Todavía quedan demasiadas preguntas en el aire. Manuel Aguilar, el
famoso ingeniero, anónimo, que trabajó en Boliden, denunció en 1996
-como usted sabe- el peligro de rotura de la balsa debido a su mala
ejecución y a su saturación con la entrada en funcionamiento de la
corta de Los Frailes. La jueza que instruía la causa archivó el
sumario. ¿Quiénes tienen responsabilidades? Entre otros, entiendo que
el Gobierno de la nación, que controla el Guadalquivir. Señora
ministra, yo le preguntaría: Un Gobierno democrático, en estos casos
¿qué suele hacer? Usted sabe perfectamente que, por ejemplo, en
Europa -en la Europa a la que pertenecemos- suele dimitir. ¿Le parece
a usted propio de un país solvente, que va bien, como España,
conceder subvenciones coparticipadas de 6.324 millones de pesetas a
una multinacional reconocida por la piratería ambiental a la que se
dedica, que además nos reclama 3.000 millones más, instalándonos en
el cinismo de pagar el accidente y encima subvencionar al causante? O
sea, pagamos el accidente y encima subvencionamos al causante. Ése es
el cinismo en el que intentan instalar a este país.
No sé si usted es consciente, pero estamos sumidos en un nivel de
inseguridad jurídica, ecológica, política y social devastador. Por
ejemplo, la señora ministra Loyola de Palacio prometió el 27 de
febrero de 1996 (palabras recogidas en su día en Telecinco y en ABC,
avaladas y garantizadas por ella para ganar las elecciones) que, si
ganaban las elecciones, una de sus primeras acciones sería actuar
contra la presa de Aznalcóllar, pero se llegó al poder y los
objetivos se aparcaron, se enterraron y se socavaron. Le digo esto
como prólogo a sus declaraciones situándose y exigiendo una comisión
de investigación, por la que apostó, pero en contra de la que votó y
se encargó de paralizar, adentrándonos sutilmente por la senda del
oscurantismo y del escándalo moral, pactando el silencio más absoluto
en esta Cámara; pero un año después, señora ministra, hay algunos
estudios. En concreto, Aedenat informa que la mitad de los depósitos
mineros similares al que causó la catástrofe de Aznalcóllar sufren
peligrosos problemas de fisuras. En España existen, como usted muy
bien sabe, 743 balsas, 92 más que las que reconocen las cifras
oficiales, que acumulan a la intemperie 213 millones de metros
cúbicos de residuos peligrosos; además hay 750 presas tóxicas
ubicadas cerca de los ríos y humedales, levantes, lo que supone,
señora ministra, una profunda amenaza para este ecosistema. En este
sentido, quiero recordarle que quedan todavía muchas cosas por hacer.
Quedan 6.000 hectáreas de terreno contaminado y queda por recoger el
2 por ciento de los lodos tóxicos, 40.000 metros cúbicos, además del
riesgo de que la contaminación llegue al acuífero de Niebla Posada,
sin olvidar el riesgo que supone que la balsa siniestrada esté
ocupada con los lodos tóxicos en un 80 por ciento de su capacidad
porque, de seguir así -usted lo sabe, señoría-, se puede volver a
romper.
Quiero, además -porque es mi obligación-, denunciar y preguntarle su
opinión sobre la utilización que se ha hecho de los trabajadores de
la mina de Aznalcóllar, usándolos como rehenes y planteando el dilema
entre patos o mineros. En la categoría política eso se denomina
demagogia. En este sentido, señora ministra, quiero transmitirle
algunas cuestiones, con una gran brevedad, con el fin de conocer su
respuesta porque la sistemática informativa
adolece de rigor en este caso. En la mayoría de las ocasiones, esta
portavoz, igual que el resto de las fuerzas políticas -intuyo, a lo
mejor no-, conoce sus posiciones a través de los medios de
comunicación. El caso del proyecto de Doñana 2005 quizá sea una
excepción, aunque tarde; además, yo creo que es una reedición
corregida de proyectos anteriores.
Señora ministra, yo creo que no vale apuntar sólo contra Boliden, ni
aunque se haya hecho con tanques y con las metralletas que usted ha
tratado de utilizar; no vale porque si -como dicen algunos medios de
comunicación y algunos periodistas más o menos independientes- esto
va acompañado de que parte del Gabinete sigue veraneando en Doñana o
se hace acopio de flases o de titulares de forma demasiado explícita,
se quiebra la autoridad. Nosotros pensamos que a Andalucía hay que
devolverle lo que le han robado y hay que prevenir suficientemente,
política, financiera y legislativamente lo que era patrimonio de
Andalucía, además de ser patrimonio de España y de la humanidad.
Aparte de investigar la justicia, señora ministra, en política, hay
que depurar responsabilidades políticas, restablecer la Comisión
Mixta Congreso-Senado y actuar, porque el que no previene también
debe pagar. No sólo debe pagar el que contamina; esa es la segunda
fase, que tiene ya telarañas y es anacrónica. Estamos en otra fase de
la lucha a favor del medio ambiente y de la ecología, que es
justamente la línea de actuación de que el que no previene, también
paga.
Termino, señor presidente, señora ministra, formulándole cinco
escuetas, fáciles y sencillas preguntas. Primero, ¿ha considerado
vinculantes en algún momento los informes del CSIC y las opiniones
del director del parque nacional de Doñana y del conjunto del
Patronato? Segundo, ¿tiene intención de continuar subvencionando a la
multinacional sueco-canadiense Boliden? Tercero, ¿piensa dinamizar la
Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Doñana y la catástrofe de
Aznalcóllar y sus efectos? Cuarto, podría informarnos de si alguno de
los imputados tiene vínculo directo o indirecto con su gabinete?
Quinto, ¿piensa asumir alguna responsabilidad política o depurarla en
su Ministerio, por acción o por omisión? Estas serían las cinco
preguntas, señora ministra.
Termino diciendo, brevísimamente -después de hojearlo, porque lo
acabo de recibir -que reconozco el esfuerzo de colaboración y que el
carácter del informe es profundamente técnico y escrupulosamente
cronológico, pero que no aporta ninguna novedad.
Yo había venido a hablar de política y a conocer cómo el Gobierno de
la nación va a restaurar y a prevenir semejante catástrofe, y usted
habla con gran triunfalismo de que pudo ser peor, de que hay otros
culpables, de que ha habido colaboración europea y mucho trabajo
parlamentario.
Permítame que le diga, doña Isabel Tocino, que para este viaje no
hacían falta alforjas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: En primer lugar, quiero agradecer el envío
ayer a los portavoces de esta Comisión del balance del plan de
actuaciones en torno al accidente de
las minas de Aznalcóllar, es completamente inédito en esta Comisión
que se reciba con tanto adelanto el que va a ser después el contenido
de la intervención de la ministra. También agradezco al presidente
que haya hecho la correspondiente gestión.
Sin embargo, lamento que a partir de aquí mis palabras no sean ni de
felicitación ni de agradecimiento. En primer lugar, nuestro grupo
parlamentario manifiesta la más enérgica protesta por el hecho de que
no se haya creado esa comisión mixta Congreso-Senado que fue ofrecida
por el Gobierno después de cambiar radicalmente de posición, cuando
la ministra aceptó la propuesta formulada desde Izquierda Unida de
creación de una comisión de investigación. Las razones por las cuales
se cambió de criterio son evidentes, cuando se pasó de la ignorancia
inicial sobre las posibles responsabilidades por el hecho sucedido
como sobre todo en cuanto a la reparación del dominio público
hidráulico.Lo que queremos saber es por qué no se ha constituido esa
comisión, porque aunque conocemos bien el rechazo que tiene este
Gobierno a la creación de comisiones de investigación, salvo que
puedan afectar a la oposición, lo cierto es que ni siquiera se ha
creado y nuestro grupo exige su creación inmediata porque vamos a
tener que seguir hablando sobre Doñana, y es evidente que el número
de comparecencias y la cantidad de ocasiones en que tendremos que
hacerlo y reunirnos requiere, como mínimo, esa comisión específica a
cuya creación se habían comprometido el Gobierno y el Grupo Popular.
Quiero que quede claro que nuestro grupo exige la creación inmediata
de esa comisión mixta, porque la consideramos necesaria, a la vista
del divorcio que existe entre las palabras y los documentos de la
ministra y las informaciones de los organismos científicos que están
haciendo el seguimiento de lo que ha acaecido con posterioridad a la
rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.
Si uno oye a la ministra sus declaraciones aquí y fuera del
Parlamento o ve el documento que hoy se presenta, cabría decir, como
ella misma ha dicho en reiteradas ocasiones, que Doñana se ha
salvado. Eso es tan falso, ministra, como que España va bien. Ni
España va bien para todos ni Doñana se ha salvado, excepto para la
fauna humana que no tiene que alimentarse de arsénico en la zona
contaminada de Entremuros. Por tanto, no hay correspondencia entre lo
que el CSIC está diciendo y la ausencia de toda referencia a esos
informes del CSIC en cuanto a la concentración de arsénico. La única
referencia que hay en este informe nada tiene que ver con los
contenidos del informe del CSIC, y me explicará la señora ministra
por qué dicho informe sobre concentración de arsénico está ausente de
todos sus comentarios, pero, sobre todo, ministra, aquí hay aún un
hecho más grave: ni en el informe ni en sus palabras se hace ninguna
referencia a algo que preocupa manifiestamente al CSIC y es la
profunda contaminación del lecho del río, terrenos que son
permeables, donde los metales pesados han percolado en profundidad y
que con las lluvias todavía irán más profundamente en dirección a los
acuíferos. La ministra sabe perfectamente que ese lecho del río, a lo
largo de los 30 kilómetros contaminados del Guardiamar, necesita una
actuación urgente, sobre la cual no ha hablado en absoluto en su
intervención. Existe un proyecto formulado desde la empresa pública
Engrisa y no se sabe
cuál va a ser la decisión del Ministerio al respecto. Hoy mismo la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene una reunión para
valorar las opciones posibles para descontaminar el lecho del río.
Ministra, estoy hablando del lecho del río, es decir, de dominio
público hidráulico, de un ámbito estricto de las competencias
estatales en materia ambiental y no de ninguna competencia
transferida a la Junta de Andalucía, a la que me figuro será
inevitable que haga usted mención, porque no ha habido comparecencia
aquí donde no se haya intentado desviar la responsabilidad hacia la
Junta de Andalucía. Le diría, ministra, que si tiene que hacer
comentarios sobre lo que ha hecho o no la Junta los haga en el
Parlamento andaluz, donde se ha pedido su presencia y al que usted se
ha negado a ir. En el Parlamento de la nación vamos a pedirle
explicaciones sobre sus competencias exclusivas y, en primer lugar,
sobre la contaminación del lecho del río denunciada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Por otra parte, hay que señalar que algunas de las actuaciones que se
han hecho hasta ahora, que se engloban en el Plan Doñana 2005,
algunas son un fracaso absoluto. Me refiero a la restauración
ambiental del cauce, ya que de la hidrosiembra que usted ha comentado
en estos momentos no queda nada porque se ha secado con posterioridad
a diciembre, como tampoco son útiles las 81 trampillas o minidiques
porque por ellas pueden pasar sedimentos de cierto grosor, lo que
hace aumentar el riesgo de que bajen a lo largo del río sedimentos
contaminados en dirección hacia el mar y los acuíferos.
Respecto del Plan Doñana 2005 y de las distintas actuaciones que en
él se preveían, usted sólo ha mencionado - me gustaría saber si es la
única que se ha llevado a cabo en este año- la construcción de la
montaña del río, a la que le quedan todavía unas obras
complementarias que no se van a terminar hasta el mes de mayo. En
cualquier caso, la montaña del río se ha ejecutado, aunque no sabemos
si así ha ocurrido con otras obras que usted anunció se iban a
realizar durante 1998 en su última comparecencia, ni sabemos en qué
fase se encuentra la depuradora del Rocío, que debía iniciarse en
1999 y sobre la cual me figuro nos podrá dar alguna información.
No obstante, algo que me resulta sorprendente es la declaración de
interés general de las actuaciones del Plan Doñana 2005 un año
después de haberse anunciado. Quíteme una curiosidad, ministra: ¿son
de interés general sólo las que se van a hacer a partir de ahora y no
la montaña del río que ya está ejecutada y, en su caso, aquellas que
estén ejecutándose?; ¿esas no eran de interés general y sí el resto?;
¿dónde está la diferencia?
El decreto-ley se presenta como una norma necesaria para acometer con
urgencia las actuaciones que todavía están pendientes en relación con
el Plan Doñana 2005, y con ello se vulnera el espíritu de la Ley de
expropiación forzosa, puesto que para cuatro proyectos de los ocho
incluidos en el Plan Doñana 2005 en estos momentos todavía no hay una
definición que permita contemplar la lista de afectados, que es una
de las circunstancias que se dan cuando el Gobierno tiene que
acometer por urgencia obras que han sido ya definidas con detalle en
un proyecto. Por tanto, se trae a la Cámara un decreto-ley de
declaración de
urgencia respecto de la expropiación de esos terrenos. En relación
con cuatro proyectos no hay el menor conocimiento. Permítame que le
diga que, a juicio de nuestro grupo parlamentario, esto de aprobar un
decreto-ley ahora, un año después, para declarar de interés general
el Plan de actuación Doñana 2005 no es sino una enésima operación de
imagen para recordar que el Gobierno se había comprometido a hacer
cosas, aunque no se han hecho todas las que se afirmaron que se iban
a hacer en el año 1998, y ahora se da un estímulo o un impulso
legislativo que no entendemos por qué no fue necesario en el caso de
la montaña del río.
Cuando se aprobó el Plan Doñana 2005, hace un año, se comprometió
ante esta Cámara, y también lo hizo el presidente del Gobierno en el
debate sobre el estado de la Nación (por cierto, cuando vuelva a
tener lugar en esta Cámara habrá pasado más de un año y es posible
que para ese momento se hayan cumplido ya algunos de los compromisos
asumidos por el señor Aznar), a la aprobación inmediata de una ley de
responsabilidad civil ambiental. Ha pasado un año, usted nos dice que
están todavía trabajando en ella y lo cierto es que esa ley no se ha
aprobado, como tampoco el proyecto de ley de evaluación de impacto
ambiental, que también en aquel paquete de compromisos se anunció
hace un año como algo inmediato y que tenía que ver con la prevención
de los riesgos asociados a otras posibles catástrofes.
Por cierto, sería muy interesante saber qué se ha hecho con la
actualización del inventario de balsas mineras, fenómeno al cual se
ha referido ya la portavoz de Izquierda Unida, que es de
extraordinaria gravedad; queremos saber qué está usted haciendo como
ministra de Medio Ambiente en estos momentos.
Hay otro tema ciertamente conflictivo, me refiero al deslinde del
dominio público hidráulico, deslinde que el comisario de Aguas,
cuando vino a comparecer en esta Comisión, dijo que era muy urgente y
que esperaba de la superioridad -una expresión fantástica, pero debe
ser usted- que se pusieran los medios necesarios para que se llevara
a cabo. Ese deslinde nos tememos que se ha hecho por una vía bastante
singular que ha sido la de la compra, a un precio que ha alcanzado
incluso los seis millones de pesetas por hectárea, de terrenos de
dominio público hidráulico, una manera de hacer el deslinde de la
cual no habíamos tenido todavía antecedentes en nuestro país y que ha
complicado extraordinariamente la recuperación del resto de los
terrenos afectados por la riada tóxica.
Por tanto, en materia de actuaciones en relación con Doñana y con su
entorno, lo que apreciamos es la permanencia de esa actitud de
minimizar lo sucedido; de minimizar cualquier responsabilidad o
cualquier criterio de actuación desde el Ministerio. Por cierto, creo
que el Cedex depende del Ministerio y no se ha dicho tampoco nada
esta mañana. Me gustaría saber si ese informe existe o no y qué es lo
que dice sobre las causas de la rotura de la balsa, porque es una
cuestión imprescindible cara a la querella presentada contra Boliden.
No he escuchado en su intervención, y tampoco está en el papel, nada
que tenga que ver con el Cedex, que depende del Gobierno central de
esta nación.
Quisiera terminar diciendo que la ausencia de toda referencia a la
contaminación que están sufriendo las aves en
un porcentaje no inferior al 15 por ciento, según los informes del
CSIC, resulta sorprendente en este informe que hoy nos presenta,
porque aquí se hace mención a una actuación realizada dentro del
espacio protegido del parque nacional de Doñana para intentar que
hubiera más posibilidades de alimentación de las aves, lo cual ha
sido también un fracaso. Y ha sido un fracaso porque el 30 de
diciembre del año pasado se estropeó el pozo Mari López, que es el
que alimenta los lucios, y con él se pretendía aumentar esa
posibilidad de alimentación y, en su entorno, de nidificación. Por el
contrario, al no haber alimentación hídrica en esa zona por la rotura
del pozo Mari López, que todavía sigue sin reparar, lo que está
sucediendo ahora es que las aves del parque nacional de Doñana (que,
como dice el director de la estación biológica, el señor Ferrer, no
conocen de mapas y desde arriba no distinguen dónde acaba el parque
nacional) van a alimentarse a la zona de Entremuros, donde
prácticamente el 70 por ciento de los suelos, aunque se han retirado
los lodos, conservan niveles de arsénico altísimos. Y esto se ha
dicho por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ministra, como es evidente que existen contradicciones con lo que
dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como no
tenemos toda la información que creemos que la Cámara debe tener,
termino reiterándole la exigencia por parte de nuestro grupo
parlamentario de que se cree de una vez una comisión mixta Congreso-
Senado que pueda dedicar todas sus sesiones a las comparecencias que
los grupos parlamentarios de la oposición hemos venido pidiendo, que
lógicamente no pueden hacerse compatibles con la vida y la agenda
habitual de una Comisión que tiene que ocuparse de muchas otras
cuestiones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
portavoz, doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora ministra, por sus
informaciones y por la explicación detallada que nos ha dado del plan
de actuaciones en torno al accidente de Aznalcóllar.
Efectivamente, como han indicado los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, se cumple un año de la rotura de la balsa de
Aznalcóllar, que produjo la contaminación más grave que ha ocurrido
en Europa ya que hasta entonces no se había producido una cosa
similar, teniendo en cuenta la magnitud de la catástrofe. No
obstante, transcurrido el año, podemos reflexionar con mayor
serenidad y vemos que, gracias a la actuación decidida del Ministerio
de Medio Ambiente desde el primer momento de la tragedia ecológica,
pudo pararse la riada tóxica, evitando que las aguas ácidas llegaran
al parque nacional. Esto, señora ministra, no es una apreciación del
Grupo Parlamentario Popular, es un hecho objetivo, guste o no guste
a los grupos de la oposición, aunque creo que les gustará porque son
defensores del medio ambiente, es un hecho importante que la riada no
llegara al parque nacional, porque conviene en este momento que
recordemos que las minas de Aznalcóllar, que gestiona la empresa
Boliden, se encuentran a 45 kilómetros del parque nacional, distancia
considerable, gracias a lo cual los efectos de la riada han sido
menores de los que podían haber sido, siendo, pese a ello,
importantísimos.
La señora ministra nos ha indicado cuál ha sido el plan de
actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Medio Ambiente
tanto como tal como coordinadamente con el resto de las
administraciones, y creemos que debemos estar satisfechos del mismo.
Igualmente, debemos sentirnos satisfechos, me imagino que también lo
estarán los portavoces de Izquierda Unida y del Partido Socialista,
del proyecto Doñana 2005, que pretende la regeneración hídrica de la
zona y que las marismas vuelvan a estar en la situación que tenían a
principios de siglo.
No voy a entrar en el tema de las actuaciones que se llevaron a cabo,
de los planes de retirada de lodos, de la depuración de las aguas de
Entremuros, porque ya se ha tratado aquí con reiteración, pero sí
quiero decir que la operación de limpieza que se ha efectuado, en la
que ha intervenido activamente el Ministerio de Medio Ambiente, ha
sido una operación de limpieza sin precedentes para intentar evitar
los efectos nocivos de esta riada tóxica. Más que insistir en los
puntos que ya ha tratado el Ministerio querría, a un año del vertido,
reflexionar sobre algunos temas.
En primer lugar, creo que deberíamos reflexionar, y tal vez la señora
ministra nos lo pueda aclarar, sobre la lentitud del procedimiento
judicial que se mantiene abierto. Desde el Grupo Parlamentario
Popular no entendemos cómo es posible que, a un año de la rotura de
la balsa, todavía no se conozcan cuáles son las causas, a qué fue
debido el accidente, no ya quién fue culpable del mismo, sino por qué
se rompió la balsa. Ha habido declaraciones de la propia empresa
Boliden que indican que la balsa se rompió porque el informe que les
hicieron no era el adecuado. En cualquier caso, creemos que ya es el
momento de conocer cuál ha sido la causa.
En segundo lugar, como ha indicado la portavoz del Grupo Socialista,
la ministra de Medio Ambiente y el propio presidente del Gobierno
hablaron de una ley de responsabilidad civil medioambiental que
creemos que es muy importante, y en varias declaraciones la señora
ministra nos ha informado que pronto va a llegar a esta Cámara.
Nuestro grupo parlamentario le solicita que este pronto sea cuanto
antes, porque creemos que si dispusiéramos de esta ley por sucesos
como el que ha ocurrido los culpables ya habrían pagado por el daño
que han producido.
La tercera reflexión que nos queremos plantear es sobre la subvención
que recibe la empresa Boliden. Sabemos que el Ejecutivo comunitario
pidió al Ministerio de Medio Ambiente que bloqueara las ayudas que
tenía pendientes a Boliden en los años 1998 y 1999, cercanas a 2.000
millones de pesetas. Desearíamos, a ser posible, que la señora
ministra nos informara qué ocurre con estas ayudas, dado que están
dentro de los programas de incentivos regionales.
En cuarto lugar, querríamos destacar la importancia que tiene que
desde el primer momento el Ministerio de Medio Ambiente encomendara
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas la labor de
estudio y reconocimiento de las causas y la posible búsqueda de
soluciones. Creemos que es la primera vez que se ha acudido a los
científicos y pensamos que nuestro país y otros países del mundo
tienen
que confiar más en la ciencia. Por tanto, se ha dado un gran paso en
este aspecto.
Aquí se han dicho algunas frases que parece que son del presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don César
Nombela. Yo no pongo en duda su veracidad, pero también el presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha indicado que
los suelos pueden estar recuperados en un plazo de cinco años y ha
indicado que los daños provocados no son irreversibles, lo cual creo
que debe alegrarnos a todos.
Es muy importante el procedimiento que se está aplicando para poder
extraer los metales pesados del suelo. La plantación con especies
autóctonas que absorbe los metales pesados, pues a través del proceso
de fotosíntesis la planta los almacenan en las hojas para luego
poderse reciclar, es un proceso nuevo que están probando y que podrá
remediar en gran parte el índice de metales pesados que hay todavía
en el parque natural, es decir, en el entorno del parque nacional.
Nosotros sí confiamos en la ciencia y esperamos, como ha dicho el
presidente del Consejo Superior, que pueda tener un final feliz.
La quinta reflexión es que todos los grupos deberían felicitar al
Ministerio de Medio Ambiente, por la rápida actuación que ha tenido
en el tema del vertido y rotura de la balsa de Aznalcóllar. Si no
hubiera sido por esta rápida actuación del Ministerio, hoy no
podríamos decir que la contaminación no ha llegado al parque nacional
de Doñana. La rápida actuación del Ministerio a través de su
organismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y el
enorme interés que ha puesto la ministra de Medio Ambiente en todo el
tema han posibilitado que la situación sea hoy mucho mejor de lo que
preveíamos hace un año.
Tal vez sea el momento de destacar, -aunque sé que no les va a
gustar-, para que quede recogido en el 'Diario de Sesiones' y para
que todo el mundo se entere de una vez por todas, quién tiene las
competencias en estos temas. Ya sé que lo he indicado varias veces, y
a la señora Narbona le molesta muchísimo que lo repita porque, cuando
escucha quién tiene las competencias, toda su demagogia pierde valor.
Sepan que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Trabajo
y de Industria, es la que tiene las competencias mineras y el control
de la balsa de residuos que se rompió y provocó el vertido tóxico que
originó la mayor contaminación de este tipo que ha habido nunca en
España y en Europa. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía es quien tiene las competencias transferidas de Medio
Ambiente, competencias transferidas a la Comunidad andaluza igual que
a otras comunidades autónomas. Porque, señorías, estamos en el Estado
de las autonomías, estamos en un Estado en que se han descentralizado
numerosas competencias, entre ellas la de medio ambiente y las de
actividades mineras. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tiene las competencias
sobre la autorización de los vertidos. Este es un hecho objetivo, nos
guste o no. Por consiguiente, aunque decía la señora Narbona en su
intervención que lo que quería la señora ministra era desviar el tema
hacia la Junta de Andalucía, no estamos desviando nada, sino que las
competencias son las que hemos dicho. Si no es así, puede corregirme.
Resultado de las competencias son las responsabilidades que se
derivan para cada Administración.
Lo que no puede ser es que las comunidades autónomas pidan
competencias y cuando las tienen no las ejerciten adecuadamente.
Decía que había que pedir responsabilidades políticas. Por supuesto
que hay que pedirlas, y nosotros las estamos pidiendo a quien tiene
la competencia sobre cada una de las áreas.
Ha indicado la señora Narbona que aquí se habló de una comisión de
investigación, que la ministra de Medio Ambiente apoyó y que yo
misma, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también apoyé
en un primer momento, a petición de Izquierda Unida. Pero está claro
que no íbamos a entrar en el juego de que la comisión de
investigación se reuniera sólo en el Parlamento nacional cuando los
socialistas habían votado en contra de la creación de una comisión de
investigación en la Junta de Andalucía. Era un juego sin sentido; no
es que cambiáramos de opinión, es que, o había comisión de
investigación en la Comunidad Autónoma andaluza y aquí también, o no
íbamos a entrar en su juego, señora Narbona.
Finalmente, quiero indicar que la apertura de la mina que ha tenido
lugar en estos días, a la vez que satisfacción, produce cierto temor
en el Grupo Parlamentario Popular. Dado que quien tiene las
competencias para el control de la mina es la Consejería de Industria
de la Junta de Andalucía, que no supo ejercer en otro momento las
competencias que tenía, tememos, aunque deseamos que no ocurra, que
en estos momento tampoco cumpla la función que tiene encomendada. No
obstante, señorías, es un momento de esperanza, de reflexión serena y
de ver que todos los agoreros que decían que el parque nacional se
había contaminado, a Dios gracias, se han equivocado.
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, tiene la palabra la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Con
mucho gusto, paso a responder a SS.SS.
Aunque a primera vista pudiera parecer que en algunos temas estamos
en igual situación que el año pasado, si se toman la molestia de leer
la comparecencia del 7 de mayo del pasado año verán que hemos
avanzado muchísimo. Hoy se habla del entorno del Parque de Doñana,
hoy se habla de la catástrofe de las minas de Aznalcóllar, lo cual es
un gran avance, porque hemos estado casi un año hablando
exclusivamente de la catástrofe de Doñana y de la catástrofe del
parque nacional de Doñana. Dicho esto, comprendo la frustración que
siente la representante de Izquierda Unida, porque a lo mejor a ella
le ocurre como a mí. Yo no puedo ir al Parlamento andaluz a
comparecer porque estamos en un Estado democrático, y es lo que se ha
acordado. No hay precedentes en legislaturas anteriores de que
ministros del Gobierno socialista atendieran solicitudes de
comparecencias, en otros parlamentos. Nunca un ministro que depende
del Gobierno central y que tiene las actividades de control en esta
Cámara ha comparecido en ningún parlamento autonómico. Por tanto, no
ha habido ninguna negativa mía distinta a las situaciones que se han
vivido en España en 20 años de democracia.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra. Les recuerdo a los
asistentes que en esta Comisión no se permite fumar.
Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Dicho
esto, quiero recordar también que jamás ha sido la señora ministra la
que se ha opuesto a la comisión de investigación. No sé cuál habrá
sido el trámite de creación o no de la comisión de investigación Lo
que sí les puedo decir es que en este Parlamento, en 20 años de
democracia, de 73 comparecencias que se han solicitado 64 ya se han
desarrollado y quedan ocho o nueve peticiones por atender. Si ha
habido transparencia y comparecencia voluntaria de la propia ministra
desde el primer día, ha sido precisamente en este caso. He
comparecido cuantas veces han solicitado SS.SS. y también a petición
propia a darles todo tipo de explicaciones. Hoy estamos ante una de
esas comparecencias en la que, nuevamente, les voy a contar
absolutamente todo lo que sé, como he hecho siempre, y voy a poner
encima de la mesa todos los documentos que obran en mi poder, como
también creo que es mi obligación. Y para terminar de una vez por
todas, incluso con las risas que se oían esta mañana cuando la
portavoz del Partido Popular hablaba de las competencias, es bueno
que quede recogido en el 'Diario de Sesiones' la situación que se
produce y quién había autorizado a esa empresa.
Saben SS.SS. que el 25 de abril de 1998 revienta una balsa de
residuos minerales. ¿De quién es la balsa? De una empresa privada.
¿Qué es lo que ocurre cuando revienta esa balsa? Que contamina un
río. ¿Y de quién es ese río? Como es dominio público hidráulico, de
la Administración central del Estado. Por tanto, reitero una vez más,
la apertura de la explotación minera no la autoriza la Administración
central, como demostraré a continuación con documentos, y no solo
este Gobierno sino que tampoco lo autoriza el Gobierno anterior. Las
consecuencias de la rotura de la balsa son la contaminación del río
Guadalquivir. Luego, a causa de un accidente -de las consecuencias
hablaremos luego- se produce daño en un bien de dominio público y es
entonces el Estado, a través de la Administración central, quien
tiene que limpiar el río contaminado para evitar males mayores; ahí
es donde se produce la presencia de la ministra de Medio Ambiente,
responsable de la limpieza del río Guadiamar.
Ha habido quienes han querido ver intoxicación en cuanto al río
Guadiamar. Miren ustedes, quien no cree en los análisis debe creer en
los hechos. Las 20 toneladas de peces que mueren no mueren en el
parque nacional de Doñana, como se dijo y apareció publicado en
fotografías en todos los medios de comunicación. Los peces mueren,
claro que mueren; pero no se dice que mueren a 20 kilómetros de
Sevilla y a 45 del parque nacional de Doñana. Mueren precisamente
porque antes estaban vivos, lo que indica que el río del que se
ocupaba y se ocupa el Ministerio de Medio Ambiente gozaba de buena
salud, puesto que los peces vivían.
Para quien tampoco le baste esto, de la buena calidad del río antes
de producirse la rotura de la balsa -calidad de la que se ocupaba la
Administración central, el Ministerio
de Medio Ambiente, la ministra de Medio Ambiente - son producto
aquellos frutales y hortalizas que se iban a recolectar a la semana
siguiente precisamente. Si las aguas con las que se habían regado
todos esos frutales y todas aquellas tierras cultivadas hubieran
estado contaminadas, desde luego no se podrían recolectar esos frutos
a la semana siguiente.
Este es el primer relato de hechos y, aunque parezca obvio, pasado un
año, todavía hay quien insiste tozudamente en no querer enterarse.
Evidentemente, la contaminación del río Guadiamar se produjo, pero no
por vertidos que no controla la ministra de Medio Ambiente a través
de la Confederación del Guadalquivir: la rotura de una balsa de
residuos minerales es la que contamina el río.
Vayamos entonces a los hechos. Se produce la rotura de una balsa.
¿Quién había autorizado la apertura de esa explotación minera? ¿Quién
tenía la responsabilidad? Usted, señoría, representante de Izquierda
Unida, acuña un término más: el que no previene, debe pagar; y habla
de otro tipo de responsabilidades: penales, civiles, sociales,
económicas y políticas. Para que S.S., que parece que no puede acudir
al Parlamento andaluz a hablar con los representantes de la Junta de
Andalucía, tenga todos los datos una vez más -los puse en su poder,
señorías, el 7 de mayo de 1998, y a esa comparecencia me remito-, le
diré que en el año 1982, por un Real Decreto de 29 de diciembre de
1982, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 14 de marzo
de 1983, se produjo el traspaso de todas las competencias a la Junta
de Andalucía. Según reza el decreto: traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado en materia de industria,
energía y minas a la Junta de Andalucía, a la que se traspasan,
además, los medios personales, materiales y presupuestarios precisos
para el ejercicio de esas funciones.
Por si tampoco le basta a S.S., en este real decreto se dice que las
competencias y funciones que asume la comunidad autónoma con carácter
definitivo, en este caso la Junta de Andalucía, son las competencias,
funciones y servicios en materia de industria y energía; dice: la
Junta de Andalucía asumirá las funciones y servicios que actualmente
ejerce el Ministerio de Industria y Energía. Es decir que en el
supuesto de que no se hubieran producido las transferencias a la
Junta de Andalucía diecisiete años antes, el día que se rompió la
balsa S.S. podría haber reclamado al ministro de Industria, jamás a
la ministra de Medio Ambiente; pero es que hacía diecisiete años,
señoría, que tampoco respondía el ministro de Industria. Por tanto,
en el año 1994 y 1995 el anterior ministro de Industria del Partido
Socialista no tuvo que participar en lo dicho, como tampoco tuvo que
hacerlo el ministro anterior, señor Borrell, ni la secretaria de
Estado, hoy portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión, señora
Narbona, que dijo rápidamente que ella, en semejante situación,
hubiera dimitido -consta, si no en el 'Diario de Sesiones', en otras
afirmaciones de la señora portavoz-. Seguramente no se acordaba de
que, desde el año 1982, no tuvieron que llamar ni al ministro de
Industria ni al ministro Borrell ni a la secretaria de Estado para
tomar ninguna medida relacionada con la apertura de las minas
Boliden, puesto que la Junta de Andalucía asumió con carácter
definitivo las competencias, funciones y servicios en materia de
industria y energía a través de un
Real Decreto de 29 de diciembre de 1982, al mes de llegar el Partido
Socialista al Gobierno.
Dice más el real decreto: la comunidad autónoma asumirá las funciones
que actualmente -año 1982- ejerce el Ministerio de Industria y
Energía. ¿En materia de qué, señorías? De vertidos industriales. ¿De
qué estamos hablando? De vertidos industriales en Boliden. ¿Donde
asume la competencia de los vertidos industriales? En las aguas
territoriales. ¿Correspondientes a qué? Al territorio andaluz.
Yañade: la comunidad autónoma asumirá las funciones y servicios que
actualmente ejerce el Ministerio de Industria y Energía en Andalucía
para la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes
materias. Entre otras -propiedad industrial y otras muchas- habla de
la seguridad industrial.
El decreto, que es muy largo, no termina ahí. Dice que la Junta de
Andalucía asumirá las funciones que actualmente ejerce el Ministerio
de Industria y Energía, no el que tenía las competencias en una
Secretaría de Estado de Medio Ambiente; jamás se mezclaba esto con
Medio Ambiente, señoría. La Junta de Andalucía asume desde 1982 el
otorgamiento -preste atención- de los permisos de exploración, de
investigación y de las concesiones de explotación de estos recursos.
Eso sí, acota el terreno; a la Junta de Andalucía solamente se le dan
estas competencias y se le responsabiliza de esto en terrenos
totalmente situados dentro de su territorio. Si todos estamos bien
situados, creo que la empresa Boliden está en territorio andaluz.
Para no abusar más de su atención, le voy a leer otro apartado de
este decreto. También se le asignan a la Junta de Andalucía desde el
año 1982 atribuciones relativas a la autorización, inspección y
vigilancia de los trabajos de explotación. ¿Qué estaba haciendo
Boliden? Estaba explotando unas minas. ¿Quién tenía la atribución
relativa a la autorización de esa explotación, a la inspección y a la
vigilancia de los trabajos, es decir, al funcionamiento de la balsa?
¿Quién era responsable, por Real Decreto del año 1982, de la
autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de explotación?
Parece, señorías, que de aquí no se pueden sacar ni juicios de valor
ni lodos que algunos quieren que sigan cubriendo a la ministra de
Medio Ambiente. Esto es tan objetivo como que está en el Boletín
Oficial del Estado de 14 de marzo de 1983. Creo que algo deberían
saber, si no todas SS.SS., algunas que entonces ostentaban
responsabilidades de Gobierno.
Desde las cuarenta y ocho horas tuve la prudencia de no
responsabilizar a nadie y dije sencillamente que esta ministra de
Medio Ambiente no tenía competencias para autorizar la mina. Se me
preguntó: ¿cómo usted, ministra de Medio Ambiente, autoriza una mina?
Se me pedía: usted cerrará la mina. Y después se me ha dicho: usted
negará la autorización de la mina. He pasado un año entero diciendo
que ni puedo autorizar ni puedo denegar la explotación minera, que el
seguimiento de esa balsa de residuos minerales está residenciado en
la Junta de Andalucía. Apartir de ahí, se ha dicho que echaba balones
fuera, que el Gobierno se lava las manos, que la ministra se va y no
da la cara, que la ministra es incompetente, que para qué queremos un
Ministerio de Medio Ambiente que no tiene competencias, y tantas
cosas como hemos oído. Lamento que todavía
haya españoles que, por ignorancia, no saben lo que es el Estado de
las autonomías; pero otros -permítanme que se lo diga-, de no muy
buena fe, quieren ocultar que el Estado de las autonomías no es
solamente reivindicación permanente, sino asunción plena de las
responsabilidades que, según justo derecho en un Estado de las
autonomías, han reivindicado y obtenido. Concretamente la Junta de
Andalucía reivindica con todo derecho, porque el Estatuto de
Autonomía así lo reclamaba, y obtiene del entonces presidente de
Gobierno don Felipe González, al mes o a los dos meses de su toma de
posesión, 29 de diciembre de 1982, todas las competencias exclusivas
-vuelvo a reiterar a S.S.-, no solamente de autorización, sino además
de inspección y vigilancia. Estos textos no significan que la
ministra de Medio Ambiente eche balones fuera, está publicado en el
Boletín Oficial del Estado y por tanto, igual que lo ha encontrado la
ministra de Medio Ambiente,está a la altura de cualquier ciudadano
español y desde luego con mayor rigor de quienes ostentan la
representación del pueblo español en sus distintos partidos
políticos. Como representantes de la nación, creo que es
responsabilidad de todos, conocer los textos para no seguir haciendo
afirmaciones de valor, responsabilizando, criticando y denunciando
cosas que no tienen sentido y haciendo afirmaciones categóricas, que
evidentemente dan muchos titulares a los medios de comunicación pero
que nadie se preocupa de decir que son falsos; ustedes tienen el
Boletín Oficial del Estado que textualmente acabo de leer, y que
espero conste con luz y taquígrafos en esta Cámara.
Creo que esto puede aclarar algo ya para poder seguir hablando y
seguir contestando a todas las preguntas que una vez más voy a seguir
contestando, pero entenderán todos ustedes que estoy contestando en
nombre de los documentos que me llegan o de las noticias que tengo,
porque difícilmente puedo contestar a SS.SS. con el conocimiento de
causa de quien no es responsable de asumir unas competencias que
desde el año 1982 ya no están en el Gobierno central.
A partir de ahí quiero decirle que no tengo ningún interés, señoría,
en desmentir a científicos a biólogos ni a geólogos. Lo he dicho
siempre. Soy portavoz de unos hechos y de unos datos y de esos
informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de los
que S.S. habla, tengo que decirle que en manos de la ministra de
Medio Ambiente el último informe del que tenemos constancia es de 10
de marzo de 1998 y no nos han llegado otros informes posteriores.
Pero quiero decir más -quizá de esta forma también contesto a la
señora Narbona- y es que tengo una carta (la verdad es que hay que
llegar a estos extremos, para que luego digan que no hay
transparencia, aunque las cartas particulares, en principio, no
parece que haya que sacarlas a la luz pública, pero yo estoy
dispuesta a hacerlo) que me envía el presidente Nombela, el 22 de
abril de 1999 con relación a esos informes de los que desde el mes de
marzo hablan algunos medios de comunicación. No tienen la culpa los
medios de comunicación, ellos publican lo que alguien les cuenta,
pueden contrastarlo o no, parece que las fuentes que les dicen cosas
muy catastróficas de forma muy categórica les merecen garantía; todos
parece que conocemos, yo también como opinión pública, a través de
los medios de comunicación los problemas de contaminación
de aves muertas y parece que la ministra de Medio Ambiente tiene
interés en decir que las aves no han muerto y en negar informes. Don
César Nombela, en papel del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, dice que la información irá en un informe extenso,
actualmente en fase de elaboración. Desde el mes de marzo he leído en
los medios de comunicación la existencia de un informe del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y he sido acusada de querer
negar la existencia de ese informe. Don César Nombela dice que irá en
un informe extenso actualmente en fase de elaboración que
presentaremos en mayo -dice él-, como siempre ha pasado. Eso es lo
que yo he dicho a algunos medios de comunicación, siempre que hay un
informe del CSIC, en perfecta armonía con la ministra de Medio
Ambiente, la víspera nos lo hace llegar al Ministerio y al día
siguiente él o algún representante del CSIC dan la rueda de prensa.
En esta ocasión esto no se había producido y cuantos días me han
preguntado desde el mes de marzo por el problema de las aves y he
contestado en la misma línea, no he tenido ninguna credibilidad a
través de los medios de comunicación. Señorías, me veo en la
obligación, por tanto, de dar lectura a esta carta para seguir
manteniendo lo que creo que es mi único capital político, la
coherencia, para que suscite credibilidad y confianza en la opinión
pública, porque la vía más directa que tengo de transmitir las cosas,
es lo que queda escrito en el 'Diario de Sesiones'. Dice el señor
Nombela que lo presentaremos en mayo en la forma habitual y que como
también es habitual recibirás en toda su extensión antes de la
presentación pública. Parece que alguien, en nombre del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas desde el mes de marzo viene
ya sacando un informe -lo parece a través de lo que leemos en los
medios de comunicación-, pero yo me tengo que fiar de lo que el
director del CSIC me transmite en carta que me llega en la tarde-
noche del 22 de abril.
Además, hace como un adelanto de lo que están estudiando y dice: no
obstante, algunos aspectos de la extrapolación a la población de aves
en su conjunto tiene limitaciones; por ejemplo -son cosas que me
avanza-, dice a modo de conclusiones: en los gansos se pueden
producir efectos que pueden indicar una intoxicación con peligro de
letalidad ligeramente superior al 15 por ciento. Y dice a
continuación: El resto de los metales están en concentraciones bajas
o inferiores a las estimadas como causantes de efectos letales; en
las demás especies se observa la misma tendencia, no se producen
estos efectos letales.
En cuanto a los metales que dice pueden producir efectos letales, el
zinc, el plomo y el cadmio, a continuación, adelantando por dónde
están yendo los estudios y habiendo dicho que ya enviará un informe
en mayo -creo que estamos todavía en el mes de abril-, dice él mismo:
el número de ejemplares estudiados, aún siendo muy superior al de
cualquier otro estudio, especifica además que obtienen muestras de
ejemplares muertos por la caza, lo explica el texto. Recomienda, dice
el propio señor Nombela en esta carta, cierta cautela a la hora de
extrapolar los porcentajes mencionados a nivel de las poblaciones
existentes en Doñana. Con relación a la contaminación por plomo,
parece tener dos fuentes: una sería el vertido procedente de la mina
de Aznalcóllar y los perdigones de este metal utilizados en la caza.
Con relación a la contaminación por cadmio
(que a S.S., la representante de Izquierda Unida, le preocupaba mucho
y decía que qué horror la contaminación por cadmio), dice el
presidente Nombela: La contaminación por cadmio puede tener su origen
fuera de Doñana. Lo dice el presidente del CSIC y dice además las
causas. El hecho de que su concentración en hígado sea dependiente de
la edad sugiere una contaminación crónica y de baja intensidad,
probablemente adquirida en el entorno de zonas sometidas
a contaminación de origen industrial. Pero ha excluido que se haya
producido de repente por esta situación y añade: La contaminación por
cobre es baja. Estoy leyendo los metales que primero había dicho
pueden producir causas letales, pueden producir, no se dice que hayan
producido en el año de máxima contaminación. Lo dice el presidente
del CSIC: pueden producir, ni siquiera dice 'producirán', dice pueden
producir, y, advierte de las cautelas a la hora de extrapolar datos.
Además, de los metales que ha dicho que pueden producir esas causas
letales, curiosamente está diciendo que en la contaminación por plomo
tienen gran responsabilidad los perdigones de este metal utilizados
en la caza; que la contaminación por cadmio que preocupa a S.S.,
puede tener su origen fuera de Doñana y habla de la concentración en
hígado. Y la contaminación por cobre (el tercer metal que puede
producir la contaminación letal en un 15 por ciento, y con todas las
cautelas a la hora de extrapolar el 15 por ciento) es baja en
relación a la encontrada en otras especies durante la primavera
y verano pasados; esto puede deberse tanto a la baja concentración
remanente de este metal en los suelos como a la existencia de otra
fuente estacional de contaminación por cobre.
Señorías, me perdonará el señor Nombela que haya violado la intimidad
de una carta, pero necesitaba ya acabar de alguna forma con tantas
especulaciones, porque créame que esos llamados científicos, que
inclusive dicen que hablan en nombre del CSIC -y probablemente
hablarán en nombre del CSIC-, parece que no están muy en sintonía con
lo que está diciendo el señor Nombela en esta carta que me envía;
como tampoco tiene ninguna relación -y eso sí que no lo he traído,
pero supongo que quienes reciben los teletipos lo tendrán- que el día
que se produce solamente la explicación de esta contaminación, creo
que fue en el mes de marzo y a un periódico, cuando aparecen
titulares en primera página sobre la contaminación de las aves, la
muerte de los gansos (recuerdo que yo estaba en un medio de
comunicación, concretamente en una radio, y estoy diciendo que no me
consta, y recibo todas las críticas del mundo) para cuando llego a mi
despacho a las diez de la mañana tengo ya un teletipo del presidente
Nombela desmintiendo rotundamente todo lo que ese medio de
comunicación ha publicado. El medio de comunicación no tiene la
culpa, alguien se lo ha dicho.
Por tanto, con todos mis respetos para los científicos, precisamente
porque he conocido muchos científicos personalmente a lo largo de
este año y he visto las divergencias de criterio que hay, por no
decir los enfrentamientos entre unos y otros, distintas
universidades, distintos científicos, distintos centros, distintos
organismos, creo que todos debemos ir con mucha cautela y no
agarrarnos siempre a aquel que hace unas afirmaciones que en
principio no vienen avaladas por datos, por análisis científicos que
estén
enseñando a quien esas afirmaciones están haciendo y que le
convencen. Por consiguiente, quizá estamos echando un poquito en
falta menos declaraciones alarmistas de algunos llamados científicos,
y en cambio más soluciones por parte de los científicos.Pienso que
está muy bien denunciar en la medida en que pueden estar obteniendo
algunos datos, pero primero den con rigor esos datos, que no anuncien
catástrofes ya producidas cuando el presidente todavía dice que no
han ultimado el informe y lo llena de cautelas. En cualquier caso,
que aporten datos para solucionarlo, porque los políticos no tenemos
que actuar por meras decisiones políticas; los políticos estamos para
tomar decisiones políticas, pero quien les habla, y más en estos
casos, tomará siempre decisiones políticas basadas en el rigor
científico. Por eso quizá he hablado con esa tranquilidad, con esa
seguridad que en muchas ocasiones comprendo ha molestado porque nunca
he sido portavoz de mí misma, nunca he tenido que defenderme de nada
ni de nadie, porque nunca he tenido que acusar a nada ni a nadie y
sencillamente creo que los datos son suficientemente importantes.
Pregunta también la señora Narbona por las causas, se extraña de que
no se conozcan las causas -yo también me extraño, señoría-, y
pregunta si hay un informe del Cedex. Puedo decirle que tengo
noticias de que la Junta de Andalucía, que es quien tiene la
preocupación en base de que todas las competencias de todo lo que
ocurre en relación con materia de industria, energía y minas está
residenciado en la Junta de Andalucía a nivel de competencias desde
el año 1982, es la que tiene que pedir que se investiguen las causas.
La jueza pide que se haga un informe a unos peritos, se les ha
encargado hace un año y resulta muy sorprendente -no voy a decir
sospechoso- que al cabo de un año sigan sin conocerse las causas; y
si la justicia es lenta, también he de recordar en este momento que
todas las competencias para agilizar la justicia en este caso
concreto las puede realizar la Junta de Andalucía, pues tiene
posibilidad de agilizar esas competencias con la juez de Sanlúcar la
Mayor. Es significativo que al cabo de un año no se conozcan esas
causas. Desde luego, a la ministra de Medio Ambiente no le toca
investigar cuáles son las causas, porque en mi caso es como si
dijéramos que pasaba por allí. El río Guadiamar estaba allí, el río
Guadiamar es contaminado y el Gobierno se pone a limpiar e invierte
6.000 millones en la limpieza de los lodos, pero no tenemos que
indagar cuáles son las causas. Estamos esperando que los tribunales
digan cuáles son las causas; se sabrá entonces quiénes son los
responsables y entonces sabremos ante quién tenemos que repetir los
6.000 millones que de momento, ya hemos gastado. Mientras tanto,
estamos reclamando a la empresa Boliden, por aquello de quien
contamina paga. Ésa es nuestra situación.
No tengo conocimiento de si existe ese informe del Cedex, si se ha
hecho y si se ha enviado a la Junta. Yo me refería a un informe del
año pasado, pero a lo mejor resulta que existe algún informe en la
medida que existe una Administración autonómica que tiene la
competencia, como he dicho a SS.SS., de hacer esta autorización y
además la inspección y vigilancia de los trabajos; tal vez exista
algún informe en donde se dice cómo estaban las cosas antes de
producirse la balsa y en ese informe señorías, si bien en la última
página se viene a decir que el dique de
contención se está comportando de forma correcta de acuerdo con las
previsiones del proyecto y se añade que la información obtenida en el
seguimiento no refleja hasta la fecha ningún indicio de inestabilidad
generalizada y la seguridad del dique es suficiente, los responsables
de encargar este informe -que creo lo reciben seis o siete días antes
de la rotura de la balsa- tenían que haberse leído algo más que la
última página y a lo mejor si se hubieran leído algo más que la
última página, cosa que hice yo antes del 7 de mayo, se hubieran dado
cuenta de que casi nada de lo que significaba el seguimiento de la
balsa había funcionado el año anterior. Por tanto, en vez de quedarse
tranquilos con la última página de las conclusiones, en donde se
afirma que la seguridad del dique es suficiente y que ningún indicio
de inestabilidad generalizada se detectaba, si quienes encargan este
informe y quienes reciben este informe lo leen en su integridad, a lo
mejor se dan cuenta de que por encima de todo se dice que los
inclinómetros no han funcionado o inclusive alguno no se ha
utilizado, ha quedado inutilizado desde el mes de mayo de 1997, y
desde el año 1997 parece que no ha habido ningún seguimiento de la
situación de esa balsa. Parece que no ha habido, como tendrían que
ser algunas responsabilidades en función de las competencias y una
inspección y vigilancia de los trabajos de explotación. Esto es lo
que se dice en el informe al que yo me refiero del 7 de mayo de 1998.
Se habla continuamente de los movimientos que se han producido,
porque se detectan movimientos en la balsa, señorías, y yo no soy
ingeniero, pero esto leído por un profano algo le choca ya.
Continuamente se habla de alguna recolocación de bloques de escollera
y saben ustedes que cuando existe escollera normalmente no hay
impermeabilización. Un representante de Izquierda Unida
simultáneamente me decía que yo me disfrazaba de Coronel Tapioca,
pues he tenido que escuchar de todo y por su orden; la verdad es que
creo dijo una frase muy expresiva. Llegó un momento en que las
filtraciones hicieron que la balsa reventara como un bizcocho
borracho. Recuerdo esa frase. No he vuelto a comprobar si está en el
'Diario de Sesiones', pero creo que fue aquel día cuando se dijo.
Permanentemente se descubren esos movimientos en este informe que se
encarga pero hay que hacer inspección y vigilancia de los trabajos de
explotación y permanentemente dice que todos los movimientos se han
producido en el dique de la balsa por corrimiento de la escollera. Yo
no soy ingeniero, pero si se hubiera leído entero el informe a su
debido tiempo, probablemente no se hubiera evitado la catástrofe (el
informe llega tarde, es del año 1997 -no sé cuando se encarga- y se
entrega en 1998, no tengo aquí la fecha exacta pero creo que se
entrega cinco días antes de la catástrofe, sobre el 19 de abril); si
entonces el responsable de la potestad sancionadora, de la
declaración de la caducidad y de la inspección y vigilancia de los
trabajos de explotación y exploración de la balsa aunque lo hubiera
paralizado cinco días antes ya el daño estaba hecho y la catástrofe
se hubiera producido, pero probablemente la mina estaría parada.
En cualquier caso, y aclarado esto que no son juicios de valor sino
textos escritos, que supongo están en posesión no solamente de la
Junta de Andalucía, de su consejero de Industria, del presidente,
sino por descontado de la jueza; a
partir de ahí podría haber sido más fácil que al cabo de un año le
preguntaran. Aquí al final, ¿qué ocurre? Que he sido la única que ha
dado la cara desde las primeras 24 horas, y además porque creo que
era mi obligación, para saber qué ocurría en la mayor catástrofe
ecológica que se haya producido en Andalucía -he oído que dicen la
mayor catástrofe ecológica de Andalucía-,no, señoría, es la mayor
catástrofe de España, y de Europa. No tiene precedentes esa
catástrofe, y tengo que seguir oyendo que yo la he minimizado. Me
remito a todas mis declaraciones que están en teletipos, pero también
afortunadamente constan en el 'Diario de Sesiones' desde el 7 de mayo
de 1998. Señorías, cuando en política se está para intentar
solucionar problemas, no se está buscando fotos por más que a uno le
digan, no se está queriendo escurrir el bulto. Cuando se habla con
sinceridad, con transparencia, la coherencia produce unos frutos. El
fruto que produce es que esta ministra de Medio Ambiente no tiene que
apearse, avergonzarse ni arrepentirse de una sola línea de las que el
7 de mayo de 1998 pronunció en esta Cámara, que no han servido más
que para críticas permanentes de incompetencia y de falta de gestión.
¡Cómo el presidente del Gobierno no la ha echado ya -se ha dicho-
dada la incompetencia ante semejante situación!
Señoría, representante de Izquierda Unida, usted dice que el que no
previene debe pagar. Usted se ha referido a unas afirmaciones de la
ministra de Agricultura en relación a que actuaríamos cuando
llegáramos al Gobierno, quiero decirle que en las competencias que
tiene el Gobierno ha actuado, la competencia que tiene el Gobierno es
la autorización de vertidos a las aguas, es decir que esos vertidos
no produjeran contaminación en las aguas. Cuando llegamos en el año
1996, existía una situación de deficiente depuración por parte de
Boliden y parece que mucha gente no se ha querido enterar de que con
esta Administración, con esta ministra de Medio Ambiente, Boliden
cumple sus compromisos en lo que le reclamamos: que ponga a funcionar
tina depuradora que depure esas aguas para que no se produzcan
vertidos contaminantes al río Guadiamar y que impermeabilice la
canalización desde donde salen las aguas ácidas después de la
explotación minera hacia la depuradora. Esto lo hace la empresa
Boliden. Por tanto, el Gobierno, cuando llega en el año 1996, sí
actúa. Lo que nunca podría haberse deducido de las palabras de la
ministra de Agricultura entonces en la campaña electoral, ni después
a los pocos días de la catástrofe cuando comparece en los medios de
comunicación, es que cuando el Gobierno desde el año 1982 ya no tiene
ninguna competencia en su Ministerio de Industria para cerrar ni para
reabrir ninguna mina ni ninguna balsa de residuos minerales en
ninguna comunidad autónoma, y concretamente en la de Andalucía, de
ninguna manera se puede interpretar mientras la ministra de
Agricultura estaba criticando a la ministra de Medio Ambiente por no
haber cerrado la balsa, la ministra de Medio Ambiente se lavaba las
manos en los Iodos de Doñana. Creo que se han cometido muchas
injusticias y quiero creer que no por mala fe, sino por falta de
información, pero ustedes han tenido la oportunidad de estar en esta
Cámara desde mi primera comparecencia, el 7 de mayo de 1996, y en
todas las que se han producido por mi parte, como por parte de los
demás responsables del ministerio de
Medio Ambiente -en torno a 64 comparecencias- permítanme decirles lo
ridículo que queda que como se ha comparecido bajo el paraguas de
Comisión de Medio Ambiente, no es lo mismo que si se hubiera
comparecido en la Comisión de investigación. Se ha comparecido en
esta Cámara y en la otra; si se hubiera creado la Comisión mixta, yo
misma me habría evitado duplicidad de comparecencias, porque he
tenido que comparecer aquí y en la otra Cámara. Por tanto, no ha
habido ocultación por mi parte y creo que los datos que di a SS.SS.
en cada una de las comparecencias, y que puedo mantener al día de hoy
más lo que hoy les estoy comunicando, demuestran que más
transparencia no se puede pedir, quizá, pasa que algunos no están
acostumbrados a tener políticos que actúan con toda transparencia.
Creo que con todo esto pueden quedar aclaradas muchas preguntas que
hacían sus SS.SS.
Hablan de los controles, de quién tiene responsabilidades, de si se
debe o no se debe dimitir. Yo no tengo por qué opinar, porque si a
usted le ha quedado claro ya quien autoriza la explotación minera
desde al año 1982 y quién tiene obligación de hacer el seguimiento
del funcionamiento de la explotación minera, verán que no es la
ministra de Medio Ambiente quien tiene que dimitir, lo dije entonces
y lo repito hoy. Sencillamente, al reventarse una balsa -que yo no sé
si estuvo bien o mal controlada, que lo digan los tribunales-,
a partir de ese momento se produce la contaminación en el bien de
dominio público hidráulico del que tenía que responder esta ministra.
Creo que ya he contestado la preguntas relativas al informe del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en relación con
las subvenciones a Boliden, he de contestar lo mismo, que no dependen
de la ministra de Medio Ambiente. La Junta de Andalucía sabrá en qué
situación se encuentran esas subvenciones; quizá a través de su grupo
político pueda plantear la pregunta en aquel Parlamento.
Con relación a las responsabilidades políticas por acción o por
omisión, espero le haya quedado claro con lo que acabo de decir. Y,
señoría, créame que no puedo asumir que diga usted, salvo que lo
tuviera escrito de antemano, que la ministra de Medio Ambiente se ha
presentado con triunfalismo o buscando otros culpables en relación
con la catástrofe de Aznalcóllar, porque eso no lo he hecho jamás. No
me han preocupado las responsabilidades ni las culpabilidades; ya
dirá el tribunal dónde están. Sí he dicho que me han preocupado las
soluciones. Y hay algo que a lo mejor en España no se ha querido
reconocer, pero que sí han reconocido representantes muy dignos en el
extranjero, representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión de
Asuntos Europeos, de los distintos fondos que están llegando y van a
llegar para salvar los gastos que hemos tenido, han dicho que ésta ha
sido una actuación de las dos administraciones; por tanto tampoco es
cierto que haya habido esa descoordinación. Como se ha dicho, la
primera rueda de prensa la damos el consejero de Medio Ambiente y yo
en el Patronato de Doñana el primer día; a los cuatro días se
constituye la Comisión mixta, presidida por el presidente Chaves y
por mí misma, y a los ocho días se empiezan a retirar los Iodos. Creo
que esto es hacer justicia a los hechos y a los datos, pero estoy
segura de que habrá mucha gente que, como estos hechos y datos no les
gustan, seguirá aferrada a sus afirmaciones. En cualquier caso, han
quedado suficientemente documentadas, con luz y taquígrafos, las
afirmaciones que he venido haciendo desde un principio. Por tanto,
esa frase de S.S. criticando a la ministra, diciendo que mi
sistemática informativa adolece de falta de rigor, queda demostrado
que es tina más de las frases que a lo mejor buscaba S.S. ver
reflejada mañana en los medios de comunicación. El rigor de la señora
ministra es leer los textos, a los que S.S. podría haber tenido
acceso a lo largo de un año, pero por si no ha sido así se los he
leído con mucho gusto.
A la señora Narbona también le habrá quedado clara la ausencia de
referencia a los informes del CSIC en la medida que del informe del
10 de marzo ya le he dicho en qué situación se encuentra y también he
leído esa carta del presidente Nombela donde anuncia que habrá un
informe en el mes de mayo.
Respecto a la profunda contaminación del lecho del río y que no valen
para nada las trampas, los sedimentos y todo lo que se ha puesto en
marcha, tengo que decir que si hubiera bastado una de las trampas
para evitar el paso de esos sedimentos, probablemente tendríamos que
reconocer que se ha hecho mal, pero en la medida que efectivamente se
han puesto varias estacas y varias barreras, si algún sedimento pasa
en una, se queda en la siguiente y, como preguntaba S.S., eso es lo
que en este momento estudia, la Confederación del Guadalquivir: cómo
hay que limpiarlo, ya que en la medida que los sedimentos han podido
ir quedando retenidos en una u otra barrera hay que irlos limpiando,
pero esas barreras han producido sus efectos y la prueba es que no ha
llegado el agua contaminada y no se ha visto que esos Iodos hayan
sido arrastrados.
Habla S.S. de expropiaciones. Nosotros no hemos comprado el dominio
público con expropiaciones. En España, cuando llegamos, después de
una Ley de Aguas de 1985, nos encontramos con que si son 40.000
kilómetros los cauces del río, que serían 80.000 si hay que hacer el
deslinde en las dos márgenes de cada cauce -no tengo aquí los datos,
pero creo recordar que es así; se los confirmaré en otra ocasión-
había 63,5 kilómetros deslindados; es decir, agradezco la urgencia de
S.S. en que ahora no existan ya los 80.000 kilómetros, ni siquiera
los 40.000 deslindados, pero he de decirle que durante los años
anteriores se deslindaron 63,5 kilómetros.
Lo que hemos hecho nosotros es acabar con todas esas fases de estudio
poniendo en marcha deslindes en zonas digamos peligrosas o que pueden
causar más riesgos. A diciembre de 1999 podremos presentar la
ejecución -no el anuncio, sino la ejecución- de 3.500 kilómetros de
cauce de río deslindado. Creo que hay una sustancial diferencia entre
los 63,5 kilómetros de deslinde que realizó el Gobierno anterior en
14 años, y los 3.500 kilómetros que este Gobierno puede hacer en tres
años. Desde luego comparado con los 40.000 o los 80.000 comprenderá
que es prácticamente irrealizable, yo no estoy diciendo que vayamos
a deslindar 80.000 kilómetros de río, pero por lo menos estamos
sentando las bases para que el deslinde se vaya haciendo de forma
real. Evidentemente, señoría, no se ha pretendido comprar ningún
deslinde, ese deslinde estará pendiente como lo estaba antes, pero
comprenda S.S. que no se podía plantear el deslinde de dominio
público hidráulico
en situaciones de emergencia. En cuanto al precio que se pagó,
señoría, he de decir que fue el precio de mercado.
Critica también S.S. la hidrosiembra. Claro que está seco. He
reconocido -y hablaremos a continuación- que pluviométricamente
hablando ha sido el año más seco de la última década. Por tanto, si
no ha llovido se ha secado la hidrosiembra al igual que otros
terrenos donde hay algunas dificultades como en cultivos de secano a
los que no ha llegado el agua de las lluvias este año. Precisamente
porque no ha llovido se han secado, pero precisamente también por
ello tampoco han hecho más falta en la medida que se pretendía evitar
las escorrentías, y efectivamente están evitadas, no ha habido
lluvias torrenciales y afortunadamente por ello se ha podido hacer
con mucha mayor precisión el trabajo que se ha desarrollado. El hecho
de que se haya secado esa hidrosiembra no significa que no exista, S.
S. no ha negado que se haya producido, está seco, evidentemente. Los
precios ya le he dicho -y voy terminando, señor presidente- son los
mismos que en la Junta de Andalucía.
Se me olvidaba comentarle la ley de responsabilidad civil. Nosotros
hemos actuado tal y como podíamos hacerlo. En primer lugar, a través
de los servicios jurídicos del Estado se ha solicitado que sea
llamado a juicio también como responsable civil la empresa matriz y
lo hemos hecho también la semana pasada. Por lo demás, he de decir
que habíamos comparecido desde el primer momento a través del abogado
del Estado de Sevilla.
En cuanto a la ley de responsabilidad civil, he de decirles,
señorías, que de haber existido una ley de responsabilidad civil,
como la que el Gobierno está preparando, Boliden ya habría pagado,
con independencia de que luego si no es responsable al cien por cien
y hubiera otros responsables habría repetido el pago de esos daños;
pero de momento habría pagado. Eso es lo que estamos pretendiendo con
esa ley, y es una buena prueba de cómo las leyes se negocian y se
consensúan. Hemos empezado a trabajar antes de la catástrofe de
Boliden y yo le aseguro que antes de que termine esta legislatura
también será una realidad la ley de responsabilidad civil, donde
pretendemos que sea una responsabilidad objetiva, de tal forma que
sirva para prevenir riesgos ambientales. Cuando un empresario sepa
que cualquier actividad que puede producir daños ambientales le va
a exigir un coste adicional para prevenir estos riesgos, porque sabe
que va a pagar y lo va a hacer de manera inmediata en el caso de que
se produjeran esos daños materiales o daños ambientales, una de dos,
va a decidir no reiniciar su explotación porque no le compensa
económicamente, o si le compensa económicamente va a tener
probablemente muchas más cautelas de las que tuvo Boliden a la hora
de continuar su explotación, porque sabe que las consecuencias
después son el pago inmediato, no como en este caso tan diferido y
podrían ser insalvables.
Señor presidente, señorías, creo que en esta ocasión tampoco he
tratado de echar balones fuera. He tratado de explicar una vez más, y
lo haré cuantas veces sea necesario, que aquel 25 de abril de 1998 se
produjo un desgraciado accidente, que yo no sé en este momento si se
podía o no se podía haber evitado. Saben ustedes que habido muchas
veces en las que yo me he pronunciado que hasta las catástrofes
naturales en muchas ocasiones se podían haber evitado. No digo que
éste sea el caso, porque no
conozco las causas ni sé cuáles van a ser las responsabilidades. Lo
que sí puedo decir es que en el medida que las consecuencias
produjeron un daño ambiental, que podría haber sido mucho más
catastrófico que el que se produjo en el dominio público hidráulico,
nos hemos puesto desde el primer día en ese plan de actuaciones que
aprobó el Gobierno a retirar lodos, a limpiar y descontaminar las
aguas ácidas que quedaron retenidas en Entremuros, y a partir de ahí
a la recuperación ambiental.
Si existe todavía una parte de contaminación en los suelos,
necesitamos saber cuál es esa parte de contaminación, qué tipo de
contaminación tienen esos suelos, cómo están los suelos de los
alrededores por los que no han atravesado los lodos para tener un
efecto comparativo, y también cómo estaban esos suelos con
anterioridad a que los lodos pasaran por ellos.
No se puede dar un análisis científico riguroso si no tenemos puntos
de comparación, puesto que en zonas cercanas a las minas, incluso
está el río denominado Agrio, estaban ya como suelen decir los
lugareños desde la época de los romanos. (Varios señores diputados
piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Saben que es costumbre en esta Comisión cerrar
el turno cuando ha comparecido la señora ministra. No obstante, dada
la extensa explicación que ha ofrecido y que alguno de los portavoces
se ha podido considerar contradicho, por un tiempo máximo de cinco
minutos que voy a aplicar estrictamente y para lo que les ruego su
colaboración, tienen la palabra los señores portavoces que así lo
deseen.
Por orden de intervenciones corresponde el turno a la señora
Aramburu, del Grupo de Izquierda Unida.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Intervengo con mucha brevedad, dada la
desigualdad de tiempo por razones institucionales, ya que no es
posible hacer un debate en estas condiciones, sobre todo porque se
trabaja con criterios de tu palabra sobre la mía, de tu documento
sobre el mío.
Hay editoriales como la del periódico El Mundo del día 25 de abril de
1999, que no podemos decir que sea sospechoso de ser de la fuerza
política que yo represento, en el que dice que sienten profundamente
que los causantes de los daños, y en este caso incorpora al Gobierno,
hayan sido incapaces de prever el desastre. Esto lo dice alguien
supuestamente afecto a algunas posiciones.
Sobre las competencias, doña Isabel, no sería muy educada si se
introdujera por la vereda del desconocimiento del contrario. Todos
somos expertos en lo que hablamos, sabemos de lo que hablamos y
estamos suficientemente asesorados sobre la competencia que usted
tiene sobre el Guadalquivir y lo que rodea al Guadalquivir. No vale
intervenir en sentido contrario sobre la interpretación al respecto.
Usted no ha prevenido, usted fue avisada y usted archivó. Usted fue
avisada en su departamento, cuando usted llegó había una carpeta que
usted archivó y esa carpeta la depositó don Miguel Ángel que era
ingeniero y usted archivó igual que la jueza. No diga que no, porque
estaba presente. La tuvieron los de antes, estaba cuando usted tomó
posesión y fue archivada. No es su palabra contra la mía,
eso está también en los juzgados que se supone que hacen justicia.
Por tanto, no merece la pena que insista sobre ese tema; usted ha
archivado un aviso.
Usted dice que si Boliden está en territorio andaluz no sabe por qué
la responsabilidad se atribuye fuera de esa demarcación. (La señora
Tocino Biscarolasaga: Fuera, no.) Y yo le pregunto, si Boliden está
fuera del territorio andaluz, ¿por qué usted la ha subvencionado? (La
señora Tocino Biscarolasaga: No, no.) Sí, sí, usted lo ha dicho.
Boliden ha estado actuando sólo en el territorio andaluz y yo le
pregunto por qué lo ha estado subvencionando. ¿Que el ministerio no
ha subvencionado con una subvención del Fondo Europeo? Entonces habrá
que pedir el cese de científicos, de informadores y de todos los
medios de comunicación de este país, porque usted está confrontando a
la verdad de este país, cosa que me parece preocupante.
Además, si eso es así, ¿por qué se querella usted, por qué dispara en
esa dirección y por qué diluye las responsabilidades? Ha dedicado
prácticamente una hora y pico a contestarme en clave personal. Creo
que eso está superado por la educación judeocristiana que algunos
hemos recibido de chicos en los colegios de monjas; por tanto, no
entiendo por qué somatiza el conflicto. Usted es una mera ejecutora
de las políticas del gabinete Aznar y no debería somatizar conflictos
en los términos en que lo ha hecho en su contestación. Si el
conflicto es tan estrictamente andaluz, si es tan del sur, ¿a qué
viene esa inversión de 16.000 millones de pesetas que le cuesta el
Plan Doñana 2005 y otras cuestiones colaterales? Le voy a decir algo
con muchísima seriedad y con muchísimas honestidad, como intento
hacerlo siempre, doña Isabel, porque yo pertenezco más al modelo
Woody Allen, el que no busca la notoriedad; mi trabajo es algo muy
anónimo que no busca los flashes ni el titular. Esa acusación que
usted emite sobre mí está a todas luces fuera de lugar; si no,
remítase al 'Diario de Sesiones'. El tiempo no me permite un debate
sólido, de rigor; yo soy objetora de los debates en precario, me
gusta la solidez del debate, siempre en igualdad de condiciones
porque vengo de la cultura de la igualdad. En ese sentido, me
preocupa algo tremendamente grave que ha dicho para la
responsabilidad que usted ostenta. Efectivamente, un científico de
las características del señor Nombela, como presidente está obligado
a establecer siempre cautelas cuando interviene. Lo preocupante es
que usted haya puesto a algunos de los científicos bajo sospecha: los
que no dicen lo que desea o los que usted considera que no son
suficientemente dependientes. A esos los ha puesto bajo sospecha. Con
esa posición dependiente, no autónoma, que usted establece con los
científicos puede abrirse una crisis sin precedentes. Por tanto, yo
la llamaría al orden desde mi humilde posición de portavoz en este
tema. La emplazo a que si está usted en condiciones de hace las cosas
bien hechas hagamos un debate en igualdad de condiciones para
clarificar. Reúnase usted con todos los portavoces en este tema, y
llévelo a la Comisión Mixta Congreso-Senado. Sobre todo, la animo a
que tengamos todos el mismo nivel de información, es decir, que todo
lo que caiga en sus manos se socialice para que todos podamos
discutir en las mejores condiciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco
minutos, la portavoz doña Cristina Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, pido la palabra, no tanto
para réplica como porque la ministra ha acusado a esta portavoz de
actuaciones de mala fe e ignorancia. Ministra, ni mala fe ni
ignorancia, porque todos sabemos que usted no tiene competencias en
materia de autorización de la balsa minera. Yo jamás he dicho nada
parecido, y ahí está el 'Diario de Sesiones'.
La autorización de la balsa minera es de quien es y usted tiene la
competencia que tiene en el dominio público hidráulico y en el Parque
Nacional de Doñana. Siempre que he intervenido en esta Comisión y
fuera de ella me he referido a esas competencias. Por supuesto,
cuando yo era secretaria de Estado no tenía la competencia de
autorizar la balsa minera, pero tenía la competencia de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y si dije que hubiera
dimitido de haber sucedido la rotura de la balsa minera en mi época
de secretaria de Estado lo hice con conocimiento de causa en el
sentido de que estaba profundamente insatisfecha con la dotación de
medios humanos y materiales que tenía en ese momento la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir -y el resto de ellas-; dotación que con
ustedes se ha hecho todavía más precaria porque, de acuerdo con datos
oficiales, han disminuido el personal adscrito a las confederaciones.
Por tanto, la vigilancia y tutela del dominio público hidráulico que
está en su ámbito directo y exclusivo de competencias es lo que ha
motivado una y otra vez el reclamo de una responsabilidad en la que
esta mañana tampoco ha querido usted centrarse, y sí en leernos los
decretos de transferencia a la Junta de Andalucía, como ha hecho en
repetidas ocasiones en esta Comisión. Eso es un insulto a esta
Cámara, como otros que comete su Gobierno cuando no quiere dar la
cara el presidente del Gobierno y venir a hablar de otros temas que
nada tienen que ver con el de esta mañana, pero que muestran cómo
ustedes consideran y valoran su presencia en el Parlamento. No basta
con que venga usted, ministra. Nosotros queremos que haya una
Comisión Mixta para que no venga sólo usted, sino también el señor
Nombela y poder dilucidar todas esas discrepancias que parecen
existir respecto a lo que el señor Nombela dice en público sobre la
contaminación profunda del lecho del río Guadiamar. Usted no ha
querido referirse a esa cuestión en su contestación y sólo ha hablado
de las trampillas; estoy hablando de contaminación en profundidad del
lecho del Guadiamar, objeto de un trabajo que ha presentado Engrisa,
que es de su competencia exclusiva. Insisto, queremos una Comisión
Mixta Congreso-Senado que se dedique no sólo a a escucharla a usted,
ministra, sino a los que dicen cosas que parece ser que no coinciden
con su información, porque el señor Nombela ha hecho declaraciones
públicas y directas sobre estas cuestiones, y, aunque todavía no
están por escrito en un informe, no han impedido al señor Nombela
transmitir en actos públicos, como el del día 22 de abril, cuál era
su preocupación sobre la contaminación de los suelos por arsénico y
sobre la contaminación del lecho del río Guadiamar.
Por tanto, ministra, ni mala fe ni desconocimiento. Si acaso, la mala
fe o el desconocimiento están en otra parte de esta Comisión de Medio
Ambiente. Por supuesto, ministra, no me ha contestado qué va a hacer
con el lecho del río contaminado ni si va a hacer lo que tiene que
hacer desde el Gobierno para impulsar que se cree una Comisión Mixta
Congreso-Senado. Supongo que sí, pero no lo ha dicho, ministra.
Espero su contestación. Ytampoco ha dicho a qué viene el decreto-ley
declarando obras de interés general cuando alguna de ellas ya está
ejecutada. Pero eso, si quiere, lo dejamos para el debate en Pleno,
donde mucha más gente tendrá ocasión de escuchar sus explicaciones y
nuestras reservas respecto de esta forma de actuar cuando, desde el
punto de vista de la expropiación, no están justificados proyectos
que ni siquiera están definidos y que al parecer se declaran de
urgencia. Tampoco me ha contestado sobre el inventario de balsas
mineras que el Gobierno se comprometió a actualizar. Me gustaría que
esta mañana al menos me contestase a eso, porque si entre todos
queremos prevenir que sucedan catástrofes como la que tuvo lugar hace
un año, ésta es una de las cuestiones básicas que hay que acometer.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora de Lara por un tiempo
máximo de cinco minutos.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, voy a consumir menos
tiempo.
Solamente quiero agradecer las declaraciones que ha realizado la
ministra en su última intervención respecto a las competencias, que
se han reiterado en muchísimas ocasiones. Creo que ha quedado claro a
quién corresponde cada una de ellas. En la anterior intervención de
los portavoces de Izquierda Unida y del PSOE se ha hablado de
informes científicos. Creo que cuando hablamos de informes
científicos debemos hacerlo con más rigor. Como se nos ha indicado,
el informe oficial va a ser emitido en el mes de mayo. Por
consiguiente, desde el mes de marzo no hay ningún informe nuevo,
luego no tiene sentido que hablemos de informes científicos sobre los
que hemos oído hablar pero que ninguno de nosotros ha visto escritos.
Si en un tema tan serio y tan grave como éste los portavoces
parlamentarios no somos conscientes de que no podemos hablar de cosas
que hemos oído sino de cosas que hemos comprobado, de los índices de
contaminación que nos digan los informes oficiales, hacemos un flaco
servicio, no ya a los andaluces, sino a todos los españoles, y prueba
de ello es que el Parque Nacional de Doñana, insisto, sin haberse
contaminado, ha visto disminuido el número de visitantes en este
verano porque se asustó mucho a la población, ya que fuera de España
y en muchos sitios de nuestro país se hablaba de la contaminación de
Doñana sin decir que había sido en el entorno del parque, que no
había sido en el parque nacional sino en otro espacio. Seamos más
serios y más rigurosos, señorías.
Por último, quiero decirle a la señora Narbona que estamos
acostumbrados a que diga cosas distintas en momentos distintos
hablando de un mismo tema, porque cuando dijo, con mucha dignidad,
que si ella hubiera sido ministra de Medio Ambiente habría dimitido,
dijo que lo habría hecho por la rotura de la balsa. (La señora
Narbona Ruiz
pronuncia palabras que no se perciben.) Esto está en el 'Diario de
Sesiones', puede usted verlo, señora Narbona. Hoy nos indica que ella
habría dimitido porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
tiene pocos medios materiales. Señora Narbona, comprenderá que la
función de la ministra de Medio Ambiente o la de usted cuando era
secretaria de Estado era intentar que hubiera más medios materiales
para que la confederación cumpliera sus funciones. Desde luego, nunca
dimitir por ello.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que sea lo más concisa
posible porque nos queda otro punto del orden del día.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señora
representante de Izquierda Unida, con todo mi respeto para todos los
medios de comunicación, no sé si alguna de SS.SS. no conocía al día
de hoy el decreto de transferencias. No tengo por qué suponer que el
editorial del diario que S.S. ha citado responsabiliza al Gobierno;
como no recuerdo en este momento el contenido del mismo, a lo mejor
es que no conoce que existe ese decreto. Por tanto, a lo mejor hay
que hacérselo llegar. Ya digo que desconozco ese editorial, en este
momento no recuerdo en qué contexto responsabilizaba al Gobierno.
También quiero decirle que aquí no estamos ante un juego de su
palabra contra la mía. Le reitero que mi palabra, una vez más, está
documentada en los textos oficiales, en el Boletín Oficial del Estado
o en cartas del presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Por tanto, aquí no hay, como dice usted, desigualdad de
información. Una carta privada que le dirigen a la ministra no se
manda urbi et orbi, sin embargo, yo hoy la he traído y usted, cuanto
más información se le da, dice que hay más desigualdad en la
información; o sea, ¿cuanto más se le informa, más desigualdad hay?
Créame que ya más transparencia no se puede pedir. Ahora, ¿que a
usted no le gusta el contenido de los documentos que yo he leído hoy?
Eso es distinto. ¿Que S.S. podía haber conocido antes el Boletín
Oficial del Estado o estos informes que yo he citado y no los
conocía? Yo no sé si podía o no podía haberlos conocido, si debía o
no debía haberlos conocido, pero yo creo que debería estar agradecida
a que aquí no se trate de mi palabra contra la suya o juicios de
valor míos. Yo no tengo más palabra -y menos mal que consta en el
'Diario de Sesiones'- que lo que he leído antes textualmente,
señoría. Por tanto, aquí no hay una desigualdad en la información.
Por esa misma razón, usted no puede afirmar que yo archivé nada que
me fuera presentado. Lo mantengo aquí y ante quien usted quiera,
señoría. Luego, una vez más, no diga usted que es su palabra contra
la mía. Yo sé con quién estoy, cuándo estoy y qué mando archivar. Yo
no he mandado archivar nada en relación con Boliden, señoría, ni
antes de la catástrofe ni después de la catástrofe. Por lo tanto, no
siga usted haciendo afirmaciones al 'Diario de Sesiones' de que yo
archivé y que yo mandé archivar, y cita usted a no sé quién que
estaba delante de mí cuando yo mandé archivar. Aese señor que ha
citado me lo lleva usted donde quiera y que reitere delante de mí si
yo he archivado, ni en presencia ni en ausencia suya. Además,
señoría, le
tengo que decir que el procedimiento penal no está archivado; luego,
fíjese si es importante. No es mi palabra contra la suya. De mí
respondo yo, y no estoy somatizando nada, señoría. Lea el 'Diario de
Sesiones'. Usted me ha llamado por mi nombre de pila (a mucha honra,
Isabel Tocino me llamo), pero usted no ha citado ni al Gobierno ni al
Ministerio de Medio Ambiente ni a la ministra. En la mayoría de las
ocasiones dice usted doña Isabel Tocino y, cuando le responde la
ministra de Medio Ambiente y hablo en primera persona, me dice:
señoría, no somatice el caso. (Rumores.) Bien, en el 'Diario de
Sesiones' queda constancia.
Yo, como representante del Estado y en nombre del Estado, no he
presentado ninguna querella. La Administración central, como
damnificada por la contaminación que la rotura de una balsa produce,
se ha personado en el procedimiento penal, como no puede ser de otra
forma. Señoría, el que yo no tenga la responsabilidad de la
prevención en ese daño que se produce, porque no le corresponde al
Gobierno central el seguimiento de esa balsa y la prevención de la
situación de esa balsa no le corresponde al Ministerio de Medio
Ambiente, no se opone a que, en el momento en que la rotura de esa
balsa produce unos daños en el Gobierno central, el Gobierno central
repare esos daños, señoría, con el dinero de todos los españoles. El
Ministerio de Medio Ambiente invierte 6.000 millones de pesetas de
todos los españoles. Creo que hubiera sido de una irresponsabilidad
sin límites el haber dejado pasar todo el tiempo de reclamación de
acciones para no haber actuado como el derecho nos permite; era una
obligación del Gobierno central. Yen este caso concreto, inclusive,
cuando hemos pedido la ampliación del proceso, no -como se ha dicho-
para recurrir en el exterior, sino para pedir que se traiga a juicio
a las empresas matrices -porque sabemos de la insolvencia de la
empresa Boliden para pagar todos los daños que la empresa Boliden-
Apirsa ha producido-, hemos actuado también, como no podía ser de
otra forma, señoría, en nombre del Estado español, y el Estado
español es un Estado de las autonomías, señoría. Eso es lo que hay
que hacer y eso es lo que hemos hecho. Y como S.S. sabe que lo hemos
hecho y no nos puede criticar porque no lo hemos hecho, entonces dice
que, si no ha pasado nada, por qué me querello. Pues mire,
concretamente, porque el Gobierno central ha pagado 6.000 millones de
pesetas, es decir, han pagado todos los ciudadanos españoles, sin
venir a cuento, porque los españoles han sido contaminados en su río,
en el río Guadiamar, en un río que estaba sano, en un río que no
tenía esa contaminación, en un río en el que vivían los peces, que
regaba los cultivos, señoría. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que
se rompe una balsa. ¿De quién? De una empresa privada. ¿Y quién la
autoriza? Una comunidad autónoma. Señoría, esto no es su palabra
contra la mía, esto no es desigualdad en la información. Diga S.S. lo
que le parezca, ésta es la realidad de unos hechos avalados por la
documentación que le traigo a S.S., y esa documentación es el Boletín
Oficial del Estado. Frente al Boletín Oficial del Estado, no hay
ningún editorial de ningún periódico; será de lo más competente, el
que usted cita y todos los demás, no tengo ninguna duda, pero
probablemente no han tenido acceso al Boletín Oficial del Estado o,
como lo que se ha dicho no hacía sospechar que existía un
Boletín Oficial del Estado del año 1983 con esas cosas - porque no se
ha querido decir-, no tenían por qué conocerlo, pero no creo que
sigan diciendo lo mismo cuando ya conocen ese Boletín Oficial del
Estado. Por tanto, no es querella, es ejercer todas las acciones en
el juicio penal y, desde luego, porque se han producido daños. Una
cosa es que no los hayamos causado nosotros y otra cosa muy distinta
es que no hayamos tenido que asumir las responsabilidades de limpiar
las consecuencias de esa catástrofe. Es muy distinto, señoría. Yo soy
responsable de limpiar, pero no soy la responsable de que eso se haya
producido.
En relación con el programa Doñana 2005, señoría, he de decirle -y
también apelo a los diarios de sesiones- que se ha explicado con toda
claridad. El programa Doñana 2005 no se pone en marcha, salvo en esta
primera actuación que, sin declararla de interés general, se hizo de
inmediato, por un importe de 450 millones de pesetas, porque había
que terminarlo antes de que llegaran las posibles lluvias
torrenciales, para evitar no solamente que entrara la contaminación
en el parque nacional -que pensábamos que había tiempo de limpiar-,
sino ni siquiera los sedimentos que se habrían ido arrastrando si las
lluvias torrenciales hubieran llegado antes de haber terminado toda
la limpieza; inclusive, terminada la limpieza de los lodos, si no
hubiera habido tiempo de hacer esa hidrosiembra de la que antes
hablaba la señora Narbona y hubieran llegado las lluvias
torrenciales, los sedimentos, a través de esos arrastres, habrían
producido una colmatación de la marisma que no deseábamos. Era una
situación muy excepcional y, por eso, se han hecho cosas con carácter
transitorio, porque se podrán retirar en el momento en que el cauce
del Guadiamar esté completamente recuperado, la hidrosiembra hecha
y ya no se corran esos riesgos. En cuanto al resto de las actuaciones
que se han llamado Doñana 2005, quiero recordar a S.S. que se vienen
prometiendo en Andalucía (en otro contexto, con otras
características, pero la finalidad viene a ser siempre la misma)
desde el año 1981, que es la primera vez que se habla de ello en el
Patronato de Doñana, y existe un decreto del año 1984 en el que se
habla de la regeneración hídrica de Doñana. Alo mejor se planteaba
con otra configuración, pero la intención y el concepto de
regeneración hídrica -que es el que ahora hemos denominado Doñana
2005, porque lo vamos a terminar en el año 2005- es aportar la
cantidad y la calidad de aguas, porque no este año ni el pasado ni
como consecuencia de las minas de Aznalcóllar, sino por todos los
cambios que se han ido produciendo, de los encauzamientos de ríos de
nuevas zonas dedicadas a la agricultura o a la pesca, se han ido
retirando las aportaciones naturales de agua que de siempre llegaron
a Doñana. Por tanto, no mezclemos que 15.600 millones de pesetas se
van a invertir en el parque nacional de Doñana porque éste haya sido
contaminado por los lodos y las aguas ácidas. Si usted sigue
manteniendo esto, le digo que falta a la verdad, señoría, con toda
sinceridad. Yo no la tengo que acusar de nada, señoría, y la respeto
como usted me respeta a mí, pero espero que partir del conocimiento
de los datos que se le vienen dando reiteradamente, usted no siga -al
modelo Woody Allen- sin buscar titulares, consiguiéndolos porque crea
una polémica -la mía, con los hechos, con los documentos, y la de
usted, con afirmaciones categóricas-; espero que hoy no
pueda desmentir los informes que yo he puesto encima de la mesa ni el
decreto. Por tanto, le reitero que no he hecho juicios de valor.
Me dice que me reúna con los portavoces. Señoría, yo no las he
contabilizado, pero le aseguro que de las sesenta y cuatro
comparecencias, bastantes han sido para reunirme con los portavoces,
y, en vez de hacerlo tomando un café, que me parece estupendo que
tomemos café, lo he hecho con luz y taquígrafos, para que quede
constancia, y ustedes puedan también explicar todo lo que consideren
oportuno, y aquí queda escrito. Luego no me diga usted que a ver si
me reúno con los portavoces, porque no he hecho otra cosas desde el 7
de mayo, y a petición propia, señoría.
Señora Narbona, yo no le he acusado a usted ni de mala fe ni de
ignorancia; lo único que he dicho es que no pude entender nunca que
dijera, en el fragor de la batalla, que usted ya habría dimitido. Le
recordé entonces, y se lo he vuelto a recordar hoy, que ¿en concepto
de qué podría haber dimitido? Hoy me dice S.S. que porque la
confederación del Guadalquivir no tenía dotación de medios humanos
y materiales. Vaya, no creía yo que eso fuera para presentar la
dimisión con motivo de la rotura de las minas de Aznalcóllar, cuando,
créame, por muchos desmanes que yo hubiera podido cometer, en tres
años no desmantelo las confederaciones hidrográficas, si esa fuera la
intención de la ministra.
No tengo tiempo ahora, pero le decía al presidente que si hubiéramos
interrumpido la sesión, con mucho gusto, señoría, le habría recordado
párrafos de su intervención o de sus intervenciones, porque usted
jamás pidió la dimisión de la ministra de Medio Ambiente porque no
tenía bien dotada la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir;
pero no tengo tiempo, porque no ha interrumpido la sesión, de leer
por qué usted pedía la dimisión de la ministra de Medio Ambiente.
En cualquier caso, hoy ya queda constancia en el 'Diario de Sesiones'
dónde estaban las competencias que jamás pudo asumir la que ha sido
llamada ministra incompetente, que ha asumido las competencias que la
Constitución española del año 1978 otorga al Ministerio de Medio
Ambiente.
Me pregunta usted sobre el lecho del río contaminado. Señoría, ya le
he dicho que, aunque pudiera estar contaminado el lecho del río, yo
no tengo por qué negarlo, hay contradicción en los informes de los
científicos.
También digo a la representante de Izquierda Unida que, por encima de
sus afirmaciones en cuanto a que se retire la acusación y al
descrédito- todo esto queda muy bonito-, por encima de las
interpretaciones que S.S. hace de mis palabras, está el 'Diario de
Sesiones'. Fíjese si es bueno que, en vez de reunirnos solos los
portavoces a puerta cerrada, nos reunamos con luz y taquígrafos, que
para eso es la democracia.
Usted podrá interpretar lo que quiera de mis palabras, pero, por
encima de la interpretación que S.S. haga, ahí quedan mis palabra. Yo
no he acusado a los científicos, lo que he dicho es que, frente a lo
que usted y yo hemos leído en los medios de comunicación que decía el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas- yo no sé si lo decía
o no lo decía el Consejo, yo he leído los medios de comunicación,
señoría, no me he reunido con ningún científico del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas-, yo he
leído la carta del presidente Nombela. Es lo único que he hecho, no
son juicios de valor, y no estoy criticando a los científicos, aunque
sí le puedo decir que reclamo de los científicos, de todos los
científicos, que aporten soluciones.
Algunas experiencias le aseguro que hemos vivido. Durante este año
hemos tenido oportunidad de contactar con muy distintos científicos
en el Consejo, a través del presidente Nombela, y fuera del Consejo,
de muy distintas universidades, y, créame, los juicios no podían ser
más encontrados. Se lo digo por la experiencia que he vivido,
señorías -ésa sí que la he vivido personalmente-, a través de
distintas universidades y de distintos científicos, y eso no es
criticar a los científicos, porque la ciencia tampoco es infalible.
Uno puede opinar que, tratándolo con tal sustancia, se soluciona, y
otro puede decir que eso funciona en el laboratorio pero que luego no
va a funcionar en otro sitio; uno puede decir que, según esos
parámetros, hay tantos niveles de cadmio, y otro puede decir que no
existen esos niveles de cadmio, y tan científicos son unos como
otros, señorías, porque todos trabajan en instituciones, y, que yo
sepa, no han cesado a ninguno, muchos de ellos catedráticos. Por
tanto, yo no los desprestigio, no los desprestigie S.S. ni ponga en
mis palabras lo que yo jamás he dicho.
En cuanto al inventario de las balsas mineras, señoría -vuelvo a
reiterarle-, nosotros podremos saber de la calidad de los ríos, de la
que evidentemente, no nos encontramos satisfechos, como yo pienso que
tampoco S.S. debía sentirse satisfecha cuando tuvo alguna
responsabilidad sobre el tema. La calidad de nuestros ríos no está
para echar campanas al vuelo, pero es una razón más para que todos
intentemos profundizar en las medidas que hay que adoptar para que
esa calidad de los ríos sea cada vez mejor. Si existe alguna balsa de
residuos minerales que pueda estar contaminando, tendrán que ser las
comunidades autónomas las que tomen esas medidas. Por tanto, no
empecemos a atribuir responsabilidades que no tiene el Ministerio de
Medio Ambiente en la explotación o en el seguimiento de esas balsas
de residuos minerales que pudieran existir. Nosotros estamos
ocupándonos de intensificar cada vez más -luego hablaremos de la
política hidráulica- la calidad de esos ríos. Créame usted que no hay
varitas mágicas para que de la noche a la mañana se solucione la
calidad tan deteriorada de muchas de las aguas de nuestros ríos.
Con esto, señoría, creo haber finalizado la intervención relativa a
la catástrofe de las minas de Aznalcóllar, agradeciendo a SS.SS. su
participación y esperando que haya servido una vez más para
esclarecer datos y para que quien tenga que asignar
responsabilidades, las asigne.
El señor PRESIDENTE: Por un tiempo de cinco minutos, vamos a
interrumpir la sesión, que se reanudará con el debate del segundo
punto del orden del día.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- CONTENIDO DEL INFORME SOBRE POLÍTICA HIDRÁULICA, QUE, COMO
CONSECUENCIA DE LA MOCIÓN APROBADA POR
EL PLENO DEL CONGRESO EL PASADO MES DE OCTUBRE, LE CORRESPONDE
PRESENTAR CADA SEIS MESES. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000267.)
- CONTENIDO DEL LIBRO BLANCO SOBRE EL AGUA Y POSICIÓN ESPAÑOLA EN
RELACIÓN CON LA FUTURA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE POLÍTICA DEL AGUA. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000852.)
- EL LIBRO BLANCO DEL AGUA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES LEGALES
PREVISTAS EN DICHA MATERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000900.)
- CONTENIDO Y APLICACIÓN DEL LIBRO BLANCO DELAGUA, ASÍ COMO LAS
REFORMAS LEGISLATIVAS PREVISTAS EN DICHA MATERIA PARA EL DESARROLLO
DE UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000955.)
- CONTENIDO DELLIBRO BLANCO DELAGUA EN ESPAÑAY POSTURA QUE VA A ADOPTAR
EL GOBIERNO CON RESPECTO A LA FUTURA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE POLÍTICA
DEL AGUA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/001008.)
- SITUACIÓN HIDROLÓGICA DEL PAÍS Y REFORMADE LA LEY DE AGUAS. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000119.)
El señor PRESIDENTE: Como segundo punto del orden del día se van a
acumular los puntos números 5, 6, 7, 8, 9 y 10, relativos al informe
sobre la política hidráulica del Gobierno y el Libro Blanco del agua.
Las solicitudes de comparecencia han sido presentadas por el Grupo
Socialista, el Grupo Parlamentario Mixto , el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida y por el propio Gobierno. Dado lo avanzado
de la hora y que esta Presidencia tiene la intención de levantar la
sesión a las 14,30 horas, ya que nos hemos excedido en el primer
punto del orden del día, debido a su interés, les ruego a los señores
portavoces la máxima brevedad en sus intervenciones, empezando por la
señora ministra, que tiene la palabra en primer lugar.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, créame que me gustaría ser breve, pero esto es más que
una tesis doctoral que lleva años y es la política hidráulica del
Gobierno, de un Gobierno que va a hacer pronto tres años que está y
que ha producido, como diré a continuación, una situación de la
política hidráulica realmente importante, en la medida en que ha
salido de las competencias de un Ministerio de
Obras Públicas y ha pasado a un Ministerio de Medio Ambiente y esto
significa algo, como verán SS.SS. por datos que pasaré a dar a
continuación.
Quizá, por tratar de seguir un poco el orden de las intervenciones
que me han sido solicitadas y que el presidente ha tenido a bien
resumir en una sola, empezaré comentando el informe sobre política
hidráulica, que en efecto se comprometió el Gobierno, por una moción
aprobada por el Pleno del Congreso el 8 de octubre de 1996, a remitir
semestralmente dando cuenta del estado de la política hidráulica. El
Ministerio de Medio Ambiente ha remitido dos informes, con fecha 9 de
mayo de 1997 y de 24 de marzo de 1998, y asimismo ha remitido los
planes hidrológicos de cuenca el día 22 de octubre de 1998 y el Libro
Blanco del agua el día 22 de febrero. Por tanto y continuando con el
resto de informes que seguiremos presentando, creemos que SS.SS.
pueden tener puntual información de cómo se va desarrollando la
política hidráulica de este Gobierno.
En cualquier caso quería decir que, desde mi punto de vista, la
política tradicionalmente desarrollada en España en relación al agua
está en profunda crisis desde hace varios años, como consecuencia
esencialmente de una serie de cambios económicos, sociales y
técnicos, a los que, entiendo, no se han adaptado suficientemente ni
las administraciones -concretamente la administración hidráulica- ni
los usuarios, y creo que a partir de los años setenta se han vivido
en España suficientes y profundas transformaciones que motivan este
cambio; transformaciones, por ejemplo, como el ingreso de España en
la Unión Europea, con la consiguiente apertura de nuestra economía a
un contexto internacional más competitivo; la incorporación
generalizada a los valores ambientales, que históricamente no se
tenían en cuenta; la redefinición de los objetivos y del papel del
gasto público en la economía nacional; la progresiva liberalización
de algunos sectores como el hidroeléctrico y el agrario, que tienen
una enorme repercusión en la política del agua, o inclusive la nueva
configuración autonómica del Estado español, que transfirió
importantes competencias en materia de aguas a los gobiernos
autonómicos y locales. Al mismo tiempo, en la propia materia de aguas
se han producido algunos cambios importantes que deben ser tenidos en
cuenta. Por una parte, el crecimiento, diría que en cierto modo
incontrolado, de los usos y consumos del agua a partir de los años
sesenta, y hora es ya de decir que la demanda no puede seguir siendo
ilimitada porque la oferta, señorías, no puede seguir siendo tampoco
ilimitada. Por otra parte, hay nuevas posibilidades tecnológicas
vinculadas precisamente a dos aspectos que nos pueden llevar
a obtener nuevos recursos si utilizamos la técnica de la desalación y
de la reutilización, cuyos costes progresivamente son más económicos.
Ha llegado el momento también de plantearse infraestructuras,
hidráulicas que debe promover y financiar el Estado, para ajustarlas
a unos criterios ambientales y económicos, efectivamente en aquellos
en que la rentabilidad económica justifique el cien por cien de
financiación del Estado.
Esta constatación de la crisis de este modelo tradicional y la
necesidad de promover un profundo cambio de los criterios con los que
el Estado debe administrar el agua es lo que ha llevado al Partido
Popular, en su programa de
gobierno, pero esencialmente desde que crea el Ministerio de Medio
Ambiente, que asume las competencias en materia de aguas, a
incorporar a su gestión un riguroso enfoque ambientalista. Esta
medida ha supuesto un profundo giro en España donde tradicionalmente
se identificaba la política del agua con la promoción de obras
hidráulicas, casi siempre de regadíos de iniciativa pública, como lo
demuestra el hecho de que su administración haya estado
tradicionalmente vinculada a los ministerios de Obras Públicas.
Por todo cuanto antecede el Ministerio de Medio Ambiente viene
liderando una estrategia, eso sí, de largo alcance; no se cambian los
esquemas de la noche a la mañana, pero queremos por ello culminar la
etapa de regulación y planificación hidrológica en las cuencas
hidrográficas para centrarnos en el objetivo principal de la política
del agua de este Gobierno, que es la gestión del recurso. Este
vuelco, que entiendo que es netamente conservacionista, supone
necesariamente un cambio de mentalidad, en los usuarios y en la
propia administración hidráulica, y es lo que se está llevando a la
práctica, hasta ahora con un amplio consenso y con una gran
corresponsabilidad de todos los sectores implicados.
La gestión del agua que viene desarrollando el Ministerio de Medio
Ambiente obedece a unos criterios concretos. En primer lugar, como ya
les he dicho a sus señorías, se pone el acento de manera especial en
los aspectos medioambientales y en la racionalización del uso, más
que en la tradicional política de obras hidráulicas. En segundo
lugar, estamos incentivando la iniciativa privada en la financiación
de programas y actuaciones que históricamente habían sido reservadas
a la iniciativa pública. En tercer lugar, estamos independizando la
política del agua de la política agraria. En cuarto lugar, estamos
reorientando las inversiones públicas hacia la protección del dominio
público hidráulico y hacia la calidad medioambiental del agua, que es
lo que nos exige la normativa europea. Por último, estamos poniendo
en marcha una amplia reflexión y un amplio debate social sobre este
modelo de política hidráulica, sobre el que existía con anterioridad
y sobre el que queremos ir desarrollando con el máximo consenso
social sobre los fundamentos de una nueva política del agua del siglo
XXI. Por tanto, me atrevería a calificar estos tres primeros años de
existencia del Ministerio de Medio Ambiente y de presencia del
Gobierno del Partido Popular, que tiene esta idea clara de una nueva
concepción de la política del agua de un país que es miembro de la
Unión Europea y que tiene que estar poniendo en marcha todas esas
directivas comunitarias, como etapa de transición, porque tres años
no son suficientes para acabar con esos conceptos tan arraigados en
todo este siglo y pasar de la noche a la mañana a eliminar esas
viejas formas de actuar para definir los criterios, y afrontar los
nuevos problemas y que estos encuentren la solución en tan sólo tres
años.
La situación que nos encontramos en el año 1996 cuando llegamos al
Ministerio de Medio Ambiente y que nos llevó a cambiar en esta
orientación la política hidráulica nos lleva a reconocer lo
siguiente. Existía, y existe aún, un gran deterioro de la calidad de
las aguas superficiales y de las aguas subterráneas, como
consecuencia en gran medida de prácticas agrícolas poco idóneas y de
vertidos sin depurar o incontrolados. Por otra parte, estamos
trabajando en
algo que nos parecía imprescindible. Nos encontramos con que era
necesario actualizar los registros administrativos sobre los derechos
al uso del agua, basados en una planificación rigurosa que incluya
balances entre el agua existente y las demandas asociadas. También
era necesario la optimización económica del gasto público en
infraestructuras hidráulicas, evitando lo que algunos han denominado,
con cierta razón, las subvenciones perversas, esas subvenciones que
se establecen en sectores económicos cruzados.
La administración hidráulica, tradicionalmente promotora y gestora de
todas estas obras, entendemos que requiere una organización en
profundidad para garantizar algo que realmente nos preocupa, la
gestión eficaz del agua. Para ello, estamos poniendo en marcha
procedimientos de colaboración entre las comunidades y los usuarios,
porque en definitiva de lo que también se trata es de defender el
dominio público hidráulico de la permanente agresión por acciones del
hombre, que ha sido bastante incontrolada en las últimas decenas de
años.
El hecho de que la evolución de la sociedad haya puesto de manifiesto
la crisis del modelo tradicional por las razones ya expuestas, no
quita -y creo que es importante subrayarlo- que no sean necesarios
ese modelo que se puso en marcha hace años o esa política hidráulica
que se desarrolló en sus tiempos en España desde principios de siglo,
asociada fundamentalmente a esa promoción estatal de infraestructuras
para regadíos. No seré yo quien diga que no fue necesaria, porque
entendemos que sí lo fue, así como acertada. Lo que ocurre es que si
bien sin ese bagaje no hubiera sido posible diseñar y acometer la
situación hidrológica que España necesitaba en esos momentos, por las
circunstancias en las que nos estamos moviendo hace ya algunos años
era urgente y necesario cambiar esos esquemas y plantearnos
sinceramente una nueva política del agua, razón por la cual cuando se
creó el Ministerio de Medio Ambiente reclamé al presidente de
Gobierno, que así lo entendió perfectamente, la política del agua en
las competencias de dicho Ministerio.
Estamos reorientando la política del agua con esos criterios básicos
de actuación de la administración hidráulica en unas líneas de
trabajo más acordes con este futuro en el que España tiene que
competir. Por eso les diría qué es lo que estamos haciendo. En primer
lugar hemos iniciado una reorientación clara de la política del
gasto. ¿Cómo? Manteniendo las inversiones. Si ustedes analizan las
inversiones del Estado en política hidráulica de los años 1996 a
1999, verán que no solamente se han invertido esas cantidades, sino
que se asigna a la política del agua más dinero que en los gobiernos
anteriores.
En segundo lugar estamos actuando sobre lo que denominaríamos
redistribución del gasto, porque de nada serviría estar diciendo que
está tocando a su fin ya esa política hidráulica como concepción
única de la política del agua en la creación de nuevas
infraestructuras, para pasar a una política del agua entendida cómo
recurso natural que todos tenemos la obligación de proteger y de
conservar, si cuando tenemos en nuestras manos los presupuestos no
plasmáramos en ellos este cambio de actitud. Por eso ustedes verán
también como en los presupuestos de los años 1996 a 1999 decrece la
inversión para grandes presas, para nuevos regadíos y para lo que se
denomina en materia medioambiental
encauzamientos duros de los ríos, mientras que aumentan
ostensiblemente esas inversiones para abastecimiento humano, sobre
todo para saneamiento y depuración. Rompiendo una clara tradición
histórica se ha congelado el gasto en los programas tradicionales de
creación de una nueva obra pública hidráulica y se ha incrementado
muy sustancialmente el gasto vinculado al saneamiento y calidad de
las aguas.
En tercer lugar, en esa reorientación de la política del gasto hemos
puesto en marcha nuevos instrumentos jurídico- financieros que nos
permitan optimizar ese gasto público y lograr que los usuarios de las
aguas se corresponsabilicen de la financiación de las inversiones que
reclaman al Estado. Por esa razón el Ministerio de Medio Ambiente
habrá constituido desde finales de 1997 hasta finales de 1999 ocho
sociedades estatales. También hay una diferencia en la reorientación
del gasto hacia inversiones ambientales, y, coherentes con los
objetivos del Ministerio de Medio Ambiente, se han creado nuevos
instrumentos jurídicos de gasto de fondos estructurales europeos
orientados precisamente a inversión estrictamente ambiental que no
existía antes del año 1996. En ese sentido, algunas confederaciones
hidrográficas pueden recibir directamente dinero de la Unión Europea
para inversiones ambientales, por ejemplo, en la Confederación del
Tajo por un importe de 18.047 millones de pesetas y en la
Confederación del Norte, por no citar otras, por un importe de 7.300
millones de pesetas.
Por último en esa reorientación del gasto estamos también acudiendo a
lo que denominamos optimización del gasto público. Efectivamente, con
esos nuevos mecanismos financieros que se ponen en marcha, con ese
nuevo y exigente control de que los proyectos sean elegibles para que
puedan tener las dotaciones de los fondos de cohesión que llegan de
la Unión Europea, es necesario ser cada vez más escrupulosos en el
análisis económico-financiero y de rentabilidad social de las
inversiones que se realizan.
Por otra parte y unido al primer criterio que he denominado de
reorientación de la política del gasto, el segundo es el de impulso a
la gestión de las confederaciones hidrográficas. Lo que hemos hecho
ha sido apostar decididamente por reforzar las confederaciones
hidrográficas y aumentar su capacidad de gestión, en primer lugar,
profesionalizando la presidencia, que los presidentes de
confederaciones, que tienen encomendada la gestión de esos órganos,
sean personas con un perfil vinculado a la administración hidráulica.
Por otra parte, hemos reforzado las competencias medioambientales de
las confederaciones y estamos trabajando en la reforma de la
administración hidráulica, que luego les comentaré, para dotarnos
también de personas con este perfil más ambiental, que con
anterioridad no existía en las confederaciones. Concretamente, con la
política de calidad hemos reforzado algunas medidas muy importantes
dentro de las confederaciones, como, por ejemplo, unificar las
antiguas direcciones generales de Calidad de las Aguas y de Obras
Hidráulicas para lograr que los objetivos de calidad no estén en un
mundo aparte, sino que estén influyendo todas las inversiones y toda
la gestión del recurso. Por otra parte, están funcionando a pleno
rendimiento los programas Saica, Linde y Aryca, que han sido
revisados para cada una de las confederaciones hidrográficas,
a fin de definir sus prioridades conforme a un modelo
ampliamente descentralizado. Con estas decisiones estamos
posibilitando lo que denominamos la gestión integral del agua, que
nos parece que el anterior modelo administrativo no permitía, y de
esta forma disponemos de un aparato organizativo capaz de dar
respuesta a las demandas sociales, cada vez más orientadas a
conservar, proteger y mejorar el medio hídrico natural. Por último,
con la integración de los servicios de la antigua Dirección General
deCalidad de las Aguas en las confederaciones, estamos consiguiendo
el refuerzo de las comisarías de aguas, puesto que se les presta una
ayuda permanente, dotándolas de más medios humanos y presupuestarios
al servicio de la gestión del recurso. Ya les digo que en la reforma
de la administración estamos trabajando para incrementar la dotación
de medios humanos precisamente para las comisarías de aguas, cosa que
no podremos ver en esta primera legislatura pero sí en la siguiente.
En tercer lugar, nuestra preocupación se orienta a la protección del
dominio público hidráulico, integrado por las aguas continentales,
superficiales y subterráneas y los cauces y lechos de nuestros ríos,
que ha sufrido -ya lo hemos recordado aquí esta mañana-
históricamente una enorme agresión de origen humano por la
urbanización y ocupación con fines agrícolas de las márgenes de los
ríos, lo que ha impedido físicamente proteger y conservar nuestros
ríos y ha generado, como hemos visto en los últimos años, riesgos
tremendos, incluso daños humanos, con pérdidas de vidas humanas en
casos de avenidas, cosa irreparable que todos hemos vivido
trágicamente. Para preservar estos ríos y sus cauces el instrumento
imprescindible es el deslinde, la delimitación física y jurídica
sobre el terreno de qué es dominio público, que no puede ser ocupado
por ninguna instalación ni construcción. Ya les he dicho antes que
España dispone de aproximadamente 40.000 kilómetros de cauces; serían
80.000 kilómetros a deslindar. En mayo de 1996 -ahora sí tengo el
dato- únicamente estaban deslindados 64,3 kilómetros. El Ministerio
de Medio Ambiente, en un ambicioso programa en el que hemos trabajado
durante estos años, podrá presentar el deslinde de 3.500 kilómetros
durante el año 1999.
En cuarto lugar, nuestra preocupación se centra en impulsar la mejora
de la calidad del agua y por eso hemos pretendido poner en marcha una
verdadera política en tal sentido, primero, mediante decisiones
presupuestarias y, segundo, mediante medidas estructurales para
lograr una gestión del agua como medio natural. En relación con las
medidas presupuestarias, antes les hablaba de la inversión que se ha
producido precisamente en saneamiento y depuración. Puedo decirles
que en el último presupuesto aprobado por el Gobierno socialista el
programa de calidad de las aguas estaba dotado con 20.458 millones de
pesetas y nosotros hemos tratado de incrementar los fondos destinados
a ese programa de saneamiento y de calidad y, por lo tanto, en el año
1999 el incremento respecto al año anterior fue del 14,09 por ciento,
pero es que en 1998 había supuesto el 63,62 por ciento. Como se puede
ver, ese gasto anual de calidad de las aguas prácticamente se ha
duplicado con relación a lo que existía hasta el año 1996. En este
momentonuestros vertidos se adecuan a la directiva comunitaria y
estamos ya en el 50,7 por ciento en 1998, cifra que aumentará en un
15 por ciento a finales de 1999.
En cuanto a las medidas estructurales para lograr esa gestión moderna
del agua y esa nueva política del agua, se han adoptado las
siguientes iniciativas. En primer lugar, el diseño de un sistema de
detección de calidad de las aguas para recoger y procesar la
información necesaria para planificar y mantener niveles razonables
de calidad del agua de cada río, embalse, lago o acuífero. En segundo
lugar, se ha logrado la unificación de tratamiento de la información
necesaria para cumplir las directivas de calidad del agua y lograr
que su tratamiento e interpretación sean homogéneos, de manera que se
garantice la transparencia informativa en la Unión Europea. En tercer
lugar, se ha agilizado el procedimiento sancionador, replanteándose
el proceso para proteger eficazmente el dominio público hidráulico de
los infractores, valorando los daños causados y fijando
indemnizaciones en relación con los vertidos contaminantes.
En cuanto a actualización de autorización de vertidos, como se sabe,
en nuestro sistema legal la autorización provisional implica que el
vertido no cumple todavía con los requisitos de calidad legalmente
exigibles. Por esta razón, cuantas más autorizaciones de vertidos
pasen de provisionales a definitivas, mejor será la calidad de
nuestras aguas; por ello, el Ministerio de Medio Ambiente está
haciendo un gran esfuerzo para exigir el cumplimiento de la
depuración de vertidos. Desde luego, señorías, no nos sentimos en
absoluto contentos de lo que hasta ahora se ha conseguido y queremos
que sean cada vez más las autorizaciones que pasen a definitivas. De
hecho, si existían 3.070 autorizaciones definitivas de vertido en el
año 1994, hoy estamos en 4.687, y, lo que es más importante, si
existían 552 autorizaciones provisionales sometidas a plan de
regularización, hoy son 3.756 las que quedan sometidas a dicho plan.
Por último, también en este apartado, la regulación de los caudales
ecológicos es otra de las preocupaciones de este Ministerio y por eso
hemos promovido una nueva regulación radicalmente distinta y por
primera vez en España, y es que el caudal ecológico ha de ser
respetado por todos los usuarios y administraciones como restricción
general a la explotación de las aguas, en una proporción de un 20 por
ciento. Esta reforma ha tenido fuerza jurídica a través del artículo
segundo, párrafo c) del Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por
el que se aprueban los planes hidrológicos de cuencas.
Por otra parte, nuestra preocupación, como les decía al principio de
mi intervención, es culminar el proceso de planificación hidrológica
para poder pasar a dar todavía más prioridad a lo que es la gestión
del recurso y a una gestión en calidad y en racionalización de ese
recurso. Por tanto, los planes hidrológicos de cuenca, que la Ley de
Aguas contemplaba en el año 1985 y cuya existencia condicionaba para
la aprobación de una política moderna del agua, han sido aprobados,
como saben todos ustedes, bajo la dirección del Ministerio de Medio
Ambiente, a través de las confederaciones hidrográficas que
elaboraron los tres planes todavía pendientes (el Júcar, el Tajo y el
Segura), lo que supuso una ordenación jurídica moderna de todo el
sureste español, donde el recurso es más escaso y en consecuencia más
falta hacía contar con un marco seguro para los usos del agua. Al
mismo tiempo, estos planes se elaboraron
siguiendo una nueva y rigurosa técnica de planificación
hidrológica, que ha permitido estimar de forma precisa los balances
sobre los recursos existentes y las demandas asociadas a los mismos.
Sobre la base de esos estudios se ha logrado un consenso que no la
ministra de Medio Ambiente sino algunos presidentes de comunidades
autónomas, no precisamente del Partido Popular, calificaron de
históricos, concretamente en las regulaciones de la cuenca del Júcar
y del Tajo-Segura. Los planes de cuenca aprobados en esta legislatura
se caracterizan por crear una nueva asignación de derechos sin
recurrir a nuevas infraestructuras. Se caracterizan por el amplísimo
grado de consenso alcanzado entre los usuarios y las comunidades
autónomas implicadas, en algunos casos hasta nueve. Asimismo
entendemos que han pacificado algunas de las llamadas guerras del
agua más enquistadas y virulentas que se han vivido en España. Han
sido informados favorablemente por una amplísima mayoría del Consejo
Nacional del Agua, máximo órgano asesor del Gobierno en esta materia,
y, por último, se ha establecido una doctrina sobre planificación
hidrológica absolutamente moderna, que ha hecho suya el Gobierno en
la exposición de motivos de este Real Decreto de 24 de julio de 1998.
Por otra parte, y es el paso posterior a esta aprobación de los
planes de cuenca, primera planificación hidrológica que tiene
naturaleza jurídica en España, está pendiente la aprobación de la ley
del Plan hidrológico nacional, habiendo sentado ya las bases el
Ministerio para la elaboración de esta última pieza jurídica que
queda por aprobar para cerrar la ordenación de las aguas en España.
Siguiendo la metodología de trabajo que ha inspirado desde 1996 el
comportamiento del Ministerio de Medio Ambiente, su redacción se está
configurando como un amplio debate social promovido a partir del
Libro Blanco del agua en España, que fue presentado por mí misma en
el Consejo Nacional del Agua el pasado 10 de diciembre y que se
aportó a esta Cámara el 22 de febrero.
En cualquier caso y como instrumentos para poner en marcha estas
asignaturas pendientes, queremos que la información, la planificación
y el consenso sean los instrumentos de los que nos dotemos para
conseguir una política del agua acordada entre los usuarios y las
administraciones implicadas. En ese sentido, recuerdo una vez más
cómo se logró, con consensos realmente históricos, la planificación
hidrológica de cuencas y cómo el primer borrador de la reforma de la
Ley de Aguas, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, se
repartió a todas las personas e instituciones interesadas el 16 de
mayo de 1997. Desde entonces, ha sido objeto de análisis y dictámenes
en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, en el Consejo Nacional
del Agua, en el grupo de trabajo ad hoc del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, en la Comisión interministerial del Agua, en el Consejo
Económico y Social y en la Comisión Nacional de Administración Local,
así como en centenares de foros, donde los contenidos de este
borrador han sido analizados por usuarios, administraciones y otros
expertos. Hemos recibido más de un centenar de observaciones por
escrito al texto propuesto a debate, que ya se han estudiado, y fruto
de esta amplia consulta social, se ha modificado enuna gran medida el
primer borrador inicial.
Con relación al Plan hidrológico nacional, el contenido de esta
futura ley se está elaborando con rigurosos estudios y mediante el
debate que ha suscitado el Libro Blanco del agua en España, documento
científico y programático sin precedentes en nuestro país que en
estos momentos está siendo objeto de análisis y estudio en muy
distintos foros. Esta forma de actuar del Ministerio de Medio
Ambiente creemos que está permitiendo que desaparezca ese clima de
enfrentamientos en que se desenvolvió la política del agua en los
años anteriores. El nuevo enfoque de información, participación y
consenso que se ha logrado está permitiendo que estos años de
Gobierno del Partido Popular estén dando resultados realmente
positivos en materia de agua, resolviéndose al final de esta
legislatura con el Plan hidrológico nacional, como esperamos,
problemas históricos y sentándose las bases para una nueva política
del agua adecuada al siglo XXI.
Con relación a la reforma de la Ley de Aguas, que esperamos presentar
en las próximas semanas al Consejo de Ministros, teniendo por tanto
oportunidad de debatirla en profundidad en esta Cámara, simplemente
quiero decir que lo que pretendemos es incorporar a la legislación
vigente esos criterios medioambientales y las líneas de trabajo a las
que ya nos hemos venido refiriendo en el presente documento,
profundizando en la dimensión ecológica de las aguas continentales y
contemplando los recursos alternativos como la desalación, la
reutilización o las mejores técnicas agrícolas para promocionar algo
que nos preocupa, como es el ahorro y el mejor aprovechamiento de los
recursos hídricos; regular las obras hidráulicas como una clase
específica de obra pública; modificar el régimen económico-
financiero en el canon de vertido; mejorar la transparencia
informativa en la gestión del agua; promocionar las CUAS, comunidades
de usuarios de asociaciones de aguas subterráneas, para que
participen en esa gestión del agua y flexibilizar el régimen de
concesiones para optimizar la asignación de los recursos hídricos,
fomentando de esta forma también la política de ahorro, trabajando en
estrecha colaboración con la Administración estatal y las comunidades
autónomas y logrando de esta forma una gestión cada vez más eficaz de
las aguas incorporando de una forma mucho más importante la gestión
de las aguas subterráneas. Este proyecto de ley, que ha sido
informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua, está
próximo a su presentación en el Consejo de Ministros.
Para finalizar esta primera parte de mi intervención, he de decir que
los retos para el último año de esta legislatura son: la aprobación
de la reforma de la Ley de Aguas, formular y consensuar ese Plan
hidrológico nacional para presentarlo en las Cortes en esta
legislatura; realizar el comienzo de ese deslinde real del dominio
público hidráulico, convertir la autorización de vertido en un
instrumento básico para mejora de la calidad de las aguas y
garantizar la transparencia informativa en materia de calidad de
aguas, profundizando en la reforma de la Administración hidráulica
que esperamos poner en marcha en la siguiente legislatura, que
permita un mayor equilibrio entre las confederaciones hidrográficas y
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por un lado, y entre las
comisarías de aguas y las direcciones técnicas, por otro, dotándonos
de una relación de puestos de trabajo más adecuada a la nueva
política
que se pretende promover, más centrada -como acabo de decirles- en la
gestión medioambiental del agua, porque nos preocupa, señorías, que
en España tengamos una Administración hidráulica que por encima de
todo sea gestora y gestora eficiente de la mayor y mejor cantidad y
calidad de ese recurso.
Señorías, había una última parte de mi intervención que hacía
referencia a la directiva marco y también a la sequía. Por lo que
respecta a la directiva marco de aguas, he de decirles que ese
proyecto que elabora la Unión Europea es la norma que a su entrada en
vigor definirá de modo general la política de aguas de la Unión
Europea. Su carácter marco dará lugar al desarrollo de directivas
específicas e incorporará la mayor parte de las directivas existentes
hoy sobre aguas que quedaran derogadas a excepción hecha de las de
baño, agua potable, aguas residuales urbanas y nitratos. No sólo
conserva el acervo de las normas derogadas, sino que lo amplia
considerablemente. El proyecto de directiva incluye las aguas
continentales superficiales, las de transición entre dulces y
costeras y las aguas subterráneas. En consecuencia, aunque no haya
obligaciones directas las mejoras en las aguas señaladas tendrán un
efecto muy positivo en las aguas minerales en general.
Al contrario que otras normas, como la directiva se centra en un
medio específico que es el agua, no hace distinción alguna entre
instalaciones o fuentes de contaminación. Abarca todas las fuentes de
contaminación grandes y pequeñas, puntuales o difusas. El objetivo
general es establecer un marco uniforme para toda la Comunidad
Europea que permita, en primer lugar, evitar un mayor deteriorode las
aguas y de los ecosistemas acuáticos; en segundo lugar promover un
uso sostenible de los recursos hídricos basados en su protección a
largo plazo; y en tercer lugar reducir los efectos negativos de
inundaciones y sequías. De modo concreto establece una serie de
objetivos medioambientales e indicadores para medir el cumplimiento
de los mismos por parte de los Estados miembros, alcanzar un buen
estado ecológico y químico de las aguas de superficie, alcanzar un
buen estado químico y cuantitativo de las aguas subterráneas y
cumplir los objetivos establecidos para las áreas protegidas que
estén en relación con el agua. En todos estos casos, alcanzar el buen
estado de las aguas incluye garantizar el mantenimiento de ciertas
condiciones hidrológicas y morfológicas, tratándose de otro concepto
nuevo que obliga a mantener unas buenas condiciones en lo que se
refiere, por ejemplo, a las condiciones físicas de los cauces,
marismas o zonas costeras, preocupación que viene teniendo todo el
departamento ministerial desde que llegó al Ministerio de Medio
Ambiente.
El instrumento clave de aplicación de la directiva en las cuencas
hidrográficas son los programas de medidas, elenco de acciones y
controles a realizar con carácter obligatorio por los Estados
miembros. En estos programas, que se hacen a medida para cada cuenca
hidrográfica, se describen con detalle todas las acciones a realizar
por las autoridades competentes para conseguir los objetivos antes
señalados. Incluirán, entre otras, las siguientes cuestiones. Todas
las medidas necesarias individualizadas para aplicar la normativa
comunitaria ya en vigor; de esta forma el gestor del agua sabe todas
las obligaciones que tiene en cuanto a calidades, definición de los
controles a establecer para las
captaciones y el embalse de aguas, establecimiento de controles de
emisiones para todos los vertidos que puedan contener cantidades
significativas de cualquier contaminante, prohibición de vertidos
contaminantes en las aguas subterráneas y medidas destinadas a evitar
o reducir el impacto de la contaminación por accidentes.
Señorías, esta propuesta de directiva se presentó a la Comisión en el
año 1997 y fue remitida al Parlamento Europeo que debatió este
borrador de directiva durante 1998. Posteriormente lo sometió a
consulta de otras comisiones parlamentarias, la de Agricultura y la
de Industria, elaborándose los informes con las propuestas de
enmienda correspondientes. En principio, estaba previsto que el
debate en el Parlamento Europeo para el dictamen en primera lectura
tuviese lugar en septiembre de 1998, lo que hubiera permitido que el
Consejo de Ministros de la Unión Europea lo aprobase en diciembre de
1998. Este debate se aplazó a noviembre de 1998 y, después fue
nuevamente aplazado, por lo cual ya no hubo tiempo de que el Consejo
de Ministros de la Unión Europea se pronunciara en diciembre de 1998.
Esto que puede parecer una simple enunciación de fechas es sumamente
importante, porque no haberse aprobado la directiva comunitaria en
diciembre de 1998 nos lleva a que no se va a aprobar antes de que
entre en vigor el Tratado de Amsterdam. Ello significa que una vez
que entre en vigor empezará a decidirse por el procedimiento de
codecisión; por tanto, esa orientación de las directivas
comunitarias, concretamente de ésta, tendrá mucho que ver con las
decisiones que se tomen en el Parlamento Europeo, porque habrá que
someterlo a este procedimiento de codecisión.
Nos encontramos con que se intentó crear lo que se llamó un triángulo
informal, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, para ver
si se llegaba a algún consenso en ese triángulo informal y se
aceleraba la aprobación de esa directiva comunitaria. Nada de todo
esto fue posible, ese triángulo informal no dio los resultados
esperados, y nos encontramos con que el Consejo de Ministros de Medio
Ambiente de 11 de marzo de 1999 adoptó simplemente una posición común
sobre un texto resultante de añadir al texto que los ministros de la
Unión Europea habíamos pactado en junio de 1998 aquellas enmiendas
que había acordado aceptar ese triángulo que se había creado entre la
Comisión el Parlamento y el Consejo.
La situación actual es la siguiente. Teniendo en cuenta que el
Tratado de Amsterdam entrará en vigor el próximo 1º de mayo, el
procedimiento de adopción de la directiva, que hasta la fecha ha sido
el de cooperación Consejo-Parlamento Europeo, pasará a ser de
codecisión. Ello supone, como acabo de decir, un notable incremento
de la participación del Parlamento en el proceso, como que deberá
alcanzarse un pleno acuerdo para sacar adelante el texto.
La Presidencia europea realizó recientemente el trabajo de
identificar y abordar los principales asuntos que son objeto de
divergencia entre el texto modificado por el Consejo en junio de
1998, es decir entre el acuerdo político que habíamos alcanzado los
ministros de la Unión Europea en junio de 1998 y las enmiendas
planteadas en el Parlamento Europeo. Por tanto, nos encontramos sin
saber si va a entrar o no en el orden del día del próximo Consejo de
Ministros
ni en qué contexto va a entrar, puesto que como les digo, en
cualquier caso se estará pendiente siempre de la segunda lectura del
Parlamento Europeo al no haberse producido acuerdo entre la Comisión
y el Parlamento Europeo. Lo que se ha hecho es incorporar a la
posición común los asuntos que han sido considerados aceptables y
razonables. Hemos de decir que sí se han incorporado a esta directiva
algunos de los aspectos que realmente afectaban e importaban
a España, como reconocer que para hablar de calidad de las aguas hay
que hablar de cantidad; eso ha hecho que se entienda perfectamente el
concepto de sequías y de inundaciones que baraja España
continuamente, el reconocimiento de humedales y las obligaciones de
muestreo y seguimiento en aguas marinas o en sustancias endocrinas,
que eran algunas propuestas que había hecho España.
Por otra parte y para terminar esta primera intervención, señor
presidente, se habían planteado también los problemas de sequía.
Últimamente se ha hablado a través de los medios de comunicación de
la situación de sequía. Señorías, quiero decir -en alguna ocasión ya
lo he dicho ante los medios de comunicación- que el hecho de que nos
encontremos en la situación pluviométrica del año más seco de la
última década -lo he reconocido también esta mañana- no significa que
nos lleve a hablar de una sequía en el sentido hidrológico que
padecimos en los años 1994 y 1995.
Si bien es cierto que existen problemas en algunas cuencas, no es
menos cierto que tal y como detallan cada una de las confederaciones
no podemos decir que estemos ante ese proceso de sequía porque las
reservas hidráulicas, que nos llevaría a hablar de la sequía
hidrológica que asoló a España en esos años y que llevó a que más de
10 de millones de españoles tuvieran verdaderas dificultades de
abastecimiento, no se esté produciendo en este momento, puesto que si
las reservas hidráulicas de entonces estaban en el 15 por ciento,
esas mismas reservas al día de hoy están en el 60 por ciento, y en
los estudios que hacen cada una de las confederaciones -en la del
Duero, por ejemplo-, se dice que el año hidrológico se inició con un
40 por ciento del volumen embalsado, que en estos momento se tiene un
volumen de llenado próximo al 60 por ciento, y eso permite asegurar
las demandas para la presente campaña y también para las próximas. Lo
que ocurre es que hay algunas zonas que tienen escasa capacidad de
regulación interanual, concretamente en algunas de estas zonas, los
ríos Tuerto, Órbigo y sobre todo en la zona de Carrión, algunos días
hay situaciones críticas que están siendo tenidas en cuenta por la
confederación.
Respecto al Tajo, en las distintas situaciones de sistemas de
explotación se hace un análisis sin problemas en todos ellos, y hay
una garantía conjunta cercana al 80 por ciento.
En relación con el Guadiana, evidentemente hay una escasa
pluviometría, pero se garantiza el suministro en la presente campaña
de riego y se cuenta con reserva para más de dos años. Respecto a los
abastecimientos, se puede hablar de tres años de suministro normal.
Únicamente hay algunos abastecimientos en el sur de Andévalo, que de
continuar esta situación pluviométrica podría plantear algunos
problemas en años sucesivos.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Quiero
concluir, señor presidente, pero debo recordarle que ustedes han
planteado diez motivos de comparecencia en la política hidráulica y
es muy difícil ser más sintética, porque seguramente algún grupo
diría que estoy sustrayendo datos a la Cámara. No es que me haya
tomado la molestia, es mi obligación pedir a las confederaciones
hidrográficas que dependen del Ministerio de Medio Ambiente cuál es
la situación al día de hoy, los datos que puedo dar a SS.SS. son a
fecha de anteayer porque me gusta que posteriormente cada uno se
pronuncie como quiera pero sobre la base de unos datos contrastados
y contrastables.
En el Guadalquivir, tres años de suministro en caso de que persista
la sequía; en el sur, el 58 por ciento de capacidad de los embalses;
en Cádiz podría haber suministro normal en abastecimiento por lo
menos durante dos años. Cuando doy estas cifras es suponiendo que no
caiga una sola gota de agua, y créanme que agradezco mucho que SS.SS.
me interpelen sobre la sequía porque es la segunda vez que comparezco
y hemos tenido la suerte de que los dos días ha llovido. En Granada
habrá suministro para dos años y medio si persistieran las
condiciones climáticas, y en Almería se hace absolutamente necesaria
la transferencia pendiente desde el trasvase Tajo-Segura.
En relación con la confederación del Segura, de la que hablamos estos
días por otros muchos motivos, la situación de los abastecimientos
está asegurada por recursos propios disponibles, por los volúmenes
procedentes del trasvase y por las campañas de concienciación de
ahorro que son siempre imprescindibles. De ser necesario podrían
destinarse también a este uso recursos procedentes de pozos de sequía
del organismo de cuenca en situación de reserva, pues todo ello está
previsto.
La campaña de riego ya ha sido reducida a tres riegos de 60
hectómetros cúbicos y a un cuarto riego de 40 hectómetros cúbicos,
distribuidos en períodos de 25 días cada uno según acuerdo de la
Comisión de desembalse, lo cual supone distribuir del orden del 60
por ciento de una campaña normal de riego, razón por la que siempre
se viene diciendo que existe un déficit estructural en algunas
cuencas y concretamente en la cuenca del río Segura.
Respecto a la Confederación del Júcar, los embalses tienen reserva
para dos años, atendiendo las demandas de abastecimiento, es decir
está garantizado ese abastecimiento; podría existir algún déficit en
la Marina Baja, que estamos en situación de solucionar con decisiones
que tomará próximamente el Consejo de Ministros.
En el Ebro existe reserva de agua embalsada que hay que reconocer es
la más baja de los últimos cinco años porque ha llovido mucho en esos
años y nos encontramos en una situación pluviométricamente hablando
por debajo de lo que ha sido la media de estos últimos años. En
cualquier caso las condiciones hidrológicas se pueden entender como
normales, y los abastecimientos están garantizados. Por tanto,
sabiendo que existe -voy terminando, señor presidente-, se está
actuando fundamentalmente en la margen derecha del Ebro, donde podría
haber riesgo de pérdida de
plantaciones leñosas. Nuestra obligación es poner en marcha las obras
de regulación que aún están pendientes.
Señorías, lo que tenemos que hacer es estar preparados, estar
trabajando para evitar que la sequía que asoló a España en épocas
todavía muy recientes, no se produjera. Por eso, estamos extremando
el seguimiento hidrológico, ajustando estrictamente los consumos y
preparando posibles actuaciones ante una eventualidad. ¿Cómo se hace
esto? Con el desarrollo de indicadores, de coyuntura hidrológica, con
el ajuste de consumos a cuantías estrictas y con la previsión de
actuaciones especiales que orientarían esta gestión con un soporte
legislativo específico caso de que fuera necesario a través de los
organismos de cuenca.
Muchas más cosas se podrían decir, pero veo que el señor presidente
quiere que termine esta primera intervención, y con mucho gusto podré
complementar las explicaciones que he dado en las sucesivas
intervenciones que tendremos a lo largo de esta mañana y
probablemente tarde del día de hoy.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia está preocupada por velar para
que las señoras y señores diputados puedan comer.
Dado lo avanzado de la hora, ruego a los portavoces de los diversos
grupos parlamentarios, y también a la señora ministra en su turno de
réplica posterior, la máxima capacidad de síntesis posible porque
esta sesión tiene que finalizar antes de las tres de la tarde. Por
tanto, adelanto que no se va a conceder turno de réplica a las
señoras y señores portavoces.
Han solicitado la comparecencia el Grupo Socialista, el Grupo Mixto,
y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, además del
Gobierno a petición propia.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su
portavoz don Víctor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias señora ministra por su exposición,
pero indudablemente tal y como se está llevando el debate en el día
de hoy no me parece lo más adecuado y debo protestar, porque plantear
diez puntos en una intervención de hora y media o dos horas me parece
excesivo y que no responde a la necesidad que hay de saber y de
conocer cuál es la política hidráulica que tiene el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, le recuerdo, señor Morlán, que
éste es un acuerdo de la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
adoptado por unanimidad, en la que como usted sabe está representado
el Grupo Socialista. Por tanto, no tiene mucho sentido la crítica que
usted acaba de hacer.
El señor MORLÁN GRACIA: Respeto a su comentario, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, puede seguir, y le ruego que
invierta su turno en exponer sus puntos de vista.
El señor MORLÁN GRACIA: Respeto su posición, señor presidente, pero
espero que respete también la mía.
Señora ministra, puesto que usted ha comentado hace un momento que
las dos veces que ha hablado aquí antes ha llovido, su presencia aquí
tiene una doble consecuencia; en primer lugar que llueva, y desearía
que lloviera más veces, y en segundo lugar porque trataríamos los
temas con algo más de tranquilidad y algo más de sosiego.
Usted ha planteado su intervención desde una óptica de la política
hidráulica que ha hecho su Gobierno y su ministerio desde 1996 hasta
ahora, y desde luego con poca vinculación a lo que han sido las
peticiones de comparecencia que hemos hecho, pero puesto que lo ha
planteado de esta manera ahí voy a dirigir yo mi intervención que
espero sepa completar todo lo que es su exposición que ha sido más
amplia, y no creo que yo vaya a tener posibilidad de hacerlo.
Desde 1996 a 1999, señora ministra, si algo ha caracterizado a su
ministerio es en primer lugar un incumplimiento de compromisos y de
acuerdos. Usted en la anterior intervención hacía referencia al
Estado de derecho al Estado democrático, a que figuraba escrito un
número importante de reales decretos, de intervenciones en esta
Cámara, y tengo que recordar que usted ha incumplido al menos dos
puntos de los que se plantean en esta Comisión. En primer lugar,
usted ha mandado, según ha dicho, dos informes que se le solicitaron
en 1996, tenía que haber mandado cuatro informes, si mal no recuerdo.
No creo que haya mucha dificultad en que eso se hubiera podido
producir, y nos hubiéramos enterado de la situación de la política
hidráulica en España durante este tiempo.
En segundo lugar usted ha incumplido dos acuerdos de este Congreso
que vienen motivados por la moción consecuencia de interpelación que
planteó este diputado en octubre de 1998, y en la que le decíamos en
uno de los puntos que a la mayor brevedad posible y en todo caso en
el plazo de un mes, debía presentar en este Congreso el Libro Blanco
del agua para su debate; y, que en el plazo de dos meses compareciera
para hablar de sobre la situación actual de la directiva marco y las
repercusiones que tenía para España.
El Libro Blanco del agua, que ustedes han utilizado como un argumento
de imagen política, de imagen de venta de hacer algo cuando no se
está haciendo absolutamente nada, es un documento que usted ha
obviado en este Parlamento. Usted no ha querido que se debatiera, no
ha querido que hubiera conclusiones sobre ese documento que desde
nuestro punto de vista es un documento que con la finalidad de
modificar eso que usted llama política hidráulica tradicional lo que
ha hecho ha sido el demorar el Plan hidrológico nacional en un tiempo
que ya veremos cuándo lo presenta usted en esta Cámara a pesar de que
ha dicho que en esta legislatura, y ha supuesto enmascarar la
posibilidad de conocer cuáles son sus argumentos de política
hidráulica. Ha presentado el Libro Blanco del agua ante las
organizaciones sociales, lo ha presentado ante otro tipo de
asociaciones y colectivos, lo que usted llama el debate social, pero
yo le achaco y le pregunto por qué razón no se ha presentado en el
Parlamento, por qué razón un documento de estas características y que
iba a servir de base a las directrices del Plan hidrológico nacional,
no ha tenido tratamiento en esta Cámara, como ha pasado con el Plan
director de infraestructuras o con otro tipo de documentos de
planificación que se han planteado en este país en los
últimos tiempos y que no han tenido la posibilidad de ser discutidos
y ratificados, aprobados o modificados por la opinión de los grupos
políticos que existen en este Parlamento.
Desde luego el Libro Blanco del agua, señora ministra, a nosotros no
nos convence como documento. Es un documento ambiguo, es un documento
que no tiene ningún tipo de proyección de qué se quiere hacer; dice
el sí y el no de las cosas, y les da a ustedes opción después, en
función de lo que digan esos sectores sociales a los que se ha
referido, de adoptar las medidas que ustedes estimen más oportunas,
diciendo siempre que han sido otros los que lo han dicho, que ustedes
no lo han planteado sino que ha sido la obtención de un debate social
que indudablemente no se ha planteado donde debía hacerse, que como
le he dicho antes, es en esta Cámara.
La descalificación por nuestra parte de este documento creo que es
absoluta, es un conjunto de datos técnicos, de datos económicos, de
cuantificaciones que tenían ustedes ya en el Ministerio y que han
tenido el mérito de incluirlos en un documento muy amplio, de 854
páginas, y a partir de ahí ustedes elaboran lo que veremos a ver si
aprueban, que es el Plan hidrológico nacional.
Usted, señora ministra, ha hablado de los planes hidrológicos de
cuenca. De los tres últimos, que son los que ustedes aprobaron,
porque los otros ya estaban aprobados con el anterior Gobierno,
publicaron el real decreto de aprobación de los mismo, pero, he
tenido ocasión de decirlo en algún momento, son planes hidrológicos
que desde nuestro punto de vista no están en vigor. Salvo que los
haya publicado ayer o anteayer en el Boletín Oficial del Estado, que
yo no recuerdo que haya sido así, indudablemente son documentos que
no tienen ninguna vigencia, y por tanto nos encontramos en este país
con que no hay Plan hidrológico nacional, porque hay un libro blanco
que acaba de debatirse hace muy poco y cuyas aportaciones se están
estudiando en este momento, y tampoco hay planes hidrológicos de
cuenca porque al no estar publicados en el Boletín Oficial del Estado
no han entrado en vigor.
Si a eso le añadimos la política de inversiones que usted está
planteando en estos años, desde el año 1996 al año 1999, a pesar de
sus magnificencias -hay que ver únicamente los Presupuestos Generales
del Estado para saber cuáles son esos datos-, nos encontramos con que
si en 1995 el Ministerio de Medio Ambiente tenía 222.000 millones de
pesetas en todos sus capítulos, en 1999 tiene 177.000 millones; si en
1995 en infraestructura hidráulica el Ministerio tenía 155.821
millones de pesetas, en 1999 tiene 102.000, y en 1998 y 1997 no llega
a los 100.000 millones. No nos puede usted decir que con su
Ministerio la capacidad inversora en política de aguas se ha
incrementado, porque no es cierto. Los datos que ustedes año tras año
ustedes han ido haciendo constar en los Presupuestos Generales del
Estado son tozudos, dicen lo que dicen, y lo que dicen es lo que yo
le estoy leyendo en este mismo momento.
Señora ministra, usted también ha planteado aquí otro tema (y ya no
sé si voy muy rápido o no, señor presidente, pero es muy complicado
tocar todo en los diez minutos o el cuarto de hora que me imagino que
va a dar), que es el de las sociedades de agua y la confederación
hidrográfica del
Ebro, y digo del Ebro porque es la que me corresponde a mi. Ustedes
están consiguiendo que el Ministerio y las confederaciones poco a
poco vayan teniendo menos competencias. El surgimiento de las
sociedades de agua como instrumentos para la ejecución y explotación
de las obras hidráulicas que están construyendo o que van a
construir, porque todavía no han construido ninguna, es un nacimiento
que junto con el Libro Blanco del agua, nada más ha conducido a la
demora en la inversión pública, y no ha servido para nada. También
están consiguiendo que exista la sensación, que nadie pone en duda a
pesar de sus palabras, de que las confederaciones están perdiendo
capacidad y competencias como consecuencia de la aparición de unas
sociedades de agua que están forzando a los usuarios del agua a
aportar más recursos de los que antes aportaban con la anterior
fórmula de gestión de las infraestructuras hidráulicas.
Por otro lado, habla de transparencia. La sociedades de agua son los
instrumentos menos transparentes que existen en la Administración
pública española. No sabemos por qué razón, con qué criterios se
nombran los consejos de administración; no sabemos para qué están,
porque mientras se está planteando que son sociedades de agua que
pueden existir para la construcción y explotación de una obra
determinada, la impresión que se genera -y lo estoy diciendo en mi
propia cuenca- es que existen para llevar a cabo la gestión
hidráulica, la construcción de la red de regulaciones, la
construcción y gestión de obras de infraestructura. Por tanto, ¿qué
les queda a las confederaciones? ¿El control y vigilancia de la
calidad de las aguas? Por supuesto que hay que incidir en ello, y le
digo una cosa, señora ministra, ¡faltaría más que ustedes no hubieran
mejorado algunos de los aspectos que ha comentado en su intervención!
Faltaría más que el dominio público hidráulico en el deslinde de los
64,5 kilómetros que usted dice encontró en el año 1996, ahora no
pueda hacer más cuando tenía todos los estudios hechos y preparados
para realizar ese deslinde en estos momentos. Faltaría más que
ustedes no lo hicieran. Faltaría más que ustedes no aprovecharan los
trabajos que había cuando llegaron al Ministerio -que me imagino no
todos eran malos- para hacer lo que tienen que hacer en calidad de
las aguas, en sistema de depuración. ¿Qué sucede, que hay más
población afectada por los sistemas de depuración que ha puesto en
marcha? Por supuesto que sí, lo raro sería que ustedes hubieran
paralizado proyectos que estaban en marcha.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego que vaya acabando, porque
se le ha terminado el tiempo.
El señor MORLÁN GRACIA: Déjeme dos minutos, señor presidente y acabo.
El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señora ministra, provocaré su presencia en
esta Comisión para hablar más concretamente de algunos temas, y
espero que lo haga, porque así lloverá.
Con la reforma de la Ley de Aguas que usted ha planteado se está
instaurando un mercado libre del agua. Uno de
los aspectos que usted públicamente dijo que no era cierto, el tema
de las eléctricas, resulta que en la última modificación eso tampoco
lo salvan, al menos lo quieren salvar pero no lo salvan al completo.
En el artículo 56. bis añaden al que había quedado anteriormente que
los concesionarios o titulares de derechos de uso privativos de
carácter no consuntivo no podrán ceder sus derechos para los usos que
no tengan tal consideración. Es decir, las hidroeléctricas no podrán
ceder para otros usos que no sean hidroeléctricos; pero aquí no dice
que los otros usos no puedan ser obtenidos por las eléctricas para
hacer usos hidroeléctricos. Es decir, las eléctricas pueden
perfectamente adquirir concesiones y transformarlas en
hidroeléctricas. ¿Qué sucede? Pues que las hidroeléctricas siguen
teniendo capacidad y posibilidad de mejorar su posición en la gestión
del agua a través de las fórmulas que ustedes plantean en esta ley.
Desde nuestro punto de vista, esta ley tiene que hacer todo lo
posible -y se lo hemos dicho en varias ocasiones, señora ministra-
por conseguir que haya un banco público del agua, que no sería
ninguna fórmula rara que ustedes aceptaran, para abastecimiento y
para situaciones de sequía, y que haya una eliminación, a poder ser,
de esta fórmula tan arriesgada que supone, señora ministra, que, de
acuerdo con los datos de su libro blanco, nos encontremos con que de
los 500.000 aprovechamientos estimados que existen en este país algo
más de 250.000 están declarados y algo menos de 125.000 inscritos. Es
decir, con estos datos, señora ministra, usted está poniendo en
marcha un mercado del agua en España y esa es una auténtica
barbaridad que a nosotros nos gustaría que usted evitara y que desde
luego incluyera, a poder ser, la regulación de las sociedades de agua
en esta ley de aguas, que es lo mismo regulación de sociedades de
agua que tratan de agua, que una ley de aguas, no creo que haya
ningún tipo de incompatibilidad ni ningún tipo de motivación especial
que impida que esta regulación se lleve a cabo en esa norma que
ustedes plantean.
Espero, señora ministra -para acabar, señor presidente-, que traigan
pronto esta reforma, aunque no nos gusta, y se lo digo ya, porque no
puede ser que ustedes la planteen así. De aquí a que la presenten
reconsiderenlo y vean que en lo que le estoy diciendo hay muchísima
razón.
En segundo lugar, el Plan hidrológico nacional plantéenoslo, díganos
qué interés tiene, díganos si responde o no a lo que dice la
directiva comunitaria, díganos si usted considera que la directiva
comunitaria permite o no permite la conexión intercuencas, díganos
muchos aspectos relacionados con el coste para este país de la
directiva comunitaria. Hay algunos aspectos que quedan todavía en
interrogantes, a la vista de la comparecencia de hoy, que no da para
más, señor presidente,y, señora ministra, vamos a reiterarla en una
próxima ocasión con la finalidad de entrar más concretamente en cada
uno de los temas que hoy hemos tratado de manera tan ligera y desde
luego con muy poco tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tal como han propuesto los portavoces del Grupo
Parlamentario Mixto en esta Comisión, se van a repartir el tiempo.
Tiene en primer lugar la palabra el diputado señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, empezaré por decir que
realmente existe un catálogo de buenas intenciones en el Libro Blanco
del agua, y que expuso hoy también la señora ministra, con el que
sería difícil no estar de acuerdo, pero leyendo subrepticiamente
algunas cuestiones vemos que pueden ser indicativas de los peligros
que acechan debajo de este catálogo de buenas intenciones.
El catálogo de buenas intenciones, que queda después larvado por la
política práctica del Gobierno, especialmente en algunos territorios,
es reconocer un cierto carácter territorial de los recursos
hidráulicos, pero al lado de esto no hay que dejar de reconocer que
el propio documento dice que existe un problema grave de coordinación
de las distintas administraciones y, efectivamente, un marco legal
complicadísimo que habría que simplificar para la mejor eficacia y el
mejor cuidado, sobre todo de tipo preventivo y de control eficaz de
las situaciones en función de la calidad de las aguas.
Por otra parte, hay también un peligro evidente que se desliza en el
propio texto del libro del agua, que es reconocer que con un bien de
carácter público se pueden hacer iniciativas que reporten beneficios;
se está hablando de beneficios económicos, es decir, de ganancias.
Este tipo de filosofía sin duda alguna lastrará definitivamente los
proyectos del Gobierno y será además, en definitiva, la base práctica
de este documento.
Pero resulta más curioso aún el libro del agua si se compara con los
propios textos del Gobierno sobre los planes hidrológicos, y
particularmente en el caso que a mí me afecta, que es el de Galicia
con el Plan hidrológico norte. Efectivamente, señora ministra, quería
exponerle algunas cuestiones graves vinculadas al reconocimiento de
un cierto carácter territorial y a la política de prevención, o lo
que usted llamó preocuparse más de cuestiones referidas a vigilancia
y tutela del dominio público, de la calidad de las aguas que no a
grandes obras de carácter faraónico.
En relación con la primera cuestión, una vez más Galicia resulta un
caso excesivamente específico para que ustedes lo tengan en cuenta,
pero a mí me gustaría llevar a su ánimo una preocupación. Usted sabe
perfectamente, a poco que piense en la cuestión -aunque sé que la
correlación de fuerzas política y los intereses de los distintos
territorios del Estado no le llevan a lo mejor a pensarlo con mucha
frecuencia-, que lo que usted llama cuenca hidrográfica del norte,
sector uno, nada menos que tiene el 76.7 por ciento de territorio en
Galicia y casi el 85 por ciento de la población, y queda el resto
para León y para Asturias; y mientras que esto es así, usted sabe que
tiene una estructura hidrográfica cuya capital está nada más y nada
menos, que en Oviedo. Esto no se puede concebir más que con una
visión del Estado español donde prácticamente Galicia está ausente,
porque todos los datos de cantidad de caudal, de problemática, llevan
a que no se pueda tener una estructura territorial de este tipo.
Usted sabe que el Miño y el Sil, que afectan prácticamente a toda
Galicia menos a la provincia de ACoruña, tienen una red arterial que
se puede comparar prácticamente a las venas y las arterias de un
organismo humano, que todo esto esté al margen de la Comunidad
Autónoma de Galicia lleva a que, definitivamente, la vigilancia y
tutela del dominio
público hidráulico, aunque haya muy buena intención del Estado,
quede un poco abandonada, y el resultado del abastecimiento de aguas
está a la vista. Realmente llama la atención que, en un país rico en
aguas continentales, las restricciones en el abastecimiento de aguas
a la mayor parte de las villas y ciudades de más de 500 habitantes
sea un hecho y que la calidad sea deplorable. Esto lleva también a
que, posiblemente, tengamos que aguantar aún más embalses
hidroeléctricos, a aumentar una lista innumerable que contrasta con
el resto del Estado español, ganando el ranking abiertamente. Usted
sabe que en concreto hay una presa, la presa de Vilasouto, que estaba
destinada a finalidades agrarias, que se va a convertir, si Dios no
lo remedia -y no se va a remediar-, en otra central hidroeléctrica
más, en un país que está plagado de ellas. Usted sabe que los
regadíos, que son también competencia de la Confederación
Hidrográfica del Norte, en el caso de Galicia, que no entra nunca en
esta visión agraria, son un auténtico abandono y disparate por
dinámicas internas de retroceso demográfico, de una política
económica equivocada pero, también, por una desatención del Estado.
El estado del regadío de Val de Lemos es clamoroso. De las
inversiones de la laguna de Antela, que podía aún hoy aguantar y
tener proyección hacia el futuro, se tuvo que hacer cargo -por lo
menos así lo anunció- la Diputación Provincial de Ourense, en una
pasada competencial derivada de su absentismo.
Quiero recordarle que en el abastecimiento de aguas, en obras de
depuración, faltan por completarse Las EDAR de Galicia, incluso en
ciudades como Lugo, Ourense, y no voy a hablar de otras villas.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, acabe, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo inmediatamente, señor presidente.
Este año ustedes prometieron gastar miles de millones de pesetas y
sabe que Galicia quedó ausente. ¿Con esto qué le quiero decir? Que
hay que reestructurar el marco competencial. El Estado debía ser
planificador, hacer una norma general, dejar la gestión a las
comunidades autónomas y, en estos casos tan evidentes, reestructurar
las cuencas hidrográficas para que correspondan realmente a la base
territorial donde están asentadas; si no, señora ministra, creo que
va a ser difícil que haya una política del agua coordinada, correcta,
que en el caso de Galicia va a ser totalmente disparatada, aunque la
Administración autonómica tuviese buena intención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don José María Chiquillo para
consumir el resto del tiempo fijado para el Grupo Mixto.
El señor CHIQUILLO BARBER: Con el ánimo y el espíritu constructivo
con que se nos remitió el documento del libro blanco, intervengo en
nombre de Unión Valenciana para intentar aportar algunos
planteamientos desde la óptica de una de las comunidades que, no se
duda en ningún estudio ni en este libro, es deficitaria de agua en
muchas zonas de manera estructural y en otras ampliascomarcas de
manera coyuntural, la Comunidad Autónoma
Valenciana, y aporto algunos argumentos que creo que no se pueden
discutir desde una posición de que no podemos diferenciar la cuestión
medioambiental, la cuestión del agua, de la cuestión agrícola, de la
agraria. Ahí está la primera discrepancia con la señora ministra
porque, de alguna manera, ha dejado un poco de lado los
planteamientos que del borrador del Plan nacional de regadíos se
expusieron en esta Cámara y que no han aparecido en profundidad
tratados en este Libro Blanco del agua.
En este plazo hábil para fijar planteamientos desde ópticas
políticas, agrarias, de regantes, ecologistas, quiero dejar claro
aquí que, con ese ánimo constructivo, no puedo dejar pasar la
oportunidad de fijar algunas observaciones sobre este Libro Blanco
del agua y poner de manifiesto que hay serias y graves
indefiniciones, que se dejan de lado reivindicaciones históricas de
la Comunidad Autónoma Valenciana, y me puedo permitir la patente de
plantear algunas sugerencias.
Muy rápidamente, en plan telegrama, porque espero que haya un amplio
debate sobre el Libro Blanco del agua, diré que se deja un poco de
lado, en este documento que hoy estamos debatiendo, al regadío, que
es un sector estratégico en nuestro Estado, al igual que su
importancia para la economía y para la ordenación del territorio.
Desde la óptica de Unión Valenciana pensamos que hay que reconocer la
utilidad del regadío para el mantenimiento demográfico, la ordenación
del territorio y el asentamiento de la población. Pensamos que se
debería profundizar más en lo referente a la modernización de
regadíos, a la que se hace referencia de una manera muy ambigua y muy
leve en este documento. En el libro blanco sólo se hace una
referencia específica, escueta y poco desglosada a la modernización
de los regadíos, y en una comunidad como la valenciana nos parece una
falta grave que no se haya profundizado más.
El Libro Blanco del agua hace alusiones continuas a la necesidad de
ahorrar y modernizar los regadíos, sin embargo, no se termina de
definir ni en el Plan nacional de regadíos ni en los planes de
regadíos regionales ni en los planes de cuenca ni en este documento,
cómo se va a financiar ni de dónde va a salir el agua para una
importante cantidad de regadíos que superan en todo el Estado más de
un millón y medio de hectáreas nuevas, de consolidación y de
modernización de regadíos en su conjunto. Por tanto, nosotros
pensamos que el programa de mejora de regadíos puede y debe
potenciarse todavía más en el futuro Plan hidrológico nacional.
También se ha hablado poco y no se profundiza en la consolidación de
los regadíos existentes, sobre todo de los regadíos históricos, como
en el caso de la Comunidad Autonómica Valenciana, que no se reconocen
expresamente en el espíritu ni en la letra del Libro Blanco del agua.
Nosotros pensamos que se deja en la ambigüedad y en la indefinición
la materia de nuevos regadíos y se deduce del libro blanco una
filosofía contraria a los nuevos regadíos y a aquellos que van a ser
con cargo a la financiación estatal.
También discrepamos de la prelación de usos. Pensamos que es
indiscutible e innegociable el asunto de los abastecimientos humanos;
pero en la prelación de usos el consumo para los regadíos, sobre todo
para los históricos,
debería aparecer tal como aparece en el artículo 58 de la Ley de
Aguas. La agricultura de regadío produce un beneficio económico,
social, cultural y ambiental y desde Unión Valenciana consideramos
incuestionable el mantenimiento de la prelación de usos establecida
en el artículo 58 de la Ley de Aguas.
También tenemos ciertas dudas sobre el tratamiento que se da en el
libro blanco a las aguas subterráneas. Este libro blanco adolece de
las mismas carencias que la reforma de la Ley de Aguas -es el enorme
desconocimiento sobre las aguas subterráneas privadas-, no
entendiéndose por qué en uno y en otro documento no se aborda la
realidad social.
Para ir concluyendo rápidamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, ya ha terminado su tiempo. Le
ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo rápidamente.
Por la importancia de los argumentos que voy a aportar, tengo que
decir que tan lejos como en el día de ayer una ministra de su
gobierno, en una visita -yo pienso que en clave electoral y en clave
de que va a dejar de ser ministra de Agricultura-, prometió en
Castellón el trasvase del Ebro y dijo que iba a ser una realidad,
sabiendo la propia ministra de Medio Ambiente que no cabe un trasvase
mientras no se apruebe el Plan hidrológico nacional. Yo vengo aquí a
reivindicar lo que sí que cabe, aunque no se apruebe un Plan
hidrológico nacional, porque se está retrasando injustificadamente, y
es que se haga realidad una transferencia de recursos sobrantes del
Ebro a las comarcas del norte de Castellón. No estamos hablando de un
trasvase, estamos hablando de 60 hectómetros cúbicos anuales
sobrantes del río Ebro en su tramo bajo, en su desembocadura. Huimos
de la demagogia y la irresponsabilidad de la ministra de Agricultura
en el día de ayer y no estamos reivindicando un trasvase, sino 60
hectómetros cúbicos al año, porque se reconoce en el libro blanco que
es una zona deficitaria, estructuralmente hablando, y desde la óptica
de Unión Valenciana lo consideramos innegociable, sin demagogias, sin
electoralismos, porque las comarcas del norte de Castellón necesitan
imperiosamente esos 60 hectómetros cúbicos anuales. Es una
solución...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, está a punto de doblar el
tiempo previsto. Está abusando de la benevolencia de esta Presidencia
en detrimento de los compañeros que quedan por intervenir.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo muy brevemente diciendo que es
una solución viable, compatible ecológica y medioambientalmente
hablando y, por tanto, a pesar de que el Plan hidrológico nacional
pueda tardar - que va a tardar y usted bien lo sabe-, siendo más
respetuosos que la propia ministra Loyola de Palacio con el Libro
Blanco del agua, el diputado que le habla, de Unió Valenciana, le
pide una ley específica de transferencia de recursos del río Ebro a
la Comunidad Autónoma Valenciana, que no un trasvase, porque es
necesario para el futuro de la agricultura de la comunidad.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos, al que le
recuerdo que debe colaborar con esta Presidencia para que SS.SS.
puedan llegar a la comida a una hora suficiente.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Lo voy a intentar, sabiendo que los que
hablamos los últimos tenemos ese handicap; los 50 minutos previos de
presentación no los cuente en mi suma.
La verdad es que hay una frase que resume lo que me gustaría decir a
la ministra: por sus obras los conoceréis. Hay que ver lo bonita que
le ha quedado la explicación de su nueva política, de sus grandes
cambios, del enfoque ambientalista, de los grandes compromisos, de
los grandes logros. Voy a seguir su explicación y después le voy a
hacer dos consideraciones.
Lo primero que ha dicho es que la regulación legal que teníamos y la
ordenación de la administración de aguas se han quedado obsoletas
frente a los grandes cambios políticos y económicos, la nueva
realidad de la Unión Europea, la nueva realidad de las comunidades
autónomas. Señora ministra, cuando usted llegó ya estaba todo eso;
cuando usted llegó ya estaba todo puesto en marcha. Ha dicho que
ustedes han reorientado claramente las inversiones, las han
incrementado, las han dotado de más dinero. Responda a dos preguntas.
Con todo eso que han echo, ¿estamos en mejores condiciones de hacer
frente a una sequía? Usted ha dicho que éste es el año más seco de la
última década. No; hay que ver con qué facilidad nos olvidamos de la
sequía de 1991 y 1995. Matemáticamente y con los datos de la
pluviometría en nuestras manos, este año no es el más seco. Y,
segunda pregunta, ¿estamos en mejores condiciones para dotarnos de
más calidad del agua y actuar dentro de las directivas, las actuales
y la nueva?
Le voy a citar un ejemplo, una cosa que se ha publicado en una
revista de Enresa por una periodista ambientalista, que viene a
hablarnos de la posibilidad de contaminación radiactiva en las aguas
-además, lo recoge el Libro Blanco del Agua- y, en concreto, en lo
referido al Tajo, provocado por las tres centrales nucleares, Trillo,
Zorita y Almaraz, y da cifras altísimas. Dice que en más de cien
mediciones y en más de 30 años hay unos valores medios de tritio en
torno a 15 berquelios por litro; que cuando llega al Mundo el agua,
desciende a 8, y hace referencia a que ese agua no es sólo para
regar, que el agua del trasvase abastece a los ciudadanos en
Cartagena y en Alicante. Es decir, que ser ambientalista está muy
bien, como declaración queda fabuloso, el problema es que hay que
predicar con los ejemplos, con los hechos.
Ha dicho usted que nos encontramos incorporando la gestión privada.
No; nos encontramos ante la actuación por decreto de un Gobierno
incapaz de negociar, de dialogar; ante la imposición por decreto de
un Gobierno para que se ponga en marcha la compraventa de concesiones
y para que se facilite la inversión privada a través de sociedades
-por cierto, los dos primeros años se quedaron congelados los
recursos que había porque no fueron capaces de invertirlos-, de
entidades privadas para poner en marcha obras hidráulicas. Ante eso,
como se pasaron dos años y las empresas no invertían y las
comunidades de regantes, las
sociedades que ustedes pusieron en marcha, no eran efectivas,
tuvieron que traer un real decreto que significaba declarar obras de
interés general, muchas de ellas sin evaluación de impacto ambiental,
obras terminadas, otras que se iban a iniciar, por valor de 215.000
millones de pesetas. Es decir, impuso actuaciones hidráulicas que no
se discutían o no se negociaban dentro de la propia realidad. Usted
ha puesto en marcha una reforma, claro que sí, pero sin dialogar
y sin concertar.
Usted decía en la comparecencia anterior que había gente que buscaba
frases y que usted no. Todo eso está bien, pero muchas veces a uno se
le ocurre aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces. Pero es que ustedes adquirieron aquí dos compromisos. Usted
y el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno, en el
debate de investidura, tomó un compromiso. Esta Cámara, en el debate
sobre el estado de la Nación del primer año en que el señor Aznar
compareció, tomó acuerdos, y después de dos interpelaciones del Grupo
de Izquierda Unida y del Grupo Socialista se llegó a los acuerdos de
dos mociones de la Cámara. ¿Sabe qué dos compromisos tenían esas
mociones? Las dos únicas cosas que no ha hecho. El primer compromiso
era un gran libro de agua que abriera un gran debate nacional que
facilitara el diálogo y el encuentro entre los territorios y los
sectores; gran arquitectura que, cuando termina la legislatura,
resulta que va a tener trámites de puntillas por esta casa, porque no
lo vamos a poder debatir. Yo no sé cómo va a dialogar con mi grupo.
Representamos poco, 2.800.000 ciudadanos, que es poquito; el otro
grupo de la oposición representa también poquito, 9.600.000 votos,
que tampoco es mucho, pero, en fin, muchos poquitos hacen un muchito,
sin embargo, no hay manera de que aquí podamos cumplir ese
compromiso.
El segundo compromiso era que habría en un año un Plan hidrológico
nacional. Usted corrigió aquello y dijo que en 1998 habría un plan
hidrológico nacional. ¿Y usted sabe lo que nos ha dicho hoy? Que
estamos en una etapa de transición. Pues con el gran debate que ha
promovido el Libro Blanco del agua y con la transición que nos ha
propuesto..., hasta luego Lucas, es decir que para la próxima
legislatura el plan hidrológico, porque no pretenderá S.S. que
debatamos el plan hidrológico en pleno proceso electoral. En la
escuela aprendí poco, pero a contar sí, y junio se echa encima, viene
septiembre, vienen los presupuestos y, suponiendo que lleguen ustedes
a marzo, en diciembre esta casa cierra las persianas.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, llevo justo ocho minutos,
permítame los dos minutos restantes de mis diez para terminar.
Como decía, los dos grandes debates, las dos grandes discusiones que
comprometió con esta Cámara han faltado. ¿Estamos en mejores
condiciones para facilitar el encuentro entre Castilla-La Mancha,
Valencia y Aragón en una gran discusión que supere las limitaciones
anteriores?
Y, sobre todo, cuando usted hace referencia a los grandes éxitos de
sus tres años de gestión, yo le diría que son los tres años de
transición impuesta y de incumplimiento de promesas. Pero le voy a
decir más: el problema no es
que hayan pasado estos tres años, que los daría por bien entregados
si camináramos hacia la superación de estas limitaciones, el problema
es que han sido tres años con la nula voluntad política de
planificar. No le dé muchas vueltas mirando atrás: si es que tiene
usted una Ley de Aguas que, desde el año 1985 en que se publicó,
necesitaba el desarrollo, dentro de esa ley, de un plan hidrológico
que actuara para lo que son la ordenación o decisión de determinados
trasvases. El levante español, desde Barcelona hasta Murcia y
Almería, no resiste una sequía con las condiciones actuales que
tenemos, y lleva tres años, con dineros repartidos, gobernando.
Ha abusado usted del decreto para declarar obras, para hacer obras y
para financiarlas con créditos extraordinarios. Si quiere le doy las
cuantías. En cuanto al diálogo, yo no sé con quién dialoga y cómo
dialoga. Creo que sería bueno que reorientara S.S. el objetivo de
hacer un gran debate nacional con el Libro Blanco del agua. No
distraiga la atención para ralentizar el Plan hidrológico nacional y
sobre todo, no intente convencer a la sociedad española de que
estamos produciendo grandes cambios, grandes modernizaciones en la
política hidráulica cuando siguen haciendo lo mismo que se venía
haciendo antes, lo que pasa es que lo hacen por la puerta de atrás.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le había concedido un minuto más
que, por cierto, no ha consumido. Muchas gracias por su colaboración
con esta Presidencia, que ruego sea seguida por el portavoz del Grupo
Popular, don Jesús Posada, que estoy seguro que comprenderá las
tribulaciones de esta Presidencia, puesto que es presidente de la
Comisión de Infraestructuras. (El señor Serrano Vinué pide la
palabra.) ¿Sí, señor Serrano?
El señor SERRANO VINUÉ: Señor presidente, apelo a la flexibilidad que
dan los debates en comisión y dada la importancia del tema y dado
también la postura diferente y crítica que mi partido ha tenido con
relación al mismo, le rogaría que me permitiera defender las tesis
del Partido Aragonés en este asunto.
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, no es sólo por motivo de la hora,
sino porque no procede, ya que además no va a haber votación, pero,
aunque la hubiere, sólo tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, en el que está integrado el partido que usted
representa.
Tiene la palabra don Jesús Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor presidente, procuraré atenerme a los
diez minutos, aunque creo que hay algunas cosas importantes que hay
que comentar.
Creo que la intervención de la señora ministra de Medio Ambiente ha
justificado las expectativas que había en esta comparecencia, puesto
que ha definido, insisto en ello, una nueva política del agua.
Ciertamente estamos viviendo una época de transición, ya que la
política anterior del agua ha durado un siglo y quizás su culminación
máxima era ese Plan hidrológico nacional de 1993, con el que se
pretendía cubrir a España de conductos de hormigón que llevaran agua
de un sitio a otro. Esta política es diferente, es una
política basada en la gestión, en el medio ambiente, una política
distinta; ahora bien, no puede prescindirse de una política que ya
existía; es decir, los regadíos siguen siendo importantes, pero quizá
no son el elemento clave de la política hidráulica, aunque no se
pueden olvidar. Las industrias necesitan el agua como elemento
económico, pero no pueden marcar la utilización del agua. El medio
ambiente debe ser protegido, pero la calidad de las aguas tiene que
tener en cuenta las situaciones de sequía, de inundaciones, de
cantidad, propias de nuestro sistema hidráulico. Eso es lo que
estamos buscando y lo que se ha buscado desde el primer momento con
las propias inversiones.
En efecto, yo creo que España está ahora mejor que hace cinco años
para afrontar una sequía, lo creo y ello gracias a unas obras que
planificó y realizó en una parte el Gobierno Socialista, pero que ha
pagado el Gobierno del Partido Popular, y gracias también a unas
actuaciones inversoras muy importantes que se han realizado, en las
cuales se ha utilizado por ejemplo el modelo alemán, que ha permitido
dar un empujón enorme a las obras hidráulicas y un empujón más en la
dirección de la calidad que de la cantidad u otras utilizaciones.
Nuestra política, la política que está aplicando el Ministerio de
Medio Ambiente, es diferente por ejemplo en temas de presas o de
grandes conducciones. Esas presas se están considerando desde otro
punto de vista; no hay ahora esa necesidad de almacenar o regular
agua simplemente por regularla, es más importante el abastecimiento y
el saneamiento. Ese cambio es muy importante y se está dando, cambio
que tienen que realizar las confederaciones hidrográficas, que es un
sistema administrativo que ciertamente necesita profundas
modificaciones, pero ya se están produciendo, y las sociedades
estatales en modo alguno afectan al ámbito de actuación de una
confederación hidrográfica que tiene unas responsabilidades
administrativas fundamentalmente y de gestión del recurso.
Todo ello ha culminado en un Libro Blanco del agua que, debo decir
aquí, (si lo piensan SS.SS. y lo juzgan con ecuanimidad), es un hito
en la política hidráulica española y en la discusión doctrinal sobre
el agua. Durante muchos años se va a hacer referencia a este Libro
Blanco del agua, ya que en un solo volumen reúne datos dispersos de
muchas situaciones, lo que es un mérito, y luego hay 60 ó 90 páginas
de formulación de nuevas políticas del agua. Así pues, durante muchos
años la discusión va a girar en torno a ese libro. ¿Por qué no se ha
visto en el Congreso? Amí me parece que no es fácil llevar a cabo una
discusión parlamentaria sobre ese libro blanco. Tuvimos una discusión
sobre el PDI verdaderamente notable y buena, pero era otro tipo de
libro. (El señor Ríos Martínez: Un año.) Sí, un año, en efecto, pero
es que era un libro encaminado sobre todo a actuaciones, prácticas y
este libro es más bien para cambiar una visión política y, por lo
tanto, se están produciendo alegaciones, 191 hasta ahora, que
pretenden ofrecer un texto diferente que quizás entonces podamos ver.
¿Qué es lo que debemos ver aquí? Las consecuencias políticas de ese
libro blanco, como por ejemplo la reforma de la Ley de Aguas, una
reforma que, insisto, quiero dejarlo claro aquí, no es una
contrarreforma de la Ley de Aguas, en modo alguno se va contra el
espíritu que creó y dirigió
esa Ley de Aguas, aunque debo decir -yo estaba entonces en el Partido
Popular y puedo asegurarlo- que al Partido Popular no le gustaba; sin
embargo, creemos que es un sentido de responsabilidad el continuar
una labor que lleva 13 años haciéndose.
Pero hay una serie de defectos en la propia Ley de Aguas, situaciones
que no fueron contempladas, que necesitan modificarse. Necesita
implementarse más el ahorro de agua, modificarse el sistema económico
y financiero, tratar las aguas subterráneas, las aguas desaladas y la
reutilización de las aguas de saneamiento. Hay muchos temas que deben
tratarse, como las relaciones con la Administración estatal y
autonómica, pero, sobre todo, hay uno que, aunque no es el más
importante, sí quiero citar porque se ha hablado de él, que es lo que
se llama mercado del agua. No es mercado del agua, es una
flexibilización del sistema concesional, es dar la oportunidad de que
se cambie el uso del agua en determinados momentos, cuando puede ser
útil. Todos reconocen que como idea es buena y no he visto a nadie
que diga que no es una buena idea en principio, pero, ¿qué pasa? Que
hay miedo de que la materialización de esa idea degenere en abusos,
degenere en situaciones no deseadas. Pero para eso estamos nosotros,
para eso estamos los legisladores para establecer en la ley los
condicionantes necesarios. Por ejemplo, las hidroeléctricas no pueden
comprar derechos -como se ha dicho-, pero es que tampoco puede
cederse ni de un lado ni del otro, porque en los dos está establecido
la prelación de usos. ¿Hay miedo quizás de que no haya tiempo para
que la confederación vea esas transmisiones? Aumentemos ese espacio.
Veamos qué hay que hacer para que esa flexibilización del sistema
concesional sea positiva. Es indudable que ese sistema se ha quedado
anquilosado, eso es algo que nadie discute, entonces tratemos de
flexibilizarlo. A lo largo de toda la tramitación este grupo
intentará por todos los medios llegar a acuerdos con los demás grupos
para poder hacer algo que sea beneficioso para todos.
Termino ya, señor presidente, porque no quiero consumir más de los
diez minutos, haciendo referencia al Plan Hidrológico Nacional. Los
que me conocen saben que no me gusta hacer referencias al pasado,
haciéndole culpable de las situaciones, creo que hay un continuum en
la política, por ejemplo, en la hidráulica, que viene de 20 ó 30 años
atrás, en donde cada uno aporta su grano de arena y deja preparado el
terreno para que otros mejoren y cambien las cosas que se han hecho
mal. El Plan Hidrológico Nacional fue presentado en 1993, dentro de
un PDI. Yo dije entonces que era un documento notable, lo dije y lo
reitero, y era portavoz de la oposición; dije que en el tema de
carreteras y de ferrocarriles había verdaderos aciertos y avances, y
algunos de los que están aquí me escucharon decir eso. Sin embargo,
siempre estuve totalmente en contra del aspecto hidráulico. ¿Por qué?
Porque era culminación de esa otra política económica: el agua debe
estar donde se pide, por tanto, que se sirva desde donde haga falta,
que se hagan los trasvases necesarios, que se hagan los pantanos
necesarios para que donde se necesite el agua allí esté. Pues bien,
eso es erróneo y ha creado un cierto miedo en todas las comunidades
autónomas y en todos los interesados en el tema del agua.
Estoy convencido de que, como consecuencia del libro blanco, lo mismo
que va a haber una reforma de la Ley de Aguas -y ahí están contenidos
sus conceptos-, habrá también un Plan Hidrológico Nacional.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, le ruego que tome ejemplo de
todos los portavoces que le han precedido en el uso de la palabra,
para que su intervención, aunque tenga que contestar a todos ellos,
sea lo más sintetizada posible.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Tomando
ejemplo de todos los portavoces, si sumamos el tiempo que han
intervenido todos ellos, al ser yo la única para contestarles a
todos, estoy segura de que no me desviaré de los deseos del
presidente.
En cualquier caso, intentaré sintetizar, porque los debates que se
están poniendo encima de la mesa, como pueden comprender SS.SS., no
se pueden resolver a las tres menos cuarto de la tarde, habiendo
hemos empezado la comparecencia a las diez y media de la mañana.
Tengo la seguridad de que habrá muchas otras ocasiones de plantear
estos debates, ya que estos se tienen que producir a lo largo de toda
la legislatura y no en una única comparecencia. Son muchas las
comparecencias que ha habido ya en esta línea y muchas las que, sin
lugar a dudas, se pueden producir, porque, señor Morlán, yo acudiré a
esta Cámara cada vez que lo solicite por cada una de SS.SS.,
inclusive en muchas ocasiones he comparecido a voluntad propia. No
voy a hacer ahora un resumen de las veces que he intervenido, creo
que es mi deber y lo cumplo con sumo gusto, porque además
previamente, como usted sabe, me he sentado como diputada en esos
bancos y sé que lo que necesitan es información desde el Gobierno.
Su señoría dice que este Gobierno se ha caracterizado por incumplir
compromisos y acuerdos, y se basa en que no se han enviado más que
cuatro informes en estos dos años desde que se asume el compromiso de
enviar informes de política hidráulica. Créame, y ya lo he dicho
antes, que cuesta mucho cambiar los hábitos. Los funcionarios que
elaboran los informes siguen siendo los mismos, en catorce años nunca
se les pidió ningún informe para mandar a la Cámara y no se cambian
los hábitos de la noche a la mañana; en catorce años, cero, en dos
años y medio, cuatro. No me siento satisfecha, pero creo que se ha
producido algún avance.
Dice S.S. que se incumple un compromiso porque se pide en octubre de
1998 que se presente el Libro Blanco del agua y se presenta en
diciembre de 1998. En vez de en un mes, se ha presentado en dos. Creo
que un incumplimiento de un mes de un compromiso que se asume
voluntariamente, porque no hay ninguna obligación no ya de presentar
sino de elaborar un Libro Blanco del agua, tampoco es para decir al
Gobierno que incumple sistemáticamente los compromisos.
En dos meses, en diciembre de 1998, había que presentar la directiva,
marco. Creo que les he hablado de los retrasos que se producen no en
la presentación por esta ministra sino en el Parlamento Europeo, en
la Comisión Europea, en el Consejo de Ministros. Cuando entre en
vigor esta
directiva marco, tendrá entre veinte y treinta años de aplicación,
aunque no podemos saber la fecha de entrada en vigor. Creo que queda
mucho tiempo para plantear esos debates. En cualquier caso, todo lo
que sé hasta el día de hoy se lo he traído a SS. SS. con mucho gusto.
Esto por lo que se refiere a los incumplimientos del Gobierno.
Señor Morlán, ha habido algunas contradicciones en su intervención.
Dice que el libro blanco es imagen, a continuación dice que es muy
ambiguo y, luego, dice que no es más que una mera ennumeración de
datos que ya existían en el Ministerio. Algo no se corresponde con la
realidad. En cualquier caso, quiero decirle que no sabe cómo lamento
que siempre tengan que aludir a los datos que ya estaban en el
Ministerio, a los proyectos que se encontraron en el ministerio, a
los estudios, los trabajos y los borradores que se encontraban en el
Ministerio, porque si en catorce años ha dado tiempo a hacer
estudios, trabajos, borradores y datos, no pida mucho más en dos
años. En dos años se están trayendo aquí hechos muy concretos como
los que hoy estamos aportando y como los que ustedes tienen en su
poder, el libro blanco, desde febrero de este mismo año 1999.
Dice que se enmascaran los argumentos de la política del agua. Por si
no había quedado claro -ustedes mismos lo han contado a los medios de
comunicación-, no se han sentado simplemente como portavoces en esta
comisión o en la comisión correspondiente del Senado, se han sentado
en bastantes ocasiones en la mesa de la ministra en el Ministerio de
Medio Ambiente. Por tanto, me sorprende mucho que, para el 'Diario de
Sesiones', ahora digan que se enmascaran los argumentos de la
política del agua, porque la conocen pública y privadamente y tienen
los documentos y los datos. Por tanto, dejemos que también conste en
el 'Diario de Sesiones' esta afirmación, que no creo que el señor
Morlán personalmente me pueda desmentir.
Dice S. S. que los planes de cuenca no han entrado en vigor. Señoría,
lo aprueba el Consejo de Ministros y ahi está el real decreto; están
en plena vigencia y plenamente aprobados. Es distinto que a S.S. no
le guste que se hayan aprobado. Por eso, quizá no los aprobaron en
once años, desde 1985 hasta 1996, pero creo que también debe constar
en el 'Diario de Sesiones' que se han aprobado en dos años, desde que
entró este Gobierno, habiendo negociado los más conflictivos
políticamente y con acuerdos realmente históricos.
El debate de presupuestos lo haremos en su momento, señor Morlán; en
este año concreto, cuando termine la legislatura, pero se le han
olvidado unos pequeños detalles. Este Gobierno ha puesto en
funcionamiento, a la hora de hacer un debate de presupuestos, otras
inversiones, como son las del sistema alemán, que usted debería
conocer, que llegan casi a los 90.000 millones -lo exceden en dos
años- de inversión, que también hay que incorporar, aunque no se
contabilice en los presupuestos de este año ni en los del año pasado,
y hay que tener en cuenta el sistema concesional, entre otras
vertientes, el que usted citaba de las sociedades estatales y, por
tanto, todo esto hay que contabilizarlo en el presupuesto de
inversiones del Ministerio de Medio Ambiente. Por eso reitero que se
ha invertido en los presupuestos y en financiación -que no se
contabiliza en el capítulo 6 pero que es inversión pública del Estado
bastante más de lo que se ha invertido con anterioridad.
Habla usted de la sensaciones. Amí no me gusta hablar de sensaciones,
hay que hablar de hechos y de datos; una sensación tiene una realidad
distinta y ya le he dicho cómo y de qué forma se está fortaleciendo
la competencia de esas confederaciones hidrográficas, y se va
fortalecer mucho más con la reforma de la administración hidráulica,
que es imprescindible poner en marcha en este país. Lo que hace
falta, y es lo que estamos haciendo, es reorientar esas capacidades
de la administración hidráulica a través de sus confederaciones
hidrográficas, y eso no significa sustraerle competencias, sino dejar
de ser exclusivamente órganos de inversión hidráulica, de
construcción de grandes presas -porque eso va tocando a su fin,
señoría-, y ser órganos dedicados a la calidad de las aguas y a la
gestión racional de ese uso. No se puede decir que pierde capacidades
sino que las está reorientando.
Dice usted que es lo menos transparente. Señor Morlan, usted conoce
la situación de las sociedades estatales, al igual que todas SS.SS.,
porque cuando se aprueban las sociedades estatales se hace una
identificación de las obras a ejecutar por cada una de ellas. Luego
no me diga usted que no hay transparencia.No me va a dar tiempo el
señor presidente para que se las lea, pero están a disposición de SS.
SS. y, si un día tenemos tiempo, podrán constar en el 'Diario de
Sesiones' para que no vengan a contar cosas distintas de las que
ustedes conocen.
Usted sabe que Aguas de la Cuenca del Sur, constituida el 29 de junio
de 1998, tiene un capital social de 19.200 millones de pesetas y una
inversión prevista de 65.526; Aguas del Júcar, constituida el 21 de
octubre de 1998, tiene un capital social de 15.400 millones de
pesetas con una inversión global prevista de 35.356 millones de
pesetas; Hidroguadiana, constituida el 13 de enero de 1999, tiene un
capital de 11.600 millones de pesetas y una inversión total prevista
de 41.364 millones de pesetas; la sociedad del Baix Llobregat,
constituida el 29 de mayo de 1998, tiene un capital social de 100
millones de pesetas, aportado el 85 por ciento por el Estado y el
resto por la Generalitat de Cataluña, y va a construir con ayuda de
los fondos de cohesión una inversión total prevista de 40.000
millones de pesetas; Aguas del Segura, cuya constitución se va a
hacer en 1999, tendrá un capital social, aportado por el Estado, de
14.350 millones de pesetas con una inversión de 46.458 millones de
pesetas; Aguas del Guadalquivir, que se prevé realizar en 1999,
tendrá un capital social de 19.871 millones de pesetas y una
inversión total prevista de 70.553 millones de pesetas, y Aguas del
Duero, que también se prevé realizar a lo largo de 1999, tendrá un
capital social de 12.869 millones de pesetas y una inversión total de
92.724 millones de pesetas.
Todo esto se ve en cada una de las sociedades en el momento de su
constitución, pero le voy adelantando, porque son datos que se
conocen, de qué capítulos salen de los Presupuestos Generales del
Estado, cuya financiación, al igual que los presupuestos del
Ministerio de Medio Ambiente, está publicados y, por tanto, S.S.
podría conocerlos. En cualquier caso, se prevé que la aportación
financiera de la Unión Europea a estas sociedades estatales sea de
172.583 millones de pesetas, de los Presupuestos Generales del
Estado, aproximadamente 136.219 millones de pesetas, y de los
usuarios, 180.421 millones de pesetas. Por
tanto, se desarrollarán obras a lo largo de los años venideros,
a través de las sociedades estatales, por un importe de 495.645
millones de pesetas. No me diga S.S. a continuación que se declara de
interés general, se planifican indistintamente, que es lo que decía
el señor Ríos, y que se hace sin declaraciones de impacto ambiental.
Esto no lo ha dicho el señor Morlán porque sabe que no es cierto,
pero le contesto al diputado de Izquierda Unida en la medida en que
todas estas obras no se hacen sin la declaración de impacto
ambiental. Cuando se declaran de interés general es porque se
necesita esta declaración para poner en marcha y culminar el resto de
los proyectos técnicos, y decidir su inversión, en el caso que haya
que decidirlo, Le estoy diciendo cómo se van decidiendo esas
inversiones. En el momento adecuado, a través de las comisiones
mixtas, se decidirá cuándo se ponen en funcionamiento esas
inversiones. Por lo tanto, no se oculta nada, porque se harán las
declaraciones de impacto ambiental, como se hace, en todas las obras
que dependen del Estado, en esas declaraciones de interés general.
Éste es un mínimo de conocimiento que yo pensaba que S.S. tenía,
pero, por si acaso se le ha olvidado o lo desconocía, yo quiero
decirle cómo funciona el Ministerio de Medio Ambiente.
A continuación, el señor Morlán plantea la reforma de la Ley de
Aguas. No vamos a entrar en el debate de la reforma de la Ley de
Aguas en este momento, porque ya tendremos ocasión de debatirlo
públicamente dentro de poco. Lo hemos debatido privadamente el señor
Morlán y yo, y lo haremos próximamente en el Pleno de esta Cámara,
cuando el anteproyecto de ley sea aprobado por el Consejo de
Ministros.
Señor Morlán, no es posible que yo deje sin contestar, aunque ya lo
ha hecho el diputado del Partido Popular, esa afirmación tan
gratuita, que se transmite a los medios de comunicación y que siguen
comunicando permanentemente, de que estamos creando un mercado libre,
una compraventa. Hoy, curiosamente, ha dicho aquello de que ustedes
privatizan el agua, porque yo creo que ya está claro que nosotros no
privatizamos el agua, porque el agua va a seguir siendo un recurso,
un bien de dominio público hidráulico.
Señor Morlán, no pueden ustedes, que lo conocen desde mayo de 1997,
hacer estas afirmaciones. No puede proponernos ahora que aceptemos la
creación del banco del agua cuando desde que se elaboraron los
primeros borradores - recuerdo uno de 10 de marzo de 1997-, ustedes
conocieron que existía esa figura del banco del agua. No nos
propongan ahora que aceptemos la figura del banco del agua, señor
Morlán, como aportación del Partido Socialista. Yo estoy muy
dispuesta, y estamos negociando con ustedes, a consensuar la Ley de
Aguas, pero no me diga ahora que nos proponen que aceptemos el banco
del agua cuando en el primer borrador del 10 de marzo de 1997
figuraba ese banco del agua, y sigue figurando, como no puede ser de
otra forma, en todos los borradores a los que han tenido acceso SS.
SS.
Pero tampoco hagan la segunda afirmación de que creamos un mercado
libre, porque un mercado libre es aquel que se entiende como tal
mercado libre, y lo que usted denomina un mercado libre resulta que
es la cesión de los
derechos de uso con quince cautelas, con quince limitaciones, que
establece la Ley de Aguas que vamos a reformar. Esas quince cautelas
deben constar desde ya mismo, desde el día de hoy, en el 'Diario de
Sesiones', sin que estemos haciendo un debate en profundidad de la
reforma de la Ley de Aguas. No se puede seguir diciendo que un
mercado es libre cuando no hay compraventa del recurso que sigue
estando en manos de ese dominio público, porque es un bien del
Estado, es un bien público, y el uso de ese agua, no se puede
transferir libremente, señor Morlán, por mucho que le pese. Como
figura por escrito en los primeros borradores de hace ya dos años,
hay quince cautelas, hay quince limitaciones en la Ley de Aguas, que
ustedes no quieren nunca contar, porque si las cuentan no pueden
hablar de mercado libre, señorías, y yo creo que también en política
hay que ser transparentes y hay que decir la verdad. Ustedes conocen
esos borradores de la Ley de Aguas, y la opinión pública los va a
conocer también en el momento en que se publiquen.
En primer lugar, se cede con carácter temporal.
En segundo lugar, ese volumen que se cede tiene como límite el que
nunca se podrá ceder por encima de lo que el cedente haya utilizado,
de tal forma que si tiene una concesión por tantos hectómetros
cúbicos, y no ha utilizado más que la mitad, solamente podrá ceder
como tope los que haya usado, no el resto que tiene como derechos de
papel.
En tercer lugar, simplemente se establece que los derechos de usos
privativos de carácter no consuntivo no podrán ceder sus derechos
para usos que no tengan tal consideración, y eso que está establecido
no es nuevo, señor Morlán. Usted tiene perfecto conocimiento del
texto que se les ha enviado y sabe que recoge esas modificaciones.
Por lo tanto, no se puede hacer en un doble juego. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, un momento.
Señores diputados, yo les ruego que se mantengan en silencio, que no
introduzcan debates particulares, que no están aceptados en el
Reglamento. Señora ministra, yo le ruego que resuma y sintetice su
intervención.Tiempo habrá para seguir debatiendo cuestiones tan
importantes como las que hoy nos ocupan aquí, por lo que dado lo
avanzado de la hora, yo le ruego, señora ministra, que sintetice.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Yo
comprendo la inquietud del señor presidente, pero créame que es muy
importante dejar ya de filtrar a la opinión pública falsas ideas que
nunca han estado en la mente de la ministra de Medio Ambiente ni en
la mente de este Gobierno: ni estamos privatizando el agua, ni
estamos estableciendo un mercado libre, señor presidente. Hay quince
limitaciones, de los que ahora parece que no se acordaba el señor
diputado representante del Partido Socialista.
Hay un cuarto control, los contratos de concesión se deben hacer por
escrito. No hay mercado libre.
En quinto lugar, se deben comunicar a los organismos de cuenca.
¿Dónde está el mercado libre? Se comunica a los organismos de cuenca.
En sexto lugar, hay otra limitación: se hacen por escrito y se
comunican a las comunidades de usuarios a las que pertenezca el
cedente y el cesionario. No estamos hablando
de un mercado libre. Las comunidades de usuarios pueden conocer
también ese llamado mercado libre.
Hay una séptima limitación: estamos hablando de que el organismo de
cuenca tiene un mes para formular la oposición a lo que el Partido
Socialista y el Partido de Izquierda Unida; llaman mercado libre.
¿Dónde está el mercado libre? Además, si se trata de miembros,
cedente y cesionario, de distinta comunidad de usuarios el plazo es
de dos meses.
Hay una octava limitación, y es que el organismo de cuenca podrá no
autorizar la concesión si afecta al régimen de explotación de los
recursos en la cuenca, si afecta a derechos de terceros, si afecta a
los caudales medioambientales, o si incumple alguno de los requisitos
señalados en este artículo. Todo esto está en conocimiento de S.S.,
señor Morlán.
Hay una novena limitación: también podrá el organismo de cuenca
ejercitar su derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de
los caudales a ceder. Luego el derecho de adquisición preferente lo
tiene también el organismo de cuenca, rescatando esos caudales.
Hay una décima limitación, y es la compensación económica. En ese
mercado libre, como lo llaman los representantes de dos partidos de
la oposición, la cesión de los derechos tiene que llevar una
compensación económica, o puede llevarla, porque son acuerdos
voluntarios que la Administración no impone ni al cedente ni al
cesionario. Esa compensación económica tiene que explicitarse en un
contrato, que tiene que ser escrito temporal, y voluntario, que
controlan los organismos de cuenca, y las comunidades a las que
pertenecen los usuarios que ceden. Además, van a conocer la
compensación económica. ¿Dónde está el mercado libre?
Además, hay una limitación, que es la número 11, y es que si esa
cesión se hace en materia de regadíos es obligatorio explicitar los
predios que dejan de ser regados y los predios en los cuales se va a
utilizar esa cesión.
Hay una limitación más, y es que cuando la realización requiera el
empleo de instalaciones o infraestructuras hidráulica se necesita
solicitar y obtener, además, la autorización mediante un contrato
aparte para hacer esa infraestructura hidráulica.
La limitación catorce y es que el incumplimiento de todos estos
requisitos, no es que produzca la no compraventa de ese mercado
libre, como lo llaman el señor Morlán y el señor Ríos, sino que
produciría la caducidad del derecho concesional del cedente.
Señorías, ¿estamos hablando de un mercado libre? ¿Sinceramente se
puede decir que la Administración se lava las manos, privatiza el uso
del agua y deja ya libertad plena para los ricos y los pobres? Creo
que estamos hablando -y no se han atrevido a plantearlo SS.SS. hoy,
con luz y taquígrafos; se dice después, ante los medios de
comunicación- de un debate realmente obsoleto de los ricos y los
pobres; los ricos podrán, los pobres no podrán. (Rumores. El señor
Ríos Martínez: Es que tiene una fijación por los medios.) Éstas son
realidades que ha dicho permanentemente...
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.
Señor Ríos, no está en el uso de la palabra. Le ruego se mantenga en
silencio.
Señora ministra, ya no sé cómo decirle que tiene que resumir su
intervención, por que de otra forma no vamos a terminar antes de la
hora del Pleno. Señora ministra, usted tiene capacidad de síntesis
para contestar suficientemente a todos los portavoces de todos los
grupos, sin que ello suponga agotar un debate que tiene una presencia
viva en este Parlamento y en la sociedad, que tendrá ocasión de
reproducirse repetidas veces.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señoría,
yo no quiero agotar el debate, como usted puede imaginar, pero desde
no puedo dejar de transmitir a todas SS.SS. que no es cierto, que se
falta a la verdad, porque en este caso no puede haber desconocimiento
por parte de algunos portavoces de temas que se vienen diciendo por
esta ministra, por todo el Ministerio de Medio Ambiente y que no
conseguimos transmitir a la opinión pública. Cada vez que decimos que
no estamos hablando de un mercado libre, cada vez que decimos que no
se privatiza el agua, parece que estamos mintiendo. Quiero dejar
constancia en el 'Diario de Sesiones' de que lo que dicen los
borradores es esto, con quince limitaciones, incluso con la garantía,
según el apartado 9 del artículo 56 bis, de que si no se cumplen
todas las limitaciones que he dicho con anterioridad, perdería la
concesión el cedente. Creo que estamos hablando de algo más serio que
de algo que se despacha, porque desde luego los titulares están
garantizados, como un mercado libre. Quienes han tenido ocasión de
oírme en radio o en directo sin ninguna ideología política, me han
enviado muchos telegramas. Regantes y usuarios han agradecido la
claridad de la explicación de la ministra de Medio Ambiente en
directo, en una radio, sin tergiversación, porque les decía lo mismo
que dice la ley. Quizá a partir del día de hoy estemos hablando de un
mercado completamente distinto.
Podríamos decir lo mismo del Libro Blanco del agua. Yo no sé por qué
si SS.SS. querían haberlo debatido, no se ha debatido en el día de
hoy. Desde luego, el Libro Blanco del agua está en poder de SS.SS. y
los debates están totalmente abiertos, porque para eso se ha puesto
en marcha ese Libro Blanco del agua, para suscitar ese debate social,
político y económico de todos los sectores implicados.
Quiero ir terminando, porque muchos de los temas que se han repetido
ya han quedado contestados. Por lo que se refiere al señor Chiquillo,
representante de Unión Valenciana, yo creo que tiene una fijación con
la todavía ministra de Agricultura. Pídala que comparezca, porque
solamente me ha hablado de la política de regadíos, créame que son
muchas las competencias que tiene asumidas la ministra de Medio
Ambiente, pero desde luego no la política de regadíos. Por tanto,
respecto a las alusiones al Plan Nacional de Regadíos, yo no le voy a
dar mi opinión, pero pídasela usted a la ministra de Agricultura. Por
esa misma razón, las declaraciones de la ministra de Agricultura
serán plenamente válidas en todo lo que se refiere al Plan Nacional
de Regadíos, pero créame, por decisión del presidente del Gobierno,
todo lo referente al Plan Hidrológico Nacional es competencia de la
ministra de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, que
tiene marcados los plazos,
el trámite de negociación de una política consensuada para el Plan
Hidrológico Nacional.
Desde luego, señor Ríos, no estamos hablando, no tergiverse usted mis
palabras, de una transición. Dice usted que el Plan Hidrológico
Nacional no se va a aprobar hasta Dios sabe cuándo. El compromiso de
esta ministra y del presidente del Gobierno en el debate de
investidura es aprobar el Plan Hidrológico Nacional en esta primera
legislatura . Quiero decirle que el Plan Hidrológico Nacional se va a
traer a esta Cámara en esta primera legislatura, y usted ha conocido
los pasos que hemos ido dando para cumplir este compromiso. Podríamos
haberlo traído prácticamente sin diálogo y sin consenso, pero estamos
tratando por todos los medios de que esa política consensuada que se
ha conseguido en la primera planificación de este país en los planes
de cuenca siga en el debate de la ley de aguas y en el debate del
plan hidrológico nacional. Y les aseguro que siguen todas las puertas
del Ministerio abiertas para estas negociaciones, para conseguir
estos consensos.
Para terminar, he de decir, sobre lo que he comentado del libro de
aguas, que los compromisos y los acuerdos se están cumpliendo y que
el Consejo Nacional del Agua también va a tener buen conocimiento de
todas las reformas que se han ido haciendo en este libro blanco del
agua, pues es el máximo órgano asesor del Gobierno en esta materia.
Seguiremos muy bien las adecuaciones que en él se establezcan, en
función de lo que han sido esas enmiendas, que sin duda van a
enriquecer el debate.
Quiero decirle que no falta voluntad política. Dice usted que es nula
la voluntad política de planificación de este Gobierno, porque desde
1985 no se ha hecho el plan hidrológico nacional. De 1985 a 1996 van
once años y hubo un gobierno, de 1996 a 1999 van tres años hay otro
gobierno. Se ha aprobado la primera planificación hidrológica, la de
los planes de cuenca con este Gobierno y se presentará en esta
primera legislatura el plan hidrológico nacional, eso sí, previo
debate, que pretende ser orientativo de lo que tiene que ser un
consenso en política hidráulica a través del libro blanco.
Creo que le he explicado ya en qué consisten las obras de interés
general. Y también tengo que decirle que, una vez que se apruebe la
reforma de la Ley de Aguas, ya nunca más hará falta acudir a más
decretos que declaren cada obra
de interés general, porque habremos conseguido en la Ley de Aguas que
esas obras de interés general no requieran un pronunciamiento cada
vez que se pone en marcha una obra de interés general, que es una
anomalía que se produce en estos momentos y que tenemos que reformar.
El diálogo con todo el mundo le aseguro que se ha producido y creo
que lo he dicho en esta Cámara. He citado en mi primera intervención
-y no quiero repetirlo- con cuántas organizaciones, con cuántos
sectores se está consensuando esa política del agua desde el año
1996. Yseguimos en ese diálogo, seguimos buscando esos consensos, en
público y en privado, con fotos y sin fotos, señor Ríos. Por tanto,
creo que en esa política del agua consensuada todavía están a tiempo
muchas de SS.SS. de dejar de hacer política partidista y de sumarse
realmente con aportaciones que puedan engrandecer este debate y dar
soluciones más claras a lo que el Gobierno quiere que sea una nueva
política del agua.
Agradezco al señor Posada mucho su intervención. Y pido disculpas al
presidente porque efectivamente hoy llegaremos a lo mejor a los
postres de algunas comidas. (El señor Morlán Gracia pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra, por su amplia y
exhaustiva información y por sus esfuerzos en la capacidad de
síntesis. Yo estoy seguro de que usted lo que quería era contestar
cumplidamente a todos los portavoces, lo cual ha hecho de sobra.
Señor Morlán, no hay turno de réplica, tal como ha advertido esta
Presidencia al comienzo de este punto del orden del día.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Corrección de errores.-En el 'Diario de Sesiones' número 661,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Medio
Ambiente el martes, 23 de marzo de 1999, en el último punto del orden
del día figura por error como número de expediente el 161/001190,
cuando debiera figurar el 161/000997.